Desde que se reconoció el derecho constitucional al sufragio y al derecho a ser electas, nuestra democracia logró equipararse con el resto de las naciones latinoamericanas que ya lo habían incorporado en sus respectivas constituciones. Y es que la participación política no es ninguna concesión. Es un derecho humano que abarca el ejercicio del poder en altos niveles de decisión y en toda la organización del Estado; pero también la libertad de pensamiento, de expresión, de organización; de codecidir en todos los campos de la vida social y ejercer nuestros derechos ciudadanos, individual o colectivamente.
