PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TOMO II - 2/3 by Andres Pastrana

11.

POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

•

En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, el sector de agua potable y saneamiento básico tiene gran importancia por su impacto sobre las condiciones de salubridad y el riesgo de exposición a enfermedades transmitidas por el agua afectan directamente la calidad de vida de la población. Igualmente, el desarrollo del sector es variable fundamental para el crecimiento económico territorial, al generar condiciones para la expansión de la actividad urbana, comercial e industrial en las ciudades. De otra parte, el uso racional y eficiente del agua, y la formulación de planes de saneamiento determinan el impacto del sector sobre los recursos naturales y su incorporación al desarrollo sostenible. La evolución del sector muestra que la cobertura de acueducto urbano aumentó del 90% en 1985 al 94% en 1997, y que la población que recibe agua tratada del 50% al 70%. En alcantarillado el cubrimiento permaneció constante los últimos doce años. Estos resultados han beneficiado parcialmente a la población más pobre, ya que son las áreas subnormales de las ciudades? y las regiones más atrasadas las que presentan mayores deficiencias en los servicios: costa Atlántica, Orinoquia v Amazonia (Gráficos 6.7 y 6.8). Por rangos de población, las coberturas de acueducto de los municipios entre 30 mil y 70 mil habitantes y las capitales de departamento con población inferior a 100 mil habitantes 9

Sólo siete capitales superan la cobertura promedio

nacional de acueducto y nueve la de alcantarillado.

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FORTALECIMTENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Sector de agua potable y saneamiento Inversiones en acueducto y alcantarillado 1970-1998 1.000.000,-----------------------, ea

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800.000

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600.000

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200.000 O 1970

1975

1980

1985

1995

1990

2000

Año

Evolución de las coberturas y de la población servida Acueducto y alcantarillado - Porcentaje 50.000

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1990

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2000

Año •••• Fuente:

Pob. total

Pob. con acueducto

Pob. con alcantarillado

Cálculos Upru-DNP.

se encuentran muy por debajo del promedio nacional. En alcantarillado ese rango se aumenta hasta incluir los municipios con población entre 2.500 y 12.000 habitantes y algunas otras capitales de departamento, con diferencias con respecto al servicio de acueducto de hasta 25 puntos.

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FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Coberturas de acueducto y alcantarillado Zona urbana y rural -1997 Zona rural

Zona urbana

29% 4%

C. Atlántica

88J

52%

9 7% Centro Oriente

43% 90

46% 22%

Fuente:

Proyecciones

20%

Acueducto

Amazonia

77%

11% 40%

Orinoquia

70%

21%

60%

% Occidente

87% 7%

80%

88o/J

18%

100%

1 96

10%

69%

20%

40%

60%

80%

100%

Alcantarillado

Dabe, 1997.

De otra parte, la cobertura de acueducto es nominal 10, el servicio se presta con una continuidad del 75%, y la calidad del agua mantiene al 60% de la población en un nivel de riesgo sobre la salud entre mediano y alto, por la posibilidad de recibir agua contaminada. Así mismo, los municipios no cuentan con información sobre la calidad, capacidad y vulnerabilidad de sus fuentes de abastecimiento y de las estructuras de captación, que les permita disminuir riesgos de racionamiento en épocas de sequía. En cuanto al servicio de aseo se tiene que las basuras en los municipios tienden a ser dispuestas en botaderos a cielo abierto, solo el 14% tiene control sobre su disposición final y un 84% de la población dispone de algún servicio de recolección de basuras. La evolución reciente de la estrategia en agua potable evidencia un proceso de ajuste en donde se ha dado énfasis a algunos de los aspectos que 10

De acuerdo con la información resultante de los planes departamentales de agua y los planes de gestión y los resultados de las entidades prestadoras, la cobertura de acueducto a nivel urbano es del 89% y la de alcantarillado del 79%, lo cual indica problemas en el catastro de usuarios de las empresas.

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determinan el desempeño de las entidades y del sector, financiamiento, asistencia técnica, regulación o desarrollo institucional, sin llegar a formularse una política integral. En el marco de la Constitución de 1991, la política se orientó al montaje de la estructura institucional" . Sin embargo, este componente fue débil y no logró la transformación empresarial que requería el sector, dado que el marco legal se logró en 1994. En el cuatrienio pasado el énfasis de la política continuó en lo nacional, debido a la necesidad de desarrollar la ley 142 de 1994, y no se consolidó un esquema eficiente de apoyo a los municipios". Aunque se avanzó en la definición de la metodología tarifaria, sólo 110 entidades la aplicaron (10% del total) y el crecimiento de las mismas se limitó, retrasando la recuperación de los costos. Además, la regulación resultó poco efectiva para promover la eficiencia, lo que puede implicar tarifas mayores a las justificadas, en parte porque el control a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos se concentró en la sanción de incumplimientos en la atención a usuarios, descuidando la búsqueda de la viabilidad y sostenibilidad de los servicios. La cofinanciación, por su parte, perdió su función de orientación de la política nacional sobre modernización empresarial, de estímulo a la preparación de mejores proyectos en la competencia por los recursos, de asignación de fuentes locales de financiamiento y de focalización hacia la población más pobre. Los aportes de la nación sustituyeron los recursos que los municipios deben destinar al sector por su participación en los ingresos corrientes de la nación, ya que el 63% destina menos del valor definido en la ley 60 de 1993. Esta situación se refleja en el desempeño empresarial. El 91 % de los ingresos de operación se dedica a pagar los costos de ésta, la eficiencia 11

Se crearon la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, adscritas al Ministerio de Desarrollo Económico. De otra parte, el sector no cuenta con sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de la política, ni de las entidades encargadas de su ejecución.

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de recaudo es del 78% y el agua no contabilizada es del 39%13. Esta situación es, en parte, resultado del lento proceso de modernización empresarial. El 15 % de las entidades se transformó en empresa de servicios públicos, de las cuales 14% son empresas privadas o mixtas. No obstante, la mayoría de los procesos de participación privada no han contado con estudios técnicos y financieros que justifiquen el esquema institucional adoptado, no han asignado eficientemente los riesgos para atraer inversión privada y fueron entregados sin competencia. En conclusión, el desarrollo del sector de agua potable y saneamiento básico ha sido limitado por dos factores esenciales. El cumplimiento parcial de las funciones de regulación, control y asistencia técnica nacionales y el lento proceso de modernización y compromiso efectivo de tarifas y recursos locales. En este contexto, y en el marco de la responsabilidad municipal de garantizar la prestación oportuna y eficiente de los servicios de acueducto y saneamiento básico, la estrategia busca establecer una política integral que articule los aspectos institucionales, regulatorios y financieros en lo nacional, con el propósito de apoyar de manera productiva la modernización de la gestión que se requiere en lo local para lograr así servicios eficientes.

A. OBJETIVOS Los objetivos de la política consisten en crear las condiciones institucionales, financieras, regulatorias y de control, que ordenen la acción de las entidades nacionales y permitan a las entidades prestadoras lograr su modernización empresarial y alcanzar niveles de eficiencia en la gestión. Bajo estas condiciones se espera que las entidades prestadoras autónomamente logren disminuir los rezagos en coberturas de acueducto y saneamiento entre regiones y entre las zonas urbana y rural, y mejorar la calidad del agua, buscando beneficiar prioritariamente a la población de menores recursos. Así mismo, en coordinación con la po13

Con un recaudo del 95% y unas pérdidas del 27%, las empresas aumentarían sus ingresos anuales en más de 125 mil millones de pesos.

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lítica ambiental, se busca avanzar en la determinación del balance hídrico y la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento y en un plan de tratamiento de las aguas residuales cuando sea económica, social y ambien talmente viable.

ESTRATEGIAS

y MEDIDAS

Las medidas que se proponen para el logro de los objetivos arriba mencionados se concentran en cuatro frentes: (i) fortalecimiento de los mecanismos de regulación y control para que los prestadores cuenten con un marco claro de reglas e incentivos; (ii) ajuste a los programas de asistencia técnica; (iii) apoyo financiero de la nación para promover la modernización empresarial y la eficiencia en la gestión, dirigido hacia usuarios de menores ingresos; y (iv) ajuste de las entidades nacionales y de los mecanismos de coordinación.

1. Regulación y control El objetivo en este campo es crear un marco regulatorio integral, estable y transparente, con las siguientes características: (i) que considere la diversidad de los mercados locales; (ii) que compatibilice las acciones de regulación y control, fortaleciendo la acción del Estado en este último; (iii) que haga coincidir los objetivos empresariales con los objetivos sociales de estos servicios; (iv) que promueva la eficiencia en la gestión e inversión; (v) que no desincentive la inversión privada; y (vi) que permita la recuperación de los costos de los servicios.

a. Establecimiento del alcance y los niveles de regulación y control La Comisión de Regulación de Agua Potable, eRA, debe redefinir el universo objeto de regulación y control en los aspectos tarifarios y de gestión, así como establecer sistemas diferenciales según el tamaño, la forma de organización y el grado de desarrollo de las entidades, con el propósito de mejorar el cumplimiento de las normas y facilitar la función de vigilancia y seguimiento. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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Para los prestadores de estos servicios en municipios menores y zonas rurales, la eRA, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Económico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, debe definir esquemas regulatorios simples para: (i) la determinación de los costos y la aplicación de las tarifas, (ii) la implementación del plan contable (iii) la elaboración del plan de gestión y resultados; y (iv) la determinación de la viabilidad empresarial. Así mismo, la superintendencia promoverá esquemas de control social que faciliten la participación ciudadana en la vigilancia de los servicios de manera que permitan disminuir la participación nacional en el control, e impulsará la contratación de auditorías externas por grupos de municipios y localidades.

b. Definición del modelo de regulación y control de las tarifas y de la gestión Es necesario que la eRA defina el modelo regulatorio empresa promedio, empresa modelo, techo de precios, tasa de retorno, entre otras variables que se utilizará para el control de las tarifas y la calidad de los servicios, así como la forma precisa en que operará, con el propósito de aclarar las funciones de vigilancia y control y lograr una regulación que dé señales básicas para el comportamiento de los agentes del sector. Este modelo buscará definir un sistema único de información, seguimiento, regulación y control de las entidades prestadoras, por parte de las entidades estatales. Así mismo, el modelo redefinirá el alcance y propósito de los Planes de gestión y los resultados, buscando que los mismos se conviertan en un mecanismo ágil, sencillo y consistente para realizar el control de las entidades prestadoras, se articulen a los niveles tarifarios de las mismas y reflejen el nivel de servicios deseado en un municipio.

• Nivel y transición tarifaria Con el fin de evitar problemas de financiamiento a las entidades prestadoras, la eRA desarrollará mecanismos regulatorios para mantener el plazo previsto en la ley con el fin de que las tarifas alcancen el costo de CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ'

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una prestación eficiente de los servicios, dando libertad a las autoridades locales para que realicen los ajustes necesarios. Los instrumentos regulatorios buscarán hacer viable la transición, para lo cual, en coordinación con el ministerio, se evaluará el impacto de las facturas sobre el ingreso de las familias de menores ingresos. Con el propósito de asegurar la viabilidad financiera de las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado que presenten niveles altos de eficiencia en su gestión se estudiará la posibilidad de aumentar el cobro de la contribución a los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6 Y a los usuarios industriales y comerciales, siempre y cuando se realice el desmonte de los subsidios a los usuarios residenciales de los estratos uno, dos y tres para alcanzar los topes de la ley 142 de 1994. Alternativamente, se dispondrá el desmonte total del subsidio a los usuarios del estrato tres. Los valores facturados y recaudados por las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado serán aplicados por éstas para subsidiar el pago de los consumos básicos de los usuarios residenciales de los estratos uno, dos y, eventualmente, tres, de la zona territorial atendida por la entidad. Por su parte, la CRA señalará el rango de consumo básico que será objeto de subsidio. •

Calidad y eficiencia en servicios y tarifas

Dado que no existe garantía de que los recursos recuperados en la tarifa con destinación específica para inversión, que llegan a representar hasta el 70% del cobro al usuario, se utilicen para tal fin, pueden presentarse situaciones donde una elevada y creciente tarifa vaya acompañada de un mal servicio, debido a una baja inversión o una ineficiente gestión. Para evitar esta situación, entre los criterios para seleccionar el modelo regulatorio para adoptar por la CRA se deben considerar los incentivos del mismo para promover calidad en el servicio y eficiencia en la gestión de las entidades prestadoras y en la ejecución de las inversiones. La CRA definirá los mecanismos de regulación y control para asegurar el cumplimiento de las metas de calidad programadas en los Planes de CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ·

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gestión y resultados, reglamentando la conformación y manejo de los fondos de inversión para reposición y expansión. •

Tarifas resultantes de procesos competitivos

La eRA definirá las reglas bajo las cuales se rigen las tarifas resultantes de la vinculación de operadores especializados mediante procesos competitivos y eficientes, según las políticas del gobierno, con el fin de que haya plena transparencia y objetividad sobre el mecanismo de revisión por parte del regulador y se disminuya la percepción de riesgo de los operadores. •

Simplificar la aplicación de tarifas en municipios menores y pequeños

La eRA definirá rangos de tarifa mínima según tamaño de empresas y tipos de sistema y adoptará un mecanismo regulatorio y de control de las mismas, para que los municipios menores y pequeños cubran los costos y se facilite su aplicación en las empresas y su verificación por parte de la Superintendencia. Lo anterior se justifica en el incumplimiento de la aplicación de la regulación tarifaria en un 90% de los municipios del país, debido a que en la mayoría de los casos no cuentan con la información ni la capacidad institucional para aplicar las resoluciones de la eRA que establecen las metodologías de cálculo de las tarifas. c. Reglamentación de los procesos para la vinculación del sector privado Para asegurar que los procesos de participación privada en agua potable se realicen de manera eficiente y cuenten con la sustentación técnica, financiera, institucional y legal, ajustada a la política sectorial, la Comisión debe definir la reglamentación necesaria para asegurar que las convocatorias sean públicas, aseguren la concurrencia de proponentes idóneos, establezcan tiempos suficientes para elaborar las propuestas y definan las condiciones mínimas por cumplir por los proponentes, sin que se discrimine la participación de oferentes interesados. Dicha reglaCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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mentación deberá asegurar que la duración de los contratos guarde relación con los compromisos de inversión de capital privado. Los indicadores de gestión acordados entre la entidad contratante y el operador deben ser coherentes con las políticas sectoriales y serán la base para la interventoría del contrato, el control de gestión y resultados de la empresa y la determinación de las tarifas. De otra parte, la eRA debe iniciar el desarrollo de una reglamentación dirigida a evitar prácticas de competencia desleal y abuso de la posición dominante, con especial atención en el servicio de aseo, donde las características del mercado permiten una fácil entrada y salida de operadores del mercado, y esas prácticas ponen en riesgo la salud de la población y la calidad del medio ambiente. Estas medidas deben dar señales claras a la Superintendencia de Servicios Públicos y las autoridades municipales y ambientales.

d. Fortalecimiento de los mecanismos de control Dado que el desempeño de las entidades locales está en parte determinado por la función de control, inspección y vigilancia, las medidas regulatorias que se definan no tendrán mayor impacto si no se fortalecen el control y vigilancia de su cumplimiento por parte del Estado, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos y de la ciudadanía mediante los comités de desarrollo y control social. El control de las empresas es ejercido por tres mecanismos, en los cuales se basa la función de la superintendencia: los controles interno, fiscal y el de los auditores externos. Estos controles deben basarse en medidas objetivas de resultados e indicadores de gestión y en el cumplimiento de las normas regulatorias. El papel de las auditorías externas es fundamental para la superintendencia, en la medida en que éstas son las que advierten sobre la gestión de la empresa, el cumplimiento de las metas acordadas dan la alerta cuando por cualquier factor se ponga en riesgo la solidez financiera de la empresa o se esté comprometiendo la continuidad o la calidad del servicio. Sin embargo, para garantizar la CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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calidad de los resultados que se espera obtener de las auditorías externas se debe definir el alcance y términos de los contratos entre éstas y las entidades prestadoras de los servicios. Por su papel definitivo en la modernización del sector el gobierno nacional realizará una evaluación sobre la integralidad entre el esquema regulatorio y el de control, su relación con las políticas sectoriales, los vacíos que restringen la función de vigilancia; la eficacia y pertinencia del control social; el papel del control interno y de las auditorías externas; la coordinación con las funciones de los otros organismos de control; y la eficiencia de los sistemas de información utilizados en el control y seguimiento.

2. Fortalecimiento de los programas de asistencia técnica Con el propósito de acelerar la adopción de las políticas nacionales en materia de regulación, control y financiarniento, el gobierno se propone fortalecer los programas de asistencia técnica a las entidades territoriales y entidades prestadoras.

a. Programa de modernización empresarial El eje de la política de asistencia técnica será el de apoyar la modernización de las entidades prestadoras para asegurar una gestión eficiente como base para el logro de los objetivos propuestos en el Plan. •

Entidades públicas y organizaciones comunitarias

El Ministerio de Desarrollo Económico apoyará a las entidades públicas, pequeños operadores y de gestión comunitaria para que respondan a los incentivos y normas de regulación y promoverá la participación de las comunidades organizadas y la consolidación de operadores nacionales como entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, sujetos al régimen establecido en la ley 142 de 1994, mediante el diseño e implantación de herramientas en: (i) formulación, evaluación, gerencia e CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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interventoría de proyectos para asignar responsabilidades claras a los contratistas que los comprometa con la funcionalidad de las obras; (ii) guías para la gestión administrativa, financiera, comercial y para el cálculo de tarifas; (iii) esquemas empresariales para la administración de los servicios; (iv) guías para la elaboración de Planes de gestión y resultados, estudios de viabilidad empresarial y puesta en marcha del Plan de cuentas; (v) optimización de procesos y subcontratación de algunos de ellos con el sector privado; y (vi) programas de capacitación en el marco del programa nacional de formación para el trabajo del Sena, con cargo a los pagos que las entidades prestadoras de estos servicios realizan a esa entidad. Con este apoyo se busca mejorar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en aspectos tales como el índice de agua no contabilizada la cobertura de los servicios, la eficiencia del recaudo, la rotación de cartera, la ejecución de las inversiones, la eficiencia laboral y la cobertura de la medición. Así mismo, el Ministerio de Desarrollo Económico promoverá la creación de redes de apoyo empresarial y pequeñas y medianas empresas de agua, mediante el diseño de un sistema de asistencia técnica y cooperación horizontal que aproveche la experiencia y tecnología de las entidades más organizadas en cada región. En los municipios menores, el Ministerio promoverá la conformación de esquemas regionales para la prestación de los servicios, con el fin de obtener economías de escala y facilitar la regulación y el control. La eRA desarrollará incentivos de carácter regulatorio para favorecer la creación de esquemas regionales y metropolitanos de administración y el Ministerio estructurará procesos para vincular operadores especializados bajo estos esquemas. En las zonas rurales el Ministerio de Desarrollo en coordinación con las administraciones municipales, desarrollará acciones encaminadas a promover la cultura del agua como un instrumento que permita a las comunidades estructurar modelos de gestión que garanticen una administración CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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eficiente y sostenible de los servicios, y promoverá la utilización de tecnologías apropiadas de bajo costo. De igual manera apoyará con asistencia técnica a los programas que el gobierno nacional desarrolle en las zonas afectadas por el conflicto. •

Participación privada en agua

El gobierno generará condiciones para asegurar que, cuando se considere conveniente porque los recursos locales no cubren las inversiones necesarias o los niveles de ineficiencia exigen un cambio del modelo de gestión oficial, se realice de manera eficiente la vinculación de capital o la gestión privada. En este sentido, el componente de participación privada del programa de modernización empresarial se realizará de manera concertada con las administraciones locales y la selección de municipios para estructurar estos procesos" seguirá, entre otras, las siguientes prioridades: (i) los mercados más atractivos"; (ii) municipios atendidos por empresas regionales; (iii) municipios conurbados para generar economías de escala; y (iv) grandes ciudades". Para extender el programa a corto plazo se aumentará la frecuencia y velocidad de estructuración de proyectos. Para ello, se realizarán procesos por grupos de localidades, se podrán delegar los estudios técnicos en los municipios mientras se inician los análisis financieros, se disminuirán los plazos de estructuración en beneficio de los mismos para la preparación de propuestas por parte de los operadores interesados y se ampliarán las fuentes de recursos para este programa. De otra parte, Findeter y Fonade destinarán recursos de crédito para que los munici14

La estructuración consiste en la realización de los estudios técnicos, financieros, institucionales y políticos que permiten identificar e implantar la alternativa de participación privada que se ajusta de una manera más eficiente a las necesidades de un municipio. Incluye una fase de estudios y otra de promoción y vinculación del sector privado. Por el tamaño de mercado, los municipios de mayor potencial son los de población mayor a 70 mil habitantes, unos cien municipios que concentran 75% de la población urbana del país. En las grandes ciudades, donde la participación privada encuentra mayores restricciones políticas y financieras por la acumulación de pasivos laborales es necesario buscar alternativas como la capitalización, la ejecución de los programas de expansión mediante concesiones de producción de agua y la subcontratación de actividades comerciales y operativas.

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pios con capacidad financiera realicen sus procesos de participación privada, siguiendo las políticas sectoriales y contando con la asesoría del Ministerio de Desarrollo Económico. Así mismo, los recursos provenientes del recaudo de la deuda de los municipios y empresas con el Insfopal, realizado por Findeter, se destinarán a la financiación de procesos del programa de modernización empresarial, con el propósito de aumentar su cobertura. Para los municipios que estructuren procesos de manera independiente, en los sectores de acueducto, alcantarillado y aseo, el Ministerio de Desarrollo Económico diseñará herramientas de asistencia técnica, como minutas de pliegos de condiciones y contratos, instrumentos financieros para guiar la preparación, presentación y evaluación de las propuestas económicas, y dará pautas para la asignación de riesgos, buscando mejorar los estudios y los criterios de contratación y negociación con el sector privado. Por otra parte, con el propósito de garantizar la competencia y fortalecer la consolidación de operadores nacionales, el Ministerio de Desarrollo Económico coordinará y promoverá el desarrollo del mercado nacional de operadores, tanto para los grandes como para los pequeños y medianos empresarios del agua. En el mercado de las pequeñas y medianas poblaciones el ministerio promoverá y prestará asistencia técnica para la estructuración de casos pilotos para su divulgación; esto permitirá establecer las características particulares de dicho mercado y, conjuntamente con la eRA, llevar a cabo la adecuación de la regulación y el control por exigir, de manera que se incentive su creación.

b. Mejoramiento de la planificación territorial La dispersión del sector exige aprovechar la estructura y competencias regionales en los departamentos, para lograr un mayor cubrimiento y conocimiento de las necesidades municipales. Por lo anterior, los instrumentos de apoyo que cree el ministerio deben entregarse a las unida-

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des departamentales de agua para que sean replicados en los municipios y ante la debilidad financiera de estas unidades, permitirá que su utilización financie los costos operativo s de las mismas. De otra parte, el ministerio debe continuar apoyando a los departamentos para la definición del esquema financiero de los planes departamentales de agua y su articulación con los Planes de gestión y resultado, además, para mejorar la gestión local de proyectos en municipios menores se debe promover y divulgar la aplicación del reglamento del sector de agua potable y las herramientas desarrolladas por las entidades financieras para la preparación, ejecución y seguimiento a proyectos. c. Información sectorial La disponibilidad de información sobre el desempeño comparativo de las entidades prestadoras de los servicios y sobre las estrategias y alternativas adoptadas por los municipios para mejorar la gestión de los mismos es una herramienta fundamental para que los usuarios puedan exigir a las administraciones locales niveles de gestión acordes con las tarifas que pagan, y para que los prestadores identifiquen las áreas en que están rezagados respecto al sector. Por lo anterior el ministerio debe generar y divulgar información continua y oportuna sobre: (i) la infraestructura física de los sistemas de acueducto y saneamiento básico; (ii) gestión empresarial de las entidades; (iii) información contable, financiera y comercial de los servicios; (iv) programas de apoyo financiero, asistencia técnica y políticas sectoriales del gobierno nacional; y, (v) parámetros de costos de estudios, inversión, operación y mantenimiento.

