Ventana Legislativa by Asamblea Visible

Publicación Semestral N° II - 2012/2013

CONSULTA POPULAR:

PROYECTO DE LEY DE AMNISTÍA

Fortaleciendo la democracia

el imperio o la arbitrariedad de ¿la ley?

ENTREVISTA CON: DR. JESÚS MARÍA CASAL

LA ASAMBLEA NACIONAL: ENTRE EL SER Y EL DEBER SER

TERMÓMETRO LEGISLATIVO: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

CONTENIDO CRÉDITOS

Editorial El gigante que necesita despertar Por Carlos Castro

Entrevista con Entrevista al Profesor Jesús María Casal, abogado, doctor en derecho y Vicepresidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro.

Artículos Especializados Asamblea Nacional: espacio para el diálogo y la reconciliación nacional Por Francisco Alfaro Pareja

Francisco Alfaro Director Editorial

Disertaciones sobre la transición al Estado Comunal: Deconstrucción Analítico Hipotética Por Rubbi Rada

Carlos Castro Editor

El Imperio o la Arbitrariedad de… ¿la Ley? Por Pedro Urruchurtu

Eskeila Guerra Johanna Escuela Cruz Colaboradoras

Espacios de Discusión La Asamblea Nacional: entre el Ser y el Deber Ser

Maritxel Sanchéz Maldonado Diseño Gráfico

Encuentro en Machurucuto 2013

Consulta Popular Sondeo de Opinión sobre el “Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política”

Termómetro Legislativo Instrumento de medición

Junta Directiva Fredery Calderón Director General Francisco Alfaro Formación e Investigación Nelson De Freitas Transparencia Legislativa Melisa Barreto Relaciones Institucionales

Carlos Castro Corrección de Estilo

El gigante que necesita despertar Editorial Por: Carlos Castro1

a Asamblea Nacional ha evolucionado de ser una institución elitista a una institución que reconoce en los ciudadanos su razón de ser. Sin embargo, todo el esfuerzo que se ha emprendido para generar la nueva identidad de la Asamblea Nacional es insuficiente, ha sido más imagen y retórica que gestión. Y es allí donde surge la crisis del poder legislativo. Es momento ahora que la gestión supere la propaganda, y para eso es necesario que se reconozcan las fuerzas políticas que conforman la Asamblea Nacional, que comprendan los diputados que todos vienen del mismo lugar, del voto popular, y aunque en el proceso de la dinámica política tengan diferencias, el producto final de su trabajo es para el poder popular nuevamente. El poder legislativo es un gigante para las democracias cuando cumple su rol principal de legislar y controlar. El poder legislativo debe despertar y entender que al cumplir responsablemente su función, pensando en todos los ciudadanos y no en sectores con preferencias políticas, con toda seguridad va a hacer del gobierno de turno uno más eficiente, y va a generar mayor porvenir para la ciudadanía. En esta segunda edición nuestros lectores podrán enriquecerse con tres artículos de gran interés. El primero de ellos aborda

la situación de nuestro órgano legislativo, tomando en consideración los hechos recientes de violencia que protagonizaron los diputados, en cuanto a lo que debe ser un espacio como la Asamblea Nacional. El segundo artículo desarrolla un análisis sobre la vialidad de la tesis del “Estado Comunal” en Venezuela, contemplando el marco jurídico existente y la composición social del pueblo venezolano. Por ultimo, encontramos una aproximación a la situación que atravesó el país por motivo del deceso del expresidente Hugo Chávez, y la interpretación que se hizo del texto constitucional. Además, pueden revisar nuestra consulta popular que muestra la opinión ciudadana sobre el Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política, que adelanta el diputado Edgar Zambrano. Y por último, en la sección “Espacios de Discusión” van encontrar el resumen de actividades de Asamblea Visible que buscan visibilizar la actividad parlamentaria y acercar el poder legislativo a la ciudadanía.

¹Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas por la Universidad Central de Venezuela (2011). Es Editor de la revista Ventana Legislativa

ENTREVISTA CON Entrevista al Profesor Jesús María Casal, Abogado, Doctor en Derecho y Vicepresidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro.

l Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT) es un centro de estudios sobre Derecho Parlamentario y sobre los parlamentos en el ámbito nacional, estadal, municipal o internacional, y colabora en la formulación de propuestas para el perfeccionamiento de su desempeño en el cumplimiento de las funciones de legislación y de control. Representa de manera genuina el ideal del parlamentario, combinando la representación de los ciudadanos con la defensa de la institucionalidad y el progreso a través de la legislación. En esta oportunidad, el Profesor Jesús María Casal nos ayudará a conocer la labor que desempeña el Instituto de Estudios Parlamentarios, así como su utilidad, alcance y objetivo. ¿Cuáles fueron las motivaciones que dieron origen al nacimiento del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro? La motivación es fortalecer al Parlamento, empezando por la función de control, su labor en la democracia y en el área legislativa. Además, hay un interés académico de estudiar el derecho parlamentario, en conformidad con la evolución que se da en los distintos sistemas políticos a nivel mundial, ya

Profesor Jesús María Casal

que hoy en día se observa el predominio del Poder Ejecutivo y una pérdida de la imparcialidad, lo cual se ha convertido en una tendencia generalizada en la Asamblea Nacional. Por otra parte, desde el punto de vista estructural, es importante hacerle ese seguimiento a los consejos legislativos, municipales y la creación de comunas. ¿Cuáles son los objetivos y metas que quiere alcanzar el Instituto? Desarrollar una línea de trabajo en materia de formación para fortalecer el parla-

