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Bernardo Díaz Nosty
unánime, por distintas organizaciones nacionales e internacionales especializadas. Con independencia de las motivaciones, la cifra advierte sobre el dramatismo de una verdadera crisis humanitaria.
El precio de la opacidad o la libertad imposible Las prácticas empleadas por el pri durante décadas para someter a los medios a una gran sinfonía coral, con una partitura prácticamente única (Rodríguez Castañeda, 1993; Rodríguez Munguía, 2007), es decir, con una libertad de prensa menguada, siguen vigentes en un país donde sobreviven unos 360 diarios repartidos por toda la nación.76 Un panorama atomizado de cabeceras, con tiradas muy reducidas, en territorios donde la ambigüedad de las relaciones de poder llega a contemplar la cohabitación tácita de distintos gobiernos con la parapolítica que surge del crimen organizado. Ese es el espacio de intervención en el que, a la vieja usanza, se financian los medios o se compran determinados espacios de agenda. «Los convenios —los acuerdos entre los medios y los políticos o los organismos gubernamentales— con frecuencia son una manera de ganar dinero para la prensa.»77 Los convenios no suelen ser explícitos, pero confieren poder de intervención en ciertos aspectos del proceso periodístico y en el control de la agenda en determinados temas sensibles. En definitiva, los medios practican la autocensura y siguen reglas no escritas para sobrevivir.78 Más allá de los convenios están los chayos, es decir, los sobornos.79
76 Según el Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de México, editado por el Sistema de Información Cultural, en 2010 existían 362 periódicos diarios. 77 David Agren (corresponsal del cpj en México), «Periodistas mexicanos tienen dificultades para informar sobre situación de estudiantes desaparecidos», 10-05-2015 [https://cpj.org/x/6103]. 78 Ibid. 79 Esta es una práctica gubernamental consolidada en la compra del espacio de los medios, a través de una estrategia de palo y zanahoria seguida a lo largo de los años. En 1993, en una nota nunca desmentida de La Jornada, se decía: «Los oficiales mayores y los directores de Comunicación Social de las secretarías de Estado y organismos descentralizados recibieron ayer la instrucción presidencial de acabar con las compensaciones en
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Ciertas políticas de transparencia han permitido que se conozca el importe de los pagos que realizan los gobiernos de algunos estados. Así, en Tabasco, durante 2013, se entregaban 632.000 pesos mensuales a través de 37 convenios con editores, además de incentivos a columnistas de entre 50.000 y 70.000 pesos.80 Otras cifras refieren el manejo de la publicidad institucional, que aparece como una forma de censura indirecta (osi, 2008). En las zonas de referencia del narcopoder y allí donde busca expandirse, son conocidas las maniobras de captación e infiltración de las organizaciones criminales para formar nuevas estructuras de control territorial complejas y profesionalizadas. Así, una vez que el gobierno ha formado a militares y policías de élite, los cárteles los compran con salarios mucho más elevados que los del Estado. «Quienes emplean inteligencia, información privilegiada, dinero a manos llenas y poseen la mayor capacidad de fuego están fuera de las instituciones» (Reveles, 2012: 23). También sucede con los medios, donde la precariedad laboral facilita la captación. Del mismo modo que la corrupción ha penetrado en la policía y el ejército, también ha entrado en el terreno mediático, mucho más desprotegido, menos disciplinado y con profesionales mal pagados. Y lo hace a través de las estructuras de propiedad o directamente sobre los periodistas. La presencia del narco en los medios de comunicación y en las industrias culturales —series de televisión, literatura, música…— refuerza su identidad como actor social y contrarresta la hegemonía del discurso oficial al evidenciar la debilidad de este. Además, juega a la confusión, a la incertidumbre, al desprestigio de sus oponentes y también a descubrir el espacio en el que impera. El narco necesita los medios para infundir temor y crear sumisión, mediante el reflejo controlado de determinadas acciones violentas y deshumanizadas. Estas informaciones resquebrajan la fortaleza de las instituciones y proyectan la impunidad con especie y los pagos mensuales que se hacen a reporteros, columnistas y caricaturistas…» (Rodriguez Castañeda, 1993: 369). 80 Proceso, México, 22-08-2013.
