Revista de la ANUE nº42

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La revista de la Asociación para las Naciones Unidas en España Palestina en la ONU La crisis financiera y el FMI La ‘primavera árabe’ Los ‘indignados’ del 15-M Alcaldes por la Paz, XXXII Premio por la Paz

Octubre 2011

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Editorial Incertidumbres y liderazgos

Naciones Unidas Pág. 4 - 66 Asamblea General de la ONU Palestina y tiempos de cambio Pág. 6 - Palestina en la ONU. Consideraciones sobre la solicitud de admisión como miembro de pleno derecho Pág. 13 - Palestina en la ONU Consideraciones históricas de una ocupación

Pág. 16 - La crisis financiera y económica y el Fondo Monetario Internacional Pág. 20 - Tribunales penales internacionales ad hoc: ¿misión cumplida?

Pág. 21 - La OIT en el siglo XXI. Aproximación a una acción institucional para el progreso de la justicia social Pág. 26 - La opinión pública y la ONU Entre el apoyo y la indiferencia Pág. 28 - Noticias ONU

Mundo Pág. 30 - El desencanto y las dudas planean sobre las revueltas árabes Pág. 38 - ‘Indignados’ del 15-M: más que un aviso

ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA Presidentes honorarios Francesc Casares Potau Lluís Armet Coma Marina Bru Purón Presidente Eduard Sagarra i Trias Vicepresidente 1º Xavier Pons Ràfols Vicepresidenta 2º Lídia Santos i Arnau Secretario Joan Soler Martí Tesorero Albert Barbany i Hurtado* Vocales Ildefons Valls i Torné Rafael Jorba i Castellví Pablo Pareja Alcaraz Xavier Fernández Pons Rosa Ana Alija Fernández* Directora Àngels Mataró Pau Adjunto a Dirección Xavier Guerrero Fernández Staff Ariadna Quintero Valderrama Raül Jiménez Jiménez Teresa Visa Pérez Bernat Comes Llovera Eirene Ramos Nuño Pablo Rodríguez-Aguilera * Pendiente de ratificación por la Asamblea General de la ANUE

Pág. 42 - Por un Estado y un pueblo europeos Pág. 42 - Violencia transnacional: Centroamérica y México

Actividades ANUE Pág. 50 - Alcaldes por la Paz, XXXII Premio por la Paz Pág. 51 - UNYANET, el impacto positivo de los jóvenes Pág. 52 - Noticias ANUE Pág. 54 - Agenda ANUE

REVISTA 42 Consejo de redacción Xavier Pons Ràfols Àngels Mataró Pau Joaquim Coca Edo Diseño, maquetación y coordinación Bernat Comes Llovera Raül Jiménez Jiménez Colaboradores revista 42 Eirene Ramos Nuño Aliona Borets Impresión Masanas Gràfiques c/ Moles, 31, bajos 08010 Barcelona Depósito legal B 32.843-92

La Revista de la ANUE no hace necesariamente suyas las opiniones expresadas por sus colaboradores.

La Redacción se reserva el derecho de alterar títulos, destacados o textos en función de sus criterios profesionales.

Incertidumbres y liderazgos El agudo rebrote de la crisis financiera y económica mundial de este verano, que ha afectado especialmente a algunos países europeos y de manera particular a España, ha agudizado la inquietud de amplios sectores de la sociedad española –con unas tasas de paro absolutamente insostenibles– ante las incertidumbres que nos depara el futuro y la necesidad de una adecuada y efectiva gestión de este futuro colectivo. Esto se ha traducido en movimientos como el 15-M y en una creciente desafección respecto de la clase política, de los sindicatos y de otras instituciones, de manera especial de las entidades financieras. Una auténtica marea de descontento, de difícil articulación, se extiende por amplias zonas de nuestro país, reflejando las insatisfacciones presentes y las preocupaciones por la salida a esta situación.

Una situación crítica que ha conducido al Gobierno socialista a un callejón de difícil salida –más aún en vísperas electorales– y a importantes tensiones sociales ante la adopción de medidas de recortes y ajustes presupuestarios, que afectan a algunos de los pilares del Estado de bienestar y que han adoptado tanto el Gobierno central como los gobiernos autonómicos.

La situación en Europa resulta, asimismo, particularmente delicada y está comportando un cierto peligro no sólo para la estabilidad del euro sino, incluso, para todo el proyecto político de la Unión Europea. La lentitud de reflejos, los vaivenes y la falta de decisiones y compromisos firmes para el rescate de Grecia y otros países, y para asegurar la estabilidad financiera en Europa han ido pudriendo la situación hasta unos límites difícilmente soportables.

El momento actual ha evidenciado las debilidades políticas y las limitaciones de miras de muchos dirigentes europeos que o están ausentes o sólo están pendientes de resultados políticos y electorales a corto plazo. Una actuación que cabría calificar de irresponsable y que podría dar al traste con el proceso de integración europea que lleva más de 50 años de lenta y, a veces, contradictoria evolución y respecto al cual los pueblos europeos se han sentido, en general, bastante ajenos, cuando, en realidad, es más lo que nos une que lo que nos separa.

Por otro lado, la evolución de los acontecimientos en el norte de África ha puesto de manifiesto, de un lado, la insatisfacción de las jóvenes generaciones árabes y su capacidad para provocar cambios de gran alcance, pero, de otro lado, salvo en Túnez, donde ya se han celebrado elecciones democráticas, suscita gran inquietud la evolución que están experimentando algunas de estas situaciones. No sólo de Libia,

donde el Consejo Nacional de Transición, después del asesinato de Gaddafi y la extensión de su control sobre todo el país, sigue tan dividido como ha estado desde el primer momento y sin un rumbo claro; o de Egipto, donde los militares gestionan de manera muy lenta el proceso de transición; o de Siria, donde la comunidad internacional ha sido –de nuevo– incapaz de detener la represión del régimen de Al Assad y ejercer la responsabilidad de proteger a la población civil; o de la evolución de otros países del área, como Somalia, Yemen o Bahrein. Por no hablar del cronificado conflicto de Oriente Medio y sus difíciles perspectivas de futuro. En todas estas situaciones, salvo la de Libia, con las controvertidas resoluciones del Consejo de Seguridad y la consiguiente –e interesada– actuación de la OTAN, las Naciones Unidas han brillado más por su ausencia que por su presencia. No se trata sólo de adoptar resoluciones para la protección de la población civil de conformidad con el Capítulo VII de la Carta; se trata también, a nuestro juicio, de acompañar de manera decidida los procesos de transición hacia la democracia desde el punto de vista político e institucional, pero también en relación con el desarrollo económico y social y, por tanto, con la adecuada cooperación económica y financiera y no pretendiendo obtener beneficios y ventajas.

En estos distintos planos, en nuestro país, en Europa o en el plano de las Naciones Unidas, la sensación general que percibimos es de preocupación e incertidumbre, y, también, de una cierta falta de liderazgo. Los dirigentes políticos de muchos países no acaban de estar a la altura de las críticas circunstancias actuales y no consiguen generar suficiente credibilidad y confianza, con proyectos de futuro creíbles y compartibles.

En un ambiente internacional tan complejo como el actual, de auténtica encrucijada para el futuro, debería reforzarse, a nuestro entender, el papel y la visibilidad de las Naciones Unidas y su papel inspirador en el marco de los tres pilares sobre los que se fundamenta: la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Entendemos que el mundo sigue necesitando a las Naciones Unidas, pero creemos que han de ser unas Naciones Unidas ahítas de liderazgo y determinación. Para eso es necesario una clara voluntad política por parte de los Estados miembros y un claro ejercicio de liderazgo por parte de su secretario general, Ban Ki-moon, que ya ha sido elegido para un segundo mandato hasta 2016.

Esperamos que Ban Ki-moon asuma estas responsabilidades con la máxima altura de miras.

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66 Asamblea General de la ONU Palestina y tiempos de cambio Redacción La Asamblea General de la ONU comenzó el 13 de septiembre su 66º período de sesiones bajo la nueva presidencia del embajador qatarí, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, en una Asamblea marcada por la coyuntura económico-social mundial, es decir la crisis y el malestar cristalizado en revueltas y protestas extendidas en todo el planeta. El propio Al-Nasser declaró al respecto que “los pueblos de todo el planeta están cuestionando sus sistemas de gobierno, ya sin temor de pedir lo que merecen y buscando activamente el cambio”. El otro tema estrella, por supuesto, fue la petición de ingreso de Palestina en Naciones Unidas. Este artículo pretende resumir someramente los diversos temas tratados en la agenda de sesiones.

Libia. Con 114 votos a favor, 17 en contra, los de la Unión Africana y la Alianza Bolivariana para las Américas contrarios, según sus palabras a que “una facción o una autoridad de transición ilegítima impuesta por una intervención extranjera” ocupara el escaño, y 15 abstenciones, el Consejo Nacional de Transición (CNT) libio fue reconocido por la Asamblea y el comité de credenciales como representante del país.

Horas después, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) con el mandato de “entablar un diálogo político sin exclusiones, propiciar la reconciliación nacional, emprender el proceso constituyente y electoral”, ayudar en “el fortalecimiento de instituciones res-

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; Mustafá Mohammed Abdul Jalil, presidente del Consejo Nacional de Transición de Libia; y B. Lynn Pascoe, subsecretario general de la ONU, aplauden la colocación de la nueva bandera de Libia durante la reunión de alto nivel.

UN Photo/Eskinder Debebe

ponsables y el restablecimiento de los servicios públicos”, y “restaurar la seguridad y el orden público promoviendo el Estado de derecho”.

Ya el día 20, en una reunión de alto nivel se daba la bienvenida oficial al presidente y al primer ministro del CNT, con el secretario general, Ban Ki-moon, destacando la lucha del pueblo libio por sus derechos y libertades fundamentales, mientras el presidente estadounidense, Barack Obama, añadía que la actuación en Libia es un modelo de cómo debería funcionar la comunidad internacional en el siglo XXI. Para concluir la cuestión libia, el día 29, el Consejo de Derechos Humanos solicitó el reingreso del país ante el compromiso expresado por el CNT de cumplir con las leyes de derechos humanos, así como de promover la democracia y el Estado de derecho, y cooperar con las instancias internacionales de garantías fundamentales.

Participación política de la mujer. Ante el hecho de que las mujeres son menos del 10 porciento de los líderes mundiales, y sólo el 20 por ciento de legisladores, varias jefas de Estado y de gobierno afirmaron que para lograr un desarrollo sostenible y la paz es esencial la participación política de la mujer. Por ello, el 19 de septiembre, promovieron una declaración que insta a los países que salen de conflictos o en transición a eliminar todas las barreras discriminatorias que afrontan las mujeres.

Desertificación. El 20 de septiembre se dedicó a una reunión de alto nivel sobre la aplicación de la Convención de la ONU contra la Desertificación. Los países afectados por sequías graves, especialmente África, fueron el centro del debate de la reunión. Ban Ki-moon recordó que los más de 13 millones de personas en Yibuti, Etiopía, Kenya y Somalia requieren ayuda humanitaria urgentemente, señalando que, con frecuencia, la comunidad internacional reacciona demasiado tarde.

Tampoco hubo acuerdos significativos en el debate de seguridad nuclear, que se cerró con una conferencia al día siguiente, para promover la entrada en vigor del Tratado contra los ensayos nucleares. El Tratado, que cuenta con 155 ratificaciones, aún no cuenta con las firmas de Pakistán, India y Corea del Norte y las ratificaciones de Estados Unidos, China, Egipto, Israel, Irán e Indonesia. Ban fue contundente al respecto: “No necesitamos más recordatorios, sino voluntad política, acciones concretas” declaró.

Enfermedades no transmisibles. La Asamblea General adoptó por consenso una declaración política para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles -que cuestan la vida de 36 millones de personas cada año- en la que los estados se comprometen a redoblar esfuerzos para mejorar los servicios médicos y el acceso a medicamentos. También señala estrategias multisectoriales para combatir hábitos como el tabaquismo, la dieta malsana, la inactividad física y el consumo abusivo de alcohol.

Palestina. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, entregó el día 23 a Ban Ki-moon la solicitud formal para que Palestina fuera admitida como Estado miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Ban verificó que Palestina satisface los requisitos para integrarse a la Organización, elevando la solicitud al Consejo de Seguridad, órgano que debe dar el visto bueno a las candidaturas para su posterior votación por la Asamblea General.

Seguridad nuclear y racismo. El 21 de septiembre se inauguró el segmento de alto nivel del 66º período de sesiones. En su mensaje inicial, Ban Ki-moon invocó la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas “Nosotros los pueblos”, para recordar que es a esos pueblos a quienes sirve la Organización. Ban enumeró los principales retos a afrontar: el desarrollo sostenible, “Salvar a nuestro planeta, sacar a la gente de la pobreza, avanzar el crecimiento económico, son parte de la misma lucha”, dijo Ban; la prevención de conflictos; la construcción de un mundo más seguro; el apoyo a las naciones en transición; y el trabajo con y para mujeres y jóvenes.

Un día después, el 22, la seguridad nuclear y la falta de progresos en la implementación de la Declaración de Durban sobre racismo centraron el debate, mientras se intensificaban las intensas negociaciones paralelas sobre la cuestión palestina.

Ban Ki-moon destacó que muchas veces la discriminación procede del poder político, “Debemos resistirnos a los políticos que juegan con los miedos de la gente y que usan estereotipos para ganar las elecciones”. Por su parte, la alta comisionada para los derechos humanos, Navi Pillay, incluyó en la lista de víctimas a las personas que sufren VIH y a quienes padecen múltiples formas de discriminación, especialmente las mujeres. Desafortunadamente, la reunión concluyó sin ningún avance específico.

Según el representante permanente de la Autoridad Palestina ante la ONU, Riyad Mansur, la solicitud contaría con el respaldo de más de dos tercios de los países miembros de la Organización, aunque algunos expresaron su apoyo solamente a su reconocimiento como Estado observador, mientras que Estados Unidos anunció públicamente su veto en el Consejo de Seguridad.

Después de que Abbas presentara la solicitud, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu le propuso aprovechar que ambos se encuentran en Nueva York para reunirse de inmediato y reanudar el proceso de paz. También el Cuarteto Diplomático (la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia) pidió reanudar las negociaciones directas sin condiciones en un plazo de un mes para establecer una agenda que reactive el proceso de paz.

El Consejo de Seguridad de la ONU remitió al Comité de Admisiones la solicitud palestina el 28 de septiembre para que la evalúe. Estamos a la espera de una decisión.

A modo de conclusión. La falta de acuerdos sustantivos en diversas materias, la nula repercusión de los debates generales –a excepción de la primavera árabe–, y la indeterminación en la resolución de la solicitud palestina dejan un balance insatisfactorio del inicio de la 66ª Asamblea General, en un momento en que todas las miradas estaban centradas en las Naciones Unidas.

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Palestina en la ONU Consideraciones sobre la solicitud de admisión como miembro de pleno derecho Xavier Pons Rafols. Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona.

Vicepresidente de ANUE.

Nassir Abdulaziz Al-Nasser (tercero por la derecha), presidente de la 66ª sesión de la Asamblea General, y Riyad H. Mansour (centro), observador permanente de Palestina en la ONU, junto a miembros de la campaña no gubernamental para la admisión de Palestina.

UN Photo/Evan Schneider

El 23 de septiembre, la delegación de Palestina ante las Naciones Unidas presentó al Consejo de Seguridad la solicitud de admisión como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, la Organización universal por excelencia. Una decisión de los dirigentes de la Autoridad Palestina que está teniendo mucho impacto político y mediático y que podría constituir, quizás, un revulsivo que revitalizara unas agónicas conversaciones de paz que se alargan demasiado y que tienen su origen mediato en la Conferencia de Paz celebrada en Madrid en el año 1991 y en los posteriores Acuerdos de Oslo y Washington de 1993.

El tema está siendo abordado de manera confusa en los medios de comunicación y, sin eludir las importantes connotaciones políticas que tiene, entiendo que pueden diseccionarse y analizarse distintos aspectos jurídicos que se plantean desde el Derecho Internacional y, cuanto menos, intentar hacer un esfuerzo para clarificar y ordenar la cuestión que ahora se presenta en el contexto en el que se halla.

A tal efecto, voy a referirme, en primer lugar, a la condición de Estado en Derecho Interna-

cional y a la especial situación de Palestina y, en segundo lugar, al estatuto de Palestina ante las Naciones Unidas y los procedimientos a seguir –y las posibilidades de resultados– que se plantean a partir de la solicitud formulada por las autoridades palestinas.

La condición de Estado en Derecho Internacional y la consideración de Palestina como Estado La primera cuestión a considerar es que la condición de Estado en Derecho Internacional no viene determinada por la admisión de una determinada entidad como miembro de las Naciones Unidas o por el hecho de que muchos otros estados procedan a su reconocimiento como tal. La condición de Estado –y, por tanto, de sujeto de Derecho Internacional– deriva de la efectividad de una determinada situación que requiere que exista una población asentada en un territorio, que esté organizada políticamente –es decir, con un gobierno–, y que se puedan ejercer las competencias estatales de manera independiente o, dicho de otra forma, con plena soberanía.

A partir de esta premisa, debe indicarse que, aunque las Naciones Unidas sea una Organización prácticamente universal –que reúne en la actualidad a 193 estados miembros–, existen en la actual sociedad internacional estados que no son miembros de las Naciones Unidas (como la Santa Sede, que mantiene un estatuto de observador); estados soberanos pero con un régimen especial de asociación que tampoco son miembros de las Naciones Unidas (como las Islas Cook o Niue, que sí son miembros de otras organizaciones internacionales como la FAO o la OMS); entidades que se han proclamado como estados y han sido reconocidos por un número importante de otros estados como tales (como Kosovo, Taiwán o la República Árabe Saharauí Democrática); y supuestos de pretendida estatalidad con el sólo reconocimiento de un Estado con intereses directos (como la República Turca de Chipre del Norte o Osetia del Sur).

La prerrogativa de que un país sea reconocido como un Estado no viene determinada por el hecho de ser o no miembro de la ONU

Es decir, que no es necesario ser miembro de las Naciones Unidas para poder ser considerado un Estado, por mucho que algunos de los ejemplos que hemos mencionado sean, cuanto menos, controvertidos. Se puede ser perfectamente un Estado sin ser miembro de las Naciones Unidas. Para ilustrar más claramente esta situación basta con señalar que Suiza, con el espíritu de neutralidad que la caracteriza, no quiso solicitar su admisión como miembro de las Naciones Unidas hasta hace escasamente 20 años, en 1992, ostentando desde muchos años antes el estatuto de Estado observador y sin que todo ello fuera obstáculo a que acogiera en su territorio (en la ciudad suiza de Ginebra) la sede europea de las Naciones Unidas.

No hay duda, sin embargo, que adquirir la condición de miembro de la Organización universal –sin que ello implique un reconocimiento por todos y cada uno de sus estados ya miembros– introduce importantes elementos de fortalecimiento político y de consolidación de situaciones emergentes y, por ello, los estados surgidos del proceso de descolonización o del desmembramiento de la Unión Soviética y de Yugoslavia solicitaron inmediatamente su admisión como miembro de las Naciones Unidas. Así se hizo, recientemente, con la República de Sudán del Sur que se se-

paró formalmente del Sudán –después de un largo conflicto que acabó con unos acuerdos de paz y el consiguiente referéndum– el 9 de julio de 2011 y fue admitido como miembro de las Naciones Unidas el 14 de julio de ese mismo año, escasamente unos días después de la formalización de su independencia.

En este sentido, puestos a poner otros ejemplos, puede indicarse que Palestina forma ya parte, como miembro de pleno derecho, de algunas organizaciones internacionales de carácter regional, como la Liga de Estados Árabes o la Organización de la Conferencia Islámica. Es más, Palestina ostenta también esta condición de miembro de pleno derecho en la Unión para el Mediterráneo, organización impulsada por la Unión Europea, creada en el año 2008 y que, como es sabido, tiene su sede en Barcelona.

El Estado palestino ha sido reconocido por un centenar de países y forma parte como miembro de pleno derecho de algunas organizaciones internacionales

De otro lado, la Organización de Liberación de Palestina (OLP) –reconocida por las Naciones Unidas en 1974 como legítima representante del pueblo palestino– proclamó solemnemente en 1988 el Estado palestino, aunque lo tuvo que hacer fuera de los territorios palestinos ocupados, concretamente en Argelia. De esta autoproclamación unilateral de la condición de Estado se siguió la participación en las organizaciones internacionales que he señalado y, sobre todo, se ha seguido a lo largo de los años un goteo constante de reconocimientos del Estado palestino por parte de otros muchos estados, con el consiguiente establecimiento de relaciones diplomáticas. Aproximadamente un centenar de estados han formulado este reconocimiento de la estatalidad de Palestina, entre los que no se halla España, aunque nuestro país haya reconocido un estatuto casi diplomático a la delegación palestina en Madrid.

Cuestión distinta es que la situación de Palestina pueda enmarcarse en un proceso continuado de multiplicación del número de estados –acelerado con el proceso de descolonización y con la implosión del bloque socialista– que parece que puede persistir en otros supuestos sin que, en ningún caso, se tenga en consideración que, frente a esta fragmentación de la estatalidad los nuevos estados tengan capacidades para ejercer, de

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8 manera real y efectiva, las funciones propias de un Estado soberano tanto en su dimensión externa como, especialmente, en su dimensión interna. Baste con señalar los denominados microestados, que configuran una quinta parte de los estados miembros de las Naciones Unidas, y todos aquellos supuestos –y Palestina es uno de ellos– en los que la comunidad internacional, y especialmente las Naciones Unidas, deben continuar reforzando y asistiendo a la formación de las capacidades institucionales de muchos estados o situaciones de protoestados.

Pues bien, aunque Palestina ostente la condición de miembro de algunas organizaciones internacionales y haya sido reconocido por prácticamente un centenar de otros estados, lo cierto es que no reúne plenamente los elementos para poder afirmar sin lugar a dudas la existencia de un Estado en Derecho Internacional, a los que antes nos hemos referido. Tiene ciertamente una población (gran parte de la cual se halla, sin embargo, refugiada fuera del territorio palestino), tiene un territorio (los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza, ocupados por Israel desde 1967, aunque Israel se retiró de Gaza y desmanteló sus asentamientos en el año 2005) y tiene un Gobierno (la Autoridad Palestina, aunque el mandato del actual presidente Mahmud Abbas ya haya vencido y los enfrentamientos políticos internos hayan provocado que en la franja de Gaza, controlada por Hamas, no se reconozca a estas autoridades).

El cuarto elemento, la soberanía o independencia, también puede considerarse en cierto modo presente aunque queda condicionado, en parte al menos, al límite de las competencias reconocidas en los Acuerdos de Olso a la

El secretario general Ban Kimoon (segundo por la derecha) reunido con la delegación de Palestina, encabezada por su presidente Mahmoud Abbas, tras la petición formal de admisión en la ONU. UN Photo/Eskinder Debebe

Autoridad Palestina, que se estableció en el territorio palestino en 1994.