ENTREVISTA CON

mento, generando debates y actividades de formación en el campo del derecho parlamentario. Para alcanzar este objetivo se realizan cursos relacionados con la técnica legislativa en el contexto del Estado Federal, de tal manera que se pueda apreciar la importancia de respetar la distribución de la competencia legislativa. ¿Cuáles son las líneas de investigación que tienen actualmente? Básicamente hacerle seguimiento a la formación de las comunas ya que se encuentran una serie de elementos propios del Estado comunal que generan tensión desde el punto de vista democrático. Se observa que al mismo tiempo pueden estar desarrollándose movimientos de empoderamiento en las comunidades, formas de participación y de inclusión, por tanto es necesario hacer un seguimiento de cómo se están constituyendo las comunas, el funcionamiento de los nuevos parlamentos comunales y los conflictos que esto pueda suscitar con las facultades de legislación de los consejos municipales. Otra línea de investigación es la incidencia de las políticas públicas en la elaboración de leyes; esta es la línea que menos se ha trabajado, en cuanto a la elaboración de un proyecto de ley que nazca del Instituto y que luego sea conversado con los diputados para que llegue a la Asamblea Nacional. Es un tema que está por definirse. También estamos trabajando en una estrategia para articular actores diversos y poder incidir de alguna manera en el contenido de los textos legislativos. Hasta ahora, lo que hemos recogido son algunas opiniones sobre proyectos de ley que estén en discusión para someterlos a consideración de los actores. ¿Desarrolla el Instituto algún tipo de publicaciones, cursos, foros, diplomados o talleres?

Si, hemos realizado algunos cursos sobre la nueva ley orgánica del trabajo. Recientemente se dictó uno sobre perspectivas institucionales en Venezuela para 2013, desde el punto de vista constitucional, del trabajo de la Asamblea Nacional y de los escenarios políticos que se vislumbran. Luego se realizó un curso sobre las implicaciones para Venezuela del segundo mandato del Presidente Barack Obama. Próximamente están por realizarse 2 foros, uno referido al proceso de paz en Colombia y otro referido a las implicaciones económicas de las medidas que han sido adoptadas recientemente por el gobierno. ¿A la fecha, que propuesta ha generado el Instituto para el Parlamento Venezolano? Los esfuerzos del Instituto van dirigidos a generar estudios sobre temas que estimemos que deben ser discutidos en la Asamblea Nacional, como proyectos de ley. En este caso se trata de un aporte al trabajo legislativo, ya que si hay una necesidad por parte del parlamento de elaborar un proyecto de ley, ya existe un estudio a considerar y tener en cuenta para el contenido de esa ley. Luego de que la Asamblea Nacional apruebe su programa legislativo anual vamos a dar inicio a este trabajo, a partir de los temas prioritarios, para poner los estudios a disposición de quienes tengan interés. ¿Cómo valora el Instituto el desempeño de la Asamblea Nacional en materia de control y legislación? Valoramos el desempeño con preocupación ya que ha sido escasa la actuación de la Asamblea Nacional en su labor de control sobre el gobierno y la administración. Su actividad no debe ir dirigida únicamente al bloqueo de cualquier iniciativa de investigación o denuncias que presente la oposición, sino que las

ENTREVISTA CON

propias mayorías oficiales o progubernamentales deben entender que es fundamental crear comisiones de investigación, y la activación de los mecanismos de control previstos en la Constitución para generar confiabilidad en las instituciones. Estas iniciativas no deben conllevar a una censura sino a una investigación, siguiendo con los mecanismos constitucionales, lo que terminará en la discusión de un informe que se debe someter a votación y, si es aprobado, el tema se discute en la plenaria. La creación de esta comisión permite demostrar que hay una disposición a que se conozcan los problemas que pueden haber sido denunciados por sectores de la comunidad, a que se conozcan las causas de situaciones que afectan el funcionamiento de los servicios públicos, el acceso a bienes y servicios, el manejo adecuado de los fondos públicos, por eso es fundamental rescatar esa tarea de control de la Asamblea Nacional. En cuanto a la tarea de legislación, nos parece que se ha visto bastante menoscabada en los últimos años a través de figuras como la Ley Habilitante. Esta ley fue muy genérica y amplia abarcando una gran diversidad de materias -amplitud que afectó el campo de acción de la Asamblea Nacional, por eso pudimos ver que leyes esenciales en una democracia para regular las relaciones socioeconómicas, como lo es la Ley Orgánica del Trabajo, no fue dictada por la Asamblea Nacional. A pesar de que esta ley fue incluida en el programa legislativo anual 2011, la Asamblea Nacional no la aprobó sino que fue promulgada por decreto ley, a través de la habilitante. Una ley de tanta importancia como esta, que requiere de gran consenso y discusión entre distintos sectores, abandonó el espacio de debate parlamentario y fue aprobada siguiendo un camino que tiene mayor opacidad, como lo es el camino del decreto ley.

ha sido escaSa la actuación de la Asamblea Nacional en su labor de control sobre el gobierno y la administración ¿Qué mensaje le da el Profesor Casal a los jóvenes que tienen interés en el tema legislativo? Que se preparen, el parlamento es un tema muy interesante ya que es un espacio público de deliberación que debería ser racional, de confrontación de ideas, de entender cómo la democracia debe manejar los elementos de la diversidad, de la disparidad política, de la discrepancia y al mismo tiempo la pertenencia de una misma comunidad política. El parlamento es ese espacio de pluralismo, dentro de un marco que garantiza los derechos de todos, y si hay alguna institución que debe ser ese espejo del pluralismo es precisamente la Asamblea Nacional, quien debe construirlo y rescatarlo de manera armoniosa. ¿Cómo hacen las personas interesadas en formar parte de las actividades que se desarrollan en el Instituto? Pueden ingresar a nuestra página web www.fermintoro.org, comunicarse por el teléfono 0212-7622002, escribirnos al correo electrónico iepfermintoro@gmail.com, o seguirnos por el twitter @iepfermintoro.

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS Asamblea Nacional: espacio para el diálogo y la reconciliación nacional Por: Francisco Alfaro Pareja²

os incidentes de violencia del pasado 30 de abril en el hemiciclo de la Asamblea Nacional deben llamarnos urgentemente a la reflexión. Los niveles de polarización política que arrastra Venezuela desde el año 2002 han llevado al país a niveles de violencia discursiva y cultural que han derivado en violencia física, siendo el de la agresión física entre diputados el evento más reciente y a la vez más deplorable, por lo significativo de quiénes lo realizan y la institución que representan.