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la que se puede seguir cometiendo ese tipo de hechos. Incluso, ocasionalmente es el crimen organizado el que denuncia a los policías y los periodistas que ha corrompido, para que se desconfíe de la autoridad y de los medios, y así avanzar en el control territorial «bajo el cascarón de un Estado fallido».81 Ya en 1993 se conocieron las primeras «narconóminas» de periodistas, que alteraron en la opinión pública el crédito existente sobre la ética atribuida a la profesión. Raúl Trejo escribió entonces: «El del narcoperiodismo no es un asunto al margen del auge del narcotráfico y de la mayor eficacia en su persecución. Pero tampoco es un tema aislado de las prácticas corporativas del gremio de los informadores, habituado a criticar a otros pero no a que duden de los suyos».82 Hoy, se sigue hablando de las «narconóminas».83 El primer caso conocido de narcoperiodista asesinado se remonta a 1978 —Roberto Martínez Montenegro, corresponsal de Excélsior en Culiacán84 y columnista del diario local El Noroeste (Moncada, 2012: 130)—, y hoy es fácil encontrar prácticas corruptas tan extendidas que, en algunos estados, son parte de la normalidad. El narco no solo emplea los medios para silenciar, sino también para magnificar la información que quiere que sea conocida, para atacar a sus rivales e infundir temor, para negociar e influir...85 Claramente, se advierten estrategias de comunicación que han evolucionado desde las primeras pancartas de expresión naíf, las narcomantas, a la presencia casi normalizada en medios 81 Laura Islas Reyes, «La guerra mediática: perdida», en Etcétera, México, noviembre 2008. 82 Raúl Trejo Delarbe, «El canibalismo en los corrillos», en Nexos, 1-07-1993. 83 Así se expresó el gobernador de Coahuila al referirse a la intervención de los narcos sobre los medios de su Estado. En Tabasco, fueron procesados periodistas que se repartían mensualmente 60.000 pesos pagados por los Zetas. 84 La muerte en 1978 de Montenegro alcanzó un gran eco nacional, gracias al seguimiento de Excélsior, y provocó una huelga de periodistas; sin embargo, fue un caso claro de la ambigüedad con la que operaban ciertos profesionales vinculados al crimen organizado, ya que aparentemente su trabajo consistía en la denuncia de la corrupción política y sus vínculos con el narcotráfico. 85 La publicidad de las amenazas está destinada a la intimidación. En 2004, el periodista Gregorio Urieta, corresponsal en Tierra Caliente de El Sur de Guerrero, que investigaba la muerte de Rafael Villafuerte, director de La Razón, recibió el 24 de octubre una llamada en la que se le decía: «Te voy a matar, idiota. Imbécil. Sigue escribiendo. Voy a matar a tu hijo el martes. Ya sé dónde vives» (El Sur, Acapulco, 26-10-2004).
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escritos, audiovisuales y digitales en las zonas de la cartografía política más incierta de México.86 En esas estrategias participan también los periodistas.87 Incluso, se busca el amparo de falsos profesionales para encubrir operaciones delictivas, como cuando dieciocho supuestos trabajadores de Televisa fueron detenidos en Nicaragua con 9,2 millones de dólares.88
La ley del silencio En mayo de 2013, en una intervención en la sede neoyorquina de Naciones Unidas, la periodista Marcela Turati expuso ante su secretario general, Ban Ki-moon, las razones por las que la confrontación sangrienta de México busca el silencio: Como en toda guerra se desea controlar el territorio y a la población. En la guerra mexicana, los periodistas incomodan. La lógica entonces es desactivarlos. Que dejen de contar el número de muertos. Que no digan quiénes o cuántos murieron anoche. Que no se hable de las desapariciones de personas. Que no señalen violaciones de derechos humanos. […] No son asesinatos casuales, hay una cacería de periodistas.