El ejercicio de unas competencias estatales plenas y soberanas por parte de Palestina está condicionado a las negociaciones con Israel

En definitiva, lo que quiero señalar es que Palestina puede ser considerado un Estado – muchos estados así lo han reconocido, aunque para otros no sea así–, pero lo cierto es que el completo e independiente ejercicio de unas competencias estatales plenas, con carácter de soberanas, permanece condicionado a la negociación con Israel, como continuación de lo acordado en Oslo y en Washington. Alcanzar la condición de miembro de las Naciones Unidas no cambiaría la situación de facto existente, aunque pudiera tener otras consecuencias jurídicas y, especialmente, de carácter político.

Podría empeorar la situación política, manteniendo la parálisis negociadora y aumentando los enfrentamientos armados, o dando alas a los sectores más radicales de ambas partes, con nuevos atentados terroristas por parte de grupos palestinos o con actuaciones criminales por parte de grupos de colonos israelíes; pero podría también constituir un revulsivo positivo para reemprender seriamente unas negociaciones estancadas y que, para las Naciones Unidas, deberían estar encaminadas al objetivo final de la existencia de dos estados, uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas.

Este objetivo de los dos estados (Palestina e Israel) es el que ya se planteó por parte de las Naciones Unidas en 1947 cuando la Asamblea General adoptó la resolución 181 (II), de 29 de noviembre de 1947, sobre la partición de Palestina. Después de las distintas guerras

árabe-israelíes y la ocupación israelí de los territorios palestinos –desde la guerra de 1967– este objetivo ha sido reiterado por el Consejo de Seguridad en diversas resoluciones, fundamentalmente las históricas resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) y, más recientemente, mediante la resolución 1515 (2003), que exigen la retirada de Israel de los territorios palestinos ocupados. En el marco del proceso negociador este es también el objetivo impulsado por el Cuarteto (Naciones Unidas, Unión Europea, Estados Unidos y Rusia) con su hoja de ruta diseñada ya en el año 2003 (Documento S/2003/529).

El estatuto de Palestina en las Naciones Unidas y la solicitud de admisión como miembro de pleno derecho Como he señalado antes –y en el contexto del impulso al principio de la libre determinación de los pueblos–, después de la ocupación israelí de los territorios palestinos en 1967, y después también de la guerra árabe-israelí de 1973, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció a la OLP como la legítima representante del pueblo palestino (y algunos pueden recordar la imagen simbólica de Yasser Arafat en el foro de la Asamblea General con una mano en su cartuchera y un ramo de olivo en su otra mano). De este reconocimiento se derivó el otorgamiento del estatuto de observador ante la Asamblea General, lo que se hizo mediante la resolución 3210 (XXIX), de 14 de octubre de 1974. Este estatuto de observador, con los derechos de participación que comporta, se había atribuido también, de un lado, a otros movimientos de liberación nacional (como el Frelimo, el ANC o la SWAPO, que cesaron en este estatuto cuando culminó su proceso de descolonización o se puso fin al régimen del apartheid) y, de otro lado, a diversas organizaciones internacionales (como, en aquel momento, las Comunidades Europeas, la Unión Africana o la Liga de Estados Árabes). De hecho, la Asamblea General lo ha seguido atribuyendo a diversas organizaciones internacionales y a entidades de naturaleza jurídica distinta, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Orden de Malta o el Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

De otra parte, tradicionalmente se ha otorgado el estatuto de observador a estados no miembros de las Naciones Unidas, que adquirían así derechos de participación en la Organización universal, sin asumir los derechos

y obligaciones derivados de la condición de miembro. Este estatuto es el que ostentaba, como ya hemos indicado, Suiza hasta su admisión en 1992, o el que ostentaron las dos Alemanias hasta su admisión en 1973 o las dos Coreas hasta su admisión en 1991. En el momento actual, sólo la Santa Sede ostenta este estatuto de Estado no miembro observador.

Palestina, que dispone de las prerrogativas de entidad observadora de las Naciones Unidas, ha asistido a algunas sesiones del Consejo de Seguridad

Cabe señalar, además, que después de la proclamación del Estado palestino –en 1988–, la Asamblea General mejoró el estatuto de participación de la OLP y pasó a considerar a Palestina como entidad observadora. Este cambio significó pasar de movimiento de liberación nacional con estatuto de observador a entidad observadora, lo que, en la práctica, venía a equiparar los derechos de participación de Palestina a los de un Estado observador. Incluso, más allá de la Asamblea General, la delegación Palestina ha sido admitida a asistir a determinadas sesiones del Consejo de Seguridad que han tratado del conflicto de Oriente Medio sobre la base del artículo 37 del Reglamento provisional del Consejo que permite que se invite a representantes de otros estados miembros de las Naciones Unidas que no sean del Consejo de Seguridad.

En todo este contexto, Palestina ha solicitado ahora la admisión como miembro de pleno derecho (Documento S/2011/592) y debemos fijarnos, en primer lugar, en que las condiciones y el procedimiento de admisión están establecidos en el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. De un lado, el apartado 1 de este artículo establece que “podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo”, lo que nos lleva a considerar que, más allá de la condición básica de ser un Estado, nos hallamos ante condiciones suficientemente subjetivas como para poner de relieve su carácter fundamentalmente político. De otro lado, el apartado 2 de este artículo 4 establece que “la admisión de tales estados como miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”.

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Los miembros del Cuarteto para Oriente Medio, reunidos en la ONU ante la solicitud de admisión de Palestina. Tony Blair, enviado especial del cuarteto; Hillary Rodham Clinton, secretaria de Estado de EEUU; Ban Kimoon, secretario general de la ONU; Sergey V. Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia; y Catherine Ashton, alta representante de la Unión Europea.

UN Photo/Mark Garten

En los primeros años de la Organización –en plena guerra fría– se plantearon ya algunos problemas en relación con la admisión de nuevos estados como consecuencia del ejercicio del derecho de veto por parte de los Estados Unidos o de la Unión Soviética y el consiguiente bloqueo en la admisión. Este bloqueo continuado no se resolvió hasta que en 1955 se produjo la admisión, en un paquete global, de 15 estados, entre los que se encontraba España. En ese contexto, la Corte Internacional de Justicia estableció claramente en aquel momento que las condiciones para la admisión de un Estado como miembro de las Naciones Unidas son las que establece el artículo 4.1, no pudiéndose fijar condiciones adicionales, y que en el procedimiento debía haber necesariamente una recomendación favorable del Consejo de Seguridad y que, sin ella, la Asamblea General no podía adoptar ninguna decisión sobre la admisión de un Estado. Resulta, por tanto, imprescindible una resolución positiva del Consejo de Seguridad.

Como es sabido, el Consejo de Seguridad está compuesto por cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China) y diez miembros no permanentes. Estos últimos son elegidos por la Asamblea General por períodos de dos años y con la adecuada distribución geográfica.

Actualmente son miembros no permanentes Alemania, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Colombia, Gabón, India, Líbano, Nigeria, Portugal y Sudáfrica.

Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre materias importantes –y la recomendación sobre la admisión de un nuevo miembro

lo es– deben adoptarse por un mínimo de nueve votos favorables sobre los 15 miembros del Consejo, incluidos los votos afirmativos de los cinco miembros permanentes (artículo 27.3 de la Carta). Este mecanismo, conocido como derecho de veto, se ha ido interpretando en el sentido de que la abstención o la ausencia de un miembro permanente no significa el ejercicio de su poder de bloquear la decisión del Consejo de Seguridad. En este sentido, el proceso de adopción de una resolución en el Consejo de Seguridad opera en dos estadios: primero, deben reunirse el número mínimo de nueve votos afirmativos sobre los 15, ya que si no se reúne este número mínimo la decisión no podrá adoptarse y entonces resulta completamente indiferente la consideración de si alguno de los miembros permanentes ha votado a favor, se ha abstenido o ha votado en contra; segundo, si se reúne este mínimo de nueve votos afirmativos, la cuestión verdaderamente importante entonces es verificar si uno sólo de los miembros permanentes ha votado en contra, lo que provocaría el bloqueo y la imposibilidad de adoptar la decisión.

Si 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad se opusieran al ingreso de Palestina, no sería necesario el veto de Estados Unidos para bloquear la admisiónveto

En el momento actual, y por lo que se refiere a la solicitud de admisión cursada por Palestina, Estados Unidos ya han avanzado su voto en contra pero, por obvias razones políticas, están tratando de conseguir no ser los únicos en bloquear la admisión. Ante el previsible voto favorable de Rusia y China y

las posibles abstenciones de Francia y el Reino Unido, la opción más buscada por Estados Unidos es la de poder reunir un número mínimo de siete estados que o bien se opongan o bien se abstengan ante la petición palestina, con lo que no se reuniría el número mínimo válido de 9 votos afirmativos sobre 15 y, por tanto, la decisión no sería adoptada, sin necesidad de recurrir al derecho de veto.

De momento, el Consejo de Seguridad, en su reunión del 28 de septiembre de 2011 (S/PV.6624) se ha limitado a referir la solicitud de Palestina al Comité de Admisión de Nuevos Miembros para su estudio. Este comité, en el que están representados todos los miembros del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 59 del Reglamento del Consejo, comenzó a examinar la solicitud palestina el pasado 30 de septiembre de 2011. Este examen puede prolongarse durante bastante tiempo antes de que el comité presente sus conclusiones al Consejo que, tarde o temprano –y, en todo caso, antes de la apertura de un período ordinario de sesiones de la Asamblea General o si se convoca un período extraordinario de sesiones–, tendrá que adoptar una decisión recomendando la admisión, no recomendándola o aplazando el examen de la solicitud.

En estos dos últimos supuestos –que son los más probables– el Consejo deberá presentar a la Asamblea General un informe especial acompañado del acta completa de la discusión. Habrá que ver en las próximas semanas –o meses– cuál es la fórmula que acaba adoptando el Consejo de Seguridad y valorar adecuadamente sus condicionamientos políticos y, especialmente, sus consecuencias en relación con la situación en Oriente medio.

En este orden de ideas, la solicitud de admisión de Palestina ha puesto adicionalmente sobre la mesa la consabida falta de acuerdo en el seno de la Unión Europea y sus escasos reflejos políticos. Pese al apoyo financiero y político que está dando la Unión Europea a la Autoridad Palestina y al proceso de paz, con un Representante Especial (en la actualidad Tony Blair y, en una época anterior, Miguel Ángel Moratinos), no hay acuerdo político suficiente sobre la petición palestina.

Algunos países son partidarios de apoyar la solicitud o, cuanto menos, su reconocimiento como Estado observador, mientras que otros se acercan más a las posiciones de los Estados Unidos y mantienen su presión sobre las autoridades palestinas. En cualquier caso,

la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, no ha conseguido sumar un consenso y, como infaustamente ha venido sucediendo en tantas otras ocasiones en temas de política exterior, la Unión Europea está deviniendo invisible e irrelevante y en este asunto, “ni está ni se la espera”.

Si la solicitud formulada por Palestina no es avalada por el Consejo de Seguridad, ya sea por no reunir el número mínimo de nueve votos afirmativos o porque, reuniéndolos, un miembro permanente ejerza su derecho de veto (y el mismo presidente Obama ha indicado que así lo hará Estados Unidos), la Asamblea General no puede debatir ni aprobar una resolución sobre la admisión de Palestina como miembro de las Naciones Unidas. Sin embargo, nada obstaculiza a que la Asamblea General, en las próximas semanas o meses, a petición de Palestina o de otros estados, pueda adoptar otras decisiones mejorando el actual estatuto jurídico de Palestina en las Naciones Unidas o afirmando su reconocimiento como Estado. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 de la Carta, la adopción de una resolución en este sentido por parte de la Asamblea requeriría el voto favorable de dos terceras partes de los miembros presentes y votantes; número de votos que, atendiendo a los reconocimientos del Estado palestino ya efectuados, no habría dificultades en obtener sobradamente.

Si Palestina fuera reconocida como Estado observador, se le podrían abrir algunas vías de acceso a importantes acuerdos multilaterales

Si la Asamblea General decidiera considerar a Palestina como un Estado –aunque no fuera miembro de las Naciones Unidas– y, por tanto, cambiara su estatuto de entidad observadora al de Estado observador, en la práctica, y por lo que se refiere a los derechos de participación en el seno de las Naciones Unidas, pocos cambios cualitativos se darían ya que, como hemos dicho, el estatuto actual de Palestina se ha venido equiparando, en términos prácticos, al de un Estado observador. Internacionalmente, quizás más estados seguirían reconociendo al Estado palestino y quizás se mejoraría el estatuto de Palestina en otras organizaciones internacionales, pero la situación de soberanía limitada derivada de los Acuerdos de Oslo y de la situación actual no cambiaría tampoco. Es cierto que, aunque seguiría resultando difícil, podrían facilitarse

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12 y abrirse algunas vías de acceso de Palestina a los más importantes acuerdos multilaterales, entre los cuales –y este es el gran temor de Israel– se halla el acuerdo de Roma estableciendo la Corte Penal Internacional. De hecho, después de la operación israelí “Plomo Fundido”, que azotó la franja de Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009, Palestina ya declaró reconocer –con efectos desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002– la jurisdicción de la Corte respecto de los crímenes de su competencia cometidos en el territorio palestino, si bien la Corte no ha adoptado aún ninguna decisión al respecto.

En este sentido, los cambios fundamentales de un reconocimiento de este tenor por parte de la Asamblea General serían más de orden político, de fortalecimiento de la estatalidad de Palestina –ya reconocida por más de un centenar de estados– y quizás, como decíamos, este nuevo debate podría constituir un revulsivo que pudiera reconducir y hacer más operativas las negociaciones del proceso de paz con Israel. Políticamente podría significar mucho pero, jurídicamente, no cambiaría en exceso el estado actual de cosas, tanto dentro de la participación en las Naciones Unidas como en lo que se refiere a su reconocimiento internacional y a su capacidad de celebrar tratados internacionales y operar en el plano internacional.

Porque, en definitiva, aunque el artículo 4 de la Carta establezca unas condiciones y un procedimiento de admisión como miembro de las Naciones Unidas, no nos hallamos

Manifestación en Ramallah de apoyo a la solicitud de admisión de Palestina en la ONU. abc.net.au

ante una decisión estrictamente jurídica, sino ante una decisión claramente política.

El largo y complejo conflicto de Oriente Medio debe volver a su casilla de salida, que no es otra que la del principio de la existencia de dos estados independientes con fronteras seguras y reconocidas. Así lo estableció la Asamblea General en 1947 cuando llevó a cabo la división de Palestina y permitió el establecimiento del Estado de Israel. La guerra árabe-isarelí de 1948 y los sucesivos conflictos bélicos de 1967 y de 1973 han complicado la situación y llevado a un estado de cosas en el que el Estado de Israel es la potencia ocupante de los territorios palestinos, ha construido un muro de separación –ilegal según consideró la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva del año 2004–, y mantiene y autoriza nuevos asentamiento de colonos israelíes en los territorios ocupados –ilegales, de conformidad con las normas de Derecho Internacional Humanitario.

Como se ha afirmado desde las Naciones Unidas, las fronteras de los dos estados han de ser las anteriores a 1967 y la única vía para alcanzar la paz y este objetivo es la de la negociación directa entre Israel y Palestina (abordando también temas especialmente complejos, como los refugiados y la capitalidad de Jerusalén), con una clara voluntad negociadora de llegar a acuerdos y con el acompañamiento, apoyo y empuje –que debería ser más contundente y decidido– de la comunidad internacional representada por el Cuarteto (Naciones Unidas, Unión Europea, Estados Unidos y Rusia).

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Palestina en la ONU consideraciones históricas de una ocupación Francesc Cardona. Doctor en Historia.

Primera sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre Palestina (6 de mayo de 1947), con la participación de la Agencia Judía para Palestina y el Alto Comité Árabe de Palestina.

UN Photo # 325266

Es una región geográfica del Oriente Medio al suroeste de Asia con connotaciones bíblicas, coránicas y cristianas, que se extiende entre Líbano al norte, el mar Muerto al sur, el Mediterráneo al oeste y el desierto de Siria al este. Jerusalén es su capital geográfica e histórica. Territorio en litigio entre las comunidades árabe y judía por sus derechos territoriales y nacionales sobre la zona.

El gran problema que presenta la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para presentar su solicitud de reconocimiento como Estado miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas es la clarificación de sus fronteras. Clarificación que quienes no desean su admisión se han preocupado de boicotear desde la creación del Estado de Israel en 1948 a través de un sin fin de guerras, litigios, asentamientos de colonos, trasiegos de población, en embrollarlo cada vez más para hacerlo inviable.

A partir de 1981, la incesante inmigración de judíos a Palestina y la compra de tierras por éstos agudizaron el sentimiento nacional de los árabes palestinos y su rechazo al dominio sionista

Mientras la comunidad árabe ha luchado contra la ocupación judía y por la constitución de un único Estado democrático pa-

lestino, la judía lo ha hecho por defender los derechos conquistados a partir de la afluencia de colonos israelitas (recordando su vieja patria bíblica) a la región desde fines del siglo XIX. El conflicto se inició al terminar el dominio turco en la zona durante la Primera Guerra Mundial (de ahí el interés del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan por presentarse como defensor del arreglo de un desaguisado, en parte provocado por sus antepasados). En 1918, por los acuerdos de San Remo, Palestina pasaba a ser un protectorado británico ratificado por la Sociedad de Naciones.

El incumplimiento de estos acuerdos y una política de hechos consumados originaron las guerras árabe-israelíes, unos en defensa de su territorio, los otros intentando engrandecer lo conseguido soñando con el restablecimiento del gran Estado bíblico de Salomón (movimiento sionista).

La creciente inmigración judía, la compra de tierras en la zona agudizó el sentimiento nacional palestino y el rechazo al dominio sionista. En 1947, la ONU decidió la partición de Palestina en un Estado judío y un Estado árabe. Los judíos lo aceptaron, los árabes, no, como tampoco lo hicieron con la parti-

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14 ción de Jerusalén (la ciudad nueva para los israelitas, la vieja para los árabes).

Desde la independencia de 1948, Israel ha mantenido los territorios adjudicados por la ONU a los palestinos ocupados administrativamente y sometidos a duras intervenciones militares

Tras la proclamación del Estado de Israel en 1948, los judíos ampliaron sus límites otorgados en la partición, mientras que Cisjordania era integrada a Jordania y Gaza con su franja marítima, era administrada por Egipto.

La Guerra de los Seis Días de 1967 sometió estos territorios a la administración israelí.

La Asamblea General de la ONU reconoció en 1974 el derecho de los palestinos a la autodeterminación y concedió a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) el estatus de observador. Pero no fue hasta 1977 en que iniciaron la reclamación de su soberanía.

Los acuerdos de Camp David (1978) y el Tratado de paz de Washington (1979) entre Israel y Egipto, ratificaban la autonomía administrativa provisional y después la autodeterminación de sus habitantes.

En 1987 se inició una revuelta popular intifada palestina (algaradas populares con lanzamiento de piedras). El rey de Jordania renunció a los lazos legales administrativos con Cisjordania (1988). La OLP proclamó de forma unilateral, la creación de un Estado independiente, con el Parlamento palestino en el exilio, según los acuerdos de la ONU de 1948. En 1993 israelíes y palestinos, con la intervención de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo por el cual la franja de Gaza consiguió, con la ciudad de Jericó, un régimen de autonomía bajo una Autoridad Nacional Palestina (ANP) presidida por Yaser Arafat.

Seis años después de que Arafat proclamara el Estado palestino, el ejército israelí ocupaba las principales ciudades de Cisjordania y Gaza y volvía a invadir Líbano

Tras las conferencias de Washington, Madrid y Oslo (I y II) bajo la consigna paz por territorios, en 1994 Israel y Jordania firmaron un acuerdo de paz que no fue aceptado por los radicales (Arafat, Isaac Rabin y Simon Peres, habían compartido el Premio Nobel de la Paz).

En 1995 Rabin sería asesinado por un radical judío. La OLP proclamó la creación de un Estado independiente en Palestina, que se transformó en autónomo. En el año 2000 Arafat anunció la proclamación de un Estado palestino con Jerusalén por capital, idea rechazada por Israel, que a su vez la había convertido en su capital en 1980. Circunstancia que los acuerdos de Camp David, auspiciados por Bill Clinton (2000), ratificaron. La subida de Ariel Sharon al Gobierno de Tel Aviv agudizó el problema y las principales ciudades de Cisjordania y Gaza fueron ocupadas por el ejército israelí. Los palestinos acudieron a organizaciones extremistas Al Jihad, mártires de Al Aqsa, Hamas. Arafat, muy desprestigiado por la corrupción administrativa, traspasó en 2003 el Gobierno a Abu Mazen (Mahmud Abbas), quien dimitió pero tuvo que volver ante la inoperancia de su sucesor. Mientras tanto Arafat, tras haber sido sitiado por radicales palestinos y ante los asesinatos selectivos de Israel, cayó gravemente enfermo. Autorizado su desplazamiento a París, falleció (2004). Sus restos fueron trasladados a Ramallah (capital palestina), donde fue enterrado con todos los honores y la denominada “hoja de ruta” para la paz quedó bloqueada. En verano de 2006 el ejército israelí volvía a invadir Líbano, en una operación de castigo contra los milicianos de Hezbolá.

La victoria en Gaza del grupo radical Hamas en 2006 significó la ruptura política de la resistencia palestina y propició una operación de bombardeos indiscriminados por parte de Israel

Sucedido por Abu Mazen (Mahmud Abbas) tras las elecciones, pactó con Sharon el final de la violencia con el beneplácito de los Estados Unidos, pero el Gobierno israelí inició el levantamiento de un muro en Jerusalén para aislar los territorios autónomos palestinos, lo que provocaría serios problemas para desplazarse éstos al trabajo. Situación que se quiso paliar con la apertura de 12 puertas en el muro y activar los transportes públicos.

La policía palestina e Israel lanzaron una ofensiva contra el movimiento radical Hamas contrario a las negociaciones de paz y que dominaba la franja de Gaza. Hamas venció en las elecciones legislativas de 2006. Estados Unidos sólo estaba dispuesto a que Hamas gobernase si se comprometía a abandonar la lucha armada y a reconocer el Estado de Israel. Caso de no hacerlo se le cerraría toda ayuda económica.

Los asesinatos selectivos continuaron y la intifada se agravó. La invasión israelí de Gaza controlada por Hamas, la llegada al poder del nuevo primer ministro Beniamin Netanyahu, líder derechista del Likud (que había sucedido al centrista Ehud Olmert por incapacidad física de Sharon) y el enfrentamiento de la Autoridad Nacional Palestina con los líderes de Hamas fueron los asuntos más delicados de la política palestina durante el bienio 2008-2009. La misión militar del ejército israelí provocó la muerte de más de 1.300 palestinos, además de miles de heridos y cuantiosas pérdidas económicas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó a ambos de crímenes de guerra. Un plan de paz israelí fue rechazado de plano por los líderes palestinos por su rigidez.