El término “Parlamento” deriva del francés “Parlement” y a su vez de la palabra “parler” (hablar). Si bien en Venezuela el parlamento como institución fue tradicionalmen-

El término “Parlamento” deriva del francés “Parlement” y a su vez de la palabra “parler” (hablar)

Plenaria Asamblea Nacional

te llamada Congreso desde nuestros inicios republicanos en 1811, a partir de la Constitución de 1999 ha pasado a denominarse Asamblea Nacional. Este espacio fue creado para representar la pluralidad de la ciudadanía y gestionar mediante el diálogo y el debate constructivo los conflictos y la pluralidad de opiniones y posturas. Sin embargo, la actuación del poder legislativo venezolano en los últimos años no ha sido la más ejemplar ni eficiente en este sentido. Es preocupante que el número de sesiones plenarias haya disminuido a una por semana, sólo para ser un escenario de descalificaciones y espacio de diálogos de sordos y que las Comisiones

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS

Los resultados electorales del pasado 14 de abril hablan de un país que necesita encontrar espacios comunes para el encuentro y la convivencia democrática. Permanentes tengan un promedio tan bajo de reuniones en los últimos dos períodos. La Asamblea Nacional puede y debe ser el espacio para la reconciliación nacional y la discusión de los grandes temas del país, buscando crear consensos en los intereses comunes más allá de objetivos excluyentes. Temas como el de la inseguridad, la educación, las políticas públicas, los temas de la ciudad, la reorganización territorial, el desarrollo de infraestructuras, la cultura y el ambiente deben privar en la agenda del parlamento. De hecho, la última Consulta Popular desarrollada por Asamblea Visible, basada en una muestra de 104 personas de la ciudad de Caracas, el 91% de los consultados considera que la Asamblea Nacional debería promover una ley que incentive la reconciliación nacional y un 100% considera que dicha institución debería hacer un esfuerzo por promover la paz social en el país. Los resultados electorales del pasado 14 de abril hablan de un país que necesita encontrar espacios comunes para el encuentro y la convivencia democrática. No obstante, más allá de los resultados de las elecciones presidenciales y de los reclamos presentados por la oposición, los diputados de la Asamblea Nacional están en la obligación de reconocerse como interlocu-

tores válidos de sus electores ya que todos fueron electos por el voto popular. La base de la democracia es la posibilidad de albergar la pluralidad de pensamientos, ideas, posturas y conjugarlas a través del diálogo verdadero bajo el abrigo de la Constitución.

hacemos un llamado al respeto de la integridad física y la libertad de opinión Desde la Asociación Civil Asamblea Visible rechazamos cualquier manifestación de violencia y hacemos un llamado al respeto de la integridad física y la libertad de opinión de los diputados y diputadas venezolanas, así como al principio de pluralidad. Asimismo, hacemos un llamado a la transparencia electoral, a promover condiciones más equitativas en las campañas electorales, a respetar los lapsos para la designación de nuevos rectores del CNE respetando el principio de representatividad y a mejorar la celeridad en los mecanismos para la resolución de conflictos derivados de resultados electorales tan disputados, a fin de dar al país más certezas que incertidumbres, más soluciones que problemas, más encuentros que desencuentros.

²Doctor en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrrollo por la Universitat Jaume I (2013). Politólogo por la Universidad Central de Venezuela (2002). Actualmente es investigador en el Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz de España y Director editorial de la revista Ventala Legislativa.

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Disertaciones sobre la transición al Estado Comunal: Deconstrucción Analítico Hipotética³ Por: Politólogo Rubbi Rada Díaz

Qué inútil la tarea del hombre, peluquero de sí mismo,repitiendo hasta la nausea el recorte quincenal, tendiendo la misma mesa, rehaciendo la misma cosa, comprando el mismo diario, aplicando los mismos principios a las mismas coyunturas (Julio Cortázar; Rayuela; Cap. 71).

nicio este análisis sobre la transición al Estado Comunal y no he encontrado una manera más apropiada de abordar este tema sino desde su posibilidad a partir del contexto actual de crisis, develando cada uno de los fines últimos hacia los cuales debe girar este cambio político fundamental. La Civilización Occidental sólo puede encontrar sentido en la crisis. La movilidad de lo que existe y la transformación y adaptación de lo que está dado por sí mismo no implica necesariamente la decadencia civilizatoria, sino más bien la expresión de su propia naturaleza. La materialización del Eros y del Tánatos encuentra sentido en todas las áreas del entendimiento y acaecer humano y sólo a partir de la crisis generalizada de la Civilización Occidental, crisis que por cierto no es temporalmente reciente, sino que se remonta a los cimientos mismos de los albores de la existencia social, puede hablarse de una crisis del Estado nacional, surgido a partir de la necesidad de superar los conflictos derivados de la distribución del poder4.

Un método deconstructivo fungió de herramienta para emprender el análisis de la naturaleza y posibilidad de construcción del Estado Comunal. Por un lado, el Estado reviste una naturaleza en cuanto que “es” y continúa “siendo” en un escenario de crisis generalizada que conlleva a su necesaria transformación con

La Civilización Occidental sólo puede encontrar sentido en la crisis vistas a su adaptación a las realidades sociales; es a partir de esta condición que encuentra sentido la noción de “transición”. La transición política, en cuanto que ausencia de inmovilidad, reviste distintos niveles de acuerdo al lugar simbólico en el que tenga lugar. Un simple cambio de gobierno debe ser entendido como eso, un cambio en los gobernantes; sin embargo, una transformación en o de las estructuras estatales y de la manera en la que se concibe la estructura de dominación estatal, siempre y cuando se produzca un giro contundente y figurativo de los mecanismos y el contenido de la distribución del poder, es en sí mismo un tipo de transición política en su sentido más puro. Pero lo que parece sobreentendido es que es imperativo remontarse sobre un esquema valorativo que contenga y privilegie el contenido de principios de libertad, individualidad, igualdad, justicia social y estabilidad política. De modo que si son las relaciones de poder las que atraviesan por un proceso de movilidad, cabe cuestionarse sobre la naturaleza de estas relaciones.

