Caleidoscopio by Armando Mata

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Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES Alfonso Esparza Oteo 119 Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, México, D.F. www.inmujeres.gob.mx Autoras María Cristina Ramírez Esteves Diana Olga Elizarrarás Kim María Luisa Sánchez Fuentes Rosa María Armendáriz Muñoz Rosa María Ochoa Ortega Carolina Grajales Valdespino María Columba Quintero Martínez Ludivina Lozano Leal Elizabeth Aguilar Parra Laura Inés López Padilla María del Carmen Limón Fitch Blanca Gámez Gutiérrez Primera edición: octubre de 2012 Registro en trámite Impreso en México/Printed in Mexico DISTRIBUCIÓN GRATUITA/PROHIBIDA SU VENTA Las ideas expuestas en esta obra son responsabilidad exclusiva de sus autoras y no reflejan necesariamente el punto de vista del Instituto Nacional de las Mujeres.

Agradecimiento Nuestro reconocimiento a Rocío García Gaytán, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que con sus cualidades de liderazgo y conciliación ha impulsado y fortalecido el trabajo con la sociedad civil y con los distintos ámbitos de gobierno para lograr mejores condiciones para las mujeres de nuestro país. Agradecemos su confianza y apoyo para la realización de esta publicación. Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres

Índice Presentación

Violencia y medios de comunicación

María Cristina Ramírez Esteves

Ecos de la sociedad civil dentro de los consejos ciudadanos, testigos del tiempo. Anhelos y realidades

Diana Olga Elizarrarás Kim

Reflexiones sobre la conciliación trabajo-familia

María Luisa Sánchez Fuentes

La participación ciudadana en la gestión ambiental para el avance en el desarrollo sustentable y en los retos de la alimentación y gestión hídrica

Rosa María Armendáriz Muñoz

Sanando las desigualdades

Rosa María Ochoa Ortega

Mujeres y educación superior en México: una mirada Carolina Grajales Valdespino

La economía feminista como un derecho

María Columba Quintero Martínez

Cohesión social y género

Ludivina Lozano Leal

Consideraciones para una política pública de familia con perspectiva de género

Elizabeth Aguilar Parra

La participación política de las mujeres a nivel local

105

Laura Inés López Padilla

La mujer como factor de cambio en la sociedad

117

María del Carmen Limón Fitch

La paridad en la Ley Electoral de Chihuahua. Logros y perspectivas Blanca Gámez Gutiérrez

127

Presentación El avance de los derechos de las mujeres y la equidad de género es quizá una de las metas sociales más importantes a las que aspira nuestro país. Sabemos que tenemos importantes avances, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. Es necesario seguir promoviendo una cultura alejada de la desigualdad y la exclusión. El tema de equidad de género plantea cada día nuevos y diversos retos que enfrentar. Transformar la realidad no se reduce a formular leyes, sino que se debe garantizar un impacto real en la vida de las personas. No es una tarea fácil, ya que se trabaja por impulsar un cambio cultural y por ello es una tarea a largo plazo. Las integrantes del Consejo Consultivo del INMUJERES, conscientes del papel de la sociedad civil en la promoción de la equidad de género, tuvimos el interés de aportar esta publicación durante el último año de nuestra gestión. Este documento ofrece una mirada desde diferentes perspectivas, sobre la situación de las mujeres en el momento actual y las problemáticas que continúan imposibilitando la equidad. Cada una de las autoras, compartimos nuestros conocimientos, experiencia y opiniones personales, por lo que se trata de un mosaico de temáticas en los aspectos laboral, social, cultural y político. Esperamos contribuir con el Instituto Nacional de las Mujeres y sobrepasar la simple crítica o los señalamientos, para ofrecer propuestas de cambio, mediante políticas públicas y acciones en beneficio de las mujeres de México.

Violencia y medios de comunicación María Cristina Ramírez Esteves1

Introducción En este artículo comentaré sobre la necesidad de regular con políticas públicas los contenidos de los medios de comunicación para eliminar los estereotipos que legitiman y perpetúan la violencia contra las mujeres. Elegí este tema porque como mujer y como abogada me preocupa observar representaciones estereotipadas de las mujeres en las páginas de periódicos, en los programas de televisión, en el cine y la internet. Se trata de una influencia nociva en la población y principalmente en la formación de las nuevas generaciones, porque proyecta una construcción irreal de las relaciones entre mujeres y hombres, y refuerza la desigualdad, la violencia y la discriminación.

Abogada por la Universidad Panamericana, con Diplomado en Administración y Políticas Públicas Municipales por el Institut d’Etudis Autonomics Generalitat de Catalunya y el Colegio de Jalisco. En 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco le otorga el premio Tenamaxtli, por su defensa de los derechos humanos de las mujeres. Actualmente es presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres y fundadora y presidenta de Mujer Vital AC.

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Contenidos en los medios de comunicación Estudios realizados en países con diferentes culturas señalan que las mujeres no sólo están subrepresentadas en los medios de comunicación sino además mal representadas. En estas imágenes de las mujeres se ha sobrevalorizado y reafirmado el culto al cuerpo, al sexo y a la perfección; y a las mujeres se les siguen mostrando más preocupadas por su apariencia que por su desarrollo intelectual. No obstante que estos modelos están cambiando, se les sigue presentando como objeto sexual, dependiente, subordinada, sin iniciativa, atractiva físicamente y siempre joven. La mujer que trabaja aparece en posiciones subordinadas, o bien como una mujer exitosa pero que renuncia a la relación de pareja y a la maternidad. Otra figura importante es la de la súper mujer, la perfecta ejecutiva, esposa y madre que los medios han empezado a vender. Respecto a los hombres la imagen que se ha privilegiado de ellos es su hombría y la nula o escasa expresión de sus sentimientos, incluso sus deslices sexuales o conductas violentas se justifican al relacionarlas como un hecho natural de su masculinidad. Los estereotipos pueden resultar peligrosos ya que en el imaginario social se crea un modelo de mujer o de hombre desfasado de la realidad, que puede imitarse y desencadenar conductas destructivas como violencia, trastornos de la alimentación, abuso de sustancias y depresión, por mencionar algunas.

La Organización de las Naciones Unidas en su informe Mujer 2000 afirma que es lamentable que la prensa, la radio y los medios electrónicos de muchos países no ofrezcan una imagen diversa de las mujeres y de su contribución al desarrollo, y por el contrario, se produzcan materiales pornográficos y violentos que las degradan y afectan negativamente su participación en la sociedad.

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Marco normativo La exigencia de evitar la difusión de estereotipos de las mujeres se expone en todas las conferencias mundiales sobre las mujeres. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, determina que los Estados miembros deben adoptar medidas para eliminar la discriminación hacia las mujeres. La Convención de Belém do Pará señala que se debe alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a su dignidad.2 3 En la última década, organizaciones de diversas partes del mundo y de agencias internacionales han puesto ese tema a debate y planteado la necesidad de que las mujeres asuman puestos de gestión y dirección de los medios de comunicación en igualdad de condiciones que los hombres, además de participar en la elaboración de contenidos. En México, si bien hemos logrado un cierto avance en la legislación sobre la violencia hacia las mujeres y la equidad, los medios son todavía espacios en los que habremos de incidir, para aprovechar su poder y convertirlos en aliados para difundir y educar sobre los derechos de las niñas y mujeres, así como promover una cultura de respeto entre todos los seres humanos. Del análisis de la Ley Federal de Radio y Televisión mexicana, en ninguno de sus artículos se alude a la discriminación, ni siquiera cuando aborda directamente la cuestión publicitaria —artículos del 67 a 72—; solamente en el artículo 67 se prohíbe la publicidad que incita a la violencia, pero sin desarrollar el concepto. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Artículo 8, inciso G.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Estrategia 16.2

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Se cuenta con leyes específicas para promover la eliminación de estereotipos y la violencia, tales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Sin embargo, en el ámbito concreto de la publicidad, se requieren más acciones para la regulación de los contenidos.

Políticas públicas En el ámbito de las políticas públicas, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 impulsa acciones hacia una nueva cultura que tienda a suprimir los estereotipos sexistas e impacte a la sociedad en su conjunto y desde la familia. En tanto, el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres enfoca sus prioridades a la promoción de la igualdad de trato y oportunidades y a la eliminación de la violencia contra las mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres ha realizado varios esfuerzos para incorporar la equidad de género en los medios de comunicación, como la celebración de convenios con el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria y con el Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, se llevó a cabo el lanzamiento de campañas publicitarias para promover la equidad entre mujeres y hombres y erradicar la violencia contra las mujeres. Otra acción destacable es la convocatoria para otorgar los premios por la Equidad de Género en los Medios y que desde la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión se haya creado un Consejo de Autorregulación.

No obstante estos logros, aún falta mucho por hacer. El gobierno y la sociedad civil organizada deben seguir fomentando la construcción de mecanismos para que los medios de comunicación presenten contenidos guiados por valores como la justicia, la equidad y el respeto a los derechos humanos. La tarea no es sencilla puesto que se anteponen la defensa irracional de la libertad de expresión,

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entendida como ilimitada, irrestricta y arbitraria, y una competencia desmedida por el rating. Sin embargo, no se puede pasar por alto que los medios de comunicación hacen uso de un espacio de interés público, donde el beneficio y el derecho al bien común deben prevalecer sobre el provecho de los mercados y las corporaciones. Se debe trabajar más en el ámbito de las políticas públicas con el objetivo de fomentar imágenes revalorizadas y productivas de mujeres y hombres. Entre las medidas que propongo se encuentran las siguientes:La promulgación de una nueva Ley de Radio y Televisión que sustituya a la vigente, que data de hace 44 años y ya es obsoleta. La promoción, adopción y aplicación de una normativa enfocada en el empleo de códigos de comunicación e imágenes no sexistas ni discriminatorias en medios de comunicación y materiales educativos. La creación de comités que supervisen la imagen de la mujer que promueven la publicidad y los programas de televisión, en coordinación con las dependencias de gobierno competentes y la sociedad civil organizada. La promoción para lograr una representación equitativa de mujeres y hombres como trabajadores en los medios de comunicación y de más mujeres en puestos de decisión. La inclusión de una materia en las escuelas para educar y formar audiencias críticas de medios.

Conclusión

En México se requiere impulsar un debate social que conduzca a la creación de un entorno libre de estereotipos y violencia, des-

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de los medios de comunicación. Un debate donde se tomen en cuenta las necesidades e intereses de las mujeres y hombres y no únicamente se considere como tema de análisis académico o gubernamental. Si en otros temas se ha demostrado que es posible crear conciencia social y cambiar conductas, ¿por qué no habremos de exigir mejor información y entretenimiento a los medios de comunicación?

Ser mujer es un don inapreciable que a cada una de nosotras le toca descubrir, valorar, cuidar, defender y hacer respetar. Pero si hablamos de equidad, hay que fomentar también una nueva imagen del hombre, responsable en la paternidad y en el hogar, diferente de aquel que ejerce su dominio mediante la agresión, y que redundaría en relaciones más equitativas, solidarias, respetuosas y afectivas.

Ecos de la sociedad civil en los consejos ciudadanos, testigos del tiempo. Anhelos y realidades Diana Olga Elizarrarás Kim1

Introducción Como consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres, he reafirmado mi convicción sobre la importancia de la participación de la sociedad civil en los consejos y otras formas de participación ciudadana, para la transformación y desarrollo social en nuestro país. Sin lugar a duda las mujeres que trabajamos en organizaciones civiles estamos “empapadas” de la problemática social. Nuestra presencia en los consejos consultivos es relevante para avalar que los programas gubernamentales puedan dar lugar a cambios de trascendencia social, sobre todo para las mujeres, sin menosprecio de todas aquellas que también trabajan en el tema pero de manera teórica o indirecta. Por todo lo anterior me he permitido mencionar “Las voces de la sociedad civil como los ecos dentro de los consejos ciudadanos”, también como testigos del tiempo, en un continuo de esfuerzos Consejera consultiva y vocal propietaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. Presidenta Nacional del Consejo Nacional de Derechos de la Mujer A.C., nominado “Mensajero de la paz” por las Naciones Unidas desde 1977. Realizó estudios de Psicología en la UNAM, y es diplomada en Derechos Humanos por la Unión Europea, y en Políticas Públicas con Perspectiva de Género por la FLACSO.

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nacidos de los anhelos que hemos tenido muchas mujeres para superar las brechas de desigualdad en los campos laboral, social, cultural y político. Una lucha de aspiraciones históricas sobre las realidades de tantas y tantas mujeres, para lograr visibilizar el tema de igualdad de género dentro de las agendas gubernamentales e internacionales, e impulsar la creación de una cultura de igualdad libre de violencia y de discriminación hacia las mujeres que permita el desarrollo integral de nuestra sociedad y en la que las mujeres gocen y ejerzan en plenitud todos sus derechos humanos. Mi exposición por lo tanto, pretende lograr sensibilizar y dejar una huella útil que contribuya a plasmar la importancia que tiene la presencia de la sociedad civil dentro de los consejos ciudadanos, los cuales siempre servirán para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

La sociedad civil como testigo del tiempo Hace 35 años, la lucha por las causas de las mujeres eran demandas aisladas, prácticamente individuales, que impedía visibilizarlas. Actualmente y con la participación de la sociedad civil organizada, más conocidas como OSC y antes denominadas ONG por los organismos del sector público, existe un clima que favorece la atención al tema de mujeres. Es así como nuestras vidas se han logrado transformar. Con avances y logros significativos para eliminar la brecha de desigualdad que históricamente ha limitado nuestra participación laboral, social, cultural, económica y política.

Sobre anhelos y realidades

En cuanto a los consejos ciudadanos se refiere, hay que considerar que históricamente los esfuerzos para superar la brecha de des-

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igualdad en la participación de las mujeres, han encontrado fuertes resistencias que paradójicamente a veces surgen desde las mismas mujeres, por lo que dentro de los consejos ciudadanos debemos ser muy cuidadosas en las formas y la comunicación para vencer intereses, falsas expectativas, inercias, antagonismos y protagonismos. Representar a las mujeres es un compromiso que nos obliga a ser objetivas y a propiciar la conciliación para encontrar soluciones. Formulemos pues, preferentemente, objetivos claros y tengamos presente que puede haber desencuentros ante los cuales hay que conciliar hasta llegar a los acuerdos y soluciones que las mujeres nos demandan. En este sentido mi exhorto es a no romper la comunicación pues las contraposiciones serán naturales si el grupo es verdaderamente heterogéneo y de ahí su riqueza. No tengamos miedo a discrepar, insisto, sólo cuidemos las formas. ¿Por qué la recomendación? Porque es una realidad que existen dos corrientes antagónicas muy fuertes y que en aras de imponerse cada una, el anhelo de que todas las voces sean escuchadas queda excluido. Como parte de los anhelos estaría el de introducir la presencia de una posición de centro que atenuara antagonismos y que permitiera que todas las voces de las mujeres estén representadas. Soy una convencida de que la lucha por las causas de la mujeres debe de tener como estandarte siempre la defensa de sus derechos humanos.

La sociedad civil y el INMUJERES

En México, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es el organismo oficial que atiende las problemáticas de las mujeres, y cuya gestión cuenta con dos grupos de trabajo integrados por

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representantes de la sociedad civil que presiden algunas de las asociaciones más emblemáticas del país. De esta manera las sociedades civiles avocadas al desarrollo de la mujer y la equidad de género han llevado al país a una evolución progresiva hacia el alto ideal que representa el desarrollo de la mujer, en la economía y su acceso a la salud, al empleo y a la política, mediante la generación y establecimiento de la cultura de la no violencia, particularmente hacia la mujer. El INMUJERES ha reconocido la importancia de las organizaciones de la sociedad civil para la mejora de las condiciones de vida de la población en general, para la construcción de la democracia en el país y el éxito de los programas sociales. La sociedad civil está presente en el desarrollo del INMUJERES desde sus orígenes, pues su creación fue una demanda de las OSC. En su ley reconoce que la intervención de la sociedad organizada en los ámbitos de la vida social, política e institucional representa un indicador positivo de la creciente cultura participativa y de corresponsabilidad, ligada a la equidad de género, fundamental para el desarrollo social. Congruente con ese reconocimiento, el INMUJERES ha creado espacios de información para propiciar la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y el fomento a sus actividades, con miras a fortalecer los lazos entre la sociedad civil y el gobierno y potencializar lo que puede lograrse trabajando de manera coordinada. Algunas de esas acciones son: El directorio nacional de organizaciones de la sociedad civil con acciones hacia las mujeres, clasificado por temas de atención.

Información sobre los programas de financiamientos dirigidos a apoyar anualmente proyectos desarrollados por las OSC que trabajan en favor de las mujeres y de la equidad de género.

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Una sección de eventos, convocatorias y noticias con el objetivo de mantener informadas a las organizaciones sobre las diferentes oportunidades, tanto de apoyo como de participación; y sobre los diferentes temas que pueden resultar de su interés.

Conclusiones y reflexiones sobre las realidades Los trabajos de la sociedad civil deberán seguir con mayor intensidad, pues si bien es cierto que se han logrado convenios, tratados internacionales y leyes, aún falta su armonización nacional, su aplicación y su cumplimiento. La sociedad civil debe seguir teniendo presencia en todos los consejos ciudadanos, pues aún tiene mucho pendiente por hacer y por la relevancia que tiene su participación dentro de éstos para sensibilizar constantemente a las diversas instituciones, especialmente las gubernamentales, sobre las situaciones, problemas y necesidades que nos aquejan, apegados a la realidad. Ahora bien, en cuanto a mi participación como consejera consultiva he tenido un antes y un después, con cambios importantes en mis conceptos y criterios. Seguiré insistiendo en la importancia de crear mecanismos para tender puentes entre nosotras, lo que nos permitiría obtener mayores logros y una cobertura más amplia de éstos hacia todas las mujeres geográfica o ideológicamente apartadas. Es necesario formular y ejecutar criterios de evaluación y seguimiento e insistir en que los resultados positivos no desaparezcan.

Planteo la necesidad de hacer una pausa para revisar qué tenemos a la fecha, qué hemos hecho bien para reforzar su continuidad y distinguir qué áreas debemos de trabajar para mejorar. Qué nos ha faltado, en qué nos hemos excedido si es el caso, qué no ha funcionado y si es necesario eliminarlo, y qué requiere de ajustarse.

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Respecto a la integración de los consejos, sugeriría que estos fueran mixtos, con un porcentaje mayor de mujeres, ya que entre más heterogéneo sea el grupo, más representativo será de la sociedad, y lo que se trata es sacar mayor oportunidad de la diversidad de opiniones. En este sentido mi exhorto es a no romper la comunicación pues las contraposiciones serán naturales si el grupo es verdaderamente heterogéneo y de ahí su riqueza. No tengamos miedo ni disgusto a discrepar, insisto, sólo cuidemos las formas y la importancia de alcanzar acuerdos. Todo lo anterior me lleva a plantearme una pregunta por demás interesante, ¿qué sigue? En cuanto a la corriente internacional, como ONU Mujeres, es de esperarse que continúen sus trabajos como hasta ahora, pero en contraparte, ¿cómo habrán de manifestarse las mujeres ante los relevos institucionales que tendrán lugar en México? Derivados del cambio de gobierno, ¿pasará la participación de la sociedad civil a ser menos o más importante? Para hacer frente a lo anterior será indispensable trabajar en una Agenda de Género en el Plan Nacional para garantizar la permanencia y continuidad de los programas útiles y hacer surgir nuevos proyectos. Por último no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer el trabajo de mis compañeras consejeras, la demostración y aportaciones que hicieron de sus capacidades y experiencias, avocándose al desarrollo de temas específicos, todos relacionados con la mujer, lo cual me permitió aprender de cada una de ellas, aspectos diferentes en la lucha por las causas de las mujeres, y de las formas distintas de defender sus causas férreamente y a veces apasionadamente con diferencias de estilos.

Estando próximas a dejar este cargo, de mi parte deseo que el compañerismo sea el que sirva de puente para mantenernos en

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contacto y que los ratos “agridulces” que se dieron nos dejen finalmente la gran satisfacción de haber cumplido con nuestro compromiso. También me resulta de relevante importancia mencionar a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, a todas/os las compañeras/os funcionarias/os que junto con sus equipos de trabajo, hicieron una labor de información, compartiéndonos sus conocimientos, lo cual nos permitió siempre conocer más a fondo los trabajos y el funcionamiento de nuestro instituto. Felicidades a todas/os por su profesionalismo y su apertura en la que reconozco su fraternidad que siempre nos demostraron tener. A todas las mujeres comprometidas las invito a seguir transformando la vida de otras mujeres que no han tenido la oportunidad, como nosotras, de haber podido acceder al conocimiento de sus derechos humanos.

Y por la huella que dejaron en mi vida con su ejemplo y altos ideales, mujeres aguerridas, incansables, con una ética intachable, agradezco especialmente a mi tía Hortensia Kim Solórzano y a mi abuela Felícitas Solórzano.

Reflexiones sobre la conciliación trabajo-familia María Luisa Sánchez Fuentes1

La intención de este texto es mostrar algunos resultados de investigación y propuestas sobre el tema conciliación trabajo-familia, y recapitular algunas reflexiones sobre políticas públicas en esta materia. El tema de la igualdad de género ha sido foco de atención en distintas plataformas internacionales, por lo menos en las últimas tres décadas.2 El Estado mexicano ha suscrito prácticamente todos los acuerdos derivados de las declaraciones y plataformas de acción en favor de los derechos humanos de las mujeres, y que con la reforma al artículo 1º constitucional, donde se reconocen los derechos humanos, adquieren un carácter vinculante.

Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Administración Pública y diplomado en Población y salud reproductiva, ambos por la Universidad de Washington. Actualmente es directora de programas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, y coordinadora del programa de formación de Iniciativa SUMA. Democracia es igualdad. 1

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979, marcó la pauta y, junto con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), se distinguió por destacar la desigual distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres; los Objetivos de Desarrollo del Milenio suscritos por 189 países en septiembre de 2000, incorporaron esta temática.

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En 2007, en la capital de Ecuador, los países participantes de la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe firmaron el Consenso de Quito. En él se acordó la formulación y aplicación de políticas de Estado que favorezcan la responsabilidad, equitativamente compartida entre mujeres y hombres, en el ámbito familiar, así como adoptar medidas para garantizar la eliminación de todas las condiciones laborales discriminatorias, precarias e ilegales. Otros acuerdos importantes fueron el reconocimiento del trabajo no remunerado, su aporte al bienestar de las familias y al desarrollo económico de los países, además de promover su inclusión en las cuentas nacionales de los estados, entre otras medidas. La Organización Internacional del Trabajo (oit) ha advertido que la autonomía de la mujer sólo podrá alcanzarse con políticas efectivas que impulsen la creación de infraestructura de cuidado y con la participación de los hombres, el Estado y las empresas privadas.3 Las y los especialistas coinciden también en que la exclusión social, la desigualdad y la pobreza podrán afrontarse con éxito si, al mismo tiempo y con la misma energía, se examina la sobrecarga de trabajo de las mujeres y sus consecuencias, como la falta de oportunidades laborales y educativas y de desarrollo profesional. A pesar de que la participación de la mujer mexicana en el mercado laboral ha crecido, exponencialmente, de 17.6% en 1970 a 41.8% en el 2011,4 las leyes y las políticas públicas para reconocer y adecuarse a esta nueva realidad social no han producido los cambios estructurales necesarios para modificar la actual división sexual de trabajo en las responsabilidades familiares y en el hogar.