El clima de indignación subió al paroxismo cuando el ejército israelí asaltó en aguas mediterráneas una embarcación con destino a Gaza y en cuya acción dieron muerte a diez civiles turcos (2010).

Sin embargo, las negociaciones de paz no se interrumpieron en Washington con la presencia del presidente Barack Obama.

Pero el problema de los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania continuaba en pie, así como la construcción de un nuevo muro de protección entre los territorios palestinos. Israel levantó parcialmente el bloqueo de Gaza, permitió la salida de productos agrícolas y la entrada de mercancías de primera necesidad.

La petición de que el Estado palestino sea reconocido por la ONU se produce después de la intransigencia negociadora de Israel y de su imparable política de colonización con nuevos asentamientos

La decisión de la Autoridad Palestina de recurrir a la ONU es la culminación del proyecto inicial del primer ministro de Abbas, Salam Faiad, de construir la infraestructura de un Estado, iniciativa llevada a término con éxito, ante la constatación de que una negociación con el Gobierno de Netanyahu se ha mostrado inviable y la decepción con la Administración Obama que no ha sabido imponer a aquél una prolongación de la moratoria para realizar nuevos asentamientos de colonos.

Por otra parte, Occidente: Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU no han

sabido consensuar una declaración para que las negociaciones llegaran a un feliz término. Obama, que en el inicio de su presidencia intentó acercar posiciones con su discurso de El Cairo y sobre todo, con el del 19 de mayo de 2011, llevó a un nuevo enfrentamiento con Netanyahu, aunque no podía adivinarse, cómo sería posible los pasos que propugnaba para la negociación y mientras los radicales palestinos continuaban en su empecinamiento de no reconocer el Estado judío y mucho menos sus conquistas de 1967.

El 23 de septiembre, el presidente palestino Mahmud Abbas entregó al secretario general de la ONU Ban Ki-moon, el documento en el que solicitaba el reconocimiento de Palestina como Estado de pleno derecho y seguidamente pronunció un discurso en su defensa ante la Asamblea General.

Los Estados Unidos anunciaron su veto en el Consejo de Seguridad, mientras que el discurso de respuesta de Netanyahu fue un durísimo ataque a las pretensiones palestinas.

El Cuarteto (Estados Unidos, la UE, Rusia y la ONU) emitieron un comunicado, tras las dos intervenciones, realizando una llamada a las dos partes en litigio para reiniciar las negociaciones directas sin tardanza, ni condiciones y estipulando un calendario que por su premura es del todo inviable. El problema es que no existe a penas margen para reemprender las negociaciones, aunque Netanyahu se haya ofrecido a iniciarlas y el rechazo a la propuesta de Estados Unidos para reabrir el diálogo y así ahorrarse el veto en el Consejo de Seguridad. El movimiento Hamas que gobierna en Gaza rechaza el discurso de Abbas por insuficiente; no sirve para crear un Estado sin ocupación, sin el muro de separación y sin asentamientos.

Este discurso, afirma, no ayuda al derecho del retorno de los refugiados. Hamas se ha opuesto desde el principio a la iniciativa de Abbas de ir a la ONU y a la existencia misma del Estado judío.

A Netanyahu le gustaría, por el contrario, mantener sus tropas en Cisjordania así como los asentamientos, controlar el espacio aéreo palestino, tener como vecino, un Estado desmilitarizado y no dividir jamás Jerusalén. Mientras existan estas dos posiciones radicales encontradas y los moderados no logren imponerse, mal podrá llegarse a un acuerdo.

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La crisis financiera y económica y el Fondo Monetario Internacional Xavier Fernández Pons. Profesor Titular de Derecho Internacional Público, Universitat de Barcelona.

Reunión semestral del FMI y el Comité Financiero. 24 de abril de 2010.

IMF Photo/Stephen Jaffe

La crisis financiera y económica mundial desencadenada en 2008 es considerada como la más graves que ha conocido el sistema capitalista desde la “Gran Depresión” sucesiva al crash bursátil de 1929. A diferencia de las crisis financieras vividas durante los años 90 (como la del Sudeste Asiático en 1997) o los primeros años 2000 (como la de Argentina en 2001), que afectaban a economías “periféricas”, la crisis desatada en 2008 ha tenido su origen en la primera potencia mundial, Estados Unidos, desde donde se propagó rápidamente al resto del mundo, con especial incidencia en Europa, dada la gran integración de los mercados financieros.

Es común ver las causas de esta crisis en unas malas prácticas llevadas a cabo durante el período de fuerte crecimiento económico que, con carácter general, se vivió desde el año 2002, propiciadas por: una gran rebaja de los tipos de interés, que causó, durante años, un exceso de liquidez; la búsqueda de altos rendimientos sin una valoración adecuada de los riesgos, como el de las llamadas hipotecas subprime de muy

dudoso cobro; una sobrevaloración especulativa de los inmuebles y otros activos; y un inadecuado funcionamiento de los mecanismos de control, evidenciándose que “los responsables políticos, los reguladores y los supervisores de algunos países avanzados no evaluaron ni abordaron de forma adecuada los riesgos que se estaban acumulando en los mercados financieros”1.

Entre las competencias atribuidas al Fondo Monetario Internacional no figura la regulación del funcionamiento de la banca

Muchos han dirigido especialmente su mirada hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI), preguntándose hasta qué punto dicha organización internacional pudo haber alertado mejor sobre los riesgos que se avecinaban y en qué medida puede contribuir, actualmente, a la superación de las crisis en los países que todavía la padecen o pueden sufrir una próxima “recaída”.

Cumple señalar que el FMI, como toda organización internacional, tiene sólo las

competencias que sus estados miembros le atribuyen, de forma explícita o implícita, en virtud de su tratado constitutivo. El Convenio Constitutivo del FMI fue adoptado el 22 de julio de 1944, entró en vigor el 27 de diciembre de 1945 y ha sido objeto de varias enmiendas, algunas de gran importancia.

La versión vigente de dicho Convenio Constitutivo puede consultarse en el siguiente enlace: www.imf.org/external/pubs/ft/aa/spa/ index.htm Según dicho convenio, entre las principales funciones del FMI destacan: evitar restricciones a los pagos corrientes, promover la cooperación monetaria entre los estados, conceder préstamos a países con problemas en sus balanzas de pagos y realizar labores de asistencia técnica y supervisión de las políticas económicas de los estados.

Si el principal detonante de la crisis de 2008 fue la morosidad vinculada a las llamadas “hipotecas subprime” en Estados Unidos, que los bancos de inversión de dicho país habían recolocado por buena parte del mundo como activos financieros aparentemente fiables, hay que tener presente que el FMI no es la instancia competente para regular el funcionamiento de la banca. Esta labor compete, esencialmente, a las autoridades nacionales de cada Estado y, a escala internacional, al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, institución distinta e independiente del FMI. Dicho Comité de Basilea es el auténtico referente internacional en la elaboración de normas

jurídicas aplicables a la actividad bancaria, aunque sólo puede aprobar “recomendaciones”. Tras la crisis financiera de 2008, ha impulsado los estándares conocidos como “Basilea III”, destinados a garantizar una mayor solvencia y liquidez de las entidades financieras, que inspiran, en parte, el actual proceso de reestructuración de los bancos y cajas en España.

El FMI sí ha venido advirtiendo, en cualquier caso, de los crecientes desequilibrios económicos globales que amplificaron las consecuencias de la crisis de las hipotecas subprime y que, en la actualidad, explicarían las dificultades de Estados Unidos y de un buen número de países de la Unión Europea para incrementar sus tasas de crecimiento. Los indicados desequilibrios económicos globales se evidencian en el gran déficit comercial que viene arrastrando Estados Unidos (y también algunas economías europeas) y el espectacular superávit que, por el contrario, han venido acumulando la República Popular China y otras economías emergentes. Durante los años de bonanza económica previos a la crisis, los Estados Unidos y otras economías avanzadas, como la española, basaron su crecimiento, en gran medida, en el crédito, la especulación y el gasto, mientras que las economías emergentes ponían el acento en el ahorro, la economía productiva y la inversión. Al pincharse las burbujas especulativas, la recuperación de las economías avanzadas viene lastrada por los elevados niveles de endeudamiento del sector priva-

Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI, y Ban Kimoon, secretario general de la ONU (en el centro) en la cumbre del G20 el 27 de junio de 2010 en Toronto.

UN Photo/Mark Garten

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18 do y del público, cuyas políticas anticíclicas keynesianas no han dado los frutos que se esperaban.

El FMI sí advirtió de los desequilibrios económicos globales que se amplificaron con las consecuencias de las hipotecas subprime en Estados Unidos

Tal vez las advertencias del FMI sobre tales desequilibrios económicos globales podrían haber sido más contundentes, pero también es cierto que las autoridades nacionales no siempre fueron suficientemente receptivas a tales avisos. Nótese que, en la actualidad, cuando la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, lanza nuevos avisos sobre los riesgos que se ciernen sobre algunas economías europeas es tildada por algunos de “alarmista”.

El FMI también viene subrayando que los desequilibrios económicos globales están propiciados, hasta cierto punto, por la infravaloración del tipo de cambio de la moneda de la República Popular China, el renminbi, cuya unidad de cuenta es el yuan. Ello provoca que las exportaciones de productos chinos hacia los Estados Unidos y otras economías avanzadas sigan aumentando y que, a su vez, se contengan las importaciones chinas, limitando la capacidad de recuperación de las economías avanzadas más estancadas por la vía del incremento de sus exportaciones destinadas a los pujantes mercados emergentes.

Mientras que la mayoría de los países desarrollados tienen un tipo de cambio flotante, que está en función de los mercados, China declara oficialmente que su tipo de cambio es “flotante dirigido”, lo que, en la práctica, equivale a un tipo de cambio fijo.

Así, en condiciones de mercado, la moneda china se tendría que haber revaluado notablemente, pero ésta sigue anclada a un tipo de cambio nominal con el dólar y con el euro, confiriendo una gran ventaja a sus exportaciones.

Hay que precisar que, tras la profunda revisión que se hizo en los años 70 del originario sistema monetario internacional diseñado en Bretton Woods en 1944, la vigente versión del artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI permite a los países diversas alternativas para determinar el tipo de cambio de sus monedas2. De este

modo, los regímenes cambiarios de los países pueden variar hoy desde un “tipo de cambio fijo irreversible” a la “flotación libre”, incluyendo muy diversos regímenes intermedios: numerosos países han optado, esencialmente, por un tipo de cambio “flotante”; pero otros países optan por mantener un tipo de cambio fijado por sus autoridades. Ahora bien, esta gran capacidad de elección de su régimen cambiario de la que hoy disponen los países miembros del FMI tiene ciertos límites jurídicos en el propio Convenio Constitutivo. Así, el artículo IV, sección 1, apartado III) de dicho convenio prevé que todo país miembro “evitará manipular los tipos de cambio o el sistema monetario internacional para […] obtener ventajas competitivas desleales frente a otros países miembros”.

Actualmente, Estados Unidos y otros países alegan que China estaría incumpliendo esta obligación, al mantener un tipo de cambio de su moneda muy “subvaluado” y que le serviría para favorecer a sus exportaciones y reducir sus importaciones de forma “desleal”. Sobre esta cuestión se viene debatiendo en el FMI y en las sucesivas reuniones del G-20. El FMI (que, en virtud de una Decisión de 2007, ha detallado el mecanismo para supervisar las políticas cambiarias de sus estados miembros)3 estima que el tipo de cambio del renminbi está, efectivamente, desalineado, pero no ha llegado a pronunciarse categóricamente sobre si China “manipula” su tipo de cambio y obtiene con ello una “ventaja competitiva desleal”. En la práctica, el FMI carece de un mecanismo para el arreglo de controversias que pueda llegar a zanjar la cuestión y, en su caso, tampoco dispone de un sistema de sanciones efectivas contra una gran potencia4.

Los amplísimos márgenes de discrecionalidad que hoy reconoce el Convenio Constitutivo del FMI para que un Estado determine su tipo de cambio y las indicadas carencias institucionales de dicha Organización han llevado incluso a que Sarkozy se haya referido al mismo como el “no-sistema monetario internacional”.

Ante los escasos resultados obtenidos por Estados Unidos para lograr que las autoridades chinas revalúen su moneda, este año 2011 se ha presentado una propuesta de ley en el Congreso estadounidense para

prever que, si se dan ciertas condiciones, la subvaluación del tipo de cambio de una moneda pueda ser considerada como una subvención a la exportación, contra la que Estados Unidos podrían imponer “derechos antisubvenciones” (countervailing duties) a la luz del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio5.

China, con unas reservas de divisas de más de 3,2 billones de dólares, es la mayor acreedora de deuda soberana del mundo

En cuanto a la función del FMI como prestamista de “última instancia”, ésta adquirió una notable importancia a partir de la década 1980, cuando estalló la llamada “crisis de la deuda externa” de países en desarrollo (particularmente de Latinoamérica). En los años 90 también dio préstamos a países afectados por “crisis financieras”. Tras la crisis de 2008, se ha ampliado su capacidad para conceder préstamos y se calcula que, actualmente, ha concedido préstamos por valor de 254.000 millones de dólares, siendo sus principales prestatarios Grecia, Rumanía, Ucrania y Pakistán.

Generalmente, los préstamos concedidos por el FMI deben ser amortizados en plazos relativamente breves y se “condicionan” al cumplimiento por el Estado de ciertas políticas internas de ajuste estructural (reducción del gasto público, privatizaciones, facilitar la llegada de inversores extranjeros…) Aunque los préstamos del FMI son cuantiosos si los comparamos con los reducidos presupuestos de muchas organizaciones internacionales, como el de la propia ONU, cumple subrayar que los recursos del FMI son muy limitados si se los compara con los de las grandes potencias y depende de las contribuciones que estas últimas le asignen. Así, el importe de los préstamos concedidos por el FMI es relativamente pequeño si se lo compara con las sucesivas inyecciones de dólares decididas desde la Reserva Federal de Estados Unidos para tratar de reactivar su economía, con las magnitudes que se contemplan para el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (conocido como “Fondo del euro”) y con las reservas de divisas que acumula la República Popular China, que superan los 3,2 billones de dólares y con las que se ha convertido en el mayor acreedor de deuda soberana del mundo.

En suma, el FMI puede contribuir, con su labor de supervisión y sus préstamos, a encauzar la salida de la crisis, pero sus competencias y recursos son limitados y dependientes, en esencia, de las contribuciones de sus estados miembros. En los últimos años se ha ampliado un tanto su capacidad de actuación y se ha incrementado el peso de las economías emergentes en la toma de decisiones, tradicionalmente muy dominada por las economías avanzadas. Sin embargo, sigue sin acometerse una reforma en profundidad del FMI, que precise y fortalezca sus bases jurídicas, amplíe sus poderes y sus disponibilidades financieras, convirtiéndolo en una auténtica autoridad monetaria internacional, que pueda tratar de coordinar mejor los contrapuestos intereses de los estados ante el complejo e incierto contexto económico actual y evitar el recurso a soluciones puramente unilaterales.

Sede del FMI en Washington DC. Photo: Arban & Carosi

1) Como se apunta en la sintética descripción de las “causas primordiales de la crisis actual” contenida en la “Declaración de la cumbre sobre los mercados financieros y la economía mundial”, cuyo texto está disponible en: www.eu2008.fr/PFUE/.../es/.../declaration_du_sommet_ sur_les_marches_financiers_et_l_economie_mondiale 2) Según el artículo IV, sección 2, del Convenio constitutivo del FMI, titulado “Regímenes generales de cambios”: a) “Todo país miembro notificará al Fondo […] el régimen de cambios que se proponga adoptar […] y notificará al Fondo sin demora las modificaciones que en él realice”; b) Con arreglo a un sistema monetario internacional como el vigente […] los regímenes de cambios podrán consistir en: […] “otro régimen de cambios a elección del país miembro”.

3) IMF: Bilateral Surveillance over Members’ Policies; Executive Board Decision – June, 15, 2007. Véase enlace: www. imf.org/external/np/sec/pn/2007/pn0769.htm#decision 4) El Convenio constitutivo del FMI prevé en su artículo XXVI, sección 2, posibles medidas que puede adoptar la Organización contra un país miembro de deje de cumplir cualquiera de sus obligaciones establecidas en el Convenio constitutivo (inhabilitación para recibir fondos, suspensión del derecho de voto y expulsión), pero se trata de una cuestión políticamente muy sensible y a decidir por una amplísima mayoría (de un 85 % de los votos para una eventual expulsión).

5) Véase el enlace con la indicada propuesta de ley, llamada “Currency Reform for Fair Trade Act”: www.govtrack. us/congress/bill.xpd?bill=h112-639

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Tribunales penales internacionales ad hoc ¿misión cumplida?

Rosa Ana Alija Fernández. Doctora en Derecho y profesora ayudante de la Universitat de Barcelona.

Tras siete años eludiendo la acción de la justicia internacional, Goran Hadžić fue arrestado por las autoridades serbias el 20 de julio de 2011. Con la detención de quien fuera presidente de la autoproclamada República Serbia de Krajina se cerraba la lista de prófugos acusados por el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia (TPIY). Pocos meses antes, el 26 de mayo de 2011, el presidente serbio anunciaba la detención de Ratko Mladić, jefe del estado mayor del ejército de la República Srpska durante la guerra de Yugoslavia, que había sido acusado en 1995 por el TPIY de los cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por su papel en el sitio de Sarajevo y en el genocidio de Srebrenica. Mladić, que vivía con identidad falsa en la aldea de Lazarevo, a menos de cien kilómetros de Sarajevo, llevaba 16 años en paradero desconocido.

Las detenciones de Hadžić y Mladić llegan sospechosamente a tiempo, justo en el momento en el que se puede decir que el desmantelamiento del TPIY es ya un hecho. Los tribunales penales internacionales para Yugoslavia y Ruanda tienen una naturaleza ad hoc y por tanto se crearon con carácter no permanente.

Por ello, desde hace años se viene perfilando la denominada “estrategia de conclusión”, orientada a poner fin a los trabajos de ambos tribunales. Como parte de dicha estrategia, el TPIY ha remitido en los últimos años numerosos casos contra presuntos criminales de perfil medio-bajo a Bosnia, Serbia y Croacia para su enjuiciamiento por los tribunales nacionales de dichos estados, mientras que el propio tribunal se ha centrado en el enjuiciamiento de los dirigentes de más alto rango.

Los máximos responsables de crímenes en Ruanda y Yugoslavia serán perseguidos a través de un mecanismo judicial “residual”

Culminando dicha estrategia, el 22 de diciembre de 2010 el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 1966 (2010), por la que creaba un mecanismo especial para “llevar a cabo diversas funciones esenciales de los tribunales, incluido, tras el cierre de los mismos,

el procesamiento de los prófugos que sean los más altos dirigentes de quienes se sospeche que les cabe la mayor responsabilidad respecto de los crímenes”. Se instauraba así el llamado Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales, que contará con dos subdivisiones: la correspondiente al Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) comenzará a operar el 1 de julio de 2012, mientras que la subdivisión del TPIY iniciará sus trabajos el 1 de julio de 2013.

Las fechas fijadas para el inicio de sus funciones suponen que el Mecanismo coexistirá con los tribunales, que, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, deberían adoptar todas las medidas necesarias para concluir con rapidez su labor restante. En el caso del TPIY, las previsiones apuntan a la conclusión de los casos en fase previa y/o fase de instrucción entre 2011 y 2012, excepción hecha del de Radovan Karadžić y previsiblemente de los de Mladić y Hadžić. Las apelaciones deberían completarse a finales de 2014, pero es improbable que así ocurra respecto de estos últimos casos, dada su tardía detención.

En el caso del TPIR la localización y detención de prófugos está siendo mucho menos exitosa y aún hay diez acusados en paradero desconocido. Posiblemente tenga algo que ver el hecho de que no esté en juego la membresía de la Unión Europea, eventual recompensa ofrecida a Serbia que en todo caso estaba condicionada a la detención de los prófugos reclamados por el TPIY. Encontrar y capturar a los prófugos del TPIR parece que no tiene alicientes tan atractivos.

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La OIT en el siglo XXI Aproximación a una acción institucional para el progreso de la justicia social Jordi Bonet Pérez. Catedrático de Derecho internacional público de la Universitat de Barcelona.

Es significativo empezar estas líneas recurriendo a la propia opinión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el actual evolución de los mercados de trabajo nacionales –pues, en rigor, no es posible hablar de un mercado de trabajo global–, sintetizable en una única frase1: la actual recuperación económica no está creando suficientes puestos de trabajo y hay preocupación por la calidad de los puestos de trabajo; es decir, la percepción de la OIT de que, en términos globales, se está gestando una cierta recuperación económica global, es acompañada por la proyección de datos estadísticos indicativos de que la misma va en detrimento de elementos clave de la justicia social –universalidad del ejercicio del derecho al trabajo y mejora de la calidad de un trabajo que se aspira a que sea globalmente decente.

En la medida en que el progreso en la justicia social constituye el eje fundamental del mandato de la OIT, cabe realizar una breve reflexión sobre la incidencia de la OIT en la búsqueda de soluciones a las consecuencias en el empleo y el avance de la justicia social derivadas de la crisis financiera; de alguna manera, ello mismo significa plantearse cuál es la real incidencia de la actividad institucional en la arquitectura de la gobernanza mundial de los asuntos socioeconómicos.

El mandato de la OIT: una llamada al progreso de la justicia social y los derechos humanos No hay que olvidar que la OIT es una organización internacional que se funda en el año 1919 –sobre la base jurídica de la Parte XIII del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial–. Si su creación se sustenta claramente en un fermento estructural, las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores en los países industrializados de la época, hay que contemplar

cómo existían entonces causalidades coyunturales vinculadas al conflicto armado –entre ellas, y sin ánimo de exhaustividad, la contribución obrera al esfuerzo de guerra o el fantasma del contagio de la revolución rusa– que, como señalara Albert Thomas2, han “obligado a los gobiernos a comprometerse a eliminar” aquellas condiciones de vida y de trabajo inhumanas que persistían en la realidad productiva. En este sentido, no se plantea sólo la actividad institucional de la OIT como un instrumento de carácter humanitario –mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y de sus familias–, sino como una contribución a la paz mundial y la estabilidad de las relaciones económicas: de una parte, porque se entiende que satisfacer las expectativas obreras ayuda estructuralmente a la paz mundial; y, de otra parte, porque la existencia de una legislación internacional del trabajo, adoptada desde la OIT, evita la pérdida de ventaja comparativa en el mercado mundial de los estados que legislen en pro de tal mejora.

