Revista PI by ANEPI

Tratado de Marrakech favorece a personas ciegas y con discapacidad visual u otras discapacidades que les impide la lectura

Nº 1, Junio 2014

Andrés Ycaza, hombre clave para el país en el tema de propiedad intelectual Riesgos para el acceso a medicamentos, en la negociación comercial entre Ecuador y la Unión Europea

CNCine, siete años de fomento ecuatoriano

IEPI - Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual Andrés Ycaza Mantilla Juan Fernando Salazar Lilian Carrera González

es una publicación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual con la colaboración editorial de la Agencia de Noticias Especializada en Propiedad Intelectual (ANEPI).

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IEPI Ecuador +(593) 02 394 0000

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Índice editorial

Una muestra de nuestro atraso Se ratificó el

especial

Tratado de Marrakech que favorece a personas ciegas y con problemas para leer

perfil

Andrés Ycaza, hombre clave

para el país en el tema de propiedad intelectual

reportaje

Licencias Obligatorias, un instrumento soberano para las políticas en salud pública

Tres Licencias Obligatorias emitidas colaboración

Riesgos para el acceso a medicamentos en la

negociación comercial entre Ecuador - Unión Europea

crónica

Antes y después del proceso de regularización propiedad intelectual y cultura

CNCine, siete años ininterrumpidos de fomento al cine ecuatoriano El Estado y SAYCE garantizan la protección del Derecho de Autor entrevista

Julio Raffo, el derecho autoral, ¿a quién beneficia,

a quién debería beneficiar?

Leslie Jarrín, el software libre desde una perspectiva de soberanía nacional actualidad

SENESCYT presentó una wiki sobre Código Orgánico

de Economía Social del Conocimiento y la Innovación

conocimiento libre y abierto

FLOK Society, estrategias para la apertura y socialización del conocimiento Ecuador, referente del conocimiento común y abierto propiedad intelectual y soberania

Casos exitosos de defensa contra La historia del acuerdo

biopiratería

artículos especializados

ADPIC y los cuidados que los países deben tener Universidad y patentes

Veinte años del Tratado

internacional

de Libre Comercio de América del Norte

6 8 12 16 19 21 26 29 31 36 39 44 46 48 52 56 60 64

ANEPI - Agencia de Noticias Especializada en Propiedad Intelectual Luis Dávila Loor Francisco Ordóñez Andrade Juan Carlos Mendizábal Gonzalo Ponce Leiva Esteban Zapata María Augusta Álvarez Priscila Mancero

Director General Editor General Gerente de Proyecto Productor Ejecutivo Redactores

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Productores

Diseño y Diagramación

editorial

Una muestra

de nuestro atraso E

l Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ofrece asistencia a los solicitantes que buscan protección internacional por patente para sus invenciones. Al presentar una solicitud de patente internacional según el PCT, los solicitantes tienen la posibilidad de proteger su invención a nivel mundial en 148 países. Al revisar los datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI– sobre las solicitudes de patentes presentadas en 2012, se pueden sacar conclusiones que dan cuenta del porqué de las diferencias abismales entre unos países y otros. De acuerdo a las solicitudes PCT (patentes) presentadas en el año 2012 en los cinco principales países de ingresos medios de cada región geográfica, en América Latina Ecuador ocupa el quinto lugar. Brasil presentó 587

solicitudes de patentes, México 190, Chile 118, Colombia 73 y Ecuador 45. Esto significa que Brasil presentó ese año 13 veces más solicitudes de patentes que Ecuador, México 4,2 veces más, Chile 2,6 veces más y Colombia 1,6 veces más. El consuelo de Ecuador es que, en 2012, el resto de países de América Latina presentaron menos solicitudes de patentes. Consuelo que, por supuesto, sirve de poco o nada. Si en el plano regional Ecuador presenta una gran desventaja, en comparación con otros países es aún peor. China fue el país que más solicitudes de patentes presentó: 18 627. En otras palabras, ese país asiático, sacó en 2012 una ventaja de 414 veces sobre Ecuador. Esta información es aún más desventajosa para Ecuador en los años anteriores a 2012. En 2011, el país presen-

tó solo 33 solicitudes de patente, en 2010, también 33, y en 2009 y 2008, cuatro solicitudes de patente cada año. En la base de datos estadísticos de la OMPI, dentro de las 50 primeras empresas con más solicitudes de patente todas son asiáticas, europeas o de los Estados Unidos de Norteamérica. No figura una sola empresa latinoamericana. La empresa que ocupó el primer lugar en el mundo en presentar solicitudes de patentes en 2012 fue ZTE Corporation de China, con 3906 solicitudes (aunque en 2013 bajó al segundo lugar). Sumadas las solicitudes de Brasil, México, Chile, Colombia y Ecuador, da un total de 1013 en ese año, dato menor al presentado por la Mitsubishi Electric Corporation, de Japón, que al haber presentado 1042 solicitudes, en 2012 ocupó el décimo segundo lugar dentro del ranking de las empresas. Todo lo presentado por

los cinco países latinoamericanos es menor a la cantidad de solicitudes de patentes que en ese año presentaron seis universidades de los Estados Unidos. Si bien patentar el conocimiento puede ser un hecho cuestionado desde el punto de vista moral, el mundo en el que se patentan los inventos es el que habitamos. Ecuador tiene una enorme biodiversidad en su territorio; sin embargo, no la aprovecha. Las universidades y empresas públicas y privadas tienen que invertir con fuerza en investigación. Muchísimos ingredientes activos de plantas medicinales, por ejemplo, podrían ser patentados a nivel mundial. La generación, producción y venta de esos productos ayudarían al tan ansiado cambio de la matriz productiva. Luis Dávila

junio 2014

especial

Se ratificó el

Tratado de Marrakech

que favorece a personas ciegas y con discapacidad visual u otras discapacidades que les impiden la lectura

¿¿

Qué siente una persona ciega al no poder leer los libros que otros leen? ¿Por qué históricamente las personas no videntes han sido excluidas de la lectura? ¿Acaso, por tener problemas visuales tienen menos derechos? Para superar esta discriminación y facilitar el acceso de las personas ciegas o con problemas para leer a la lectura, se ha firmado a nivel mundial el Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech es un esfuerzo mundial por incluir a las personas no videntes, con discapacidad visual o con otras dificultades para que tengan acceso a las letras, a los libros. Fue adoptado en una Conferencia diplomática convocada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) en Marruecos, el 27 de junio de 2013. En este evento participaron más de 600 negociadores procedentes de los 186 Estados miembros de la OMPI. Para festejar la adopción de este Tratado, el cantante Stevie Wonder viajó hasta Marruecos el 28 de junio del

2013 y, en nombre de la comunidad ciega internacional, expresó su regocijo. En la segunda semana de mayo de 2014, nuevamente se dieron cita los países de la OMPI para ratificar este instrumento internacional justo, necesario e incluyente. Los países signatarios están exigidos a adoptar disposiciones en sus legislaciones nacionales que permitan la reproducción, la distribución y la puesta a disposición de personas que sufren estas discapacidades de obras publicadas en formato accesible, contemplando con ese fin limitaciones y excepciones a los derechos de los titulares de obras protegidas por derecho de autor. En palabras más sencillas, los países se preocuparán de establecer leyes para que, sin la autorización del titular del derecho de autor, se reproduzcan obras, por ejemplo, en lenguaje braille, en letra grande, en audio-libros u otros formatos que las personas que tengan problemas en la vista o que, por otra discapacidad física, no pueda sostener o manipular un libro, puedan tener acce-

Momento en que se aprobaba en la OMPI el Tratado de Marrakech

so a esas obras. Esas obras reproducidas así podrán suministrarse a los beneficiarios por cualquier medio, incluido el préstamo no comercial o mediante la comunicación electrónica por medios alámbricos o inalámbricos. Una de las condiciones es que no haya ánimo de lucro. El Tratado de Marrakech también prevé el intercambio transfronterizo de obras en formato accesible entre organizaciones que estén al servicio de las personas que son ciegas, que tienen discapacidad visual o padecen otras dificultades de acceso al texto impreso. El tratado armonizará las limitaciones y excepciones de modo que esas organizaciones puedan trabajar sin obstáculos fronterizos. Un éxito del IEPI a nivel mundial en temas de inclusión El Tratado de Marrakesh fue la culminación de años de trabajo. Las negocia-

ciones en la OMPI cobraron fuerza tras la adopción en 2006 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que establece (artículo 30) que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no deben constituir una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales. Para Ecuador tiene especial significación, pues fue su delegación la que propuso este acuerdo. Andrés Ycaza, director ejecutivo del IEPI hace un recuento de esta historia: “El Ecuador fue el país que propuso este tratado a nivel internacional en el seno del Comité de Derecho de Autor de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI. El IEPI, haciendo caso a una petición de muchos años que había realizado la Organización Mundial de Ciegos, tomamos el Tratado

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Pablo Lecuona, de la Unión Latinoamericana de Ciegos, en Marrakech 2013

como nuestro y lo presentamos dentro del seno del SCCR. Al principio se sumaron tres países, Brasil, Paraguay y Uruguay, en la misma lucha que Ecuador estaba realizando. Luego se fueron sumando muchos más países y, hoy en día, vemos que esta propuesta que fue realizada por un país en desarrollo, primer tratado que en vez de generar más derechos de propiedad intelectual genera limitaciones y excepciones a derechos existentes en favor de la lectura, el conocimiento y la educación”. ¿A cuántas personas beneficiará el Tratado de Marrakesh? En el mundo viven más de 285 millones de ciegos y personas con discapacidad visual, el 90% de ellos en países en desarrollo. Según la Unión Mundial de Ciegos, menos del 5% del millón de libros que se publican cada año en el mundo se ponen a disposición de las personas con discapacidad visual en formatos accesibles. Antes del Tratado de Marrakech, según la OMPI, solo 60 países contemplaban en su legislación nacional sobre dere-

cho de autor cláusulas sobre limitaciones y excepciones especiales en favor de las personas con discapacidad visual, por ejemplo, para las versiones en braille, caracteres grandes o audio digital de los textos protegidos por derecho de autor. Sin embargo, debido al carácter territorial del derecho de autor, esas exenciones no se podían aplicar a la importación o exportación de las obras convertidas en formatos accesibles, aún entre países con normativas similares. Las organizaciones de cada país debían negociar licencias con los titulares de los derechos para el intercambio transfronterizo de las obras en formatos especiales o producir sus propios materiales, una actividad muy costosa que limitaba seriamente el acceso de las personas con discapacidad visual a las obras impresas de todo tipo. Ahora, con el Tratado de Marrakech, esos problemas podrán ser superados, beneficiando así a los 285 millones de ciegos y personas con discapacidad visual que hay en el mundo. El Tratado ha entrado en vigor una vez que ha sido