3. Política de apoyo financiero En la nueva política sectorial, el financiamiento debe provenir fundamentalmente del cobro de tarifas a los usuarios. Así mismo, en los casos en que se requiera, los municipios podrán subsidiar la tarifa de los usua-

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rios de menores ingresos, o financiarán las inversiones destinando para ello los recursos transferidos por la nación, ley 60 de 1993, y los impuestos locales. De otra parte, la insuficiencia de recursos locales para la financiación de inversiones en estos servicios puede ser suplida con recursos de crédito a través de Findeter o del sector privado. Se buscarán alternativas de financiamiento que compaginen los plazos y costos de los proyectos, se diseñarán líneas de crédito y de asistencia técnica que faciliten los cambios institucionales, el manejo de las deudas y pasivos pensionales, y se promoverán esquemas como la capitalización y la recuperación de inversiones por valorización, entre otras.

a. Asegurar la destinación al sector de los recursos de ley 60 de 1993 Para mejorar los servicios y lograr la transformación empresarial los municipios deben comprometer los recursos que reciben por su participación en los ingresos corrientes de la nación, aun cuando se superen los niveles de cobertura establecidos por la ley 60 de 1993, incluyendo la cobertura en las zonas rurales. Con esta medida, que genera un flujo anual cercano a los 450 mil millones de pesos, se disminuye la presión sobre recursos de apoyo de la nación, y los municipios logran financiar las inversiones en expansión y mejoramiento de la calidad en zonas marginales. Estos recursos también atenderán los subsidios de los estratos bajos que no se logren cubrir con los sobreprecios cobrados a estratos altos o se destinarán a la constitución de fondos para el cubrimiento de garantías que incentiven la vinculación del sector privado.

b. Mejorar las condiciones del crédito de Findeter Findeter debe complementar la disponibilidad de créditos de largo plazo con un mecanismo que permita la capitalización del componente nominal de la tasa de interés, para que el servicio de la deuda, por capital e intereses, no presione precisamente en los primeros años, cuando los

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proyectos están en su etapa de despegue". Así mismo, en los sectores elegibles se introducirá la financiación de programas de modernización empresarial, incluyendo la estructuración de los procesos. De otra parte, Findeter podrá destinar las utilidades generadas en su operación financiera a la constitución de un fondo de crédito de fomento, mediante el cual se otorgarán créditos en condiciones blandas, de plazo y tasa de interés, a los municipios más pobres y las entidades prestadoras de estos servicios en localidades rurales. Estos créditos reemplazarán la asignación actual de las utilidades como recursos no reembolsables para los municipios. Para incentivar el crédito de Findeter y cuando el Ministerio de Desarrollo Económico certifique la existencia de estudios y entidades ajustados a la política nacional es necesario que esta entidad: (i) adopte criterios de evaluación más ágiles; (ii) disminuya la tasa de redescuento; (iii) libere la tasa de intermediación; (iv) estructure líneas de refinanciación de deudas de las entidades; y (v) dé prioridad a las solicitudes de dichas entidades al aprobar sus operaciones. Igualmente, revisará las actividades financiables y las personas jurídicas que puedan redescontar créditos, buscando corregir las imperfecciones de financiamiento del sector. Con estas medidas se logrará un mayor flujo de recursos para financiar la inversión y se incentivará la eficiencia. c. Recursos de apoyo de la nación Los rezagos en tarifas, inversión y provisión de pasivos laborales y la necesidad de mejorar la gestión de las entidades prestadoras justifican que la nación asigne recursos para financiar las inversiones mientras que las tarifas alcanzan los costos y para incentivar la modernización de las entidades prestadoras. Por lo anterior, la nación podrá asignar recursos complementarios para solucionar los problemas estructurales de

Findeter tomará las medidas necesarias para cubrir la reducción de disponibilidades de la entidad por el menor flujo que esta medida genera y el mayor margen de intermediación hasta del 100% para incentivar la línea entre los intermediarios financieros.

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gestión de las entidades prestadoras, bajo las siguientes condiciones: (i) cumplimiento de la regulación y la política sectorial"; (ii) prioridad de atención a los estratos más pobres; (iii) máxima financiación con tarifas, aportes locales, transferencias de ley 60 de 1993 y crédito; (iv) desembolsos pari passu el cumplimiento de los compromisos locales; y, (v) cumplimiento de niveles de eficiencia en la gestión. Para el traslado de los recursos a las entidades locales se definirán mecanismos que aseguren eficiencia en su ejecución y cumplimiento del estatuto presupuestal de la nación y de las políticas sectoriales, buscando el complemento de recursos de crédito de Findeter por las condiciones de plazo y tasa de interés que ofrece y los ahorros en evaluación y seguimiento de los proyectos que la infraestructura regional de esa entidad permiten. Cuando las condiciones para vincular capital privado a la prestación de estos servicios así lo ameriten la asignación de aportes de la nación seguirá, entre otros, los siguientes criterios: (i) máxima generación interna de recursos por el cobro de tarifas; (ii) compromiso de recursos municipales, incluyendo los necesarios para constituir garantías que cubran los riesgos del proyecto; (iii) porcentaje de usuarios de bajos ingresos atendidos por los privados; (iv) nivel de responsabilidad asumida por el privado; (v) plazos definidos para la obtención de niveles de eficiencia; (vi) menores requerimientos de garantías del sector público; y (vii) vinculación privada lograda mediante procesos competitivos, número de oferentes, plazo del concurso, condiciones exigidas a los proponentes.

4. Ajuste y coordinación institucional Para unificar la política en las entidades nacionales y generar señales claras e incentivos apropiados a las entidades locales, es necesario que

Es decir, que se tenga disponibilidad de estudios y diseños, bajo criterios de costo mínimo económico, haya racionalidad técnica y económica en la prioridad de las obras por realizar, se cumplan las normas técnicas del Ministerio de Desarrollo Económico, entre otros.

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SOCIAL

el Ministerio de Desarrollo Económico, como organismo rector de la política sectorial, coordine acciones con las distintas entidades.

a. Fortalecimiento de la coordinación nacional La Comisión de seguimiento y evaluación de la política sectorial, como instancia que reúne las distintas entidades sectoriales, debe asumir la coordinación de la política nacional. La composición, funciones y esquema operativo de la Comisión serán definidos por el ministerio, para lo cual preparará una propuesta de modificación del decreto presidencial 789 de 1995. De otra parte, el Comité técnico de participación privada en agua potable y saneamiento'? se consolidará como la instancia de coordinación, con el fin de impulsar el Programa de modernización empresarial e integrar las acciones de promoción de la participación del sector privado, definir los términos para la estructuración de procesos, el desarrollo y transferencia de instrumentos de apoyo, estudiar la necesidad de recursos del gobierno nacional para apoyar los proyectos y las condiciones y requisitos para cumplir por éstos.

b. Coordinación con la política de medio ambiente Los Ministerios de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, en coordinación con la eRA, evaluarán las políticas y desarrollarán las normas necesarias para, por una parte, asegurar proyectos de saneamiento básico técnica y económicamente eficientes y ambiental mente sostenibles y, de otra, fomentar el uso eficiente y racional del recurso, teniendo en cuenta la capacidad de pago de la población, el balance hídrico y la vulnerabilidad de las fuentes. Estas normas buscarán un balance entre la legislación ambiental para promover la protección y el uso racional de los recursos y la legislación sobre servicios públicos domiciliarios.

Compuesto

por los Ministerios

de Desarrollo

Económico.

Hacienda

y Crédito Público y el

DNP.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

168

FORTALECIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCfURA

SOCIAL

La aplicación de instrumentos económicos para promover la descontaminación de los cuerpos de agua y el deterioro de algunas fuentes de abastecimiento, llevará a que en los próximos diez años se aumente la cobertura de tratamiento de aguas residuales en el país. Los Ministerios de Desarrollo y Medio Ambiente reglamentarán el cobro de tasas retributivas a empresas de alcantarillado y fijarán el monto por cobrar de manera que reflejen los costos de recuperación del recurso hídrico y la prioridad de aplicarlas por tipos de usuarios, industriales y residenciales. Así mismo, definirán las condiciones para su aplicación, considerando entre otros los siguientes aspectos: (i) impacto sobre las tarifas cobradas a los usuarios residenciales; (ii) coberturas municipales superiores al 80%;(iii) capacidad de autopurificación del cuerpo receptor; (iv) que la fuente receptora de aguas residuales sea abastecedora de otros municipios; y (v) la relación costo-efectividad de los proyectos de tratamiento. Con los recursos generados por el cobro de las tasas retributivas se apalancarán recursos provenientes del cobro de tarifas a los usuarios del servicio de alcantarillado y del Fondo Nacional de Regalías, los cuales se destinarán a financiar proyectos prioritarios de inversión en tratamiento de aguas residuales. Las metas de control de carga contaminante deben ser realistas y factibles de lograr de acuerdo con los cronogramas de inversiones previstos y considerando las reales capacidades técnicas y financieras de las diferentes regiones. c. Establecimiento de la normativida

para sistemas de disposición Aunque en la actualidad los rellenos sanitarios representan la alternativa de disposición final de residuos sólidos más económica, la carencia de normas en esta materia está generando confusión sobre la competencia y alcance de intervención de organismos de control como las autoridades ambientales, municipales, jurídicas, la eRA y la Superintendencia de Servicios Públicos, en relación con decisiones acerca de los sitios de disposición final de las basuras.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

FORTALECIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Por lo anterior el Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con la CRA, debe expedir las normas de clasificación y categorización de rellenos sanitarios, según la calidad ambiental de la disposición, de forma tal que en el futuro la CRA pueda definir funciones de costos y techos de precios para cada uno de ellos, complementando así la normativa existente para este sector. Para el avance en los sistemas de disposición, es necesario que el Ministerio del Medio Ambiente, teniendo en cuenta las condiciones tarifarias y sociales de cada municipio, defina cronogramas precisos de cierre de los sitios existentes que violen la normativa que se expida. Con esta medida se logrará un incentivo claro para crear nuevos y mejores sitios de disposición final de los residuos y se reducirá la incertidumbre que para los potenciales inversionistas significan posibles decisiones arbitrarias de las diferentes autoridades relacionadas con el sector.

d. Coordinación de las acciones en la zona rural Con el fin de integrar la política rural el Ministerio de Desarrollo gestionará con las entidades participantes en la zona rural, el desarrollo de acciones coordinadas, aprovechando las instancias existentes en la nación, los departamentos y los municipios. En materia de financiación de los proyectos, los municipios deberán destinar los recursos que reciben por ley 60/93, de acuerdo con el porcentaje de la población rural, y como complemento podrán acceder a los recursos de la Red de Solidaridad, Plante, Fondo Nacional de Regalías, Plan Pacífico y Plan Colombia, entre otros.

5. Metas físicas y plan financiero La modernización de las entidades prestadoras y la política propuesta permitirán que en el período 1999-2002 la cobertura urbana aumente del 940/0 al 960/0 en acueducto y del 820/0 al 860/0 en alcantarillado (Cuadro 6.2). Con el Plan de agua potable y saneamiento se beneficiarán 4.5 millones de habitantes con el servicio de acueducto y 5.9 millones con CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

169

170

FORTALECIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

Metas de coberturas en acueducto y alcantarillado Acueducto Grandes ciudades

1999

2000

2001

2002

97.2%

97.8%

97.9%

Capitales, municipios>

100.000 h

95.2%

95.8%

96.3%

96.5%

30.000 h < municipios

< 100.000 h

92.0%

93.0%

93.9%

94.2%

89.6%

90.9%

91.9%

92.5%

Total zona urbana

94.6%

95.4%

95.8%

96.0%

Total zona rural

41.7%

44.2%

46.7%

48.8%

municipios

< 30.000 h

Alcantarillado Grandes ciudades Capitales, municipios>

100.000 h

30.000 h < municipios

< 100.000 h

1999

2000

2001

2002

92.2%

93.2% 83.4%

94.0%

94.6%

84.9%

86.0%

73.3%

75.6%

77.3% 73.2%

81.9% 70.4% 65.9%

69.4%

71.5%

Total zona urbana

81.8%

83.5%

84.9%

86.0%

Total zona rural

16.6%

21.1%

26.3%

30.4%

municipios

Fuente:

< 30.000 h

Cálculo UPRU-ONP.

el de alcantarillado, en las zonas urbana y rural. De otra parte, en municipios con cobertura de acueducto superior al 90% se dará prioridad a programas de calidad de agua, lo cual permitirá aumentar la población cubierta con agua potable en dos millones de habitantes adicionales a los nuevos usuarios que recibirán el servicio de acueducto. El Plan de agua potable y saneamiento básico demandará recursos por 4.4 billones de pesos del año 1998 de los cuales 41 mil millones de pesos se destinarán al fortalecimiento y ajuste de las entidades nacionales en asistencia técnica, regulación y control, y 4.38 billones de pesos a los programas de modernización de las entidades prestadoras y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios. La inversión en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín y su área de influencia alcanza los 2.04 billones de pesos, y se financiará con recursos propios y de crédito. En los otros municipios del país se realizarán inversiones por l.80 billones de pesos en las zonas urbanas y 0.53 billones de pesos en las áreas rurales, cuya financiación provendrá de aportes de contrapartida de las entidades prestadoras, recursos de crédito externo, de los municipios

AMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

FORTALECIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA

171

SOCIAL

lij.,. M;t•• ;JfCl Plan financiero - usos y fuentes Cifras en millones de pesos de 1998 Usos por programa

1999 Transformación

2000

2001

2002

Total

y ajuste institucional

Modernización empresarial

3,318

3,882

2,779

2,281

12,260

Regulación y control

7,240

7,276

7,280

7,300

29,096

10,558

11,158

10,059

9,581

41,356

589,944

650,844

669,738

562,594

2,473,120

285,355

335,137

342,696

263,111

1,226,299

114,287

111,329

126,112

120,529

472,257

120,419

124,087

119,362

120,224

69,883

80,291

81,568

58,731

484,092 290,473

427,905

514,081 223,425

521,953

450,521

1,914,460

190,236

228,464

175,407

817,533

99,344

105,568

109,514

105,792

420,218

Municipios < 100,000 h

101,455

120,043

106,143

103,353

430,994

Alcantarillado zona rural

36,869

65,045

77,833

65,968

245,715

1,017,849

1,164,925

1,191,692

1,013,115

4,387,581

1,028,407

1,176,083

1,201,751

1,022,696

4,428,937

1999

2000

2001

2002

Total

Total Mejoramiento de la prestación de los servicios Acueducto Grandes ciudades Capitales, municipios>

100,000 h

Municipios < 100,000 h Acueducto zona rural Alcantarillado Grandes ciudades Capitales, municipios>

Total inversión

100,000 h

plan

Total plan

Fuente recursos Aporte nacionales Programa de modernización Mejoramiento de la calidad

56,862

50,437

60,539

49,446

3,318

3,882

2,779

2,281

12,260

53,543

46,555

57,760

47,165

205,023

217,284

7,240

7,276

7,280

7,300

29,096

Transferencias*

297,258

338,219

368,157

355,813

1,359,446

Inversión

361,360

395,932

435,976

412,559

1,605,826

60,540

69,398

73,995

84,575

288,508

421,899

465,329

509,971

497,134

1,894,333

606,508

710,754

691,780

525,562

2,534,604

1,028,407

1,176,083

1,201,751

1,022,696

4,428,937

Recursos administrados general del gobierno

Participación privada Inversión general del gobierno más participación privada Inversión empresas y municipios Inversión total plan Fuente:

Cálculo UPRU-DNP. * Equivale a menos del 55% señalado por la ley, considerando que el monto restante se destina a cubrir compromisos financieros previamente adquiridos e inversiones no contempladas en este plan.

con cargo a la ley 60 de 1993, de crédito de Findeter a las entidades locales, del sector privado y de aportes de la nación para promover la transformación y modernización de las entidades prestadoras, así como para mejorar la cobertura y calidad de los servicios (Cuadros 6.2y 6.3). CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

111.

DESARROLLO URBANO

------------------------------------------.

Colombia es un país que se caracteriza por tener un número apreciable de centros urbanos. Actualmente el 75% de sus cuarenta millones de habitantes reside en zonas definidas como urbanas, concentrando menos del 30% en cuatro grandes ciudades. Esta tendencia hacia la urbanización no fue uniforme en el tiempo, llegando a generar tasas de crecimiento de la población total cercanas al 3.8%. Las ciudades colombianas son el producto de una dinámica regional, desconocida casi siempre, por las políticas nacionales, las cuales han propiciado un tratamiento idéntico de las diversas regiones y asentamientos que en la práctica ejercen funciones diferentes de acuerdo con la inserción que tienen en sus respectivos sistemas urbano-regionales. Así mismo, el acelerado proceso de urbanización ha incorporado de manera desordenada los efectos positivos y negativos de las políticas globales y las condiciones socioeconómicas, tratando de asimilar crecimientos coyunturales, bonanzas, flujos de desplazados, marginalidad y desempleo. La ausencia de una política de ordenamiento urbano para las ciudades se ha traducido en inadecuados patrones de uso del suelo, insuficiencias de servicios, vivienda, infraestructura y equipamientos. Por otra parte, el acelerado proceso de urbanización ha llevado a una localización espontánea de los factores productivos, la cual se ha caracterizado por la concentración de la actividad económica en unos pocos CAMBIO

PARA CONSTRUIR

LA PAZ •

FORTALECIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

centros urbanos: las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, por ejemplo, producen más del 45% del PIE nacional. Sin embargo, estos grandes centros urbanos no alcanzan a tener los niveles de competitividad y productividad necesarios para competir en un escenario de economía globalizada, lo que afecta el desarrollo económico no sólo a nivel local sino también a nivel nacional, dada la importancia productiva de los centros urbanos. De acuerdo con lo anterior, la política urbana debe estar dirigida al cumplimiento de tres objetivos básicos: • Caracterizar y fortalecer las condiciones del sistema de ciudades. • Promover el mejoramiento urbanos.

de la calidad de vida de los centros

• Promover el desarrollo económico de los centros urbanos.

A. ESTRATEGIAS PARA LA CARACTERIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO

DE LAS CONDICIONES

DEL SISTEMA DE CIUDADES La función de la política urbana es suministrar las directrices e instrumentos para coordinar las políticas nacionales en el espacio urbanoregional, procurando caracterizar y fortalecer las condiciones del sistema de ciudades para promover la competitividad, el fortalecimiento del tejido social, la gobemabilidad, el desarrollo y la paz.

1. Apoyo al proceso de ordenamiento territorial regional El gobieno nacional liderará los procesos de ordenamiento territorial regional dando directrices para adelantar estrategias regionales de desarrollo. Para ello identificará las ciudades y regiones con mayor capacidad de aporte a los objetivos nacionales, para fortalecerlas como plataformas físicas productivas, promoviendo, a través de la coordinación de las poCAMBIO

PARA CONSTRUIR

LA PAZ •

173

174

FORTALECIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA SOCiAL

líticas de inversión sectorial, el mejoramiento del ordenamiento físicoterritorial interno y la integración y fortalecimiento de la red urbanoregional.

2. Promoción de la integración y complementación regional Promover la incorporación de las políticas macro y sectoriales en los procesos de ordenamiento territorial departamentales y municipales, impulsando la concurrencia de acciones en el sector público y con el sector privado, de tal manera que se facilite simultáneamente el logro de los objetivos nacionales y regionales.

ESTRATEGIAS

PARA LA PROMOCIÓN DEL

MEJORAMIENTO

DE LA CALIDAD DE VIDA

DE LOS CENTROS URBANOS

1. Apoyo a la formulación de los planes de ordenamiento territorial municipal Impulsar la formulación de los planes de ordenamiento territorial que propicien el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes a través de la conformación de una estructura urbana sustentable, equilibrada y eficiente. Así mismo, se dará asistencia a las actuaciones supramunicipales integrales de impacto regional que promuevan un adecuado funcionamiento del sistema de ciudades.

2. Promoción de los macroproyectos urbanos El gobieno nacional prestará asistencia técnica en la formulación y gestión de los macroproyectos urbanos, como un instrumento para desarrollar proyectos de intervención en la estructura física de las ciudades. Su objetivo es construir y formar ciudades integrales, alrededor de objeti-

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

FORTALECIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

vos socioeconómicos, articulando las políticas de vivienda, agua potable, saneamiento básico y transporte urbano.

3. Definición de una política de transporte urbano El gobierno nacional impulsará una política nacional en transporte urbano que oriente las acciones del Estado a promover, apoyar y facilitar en los entes territoriales la gerencia y modernización del transporte urbano y metropolitano.

4. Conformación de los observatorios del suelo y del mercado inmobiliario Se promoverá el establecimiento de los observatorios como una herramienta de análisis del comportamiento del mercado del suelo e inmobiliario y las dinámicas urbanas que permita a las administraciones municipales la toma de decisiones con respaldo de un conocimiento de su problemática. Para hacer posible la conformación de observatorios del suelo y del mercado inmobiliario en las principales ciudades del país, el gobierno nacional adelantará un programa de asistencia técnica a las ciudades con población mayor a los 100 mil habitantes.

5. Regulación masiva de la propiedad Frente al problema de la informalidad e irregularidad en la tenencia de la tierra, el gobierno nacional ha venido impulsando un programa con el fin de legalizar la tenencia, tanto de predios urbanos como rurales; modernizar e integrar los sistemas de catastro y registro de la propiedad, procurando mejorar las condiciones de seguridad, transparencia, agilidad y oportunidad de estos sistemas; y dotar a las entidades estatales de información completa acerca de áreas protegidas por consideraciones ambientales, étnicas, de riesgo y urbanización, a partir de la identificación clara y única de sus áreas y límites. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ·

175

176

FORTALECIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El programa pasará a ser liderado por el Ministerio de Desarrollo Económico con el fin de involucrar criterios de ordenamiento territorial a partir de la ley 388 de 1997, en la selección y prioridades de los predios que por ley son susceptibles de titular.

6. Revisión de las normas de contratos de arrendamiento Se someterá a consideración del Congreso un proyecto de ley que permita unificar la legislación sobre arrendamientos urbanos, modificar la normatividad que regula la terminación del contrato, la fijación del canon y el límite de reajuste anual. Igualmente, se propondrá que, previo acuerdo entre arrendador y arrendatario, los litigios entre ellos se resuelvan ante las cámaras de comercio.

7. Revisión del derecho de superficie Con el diseño de nuevos negocios, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, el derecho de superficie consagrado en nuestro código civil debe ser revaluado. Por tanto, se someterá a la consideración del Congreso de la República un proyecto de ley que aclare las relaciones entre el propietario de la tierra y la persona que edifique sobre el terreno, la vigencia del derecho, las formas de terminarlo, los derechos ajenos, etcétera.

c. ESTRATEGIAS DESARROLLO

PARA LA PROMOCIÓN DEL ECONÓMICO DE LOS

CENTROS URBANOS Si bien el gobierno nacional es el principal ejecutor de las políticas económicas, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo económico de sus respectivas localidades. En este sentido, se busca que el gobierno nacional adelante acciones orientadas a:

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ·

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

• Promover el establecimiento de alianzas público-privadas para el fomento del empleo, la investigación y el desarrollo productivo. • Atraer inversión a los centros urbanos con adecuación de infraestructura física y desarrollo de infraestructura social. • Promover que la calificación de la mano de obra corresponda a las potencialidades de los centros urbanos.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

177

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

DEL

EJE CAFETERO

INTRODUCCIÓN

El 25 de enero de 1999 se presentó un evento sísmico con epicentro en el departamento del Quindío que afectó seriamente las áreas urbanas y rurales de los municipios de Armenia, Calarcá, Córdoba, La Tebaida, Circasia, Filandia, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento y Buenavista en el departamento del Quindío; Pereira, Dosquebradas, Marsella y Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda; Alcalá, Argelia, Bolívar, La Victoria, Sevilla, Obando, Ulloa, Caicedonia y el corregimiento de Barragán del municipio de Tuluá, en el departamento del Valle; Cajamarca y Roncesvalles en el departamento del Tolima; y Chinchiná en el departamento de Caldas. Este hecho natural generó un alto número de pérdidas humanas, heridos y afectados, además de producir daños en la infraestructura física, viviendas urbanas y rurales, edificaciones privadas y públicas, establecimientos comerciales y financieros, vial y aeroportuaria y la interrupción del suministro de servicios públicos domiciliarios, gas, acueducto, alcantarillado y energía. En virtud de lo anterior, y atendiendo la normatividad existente en materia de atención y prevención de desastres, se expidió el decreto 182 de 1999 para facilitar la atención inmediata a la población afectada y agilizar los procesos de reconstrucción y recuperación de la zona. Posteriormente, bajo el estado de emergencia, se expidieron los decretos 195 a 198 de 1999, con el fin de determinar la cobertura del plan en los municipios antes mencionados, presupuestar recursos adicionales para la viCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

182

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DEL EJE CAFETERO

gencia fiscal de 1999 y crear un esquema ágil de administración y manejo de los mismos. Para los efectos de garantizar la integralidad, transparencia, eficiencia, respeto por la autonomía local y focalización de las acciones que se deben desarrollar en la zona, el gobierno nacional ha establecido un plan de reconstrucción basado en un esquema de trabajo interinstitucional de entidades del orden nacional, regional y local y de carácter público, privado y solidario, involucradas en el desarrollo de la región. El propósito de este plan, que facilitará a dichas entidades adelantar las acciones para la reconstrucción y rehabilitación de la comunidad afectada, es la búsqueda del desarrollo sostenible, promoviendo la recuperación del tejido social y de la calidad de vida de sus habitantes, y la reinserción de la región a la economía nacional e internacional. Con estos objetivos se determinarán las áreas de acción y recursos que el gobierno nacional canalizará durante los próximos cuatro años para atender la zona afectada por el terremoto. Las medidas de acción se han dividido en las áreas de infraestructura física, reconstrucción social y reconstrucción económica y social, pero entendiendo que ellas son complementarias y deben ser adelantadas de manera coordinada y simultánea para lograr el objetivo de recuperar integralmente la zona en el menor tiempo posible. Estas acciones se realizarán con un esquema institucional participativo y eficiente que dé prioridad a la sociedad civil y sus organizaciones comunitarias y no gubernamentales. La atención del desastre recorre tres etapas sucesivas y ligadas temporalmente, como son: atención inmediata, la emergencia propiamente dicha, estabilización y reconstrucción, siendo la duración de cada una determinada por la magnitud del daño, el plan de reconstrucción del eje cafetero se concentra en esta última y tomará como base los resultados provenientes del plan de acción inmediata y de la etapa de estabilización, dirigido por la Dirección nacional para la prevención y atención y desastres. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

DIAGNÓSTICO

Dada la magnitud del daño sufrido en la zona, el diagnóstico que se presenta es preliminar y será enriquecido por los censos en proceso y el trabajo de cuantificación de los daños que actualmente se adelanta. Los siguientes puntos resumen la situación actual en los sectores más afectados: • El terremoto causó cerca de mil muertos, más de 4 mil heridos y dejó más de 150 mil afectados directos. • En el sector de vivienda y edificaciones, de acuerdo con reportes de los comités locales de emergencia, hasta el viernes 29 de enero, el número de viviendas que presentan daños es superior a 35 mil, registrándose la mayor cantidad en el departamento de Quindío'. Como consecuencia, hasta la fecha se han recolectado y dispuesto en lugares temporales una gran cantidad de escombros, cifra que tiende a aumentar según el número de demoliciones que se efectúen en edificaciones que son consideradas de alto riesgo. En la actualidad la disposición de los escombros se está realizando en sitios temporales, mientras se identifican y adecuan zonas definitivas por parte de las autoridades locales y ambientales.

