Carta del Expresidente Andrés Pastrana al Presidente Juan Manuel Santos

ANDRÉS

PASTRANA

ARANGO

Junio 5 de 2015

Doctor Juan Manuel Santos Presidente de la República Ciudad

Apreciado Señor Presidente: Al aceptar su invitación a participar en la Comisión Asesora de Paz, lo hice con el interés de aportar a la construcción del bien supremo de la paz y si bien es cierto que existen diferencias frente a aspectos de su gobierno, la búsqueda de la paz está por encima de ellas.

Su convocatoria me obliga también a expresarle con franqueza, con respeto y con ánimo constructivo mis opiniones sobre el proceso, en especial en momentos como el actual, en los que se requieren alternativas que permitan sacarlo del estancamiento en que se encuentra.

En Colombia llevamos años construyendo la paz. Dejar atrás el conflicto implica retos difíciles y mega-decisiones que requieren el aporte de todos los colombianos. Yo como Presidente de Colombia me la jugué por la paz y por el fortalecimiento de nuestro Estado.

Con aciertos y con errores, en mi gobierno se adelantó el más grande esfuerzo por la paz y por fortalecer las instituciones, en especial la justicia y las fuerzas armadas.

Hoy sigo siendo un convencido de la solución negociada, bajo el presupuesto básico de que la paz se logra si hay justicia, si la verdad se conoce, si el estado se fortalece y si los compromisos internacionales se cumplen.

Sin Justicia no hay paz posible - El problema de la justicia transicional No hay paz perfecta ni proceso de paz sin obstáculos que vencer. El estancamiento del actual proceso se origina en las enormes diferencias que se han planteado en torno al tema de la justicia y la impunidad.

Frente a la abismal diferencia que existe entre la posición del Estado y la de las FARC, no podemos seguir pensando en cual sería la fórmula aceptable para las FARC, sino que por el contrario debemos pensar en cual es la fórmula aceptable para la sociedad. Para esto, es indispensable llegar a un consenso mínimo entre quienes estamos de "este lado de la mesa".

Sin justicia real no habrá paz real. Ya es momento de resolver el dilema acerca de cuanta justicia permite la paz vs cuanta paz permite la justicia real. Ese dilema solo se resuelve mediante el consenso de este lado la mesa. Una vez resuelto, será "todo este lado de la mesa" el que lo presente a la Guerrilla y así ellos tendrán que decidir si aceptan o no el planteamiento de una sociedad unida.

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No podemos caer en la incongruencia de pensar que la paz todo lo justifica y que por lo tanto el derecho es el obstáculo para la paz. Por el contrario, solo con aplicación de las normas y de la justicia se logra la paz de verdad. La paz "in-justa" no sería paz real. La paz justifica flexibilidad, pero no permite "in-justicia".

Esta flexibilidad no puede lIevarnos a que los intereses de las FARC primen sobre la necesidad de justicia que tiene la sociedad. Tendremos que ser imaginativos, pero el límite de la imaginación lo determina el bien superior de la justicia. Toda justicia, incluso la justicia transicional, tiene que diferenciar según el sufrimiento y el daño que se hizo. Toda flexibilidad, por necesaria y deseable que sea, encuentra límites en los crímenes de lesa humanidad yen las atrocidades que marcan la memoria colectiva de nuestra nación.

Al final, como bien lo dijo uno de los más eminentes profesores de derecho en Alemania, se trata de lograr un acuerdo de paz con "sabor de justicia y aroma de dignidad".

Hoy el escenario para hacer la paz es distinto y los avances del derecho penal internacional nos imponen condiciones diferentes a las que existían en los anteriores intentos de paz. Las FARC tuvieron varias oportunidades de firmar la paz, pero ellos mismos decidieron seguir por el camino de la guerra. Entre tanto, el mundo y el país cambiaron y hoy la paz pasa primero por la justicia, concepto que años atrás no era tan categórico.

Colombia ha construido durante años toda una serie de normas "para hacer la paz". Pocos países en el mundo tienen un marco jurídico tan completo en esta materia. Este marco normativo ha sido complementado con instrumentos legales internacionales entre los que sobresalen los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales y el Estatuto de Roma, los cuales hacen parte de nuestro bloque de Constitucionalidad, de obligatorio cumplimiento.

Igualmente tenemos que ser consientes de los tratados que exigen una reacción responsable a graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, una reacción que haga justicia a las víctimas. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos brinda una orientación que merece una pausada reflexión.

En la Justicia transicional que diseñemos, no se trata de darle a las FARC la impunidad que ellas pidan. Tampoco se trata de ir al extremo de castigarlos con la máxima pena existente.

Se trata de pensar en lo que sus víctimas y la sociedad estarían dispuestos a ceder a cambio de la paz.

Si por lograr el acuerdo de paz con las FARC sacrificamos la justicia reclamada por la sociedad, aceptando que la justicia solo alcance hasta donde la paz lo permita, las victimas y la sociedad quedarían con la sensación de un acuerdo "injusto" y esto haría que el perdón fuese insuficiente y la paz sería irreal.

Una primera "línea roja" del diseño de esta justicia de transición, tiene que ver con las bases y principios del nuevo derecho penal internacional. Ese es un marco del cual no podemos salimos.