ratificado por los Estados miembros que están de acuerdo en quedar vinculados por sus disposiciones. El Tratado de Marrakech desde la perspectiva de un no vidente Pablo Lecuona es secretario de Tecnología de Acceso a la Información de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Nació en Argentina y radica en ese país. Desde niño perdió la perdió la vista y, a pesar de que su familia tenía posibilidades, conoció lo que significa la exclusión a la lectura que sufren los ciegos y las personas con discapacidades en la visión. Por eso, Pablo Lecuona fue una de las personas que desde hace años bregó para que hubiera un instrumento internacional que posibilitara la producción y distribución de obras para ciegos y personas con discapacidad para la lectura. Ahora que la OMPI ha ratificado el Tratado de Marrakech, que pone excepciones al derecho de autor cuando se trata de producir audio libros, o libros en lenguaje braille u otros formatos para gente con discapacidad en la visión, y que permite su distribución transfronteriza, Pablo Lecuona, desde Argentina hace un análisis sobre el tema para ANEPI: “La negociación ha sido muy ardua. Pero el resultado es tremendamente importante. Que el Tratado entre en vigencia significa la posibilidad de poder mejorar profundamente el acceso de personas ciegas a la lectura en todo el mundo. Especialmente en América Latina, porque es un Tratado que busca resolver varias trabas legales que impedían la producción y circulación de obras para ciegos, una de las cuales es el intercambio entre países. El que en América Latina 18 países hablen español, más España, más otros países que

tienen alta población de habla hispana permite intercambiar libros entre las bibliotecas, entre las instituciones que los producen. Significa multiplicar la cantidad de libros disponibles, significa que las personas con discapacidad visual tengan muchas menos trabas para acceder a la lectura. Acceder a la lectura es información, es educación”. Por qué los países desarrollados temían aprobar este Tratado “Desde la Unión Europea, desde EEUU se temía y se teme un tratado que incluya, que defienda los intereses de los consumidores, que obligue a los países a incorporar excepciones a los derechos de autor, que ponga los derechos de autor como una herramienta del desarrollo, no solo como una herramienta económica. El Tratado de Marrakech implica un cambio grande en el concepto de Propiedad Intelectual. Eso es lo que daba más miedo y lo que producía tantas trabas´. “Nadie debería oponerse a que las personas ciegas puedan acceder a la lectura. Nadie debería oponerse a que sea más fácil producir y circular libros para millones de personas que hoy apenas pueden acceder a menos del 2% de los libros que se producen. Nadie, en su sano juicio, se opondría a eso; sin embargo, hubo enormes oposiciones, que tienen que ver con estos intereses, con estas cuestiones más grandes que se jugaban y con el temor de que atrás de que los ciegos quieran leer estuviera el problema de la piratería, cuando el problema de la piratería pasa por otro lado. Encontramos enormes dificultades, fueron cinco años de negociaciones en los que, afortunadamente, los países latinoamericanos fueron los primeros en comprender y en apoyar. Ahora empieza un período muy importante que es de implementación de este Tratado en cada país”. Luis Dávila

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perfil

AA Andrés Ycaza

Hombre clave

para el país en el tema de propiedad intelectual

ndrés Ycaza Mantilla es una persona que se define como proactivo, propositivo y emprendedor. Está convencido de que todo se puede lograr si se tiene el convencimiento de que lo que se está haciendo es lo correcto. Nació en Guayaquil el 16 de mayo de 1976, aunque todos sus documentos dicen que fue el 17. Así que de él se podría decir que nació en la víspera. Como buen tauro se sabe obstinado, perseverante y con los pies sobre la tierra. Según el calendario chino es dragón, lo cual lo determina como alguien que consigue las metas que se propone. Su único miedo es a quedarse estancado. Desde 2009 es el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI–. De profesión abogado, especialista en negociaciones comerciales internacionales y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Guayaquil. Actualmente está haciendo una maestría en administración de empresas. Su vida y gustos

“Los países desarrollados buscan imponer la propiedad intelectual en nuestros países y que nosotros adaptemos las normas que ellos han generado para proteger sus intereses”.

Hace 12 años se casó con María Gracia Abad, abogada, a quien conoció en la universidad. Tienen tres hijos. La primera de 11 años, el segundo de ocho y la tercera de tres y única quiteña. Le gusta todo tipo de música, desde la trova hasta el rock duro. También disfruta de la literatura, «aunque últimamente no he leído novelas por dedicarme a estudiar administración, economía y propiedad intelectual». Es cinéfilo to-

Andrés Ycaza, director ejecutivo del IEPI

tal, «en estas semanas he visto con mis hijos las series de Star wars, de George Lucas, y las películas de Tim Burton». Es admirador del cine latinoamericano. Es hincha de Emelec. Le encanta el cebiche y toda la comida de mariscos. También le gusta la comida de la sierra Soñaba con cambiar el mundo, y lo está haciendo De chico, Andrés Ycaza soñaba con cambiar el mundo. Ahora se considera de izquierda, una ideología que, a su parecer, ha ido evolucionando a través de los tiempos. «Ser de izquierda es pensar que lo que podemos hacer va a dar frutos para que los demás puedan vivir una sociedad mucho más justa». Concibe al Estado como el facilitador para el desarrollo del país. Y no piensa que el Estado ni el mercado, por sí solos, puedan generar desarrollo. Andrés Ycaza está convencido de que, por el camino que va el Ecuador, en

diez años va a ser un ejemplo de desarrollo en América Latina. «El cambio de visión que se está dando llevará al país hacia una economía social del conocimiento (…) Aquí tenemos mentes brillantes y si se le da énfasis al talento humano vamos a lograr que el Ecuador sea un país mucho más grande, mucho más desarrollado, con capacidad de generar empleo y satisfacción para la gente, y alcanzar así el buen vivir para toda la ciudadanía». Su formación en propiedad intelectual Ycaza es una autoridad en temas de propiedad intelectual, aunque reconoce que la mayor parte de su formación en este campo ha sido empírica. Su gran experiencia la adquirió en cada negociación que le tocó realizar a lo largo de los años en defensa de la industria ecuatoriana, principalmente farmacéutica. «Los países desarrollados buscan imponer la propiedad intelectual en nuestros países y que nosotros adaptemos las normas que ellos han genera-

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do para proteger sus intereses». «La formación que existe en propiedad intelectual en los países en desarrollo siempre ha sido sesgada, con una visión de los titulares de los derechos –opina–. No se ha visto a la propiedad intelectual como una herramienta de política pública. No ha sido el Estado el que ha capacitado en este tema, sino la empresa privada interesada en propiedad intelectual. Por esto es que los países de América Latina no han tenido una visión estratégica en este campo». Para Andrés Ycaza, la propiedad intelectual es una herramienta transversal del desarrollo, dependiendo de cómo se la utilice. «Yo creo que en la visión que hay en el país de ir hacia una economía social del conocimiento, es decir, de pasar de productores de materias primas a generadores de valor agregado de esas materias primas, el tema de la propiedad intelectual juega un papel muy importante». Su explicación es esta: hay mucha información que ya se encuentra en el estado de la técnica, información de inventos que otros han

hecho y que aquí, en Ecuador, podemos mejorarla o utilizarla para ahorrar el camino que se está emprendiendo. Utilizar información de quienes inventaron algo o generaron valor agregado a un producto no está mal, explica, siempre que procedamos dentro de los marcos establecidos en las normas internacionales. El propio sistema de propiedad intelectual ofrece las herramientas necesarias para utilizar la tecnología que ya está conocida y poderla aplicarla en el país. Lo que hace la propiedad intelectual es poner ese conocimiento a disposición de terceros o restringirlo. «La política pública que se está estableciendo en materia de propiedad intelectual está encaminada a que se aproveche el conocimiento ya existente para beneficio del país». Tres logros de su gestión Para Ycaza, los tres logros más importantes del IEPI bajo su gestión han sido en los ámbitos de denominaciones de origen, licencias obligatorias y derechos de autor.

«La denominación de origen –dice– es una herramienta de la propiedad intelectual para generar crecimiento local a través del desarrollo de productos con valor agregado en zonas específicas. Como Ecuador es un país megadiverso tiene inmensas posibilidades de aprovechar esta herramienta. Dos ejemplos que ya se están trabajando son los sombreros de Montecristi y el Cacao Arriba. El cacao es un producto primario que, cuando se le concede una protección a través de denominación de origen, adquiere un valor agregado que lo hace único a nivel mundial, lo cual incrementa su precio y mejora el ingreso de sus productores. Igual sucede con el sombrero de Montecristi, producto de altísima calidad que igualmente gana valor agregado y así, a nivel internacional, tiene mejor precio y el posicionamiento debido. »En cuanto a las licencias obligatorias, estas permiten el acceso a medicamentos. Antes, las patentes aplicadas a los fármacos hacían que la gente no pudiera acceder a ciertos medicamentos. Sin embargo, el sistema de propiedad intelectual establece la figura de las licencias obligatorias, a través de las cuales se puede romper la patente de forma legal para permitir que terceros puedan fabricar esos medicamentos, y así abaratarlos, generando mayor acceso de la población. »En lo relacionado a derechos de autor, se logró que un tratado presentado por Ecuador se volviera norma internacional. Es un tratado de propiedad intelec-

tual que permite que las personas no videntes puedan tener mayor acceso a la lectura. Con el tratado se generó una limitación y excepción para que los libros, al ser transformados a formatos para no videntes, como a lenguaje braille o audio books, no necesiten autorización del titular de las obras ni pagar regalías». Andrés Ycaza es una persona que conversa sobre propiedad intelectual con total pasión. Siente que esta es una de las materias de mayor importancia en el ámbito de las negociaciones comerciales internacionales, sobre todo si Ecuador tiene el objetivo de cambiar su matriz productiva. Por lo que le tocó trabajar, fue adquiriendo una posición soberana y nacionalista. Por su experiencia y formación es, sin duda, pieza clave en la defensa de los intereses nacionales en el tema de propiedad intelectual. ANEPI

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reportaje

Licencias Obligatorias:

Un instrumento soberano para las políticas en salud pública

muchas personas les sucede que, ante una enfermedad se ven imposibilitadas de adquirir los medicamentos que se requieren para el tratamiento, por el elevado costo que tienen. Paúl Salazar, comerciante, químico de profesión, nos relata una situación como la señalada. “Hace tres o cuatro años a un pariente cercano mío le diagnosticaron un mieloma múltiple, que es una enfermedad cancerígena complicada. El tema es que una de las medicinas que se recomienda es de desarrollo relativamente nuevo que se llama bortezomiv. Esta medicina cuesta cada ampolla de 3,5 m gr alrededor de 3 mil dólares. La dosis recomendada es de entre tres a cuatro ampollas por mes. Es una cantidad que ninguna familia puede financiar para un tratamiento de un enfermo. El cálculo interesante es que si cada ampolla de 3,5 m gr cuesta tres mil dólares quiere decir que un kilo de ese producto cuesta 850 millones de dólares. Yo dudo que un kilo de plutonio tenga ese valor”.