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La cualidad esencial y fin último del Estado nacional es la institucionalización de la violencia con miras al mantenimiento del orden y la cohesión social interna. La violencia en cuanto que violencia debe revestir un carácter público y las relaciones que la cruzan se encuentran en constante movilidad; sin embargo, en la medida que dicha violencia atraviese por un proceso de desinstitucionalización y posterior reinstitucionalización, puede hablarse de una transición política.

el actual proceso político venezolano está signado por una fuerte carga ideológica Entonces, el cuestionamiento esencial es qué es lo que debe ser entendido como transición hacia el Estado Comunal. Un dilema previo se interpone toda vez que nos preguntamos sobre la pertinencia de esta interrogante. Es allí cuando el escenario político venezolano de la actualidad nos ofrece una respuesta afirmativa, en el sentido de que las élites políticas actuales y diversos sectores de la estructura social ya han asumido esta transición como una necesidad fundamental que transciende el mismo terreno político hasta ubicarse en un plano esencialmente ético. Sectores sociales e instituciones políticas han planteado la pertinencia de la transformación de las relaciones de poder y por lo tanto, la des y reinstitucionalización nacional con miras a la implantación de un Estado Comunal; es decir, una transición política en pleno sentido de la expresión. Ahora bien, ¿Qué es el Estado Comunal y por qué su implantación ha sido asumida

como un imperativo moral en la actualidad? Este cuestionamiento sobre su naturaleza pasa por preguntarnos hasta qué punto es este una modalidad teórica del Estado nacional actual (posible convivencia de estructuras institucionales nacionales tradicionales con nuevas formas de relaciones políticas cívicamente aceptadas y protagonizadas por los sectores mayoritarios representantes de las fuerzas laborales) o una cosmovisión completamente nueva de la esencia del Estado y por lo tanto, otra expresión política de la crisis de la Civilización Occidental. En ningún sentido nos preguntamos sobre una cuestión novedosa. La novedad del asunto radica en cuestionarnos lo mismo, pero poniendo la vista sobre Venezuela y el original proceso político por el cual atraviesa. Sin duda, el actual proceso político venezolano está signado por una fuerte carga ideológica que se remonta a los albores de los movimientos socialistas latinoamericanos y al ideario indigenista, positivista y bolivariano, con una fuerte connotación hacia lo externo de sus fronteras, expresado en la interconexión de factores y perspectivas políticas comunes. La movilidad política actual, cruzada por una fuerte dosis de personalismo político con vinculación psicológica y por un proceso de desinstitucionalización marcado, surge como respuesta a la decadencia institucional surgida en el seno de los gobiernos puntofijistas venezolanos. Su característica esencial es proclamar un sentido de la democracia sustentada en lo que se ha dado a conocer como “empoderamiento del pueblo”, base esencial del “Socialismo Bolivariano”, propiciador de estructuras de tomas de decisiones con vistas a un supuesto beneficio colectivo. La presencia de una “figura original” regente y de élites políticas fuertes y con capacidad decisoria por delegación, asegura una extrema dosis de politización de diversos sectores sociales y además, una fuerte presencia estatal que no se traduce, necesariamente, en la presencia de un Estado fuerte.

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Muy al contrario, el surgimiento de nuevas formas de expresión organizacional sólo puede tener lugar en la medida que se trastoque la estructura institucional vigente y tradicional, poco capacitada y la mayoría de las veces indispuesta a atender la necesidades y demandas sociales fundamentales. De allí la creación de las “misiones sociales”, de los “consejos comunales” y “comunas”, los cuales concretan y desarrollan transinstitucionalmente esta perspectiva política y su ideario societal. Estas dos últimas expresiones (“consejos comunales” y “comunas”) son la concreción organizacional sobre las cuales se remonta el ideario de la transición hacia el Estado Comunal. En este sentido, ya han sido adelantados instrumentos jurídicos destinados a la concreción de esta estructura – tenga el lector siempre presente la distinción entre la realidad jurídica y la realidad material – entre los cuales destacamos las Leyes del Poder Popular, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la Ley Orgánica de las Comunas. Considerando la cualidad esencial del Estado como escenario en el que se reúnen las fuerzas políticas dominantes cubiertas de un manto de violencia legítimamente institucionalizada, son diversas las problemáticas que enfrenta una posible tentativa de transición. El primer problema teórico fundamental radica en definir cuál será el sentido que tome la violencia institucionalizada; problema por lo demás ya implícitamente resuelto en Venezuela, en donde no se ha planteado, al menos seriamente, suprimir por completo las estructuras estatales vigentes para dar paso a otras radicalmente nuevas (hecho por el cual se contradice el concepto de revolución en sus términos primigenios), sino que más bien, toda transición hacia el Estado Comunal vendría aparejada de la convivencia de las estructuras tradicionales con nuevas formas de organización y distribución del poder entre los sectores mayoritarios.