Extraña que el Estado mexicano no haya ratificado hasta la fecha el artículo 156 de la Organización Internacional del Trabajo.

STPS, Encuentro Nacional de Estadísticas de Género: Empoderamiento, autonomía económica y políticas públicas, consultado en junio de 2012 [en línea]: http://www.inegi.org.mx/eventos/2011/encuentro_genero/doc/31-07RLM-PatriciaEspinosa-STPSMexico.pdf.

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Es decir, el ámbito privado del trabajo no remunerado no se asume como responsabilidad del Estado. La reducción de la sobrecarga de trabajo de las mujeres sigue siendo un gran pendiente, no obstante que ya se han comenzado a implementar propuestas como la licencia de paternidad. Entre las múltiples razones que explican el incremento de la presencia femenina en el mercado laboral, dos tienen una función importante por sus consecuencias en la estructura de cuidado: las crisis económicas, que orillan a las mujeres a contratarse fuera de casa porque con los ingresos del hombre como único proveedor es insuficiente para sostener una familia, y el empoderamiento de las mujeres, que han decidido estudiar y desarrollarse profesionalmente y elegido reducir el número de hijos/hijas. A ello se suma el aumento en la esperanza de vida y en la proporción de adultos mayores (Orozco, 2011). De acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina (cepal), la demanda de cuidados en México es similar al promedio de América Latina. Para 2010, el organismo proyectó una relación de dependencia de cuidados cercana a 35%, lo que significa que habría cerca de 35 personas con necesidad de cuidados por cada 100 potenciales cuidadores, y estimó que esta relación declinaría a poco más de 20% en 2030, para ascender nuevamente a 25% en el año 2050.5

Huenchuan, Sandra, La protección de la salud en el marco de la dinámica demográfica y los derechos, serie Población y desarrollo, núm. 100, CEPAL/CELADE/UNFPA, Santiago de Chile, marzo, 2011. Consultado en marzo de 2012 [en línea]: http://social.un.org/ageing-workinggroup/documents/ECLAC_sp_salud%20HR%20and%20demography.pdf.

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Las familias mexicanas han cambiado… y las mujeres también La familia mexicana, como suele imaginársele, es un mito. Las familias mexicanas tiene hoy una distinta composición y necesidades, lo cual exige equidad, corresponsabilidad social y tolerancia de sus integrantes, y por parte del Estado, de una política social que atienda de manera integral sus necesidades diferenciadas. Entre los primeros pasos que ha de tomar el Estado para alcanzar esta meta es «revisar y modificar las leyes y marcos normativos a fin de que propicien una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares, el reconocimiento económico y social del trabajo doméstico, la ampliación de los apoyos gubernamentales para las familias con hijas e hijos menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores, y la conciliación entre la vida familiar y la vida social, así como entre las obligaciones y necesidades profesionales y laborales de hombres y mujeres con las del ámbito doméstico y sus preferencias reproductivas».6 Se estima que 45% de las mujeres que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) trabajan de manera formal en el mercado laboral y su participación aumenta cada año. El crecimiento más espectacular ocurrió en las últimas décadas del siglo XX, cuando ascendió de 17.6% a finales de 1970 a 36.5% a mediados de 1990; desde entonces, salvo por una caída en 2009, cuando declinó a 35.5%7 su tasa de participación se ha elevado Mayén Hernández, Beatriz et al., Relatoría del seminario Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas, El Colegio de México, 19 y 20 de enero de 2009. Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 25, núm. 1 (73), 2010, 219-258, p. 220. Consultado en abril de de 2012 [en línea]: http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/GK9BLLTG6LLV47U82UKH1XDIVYI41J.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2009. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2009, INEGI, México. Consultado en abril de 2012 (en línea): http://www.inegi.org.mx/ prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/hogares/enoe/enoe2009/ ENOE_2009.pdf

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de manera sostenida llegando a 42.5% en el primer trimestre de

2011.8 La participación masiva de las mujeres en el mercado laboral está transformando radicalmente a la familia tradicional. Se ha multiplicado el número de hogares monoparentales o donde ambos cónyuges aportan, así como los que tienen jefaturas femeninas. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 5.6 millones de hogares —casi una cuarta parte del total— una mujer es la principal o única proveedora de ingresos.

El invisible trabajo no remunerado Las mujeres trabajan más que los hombres. El tiempo de trabajo promedio de las mujeres es de 58.9 horas a la semana, y el de los hombres es de 50.8, lo que representa una diferencia de 8.1 horas. Esta brecha se ahonda si sólo se toma en cuenta a la población ocupada; en este caso, las mujeres trabajan un promedio semanal de 79.5 horas contra 64 horas de los hombres, una diferencia de 15.5 horas. Ello se relaciona con la doble jornada de las mujeres que ingresan al mercado de trabajo sin dejar de realizar el trabajo al interior de sus hogares.9 La mayor parte del trabajo, en ambos casos, es, sin embargo, trabajo no remunerado. De acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 74% del trabajo no remunerado

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer, 2011, INEGI, México, 7 de marzo de 2011. Consultado en abril de 2012 (en línea): http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2011/ mujer11.asp?s=inegi&c=2784&ep=53

Inmujeres, 2010. Las desigualdades de género vistas a través del estudio del uso del tiempo. Resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009. Instituto Nacional de las Mujeres, Dirección de Estadística. Noviembre de 2010. Consultado en abril de 2012 (en línea): http:// cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101184.pdf

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es realizado por mujeres. Si en 2002, ellas dedicaban 37.1 horas a la semana al trabajo no remunerado y los hombres, 10.8 horas (Inmujeres, 2008)10, para 2009 estas cifras aumentaron a 43.5 y 16.1 horas, respectivamente. Asimismo, las mujeres dedican 47.7% de su tiempo al trabajo doméstico y a las actividades de cuidado a personas del hogar, ocupaciones que predominan en su vida cotidiana, en tanto que el trabajo para el mercado ocupa 17.9% de su tiempo. Entre los hombres, el trabajo para el mercado ocupa la mayor parte de su tiempo semanal promedio (41.8%), mientras los quehaceres domésticos ocupan sólo 17.0%.11 Aunque existe una tendencia ascendente en la incorporación de los hombres a las tareas domésticas no remuneradas, ésta aún es débil (ésta sólo se ha dado en la atención a los hijos e hijas); el tiempo que le dedican sigue siendo mucho menor en comparación con el que dedican las mujeres, sin contar el que ellas destinan al cuidado de familiares enfermos o con discapacidad, de abuelas y abuelos y de otras personas adultas mayores. Las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras. Las tareas de cuidado no sólo representan una enorme cantidad de tiempo; suponen esfuerzo físico, desgaste emocional y costos económicos muchas veces onerosos que reducen las posibilidades de estudiar, trabajar y crecer profesionalmente; en suma, conllevan lo que se denomina un costo de oportunidad: el que se paga por tomar una decisión y no otra. En toda decisión hay una renuncia implícita a la utilidad o beneficios que se podrían obtener si se tomara otra decisión. Así, el costo de oportunidad es aquel valor o utilidad que se sacrifica cuando se elige entre distintas opciones. Gracias al Sistema de Cuentas Nacionales de México y a las cuen-

Inmujeres, 2008. Desigualdad de género en el trabajo. Instituto Nacional de las Mujeres. Dirección de Estadística. Septiembre de 2008. Consultado el 25 de abril de 2012 (en línea): http:// cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100923.pdf

Inmujeres, 2010. Las desigualdades de género...

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tas satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares en México, 2003-2009, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) y sobre el uso del tiempo del Inmujeres, hoy se dispone de información para conocer cómo se distribuyen las cargas de trabajo de cuidado, lo que será de enorme utilidad cuando sea tomada en cuenta para valorar el trabajo no pagado de las mujeres y se adopten medidas para mitigar la sobrecarga que les implica.

La división sexual del trabajo, arcaísmo insostenible Aunque un efecto del ingreso de las mujeres al trabajo remunerado es la disminución de la pobreza en sus hogares, tampoco ha significado un cambio en la tradicional división sexual del trabajo, que repliega a los hombres a lo productivo y a las mujeres a lo reproductivo. Este esquema ya no funciona. Hay que construir un nuevo pacto de género que permita mejorar las opciones de vida de las mujeres y las empodere económica y políticamente. Es necesario fortalecer su participación, su voz, su liderazgo e influencia en las políticas y programas económicos, en la toma de decisiones en todas las esferas de la vida. El logro de estos objetivos supone el desarrollo de una economía del cuidado; es decir, al valor del trabajo de cuidado de las personas dependientes y su relación con el sistema económico general. La economía de cuidado propone generar un mercado de servicios de cuidado, desde el enfoque de que el trabajo productivo y reproductivo deben remunerarse, ser sujetos a derechos y permitir el acceso a: Prestación subsidiada de servicios estatales de cuidado Servicios subsidiados de transporte escolar Subsidio a los servicios privados de cuidado Remuneración para personas dedicadas al cuidado, sean o no familiares 29

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• Cuidados de salud • Pensión por enfermedad, vejez o jubilación • Derechos transportables de una actividad productiva o reproductiva a otra • Prerrogativas fiscales y medidas de exención fiscal, como un instrumento de trasferencia de ingresos a los hogares con jefatura femenina, que permita mejorar su situación, sobre todo cuando además de los/as hijos/as hay que cuidar de personas adultas mayores sin pensión o insuficientes para su sustento. La economía del cuidado presupone una nueva cultura laboral que:

• Proporcione seguridad social universal. • Establezca jornada laboral de tiempo parcial para hombres y mujeres. • Permita la flexibilización temporal y espacial del trabajo sin menoscabo de condiciones laborales. • Otorgue permisos a mujeres y hombres, padres y madres, para el cuidado de personas enfermas. • Incentive la responsabilidad equitativa entre hombres y mujeres en las tareas de cuidados. • Disponga de mecanismos como cuotas de horas-permiso, horarios escolares compatibles con horarios laborales, servicio de comedores públicos y lavanderías, más y mejores espacios públicos para la convivencia, atención y socialización de niños, jóvenes y adultos mayores para que hombres y mujeres puedan atender sus responsabilidades de maternidad o paternidad, proveer cuidados familiares a adultos mayores, enfermos y menores de edad, atender responsabilidades escolares y coadyuvar con las labores de formación de los y las hijas.

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Políticas de conciliación familia-trabajo La inserción masiva de las mujeres en el mercado laboral no ha conducido a un ajuste de las políticas laborales, sociales o educativas para que coincidan con esta nueva realidad. Más que resolver la carencia de políticas públicas conciliadoras entre el trabajo remunerado y no remunerado, la prioridad ha de ser contar con infraestructura de cuidado para la población, independientemente de su tipo de inserción laboral, con miras a avanzar hacia políticas sociales universales. Es decir, la intervención del Estado no debe limitarse a políticas específicas de conciliación; éstas deben ser más amplias y abarcar el sistema de protección social, el sistema impositivo y estrategias de atención. Para ello, resulta impostergable la revisión y modificación de leyes y marcos normativos que propicien una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares, el reconocimiento económico y social del trabajo doméstico. De este cambio se ha de propiciar la ampliación de apoyos gubernamentales para las familias con hijas e hijos menores de 18 años, personas con discapacidad y adultos mayores, y la conciliación entre la vida familiar y la social.12

Propuestas de modelos del Estado de bienestar No obstante el aporte feminista al estado de bienestar posindustrial, éste ha dejado qué desear en cuanto a equidad de género. En contraparte a este esquema, especialistas como Orozco han propuesto un modelo de proveedor de cuidado universal, que consiste en que los modelos de vida de las mujeres se conviertan

Mayén Hernández, Beatriz et al. (2009).

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en norma, y con ello universalizar entre los hombres la responsabilidad, la obligación y los recursos para el cuidado. Es inquietante, sin embargo, que pese a tener en Latinoamérica, y en México desde luego, distintas propuestas conceptuales, como de técnicas y acciones específicas en cuanto a modelos para la procuración de cuidados, no exista la preocupación por incorporarlos en la agenda pública gubernamental (cepal, 2010). A este respecto, la oit ha planteado dos propuestas viables para el diseño de políticas de apoyo a la conciliación: a. Una consulta a la sociedad sobre cómo han de dividirse las tareas de cuidado entre las familias, el mercado y el Estado. b. Desafiar la distribución tradicional de responsabilidades familiares y tareas domésticas entre hombres y mujeres, con políticas de conciliación sostenibles y estrechamente unidas a las de corresponsabilidad. A fin de promover estos cambios y en correspondencia con el Convenio 156 de la oit (Artículo 6), el Estado debe emprender una política de sensibilización y transformación cultural. Esta tarea es de largo plazo y requiere de campañas de información, que promuevan una mejor comprensión de la igualdad de oportunidades y trato, y de sensibilización, para identificar otros actores que podrían promover políticas en favor de la conciliación y que incorporen la igualdad de género, principalmente en dos ámbitos: Escuelas, porque el sistema educativo tiene un papel fundamental en la socialización de roles de género y en inculcar valores a los niños, niñas y jóvenes.

Medios de comunicación, porque pueden contribuir de forma importante a erradicar los estereotipos de género, dar visibilidad a las

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desigualdades y promover un debate público sobre la manera en que debe distribuirse el trabajo productivo y las responsabilidades de cuidado en la sociedad y al interior de los hogares.

Empoderamiento económico El establecimiento de políticas de conciliación familia-trabajo pasa por el empoderamiento económico de las mujeres, condición indispensable para lograr la autonomía y la igualdad de género. Hay muchas maneras de definir el empoderamiento. Comparto la acepción que lo describe como un proceso de cambio mediante el cual las mujeres amplían su habilidad para tomar decisiones estratégicas sobre sus vidas y participan en iguales términos que los hombres para lograr los cambios deseados en la sociedad en que vive. Se trata también de un concepto relacionado con el desarrollo de las capacidades de las mujeres para ser protagonistas en la economía y suscitar cambios en otras esferas de su vida en los ámbitos público y privado. El empoderamiento económico de las mujeres es un asunto de derechos humanos y de justicia social, crucial para el desarrollo humano. Existe evidencia fidedigna que sugiere que el empoderamiento económico de las mujeres, su acceso y control sobre recursos de valor, tiene implicaciones positivas en el bienestar de la familia y de sus hijas e hijos y, por ende, de la sociedad en su conjunto; incrementa las posibilidades de acceder a servicios de salud reproductiva; de asegurar la nutrición, salud y educación de sus hijos e hijas y, en ciertos contextos, reduce las inequidades de género en la asignación de recursos en el hogar. Por tanto, contribuye al desarrollo del capital humano y las capacidades humanas, incluso las propias (Kabeer, 2009).

Hoy padecemos la omisión de políticas conciliatorias de lo público y privado, que se evidencia claramente en el ámbito laboral.

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Estamos ante una realidad que de no ser atendida con acciones estratégicas de largo alcance o, cuando menos, de manera gradual, tenderán a reproducir y a profundizar las desigualdades, la discriminación, la exclusión y la falta de igualdad en la democracia.

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La participación ciudadana en la gestión ambiental para el avance en el desarrollo sustentable y en los retos de la alimentación y gestión hídrica Rosa María Armendáriz Muñoz1 Grecia, cuna de la democracia. La palabra gestión viene del latín gestio, gestionis, compuesta de gestus (hecho, concluido), participio del verbo gerere (hacer, gestionar, llevar a cabo) y el sufijo –tio (ción), acción, efecto, de ahí la palabra gestionar; participio, viene del latín participium, participación. Politicus, que significa “de los ciudadanos” o del “Estado”, siendo el adjetivo de “polis” que significa ciudad, Estado, ciudadanos o personas que se preocupaban por los asuntos de la ciudad. Desde los griegos se ha buscado el arte de gobernar al pueblo.

Egresada de la carrera de Ciencia política y administración pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Diputada Federal por el estado de San Luis Potosí en la LIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, en la que fungió como Vicepresidenta. Participó en foros mundiales del agua realizados en México y Estambul, en la COP 16, así como en el Grupo sobre Seguridad Alimentaria para el G20, en mayo de 2012.

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El Estado es el mediador entre los bienes de los gobernados y los bienes del Estado-Nación. Pericles señalaba que la política es derecho y el derecho es política. Demóstenes decía “nuestros antepasados dejaron edificios espléndidos, templos, puertos, ciudades bellas, ordenadas y las casas de los poderosos eran modestas y coherentes con el espíritu de la constitución; y hoy los únicos monumentos públicos con los que embellecen las ciudades es con fachadas, fuentes y vías.” “Las personas que controlan los fondos públicos han construido mansiones privadas sólo superadas a las de las mayorías y superan los propios edificios públicos.” Séneca adoptó actitud moral sobre la guerra y el medio ambiente. Realizó un tratado sobre los fenómenos naturales, criticó el modo en que la humanidad ha abusado del don natural del viento con fines militares tan antinaturales y poco éticos. Heráclito afirmaba “la guerra es la madre de todas las cosas”. El general romano Agrícola fue gobernador de Britania, impulsó proyectos de interés colectivo, fomentó la iniciativa privada y la ayuda pública para construir templos, plazas, casas, foros. Señalo lo anterior porque el pasado es nuestro futuro, debemos de aprender y mejorar experiencias exitosas y evitar los fracasos. Economía procede de la palabra oikonomía, significa “reglas de la casa”, casa, proviene de oikos, por lo que Aristóteless definiera el oikos, como elemento medular de la polis.

Sócrates resalta la importancia de la “ciencia natural” a mediados del siglo IV a. C. “Cuando era joven me interesé sobre todo por el conocimiento que podríamos calificar de preguntas sobre la naturaleza”.

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Hoy, siglo XXI, seguimos debatiendo sobre economía, democracia, medio ambiente, igualdad, agua, pobreza, hambruna, libertad, Estado-Nación y ciudadanos, bienes del pueblo y gestión de los gobiernos. Por la crisis financiera, económica, los altos déficits y deudas soberanas de los Estados-Nación, una iniciativa privada trasnacional endeudada y en crisis, bancos sin suficientes recursos, el aumento de desempleados, falta de oportunidades para mujeres y jóvenes, la reducción de recursos públicos en la educación, sanidad, vivienda, medio ambiente; la ciudadanía nos preguntamos si es la forma correcta de cómo se administran los bienes del pueblo. La sociedad queremos mejora en la calidad de los servicios públicos, queremos gobiernos en los tres órdenes de gobierno que sean fiscalmente responsables. No deseamos gobiernos de gestión tecnocrática, sino de gestión democrática que beneficie a toda la sociedad y que sean electos democráticamente por medio del voto. A nivel mundial y por la globalización, todo lo que pase en la Unión Europea, Estados Unidos, países de la Liga Africana, Países Árabes, América Latina, Asia, BRICS, repercute en la toma de decisiones de nuestro México. Debemos de pensar otra forma el devenir de México, la sociedad civil debemos de participar corresponsablemente con el Estado, que tiene la obligación de atender con eficacia las expectativas ciudadanas. La sociedad civil desempeña un papel fundamental cada vez más relevante en los temas de desarrollo. Urge el diálogo con la sociedad civil, que sea permanente, respetuoso, plural, efectivo, incluyente y con resultados en el diseño de las políticas de desarrollo.

No es sólo el que trata de producir al menor costo sus bienes y servicios, lo medular es producir valor duradero a su comunidad y al

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menor costo. Evaluar el desempeño por los productos que produce en el presente y que contribuirán al futuro de sus comunidades. El reto técnico y administrativo es para que la gestión del Estado garantice que la eficiencia, competitividad y calidad en la prestación del servicio público porque el destinatario y beneficiario final es el ciudadano, ya que somos quienes sostenemos el Estado con el pago de nuestros impuestos, todo lo que se logra es con recursos públicos y en algunas oportunidades con recursos privados. Hay que garantizar la gestión y administración de la producción de alimentos, del agua y cuidado del medio ambiente para asegurar la supervivencia de la humanidad. El cambio climático, el efecto invernadero, escasez de agua, tierra erosionada, acides de los océanos, todo mundo habla de ello sin conocer a fondo el profundo impacto que nos afecta directamente a toda la biodiversidad y a nuestra forma de vida como humanidad. Aunado a la crisis financiera y económica, el cambio climático es el resultado del uso intensivo de la atmósfera como receptora de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El problema consiste en que los volúmenes de GEI, especialmente bióxido de carbono (CO2), emitidos en los últimos cincuenta seis años de industrialización superan la capacidad de captura de la biosfera y el resultado es el aumento constante de la concentración de estos gases, que obstaculizan la emisión de energía hacia el espacio exterior y acrecienta el proceso natural de “efecto invernadero”.

Este proceso de contaminación atmosférica ha hecho que las concentraciones de CO2 pasen de 280 ppm (partículas por millón) antes de la revolución industrial, a más de 380 ppm o bien a 430 ppm si se considera a todos los GEI en términos de su equivalencia en bióxido de carbono (CO2e) lo que representa la más alta concentración registrada durante los últimos 650 mil años.

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El cambio climático es un problema de seguridad estratégica en los países por lo que urge incrementar los esfuerzos de mitigación (reducción de emisiones de GEI) y desarrollar capacidades de adaptación ante los impactos adversos previsibles. La pérdida de recursos naturales como los suelos productivos, la biodiversidad, manglares, corales, corrientes naturales de agua, ecosistemas, están relacionados con el hambre y la pobreza. En la ONU se ha considerado una violación de los derechos humanos cuando la población no tiene acceso a medio ambiente sano y a la seguridad alimentaria. Se ha estado privilegiando la economía de la especulación y de los alimentos, no se debe permitir que los mercados de valores sigan especulando con los precios de los alimentos, de las materias primas y la producción de bienes básicos. Esto nos obliga Estado-Población a llevar a cabo la corresponsabilidad social que permita avanzar en un Estado de derecho como se caracteriza a las naciones integrantes de la ONU. La sociedad civil se preocupa a diario por el uso sustentable de los recursos naturales y busca su participación en la gestión ambiental, y será mayor la participación ciudadana por varias razones, deseamos un Estado viable. La sociedad civil es cada día más crítica e informada y sobre todo participativa. Es saludable que participemos para coadyuvar en la solución de los problemas que aquejan a la población, y sobresalen los de medio ambiente por el impacto del cambio climático y que afecta nuestra vida cotidiana.

Nos preocupa como humanidad la escasez de recursos, la desigualdad social, la volatilidad de los precios de los alimentos, la disponibilidad y distribución del agua potable, la salud, la pobreza y marginación, así como el desarrollo social.