“Las licencias obligatorias son un instrumento legal y legítimo que ayudan a los gobiernos y a los estados a regular mejor el mercado”

¿Por qué un país no puede fabricar un genérico con el mismo ingrediente activo del medicamento de marca, de manera de abaratarlo y hacerlo accesible a mucha gente que lo necesita? Pues, sencillamente, porque para producir ese medicamento genérico tendría que realizar una inversión muy grande que implicaría investigación, tiempo y recursos económicos. Entonces, la pregunta es: ¿por qué una empresa farmacéutica que ya hizo esa investigación durante largo tiempo, no pasa los datos de prueba al país que desea producir el genérico? La respuesta es: porque ella tiene protección sobre los datos de prueba en la normativa internacio nal. Y según nos dice Valentina Delich, directora de la Maestría en Propiedad Intelectual de FLACSO-Argentina, quienes gozan del derecho de protección con exclusividad de los datos de prueba inclusive ejercen presión para que ese período se extienda: “Hay una presión muy grande en las negociaciones internacionales para que

se extienda protección sobre los datos de prueba que los laboratorios le proveen al Estado a la hora de evaluar los productos farmacéuticos. La presión es muy grande. Algunos hablan de extender la protección cinco o 10 años más.” La actual normativa internacional protege con exclusividad los datos de prueba de las industrias farmacéuticas por muchos años, si esos períodos de protección se alargaran más tiempo, cada producto genérico demoraría mucho más en entrar al mercado. “El ingreso de genéricos es muy importante una vez vencida la patente porque es la que hace bajar los precios de los medicamentos, genera competencia y calidad.” En este contexto, en vez de esperar a que venzan las patentes que han impuesto los países desarrollados para proteger los datos de prueba de sus industrias, los países en desarrollo, como Ecuador, pueden usar ciertas

flexibilidades que la propia norma internacional permite. Una de ellas son las licencias obligatorias. Valentina Delich nos dice lo que son: “Las Licencias Obligatorias son un instrumento legal y legítimo que ayudan a los gobiernos y a los estados a regular mejor el mercado y, también, las necesidades que no tienen que ver con el mercado sino con la salud pública. Es fundamental que este tipo de instrumentos los estados aprendan a utilizarlos y que los regulen correctamente porque van en beneficio del propio estado, de sus ciudadanos y de un mejor funcionamiento del mercado.

Ecuador está dando ejemplo al mundo al declarar Licencias Obligatorias para algunos productos farmacéuticos de marca, de manera de facilitar la producción de genéricos.

‘El estado tiene un rol y está en su capacidad el de construir su relación con el mercado. Tiene que redefinir la relación estado – mercado y tiene que regular el mercado de manera de que el mercado no funcione solamente para generación de fortunas personales o corporativas sino que también genere bienestar para todos los ciudadanos y la sociedad.” Ecuador está dando ejemplo al mundo al declarar licencias obligatorias para algunos productos farmacéuticos de marca, de manera de facilitar la producción de genéricos. Sin embargo, la pelea no debe ser solo de un país, según Valentina Delich. “La clave para incidir en la OMC es la cooperación y colaboración entre todos los países en desarrollo. El mundo es asimétrico, todos tenemos capacidades distintas: económicas, militares. Así, tenemos que armar posiciones regionales, visiones comunes y tratar de compensar con la unidad las asimetrías económicas que tenemos con los países más desarrollados”. ANEPI

Licencias Obligatorias emitidas en Ecuador

M ediante Decreto Ejecutivo No. 118, del 23 de octubre de 2009, se declaró de interés público el acceso a medicinas para todos y todas las y los ecuatorianos, estableciendo para tales fines la aplicación de licencias obligatorias. Según información publicada en la página web de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las licencias obligatorias son “el permiso que da un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del ti-

tular de la patente”. Ésta constituye una de las excepciones, respecto a patentes, que permiten los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), los cuales contemplan la emisión de licencias obligatorias en casos de declaratorias de interés público. En el mismo año 2009 y con el objetivo de realizar investigación científica y desarrollo de principios activos para la creación de medicamentos genéricos a menor costo en, se creó la empresa

junio 2014

Las tres primeras Licencias Obligatorias emitidas se han concedido para productos farmacéuticos antirretrovirales, para atender a pacientes de VIH/SIDA. farmacéutica pública ENFARMA, misma que tiene por misión contribuir para que un mayor porcentaje de la población pueda acceder a medicamentos que sirvan en el tratamiento y curación de sus enfermedades. En respuesta a la decisión tomada con el Decreto 118, acorde a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, su proyecto del Buen Vivir y en el artículo 30 del acuerdo internacional ADPIC, el 14 de abril de 2010, el IEPI concedió la primera licencia obligatoria otorgada en el país. Se trató de la licencia para el principio activo de RITONA-

VIR, solicitada por el laboratorio ESKEGROUP S.A., cuya titular de la patente es ABBOTT LABORATORIES. El 15 de junio de 2012, Acromax laboratorio químico farmacéutico S.A. solicitó licencias obligatorias para los principios activos: LAMIVUDINA + ABACAVIR y para RITONAVIR. En respuesta, el 12 de noviembre 2012 el IEPI concedió licencia obligatoria de importación y producción para uso público, no comercial, sobre la patente de invención de LAMIVUDINA + ABACAVIR. Mientras que, la licencia obligatoria para el principio RITONAVIR fue concedida el 11 de mayo de 2013. Casi un año después, el 04 de abril de 2014, fue emitida la licencia obligatoria para ETORICOXIB (ARCOXIA), medicamento de comprobada efectividad para el tratamiento de enfermedades con dolores agudos. Esta licencia fue concedida al laboratorio ACROMAX. Las tres primeras licencias obligatorias emitidas se han concedido para productos farmacéuticos antirretrovirales, que son medicamentos que sirven para atender a pacientes de VIH/SIDA. Estas licencias se emitieron en razón de que, según los datos manejados por el IEPI, en Ecuador existen alrededor de 37 mil pacientes infectados con el virus y se registran aproximadamente 700 muertes anuales a causa de esta enfermedad. A decir de los datos expuestos por el IEPI, como resultado de la aplicación de licencias obligatorias se ha logrado entre un 30 y 70 por ciento de ahorro para el Ministerio de Salud en la compra de estos medicamentos, que deben ser proporcionados por el Estado. Al cierre de esta edición, el IEPI emitió una quinta licencia obligatoria (02 de junio de 2014), cuya información ampliaremos en una próxima entrega. María Augusta Álvarez

ENFARMA, Empresa Pública de Farmacos 20

colaboración

RIESGOS para el acceso a medicamentos

en la negociación comercial entre

Ecuador - Union Europea

P P

ara quienes vivimos en Colombia o Perú, la resistencia del Ecuador a la aplanadora del libre comercio y sus tratados ha sido ejemplarizante. Nuestra experiencia ha sido que, cuando se fijan reglas de juego entre desiguales, el más pequeño siempre sale perdiendo. Se atribuye a Aristóteles la célebre frase “es tan injusto tratar igualmente a los desiguales, como tratar desigualmente a los iguales”. Un Tratado de Libre Comercio (reciba el nombre que reciba) es un ejercicio para definir unas reglas de juego para todos, es decir para tratar a todos por igual. Ecuador se encuentra por segunda vez negociando un acuerdo comercial con la Unión Europea. Y hasta donde llega nuestra comprensión, hay una presión hacia que la negociación, en ciertos capítulos clave como el de propiedad intelectual, se asimile al texto acordado entre Colombia y Perú con la Unión Europea. Hay que recordar que Ecuador finalmente no firmó un acuerdo con los Estados Unidos de América, separándose de Colombia y Perú. Con el TLC que si

Francisco Rossi, Fundación Ifarma. Colombia.

Miembro de la Alianza LAC- Global de ONG por el acceso a los medicamento

Ecuador aún aplica criterios exigentes para otorgar patentes solamente a invenciones genuinas y negarlas cuando se trata de pequeñas modificaciones a productos ya conocidos o de nuevos usos.

a productos ya conocidos o a nuevos usos (el caso del sildenafil). Tanto la UE, como los Estados Unidos de América, aplican una política de propiedad intelectual centrada en el estímulo de sus industrias estratégicas por lo que allí es posible patentar prácticamente cualquier cosa. Sacrifican el acceso a los medicamentos de sus ciudadanos que deben pagar precios elevados derivados del monopolio considerando que los beneficios superan los sacrificios en sus economías. Colombia y Perú por desgracia se mueven en esa misma dirección. Ecuador por el contrario ha optado por proteger los intereses de sus ciudadanos entendiendo que el acceso a los medicamentos es más importante que cualquier interés estratégico de una industria farmacéutica extranjera o de la protección a la inversión extranjera. Pero el caso de la protección de datos con exclusividad es la mayor amenaza. suscribieron Perú y Colombia, adquirieron compromisos muy serios en patentes y muy especialmente en protección de datos de prueba con exclusividad (por 5 años) que Ecuador no tiene en su legislación interna. Y hay que tener presente que cuando la Unión Europea inicia negociaciones con Colombia y Perú, tiene esos elementos como punto de partida, es decir, negocia con aspiraciones aún mayores especialmente en los temas de extensión de patentes, observancia y, por supuesto, una pretensión de exclusividad por hasta 11 años. En el caso de las patentes el mayor riesgo estriba en la intención de “relajar” la aplicación de lo que es patentable y lo que no merece una patente. Ecuador aún aplica criterios exigentes para otorgar patentes solamente a invenciones genuinas y negarlas cuando se trata de pequeñas modificaciones

La protección de datos constituye un mecanismo de monopolio especialmente eficaz. A diferencia de las patentes no tiene costo, no requiere de abogados especializados y la exclusividad se inicia el mismo día en que se puede iniciar la comercialización. Es además inequívoco y el examen de la solicitud es casi automático. Hay quienes discuten que la protección de datos constituya una categoría de propiedad intelectual (pertenece al capítulo de la protección de la información contra el uso desleal), pues no hay una invención que sea objeto de protección. La “materia” protegida corresponde a los datos de estudios preclínicos y clínicos necesarios para poder comercializar un medicamento, pues aseguran que sea eficaz y seguro… La Fundación IFARMA condujo en 2010, por solicitud de la Organización Pana-

Hay conexiones entre intereses extranjeros e intereses nacionales que también quieren un TLC a cualquier precio. mericana de la Salud y el Ministerio de Salud, un estudio sobre los potenciales impactos del capítulo de propiedad intelectual de la propuesta de la Unión Europea para un TLC con Ecuador. Se trata de un análisis prospectivo aplicando una metodología reconocida internacionalmente, que anticipaba efectos muy severos sobre el acceso a los medicamentos para los ciudadanos ecuatorianos. Sorprendentemente, al parecer el estudio no fue divulgado y el documento no se encontró ni en el Ministerio ni en la OPS. Sus conclusiones son angustiosas: Entre las medidas evaluadas, la que mayor impacto tendría sobre el precio de los medicamentos en el Ecuador es la protección con exclusividad a los datos de prueba (505 millones de dólares, equivalente al gasto en salud de aproximadamente 1,4 millones de personas para el año 2030). En consecuencia, es recomendación de este trabajo no aceptar ningún periodo de exclusividad para los datos de prueba de medicamentos y seguir cumpliendo las disposiciones que a este respecto están contenidas en ADPIC, y en la decisión 486/2000 de la comunidad andina de naciones. La segunda medida ADPIC plus que mayor impacto tendría sobre el precio y el gasto en medicamentos en el Ecuador sería el relajamiento de los criterios de patentabilidad con la consecuencia de incrementar el número de medicamentos patentados en el mer-

cado ecuatoriano (339 millones de dólares equivalente al gasto en salud de 930 mil ecuatorianos en el año 2030). En consecuencia, es recomendación de este trabajo no incluir en los textos de los tratados ninguna redacción que pueda inducir a cambios en la definición de los criterios de novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; velar por el mantenimiento de la prohibición de patentes de uso en los países de la comunidad andina de naciones, CAN, y dedicar los esfuerzos que se requieran para capacitar a los examinadores de patentes de modo que los criterios que se apliquen sean estrictos. El alargamiento de las patentes conllevaría un gasto adicional de 53 millones de dólares para adquirir la misma canasta de medicamentos en el mercado total. Por su parte, el vínculo entre las oficinas de patentes y de registro sanitario implicaría incrementar el gasto en 21 millones de dólares. La implementación de las cuatro medidas evaluadas, podría implicar que, para mantener constante el consumo del mercado total de medicamentos en el Ecuador, se tendría que incrementar el gasto farmacéutico en 1030 millones de dólares adicionales, que equivaldría al gasto en salud de 2,8 millones de ecuatorianos en el año 2025. Lo anterior es consecuencia de un aumento del 25% en el número de productos farmacéuticos con protección de propiedad intelectual, que conduce a un incremento en el índice de precios

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cualquier precio. Hay conexiones entre intereses extranjeros e intereses nacionales que también quieren un TLC a cualquier precio. Y hay una suerte de corriente de pensamiento internacional pro libre comercio, que tiene sin duda penetración en la academia, el gobierno y las políticas públicas.