Una primera tentativa pasaría por distinguir los elementos teóricos y explicativos (más no ideológicos) de los que conforman las condiciones sociopolíticas y las fuerzas materiales vigentes. En otras palabras, destacar no sólo la conveniencia, sino también la posibilidad de encontrarnos frente a un Estado Comunal. Una inicial interpretación histórica nos demuestra la imposibilidad de tal destino y lo ubica en un plano hipotético e incluso utópico e improbable. Sin embargo, deben distinguirse las nociones probabilísticas de las nociones de posibilidad, porque si bien es improbable la existencia de tal tipo de Estado en las complejas sociedades contemporáneas, ello no significa que este sea imposible de materializar. La posibilidad de supresión de la individualidad es quizás entonces el dilema que nos ocupa y el fundamento esencial de la construcción de lo que se dado en llamar Estado Comunal. Definirlo implica colocar la mirada más allá de la pesada e ineficiente institucionalidad política vigente y colocarnos en el plano de las colectividades y de la acción colectiva y simbólica. Y dicho simbolismo no puede ser expresado, en un primer término, más que con el discurso; la realidad política construida, en cuanto que realidad en sí misma; no discurso alejado del acaecer social, sino eventualidad, el fenómeno en sí mismo. Es, en términos de Orwells (1984), el “neolenguaje” constructor de realidades.

redimensión de las relaciones económicas fundamentales dentro de una estructura social 11

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Una problemática que entra en consideración, la cual va aparejada a la toma de decisiones y a la distribución y transfiguración de las relaciones de poder está referida al redimensionamiento de las relaciones económicas fundamentales dentro de una estructura social. Está presupuesto que toda transición al socialismo – sin necesidad de asimilarla a la transición hacia el Estado Comunal - implica el apoderamiento de los medios de producción y un cambio fundamental e irreversible del modo de producción imperante; en este caso, del sistema capitalista. Está además presupuesta una justa y equitativa redistribución del producto social entre todos los sectores sociales, privilegiando a aquellos que han sido tradicionalmente desprotegidos y sin embargo, la aplicación de principios de justicia (en sentido rawlsiano) no implica necesariamente una transición hacia nuevas formas de organización estatal. Otra problemática fundamental radica en esta supresión aparentemente simbólica de la individualidad, o quizás, en su progresiva disminución. Este debate contrapone la perspectiva liberal a una perspectiva comunitarista y se centra en la capacidad del individuo para reproducirse y desplegarse en sí mismo. Sin duda, estos nuevos planteamientos organizacionales (consejos comunales y comunas) implican la exaltación de elementos comunitarios en el seno de la cultura política nacional. El individuo se diluye para dar paso a una solidaridad autoinducida cotidiana y tan prácticamente utópica que parece completamente imperceptible. En otras palabras, se hace necesario incorporar elementos psicológicos humanos que den rienda suelta al actuar político5. Es allí cuando traspasamos el discurso y las élites políticas pasan a la promoción de realidades organizacionales para la toma de decisiones colectivas. Estas pueden adquirir diversos nombres: “consejos comunales” o su esquema organizativo y compuesto su-

perior: “las comunas” y, valga la lineal esquematización, el Estado Comunal o compuesto de comunas legítimamente institucionalizadas. Precisamente, es allí, en esta legitimidad, donde reside una problemática esencial, ya que la legitimidad reviste dos planos esenciales: el primero indica que la legitimidad está basada en la pertinencia y aceptación del origen del Estado Comunal. Puede argumentarse a su favor el imperativo del Estado actual de promover la democracia y la justicia social en todos sus sentidos, ya que en la medida en que sea el “pueblo” el que decida sus propios modos de existencias, se habla de un mayor grado de democracia. El otro plano está referido a la legitimidad de la eficacia, es decir, la legitimidad basada en la pertinencia de estas nuevas formas organizacionales y en su capacidad para responder a las demandas de la población en general. Por lo demás, esta expresión de la legitimidad no está plenamente comprobada y ha dado signos de negatividad pero también de eficiencia cuando se trata de casos específicos.

no se ha planteado la necesidad de suprimir completamente la institucionalidad vigente En este sentido, al menos en varios sentidos las condiciones para la transición hacia un Estado Comunal están dadas. Una de estas es la legitimidad de origen basada en la necesidad de profundizar los ideales democráticos; otra es el arsenal jurídico – político necesario que legitime las acciones de las élites políticas y de los sectores populares movilizados. Otra condición dada es que no se ha

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es imposible, en los términos actuales, la construcción de Estado Comunal alguno planteado la necesidad de suprimir completamente la institucionalidad vigente y en cierto modo, se expresa la necesidad de convivencia de las nuevas estructuras organizativas con la institucionalidad vigente. Sin duda, un proceso de sincera desindividuación ha comenzado a tener lugar entre pocos sectores sociales, pero los efectos de un cambio en la cultura política no se han hecho plenamente presentes. Es sobre esta que debe remontarse todo proceso de ingeniería política (Sartori). Sin embargo, los obstáculos presentados revisten un carácter incluso más profundo y fundamental. Los procesos de transformación de las sociedades actuales y del aparato institucional no tienen un rumbo fijo. Más bien, tiene lugar en el país un proceso de desinstitucionalización sin reparos y sin sustitución institucional aparente. Las trastocadas instituciones expendedoras de violencia son, por los momentos, imposibles de trastocar desde sus cimientos y la crisis del Estado nacional venezolano ha acarreado más bien su decadencia progresiva y el aumento de los niveles de incertidumbre política. Aunado a ello, debe destacarse que no es plena la consolidación de las nuevas estructuras organizacionales y no se ha generado una transferencia efectiva de recursos monetarios (distribución equitativa del producto social) que asegure mayores niveles de justicia social y que sobre todo, satisfaga las crecientes demandas ciudadanas. En este sentido, la problemática trasciende el sentido

de lo semántico y se ubica en otro plano de la realidad material – la brecha entre el arsenal jurídico y el cumplimiento efectivo de la norma, por lo demás normas simbólicas, se ensancha cada día más – haciendo imposible la posibilidad de transición política alguna. Cabe concluir que en razón de la ausencia de los elementos esenciales para un cambio político de esta naturaleza, es imposible, en los términos actuales, la construcción de Estado Comunal alguno y cualquier intento tendiente a ello traería como consecuencia la profundización de la crisis y de la decadencia generalizada.

3Escrito

por Rubbi Rada Díaz. Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas egresado de la Universidad Central de Venezuela (2011). Actualmente analista de relaciones internacionales de la Asamblea Nacional de Venezuela.