Los fines y objetivos de la OIT proclaman que la justicia social debe ser un presupuesto orientativo prioritario de las políticas económicas y sociales de los estados

La pregunta es, entonces, en qué medida son extrapolables estos parámetros a una economía crecientemente mundializada y mediatizada por los imperativos y resultantes del desempeño financiero como la del siglo XXI. Desde luego, no es una cuestión fácil de resolver pero, en definitiva, es una de las cuestiones a partir de las cuales la propia organización internacional ha debido o debería haberse repensado a sí misma.

La acción institucional de la OIT se sustenta en un mandato centrado en el progreso de la justicia social. Es decir, en un concepto inclusivo, variable y evolutivo: el mandato de la OIT se construye a partir de un sustra-

Nota Este artículo está enmarcado en el Proyecto de Investigación titulado La exigibilidad del Derecho internacional de los derechos humanos en períodos de crisis, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (DER2009-1008).

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22 to indefinido, susceptible de interpretaciones más o menos amplias de la justicia social y en el contexto de un momento histórico determinado, en función de los parámetros de cambio o los condicionantes existentes.

Las directrices de la OIT, que incluyen la garantía de la libertad y la dignidad de los trabajadores, mantienen y definen una acción institucional en materia de derechos humanos

Desde sus inicios pero sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, tras la adopción el 10 de mayo de 1944 de la Declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT o Declaración de Filadelfia3 la tendencia de la OIT ha sido ofrecer una interpretación extensiva de su propio mandato: todo aquello que afecta a las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, incluida la de sus familias; e, incluso, como se infiere de la Declaración de Filadelfia, ello incluiría –piénsese en la época en que fue ésta adoptada– la necesidad de que los estados miembros focalizasen tanto nacional como internacionalmente su acción política en objetivos sociales, de manera que se postuló que la justicia social debería ser un presupuesto orientativo prioritario de las políticas económicas y sociales de los estados dentro de un marco de acción socio-económico común. Todo ello, bajo el signo de una Declaración de Filadelfia que enunciaba un principio inserto ya como esencial en el artículo 427 del Tratado de Versalles: el trabajo no es una mercancía ni un objeto de comercio.

Las aspiraciones político-jurídicas del mandato de la OIT, así como las directrices de su ejecución desde 1919, que incluyen como pivote la garantía de la libertad y la dignidad de los trabajadores, dejan a las claras patente que la OIT ha mantenido y definido una acción institucional en materia de derechos humanos: la OIT ha dedicado su labor y sus esfuerzos a los derechos humanos. Eso sí, desde una aproximación específica e integrada de los derechos humanos: específica, por la sectorialidad del punto partida de su análisis y conceptualización –la justicia social como medida del progreso social de las condiciones de trabajo y de vida–; e integrada, porque no asume a priori esa dicotomía entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales que impregna el Derecho internacional de los derechos humanos en

el seno de la Organización de las Naciones Unidas, ya que se sustenta en el reconocimiento jurídico de derechos humanos a los trabajadores, en relación con su condición y su actividad.

La actividad normativa de la OIT desde 1919 –190 convenios y 201 recomendaciones– ha servido para desarrollar el régimen jurídico internacional del trabajo, pero también para perfilar una política normativa sobre derechos humanos de amplio espectro y alcance. Más relevante aún es que esta política normativa ha ido acompañada de la voluntad constitucionalizada de establecer unos mecanismos de garantía para supervisar el respeto de los compromisos jurídicos internacionales adquiridos: en 1926, se crea ya la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, encargada de revisar a través del procedimiento regular de control las memorias periódicas presentadas por los estados; junto a los procedimientos de reclamación o de queja constitucionales o las quejas ante el Comité de Libertad Sindical –órgano creado en 1951–, este procedimiento ha constituido un paradigma para la ONU en el diseño de los mecanismos vinculados a los tratados internacionales de derechos humanos, en especial del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –como alternativa a la idea, descartada, de crear un tribunal internacional de derechos humanos.

Ello no es óbice para reconocer –lo cual hace más evidente el paralelismo con la acción de la ONU– que estos mecanismos de garantía son instrumentos sans-dents, como ha indicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico4. Incluso si se escoge el único de los mecanismos de garantía que autoriza a la Conferencia General a adoptar las medidas pertinentes respecto a un Estado miembro que incumple uno de los convenios de la OIT del que es parte –el procedimiento constitucional de quejas–, sus limitaciones son evidentes: como demuestra el caso de Myanmar5, la OIT puede ejercer coerción sobre el Estado limitando o suspendiendo beneficios o derechos del Estado miembro de la OIT, pero solamente puede recomendar o exhortar, sin mandato vinculante alguno, a los estados miembros, agrupaciones sindicales y empresariales, así como a las otras organizaciones internacionales, a que tomen medidas coercitivas respecto al infractor.

Globalización económica y justicia social: la OIT y su mandato en el siglo XXI

189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos (2011)6.

Como palmarias son las transformaciones políticas y socio-económicas derivadas de la creciente globalización económica a finales del siglo XX, lo es igualmente que este proceso ha sido gobernado, en particular tras la guerra fría, desde postulados ideológicos de corte neoliberal que poco tienen que ver con los presupuestos político-jurídicos que fueron impulsados tras la Segunda Guerra Mundial y de cuya arquitectura institucional la OIT forma parte a través de su inserción en el sistema de las Naciones Unidas.

2) La revisión del conjunto de los estándares jurídicos internacionales de la OIT y que ha supuesto una verdadera poda7 de convenios y recomendaciones no considerados pertinentes o actualizados –¿una desregulación?

La reacción de la OIT para adecuar su actividad institucional pivota en torno a la celebración de su 75 aniversario, en 1994, y, más allá de propuestas maximalistas –desplazar la actividad normativa de la OIT hacia la exclusiva creación de estándares internacionales no vinculantes para los Estados miembros–, puede sintetizarse en tres decisiones: 1) La ralentización de la actividad normativa: los últimos años del siglo XX y el principio del siglo XXI, comparativamente, muestran una tendencia a minimizar la actividad normativa consistente en la adopción de convenios y recomendaciones: en los últimos 15 años (1997–2011), 9 convenios y 13 recomendaciones; el último de los tratados internacionales, empero, es muy significativo cualitativamente: el Convenio

3) La adopción de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 19 de junio de 1998 (Declaración de 1998), a partir de la cual, sobre la base jurídica de la Constitución de la OIT, se entiende que existen unos derechos fundamentales en el trabajo que priorizarán en adelante la política institucional; el debate político-jurídico entre quienes apoyan que esta priorización es una respuesta de mínimos pero ajustada a las posibilidades de las directrices que gobiernan la globalización, y los que entienden que esta priorización propende a desplazar fuera del interés de la gobernanza global otros derechos humanos vinculados a la justicia social y encubriendo, en consecuencia, una desregulación parcial de la justicia social. Puede juzgarse con mayor propiedad la justificación de ambos argumentos explicitando cuáles son estos derechos fundamentales en el trabajo: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la

Sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. 1951.

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Inauguración de la histórica conferencia número 100 de la OIT, el 1 de junio de 2011.

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eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Se entiende que los principios y derechos fundamentales contenidos en la Declaración de la OIT son prioritarios en el debate sobre las directrices de las políticas que gobiernan la globalización

Con posterioridad, estos derechos fundamentales en el trabajo se han constituido en objetivos estratégicos dentro de las políticas de la OIT para adecuar las exigencias de la justicia social a la nueva realidad: dentro de la estrategia del trabajo decente (lanzada en 1999) –junto a otros tres complementarios, a desarrollar considerando transversalmente la igualdad de género: la creación de empleos y de ingresos adecuados; el fortalecimiento de la protección social; y el fortalecimiento del diálogo social–; y dentro de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada por la Conferencia General el 10 de junio de 2008.

La OIT quiere contribuir a la gobernanza desde la promoción de la justicia social; de ahí las iniciativas puestas en marcha para salvaguardar la justicia social frente a la crisis

La noción de trabajo decente y su plasmación en una estrategia más global en la citada declaración son una manifestación evidente de que la OIT quiere contribuir a la gobernanza desde la promoción de la justicia social; de ahí que, como elemento a considerar, sea positivo observar cómo des-

de la OIT se han lanzado iniciativas que pretenden salvaguardar la justicia social frente a la crisis –por ejemplo, la resolución de 19 de junio de 2009, de la Conferencia General, por la que se plantea el Pacto Mundial para el Empleo–; o bien, su implicación en iniciativas ajenas, como la lanzada desde la ONU8 para asegurar un nivel mínimo de protección social universal.

El interrogante es si, más allá de la retórica institucional, las tesis de la OIT son asumidas en la práctica por las organizaciones y foros internacionales susceptibles de contribuir a la gobernanza de la globalización.

En primer término, hay que señalar cómo el trabajo decente ha sido incluido como parte o elemento a considerar del enfoque integral y transversal asumible en el marco de la cooperación internacional dentro del sistema de las Naciones Unidas desde 20069.

A partir de ello, hay que observar cuál es la voluntad real de implementación del vector trabajo decente en las actividades del sistema de las Naciones Unidas, y, en particular, de los organismos especializados con competencias en el ámbito financiero. Solamente así es fácil discernir cómo, más allá de las fórmulas genéricas y de su incorporación a los programas de acción de la ONU, ni el trabajo decente ni los derechos fundamentales en el trabajo parecen haberse constituido más que tangencialmente en una prioridad jurídico-formal y/o operativa para el Fondo Monetario Internacional o el Grupo del Banco Mundial (BM) –lo que no quiere decir que, comparativamente, las necesidades sociales

y/o la justicia social no estén más presentes en su desempeño que tiempo atrás pero no en cualquier caso conforme a los parámetros definidos por la OIT. No deja de ser más que significativo el planteamiento, bien que haya sido objeto de retoques a partir de 2009, del esquema denominado Doing Business en el seno del BM; dentro del mismo, y a pesar de que se hayan introducido en 2011 factores de corrección respecto a la evaluación de la protección de los trabajadores10, la metodología de medición de la reglamentación de los estados para la facilitación de la actividad económica sigue sustentándose en contrastar las rigideces del mercado laboral –dificultad de contratación, rigidez en horarios y dificultad de despido–, por lo que, como indica Alain Supiot11 es evidente que las rigideces “designan las normas laborales”, que pueden ser fruto de compromisos jurídicos internacionales, y penalizan “a los estados que reconocen demasiados derechos a los trabajadores”.

En segundo término, el mismo principio de especialidad funcional que impulsa a los organismos especializados financieros a banalizar la transversalidad de las tendencias impulsadas por la OIT, han venido impulsando a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a ignorar en la construcción de su derecho de la OMC las cuestiones laborales y desentenderse de la vinculación entre comercio y fuerza de trabajo –si bien, en cualquier caso, observando a las normas laborales como un obstáculo al libre comercio que puede ponderarse dentro de las excepciones a la plena aplicación del derecho de la OMC. Más allá de la influencia de la OIT en la voluntad de los estados, la justicia social no parece estar en el centro de las soluciones globales, cosa que no augura nada bueno para los trabajadores y trabajadoras

Y, en tercer término, ya en un plano político, si bien fue importante que en la Declaración adoptada tras la reunión de más alto nivel del G-20, celebrada en Pittsburg (25 de septiembre de 2009), se mencionara la importancia de incorporar transversalmente a los planes de recuperación la noción de trabajo decente (§ 43), esta mención se ha ido diluyendo en trabajos posteriores para abordar la crisis económica y financiera dentro de términos más genéricos como la sostenibilidad –en ausencia, además, compromisos concretos al respecto.

A modo de reflexión final…

No parece que la OIT, más allá de su influencia en la voluntad estatal de potenciar la justicia social, esté en disposición de influir de manera decisiva en organizaciones internacionales y otros foros internacionales que, en apariencia, parecen en disposición de trazar las nuevas fronteras de la gobernanza de la globalización económica y de búsqueda de salidas a los problemas socioeconómicos generados por la hasta ahora última de las crisis financieras del capitalismo global. La cuestión, más que probablemente, más allá de las capacidades de la OIT, se encuentre en que la justicia social no parece situarse en el centro de la búsqueda de soluciones globales –lo que no augura nada bueno para los trabajadores y trabajadoras desde el prisma del sesgo de las potenciales fórmulas a buscar para solventar los problemas estructurales de la economía mundial y potenciar el empleo.

1) ILO, World of Work Report. 2010. From one crisis to the next?, International Institute of Labour Studies, Geneva, 2010, p. 1; las recetas que desde la OIT se pergeñan para buscar salidas a la crisis en términos de cantidad y calidad en el empleo no coinciden exactamente, por ahora, con las que se están llevando a cabo en países desarrollados como los que integran la Unión Europea (ibíd. pp. VIII-X y 19 a 25).

2) THOMAS, A., “La Organización Internacional del Trabajo. Origen, evolución y porvenir”, Revista Internacional del Trabajo, Vol. 115 (1996), 3-4, p. 287.

3) Es un anexo a la Constitución de la OIT y sus compromisos de acción, siguen formando hoy por hoy parte de los objetivos del mandato de la OIT (art. 1 Constitución OIT).

4) OCDE, Documento CCNM/GF/TR/M(2001)3, p. 7, § 17.

5) Ver resolución relativa a las medidas recomendadas por el Consejo de Administración en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT con respecto a Myanmar, de 14 de junio de 2000.

6) No consta en la OIT que, a día de hoy, ningún Estado miembro haya notificado su ratificación (http://www.ilo. org/ilolex/spanish/convdisp1.htm, 5/10/2011) 7) MAUPAIN, F., “OIT, justice social et mondialisation”, Recueil des cours de l’Académie de droit international, Volume 278 (1999), p. 230.

8) UN System Chief Executives Board for Coordination (UNCEB), The Global Financial Crisis and its Impact on the work of the UN System, CEB Issue Paper, United Nations, Geneva/New York, 2009, Part VI).

9) Declaración de los Ministros y Jefes de Delegación participantes en la serie de sesiones de alto nivel del periodo de sesiones sustantivo de 2006 del Consejo Económico y Social, sobre la Creación de un entorno a escala nacional e internacional que propicie la generación del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y sus consecuencias sobre el desarrollo sostenible, de 5 de julio de 2006 (ONU, Documento E/2006/L.8).

10) BM, Empleo de trabajadores, disponible en: http:// espanol.doingbusiness.org/methodology/employing-workers, 05/10/2011.

11) SUPIOT, A., “Perspectiva jurídica de de la crisis económica de 2008”, Revista Internacional del Trabajo, Volumen 129 (2010), núm. 2, p. 171.

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La opinión pública y la ONU Entre el apoyo y la indiferencia Raül Jiménez. Licenciado en Ciencias Políticas y Máster en Comunicación y Estrategia Política. Universitat Autònoma de Barcelona.

La prestigiosa empresa independiente Gallup publicó en junio los resultados de una encuesta mundial, realizada en 126 países entre 2007 y 2010, sobre el apoyo y valoración que las Naciones Unidas tienen en todo el mundo. Desde la ANUE creemos que el estudio muestra diversas conclusiones relevantes que exponemos a continuación.

Un apoyo mayoritario...

La primera conclusión que arrojan las estadísticas, y la que más se ha publicitado, es que las Naciones Unidas cuentan con más apoyos que críticos en todo el mundo. El dato de que un 46 por ciento de los encuestados considera positiva la labor de la Organización mundial contrasta poderosamente con el 20 por ciento que la critica.

Arriba, la lista de los diez países que más aprueban la labor de la ONU. Abajo, los diez países que más la desaprueban.

Fuente GALLUP. Encuesta elaborada en 126 países entre 2007 y 2010

Desglosada la encuesta por regiones y países, en 106 de los 126 estados en los que se ha realizado la encuesta se muestran mayoritariamente favorables al trabajo de la ONU. Los resultados más significativos los encontramos en el África subsahariana, donde la aprobación que recibe la Organización es más alta, siendo Sierra Leona, país donde las Naciones Unidas han llevado a cabo misiones de paz, la que lidera este

singular índice, con un 86 por ciento de los encuestados que se declara favorable a la Organización. Los diez primeros puestos del “ránking positivo” son países del África subsahariana.

aumentado su contribución y presencia en la Organización en los últimos años, estos datos nos parecen preocupantes.

En el lado opuesto, las regiones más críticas con la ONU son Oriente Medio y el norte de África, con Qatar y los Territorios Palestinos liderando los índices de rechazo más alto, con el 61 y el 60 por ciento respectivamente. Otros países críticos que destacan sobremanera son Estados Unidos, Israel, Iraq y Turquía, que bordean el 50 por ciento de rechazo.

Analizando los resultados a primera vista, las Naciones Unidas son una institución mayoritariamente apoyada a nivel mundial.

Pero si nos detenemos a reflexionar un segundo, el resultado que arroja este estudio es grave. Y es que una Organización de alcance universal, con 66 años de historia, no puede ser desconocida por una de cada tres personas encuestadas. Por lo que el problema debe radicar en la falta de visibilidad de su tarea en la actualidad.

…¿o una alarmante indiferencia?

Sin embargo, desde la ANUE el dato que nos parece más relevante, y desafortunadamente también alarmante, es el de los encuestados que rechazan opinar o dicen no tener opinión, que alcanza el 34 por ciento.

Y es que, al desglosar esta cifra global, es notoria la abundancia de países en los que la indiferencia o el desconocimiento del liderazgo de la ONU son la norma.

Como región, destaca especialmente América Latina y el Caribe, con “récords” como el 90 por ciento de Trinidad y Tobago, el 83 por ciento de Paraguay, los 66 y 65 por ciento de Uruguay y México. Haití es la única, y evidentemente muy significativa, excepción en un continente donde domina el “no se sabe/no contesta” como respuesta.

Pero no es una cuestión exclusiva de América Latina. Otro indiscutible “peso pesado” internacional, India, el porcentaje llega al 61 por ciento. Y en siete países miembros de la Unión Europea –entre ellos Italia y Portugal– se supera ampliamente el 50 por ciento. En total, 34 de los 126 países encuestados se supera este porcentaje.

El caso español España no se aleja demasiado de estos porcentajes, siendo un caso paradigmático dentro de la encuesta. A pesar de que un 43 por ciento de los encuestados considera positiva la labor de la ONU, y que apenas un 17 por ciento se muestra crítico con ésta, no puede soslayarse que al mismo tiempo un 40 por ciento de personas no contesta o dice no tener opinión al respecto. Teniendo en cuenta que España es uno de los países que más ha

Naciones Unidas, ¿apoyada o invisible?

Esta situación de “invisibilidad” se hace patente al ver que en estados que en los últimos años se han erigido como importantes baluartes y contribuyentes para las Naciones Unidas –casos de España o Turquía, liderando la Alianza de Civilizaciones; Qatar, que sin ir más lejos preside este recién iniciado período de sesiones de la Asamblea General, o India, en plena campaña para conseguir un lugar en el Consejo de Seguridad–, predomina la indiferencia o la crítica a la Organización, por lo que es pertinente preguntarse si los gobiernos trabajan en la ONU a espaldas de su opinión pública.

El otro argumento que corrobora esta idea de la insuficiente o deficitaria publicidad de las Naciones Unidas lo encontramos al ver cuáles son los países que más la apoyan. Son los africanos, escenarios de muchas misiones de paz, y en los que se realiza una encomiable labor en diversos terrenos (infancia, salud, desarrollo, educación, etcétera) desde hace tiempo, donde el apoyo y el conocimiento sobre la Organización son casi unánimes. En cambio, y al contrario de lo que podría pensarse inicialmente, una muy significativa parte del llamado “primer mundo”, más la práctica totalidad de América Latina, África subsahariana y Oriente Medio, desconoce o tiene poco en cuenta la tarea de las Naciones Unidas.

Por eso se hace indispensable, para legitimar su papel ante la convulsa situación que vivimos actualmente, trabajar decididamente en la difusión de la labor y los principios de las Naciones Unidas entre la opinión pública. Una tarea que la ANUE lleva realizando desde hace 49 años.

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Noticias ONU

28 Ban Ki-moon, reelegido como secretario general de la ONU El 21 de junio, la Asamblea General reelegió por aclamación a Ban Ki-moon como secretario general hasta 2016. En sus palabras de agradecimiento, Ban destacó que “cuando empezamos el cambio climático era un tema invisible, hoy ya está en la agenda global. El desarme nuclear estaba congelado, hoy avanzamos. Nos encaminamos hacia la eliminación de la malaria y de la polio. En medio de desastres naturales devastadores, hemos salvado vidas en Haití, Pakistán y Myanmar”, dijo.

Ban Ki-moon saluda a la Asamblea al ser proclamada su reelección com secretario general.

UN Photo/Mark Garten

Entre los principales retos del nuevo mandato, mencionó el cumplimiento en 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Conferencia Río + 20 y el encuentro de Alto Nivel sobre seguridad nuclear que se celebrará en septiembre.

Sudán del Sur, nuevo miembro de las Naciones Unidas El pasado de julio la Asamblea General de la ONU admitió el 14 de julio el ingreso de la República de Sudán del Sur como estado miembro de la Organización. La admisión del nuevo estado, el número 193 de las Naciones Unidas, llegó tras la recomendación del Consejo de Seguridad.

“Nuestra esperanza y deseo fundamental es ver una coexistencia pacífica entre los dos estados vecinos de Sudán y Sudán del Sur. Nos esforzaremos para construir un futuro en que nuestros dos países puedan trabajar en cooperación y vivir en paz el uno con el otro y apoyarnos mutuamente”, dijo el vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar Teny a los miembros del Consejo.

Ban Ki-moon y Asha-Rose Migiro, secretario y subsrecretaria general de la ONU, respectivamente, junto a las autoridades de Sudán del Sur en la ceremonia de izada de bandera como nuevo estado miembro.

UN Photo/Evan Schneider

Sudán del Sur proclamó su independencia el pasado sábado 9 de julio después que su población decidiera a favor de la secesión de Sudán en un referéndum celebrado en enero. Su presidente, Salva Kiir Mayrdit, solicitó oficialmente a la ONU el 11 de julio su admisión como Estado miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas.

Primer informe anual de ONU Mujeres

Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres (derecha) presentando el primer informe del organismo. A su lado, Unity Dow, primera jueza de Botswana.

UN Photo/Devra Berkowitz

Más de 2.600 millones de mujeres viven en países que no consideran delito la violación marital, y más de 600 en los que tampoco se criminaliza la violencia doméstica, según el primer informe anual sobre la igualdad de género que presentó el 6 de julio la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet. El estudio también denuncia que las leyes basadas en la costumbre o la religión restringen a las mujeres sus derechos de divorcio y herencia.

Pese a que 117 países tienen leyes a favor de la igualdad salarial, estas siguen cobrando hasta un 30 por ciento menos. Además, 600 millones de mujeres –el 53 por ciento de la fuerza laboral femenina– tienen empleos sin protección legal. Por otra parte, el informe también destaca el importante aumento de la presencia de las mujeres en los parlamentos, aunque lamenta que sea menor al 30 por ciento en la mayoría de países.