Ecuador - Unión Europea, una negocioación asimetrica

Ecuador aún aplica criterios exigentes para otorgar patentes solamente a invenciones genuinas y negarlas cuando se trata de pequeñas modificaciones a productos ya conocidos o de nuevos usos. de un 39%. Las entidades del sector público tendrían que aumentar su presupuesto en 125 millones de dólares para adquirir la misma canasta de medicamentos que adquiere actualmente o, de lo contrario, tendría que reducir sus adquisiciones en un 36%. El problema que se presenta para un país como Ecuador, es que las presiones internacionales para sumarse a la ola del libre comercio son enormes. Hay sin duda potenciales beneficiarios nacionales que quieren un TLC a

En la Alianza por el acceso a los medicamentos hemos sido conscientes de que es muy difícil oponerse radicalmente a los tratados de libre comercio, y hemos aprendido a participar en las negociaciones tratando de limitar al máximo las concesiones en propiedad intelectual. Y entre las lecciones que hemos aprendido, la más importante es lograr comunicar los costos y los riesgos a los negociadores del gobierno, a los ciudadanos y a las organizaciones sociales. En el caso de Colombia y de Perú, enfrentamos un equipo de negociadores del gobierno fanáticos del libre comercio y decididos a obtener un TLC a cualquier precio. El precio, claro está, lo pagamos los ciudadanos. En el caso ecuatoriano el gobierno parece tener la actitud contraria, pero los mecanismos de presión pueden ser muchos, muy sutiles y ciertamente eficaces. Una estrategia de comunicación que ponga de relieve los costos y los riesgos puede ser el mecanismo que brinde el espacio político necesario para construir una posición fuerte de negociación en contra de las pretensiones de la UE en propiedad intelectual. Francisco Rossi

@ANEPIEcuador www.anepi.ec

@IEPI_ecuador www.propiedadintelectual.gob.ec

crónica

Antes y después del proceso de

regularización La violación del Derecho de Autor es una infracción sancionada de distintas maneras a nivel mundial, según la legislación de cada país.

A ntes del año 2010, la venta y distribución de material “pirata” de películas y música era una realidad cotidiana para todos los ecuatorianos. Sin embargo, se trataba de una actividad ilegal debido a que, al reproducir materiales audiovisuales sin la autorización de sus creadores, se estaba violando los derechos de autor relacionados a esas creaciones. La violación del Derecho de Autor es una infracción sancionada de distintas maneras a nivel mundial, según la legislación de cada país. Omaira Moscoso, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores de Productos Audiovisuales (ASECOPAC), recuerda que la idea de organizar al sector de comerciantes de material audiovisual surgió en el año 2011. “Cuando el IEPI empezó a realizar batidas, a enviar tutelas

administrativas, nosotros nos unimos y empezamos a investigar y conversar, éste era un problema que ya llevaba 30 o 40 años sin resolver. Le escribimos una carta al señor presidente y le entregamos el proyecto que se llama Proyecto de regularización y legalización del sector audiovisual. […] El presidente vio con buenos ojos nuestra propuesta, que consistía en que mediante un proceso, es decir, paulatinamente los locales vayan comprando licencias y se vaya poniendo el producto original en las perchas”. Una vez que el proyecto para la regularización del sector audiovisual fue aprobado por parte del presidente de la república, el siguiente paso consistió en socializar la iniciativa con los comerciantes de todo el país. El proceso de socialización se inició con talleres en las distintas provincias, en los que se analizó y corrigió el proyecto entre-

gado a la Presidencia, hasta lograr el documento final con base en el cual se inició el proceso de legalización. Durante todo el año se realizaron talleres de capacitación sobre el tema de propiedad intelectual, debido a que muchos de los comerciantes no comprendían a qué se refería ni cuál era el delito que estaban cometiendo con su negocio. A decir de Moscoso, “ahora ya todos los compañeros saben cuál es el problema de nuestros negocios”. La idea rindió frutos económicos para vendedores y creadores La primera licencia obtenida por la organización fue la película A tus espaldas, una coproducción ecuatoriano venezolana que fue estrenada en 2010 y cuya licencia se otorgó en el año 2011. En dos semanas se lograron vender 25 000 copias legales de este film,

cifra récord que demostró que la iniciativa arrojaba resultados favorables. Para el año 2014 la cifra ha llegado a 75 000 copias. Adicionalmente, constituye la primera película ecuatoriana producida en formato blue-ray. Según Moscoso, la negociación se realizó directamente con sus realizadores, Tito Jara y Roberto Aguirre, quienes “nos vendieron las licencias para que nosotros podamos sacar las películas”. En el proceso se han sumado actores y se ha especializado la actividad que cada uno realiza. Actualmente existen empresas intermediarias dedicadas a negociar las licencias con los directores y productores cinematográficos, reproducir el material y entregarlo a los comerciantes. Entre estas empresas se encuentran Expresmax y Valiente Producciones, mientras que los comerciantes se han enfocado en fortalecer la red de distribución.

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El siguiente paso, a decir de Omaira Moscoso, será realizar capacitaciones sobre cinematografía nacional para que los comerciantes conozcan y valoren la producción nacional, de manera que puedan recomendar y promocionar estas producciones con sus clientes. Hasta febrero de 2014 se habían otorgado licencias para alrededor de cien películas ecuatorianas, entre las que destacan “Pescador” y “Mejor no hablar de ciertas cosas”. Se normaliza la venta de producción musical y cinematográfica Como resultado del proceso de regularización, actualmente se comercializan en todo el país copias legales de toda la producción cinematográfica nacional, en perchas exclusivas entregadas por el IEPI a los comerciantes para este fin. Además, se han logrado licen-

cias de aproximadamente 15 producciones cinematográficas extranjeras como: Prueba de fuego, El árbol de la vida y La vida es bella. Mientras que ASECOPAC ha logrado un acuerdo con la empresa nacional Play Music para obtener la licencia de distribución en territorio nacional de la producción fonográfica “Corazón Profundo” del cantautor colombiano Carlos Vives, primer disco extranjero en comercializarse en el Ecuador bajo el sistema de licencia. De esta manera, los consumidores pueden contribuir al desarrollo de la industria cinematográfica nacional, pagando los derechos de autor correspondientes, al acceder a las producciones de cine nacional a un costo de entre tres a cinco dólares, precio accesible para todos los ecuatorianos, “ya sean del Guasmo o de Samborondón”, como explica Omaira Moscoso. María Augusta Álvarez

propiedad intelectual y cultura

CNCine, siete años ininterrumpidos de fomento al cine ecuatoriano EE n el año 2006 se promulgó en nuestro país la Ley de Fomento del Cine Nacional. Esta Ley, en su artículo número seis, dispone la creación del Concejo Nacional de Cine (CNCine), “como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, con sede en la ciudad de Quito”. A partir de ello, esta institución es la encargada de fortalecer la industria cinematográfica y audiovisual ecuatoriana. Bajo esta disposición, el órgano máximo de dirección cuenta con siete miembros. Las instituciones representadas son: el IEPI, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Industrias y Productividad y La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los tres delegados del sector cinematográfico son: un representante de productores cinematográficos, uno de directores y guionistas y uno de técnicos y actores (de este gremio no se ha nombrado representante todavia). Así mismo, en esta Ley se anuncia la concesión de créditos con tasas de interés y plazos preferenciales, destinados a la producción nacional de películas. Para ello se crean los fondos

El cine del país se “ha desarrollado pese a las difíciles condiciones, casi de manera artesanal, ahora se convertirá en una industria importante que aportará al PIB” (Santiago Cevallos).

concursables, también conocidos como convocatorias. Según Adriana Tamariz, directora técnica de CNCine, “estos fondos concursables aparecieron con un reglamento transparente de distribución. Las postulaciones son anuales y se presentan para distintas categorías que se han ido modificando”. Para el año 2009 se repartió un total de USD 549 000 a 32 proyectos ganadores. La de ese año fue la tercera convocatoria y se presentaron un total de 220 proyectos. El cine ecuatoriano recibió además otro impulso, gracias a que el país ingresó al fondo de coproducción Ibermedia, que entregó USD 320 000 al cine nacional.

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terrestres de mediana y larga distancia. Esta iniciativa se inauguró en 800 buses y entre las películas seleccionadas se encontraron producciones como “Qué tan lejos” y “Mono con gallinas”. La producción cinematográfica nacional mantuvo su línea de crecimiento y el 2014 inició con veinte películas en lista para ser estrenadas. Es por eso que CNCine, apoyado por el Gobierno Nacional, decidió aumentar el monto de los fondos concursables a USD 2 400 000. Como explica Santiago Cevallos, director nacional de Derecho de Autor del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y presidente del Consejo, “esta medida busca seguir impulsando las producciones locales y fortaleciendo la creación intelectual de los ecuatorianos”.