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Los problemas sociales y económicos derivados del cambio climático para garantizar la alimentación a miles de millones de pobres en el mundo en los próximos años, es necesario desarrollar la agricultura con visión inteligente y ante el problema de agotamiento de reservas “baratas” de petróleo. Urge diversificar nuestros ingresos como Nación, ya que tenemos una fuerte dependencia de los hidrocarburos, hay que diversificar nuestra producción y mercado porque los recursos petroleros son finitos. La agricultura debe de intensificarse integralmente, con cambios fundamentales para el futuro, así como en el consumo de comida en todo el mundo para que las futuras generaciones se alimenten adecuadamente según indicadores de la ONU, UNICEF, FAO y la OMS. La actividad agropecuaria debe intensificarse sustancialmente, recortar los desperdicios y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El agua subterránea será cada vez más vital, agua, divino tesoro. La sociedad civil demanda agua potable universal para todos los seres del planeta, y nos preocupa que por el cambio climático aumentará el estrés hídrico y la demanda del agua que se encuentra en los manglares, lagos, ríos, acuíferos, presas, represas, las aguas subterráneas. El cambio climático afectará la cantidad y calidad de un recurso vital para la humanidad, el agua subterránea, y es necesario no sólo investigar más esta fuente, sino establecer regulación para su gestión y uso.

El agua subterránea representa la mayor reserva a nivel mundial de agua potable para el futuro. Es una reserva estratégica para luchar contra los impactos del cambio climático, especialmente en regiones con rápido crecimiento de población y mayores exi-

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gencias de seguridad alimentaria. El agua subterránea representa la mayor reserva a nivel mundial de agua potable para el futuro. Es una reserva estratégica para luchar contra los impactos del cambio climático y los problemas de sequía y contaminación del agua superficial. Estamos hablando de un recurso hídrico subterráneo que es invisible y eso crea muchos problemas. En el caso de cuencas hídricas fluviales los sistemas son superficiales y visibles, el agua subterránea en cambio es el agua que está contenida en la roca, nuestro país debe de defender la gestión de sus riquezas naturales. Casi la totalidad del consumo de agua potable proviene de fuentes subterráneas. Los acuíferos no son renovables. El agua subterránea es una fuente clave para el consumo humano y la irrigación de cultivos. Estimaciones señalan que a nivel mundial cerca del 43% del agua usada para irrigar cultivos tiene el mismo origen. Para algunas comunidades, es la única fuente de agua. El agua subterránea se ha utilizado como fuente desde tiempos ancestrales, por ejemplo, en pozos para consumo humano o agricultura. Hay dos tipos de acuíferos. Algunos se recargan naturalmente por la infiltración del agua de lluvia en la roca, pero hay otros no renovables, muy profundos a cientos de metros donde hay estratos impermeables. El problema de los acuíferos que no se recargan, que contienen agua fósil de miles de años de antigüedad, es que son un recurso finito, tienen un fin.

Cerca del 43% del agua usada para irrigar cultivos a nivel global proviene de fuentes subterráneas. Por ello se requiere profesionalización y eficiencia en la gestión de los acuíferos, medidas estructurales y no estructurales y la posibilidad de uso conjunto de agua superficial y subterránea para abastecer las necesidades a futuro.

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Las reglas claras y oportunas para gestionar el uso del agua serán cada vez más importantes debido al cambio climático, con regulación. Podemos aplicar experiencias exitosas de otros países, por ejemplo, la recarga artificial es una tecnología para inyectar el agua de lluvia durante periodos de sequía en que los acuíferos no se recargan. Y algo muy interesante sería la reutilización de aguas residuales tratadas. Es una realidad la demanda global de alimentos que habrá de aumentar un 50%, la de energía un 45% y la de agua un 30% en 2030. La gran pregunta es cómo responderá la economía mundial a estas exigencias sin precedentes en la historia de la humanidad. Los actuales patrones de consumo, fundamentalmente en Occidente, no son sostenibles y es hora de cambiar la dirección de la economía. Nuestro estilo de vida está acabando con las riquezas naturales. Las economías mundiales están frágiles, la desigualdad está creciendo y la temperatura global del planeta sigue aumentando. Necesitamos un cambio dramático. La salud y la educación deben mejorar, responder al mundo de hoy y del futuro; los subsidios a los combustibles fósiles deben cesar y los gobiernos deben considerar otros indicadores económicos, y sociales, ya que los actuales indicadores no responden a la realidad de hoy; cuando se fijaron era otro el mundo y sus habitantes tenían otro estilo de vida, las circunstancias políticas y sociales se desarrollaban en otras circunstancias.

El actual modelo económico nos está empujando en forma inexorable hacia los límites de los recursos naturales y los sistemas ecológicos que hacen posible la vida a nivel planetario.

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El mundo sufre la actual crisis financiera y económica porque no hay regulación financiera ni bancaria, ni medioambiental, y mientras existan las Bolsas agropecuarias se seguirá jugando con el hambre de miles de millones de personas en el mundo. La codicia desmedida nos está hundiendo. Se debe de regular las patentes agrícolas, de lo contrario estamos condenando a las futuras generaciones a los ciclos de hambre que hasta la fecha vivimos. Terminar con los alimentos, con la especulación sobre la producción, que originan la volatilidad de los precios de los alimentos. No permitir falsas crisis de productos agrícolas que lo único que buscan es aumentar sus riquezas e ingresos, pagando los pueblos los costos. Hoy respiramos volatilidad económica global, miedo, ansiedad e incertidumbre. Rescatar a la banca internacional y no rescatar a los ciudadanos nos va a hundir más, hay que generar empleos, impulsar inversiones sustentables y sobre todo mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. ¿Por qué rescatar al ciudadano? Porque pagamos impuestos, sostenemos las economías y presupuestos de los países, merecemos por lo tanto mejor gestión de los recursos que se pagan vía impuestos y esperamos las y los ciudadanos mejorar nuestra cotidianidad. ¿Qué vivimos hoy día las y los ciudadanos?

• Desigualdad, exclusión y hambre. Falta de avance es retroceso. • La desigualdad y la exclusión en la distribución de la riqueza sigue incrementándose, y lo peor, sigue tolerándose.

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• El acceso al agua potable es un reto, porque 2 600 millones de personas aún no tienen sistemas de sanidad aceptables. • Las mujeres suelen ser excluidas de las oportunidades económicas y políticas. • La crisis financiera fue causada por reglas de mercado que no premian las inversiones sostenibles, hacen lo que quieren los banqueros. • El actual modelo económico “nos está empujando a los límites de los recursos naturales”. Acciones recomendadas: • Poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles. • Invertir en energías alternativas. • Incluir en el precio de los bienes el verdadero costo ambiental de producirlos. • Todos los productos deben llevar en sus etiquetas información sobre su impacto ambiental de producción. • Los gobiernos deben elaborar indicadores de rendimiento económico que van más allá del PBI y miden la sostenibilidad del sistema económico. • Los gobiernos deben regular el mercado financiero y bancario para promover inversiones más estables y sostenibles. • Crear un fondo global para la educación, la salud y la vivienda. • Regular precios de alimentos a nivel mundial, urge esta acción. • Los gobiernos deben incluir en el precio de los bienes el verdadero costo ambiental de producirlos, lo que llevaría a un sistema económico que protege los recursos naturales. Que se evalúen y cuantifiquen resultados. Estamos empujando el planeta hacia sus límites ecológicos, todos, ciudadanos, gobiernos y financieros. Hay que hacer un alto.

Se deben de impulsar energías renovables, sostenibles y garantizar el acceso a internet de banda ancha en 2025.

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Por ello el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Hoy sostenemos por la vida que vivimos globalmente, como la reducción de la pobreza, el modelo de desarrollo actual dista de ser sostenible. Las economías están frágiles, la desigualdad está creciendo y la temperatura global del planeta sigue aumentando. Estamos poniendo a prueba la capacidad del planeta. ¿Por qué cambiar nuestro estilo de vida? Por varias razones: un nuevo estudio de Naciones Unidas encontró que alrededor de un tercio de toda la comida que se produce en el mundo se desperdicia o se pierde. El estudio, de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, señala que el problema afecta tanto a los países industrializados como a las naciones en vías de desarrollo casi de manera igual. La FAO indica que en el mundo en vías de desarrollo, el problema se explica por la pérdida de cultivos y la pobre infraestructura, pero en las naciones industrializadas el tema es el pobre empaquetado de los alimentos y la costumbre de los consumidores de tirar comida que está en perfecto estado sólo porque compraron demasiado. Al mismo tiempo, casi 1 000 millones de personas en todo el mundo sufren hambruna. Implementar programas ambientales y de producción que garanticen que logremos llegar a 350 ppm de CO2 que es el número seguro de emisiones de carbono para el planeta.

Que los líderes mundiales en las COP se comprometan con el objetivo de consensar metas claras y precisas donde los países se comprometan con el medio ambiente y seguir luchando por la

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firma de un acuerdo obligatorio, justo y legalmente vinculante, en una economía justa. El agrocidio es el exterminio del agricultor, del verdadero campo, hay que detenerlo. La sociedad civil debemos de actuar responsablemente. Sobre los alimentos GMO (genéticamente modificados), por ejemplo, la soya transgénica y el maíz genéticamente modificados requieren químicos creados y comercializados por las mismas empresas que crearon las semillas. Se deben de regular. Sólo se cultiva en cinco países en el mundo: Estados Unidos, Canadá, China, Brasil y Argentina, donde se cultivaron veinte millones de hectáreas de tierras. Este tipo de semilla integra un modelo productivo que exige regulación, difundir realidades sobre esta producción a fin de que los consumidores tomen una decisión al respecto.

Propuestas

1. Mayor cooperación internacional sobre medio ambiente. 2. Implementar los instrumentos jurídicos internacionales negociados multilateralmente para enfrentar el cambio climático como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto (PK), urge implementar qué mecanismo va a sustituir o si queda el PK ya que está por vencer su vigencia y ha dejado mucho que desear. 3. Buscar el nuevo instrumento internacional que responda a las demandas presentes y futuras de la sociedad internacional sobre cambio climático. 4. Cuestiones de equidad, México no ha reconocido “derechos diferenciales adquiridos” sobre los bienes comunes globales,

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ya que sostiene que todos los habitantes del planeta tienen el mismo derecho de usufructo de esos bienes y servicios. La diferenciación de responsabilidades, reconocida por los instrumentos vigentes, incluyendo una diferenciación de formas de compromiso y de tiempos, sobre bases de equidad. 5. Adoptar medidas cuantitativas y cualitativas a nivel internacional sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. 6. Cada producto debe llevar una etiqueta con su impacto ambiental. 7. Mejorar los niveles de equidad, ya que actualmente se vislumbra que a futuro el número de personas con hambre, así como la desigualdad en la distribución de la riqueza, aumentará considerablemente. Garantizar la alimentación a la humanidad. 8. Garantizar el acceso al agua potable. 9. Impulsar políticas públicas que den seguridad a las mujeres en cargos de toma de decisión, ya que siguen siendo “frecuentemente excluidas” de las oportunidades económicas y políticas. 10. Erradicar la pobreza y mejorar la equidad sigue siendo una asignatura pendiente a nivel mundial, y nacional, urge reducir la creciente brecha entre los grupos de menor y mayor ingreso. 11. Garantizar entre mujeres y hombres la igualdad económica “igual trabajo, igual salario”. 12. Implementar la igualdad de la sociedad mexicana con una cultura incluyente. 13. Fomentar en todo el territorio nacional y tener como objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos. 14. Hacer realidad el desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como de las cuencas y ecosistemas hidrológico-forestales.

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15. Impulsar la silvicultura asegurando el mejoramiento del nivel de vida de los propietarios y pobladores forestales, así como de la ciudadanía. 16. Fortalecer una política agraria integral que asegure producción y bienestar para los dueños de la tierra como los que viven en los ejidos, comunidades y pequeña propiedad. 17. Que se fortalezca el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, RETC, que se verifique su aplicación y evaluación. 18. Proteger y conservar los recursos genéticos forestales. 19. Impulsar la cultura de protección al medio ambiente y uso racional del agua en la sociedad. 20. Fortalecer a las mujeres y hombres del campo, con políticas públicas reales que los beneficie, y con los que seguimos en deuda, dejar de tratarlos como ciudadanos de segunda, ya que son quienes nos proveen de alimentos sanos y seguros. 21. Abatir el hambre, la pobreza, con políticas agrarias internacionales y nacionales que mejoren estónlos suelos, por medio de programas como mejoramiento de los suelos, planificación agrícola, vinculando programas alimentarios con programas de salud, educación y vivienda y medio ambiente sano. 22. Regular las patentes agrícolas y las innovaciones científicas que deriven en la alimentación de todos los seres vivos.

Bibliografía

Nigel Spivey, Michael Squire, Panorama del mundo clásico, Blume, Barcelona, 2005.

Sanando las desigualdades Rosa María Ochoa Ortega1

Introducción La situación de nuestro país es compleja y multifactorial. Los efectos que la globalización y los nuevos estándares de vida que se tienen en la población también son múltiples y muy variados. Sin embargo, es de suma importancia poner foco rojo en la desigualdad social, en especial la de las mujeres de amplios sectores vulnerables de México. Los años sesenta marcaron los inicios de la lucha contemporánea en favor de las mujeres. En búsqueda de una metodología que permitiera develar las condiciones que enfrentábamos, iniciamos el análisis de la cotidianidad que vivíamos para identificar los obstáculos que se oponían a nuestro desarrollo, así como para identificar cómo se habían ocultado nuestras contribuciones a la sociedad. Pronto fue evidente que entre los aspectos más relevantes destacaban la mujer en el trabajo y la violencia en las relaciones de dominio y subordinación. Además, esto marcó también el inicio

Egresada de la Escuela Libre de Psicología con especialidad en Prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Instituto Regional de Estudios de la Familia, IREFAM. Es fundadora del Centro de Atención a la Violencia Familiar AC, institución pionera en la atención y prevención de este problema, y consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres.

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del desarrollo de tejer marcos conceptuales y estrategias para el empoderamiento de las mujeres. Si bien desde hace 30 años reconocimos que las condiciones de inequidad de género estaban vinculadas con violaciones a los derechos humanos fundamentales, cada vez más se ha hecho necesario comprender que el análisis sobre las inequidades no puede abordarse sólo desde las condiciones de género, ya que factores relacionados con la clase y la raza están involucrados de manera determinante, y es de considerarse que sólo así podemos avanzar en la búsqueda de justicia social, desarrollo económico y políticas públicas. Los marcos conceptuales desarrollados nos permiten hoy analizar más profundamente y situar en un contexto más amplio las ideas que han surgido en este proceso colectivo de construcción teórica y acciones estratégicas. Los logros alcanzados no han sido fáciles y enfrentan polémicas y resistencias en su instrumentación. Pero la vigilancia de las organizaciones de mujeres sobre los acuerdos alcanzados ha sido crucial no sólo para monitorear su instrumentación, sino para mantener la vigilancia de sus concepciones. El impacto del capitalismo mundial y la restructuración económica en los niveles de pobreza y en las políticas sociales, han colocado a las mujeres frente a severas condiciones económicas bajo políticas de ajuste estructural y sufrido el deterioro de acceso a beneficios sociales. A pesar de las revisiones a las políticas instrumentadas y de los acuerdos alcanzados, las ideas iniciales de control del crecimiento de la población trastocaron la concepción de la población como un capital social importante que había que desarrollar, para convertirlo en un problema social por enfrentar.

Hoy el diseño de las políticas públicas refleja de manera importante este problema; las políticas económicas se enfrentan abierta-

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mente a las políticas sociales, regateando los recursos, y las orienta más hacia el control de la población que a su desarrollo. México, según datos del 2009 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene una población de 106.7 millones de habitantes, el 11º país más poblado del mundo, y cuenta con 79,312,758 personas económicamente activas de los cuales 37,638,741 son hombres y 41,674,017 son mujeres, y 63% de las mujeres que trabajan extra domésticamente tienen hijos o hijas (OIT-PNUD, 2009). Actualmente, una quinta parte de los hogares mexicanos está dirigida por mujeres, y en casi un tercio de ellos, las jefas del hogar tienen un trabajo permanente fuera de él. Sin embargo, este tránsito que han hecho las mujeres de proveedoras exclusivas de cuidados y servicios domésticos, a proveedoras de ingresos, no se ha traducido en un equivalente de la distribución de oportunidades de desarrollo personal y profesional entre hombres y mujeres porque, al no haber una distribución más equitativa de cargas y responsabilidades domésticas, las mujeres están obligadas a elegir trabajos de medio tiempo, a destajo, o de carácter informal, que resultan compatibles con las tareas que tiene en el hogar. A pesar del importante avance que representan los cambios que ha habido en México por la incorporación cada vez mayor de las mujeres en el mercado laboral, las actitudes discriminatorias y los sesgos inequitativos de las instituciones sociales, económicas y políticas, continúan gravitando negativamente sobre las mujeres, haciendo que algunos de estos avances se les reviertan en mayores cargas de trabajo y de responsabilidad.

En el ámbito familiar, la transformación de las mujeres como generadoras de ingresos, ha flexibilizado algunos roles entre hombres y mujeres al interior de las familias, sobre todo en las generaciones jóvenes, pero sin modificar esencialmente la asignación de recursos y oportunidades en el interior del hogar. La coexistencia de

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una mayor independencia económica de las mujeres con la rigidez casi inmutable de los modelos de autoridad masculina en la familia, ha generado un desfase de expectativas de comportamiento entre los sexos, que frecuentemente produce tensiones. Todo esto, aunado al desempleo creciente, contribuye también a que los hombres dejen de ser proveedores y por lo tanto, tengan conflictos emocionales que muchas veces se traducen en actos violentos en la familia que perpetúan las asimetrías en las relaciones familiares, en las que el hombre mantiene y abusa del poder y cuyo origen se encuentra en las estructuras sociales. Es conocido por las consultoras empresariales de apoyo a las mujeres, que si bien las mujeres se sienten satisfechas por haber logrado desarrollar un negocio propio, la mayoría de ellas se siente culpable de “descuidar” su hogar y a sus hijos e hijas, e incluso de tener problemas con sus parejas porque no cumplen como antes con sus tareas domésticas. Hay quienes tienen que mentir sobre su actividad económica y la disfrazan de actividades femeninas, como el cafecito con las amigas, el grupo de oración o las visitas a familiares y amigas. Así, la rigidez de la asignación del trabajo doméstico cierra el círculo que fija a las mujeres en las actividades laborales de menor remuneración y calidad. Maternidad y atención del hogar no debe ser opuesto al acceso a remuneración laboral digna, el desafío esté en la democratización de las estructuras familiares mediante la distribución equitativa de las responsabilidades tanto económicas como de crianza entre hombres y mujeres, en una asociación armoniosa y libre de violencia entre todos sus miembros, como elemento indispensable para el bienestar, tanto de la familia, como de las personas que la integran y de la sociedad. Este desafío significa la revalorización de la función social tanto de la maternidad como de la paternidad.

Como una respuesta a esta situación, el gobierno de México ha implementado la norma voluntaria, primera en América Latina,

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llamada Certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Para la elaboración de esta norma, se tomaron en consideración los modelos de gestión que promueve el gobierno federal e instrumentados a la fecha: Modelo de Equidad y Género (MEG: 2003) del Instituto Nacional de las Mujeres, los distintivos Empresa Incluyente y Empresa Familiarmente Responsable de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Modelo de Reconocimiento por la Cultura de la No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; así como las aportaciones realizadas por los factores de la producción, de personas expertas, de instituciones académicas, de organizaciones sociales y de instancias de la Administración Pública Federal.

Asimismo, busca la igualdad y la inclusión laboral, además de consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, que posibilite la realización plena de mujeres y hombres, bien remunerado, con capacitación, con seguridad, libre de toda discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, y en condiciones óptimas para la salud. También coadyuva al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que establece en el Eje 3 Igualdad de Oportunidades, como uno de sus objetivos: eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades, para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. Para el logro de dicho objetivo, se establecieron, entre otras, las siguientes estrategias: construir políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda la Administración Pública Federal, garantizando su inclusión en cualquier acción que se programe, tanto en las instituciones públicas como en las privadas, y valorando las implicaciones positivas que ésta tiene para mujeres y hombres; y combatir la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral, garantizando la aplicación de las leyes existentes, y promoviendo la actualización de las que no contemplan el rubro.

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Dichas normas son y serán un medio significativo para el fortalecimiento de la igualdad como principio jurídico y como condición de vida, permitiendo coadyuvar al cumplimiento de diversos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en la materia. Sin embargo, en el diseño de las políticas públicas dirigidas a las mujeres, no muchos de estos hallazgos han sido tomados en cuenta; es decir, no se han unido el diagnóstico con la acción, ni ambos se han conjugado para lograr una mejora efectiva de la situación de las mujeres.El diseño de las políticas públicas sigue siendo vertical, o bien, decidido por cúpulas políticas. Los estudios sobre las mujeres no se han confrontado con las opiniones de las mismas. La interpretación de los fenómenos sigue siendo una interpretación intramuros, a cargo de los grupos de estudiosos del tema y de los organismos que realizan investigaciones. Los programas dirigidos a las mujeres tienen la característica de incluirlas como simples beneficiarias. Cuando el programa golpea la puerta de su casa, en la ciudad o en el campo, ellas sólo pueden decidir sobre un mínimo de opciones prefijado. No han participado en la formulación del programa. Las crisis económicas han sido las mayores dinamizadoras de la incorporación de la mujer al mercado del trabajo. Sin embargo, como resultado de esta incorporación se institucionaliza la doble jornada, sin política pública que permita aliviar las múltiples cargas que, sobre todo, tienen las mujeres de los grupos de más bajos ingresos.

La discriminación de que son objeto las mujeres en términos de contratación y salario persisten, y si bien se ha avanzado mucho en materia de legislación, no ha habido suficiente difusión de sus derechos, los cuales no son siempre respetados.

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Se ha avanzado asimismo, en el diseño de sanciones para situaciones de violencia contra las mujereas y las niñas; sin embargo, no es suficiente lograr un cambio sólo a través de dicho mecanismo sino creando condiciones en las sociedad.

Conclusión Actualmente nos enfrentamos a una realidad donde el capitalismo y la inseguridad mundial han favorecido el desarrollo de una carrera armamentista y de la búsqueda de la imposición de un poder imperialista. Sus intereses han logrado poner a un lado las urgencias sociales y los derechos humanos que constituye hoy una amenaza ya no para la paz mundial sino para sobrevivencia de amplios grupos sociales.

Propuestas de políticas políticas

• Se sugiere desarrollar políticas modernas, especificando el objetivo, metas, grupos, estrategias, marco legal y político, instituciones responsables, tipos de apoyos, niveles de presupuestos y procedimientos de evaluación. • Es altamente recomendable abrir la participación de múltiples grupos de la sociedad, ONG, académicos, representantes de los grupos objetivo, además del sector público, en la formulación de políticas públicas sobre el tema. Específicamente conviene apoyarse en los datos y la experiencia de múltiples sectores, en particular de las mujeres mismas, en la formulación de estas políticas. • Es de gran utilidad tratar de divulgar, previamente a su ejecución, los contenidos de las políticas en el seno de foros públicos y ante los grupos interesados, sometiéndose a la revisión y evaluación periódica por parte de los mismos grupos.