4Podemos

incluso hablar de una crisis del pensamiento humano en la medida en que se presenta incapaz de abordar y dar cuenta de una realidad que avanza a ritmos vertiginosos e incontrolables. El viejo mito del control de la naturaleza por parte del hombre parece haberse perdido desde hace siglos, si se entiende por naturaleza lo que “es” y “siendo” y que es susceptible de cambios de sentidos y de perspectivas.

5Si

se me permite el atrevimiento, el actuar político ha sido constantemente asumido por la sociedad venezolana como algo inherente a su naturaleza, a pesar de la aparente inactividad y movilización estructural.

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El Imperio o la Arbitrariedad de… ¿la Ley? Por: Politólogo Pedro Urruchurtu6.

oda Ley tiene tras de sí una intencionalidad política. Esa intencionalidad, indudablemente, obedece a un contexto histórico, político, económico, social o cualquier otro que, en teoría, busca dar respuesta a necesidades específicas, pero en la práctica puede resultar un elemento de uso político a favor de un gobierno. Pero así como su intencionalidad es política, su interpretación no escapa de esa realidad, sobre todo cuando la norma no es totalmente clara y deja vacíos (intencionales o no) que permiten adaptarla en función de una coyuntura determinada, dándole un carácter flexible y vulnerable a intereses políticos.

Toda Ley tiene tras de sí una intencionalidad política. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), aprobada en 1999, en un contexto histórico que exigía cambios profundos en el país, se presenta como una Carta Magna ejemplar en muchos aspectos, siendo incluso referencia para otros países. Nadie puede dudar del papel protagónico que ha jugado la CRBV desde su entrada en vigor, en todos los ámbitos del país, en diferentes situaciones y con múltiples actores que se valen de ella para ejercer su poder. Pero bastó que llegara el 10 de enero para que surgieran cualquier cantidad de dudas y posibles alternativas en torno a la juramentación del Presidente de la República, que la propia CRBV provocó producto de su vacío y flexibilidad, y que dieron paso a una in-

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

terpretación eminentemente política. Se abre un nuevo proceso de interpretación política de la norma que se circunscribiría en los turbulentos días que estarían por venir, sobre todo con el fallecimiento del Presidente Chávez. La situación generada a partir de ese día dejó entrever al menos tres vacíos y debilidades importantes de la CRBV, que puede recapitularse de la siguiente manera: 1. El primer vacío se refiere al inicio del período constitucional y la juramentación del presidente electo. El período constitucional inició el 10 de enero de 2013 y en la última parte del artículo 231 se habla de que si hay algún evento sobrevenido que imposibilite la presencia del Presidente en la Asamblea Nacional (AN), se hará su juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El vacío radica en que no se explica si tal juramentación es el mismo 10 de enero, si es luego ni mucho menos

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qué tan lejos puede ser dicha juramentación ante el TSJ.

te electo (Sala Electoral TSJ. Dictamen 59. 31/05/2005).

Esto reabre el debate sobre que tan sobrevenida puede ser considerada una enfermedad con más de un año de tratamiento y que además es altamente delicada, lo que efectivamente la convierte, más que en una causa sobrevenida, en una causa preexistente. La Constitución no aclara este aspecto.

No obstante, como bien es sabido, el TSJ en el caso del Presidente Chávez afirmaba que como se trataba de un caso de reelección, la juramentación pasaba a ser un mero “formalismo”, dado que se aplicó la llamada tesis de la continuidad administrativa, garantizando que el gobierno reelecto siguiera en funciones. Esto, en principio, genera una contradicción importante respecto a la jurisprudencia del propio Tribunal y se convierte en la evidencia de que la interpretación realizada a la CRBV en el caso presidencial obedeció a criterios indudablemente políticos, lo cual permite realizar dos preguntas: •

Juramentacion del expresidente Hugo Chavez

2. El segundo vacío, producto del primero, se basa en que la juramentación de un cargo de función pública es obligatoria para el inicio del ejercicio de funciones, tal como lo establece el artículo 20 de del Decreto con Fuerza de Ley sobre el Estatuto de la Función Pública, el cual estipula que “Los funcionarios públicos, antes de tomar posesión de sus cargos deberán prestar juramento de cumplir la Constitución, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo (…)”. Lo anterior se suma a la propia Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, quien en casos anteriores y de niveles de poder inferiores dictó sentencia explicando no sólo que el acto de juramentación es imprescindible ya que condiciona los efectos jurídicos de quien resulta gobernante electo (Expediente Nro. 09-0026 de la Sala Constitucional del TSJ, con fecha 26/05/2009), sino que además no puede considerarse un proceso electoral culminado hasta que se haga efectiva la toma de posesión del gobernan-

Si el acto de juramentación, según la jurisprudencia del TSJ, es imprescindible para que las decisiones tomadas por el gobernante electo tengan efecto jurídico, y el período constitucional inició el 10 de enero sin la juramentación del Presidente, pero bajo la tesis de la continuidad administrativa: ¿Tenían legitimidad y validez todas decisiones tomadas a partir del 10 de enero en adelante hasta que se juramentase?

• En el caso de los gobernadores reelectos y ante las próximas elecciones de alcaldías y concejos municipales ¿podrían continuar su mandato sin necesidad de juramentarse, desconociendo la jurisprudencia del TSJ y basándose en la decisión sobre el caso del Presidente de la República? 3. El tercer vacío, vinculado directamente con los dos anteriores, se refiere a la falta temporal y la falta absoluta más todo el tema de la toma de posesión. Antes del 10 de enero, al conocerse que no estaría el Presidente electo, se comenzó a plantear la necesidad de que asumiera el Presidente de la Asamblea Nacional provisionalmente el