Santiago Cevallos, director nacional de Derecho de Autor del IEPI

En el año 2011 los ganadores fueron 42 proyectos nuevos, incrementando la cifra a un total de 137 beneficiados por los fondos de fomento. Y en el 2012 el país realizó un salto cualitativo que pudo medirse cuantitativamente en los 35 premios internacionales logrados. Si bien, como explica Adriana Tamariz, “el porcentaje que aporta el CNCine podría llegar al 30 por ciento de una producción, creemos que sí ha influido con la creciente producción cinematográfica en el país”. En ese mismo año, según datos de CNCine, se vendieron 14 millones de entradas en cines. Continuando en esa línea, en el 2013 fueron trece las películas estrenadas en salas comerciales. Además, se presentó el proyecto “Cine sobre ruedas”, para fomentar el consumo de películas nacionales en medios de transporte

El mismo Cevallos reconoce que el cine del país se “ha desarrollado pese a las difíciles condiciones, casi de manera artesanal, ahora se convertirá en una industria importante que aportará al PIB”. Y en esa misma línea, Adriana Tamariz remarca que la gran mayoría de las películas estrenadas cuentan con “fondos del CNCine, eso quiere decir que esta política pública está dando resultados”. Por primera vez, este año se realizarán dos convocatorias para la inscripción a los fondos concursables. La primera de ella se realizó hasta el siete de abril. Además, también se incrementaron las categorías por las que se puede participar, que son las siguientes: investigación y escritura de guion, desarrollo de proyectos, producción y postproducción, producción de bajo presupuesto, cortometraje, producción audiovisual comunitaria, promoción y distribución, coproducción comunitaria, telefilm, festivales y muestras, investigación y publicación y coproducción minoritaria. Esteban Zapata

YO SOY SAYCE

Captura de pantalla de comercial de tv

El Estado y SAYCE

garantizan la protección del Derecho de Autor

E E

l pasado jueves 13 de febrero Francisco Velasco Andrade, ministro de Cultura y Patrimonio y José Serrano, ministro del Interior, convocaron a una rueda de prensa con el objetivo de difundir la restitución de derechos de autor previo a conciertos. Lo que se busca con esta medida es exigir a los empresarios el pago de más de 55 conciertos, realizados desde octubre del 2013, y controlar los futuros eventos públicos. Esto debido a que se había realizado una mala interpretación de un artículo derogatorio en la nueva Ley Orgánica de Comunicación.

“Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa y a beneficiarse de la protección de los derechos que les correspondan por su autoría” (Constitución de la República del Ecuador, Art. 22).

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Todo comenzó en octubre del año pasado cuando, mediante un comunicado aclaratorio, la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE) manifestó que, a partir de la publicación en el Registro Oficial de la nueva Ley Orgánica de Comunicación y de la derogatoria de una disposición transitoria de la Ley de Propiedad Intelectual inherente a SAYCE, “se han dado un sin número de rumores y/o comentarios sobre la legitimidad que tiene la Sociedad para desarrollar su función de administrar y licenciar los derechos autorales que representa”. Por ello SAYCE decidió dejar en claro que el marco normativo que sustenta su trabajo está vigente bajo la Ley de Propiedad Intelectual en los artículos 109 al 119. Así mismo, remarcó que la Sociedad de Autores continúa defendiendo los derechos de los artistas, que consiste en proteger su creación intelectual. Yo soy SAYCE A finales de octubre del 2013, los autores y compositores asociados lanzaron

la campaña de difusión “Yo soy SAYCE”. Su propósito: reunirse con el presidente de la República Rafael Correa, a quien lo convocaron a través de su cuenta en twitter @MashiRafael. A través de ese medio le manifestaron su preocupación por la mala interpretación de la Ley de Comunicación en la que se estarían amparando algunos empresarios, y el peligro que podrían estar corriendo los derechos de autor, así como el trabajo que desde hace treinta años viene realizando SAYCE. Pero la campaña no terminó ahí. Días más tarde, con una fuerte presencia en las redes sociales, se lanzó un video donde se podía observar a autores de distintos puntos del país, repitiendo la frase “yo soy mi obra, yo soy mis derechos, yo soy SAYCE”. En él también son citados algunos de los primeros puntos del estatuto de la sociedad de gestión, que demuestran su labor y misión. El artículo cuatro, numeral uno, por ejemplo, manifiesta que SAYCE “tiene por objeto la gestión colectiva de los derechos patrimoniales de autor, sobre

Javier Córdoba, viceministro del interior, Francisco Velasco, ministro de cultura y patrimonio y Troi Alvarado de SAYCE

obras musicales, dramático musicales, publicitarias musicales y en general toda obra musical que sea o no parte de una obra teatral, publicitaria musical o musical”. Además, en un nuevo comunicado de prensa emitido el 12 de noviembre, la Sociedad de Autores declaró que el licenciamiento por el uso de la música aporta al mantenimiento de los seguros de salud y vida privados de sus socios. Así también recordaron a los usuarios de la música, es decir a todos los ciudadanos, que el derecho de autor es un generador de cultura y el único salario de los creadores. A mi lindo Ecuador Casi a fines del año pasado SAYCE manifestó que el número de artistas que se encuentran representados es de 988 músicos a nivel nacional. Además, el monto repartido hasta ese momento por regalías era de USD 935 172, aunque se esperaba que se incrementara aún más, tomando en cuenta que en el 2012 se distribuyeron USD 1 700 285. Según Rubén Barba, autor de la canción A mi lindo Ecuador, se debería hablar de “un SAYCE de antes y un SAYCE de después”, debido a todos los avances que ha logrado la sociedad de gestión en los últimos años. Barba es miembro desde hace 25 años y manifiesta que el cambio es visible desde hace cinco años, cuando el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) intervino debido a su mal funcionamiento y convocó a elecciones. El autor dice que “ahora SAYCE monitorea todas las emisoras, las estaciones de TV, tiene convenios internacionales con casi todos los países del mundo y hay reciprocidad en eso. Tanto es así que ahora recibo regalías del exterior

Según Troy Alvarado, de SAYCE, se está confirmando el trabajo en conjunto del Estado con los autores ecuatorianos. también”. Y, sobre todo, lo que alegra a Barba es que ahora recibe lo que es justo, porque con en el monitoreo no interviene el criterio humano, por lo que nadie se ve más o menos beneficiado. Es por ello que es importante dejar en claro lo beneficioso de la labor de la sociedad de gestión. Restitución de derechos de autor previo a conciertos El pasado 11 de febrero, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Control y Orden Público, emitió un oficio dirigido a todas las Intendencias del país, en el que se dispuso que “previo al otorgamiento de los permisos para la realización de espectáculos públicos, los señores intendentes deberán solicitar el respectivo certificado de pago de derechos de autor”, a sus organizadores. Es por esto que se convocó a una rueda de prensa, realizada el jueves 13 de febrero, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio donde estuvieron presente Francisco Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio; Jorge Luís Serrano, viceministro de Cultura y Patrimonio; Javier Córdova, viceministro del Interior; Santiago Cevallos, director Nacional de Derecho de Autor y Asuntos Conexos del IEPI; Troi Alvarado, presidente de Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE), y Nuria León, delegada de la Secretaría de Comunicación .

Así mismo, la Ley de Propiedad Intelectual, en su Art. 20 dispone que “El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la facultad de realizar, autorizar o prohibir: b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes. La explotación de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante cualquiera de los actos enumerados en este artículo es ilícita sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor, salvo las excepciones previstas en esta Ley”.

Francisco Velasco subrayó que esta rueda de prensa se realizó para ratificar los derechos de los autores y autoras, así como la voluntad del Gobierno Nacional de respetar su trabajo. Por su parte, Troy Alvarado de SAYCE, mencionó que “se está confirmando el trabajo en conjunto del Estado con los autores ecuatorianos, quienes crean canciones que expresan identidad”.

Por su parte, Santiago Cevallos del IEPI advirtió que quienes no cumplan con el pago de derechos de autor serán sancionados con montos que van desde 500 hasta 100 mil dólares. Sin embargo, el ministro de Cultura y Patrimonio y el viceministro del Interior aseguraron que ningún concierto podrá realizarse sin el pago previo del impuesto, correspondiente a la taquilla del evento. En caso de que el espectáculo sea gratuito, el organizador deberá pagar un salario básico por los derechos.

En el espacio se recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 22, menciona que “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”.

Es así como se han reestablecido y confirmado los derechos de autor y la labor de SAYCE, que continua protegiendo, junto a las entidades del gobierno pertinentes, el trabajo de los músicos del país. En palabras de Troi Alvarado, lo que se espera es que existan cada vez más compositores que “dediquen su tiempo a buscar esa frase, esa melodía que a veces nos hace falta para expresarnos”. Esteban Zapata

Troi Alvarado, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE)

â&#x20AC;&#x153; Los derechos

de propiedad intelectual suelen hacer mejor a algunos y mucho peor a otrosâ&#x20AC;? - Paul Samuelson 35

entrevista

El sistema del derecho autoral ha beneficiado y da instrumentos de protección, hasta penales en el caso de Argentina, a las grandes corporaciones.

E n Quito estuvo el Dr. Julio Raffo, abogado y asesor legal argentino en producciones cinematográficas, quien cuenta además con una vasta experiencia académica como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), de San Antonio de los Baños, Cuba. Entre sus publicaciones se encuentran los libros: Derecho autoral: Hacia un nuevo paradigma, Ley de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica Comentada y El proyecto de realización audiovisual. Actualmente se desempeña también como director del periódico Argentina Latente. Conversamos con él respecto al tema de derecho autoral.

pueblos y hay que ver en qué manera se superan estas dificultades. Tenemos bastante esperanza de que, en Ecuador, el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento contribuya significativamente en esto. ¿Quién o quiénes se han beneficiado con el actual modelo de derecho autoral? El sistema actual del derecho autoral ha beneficiado, protege y da instrumentos de protección, hasta penales en el caso de Argentina, a las grandes corporaciones, a las multinacionales de la música, a las multinacionales de lo audiovisual, que disciplinan a los países emergentes.

¿Cuál es su opinión respecto al modelo actual de derecho autoral?

¿Qué beneficio real reciben los autores con al modelo de derecho autoral implementado?

El modelo y paradigma actual del derecho autoral se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de los

Depende de su importancia y trascendencia. Hay pocos, poquísimos famosos que reciben cantidades importan-

Julio Raffo El derecho autoral, ¿a quién beneficia, a quien debería beneficiar? 37

¿Cuál sería el mejor sistema de compensación para los autores?

tes de dinero. La inmensa mayoría no puede vivir de su trabajo autoral y es maltratado por las llamadas organizaciones de gestión de derechos que los representan obligatoriamente y aún contra su voluntad, pero que no están al servicio de sus intereses. ¿Cuál debería ser el papel de la obra dentro del sistema de derecho autoral? El paradigma actual ha tergiversado y falsificado las cosas porque pone a la obra como sujeto de derecho, la obra protegida. Pero el que tiene que estar protegido es el autor, por un lado, y el destinatario de la obra y del conocimiento, por el otro. Los pueblos y el autor y no los intermediarios entre los pueblos y el autor. La obra es un nexo, pero la protección es de personas no de cosas.