Las cifras definitivas por municipio y el nivel de daños en cada caso serán los que resulten del censo que está siendo adelantado en la actualidad.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

184

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DEL EJE CAFETERO

• De acuerdo con lo reportado por las empresas de servicios públicos la mayoría de los sistemas de acueducto y alcantarillado no sufrieron daños estructurales masivos. Las plantas de tratamiento y los tanques de almacenamiento están en condiciones de operación. Las empresas prestadoras están estudiando los daños, que en su mayoría hacen referencia a las redes de distribución. Los principales problemas reportados por las empresas de suministro de agua potable y alcantarillado se registran en los municipios de Filandia, Circasia, Pijao, Buenavista, Calarcá; igualmente existe riesgo de derrumbamiento en las bocatomas de Alcalá y Pereira. En Armenia, gracias a la colaboración de las Empresas de Medellín y Bogotá, el servicio de agua se está prestando a más del 70% de la ciudad. El sistema de alcantarillado se encuentra descargando adecuadamente. • En cuanto a la recolección de residuos sólidos las Empresas Públicas de Armenia están prestando el servicio en las zonas donde los camiones recolectores tienen acceso, y se amplió el ruteo hospitalario dados los requerimientos. Sin embargo, se prevé que el ostensible incremento en los residuos por disponer copará la capacidad del lugar de disposición a corto plazo. Adicionalmente, por las precarias condiciones sanitarias de este sitio, se considera que el efecto sobre el medio ambiente se incrementará, haciendo necesarias acciones de control de plagas y vectores-. En el relleno sanitario de Pereira se presentaron derrumbes y daños que deben ser solucionados lo antes posible para permitir su normal operación. • Según reportes preliminares los hospitales de Montenegro, Santa Ana en Pijao, La Misericordia en Calarcá y San Juan de Dios en Armenia sufrieron daños severos; mientras que la Unidad Interna del Sur en Armenia, el hospital de Circasia y el Pío X de La Tebaida se vieron afectados levemente. Sin embargo, para conocer el estado actual de la infraestructura hospitalaria en todos los municipios de la zona se esperan los resultados de la evaluación del resto del sistema de salud. 2

Elementos transmisores como roedores, insectos, moscas, entre otros.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DEL EJE CAFETERO

185

• La infraestructura educativa sufrió daños considerables, lo que llevó a las autoridades a decretar vacaciones escolares. Datos estimados indican que en la ciudad de Armenia e135% de los centros educativos fue destruido o se debe demoler. Adicionalmente, escuelas y colegios de la región han sido adecuados como albergues provisionales para los afectados. • En relación con la infraestructura vial se presentaron 19 derrumbes y 25 fallas en bancada del paso de La Línea, pero la red primaria en general no sufrió daños considerables. Por otra parte, el estado de las vías presenta problemas de deslizamiento en algunos tramos de las carreteras de la red secundaria y terciaria, obstruyendo el paso vehicular . • Una evaluación preliminar indica que el aeropuerto El Edén de Armenia demanda la reconstrucción en el puente aéreo (pista y rampa), de los cuales se espera que la póliza cubra costos de edificación. Adicionalmente, es necesario evaluar los daños causados por el aumento del incremento de vuelos diarios. Tanto el sistema de telecomunicaciones como la torre de control sufrieron daños que deben ser evaluados. • En cuanto a la infraestructura carcelaria resultaron afectados algunos de los principales centros de reclusión de la zona. La cárcel del Distri to Judicial de Armenia presenta una destrucción casi total, por lo que el Inpec está adelantando estudios que determinen si ésta debe ser reconstruida totalmente o si parte de su estructura puede ser conservada.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

11.

MEDIDAS

Los objetivos trazados en este Plan se alcanzarán a través de la puesta en marcha de medidas encaminadas a reconstruir la infraestructura física de la región y recuperar su tejido social y su base económica. Á. INFRAESTRUCTURA

FÍSICA

El área de infraestructura física está compuesta por los programas cuyo objetivo sea dotar las zonas y familias afectadas con una infraestructura de condiciones que permitan la reactivación y recuperación de la región.

1. Vivienda y edificación Este programa está dirigido a la reconstrucción de las viviendas particulares, los edificios públicos y las edificaciones comerciales, industriales y financieras de la zona afectada. Con el fin de superar la emergencia en las áreas no urbanas y evitar desplazamientos y concentración de personas en las cabeceras municipales se atenderá simultáneamente la recuperación y reconstrucción de vivienda rural y urbana. El programa se iniciará con la identificación y clasificación de las viviendas y edificios destruidos; en el caso de las viviendas, la clasificación, además del nivel y valoración del daño, establecerá su localización con respecto a las zonas de riesgo.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DEL EJE CAFETERO

En relación con las viviendas situadas en áreas de riesgo y afectadas por el sismo, a cambio de la entrega de su inmueble al municipio, la familia propietaria o poseedora tendrá derecho a recibir un subsidio de cuatro millones de pesos, el cual será entregado por el Fogafín a la entidad que adelante o financie el proyecto de vivienda donde ella se reubicará. Para las familias reubicadas, así como para la reconstrucción de las otras viviendas y edificaciones afectadas, el Fogafín otorgará un subsidio que cubra la diferencia entre la tasa de interés cobrada por las entidades financieras y el IPC, adicionado hasta en 10 puntos según el valor del inmueble financiado. El monto de crédito por subsidiar será igual al valor del daño sufrido y como máximo de 120 millones de pesos en el caso de viviendas y establecimientos comerciales y de 300 millones de pesos para el caso de edificios públicos. Se dará prioridad a la autoconstrucción y rehabilitación dirigida de las viviendas existentes con el apoyo del Sena y organizaciones no gubernamentales de reconocida experiencia, y a las familias, para garantizar la construcción antisísmica de las soluciones. La reconstrucción de las viviendas responderá a las condiciones socio-culturales de la región, para lo cual se considerará la unificación de reglas de construcción, el apoyo a iniciativas locales y comunitarias, así mismo como el mantenimiento de una planeación urbana adecuada. La política y criterios que se establezcan para la construcción de las viviendas y las edificaciones, tanto urbanas como rurales, deberá ser adoptada por todas las organizaciones que quieran destinar recursos financieros o en especie para tales propósitos. Los alcaldes, con base en la ley de desastres, determinarán legalmente y de manera ágil la demolición de las edificaciones que por sus condiciones actuales se constituyan en peligrosas para la población. Considerando la magnitud de la tragedia y las diferentes particularidades de cada acción por seguir, corresponderá al Ministerio de Justicia brindar a las autoridades locales la asistencia jurídica que les permita agilizar la toma

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de decisiones y los trámites legales correspondientes en relación con las edificaciones y sus propietarios.

2. Servicios públicos El programa de servicios públicos está dirigido a reiniciar la prestación regular de los servicios domiciliarios de agua potable, alcantarillado y recolección y disposición de residuos sólidos. En relación con el agua potable será responsabilidad de las empresas prestadoras de estos servicios la identificación del estado de la infraestructura de prestación, al igual que la elaboración de los planes maestros de rehabilitación, con el soporte financiero por parte del gobierno nacional. El Ministerio de Desarrollo Económico dará apoyo técnico a las empresas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la definición de términos de referencia, procesos de selección y adjudicación de los contratos de consultoría que se requieran en la rehabilitación de los sistemas. Dado que se continuarán generando escombros a medida que se realicen las demoliciones pertinentes y las reparaciones locativas de las viviendas y edificaciones y se están disponiendo en lugares temporales, se hace indispensable que las autoridades municipales y ambientales identifiquen los lotes de disposición adecuados, de forma tal que los escombros sean reubicados y se conviertan en áreas útiles para la construcción de vivienda en el futuro. Los Ministerios de Desarrollo Económico y Medio Ambiente prestarán asesoría para la identificación de zonas adecuadas. El cobro de los servicios públicos domiciliarios, así como la asignación de los subsidios y sobreprecios, será reglamentado de manera excepcional y transitoria por las comisiones de regulación respectivas, atendiendo las condiciones particulares de cada localidad. Findeter creará una línea de crédito especial para las empresas privadas y públicas prestadoras de los servicios domiciliarios, de forma tal que puedan cubrir la dismiCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ'

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nución de sus ingresos y continuar prestando el servicio mientras se normaliza el recaudo tarifario.

3. Desarrollo urbano a. Equipamiento municipal Se rehabilitará la infraestructura de las localidades afectadas en cuanto a las áreas de salud, educación, malla vial urbana, áreas recreativas, estadios, terminales de transporte, zonas verdes, cementerios, mataderos y plazas de mercado, utilizando organizaciones no gubernamentales y comunitarias. Todas las acciones que se adelanten en este campo deberán seguir los criterios unificados que definan los alcaldes a través de sus oficinas de planeación o de las instancias que ellos señalen. Los Ministerios de Educación y Salud trabajarán con los gobiernos locales en la realización de una revisión de la infraestructura correspondiente, evaluarán la magnitud de los daños y definirán el esquema administrativo y financiero para su recuperación. La malla vial urbana será reconstruida una vez se determine un plan de acción que establezca prioridades en cuanto a la reinstalación de redes de servicios públicos domiciliarios. Dependiente del nivel de daños sufrido y las condiciones financieras de las localidades el gobierno nacional otorgará créditos en condiciones especiales y la asignación de recursos no reembolsables.

b. Infraestructura vial El Invías se encargará de coordinar y apoyar técnica y financieramente a los departamentos en la rehabilitación de la red secundaria de la zona afectada, así como de proporcionar asesoría necesaria para la contratación que se requiera. Durante la reconstrucción del área, los gobiernos locales determinarán vías alternas para que el tráfico no ingrese a las ciudades o municipios afectados, hasta tanto no se finalicen las labores propias de reconstrucción. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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c. Infraestructura carcelaria Dado que las cárceles de la zona se vieron afectadas por efectos del terremoto se declaró el estado de emergencia carcelaria, de forma tal que se agilizarán los trámites de contratación para la rehabilitación o construcción de las edificaciones por parte del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec.

RECONSTRUCCIÓN

SOCIAL

El gobierno nacional apoyará a los gobiernos municipales y departamentales en la creación de centros comunales, en donde se contará con personal de instituciones del nivel nacional y local encargado de prestar a las personas afectadas servicios tales como asistencia psicológica y orientación. Se dará especial énfasis a la atención de la población vulnerable, considerando como tallos niños, los discapacitados, las mujeres gestantes y lactantes y los ancianos. Las acciones principales serán las siguientes:

• Niños. La población infantil menor de cinco años se concentrará en guarderías especialmente dotadas y atendidas con el apoyo del ICBF, en coordinación con las alcaldías. Allí se contará con alimentación nutricional, ayuda psicológica y entretenimiento dirigido. • Protección al menor. El ICBF se encargará de proteger a los infantes que sean trasladados a entidades hospitalarias fuera de la zona de la calamidad y colaborará en la búsqueda de sus familiares en caso requerido. Así mismo, elaborará un Programa especial de adopción para los niños plenamente identificados como huérfanos y sin parientes que se hagan cargo de ellos luego de la catástrofe. • Discapacitados. Las personas discapacitadas serán atendidas de manera prioritaria, buscando colaboración en cuanto a la adquisición y dotación de prótesis, sillas de ruedas, y en general, los equipos necesarios para su rehabilitación tanto física como psicológica. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DEL EJE CAFETERO

• Mujeres gestantes y lactantes. A las mujeres gestantes y lactantes se les identificará y se les atenderá de manera especial para que mantengan un nivel nutricional y de salud adecuados, tanto para ellas como para los infantes. El ICBF será el responsable de estas acciones y su ejecución se hará en coordinación con las alcaldías correspondientes. • Ancianos. Las personas de la tercera edad desamparadas por efectos de la catástrofe serán atendidas en centros especiales, donde se les suministrará alojamiento, alimentación, ayuda psicológica, de salud y actividades de entretenimiento. La Red de Solidaridad Social apoyará la puesta en marcha de este programa.

c. RECONSTRUCCIÓN

ECONÓMICA

Con el fin de crear condiciones que permitan a las familias ser parte de la solución de sus problemas de alimentación, vivienda y manutención se dará especial énfasis a la generación de empleo debidamente remunerado. Con este propósito, el programa de reconstrucción se iniciará con una estrategia de generación de empleo inmediato mediante la contratación, para la recolección y disposición de escombros, de personas que perdieron su fuente de ingresos a causa del terremoto. Con este mismo objetivo se iniciará la reconstrucción de las edificaciones de la administración pública y de atención social, tan pronto se establezcan las áreas factibles de construcción. Para lograr la mayor cobertura posible, se limitará la contratación de miembros de una misma familia. Para promover la generación de empleo permanente se adelantarán, entre otras, las siguientes acciones: • El gobierno nacional realizará los estudios necesarios con el fin de tomar las medidas que permitan la reactivación de la actividad económica de la zona, que estimulen la creación de empresas y flexibilicen la generación de empleo, tomando en cuenta la vocación y potencialidades que se identifiquen para estas regiones.

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• Se estructurarán y pondrán en marcha proyectos productivos y alianzas estratégicas en el sector agrícola, con el concurso de organismos como Cordicafé, adscrito a la Federación Nacional de Cafeteros, entidad que ha caracterizado las unidades agrícolas colectivas factibles de desarrollar en la zona, dadas las condiciones propias de la región. • El programa nacional de microempresas coordinará las acciones necesarias para que se diseñe una política general de generación de empleo y colaborará con las organizaciones locales como Actuar-Quindío para la consecución y canalización de los recursos de las diversas fuentes, bajo unificación de criterios de asignación. • La Federación Nacional de Cafeteros realizará la evaluación del daño sufrido en la infraestructura de producción cafetera y establecerá el Plan de Acción correspondiente. Con recursos canalizados por medio del Fondo para la Reconstrucción de la Región del Eje Cafetero, Forec, se financiará parcial o totalmente de los beneficiaderos, de acuerdo con el nivel de daño sufrido. Dado que el terremoto destruyó buena parte de la base económica de los municipios y departamentos afectados, limitando así en los próximos años el recaudo de ingresos tributarios, el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Apoyo Fiscal, estudiará cada uno de los casos individualmente y tomará las medidas necesarias para el fortalecimiento de los fiscos de dichas entidades territoriales y establecerá mecanismos que les permitan tener un nivel de ingreso adecuado para el desarrollo normal de sus funciones.

D. ACTIVIDADES

DE APOYO

La ejecución de las actividades arriba mencionadas depende del desarrollo de dos acciones paralelas. La primera de ellas está relacionada con la cuantificación e identificación de las familias damnificadas y que serán beneficiarias. En segundo lugar, es necesaria la realización de estudios geomorfológicos y de suelos para determinar las zonas de mayoCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ·

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res riesgos de las localidades afectadas, y de esta manera ajustar los Planes de ordenamiento territorial, POT, que existan, para lo cual el gobierno nacional apoyará a las gobernaciones. El censo oficial con las personas afectadas será el que se realice dentro del Plan de acción inmediata, cuya coordinación está a cargo de la Oficina Nacional de Prevención y Atención de Desastres con el apoyo de la Red de Solidaridad Social y la Cruz Roja. La consolidación de la información censal y el reporte de daños será realizada por el Dane. Como resultado del censo, se determinará la población objetivo de este Plan. El diseño y ejecución del Plan de reconstrucción requiere de la existencia de un sistema de información que se actualice a diario, para lo cual se definirá una estrategia metodológica que permita consolidar el resultado de los censos y la información que permanentemente recojan las entidades involucradas. Los estudios de suelos se efectuarán para tener un claro conocimiento de la situación geológica y sísmica de la zona, trabajo que estará a cargo del Igac e Ingeominas. Una vez se cuente con los estudios pertinentes, se elaborará un mapa con identificación de las zonas de riesgo, que deberán ser evacuadas y manejadas adecuadamente por los gobiernos locales. En zonas determinadas como seguras y con la participación de la sociedad civil se desarrollarán los proyectos de infraestructura que se definan en este Plan, considerando siempre que deben construirse edificaciones antisísmicas, de acuerdo con la normatividad vigente. Las acciones de carácter departamental se regirán por los POT, con las modificaciones a que haya lugar, con el apoyo del gobierno nacional y la activa participación de los gobiernos locales. Con elliderazgo de las personas y entidades que se designen localmente, y con el apoyo del gobierno nacional, se determinará un POT de carácter regional que permita no solo el desarrollo actual y futuro de las condiciones sociales, económicas y ambientales de la región, reconociendo e identificando sus vocaciones, sino también la atención expedita de este tipo de desastres. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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111.

ESQUEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN

•

El esquema institucional para la ejecución del Plan de recuperación está basado en una auténtica descentralización territorial, diferenciando claramente las funciones de los gobiernos nacional y locales, de acuerdo con su competencia y responsabilidades. Reconociendo la histórica organización social con que cuenta esta zona, todas las acciones contempladas que se ejecuten en el marco de este Plan tomarán como base las organizaciones comunitarias de los municipios, agrupadas y orientadas principalmente por organizaciones no gubernamentales bajo la tutela de los gobiernos municipales y departamentales. El gobierno nacional actuará como facilitador en la reasignación de recursos del Plan Nacional de Desarrollo a la zona y brindará los apoyos e instrumentos que allí lleguen a requerirse. Con el fin de lograr la coordinación requerida entre el nivel nacional y los niveles locales, el gobierno nacional ha creado el Forec, como una entidad de naturaleza especial del orden nacional con sede en Armenia, dotado de personería jurídica, autonomía patrimonial y financiera, sin estructura administrativa propia. El objeto del Forec será la financiación, apoyo y gestión para la realización de las actividades necesarias para la reconstrucción económica, social y ecológica de la región afectada. La dirección y administración del Fondo estará a cargo de un consejo directivo y de un director ejecutivo, quien será su representante legal, nombrado por el mismo consejo directivo. El Plan nacional para CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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la reconstrucción del eje cafetero será orientado por el consejo directivo y su presidente', Dicho consejo estará conformado por representantes del sector público y privado, pertenecientes a entidades locales y nacionales, activamente involucradas en el proyecto. Una vez identificados los daños cada una de las entidades nacionales involucradas en la recuperación de la zona elaborará en forma conjunta con las entidades territoriales, las directrices y parámetros que regirán las inversiones sectoriales. La ejecución de este Plan, fundamentada en la participación de la sociedad civil, se desarrollará por zonas o microzonas identificadas y determinadas por los gobiernos locales en forma concertada con la población civil. Para cada una de estas zonas se establecerá una unidad gerencial de recuperación, a cargo de una organización no gubernamental, la cual tendrá a su cargo, en conjunto con la comunidad, la elaboración y posterior ejecución de un Plan de acción zonal, que comprenda tanto la recuperación de la infraestructura física como su reconstrucción social y económica. Dicho Plan deberá contener por lo menos: • Magnitud de los daños • Costo estimado de su recuperación • Identificación de la población afectada • Fuentes de recursos • Entidades ejecutoras directas y esquemas de contratación • Esquema de asignación y ejecución de recursos • Esquemas de interventorías y veedurías 3

Por medio del decreto 199 de 1999, el consejo directivo del Forec quedó conformado por Luis Carlos Villegas, quien lo preside, Carlos Arturo Angel, Diego Arango, Luis Carlos Sarmiento, Jorge Cárdenas, Manuel Santiago Mejía, por el sector privado; y por Carlos Anuro López, gobernador de Risaralda, Alvaro Patiño, alcalde de Annenia, y Jaime Ruiz Llano, por el sector gubernamental.

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• Cronogramas de ejecución • Indicadores de evaluación Los planes de acción deberán ser presentados al consejo directivo del Forec para su aprobación y asignación de recursos. Los gobiernos locales serán los gestionadores locales de estos planes. Las distintas actividades e inversiones que se realicen en la zona buscarán la recuperación del tejido social y la reactivación económica mediante la adquisición de bienes y servicios generados en la misma región. La disminución del impacto social se buscará mediante la generación de empleo de los afectados por el siniestro. Los incentivos que se generen deben buscar siempre la consolidación de grupos comunitarios, que permitan así el resurgimiento de la confianza mutua y la cooperación entre los habitantes bajo las difíciles circunstancias que los afectaron.

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IV.

FINANCIAMIENTO

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Adicional a los recursos dedicados a la atención inmediata, para el desarrollo de este Plan de reconstrucción de mediano y largo plazo para la zona del eje cafetero se contará con las siguientes fuentes financieras, canalizadas a través del Forec: • Recursos del presupuesto nacional • Contratación de créditos externos con la banca multilateral • Redireccionamiento

de créditos ya contratados con el BID y el BIRF.

• Otras fuentes de recursos incluyendo donaciones internacionales, cajas de compensación familiar y aportes de particulares y del sector privado. Para la primera fase del Plan se han apropiado recursos por 542 mil millones de pesos y se garantizará el flujo necesario para la atención de las siguientes etapas. La asignación de todos los recursos se hará bajo un criterio único definido por el gobierno nacional.

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ANEXO

ASPECTOS MACROECONÓMICOS DEL ACUERDO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

INTRODUCCIÓN

La prioridad de la política macroeconómica es el retorno de la economía a la senda de crecimiento de largo plazo, la creación de puestos de trabajo y la estabilización de la inflación en niveles de un dígito. Con este fin el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en dar una solución a la difícil situación que atraviesa el sector productivo, al diseño de un nuevo sistema de financiación de vivienda, al saneamiento del sector financiero, a propender por un ordenamiento macroeconómico general basado en una política fiscal y monetaria austera y en sentar las bases sociales que garanticen un crecimiento económico sostenido hacia el futuro. El propósito de estas páginas es presentar la situación económica entre finales de 1998 y el primer semestre de 1999. Así mismo, se revisan los supuestos y proyecciones macroeconómicas que el gobierno ha presentado en el marco del acuerdo con la banca multilateral y se hace un breve resumen de las principales medidas y reformas estructurales que ha planteado éste.

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ANTECEDENTES

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La situación económica del país comenzó a deteriorarse desde comienzos de 1998: 1. Los ingresos por exportaciones se redujeron debido a la caída de los precios internacionales de los productos básicos, y por la débil coyuntura económica enfrentada por los países vecinos. De manera adicional los mercados internacionales restringieron sus flujos hacia la región. 2.

Desde comienzos de 1998 se observó un deterioro en el campo fiscal y externo, que se reflejó en presiones cambiarias y pérdida de reservas internacionales.

Como respuesta las autoridades anunciaron en septiembre de 1998 un paquete económico para controlar el gasto público. Las principales medidas en al ámbito fiscal fueron: (i) recorte de los gastos en el gobierno nacional central y el diseño de mecanismos de racionalización financiera en los gobiernos subnacionales; (ii) la ampliación de la base de recaudo del IVA, junto con a reducción en su tarifa efectiva desde noviembre de 1999; (iii) el incremento de la sobretasa del impuesto a la gasolina; (iv) la puesta en marcha de programas tendientes a fortalecer el recaudo de impuestos y combatir la evasión y el contrabando; y (iv) la eliminación de los fondos

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ANEXO

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de cofinanciación l. De manera simultánea, como resultado de la pérdida de dinamismo de las exportaciones, de la dificultad de acceder a los mercados internacionales de capital, y del deterioro de los términos de intercambio la junta directiva del Banco de la República modificó los parámetros de la banda cambiaria que permitieron una devaluación cercana a los 9 puntos porcentuales. 4.

En noviembre de 1998 frente a la fragilidad del sector financiero el gobierno decretó la emergencia económica (decreto 2.331). El objetivo de la emergencia era detener la pérdida de confianza en el sistema de ahorro cooperativo, proteger la estabilidad patrimonial de las entidades del sector solidario, restablecer el equilibrio económico, mitigar la morosidad en la cartera hipotecaria y dotar al Fondo de Garantías Financieras, Fogafín, de los recursos e instrumentos necesarios para apoyar el saneamiento del sector financiero. Las medidas más importantes tomadas al amparo de la emergencia económica fueron las siguientes: (i) Se creó el Fondo de Solidaridad de Ahorradores y Depositantes, Fogacoop; (ii) se abrió la posi-

Durante la primera fase del ajuste fiscal el gobierno se concentró en expedir una serie de decretos (1736.1737, Y 1738 de agosto 21 de 1998) sobre recortes presupuestales para la vigencia de 1998 por un valor de 875 mil millones pesos; los mismos permitieron reducir el déficit de caja en 0.6% del PIB. Se fijó en ese entonces una meta para el déficit fiscal para 1998 no superior al 5% del PIE en cabeza del gobierno nacional central y de 3.3% del PIE para el sector público consolidado. El2 de septiembre de 1998, el gobierno nacional presentó a consideración del legislativo el siguiente paquete de reformas: (i) Proyecto de ley 45/98(C), a través del cual se pretendía ampliar la base tributaria del [VA,se reducía la tasa del 16% al 15% y se cerraba una serie de canales de evasión, manteniendo exenta la mayoría de la canasta de consumo básico; (ii) proyecto de ley 46/98(C), sobre la suscripción obligatoria de títulos de deuda hasta por 1.2 billones de pesos, con el fin de crear el Fondo de Inversiones para la Paz, FIP; (iii) proyecto de ley 43/98(C), sobre el fortalecimiento fiscal de los territorios, a través del cual se buscaba modernizar su manejo y se perseguía una asignación más flexible de los recursos, al abrir espacio al llamado esfuerzo fiscal propio; (iv) proyecto de acto legislativo 7/98(S), a través del cual se redefinían los ingresos corrientes de la nación, netos de los pagos de intereses, con el fin de crear un fondo de ahorro pensional que empezara a atender las obligaciones territoriales; y (v) proyecto de ley 44/98(C), sobre reformas a la ley orgánica de presupuesto, cuyos grandes objetivos eran regular las rentas de destinación específica; limitar los incrementos innecesarios en el gasto público y el rezago presupuestal, propender por una programación del gasto público en función de las verdaderas disponibilidades de caja y, por último, eliminar los fondos de cofinanciación, los cuales habían sido seriamente cuestionados por un amplio grupo de la sociedad. De manera adicional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hizo uso del artículo 347 de la Constitución tendiente a la adopción de un presupuesto público equilibrado.