Año Internacional 2012 La Asamblea de las Naciones Unidas designó el 2012 Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, en reconocimiento de la importancia del acceso a la energía para el desarrollo económico sostenible y en apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Año marca tres objetivos a alcanzar para 2030: asegurar el acceso universal a servicios modernos de energía; duplicar la tasa de eficiencia energética; y duplicar el porcentaje de energía renovable. Actualmente, más de 1.400 millones de personas no tienen electricidad; 1.000 millones más tienen sólo acceso intermitente; y unos 2.500 millones dependen de la tradicional biomasa para cocina y calefacción.

La Asamblea también declaró el 2012 Año Internacional para las Cooperativas, destacando la contribución de éstas al desarrollo socioeconómico, en particular en la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la integración social. Las cooperativas, son un recordatorio para la comunidad internacional de que es posible trabajar por la viabilidad económica a la vez que por la responsabilidad social. Con el lema “Las cooperativas construyen un mundo mejor”, este año pretende fomentar su crecimiento y establecimiento en todo el mundo.

Primera resolución del CDH sobre orientación sexual El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un histórico pronunciamiento sobre la discriminación por orientación sexual e identidad de género, reconociendo por primera vez el 17 de junio la problemática de la violencia y la discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT) en el mundo.

En una resolución aprobada por 23 votos a favor y 19 en contra, el Consejo pide la realización de un estudio sobre prácticas discriminatorias y actos de violencia por orientación sexual o identidad de género en todas las regiones del mundo; un análisis sobre cómo el derecho internacional vigente puede utilizarse para proteger los derechos humanos de LGBT, sistemáticamente violados por las leyes y las prácticas de numerosos estados miembros de la ONU, y la realización de un panel de debate sobre el tema

España en la ONU Ban Ki-moon inauguró el 6 de julio una nueva base de comunicaciones en Valencia, que permitirá mantener abiertas las 24 horas las comunicaciones de la ONU en lugares remotos y bajo difíciles condiciones. Con el nombre UNSB-V, el centro es una parte integral del UN Global Field Support Strategy, y trabajará conjuntamente con la base logística de Brindisi, Italia (UNLB). Asistieron al acto el príncipe Felipe, las ministras de Defensa y Asuntos Exteriores, Carme Chacón y Trinidad Jiménez, y la directora general de la ANUE, Àngels Mataró.

“Las misiones de mantenimiento de la paz, las misiones de reconstrucción y las misiones políticas dependen de que la red de la ONU permanezca conectada, especialmente en tiempos de crisis”, dijo Ban.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon (en el centro) y el príncipe Felipe inaugurando la base de Apoyo de las Naciones Unidas en Valencia.

UN Photo/Eskinder Debebe

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El desencanto y las dudas planean sobre las revueltas árabes Mateo Madridejos. Periodista e historiador.

Miles de libios hacen cola para comer en un campo de refugiados en Túnez, cerca de la frontera con Libia. Marzo de 2011.

UN Photo/OCHA/David Ohana

Las revueltas árabes contra el atraso, la humillación y el despotismo, que estallaron en Túnez en diciembre de 2010, estaban sofocadas por la represión o sumidas en el caos y la incertidumbre en septiembre de 2011. La implantación de la democracia y el liberalismo, propalada y defendida por las cancillerías occidentales en medio del tumulto, tropieza con obstáculos aparentemente insalvables en las opulentas monarquías del Golfo, en Siria, Yemen e incluso en los países teóricamente liberados de la opresión como Túnez y Egipto. Los países del Magreb, luego de varios meses de agitación y aunque por causas distintas, aparecían relativamente tranquilos tras unas reformas cosméticas (Marruecos) o el pánico de una nueva guerra civil (Argelia).

desde luego, por Argelia”, explicó en agosto el diario El-Watan, de Argel, persuadido de que el proceso de reformas propugnado por la clase media ascendente está bloqueado. Las fuerzas que se resisten al cambio han desaparecido de las candilejas, para no levantar sospechas, pero siguen empeñadas

La aceleración histórica que parecía irreversible se detuvo bruscamente. La primavera árabe se aproxima al otoño bastante marchita, habiendo perdido una gran parte del impulso inicial, pese a que la coalición de la OTAN reavivó los ideales y las expectativas al provocar la huida infamante del coronel Muamar Gadafi desde su fortín de Trípoli, el 23 de agosto. La carnicería prosigue, ahora en forma de represalias o venganzas contra los partidarios del líder caído, y los muertos se cifran en miles a falta de una contabilidad fiable del horror.

Nombre oficial: República de Túnez (Al Jumhuriyah al-Tunisiyah).

Capital: Túnez.

División territorial: 24 provincias.

Forma de Estado: república unitaria.

Forma de gobierno: por determinar.

Parlamento: Asamblea Constituyente (217 escaños).

Presidente del Gobierno constituyente: Rashid Ganushi (Enhada, islamista moderado).

El desencanto y el temor de que los islamistas se adueñen de la situación han sustituido a la euforia. “La primavera árabe no pasa,

Túnez

Superficie: 163.610 km2.

Población1: 10.270.000.

Tasa de fecundidad2: 1,8.

Población rural: 32,7 %.

Esperanza de vida: 74,3 años.

Mortalidad infantil3: 21.

Analfabetismo: 22 %.

Posición en la tabla IDH: 81 (sobre 169 países).

Usuarios de internet 4: 27,1.

Etnias: árabes (70 %), árabes beduinos (26,5), bereberes (1,5), otros (2 %).

Religiones: suníes (97 %), chiíes y otros (3 %).

PIB per cápita5: 8.870 $ Desempleo 6: 35 %.

Inflación 6: 3,3 %.

Balanza comercial7: negativa en 37.000 millones $.

Egipto

Nombre oficial: República Árabe de Egipto (Jumhuriyat Misr al-Arabiyah).

Capital: El Cairo.

División territorial: 29 provincias (governorates) y 166 regiones (markazes).

Forma de Estado: república unitaria.

Forma de gobierno: por determinar.

Parlamento: Asamblea Popular (518 escaños), Asamblea Consultiva (264).

Mujeres en el Parlamento: 3,7 %.

Jefe del Estado: Abdel Aziz Seif-Eldeen, provisional, militar (febrero de 2011).

Presidente del Gobierno: Essam Sharif, provisional (marzo de 2011).

Superficie: 1.002.000 km2.

Población1: 84.475.000.

Tasa de fecundidad2: 2,7.

Población rural: 56,7 %.

Esperanza de vida: 70,5 años.

Mortalidad infantil3: 23.

Analfabetismo: 33,5 %.

Posición en la tabla IDH: 101 (sobre 169 países).

Usuarios de internet 4: 16,6 (27).

Etnias: Árabes, 93,3 % (egipcios, 61,5; saudíes, 24,6; sudaneses, 5,3; argelinos, 1,9; beduinos, 1); gitanos, 1,8; , otros (3,9 %). .Religiones: Musulmanes (87 %; 99% suníes), ortodoxos coptos (9), protestantes y católicos (1,5), no religiosos y otros (2,5 %).

PIB per cápita 5: 6.345 $.

Inflación 6: 8 %.

Balanza comercial7: negativa en 22.470 millones $.

en la represión, como en Siria o Yemen, o en el apaciguamiento del maná petrolífero. Los islamistas no dan la cara y ocultan sus más osadas pretensiones, pero son los mejor cohesionados y esperan su oportunidad.

El movimiento de liberación fascinó a muchos occidentales, se propagó como un reguero de pólvora y constituyó una severa

advertencia contra los que ejercían el poder absoluto, los dictadores más veteranos y crueles, fieles aliados de las potencias occidentales. Los jóvenes más decididos y los analistas mejor intencionados auguraban, entre las elites árabes, que la opresión ya no sería suficiente para mantener la estabilidad y preservar la explotación de los pueblos subyugados y del tesoro petrolífero. Sería necesario atender las plegarias en favor de la justicia social y la igualdad de oportunidades, pero esos grandes lemas estaban escritos sobre papel mojado.

Washington y el mito de la estabilidad Washington apostó por la estabilidad desde que sustituyó a Gran Bretaña como gendarme de la región después del fiasco francobritánico de Suez (1956), canto de cisne del colonialismo europeo. “Durante 60 años, Estados Unidos buscó la estabilidad a costa de la democracia en el Oriente Medio, y no conseguimos ninguna de las dos”, declaró la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en el discurso que pronunció el 20 de junio de 2005 en la American University de El Cairo. Y agregó: “Ahora tomamos un rumbo diferente porque apoyamos las aspiraciones democráticas de todos.”

En los círculos académicos y del análisis estratégico se produjo en los momentos cruciales de las revueltas una curiosa conexión entre los abogados del intervencionismo liberal o de izquierdas, que se retrotrae nada menos que a las presidencias del demócrata Woodrow Wilson (1913-1921), y los neoconservadores que elaboraron la teoría que sir-

Decenas de miles de personas manifestándose en la plaza Tahrir de El Cairo contra el presidente Hosni Mubarak, el 1 de febrero de 2011.

Khalil Hamra / AP Photo

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32 vió de base para “la agenda de la libertad” de George Bush y Condoleezza Rice, pese a las reticencias y vacilaciones de Barack Obama y Hillary Clinton, más proclives a los dictados del realismo amoral, también conocido literariamente como realismo sucio, codificados por Henry Kissinger.

El equipo de Obama tardó demasiado en reaccionar, quizá porque los presidentes Ben Alí y sobre todo Mubarak eran dos amigos fieles, clientes irreprochables; pero estuvo claro desde el primer momento que las dificultades económicas y, sobre todo, el estrés de los ejércitos estadounidenses, que siguen estancados en Iraq y Afganistán, desaconsejaban cualquier iniciativa interventora. La estabilidad en Egipto, además, era un factor de suma importancia en la estrategia conjunta con Israel.

Las caídas de Ben Alí y Mubarak no han alterado sustancialmente las estructuras ni las dinámicas de los regímenes en Túnez y Egipto

La profecía de que las revueltas árabes desembocarían en una arcadia democrática resultó prematura y, por supuesto, errónea, ya que la caída de los dictadores, Ben Alí, Mubarak y Gadafi, no alteró sustancialmente la estructura ni la dinámica de sus regímenes.

Los militares tunecinos y egipcios sujetan las riendas del poder, mientras los déspotas de Siria y Yemen siguen disparando brutalmente contra los civiles desarmados. Los chiíes de Bahrein que se levantaron contra una injusticia histórica y flagrante fueron reducidos al silencio y la discriminación, sometidos a la ocupación militar por el Ejército de Arabia Saudí con el beneplácito de Washington, pese a las protestas de Irán.

Libia

Nombre oficial: Por determinar.

Capital: Trípoli.

División territorial: 22 municipalidades.

Forma de Estado: por determinar.

Sistema de gobierno: Por determinar.

Parlamento: Congreso General del Pueblo (468 escaños).

Jefe del Estado y del Gobierno: Mustafá Abdel Jalil, presidente del Consejo Nacional de Transición. Provisional en octubre de 2011).

Superficie: 1.777.060 km2.

Población1: 6.420.000.

Tasa de fecundidad2: 2,5.

Población rural: 22,1 %.

Esperanza de vida: 74,5 años.

Mortalidad infantil3: 17.

Analfabetismo: 11,6 %.

Posición en la tabla IDH: 53 (sobre 169 países).

Usuarios de internet 4: 5,1.

Etnias: árabes (87 %), bereberes (7), otros (6 %).

Religiones: musulmanes suníes (96 %), ortodoxos (2), católicos (1), otros (1 %).

PIB per cápita 5: 15.575 $.

Inflación 6: 3,5 %.

Balanza comercial7: positiva en 21.600 millones $.

de Al Qaeda y las venganzas contra los gadafistas. Las bandas armadas, los asesinos y los saqueadores dominaron la situación.

El mismo día en que “el Guía” huyó de sus palacios, Anthony Shadid, tras describir los escombros, escribió en el New York Times que “la dirección de los rebeldes es opaca y está fracturada, mientras que las intenciones de los islamistas que están en sus filas son inciertas y los extranjeros andan involucrados en una clase de intervención que durante mucho tiempo fue tóxica para el mundo árabe”.

Una operación secreta Gadafi, en el poder desde 1969, sátrapa excéntrico, dictador errático y durante muchos años financiero del terrorismo, que luego confraternizó con los occidentales, deja tras de sí un panorama devastado, un país tribal, sin instituciones, sin partidos políticos ni sindicatos, sin verdadero ejército, sin un líder nacional capaz de alzarse por encima de los jefes de clan y exhortar a la pacificación. Y en cuanto al futuro inmediato, la nación que es preciso construir, los pronósticos son poco alentadores.

Las calles de Trípoli volvieron a llenarse de cadáveres en medio del caos, la sombra

Los acontecimientos se precipitaron con la canícula del hemisferio norte. Ante el temor de un fracaso estrepitoso de la OTAN, cuyos bombardeos comenzaron el 19 de marzo, las partidas de rebeldes procedentes de Bengasi, en la Cirenaica, fueron entrenadas, armadas, disciplinadas y conducidas hasta Trípoli en una operación secreta y relámpago, de la que ignoramos los detalles, patrocinada por Qatar y otras monarquías del Golfo y dirigida sobre el terreno por las fuerzas especiales francobritánicas, mientras los estadounidenses contribuían con su dominio absoluto del mar y los cielos. Obama podía conquistar algunos laureles en plena borrasca económica.

Rebeldes libios atacando a tropas del gobierno ante una planta de gas natural ardiendo, cerca de Ras Lanuf, 9 de marzo de 2011.

John Moore/Getty Images

¿En qué quedan las estipulaciones del tan cacareado mandato de la ONU? La resolución 1.973, aprobada por el Consejo de Seguridad el 17 de marzo de 2011, estableció una zona de exclusión aérea sobre Libia y autorizó “el empleo de todos los medios necesarios para proteger a la población”, pero excluyó expresamente cualquier tipo de intervención terrestre para cambiar el régimen. La resolución se aprobó con diez votos a favor y cinco abstenciones de Brasil, India, Alemania, Rusia y China, cuyos intereses en el norte de África no se pueden comparar con los de Francia, Gran Bretaña e Italia y sus respectivas petroleras (Total, BP y ENI).

En general, en medio del torbellino generalizado, las monarquías conservadoras resistieron mejor que las repúblicas pretorianas los embates de la presión popular, de manera que en Marruecos, Jordania y hasta Bahrein, la agitación y las manifestaciones nunca fraguaron una real amenaza para las dinastías.

El apoyo firme de Estados Unidos está detrás de todos los monarcas, hasta el punto de que Arabia Saudí, primer productor mundial de petróleo, armada hasta los dientes por el protector norteamericano, en vez de impulsar las reformas democráticas, invadió militarmente Bahrein para impedir la caída de su protegido, el jeque Hamad bin Isa al-Jalifa.

La prédica anticolonial vuelve por sus fueros tras la operación de la OTAN en Libia, una intervención que deja un penetrante olor a petróleo

El poder militar en Egipto

“El retorno de los poderes coloniales disfrazados de liberadores es mucho más peligroso de lo que cualquiera pueda imaginar”, escribió Talal Salman, director del periódico izquierdista As-Safir, editado en Beirut. La prédica anticolonial, que había cohesionado al nacionalismo árabe en la época de Nasser, pero que estuvo ausente de las revueltas en Túnez y Egipto, donde fueron eliminados dos amigos de Washington, vuelve por sus fueros tras la operación de la OTAN en Libia, de penetrante olor a petróleo. La diatriba contra “el nuevo imperialismo”, leitmotiv del combate desesperado de Gadafi, fue el argumento central del discurso del dictador sirio el 21 de agosto, tras otro viernes sangriento, luego de que Obama exigiera su abandono del poder.

El desenlace del alzamiento árabe es altamente problemático. Nada parecido al jubiloso dominó democrático que se precipitó en la Europa central y oriental tras la caída del muro de Berlín (1989) y el hundimiento de los regímenes comunistas, con la excepción del rumano. “La transición política que siguió a la revuelta en Egipto ha ensombrecido el optimismo inicial”, escribió un comentarista de la prestigiosa revista estadounidense Foreign Affairs en su número de septiembre de 2011. Y aseguró que la Hermandad Musulmana, lejos de las cámaras hasta la caída de Mubarak, se perfilaba como la más probable vencedora de las elecciones, a las que concurrirá con el nombre de Partido de la Libertad y la Justicia.

Los más comprometidos con la revuelta organizaron la Coalición de la Juventud Re-

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34 volucionaria, más inspirada en las reformas que en el islamismo, pero cuyas perspectivas electorales son harto precarias. Volvieron a la plaza Tahrir a principios de julio, para protestar por la lentitud que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) estaba imprimiendo a la transición democrática, pero fueron rápidamente desalojados por los blindados después de que el gobierno prohibiera las protestas que “perjudiquen la marcha del país”. La manifestación fue encabezada por los familiares de las más de 800 víctimas mortales de la represión.

Los salafistas, por su parte, defensores acérrimos de la más rigurosa aplicación de la ley coránica (sharia), detractores de cualquier idea que huela a Occidente, alarmaron a los sectores moderados de la clase media cairota, liberales e izquierdistas confundidos, con su demostración de fuerza del 29 de julio en la plaza Tahrir. Luego se pudo ver por la televisión cómo los comerciantes de la zona aplaudían a las fuerzas de seguridad cuando expulsaban a los radicales islamistas del lugar mítico de la revolución que parecía encaminarse hacia su termidor.

Los militares egipcios maniobran entre bastidores para preservar su hegemonía tras las elecciones generales anunciadas para septiembre

Para algunos observadores y testigos del mundo árabe, la revolución ha sido confiscada tanto en Egipto como en Túnez. En El Cairo, el CSFA se adapta mal a la idea de que su poder es transitorio, a la espera de transferirlo a los civiles elegidos por el pueblo, y maniobra entre bastidores para preservar su hegemonía tras las elecciones de septiembre. En realidad, la casta militar disfruta de las sinecuras del poder, aunque por persona intermedia, desde el golpe de Estado de Nasser y la cofradía de los Oficiales Libres en julio de 1952 que derrocó al rey Faruk y proclamó la república.

El ex presidente Ben Alí, que estuvo en el poder desde 1987, se halla exiliado en Arabia Saudí y es muy poco probable que algún día sea entregado a las autoridades tunecinas para juzgarlo por la corrupción galopante y la sangrienta represión que precedió a su huida. Tampoco es previsible que la mayor parte de la fortuna del clan presidencial, labrada mediante el abuso y el nepotismo, revierta a las arcas del Estado.

Por supuesto, las potencias occidentales no

moverán un dedo para logar su extradición y ni siquiera para congelar realmente su fortuna en el extranjero.

El juicio de Mubarak es un hito en la historia del mundo árabe, una victoria insólita y parcial de los jóvenes que catalizaron la protesta contra el dictador y convirtieron la plaza Tahrir en el ágora de todas las disputas y esperanzas. “Fue un acontecimiento histórico”, señaló Abdel Ghani Hindi, coordinador general del Movimiento Popular por la Independencia de Al Azhar. Por primera vez en Egipto, un jefe del Estado y mariscal del ejército compareció ante un tribunal civil ordinario acusado de crímenes horribles. ¿Seguirá los pasos de Sadam Hussein?

La condena de Mubarak podría servir de pretexto para aplazar unas reformas sociales que amenazan los privilegios de los generales

La retransmisión televisada del juicio de Mubarak fue un revulsivo para la opinión egipcia que lo había aclamado reiteradamente durante los 30 años de poder omnímodo, desde que llegó a la presidencia en 1981 tras el asesinato del presidente Anuar el-Sadat por unos militares islamistas. El que fue todopoderoso rais, de 83 años, apareció postrado en una camilla (está enfermo de cáncer), dentro de la jaula de cristal de los reos, junto a dos de sus hijos, acusados de corrupción y de la muerte violenta de centenares de manifestantes. Los excesos mediáticos, la singular rapidez del proceso y la exhibición morbosa de un dictador valetudinario se deben a las necesidades tácticas de los generales ante la impaciencia de la opinión. La condena de Mubarak podría servir de pretexto para aplazar las reformas perentorias, de carácter social, las que de verdad incomodan a los generales y amenazan sus privilegios.

A principios de agosto, Hussam Itani, comentarista en el periódico árabe Al Hayat, editado en Londres, describía con alarma la gestión de los militares: “Pretenden gobernar a través de marionetas, a mover los hilos en secreto y a beneficiarse de los privilegios del poder sin asumir la responsabilidad.” Y añadía que los integristas de la Hermandad Musulmana, principal organización político-religiosa, siguen el juego de los pretorianos y mantienen su exorbitante influencia en los sectores más afligidos, que

Bahrein

rigor coránico y los jóvenes más abiertos, adictos de las redes sociales y menos religioso, frustrados por la falta de oportunidades políticas y económicas.

Washington teme que un cambio de régimen en Yemen abriría las puertas a sectores del islamismo radical dentro de la nebulosa de Al Qaeda

Nombre oficial: Reino de Bahrein (Mamlakat al-Bahrayn).

Capital: Manama División territorial: 5 municipalidades.

Forma de Estado: reino.

Sistema de gobierno: monarquía constitucional.

Parlamento: Shura (401 escaños) y Consejo de Representantes (40).

Mujeres en el Parlamento: 13,8 %.

Jefe del Estado: Hamad ibn Isa al-Jalifa (2002).

Presidente del Gobierno: Jalifa ibn Salman al-Jalifa (1970).

Superficie: 750 km2.

Población1: 1.170.000.

Tasa de fecundidad2: 2,1.

Población rural: 11,4 %.

Esperanza de vida: 76 años.

Mortalidad infantil3: 12.

Analfabetismo: 9,2 %.

Posición en la tabla IDH: 39 (sobre 169 países).

Usuarios de internet 4: 51,9.

Etnias: árabes (63 %), indopakistaníes (13), persas (12), filipinos (4,5), malayos (3,5), británicos (2), otros (2 %).

Religiones: musulmanes chiíes (58 %), suníes (24), cristianos (10,5), hindúes (6,5), otros (1 %).

PIB per cápita 5: 36.700 $.

Inflación 6: 2 %.

Balanza comercial7: positiva en 2.700 millones $.

son la inmensa mayoría. Se ha derrumbado el falso edificio de la estabilidad, las masas subsisten en la indigencia, pero el panorama electoral está plagado de incógnitas y la democracia liberal tendrá que esperar.

En los días que precedieron a la caída de Mubarak, el 11 de febrero de 2011, los jóvenes concentrados en la plaza Tahrir, epicentro del terremoto árabe, no estaban movidos por el celo religioso, ni mucho menos por el integrismo islámico, sino por el anhelo de un régimen democrático respetuoso de las libertades civiles, de la igualdad religiosa (reclamación primordial de la minoría copta) y las elecciones libres.

El prurito final y común, esparcido por el ciberespacio, se resumía en la aspiración de que los estados árabes dejaran de ser una excepción despótica en un universo crecientemente democrático.