86 La estrategia de comunicación conduce también a mejorar la imagen de incultura y brutalidad de los actores del crimen organizado, en los que frecuentemente queda patente la marginalidad extrema de los delincuentes. El texto que sigue reproduce, con su ortografía y su sintaxis originales, un escrito de amenaza dirigido en 2013 al director de Article 19 para México y Caribe, Darío Ramírez: «Pinche jefesito pendejo… Eres un puto que no sabes con quien te estas metiendo. Te tenemos hasta la madre muy machito verdad cabron. A ver como una madrisa no se te para el corazon. Mucha puta libertad verdad. A ver que ten verga e eres cuando termines tu y tus putitos buen puteados. Ya nos tienes hasta la madre. Estamos viendote y bien cerca osea no te sigas crellendo que te partimos la madre son unos pendejos que tenemos ganas de chingaronos. Sabes quien somos y que si lo podemos hacer». 87 En septiembre de 2014, en un vídeo difundido por Carmen Aristegui en la cadena mvs, se muestra a dos conocidos periodistas del estado de Michoacán instruyendo al capo Servando Gómez Martínez [La Tuta] en el manejo estratégico de los medios. 88 Acerca de los medios y el narco, Raúl López Parra (2009), «Guerra mediática entre el gobierno y narco», en Revista Méxicana de Comunicación, mayo-junio, págs. 28-34; Jorge Enrique Pérez Lara (2011), «La guerra contra el narcotráfico: ¿una guerra perdida?», en Espacios Públicos, vol. 14, núm. 30, enero-abril, págs. 211-230, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México; Darío Ramírez Salazar (2008), «La libertad de expresión en México amenazada por las agresiones a periodistas y la concentración de medios», en El Cotidiano, vol. 23, núm. 150, julio-agosto, págs. 47-52, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco; Laura Islas Reyes (2008), «La guerra mediática: perdida», en Etcétera, noviembre.
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Y añadía: Si antes el problema eran los gobernantes corruptos que no aceptaban críticas, ahora es el crimen organizado que va tomando el poder político, cooptando o sometiendo al poder económico, tomando las policías, pero para tener el control completo necesita controlar a la prensa. Para que la gente no sepa lo que ocurre.89
Las noticias de asesinatos de periodistas no interesan, porque no interesan los periodistas que cuentan asesinatos… El silencio se impone allí donde las instituciones han quebrado o cohabitan con el crimen organizado. Estados como Tamaulipas dejan de hacer periodismo libre. Es la normalidad de la parapolítica y del narcopoder. No hacer ruido, dejar hacer: «¡No nos vengan a calentar la plaza!».90 La escasa información disponible referida a periodistas asesinados procede de organizaciones nacionales e internacionales, «porque poco o nada se ha publicado en los medios estatales, inclusive en los que han sido afectados trabajadores e instalaciones» (López Medellín, 2015: 95).91 El crimen organizado ha definido Tamaulipas como «zona de silencio», un concepto que extienden a otros territorios de México, Guatemala, Honduras… «La agenda de los medios [de Tamaulipas] en información de seguridad pública, oficial y, en ocasiones, hasta en las secciones de deportes y sociales la llevan los diferentes grupos de narcotraficantes» (Ibid.: 63). La presión sobre los medios, en los estados y las zonas bajo dominio del crimen organizado, se ha endurecido con el paso del tiempo. De una aproximación inicial amistosa, con contados desenlaces violentos, se ha pasado al control de la información 89 Proceso, México, 2-05-2013 [www.proceso.com.mx/?p=340825]. 90 En estos términos, los dueños de la posición de Reynosa expulsaron, en 2010, a dos reporteros de Milenio (Etcétera, 4-03-2012). 91 En este trabajo se aportan referencias a nombres de periodistas asesinados que no aparecen en otros registros, como Julio César Pérez Martínez, jefe de redacción de El Siglo de México (Reynosa, 25-10-2005), al que matan junto al narcotraficante Gerardo Trujillo Barajas; Ramiro Téllez Contreras, conductor del informativo Impacto en la noticia, de Exa fm, en Nuevo Laredo, 10-03-2006 (Lopez Medellín, 2015: 94 y 95); María del Rosario Fuentes Rubio, médica activista en las redes sociales, secuestrada el 16 de octubre de 2014 y aparecida muerta en marzo de 2015. La autora del estudio refiere 23 asesinatos de periodistas en Tamaulipas en el período 1986-2014 —cinco mujeres y dieciocho hombres—, sobre los que «a nivel local la información sobre los ataques y homicidios es sesgada o nula». Los desaparecidos son cuatro.