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ANEXO

bilidad de otorgar créditos de alivio a los deudores hipotecarios individuales mediante la creación de líneas de crédito a través del Fogafín; (iii) se creó una línea de crédito para la capitalización de las entidades financieras a través de esta misma entidad; y (iv) se estableció el impuesto temporal a las transacciones financieras, dos por mil, para la financiación de las medidas de emergencia.' 5.

El 25 de enero de 1999 un terremoto afectó a la región del eje cafetero. A pesar del paquete de reducción del gasto propuesto por el gobierno resultaba imperioso destinar recursos para la reconstrucción de la zona y la atención de la población afectada. Varias medidas tendientes a apoyar estas actividades fueron emitidas al amparo de la emergencia económica decretada para tal fin (decreto 195 de 1999). Posteriormente, la ley 508 de 1999, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, amplió la vigencia del impuesto a las transacciones financieras, dos por mil, por un año más y destinó los recaudos a la financiación de los gastos de reconstrucción de la zona.

La severidad de la recesión durante 1999 produjo una caída significativa de los ingresos tributarios. En el primer trimestre de 1999 el crecimiento del PIE alcanzó -6.5% y en el segundo -7.6%. La proyección de crecimiento para 1999 se revisó a -3.5%.

La tasa de desempleo se incrementó de manera considerable frente al promedio histórico colombiano, alcanzando 20.1 %, en el tercer trimestre de 1999. La tasa de inflación, por su parte, exhibió un descenso apreciable. Si bien el incremento en el nivel de precios llegó a 16.7% en 1998, este porcentaje se redujo a 9% en junio de 1999 y se estabilizó en este nivel en los meses siguientes. Este es un logro importante, dado que, según cálculos del Banco de la Repú-

Las medidas de la emergencia fueron parcialmente modificadas por la decisión de la Corte Constitucional en marzo de 1999. Esta decretó que la contribución del impuesto a las transacciones dos por mil debía catalogarse como un tributo que debía ir al presupuesto nacional. De manera adicional ordenó la homogeneización de la tasa del dos por mil para las operaciones interbancarias. La Corte también indicó que los recursos recaudados a través de este impuesto deberían destinarse únicamente a los alivios otorgados a los deudores hipotecarios, a la devolución de recursos a los ahorradores de las cooperativas y a la capitalización de la banca pública.

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ANEXO

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blica la inflación del 20% implicaba un costo de bienestar para los colombianos cercano a los US$ 1.000 millones al año. 8.

El descenso en el índice de inflación y la relativa estabilidad cambiaria en los primeros meses del año permitieron relajar la política monetaria y propiciar una reducción de las tasas de interés', A pesar de ello y de los alivios otorgados a raíz de las medidas de emergencia económica la situación del sector financiero siguió caracterizándose por el aumento en la cartera vencida, la acumulación de bienes dados y recibidos en pago, y por el deterioro patrimonial de las entidades públicas y privadas. En consecuencia, en los primeros meses del año otras medidas tendientes a la recuperación del sector debieron adoptarse: (i) Se pusieron en marcha las medidas de alivio a deudores hipotecarios establecidas al amparo de la emergencia económica, y éstas se complementaron con el cambio en la fórmula de la corrección monetaria (decreto 688 de abril de 1999, resolución 011 del Fogafín y resolución externa No. 10 del Banco de la República); (ii) se creó una línea de créditos para la capitalización de la banca privada (resoluciones 004 y 006 del Fogafín)"; (iii) se Las tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero evidenciaron un claro descenso desde finales de 1998, como consecuencia de la política explícita del Banco de la República de lograr dicha reducción a través de una mayor liquidez otorgada a los intermediarios financieros. La tasa DTF pasó de un promedio de 35.7% en el segundo semestre de 1998 a un promedio de 24.9%, en el primer semestre de 1999. La tasa de colocación pasó, en el mismo lapso, de 45.1 % a 34.5%. De la misma manera la tasa interbancaria mostró una clara tendencia decreciente desde noviembre de 1998, pasando de un promedio de 37.8% en el segundo semestre de 1998 a un promedio de 21.4% en el primer semestre de 1999. En el segundo semestre de 1999 las tasas de interés se han estabilizado en niveles relativamente bajos. La DTF se ha situado en 18.5% en promedio, la tasa de colocación en 26.5% y la interbancaria en 17.1%. La línea de capitalización de la banca privada busca en primera instancia que los intermediarios reconozcan de manera adecuada todas sus pérdidas y hagan las provisiones indicadas de acuerdo con lo previsto en las resoluciones 004 y 006 del Fogafín. Si después de realizados los castigos el patrimonio técnico resulta negativo los accionistas de los establecimientos deberán llevar la relación de solvencia a Ocon sus propios recursos. En este momento, los accionistas pueden hacer uso del crédito del Fogafín, que les prestará hasta el 90% de los recursos necesarios para llevar la relación de solvencia a 10%. Los créditos tienen por lo general un plazo de siete años. A través de la resolución 006 del Fogafín el gobierno modificó de manera parcial lo dispuesto en la resolución 004 y dispuso que el Fogafín podría otorgar a los accionistas un préstamo a corto plazo para llevar a cabo el primer tramo de la capitalización. La financiación de la línea de capitalización del Fogafín supone la emisión de bonos hasta por 2 billones de pesos. El programa se autofinanciará en la medida en que los accionistas aporten los recursos correspondientes al servicio de los créditos.

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ANExo

adoptó un programa de saneamiento y reestructuración de la banca pública con miras a llevar a cabo su privatización en el 2000, salvo para el caso del Banco Agrario;" (iv) se realizaron intervenciones directas en las entidades privadas; (v) se otorgaron incentivos para reestructurar deudas con el sector financiero, (resolución 39 Superbancaria). 9.

Entre abril y junio de 1999 la tasa de cambio presentó de nuevo una tendencia creciente por la reaparición de presiones cambiarias. En junio el Banco de la República y el gobierno anunciaron el programa macroeconómico para el período 1999-2000. Este programa buscaba coordinar la elaboración del presupuesto fiscal para el 2000 y definir la nueva meta de inflación". Al mismo tiempo, los parámetros de la banda cambiaria fueron de nuevo modificados: (i) el punto medio del corredor se depreció 9%; (ii) se amplió el ancho de la banda de 7 a 10 puntos a ambos lados del punto medio del corredor; y (iii) se redujo la pendiente del 13% al 10%. Todo lo anterior buscaba hacer la política cambiaria consistente con la menor inflación observada y proyectada para los meses venideros.

10. Con el fin de fortalecer la credibilidad y la confianza de los agentes domésticos y la banca internacional en las perspectivas de la economía colombiana, así como de asegurar la financiación externa para el cuatrienio, el gobierno nacional entró en un acuerdo con el FMI. De manera simultánea, en septiembre 25 el sistema de bandas cambiarias fue abandonado, y la junta directiva del Banco de la República adoptó un sistema de tipo de cambio libre.

La capitalización de la banca pública se realizará con el mismo principio y a través del Fogafín, sólo que en este caso el servicio de los títulos que esta entidad emita estará a cargo del presupuesto nacional y se complementará con los recursos del dos por mil y de créditos de organismos multilaterales. Una vez estas entidades sean saneadas y reestructuradas se procederá a privatizarlas en el 2000, salvo en el caso del Banco Agrario. Se estableció una meta de inflación del 10% del IPe, para finales del 2000.

CAMBIO

PARA CONSTRUIR

LA PAZ •

11.

EL ACUERDO CON EL FMI y LAS NUEVAS PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

•

El programa acordado en forma preliminar con el FMI busca restablecer las bases económicas que garanticen un crecimiento económico sostenido, la creación de oportunidades de empleo, la reducción de la inflación y el restablecimiento de los estándares de vida de todos los colombianos. Para cumplir con los objetivos del programa, el cual tiene una duración de tres años (1999-2002), las autoridades económicas se concentrarán en la consolidación de la sostenibilidad fiscal de largo plazo, en la reestructuración y recuperación del sector financiero, en la mayor flexibilidad cambiaria y en la continua puesta en marcha de reformas estructurales que aseguren la obtención de resultados satisfactorios a largo plazo. El crecimiento económico es la principal estrategia para la reducción de la pobreza, no obstante, la situación recesiva amerita medidas especiales que alivien los efectos sobre la población más vulnerable. Por ello se ha diseñado el Fondo de Emergencia Social, que será apoyado con recursos de las entidades multilaterales y que busca atender las necesidades esenciales de los estratos más pobres, en particular de las mujeres y los niños. A su vez, se pondrán en marcha programas de empleo en proyectos de infraestructura para reducir el problema del desempleo. Teniendo en cuenta el gasto en salud y educación y el que implica el Fondo de Emergencia Social se tiene que como porcentaje del total el gasto social aumentará en los próximos años. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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ANEXO

El programa de ajuste con el FMI también implica la revisión de las metas y proyecciones macroeconómicas plasmadas en el Plan de Desarrollo Cambio para construir la paz y el Documento Conpes 3041 de julio de 1999. El objetivo de las próximas páginas es hacer un resumen de la evolución proyectada de las variables económicas más importantes, teniendo en cuenta, los resultados preliminares del acuerdo con el FMI.

A. SUPUESTOS

GENERALES Y PROYECCIONES

DE LAS

PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS En el Cuadro 1 se presentan los supuestos y proyecciones de las principales variables macroeconómicas. De acuerdo con el nuevo programa el crecimiento económico recuperará su tendencia histórica en el 2002. En esta forma la tasa de crecimiento de la economía se estima en -3.5% para 1999, 3% para el 2000, 3.8% en el 2001 y 4.8% en el 2002. De manera simultánea la tasa anual de inflación se reducirá gradualmente de 11% en 1999 a 4% en el 2004. Por su parte, la tasa de devaluación nominal pasará de 23.3% en 1999 a 10.9% en el 2002. Suponiendo que la tasa de cambio real estaría cerca de su nivel de equilibrio de largo plazo, y dada la evolución de la inflación, la devaluación promedio sería más baja a partir del 2002, para alcanzar 2.3% en el 2004. La austeridad en el presupuesto fiscal en el período 1999-2002 es un objetivo fundamental del nuevo programa macroeconómico. El déficit fiscal del sector público consolidado debe reducirse de 6.3% en 1999 a l.5% en el 2002 y a l.0% en el 2004. Por su parte, el déficit del gobierno central se reducirá de manera gradual de 7.1 % en 1999 a 2.6% en el 2004. La situación de las finanzas públicas mejorará a medida que se recupere la actividad económica. Sin embargo, se hacen necesarias medidas adicionales que amplíen la base tributaria, eviten la evasión y racionalicen, controlen y reduzcan los gastos del sector público, tanto del gobierno nacional central como de los entes territoriales. Para ello el gobierno presentará al Congreso diversos proyectos los cuales se co-

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

CtilJ!M:t •• 1 Supuestos generales básicos

i! O

: = t\

O Z 1ft -i

-'" c'" :

-,.~

Crecimiento real del Pie (%) PIS interno nominal ($ billones de 1994) PIS interno nominal (US$ millones) Tasa de cambio nominal Promedio periodo (pesos por dólar) Devaluación promedio ('Yo) índice de tipo de cambio real índice promedio Devaluación real promedio Inflación anual índice de precios al consumidor ('Yo) índice de precios al productor ('Yo) Déficit del sector público no financiero ('Yo PIS) Déficit del gobierno nacional central ('Yo PIS) Cuenta corriente de la balanza de pagos ('Yo PIS) Reservas internacionales (meses de importaciones)

2003

2004

85,985.0

3.8 77,570.3 87,061.0

4.8 81,293.7 87,998.0

4.5 84,951.9 93,935.0

4.5 88,774.7 100,273.0

23.3

2,049.5 16.5

2,285.7 11.5

2,535.8 10.9

2,618.9 3.3

2,679.2 2.3

110.3 12.1

118.1 7.0

123.0 4.2

130.3 5.9

130.3

11.0 8.0 (6.3) (7.1) (1.3) (5.6)

10.0 10.0 (3.6) (5.0) (2.4) 5.4

8.0 8.0 (2.5) (4.2) (3.1) 5.3

6.0 6.0 (1.5) (3.2) (3.1) 5.3

5.0 5.0 (1.3) (2.9) (3.5) 5.1

4.0 4.0 (1.0) (2.6) (3.2) 4.8

1999 (3.5) 72,553.9 87,226.0

2000 3.0 74,730.5

1,759.4

Fuente: Banco de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y

FMI.

2001

2002

~ Z tn

1-<

o I,Q

210

ANEXO

mentan en la sección III. Resulta necesario anotar que si bien las proyecciones macroeconórnicas y fiscales se modifican el programa de inversión pública no se altera con respecto a lo contemplado en el Plan de Desarrollo, Cambio para construir la paz, ni en el presupuesto de la verdad. En el ámbito externo se espera que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se reduzca a 1.3% al final de 1999 y que aumente hasta 3% en el 2002. Sin embargo, es preciso anotar que este déficit puede ser sostenido con el financiamiento externo y la inversión extranjera previstos, de tal manera que la deuda externa se estabilizará en cerca de 44% del PIE a mediano y largo plazos. Al mismo tiempo se prevé que las reservas internacionales se mantengan en un rango superior a cinco meses de importaciones de bienes y servicios.

AHORRO E INVERSIÓN

La estabilidad macroeconómica se constituye en el principal estímulo para la inversión productiva. En este punto cabe recordar que la inversión productiva ha reaccionado muy rápido en coyunturas similares a la actual. De manera general, una vez el sector público modere su presión de gasto y retorne la calma al mercado de capitales se recupera la confianza, disminuye la presión cambiaria y las tasas de interés descienden a niveles razonables. A partir de la proyección del PIE por el lado del gasto se presenta a continuación la tendencia del ahorro y la inversión en el período 1999-2004. Se espera que la formación bruta de capital del país se eleve de 15% del PIE en 1999 a niveles de 19% a partir del 2001. Esto es concomitante con una reducción de la inversión pública de 8.5% del PIE en 1999 a 6.5% a partir del 2002 (Cuadro 2), que generará un espacio para la inversión privada, la cual pasará de 6.5% del PIE en 1999, su nivel histórico más bajo, a 12.8% en el 2002 y a 13% en el 2004.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

rlillM:t.r.:l Producto Interno Bruto por componentes del gasto (Base 1994, % del PIS) 'W'WPi!?ft

;

= ='e-" 's" ft

O Z

! .

mr-·····~-lI¡or"ttn"

•••• '...,.'I"

••••••• 'ffi'n¡¡p;ljj¡jl4l,'

Total consumo Consumo hogares Consumo admones. públicas Total inversión Inversión privada Inversión pública Formación bruta de capital fijo Privada Pública Variación de existencias Absorción Exportaciones Importaciones Producto interno bruto

1997 "'[ 83,97 65,82 18.15 22.09 12.25 9.85 21.39 11.67 9.72 0.70 106.06 16.53 22.60 100.00

-~f'" I 84,21 65.98 18.23 19.89 11.82 8.07 18.77 10.89 7.88 1.12 104.10 17.52 21.62 100.00

Fuente: Dane, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y

1999 82,88 63.59 19.30 14.97 6.49 8.48 14.47 6.08 8,39 0.50 97.85 19.16 17.01 100.00

Hlflli'lffl""W

2000 80,04 62.29 17.75 18.98 11.44 7.54 18.27 10.86 7.42

0.70 99.02 20.12 19.14 100.00

"""200f:Jl"'" 79,33 62.71 16.62 19.29 12.06 7.24 18.55 11.45 7.11 0.74 98.62 20.19 18.81 100.00

2002 78.58 62.77 15.81 19.36 12.78 6.58 18.62 12.17 6.46 0,74 97.94 20.29 18,23 100.00

il ""'2003'" 78,60 63.37 15.23 19.35 12.80 6.54 18.61 12.19 6.41 0.74 97.95 20.47 18.42 100.00

2004 77.93 63.33 14.60 19.36 12.82 6.55 18.62 12.21 6.42 0.74 97.29 21.34 18.63 100.00

DNP.

:» ~ ><: o

.....

-IV

212

ANEXO

La financiación de la mayor inversión privada estará soportada en un aumento permanente del ahorro nacional de 13.9% del pm en 1999 a niveles superiores a 18%, a partir del 2002. También habrá una contribución del ahorro externo que pasará de 1.3% en 1999 a topes por encima de 3% a partir del 2002 (Gráfico 1).

Ahorro nacional, 1994-2005 (% del PIB) 25%~---------------------------------------, 20%

.-----_

..•

--------

15% 10% ............................ 5%

...... ..............................

'"'" -----

Ahorronacional

-Externo

o o o N

c; o N

C')

o o

Público

o o

""'" o

o o

-Privado

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Para compensar el efecto de la disminución del gasto público sobre la demanda agregada resulta fundamental el incremento de la inversión privada y de las exportaciones. La reactivación de la inversión privada es coherente, por una parte, con la reducción prevista en las tasas de interés y la depreciación real de la tasa de cambio, factores que permitirán reactivar la demanda de productos nacionales, en particular procedentes de sectores transables. Por otra parte, esta variable recibirá un impulso a través de la mayor participación privada en proyectos de infraestructura, así como de la atracción de inversión extranjera directa. Es importante recalcar que la política del gobierno en materia de inversión se centra en darle un mayor peso, no sólo al sector privado sino también a los entes territoriales, mediante la profundización de la desCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

ANEXO

213

centralización. La magnitud de las transferencias de recursos a las categorías subnacionales de gobierno justifican una mayor responsabilidad de las regiones en el gasto de inversión.

c. EL

SECTOR EXTERNO Y LA POLÍTICA CAMBIARIA

1. Sector externo Se espera que el déficit en cuenta corriente como proporción del PIB se reduzca del 5.9% en 1998 a 1.3% en 1999. Ahora bien, como consecuencia de la recuperación económica en los próximos años se estima un aumento de este déficit a 2.4% del PIB en el 2000 ya 3% del PIB en el 2002. Estos déficit son viables, de una parte, gracias a la financiación externa de mediano y largo plazos, y al mayor influjo de inversión extranjera y, de otra, a la mayor dinámica proyectada de las exportaciones no tradicionales frente a un comportamiento moderado de las importaciones. Sobre esta base se prevé que la deuda externa del país se estabilizará alrededor de 43%-44% del PIB. Así mismo, se espera que las reservas internacionales netas se mantengan por encima del equivalente a cinco meses de importaciones de bienes y servicios (Gráfico 2).

Cuenta corriente (Como porcentaje del PIS) 0.20% -0.60% -1.40% -2.20% -3.00% -3.80% -4.60% -5.40% -6.20% 1998 Fuente:

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ministerio de Hacienda.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

214

ANEXO

Vale la pena anotar que en lo corrido de 1999 como consecuencia de la devaluación nominal anual cercana al 27% y de la devaluación real del 9% las exportaciones no tradicionales a países industrializados han mostrado una recuperación importante a partir del segundo trimestre de este año, compensando la fuerte disminución de las ventas al mercado andino. En agosto d~ 1999 la balanza comercial era positiva, debido a la reducción en las importaciones (35%) derivada, a su vez, de la disminución en la demanda interna como a la recuperación de las exportaciones totales (0% de crecimiento en el segundo trimestre luego de exhibir 11 % en el primero) y a pesar de la caída en el precio de las exportaciones menores. De mantenerse la competitividad de la tasa de cambio para las exportaciones y las condiciones de demanda en los países industrializados se espera que para finalizar 1999 las exportaciones totales crezcan 9%. Hacia el 2002 se proyecta que las exportaciones no tradicionales presenten un crecimiento promedio de 15%, en tanto que las tradicionales muestren cierta desaceleración en su dinámica en el período 2000-2002, por causa del descenso en exportaciones petroleras, luego que los pozos existentes alcancen su producción máxima en 1999 (Gráficos 2, 3 y 4).

2. Política cambiaria En Colombia desde 1994 la política de tasa de cambio se orientó hacia la administración de un sistema de bandas. Este sistema trajo beneficios para el país en cuanto a la estabilización de precios; no obstante, el deterioro en los términos de intercambio, la inestabilidad en los mercados financieros internacionales y los desbalances de la economía produjeron presiones sobre la banda cambiaria durante 1998 y 1999. En respuesta, el Banco de la República restringió la política monetaria y ajustó el punto medio de la banda en dos ocasiones tal como se mencionó en la sección 1. La devaluación nominal resultante junto con la marcada reducción en la inflación han permitido una depreciación real del peso, la

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

ANExo 1

215

Exportaciones según producto (Como porcentaje del PIS) 12.00%-r-----------------------, 10.00% No tradicionales 8.00% 6.00% Petróleo y derivados 4.00% 2.00% 0.00%

.......... ~.; ...•..-r:

Café

+---.------,.----r---.----.,----.-----,.---I 1998

Fuente:

;

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ministerio de Hacienda.

Exportaciones e importaciones (Como porcentaje del PIS) 26.00%-r-----------------------, 24.00% 22.00% 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% +---.-----,.----,--- ....•.... --~--T'"""""-._,--__1 2001 2003 2005 1998 1999 2000 2002 2004 Fuente:

Ministerio de Hacienda.

cual ha servido para que Colombia recupere su posición competitiva en los mercados internacionales. Luego de una pérdida de reservas cercana a los US$ 1.180 millones entre junio de 1998 y septiembre de 1999 las presiones sobre la banda hicieron que el 25 de noviembre el Banco de la República eliminara el CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ·

216

ANEXO

sistema de bandas y adoptara uno de tasa de cambio flotante. Se espera que bajo este nuevo régimen cambiario la economía colombiana pueda absorber de manera más adecuada los choques externos, mantener una política monetaria estable y evitar los ataques especulativos contra el peso. En este esquema la intervención del banco central en el mercado cambiario se limitará a mantenerlo ordenado a través de una reducción de las variaciones de corto plazo en la tasa de cambio. Se estima que para el 2002 la devaluación real seguirá siendo positiva, pues se prevé una devaluación superior a la inflación proyectada, a pesar de que ambas variables presentan hacia adelante una tendencia descendiente, la cual es consistente con el programa macroeconómico general (Gráfico 5).

D. PANORAMA

GENERAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

1. Sector público no financiero De acuerdo con el programa de ajuste fiscal, el cual deberá ser consistente con las demás variables macroeconómicas, el déficit del sector

ITeR (Fin de período) 140~---------------------------------------. 135 130 125 120 115 110 105 100+---~----,----.~--~----~--~----~--~ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente:

Ministerio de Hacienda.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

2005

ANEXO

217

público no financiero, SPNF, se reduce de 6.3% a 3.6% en el 2000 a 2.5% en el 2001, a 1.5 % en el 2002 y a 1.0% del PIE en el año 20047 (Cuadro 3 y Gráfico 6). Esta disminución es consecuencia del ajuste en el gobierno central cuyo déficit se reduce de 7.1 % del PIE a 2.6% en el mismo período entre 1999 y 2004. También contribuyen a este resultado las reformas estructurales que en la actualidad cursan en el Congreso, las cuales tienen como objetivo corregir el desequilibrio en las finanzas territoriales, así como la elevación del superávit de la seguridad social, el cual pasa de 0.4% del PIE a 0.9% entre 1999 y 2004. Finalmente, como consecuencia de la reducción de este déficit se logra una caída en el pago de intereses de la deuda interna y externa, pasando de 4.2% a 3.4% del PIE entre el año 2000 y el 2004. Este programa de ajuste fiscal tiene implícito un conjunto de reformas y acciones cuyo objetivo es elevar los recaudo s de ingresos, y reestructurar y reducir los gastos tanto en el gobierno central como en el resto de SPNF.

Balance del sector público no financiero

0%,----------------------------------------, -1% -2% -3% -4% -5%

-6%

-7%~--------------------------------------~ 1995 Fuente:

1996

1997

Ministerio de Hacienda,

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Banco de la República.

Ajustado por la metodología FMI.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

N •....• 00

;l>

lij.,.,.j¡t.l'l

O "= ._-

;lMi:~··_

Z 1ft

••• :11I e

,:11I

Ingresos totales Ingresos corrientes Ingresos tributarios /1 Ingresos no tributarios Ingresos totales y préstamo neto Gastos corrientes Salarios y prestaciones Bienes y servicios Intereses Externos Domésticos Transferencias Otros /2 Gastos de capital Formación fija de capital Préstamo neto /1

>< o •....•

Operaciones del sector público no financiero % del PIS 27.4 27.4 17.7 9.8 31.2 21.6 6.7 3.7 2.6 1.0 1.6 7.9 0.8 9.6 9.2 0.0

1998 26.5 26.5 17.3 9.1 30.2 22.2 7.0 3.4 3.3 1.1 2.2 8.4 0.1 7.9 7.8 0.0

1~9 27.3 27.3 16.5 10.8 33.6 24.8 7.5 3.4 4.0 1.5 2.5 9.6 0.2 8.6 8.4 0.3

/1 Excluye impuestos a las transacciones financieras de los ingresos y gastos en 1999. /2 Incluye gastos que no son clasificados en el formato. Fuente: Ministerio de Hacienda, Banco de la República y estimaciones del FMI.