Hay diferentes sistemas, en primer lugar no nos olvidemos que hay muchísimas obras que se remuneran en su nacimiento. Las obras escultóricas, las obras arquitectónicas, los diseños, las obras pictóricas, no necesitan de intermediarios y se remuneran el momento de su creación. El autor decide cuánto cobrar con plena libertad. Una vez que se lo ha vendido la escultura que se pone en la plaza del parque público puede ser observada libremente sin que nadie tenga derecho a pedir un pago adicional. Hay muchos modelos, no estoy en condiciones de decir cuál es el excelente, pero obviamente el de la intermediación de las sociedades de gestión y del aprovechamiento de las multinacionales de la música, de la cultura o de los laboratorios, no es el mejor sistema. ¿Qué dirección debería tomar el nuevo paradigma del derecho autoral en los países de la región? Los países emergentes como es el caso de la Argentina, de Ecuador y los países de la región debemos intentar encontrar un modelo que dentro de la normativa internacional, que a todos nos obliga, mejore significativamente nuestra posición y nuestros derechos. Primero, garantizando el acceso a la cultura y al conocimiento por internet a todos, sin restricción, en eso el paradigma ya tendría que cambiar, y después encontrar formas creativas de remuneración del autor que no signifiquen esta intermediación que estoy señalando. ANEPI

ENTREVISTA

Leslie Jarrín El software libre desde una perspectiva de soberanía nacional 39

Leslie Jarrín y Jorge Delgado durante el Taller Internacional de Propiedad Intelectual organizado por el IEPI.

L L

eslie Jarrín es directora general de ThoughtWorks Ecuador, una empresa que busca “revolucionar el diseño de software” apostando al cambio en la sociedad. Su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional e incluso estuvo en la portada de la revista América Economía en el mes de enero, en reconocimiento a su prolífera carrera.

renovando las estrategias como país en el acceso a la tecnología. En entrevista para ANEPI, Leslie Jarrín nos comenta la relación que tiene el software libre con la soberanía del país.

Una de las temáticas que Leslie promueve es la utilización de software libre dentro de las entidades gubernamentales, así como en la educación. Para el país esto ha dejado de ser un tema nuevo ya que mediante el decreto 1014 el Estado aprobó la utilización prioritaria de este tipo de software. Mas, como sabemos bien, el mundo de la informática avanza a pasos agigantados, por lo que es importante seguir

En el año 2008, el presidente Rafael Correa creó un decreto por el cual todas las instituciones públicas que dependen del Gobierno central tienen que utilizar software libre como prioridad. La decisión del presidente no se dio por generación espontánea. Antes, ya existían movimientos que hicieron que el mandatario conociera y tuviera noción sobre los temas de software libre. Así, al presidente le pareció una

¿Desde cuándo cobra tanta relevancia el software libre en el Ecuador?

vía para conseguir soberanía tecnológica, considerando el acceso al código fuente que nosotros nunca habíamos tenido con el software privado. ¿Qué tiene que ver el software libre con el software público? El software libre es básicamente la esencia de lo que es el software público. La idea es que cualquier inversión que realice el Gobierno con respecto a adquisiciones de software tiene que liberarlas con licencias de software libre. Es decir que todo el software que sea desarrollado con fondos públicos debe ser de acceso libre de toda la población. Obviamente, lo primero debería ser el acceso a todas las instituciones del mismo Estado. Se llama software público por el hecho de que es una inversión realizada con dinero público, pero en realidad es un software libre que funciona para cualquier Estado. Esto se puede considerar ya no solamente software gubernamental sino intergubernamental. Existen muchos movimientos en los que se está promulgando el hecho de compartir software entre Estados. ¿Por qué es importante que el Estado aprenda a manejar este tipo de software? Primero, porque le da soberanía tecnológica. En el tema de seguridad, conviene saber cómo está hecho nuestro software. Al adquirir productos cerrados hay riesgos, y se puede terminar siendo víctimas de espionaje o de cualquier tipo de manipulación de la información propia. Además, con la soberanía tecnológica se incrementan el conocimiento, los productos y las funcionalidades para el Gobierno.

Al adquirir productos cerrados hay riesgos, y se puede terminar siendo víctimas de espionaje o de cualquier tipo de manipulación de la información propia. ¿Cómo ayuda a la industria ecuatoriana que se empiece a utilizar este tipo de software? Creo que es un cambio del modelo de negocios. En lugar de repetir mil veces el mismo producto y reinventar la rueda, es pararse sobre hombros de gigantes y empezar a crear sobre creaciones anteriores. Eso hace que la industria local tenga mayor incentivo en la innovación, que existan mercados en los que antes ni se pensaba y que existan clientes locales o del extranjero que, al acceder al producto, generan una visibilidad mayor. A mayor visibilidad, mayor cantidad de contrataciones para hacer adaptaciones de esos productos. ¿Qué ejemplos existen en el mundo sobre software público? En Inglaterra. Ese país empezó con un prototipo de ventanilla única que prontamente fue apropiado por otras entidades. Al final del día, lo que hizo ese país fue pensar que ese software podía ser útil para muchos otros gobiernos, y lo declaró como software público. Ahora está disponible con una licencia libre. Además, Inglaterra hizo que otras instituciones empezaran a colaborar y a subir sus propios servicios dentro de esa plataforma. El portal es www.gov.uk. ANEPI

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propiedad 42

“ Las

mejores ideas son

” de todos - Séneca.Epístolas, siglo I d.C.

actualidad

SENESCYT

presentó una wiki sobre Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento y la Innovación

a Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) presentó, la mañana del viernes 28 de febrero, el WikiCOESC+i, una herramienta virtual que pretende la construcción colectiva del nuevo Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento y la Innovación (COESC+i). El evento se llevó a cabo en el Museo Interactivo de Ciencia de la ciudad de Quito. WikiCOESC+i es una plataforma virtual e interactiva, que utiliza un entorno similar al de la conocida página de internet wikipedia. Esta plataforma estará abierta al público para que se presenten nuevas propuestas que podrían ser incluidas en el COESC+i, así como observaciones y comentarios al proyecto. Para acceder a este espacio de construcción colectiva se debe acceder al siguiente link: coesc.educacionsuperior.gob.ec

René Ramírez, secretario nacional de SENESCYT, fue el encargado de hacer la presentación de los lineamientos que tendrá el COESC+i. En una exposición bastante extensa, Ramírez desarrolló varios de los puntos de la futura normativa, y fue enfático al decir que éste código “deberá venir acompañado de un plan, es decir de políticas públicas que lo impulsen”. El COESC+i contendrá, aparte de un Título Preliminar, un primer libro llamado De la Gestión del Conocimiento. El segundo libro estará destinado al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Finalmente, el tercer libro estará enfocado a la Investigación Responsable, el Emprendimiento Social y Solidario y la Innovación Social. El primero de los libros tiene un gran nivel de importancia para el país, ya

que derogará la actual Ley de Propiedad Intelectual. Como explica Ramírez, ésta es una “ley anacrónica que ha privatizado el conocimiento en el país”. Este libro ya se encuentra publicado en la WikiCOESC+i y será el primero en ser debatido. Lo que se pretende es poder incluir un nuevo sistema de gestión del conocimiento que desarrolle la actividad creativa y la innovación social, reforzando la matriz productiva que viene impulsando el gobierno. El objetivo de esta wiki, según sus creadores, es adoptar el Plan Nacional para el Buen Vivir, que está fundamentada en una construcción colaborativa y un sistema solidario. Una vez realizados todos los aportes, comentarios y debates, se espera que el COESC+i pase a ser debatido en la Asamblea Nacional. En el panel también estuvieron presentes Guillaume Long, ministro coor-

René Ramírez, secretario nacional de SENESCYT

dinador de Conocimiento y Talento Humano; María del Pilar Troya, Subsecretaria General de Educación Superior de la SENESCYT, y Andrés Delgado, miembro del equipo de FLOK Society. ANEPI

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conocimiento libre y abierto

FLOK Society, estrategias para la apertura y socialización del conocimiento

l n el auditorio del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la mañana del miércoles 26 de marzo, se presentó el proyecto FLOK Society, diseño de políticas públicas para una sociedad del conocimiento común y abierto. Este proyecto es parte de un convenio interinstitucional entre el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH), IAEN y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt). Con él se busca generar estrategias que le permitan al país cambiar su matriz productiva, basada hasta ahora en productos finitos (recursos naturales), para pasar a una economía sostenida en recursos infinitos (conocimiento). Hace casi un mes la Senescyt presentó el WikiCOESC+i, una herramienta virtual para elaborar colaborativamente, junto con toda la población, el nuevo Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento y la Innovación. Esta

estrategia gubernamental está íntimamente relacionada con el proyecto FLOK (Free/Libre Open Kowledge) Society, que significa sociedad de conocimiento común y abierto. Básicamente, el planteamiento es que mientras el saber se encuentre privatizado, el desarrollo del país dependerá de unos pocos, por ello se busca producir un cambio en la matriz cognitiva, que socialice el conocimiento. Este emprendimiento está encaminado por un equipo de expertos internacionales, cuyo director de investigación es el belga Michel Bauwens. En su presentación, Bauwens mencionó que el Ecuador es un país pionero en abrir la discusión sobre la economía social del conocimiento. Además, aseguró que se necesita “un plan holístico que acompañe el proceso de cambio […] no se trata solo de implementar e incorporar tecnología, sino de impartir

conocimiento en todas las áreas”. Es ahí donde entra FLOK Society, buscando generar espacios de investigación en red que apuntalen las capacidades productivas, humanas y de infraestructura en el país. Daniel Vázquez, español y otro de los líderes del proyecto, hizo énfasis en el “sistema perverso” que ha generado el copyright (derecho de autor) a nivel global. Según Vázquez “el flujo natural del conocimiento está basado en la copia”, por lo que restringir el acceso al “cómo” se genera un producto, un medicamento, un programa, es restringir el acceso al conocimiento. Además aseguró que el cambio que pretende el país con la economía social del conocimiento depende de un pacto social, que debería reflejarse en un proyecto político regional. Guillaume Long, ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, también estuvo presente en el acto.

FLOK Society, diseño de políticas públicas para una sociedad del conocimiento común y abierto. Con él se busca generar estrategias que le permitan al país cambiar su matriz productiva. Long hizo referencia a que el país, gracias a la Ley de Propiedad Intelectual sancionada en el año 1998, es “signatario de un ADPIC plus, plus, plus”, es decir que ha generado leyes proteccionistas exageradas en este ámbito, perjudiciales para el desarrollo interno. Y enfatizó el compromiso por “regresar, por lo menos, a las zonas grises de la normativa internacional sobre propiedad intelectual. Y eso es de valientes”. ANEPI

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Ecuador,

referente del conocimiento común y abierto

F LOK Society es un emprendimiento de varios investigadores nacionales e internacionales y un convenio interinstitucional entre el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH), el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT). Con él se pretende desarrollar diversas propuestas de políticas públicas para una sociedad del conocimiento común y abierto. El español Daniel Vázquez, director de FLOK Society, en entrevista para ANEPI nos comentó de qué se trata el proyecto, cuáles son sus objetivos y por qué el Ecuador es uno de los países pioneros en desarrollar diferentes alternativas respecto al acceso al conocimiento. ¿Qué es FLOK Society?

“Cuando vas a una universidad en América Latina, a algunos nos sorprende encontrar fotocopiadoras donde puedes copiar un libro. En Europa eso ya no es posible, eso ya no es legal”.

FLOK Society es un proyecto que se compone de dos partes. En primer lugar, la construcción de una red de científicos, académicos, activistas regionales, nacionales e internacionales y movimientos sociales que se están implicando en este proceso para, en segundo lugar, construir varios documentos de políticas públicas de inmediata aplicación. De esa manera se busca poder iniciar una transición de una economía basada en un modelo extractivista a una economía basada en el conocimiento común y abierto. El propósito es construir juntos un pacto para la implementación de esos documentos y esas políticas públicas en las instituciones del Ecuador.