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y al silencio, y a la intervención drástica contra los periodistas y los medios disidentes. Los poderes fácticos han actuado como controladores con los medios de comunicación durante décadas, aunque las señales y el lenguaje eran tersos (plata o plomo, donde los grupos criminales daban privilegios y algunos dólares mensuales a los reporteros para controlarlos); sin embargo, a partir de la década de los noventa, esta situación cambió a plomo o plomo (que se traduce en «escribes lo que te ordenamos o te golpeamos y/o matamos»), con la estructura y la organización de los cárteles por la lucha cruenta por los territorios y el poder. En los noventa llega el silencio a los medios de comunicación. El miedo a investigar y difundir ciertos hechos aumentó cuando se registran los primeros ataques y asesinatos a periodistas y las investigaciones no avanzan y quedan en el olvido: los mensajeros se quedaron sin garantías ni protección del Estado ni de los dueños de los medios. Los jefes del crimen organizado empezaron a tomar el control de las coberturas informativas, primero cambiando los nombres y lugares de los asesinatos de enemigos y adversarios (hasta el año 2000), hasta llegar a definir y enviar órdenes de trabajo y boletines de prensa muy específicos a las redacciones de los periódicos, estaciones de radio y televisión, (a partir del 2009 y hasta la actualidad) (Ibid.: 4).
Las circunstancias ambientales, especialmente en las zonas de alto riesgo, conducen a la renuncia expresa a abordar aquellos temas que ponen en peligro la vida de los periodistas. En los años de la guerra contra el narco se dieron casos de intimidación extrema que llevaron al silencio. En 2008, en un puente de Ciudad Juárez, apareció la cabeza de un joven sobre el monumento al periodista con mensajes de amenaza contra el reportero de El Diario Armando Rodríguez Carreón. Días después, fue asesinado. Cuando José Luis Aguirre, director del digital La Polaka, acudía al funeral de su compañero, recibió una llamada: «Tú serás el próximo». Aguirre tomó el camino del exilio. Algunos medios, entre ellos Norte de Ciudad Juárez, dejaron de cubrir la información relacionada con el crimen organizado. Se limitaron a publicar las notas oficiales y a no firmar los trabajos periodísticos. En 2013 fue asesinado por 18 impactos de bala Jaime Guadalupe Posada en Chihuahua, pero el silencio enterró su memoria y los periodistas de la zona callaron su desaparición porque esta116
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ban «monitoreados por el crimen organizado».92 Posada murió en una «zona de silencio», en un territorio sellado, donde los propios medios anuncian que abandonan la información más sensible para proteger a sus trabajadores. Un silencio en el que coinciden los intereses del crimen organizado y el gobierno. Si no se habla de violencia, la sensación de violencia disminuye,93 pero, bajo la cobertura del silencio cómplice, el crimen crece. El poder del narco se expande «como un cáncer a regiones que antes no tocaba, hasta alcanzar hoy más de la mitad del país. En su avance de ciudad en ciudad, los cárteles fueron creando agujeros negros de información, al obligar al silencio a los periodistas de cada plaza».94 Como ocurre en distintas naciones de América Latina, la ética periodística y las exigencias de regeneración social no suelen formar parte de la conciencia de los propietarios de los medios, que no vinculan la precarización laboral a la libertad de prensa. La disonancia entre la conciencia crítica y el impulso ético de los periodistas y el conformismo de los editores, acostumbrados a la cultura de la prensa vendida al poder político, se puso de manifiesto en actitudes contrapuestas en torno a la figura del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Mientras que los profesionales lo relacionaban con las numerosas muertes de reporteros en el estado, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos premió al controvertido político, en 2013, por «los esfuerzos que ha hecho para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión». Con el retorno del pri a la Presidencia de la República, a finales de 2012, los analistas coincidieron en apreciar un cambio 92 Juan Carlos Pérez Salazar, «Las “zonas de silencio” en la guerra contra el narco en México», en bbc Mundo (22-04-2013). 93 Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia: Cobertura informativa de la violencia disminuye a la mitad en los tres primeros meses de gestión de Enrique Peña Nieto. (aciv, 7º informe, Ciudad de México, 8 de abril de 2013). 94 Knight Center for Journalism (2011), Cobertura del narcotráfico y el crimen organizado en Latinoamérica y Caribe, Austin, tx: kcj/Open Society Foundation (pág. 56). «La primera regla es nunca publicar los nombres de los capos. […] Matamoros y otras zonas de Tamaulipas bajo el control del Cártel del Golfo son un agujero negro informativo, donde la prensa local reporta prácticamente 0% de los incidentes de narcoviolencia. […] Hoy, en casi todas las regiones del país, el número de artículos periodísticos que mencionan la violencia de los cárteles es solo una pequeña fracción de la cifra de ejecuciones que ocurren» (Ibid., 58).
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