~L.JOOO JL 27.5 27.5 18.1 9.4 31.1 23.2 7.0 3.0 4.2 1.6 2.6 9.0 0.0 7.9 7.7 0.0

2001Jr2002 27.6 27.5 27.5 27.6 19.3 19.8 8.2 7.9 30.0 29.2 22.6 22.2 6.2 6.5 2.9 2.8 4.0 4.0 1.6 1.6 2.4 2.4 9.1 0.0 7.5 7.3 0.0

9.1 0.0 7.0 6.9 0.0

Jf -2004

1C=2003 26.9 26.9 19.3 7.6 28.2 21.2 6.0 2.7 3.7 1.6 2.1 8.8 0.0 6.9 6.8 0.0

26.7 26.7 19.2 7.5 27.7 20.8 5.8 2.7 3.4 1.4 1.9 9.0 0.0 6.9 6.8 0.0 Continúa

r'¡'h1tl:t.iCl Continuación 1997 -3.7 -0.1

Balance del sector público no financiero Balance cuasi-fiscal Balance

(utilidades

del SR) financiera

Discrepancia

estadística

Déficit financiero Externo

Doméstico

Indicadores

Privatizaciones Ahorro

"=OZ

=e :la :la

(inc. concesiones

de teléfonos

del sector público

Déficit primario

del sector público

no financiero

Déficit consolidado, definición oficial /6 /3 /4 /5 /6

y TV)

2002 -1.5

2000 -3.6

2001 -2.5

004

0.5

004

0.3

-0.2

0.1

1999 -6.3

2003 -1.3 0:4 0.1

2004 -1.0

004 0.1

-0.2

-004

-0.3

-0.2

-5.9

-2.4

1.0

-0.7 0.0 0.7

1.8

104

004

1.3

-1.3 0.0 1.3 1.0

-1.0

5.9

-3.5 0.0 3.5

1.6

104

1.8

0.9

3.8

-0.5

0.6

0.5

-0.3

-0.6

0.7

0.1

0.7

3.5

0.5

-0.2

-0.2 6.3

Déficit

0.8

del Fogafín

Costo neto de la reestructuración

1998 -3.7

-3.8 0.1 3.7

-3.0 0.2

0.0

2.8

1.2

0.0 2.4

0.0

5.8

5.0

2.7

404

5.1

5.6

5.9

-1.1

-0.5

-2.3

0.6

1.5

2.5

204

-2.8

-3.4

-4.5

-3.7

-2.5

-1.6

-1.3

-1.2

Transferencias a la Caja Agraria en 1999 y pagos de intereses sobre los bonos para la reestructuración de los bancos públicos 2000-2005. Incluye diferencias residuales entre los items por encima y debajo de la línea. Incluye acumulación de activos del sector público basado en los procedimientos de privatizaciones. Definición nacional para el sector público no financiero. Incluye las transferencias de las utilidades del banco central de años previos, procedencias de las licencias de largo plazo, ventas futuras de petróleo, y recursos mantenidos en el gobierno central del Fogafín. Excluye gastos locales no reportados, incremento en la deuda flotante y el préstamo neto.

Fuente:

Ministerio de Hacienda, Banco de la República y estimaciones

del FMI.

>~ x o

•....•

....-

1.0

220

ANEXO

Como consecuencia del programa, la relación deuda SPNF/PIB del sector público se reduce de 34.2% a 31.5%. Es importante destacar que mientras la deuda interna se reduce de 10.9% del PIB a 6.6% el saldo de deuda externa se incrementa ligeramente de 23.3% a 25% del PIB (Cuadro 4 y Gráfico 7).

2. Gobierno nacional central La disminución del déficit del gobierno nacional es atribuible principalmente a un aumento de 1.3% del PIB en los ingresos entre 1999 y el 2004 (Gráfico 8), como consecuencia de la puesta en marcha de los planes de racionalización tributaria y la extensión de las acciones de mejor gestión fiscal y aquellas que reprimen el contrabando (Cuadro 5). También contribuye de manera decisiva a este ajuste la reducción del gasto en 3.1 puntos del PIB en el periodo 1999-2004 (Cuadro 5 y Gráfico 9). El menor gasto se debe principalmente a la racionalización en las transferencias, las cuales pasan de 8.5% a 7.1 % del PIB en el mismo periodo; los gastos de capital disminuyen de 3.4% a2.8% delPIB. La caída en otros componentes del gasto corriente es consecuencia de los menores pagos de gastos generales, sueldos y salarios y el menor préstamo neto.

Deuda pública total (% del PIS) 38%,------------------------------------,

33% 28% 23% 18%

13%L-----------------------------------~ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente:

Ministerio de Hacienda.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

(iilB Ij :t.~! Deuda del sector público

Deuda externa (en miles de millones

de US dólares)

(% del PIS)

; ea

O ~

Deuda doméstica

(en billones

de pesos) /2

(% del PIS) Total en porcentaje /1 /2

del PIB

1998 18.8 18.9 12.3 8.6 27.5

"':!(992,.,ir ~OO 20.4 23.3 16.7 10.9 34.2

21.3 24.8 16.3 9.3 34.1

lL2001 21.7 25.0 17.7 8.9 33.8

2~ 22.4 25.5 19.0 8.5 34.0

Datos balanza de pagos Sector público no financiero

Fuente: Ministerio de Hacienda, Banco de la República y estimaciones

del FMI.

=" =¡ e O Z :IIIJ

~ x

.......

N N

222

ANEXO

Ingresos totales del gobierno nacional (% del PIB) 14%~---------------------------------------------,

13%

12%

11%

10%L-----------------------------------------------~ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente:

Ministerio de Hacienda.

Gastos corrientes según destino GNC* (% del PIB) 9%.--------------------------------------------, 8% 7%

.................................................................•........................................

6% 5% 4%

--O%~==~~~~--~~~--~--~--~ __--~ 3% 2%

,,"

-- .- --,.----------------, ""~

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

* Fuente:

Incluye sueldos y salarios, bienes y servicios, gastos por intereses, transferencias corrientes y otros gastos. DNp, Confis.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

r-'J•• tM:t.¡¡j Operaciones del gobierno central % del PIB 11.8 11.8

11.9 11.9

12.6 12.6

10.8 4.4

10.4

10.1

11.0

4.3

4.2

5.3

4.9

IVA

4.8

4.5

4.9 4.4

Gasolina

0.5

1.2

0.9

Ingresos

1997 12.6 12.6

totales

Ingresos

corrientes tributarios

Renta Bienes y servicios

i lID

Gravamen

Impuesto

2004 13.2 13.2

11.9

12.0

4.5

4.6

5.2

5.6 5

6.1 5.4

6.1

4.6

6 5.4

0.6

0.7

0.6

5.5

1.2

1.3

0.6

O O

0.9

1.1

0.9

0.8

0.2

0.3

Otros

0.6

0.7 0.4

0.9

0.7

0.6

0.8

0.6

0.6 0.4

0.5

0.6 0.4

-S; :11II

11.9 4.4

12.4

11I,

0.3

2003 13.3 13.3

Cft :11II

0.1

2002 13.7 13.7

0.3

no tributarios

Transferencias

••

financieras

2001 13.3 13.3

Renta de la propiedad

Ingresos

= O Z

arancelario a las transacciones

Otros impuestos

2000 1 ommmm;jfhn

Ingresos

192~]L.19~' Ir

~ncept<L.....

corrientes

Excluye impuestos a las transacciones

0.8

financieras de los ingresos y gastos en 1999.

Fuente: Ministerio de Hacienda, Banco de la República y estimaciones

Continúa

del FMI.

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2002 O 17.0 13.8

2003 O 16.1 13.2

2004 O 15.9 12.9

2.6

2.5

2.4

1.1

2.7

2.6

2.7

2.6

1 2.4

0.2

8.5

7.9

7.5

7.1

3.2

3.4

2.9

2.8

1.2

1.1

0.9

0.7

0.6

0.7

2.2

2.3

2.2

2.1

0.2 -3.5

0.2 -5.1

0.5 -7.1

0.2 -5.0

0.2 -4.2

0.2 -3.2

0.2 -2.9

0.2 -2.6

1997 O 16.0 12.2

1998 O 16.9 13.4

1999 O 19.0 15.1

2000 O 17.5 14.4

2.5

2.7 1.4

2.9

2.7

1.6

1.3

1.1

1.2

1.9

2.3

0.1 6.8

0.1 7.4

Gastos de capital

3.6

Inversión

1.5

Concepto Ingresos

de capital

Gastos totales y préstamo

neto

Gastos corrientes Servicios

personales

Operaciones

comerciales

Intereses Otros gastos /2 Transferencias

Transferencia Préstamo

corrientes

de capital

neto

Superávit/déficit /1 /2

Excluye impuestos a las transacciones financieras de los ingresos y gastos en 1999. Incluye gastos que no son clasificados en el formato.

Fuente: Ministerio de Hacienda, Banco de la República y estimaciones

del FMI.

2001 O 17.5 14.3

111.

REFORMAS

ESTRUCTpRALES

DE LAS FINANZAS PUBLICAS

Como se mencionó en la Sección 1 de este documento resulta claro que la reducción del déficit fiscal en 1999, tal y como se había planteado en el Plan de Desarrollo y el plan financiero para 1999, encontró un fuerte escollo en la fase recesiva, lo cual deprimió los recaudos. Las autoridades económicas tienen el firme propósito de lograr este objetivo a mediano plazo, una vez se recupere la actividad económica, se materialicen los resultados del programa contra la evasión y el contrabando, y se lleve a cabo una serie de reformas estructurales que permitan el reordenamiento de las finanzas públicas. Las mismas son: (i) racionalización tributaria nacional; (ii) modificaciones al régimen tributario territorial; (iii) creación del Fondo Pensional Territorial; (iv) fijación del régimen propio del monopolio rentístico de juegos de azar; (v) reforma a la ley 136 de 1994 y el decreto 1222 de 1986 que rigen las finanzas territoriales; (vi) racionalización del gasto público; (vii) modificación a la ley 30 de 1992; viii) reforma a los artículos 356, 357 y 358 de la Constitución Política (acto legislativo); y (ix) otras medidas orientadas a reducir el crecimiento del gasto público como la moderación del crecimiento de los salarios del sector público y el uso de facultades ordinarias para reformar la administración pública. En este contexto el gobierno ha diseñado un paquete de reformas y medidas que se comentan a continuación. Algunas de éstas ya se han pues-

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

226

ANEXO

to a consideración del Congreso de la República y otras serán presentadas en un futuro cercano.

1. Programa de racionalización tributaria Dentro de las acciones previstas por la Dian para la vigencia del 2000, y en desarrollo de la ley 488 de 1998, se destaca la gestión orientada a la reducción de la evasión, mediante la simplificación de trámites, la modificación de tarifas y los mayores controles. Así mismo se proyecta una mayor eficiencia, con el fin de recuperar la cartera que se le adeuda a la Administración de Impuestos. Para ello se busca poner en marcha medidas de fiscalización tributaria tales como: (i) el sistema declaración electrónica; (ii) la aplicación del régimen unificado de imposición, RUI; iii) un mayor esfuerzo aduanero para controlar el contrabando; (iv) la optimización del recaudo por venta de mercancías y; (v) la reducción del pago de honorarios por parte de la Tesorería a la red bancaria. De manera adicional a estas acciones, en el programa de racionalización tributaria se considera el mejoramiento del diseño tributario con el fin de reducir las distorsiones y tratamientos especiales y de esta manera lograr un mayor equilibrio de la carga tributaria y una mayor eficiencia del sistema.

2. Modificaciones al régimen tributario territorial El objetivo de este proyecto es simplificar el régimen de impuestos locales y departamentales y extender el sistema de autoavalúo como base del impuesto predial, sistema que ha sido aplicado con éxito en Santa Fe de Bogotá.

3. Racionalización de las finanzas territoriales Los objetivos de este programa son, por una parte, contribuir al saneamiento fiscal de los municipios mediante medidas de racionalización de

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ·

ANExo 1

227

los gastos de funcionamiento y, por otra, ampliar el espacio fiscal de las entidades territoriales. Para ello se propondrán, entre otras, las siguientes modificaciones: 1. Modificación de la ley 136 de 1994, de manera que incluya requisitos más exigentes para la creación de municipios y establezca una recategorización de los mismos, así como una normatividad para los desequilibrio s financieros persistentes. 2.

Modificación del decreto 1222 o régimen departamental, para establecer la categorización de los departamentos.

Desarrollo legal del artículo 308 de la Constitución, para limitar el monto de las apropiaciones departamentales destinadas a honorarios de los diputados y a gastos de funcionamiento de las asambleas y de las contralorías departamentales, los cuales se han convertido en fuente de expansión del gasto.

Modificación del Código Departamental y Municipal, para que permita definir criterios más estrictos, tanto sobre el sistema de administración de procedimientos e información tributaria, como sobre el proceso de determinación y asignación de recursos para la financiación del gasto.

4. Modificación del régimen de loterías y juegos de suerte y azar Con esta medida se busca racionalizar y mejorar la financiación del sector de la salud; regular la ley de creación de la Loto Nacional; hacer más estricta la supervisión sobre las loterías; y determinar los criterios para la entrega del control de juegos nuevos a los municipios".

Se elimina de esa responsabilidad a Ecosalud.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

228

ANEXO

S. Reforma de la ley 100 de 1993 La existencia de enormes pasivos pensionales sin suficiente respaldo financiero requiere de una revisión de la ley 100 de 1993. Con esta medida se busca incluir al nuevo sistema los regímenes que en la actualidad están excluidos, así como establecer medidas más convenientes para garantizar el pago de las pensiones a los beneficiarios.

6. Racionalización del gasto público Recientemente, el gobierno nacional presentó el proyecto de ley No 219-S de 1999, mediante el cual se dictan disposiciones tendientes a racionalizar el gasto público. Entre otras disposiciones vale la pena mencionar las siguientes: 1. Se propone la eliminación del régimen de retroactividad en las cesantías, el cual ha significado una enorme carga para las finanzas de numerosas entidades del sector público. 2.

Se disponen mecanismos de control para garantizar que los beneficios convencionales sean consistentes con la realidad financiera y la capacidad fiscal de las entidades públicas.

Se disponen las medidas de compensación de obligaciones tributarias de los contratistas; el establecimiento de un sistema único de actualización de los valores a cargo de los órganos estatales originados en decisiones judiciales; y la exigencia de contar con recursos para poder celebrar conciliaciones o adoptar otras alternativas en la solución de conflictos.

7. Modificación de la ley 30 de 1992 Con el objetivo de hacer que la asignación de recursos consulte, no sólo la disponibilidad de los mismos, sino también indicadores de eficiencia, cobertura, calidad y desempeño financiero.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

ANEXO

8. Creación y reglamentación Pensionales Territoriales

229

del Fondo de Pasivos

Este fondo se alimentará con las siguientes fuentes financieras: 1. Los nuevos recursos de situado fiscal originados en los ingresos del impuesto a las transacciones financieras. 2.

El incremento porcentual previsto por la Constitución en cuanto a la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación para los años 2000 y 2001.

Veinte por ciento (20%) de los recursos del Fondo Nacional de Regalías destinados, según el artículo 1 de la ley 141 de 1994, a financiar proyectos de inversión prioritarios.

Diez por ciento (10%) de los recursos provenientes de privatizaciones nacionales o capitalizaciones.

Veinte por ciento (20%) de los bienes cuyo dominio se extingue a favor de la nación.

El treinta por ciento (30%) del producto de la enajenación de acciones o activos de las entidades territoriales.

El treinta por ciento (30%) del impuesto de registro de los departamentos.

Un porcentaje de los ingresos corrientes de los departamentos, los cuales financiarán específicamente el pasivo del sector salud.

Los ingresos que se obtengan de la explotación del Loto Nacional.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

230

ANEXO

9. Reglamentación de la creación de patrimonios autónomos para constitución de los fondos de pensiones de las empresas del Estado Con el propósito de financiar los pasivos pensionales de las empresas públicas del Estado, como Ecopetrol y Telecom; cuyo monto ha llegado a 4.2 billones de pesos en cada una de ellas.

10. Reforma a los artículos 356, 357 Y358 de la Constitución Política (acto legislativo) Esta medida se inspira en la necesidad de replantear la distribución de los recursos de la nación. Con ella se pretende que, una vez se haya completado la primera etapa de la descentralización fiscal, es decir, al llegar las transferencias al punto máximo señalado para ellas en la Constitución y la ley 60 de 1993 y respetando el valor real que habrán alcanzado dichas transferencias territoriales (22% para las participaciones municipales en el 2001 y 24.5% en el situado a partir del 2000), el gobierno central recupere de manera parcial la flexibilidad para el manejo presupuestal y logre controlar su desbalance fiscal. La propuesta garantiza que el monto de transferencias se mantenga en términos reales, es decir, aumentan de acuerdo con la inflación, mejorando y profundizando el sistema de descentralización, pero de una manera equilibrada y sostenible.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ·

ANEXO

LEY

508

1999

EL CONGRESODE COLOMBIA, DECRETA: TÍTULO PARTE

GENERAL

ARTÍCULO 1. Objetivos del Plan. El objetivo fundamental del Plan N acional de Desarrollo es la búsqueda y conservación de la paz, con el fin de ubicar al país en una senda de crecimiento sostenible con cohesión social. Con este objetivo se busca: • Promover la generación de riqueza, reducir significativamente las tasas de desempleo, disminuir la pobreza y proteger un adecuado aprovechamiento del medio ambiente. • Ofrecer incentivos para la promoción social y económica de la población, en igualdad de condiciones para la expansión de las oportunidades sociales, particularmente para la población que se encuentra en condiciones de especial vulnerabilidad, por sus características socioeconómicas, culturales, étnicas, territoriales, religiosas o de género. • Contribuir a la generación de una cultura de paz, que nos haga aptos para el ejercicio cotidiano de la convivencia en solidaridad, tolerancia, y respeto de los derechos humanos como base para la reconciliación nacional.

234

LEY

508

1999

• Mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación de los recursos públicos, teniendo en cuenta criterios de ingreso y de redistribución regional y de género. El Plan Nacional de Desarrollo propone movilizar a la sociedad en su conjunto de acuerdo con sus capacidades económicas para lograr que en este cuatrienio ni un solo niño o niña deje de asistir hasta el noveno grado escolar, que se cumpla con la afiliación obligatoria y se cotice por el valor real de los ingresos, al Sistema general de seguridad social en Salud; para que los afiliados al régimen subsidiado en salud sean verdaderamente los más desvalidos; que no se tolere la violencia intrafamiliar y se tengan mejores relaciones familiares; que las niñas y niños estén más protegidos y mejor nutridos. Que se ofrezcan mejores condiciones a los discapacitados. Con el fin de reconstruir el tejido social el Plan Nacional de Desarrollo se propone incidir de manera profunda sobre las oportunidades de acceso que los pobres y los segmentos de la población de bajos ingresos tienen a activos esenciales. Es por ello que en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, la política social del Estado es la forma como institucionalmente se logra que la acumulación individual de capital humano y la formación colectiva del capital social se articulen equilibradamente con la acumulación física, individual y colectiva para potenciar al máximo el desarrollo nacional y lograr un crecimiento económico sostenible con cohesión social. Se trata de adoptar una política de Estado en materia de paz que trascienda los períodos gubernamentales, se ocupe de la población afectada por la violencia e incorpore estas acciones como parte de los procesos de gestión del desarrollo territorial, en el marco de la profundización de la descentralización. La política de paz propone inversiones sectoriales orientadas a mejorar las condiciones que fortalecen la convivencia pacífica y a desestimular los factores que promueven la violencia en sectores tales como: el agroCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

LEY

508 DE 1999

235

pecuario, infraestructura, justicia, medio ambiente, defensa y seguridad, las cuales serán complementadas con medidas especiales para combatir la corrupción. Se pondrá en marcha un plan especial para la reconstrucción económica, social, y ambiental en las zonas afectadas por el conflicto. PARÁGRAFO: Incorpórese como anexo a la presente ley el documento Cambio para construir la paz elaborado por la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, con las adiciones y modificaciones a que se refieren los parágrafo s del artículo 1Q de la ponencia para el segundo debate y aquellas aprobadas en segundo debate. ARTÍCULO 2. Plan de reconstrucción del eje cafetero. También como parte general del Plan de Desarrollo, se incluirán estrategias pertinentes para la reconstrucción y rehabilitación de la comunidad afectada por el terremoto del eje cafetero, buscando un desarrollo sostenible, promoviendo la recuperación de la calidad de vida de sus habitantes y la reinserción de la región a la economía nacional e internacional. Dichas estrategias se desarrollan más adelante a través del Plan de inversiones y de los mecanismos de ejecución.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

LEY

508 DE 1999

237

TÍTULO 11 PLAN DE INVERSIONES

PÚBLICAS

CAPÍTULO 1 PROYECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ARTÍCULO 3. Fuentes de fmanciación del Plan de inversiones públicas. El Plan nacional de inversiones públicas 1999-2002 tendrá un valor de sesenta y cinco billones quinientos sesenta mil millones de pesos ($ 65.56 billones), a pesos constantes de 1998, financiados de la siguiente manera: Fuentes usos Inversión gobierno central

Ingresos corrientes nación /3

Recursos propios /1

0.76

Sin incluir eje cafetero Eje cafetero

Endeudamiento

Otros/2

8.29

2.99

8.29

2.92

0.76

0.07

Total usos

12.04 11.21 0.83

Inversión establecimientos públicos

9.47

Inversión sector descentralizado

7.03

2.87

0.08

9.99

16.50

11.17

3.07

28.31 59.81

Transferencias para inversión social Total fuentes Fondo de inversión para la paz Total plan de inversiones 1999 - 2002 Fuente: 1

9.47

28.31 29.07

5.75 65.56/4

DEFED-UIFP-DNP

Para los establecimientos públicos corresponde a recursos administrados por las entidades (Rape) Son recursos provenientes de privatizaciones, manejo de portafolio, etcétera. En el sector descentralizado corresponde, además, a aportes de entidades. Incluye la capitalización al fondo de pensiones de Telecom. Incluye $ 1.008.712.6 millones de pesos de 1998 provenientes del dos por mil para el eje cafetero y el efecto en las transferencias territoriales por situado fiscal (24.5%). No incluye las adiciones a los programas de vivienda y acueducto y alcantarillado.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

LEY

508

1999

CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE INVERSIÓN ARTÍCULO 4. Descripción de los principales programas de inversión. La descripción de los principales programas y subprogramas que el gobierno nacional espera ejecutar en la vigencia del Plan nacional de inversiones 1999-2002 es la siguiente: 1.

ESTADO VIABLE Y PARTICIPATIVO

1.1.

Profundización de la descentralización

El gobierno nacional adelantará, de manera concertada y participativa con las entidades territoriales, el sector privado y la sociedad civil, una política de profundización de la descentralización orientada por los principios de reconocimiento a la heterogeneidad, flexibilización, gradualidad, desarrollo armónico de las regiones, participación de la sociedad civil y consolidación de la autonomía regional y local. 1.1.1.

Ordenamiento territorial en Colombia

Con este programa se propone impulsar un debate nacional y territorial, con el fin de identificar el tipo de ordenamiento que requiere el país, para proyectar el futuro económico, social y ambiental, con participación de la sociedad civil. En este sentido, se ha previsto que el Ministerio del Interior y el DNP en coordinación con los otros ministerios, entidades territoriales y las comisiones de ordenamiento del Congreso de la República, entre otros, realicen las siguientes acciones: (i) conformar la Comisión de ordenamiento territorial, (ii) establecer principios y criterios con visión estratégica del país que orienten el debate, (iii) redactar el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial de una manera participativa y, (iv) formular una estrategia para poner en marcha el proceso de ordenamiento territorial. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

239

240

LEY

1.1.2.

508

1999

Fortalecimiento de la gestión fiscal e institucional de las entidades territoriales

Aspecto fundamental para profundizar el proceso de descentralización y lograr sostenibilidad en el mediano y largo plazo es el fortalecimiento de las finanzas territoriales, para hacer de ellas entidades viables que aseguren con sus ingresos propios su funcionamiento y promuevan el desarrollo regional. Lo anterior, obliga a realizar acciones vía fortalecimiento de ingresos y racionalización de gastos dentro de estrategias integrales de ajuste fiscal. Los subprogramas asociados a este programa son los siguientes: 1.1.2.1.

Apoyo y asistencia técnica en el nivel territorial en materia tributaria y fiscal.

1.1.2.2.

Apoyo financiero a aquellas entidades territoriales que se comprometan en la ejecución de medidas de ajuste fiscal y reestructuración institucional orientadas a garantizar su viabilidad financiera y mejorar su eficiencia administrativa.

1.1.3.

Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la gestión pública

El objetivo de este programa es promover la vinculación activa de la sociedad civil en la gestión pública, fortaleciendo el poder efectivo por parte de los ciudadanos para organizarse y participar en la toma de decisiones, compartiendo la responsabilidad con los entes privados en el desarrollo social, económico y ambiental. 1.2.