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• Asimismo, es recomendable plasmar en documentos las experiencias en el diseño, ejecución y evaluación de los programas dirigidos a mujeres, de modo tal que esa información pueda ser aprovechada en la redefinición de las políticas. • La dispersión de esfuerzos ha sido un factor que ha separado a las mujeres. Es importante que el movimiento de mujeres encuentre ejes aglutinadores, de modo que se convierta en un interlocutor efectivo del Estado. • Las organizaciones de mujeres en el nivel de base no pueden hacerse cargo de todas las propuestas que surgen. Definidas estas condiciones, es indispensable contar con grupos intermedios y la intervención de funcionarios conscientes de los problemas, para arribar así al diseño de políticas públicas adecuadas a las necesidades. • De acuerdo con la naturaleza multisectorial de las políticas sobre la mujer, se recomienda definir una política global para cada sector, asegurando los recursos correspondientes y los mecanismos de evaluación y seguimiento a las acciones sectoriales concretas. • Las ONG podrían encargarse de detectar y documentar las necesidades cambiantes de las mujeres en la comunidad. Asimismo, deberán definir con base en sus redes de información, la necesidad y el alcance de las políticas públicas, para apoyar sus actividades en la comunidad. • Es conveniente, además, buscar la colaboración de otras ONG e investigadores para articular sus posiciones ante el sector público. Interesa, en la medida de lo posible, ampliar el espectro de quienes participan en la formulación de políticas específicas en cada una de las etapas. • Según la disponibilidad de recursos, las ONG podrían evaluar, en escala menor, las intervenciones propuestas en las políticas y analizar el grado de su eficiencia, así como su potencial, cobertura y factibilidad en su proceso de ejecución. Todo lo anterior permitirá retroalimentar al sector público. • Es necesario reconocer la utilidad de la vinculación entre la

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investigación y la formulación de políticas. En este sentido, es recomendable estimular en los centros académicos especializados, la revisión en forma periódica y propositiva no sólo de las políticas específicas vigentes sobre la mujer, sino también de las múltiples políticas que no siendo directas, inciden igualmente en la vida de las mujeres y sus actividades. En consecuencia, hay que enfatizar la relevancia de las investigaciones de apoyo a las políticas y ofrecer recomendaciones específicas y concretas. • Asimismo, es necesario divulgar en formatos accesibles al público y a los políticos responsables de las actividades sectoriales, los resultados de las investigaciones y sus implicaciones para el diseño de las políticas actuales y futuras. • Es muy importante incorporar en el proceso de formulación de las políticas a las ONG y al sector público, así como también al medio académico.

Mujeres y educación superior en México: una mirada Debe haber otro modo… Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Fragmento de Meditación en el umbral de Rosario Castellanos

Carolina Grajales Valdespino1

Introducción Este texto tiene el propósito de reflexionar en torno a las mujeres y las instituciones de educación superior en México, específicamente sobre la concepción de las políticas públicas en materia educativa desde la visión del desarrollo social y la equidad de género. Indudablemente enunciar políticas con enfoque de género ha venido a complicar su ya de por sí complejo diseño e implementa-

Docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomada en Políticas públicas con perspectiva de género. Su experiencia se diversifica en la impartición de cursos de capacitación en perspectiva de género, la coordinación de asociaciones civiles, y la realización de consultorías sobre evaluación de proyectos sociales y de comunicación desde el enfoque de género. Sus temas de especialidad son mujeres en reclusión, derechos humanos y construcción de ciudadanía. Actualmente es candidata a doctora en Economía por la UNAM.

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ción entre quienes las elaboran como entre las y los actores sociales involucrados. Para analizar cualquier tema social resulta indispensable hacerlo desde la perspectiva de género, mirada desde la cual el mundo no es homogéneo ni se compone de seres humanos idénticos. Se trata de “una visión científica sobre la sociedad, a partir de la cual es posible observar las diferencias y las semejanzas entre mujeres y hombres, así como la desigualdad prevaleciente entre ambos. […] Esta visión evidencia que, además de necesidades universales, hay un conjunto de necesidades específicas de las mujeres, distintas de las de los hombres”.2 Por ello, la perspectiva de género constituye una herramienta que permite comprender la interacción social entre mujeres y hombres, ahí donde se juega la lógica patriarcal que históricamente le ha negado capacidad de poder a las mujeres. El estudio de las políticas educativas desde la perspectiva de género permite dar cuenta de los roles que socialmente se asignan a las mujeres y a los hombres, y cómo éstos condicionan su participación en el mercado de trabajo. De ahí que la incorporación del potencial creativo de las mujeres en la vida económica, en condiciones de igualdad social con los varones, es un acto de justicia social y una de las bases fundamentales para impulsar el desarrollo y la democracia en nuestro país. Ello si bien constituye una utopía en la que habrá que involucrar a todos los sectores de la sociedad, “el Estado por sí mismo es un actor incapaz de garantizar las condiciones de equidad en la sociedad y, por tanto, la participación de diferentes actores en su resolución resulta primordial”.3 Una concepción que pretenda diseñar e implementar políticas públicas para el presente siglo, forzosamente debe tomar en cuenta la dimensión del género. Marcela Lagarde, Política y género, p. 9.

Santamaría, B., La perspectiva de género. Un desafío en el diseño de programas y proyectos de política social, p. 28.

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Una mirada a la inserción de las mujeres en la educación superior en México Entre los acontecimientos más relevantes que transformaron la vida de las mujeres durante el siglo XX en todo el mundo fue su ingreso masivo a la educación y el mercado laboral remunerado. Su derecho a la educación fue un proceso difícil y en las primeras décadas del siglo pasado se consideraba “natural” que las mujeres se dedicaran por entero al “hogar”, además de que había una resistencia social a cambiar esta situación. Es justamente en los anuarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde se encuentran los registros de las primeras estudiantes de educación superior. En su Anuario Estadístico de 1959 con información que abarca de 1924 a 1958 se halló que en 1924 la población total de la UNAM era de 9 622 estudiantes, para 1955 de 37 759 y para 1998 de 271 524.4 La composición por sexo era de 17% mujeres y 83% hombres, porcentajes similares pueden observarse en 1969. En 1967 en la Vocacional número 2 del Instituto Politécnico Nacional sólo había dos mujeres en toda la escuela. La carrera de Enfermería y Obstetricia, fundada en la UNAM en 1929, se consideraba típicamente femenina, porque sus funciones constituyen una prolongación de los roles del ama de casa y que por tradición han sido asignados a las mujeres. Su matrícula se conformó exclusivamente por mujeres hasta 1957 cuando ingresaron cinco varones que representaron 1.5% del total de la matrícula de 319 personas. Lo contrario sucedió en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuyo inicio se dio en 1925, donde únicamente se inscribieron hombres; fue hasta 1939 que una

Agenda Estadística UNAM, 1998, apud Olga Bustos, O., Mujeres y educación superior en México. Recomposición de la matrícula universitaria a favor de las mujeres. Repercusiones educativas, económicas y sociales. 63

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mujer ingresó a esa carrera, que representó 2% de un total de 42 hombres. Situaciones semejantes se presentaron en la carrera de Ingeniería, cuando en 1925 se inscribió una mujer de un total de 188 hombres inscritos y, en 1939, 25 mujeres de un total de 679. Cabría investigar qué las impulsó a incursionar en estas profesiones consideradas masculinas. Según el Anuario Estadístico de 1940-1958 en 1940 las mujeres estudiantes representaban 20.73%; en 1950 18.26% y en 1960 17.62%. En 1940 México tenía 19 653 722 habitantes5 y la UNAM 13 547 estudiantes inscritos, es decir, 0.06% del total de la población. De este porcentaje, la quinta parte eran mujeres, es decir, 0.012%, de lo cual se deduce que por cada 2 358 habitantes había una mujer que estudiaba en la UNAM.

La educación superior y las mujeres en el siglo XXI Tales cifras confirman las dificultades de las mujeres para acceder a la educación superior. No obstante que datos actuales señalan que esta situación ha ido cambiando paulatinamente, existen situaciones que aún frenan el ingreso de las mujeres a la educación superior, la conclusión de sus estudios, su titulación y ocupación en cargos directivos. Entre otros factores, influyen las actitudes de la sociedad hacia las mujeres, que desalientan su participación en la toma de decisiones, así como la ausencia de equidad entre los sexos. Este último es lo que se conoce como “techo de cristal”, barreras no visibles difíciles de romper y que frenan el ascenso en su carrera laboral, que muchas veces se convierte en una verdadera “jaula de hierro”. En pleno siglo XXI la educación superior es todavía un privilegio de un grupo muy reducido, la proporción es muy baja entre quienes

Sexto Censo de Población de 1940 de la Dirección General de Estadística.

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aspiran y quienes logran acceder a un lugar. Por ejemplo, en la UNAM en 2012, una o uno de cada 10 aspirantes logró ingresar a las carreras de las escuelas y facultades de esta institución, lo que no sólo depende de haber o no aprobado el examen requerido, sino también de contar con las condiciones necesarias para emprender dicho proyecto de vida. A esta dificultad se añade la tendencia creciente de los embarazos adolescentes, que no se incluye en el análisis, pero que constituye un obstáculo para el ingreso de las mujeres a las instituciones de educación superior. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en los últimos 15 años la presencia femenina ha ganado terreno en el acceso a la educación superior. Entre 1995 y 2009 la proporción de las estudiantes aumentó de 48.9% a 50.2%, sin embargo, no se puede hablar de un cambio significativo o de una feminización de la matrícula. Para la ANUIES, la educación superior en nuestro país está en un momento coyuntural inédito, caracterizado por “la incorporación de México a los mercados mundiales, la concentración de la población en centros urbanos, casi una tercera parte de la población de mexicanos entre 20-24 años, los mayores niveles de escolaridad, la necesidad de incrementar la competitividad, la contracción del empleo en el sector público, la demanda de conocimiento de informática y tecnologías de la información”, destacándose como debilidad fundamental la desigualdad que se refleja también en la educación superior donde “menos de 18% de los hijos de obreros y campesinos llegan a las instituciones de educación superior, de esta cifra sólo 5% son mujeres”.6 Si bien es una gran noticia que la población universitaria ha aumentado –para 2003 de un total de 1 865 475 estudiantes, 51.3%

INEGI, marzo 29, 2011. 65

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eran hombres y 48.7%, mujeres–, no se ha logrado revertir la tendencia asimétrica entre mujeres y hombres, aun con los esfuerzos nacionales e internacionales. Por el contrario, predomina la estructura patriarcal que separa las carreras por razones de género, dándose el fenómeno de campos de estudios masculinizados y femeninos. Un estudio de 2011 señala que en la UNAM, “sólo 2% de la población en ciencias exactas está conformada por mujeres y 8% en las carreras de ingeniería”.7 El extremo contrario se observa en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM que en 2012 tenía un total de población estudiantil de 2 396, de los cuales 1 866 eran mujeres y 530 varones, 77.88% y 22.12%, respectivamente, que evidencia esta carrera como predominantemente femenina. Con ello se corrobora el predominio de las mujeres en las ciencias sociales y administrativas no así en las ciencias exactas y en las ingenierías. Uno de los pendientes del Estado mexicano es implementar políticas educativas que fomenten y creen más infraestructura para impulsar la universidad pública, que en la práctica ha seguido una tendencia contraria y de abandono, cediendo espacios a las universidades privadas que no siempre están disponibles para toda la población, ya sea por sus costos o porque no todas poseen la calidad y excelencia, pues la educación se considera más como mercancía que como derecho humano y bien de carácter público. Esta situación genera otro riesgo real, la plantilla de académicos conformada por la docencia y personal de investigación en las instituciones de educación superior en México no se ha renovado. Como los presupuestos asignados a las universidades públicas son escasos, no se cuenta con reservas de estudiantes y personal dedicado a la investigación, ni tampoco se crean nuevos puestos o plazas para las y los egresados

De Garay, Adrián y Gabriela del Valle-Díaz-Muñoz.

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que pudieran ir formándose en la investigación y la academia. Pese a ciertos esfuerzos como el proyecto “Jóvenes hacia la investigación”, los presupuestos dedicados a la educación son muy escasos.

Ausencia de la transversalidad de género en las instituciones de educación superior La política nacional de igualdad se propone lograr la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres; el respeto pleno a los derechos de las mujeres y propiciar su desarrollo integral en todos los ámbitos. El Instituto Nacional de las Mujeres ha impulsado en la administración pública la instrumentación de programas específicos de formación en perspectiva de género, para incorporarla transversalmente en todas las entidades y dependencias del gobierno federal. Se ha logrado identificar que para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y construir una cultura institucional, se requiere cuando menos cumplir con tres criterios: a) Visibilizar a las mujeres b) Estrechar la brecha de la desigualdad de género c) Construir la ciudadanía plena de las mujeres Sin embargo, en muchas instituciones de educación superior esta visión sigue ausente, incluso hay facultades donde los títulos profesionales se formulan en masculino. Puede afirmarse que en las universidades prevalecen organizaciones patriarcales, donde los puestos de decisión están ocupados en forma predominante por varones y su tendencia dominante en el pensar y accionar se encuadra en esquemas de pensamiento tradicional masculino.

También se han de reconocer los esfuerzos por romper estos esquemas. Un ejemplo es la Facultad de Derecho que luego de más

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de 400 años de vida académica, en 2012 es dirigido por una mujer, dato que revela la importancia de implementar la transversalidad de género en las instituciones de educación superior.

Conclusiones El Estado mexicano tiene como tarea pendiente la puesta en marcha de una política educativa que tenga como eje transversal la perspectiva de género y promueva e impulse la educación superior como un bien social e indispensable para la juventud y en particular para las mujeres. Observamos que todavía hay carreras predominantemente femeninas o masculinas, y que pese al crecimiento de la matrícula universitaria, las mujeres todavía ganamos menos que los varones por el mismo trabajo y ocupamos espacios de poder marginales. En estos últimos años hemos presenciado algunos avances al respecto, sin embargo, hay roles tradicionales que aún se mantienen y no precisamente porque “así les guste a las mujeres”, sino por la forma como la sociedad nos enseña a ser mujeres y a ser hombres. Aun cuando se han dado ciertas transformaciones, la resistencia al cambio se hace presente. No olvidemos que las y los estudiantes provienen de hogares donde predominan las relaciones patriarcales tradicionales de subordinación femenina, hecho que supone el enorme reto de abordar el problema de forma conjunta casaescuela.

La consideración del patriarcado como un sistema político hizo posible distinguir hasta dónde se extendía el control y dominio sobre las mujeres, y que su existencia no significa que éstas carezcan absolutamente de derechos o de poder, sino que como sistema que es, tiene la capacidad de adaptarse en el tiempo. Así, las mujeres han logrado el derecho de acceder a la educación y al trabajo

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remunerado, sin embargo, esto no las excluye de continuar encargándose del trabajo doméstico y del cuidado de la familia, tareas que en no pocas ocasiones, les lleva a postergar o abandonar su formación académica. La inclusión de la transversalidad de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior resulta inaplazable. Hemos de educar a las mujeres como personas autónomas y con la capacidad de decidir e incidir en el ejercicio de sus derechos y por tanto en la construcción de su ciudadanía, pues una democracia sin mujeres ciudadanas no es democracia.

Bibliografía Bustos, Olga, Mujeres y educación superior en México. Recomposición de la matrícula universitaria a favor de las mujeres. Repercusiones educativas, económicas y sociales, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, México, 2003 [en línea]. Consultado el 25 de junio de 2012 en: http://www.anuies.mx/e_proyectos/pdf/generos_educ.pdf Calviño, M. y Yenny Aguilera, “La mujer mexicana como estudiante de la educación superior”, en Psicología para América Latina. Revista electrónica de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, núm. 20, agosto de 2010 [en línea]. Consultado el 20 de junio de 2012: www.psicolatina.org/revista/article.php Castellanos, Rosario, Poesía no eres tú, Fondo de Cultura Económica, Colección Letras Mexicanas, México, 2011.

De Garay, Adrián y Gabriela del Valle-Díaz-Muñoz, “Una mirada a la presencia de las mujeres en la educación superior en México”, en Revista iberoamericana de educación superior, UNAMIISUE/Universia, vol. III, núm. 6, México, 2011.

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Lagarde y de los Ríos, Marcela (coord.), Política y género, Grupo Parlamentario del PRD en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, México, 2003 [en línea]. Consultado el 20 de junio de 2012 en http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/5_participacion_politica/19.pdf INEGI, México es un país de jóvenes, marzo 29 de 2011. www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/.../mexico-jovenes. pdf Consultado el 4 abril de 2012. Instituto Nacional de las Mujeres, Programa de Cultura Institucional, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2009. Santamaría M., Beatriz, La perspectiva de género. Un desafío en el diseño de programas y proyectos de política social, Centro Antonio de Montesinos, Cuadernos de Política Social, México, 2010.

Silva Espinosa, María del Carmen y Jesús Rodríguez Santillán (coords.), La educación superior en el siglo XXI: líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, México, 2000.

La economía feminista como un derecho María Columba Quintero Martínez1

Introducción En este artículo trataré el tema de la economía como un derecho de las mujeres, como un punto de discusión frente al actual modelo neoliberal y globalizador que el gobierno de nuestro país ha apuntalado como motor de desarrollo y crecimiento económico, pero que ha generado profundas desigualdades sociales, de clase y de género, además de aumento de pobreza, desempleo y falta de oportunidades, y que ha impedido que sectores amplios de la población puedan subsistir. La economía feminista se define y sustenta a través de las relaciones de género que se establecen en el sistema económico patriarcal, como lo explica la doctora Orozco: “La economía feminista sostiene que la economía construida por el sistema capitalista es más que dinero y trabajo, es mucho más que empleos, [que] confronta así la ciencia económica desde la vida al analizar las inequidades y aportar a la redefinición tanto de la perspectiva como de los conceptos de la presente estructura económica”.

Feminista y ex Secretaria de Acción para la Mujer del STUNAM. Fue diputada suplente de la LX Legislatura e integrante del grupo de trabajo de mujeres de la Unión Nacional de Trabajadores y de la Red Nacional Género y Economía. Actualmente es integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres.

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Por tanto, el trabajo “pagado” hay que reconceptualizarlo como tarea humana, desde un imperativo ético, que incluya los objetivos del trabajo de reproducción social no remunerado, y reconozca su aporte económico, calidad, dimensión, y su significado y trascendencia para las relaciones sociales y familiares. El trabajo no pagado alude también a las tareas domésticas, al cuidado de los bienes familiares y de las personas, que se encuentran vinculadas con los procesos de producción, distribución e intercambio de la riqueza económica nacional e internacional.

El sistema capitalista El motor del capitalismo patriarcal es el mercado. Una de sus características es la flexibilidad laboral que considera a mujeres y hombres como iguales, lo cual sabemos no es así. Existe una falta de distinción por sexo que no toma en cuenta la reproducción de la vida, el trabajo doméstico y de cuidado, que son realizados principalmente por las mujeres. Para el mercado laboral pareciera que los seres humanos somos indistintos porque el trabajo está concebido para los hombres en el ámbito público, reconocidos como los proveedores del hogar en nuestra cultura. En décadas pasadas, la mayoría de las mujeres se dedicaban al trabajo de su casa, es decir, en el ámbito privado; en la actualidad este esquema ya no funciona porque las mujeres nos hemos incorporado al mundo del trabajo, con las mismas responsabilidades familiares, que ha originado que tengamos dobles o triples jornadas.

En los últimos años, mujeres y hombres hemos sido testigos de la aplicación de férreas políticas de ajuste neoliberal. La globalización del mercado, la desregulación desmedida de las normas laborales, la desprotección social, los recortes a los presupuestos de gastos sociales y las crisis económicas internacionales ha pro-

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piciado que las mujeres salgan al mercado de trabajo con miras a tener una vida mejor. Sin embargo, por una mala distribución de la riqueza se concentra cada vez más en pocas personas, es decir los ricos son cada vez más ricos, la clase media ha disminuido su poder adquisitivo y los pobres tienen menos posibilidades de alcanzar un nivel digno de vida y de adquirir una canasta básica, por la carestía de productos, servicios y principalmente por los topes salariales impuestos por el gobierno conforme a la inflación. En México se estima que 2.3 millones de la población económicamente activa está desempleada y subempleada y 13 millones, en su mayoría mujeres, se encuentran en la economía informal.2

Trabajo no remunerado Como el tema económico patriarcal está alejado de la participación de las mujeres en la estructura económica y de su aportación a la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares en México (TNRH), el valor del trabajo reproductivo no remunerado ascendió a 22.6% del Producto Interno Bruto nacional en 2009, proporción que sería mayor si se contabilizara el conjunto del trabajo no remunerado y del cuidado. Los datos que arroja la Cuenta Satélite del TNRH del año 2010 así lo corroboran: las mujeres aportan 76.6% frente a 23.4% de los hombres. Los cuidados son demandados no solamente por las y los niños o personas adultas mayores, sino por los hombres adultos que utilizan el trabajo doméstico tanto para el mantenimiento de la fuerza laboral como para la sostenibilidad de la vida, que suponen el acceso a salarios y recursos.

INEGI, 2011.

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Por todo esto las feministas, el movimiento amplio de mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y organismos internacionales han visibilizado el menor acceso de las mujeres a trabajos formales y a la capacitación, al manejo de nuevas tecnologías y al desarrollo profesional, por falta de políticas públicas que permitan conciliar las responsabilidades familiares y del cuidado con el trabajo. En el trabajo no remunerado no obstante se ha avanzado en diversos acuerdos internacionales –como los del siguiente listado–, que sin embargo aún no se han ratificado por el gobierno de México, lo que conlleva un retraso en las políticas públicas que posibiliten la conciliación de la vida familiar y laboral. • Convenio 156 y la Recomendación 165 de la OIT (responsabilidades familiares) • Consenso de Quito, Ecuador 2007 (trabajo no remunerado) • Acuerdo de Brasilia 2010 • Convenio 189 del la OIT, 2011 (trabajo doméstico)

Trabajo remunerado

La globalización, el neoliberalismo y los tratados de libre comercio sólo han beneficiado a los grandes capitales, a las trasnacionales y los monopolios empresariales, mediante la oferta de mano de obra barata y contratos de protección unilaterales, es decir, sin la aprobación y conocimiento de las y los trabajadores. Pero lo que sí hemos visto es que dichos contratos han servido para imponer procesos de reestructuración productiva pronunciadamente autoritarios y agresivos, que aseguran mayores márgenes de ganancia para las empresas a costa de la precarización de las condiciones laborales y de la vida de los y las trabajadoras. Aunado a ello, el gobierno ha permitido la desregulación de la Ley Federal del Trabajo, y omitido la supervisión e inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

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Se ha producido un fenómeno de precarización del trabajo caracterizado por el aumento de empleos de baja productividad en condiciones inadecuadas, bajos salarios, en los que además las mujeres ganan menos que los hombres. En México, según cifras del INEGI de 2010, 78% de las mujeres y 67% de hombres ganaban entre cero y tres salarios mínimos.3 A este bajo poder adquisitivo, hay que añadir lo que vivimos en la actualidad, una época de inestabilidad laboral, con contratos de tres meses y horarios y días de descanso movibles, por el mismo salario, y sin que el trabajador o trabajadora conozca sus funciones, porque casi nunca se les da copia de su contrato. De esta forma en México se ha impuesto un modelo de país maquilador, donde las mujeres han sido las candidatas ideales en la medida en que sus menores grados de escolaridad posibilitaron exiguas remuneraciones y prestaciones sociales con frecuencia precarias, sin perspectivas laborales seguras que les permita crecimiento y desarrollo laboral. Esta tendencia ha beneficiado la incorporación laboral de las mujeres en condiciones desventajosas, desde el punto de vista cuantitativo, y reforzó las características inequitativas de la división sexual universal del trabajo de mujeres y hombres.4 Tal permisividad se ampara en la argumentación de los derechos de las empresas y por la creación y subsistencia de las fuentes de trabajo. Las contrataciones son individuales para que las y los trabajadores no puedan organizarse ni conformar sindicatos que defiendan sus derechos, establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Los sindicatos que tienen contratos colectivos de trabajo conservan prestaciones de ley, pero ha disminuido el poder adquisitivo de los y las trabajadoras por los topes salariales impuestos por el Tercer trimestre de 2010, ENOE-INEGI.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Instituto Nacional de las Mujeres, México y las sociedades del conocimiento. Competitividad con igualdad de género (en prensa), p. 46.