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cargo y luego convocar a elecciones. Sin embargo, para que esto ocurriera debía declararse la falta absoluta del Presidente de la República y esta sólo se da luego de declarada una falta temporal de unos noventa primeros días y luego otros noventa. El vacío está en el hecho de que no podía asumir el Presidente de la Asamblea Nacional ya que no se estipula qué hacer en caso de una falta temporal el 10 de enero, en el entendido, además, de que no se declaró una falta absoluta hasta el 9 de marzo cuando, tras el fallecimiento de Hugo Chávez, se juramenta a Nicolás Maduro como Presidente Encargado. Antes de eso, sólo se trató de un permiso de ausencia por más de cinco días por motivos de salud. En ese sentido, la CRBV no deja claro los mecanismos que proceden en caso de que no se presente el mandatario y se declare una falta temporal. Todo esto hizo fácil la justificación de la llamada tesis de la continuidad administrativa. Pero todo cambiaría su curso a partir del fallecimiento del Presidente Chávez el 5 de marzo. Ante la evidente falta absoluta, la Constitución por medio de su artículo 233 es clara afirmando que si tal falta se da antes de la toma de posesión del Mandatario, asume el Presidente de la Asamblea Nacional y se convocan elecciones treinta días después. Es sólo en el caso de que la falta absoluta se dé durante los dos últimos años de período presidencial que asume el Vicepresidente Ejecutivo de la República hasta culminar el mandato. Precisamente la interpretación que se le da al artículo tras el fallecimiento de Hugo Chávez es la segunda y el propio Tribunal Supremo de Justicia, el día 8 de marzo de 2013, afirmó que el Vicepresidente Nicolás Maduro era quien debía asumir el poder, pues el Presidente Chávez estaba en funciones al momento de fallecer, amparándose nuevamente en la tesis de la continuidad administrativa, de-

Capitolio de la Asamblea Nacional

jando sin efecto el cargo de Vicepresidente y haciendo que Nicolás Maduro asumiera como Presidente Encargado, situación para la cual SI era no sólo necesaria, sino también obligatoria la juramentación, demostrando una vez más la flexibilidad de la norma. Así surgen varias interrogantes que sólo una interpretación política de la norma puede hacer entender. Lo primero es que en ambos casos de faltas (temporal y absoluta) debía haber asumido el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cosa que no ocurrió y es que la juramentación de Nicolás Maduro no fue más que el cumplimiento de la última voluntad expresa de Chávez, convirtiéndose en su testamento político. Que Cabello tomase el poder podía verse como un desconocimiento a la voluntad de Chávez, aún cuando fuera lo legalmente correcto. Pareciera que desde el principio todo se manejó como una especie de “transición”, en la que el poder fue transferido paulatinamente a Nicolás Maduro hasta el momento que se midió en elecciones presidenciales. Es decir, desde el 8 de diciembre, Maduro se comportó como un Presidente Encargado, no como un Vicepresidente, lo cual fue ratificado por vía del TSJ y la AN posteriormente. Nadie puede negar que el marco jurídico lo colocó en una posición cómoda que le permitió comenzar a gobernar.

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS

Es decir, la norma se adaptó, se moldeó perfectamente para que se diera un traspaso del poder de la manera menos traumática y de la forma más pacífica posible. Además, Nicolás Maduro sabía que necesitaba medirse en elecciones para legitimarse, para poder gobernar con votos propios y no con un liderazgo que no le pertenece ni le pertenecerá. Independientemente de lo que ocurrió con las elecciones presidenciales, las dudas surgidas, las denuncias de la oposición liderada por Henrique Capriles, la impugnación de las elecciones y todo lo que esto ha generado, tanto a nivel nacional como internacional, esto le sirvió a Maduro para tomar la silla presidencial de manera legal, aún cuando se cuestione para algunos su legitimidad. Esto generará, con el paso del tiempo, una discusión entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, lo cual es tema de otro trabajo. Para muchos, todo ha sido un proceso intencional desde hace tiempo y que se acentuó, por ejemplo, con los hechos de violencia en la AN producto de las dudas en los resultados que dieron ganador a Maduro e incluso el cuestionamiento de su legitimidad.

se al máximo la mayoría de diputados oficialistas en la Asamblea Nacional (pues en 2015 habrá elecciones parlamentarias y los juegos de poder pueden cambiar), lo que le permitirá aprobar leyes importantes para sus intereses, sumado al efecto de “victoria” que vienen arrastrando desde octubre de 2012, lo cual deben explotar al máximo para consolidar las alcaldías y concejos municipales el próximo 8 de diciembre y, sobre todo, para garantizar la vida y continuidad del proceso que conducen Sólo el tiempo dirá que curso tomarán todos estos hechos turbulentos que han trastocado la vida del ciudadano común, convirtiéndolo en espectador y protagonista a la vez, y que innegablemente han escrito nuevas páginas en los libros de historia de Venezuela.

6Licenciado

en Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad Central de Venezuela (UCV). Twitter: @Urruchurtu.

Sin embargo, lo que pareciera ser un “Golpe de Estado por partes”, realmente refleja la debilidad normativa e institucional que posee el país, amparada en elementos políticos que pueden dejar mucho que desear sobre todo por su capacidad de sobre todo hacia el sector que no se identifica con esos elementos. No es menos cierto que la realidad política del país cambió en sí misma en aspectos como la configuración del poder, las mayorías y minorías, simbologías, comportamiento electoral, etc. Esto debe entenderse en un clima de unidad necesaria para el partido de gobierno quien ya no tiene líder claro y contundente. Se da en un momento en que debe aprovechar-

espacios de discusión La Asamblea Nacional: entre el Ser y el Deber Ser

aracas, 20 de marzo de 2013.- En el marco de su ciclo de foros sobre la Asamblea Nacional, la Asociación Civil Asamblea Visible realizó el foro titulado “Ser y Deber Ser en la Asamblea Nacional” con el Dr. Tulio Álvarez en la Sala de Juicios Orales de la Universidad Central de Venezuela. El Dr. Álvarez expresó, abordando el tema del “deber ser”, que “la primera función de la Asamblea es integrar al país, entendiendo que es un escenario de debate político, de intercambio de ideas y en consecuencia es un foro democrático”. Agregó que “el rol del parlamento, es ser un escenario para llegar a acuerdos; en segundo lugar ser una institución que aprueba leyes, y las leyes tienen el gran sentido de establecer los parámetros generales de funcionamiento de un estado; y en tercer lugar la Asamblea debe controlar a la administración pública y al gobierno”. Para concluir la intervención sobre el “deber ser”, el Dr. Álvarez acotó que “el parlamento es la garantía de un Estado equilibrado, un Estado constitucional; y cuando falla el parlamento en cualquiera de los tres elementos (integrar, legislar, controlar) se producen crisis y conflictos que ponen en riesgo la democracia”. En cuanto al tema del “Ser” en la Asamblea Nacional el Dr. Álvarez fijó posición por medio