Modernización del Estado

El gobierno nacional inducirá y pondrá en marcha un proceso unificado, coordinado y evaluable de modernización del Estado, que vaya más allá de los programas o proyectos puntuales, las reformas legislativas, los recortes presupuestales o los esfuerzos aislados.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ'

LEY

508 DE 1999

Esta será una política de Estado, una actividad permanente de ajuste y rápida adaptación, que le permita al Estado cumplir cabalmente con sus fines. En este orden de ideas la modernización del Estado implicará no sólo la adopción de políticas, sino también y simultáneamente, la ejecución de planes y proyectos con resultados visibles y medible s a corto, mediano y largo plazo, bajo los siguientes criterios: redefinición del papel estatal; reducción de la duplicidad de funciones, programas y proyectos; racionalización del gasto público; desarrollo del proceso de descentralización; adecuada y eficiente prestación de servicios y cumplimiento de funciones. Con el fin de modernizar la gestión fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios la Contraloría General de la República reglamentará la materia con miras a eliminar prácticas de control previo y otro tipo de controles que entorpecen la gestión eficiente de las empresas de servicios públicos. Se buscará que la Contraloría Nacional tenga un control prevalente sobre otras contralorías territoriales y se cuente con la misma información que tienen los accionistas privados conforme al Código de Comercio. 1.2.1.

Estrategia contra la corrupción: prioridad en la consolidación de un ambiente pacífico (principales programas)

1.2.1.1.

Disminución de la impunidad en relación con los comportamientos corrupto s

A través de la instalación de la Comisión nacional para la moralización, creada por el artículo 67 de la Ley 190 de 1995, busca incrementar los costos morales asociados a las prácticas corruptas y promover el desarrollo de códigos de ética al interior (sic) de todas las entidades del sector público. Adicionalmente, se establecerán oficinas y buzones de recepción de quejas y reclamos, así como líneas telefónicas para la de-

CAMBIO PARA CONSTRUIR

LA PAZ •

241

242

LEY

508

1999

nuncia de delitos contra la administración pública. Como complemento, se realizarán acciones de sensibilización y educación de la población respecto a la corrupción. El gobierno nacional regulará la forma y condiciones que regirán las operaciones entre entidades públicas y las entidades que intermedien en el mercado de valores, con el objeto de realizar el valor de la transparencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales en materia de inhabilidades e incompatibilidades, para garantizar una correcta aplicación de los recursos públicos, el gobierno expedirá normas sobre transparencia que permitan regular en forma integral los conflictos de interés en el sector público y en aquellas entidades que presten servicios públicos. 1.2.1.2.

Fortalecimiento de los Sistemas de información y control de la gestión pública

Orientado a aumentar la probabilidad de descubrir efectivamente al funcionario corrupto, y al mismo tiempo desestimular este tipo de comportamientos, dicho fortalecimiento contempla acciones tales como el diseño de indicadores de percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios y el desarrollo de un programa especial de formación para funcionarios del Estado, para que conozcan, interioricen y apliquen los mecanismos y procedimientos contemplados por el decreto 2150 de 1995, la ley 190 de 1995 y demás herramientas para la modernización institucional. Así mismo, se establecerán mecanismos técnicos para conocer los costos de la corrupción. 1.2.1.3.

Pactos anticorrupción en la contratación pública

Con el fin de convocar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, se promoverá la adhesión al programa mundial de Transparencia internacional-Islas de integridad, de manera que los proponentes en licitaciones públicas internacionales y nacionales se obliguen por me-

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

LEY

508 DE 1999

243

dio de acuerdos anticorrupción con responsabilidades personales y económicas. Adicionalmente se buscará una mayor transparencia al hacer pública la información sobre los procesos de contratación, de manera que la comunidad pueda ejercer un verdadero control. También se establecerán convenios de comportamiento ético con los gremios económicos y los afiliados que contratan con el Estado. l.2.l.4.

Consejos ciudadanos de control de gestión y de resultados de la inversión pública.

El programa presidencial de lucha contra la corrupción, o quien haga sus veces, conformará en cada departamento, Consejos ciudadanos de control de gestión y de resultados de la inversión pública, CGRI, como instancias responsables de promover el control efectivo de la ciudadanía sobre la gestión pública y sus resultados y de canalizar las iniciativas ciudadanas para prevenir y controlar los delitos contra la administración pública. Las solicitudes de estos consejos tendrán el carácter de derecho de petición. Todo funcionario público que no atienda las solicitudes de los CGRI incurrirá en causal de mala conducta. La composición y función de estos consejos serán definidos por el gobierno. A petición de los Consejos ciudadanos de control de gestión y de resultados de la inversión pública, las entidades responsables de los proyectos de inversión promoverán pactos públicos por la transparencia y la eficiencia de la ejecución de la inversión. En estos pactos participarán las entidades públicas que los promueven, los contratistas y las organizaciones ciudadanas. Su objeto es establecer por consenso las reglas de juego que rigen la gestión de los programas y proyectos de inversión. Con tal objeto deben fijar las responsabilidades de los actores sociales e institucionales involucrados, sobre los aspectos técnicos, sociales, ambientales, financieros y administrativos requeridos para garantizar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la inversión pública.

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

244

LEY

1.2.2.

508

1999

Modernización de la administración financiera del Estado

Se buscará modernizar, facilitar y agilizar la administración financiera pública; para ello es de especial importancia poder garantizar los recursos necesarios para la ejecución del Plan, a través de los siguientes mecanismos: flexibilizar las finanzas públicas, definir que los ingresos de carácter extraordinario no pueden soportar gastos permanentes por el riesgo de provocar graves desbalances en las finanzas públicas; permitir el cambio de las fuentes de financiación sujetándose a las autorizaciones del Congreso de la República; señalar las inversiones financieras que podrán realizar las entidades públicas; establecer un procedimiento ágil para reducir el presupuesto a causa de las reservas y cuentas por pagar; definir el alcance presupuestal de los contratos con organismos multilaterales; precisar las entidades sin ánimo de lucro que en virtud del artículo 355 de la Constitución Política pueden recibir recursos del Estado; determinar nuevos mecanismos para la participación en proyectos de infraestructura; señalar la forma de transferir los recursos que en virtud de la Ley 226 de 1995 le corresponden a las entidades territoriales y precisar algunos procedimientos para la privatización de la propiedad accionaria del Estado. Se desarrollará el sistema financiero y contable sistematizado de todo el Estado; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público coordinará su implementación. 2.

EDUCACIÓN

El Plan propone un gran compromiso social con la educación, la juventud y el deporte. Los esfuerzos del gobierno se concentrarán en cinco aspectos fundamentales de todo el sistema educativo nacional: el desarrollo humano, la cobertura, la eficiencia, la equidad y la calidad. En cobertura, la prioridad es incrementar la matrícula de los niveles de educación preescolar y media y universalizar la educación básica. Para CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ·

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245

ello, se buscará la equidad entre municipios, favoreciendo a los más pobres; se crearán las condiciones para aumentar el control social y se adelantarán acciones de transformaciones estructurales en el sector. Junto con el aumento de la cobertura, la mejora de la calidad de educación en el país se configura como objetivo prioritario del gobierno. El gobierno prestará una atención prioritaria, con objeto de mejorar la calidad de la educación, a los siguientes factores: la precisión de los lineamientos y estándares curriculares; la supremacía de los alumnos como centro del proceso educativo; la cualificación y formación de los docentes, el incremento de la participación de la comunidad educativa; la compensación de las desigualdades educativas; la innovación y la investigación educativa; la orientación educativa y profesional; la consolidación del Sistema de evaluación de la educación y el fortalecimiento de la institución escolar. 2.1.

Programa de educación básica

2.1.1.

Caminante

La política de ampliación de la cobertura está orientada por los principios de eficiencia y equidad. En este contexto, el Programa Caminante tiene como meta la ampliación de cobertura en los niveles de preescolar y media, y la cobertura universal en la educación básica. Para el efecto se concertará un programa de racionalización que se llevará a cabo gradualmente, ajustado a las condiciones particulares de cada entidad territorial. En las zonas rurales se fortalecerán programas de secundaria que ofrezcan un vínculo entre educación y producción a niños y jóvenes de los grados sexto a noveno. También, como parte de este programa, se ofrecerán oportunidades educativas a las poblaciones con discapacidad o con talentos y capacidades excepcionales, a los jóvenes en extraedad y a los adultos rezagados del sistema, mediante formas alternativas de atención con calidad y equidad, reduciendo en un punto la tasa nacional de analfabetismo de la CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ'

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1999

población de 15 años o más. Se apoyarán los establecimientos educativos para desarrollar acciones pedagógicas que permitan el proceso de integración de personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o emocionales. 2.1.2.

La organización de la educación formal

Mediante este programa se pretende mejorar la organización de la educación formal. Promoverá la construcción de un sistema que articule autonomía y cohesión, mediante la activa participación de la comunidad educativa en los proyectos educativos institucionales y en los planes de estudio, en el marco del gobierno escolar, Consejo directivo y Consejo académico. Además de las metas de ampliación de cobertura, se buscará que el sistema se constituya de tal manera que garantice la permanencia del estudiante desde el preescolar hasta la educación media. Este proceso de mejora del sistema de educación -encaminado a que la escuela sea una organización que aprende y se adapta al entorno en que está inserta- se llevará a cabo con el fin de garantizar la promoción y desarrollo humano de todos los niños, niñas y jóvenes de Colombia. En los casos en que la mejor manera de conseguir estos propósitos consista en la articulación de distintos planteles, esto se hará sólo con la integración de planteles estatales desde el preescolar hasta la media, bajo una sola administración y bajo un solo Consejo directivo. 2.1.3.

Educación es calidad

El plan se propone brindar educación de calidad a todos los colombianos en desarrollo de los fines de la educación contenidos en el artículo 5Q de la Ley General de Educación, a saber: el pleno desarrollo de la personalidad; la formación en el respeto por la vida, los derechos humanos y la paz; el aprendizaje de conocimientos científicos, técnicos y artísticos; el desarrollo de la capacidad crítica reflexiva y analítica; la adquisición de una conciencia para el mejoramiento del medio ambienCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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te; la formación en la práctica del trabajo y la creación de una conciencia de la soberanía nacional. En desarrollo del programa Educación es calidad se definirán lineamientos curriculares y se establecerán estándares por áreas de conocimiento; se consolidará e institucionalizará el Sistema nacional de evaluación de la educación, que cubrirá la evaluación de la calidad de la enseñanza, la evaluación de los docentes y directivos docentes, el desempeño profesional de los educadores los logros de los alumnos, la eficiencia de los métodos y textos escolares, la organización administrativa y física, y la eficiencia en la prestación del servicio. Los resultados que arroje el sistema se divulgarán periódicamente con el fin de nutrir la formulación de políticas de formación de docentes, orientación de recursos financieros del Estado para la educación y promover la exigibilidad social de la calidad de la educación. Especial atención se pondrá en la transformación y acreditación de las instituciones formadoras de docentes; la transformación, innovación y cualificación de los procesos de formación permanente de los educadores. Se continuará con estrategias que permitan identificar, difundir y replicar experiencias reconocidas por su impacto en el logro de los estudiantes. Se ampliará la jornada escolar con el propósito de ofrecer apoyo pedagógico a los alumnos en la elaboración de sus tareas escolares, conocimiento y uso de métodos de estudio, de promover la lectura a través de la dotación de bibliotecas escolares o apoyo a las bibliotecas públicas, y de brindar a los niños y jóvenes actividades recreativas, deportivas, de formación artística, cultural y ciudadana. Se impulsará gradualmente la jornada única diurna atendiendo a los criterios de infraestructura, dotación, planta de personal y salario profesional para los docentes que asuman esta modalidad. Se establecerán convenios con los establecimientos educativos para desarrollar acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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de integración de personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, sensitivas o emocionales. 2.1.4.

Úrsulas

Este programa busca reconocer que la formación integral de las personas se inicia desde el vientre materno. No contaremos con un sistema equitativo si todos los niños y niñas no han desarrollado, desde la concepción, los fundamentos del aprendizaje. Para construir las posibilidades de dicho desarrollo el gobierno nacional diseñará y ejecutará este programa que está orientado a la formación de padres, madres y adultos responsables de niños y niñas, bajo el supuesto de que a ellos corresponde la tarea primordial de generar las condiciones psicoafectivas necesarias para que los infantes construyan un sistema de aprendizaje adecuado. Esto sólo será posible si los adultos toman conciencia y aceptan el papel educativo que desempeñan en la interacción inmediata y constante que tienen con los niños y niñas y responsabilidad en la creación de ambientes afectivos, creativos, estimulantes y de convivencia pacífica. El gobierno facilitará la acción adulta en la perspectiva señalada, mediante distintas estrategias y proyectos que tendrán en cuenta las prácticas de crianza favorables para el desarrollo de la población a la cual está dirigido este programa. Dentro del sistema educativo el contenido y los propósitos del programa Úrsulas le configuran su articulación principal con el nivel obligatorio de educación preescolar, cuya cobertura se propone ampliar el gobierno. 2.2.

Educación media

La educación media requiere un gran debate nacional para darle una identidad propia, de la que carece, para que tenga un papel entre la educación básica y la educación superior o el mundo del trabajo. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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Sin perjuicio de la inversión de los recursos del situado fiscal y de otros recursos oficiales orientados a la educación media los aportes a que se refiere el artículo 11, numeral 4, de la ley 21 de 1982, con destinación a las escuelas industriales e institutos técnicos oficiales podrán invertirse en instituciones con orientación académica para el fortalecimiento de proyectos de ciencia y tecnología. 2.3.

Colombia: sociedad de conocimiento

Este Plan se propone impulsar la construcción de Colombia como una sociedad del conocimiento, en un proceso que se debe observar como una totalidad porque contempla el desarrollo de la persona desde la concepción hasta la tumba. En esta perspectiva hay dos elementos fundamentales del sistema que son: la educación preescolar, básica y media que genera los fundamentos primarios para el desempeño en dicha sociedad; y la educación superior que articula la orientación del proceso, generando con la investigación, la docencia y la extensión, un horizonte para la formación en lo superior, hacia el que se dirija la totalidad del sistema educativo en particular y de la nación en general. Con esto Colombia logrará situarse en un plano de igualdad en el desarrollo del contexto global y no en condiciones de periferia que subordina su crecimiento a otros. Este plan impulsa la movilización nacional que está adelantando el gobierno nacional con participación de todos los estamentos educativos y de los demás sectores de la sociedad, para construir conjuntamente un sistema viable caracterizado por la capacidad de aprendizaje y adaptación a los cambios del entorno. Este sistema debe balancear autonomía y cohesión y permitir el ejercicio responsable de la primera. 2.3.1.

Ampliación del sistema de crédito

Los dineros destinados para este subprograma constituyen un recurso adicional y no substitutivo de los aportes directos de la Nación para las instituciones públicas de educación superior. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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Este subprograma se ejecutará a través del Icetex y busca dos objetivos principales: ampliar la cobertura y mejorar la equidad del sistema de crédito como instrumento para el acceso equitativo a la educación superior. En este mecanismo se dará especial énfasis al crédito para sostenimiento. En este proceso se introducirán elementos de subsidio en el crédito para cubrir la demanda de crédito para los estratos uno, dos y tres 0, 2 Y 3) en instituciones de educación superior que satisfagan los criterios de calidad que establezca el Ministro de Educación Nacional atendiendo el concepto de la Comisión nacional de acreditación. 2.3.2

Mejoramiento de la calidad

El objetivo de este subprograma es el de mejorar la calidad y el nivel de la educación superior impartida en el país, protegiendo los derechos de los usuarios de este nivel educativo. Dentro de este subprograma se dará especial énfasis a programas de capacitación de docentes y de mejoramiento de la capacidad académica instalada en instituciones públicas de educación superior. Para el logro de este objetivo es necesario el establecimiento de instituciones e instrumentos de regulación eficaces; en particular, se fortalecerá el sistema de información de la educación superior que permita discriminar la calidad de la oferta y se apoyarán los procesos de inspección, vigilancia y acreditación. 2.3.3.

Impulso a la educación tecnológica y la capacidad científica

Mediante este subprograma se pretende impulsar las capacidades científicas y tecnológicas de las universidades de modo que contribuyan al desarrollo y a la solución de las necesidades del país. Para el logro de este objetivo se dará especial énfasis a la financiación de programas de maestrías y doctorados en las universidades públicas.

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Igualmente, la nación promoverá el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación tecnológica lo mismo que promoverá la selección de este tipo de programas por parte de los jóvenes con la intención de acelerar y facilitar la modernización científica y tecnológica. El gobierno nacional también apoyará a sus cuerpos consultivos especialmente a las academias colombianas (Lengua, Medicina, Jurisprudencia, Historia, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Económicas, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Geográfica Colombiana, Patronato de Artes y Ciencias) e Instituto Caro y Cuervo, y todas aquellas que formen parte del Colegio máximo de academias colombianas. Para tal efecto, el Ministerio de Educación u otras entidades estatales podrán celebrar contratos con estas instituciones, a fin de promover el avance del saber y de la cultura colombiana en el área que a cada una le compete. 2.4.

Juventud

2.4.1.

Constructores de un nuevo país

Con el propósito de implementar la Política nacional de juventud para el cuatrienio y desarrollar la ley 375 de 1997, el Ministerio de Educación Nacional, a través del Viceministerio de la Juventud, se concentrará en el cumplimiento de los siguientes objetivos: promover a los jóvenes como constructores de paz, generando nuevas formas de servicio a la sociedad y posibilitando el acceso a más y mejores bienes y servicios; fomentar la educación y la formación integral, incluyendo las dimensiones que permitan a la juventud construir, expresar y desarrollar su identidad para que participe de manera activa en la vida social del país; y, promover la asistencia técnica a las entidades territoriales y organismos no gubernamentales para el diseño de las Políticas de atención a la población juvenil mediante la promoción de la participación y la institucionalización de programas para dicha población.

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Como líneas de acción básicas para alcanzar este propósito, se implementará con elliderazgo del Viceministerio, el Sistema nacional de juventud como el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que trabajan con y en pro de los jóvenes, fomentando los Consejos de juventud; los Servicios integrados para jóvenes, mediante Cuerpos solidarios juveniles como alternativas para que los jóvenes puedan proyectarse; y las Casas de la juventud como espacios de encuentro, socialización y capacitación juvenil. 2.5.

Deporte

El gobierno nacional apoyará el proceso de descentralización del sector, avanzando en la transformación del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, en una institución técnica de investigación y asesoría en materia deportiva, que administre un Sistema de información para efectuar el seguimiento y evaluación de resultados en los entes territoriales. Se avanzará en la descentralización del deporte. La nación promoverá las iniciativas de las entidades territoriales y del sector privado para los programas de deporte formativo y de alto rendimiento. En este sentido el gobierno nacional garantizara presupuestalmente la celebración de los juegos deportivos nacionales programados bajo criterios técnicos y equitativos con las regiones, como elemento integrador de la juventud colombiana, para lo cual coordinara con Coldeportes nacional y las entidades territoriales correspondientes, su efectiva ejecución. 2.6.

Recreación: herramienta de construcción de paz y desarrollo social

El Plan operacionalizará la recreación como componente integrador de las diversas áreas de bienestar y ajuste de individuos y colectividades, procurando que su carácter de medio para el desarro}lo integral urbano y social, se concrete en su aporte al bienestar general de la población infantil, juvenil y la tercera edad, teniendo en cuenta género, condición y etnia. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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Esto se hará posible mediante la puesta en marcha del Plan nacional de recreación, que contará con el apoyo de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil comprometidas con el sector y de las Cajas de compensación. Adicionalmente tendrá soporte en la consolidación del Sistema nacional de recreación, del Servicio social obligatorio y el voluntariado en el sector y del sistema de información para el monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados de la gestión en recreación de los entes territoriales. 3.

CULTURA

3.1.

La organización del sector

Mediante este programa se consolidará el Sistema nacional de cultura, a través de la creación de consejos e instituciones territoriales de cultura, el fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales y agentes culturales, y la consolidación de los procesos que vivifican y estructuren el Sistema: formación, información, planeación, organización y financiación. Con este fin, se implementarán programas encaminados a fortalecer financieramente el sector, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, canalizando los recursos generados por la cultura hacia el mismo sector. 3.2.

Patrimonio cultural de la nación

La acción del Estado se centrará en la identificación, investigación, análisis, conservación, restauración, difusión y valoración del patrimonio cultural material-documental, sonoro, visual, fílmico, mueble e inrnueble-, y no material -memoria, tradiciones, costumbres, entre otros-, que hacen parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la nación, patrimonio que es eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad. Se fortalecerán los museos, bibliotecas, centros documentales y archivos, como ejes de la atención, cuidado y fortalecimiento del patrimonio CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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cultural en el país. Se fortalecerán igualmente el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, el Instituto Colombiano de Antropología y el Archivo General de la Nación, entidades que se constituyen como ejes de la acción patrimonial directa del gobierno. Se consolidará la ampliación física del Museo Nacional como proyecto de interés social para fortalecer labores educativas y culturales y como apoyo a los demás museos del país, en sus servicios educativos y culturales para los colombianos del próximo siglo. 3.3.

Formación artística y cultural

Este programa fomentará el conocimiento de nuestra realidad, historia, mitos y raíces. El impulso a la antropología ya la arqueología y el rescate de la enseñanza de las humanidades a nivel escolar contribuirán a lograr este cometido. Se promoverá el fortalecimiento de los programas y de las instituciones nacionales y territoriales encargadas de desarrollar procesos pedagógico-artísticos y culturales y se promoverá la formación y profesionalización de los creadores y los gestores culturales. 3.4.

Fomento a la creación y a la investigación artística y cultural

Se estimulará la creación y la investigación artística con el objeto de reconocer y promover el inmenso potencial artístico que pueda garantizarle al país la continuidad de sus tradiciones culturales; se trata de conciliar conceptos como identidad y globalización, y de elevar el nivel de los artistas nacionales y su profesionalización. 3.5.

Cultura y medios de comunicación

Se buscará fortalecer los procesos comunicativo s -radiales, televisivos, impresos y cinematográficos- que refuercen los diálogos interculturales que ocurren en el territorio nacional, con el propósito de contribuir a democratizar la información y el acceso a las actividades, los bienes y los servicios artísticos y culturales. Se continuará, a través de las radios comunitarias, con la promoción de mecanismos reales y eficientes para CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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proteger, conservar, rehabilitar y divulgar nuestro patrimonio cultural, en particular el sonoro (musical y oral). De igual forma, se participará activamente en la consolidación del canal de televisión cultural, y se propenderá por la ampliación de espacios de programación cultural en los concesionarios de los medios de comunicación radiales y televisivos, buscando mecanismos para estimular a los canales privados con el fin que produzcan y exhiban programas de alto nivel cultural. Se fomentará la producción cinematográfica nacional mediante la generación de medios de financiamiento públicos y privados de fuente nacional, bilateral e internacional. 3.6.

Industrias culturales

Con el fin de consolidar el sector cultural como fuente de desarrollo económico y social, en los casos en que ello sea posible y conveniente, se buscará incorporar la producción cultural en las dinámicas del mercado, a través de las industrias y servicios culturales para lo cual se facilitarán mecanismos que incentiven la inversión en el sector, tales como depósitos aduaneros dedicados a la actividad cultural. Los sectores prioritarios para el desarrollo de estas políticas serán la industria editorial, la industria cinematográfica, fonográfica y el turismo cultural, entre otros. Para su fortalecimiento se canalizarán recursos hacia el Fondo mixto de promoción cinematográfica y el Fondo mixto nacional de promoción. 4.

SALUD

4.1.

Afiliación al Régimen subsidiado de salud, atención de accidentes de tránsito, víctimas de catástrofes naturales y fortalecimiento de la red de urgencias

El gobierno nacional y las entidades territoriales garantizarán la cobertura de afiliación al régimen subsidiado del sistema de seguridad social en salud y promoverán su ampliación. Para esto destinarán los recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga y las demás fuentes de financiación del régimen subsidiado. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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El incremento de cupos en la cobertura de régimen subsidiado se hará teniendo en cuenta principalmente los niveles del NBI y de menor cobertura de los diferentes municipios, y se corregirá el desequilibrio existente entre las diferentes regiones del país. El nivel nacional a través del Fosyga destinará mayores recursos para los municipios con mayor NBI y menor cobertura y así cumplir con el principio de equidad y obligatoriedad de que habla la ley 100 de 1993. Los recursos de la subcuenta Ecat financiarán la atención en salud de las víctimas de accidentes de tránsito, de accidentes terroristas, catástrofes naturales, o de otros eventos expresamente aprobados por el Consejo nacional de seguridad social en salud, así como la indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial de esta misma población. Estos recursos financiarán, una vez cubiertos los beneficios anteriores, programas de fortalecimiento institucional de la Red nacional de urgencias y de prevención y atención de accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas, así como aquellos destinados al tratamiento y rehabilitación de sus víctimas, previa aprobación de distribución y asignación por parte del Consejo nacional de seguridad social en salud. El gobierno nacional y el Consejo nacional de seguridad social podrán revisar y ajustar los topes de cobertura de los beneficios a cargo del Soat y del Fosyga. Los demás riesgos serán atendidos con cargo a las subcuentas de Ecat de acuerdo con la reglamentación que se expida. 4.2.

Plan de atención básica

El Ministerio de Salud acordará con los ministerios del Medio Ambiente y Educación Nacional y con las entidades territoriales en el marco del Plan de atención básica, PAB, el desarrollo de estrategias integradas de control de enfermedades emergentes y reemergentes con énfasis en la promoción de la salud, la participación social y el ordenamiento del medio ambiente. El gobierno nacional, las entidades territoriales, las EPS y las ARS garantizarán prioritariamente la financiación y el sumiCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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nistro oportuno de los productos biológicos requeridos para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan ampliado de inmunización con el fin de lograr la cobertura universal en materia de vacunaciones. El Ministerio de Salud liderará la puesta en marcha de una estrategia integral de promoción de la maternidad y paternidad responsables y de la salud sexual, con énfasis en la población adolescente y con perspectiva de género. Para hacer efectivo este programa el Ministerio de Salud recurrirá a los recursos de que habla el parágrafo 2º del artículo 166 de la ley 100 de 1993. Además, el Ministerio de Salud promoverá la atención integral en salud a la población que se encuentre en situación de desplazamiento forzoso, propiciará los espacios municipales para la promoción de la convivencia pacífica y orientará al sector en la integración al Plan nacional de prevención y atención de la violencia. Se incluirán acciones para prevenir el consumo de alcohol, cigarrillos y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. Así mismo, dentro del Plan nacional de atención a las personas con discapacidad y minusvalía, se pondrán en marcha las acciones de promoción de una cultura de integración social de la persona con discapacidad en igualdad de oportunidades. El gobierno nacional priorizará y promoverá la contratación de las actividades del PAB, a través de la red pública garantizando mínimo el cincuenta por ciento (50%) Y definirá las condiciones mínimas de contratación tanto en la red pública como en la red privada. 4.3.