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gobierno. Para resarcir este efecto, ahora existe una nueva modalidad: el salario se complementar a través de incentivos de productividad o de competitividad, o ambos, donde las mujeres además tienen más desventajas por la falta de capacitación tecnológica y formación profesional. Inclusive muchas de ellas han dejado de prepararse por las responsabilidades familiares y del cuidado que tienen, a diferencia de los hombres que disponen de tiempo para la capacitación y con ello a la oportunidad de acceder a puestos jerárquicos más elevados. Es así como la persistencia de los roles de género ocasionan desigualdad y crean una enorme tensión en la vida cotidiana de las mujeres, que viven con estrés por la situación económica, el trabajo, las responsabilidades familiares, lo que les produce también problemas de salud.

Conclusiones En México, como en el resto de los países de América Latina, predomina la idea de que la conciliación familiar es un asunto de las mujeres, especialmente por las tareas de cuidado de otros integrantes de la familia y que continúa siendo asimétrica y perjudicial para las mujeres. Desde la perspectiva feminista, la solución se encuentra en un reordenamiento económico, pues diversos estudios han comprobado que las brechas de género crean distorsiones en la economía. Como afirma Colinas: “La discriminación laboral entre hombres y mujeres genera importantes costos económicos, de la misma manera que la segregación laboral produce ineficiencia y rigidez en los mercados”.

Se deben generar leyes, incentivos y estímulos para que hombres y mujeres compartan las responsabilidades familiares y las del cuidado, así como medidas que permitan las licencias parentales y licen-

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cias temporales, buscar la manera de adecuar los horarios laborales, sin que ello repercuta en sus prestaciones sociales y en su desarrollo profesional, lo que garantizaría las condiciones para un mercado laboral más productivo, competitivo, mixto y con equidad. Porque “los procesos y las políticas económicas nunca son neutras ante el género; es decir, siempre tendrán un impacto en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, bien sea forzando la desigualdad, erosionándola o modificando la forma concreta que adopta la desigualdad”. Las políticas suelen ser ciegas al género, afirman dirigirse a seres abstractos, desmarcados del género y por eso no analizan su impacto en las relaciones de género. Éste es el impacto que queremos salga a la luz.5 Pareciera que la contribución económica de los hombres y las mujeres en esta nueva cultura laboral son seres sin tiempo, sin historia y sin circunstancias, sin diferencias genéricas y sin responsabilidades por la reproducción de la vida. El gobierno tiene la obligación de respetar las leyes y los acuerdos internacionales y aplicarlos en el tema del trabajo no remunerado y remunerado. Por una parte, ha de posicionar en la agenda gubernamental las tensiones y dilemas que enfrentan las mujeres, y por otra, transformar la concepción, fundamentación y diseño de políticas públicas que tengan impacto en la vida personal y laboral de las mujeres, que les permita empoderarse económicamente y desarrollarse en el ámbito profesional, como lo establece la Constitución en el primer párrafo del Artículo 123 Apartado A, así como el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo. Para lograrlo, se requiere de un orden jurídico y social democrático que impulse tanto la inversión pública y privada como la distribución del ingreso, y de esta manera aspirar a la paz social.

Amaia Pérez Orozco, Op. cit.

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Bibliografía Pérez Orozco, Amaia, “Elementos definitorios de la economía feminista”, en La economía feminista como un derecho, Red Nacional Género y Economía, México, 2012, pp. 71-114. Carosio, Alba, “Aportes feministas a la comprensión y superación de la crisis”, en La economía feminista como un derecho, Red Nacional Género y Economía, México, 2012, pp. 9-30.

Picchio, Antonella, “Trabajo productivo y trabajo reproductivo”, en La economía feminista como un derecho, Red Nacional Género y Economía, México, 2012, pp. 31-46.

Cohesión social y género Ludivina Lozano Leal1

Introducción La Declaración del Milenio, aprobada en septiembre de 2000 por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, establece objetivos y metas de desarrollo para avanzar en la construcción de un mundo más igualitario. Entre ellos sitúa la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo específico de la agenda global, condición indispensable para el logro de los demás: “debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres”; y compromete a los países a “promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y estimular un desarrollo que sea verdaderamente sostenible”. En la XVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado que se llevó a cabo en Santiago de Chile del 8 al 11 de noviembre de 2007, el resultado final fue la firma de la Declaración de Santiago, donde las y los asistentes se comprometieron a cumplir antes del 2015 las Metas del Milenio.

Luchadora social y presidenta de Viccali, AC., Actualmente es consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, vocal en la Junta de Gobierno y Consejera de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Nuevo León.

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Estas metas se desglosan en ocho objetivos que suman 18 metas, fijadas por la ONU desde el año 2000: erradicación de la pobreza, educación primaria universal, igualdad entre los géneros, control de la mortalidad infantil, evitar la mortalidad materna, regular el avance del VIH/sida y asegurar el sustento del medio ambiente. La octava meta es fomentar una asociación mundial para el desarrollo, que incluye la cohesión social y el rechazo a cualquier forma de discriminación. El tema de la cohesión social ha estado presente en todas las agendas de los jefes de Estado de América y Europa y en todas las organizaciones mundiales. Los debates que se presentaron sobre este tema en la citada Cumbre Iberoamericana han dado origen a múltiples documentos. Inclusive la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ha publicado un documento que recoge datos y tendencias, y presenta propuestas sobre los diversos aspectos que conforman la cohesión social. La cohesión, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa “cualidad o propiedad de las cosas, cuyas partes están fuertemente unidas física o espiritualmente”. La CEPAL la define como la relación entre los mecanismos de inclusión/exclusión y las percepciones y reacciones sobre la operación de esos mecanismos. Recientemente se replanteó este concepto en función de su uso en las políticas públicas, por lo que hoy día se entiende como la capacidad para reducir las brechas sociales de manera sustentable y con apoyo ciudadano (sentido de pertenencia).

El concepto filosófico de cohesión social en América Latina difiere del europeo, en la primera, el objetivo de alcanzar la cohesión social está directamente relacionado con las posibilidades de superar la desigualdad social. En cambio, en la visión europea, la cohesión social se relaciona directamente con el sentido de pertenencia, con la participación política, con la integración social y con un desarrollo que remueve las barreras que impiden la libertad. Se

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trata, por decirlo de alguna manera, de una visión multidimensional pero coincidente de la pobreza, en donde encontramos que el término “exclusión” se refiere a los no beneficiarios del sistema de seguridad, porque la inclusión deberá garantizar el acceso de los sectores marginados a los procesos institucionales de atención social y mejora de ingresos. Exclusión quiere decir “reglas diferentes en situaciones comparables”, lo que habla de necesidades, de falta de oportunidades y de capacidades para conseguirlas. La discriminación es una visión selectiva de la exclusión. En los últimos veinte años, la promoción de la cohesión social es prioridad dentro de la utopía de desarrollo sostenible. En los años 70, los científicos se dan cuenta de que muchas de sus acciones producían un gran impacto negativo –no deseado– sobre la naturaleza, algunos de ellos señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales. La cohesión social se definió como la capacidad de una sociedad de absorber los cambios y los conflictos sociales mediante una distribución democrática de sus recursos socioeconómicos (bienestar), sociopolíticos (derechos) y socioculturales (reconocimiento), gracias a la relación mutuamente benéfica entre el Estado, el mercado, la familia y las redes comunitarias y de la sociedad civil, dejando atrás los modelos administrativos que asociaban el ingreso personal como la única vía de desarrollo y la riqueza. En sociología, la cohesión social se relaciona más con las percepciones de pertenencia que con los mecanismos de integración social, con la intensidad de la interacción social dentro de un grupo determinado y con una orientación común respecto del futuro de la sociedad a la que se pertenece.

Entonces, una comunidad socialmente cohesionada es aquella que comparte un sentido de pertenencia y de inclusión cuyos miembros participan activamente en los asuntos públicos, gozan de una equidad relativa en el acceso a los bienes y servicios públi-

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cos y en la distribución del ingreso y la riqueza, con instituciones que generan confianza y legitimidad.

Cohesión social Al momento, las brechas más importantes de la cohesión social son: • • • • • • • • • • • •

Porcentaje de personas en pobreza Ingreso per cápita Tasa de desempleo Baja productividad Diferencia de salarios entre sexos y niveles educativos Empleos previsionales Población con secundaria terminada Matrícula en educación prescolar Tasa de mortalidad infantil Esperanza de vida Población en subnutrición Población con acceso al suministro de agua potable saludable

Las diferentes instituciones e instancias gubernamentales deberán: Incrementar el porcentaje de mujeres en el Parlamento Reducir ostensiblemente el índice de corrupción Incrementar el gasto público social por habitante Disminuir el porcentaje que representa la carga tributaria con respecto al PIB • Incrementar el PIB per cápita • Controlar la tasa de inflación • Disminuir el porcentaje de mujeres de 15 años y más con dedicación exclusiva a las labores del hogar

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Por su parte, la ciudadanía deberá enfocar sus esfuerzos a: • Apoyar la implementación y el valor de la democracia • Generar un ambiente de confianza en las instituciones del Estado y los partidos políticos • Presionar a las instancias económicas a generar en la población una percepción de justicia en la distribución del ingreso • Presionar a las instancias hacendarias a crear una percepción de equidad en la carga tributaria • Generar confianza en la calidad y sensibilidad del gasto público • Inducir a un porcentaje mayor de la población a creer que sus hijas e hijos vivirán mejor Instalar el tema de la cohesión social en las agendas públicas de cada uno de los Estados de la región, y asegurar que las instituciones fomenten la inclusión con pertenencia y el respeto por la diversidad, es el propósito central de la CEPAL. La cohesión social está encaminada a:

a) La igualdad de oportunidades para mujeres y hombres de un territorio, el compromiso con la justicia distributiva y la equidad, que incorpore el género y otros tipos de discriminación en el crecimiento económico armónico de un país. b) La legitimidad y participación que complementan la esfera política, relacionadas con la creación de conexiones entre individuos, de incentivos para la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre cuestiones públicas y a incrementar los mecanismos que permiten la pertinencia, la transparencia y la eficiencia de las políticas públicas, que aproximen los gobiernos a la ciudadanía. c) Prevención de los conflictos basados en diferencias culturales, políticas, religiosas o étnicas a través de mecanismos para el reconocimiento de las diferencias y de mediación positiva que propicien la convivencia ciudadana en la diversidad grupal. La cultura como “patrimonio social” saldará la identidad.

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Los componentes de la cohesión social que ayudan también a la comprensión del concepto y posibilitan la evaluación de las políticas públicas que abonan a su construcción y fortalecimiento son: productivo-ocupacional, social, territorial, cívico e institucional. Productivo-ocupacional se refiere al acceso universal al empleo y a los beneficios del crecimiento económico. Su objetivo es dinamizar la economía local mediante el fomento a la formación profesional de los habitantes de un país y a generar programas que permitan ampliar el acceso a un trabajo digno. El componente social está relacionado con el acceso universal a los servicios sociales básicos (educación, salud y seguridad ciudadana). Incluye también las políticas públicas que contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de esos servicios sociales básicos, y por tanto, implican la colaboración público-privada. El componente territorial se refiere a la reducción de los desequilibrios territoriales, de modo que se genere una planificación urbana y una gestión territorial con miras a la integración urbana, la eliminación de factores discriminatorios sociales ligados al lugar de residencia, mejora de la calidad de vida en los barrios y regiones vulnerables, el aprovechamiento de las sinergias y la integración de las regiones transfronterizas, que contribuya a la cohesión territorial comunitaria. El componente cívico destaca la relevancia de construir una identidad sociocultural y de promover una ciudadanía activa, mediante el fomento de la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

El componente institucional vincula la planificación estratégica e intersectorial del Estado con el incremento de la cohesión social. Se fortalece a través de la capacitación de las instituciones locales y el fomento de la colaboración público-privada en la gestión gubernamental local.

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El componente de inclusión social se sitúa en las “reglas iguales para situaciones comparables”; se refiere al vínculo necesario entre la esfera económica y la esfera social. Además de los programas y políticas de inclusión para grupos específicos excluidos, este componente se relaciona con el fomento del empleo y del desarrollo económico local. La promoción inteligente de la cohesión social es el espacio privilegiado para fortalecer las políticas públicas, y encontrar soluciones adecuadas para enfrentar los problemas estructurales, como los altos índices de pobreza, la extrema desigualdad, las diversas formas de discriminación y exclusión social, así como soluciones apropiadas a las esferas productivas, las estructuras sociales y en las relaciones de las familias y de género. Entendemos que una comunidad con un alto grado de cohesión social cuenta con los elementos necesarios para su crecimiento, aumenta su capacidad de resistencia para la “crisis” y mejora su gobernabilidad democrática.

Género y cohesión social Con base en las brechas identificadas en la cohesión social, los imperativos institucionales y la vinculación comunitaria señalados por la CEPAL, resulta indispensable vincular la temática de género con la de cohesión social, por lo que en mayo y junio del mismo 2007 se organizó el seminario “Género y cohesión social” en Barcelona, España, donde se generaron nuevos e inteligentes conceptos, que además de dar más luz en el tema, permite tener objetivos bien definidos a corto, mediano y largo plazos.

La división sexual del trabajo es el concepto utilizado para dar cuenta de la existencia de una peculiaridad social: en todas las sociedades hombres y mujeres realizan funciones diferentes. Cada so-

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ciedad decide qué actividades son de competencia de los varones y consideradas masculinas y cuáles corresponden a las mujeres, es decir, femeninas. Los seres humanos son socializados para que aprendan a desempeñar estas tareas y para que acepten este orden social como “normal”. Existen normas que describen los comportamientos aceptables para unas y otros y mecanismos de sanción y control, para impedir que se produzcan desviaciones en las conductas individuales. Esta división de roles cambia a lo largo del tiempo y coexiste con actividades consideradas neutras o que pertenecen a ambos sexos. Esta organización es independiente del sexo biológico, aunque en muchos casos ha sido la biología el elemento utilizado como legitimador de su existencia, convirtiéndose, entonces, no sólo en un hecho material, sino en una ideología. Las diferencias biológicas se transforman en la base que justifica la división sexual del trabajo y el sistema de género. El género no se asigna sólo a las personas sino a las actividades mismas, así que cada sociedad suele distinguir entre los roles femeninos y los roles masculinos. Así existen ámbitos predominantemente masculinos como femeninos. Las sociedades humanas han creado instituciones y mecanismos que forman el sistema social de género cuya base es la familia. Es decir, lo que sucede allí se proyecta en otros ámbitos de la vida social, como la economía y la política.

La división sexual del trabajo y su expresión en el sistema de género no implica que las diferencias en los roles se conviertan en desigualdad entre ambos. Pero en la vida real, el sistema no se ha caracterizado por su igualdad. La situación social de las mujeres es de desigualdad respecto a los varones, lo que también se presenta entre los roles y en los ámbitos donde las personas desempeñan sus roles. Se trata de un modelo de desigualdad individual y estructural donde la desigualdad de género coexiste con otras formas de desigualdad, y genera clases sociales. También se produce desigualdad entre las mujeres, pero por otras dimensiones. La familia se convirtió en el espacio social en el que se reproduce

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a los seres humanos y se les prepara cotidianamente para las tareas públicas. Eso significa que la participación social de la mujer se ha restringido al ámbito del hogar, el trabajo doméstico, y su rol de esposa y madre se convirtió en su principal fuente de identidad. La cohesión social está vinculada con diversas dimensiones, que sustentan el sentido de pertenencia y moldean las percepciones y conductas de los individuos frente a una comunidad en particular. No es lo mismo la existencia de desigualdades que garantizan unos niveles mínimos de bienestar de una población a las diferencias extremas, abismales, donde una parte de la población no tiene ni para la supervivencia. Lo que es más violento aún cuando dicha sociedad ha consensado que la igualdad es un valor, que la inclusión de sus miembros es indispensable y que se debe garantizar el bienestar mínimo de la población y limitar las desigualdades. Es esta coincidencia valorativa lo que hace posible impulsar medidas redistributivas políticas, económicas y sociales, aceptadas por todos los sectores sociales. Esto permite también determinar cuáles son las instituciones responsables de conseguir el bienestar de la población y limitar las desigualdades. En Europa, después de las dos guerras del siglo pasado, se decidió que fuera el Estado el responsable del bienestar y de las políticas fiscales que permitan la redistribución de la riqueza. Esta fue la base de la cohesión social en Europa y que marca sus políticas entre las regiones de la Unión Europea. La división social del trabajo, que produce una marcada división sexual del trabajo, es el origen de las desigualdades de género. El análisis de la Unión Europea ha sido el ámbito social por donde han discurrido las propuestas de la cohesión social. De allí surgieron los análisis sobre las desigualdades de clase, los procesos económicos y el surgimiento de las políticas sociales y el estado de bienestar.

En paralelo a estas reflexiones ha discurrido el análisis sobre las desigualdades de género, incorporado al quehacer intelectual des-

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de el movimiento feminista. Desde allí se insistió en señalar que la vida social tiene una tercera institución, la familia, que es donde se producen los bienes y servicios de cuidado. La cohesión social la han hecho las mujeres desde la familia. Es indispensable hablar de las mujeres que han demostrado cuánto se ha beneficiado la sociedad del aporte del cuidado femenino, y que ha posibilitado la cohesión social. Sin embargo, esa contibución ha sido socialmente invisibilizada por la jerarquía y la desigualdad estructural entre los ámbitos público y privado. Por tanto, ahora deberemos hacer responsables de esta actividad igualitaria al Estado. La desigualdad no existe en abstracto, surge de una definición sobre ser desigual en comparación con alguien. La desigualdad de género implica comparar al grupo privilegiado –los hombres–, con el desigual –las mujeres–. ¿En qué términos? En este caso, de las actividades del ámbito público, lo que introdujo un sistema de presencias y ausencias de los dos sexos: presencia masculina y ausencia femenina en el ámbito público y a la inversa en el privado. Las mujeres están ausentes de las actividades del ámbito público, que es donde se distribuyen los recursos materiales, simbólicos y de poder que la sociedad tiene. La ausencia de los hombres del ámbito privado no genera problemas de desigualdad porque no tiene valor: es el lugar de quienes «no trabajan» ni producen recursos materiales ni tiene prestigio social. Eliminar la desigualdad significa corregir la ausencia de las mujeres. A partir de esta definición se han impulsado políticas públicas para la igualdad entre los sexos y se han movilizado gran cantidad de organizaciones de mujeres, que han conseguido importantes cambios en la organización de género de la sociedad moderna.

En la actualidad, las mujeres están presentes en ciertos ámbitos –en el ámbito privado con todas las actividades– y en otros están ausentes –en el ámbito público donde se ha producido una in-

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corporación parcial, una presencia condicionada y una ausencia relativa–. Las mujeres participan en el trabajo asalariado, en las actividades políticas, en los puestos de responsabilidad política, en las actividades culturales y en las sociales, especialmente las mujeres más jóvenes. Pero esa presencia en el mundo público no está libre de la dimensión de género que se expresa en dos rasgos: en primer lugar, esto supone una doble presencia –en el ámbito privado y en el público–. En segundo lugar, la presencia en el ámbito público aún no se produce en plena igualdad, por lo que podemos describirla como una presencia condicionada. A ello cabría agregar también que pueden existir grandes diferencias entre las mujeres en cuanto a clase social, raza u otras características. Respecto a los hombres se puede decir que tienen una presencia total en el ámbito público y están ausentes del ámbito privado, con excepción de algunos grupos y sin destinarle más que un porcentaje pequeño de tiempo. La igualdad entre mujeres y hombres se ha planteado como un tema del ámbito público y, en este sentido, se ha definido y delimitado de la misma forma que el de la cohesión social. La dificultad más importante para la igualdad de las mujeres en el ámbito público proviene de sus actividades domésticas privadas –la doble jornada–, y que el rol femenino en el ámbito privado es un problema.

En general se acepta que el rol en el ámbito privado contribuye a la desigualdad en el ámbito público. Pero en esta valoración se debe prestar atención a lo que la presencia de las mujeres aporta a la vida social, al mercado y al Estado, es decir, a la cohesión social. Esto ha conducido a que las políticas de conciliación laboral/ familiar sólo contribuyan a que sean las mujeres las que concilien. Por tanto, lo que se requiere teórica y prácticamente es buscar el equilibrio necesario entre la presencia y la ausencia de las mujeres para construir un nuevo tipo de sociedad, que corrija las desigualdades de género y garantice el cuidado de las personas.

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Ha sido necesario darle legitimidad política al discurso de la desigualdad de las mujeres para adoptar medidas que la corrijan, pero el problema es de estructura social. La sociedad no se modifica sólo porque las personas más conscientes «luchen en contra de la desigualdad», hace falta crear consenso social para producir los cambios y para que se reconozca que no puede existir cohesión social en una sociedad, si las actividades de cuidado que más contribuyen a ella generan desigualdades que se consideran «naturales» o son invisibles. Este esfuerzo lo debe hacer la mayoría de los hombres, pero también las propias feministas, que no rebasan el análisis de confrontación, sin plantearse cómo llegar a los consensos. Es importante poner la desigualdad en el centro del discurso feminista pero desde una dinámica de actuación diferente, donde se incluyan las percepciones de ambas partes. De allí que el debate sobre la cohesión social, que permite la existencia de proyectos, incorpore todas las formas de desigualdad –de clase, raciales, etc.– que también dividen a las mujeres. Es decir, debe hacerse un proyecto global, de corrección de todas las desigualdades. Comenzar un análisis sobre cómo desarrollar esta nueva perspectiva de la cohesión social que contemple tanto el ámbito privado como el público del género, triangulando la familia, el Estado y el mercado es la propuesta internacional.