Los islamistas en general y la Hermandad Musulmana en particular estuvieron y siguen al acecho, renunciando al protagonismo para seguir, en su caso controlar o hacer descarrilar, un movimiento heterogéneo.

No es inconcebible, sin embargo, una ruptura generacional entre la vieja guardia del

En el Yemen, enclave estratégico desde el que puede controlarse el estrecho que comunica el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico, los estadounidenses temen un cambio de régimen que abriría las puertas a los sectores radicales del islamismo que pueden incluirse dentro de la nebulosa de Al Qaeda. Los intentos de diálogo entre el presidente Abdulá Saleh, en el poder desde 1978, y la oposición tribal alternan con los sangrientos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes hostiles a la feroz dictadura. Aunque gravemente herido en el ataque contra su residencia, el déspota juega la carta de confiar en el paso del tiempo para asfixiar un movimiento de protesta bastante tribal y heterogéneo.

Resistencia del déspota sirio La represión prosigue, implacable, en Siria, donde el ejército y los escuadrones de la muerte del presidente Bachar el-Assad habían dado muerte desde que comenzara la revuelta en marzo hasta mediados de agosto a más de 2.200 personas, según los cálculos de la ONU. La resistencia del déspota hereditario no depende sólo de la represión, sino fundamentalmente de la lealtad de las fuerzas armadas, la fragilidad y las luchas intestinas de la oposición y el temor de una situación caótica que desembocaría inexorablemente en una guerra civil similar a las que sufrieron sus dos vecinos árabes, el Líbano e Iraq, que sólo puede funcionar mediante un sutil equilibrio étnico-religioso.

Siria es un mosaico de etnias y confesiones religiosas (suníes, alauíes, cristianos y drusos) de extrema fragilidad, un conglomerado ideado por el Colonial Office cuando Gran Bretaña y Francia se repartieron, mediante un acuerdo secreto, los despojos del imperio Otomano (1919). El régimen sirio se asienta en una estrecha alianza entre la compacta minoría alauí (disidencia del chiísmo), y la élite de los suníes (confesión de

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36 casi el 75 por ciento de la población), que controla la vida económica y cultural. Los principales mandos militares, al igual que el presidente Assad, pertenecen a la minoría alauí, muy beneficiada por el colonizador francés (1920-1946).

Nada hace suponer que Al Assad esté dispuesto a encabezar una revolución contra la casta que lo rodea y probablemente lo coarta

Existen dudas sobre la verdadera idiosincrasia de Bachar el-Asad y los papeles que desempeñan el ejército y el partido Baas, éste último reducto del nacionalismo árabe secular. Unos creen que el presidente es un modernizador frustrado, estudiante de oftalmología en Londres, estrechamente vigilado por la vieja guardia esclerótica que acompañó a su padre Hafez durante los 30 años de crudelísima satrapía (1970-2000), y otros suponen que se ha convertido en la fotocopia desvaída de su progenitor. En cualquier caso, nada parece indicar que el dictador esté dispuesto a emprender una revolución contra la casta que lo rodea y probablemente lo coarta.

La cuestión candente del islamismo Sobre el futuro de las revueltas árabes y la cuestión candente del islamismo sólo disponemos de conjeturas razonables, fabricadas en Occidente, que habrán de ser sometidas a la prueba de los hechos. Hay un relato occidental que trasluce una visión optimista, multicultural y socialdemócrata, a pesar del caos reinante, cuya expresión más completa se encuentra probablemente en el libro Rock de Casbah (2011), de la norteamericana Robin Wright, según la cual “la gran mayoría del mundo musulmán rechaza el extremismo de manera creciente”.

Robin coincide con el francés Olivier Roy en analizar las revueltas como el inicio de un nuevo camino marcado por el fracaso del islam político. En su opinión, las guerras civiles en el Oriente Próximo y en todo el mundo islámico constituyen una especie de “contrayihad”. Una hipótesis semejante a la que defienden los que creen que el impulso democrático se encauzará a través de movimientos islamistas presuntamente moderados, como el del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) que gobierna en Turquía, homologables con los occidentales luego de un proceso de adaptación.

Siria

Nombre oficial: República Árabe Siria (Al-Jumhuriyah al-Arabiyah al Suriyah).

Capital: Damasco.

División territorial: 14 provincias y 1 municipalidad.

Forma de Estado: república unitaria.

Forma de gobierno: presidencialista autoritario.

Parlamento: Asamblea del Pueblo (250 escaños).

Mujeres en el Parlamento: 12,4 %.

Jefe del Estado: Bashar al-Assad (2000).

Presidente del Gobierno: Adel Safar (desde abril de 2011).

Superficie: 185.180 km2.

Población1: 21.765.000.

Tasa de fecundidad2: 1,9.

Población rural: 44,3 %.

Esperanza de vida: 74,6 años.

Mortalidad infantil3: 16.

Analfabetismo: 16,4 %.

Posición en la tabla IDH: 111 (sobre 169 países).

Usuarios de internet 4: 17,3.

Etnias: árabes (82,5 %), kurdos (7,5), palestinos (4), armenios (2,5), otros (3,5 %).

Religiones: suníes (74 %), chiíes alauitas (11), ortodoxos (5), drusos (3), católicos (2), otros (5 %).

PIB per cápita 5: 4.990 $.

Inflación 6: 5 %.

Balanza comercial7: negativa en 3.580 millones $.

La moderación de los islamistas está por demostrar, la apostasía sigue castigada con la pena capital por la ley coránica y la comparación del AKP con los partidos demócratacristianos europeos resulta tan forzada y anacrónica como enfática –el islam no conoce el cisma ni la reforma, ni el libre examen, ni siquiera un modesto aggiornamento–, además de que choca frontalmente con la opinión que tienen muchos turcos secularizados, según la cual el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, ejecuta una “agenda secreta” para la reislamización sin tregua de la sociedad otomana que incluye la prisión de los periodistas refractarios.

En el mundo árabe la democracia se enfrenta a concepciones filosóficas, radicales e incompatibles sobre las prerrogativas del gobierno

Para la democracia de inspiración liberal, cuyos defensores son minoritarios en el mundo árabe, el Estado debe garantizar las libertades públicas, incluida la de conciencia, y respetar la autonomía del individuo, mientras que la teología islámica concibe al gobierno como un agente moralizador, subordinado al poder religioso, que debe promover una sociedad cohesionada por la piedad y el espíritu caritativo.

Multitudinaria manifestación pacífica en Hama (Siria), en agosto de 2011. abc.net.au

Dos concepciones filosóficas, radicales e incompatibles. Los valores defendidos por los manifestantes eran universales, además de occidentales, no estrictamente islámicos, pero incluían una acerba crítica de Occidente porque éste había respaldado a los autócratas.

sin embargo, en el mundo árabe coinciden el subdesarrollo económico y el atraso político, en contraste con lo ocurrido en Asia, lo que sin duda lleva agua al molino de los teóricos de la “excepción cultural” (Bernard Lewis y Samuel Huntington) propalada por los neoconservadores1.

El escritor francotunecino Abdelwahad Meddeb, autor del polémico libro La enfermedad del islam, consideró que las revueltas árabes no constituyen un fenómeno postislámico, sino “más allá del islam”.

Y precisó su pensamiento: “Esos acontecimientos nada tuvieron que ver con la identidad religiosa o cultural. Las gentes se rebelaron contra una situación en la que el habeas corpus no era respetado. La sublevación trascendió las identidades. Los que protestaban lo hicieron como oprimidos, no como musulmanes, y la protesta se expresó en nombre de la humanidad pisoteada”.

La transición hacia la democracia es un fenómeno desconocido en las sociedades del Oriente Próximo. La historia reciente confirma que los ocasos de los dictadores provocaron estallidos de violencia y, a la postre, la parálisis política, las luchas sectarias y el retorno de la autocracia generalmente disfrazada con el uniforme militar o el turbante de la clerecía islamista. Todas esas sombras y pésimos vaticinios se ciernen sobre las esperanzas suscitadas por las revueltas.

Las sombras de la parálisis política, las luchas sectarias y de nuevas autocracias se ciernen sobre las esperanzas suscitadas por las revueltas

(1) Francis Fukuyama, “Political Order in Egypt”, en The American Interest, mayo-junio de 2011. La discusión académica sobre las arduas relaciones de los árabes y la democracia está ampliamente recogida en mi libro Las revueltas árabes y el desafío de la democracia (Editorial Círculo Rojo, Sevilla, 2011). El texto puede consultarse en www.mateo madridejos.wordpress.com

La incertidumbre y los sombríos augurios que pesan sobre el desenlace de las revueltas árabes abren nuevas vías para el pensamiento liberal y doctrinario de la occidentalización inexorable, como creía Ataturk, o la transición autoritaria como métodos supuestamente eficaces para coordinar el desarrollo económico con la modernización política. Como subraya Francis Fukuyama,

Notas de las fichas (1) 2010, estimaciones. WPP. (2) Hijos por mujer. 2010-2015, estimaciones. PNUD. (3) Fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos. Año 2008.

PNUD. (4) Por cada 100 personas. Año 2008. PNUD. (5) Dólares corrientes, PPA. 2011, estimaciones. FMI. (6) Año 2011, estimaciones. FMI. (7) Año 2010, estimaciones.TWF. FUENTES: PNUD (Informe 2010), FMI, World Population Prospects, The World Factbook (CIA), Book of the Year 2011 (Enciclopedia Británica).

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‘Indignados’ del 15-M: más que un aviso Joaquim Coca. Periodista.

Las primeras protestas callejeras aglutinadas bajo el lema Democracia real, ya! desconcertaron a la ciudadanía y a las fuerzas del sistema. Las acampadas (¿40.000 personas?) que siguieron inmediatamente en numerosas ciudades españolas (y de fuera) anunciaron la emergencia de un movimiento (15-M) heterogéneo, acéfalo e incierto pero al que se le adivinaban las intenciones.

Sólo un mes después, a mediados de junio, las principales ciudades españolas eran escenario de manifestaciones que, según fuentes interesadas, habían reunido a casi un millón de personas bajo una pancarta unitaria: Contra el Pacto del Euro y contra la crisis y el capital.

El movimiento de los Indignados, coordinado a través de los mecanismos de la comunicación digital y alimentado con un sinfín de acciones reivindicativas de distintos estilos y tamaños, era ya una realidad incuestionable. El país, con la clase política a la cabeza, se desconcertaba ante las propuestas –¿“impertinentes”?– consensuadas en la asamblea de los acampados en la plaza del Sol de Madrid. Entre ellas algunas tan “atrevidas” como, por ejemplo, la atención a derechos constitucio-

Decenas de miles de ‘indignados’ del 15-M en Sol, Madrid.

GEHAblog

nales elementales –efectiva separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, desvinculación verdadera entre la Iglesia y el Estado, democracia participativa y directa (necesidad de las listas electorales abiertas), vivienda digna, auténtica regularización y

Mapa mundial de las protestas del 15 de octubre. map.15october.net/

cumplimiento de las condiciones laborales, rechazo y condena de la corrupción…– y otras tan “desconcertantes” para algunos como la cancelación de la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda en caso de impago, reforma de los impuestos de patrimonio y sucesiones, implantación de la Tasa Tobin que grava las transferencias financieras internacionales, supresión de los paraísos fiscales, abolicción de los sueldos vitalicios para la clase política, nacionalización inmediata de todas aquellas entidades bancarias que hayan tenido que ser rescatadas por el Estado, endurecimiento de los controles sobre entidades y operaciones financieras, acceso popular a los medios de comunicación (exigencia ética y de veracidad), recuperación de las empresas públicas privatizadas, cierre inmediato de las fábricas de armas, mayor control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, recuperación de la Memoria Histórica y de los principios fundacionales de la lucha por la democracia en el Estado, total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos como medida de contención de la corrupción política. Etcétera, etcétera y etcétera de un desfile de derechos, muchos de ellos, repetimos, contenidos en la Constitución.

Sencillamente, nada del otro mundo.

Pero el día 15 de octubre aquellos “perroflautas” de mayo se habían convertido ya en oleadas de Indignados por las calles no sólo de las capitales españolas, sino de todo el mundo: hablamos de manifestaciones en 951 ciudades de 82 países. El aviso

de la calle, inequívoco en esta ocasión, cobraba velocidad con el efecto de bola de nieve. Las claves del mensaje del movimiento –sin adscripción ideológica, antisistema y antipolítico a la vez– hay que leerlas en las pancartas que la gente esgrimía como armas contundentes pero sin filo: No hay pan para tanto chorizo; No rescatéis bancos, rescatat persona; Queremos un futuro; Por un cambio global; Piensa globalmente, actúa localmente; No soy anti-sistema, el sistema es anti-yo; De la indignación a la acción: nuestras vidas o sus beneficios; ¿Dónde está mi dinero? No es crisis, es que no te quiero.

Etcétera, etcétera, etcétera.

15 de octubre, el movimiento del M-15 se internacionaliza: los Indignados ocupan las calles de 951 ciudades de 82 países

El grito de la calle va dirigido esencialmente la clase política. El ciudadano indignado entiende que son los políticos, responsables de la estabilidad del Estado, quienes han de enderezar todos los desaguisados que acollonan a la sociedad y quienes han de frenar y responder a los desafíos de los poderes económicos, financieros, militares, tecnológicos, mediáticos y de pensamiento. Determinación ante la altivez, deontología ante la sumisión, justicia ante la corrupción. Es decir, que actúen para defender aquello para lo que han sido elegidos (y, entre otras cosas, para evitar que no se hagan realidad las pancartas que invitaban al No nos representan o al ¿Y si el 20-N los botamos a todos?

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40 El grito de la calle es también bidireccional: global y doméstico. Globalmente, los Indignados encuentran pocas explicaciones a atrocidades como éstas (o parecidas a éstas): Preguntas sin respuestas a atrocidades que permite el sistema a atentados contra los derechos humanos en ámbitos tanto internacionales como domésticos (“Piensa globalmente, actúa localmente”)

• Unos mil millones de personas padecen hambre crónica en todo el mundo. En estos momentos, 12,4 millones están amenazadas de muerte en el Cuerno de África. Mientras los 80.000 millones de dólares que bastarían para acabar con esta vergüenza planetaria llegan con cuentagotas, en el mundo ya se han pagado 780.000 millones para rescatar bancos en peligro de quiebra. Otro ejemplo: España ha destinado 25 millones de euros para ayudar a los desnutridos somalíes y unos 3.000 millones para rescatar una sola caja de ahorros.

• La sequía y las guerras no son las únicas responsables de las hambrunas: la tienen, en gran medida, la especulación con los alimentos. Un ejemplo: de los 2.230 millones de toneladas de la cosecha mundial de cereales, 2.210 millones se destinan a la producción de biocombustibles y piensos para animales que se consumen casi todos en los países ricos. Según datos de la FAO, en los últimos 12 meses, el trigo se ha encarecido un 130 por ciento, el arroz un 74, la soja un 87 y el maíz un 53 por ciento. Y mientras unos 70 millones de personas están amenazadas por el encarecimiento de los precios de los alimentos, 90 millones de toneladas de comida en buen estado van cada año a la basura en el Primer Mundo porque está caducada.

• Unos 33 millones de personas viven con el sida, de ellos 23 millones en África (el 67 por ciento en países del sur del Sáhara).

En 2009 murieron a causa de esta enfermedad unos dos millones de personas, de ellos 1,3 millones en el continente negro (en Europa Occidental sólo se registraron 8.500 muertes).

• Unos ocho millones de niños mueren cada año por enfermedades que se curan o previenen fácilmente en Occidente.

Y en el ámbito doméstico los Indignados siguen esperando respuestas a situaciones

como éstas (o parecidas a éstas): • El 21,8 por ciento de la población española está por debajo de los lindares de la pobreza. Y el porcentaje sigue creciendo. Jamás había subido por encima del 20 por ciento.

• En tres años se ha duplicado el número de personas que demanda servicios de acogida y asistencia, como por ejemplo a Cáritas Española (de 400.000 solicitudes en 2007 se pasó a 900.000 en 2010).

• ¿Qué negligencias han permitido que el desempleo supere el 20 por ciento?

• El 6,1 por ciento retrasa cada mes los pagos de hipoteca, alquiler, agua, gas, teléfono. Uno de cada cuatro españoles no veranea fuera de casa.

• Se calcula que hay unos 500.000 pisos propiedad de los bancos sin vender.

• España es el país de la UE donde se declaran más viviendas vacías: 3,1 millones, equivalente al 14 por ciento del total, según el INE. Hay demasiadas cosas importantes en juego como para que la clase política no considere con atención las reivindicaciones y todo lo que representan los Indignados

¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los responsables? Si la crisis no está en el sistema capitalista sino el el sistema financiero, ¿por qué a lo largo de los últimos tres años sólo se han arbitrado parches para hacer frente a las desviaciones que prostituyen este capitalismo financiero? La gente del 15-M (jóvenes y no tan jóvenes) pide esencialmente que se cambien las bases del sistema: la refundaciones de la política, de la democracia y de la economía –menos mercantilismo, menos monetarismo (¿alguien se ha preguntado para qué o a quién sirven los billetes de 500 euros?)–. Y piden también cosas tan simples como un modo de vida sostenible, control sobre los políticos, una economía creativa o como Internet libre o que los bancos paguen la crisis.

Y piden estos cambios precisamente a los políticos (¿No nos representan?) y piden respuestas a preguntas tan sencillas como ¿por qué se ha permitido que el aumento del paro, la disminución de los servicios sociales, los recortes

Dos manifestantes de Estados Unidos, muy lejos de la imagen atribuída al concepto ‘perroflauta’. A la izquierda, manifestación de enfermeras en Wall Street. A la derecha, concentración en Indianápolis. protestintheusa.org y Michelle Pemberton

salariales estuvieran coexistiendo con inusitadas ganancias en los sectores financieros?, ¿por qué el capital financiero es capaz de poner en riesgo de quiebra a estados soberanos, de poner en crisis a personas y gobiernos?, ¿qué se ha hecho con las plusvalías generadas por el boom inmobiliario? El cambio fundamental, suponen, consiste en determinar quién decide, si el pueblo o las amalgamas espurias de políticos, bancos, lobbies, multinacionales, agencias de calificación o think tanks.

Las peticiones de una transformación estructural de la sociedad se hacen, sin embargo, desde la incertidumbre y con sentimiento de miedo porque el hilo que enlaza los conceptos de esfuerzo, trabajo, dinero y bienestar es demasiado fino y equívoco. El futuro para millones de jóvenes y familias es incierto y por eso el miedo social se extiende como una mancha de aceite. Desde esa misma in-

certidumbre el 15-M pide cambios que se puedan controlar: el pueblo manda y el político obedece. Y se está organizando de una manera –con el tiempo se verá si Internet es eficaz– que ha desconcertado a los que manejan el establishment. Hay demasiadas cosas importantes en juego como para que la clase política no considere con atención todo lo que representan los Indignados, que les están diciendo a las claras que la gente deja de confiar cuando descubre que se la está engañando. De que corren el riesgo de que al final quizá la gente llegue a la conclusión de que los partidos políticos no son necesarios. ¿Hay que hacer demasiado esfuerzo para entender lo que se grita en la calle?

Otro aviso: el clamor ha empezado a llegar las calles en Estados Unidos, donde el 54 por ciento de la población ve con simpatías las protestas.

Los ‘indignados se manifiestan en el centro de Cincinnati con una estatua de Abraham Lincoln el 8 de octubre.

David Kohl

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Por un Estado y un pueblo europeos Cesáreo Rodríguez-Aguilera. Catedrático de Ciencia Política. Universidad de Barcelona.

Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

Foto: Samten Norbù

Hace ya tiempo que concluyó el consenso social permisivo con relación al siempre complejo y contradictorio proceso de integración europea, de ahí que sean frecuentes los desencuentros entre el grueso de la “clase política” y significativos sectores de la ciudadanía (los referéndum de Francia y Holanda en 2005 e Irlanda en 2008 así lo prueban) y esto es lo que explica que a más unanimidad de las élites sobre ciertas opciones, más rechazo popular se suele suscitar.

Tenemos una Unión Europea puramente instrumental y funcional, incapaz de ofrecer alguna perspectiva movilizadora

El confuso estadio actual de integración europea se debe a la ausencia de algún horizonte final mínimamente claro y comprensible y de estrategias que puedan alumbrarlo. La Unión Europea que tenemos es puramente instrumental y funcional, incapaz de ofrecer alguna perspectiva movilizadora y, además, su actual involución neoliberal la hace cada vez menos atractiva. Lo que se echa en falta es algún proyecto político de calado realmente supranacional dadas las resistencias de los estados a ceder nuevas parcelas de soberanía.

Mientras los viejos estados nacionales –y aspirantes subestatales a reproducir tal anacrónico modelo– tengan el exclusivo protagonismo político no se podrá culminar la aspiración teórica de los tratados comunitarios de ir hacia una “unión cada vez más estrecha”.

Los gobiernos europeos no hacen más que repetir una y otra vez una estrategia de míni-

mos agotada (el funcionalismo incremental) que no cambia el paradigma elitista y tecnocrático vigente y que agrava el malestar cívico pues aquéllos siguen actuando con opacidad y ofreciendo farragosos e incomprensibles tratados a las respectivas opiniones públicas.

Por tanto, más allá de la tan grave crisis económica actual (la peor de toda la historia de la integración europea), es todo el proyecto comunitario el que debería reformularse pues, de un lado, se constatan un repliegue nacionalista de los 27 estados y, de otro, unas respuestas cortoplacistas parciales. En realidad, el gran problema de la UE no es la deuda pública de los PIIGS (Portugal Irlanda, Italia, Grecia y España), sino su pésimo diseño institucional carente de autoridad fiscal. Aunque la UE es globalmente una de las regiones más ricas del planeta (tiene casi el 30 por ciento del PIB mundial, lo que la convierte en la primera potencia económica del planeta) eso no le reporta el menor beneficio político dada su disfuncional estructura y sus limitados poderes supranacionales.

La Europa neoliberal Las fortísimas turbulencias que está padeciendo el euro desde 2010 han sido apenas amortiguadas de forma paliativa, sin una clara articulación estratégica a largo plazo.

Los rescates e incluso el fondo de estabilidad no son más que parches que compran tiempo, pero no resuelven el problema de fondo.

Además, no sirve incrementar la austeridad o privatizar los servicios públicos, pues son recetas desgastadas que harán más pobres y

Unión europea Nombre oficial: Unión Europea.

Capital: Bruselas.

Miembros: 27. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia.

Fases crecimiento: años 1951, 1957, 1967, 1987, 1993, 1999, 2003, 2009.

División territorial: estatal.

Forma de asociación: comunidad política supranacional de derecho.

Sistema de gobierno: democracia representativa.

Principales instituciones: Parlamento Europeo (751 diputados), Consejo Europeo (27 jefes de Estado o de Gobierno y un presidente), Comisión Europea (27 miembros).

Idiomas oficiales: 23.

