ANDALUCÍA
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Nº 117 junio 2017
Por la liberación de los presos políticos saharauis Desde ASPA nos hemos unido a las organizaciones solidarias con el pueblo saharaui denunciando la ilegalidad del juicio iniciado por Marruecos contra los presos políticos saharauis de Gdeim Izik que fueron detenidos durante el campamento de Gdeim Izik, así como después de su desmantelamiento por parte de Marruecos el 8 de noviembre de 2010. Este campamento se levantó a las afueras de El Aaiún ocupado, capital del Sahara Occidental, por más de 20.000 saharauis para reclamar sus derechos sociales, civiles y políticos y tras 2 meses fue brutal y violentamente desmantelado por las fuerzas de ocupación marroquí. Tras décadas de brutal ocupación por parte de Marruecos, el Pueblo Saharaui sigue viendo vulnerados sus más elementales derechos y este juicio es una prueba más de ello. En este juicio, se solicitan penas de hasta 30 años para estos 24 saharauis que llevan ya 6 años en prisión y que fueron juzgados por un tribunal militar marroquí en 2013, tras 3 aplazamientos anteriores. Este juicio militar fue denunciado por observadores internacionales y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos por irregularidades en el proceso y falta de garantías procesales para los acusados, denunciando la ausencia de pruebas incriminatorias y que la obtención de las confesiones se produjo bajo tortura. Pidiendo la liberación de los presos saharauis traemos a colación el artículo “Por la liberación de los presos políticos saharuis” de la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López Bermejo, publicado el 17 de mayo en Diario Público.
En el momento de escribir estas líneas, tiene lugar en Salé (Marruecos) el juicio civil a los presos políticos saharauis de Gdeim Izik. Y si alguien albergaba alguna esperanza de un juicio justo, la realidad no ha tardado en desmentirlo.
Ayer, martes 16 de mayo, cansados del desfile de testigos falsos y la imposibilidad de confrontar sus declaraciones, los presos optaron por retirarse de la sala del juicio junto a su defensa y sus familias. Este hecho no fue un obstáculo para que el juez nombrara a dedo a otros cuatro abogados del público como defensores, sin consultar a los acusados, y pretendiera continuar el juicio como si nada sucediera. Ante las protestas de dos letradas que permanecían en la sala, el Tribunal optó por desalojarlas con violencia, mostrando a las claras su falta de respeto por las convenciones elementales del Estado de derecho.