No existen las políticas neutras al género porque todas tienen algún impacto negativo o positivo en cuanto a igualdad de género. Dependiendo si se es hombre o mujer se determinan nuestras oportunidades para acceder y decidir sobre los recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades, esto quiere decir que si los hombres y las mujeres tienen vidas diferentes, las necesidades también lo son. La relación entre cohesión social y género abre una gran cantidad de posibilidades, porque coloca la relación entre los sexos como eje de la cohesión social y sobre todo, la pers-

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pectiva de género debe estar integrada en toda política pública y ser especialmente relevante para las políticas de cohesión social. La cohesión social implica la igualdad de oportunidades, para que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales y asegurar su bienestar, sin discriminación de ningún tipo y atendiendo a la diversidad. El ser hombre o ser mujer tiene diferencias entre los roles y desigualdades de género, y por lo tanto un acceso desigual a los recursos y oportunidades sociales, que inevitablemente se verán afectadas por las políticas públicas y esto es relevante para las políticas de cohesión social. Que una ley sea concebida para todos los individuos no quiere decir que vaya a beneficiar por igual, en este caso el principio de igualdad es en realidad discriminación. Las mujeres son las principales proveedoras de cohesión social en términos de formas de relación y las excluidas de la cohesión social en términos de igualdad de oportunidades, son proveedoras del cuidado de las personas, sin embargo, esa actividad no se contabiliza, es un aporte gratuito dado por “naturaleza” es por eso, entre otras cosas, que se habla de la “deuda” del Estado para con las mujeres. No se trata sólo de reconocimiento, sino también en términos de inversión pública y en las políticas de redistribución. Las mujeres se sienten excluidas de la comunidad, involuntariamente lejos de los beneficios de las políticas públicas, por lo que desconfían y limitan su participación y toma de decisiones o tienen que demostrar en mayor medida su valía o simplemente adaptarse a una cultura masculinizada. La pobreza, injusticia y exclusión son el resultado de las desigualdades de género.

La transversalización de género se refiere a que todo lo relacionado con cohesión social que integre la igualdad de género, analice los efectos sobre las mujeres, promueva una política activa y visible de integración de la perspectiva de género. Esto, sin abandonar las políticas específicas dirigidas a mujeres que enfocan directamente la desigualdad de género. La estrategia de transversalización es

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una visión amplia de las políticas de igualdad de oportunidades y debe contribuir a una mayor igualdad de género y a una mayor cohesión social.

Situacion en México En México la cohesión social es agredida y obstaculizada permanentemente, esta agresión es la principal causa de los problemas a que nos enfrentamos en el México de hoy, como la inseguridad que se vive diariamente, el clima laboral inadecuado, el pobre crecimiento económico, la distribución inequitativa de los recursos para la salud y otros retos. La falta de cohesión social es responsable de la baja capacidad para asegurar el bienestar de todas y todos. Es claro que la forma de convivencia social implantada durante el siglo XX se encuentra en extinción, con un deterioro paulatino de los mecanismos de articulación sectorial y comunitaria. La “crisis económica” es una constante y exige cambios en las estructuras e instituciones que, en su funcionamiento, acentúan la dislocación económica y social. La doctrina neoliberal, asociada a la globalización y a la explosión demográfica, acumulan el rezago social y la desigualdad, cancela la comunicación y la sana convivencia, genera sentimientos de injusticia y violencia, problemas de gobernabilidad y la suma limita el desarrollo. Clara Jusidman señala que somos una sociedad tan plural, tan desigual, tan heterogénea y tan compleja, que ha desarrollado un proceso creciente de segmentación social, donde sus componentes no se comunican, no comparten proyectos y, en general, se sienten excluidos.

Sorprendentemente, esta pérdida de cohesión social, ha impulsado la conciencia colectiva sobre la necesidad de revertirla. En los últimos años, la sociedad civil organizada, validada por la academia y el mercado y, dentro de los cauces regulados por el Estado, denuncia la peligrosidad de esta falta de cohesión social, donde los

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grupos vulnerados buscan nuevas formas de existencia y demandan (de forma violenta y no violenta) el cumplimiento de los “derechos sociales del pueblo mexicano”: salud, educación, vivienda y trabajo. Todos estos derechos están signados en la Constitución, acompañados de nuevos y diversos bienes y servicios vinculados con los valores universales, como son la equidad, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el reconocimiento. Las exigencias y reclamos al Estado Mexicano de calidad en sus acciones y de cumplimiento de su responsabilidad social plantean nuevas definiciones y precisar los ámbitos que son propios de lo público y del quehacer privado, en donde deben coincidir y el grado de dependencia e interdependencia entre ambas partes. Es indispensable definir nuevas formas y normas de autonomía y subordinación de la sociedad frente al Estado, en una época en la que una cooperación más amplia entre los actores es requisito esencial para el desarrollo y el bienestar de todos. Las políticas sociales simples, que sólo ofertan bienes sociales como la salud, la educación y la vivienda, han sido reemplazadas por políticas colectivistas que apuntan a la atención integral de necesidades básicas insatisfechas, la formación de nuevas capacidades dentro de un entorno de libertad y el respeto a los derechos humanos como marco de referencia. Esta visión más compleja del desarrollo social introduce, además, enfoques de demanda que aportan “señales de mercado” que ayudarán a mejorar la eficiencia de las políticas sociales.

Por la historia reciente podemos observar un México que justificó y legitimó la cohesión nacional y social mediante la negociación e inclusión social, con acuerdos entre el gobierno y los sectores populares, donde el bienestar social es condicionado al apoyo político, dentro de un régimen oligárquico que termina excluyendo y subordinando a la sociedad. Nuestra incipiente democracia busca horizontalidad y nuevos equilibrios de los convenios, políticos y sociales, donde descanse, se afiance y se renueve la cohesión social. El reto para México es encontrar nuevas formas de interlo-

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cución, organización y representación entre el mercado, el Estado y los actores sociales tradicionales emergentes. Es indispensable el desarrollo de nuevos y mas ágiles sistemas de protección y promoción de oportunidades colectivas e individuales si se quiere lograr una efectiva integración social, por lo que toda política social debe orientarse en un sentido integrador, contemplando el género y la igualdad de oportunidades sin abandonar la atención especial a los grupos sociales rezagados, que viven en la desesperanza absoluta. No sólo es necesaria la superación de la pobreza, ya de por sí vergonzosa, sino cancelar su perpetuación a través de las generaciones. Es una realidad nacional la pérdida de identidad, de propósitos colectivos, de sentido de pertenencia y la ausencia de solidaridad entre las personas de las comunidades, por lo que la intervención pública debe caracterizarse por el diálogo abierto, incluyente y de respeto a las diferencias para dar respuestas eficaces a las múltiples necesidades que la diversidad galopante de estos años ha impuesto. El centro de la cohesión social nacional, en términos de derechos humanos y de seguridad nacional, es la superación de la pobreza y esto no se puede desligar de la educación y el empleo, ni de las desigualdades étnicas y de género. La educación permite incidir directamente en la integración social, pero sus efectos son a largo plazo y debe ir acompañada de una suficiente generación de empleos que cuenten con adecuada protección social, contemplando el fortalecimiento de la ciudadanía y la participación efectiva de los actores sociales en los asuntos públicos.

El derecho de las mujeres a la igualdad de género es vector clave de cohesión social y la transversalización, es una estrategia desarrollada en la CEDAW para promover la igualdad. Fue adoptada explícitamente en Beijing 1995, implicando una nueva agenda de desarrollo. Es claro que el proceso de transverzalización en nuestro país ha sido lento, a largo plazo y sin los necesarios recursos de control y vigilancia.

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Propuestas Generar mecanismos de acción pública, privada y civil -universal y focalizada- que incluyan la participación de las diferentes comunidades para fomentar la inclusión social y cohesión comunitaria en el marco de una política de Estado plural, transversal, con perspectiva de derechos humanos para atender las necesidades de la población, que contemple la participación activa de sus ciudadanas/os. Si hablamos del derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad como fundamentales, nos enfrentamos primero a la diversidad de concepciones sobre cada uno de ellos. El derecho a la vida ha generado un gran debate ético sobre la perspectiva científica que toma la actividad cerebral como el indicador para la vida humana y la gran cantidad de personas que plantean la vida como don “divino”. Si hablamos de derecho a la igualdad estamos hablando de justicia social, de no discriminación, de generar las condiciones sociales básicas que hagan posible la acción de elegir. Hablar del derecho a la libertad es igual de controversial, ya que se refiere a garantías individuales, intimidad, conciencia y el derecho a ejercer la voluntad en un marco de derecho y legalidad. Sí de igualdad laboral hablamos, el principal obstáculo de las mujeres es la responsabilidad impuesta de los trabajos de cuidado en el ámbito doméstico, por lo que se hace obligatoria la necesidad de diseñar políticas conciliatorias de género, que no aborden la problemática de forma simplista, sino que la resuelvan de raíz, sin olvidarnos de las implicaciones hacia el cuidado infantil, los horarios escolares extendidos, las licencias laborales asociadas con las obligaciones familiares, etc.

Concebimos como elementos fundamentales a promover para que una comunidad incremente su desarrollo a la educación, la salud, el empleo y la administración de justicia. La educación no es el número de alumnas/os inscritos ni las y los alumnos con terminación de estudios básicos, tiene que ver con la calidad y el

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aporte de herramientas para la competitividad en la sociedad. La salud no es hablar de “coberturas totales” de cierto programa, tiene que ver con el acceso oportuno a la buena y segura atención médica, pero también a la alimentación y a la capacidad de la sociedad de vivir una vida sana. El empleo, además de la generación de recursos, cuando cuenta con condiciones dignas en el sitio del trabajo, favorece la protección social. Una sociedad cohesionada cuenta con una administración de justicia con capacidad de respuesta, eficiencia y sensibilidad hacia los grupos desprotegidos.

Una gran limitante para el camino a la igualdad de mujeres y hombres es el ingreso económico, su uso y manejo, por lo que es necesario retomar las demandas básicas: el acceso al empleo para las mujeres continúa siendo difícil, sus condiciones son precarias y se insertan en los sectores menos valorados y peor remunerados (sector informal, servicio doméstico, maquilas), el acoso laboral no disminuye, esto independientemente de que no cuenta con una redistribución del trabajo en el hogar, acorde con la transformación del rol de las mujeres en la vida pública, por lo que la mujer sigue siendo la responsable de las labores del hogar. Compatibilizar el cuidado de los hijos/as con la oferta de trabajo suele ser imposible, por la limitada o sectorizada oferta. Una madre para cumplir con su horario de trabajo y ser competitiva para cualquier ascenso requiere seguridad para sus menores, centros de cuidado y desarrollo infantil con horarios de acuerdo con sus necesidades laborales, si las mujeres tienen hijas/os en edad escolar, independientemente de una instrucción de calidad y con horario extendido las y los maestros deben de cumplir con el compromiso de enseñar. En los últimos años se ha delegado en una gran parte de este a las madres de familia, aumentándoles la carga, pasando gran parte de la tarde en las actividades escolares, realizando tareas que deben ser responsabilidad de los y las menores, de acuerdo con su nivel escolar. Esta actividad exigida por las y los educadores cancela un tiempo valioso para fortalecer el sentido de pertenencia, la autoestima y los valores familiares.

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Deben mejorarse los Programas Nacionales de Acceso a los Servicios de Salud, a la fecha deficientes, que no cubren todos los problemas médicos y que se prestan con demora y no siempre con calidad. Las mujeres tienen a su cargo a las y los adultos mayores, para cumplir con su empleo se requiere lugares de cuidado diario para este grupo de personas, con el aumento del promedio de vida se debe contemplar y valorar la carga que para las mujeres que requieren trabajar representa este grupo de población. Se proponen adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo, directamente relacionadas con las necesidades de las mujeres trabajadoras: 1. Incluir subsidios para el cuidado de menores y adultos mayores, para la creación de horarios escolares extendidos y para generar un servicio de transporte escolar. 2. Redistribución de los roles productivos, con estrategias de tiempo que proporcione la equidad de género necesaria para la igualdad de oportunidades. Otras propuestas generales son implementar instrumentos de apoyo para facilitar la construcción de redes de confianza y generar capital social, de la construcción de instrumentos para prevenir la violencia familiar y hacia las mujeres desde la infancia y redoblar los esfuerzos durante el noviazgo.

Bibliografía

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Consideraciones para una política pública de familia con perspectiva de género Elizabeth Aguilar Parra1

La creciente inserción de las mujeres madres de familia en el trabajo remunerado es todavía un tema de debate y objeto de críticas obstinadas en algunos sectores sociales. El argumento más común que estos grupos han expuesto es que las mujeres, al incorporarse a la actividad laboral, han descuidado la función que por antonomasia les correspondió a lo largo de la historia: la crianza, educación y socialización de los hijos e hijas. Tal situación, según ese punto de vista, se ha traducido en una mayor proporción de hogares desintegrados y en el incremento de adolescentes con problemas de conducta severos, como deserción escolar, pandillerismo y embarazos no deseados.

Doctora en terapia familiar y de pareja por el Texas Tech University y cofundadora del Centro de Investigación Familiar A.C. Ha sido docente en diversas universidades y dirigido proyectos de investigación en Nuevo León, estado donde radica desde hace 33 años. Entre los temas con perspectiva de género y diversidad cultural que ha trabajado se encuentra estilos de educación y crianza en familias, familias estresadas y maltrato infantil e intervenciones multicomponentes con mujeres víctimas de violencia. Otros temas en los que ha incursionado recientemente son intervención con familias de adolescentes infractores y promoción de resiliencia familiar.

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Otra manera en que estos grupos han atacado los logros y beneficios obtenidos por las mujeres (por desgracia muchos de estos, solo en papel) ha sido mediante la deformación de los fundamentos y objetivos de la perspectiva de género, así como en alentar a grupos de mujeres para que defiendan el orden establecido, es decir, el mantenimiento de las condiciones opresivas en que hemos vivido la inmensa mayoría de las mujeres de nuestra sociedad. Estos grupos argumentan que la perspectiva de género es una ideología en cierta medida reduccionista, porque únicamente toma en cuenta la construcción cultural de los roles masculino y femenino y excluye los aspectos biológicos, es decir, la “naturaleza” femenina y masculina. Otros sectores, un poco más condescendientes o tal vez conscientes de que muchas mujeres son jefas de familia, han pugnado porque el Estado brinde a las mujeres un mayor soporte para cumplir con su rol protector de la familia, mediante horarios más prolongados en las guarderías o el desarrollo de proyectos productivos que las mujeres jefas de familia puedan compaginar con el cuidado de las hijas y los hijos.

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Este ensayo si bien no tiene como propósito desmantelar los argumentos que pretenden sustentar tales posturas, pues son tan frágiles que resultan inocuos, sí busca advertir cómo estos intereses se han filtrado en distintos espacios de poder público y privado, con el fin de bloquear cualquier acción que pueda afectar el predominio de un tipo ideal de familia, diferente de otras estructuras y tipologías familiares. Desafortunadamente esto ha llevado a que las posturas se polaricen en extremo: grupos fundamentalistas versus grupos feministas recalcitrantes. Considero que ambos carecen de una visión integral y que hacen a un lado al 52% de la población, las mujeres, en muchas de sus propuestas, críticas y debates. Es así como, quizás sin darse cuenta, perpetúan las condiciones opresivas para un género y de privilegio y poca responsabilidad para el otro. Ambos grupos, por temor a ser mal interpretados, han perdido de vista este aspecto de gran importancia.

Caleidoscopio

El desarrollo y aplicación de políticas públicas de familia con perspectiva de género es una condición necesaria que debe permear distintos sectores de la sociedad, como el educativo, de procuración e impartición de justicia, salud, asistencia, y fundamentalmente el sector laboral. Es bien sabido que una vez que una mujer madre de familia se integra en el trabajo remunerado, adquiere mayor autonomía y poder al contar con recursos propios y con ello disminuye su dependencia económica, mas incrementa la posibilidad de sufrir distintos tipos de abuso por parte de su pareja. Sin embargo, muchas mujeres que en apariencia no viven esas condiciones de abuso, siguen siendo violentadas en los ámbitos social, laboral y cultural, ya que se les exige su presencia y participación en las actividades relacionadas con la educación y salud de sus hijas o hijos. Para muestra basta un botón, si un alumno o alumna tiene problemas de conducta o de aprendizaje, el personal docente o directivo de la institución educativa solicita únicamente la presencia de la madre y le exige o la condiciona a que resuelva la situación con la advertencia de que, de no hacerlo, la o el estudiante pagará las consecuencias. Sólo en casos excepcionales las y los directivos escolares exigen la presencia de los padres, bajo el argumento más recurrente de que éstos trabajan, sin considerar que las madres también.

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Con este ejemplo se demuestra que sigue predominando la ideología sexista que posiciona a la madre como la única responsable de la educación de los hijos e hijas, y que si trabajara, tendría que desarrollar habilidades y hacer malabares para organizarse y cumplir con ambas responsabilidades. En los hogares mexicanos, aunque sólo entre las generaciones más jóvenes, ya pueden observarse algunos cambios en los roles cuando ambos trabajan. Sin embargo, por lo general, son las mujeres quienes dedican a las labores domésticas una proporción mucho mayor de horas que los hombres. Y lo mismo ocurre en relación con la aportación financiera; está demostrado que la mayoría de las mujeres invierten

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el total de sus ingresos en la economía familiar, y que una gran proporción de ellas desconoce el monto de los ingresos que perciben sus parejas. En el tema de salud, si un niño o niña se enferma o presenta indicios de negligencia, es la madre quien suele ser cuestionada o sancionada con dureza por incurrir en este delito, sin considerar que generalmente esta negligencia se asocia con pobreza extrema y por encabezar la jefatura del hogar. En casos como éstos, las mujeres casi nunca reciben asesoría jurídica para iniciar una demanda y exigir a la pareja que cumpla con sus obligaciones. Durante los procesos de divorcio, muchas mujeres cuando mucho logran que se les autorice 40% del salario de su ex esposo para una pensión que incluya a lo mucho dos hijos, si tienen suerte. Es decir, que si antes del divorcio el salario de la pareja cubría las necesidades de cinco personas, después de la separación el padre dispondrá de 60% y con el restante 40% tendrán que sobrevivir de tres a cuatro personas. Desde el punto de vista legal suele argumentarse que el padre tiene también que sostenerse y que la ley marca que ambos deben contribuir a la manutención de su descendencia. Pero precisamente ahí estriba la situación tramposa, porque una vez que concluye el divorcio, por lo general es la madre quien sigue haciéndose cargo del cuidado, crianza, supervisión y socialización de las hijas y los hijos, de satisfacer las tareas del hogar, y por supuesto de producir, en la medida posible, recursos extras para su propio sustento.

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Si bien en la interacción de pareja pueden llegarse a acuerdos para equilibrar los roles laborales y parentales, quiero enfatizar que es en el ámbito laboral donde las políticas públicas de familia tienen que trascender más, pues actualmente los empleadores no permiten que sus trabajadores hombres dediquen tiempo de su jornada laboral para recoger a sus hijos/as de la escuela, para llevarlos a una cita médica –salvo excepciones–, o a divertirse, porque “para eso” está la mamá, pero si ésta trabajara y decidiera dejar de ha-

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cerlo, la empresa tampoco le aumenta el sueldo al padre para compensar la falta de ingresos. Desafortunadamente los empresarios –y lo digo en masculino porque casi no hay empresarias–, poco o nada están dispuestos a modificar sus políticas y prestaciones laborales para facilitar que los hombres padres de familia puedan tener más tiempo de convivencia con sus hijas e hijos. Esta miopía cultural y conveniente les impide visualizar que es imprescindible cuidar del capital social para que acuda a laborar día a día y se transforme en riqueza económica. Estos aspectos críticos de presencia, corresponsabilidad, participación en la crianza y cuidado de hijas e hijos –estén o no casados, vivan o no en la misma casa con ambos padres–, constituye un asunto que, de no atenderse, nos afectará a todos y todas como nación. Ya no podemos seguir magnificando la idea del maternaje asociado a la biología; se ha demostrado que es un rol que puede realizarlo cualquier adulto sin importar el género, aunque se sigue propagando la idea tendenciosa de que es una característica dotada filogenéticamente.

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No nos ceguemos, una política de familia con verdadera perspectiva de género es la única alternativa para hablar de corresponsabilidad, de unidad familiar en el amplio sentido de la palabra, y por supuesto de desarrollo social.

La participación política de las mujeres a nivel local Laura Inés López Padilla1

Este ensayo tiene como propósito mostrar de manera general y sucinta la situación que guardan las mujeres en los cargos de elección popular en los municipios, las acciones que se han hecho para aumentar su número y se señalarán algunas acciones a modo de recomendaciones.

Situación actual México está formado por estados libres y soberanos donde los municipios se administran por un ayuntamiento elegido de manera popular y directa, conformado por una presidencia municipal, por el número de regidurías determinadas en los estados tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, así como el número de sindicaturas que las leyes estatales determinen. El artículo 115 de nuestra Constitución ha sido reformado en diez ocasiones desde su publicación en 1917 siendo la última en 1999. Este artículo define y regula al municipio libre hasta llegar a asignarle el rol de gobierno local que hoy posee. Doctora en Estudios de Sociedades Latinoamericanas por la Universidad de la Nueva Sorbona. Es autora de publicaciones sobre la incorporación de la perspectiva de género en la gestión municipal y coordinadora de numerosos proyectos sobre género y participación política de las mujeres. Actualmente es integrante del Consejo Consultivo del INMUJERES, del Grupo Mujeres al Poder, de Mujeres en Plural y del movimiento 2% y Más Mujeres en Política.

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Retomemos un poco de nuestra historia electoral local: como es sabido, en 1947 se nos otorga la ciudadanía a las mujeres en el ámbito municipal en todo el país, sin embargo ya en algunas entidades habían avanzado en este aspecto. En 1922 en Yucatán se concede a las mujeres igualdad jurídica para votar y ser elegidas en puestos públicos de elección popular. En 1924 se expidió un decreto en San Luis Potosí en el que se nos concedía, a las mujeres que supiéramos leer y escribir, tomar parte en los procesos electorales municipales y estatales y en 1925 se otorga el voto a la mujer en las elecciones municipales. Finalmente en 1953 se nos otorga el derecho a votar y participar en los procesos electorales en todo el país y para todos los cargos de elección popular. Así vemos que a lo largo de la historia, aun cuando no hayan “impedimentos legales” para nuestra participación política en el país, la realidad nos refleja la inequitativa incorporación de las mujeres en los puestos de decisión o en los de elección popular a todos los niveles, y a nivel local aún más, ya sea como funcionarias, presidentas municipales, regidoras o síndicas. En los municipios la presencia femenina ha sido pionera. Aunque la magnitud se ha mantenido casi inalterable en los últimos 14 años, hoy por hoy representa una alternativa real de acceso al poder público y a la toma de decisiones. Para incrementar la participación de las mujeres en los cargos municipales, sobre todo en el cargo de alcaldesa que es en el que persiste una enorme brecha de género, es fundamental que las mujeres en los ayuntamientos se conviertan en agentes transmisores y socializadores de las leyes y convenciones con las que se cuentan para utilizarlos como instrumentos para hacer un buen gobierno local equitativo y justo para la población.