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Una segunda línea roja hace referencia al concepto mismo de la justicia transicional. Esta no puede confundirse con impunidad o con ausencia de justicia, tal como lo han dicho altos funcionarios de la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Bien es sabido que cuando se habla de justicia transicional, se parte de una base simple: primero es justicia y después es transicional. Esto significa, que obligatoriamente tiene que darse la aplicación "efectiva" de un nivel de justicia que satisfaga a la sociedad y no a las FARC, pues ellas son las responsables del daño a la sociedad.

Una tercera línea roja de la justicia transicional debe ser la verdad! No una verdad a medias ni una verdad a cuenta gotas como sucedió con los paramilitares. Debe ser una verdad sobre los hechos violentos cometidos, los desaparecidos, los vínculos de las FARC con los narcotraficantes, los dineros ilegalmente obtenidos, la ubicación de las minas sembradas, los nexos con otros grupos ilegales nacionales o con grupos terroristas extranjeros, todo sobre el mercado de las armas, vínculos con políticos o cualquier otro hecho que revista importancia.

Sin verdad, no puede aceptarse la aplicación de una justicia de transición. Sin verdad, la misma sociedad va a ser más drástica frente a las exigencias de justicia y sin verdad no podrá haber perdón, así la verdad duela.

En esta materia resultará trascendental la "Comisión de la Verdad" que se esta anunciando.

Esta comisión tendrá una de las labores más importantes del proceso y sería deseable que en ella estuviesen representados todos los sectores de la nación y desde luego que incluya a todos los partidos políticos. Así mismo, debe buscar toda la verdad sobre los hechos atroces cometidos por las FARC, y no pensar de manera etérea en buscar la verdad de otros asuntos.

Si estas "líneas rojas" se aplican, puede resultar viable que el tipo de pena sea diferente a la tradicional, como por ejemplo una detención extraterritorial y extramural, con algún novedoso mecanismo de supervisión internacional confiable. También puede analizarse la posibilidad de una veda política temporal a manera de sanción para que así la participación en política sea después de pasado un tiempo en el que la sociedad perciba los beneficios de la paz.

Mucho se ha hablado de las zonas de reserva campesina. Estas pueden convertirse en una opción para que durante un periodo de "carencia" los guerrilleros que firmen la paz puedan permanecer allí, con supervisión internacional confiable, sin capacidad para participar en política electoral, desde luego sin armas, sin la autonomía pretendida y bajo el imperio de nuestra Constitución. Ese periodo de carencia sería una etapa de transición que le permitiría a la guerrilla y a la sociedad adaptarse a la nueva circunstancia de la paz, cumpliendo con el reclamo de justicia.

No se trata de un encarcelamiento tradicional ni de una libertad plena con impunidad. Es una "forma y un periodo de transición" para que ambas partes se adapten a la nueva situación de paz. Sería un periodo para que el alma de todos se apacigüe y cambie y los valores se replanteen.

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Vale la pena también considerar seriamente la idea de una ley que estipule que la flexibilidad de una justicia transicional no se concederá para delitos cometidos después de una fecha determinada. Esta fecha no puede ser posterior a la firma de un acuerdo de paz. Quien o quienes continúen, después de tal fecha, secuestrando, asesinando o cometiendo delitos, no puede contar con los beneficios de una justicia transicional.

No soy amigo ni creo que sea viable una ley de punto final o un sistema de justicia transicional para no combatientes que tenga como efecto el perdón y olvido como se desprende de la propuesta del ex Presidente Gaviria. El "indulto" propuesto a los no combatientes no es sano, ni viable y tampoco acoge el principio de igualdad. Si un ciudadano, financió grupos ilegales o pactó con ellos apoyos políticos, debe ser juzgado bajo el sistema ordinario de justicia, en el cual si alguien confiesa sus delitos, coopera con la justicia y repara a las víctimas también obtiene beneficios importantes que pueden reducir considerablemente la pena.

Aplicar la justicia transicional a quienes desde el Estado actuaron indebidamente es aceptar que el Estado colombiano era fallido y que por lo tanto, de alguna manera, la rebelión contra el sistema era justificada, cosa que resulta imposible de aceptar.

No podemos llegar a estas alturas de la historia del país aceptar que los verdaderos falsos positivos, la narco política y la para política sean tratados bajo un marco de justicia transicional. El enorme esfuerzo de nuestra Justicia por castigar a los más altos responsables de mancillar abiertamente la democracia pactando con los narcos o los paramilitares, estaría siendo desconocido y mandaríamos una señal errónea y desconsoladora a todos los empresarios, miembros de la sociedad civil o jueces que han respetado nuestras normas por encima de cualquier consideración y que sin duda son la enorme mayoría de los colombianos.

El caso de los militares es distinto. A ellos nuestra Constitución les ha dado el uso de la fuerza como un mandato y nuestra propia Constitución los protege en sus actuaciones legítimas pero los castiga en las ilegítimas.

Coincido con quienes afirman que a las fuerzas militares y de policía debemos "blindarlas" en un eventual post conflicto. A ellos no solo hay que darles palmaditas en la espalda y agradecimientos. Hay que darles todas las seguridades institucionales nacionales e internacionales para que estén protegidos por sus actuaciones legítimas.

Con estas breves reflexiones espero aportar algunas ideas iniciales en el propósito de encontrar los caminos que permitan llevar a buen puerto el proceso de paz que se adelanta.

Cordialmente,

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Expresidente de la República

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