Foro Ser y Deber Ser en la Asamblea Nacional

de dos indicadores que, según su opinión, demuestran la incapacidad de la Asamblea actual. El primer indicador al que se refiere son las leyes habilitantes aprobadas por la AN al Ejecutivo Nacional durante más de una década, y el segundo indicador consiste en la falta de controles que establece la Asamblea sobre el gasto público y el hecho de que existan diversos fondos sin ningún control, ni limitaciones. Concluyó el Foro diciendo que “en las democracias lo importante no es la imposición de las mayorías sino el respeto de las minorías; y que el parlamento significa el corazón de las democracias, por eso no es casual que con el deterioro del parlamento se vea perjudicada la democracia”.

ESPACIOS DE DISCUSIÓN

Encuentro en Machurucuto 2013

iranda, 24 de febrero de 2013.- La determinación y las ganas de contribuir con las comunidades fueron suficientes para reunir un grupo de 5 organizaciones, integrado por la Asociación Civil Todos Unidos, el Grupo de Orientación en Salud Sexual y el apoyo del programa de Responsabilidad Social de Bayer “Tu Vida”, la organización Futuro Presente y el programa Lidera, y la Asociación Civil Asamblea Visible, con el propósito de realizar una jornada de atención integral en la comunidad de Machurucuto, ubicada en el municipio Pedro Gual del Estado Miranda.

Encuentro con pescadores en Machurucuto

la comunidad en materia legislativa, y poder tener una referencia alternativa a la Capital. El objetivo de visibilizar la discusión de temas importantes de la Asamblea Nacional, debe comenzar con la educación y el conocimiento de los ciudadanos acerca de la labor de esta institución. De esta forma, al momento de participar en la discusión de temas legislativos, pueden tener una base que les permita comprender la importancia y trascendencia de una decisión tomada por el poder legislativo. Foro Ser y Deber Ser en la Asamblea Nacional

Gracias al apoyo de los miembros del Consejo Comunal Palmaestadio y al apoyo del colegio Pedro Gual, que sirvió de centro de acopio para llevar a cabo la jornada, se pudo compartir y atender a la comunidad en áreas de la salud (nutrición, odontología y atención médica general) y también en áreas formativas (educación sexual y conocimientos legislativos).

Foro Ser y Deber Ser en la Asamblea Nacional

Para Asamblea Visible fue provechoso participar en esta actividad, ya que permitió evaluar el conocimiento de los miembros de

CONSULTA POPULAR Sondeo de Opinión sobre el “Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política”

n consideración al Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política presentado por el diputado Edgar Zambrano, y el esfuerzo realizado por el diputado alrededor de la propuesta legislativa, Asamblea Visible realizó un sondeo de opinión, a través de una consulta “cara a cara” con la ciudadanía. Esta consulta se realizó en

Tipo de Sondeo: “Cara a Cara” Muestra: 104 personas Lugar: Plaza La Candelaria (Caracas) Número de preguntas: 7

Pregunta

No contesta

la plaza la Candelaria del Municipio Libertador y en la urb. La California Norte del Municipio Sucre en Caracas. Se consultaron un total de 104 personas con edades comprendidas entre los 17 años y los 84 años, provenientes de los municipios Libertador y Sucre. A continuación presentamos los resultados de esta consulta. Tipo de Sondeo: “Cara a Cara” Muestra: 104 personas Lugar: La California Norte (Caracas) Número de preguntas: 7 Pregunta

No contesta

10 1

CONSULTA POPULAR

¿Conoce usted el proyecto de Amnistía presentado por el diputado Edgar Zambrano?

¿Cree usted que la AN debería promover una ley para la reconciliación de los venezolanos?

CONSULTA POPULAR

¿Qué significa la palabra Amnistía?

¿Debería la Asamblea Nacional hacer un esfuerzo por promover la paz social en el país?

CONSULTA POPULAR

¿Confía en el sistema de Justicia Venezolano?

¿Considera que en Venezuela la población esta dividida por la política?

CONSULTA POPULAR

Para el futuro político de Venezuela ¿Considera que los políticos deben perdonar o castigar las acciones del pasado?

La reflexión final que nos deja el sondeo de opinión se resume en los siguientes puntos: 1. El esfuerzo del diputado Edgar Zambrano es importante pero no suficiente. Ha asumido el tema como bandera política y para ganar espacio en los medios de comunicación, sin embargo, la desinformación que existe y se mantiene alrededor del tema contrarresta cualquier esfuerzo individual por la aprobación de la ley. 2. El acuerdo y reconocimiento de la población en cuanto a la necesidad de promover la reconciliación política en el país evidencia la importancia de establecer objetivos destinados a la Paz. La respuesta de la pregunta básica sobre el “qué” se quiere lograr esta muy clara: “PAZ”, sin embargo, la dificultad

aparece y permanece en la respuesta al “cómo” se va lograr. 3. Hay necesidad de paz y mucho más arraigada en los jóvenes del país, sin embargo, es momento de replantearse la forma y el contenido para lograrlo, prestando atención a los indicadores y considerando los intereses de por medio en los actores con capacidad de decisión.

Para mayor información visítanos Sitio Web: www.asambleavisible.com Twitter: @AsambleaVisible Teléfono: (0212) 424 5121 / 5175 Correo: AsambleaVisible@gmail.com 26