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De aquí que resulte indispensable reconsiderar y eliminar los factores ideológicos y estructurales que limitan tanto la parti-

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cipación de las mujeres como su representación en las esferas de regencia municipal. Lo que significaría dejar atrás la división sexual del trabajo: hombres en la esfera pública, mujeres en la privada. No es extraño, por ello, que dentro de las estructuras en las que se toman decisiones en los municipios y en el Cabildo, la composición continúe siendo genéricamente desigual. A ello hay que agregar todavía que las mujeres, aun cuando lleguen a un puesto de elección popular municipal, siguen cumpliendo sus tareas como madres, como amas de casa y en general en su rol de cuidadoras de la familia. Y es que la cultura local imperante las obliga y ellas responden, esta situación que provoca una sobrecarga de trabajo entre lo privado y lo público: la doble jornada de trabajo. Sin embargo, hoy por hoy el que haya más presidentas municipales no garantiza necesariamente un enfoque de género. María Magdalena Sam Bautista, investigadora de la Universidad de Tlaxcala,2 concluye que “sí se podría hablar de que existe un estilo de gestión femenina a nivel local”, debido principalmente a que las mujeres cuando llegan a estos cargos tienen un antecedente importante de gestión y/o trabajo comunitario y creación de redes sociales y son más sensibles a los problemas y necesidades que tienen las mujeres. La relación entre la mujer y la política históricamente ha sido vista como conflictiva y compleja, varias razones han dado lugar a esta situación. Una de ellas, la expulsión histórica de las mujeres de la política formal y la ciudadanía y, la otra, la tardía incorporación al derecho al voto. Recordemos que fue hasta 1929 que se le dio al voto a la mujer en un país latinoamerica María Magdalena Sam Bautista, El municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. cedoc.inmujeres.gob.mx

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no -en Ecuador– y el último en 1964 en Paraguay; en México fue en 1953.3 El proceso de selección de mujeres para acceder a cargos de decisión partidaria o representación popular confirma la desigualdad de oportunidades que se brindan a hombres y mujeres. En general continúa sin relacionarse la equidad política de género con la democracia.4 Mujeres presidentas municipales a nivel nacional (1991-2011)

Año

Número total de municipios sin contar las delegaciones del DF

Número de Presidentas Municipales

Porcentaje respecto al total de municipios

1991

2,386

1995

2,395

1998

2,414

0.95%

2000

2,427

3.5%

2005

2,438

3.6%

2007

2,439

112

4.6%

2009

2,440

3.8%

2010

2,440

140

5.7%

2011

2,440

145

5.9%

Fuente: Elaboración propia con base en El enfoque de género en la producción de estadísticas sobre participación política y la toma de decisiones con base en información de lo que era el Centro de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), INEGI, Finanzas públicas

estatales y municipales 1989-2010 e Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Social (INAFED).

Como podemos observar, en 20 años solamente ha habido un incremento de casi cuatro puntos porcentuales. ¿A que se han

Celia Lavalle Torres (comp.), La mitad del poder. ¿Desde cuándo queremos el poder?, Nuria Varela, Inmujeres e IQM, Quintana Roo, 2009.

Instraw-AECID, Partidos políticos y equidad de género, serie Mujer, poder local y democracia: conceptos clave. núm. 7, Santo Domingo, 2009.

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Caleidoscopio

debido estos exiguos incrementos recientes? La respuesta está en varios factores de los cuales sólo apuntaré algunos que me parecen los más importantes: 1. El establecimiento de cuotas en la legislación electoral local poco claras en lo que se refiere a los municipios donde la mayor parte de las candidaturas de mujeres se realizan en las suplencias.5 2. El establecimiento de cuotas en los estatutos de los partidos políticos que, aunque existen, no se cumplen a cabalidad. 3. Un incremento importante de movimientos de mujeres hacia el logro de avances de la participación política de las mujeres. Por ejemplo, el movimiento 2% y Más Mujeres en Política, que agrupó a mujeres de la sociedad civil, de los partidos políticos y de instituciones como el Inmujeres y el IFE para avanzar en el diseño y aprobación del Reglamento para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales destinados a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.6 4. “La mayor facilidad” de incorporación a la política institucional local mediante una regiduría. Es en estos cargos donde se ha incrementado de manera importante la participación de las mujeres.7 5. El aumento del interés de las mujeres que provienen de liderazgos cívicos y comunitarios por la participación política en el gobierno local. 6. La creación y fortalecimiento de los Institutos Estatales de las Mujeres y de las Instancias Municipales de las Mujeres.

Por ejemplo, en el estado de México, en 49 municipios las suplentes mujeres en las regidurías son entre 59% y 90% de los cargos, en 37 municipios entre 45 y 55% y en 39 menos de 45%; es decir, en 86 de los 125 municipios las mujeres ocupan las suplencias en más de 45% de los cargos. Fuente: Instituto Electoral del estado de México.

Véase Facebook: 2% y + Mujeres en Política

Igualmente, en el estado de México en el Trienio 2009-2012 las presidentas municipales representan 9.6% del total; las síndicas 26% y las regidoras 42%. Estas cifras son representativas de lo que predomina en todo el país. 109

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7. Establecimiento del ahora Programa de Transversalidad. 8. Establecimiento del Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM). Entre otros.

Acciones pendientes Algunas de ellas pueden ser: 1. En cuanto al establecimiento de cuotas en la legislación electoral local: si bien existen, su aplicación es limitada, sólo aplica para propietarios/as o sólo para regidurías, no especifican las sindicaturas y en muchos casos no hay sanciones o no están muy claras. En el menor de ellos aplica para todos los cargos. Es menester revisarlas para definirlas claramente y así aplicarlas para un mejor seguimiento. En este caso el rol de los Institutos Estatales de las Mujeres es fundamental para “empujar” estos cambios a través de los institutos electorales y los Congresos locales. 2. El aumento del feminismo y los movimientos de las mujeres. Actualmente hay un proceso de debilitamiento de las organizaciones y movimientos sociales que desaparecen por la falta de recursos económicos y terminan por perder su liderazgo. Se requieren acciones para garantizar su continuidad de actividades y su permanencia. Revisar el Proequidad para realizar acciones estratégicas al menos de mediano plazo8 y el Programa de Coinversión Social del Indesol, que incluya como un punto específico en la Convocatoria de Equidad de Género el tema del aumento en la participación política de las mujeres a nivel local.9 Recordemos que el Inmujeres participa en estas definiciones.

Actualmente el Proequidad prioriza acciones de corto plazo de corte más inmediatista en cuanto a productos muy tangibles más que estratégicos.

Actualmente en la Convocatoria de Equidad de Género se menciona como objetivo estratégico de la convocatoria: “Fomentar una cultura de equidad de género, respeto a los derechos humanos y participación democrática, que favorezca la igualdad entre mujeres y hombres” (el cursivo es de la autora).

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3. El establecimiento de cuotas en los estatutos de los partidos políticos. La igualdad de género y su promoción no forma parte de su actual agenda política; no se impulsan las candidaturas femeninas a los gobiernos locales y una proporción llega “de relleno” para cumplir la cuota. Habría que retomar para las elecciones estatales, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se refiere a que las suplencias a candidaturas a senadurías y diputaciones federales deberán ser del mismo sexo.10 Esta labor es de suma importancia para que sea impulsada por los Institutos Estatales de las Mujeres en los Institutos Electorales Estatales y los Tribunales Electorales Estatales. 4. “La mayor facilidad” de incorporación a la política institucional local mediante una regiduría. Se requiere cambiar el papel de las regidoras para que no sigan estando vinculadas más a los estereotipos domésticos de las mujeres y a su abnegación altruista, que a su papel y posición de autoridad electa en ejercicio de sus derechos políticos. Esta es una labor importante a impulsar por parte de las Instancias Municipales de las Mujeres en cuanto a fortalecer los liderazgos locales y el empoderamiento de las mujeres para que incrementen su liderazgo y presencia en el Cabildo. 5. El aumento del interés de las mujeres que provienen de liderazgos cívicos y comunitarios por la participación política en el gobierno local. Falta fortalecer a las organizaciones y movimientos locales y nacionales de mujeres, que promuevan y apoyen candidaturas femeninas, reivindicando la igualdad de oportunidades y los derechos políticos de las mujeres en el terreno municipal. Todavía no le otorgan importancia y prioridad a la participación política en los ayuntamientos. En este caso es fundamental el rol de las Instancias Municipales de las Mujeres. 6. Se necesita un trabajo arduo con las mujeres en los partidos políticos, el cambio en los códigos electorales y/o la reglamen-

Acuerdo SUP-JDC-12624/2011 Y ACUMULADOS del TEPJF. 111

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tación aplicable en cada entidad federativa para la incorporación y/o reglamentación del 2% y más de los recursos locales de los partidos políticos a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. A la fecha sólo algunas entidades han avanzado en esta dirección. 7. Institutos Estatales de las Mujeres: presentan carencia de recursos humanos y materiales suficientes y cuando cuentan con ellos están mal dirigidos o mal aplicados. Es necesaria la profesionalización de los recursos humanos empezando por cambiar la forma de nombramiento de la titulares, que no sea por compromisos partidarios o con criterios de confianza política, sino por perfiles de puestos y por convocatorias abiertas. Asimismo, es menester transformar las formas de vinculación de los institutos estatales con los municipios para que no dependa de las características, antecedentes y compromisos políticos de la titular de la IEM, ni del contexto político y las características de empatía o antipatía hacia las autoridades municipales. 8. En cuanto al Programa de Transversalidad, todavía no arroja los resultados esperados en cuanto a su impacto en la promoción de la participación política de las mujeres a nivel local. Actualmente sólo algunas entidades tienen establecida como prioridad “aumentar la participación política de las mujeres: proyectos que propicien el desarrollo, formación y participación de las mujeres como candidatas a puestos de elección y/o su liderazgo en organizaciones políticas entre otras. (especialmente presidentas municipales y síndicas)”. Si bien es una labor “complicada” no se ha hecho énfasis en el tema, que debería aplicarse como vertiente importante para todos los estados. No es una de las “obligatorias”. Por ejemplo, Tabasco no la tiene como prioridad y es de las entidades sin ninguna presidenta municipal. 9. En cuanto al Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (Fodeimm), uno de los grandes desafíos es que todos los municipios cuenten con su instituto, y faltan alrededor de 50% de los municipios. Se debe seguir impulsando la creación de IMM descentralizados para que su creación y

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permanencia no dependa del Cabildo ni de la presidencia municipal. Es fundamental capacitar al personal de las instancias y que al igual que en las estatales sea por competencias la designación de la titular, lo que podría “asegurar” su permanencia independientemente del periodo de la administración municipal (tres años). Se requiere seguir avanzando en el cambio de la cultura institucional como medio para aumentar su presencia política y su poder de convocatoria, así como su acceso a los recursos financieros. Asimismo, es fundamental incorporar al Fodeimm, como uno de los objetivos específicos del programa, tanto en la Categoría B a través del empoderamiento y capacitación a las lideresas locales como en la C como proyectos estratégicos vinculatorios con los Institutos Estatales en la promoción de cambios en la reglamentación electoral. Por otra parte, es fundamental la elaboración de indicadores de seguimiento e impacto en esta labor. Todas creemos que el municipio es uno de los grandes desafíos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Contribuir a alcanzar este desafío constituye una tarea de primer orden que tanto la sociedad civil como otros actores y actoras tenemos que asumir con corresponsabilidad. No es exagerado afirmar que el poder, como está diseñado y estructurado, se resiste a la participación femenina: su lógica es masculina y sus principios son patriarcales, por tanto se privilegian el orden y la autoridad, no la iniciativa y la responsabilidad.

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Aunque lentos, los temas sobre la promoción, el fortalecimiento y la conciencia de que la equidad es un derecho humano poco a poco van siendo parte importante de la sociedad; al grado de que en diversos ámbitos locales se están propiciando procesos incluyentes y participativos, se está mostrando un modelo en el que la mayor parte de sus políticas públicas estén elaboradas con enfoque de género.

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“A partir de las experiencias individuales se construye lo colectivo”, así todas y cada una de nosotras vamos creando las bases para construir los conocimientos y las habilidades ciudadanas que nos permitan y nos apoyen para incrementar la participación en los puestos de elección popular y desde ahí fortalecer la ciudadanía y la democracia, con perspectiva de género.

Desde el Consejo Consultivo La participación durante cuatro años en el Comité Dictaminador del Fodeimm ha sido una gran experiencia para ver de cerca el avance de la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en los municipios, sin embargo, el avance ha sido muy lento y a veces con francos retrocesos. Iniciamos, conjuntamente con el Inmujeres, un proceso de revisión y mejoramiento tanto de los proyectos como de su presentación y de las propias bases y ahora reglas de operación, este gran esfuerzo ha sido muy redituable aun cuando falta todavía un gran camino por recorrer. Las prioridades de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) no van por el lado del impulso a la participación política de las mujeres, este aspecto es parte de la agenda pendiente.

Bibliografía Barrera Bassols, Dalia (comp.), Participación política de las mujeres y gobiernos locales en México, Gimtrap, México, 2002.

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Barrera Bassols, Dalia y Alejandra Massolo (comp.), El municipio Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, Inmujeres/Gimtrap/PNUD, México, 2003.

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___ (coords.), Mujeres que gobiernan municipios: experiencias, aportes y retos, El Colegio de México, México, 1998. Instraw/AECID, Partidos políticos y equidad de género, serie Mujer, poder local y democracia: conceptos clave, núm. 7, Santo Domingo, 2000. Lavalle Torres, Celia (comp.), La mitad del poder. ¿Desde cuándo queremos el poder?, Inmujeres/IQM, Quintana Roo, 2009. Sam Bautista, María Magdalena, “Participación política de las mujeres en los ayuntamientos: el caso de Tlaxcala”, en El municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, Inmujeres/Gimtrap/PNUD, México, 2003.

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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acuerdo SUP-JDC-12624/2011 y Acumulados. México 2011

La mujer como factor de cambio en la sociedad María del Carmen Limón Fitch1

Introducción Desde mediados del siglo pasado, los grandes cambios surgidos en el ámbito social, tecnológico, científico, cultural, económico y político, han impactado sobremanera a nuestra sociedad, dando lugar a nuevos intereses, exigencias y demandas de participación y acción de cada uno de los miembros que la integramos. Ha sido la mujer el objeto y sujeto de muchos estos cambios, haciéndola protagonista en ocasiones y espectadora en otras. Es innegable que la participación de la mujer en los distintos ambientes ha generado nuevas formas de actuar, nuevas formas de desarrollar iniciativas, nuevas formas de implementar cambios favorables con la perspectiva de mujer, con la sensibilidad de mujer, con las capacidades de la mujer. Hemos vivido muchos años sin esta perspectiva, quizá con la participación velada, oculta, disfrazada, e ignorada de las potencialidades y capacidades con las que igualmente está dotada cada mujer; muchos momentos de la historia han necesitado de la visión, formación, in Mexicana, casada, madre, abuela. Durante 25 años se ha desempeñado como capacitadora en AMSIF, organización dedicada a potenciar a las mujeres mediante el desarrollo de sus habilidades y la promoción de su educación, así como en AMANC. Ha participado en foros internacionales. Presidió el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Mujeres durante 2007 y 2008, del cual actualmente es una de sus integrantes.

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teligencia y participación decidida de la mujer para poder concretar los avances que se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Uno de los retos pero también uno de los grandes obstáculos para nuestra participación e inserción en los espacios de decisión han sido el miedo al fracaso, el miedo a ser ignorada, el miedo a la crítica, el miedo a la descalificación, el miedo a no saber enfrentar con valentía las desigualdades que aún permean en nuestro entorno social, laboral y cultural. Las estadísticas actuales nos marcan que de 112 336 538 habitantes en nuestro país, el 48.8% son hombres y el 51.2% son mujeres.2 Es por esto que este siglo XXI México está marcado con un signo que debemos saber interpretar: La mujer; la que se debe atender, reconocer, fortalecer y dar el lugar que legitimamente le corresponde. Hemos vivido avances a través de mejores oportunidades, reconocimientos de nuestros derechos, respeto a nuestra dignidad como personas sin lugar a duda, pero aún hace falta que se impulse de una manera decidida y con pleno reconocimiento las necesidades, derechos y oportunidades en todos los rubros que esta mayoría de ciudadanas demandan. La participación de las mujeres en las actividades y estructuras de nuestras instituciones publicas, privadas, en el hogar, en las actividades políticas, económicas, deportivas, culturales, etc., es lo que hace única cada una de sus intervenciones en los diferentes ámbitos en donde participa, ya que su visión, sensibilidad y responsabilidad la hacen ser el factor de cambio que nuestra sociedad necesita. Entrar en las estructuras de la educación es urgente; nos damos cuenta de la necesidad de actuar ante la mediocridad, apatía, ig-

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mujeres y hombres en México 2011.

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norancia, falta de apoyo y negligencia que se padece por falta de visión y sensibilidad ante los factores que nos afectan en la sociedad; ante el problema de los jóvenes que no estudian ni trabajan, de los que el 70% de los 7 millones son mujeres, no podemos continuar negando la necesidad de actuar y ofrecer un proyecto para los jóvenes que nos demandan una respuesta con apoyo y formación dentro de cada familia; las madres juegan un papel determinante en el empuje y fortalecimiento de la voluntad y determinación que los hijos tengan ante la vida. No debemos olvidar que es en la familia en donde se desarrolla y se crece como persona, es el lugar en donde se inspira el arquitecto, el policía, el ladrón, el médico o el sicario; es ésta lo más valioso de nuestro entorno, célula de la sociedad a la que debemos poner la mayor atención y cuidado. Ser factores de cambio para que la violencia, discriminación y desigualdad sean abatidos de una vez y por todas, la única manera en que se puede dar es a través del reconocimiento que hagamos de nosotras mismas, el valor que cada una demos a nuestra persona, la capacidad que tengamos de sabernos únicas y parte importante de la sociedad, en donde cada uno de mis actos son igualmente importantes, cada una de mis palabras, pensamientos, discernimientos, reflexiones, decisiones son importantes para el desarrollo de mi entorno, de mi comunidad, de mi nación. Exigir lo que me corresponde en la sociedad a la que pertenezco, ser valorada por el hecho de existir, de ser, con las mismas oportunidades, sabedora de mis deberes y derechos.

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Tenemos que volver igualmente la mirada a la familia en donde se vive y desarrolla el respeto, la igualdad, la corresponsabilidad, el amor y la justicia, ya que si estas virtudes no se practican, será presa fácil para que se generen detonantes de agresiones y violencia.

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Nos damos cuenta hoy en día de los cambios urgentes que se deben efectuar en las leyes, en los programas, proyectos, sistemas, respetando las normas, exigiendo sean respetados los derechos de todas las personas en el marco jurídico. Estamos conscientes de las carencias y desigualdades que se han venido generando por la falta de interés colectivo y pensando solo en intereses y lucros personales. En el 2010 se contaron con 28.1 millones de hogares, 25% de ellos dirigidos por una mujer y 75 por un hombre. De 1995 a 2010, la proporción de hogares encabezados por una mujer aumentó casi el doble. Hoy padecemos la insensibilidad en las urbanizaciones generadas sin compromiso social, sin visualizar lo necesario que es contar con los espacios y condiciones de una vivienda digna; hoy las mujeres que padecemos la carencia de espacios vitales para el desarrollo de los miembros de la familia, en donde el hacinamiento provoca inestabilidad emocional, violencia, pandillerismo y otras muchas situaciones que redundan en el comportamiento agresivo en contra de las mujeres. Se necesitan espacios que generen paz y armonía. Necesitamos a la mujer como factor de cambio ante estas y muchas otra desigualdades e inequidades que se viven y padecen dentro de nuestro entorno. Si a la persona humana no se le ve con dignidad y respeto que merece, difícilmente se le dará trato digno y respetuoso, difícilmente se buscarán bienes y satisfactores que estén a la altura de su dignidad. Se continuará dando migajas de servicios, migajas de avances, migajas de oportunidades.

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Debemos estar atentas a los cambios que continuamente se gestan y actualizarnos a través de una educación permanente, la que nos permitirá interactuar y responder ante distintas situaciones que afectan o benefician a la sociedad.

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Ser mujeres factores de cambio en nuestra sociedad para que los grandes rezagos que padecemos día a día sean escudriñados con nuestra visión siempre atenta y sepamos ser sensibles ante quienes las padecen. No podemos ser insensibles ante las exigencias de una sociedad que necesita las oportunidades y accesos mínimos para poder desarrollar sus capacidades diferentes pero siempre dignas, beneficiosas, importantes y necesarias para la sociedad, las que igualmente hacen grande a nuestro país, así como el apoyo a las familias para otorgar las facilidades de programas contemplados para este grupo vulnerable. Ser mujeres factores de cambio con la aportación de nuestro ser y quehacer en las actividades del diario vivir, en donde aportemos nuestro conocimiento y discernimiento ante problemáticas que afectan la salud, el trabajo, medio ambiente, comunicación, educación. Que la participación decidida de las mujeres sea cada día más consciente de que no puede ser sustituida, cada acto contribuirá al beneficio de una sociedad que espera, a través de su participación, los cambios que beneficien a todos sus miembros. Varios estudios de prestigiosas instituciones a nivel internacional han realizado investigaciones que nos aportan una información importante, que como mujeres en búsqueda de nuestra mejor economía personal y familiar así como nuestra responsabilidad en el desarrollo de nuestro país, deben ser tomados en cuenta. Estos estudios nos dan los datos para el desarrollo sostenible de la economía y nos plantea la necesidad de…

El respeto a la vida y a la familia, necesario para el crecimiento económico

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Las economías centralizadas en el gobierno o en un libre mercado sin ética, y no en las personas y las familias, no funcionan por cuatro razones fundamentales:

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• Matan la iniciativa, la creatividad y la libertad personal de grupos e individuos, sobre todo de aquellos que tienen la responsabilidad empresarial y que tienen visión y habilidad, no sólo para inventar productos, sino también para dar trabajo eficiente y organizadamente. El que produce riqueza no es el Estado, sino la gente en condiciones adecuadas. • Matan lo que yo llamaría “localidad”. La economía no crece de verdad con grandes planes macroeconómicos dictados por el gobierno (menos aún un gobierno dictatorial), sino a base de iniciativas locales de individuos dotados con visión de las necesidades reales de la gente en su entorno, necesidades que ellos conocen mejor que burócratas expertos, pero desmotivados económicamente (porque responden a un gobernante y no a sus propios intereses ni de los de sus familias). Luego, estos empresarios locales extienden sus compañías (dependiendo del nivel de éxito) a nivel regional, nacional, internacional, etc. • Matan el incentivo, porque matan los elementos ya mencionados, así como la propiedad privada. Nadie trabaja con más ahínco que en lo que le pertenece y en lo que le va a pertenecer a él o ella y no a un ente abstracto llamado “el pueblo” o la “colectividad”, que en realidad es el Estado. • Matan la libre y justa competencia, que es lo que, de forma natural, baja los precios, porque mientras más compañías estén produciendo un producto determinado, mejor para el consumidor, quien buscará quién produzca el mejor producto al mejor precio. Mientras que cuando el Estado es el único empresario o cuando las empresas se rigen solamente por el afán desmedido de ganar dinero, se produce el monopolio estatal o privado y la baja calidad, porque no hay competencia. Al empresario inteligente no le conviene que los que le rodean sean pobres ni tampoco explotarlos, sino al contrario, que tengan poder adquisitivo, por una razón extremadamente simple: ¡para que le compren sus productos!