Lanzamiento del Proyecto FLOKSociety en IAEN Quito

¿Por qué elegir al Ecuador como el epicentro de este proyecto mundial?

¿Cuáles son las diferencias entre América Latina y otros continentes?

Quienes observamos estos fenómenos a nivel global desde la red detectamos hace dos tres años una anomalía política, comunicativa y social en Ecuador. Apareció un discurso que empezaba a otorgar nuevos derechos, no solo a la naturaleza, sino también a las personas. Se comenzó a hablar de un paraíso del conocimiento. Al ver que desde las posiciones oficiales, desde el Estado, incluso desde movimientos de base, se hablaba de impulsar ese modelo económico, creció una sensación en el ciberespacio, en la red mundial, sobre las posibilidades que tiene Ecuador para convertirse en un referente en ese sentido, si realmente se dedica a impulsarlo con fuerza.

Esta transformación sobre los principios de la creación compartida o sobre el derecho al acceso a la cultura y al conocimiento solo puede ocurrir en una región como América Latina. Las culturas de esta región tienen algo en común y es que han aprendido copiando y compartiendo. En América Latina el conocimiento se extendió desde siempre de unas a otras personas, y ese flujo no fue cortado como en Europa, sino que continuó durante 200 y 300 años más. En la realpolitik si se analiza a Asia, Europa o Norteamérica, no hay un continente donde se pueda lanzar una iniciativa así. Cuando vas a una universidad en América Latina, a algunos nos sor-

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prende encontrar fotocopiadoras donde puedes copiar un libro. En nuestro territorio eso ya no es posible, eso ya no es legal. Aquí el copiar es algo natural. Desde pequeños los niños le copian discos a su familia, combinan canciones de varios artistas y es un regalo propio. Esa cultura ya no existe en muchos otros territorios. Acá se extiende desde Rio Bravo hasta Tierra del Fuego, por toda la región entera. Eso es la base necesaria para impulsar estas políticas, el que la gente sea consciente de que es una realidad práctica que no debe cambiar. ¿Qué se necesita para generar este cambio de pensamiento?

Daniel Vázquez, director de FLOK Society

Una propuesta de transformación mundial del modelo de gestión del conocimiento no se puede hacer solo desde un país chiquito, se tiene que hacer desde una región entera que plantee una fuerza política. Esa fuerza puede construirse si trabajamos con UNASUR, con Chile, con Bolivia, con Venezuela, con Argentina. Desde esta región se puede plantear al mundo un nuevo modelo de convenio internacional como el de Berna, pero adaptado a la realidad que hoy vivimos. Cuando Berna se creó, las cartas eran un bien escaso, la comunicación era lenta, la circulación cultural y científica era prácticamente insignificante. Todo lo que se movía en un año en aquella época, se puede mover hoy en tres segundos. Desde ahí es necesario plantear una nueva forma de gestión de los derechos de autor y desde esta región reunimos todas las condiciones para poder hacerlo. ANEPI

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Americans have been selling this view around the world:

That progress comes from

perfect

protection of

intellectual propertyâ&#x20AC;? - Lawrence Lessig 51

propiedad intelectual y soberanía

Casos exitosos de defensa contra biopiratería

S egún datos publicados en la página web de la Comisión Nacional Contra la Biopiratería del Perú, en ese país se han registrado alrededor de trece casos de biopiratería. La biopiratería consiste en la práctica mediante la cual personas o empresas utilizan ilegalmente los recursos genéticos de la biodiversidad de países en desarrollo y/o los conocimientos colectivos tradicionales de sus pueblos aborígenes, indígenas o campesinos, con el objetivo de explotarlos comercialmente sin la autorización de dichos pueblos o países. Respecto a las patentes obtenidas con recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales de otros países, Carmen Arana, abogada y lingüista peruana, explica que “hay varios países que han solicitado y han obtenido una patente de invención que incluía un recurso genético y/o conocimiento tradicional. Por ejemplo, la compañía Bio botanicals […] solicitó una patente de

procedimiento del proceso de secado de la maca, que es un procedimiento utilizado por nuestro hombre andino desde hace mucho tiempo, entonces no tenía novedad ni nivel inventivo”. El problema, según Arana, en este caso particular, radicó en que no existía ningún registro escrito del procedimiento realizado por los hombres andinos en el Perú, de manera que no existió argumento legal para reclamar la propiedad del recurso ni la nulidad de la patente. Sin embargo, existen casos exitosos de defensa de la propiedad de recursos genéticos. Arana cita los ejemplos de la empresa francesa Cognis, que solicitó en Francia la patente de Sacha Inchi, que es un producto peruano. Según explica Arana, ese es un caso exitoso en el que la empresa tomó conciencia y desistió de su solicitud de patente. Otros casos en los que se ha tenido éxito son los de Corea y Japón que solicitaron patentes con la maca, el yacón y otros recursos, también provenientes

Carmen Arana, Especialista en biopiratería

Carmen Arana explica que para defender la propiedad de los recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales, los países dueños de tales recursos tienen dos opciones

de la biodiversidad vegetal peruana. En estos casos, el Perú entregó documentos que demostraban que esas patentes no tenían novedad y la oficina de patentes las desestimó. Carmen Arana explica que para defender la propiedad de los recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales, los países dueños de tales recursos tienen dos opciones: “Tenemos que plantear la acción de oposición o la acción de nulidad que nosotros la tenemos a nivel nacional y también andino, pero el grado de efectividad se tendrá que ver en virtud de los costos y también de los documentos que se presenten para que se pruebe que no tiene nivel inventivo y que no tiene novedad”. Perú es el país pionero en defensa contra biopiratería en Sur América, se espera que más países de la región adopten medidas que permitan proteger la propiedad de la mega-biodiversidad que poseen. ANEPI

espec 54

artĂculos ializados 55

La historia del acuerdo ADPIC y los cuidados que los países deben tener

A ntes de que existiera la Organización Mundial del Comercio –OMC– existía el GATT. El GATT era la reunión periódica de un grupo de países que se realizaba para negociar aranceles en función del principio de reciprocidad. A estas reuniones periódicas se las conocía con el nombre de Rondas. En 1947 se produjo la primera de ellas, llamada Ronda de Ginebra, que fue la que puso en vigencia el GATT. Desde entonces, se sucedieron una serie de Rondas más, hasta que, en 1986 inició la Ronda Uruguay. Esta Ronda se dedicó a sustituir y ampliar los acuerdos que hasta entonces estaban en vigor sobre diversos temas de comercio internacional. La Ronda Uruguay se prolongó hasta 1993 y culminó en una reunión que se produjo en Marruecos. Uno de los acuerdos más importantes de esa reunión de Marruecos fue el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio. La OMC y los ADPIC La creación de la OMC trajo consigo acuerdos relacionados con el comercios de mercancías, de servicios y uno denominado acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido desde entonces por su siglas: ADPIC.

Este acuerdo establece las disposiciones que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio deben seguir en materia de propiedad intelectual. Estas disposiciones son un conjunto de normas mínimas para muchas formas de regulación de la propiedad intelectual. Los hitos más importantes en la historia de los ADPIC relacionados con la propiedad intelectual son analizados por Carlos Correa, máximo referente a nivel latinoamericano en esta materia. Carlos Correa es argentino, consejero especial en comercio y propiedad intelectual del Centro del Sur, en Ginebra. «Hasta hace pocos años los países tenían gran libertad para establecer los parámetros en propiedad intelectual. Podían definir, por ejemplo, si otorgaban patentes o no en algunos sectores, podían definir los plazos de duración de las patentes, qué derechos se otorgaban. Esto sufre una limitación muy importante cuando se aprueba, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, un Acuerdo Internacional sobre Propiedad Intelectual –ADPIC– que establece una serie de estándares mínimos para protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, se establece que las patentes no pueden durar menos de 20 años, aunque en realidad no existe ninguna justificación lógica

Carlos Correa, experto en propiedad intelectual

o económica para esta duración. Establece qué derechos deben concederse a los títulos de patentes y de marcas. Crea una nueva forma de protección de los llamados datos de prueba para los productos farmacéuticos. Es decir, establece un conjunto de normas claramente inspiradas y promovidas por los países desarrollados, estándares de propiedad intelectual equivalentes a los existentes en esos países, lo que no necesariamente es lo adecuado para los países en desarrollo». Las flexibilidades del ADPIC El acuerdo ADPIC fue la culminación de un intenso cabildeo de los Estados Unidos, apoyado por la Unión Europea, Japón y otros países desarrollados. Sin embargo, Carlos Correa explica que en ese marco restrictivo favorable para los países desarrollados, también existen flexibilidades que pueden ser aprovechadas por países como Ecuador. «Dentro de este marco restrictivo hay cierto margen de maniobra, por ejemplo para conceder licencias obligatorias, como lo ha hecho Ecuador». Las licencias obligatorias son el permiso que da un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consenti-

El acuerdo ADPIC contiene “un conjunto de normas claramente inspiradas y promovidas por los países desarrollados” miento del titular de la patente. «Esta herramienta hay que usarla cuando los precios de los medicamentos son elevados –dice Correa–, para establecer excepciones a los derechos exclusivos, que nuestros países deben utilizar de manera plena, porque es una manera de mitigar el efecto que pueden tener los monopolios que otorgan las patentes u otros títulos de propiedad intelectual». Países como Ecuador deben usar las licencias obligatorias cuando los precios de los medicamentos son elevados Hay que poner mucha atención a las negociaciones Con el acuerdo ADPIC no se juega, se diría al parafrasear el dicho popular. Es que, si un país negocia con otro y lo hace en malas condiciones, esas malas condiciones las aprovechan unos terceros.

