COMUNIDAD VALENCIANA
ANPE Octubre 2011 • Suplemento a la revista ANPE nº 544 • Comunidad Valenciana
Editorial s sabido que estamos ante una grave situación económica. Esto nos ha llevado a controlar el gasto público como demuestra la reciente reforma de la Constitución. Es el momento de tener claras las preferencias de la sociedad que pagamos impuestos y marcar por tanto esas prioridades entre las que indudablemente se encuentra la educación.
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Esa prioridad que demanda la sociedad, no parecen tenerla del todo clara los políticos encargados de la gestión de nuestro dinero. Algunos ejemplos: desde el presidente del Gobierno que adoptó las primeras medidas restrictivas, bajada de sueldo a los docentes, hasta los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas que redujeron sus partidas en educación en más de 2.000 millones de euros, pasando por la última oferta de empleo público cuya tasa de reposición se fijó en solo un 30%. La excusa, la crisis. Pero una mala gestión de ella puede llevarse por delante los derechos adquiridos de los profesores. Además es curioso recordar que en tiempos muy cercanos de bonanza económica, nuestro país mantuvo el porcentaje de PIB (Producto Interior Bruto) destinado a la educación siempre por debajo de la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), y las retribuciones docentes por debajo del IPC (Índice de Precios de Consumo). Y no es que no entendamos que ante la grave situación que atravesamos todos tengamos que arrimar el hombro, expresión en boca de los políticos últimamente muy utilizada, pero precisamente, por esto de “arrimar el hombro todos”, desde ANPE, proponemos algunas ideas para recortar gastos que se pretende imputar a cuestión tan clave como la Educación: gastos suntuarios y de representación, duplicidad de funciones, complementos de los cargos políticos, subvenciones improductivas, asesores, control del gasto corriente, acumulación de cargos, sueldos vitalicios… Pero no, parece que se decantan por otras medidas, algunas confusas, como las que sufrirán los compañeros de otras comunidades autónomas, merecedoras de
recordar a quien corresponda que las horas lectivas son horas de docencia directa pero no incluyen la totalidad del tiempo que un docente permanece en el centro y además de ello, la UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación), reconoce que una hora de docencia equivale a tres horas de trabajo burocrático. Por tanto y por aclarar, en las 37 horas y 30 minutos semanales computan las lectivas, las complementarias y las de libre disposición. El aumento de unas horas supone la disminución de otras y por tanto merma la calidad del servicio. Y ni que decir tiene los puestos docentes que se pierden gracias a medidas de esta índole. Sinceramente, ANPE prefiere que haya más profesores y sólo un aula informatizada en el centro a darle un ordenador a cada alumno con cuotas de Internet o tener pizarras digitales. Todo es necesario y mejora la calidad de la enseñanza pero vamos a ver que es lo prioritario. Desde ANPE levantamos la voz por la educación como la mejor apuesta para salir de la crisis. Queremos exigir a todas las administraciones públicas que la den la importancia que tiene no sólo con palabras sino con hechos y que no la utilicen como campo de confrontación ideológica; lo peor que podemos hacer es crear conflictos entre profesores, familias, administraciones públicas, la sociedad en general… menos mal que siempre nos quedaran los profesores que cuando cierran la puerta de su aula se olvidan de la política educativa y se dedican a desarrollar su tarea de manera generosa. Eso es lo que salva nuestro sistema educativo. Por todo ello ANPE se movilizará junto al profesorado contra los recortes educativos y que por ende afectan a la calidad de la enseñanza a la pérdida injustificada de puestos de trabajo así como al empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes. Pero lo haremos desde la independencia y responsabilidad, alejados de cualquier connotación política, defendiendo los intereses del profesorado y advirtiendo que no contribuirá ni a la radicalización del conflicto, ni al enfrentamiento político, ni a servir a otros objetivos que no sean los estrictamente profesionales.
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