Mujeres en el Parlamento Europeo: 33 %.

Presidente del Consejo Europeo: Herman van Rompuy (Bélgica), 1010. Mandato de 30 meses, renovable.

Presidente de la Comisión Europea: J. M. Durao Barroso (Portugal), 2004.

Superficie: 3.974.716 km2.

Población1: 502.490.000.

Habitantes/km2: 126,42.

Tasa de fecundidad2: 1,52.

Población rural: 27,27 %.

Esperanza de vida: 78,65 años.

Mortalidad infantil3: 5,48.

Analfabetismo: 0,8 %.

Usuarios de internet 4: 69,6.

PIB5: 10,520 billones de euros.

PIB per cápita5: 20.950 euros.

Desempleo 6: 10 %.

Inflación zona euro 7: 2,5 %.

Balanza comercial 8: negativa en 153.000 millones de euros.

(1) 2011, estimaciones. Eu. (2) Hijos por mujer. 2010-1015, proyecciones. PNUD. (3) Fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos. Año 2008. PNUD. (4) Por cada 100 personas. Año 2008. PNUD. (5) Precios corrientes. 2010. FMI. (6) Año 2011, proyecciones. Eu (7) 1-9-2011. Eu. (8) Año 2010.

FUENTES: Eurostat, PNUD (Informe 2010), FMI.

vulnerables a los países que las apliquen, tal como ha señalado Joseph Stiglitz. La clave es el crecimiento, para lo que hace falta aumentar el gasto público y los impuestos, dos fórmulas que los hegemónicos fundamentalistas de mercado rechazan frontalmente. Lo cierto es que imponer la austeridad y el déficit cero a ultranza en el fondo no hace más que socavar el crecimiento.

Sólo con un verdadero gobierno europeo de la economía la UE podría hacer frente a los irracionales ataques especulativos de los “mercados”

Son ya varios los analistas que han sugerido un conjunto de recetas mínimas para proteger más adecuadamente el espacio monetario europeo, pues este tipo de ataques

especulativos volverá a repetirse a la menor oportunidad si no se refuerza mucho más la integración económica, fiscal y financiera.

Sólo con un verdadero gobierno europeo de la economía la UE podría hacer frente a la irracionalidad de los ataques especulativos de los “mercados” y ello exigiría: 1) un Tesoro Europeo (es decir, un Ministerio de Hacienda Europeo); 2) cambiar de raíz el Banco Central Europeo para asimilarlo a la FED de Estados Unidos y dar paso así a un auténtico fondo monetario europeo; 3) dar paso a “eurobonos” y a una Agencia Europea de la Deuda; 4) coordinar y armonizar estrechamente las políticas fiscales de los estados de cara a su progresiva integración hacendística; 5) aumentar muy considerablemente el tan bajo presupuesto comunitario actual, y 6) establecer tasas a la banca (del tipo del impuesto Tobin) para gravar las maniobras especulativas.

Ni siquiera con este conjunto de medidas la UE estaría blindada frente a los “mercados” –aunque el panorama sería mucho más favorable para aquélla– ya que lo que falta es un verdadero gobierno económico común, hoy bloqueado por las anacrónicas resistencias nacionalistas de algunos estados, notoriamente la Alemania de la cancillera Angela Merkel. Y es que no podrá sostenerse a largo plazo una moneda común sin tal estructura de respaldo detrás, pero sus dificultades de alumbramiento muestran que el gran obstáculo para la culminación de la integración europea es el anacrónico mantenimiento de 27 estados formalmente “soberanos”. Por ejemplo, California tiene aún más peligro de quiebra que Portugal, pero nadie habla de aquélla porque forma parte de Estados Unidos.

Aunque hoy sea política ficción, el “terrible” súper-Estado europeo resolvería de golpe todas las carencias y debilidades políticas de la actual Unión

En la pugna entre los “mercados” (eufemismo sinónimo de oligarquía financiera) y los estados se están imponiendo claramente los primeros de tal suerte que están “adelgazando” a los segundos en capacidad económica decisoria hasta extremos incompatibles con una mínima justicia social redistributiva.

La hegemonía del neoliberalismo está reduciendo a la socialdemocracia a la marginalidad (como opción eficiente y equitativamente redistributiva) y es que los “mercados”

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44 tienen hoy la iniciativa frente a gobiernos débiles (o afines con sus intereses) que hacen una cesión tras otra a aquéllos con la inútil esperanza de “calmarlos” (o en plena sintonía con ellos en el caso de los gobiernos de centroderecha).

El giro a la derecha de la práctica totalidad de los estados europeos se traduce en constantes recortes sociales, reformas laborales regresivas y políticas migratorias restrictivas.

Las fuertes presiones favorables a restablecer una suerte de capitalismo “manchesteriano” atentan contra el gran compromiso social que –todavía– representa el amenazado Estado de bienestar y contra derechos duramente conquistados por el movimiento obrero europeo, con lo que se está poniendo en grave peligro una de las mejores señas de la identidad diferencial europea.

Un Estado europeo Cuando algunos políticos europeos afirman –más bien retóricamente– aspirar a “más Europa” eso significa objetivamente más supranacionalismo: llevando el argumento hasta las últimas consecuencias (algo que se escamotea) el desenlace lógico debería ser el Estado europeo. En efecto, aunque hoy sea política ficción, el “terrible” súper-Estado europeo resolvería de golpe todas las carencias y debilidades políticas de la actual UE. De un lado, sería la opción teóricamente más racional aunque, de otro, la de más difícil concreción por la hostilidad de los estados y del grueso de sus opiniones públicas a tal desenlace.

No obstante, vale la pena reseñar las enormes ventajas hipotéticas del Estado europeo: 1) de entrada, se resolvería la cuestión de la legitimidad pues la actual UE descansa fundamentalmente en la legitimidad funcional (se acepta, en su caso, por sus eventuales resultados materiales positivos), pero si fuera un Estado se basaría en la soberanía popular democrática; 2) permitiría dar paso a una auténtica división de poderes horizontal, con un Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial europeos; 3) racionalizaría la confusa distribución vertical de competencias con técnicas federales; 4) supondría un gobierno económico y fiscal en serio (con un sólido presupuesto, impuestos europeos y compensaciones interterritoriales federales); 5) podría armonizar los tan diferentes y desiguales sistemas de welfare; 6) daría paso a la conformación de un auténtico espacio de competición y debate políticos con verdaderos

partidos europeos que se disputarían un genuino gobierno central; 7) permitiría integrar federalmente cuerpos diplomáticos, fuerzas armadas y cuerpos policiales, y 8) tendría representación única en organizaciones internacionales (ONU, FMI, BM, OMC y otras), lo que redundaría en una incidencia mundial incomparablemente superior a la actual.

Es evidente que este planteamiento es puramente abstracto y altamente improbable, pero no debería ser imposible (siquiera en teoría), pues no es de recibo una de las principales objeciones que se aducen ante la hipótesis de un Estado federal europeo: el de su gran heterogeneidad interna que lo haría inviable en cualquier sentido. Este argumento teórico cae por su peso si se considera el caso de India, un Estado con una heterogeneidad étnica más alta que la europea. Es evidente que el gran obstáculo son los estados que no tienen interés alguno en tal eventual desenlace y en la mayoría de sus respectivas opiniones públicas muy apegadas a sus lealtades nacionales primarias.

Un pueblo europeo Hasta ahora sólo se han ensayado –en lo esencial– estrategias económicas funcionalistas y políticas intergubernamentales: tal vez sería hora de probar otras fórmulas que no partan de arriba, sino de abajo. Los europeos necesitamos un “nosotros” para no seguir delegando en las élites políticas el monopolio del renqueante proceso de construcción europea, de ahí la necesidad de llenar de contenido la etiqueta hoy casi hueca de “ciudadanía europea”. Mientras los europeos nos sigamos considerando “extranjeros” entre nosotros no cambiará el actual acomodo estatalista y economicista de integración.

Lo más interesante de crear un pueblo europeo es que tendría que ser postnacional, construido sobre bases cívicas y no étnicas

Lo más interesante del proyecto de crear un pueblo europeo es que éste tendría que ser – por definición– postnacional, construido exclusivamente sobre bases cívicas y no étnicas. Sólo los valores pluralistas y solidarios podrían articular una potencial nueva identidad común paneuropea, con plena asunción de los valores que arrancan de la Ilustración y con pleno restablecimiento expansivo del Estado de bienestar. Por tanto,

El Consejo Europeo en la sesión extraordinaria del 11 de marzo de 2011.

Foto: Consejo Europeo

de un lado, las instituciones comunitarias deberían no sólo tener más poder que el actual, sino ser mucho más responsables ante los ciudadanos y más transparentes. De otro, los europeos deberíamos sentirnos parte del “pueblo europeo”, con independencia de las eventuales ventajas materiales que se pueden obtener por ser miembro de la UE, algo hoy lejano ya que los Eurobarómetros muestran una baja lealtad cívica primaria comunitaria dado el predominio aplastante de la identificación personal con cada nación.

En este sentido, los medios de comunicación, por ejemplo, tienen su cuota de responsabilidad y fallan en dos sentidos: en lo material, informan deficientemente de lo que la UE hace, y en lo formal presentan las noticias comunitarias en las secciones dedicadas a lo internacional.

Sin la complicidad y el protagonismo de los ciudadanos el proyecto integracionista siempre se quedará a medias y sufrirá constantes frustraciones

En definitiva, habría que cambiar la ruta estratégica: aunque sean inevitables las negociaciones y los acuerdos entre las élites políticas, si no se busca la complicidad y el protagonismo de los ciudadanos el proyecto integracionista siempre se quedará a medias y sufrirá constantes frustraciones. La construcción europea sólo puede progresar (en cantidad, pero sobre todo en calidad) si se combinan dos factores: una mayor democratización de las instituciones (con miras a irlas acercando a un esquema cada vez más similar al de un Estado) y una asunción cívica paneuropea de un claro proyecto político y social compartido. La propuesta de la federación política europea –por utópica que hoy resulte– ofrece un objetivo definido que podría movilizar a muchos europeos, si hubiera voluntad política suficiente para ello.

Sin embargo, es cierto que la mayoría de los 27 estados no comparte un proyecto que vaya bastante más allá del actual, de ahí que sea más realista pensar en un posible escenario abierto, con una Europa a dos (o incluso más) velocidades. La mera dinámica económica –por mucho que se vaya reforzando (y previsiblemente lo hará)– no será suficiente sin la política, esto es, sin el liderazgo de actores y opiniones públicas realmente decididas a dar paso a una verdadera federación europea. En todo caso, si algunos estados no quieren integrarse más, no deberían bloquear a otros la posibilidad de hacerlo. El problema es que hoy no se vislumbra un posible “núcleo duro” de unos cuantos estados dispuestos a encaminarse hacia tal escenario –que podría arrastrar a más si funcionara– y, por lo demás, sin el liderazgo de Alemania (el “motor” económico de la UE) es del todo imposible y parece clara su actual opción por un repliegue nacionalista que archiva su histórica vocación federal. En consecuencia, lo cierto es hoy por hoy el proyecto de federación política europea debe reputarse como teoría meramente especulativa de imposible realización práctica a medio plazo.

Fuentes de referencia Z. Bauman: Europa. Una aventura inacabada, Losada (Buenos Aires), 2006.

U. Beck y E. Grande: La Europa cosmopolita. Sociedad y política en la Segunda Modernidad, Paidós (Barcelona), 2006.

T. Chopin y M. Foucher (dirs.): L’état de l’Union. Rapport Schuman 2011 sur l’Europe, Lignes de Repères (París), 2011.

J. C. Couceriro-Bueno (ed.): Europa ante sí misma, Biblioteca Nueva (Madrid), 2010.

C. J. Friedrich: Europa: el surgimiento de una nación, Alianza (Madrid), 1973.

P. García-Picazo: La idea de Europa: historia, cultura, política, Tecnos (Madrid), 2008.

B. Geremek y R. Picht: Visions d’Europe, Odile Jacob (París), 2007.

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P. Rossi: L’identità dell’Europa, Il Mulino (Bolonia), 2007.

J. I. Torreblanca: La fragmentación del poder europeo, Icaria & Antrazyt (Barcelona), 2011.

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Violencia transnacional: Centroamérica y México Carla Rebés Fernández. Máster Internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina. Universidad Complutense de Madrid.

Rutas de las drogas en México Fuente: “Drugs in Mexico” en The Economist disponible en: www.economist.com/blogs/ dailychart/2011/01/drugs_mexico

Transcurridos 11 años de la alternancia de poder en México con el cambio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras más de 70 años en el poder, por el Partido de Acción Nacional (PAN) y habiendo pasado casi 25 años del Acuerdo de Esquipulas II y los diversos Acuerdos de Paz en Centroamérica, es un buen momento para cuestionarse la marcada y creciente violencia (armas, narcotráfico, trata de personas y órganos...) que se extiende a través de México y Centroamérica. Para poder entender la expansión de la violencia de carácter nacional (con distintos rasgos para cada estado) a una escala transnacional se ha de tener presente que dichas redes ilegales, aprovechando la globalización económico-tecnológica y la progresiva liberalización de los espacios nacionales, se han ido expandiendo hasta formar mercados trasnacionales ilegales de armamento, drogas, personas o capitales. Por poner algunas cifras para el total de Centroamérica se contabilizaron más de 18.000 muertes en el año 2010, teniendo una tasa de homicidios de 44 por cada 100.000 habitantes1. Asimismo,

centrando la mirada en México encontramos que “la guerra contra el narco” emprendida por el presidente Felipe Calderón desde 2006 ha dejado más de 35.000 muertes (más de 3.000 en Ciudad Juárez, convirtiéndose en 2010 en la ciudad más violenta del mundo)2.

Cárteles de droga, maras y tráfico de armas Pero, ¿de dónde procede tanta de violencia? los cauces y causantes son múltiples y aunque en muchos casos son los mismos, se pueden contabilizar muy diversos cárteles de drogas, maras y grupos paramilitares. Por centrar éstos grupos, e iniciando la clasificación por los cárteles de la droga observamos que el aumento de narcóticos en Centroamérica y México vino dado por la atomización de los cárteles de Medellín y Cali tras su desmantelamiento. A consecuencia de esta expansión, se produjo una progresiva entrada en Centroamérica desde México. Así, uno de los principales cárteles que actúa tanto en México como en Centroaméri-

México

Nombre oficial: Estados Unidos Mexicanos.

Capital: México DF. División territorial: 31 estados y un distrito federal.

Forma de Estado: república federal.

Sistema de gobierno: democracia presidencialista.

Parlamento: Cámara de los Diputados (500 escaños), Senado (128).

Mujeres en el Parlamento: 22,1 %.

Jefe del Estado y del Gobierno: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (PAN, conservador).

Superficie: 1.964.375 km2.

Población1: 113.425.000.

Tasa de fertilidad2: 2.

Población rural: 22,2 %.

Esperanza de vida: 76,7 años.

Mortalidad infantil3: 17.

Analfabetismo: 7,1 %.

Posición en la tabla IDH: 56 (sobre 169 países).

Víctimas de la corrupción4: 11.

Pobreza5: 4.

Usuarios de internet6: 22,2.

Etnias: mestizos, 64 %; amerindios, 18; blancos, 15; otros, 3 %.

Religiones: católicos, 87 %; protestantes, 3,2; otros cristianos, 6%; no religiosos y otros, 3,8 %.

PIB per cápita 7: 14.075.

Balanza comercial8: negativa en 8.500 millones de $.

ca, es el Cártel de Sinaloa o del Pacífico que ya tiene más de 40 años de existencia. Según Manuela Mesa, este grupo utiliza la ruta desde Panamá hasta El Salvador para después por vía guatemalteca llegar hasta México (Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez) para introducir y entregar la droga en Estados Unidos, ya empaquetada en cantidades más pequeñas3.

Por mencionar algunos aspectos de los otros cárteles, no queriendo extender esta numeración, expondremos tres casos de ejemplo: el Cártel de Ciudad Juárez (tras la ruptura del pacto con el Cártel de Sinaloa se establece una lucha constante entre ellos, tienen un brazo armado de sicarios La Línea), los Zetas (nacidos en 1999 como brazo armado del Cártel del Golfo y desertores de las fuerzas de élite del ejército mexicano y guatemalteco crean su propia estructura en 2008 estallando una guerra entre ellos, que también implicará al Cártel

de Sinaloa) o el Cártel del Golfo (inicia su vida en los años 30 con la venta de alcohol y posteriormente con drogas, crea alianzas con los demás cárteles para contrarrestar la presencia de los Zetas)4.

Se estima que las pandillas o maras de narcotraficantes disponen de unos 70.000 sicarios en América Central, de los cuales 36.000 actúan en Honduras

Otro de los cauces de la violencia transnacional y que tiene como mayor exponente la zona centroamericana son las pandillas o maras. Se calcula que unas 900, las cuales se relacionan cada vez más con los cárteles sirviéndoles para la distribución o para servicios de seguridad durante el traslado de ésta, si bien no todas han alcanzado carácter transnacional. Entre ellas destacan la Mara Salvatrucha o la 18. El fenómeno marero fue aumentando en número a partir de las deportaciones de presos desde Estados Unidos hacia Centroamérica (iniciándose en los años 90), con todo es evidente que se dieron y se dan elementos claves para la proliferación de estos grupos: estructura económica y laboral débil, situaciones de pobreza, fragilidad de los estados o la alta influencia de estos grupos en sus comunidades, una marcada falta de información y la no adaptación de las políticas estatales, policiales y tecnológicas en la persecución de los delitos, aspectos que también pueden relacionarse con los cárteles.

Así, estas pandillas, con una cifra estimada de 70.000 miembros para América Central, tienen su máximo exponente en el denominado “Triangulo Negro”, es decir, Guatemala con unos 14.000 mareros, El Salvador unos 10.000 miembros y Honduras unos 36.000 pandilleros5.

Por concluir este apartado tipológico cabe centrarse en el mercado de armas, que en los últimos años ha ido aumentando y con él los grupos ilegales, los cuales cada vez han conseguido cotas más grandes de poder, llegando incluso a impedir el pleno control del Estado, en algunos casos, o el funcionamiento “normal” del mismo imponiéndose como foco de autoridad. Por poner cifras, según el Observa-

Las maras y pistoleros Fuente: Elaboración propia en base a: “Crimen y violencia en Centroamérica: Un desafío para el desarrollo” en Banco Mundial, disponible en: http://siteresources.worldbank. org/INTLAC/Resources/FINAL_VOLUME_I_ SPANISH_CrimeAndViolence.pdf

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48 torio Interamericano de Seguridad “se estima que aproximadamente unas 700.000 armas se mueven ilegalmente cada año desde los Estados Unidos hacia México y el Caribe, de las cuales 300.000 continúan su paso hacia Centroamérica”. Si bien existen diversas hipótesis para explicar la proliferación de armamento podemos aportar que, para el caso centroamericano, se relaciona por un lado con los conflictos militares de los años 70 y 80. Así, a consecuencia del fin de los conflictos una cierta cantidad de éstas fueron introducidas en los mercados ilegales circulando por la región sin control. Aunque, en muchos casos, la misma policía y ejército acaban transfiriendo éstas a la población como fuente de ingresos. Sumado a ello, la porosidad y fragilidad de las fronteras centroamericanas hace muy fácil el engrose del mercado ilegal. Según datos del Banco Mundial entre los años 2000 y 2006 las importaciones de armas aumentaron en los seis países centroamericanos. Finalmente, otro factor que ha hecho aumentar el mercado ilegal de armamento es la proliferación de servicios privados de seguridad, que en su mayoría carecen de una regulación adecuada y frecuentemente se ven involucrados en el mercado ilícito.

Conclusiones, soluciones En definitiva, haciéndonos eco del último llamamiento de El Salvador y México en la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 66 edición, en el que pidieron una implicación mayor por parte de la comunidad internacional y en especial a Estados Unidos en materia de narcotráfico y crimen organizado (por ser el máximo receptor de drogas) se debería producir una implicación más intensa y sobre todo eficaz en relación a la violencia transnacional a nivel internacional y latinoamericano. Así, aunque existen programas como, por ejemplo, la Estrategia de Seguridad Centroamericana (cuyos proyectos ya están siendo definidos), el Plan México, diversos programas de desarme y contabilización de armamento, además de un gran número de ONG llevando a cabo proyectos particulares, aún no se ha dado el impulso definitivo para frenar la violencia, corrupción, mercado ilegal, entre otros.

Difícilmente podrá llegarse a una solución en la lucha contra el narcotráfico si no se mejora la justicia y se actúa decididamente contra la corrupción política generalizada

Por ende, ¿qué se puede hacer para mejorar ésta situación? En primera instancia, se

“El Triángulo Negro”

GUATEMALA Forma de Estado y de gobierno: república presidencialista.

Superficie: 109.115 km2.

Población1: 14.390.000.

Población rural: 50,5 %.

Esperanza de vida: 70,8 años.

Analfabetismo: 26,2 %.

Posición en la tabla IDH: 116 (sobre 169 países).

Víctimas de la corrupción2: 12.

Pobreza3:11,7.

Usuarios de Internet4: 14,3.

PIB per cápita5: 4.860.

EL SALVADOR Forma de Estado y de gobierno: república presidencialista.

Superficie: 21.040 km2.

Población1: 6.195.000.

Población rural: 50,8 %.

Esperanza de vida: 72 años.

Analfabetismo: 16 %.

Posición en la tabla IDH: 90 (sobre 169 países).

Víctimas de la corrupción2: 6.

Pobreza3: 6,4.

Usuarios de internet4: 10,6.

PIB per cápita5: 7.585.

HONDURAS Forma de Estado y de gobierno: república presidencialista.

Superficie: 112.490 km2.

Población1: 7.600.000.

Población rural: 48,4 %.

Esperanza de vida: 72,6 años.

Analfabetismo: 16,4 %.

Posición en la tabla IDH: 106 (sobre 169 países).

Víctimas de la corrupción2: 9.

Pobreza3: 18,2.

Usuarios de internet4: 13,1.

PIB per cápita5: 4.290.

debería mejorar la capacidad técnica y estructural de los países afectados para poder hacer frente al problema, sobre todo en el caso centroamericano. Como ya se ha dicho anteriormente, aplicar un enfoque integral y regional que englobe e implique a los países afectados, es decir, a todos aquellos que están dentro del circuito del mercado ilícito (incluyendo los receptores). Además, se tendrían que regularizar, transformar y profesionalizar las fuerzas de seguridad, en especial las privadas debido a su proliferación, y no acabar cayendo en alternativas que impliquen vulnerar aún más los derechos humanos, es decir, acabar con la corrupción generalizada tanto en la policía como en los sistemas judiciales y penales, ya que la mayor parte de las veces no llegan a investigarse los casos. Asimismo, estas acciones emprendidas por el gobierno, en muchos casos, han hecho que se aumentara la

Armas de fuego: registro, incautación, robo/pérdida y destrucción.