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En otras palabras, el gobierno no sirve como empresario, no es su papel. Su papel no es dirigir la economía, sino regularla. Y ojo: regular no quiere decir controlar, sino dotar de un marco jurídico, es decir, de leyes justas que protejan los derechos y deberes de todos (empresarios y empresarias, empleados y empleadas), así como de la competencia desleal (las trampas, los contubernios con el gobierno, el robo de propiedades intelectuales, etc.) y que tenga claras reglas para las relaciones económicas. Lo que hace crecer económicamente a los países es un denso y orgánico tejido empresarial, la producción de productos con valor agregado (tecnología y no simplemente la producción de materias primas), un sistema educativo dirigido a la producción tecnológica, y no sólo a las artes y las humanidades, así como la inversión extranjera que trae riquezas al país y no el proteccionismo.

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Por otro lado, los matrimonios, las familias y los hijos son los tesoros más grandes de una nación. Pero para que los habitantes de esa nación de verdad puedan producir de manera sostenida y creciente, tanto en cantidad como en calidad humana, es necesario el respeto incondicional a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, al matrimonio entre un hombre y una mujer y a la autoridad de los padres en cuanto a la formación de sus hijos, sobre todo en valores y principios éticos y religiosos. Esto último exige un profundo respeto por parte de la sociedad y el Estado, a la libertad religiosa y no sólo de culto. El New York Times publicó el 16 de octubre del 2011, un artículo en el cual se afirmó una gran verdad: “La riqueza de la economía moderna depende en parte de la fortaleza y sostenibilidad de la familia, en lo que se refiere a la fecundidad y al número de matrimonios. Este principio tan básico —pero tan olvidado con frecuencia— está más vigente que nunca durante la actual crisis”. Esta afirmación resume un informe titulado “Dividendo demográfico sostenible”, que se presentó en Estados Unidos en octubre de 2011

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y en Europa el pasado noviembre. La investigación se centra en el papel fundamental que a largo plazo juegan el matrimonio y la fecundidad sobre el crecimiento económico, sobre la viabilidad del estado de bienestar, sobre la cantidad y la calidad de la mano de obra y sobre la productividad de grandes sectores de la economía moderna. “Este documento forma parte de un proyecto internacional y es fruto de un trabajo conjunto impulsado por el Social Trends Institute, que ha contado con la participación de diversas instituciones como la Universidad de Virginia (Estados Unidos); el Institute of Marriage and Family (Canadá); la Universidad de los Andes (Chile); la University of Asia and the Pacific (Filipinas); el Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universitat Internacional de Catalunya (España); la Universidad de la Sabana (Colombia) y la Universidad de Piura (Perú). “El documento comienza con un análisis y comparación sobre los datos demográficos de varios países del mundo. La crisis fiscal y económica que envuelve a muchas naciones ricas del mundo ha sacado a la luz los desafíos económicos derivados de los últimos cambios demográficos. “En el caso de Europa, el rápido proceso del envejecimiento de la población y las bajas tasas de fecundidad están provocando el retraso en la edad de jubilación, el aumento en la carga de la deuda pública y un crecimiento económico lento”.3 El estudio presenta las siguientes conclusiones: “1. Los niños educados en familias, basadas en el matrimonio, son más propensos a adquirir el capital humano y social necesario para convertirse en trabajadores productivos y equilibrados. Margarita Gonzalvo Cirac, demógrafa, Institut d´Etudis Superiors de la Familia (IESF), Universitat internacional de Cataluya abril 5 de 2011.

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“2. Los hombres que contraen matrimonio y permanecen en él, trabajan más, mejor y ganan más dinero que los que no lo hacen. “3. Las naciones que quieren disfrutar de un robusto crecimiento económico a largo plazo y de una viabilidad del estado de bienestar deben mantener tasas de fecundidad sostenibles, al menos de dos niños por mujer. “4. Sectores clave de la economía moderna —como los de productos del hogar, los de diferentes tipos de seguros, las empresas de alimentación— tienden a obtener más beneficios cuando los hombres y las mujeres se casan y tienen hijos”. Por último, el estudio finaliza con las siguientes recomendaciones: “1. Las compañías, empresas, etc., deberían usar mayor influencia cultural para respaldar los anuncios a favor de las familias y las campañas sobre educación familiar, si quieren ampliar sus negocios. “2. Los países deberían facilitar el acceso a una sanidad y educación asequibles para fortalecer los fundamentos económicos de la vida familiar. “3. Las políticas públicas deberían apoyar e incentivar el matrimonio y la paternidad responsable mediante, por ejemplo, créditos a los matrimonios con hijos en el hogar, etc. “4. La política pública y la empresarial deberían apoyar a las familias trabajadoras proporcionando flexibilidad para conseguir sus propias preferencias a la hora de combinar su vida familiar y laboral.

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Son datos que debemos tomar en cuenta y saber que son la sostenibilidad de nuestras economías.

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Desde el año 2001, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, se ha abierto el espacio de participación de la mujer, dando oportunidad a las mujeres generadoras de nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas formas de hacer política, nuevas formas de interactuar en y con el mundo. El INMUJERES ha fortalecido las capacidades, apoyado las iniciativas, empujado los proyectos, fortaleciendo nuestras instituciones con sistemas transversales de igualdad, ha aprovechado talentos, generado oportunidades de crecimiento pero sobre todo le ha dado a México la visión a través de los ojos de las mujeres. Considero que la visión que hoy tenemos de México debemos revalorarla a través de esta mirada, a través de cada mujer que está generando cambios en nuestra sociedad. Debemos salir al mundo cada día con la seguridad de que nuestra presencia, participación y acción será generadora de cambios positivos que repercutirán en mayores oportunidades de bienestar para las mujeres. Tenemos la responsabilidad de apoyar, capacitar y animar a cada mujer para que asuma su responsabilidad y sea a su vez generadora de los cambios que desea para ella, para su familia, su entorno y su país. Tengo el derecho de ser respetada íntegramente en mi persona, así como tengo el deber de salvaguardar y respetar íntegramente la vida de los demás. No puedo exigir respeto si no lo otorgo, no puedo buscar la justicia si no la ejerzo, no puedo hablar de paz si no actúo en consecuencia.

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Debo participar en las estructuras de las reformas para ser generadora de los cambios que buscamos para la equidad y transparencia que nuestra sociedad demanda.

La paridad en la Ley Electoral de Chihuahua. Logros y perspectivas Blanca Gámez Gutiérrez1

México es un Estado democrático, según lo estipulan los primeros artículos de nuestra Constitución. Sin embargo, la democracia efectiva y el desarrollo pleno de las personas sólo son posibles si mujeres y hombres participamos igual y equitativamente tanto en las responsabilidades de las tareas domésticas como en las del ámbito público. Un Estado democrático asegura la participación igual y equitativa de su ciudadanía. Así, no basta con reconocer tal participación a través de las leyes escritas, sino que es imprescindible transferirla a la práctica, y ello implica modificar la estructura de los procesos de decisión necesarios para asegurar la igualdad de su aplicación. Hoy en México no es posible afirmar que contamos con una política de equidad de género generalizada, aun cuando en número las mujeres somos mayoría conforme al Censo de población 2010, que contó un total de 12 millones 322 mil 757 habitantes, del cual Contadora Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue diputada del Congreso del Estado de Chihuahua y de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LIX Legislatura. Ha realizado diversos estudios, entre los que destacan Género con perspectiva humanista, Políticas públicas con perspectiva de género, y el diplomado internacional de estudios avanzados en género y política, que cursa actualmente.

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57 millones 464 mil 459 fueron mujeres, y 54 millones 858 mil 298, hombres.2 La IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Beijing, China, en 1995, planteó que los Estados debían tomar medidas encaminadas a acelerar la igualdad entre hombres y mujeres. En esta conferencia, donde se declararon los derechos de las mujeres y se integraron a los derechos humanos, se analizó también la necesidad de que los gobiernos e instituciones internacionales adoptaran medidas de acción que permitieran una igual proporción de representantes hombres y mujeres en el gobierno y en la administración pública. Que en la actualidad contemos con acciones afirmativas en las legislaciones electorales locales y en la federal, ha sido consecuencia de la adhesión del Estado mexicano a los tratados Internacionales en esta materia. El artículo 133 de nuestra Carta Magna, por ejemplo, otorga el mayor rango constitucional a los convenios contraídos internacionalmente, ratificándolos a través del Senado de la República; actualmente con la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, se dio rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, de los que México es parte. En torno a los derechos políticos de las mujeres destacan múltiples tratados, convenciones, conferencias y consensos. Entre ellos, el Consenso de Quito de agosto de 2007, que subraya el compromiso de los partidos políticos para realizar acciones positivas y estrategias de comunicación, financiamiento, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales internas, que posibiliten la inclusión paritaria de las mujeres.3

Consultado en Internet: http://www.elmonetario.com.mx/?p=4932

Consenso de Quito, Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Quito, Ecuador, 6 al 9 de agosto de 2007, p. 5.

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En el padrón electoral mexicano las mujeres representan 51.71 por ciento y los hombres 48.29 por ciento;4 por lo que puede afirmarse que son las mujeres quienes pudieran definir el resultado de una elección. No obstante, a ningún partido le interesa aprovechar el potencial de su militancia femenina y el carácter democrático que significaría incluir a las mujeres en los cuadros directivos y de base.5

Las reformas al COFIPE, el inicio del cambio En 1993 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) se reformó, y recomendó a los partidos políticos que promovieran una mayor participación política de las mujeres. Más tarde, en 1996, se modificó y nuevamente se sugirió a los partidos que consideraran en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios –de mayoría relativa y representación proporcional– no debían rebasar 70 por ciento para un mismo sexo. Esta disposición trascendió de manera diferenciada en los estados del país. En Chihuahua, el movimiento plural de mujeres y militantes de numerosos partidos políticos comenzaron negociaciones con distintos actores para que se estableciera la obligatoriedad de la cuota de no más de 70 por ciento de un mismo sexo para los cargos cuya naturaleza lo permitiera, reforma que se logró en la Ley Electoral del Estado en 1997. Después, hasta el 2002, se reformó el COFIPE de nuevo para establecer como obligación de los partidos políticos la garantía de que las candidaturas por mayoría y de representación proporcional no excedieran 70 por ciento para un mismo sexo. En 2008,

Consultado el 20 de mayo de 2011 [en línea] http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/ PHP/est_sex.php?edo=0

Contadora Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue diputada del Congreso del Estado de Chihuahua y de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LIX Legislatura. Ha realizado diversos estudios, entre los que destacan Género con perspectiva humanista, Políticas públicas con perspectiva de género, y el diplomado internacional de estudios avanzados en género y política, que cursa actualmente. 129

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las últimas reformas al COFIPE determinaron que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de candidaturas a diputados/as como de senadoras/es, al menos 40 por ciento deberían integrarse de candidaturas propietarias de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Las candidaturas de mayoría relativa, que son resultado de un proceso de elección interna y democrática conforme a los estatutos de cada partido, quedaron exceptuadas de esta disposición.

En busca de la paridad en la Ley electoral de Chihuahua En el año de 2007, en Chihuahua, se formó el Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas (GPDPC), integrado por mujeres de organizaciones de la sociedad civil, de diversos partidos políticos, servidoras públicas, académicas y mujeres sin filiación política, con el objetivo de impulsar la paridad en la ley electoral del estado. Con este objetivo, el GPDPC presentó un estudio del comportamiento electoral en Chihuahua de 2007, que demostró que si bien se respetó el criterio de incluir no más de 70 por ciento de un mismo sexo para los cargos de diputados/as por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos evitaron que las mujeres estuvieran consideradas en alguno de los tres primeros lugares de la lista de diputaciones de representación proporcional, que se otorgan de acuerdo con el porcentaje en que hubiesen estado subrepresentadas las mujeres.6 Para estos últimos cargos se registraron 53 por ciento de hombres y 47 por ciento de mujeres, sin embargo, en la lista plurinominal la inscripción de mujeres en los tres primeros lugares sólo representó 33 por ciento del total.7

Esto de conformidad al artículo 16 numerales 4, 5, 6 y 7 de la Ley Electoral del estado abrogada.

Claudia Alonso y Beatriz Duarte, Estudio del comportamiento electoral 2012 por sexo, p. 25.

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De los resultados de esas elecciones puede concluirse que la situación de las mujeres es grave, pues los partidos políticos han seguido la estrategia de ubicar a las candidatas mujeres en los últimos lugares de las listas plurinominales para las diputaciones de representación proporcional, o de las regidurías, razón por la que no logran la representación que les corresponde.8 Con base en ese estudio de 2007, se presentó una propuesta legislativa el 3 de julio de 2008 a las diputadas de la Comisión de Equidad y Género de la LXII Legislatura. El proyecto incluía la paridad en el registro de las candidaturas a todos los cargos –presidencia municipal y regidurías, sindicaturas y diputaciones– con reglas para apoyar su aplicación. De acuerdo con la propuesta, si la fórmula partidista se integrase con una mujer como propietaria, para la suplencia no podría contender ningún familiar de sexo masculino en línea recta ni en línea colateral, dentro del cuarto grado, ni cónyuge o concubino. El 10 de junio de 2008 las únicas siete diputadas del Congreso local presentaron al pleno la propuesta legislativa para el dictamen de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Equidad, Género y Familia. Meses después, en octubre, el GPDPC presentó a las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género la iniciativa de reforma a la Constitución Política del estado para instaurar la paridad electoral y el 16 de diciembre del 2008 se presentó al pleno del Congreso local. En junio de 2009 se comunicó al GPDPC que se dictaminaría la propuesta original de junio de 2008; en el proceso de revisión se acordó incluir la paridad electoral en las candidaturas de propietarios y suplentes, excepto las candidaturas para presidencia municipal, sindicaturas y las diputaciones de mayoría relativa, que están sujetas a procesos democráticos internos de los partidos políticos, además de la alternancia en las listas.

Ídem. 131

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Esta reforma implicó un avance en los derechos políticos de las mujeres, además de agregar a la propuesta original importantes financiamientos para impulsar la participación de las mujeres al interior de los partidos políticos, como el 2 por ciento del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Asimismo se señaló que los partidos políticos habrían de canalizar 15 por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar diversos mecanismos en materia de perspectiva de género, y para actividades específicas de interés público: educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como publicaciones con perspectiva de género que serían apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al 3 por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias. La propuesta se aprobó por unanimidad en el Congreso el 25 de junio de 2009; sin embargo, el Ejecutivo incumplió con su obligación de publicarla. El 10 septiembre de 2009 el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Electoral, que se publicó el 13 de septiembre. En ella se incluyen diferentes financiamientos para la participación política de las mujeres y la disposición de que los partidos políticos promuevan y garanticen la igualdad de oportunidades, además de procurar la paridad de género mediante la postulación de mujeres a cargos de elección popular en el Congreso del Estado y Ayuntamiento, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.9 Las candidaturas que fueran resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido, quedaron excluidas de esa disposición.10

Nueva Ley Electoral de Chihuahua, fracción 2, artículo 131.

Ídem.

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Originalmente esta propuesta pretendió abonar a la paridad en las listas de las planillas del ayuntamiento y en las de diputaciones de representación proporcional; sin embargo, la excepción logró trastocar el principio de igualdad al neutralizar la posibilidad de la paridad. En nuestro estado se establece dicha excepción para todas las candidaturas, a diferencia del COFIPE que la aplica sólo en las candidaturas de mayoría relativa. Posteriormente, el GPDPC promovió una acción de inconstitucionalidad y logró que las fracciones parlamentarias del PAN y PRD en el Congreso la interpusieran ante la Suprema Corte. El principal argumento fue que varias disposiciones de la nueva Ley Electoral carecían de validez por ser contrarias a lo establecido por la Constitución Política y por los tratados y convenios internacionales que tienen el rango de ley suprema, lo que tendría como consecuencia la discriminación de las mujeres al limitar el libre ejercicio de sus derechos políticos, y por tanto, constituía violencia hacia las mujeres. La acción de inconstitucionalidad promovida por el grupo logró que la Corte decidiera desechar las disposiciones contrarias a la paridad. Si bien ello representó un gran avance sobre los derechos políticos de las mujeres, sabemos que todos los partidos buscan frecuentemente la manera de eludir las cuotas señaladas por las normas electorales y no ejercen los recursos destinados a la promoción de las mujeres, aun cuando es sabido que la participación comunitaria de las mujeres en algunos casos llega a ser mucho más activa que la de los varones.

La participación de las mujeres en los partidos políticos

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Los partidos políticos saben que quienes más participan en las campañas electorales son las mujeres, quienes soportan en todo proceso electoral el trabajo de la promoción del voto, mediante

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visitas y reuniones domiciliarias, entrega de volantes, como capacitadoras o representantes de casilla, en la elaboración de las plataformas electorales, etc. Muchas de ellas son reconocidas como líderes en sus comunidades debido al trabajo que realizan para satisfacer sus necesidades básicas; sin embargo, ese liderazgo social no es traducido como liderazgo político. Con frecuencia, los aportes de estas mujeres son invisibilizados y se dificulta su acceso a los puestos de decisión y de elección, y en general, a la igualdad de oportunidades. Es decir, prevalece una cultura que atribuye a los hombres más cualidades y capacidades para ocupar cargos públicos y de dirección. Sin embargo, debemos reconocer que algunas mujeres también asumen actitudes de autoexclusión, en la medida que no encuentran las condiciones y elementos necesarios para participar y acceder a posiciones importantes en el terreno político. Por ello, las actividades vinculadas a la promoción para acceder a contiendas electorales internas ha de diseñarse considerando los factores y problemáticas que impiden o inhiben la participación de las mujeres. Por ejemplo, si las asambleas y reuniones se realizan en horarios en que las mujeres militantes suelen ocupar para la atención de sus hijas/os y familia, habría que pensar en horarios en los que ellas también puedan acudir, o bien ampliar proyectos que les permitan, en la época de promoción del voto, el cuidado y atención comunitaria de ciertas tareas domésticas. De esta manera se pretende ejemplificar cómo se articulan las situaciones que limitan cotidianamente a las mujeres y que habrán de tomarse en cuenta en los proyectos de inclusión y paridad que se impulsen.

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El logro de la paridad en los cargos públicos y en las contiendas electorales, supone también una trasformación radical de las instituciones y de la vida social, que han de reconocer la conjunción entre la vida privada y la pública. Por tanto, su implementación requiere, necesariamente, de normas jurídicas y políticas públicas

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que reconozcan sus necesidades estratégicas y la superación del desequilibrio actual entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones para conseguir una igualdad de facto, esto es, paritaria e incluyente.

Conclusiones Por último, y a manera de conclusión, se presentan diversas acciones afirmativas que pueden fortalecer y apuntalar el logro del dos por ciento del presupuesto de partidos políticos para capacitación y liderazgo político de las mujeres:

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• Las titulares de los organismos de mujeres de los partidos deben ser elegidas por la militancia y no por el o la titular del partido, de esta manera las candidaturas responderán a los intereses de las mujeres. • Los organismos de mujeres deben saber cuánto representa el dos por ciento de financiamiento y cómo se obtiene, así como elaborar sus propios reglamentos, proyectos y programas que definan cómo ejercerán dichos recursos tanto en estados y municipios. • Orientar a los organismos de mujeres con propuestas sobre cómo distribuir de mejor manera dichos recursos. • Impulsar una política de fiscalización en que los comités directivos estatales supervisen al Comité Ejecutivo Nacional, y los comités municipales al comité estatal, para vigilar el uso y destino del dos por ciento. • Invitar a mujeres consejeras aliadas de los partidos políticos para que verifiquen que en el presupuesto anual aprobado por cada consejo nacional se incluya la partida del dos por ciento de financiamiento para capacitación, pero independiente del gasto de operación del organismo de las mujeres. • Sistematizar la información que permita conocer, con detalle y transparencia, el destino que los partidos políticos dan a estos recursos.

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• Evaluar potencialidades y perfiles de liderazgos de las mujeres en los partidos, y formular indicadores para llevar a cabo un seguimiento. • Establecer alianzas entre los organismos de mujeres de los partidos políticos, organizaciones de mujeres de la sociedad civil y académicas, para la creación de observatorios electorales de género que velen por el cumplimiento de las normativas de equidad de género en los procesos electorales y del financiamiento destinado a la capacitación y promoción de las mujeres. • Establecer una mecanismo de sanción para dirigentes y titulares de organismos de mujeres en los partidos políticos que no utilicen el financiamiento para la capacitación. • Diseñar y convocar a un concurso de buenas prácticas de capacitación de los partidos políticos.11 • En alianza con organizaciones de la sociedad civil, impulsar reformas en leyes y códigos electorales estatales que aún no hayan incluido financiamiento para capacitación, así como reglamentos que protocolicen la capacitación. • Definir lineamientos básicos para la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos utilizados para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Entre las propuestas que pueden incidir de manera estructural, ya que se trata de actividades realizadas por las mujeres y por las que no reciben pago alguno, se exponen las siguientes: • Que las mujeres estén presentes en reuniones, asambleas y acciones del partido, donde se toman decisiones que derivan en el acceso o no a cargos de elección popular.

La idea está tomada de Natividad Cárdenas Morales, “El financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres”, en Cuadernos de divulgación de la justicia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2011.

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• Realizar diagnósticos sobre la situación de las mujeres con los que se puedan identificar los obstáculos y necesidades que enfrentan para participar en cargos públicos. • Crear ludotecas con programas de actividades y cocinas comunitarias de apoyo para las mujeres que contienden o promueven el voto. • Apoyo de transporte escolar y de asesoría de tareas para las hijas e hijos de mujeres candidatas. • Apoyo de asistencia para personas adultas mayores y enfermos que dependan de mujeres candidatas. • Apoyo de transporte para promoverse en la jurisdicción, según el cargo. • Capacitación a líderes e integrantes de las estructuras de los partidos. La promoción de estrategias para modificar los comportamientos culturales de hombres y mujeres resulta fundamental en la construcción de la democracia. Que los liderazgos partidistas comprendan que la discusión de género abarca tanto a mujeres y hombres, y no sólo a las primeras, es indispensable para buscar estrategias en favor de la igualdad y las relaciones de empoderamiento de ambos sexos.

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De este modo, tal como lo señalan reportes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la lucha de las mujeres por conquistar las mismas oportunidades y derechos que los hombres no es solamente un asunto de justicia, sino una aspiración de bienestar humano y requisito esencial de una genuina democracia.

El libro Caleidoscopio se imprimió en el mes de noviembre de 2012, en los talleres de Impresora y Encuadernadora PROGRESO, San Lorenzo 244, Col. Paraje San Juan, Del. Iztapalapa, México, D.F., C.P. 09830. El tiraje consta de 500 ejemplares Publicación ecológica impresa en papel fabricado con fibras de posconsumo sin recubrimientos, para favorecer su reintegración en el ambiente y que la elaboración de nueva pulpa se realice mediante procesos más eficientes y menos contaminantes.