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«Un aspecto que también introdujo el ADPIC –dice Correa– es la obligación de dar el mismo trato a todas las naciones, así como a nacionales y extranjeros. Esto naturalmente no fue así históricamente: países como Estados Unidos discriminaron en favor de sus nacionales cuando necesitaban crear una base industrial y tecnológica. También el ADPIC crea la cláusula de la nación más favorecida, que supone que si uno negocia, por ejemplo un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, automática e incondicionalmente todas las ventajas que logre la Unión Europea en materia de propiedad intelectual, en el caso de que esto suceda, deben trasladarse a los otros países miembros de la OMC. Lo que significa que si, por ejemplo, Ecuador negocia condiciones más restrictivas en materia de propiedad intelectual que favorezcan a las empresas europeas, también se van a beneficiar de estas ventajas las empresas estadounidenses, japonesas y de otros países, sin haber negociado con Ecuador y sin haber dado nada como forma de pago o de precio por esas concesiones. Por esto, hay que ser muy cuidadosos cuando se encaran negociaciones de este tipo, porque uno puede dar gratuitamente, incondicionalmente, beneficios a países que no han realizado un acuerdo comercial del que puedan surgir compensaciones al país que otorga tales ventajas». Todos los países tienen que atenerse al acuerdo ADPIC Como lo muestra la historia, los ADPIC son normas establecidas mundialmente que en gran medida favorecen a los

países desarrollados. Carlos Correa es claro en esto, los países en desarrollo no tienen otra alternativa que asumir los ADPIC dentro de sus legislaciones nacionales: «La legislación de los países tiene que estar en función de ser consistentes con los ADPIC de la OMC. Si esto no sucede se corre el riesgo de sufrir represalias comerciales. Los países pueden quejarse ante la OMC, requerir que se apliquen acciones comerciales que el propio país quejoso las podrá aplicar. De manera tal que hay una obligación que los países se obligan a cumplir con los estándares mínimos. Lo que no deben ignorar es que existen esas flexibilidades, márgenes de maniobra, espacios de política que los países (en desarrollo) deben utilizar para preservar cierto margen para difusión tecnológica, para la creación de dominio público sólido y para la satisfacción de derechos fundamentales como a salud, alimentación y cultura». El acuerdo ADPIC y los derechos de autor Carlos Correa explica que el ADPIC «protege los derechos de autor sobre la base de la Convención de Berna, pero expande la protección que prevé esta Convención». Por ejemplo, obliga a proteger los programas de computación o softwares, establece la duración mínima en algunos casos cuando se trata de obras cuyos titulares son personas jurídicas, establece ciertas limitaciones para proveer excepciones a los derechos autorales. «Quiere decir que, como ha sido toda la tónica de los ADPIC, establece estándares bastante elevados que los países deben respetar. Sin embargo, también hay flexibilidades que los países pueden utilizar para sa-

tisfacer los derechos fundamentales de la gente: como el derecho a la cultura o el acceso a la educación». Denominaciones geográficas y patentes En estos últimos años, Ecuador ha recurrido al instrumento de las denominaciones geográficas para proteger su cacao de alta calidad y los sombreros de Montecristi. Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Según Correa, si bien los países en desarrollo pueden favorecerse con este instrumento, el nacimiento de las indicaciones geográficas tuvo otro fin: «Indicaciones geográficas fue un gran logro de las comunidades europeas. No había un marco internacional de amplia aplicación antes del ADPIC. Claramente es un capítulo que corresponde a los intereses específicos de ciertas regiones y localidades europeas. No responde a los intereses de los países en desarrollo, de los países más jóvenes, en donde no ha habido una tradición respecto de ciertos nombres, por ejemplo para productos agrícolas o quesos o vinos. De manera tal que es un capítulo que refleja fundamentalmente los intereses europeos y no del resto de los países. Hay limitadas oportunidades para que ciertas comunidades o localidades de países como Ecuador puedan utilizar esta forma de protección, que hay que explorarlas. Pero, claramente, hay una muy fuerte asimetría entre los beneficios que puedan obtenerse de ese tipo de protección en países como los

nuestros y los que obtienen los productores europeos». Carlos Correa explica que con las patentes sucede lo mismo. «Hay una muy fuerte asimetría entre los beneficios que pueden obtener los países desarrollados y sus empresas, frente a los que pueden obtener nuestros países y nuestras empresas, porque hay una mayor generación tecnológica en los primeros. En ellos hay una mayor inversión, sobre todo del sector productivo. Entonces, el desbalance es muy fuerte. De manera que aplicar las mismas reglas que se han establecido en el ADPIC para países de tan desigual nivel de desarrollo tecnológico lleva innecesariamente inequidad». El acuerdo ADPIC es parte de este mundo globalizado, en el cual normas internacionales generalmente interpuestas por países poderosos tienen que ser asumidas por países pequeños, aún a costa de sus intereses. Lo único que pueden hacer estos últimos para su beneficio es aprovechar ciertas flexibilidades que constan en la norma internacional. ANEPI

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Universidad y patentes

E l desarrollo industrial basado en la innovación tecnológica constituyó una política de Estado para los países desarrollados que no fue puesta en duda, a lo largo de la historia, por ningunas de las distintas expresiones y regímenes políticos imperantes: ciudades y gremios medievales, reyes, tiranos, déspotas y demócratas han tenido al menos un punto de contacto y continuidad. La razón de este consenso reposó fundamentalmente en la idea de que el cambio tecnológico era imprescindible para el desarrollo industrial y que, a su vez, el predominio del conocimiento era sustento de su superioridad económica. A partir de la Revolución Industrial los procesos de innovación fueron valorados como indispensables para desarrollar una industria más eficiente y competitiva. Por otra parte, los países desarrollados que hasta el fin de la segunda guerra mundial fueron más o menos enemigos entre sí, pero rivales comerciales siempre, pensaron que si la superioridad de un país se basaba en el conocimiento, entonces el fomento de la innovación debía tener carácter “nacional”. La intencionalidad de las políticas de gobierno, no estuvieron dirigidas a fomentar una ciencia o una tecnología para la “humanidad” –aun-

que indirectamente esta pueda acceder a parte de sus beneficios o que individualmente los científicos compartan este espíritu ecuménico– sino a propender a un cambio tecnológico constante que asegure la competitividad del país en el escenario internacional. En contraste, en los países subdesarrollados la decisión de establecer un modelo de crecimiento industrial basado en la investigación y desarrollo es una discusión que históricamente no se ha saldado. Al día de hoy existen importantes sectores en la Argentina que señalan que el país debe importar la tecnología necesaria y que no sería “eficiente” si invirtiera en investigación y desarrollo. Otros grupos si bien valoran en forma positiva la inversión en I+D, consideran que el Estado sólo podrá realizar una inversión en el área cuando se solucionen los más importantes problemas económicos y sociales y se equilibren las cuentas fiscales. Estas posturas, no consideran que una política agresiva en I+D pueda desarrollar una sólida industria y de esta manera aportar soluciones a los problemas económicos del país. Desde el punto de vista empresarial la visión no es más optimista. En América

Guillermo Vidaurreta, docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en FLACSO – Argentina

La intencionalidad de las políticas de gobierno, no estuvieron dirigidas a fomentar una ciencia o una tecnología para la “humanidad” Latina un modelo de industrialización basado en la importación de tecnología, no facilitó la formación de una mentalidad empresarial dotada de creatividad técnica nacional, ni propició el surgimiento de una capacidad de producción científica orientada a la innovación nacional. Estas posturas encontradas al menos ponen en tensión la relación de la universidad con el Estado y el sector industrial. Es decir, mientras que en los países desarrollados las universidades fuertemente financiadas son el apacible y benéfico canal mediante el cual los Estados cumplen su política de industrialización, conjuntamente con el sector empresario, en la Argentina ante la general indiferencia del sector público y privado y las crisis económicas recurrentes, las universidades deben en soledad desarrollar sus políticas de investigación con presupuestos paupérrimos. Por lo tanto, la investigación

universitaria se da en un contexto entre hostil y poco favorable a la innovación y el cambio tecnológico como política económica. Ante esta situación no pocos sectores vislumbran a la protección de los resultados de las investigaciones por patentes como un medio eficaz para obtener los ingresos con que la universidad hoy no cuenta. Toda universidad debe tener una estrategia para la protección de los resultados de sus invenciones. Pero las tensiones por las que atraviesa la universidad y esta visión “recaudadora” de las patentes universitarias, pueden llevar a hacer perder el horizonte marcado por las misiones y principios universitarios, conspirando incluso con las posibilidades de investigación de la misma universidad. En modo alguno se intenta desalentar la protección de los resultados de las investigaciones de la universidad mediante patentes, sino recalcar su función de “medio” y no de “fin”. ANEPI

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internacional

Veinte años del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

l Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido como NAFTA por sus siglas en inglés, aparece en un contexto muy específico de México. Ese contexto fue el boom petrolero, donde el propio presidente José López Portillo (1976 a 1982) decía que estábamos listos para “gobernar en la riqueza”. Lamentablemente, el mal manejo político y económico nos hizo caer en una compleja crisis.

“

lo que también quiero señalar sobre estos veinte años del NAFTA, tiene que ver con la industria cultural mexicana .

”

De repente entramos a un periodo de devaluación muy grave de nuestra moneda y una crisis económica muy fuerte, a la que años más tarde denominarían el “Efecto Tequila”, por sus repercusiones a nivel mundial. Y que además tuvo como anécdota el terremoto de 1985 en la ciudad de México, que fue la representación de que ese boom petrolero y esa riqueza que íbamos a gobernar, se habían derrumbado completamente.

Gerardo Ojeda, secretario técnico de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC).

Después de ese periodo crítico de diez años llegó Carlos Salinas de Gortari (1988 a 1994), quien anunció que “venía la recuperación económica”. Esa recuperación y esa riqueza, según Salinas de Gortari, iban de la mano de entablar relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. A estos países les interesaba generar un mercado norteamericano sólido, con base en la unidad. Entonces se firmó, a finales de 1993, el NAFTA. Los mexicanos tuvimos la inquietud de saber qué ganaríamos entablando este acuerdo comercial con dos potencias económicas, siendo nosotros un país en vías de desarrollo. Era evidente que existía un desequilibrio que parecía que nuestros gobernantes no querían ver.

“Descubrimos que la industria mexicana desaparecía y que sería las industrias culturales americana y canadiense las que invadirían nuestro país”. Era verdad que entre el 70 y el 80 por ciento de las exportaciones de México, al igual que las de Canadá, iban hacia Estados Unidos. Era evidente que abrir los cánones arancelarios, impuestos y normas establecidas para que la importación de mercancías y de servicios pudiera fluir sin ningún problema, iba a repercutir en la economía mexicana. Sin embargo, también era evidente que, a pesar de que nosotros exportábamos una gran cantidad de

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productos al norte, eran más los productos que iban a llegar desde esos países. Y no fueron productos de primera gama, como se ha demostrado en estos 20 años. La mayoría de esos productos siguen siendo sus excedentes de comercio o productos chatarra. En ese mismo sentido, como se sabe, los mexicanos no solamente exportamos mercancías, también exportamos mano de obra. Lo sorprendente es que nosotros creímos que aquellos compatriotas que viajaron a Estados Unidos para trabajar en la industria y en el campo iban a conseguir su regularización y bienestar, siendo considerados como parte de ese mercado. Lo que sucedió fue todo lo contrario. Fueron las industrias norteamericanas las que se trasladaron al norte de nuestro país y montaron nuevas empresas, utilizando la mano de obra mexicana. Estas fueron las famosas maquiladoras, que empezaron a sacar nueva

producción, bajo nuevos esquemas. Y aquella gente que pensaba que se iba a beneficiar con el acuerdo comercial, descubrió que se encontraba realizando el mismo trabajo para una empresa extranjera, cobrando salarios mínimos, sin garantías sociales y sabiendo que esa mercancía era trasladada a otros mercados fuera de México. Por último, lo que también quiero señalar sobre estos veinte años del NAFTA, tiene que ver con la industria cultural mexicana. Nuestro país es un gran generador de contenidos culturales y artísticos. Pensamos que ese mercado se iba a ver impulsado y beneficiado, ya que México tenía mucho para decir. Rápidamente descubrimos que la industria mexicana desaparecía y que sería la industria cultural americana y en cierta medida la canadiense las que invadirían nuestro país. Gerardo Ojeda

No agredas a tu industria