Fuente: Elaboración propia en base a: “Transferencia de armas hacia y desde América Latina” en Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, disponible en: www. arias.or.cr/publicaciones/FA36383818.pdf

tolerancia en relación a las prácticas extrajudiciales como “algo necesario” por ejemplo, para 2008 según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “entre el 43 y el 55 por ciento de la población apoyaba actuaciones policiales al margen de la ley” en estos dos países. En cuanto a México según la encuesta realizada por el Pew Research Center’s Global Attitudes Project “el 83 por ciento de los encuestados veía con buenos ojos el uso de las fuerzas armadas para luchar contra el narcotráfico”. Conjuntamente al mejoramiento de la justicia, debe hacerse una apuesta en profundidad para acabar la corrupción política generalizada, ya que si las mismas instancias políticas y gubernamentales no funcionan correctamente y en algunos casos tienen implicación directa con ella muy difícilmente podrá llegarse a una solución.

Por otro lado, se ha de trabajar por la inclusión social, educativa y laboral de los jóvenes y de las familias así como, implementar programas de apoyo de forma integral y transversal. Si bien es cierto que, cabría transformar el sistema tributario e impositivo (punto pendiente en muchos países latinoamericanos) para poder tener una redistribución acorde con la estructura social de los países y, en consecuencia, obtener recursos para mejorar el carácter social de los estados. Además, haciendo hincapié en la cooperación internacional, ya que siendo, para el caso centroamericano un foco de programas y recepción de ayuda, debería hacerse un estudio en profundidad sobre los resultados a largo plazo y en general, que tienen dichas organizaciones. No se trata de menoscabar el trabajo de estos organismos sino de abogar por una evaluación y análisis profundo de sus resultados así como de los diversos órganos que trabajan en la zona.

Asimismo, cabe instar a los medios de comunicación, sobre todo de la televisión a no fomentar, ensalzar o enfatizar la violencia ha-

ciendo un tratamiento realista de las cifras, casos, desaparecidos, etcétera. En pocas palabras, se trata de evitar que los jóvenes vean en la violencia organizada una vía de escape para su mala situación económico-laboral y social de sus respectivos países. Finalmente, instar a que los estados traten de mejorar la situación en relación al derecho a la vida y la seguridad personal, ya que viendo el panorama anteriormente expuesto, en muchos casos no se está llevando a cabo.

1) Muñoz, H., (2011) “Centroamérica: cooperación internacional para enfrentar la inseguridad” en El País.com. 31 de agosto de 2011. Disponible en: www.elpais.com/articulo/ internacional/Centroamerica/cooperacion/internacional/ enfrentar/inseguridad/elpepuint/20110721elpepuint_12/Tes 2) Maureen, M. (2011), “Todos Somos Juárez”: The Right Discourse but Insufficient Follow Through” en Tackling Urban Violence in Latin America: Reversing Exclusion through Smart Policing and Social Investment, en WOLA Publications [en línea], pp.9-12. Disponible en: www.offnews. info/downloads/WOLA_Tackling_Urban_Violence_in_ Latin_America.pdf 3) Mesa, M. (2009) (coord.) “Violencia transnacional en Centroamérica: retos y desafíos” en Crisis y cambio en la sociedad global, Anuario 2009-2010, en CEIPAZ publicaciones, [ en línea], pp. 249-264. Disponible en: www.ceipaz.org/ images/contenido/ManuelaMesa-correg.pdf 4) Información extraída de la serie de artículos de Rubén Aguilar Valenzuela en la publicación Infolatam: “Narcotráfico en México”. Disponible en: www.infolatam.com/ author/rubenaguilarvalenzuela/ 5) Arnson, C. y Eric Olson (edit.) (2011) “Organized crime in Central America: The Northern Triangle” en Woodrow Wilson Center Reports on the Americas [en línea], nº 29.

Disponible en: http://scela.wordpress.com/2011/09/16/ organized-crime-in-central-america-the-northern-triangleedited-by-cynthia-j-arnson-and-eric-l-olson/ Notas de las fichas (1) 2010, estimaciones. WPP. (2) Hijos por mujer. 2010-2015, estimaciones. PNUD. (3) Fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos. Año 2008.

PNUD. (4) Porcentaje de personas que se enfrentaron a una situación de soborno en 2008. PNUD. (5) Porcentaje de personas que viven con 1,25 $ al día (años 2000-2008). PNUD. (6) Por cada 100 personas. Año 2008. PNUD. (7) Dólares corrientes, PPA. 2010. FMI. (8) Año 2010, estimaciones.TWF. FUENTES: PNUD (Informe 2010), Fondo Monetario Internacional, World Population Prospects, The World Factbook (CIA), Book of the Year 2011 (Enciclopedia Británica).

Mundo

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Alcades por la Paz, XXXII Premio por la Paz Redacción

La iniciativa nació en junio de 1982, cuando el alcalde de Hiroshima propuso un programa de solidaridad entre las ciudades de todo el planeta para trabajar para conseguir la eliminación total de las armas nucleares durante el transcurso de la sesión especial sobre desarme que tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York. Tres años después, en agosto de 1985, se celebró en Hiroshima la primera Conferencia Mundial de Alcaldes por la Paz.

Los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki encabezaron la delegación de Mayors for Peace en la multitudianaria marcha por la paz frente a la sede de las Naciones Unidas en ocasión de la 8ª Conferencia de No Proliferación, en mayo de 2010.

Mayors for Peace

Un mundo sin armas atómicas para 2020 La Asociación para las Naciones Unidas en España otorgó el pasado lunes 24 de octubre su XXXII Premio por la Paz a la organización internacional Alcaldes por la Paz (Mayors for Peace). Como es tradición, la concesión de este galardón, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Barcelona, coincide con la celebración del Día de las Naciones Unidas cada 24 de octubre.

Alcaldes por la Paz, como su nombre sugiere, es una organización de base municipal que agrupa a más de 5.000 ciudades de 150 países, representando a más de mil millones de personas –entre ellos más de 300 municipios de España, de los cuales más de 120 son de Catalunya–, cuyo objetivo es el trabajo a favor de la paz y el desarme, centrándose muy especialmente en la eliminación de las armas nucleares.

Con el respaldo de las Naciones Unidas Para lograr este objetivo, Alcaldes por la Paz colabora con otras ONG, gobiernos locales y, como entidad registrada oficialmente y con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, participa activamente en las Conferencias de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear. Cuenta con el apoyo explícito del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien participó personalmente en la conmemoración de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 2010.

Tras 25 años desde su fundación, Alcaldes por la Paz ha emprendido una nueva etapa con el lanzamiento de la campaña “Visión 2020”, fecha en la que espera alcanzar la abolición total de las armas nucleares, para evitar que una tragedia como las que padecieron las dos ciudades japonesas jamás pueda volver a suceder.

Con la distinción de este premio, la ANUE quiere destacar el valor y el trabajo de concienciación por la eliminación de las armas de destrucción masiva. La Asociación concede el Premio por la Paz desde 1980, de forma anual, a una obra individual o colectiva, una trayectoria personal, o una entidad que se haya destacado por su dedicación y labor a favor de la paz, los derechos humanos y las libertades fundamentales, enalteciendo los principios que rigen las Naciones Unidas. Entre los últimos galardonados con este premio, destacan personalidades como el activista y redactor de la Declaración Universal de Derechos Humanos Stéphane Hessel, ahora tan de actualidad, la cantante anti-apartheid Miriam Makeba, o el inspector del Organismo Internacional de Energía Atómica para Iraq, Hans Blix.

El premio, que cuenta con una dotación de 18.000 euros que aporta la Diputación de Barcelona, será entregado el próximo 9 de noviembre en Barcelona. Más información sobre el acto en nuestra página web. ¡Os esperamos!

Actividades ANUE

UNYANET, el impacto positivo de los jóvenes Pau Petit Iglesias. Representantes de ANUE Jóvenes en el Seminario de Viena.

Representantes jóvenes de Asociaciones para las Naciones Unidas de Europa, incluyendo Turquía y Rusia, se han encontrado en Viena del 4 al 8 de agosto de 2011 para fundar la Red de Asociaciones de Jóvenes para las Naciones Unidas (UNYANET).

Tienen como objetivo compartir información relevante y noticias de la forma más eficiente posible. También se llevarán a cabo los “online meetings” o “encuentros en línea” para facilitar el desarrollo de los proyectos correspondientes a nivel internacional.

Después del Seminario de Cooperación Joven Internacional que tuvo lugar en noviembre de 2010 en Oslo los jóvenes han mantenido el compromiso de cooperar a nivel internacional para conseguir impulsar la UNYANET (United Nations Youth Associations Network), a la que también está inscrita la sección de jóvenes de la Asociación para las Naciones Unidas de España.

El objetivo de los proyectos iniciados en Oslo y Viena es conseguir su impacto real positivo en lo que queda de 2011 y a lo largo de todo 2012.

4) El proyecto de Lobbying for UNYAs busca incrementar la influencia de las asociaciones para aumentar el impacto y conseguir más soporte para los proyectos respectivos y de conjunto. También trabajará para aprovechar las sinergias positivas de la cooperación en proyectos con otras asociaciones a nivel internacional.

Tras el trabajo cooperativo con todos los representantes internacionales en el seminario de Viena el representante joven de la ANUE, Pau Petit Iglesias, firmó la Carta de UNYANET en la sede vienesa de la ONU. Durante los cuatro días del seminario se empezaron a desarrollar cinco proyectos, correspondientes a cinco grupos de trabajo internacional en red: 1) El proyecto de Below-18 UN-Engagement busca nuevas formas de acercar a las escuelas de secundaria la labor de los jóvenes de las Asociaciones para las Naciones Unidas. Una de las actividades más comunes es organizar un Modelo de Naciones Unidas en escuelas de secundaria.

2) Europe and Beyond es un proyecto que trata de dar consejo a grupos de jóvenes que quieran establecer nuevas Asociaciones de Jóvenes para las Naciones Unidas en países donde aún no existan, mediante la cooperación entre distintas asociaciones UNYANET. También tratará de dar consejo sobre las dificultades que una asociación se pueda encontrar, para lo cual se ha establecido el Grupo de Consejo UNYANET. 3) El proyecto de IT and International Cooperation busca maximizar el alcance de las actividades que se lleven a cabo por UNYANET, así como obtener mejores ventajas de la cooperación internacional entre las asociaciones.

Logo de UNYANET

5) El proyecto de Sustainability and Alumni trata de conseguir que UNYANET sea una red sostenible de cooperación internacional entre jóvenes en el futuro. Asimismo, busca crear una red internacional de jóvenes que hayan colaborado en el pasado con alguna asociación que pertenezca a UNYANET y mantenerlos informados de las actividades que se llevan a cabo. Asimismo, las asociaciones miembros de UNYANET podrán pedir consejo o contactar con los “alumni” interesados en el proyecto.

El seminario de Viena contó con el pleno apoyo de AFA-Austria, en cuya sede se desarrollaron las actividades. También se contó con la colaboración de UNIS, donde su director, Janos Tisovszky, participó en la sesión de apertura celebrando la creación de UNYANET. Además, el seminario de Viena contó con el soporte del Año Internacional de la Juventud.

Los representantes de las ANUJóvenes que participaron en el primer encuentro de UNYANET. www.unyanet.org

Actividades ANUE

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Noticias ANUE

52 Presentación del Informe UNESCO Educación para Todos 2011 La ANUE y UNESCOCAT presentaron el 16 de mayo en la sede del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) la edición catalana del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo (EPT) 2011: Una crisis encubierta: conflictos armados y educación de la UNESCO. El acto, que reunió a cerca de medio centenar de personas, fue presidido por el director general de Relaciones Institucionales, Joan Auladell, y contó con las intervenciones de Rafael Grasa, presidente del ICIP; Kevin Watkins, director del informe; Eduard Sagarra, presidente de la ANUE, y Miquel Àngel Essomba, director de UNESCOCAT. Al presentar el informe, Kevin Watkins analizó los avances alcanzados pero también las deficiencias que identifica el informe en la protección de los derechos humanos que afectan a la educación, en la prestación de servicios educativos, en la reconstrucción y también las deficiencias en la construcción de la paz.

La ANUE coordina la Misión de contratación de la ONU La ANUE acogió, conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Misión de reclutamiento y contratación de las Naciones Unidas que visitó Barcelona los días 4 y 5 de abril de 2011. Las sesiones se realizaron en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UB, y en la sala de actos del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.

Compuesta por representantes de la Secretaría, del PNUD, del UNICEF y del FNUAP, el objetivo de la Misión era la identificación de candidatos profesionales de diferentes ámbitos y que pudieran estar interesados en trabajar en el sistema de las Naciones Unidas como funcionarios o técnicos de alto nivel y directivos. El perfil de contratación requiere una experiencia laboral y profesional de 3 a 15 años con titulación universitaria y dominio del inglés.

Las áreas profesionales de interés para la Misión eran: personal del ámbito sanitario (médicos, enfermeras, comadronas), seguridad, ingeniería, desarrollo y gobernanza, expertos en gestión de crisis, gestión de proyectos, recursos humanos, etcétera.

Publicación on line de la Agenda ONU número 10 Con este volumen de la Agenda ONU correspondiente al año 2009 alcanzamos el número diez de este anuario, que desde su primer volumen en el año 1998, pretende ser un espacio de análisis y reflexión serena, pausada, técnica, rigurosa y crítica sobre las diversas actuaciones de las Naciones Unidas.

Esta edición incorpora un dossier especial sobre las jornadas de alto nivel que organizó la ANUE en abril de 2009, con el tema Las Naciones Unidas y la Unión Europea: construyendo un multilateralismo efectivo, y que contaron con una importante participación de representantes de instituciones públicas nacionales e internacionales, así como de expertos altamente cualificados. Además de este dossier, una de las contribuciones más destacadas de este volumen se ocupa del conflicto de Darfur, en el Sudán occidental.

La ANUE en el Comité Ejecutivo de la FMANU El presidente de la ANUE participó en la reunión del comité ejecutivo de la Federación Mundial de Asociaciones para las Naciones Unidas (FMANU/WFUNA) celebrada en Nueva York el 29 y 30 de abril de 2011. En la reunión se trataron temas como la admisión de nuevos miembros, y se pusieron en común las actividades realizadas por cada una de las asociaciones, entre las que se destacaron las relacionadas a promover los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La próxima reunión tendrá lugar el 3 y 4 de noviembre en Nueva Delhi.

El presidente de la ANUE, Eduard Sagarra, rodeado por los representantes de ANU Venezuela y ANU China WFUNA Photo

Gran éxito en la celebración del Día de las Naciones Unidas Como el año pasado, la ANUE puso en marcha la campaña “Celebremos el día de las Naciones Unidas”, invitando a todas las comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones estatales a que el 24 de octubre hicieran ondear la bandera de la Organización mundial, acompañada de un póster informativo explicando qué son las Naciones Unidas y la efeméride del día.

Registrando un gran crecimiento, este año las instituciones adheridas a esta iniciativa de sensibilización de la labor de la ONU han sido el Parlament de Catalunya, Xunta de Galicia, Govern de les Illes Balears, Comunidad de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura, el Col·legi d’Advocats de Barcelona y los ayuntamientos de Barcelona, Mataró, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Saragoza, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, Santander, Palma de Mallorca, Esplugues de Llobregat, Manlleu, Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Lleida, Tarragona, Girona y Sant Feliu de Llobregat. Cabe destacar que en Logroño, la ANUE además celebró una conferencia sobre la ONU para estudiantes de bachillerato internacional del IES Sagasta.

La ANUE en las redes sociales La ANUE sigue ampliando su presencia en las redes sociales más extendidas para hacer llegar su labor y la de las Naciones Unidas a más gente.

Además de la consolidación de la página de Facebook explicada en la anterior revista, la Asociación ya cuenta con su propio canal de Youtube –donde se pueden visionar varios vídeos sobre algunas de nuestras actividades–, y una cuenta de Twitter para informar de manera breve e inmediata de lo que acontece en las Naciones Unidas, así como de las actividades de la ANUE. www.facebook.com/pages/Asociación-para-las-Naciones-Unidas-enEspaña/224225110959713 www.youtube.com/user/UNASpain twitter: @ANUE_Unaspain

La bandera de las Naciones Unidas ondeando en el ayuntamiento de Valencia el 24 de octubre de 2011.

Ayuntamiento de Valencia

Noticias ANUE

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Agenda ANUE

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Olimpiada Solidaria de Estudio: Estoy donde puedo ayudar Del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 2011 Bibliotecas CRAI de algunas facultades de la UB, UPF, UIC, URL; salas de estudio nocturnas de Barcelona y El Prat; biblioteca La Sagrera-Marina Clotet; bilioteca Antonio Martín; etcétera.

Por tercer año consecutivo, la ANUE será la coordinadora en Catalunya para la Olimpiada Solidaria de Estudio. En esta edición, con el lema Estoy donde puedo ayudar, se podrá apreciar cómo desde aquí también es posible colaborar con un proyecto de cooperación al desarrollo para la educación. En nuestro caso, con casi más de 50 salas solidarias, entre Barcelona, Tarragona y Girona; una red de unos 20 voluntarios, y la llegada a más de 3.000 estudiantes; participaremos de las reformas de cuatro escuelas en Haití y, además, tomaremos parte en la reconstrucción de la escuela La Saline, la cual quedó prácticamente demolida por el terremoto de 2010. Con vuestra ayuda, 6.100 jóvenes podrán recibir una educación para que su futuro tenga mejores perspectivas.

VII C’MUN Special Meeting: Hacia una nueva agenda para la gobernanza global 7-9 de noviembre de 2011 Sede de Casa Asia. Av. Diagonal 373, y Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.

Dentro del Diálogo Oriente-Occidente de Casa Asia, la ANUE plantea un nuevo debate de jóvenes divididos en dos grupos. El primero, encargado de reflexionar acerca de si la ONU está capacitada para liderar la nueva agenda de gobernanza mundial y/o cómo debe reformularse para lograrlo. Y el segundo, cómo canalizar las demandas de la juventud que deberían elevarse a estas nuevas Naciones Unidas. Temas de actualidad como la crisis económica, las protestas mundiales contra la situación actual, las repercusiones de la “primavera árabe” y el cuestionamiento de los actuales sistemas democráticos, centrarán las apasionantes discusiones de la reunión de jóvenes, cuyas conclusiones serán presentadas en el Diálogo.

Seminario “La Responsabilidad Social de las Empresas en el marco de la ONU” 28 de noviembre de 2011. Círculo de Economía, C/ Provença 298, Barcelona.

Con el objetivo de reflexionar sobre la incidencia en la práctica del Pacto Mundial y sobre los esfuerzos que, pese a la crisis están llevando a cabo numerosas empresas y otras entidades en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, el acto contará con la presencia de algunos representantes del Pacto Mundial: Fernando Riquelme Lindón, director general de Asuntos Multilaterales de la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores; Henry Jackelen, director de la División del Sector Privado del PNUD; o Kathryn Dovey, directora de Global Bussines Initiative on Human Rights.

Seminario “Familia y migración, hoy” 30 de noviembre de 2011, Barcelona.

La ANUE, junto al Servicio de atención psicológica y psicosocial a inmigrantes y refugiados del Hospital Sant Pere Claver, y con la colaboración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, organiza esta jornada donde se tratará el fenómeno de la inmigración, incidiendo directamente en el desarrollo de las relaciones familiares y la vida cotidiana de cada uno de sus miembros. Mostrar cómo las Naciones Unidas trabajan junto a diversos actores nacionales e internacionales para ayudar a superar los obstáculos que la nueva condición y entorno puede conllevar, es el objetivo de este seminario.

ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA En 1962, y con sede social en Barcelona, se constituyó la Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE), una ONG que goza de estatuto consultivo ante el ECOSOC y que ha sido declarada entidad de utilidad pública.

Estamos reconocidos por la ONU como nexo principal entre esta Organización y la sociedad civil. Actuamos como punto focal del Centro regional de Información de las Naciones Unidas en Bruselas (UNRIC).

Nuestros objetivos fundamentales son: –Divulgar los principios y propósitos de las Naciones Unidas y sus organismos especializados.

–Proclamar, difundir y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.

–Velar por el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos en el marco de las Naciones Unidas para conseguir la paz, la justicia y el desarrollo.

ACTIVIDADES Organizar campañas educativas y de sensibilización sobre derechos humanos, cursos, seminarios, conferencias, etcétera.

Publicar libros sobre relaciones internacionales, conflictos, derechos humanos, material didáctico para colegios, revistas, anuarios, etcéra.

Dar la voz a los jóvenes a través del Catalonia Model United Nations (C’MUN), una simulación de la Asamblea General y los principales órganos de las Naciones Unidas donde poner en práctica los conocimientos y habilidades de diálogo y buenos oficios entre jóvenes de todo el mundo.

Fomentar la Responsabilidad Social, tanto de la empresa ante la sociedad, como del sector público y de las ONG. PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, ESPAÑOLAS Y CATALANAS La Asociación fue admitida en el seno de la Federación Mundial de Asociaciones para las Naciones Unidas (FMANU) en 1963; en la actualidad, la ANUE es miembro de su Comité Ejecutivo. La FMANU es la única ONG internacional dedicada a dar apoyo a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como a promover las actividades de la organización y de sus organismos especializados.

Miembro de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de ámbito estatal. Miembro fundador del Pacto Mundial en España.

Forma parte de cuatro federaciones de asociaciones de ámbito catalán: la Federación Catalana de ONG para los Derechos Humanos, la Federación Catalana de ONG para el Desarrollo, la Federación Catalana de ONG para la Paz, y la Federación Catalana de Voluntariado Social.

Forma parte del Consell de Benestar Social del Ayuntamiento de Barcelona.

INSTITUCIONES COLABORADORAS Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Generalitat de Catalunya, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Secrertaria General de Joventut.

AYUNTAMIENTOS Amposta, Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Girona, Lleida, Manlleu, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Ripollet, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Viladecans, Vilafranca del Penedès.

ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA C/ Fontanella, 14, 1º 1ª 08010 Barcelona Tel. 93 301 31 98 Fax: 93 317 57 68 e-mail: info@anue.org www.anue.org También estamos en: OFICINA EN MADRID C/ Hermosilla, 114, bajos. 28009 Madrid e-mail: info@anue.org LLEIDA Universitat de Lleida C/ Jaume II, 73. 25001 Lleida Tel. 9733238658 Responsable: Antoni Blanc, presidente ARAGÓN Junta Municipal Actur - Rey Fernando C.C. Río Ebro María Zambrano, 56 50018 Zaragoza Tel. 638 04 18 92/893 e-mail: anuesport@anuesport.com www.anuesport.org Responsables: Jesús Arroyo Salvador Fernando López Sierra Puntos de información: GALICIA IGADI (Instituto Galego de Anàlise e Documentación Internacional) Illa de San Simón 36693.

Cesantes Redondela, Pontevedra.

Responsable: Xulio Ríos, director