Otros programas

4.3.1.

Estabilidad financiera

Para garantizar la estabilidad financiera del Sistema general de seguridad social en salud, SGSSS, y lograr el acceso a los servicios de salud con equidad, se controlará la evasión y elusión de aportes, y se estudiará la posibilidad de crear una central única de recaudo para las distintas contribuciones al Sistema general de seguridad social en salud, SGSSS, o se utilizarán otros sistemas de información como el registro único de CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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aportantes. Así mismo, se evitará la múltiple afiliación al sistema y la afiliación fraudulenta. Se establecerán mecanismos con el objeto de proteger los derechos de los afiliados al Sistema de seguridad social en salud, SGSSS, en cuanto al aseguramiento y por ende la prestación de los servicios, en caso de que las Empresas prestadoras de servicios de salud, EPS, o las Administradoras del régimen subsidiado, ARS, a la cual se encuentran afiliados, tenga problemas de solvencia o quiebra. Por otro lado, se garantizarán los recursos para la sostenibilidad del Régimen subsidiado de salud. El gobierno nacional establecerá los mecanismos y procedimientos de compensación, diseñando las etapas del proceso y sus fechas de presentación. Incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones fiscales, penales, civiles y administrativas a que haya lugar, los alcaldes o gobernadores que desvíen o demoren, o no entreguen oportunamente los recursos correspondientes al Sistema general de seguridad social en salud, SGSSS. Así mismo es deber de las ARS cancelar oportunamente sus obligaciones con las instituciones prestadoras de salud. 4.3.2.

Aumento de cobertura

Con el propósito de garantizar el acceso de todas las personas a los servicios de promoción, prevención, recuperación de la salud, sin que se altere el principio de equilibrio financiero que garantiza la sostenibilidad del régimen subsidiado existente, y aceptando los porcentajes de la vigencia de 1999 se suspenderá la transición de la ley 344 de 1996 de transformación de subsidio de oferta a demanda, para garantizar la atención en salud de la población vinculada al sistema y para la atención de las patologías no incluidas en el plan obligatorio de salud POS del régimen subsidiado. El Consejo de seguridad social en salud revisará la transformación de los subsidios de oferta a la demanda teniendo en cuenta los recursos fiscales y la evaluación de la población vinculada y afiliada.

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El Consejo de seguridad social en salud podrá definir el acceso a los servicios de salud para ciertos grupos de población en condiciones especiales, como los indigentes, los niños abandonados, los desplazados. De igual forma se crearán subsidios parciales para los trabajadores independientes de niveles tres (3) y cuatro (4) del Sisben, de conformidad con la reglamentación que establezca el Consejo nacional de seguridad social en salud. El gobierno nacional aportará nuevos recursos para esos subsidios parciales. El gobierno nacional financiará el estudio que permita definir la capacidad de pago de estos grupos de población, de tal manera que los trabajadores independientes aporten para su afiliación de acuerdo con sus ingresos. Se estudiarán alternativas para reducir el porcentaje de cotización o pagar el valor de la Unidad de pago por capitación, UPC, y se evitará la afiliación de población no pobre al régimen subsidiado. La población que pudiendo afiliarse no se afilie, deberá asumir directamente los costos de la atención de salud que requiera. Las cajas de compensación familiar que estén manejando hogares comunitarios, podrán destinar los nuevos recursos del régimen subsidiado para la afiliación de niños menores de seis (6) años de escasos recursos y sus familias. En todo caso, las cajas deberán mantener la financiación de sus afiliados actuales al régimen subsidiado. 4.3.3.

Entidades aseguradoras y prestado ras de servicios de salud

Se revisarán los requisitos existentes para la conformación de empresas promotoras de salud, administradoras del régimen subsidiado e instituciones prestadoras de servicios de salud para que en la creación de nuevas entidades de este tipo, se garantice la existencia de condiciones técnicas, administrativas y financieras que les permitan responder en debida forma con sus obligaciones. Aquellas que no tengan viabilidad financiera se liquidarán. Las Administradoras del régimen subsidiado ARS y las Empresas solidarias de

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salud, ESS, podrán agruparse para garantizar la compensación del riesgo y fortalecer su capacidad financiera. El gobierno nacional definirá el carácter de la ARS para optimizar la utilización de los recursos de la UPC del régimen subsidiado para la prestación de los servicios de salud. Si los recursos que las ARS deben destinar para prestación de servicios no se requieren en la vigencia en su totalidad, estos deben reservarse en un fondo destinado a la prestación de servicios. El Consejo nacional de seguridad social en salud podrá crear una cuenta especial de provisión en el Fosyga para garantizar la prestación de los servicios. Se estudiará la posibilidad de reestructurar las ARP, para financiar los gastos de salud generados en riesgos profesionales. El gobierno nacional evaluará la respuesta dada por las entidades que manejan el Seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de garantizar que la totalidad de los gastos de salud generados en accidentes de tránsito sean pagados por este seguro. Los accidentes de tránsito que provengan de un riesgo profesional se pagarán con cargo a los recursos del Sistema de riesgos profesionales. Las EPS públicas y las entidades adaptadas, deberán cumplir cabalmente con lo establecido en la ley 100 de 1993. Así mismo, las EPS, las ARS, y entidades adaptadas no podrán otorgar incentivos diferentes a mejorar la cantidad y calidad de servicios de salud previstos en el Régimen, ni subcontratar la totalidad de los POS con otras entidades, ni delegar la garantía y calidad de la prestación del servicio. El Instituto de los Seguros Sociales, ISS, se fortalecerá institucionalmente y pondrá en funcionamiento el sistema de información, que le permita administrar eficientemente los diferentes seguros y la afiliación al Sistema general de seguridad social en salud, SGSSS. Facúltase al gobierno nacional hasta el 31 de diciembre de 1999 para adoptar las medidas que se requieran en orden a reestructurar los servicios asistenciales en salud del Fondo de previsión social del Congreso de la República sobre la base de su viabilidad funcional y financiera, con arreglo a los estudios técnico - jurídicos que adelantará al respecto. CAMBIO

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Durante este término el fondo continuará prestando los serVICIOS asistenciales en salud en las mismas condiciones en que lo viene haciendo. Para efectos de financiamiento de los servicios adicionales al plan obligatorio de salud con recursos diferentes de las cotizaciones obligatorias, el gobierno fijará las contribuciones adicionales que sean menester, a cargo de los afiliados y de la nación, aplicando a este último efecto los recursos previstos en la ley de presupuesto y el decreto 2354 del 19 de noviembre de 1998, sección 1805 Fondo de previsión social del Congreso, A. Funcionamiento, Unidad 1805-02 salud, rubro 3-5-3-7-10 otras transferencias-recursos corrientes. 4.3.4.

Fortalecimiento del Sistema de garantía de calidad

Se trabajará en el fortalecimiento del sistema de garantía de calidad en Instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, y Empresas promotaras de servicios de salud, EPS, a través de mecanismos que incentiven el logro de niveles superiores de calidad. El ministerio creará un sistema de indicadores de resultados que permita evaluar la calidad en la prestación de los servicios y lo pondrá en marcha en coordinación con las EPS y ARS. Así mismo, reglamentará la acreditación de las IPS. 4.3.5.

Hospitales públicos

Los hospitales públicos deberán transformarse en Empresas sociales del Estado, ESE. Para ello deberán reestructurar sus plantas de personal, flexibilizar su sistema de contratación, mejorar su gestión, garantizar la solvencia de sus sistemas de referencia y contrarreferencia y adecuar los servicios que prestan para garantizar sostenibilidad. Para esto el gobierno nacional implementará planes de fortalecimiento institucional para la red pública de servicios de salud, cofinanciados con las entidades territoriales y/o los hospitales, con el fin de mejorar la prestación de los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud en forma integral. En todo caso, no se vulnerarán los derechos legales y convencionales que hayan sido pactados o reconocidos con arreglo a la ley. El Ministerio de Salud y los entes territoriales ofrecerán CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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la asistencia técnica, la capacitación y el apoyo financiero necesario mediante créditos, para la adecuación de las plantas de personal requeridas según el nivel de complejidad y las posibilidades de cada región. El Consejo nacional de seguridad social en salud tendrá la potestad para definir el porcentaje mínimo y las condiciones de la contratación entre las ARS y las IPS públicas. El gobierno nacional reglamentará la composición, calidades y cualidades de los componentes de las Juntas directivas de las empresas sociales del Estado, ESE.

4.3.6.

Sistema de información

Se establecerá un sistema integral de información en salud, confiable y oportuno que permita el seguimiento de las acciones de los gobiernos locales y el flujo de información hacia estos niveles, de tal forma que se les faciliten sus funciones. Así mismo, se promoverá la homologación de los.sistemas de información y la integración de las acciones de todos los actores con el fin de lograr el control y seguimiento, tanto de los usuarios del sistema como de los aspectos relacionados con la prestación de los servicios y el manejo del conjunto de los recursos e infraestructura del sector.

4.3.7.

Sistema de vigilancia y control

En éste, las distintas instancias que lo conformen, a saber: el gobierno nacional y las entidades territoriales, definirán claramente las competencias y las funciones que cada instancia desarrollará. Así mismo, se incluirán mecanismos de participación ciudadana en el control integral del Sistema general de seguridad social en salud, SGSSS, en especial en los temas de afiliación y garantía en la satisfacción de los derechos de los usuarios. Se estructurará y adecuará el sistema de vigilancia y control y la Superintendencia de Salud como cabeza del sistema. A nivel territorial, la Superintendencia de Salud podrá exigir a los entes vigilados contratar auditorías externas y/o se generarán mecanismos con el fin de que CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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los entes vigilados contribuyan al financiamiento de esta función. Igualmente, la Superintendencia podrá contratar auditorías cuando lo requiera. Se fortalecerán los mecanismos de participación ciudadana en el control integral del sistema general de seguridad social en salud, SGSSS. 4.3.8.

Investigación científica en salud

El Ministerio de Salud adelantará acciones de promoción de la investigación científica en salud básica y aplicada en las áreas de interés para el país, con miras a brindar un proceso continuo de mejoramiento de la calidad científica y ética en la prestación de los servicios de salud. Así mismo, promoverá procesos de planeación tecnológica, con el fin de fortalecer su racionalización y su adecuada prestación. Se mantendrán el monopolio rentístico de las loterías, la totalidad de los juegos de suerte y azar y el conjunto de las rentas cedidas para la salud, con destinación específica para financiar el sector. El gobierno nacional determinará un porcentaje del producto de los juegos de suerte y azar con destino a la investigación y ciencia en salud. 5.

FAMILIA Y NIÑEZ

5.1.

Programa familia y niñez

Los lineamientos generales de la política orientada hacia la familia colombiana se enmarcan en la búsqueda de un compromiso social que promueva mejores condiciones para el desarrollo individual y colectivo de sus miembros, particularmente de los derechos de los niños y niñas, así como en la corrección de la inequidad adicional que se genera vía el menor capital humano y social de las familias pobres. 5.2.

Familia

Durante este gobierno se promoverán las condiciones para el fortalecimiento y desarrollo de la familia colombiana, incidiendo en los factores protectores que favorecen el regeneramiento del tejido social. Con este CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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fin, se estudiará la estructura impositiva actual de las personas naturales, las tasas impositivas por tipo de familia, así como el subsidio familiar, de tal manera que éstos operen en la dirección de incentivar un mayor capital social para la familia. 5.2.1.

Promoción y prevención

Uno de los énfasis de este Plan consiste en vigorizar la promoción y la prevención, mediante diferentes mecanismos en los que la sociedad civil tendrá un papel preponderante y cuyo eje es el establecimiento educativo y el hogar comunitario de bienestar. Los maestros, los padres de familia, las madres comunitarias y otros agentes comunitarios serán capacitados en la detección precoz del maltrato y de los problemas familiares y en las acciones a seguir en cuanto a la forma de aproximación al niño y de la remisión a otras entidades de apoyo en los casos que se requieran. 5.2.2.

Plan nacional de alimentación y nutrición

A través del Sistema nacional de bienestar familiar se articularán las ocho líneas de acción del Plan nacional de alimentación y nutrición, que actuará prioritariamente en los niños y niñas de las escuelas oficiales con énfasis en los sectores rurales y urbano marginales que presenten mayores déficit nutricionales, mujeres embarazadas, madres lactantes y menores de seis (6) años no cubiertos por hogares comunitarios. 5.2.3.

Plan nacional contra la violencia intrafamiliar

El Plan generará las directrices nacionales que servirán de línea de base o estándar mínimo de atención para la articulación de las diferentes acciones preventivas, educativas, de apoyo, de atención y protección que darán nuevas y adecuadas respuestas a la problemática de la violencia intrafamiliar. 5.2.4.

Plan nacional contra las drogas

Este programa pretende promover una transformación cultural y un mejoramiento de la calidad de vida a través del empoderamiento de la CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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población, creando las condiciones necesarias para que las comunidades logren una comprensión integral de su realidad, desarrollen estrategias novedosas comunitarias, se apropien de sus problemas y propongan y ejecuten alternativas de solución.

5.2.5.

Programas de atención integral a la niñez

La política está encaminada a promover la atención integral de la niñez y la solución de conflictos al interior de la familia y la comunidad, bajo los principios de compromiso, participación, equidad de género y respeto a las diferencias culturales y regionales, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. 5.2.5.1.

Nuevos hogares comunitarios

Se promoverá la atención integral a los niños pobres menores de seis (6) años. Para esto se crearán nuevos modelos de atención con la concurrencia del ICBF, las cajas de compensación familiar, los gobiernos municipales y las familias de los niños, entre otros actores. No se manejará un único esquema de atención, pero los que se diseñen deberán garantizar la atención integral. Cada caja de compensación, de acuerdo con sus posibilidades y las características de su población, podrá estructurar el programa. 5.2.5.2.

Iniciativas municipales para la atención del menor

Este programa busca cualificar la atención y protección ofrecida a la población que tradicionalmente ha sido beneficiaria de los programas del ICBF, a través del apoyo de iniciativas originadas por autogestión de la comunidad, el gobierno local, las empresas y las organizaciones presentes en la localidad. Se pretende que la solución a las deficiencias nutricionales y el cuidado y protección de los niños, sean atendidos prioritariamente al interior de la familia, de la sociedad y del municipio.

5.2.6.

Juventudes

Los programas de juventud buscan contribuir al mejoramiento del bienestar de los jóvenes fortaleciendo las cualidades, capacidades y aptituCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ·

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des del individuo que conduzcan a una formación integral, permitiendo su desarrollo físico, psicológico y social y propiciando una mejor y mayor participación activa de los jóvenes en el desarrollo del país. En tal sentido, el gobierno nacional impulsará el Sistema nacional de juventudes y formulará un Plan nacional de solidaridad juvenil para promover el servicio social y el voluntariado juvenil como forma de expresión y potencialidad para el trabajo. De la misma forma, prestará especial apoyo al proceso de resocialización de la población juvenil carcelaria.

5.2.7.

Políticas en reproducción responsable

Se elaborará y pondrá en marcha el Plan nacional de salud sexual y reproductiva, liderado por el sector salud en coordinación con el sector educativo y el ICBF, abordando la salud sexual y la atención de la salud reproductiva en forma integral.

5.2.8.

Comunicación social

Un componente fundamental en el gran cambio tendiente al nacimiento de una nueva cultura a favor de la familia es el de la comunicación social, que acompañe de manera permanente, a nivel nacional, departamental, municipal y en todos los establecimientos -escuelas, centros de salud, hospitales, hogares de bienestar-, la puesta en marcha de las políticas que se adoptan.

5.3.

Protección

5.3.1.

Protección especial al menor de 18 años

A través del plan de eficiencia en la protección se hará: la revisión y actualización de las normas y procedimientos de protección especial; la promoción de mecanismos que agilicen los procesos jurídicos y administrativos; el incremento de las medidas de ubicación familiar de los menores con preferencia a las medidas institucionales y en concordancia con las características regionales y culturales; el desarrollo de estándares de calidad en la prestación de los servicios. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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5.3.2.

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Atención especial al discapacitado y al ninusválido

Esta política tiene como objetivo crear una cultura de tolerancia, de respeto de los derechos y libertades a ser diferente, con base en los principios constitucionales de reconocimiento de la dignidad de la persona, los derechos fundamentales, la equidad y la solidaridad. Se revisará el Sisben y las tasas impositivas con el fin de reconocer los mayores costos en que incurre una familia que vive con un miembro discapacitado y se crearán incentivos para la contratación laboral de esta población. Así mismo, se incluirá a la población discapacitada dentro del sistema de información de empleo del Sena y esta misma entidad proveerá cursos de capacitación para el trabajo con discapacitados en las áreas en que las empresas lo requieran cuando utilizan esta clase de trabajadores.

5.3.3.

Protección especial a la población mayor de 60 años

La protección de la población mayor de sesenta (60) años se llevará a cabo en coordinación con las entidades territoriales, principalmente a través de tres estrategias diferentes: incorporación voluntaria de esta población al programa jornada escolar complementaria, entrega de subsidios y afiliación al régimen subsidiado en salud. 5.4.

Institucionales

5.4.1.

Sistema nacional de bienestar familiar, SNBF

El gobierno nacional pondrá en operación el Sistema nacional de bienestar familiar, SNBF, generando las condiciones para que sus actores actúen interinstitucionalmente en tomo a la política de familia y niñez. Igualmente se propenderá por su puesta en marcha a nivel territorial.

5.4.2.

Instituto colombiano de bienestar familiar

Dadas las competencias y responsabilidades vigentes actualmente para los gobiernos locales sobre los programas sociales, se pone en evidencia CAMBIO

PARA CONSTRUIR

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la necesidad de redefinir las funciones y operación del Instituto y su relación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 5.4.3.

Plan de acción a favor de la infancia, Pafi

El gobierno nacional promoverá el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de acción a favor de la infancia, Pafi, mediante la coordinación con las entidades responsables en el nivel (sic) nacional, con los grupos intersectoriales departamentales y con los organismos de planeación territorial, para gestionar la inclusión, ejecución y seguimiento de las políticas de familia e infancia en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. 6.

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Plan de igualdad entre mujeres y hombres es el instrumento a través del cual el Estado colombiano se propone dar cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad y a los acuerdos internacionales suscritos por el país respecto a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Se hace efectivo mediante el diseño y formulación, en diferentes sectores, de estrategias que permitan superar las limitaciones y obstáculos que impiden la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en la vida política, económica, familiar, social, cultural, en cargos de toma de decisiones y en el poder público. Bajo estos preceptos, el gobierno nacional tendrá la obligación de diseñar programas y proyectos que den prelación a la ocupación de la mujer, e impulsar procesos de capacitación y desarrollo integral como reconocimiento a su condición de eje de la familia y a su vez, ésta como núcleo de la sociedad.

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SECTOR AGROPECUARIO

Las acciones en el sector agropecuario estarán dirigidas a integrar y modernizar al sector rural, mediante una política que busca proveer condiciones para un desarrollo competitivo, equitativo y sostenible del campo, en su diversidad y complejidad. Para lograr este objetivo es necesario ser eficientes en la ejecución de los programas gubernamentales adelantados de manera participativa y descentralizada, basado en un ajuste institucional, que facilite la integración y regionalización de las acciones y la adecuación de las instituciones a la dinámica del mercado reduciendo los trámites, mejorando la eficiencia, y buscando una coordinación entre las entidades. Se dará especial énfasis a los incentivos a la inversión privada como con: el Incentivo a la capitalización rural, ICR, y el Certificado de incentivo forestal, CIF. Así mismo, se establecerá preferencialmente la política de desarrollo a través de alianzas estratégicas valiéndose de instrumentos como son los incentivos vía crédito y el Fondo agropecuario de garantías y seguro agropecuario al financiamiento rural, por operación del mercado de capitales, de la Bolsa Nacional Agropecuaria e instrumentos de política sectorial en ciencia y tecnología, comercio exterior, reforma agraria, y políticas de comercialización, entre otros. Lo anterior, con el propósito de reactivar la inversión rural en nuevos proyectos produ.ctivos, muy especialmente en cultivos de ciclo corto o de tardío rendimiento que se adapten a sus respectivos flujos de ingresos, en procura de mayores logros en la competitividad que acompañarán el proceso de transición. Es propósito del gobierno nacional facilitar la participación del sector privado en alianzas productivas y sociales como base del desarrollo. En cumplimiento del programa de gobierno el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural diseñará y pondrá en marcha una política de transición para elevar la productividad de las actividades agropecuarias promisorias y para establecer nueva actividades que reemplacen aquella CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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en las cuales no se evidencian posibilidades de mejorar su competitividad en un mercado abierto. Estos programas se dirigen a superar la falta de preparación del sector para la apertura y a orientar sub sectores productivos agropecuarios hacia la exportación. Esta política contemplará apoyos específicos, capacitación del recurso humano, asesoría, rebajas tributarias y otros estímulos a la inversión, reformas a la propiedad de la tierra, investigación, adecuación del aparato institucional para atender los requerimientos de la transición y una política comercial adecuada. Los Ministerios de Agricultura y Comercio Exterior en asocio con los gremios de la producción, definirán los productos y regiones objeto de cada programa. El objetivo de política integral expresada en las alianzas productivas y sociales es atraer recursos e impulsar la inversión en proyectos agroindustriales, agro-forestales, silvopastoriles y acuiculturales de carácter social que permitan impulsar el desarrollo y lograr la paz en las zonas rurales, mediante una estrecha asociación entre grandes, medianos y pequeños productores, inversionistas nacionales y extranjeros, industriales generadores de tecnología, comunidad rural, organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos nacional, regional y local para la realización de proyectos productivos y sociales rurales que permitan impulsar el desarrollo del sector y hacer posible la redistribución equitativa del ingreso, la superación de la pobreza y el logro de la paz. Para aumentar la generación de empleo y los ingresos de los trabajadores del campo - requisito indispensable para lograr un ambiente de armonía y paz - se facilitará el acceso a factores productivos con recursos provenientes, especialmente del Plan Colombia, del Fondo de inversión para la paz, y a través del programa de reforma agraria. Para lograr la reactivación del campo, la generación de empleo rural, la disminución de la migración campesina a las ciudades y para cumplir

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con la meta de duplicar las exportaciones que propone el presente Plan el gobierno nacional deberá contemplar estrategias de protección con acciones inmediatas que contribuyan a la política de absorción de empleo, recuperando para la producción de 120 mil hectáreas en 1999 y una cifra no inferior en los años siguientes a la vigencia de la presente ley, y apoyo a la producción nacional de alimentos, otorgando tratamiento preferencial al crédito de producción y comercialización, y procediendo a la implementación de la reclasificación del riesgo para acceder a créditos por parte del sector agropecuario mejorando la infraestructura y estableciendo mecanismos de fomento a la producción y al consumo interno de alimentos. Se apoyará la entrada de productos agrícolas, agroforestales y agroindustriales a los mercados internacionales; contando con el apoyo de Proexport y la Corporación Colombia Internacional, que se encarga de ser incubadora de proyectos productivos con una labor de investigación e inteligencia de mercados y promoción de proyectos con potencial exportador. 7.1.

Incentivo a la capitalización rural

A través de este programa, se continuaránjalonando recursos del sector privado, en beneficio del desarrollo y la competitividad agropecuaria. Se actuará para lograr resultados en áreas tales como: adecuación de tierras, comercialización, mecanización, modernización e insumos, servicios de apoyo y fomento a la producción limpia. Para la asignación del ICR deberá tenerse en cuenta que su distribución refleje las posibilidades que ofrecen productos con capacidad competitiva. 7.2.

Política comercial externa

En el marco de los acuerdos sectoriales de competitividad y los compromisos internacionales, se realizará una protección a la producción nacional que tendrá en cuenta el tratamiento que los países competidores

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le dan a su producción, y la sensibilidad de la producción nacional. Se propenderá por el desmonte de las distorsiones y barreras al comercio. Se revisará y ajustará el régimen de protección actualmente vigente a nivel de la comunidad andina, en el marco de los acuerdos vigentes. Se sujetarán los compromisos internacionales adquiridos mediante tratados y acuerdos de integración al cumplimiento de metas claras en materia de modernización y competitividad sectorial. Se diseñará y ejecutará una política comercial de transición, que permita adaptar al sector agropecuario colombiano a los retos que imponen los procesos de integración. Se apoyará la investigación de mercados internacionales en la Corporación Colombia Internacional, CCI, para productos agropecuarios, agroindustriales, agroforestales y silvopastoriles, identificando, promoviendo y desarrollando oportunidades y proyectos para bienes de origen agropecuario con potencial de producción a nivel nacional. 7.3.

Comercialización interna

En este campo se modernizarán los sistemas de comercialización agropecuaria para reducir la incertidumbre de los productores y mejorar su capacidad de negociación, reducir costos de transacción y aumentar la competitividad del sector. Adicionalmente, se fortalecerá la política de incentivos, compensaciones y subsidios a la comercialización dirigidos al sector privado para que ejecuten la política de comercialización pero serán desmontados en el tiempo y sus beneficios serán principalmente para aquellos agentes que promuevan la modernización, competitividad y agricultura por contrato. 7.4.

Política crediticia agro pecuaria

Para incentivar la inversión rural se impulsará la financiación de actividades de producción, transformación, comercialización y prestación de servicios asociados a actividades agropecuarias, con recursos provenienCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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tes del Plan Colombia y del Fondo de inversión para la paz. El sistema financiero nacional con el apoyo de Finagro será fundamental en el logro de dichos propósitos. Se promoverán líneas de crédito para proyectos productivos con potencial competitivo en cultivos de ciclo corto o de tardío rendimiento que se adapten a sus respectivos flujos de ingresos. Se reestructurará integralmente la Caja Agraria y se buscará desarrollar una política de crédito para mejorar los servicios financieros rurales y ampliar la cobertura y acceso especialmente de los pequeños productores y en general de las actividades económicas rurales. El gobierno nacional diseñará mecanismos legales que garanticen el acceso al crédito a los productores agropecuarios, por medio de la reclasificación del riesgo. La política crediticia se acompañará de mecanismos que permitan solucionar la deuda morosa de los pequeños y medianos productores, con miras a rehabilitados como sujetos de crédito y normalizar la disciplina crediticia del sector, mediante la compra con descuento de la cartera crediticia agropecuaria a los intermediarios financieros, a la par que apoyar estrategias que hagan viable la recuperación de las deudas así adquiridas. Para ello se impulsarán la creación de fondos departamentales de reactivación y fomento agropecuario, como sociedades de economía mixta conformadas por departamentos, municipios, los productores beneficiados y los gremios. De conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política de Colombia el gobierno tomará las medidas necesarias que garanticen una tasa efectiva de interés preferencial para las actividades vinculadas al sector. 7.5

Sanidad agropecuaria

Se fortalecerá la capacidad técnica y operativa del K'A para cumplir la siguientes funciones: investigación y transferencia en control y prevenCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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ción sanitaria; registro de obtentores; preservación y adecuado aprovechamiento de los recursos genéticos vegetales y animales, prevención de riesgos en la introducción, producción y comercialización de organismos modificados genéticamente. Buscando una mejor cobertura de sus actividades el K'A podrá acreditar y delegar en personas naturales y jurídicas las siguientes acciones vinculadas al Subsistema nacional de protección agropecuaria, Sinpagro, las cuales ha venido ejecutando directamente: análisis de sanidad animal y vegetal; control y erradicación de plagas y enfermedades en animales y vegetales, análisis de residuos. 7.6.

Reforma agraria

La reforma agraria se adelantará a través del Sistema nacional de la reforma agraria y desarrollo rural campesino, para tal fin el gobierno nacional establecerá mecanismos que permitan hacer efectiva la acción de cada uno de los subsistemas que lo componen. La reforma agraria se promoverá mediante la utilización de un modelo integral, eficiente, transparente e innovador. Se patrocinará la negociación voluntaria y la compra de tierras, individual o colectivamente, dentro de proyectos productivos concretos, realizados de manera descentralizada y con veeduría ciudadana. Se avanzará hacia el desarrollo integral de las zonas de reserva campesina, definidas tanto en las áreas de colonización como en la zonas de baldío, en un adecuado marco de ordenamiento territorial, elaborado en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente. Se buscará la vinculación del capital privado a los programas de reforma agraria, a través de aportes financieros o de tierras, por medio de programas de alianzas productivas para la reactivación sostenible del agro. Se impulsará la aplicación efectiva de la extinción del derecho de dominio, para tierras adquiridas con dineros obtenidos de actividades ilícitas y de aquellas tierras inexplotadas muy por debajo de su potencial. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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El costo de la tierra y su arrendamiento serán objeto de la política agraria para buscar su racionalización. 7.7.

Plan Nacional de desarrollo alternativo, Plante

Dentro del Plante se impulsarán en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural actividades de desarrollo productivo rentable que sean opciones a los cultivos ilícitos. Se adelantarán Planes regionales de desarrollo alternativo, dirigidos a proyectos de infraestructura rural, investigación, desarrollo agrícola, pecuario, piscícola y forestal. También orientados a proyectos agro-industriales, agro-forestales y silvopastoriles, que integrarán componentes de crédito, protección ambiental, asistencia técnica y promoción de la inversión privada. 7.8.

Política de desarrollo tecnológico

Se diseñarán y ejecutarán programas dirigidos a fortalecer la investigación y transferencia de tecnología y a consolidar su institucionalidad con el fin de incrementar la productividad, eficiencia y competitividad del sector agropecuario. Los criterios que regirán dichos programas serán el ajuste de los productos y servicios proporcionados a los requerimientos prácticos y efectivos de los productores y a las especificidades regionales, en un marco de cooperación y coordinación intersectorial e interinstitucional articulado con el Sistema nacional de protección y sanidad agropecuaria. Corpoica orientará sus recursos hacia el área eminentemente investigativa y concretará su acción en la formulación de paquetes tecnológicos, poniéndolos a disposición de los productores y de las organizaciones que presten servicios de asistencia técnica y extensión rural. Para financiar los programas de asistencia técnica, el gobierno fortalecerá los mecanismos de subsidio a la demanda, de manera progresiva. 7.9.

Política de in sumos agropecuarios

Se le otorgará prioridad a los proyectos cofinanciados para el control integrado de plagas y la consiguiente transferencia de tecnología espeCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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cialmente en cultivos de ciclo corto, para disminuir costos y mejorar la competitividad. El gobierno nacional adecuará la reglamentación para permitir de manera inmediata la masiva utilización de agroquímicos genéricos, permitiendo que las licencias sanitarias y ambientales expedidas a productos comerciales se extiendan de manera automática a sus componentes genéricos. Con ello se busca la disminución de los costos de producción. 8.

MEDIO AMBIENTE

El objetivo general de la política ambiental es restaurar y conservar áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas y diseñar instrumentos y mecanismos que garanticen un equilibrio entre la oferta y la demanda de los recursos ambientales de la nación, fomentando el desarrollo regional sostenible, en el contexto de la construcción de la paz. Para lograrlo esta política 'se estructura en un Proyecto colectivo ambiental, el cual se desarrolla a través de tres objetivos, que se materializan en siete programas. Los objetivos específicos son: • Conservar y restaurar áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas (agua, biodiversidad y bosques) . • Dinamizar el desarrollo urbano y regional sostenible (calidad de vida urbana y sostenibilidad de los procesos productivos endógenos). • Contribuir a la sostenibilidad ambiental de los sectores (producción más limpia y mercados verdes). El Proyecto colectivo ambiental está estructurado con base en siete programas centrales. La interdependencia entre todos estos programas define una orientación general de política, consistente en el manejo sistémico y concertado del conjunto de acciones del Proyecto colectivo ambiental. Para el desarrollo de estos programas se establecerán los siguientes instrumentos: participación, información, coordinación y articulación del CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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sistema nacional ambiental, gestión ambiental municipal, ordenamiento territorial y planificación, generación de conocimiento y educación, cooperación y negociación internacional, regulaciones e instrumentos económicos y financieros, e instrumentos normativos. La política ambiental considera como su eje articulador al agua; es decir, se sitúa en el punto de confluencia entre la crisis del agua y la crisis social y económica. Por tanto, propicia la búsqueda de soluciones concertadas que permitan frenar el proceso de deterioro de los ecosistemas hídricos, explorar alternativas de convivencia en tomo a los intereses colectivos sobre el agua, e incidir en los niveles locales, regionales y nacionales de toma de decisiones. Para la óptima ejecución de la política ambiental se debe mejorar el nivel de articulación y coordinación de las entidades encargadas de la gestión ambiental, a través de acciones como: el fortalecimiento de los instrumentos financieros mediante la unificación de los fondos ambientales y, en general, promover la adecuación de la institucionalidad ambiental a los recursos y responsabilidades existentes. 8.1.

Programa agua

Se dirige a avanzar en el ordenamiento, manejo adecuado y recuperación de los ecosistemas continentales y marinos; en los primeros, aumentando la capacidad de regulación de agua en las cuencas hidrográficas y, en ambos, promoviendo la eficiencia en su uso, y reduciendo los niveles de contaminación y riesgos. El agua, eje articulador de esta política ambiental, debe también orientar nuestras relaciones fronterizas, mediante el desarrollo de acuerdos binacionales para el manejo integral de las cuencas hidrográficas compartidas. 8.2.

Programa biodiversidad

Este programa tiene por objeto mejorar la conservación y restauración de áreas prioritarias de eco sistemas forestales y no forestales en CAMBIO

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ecorregiones estratégicas y la protección de especies amenazadas y de distribución limitada. Busca, además, fortalecer los sistemas de conocimiento e innovación sobre los componentes y usos de la biodiversidad, y optimizar sus beneficios sociales y económicos, fortaleciendo la capacidad tecnológica, de manejo y negociación por parte del Estado y de la sociedad. Con el fin de garantizar la conservación a largo plazo de los ecosistemas naturales se hace necesario el establecimiento de nuevas áreas protegidas en regiones como la Orinoquia y la Región Andina, así como el fortalecimiento de las existentes en la Amazonia y el Pacífico. Adicionalmente, se hace necesario fortalecer la capacidad para la conservación de componentes importantes -por su amenaza o uso potencial- en colecciones vivas como bancos genéticos, jardines botánicos, zoológicos y acuanos. La conservación de las áreas del Sistema de parques nacionales naturales se llevará a cabo bajo criterios de unidad en el manejo integral del sistema y lineamientos de política nacional en materia de áreas protegidas. La administración de estas áreas seguirá esquemas de coordinación, articulación intersectorial y concertación interinstitucional en el ámbito nacional, regional y local con el objeto de ejecutar una política integral de conservación de estos ecosistemas, teniendo en cuenta su importancia desde el punto de vista ecológico y social por su coincidencia con núcleos de conflictividad, marginalidad social, presencia de cultivos ilícitos, aprovechamiento ilegal de recursos naturales, exclusión étnica, conflictos de uso y ocupación, y fenómenos de violencia. Adicionalmente, es fundamental garantizar la conservación a largo plazo de los eco sistemas naturales y el establecimiento de áreas protegidas en la región Caribe. Se adelantará el Plan Siembra de la Alcaldía de Medellín cuyo objetivo general es desarrollar programas de reforestación, que contribuyen al

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mejoramiento de las condiciones ambientales y del entorno de la ciudad y que generen nuevas fuentes de empleo, mediante la ejecución de acciones coordinadas entre entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y la comunidad en general. La investigación, utilización y la distribución de los beneficios derivados de la biodiversidad, así como el uso de los recursos genéticos del país deberá tener como soporte una legislación específica y aplicable, respecto a su conocimiento, uso y conservación. A nivel puntual es indispensable garantizar a través de estos desarrollos legislativos, la propiedad intelectual que las comunidades indígenas, negras, raizales y campesinas en general tienen sobre el uso de la biodiversidad, con especial énfasis en aspectos curativos y medicinales de plantas y animales. Para ello en apoyo al desarrollo de la política ambiental del país, se propondrá al Congreso de la República un paquete legislativo sobre derechos de propiedad de comunidades nativas, que se articulará a los desarrollos complementarios propuestos a la ley 29 de 1990 con provisiones sobre propiedad intelectual. 8.3.

Programa bosques

Sus esfuerzos están orientados a avanzar en la conservación y restauración de áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas. En este contexto, busca promover e incentivar la acción conjunta del Estado y la sociedad civil en la conservación y el uso sostenible de los bosques, la reforestación, la restauración ecológica y el establecimiento de plantaciones productoras que generen beneficios económicos y sociales a la población. Busca igualmente fortalecer su incorporación a la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Para desarrollar el objetivo específico de dinamizar el desarrollo urbano y regional, se estructuran los siguientes dos programas:

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8.4.

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Programa sostenibilidad de los procesos productivos endógenos

Tiene por objeto impulsar y fomentar el uso sostenible de la diversidad biológica y el patrimonio cultural en los procesos de conservación, con criterio de gestión empresarial, para beneficio económico y social de las regiones, como estrategia para el fortalecimiento del desarrollo endógeno regional. Igualmente, tiene por objeto apoyar y fomentar especialmente los proyectos de servicios turísticos que tengan como finalidad la promoción del conocimiento y uso sostenible de la diversidad biológica. 8.5

Programa calidad de vida urbana

Se dirige a prevenir y controlar los factores de deterioro de la calidad ambiental en las áreas urbanas de mayor dinámica poblacional y económica; adoptar modelos de desarrollo urbano sostenibles, acordes con las condiciones particulares de los asentamientos humanos, atender las necesidades ambientales colectivas y proteger y consolidar su capital natural. 8.6.

Programa producción más limpia

Se dirige a promover la producción más limpia en los sectores dinamizadores de la economía y con mayor impacto ambiental, entre los cuales se destaca de manera especial la minería, y en segundo lugar, sectores como el energético, el industrial, el turístico, el agropecuario, y el de construcción. Se dirige igualmente a incorporar la dimensión ambiental en el desarrollo de la infraestructura nacional y en el crecimiento de los sectores de la economía, con miras a promover su sostenibilidad. 8.7.

Programa mercados verdes

Está dirigido a incentivar la producción de bienes y servicios ambientalmente sanos y a incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales, garantizando el reconocimiento de los derechos intelectuales y del país de origen respeciivos.

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JUSTICIA

El objetivo principal de la política estará dirigido hacia la generación de acciones que faciliten el acceso a la justicia, potencien la generación de patrones de convivencia y establezcan mecanismos para la prevención, atención y control de los factores asociados con la presentación de hechos punibles y el desarrollo de violencia. Con este propósito se adelantarán programas tanto de justicia formal como de justicia no formal. En el contexto de la recesión económica especial importancia ha de darse a los acuerdos preconcursales que permitan que se resuelvan los conflictos entre deudores y acreedores antes de iniciarse un trámite concursal. 9.1.

Modernización y desarrollo de la infraestructura física

El objetivo principal del programa está dirigido a la modernización de la gestión pública a través de la inversión en infraestructura física. Por esta razón, se orientarán recursos de inversión a la construcción de las sedes de los despachos judiciales y de la administración de justicia en las cabeceras de circuito o de distrito considerados prioritarios. 9.2.

Modernización y desarrollo de la infraestructura tecnológica

Los esfuerzos de este programa estarán orientados a la modernización de la gestión pública a través de la inversión en medios tecnológicos. Con este propósito se adecuarán los recursos de infraestructura y tecnología a las nuevas propuestas de organización de los despachos judiciales y de la administración de la justicia. Entre otros objetivos específicos del programa se encuentra el establecimiento de esquemas de organización de la gestión y la adecuación de las plantas de personal a través de modelos diseñados para el efecto.

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9.3.

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Sistema carcelario y penitenciario

A través de este programa se busca atender de manera integral la población reclusa en el proceso de administración de la pena. Se pretende el cambio de actitud hacia el recluso teniendo en cuenta a la persona, sus condiciones, necesidades, capacidades, derechos y obligaciones, dentro de un marco humanizante y dignificante de trato al infractor de la ley, que le permita valorar en el espacio carcelario sus potencialidades. Se buscará la atención integral a la población reclusa estimulando el desarrollo progresivo de sus valores tanto individuales como sociales; mejorándole su autoestima y permitiéndole actuar au .ónomamente, facilitándole la construcción de una vida personal y social de verdadera convivencia humana que asegure su bienestar y el de su familia. Se diseñarán y ejecutarán acciones tendientes a la atención social y a la estructuración de un programa de atención en salud; a la capacitación laboral; a la reestructuración y al fortalecimiento de la empresa de economía mixta -Renacimiento-, a fin de transformarla en el eje central de la selección, formación y ocupación de la mano de obra en los centros de reclusión, con miras al desarrollo progresivo de los valores y habilidades de la población reclusa, por medio del trabajo formativo y la educación. Conforme al Plan de construcción y refacción carcelaria, el cual hará parte integral del Plan Nacional de desarrollo, se avanzará en el logro de espacios adecuados que garanticen a los reclusos condiciones de vida digna, para lo cual se tendrán en cuenta aspectos tales como: diferenciación entre condenados y sindicados; edad, sexo, peligrosidad, etc. Para tal efecto se creará el Fondo de infraestructura carcelaria. Se diseñará y coordinará con el ICBF y los gobiernos municipales la ejecución de programas de protección y atención integral para los niños, hijos de los reclusos que al momento de la pérdida de su libertad hayan estado ejerciendo como cabezas de sus núcleos familiares. CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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10.

GOBIERNO

10.1.

Estrategias para la prevención y atención de desastres

10.1.1.

Conocimiento sobre amenazas de origen natural yantrópico

283

Las diferentes entidades que conforman el Sistema nacional para la prevención y atención de desastres, SNPAD, y las entidades técnicas y científicas integrantes del Sistema nacional de ciencia y tecnología adelantarán investigaciones y evaluaciones de amenazas naturales, e instalarán y consolidarán redes y sistemas de detección y alerta, para informar a los comités locales y regionales y para organizar a la comunidad con base en la información suministrada. Este programa incluye los siguientes subprogramas: instalación y consolidación de redes; procedimientos y sistemas de detección y alerta para la vigilancia y aviso oportuno para la población, y evaluación de riesgos. 10.1.2.

Incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la planificación

Los subprogramas previstos para el desarrollo de este programa son: incorporación de criterios preventivos y de seguridad en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial; inventario y manejo de asentamiento s humanos y de infraestructura localizados en zonas de riesgo; y, articulación de la política ambiental y de prevención de desastres. 10.1.3.

Fortalecimiento del desarrollo institucional del sistema para la prevención y atención de desastres

Se estudiarán e implementarán medidas para fortalecer la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres para mejorar su capacidad de coordinación del SNPAD. Se promoverán acciones de fortalecimiento institucional de las entidades y comités regionales y locales, que intervienen en el SNPAD. Este CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ·

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programa incluye los siguientes subprogramas: fortalecimiento de las entidades nacionales y regionales técnicas y operativas del SNPAD; fortalecimiento de los comités regionales y locales de prevención y atención de desastres; medidas de protección y contingencia en obras de infraestructura; desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia; diseño de mecanismos eficientes y de tratamiento preferencial de proyectos de reconstrucción; Sistema integrado deinformación para la prevención y atención de desastres. 10.1.4.

Socialización de la prevención y mitigación de riesgos

Las entidades públicas y privadas, los organismos no gubernamentales y la sociedad civil comprometidos en el Plan nacional de prevención y atención de desastres participarán activamente en la ejecución y desarrollo de los siguientes subprogramas: Información pública para la prevención, mitigación y reacción adecuada de la comunidad en caso de riesgo y desastre; incorporación de los conceptos de prevención de desastres, mitigación de riesgos y protección ambiental en la educación formal y no formal; desarrollo de un Sistema nacional de capacitación de funcionarios y capacitadores comunitarios y desarrollo de actividades con las organizaciones de la sociedad civil. 10.2.

Programas para la desmovilización

El Programa para la desmovilización busca generar espacios propicios para la reconciliación entre los colombianos mediante la promoción de metodologías y la creación de una nueva cultura de solución pacífica de los conflictos. Incluye el apoyo necesario a los desmovilizados de las organizaciones armadas que han suscrito acuerdos de paz desde 1990 y a quienes de manera individual han hecho dejación de armas y se han reincorporado a la vida civil.

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11.

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ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A ZONAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO

Puesto que los programas en este campo están dirigidos a crear condiciones que le den viabilidad a la consecución de la paz y a garantizar su sostenibilidad en el largo plazo, dentro de sus objetivos se contemplan inversiones simultáneas en diferentes sectores, tanto a nivel rural como urbano, y en particular, en aquellas áreas más afectadas por las dinámicas del conflicto y la violencia. En ese sentido, no es conveniente separar o fragmentar los programas de acuerdo con sus acciones en diferentes áreas pues su efecto, en términos de la generación de condiciones para reducir la violencia dependerá, en gran medida, de su capacidad para integrar aspectos de la política social como, por ejemplo, la atención humanitaria de emergencia o la construcción y fortalecimiento del capital humano y social, con inversiones dirigidas a promover el desarrollo de actividades económicas o productivas tales como infraestructura o fortalecimiento de la organización empresarial, entre otros. 11.1

Plan Colombia

11.1.1.

Proyectos productivos participativos (rural)

Para facilitar el desarrollo de actividades económicas que proporcionen a la población alternativas para mejorar el nivel de ingreso y su calidad de vida, se busca fortalecer la organización empresarial comunitaria e incrementar la productividad y competitividad para poder competir en los mercados nacional e internacional. Lo anterior incluye capacitación productiva, agropecuaria, agroturística, agroindustrial y administrativa, de acuerdo con las necesidades particulares de cada región y producto. 11.1.2.

Atención humanitaria y promoción y protección del capital humano

Se busca reconocer y atender a la población víctima de la violencia y fomentar el desarrollo del potencial de los ciudadanos, como individuos y como comunidad, que les permita ser productivos económica y socialCAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ •

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mente. Involucra, de una parte, acciones de atención humanitaria a víctimas de la violencia para mitigar las pérdidas causadas por ésta, asistencia alimentaria, refugio, salud y saneamiento básico; y de otra, la atención a la población desplazada en temas como, cuantificación y cualificación de la población, atención de emergencias, prevención, retorno y reubicación. 11.1.3.

Desarrollo institucional y fortalecimiento del capital social

Busca alterar los patrones de comportamiento a través de los cuales se desarrolla y reproduce la violencia, fortaleciendo la acción de organizaciones locales en temas de paz, resolución de conflictos y violencia intrafamiliar, entre otros. Apoyará el fortalecimiento de ONG locales, nacionales o internacionales que involucran a la comunidad de manera directa en el tratamiento de los efectos de la violencia en niños, jóvenes y discapacitados, y en los comportamientos aprendidos en relación con la resolución violenta de los conflictos. 11.1.4.

Infraestructura para la paz

Promoverá el desarrollo de proyectos de infraestructura que permitan comunicar y viabilizar económica y socialmente las actividades productivas, mejorar la calidad de vida de la población y desarticular de los factores socioeconómicos que refuerzan la violencia. Identificará las necesidades de construcción, rehabilitación y mantenimiento de proyectos de redes secundarias y terciarias, vías fluviales, electrificación rural, e infraestructura social en zonas críticas de violencia, que además son indispensables para asegurar el éxito de los proyectos productivos participativos. Para el desarrollo de este subprograma, fue creado mediante ley 487 de diciembre de 1998 el Fondo de inversión para la paz como principal instrumento de financiación, a través de recursos públicos, contribuciones privadas, créditos externos y donaciones de organizaciones y go-

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biemos amigos, para programas y proyectos estructurado s que promuevan aspectos tales corno el desarrollo del sector agropecuario y la preservación del medio ambiente, proyectos productivos de reforma agraria, planes de desarrollo para las zonas de reserva campesina, el fortalecimiento de la sociedad civil en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la violencia, el desarrollo de la infraestructura en estas mismas zonas, la reinstitucionalización de la justicia y la recuperación de la seguridad, así como una agenda política de negociación con los grupos armados. 11.1.5.

Promoción de la sostenibilidad ambiental

Busca generar beneficios sociales en las comunidades de zonas afectadas por el conflicto, de forma que por medio de la provisión de bienes y servicios ambientales, se pueda dinamizar el desarrollo regional, con énfasis en la generación de empleo y mayores niveles de ingreso. En este sentido, se contemplan acciones del programa de sostenibilidad de procesos productivos endógenos de la política ambiental del Plan, el desarrollo de proyectos de aprovechamiento sostenibles de los bosques, reforestación mediante plantaciones productoras-protectoras, proyectos silviculturales y la promoción del ecoturismo, especialmente en las áreas protegidas del nivel (sic) nacional, regional o municipal. El propósito es que todos estos proyectos involucren a la población de las áreas ambientalmente estratégicas, áreas protegidas y zonas de amortiguación. Igualmente, se busca generar beneficios en otras zonas que por su potencial turístico natural y cultural, permiten la obtención de este tipo de bienes y servicios. 11.2.

Políticas de paz y convivencia ciudadana

11.2.1.

Programa de convivencia y seguridad ciudadana

Desarrolla estrategias de lucha contra la violencia en zonas urbanas, bajo una doble orientación: por una parte, políticas de control de la criminalidad y las expresiones violentas y por otra parte, políticas con mayor

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énfasis en la prevención de la violencia y en el desarrollo de códigos de convivencia y mecanismos alternativos de resolución de conflictos en las ciudades, entre otros. 12.

DEFENSA Y SEGURIDAD

El objetivo central del sector defensa y seguridad del país es contribuir a la consolidación de un entorno de seguridad y confianza ciudadana como base para una paz justa y duradera, que sea el cimiento del desarrollo social y económico. Con ello se pretende fortalecer al estamento militar y de policía, con el fin de reafirmar el pleno ejercicio de la autoridad y el imperio de la ley y afianzar la legitimidad del Estado. Asimismo, se busca consolidar un sistema de convivencia ciudadana y seguridad pública, de manera tal que se pueda actuar sobre el crimen en forma eficaz. Para alcanzar este objetivo central se trabajará en los siguientes objetivos específicos: • Incrementar los niveles de efectividad de las operaciones de la fuerza pública. • Neutralizar y desestabilizar la capacidad de los grupos e individuos al margen de la ley. • Mantener una capacidad disuasiva, real y creíble, frente a amenazas externas. • Disminuir los índices de delincuencia. Estos objetivos se pretenden alcanzar con una organización altamente capacitada para conducir con eficacia y eficiencia las operaciones. En este sentido, la movilidad y el apoyo táctico se consideran de vital importancia, en la medida que se incrementa la capacidad de combate de las fuerzas, dotándolas de los equipos y medios necesarios, como es el caso de la adquisición de helicópteros artillados.

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