Presencia histórica de grupos armados al margen de la ley en el Choco by AyP Estudio Abogados

Alvaro Rolando P茅rez Castro Abogado ______________________________________________________________________

Estudio sobre la Presencia hist贸rica y actual de grupos armados al margen de la ley en el departamento del Choco.

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INTRODUCCIÓN................................................................................. 4 2.

ALGUNAS

GENERALIDADES

SOBRE

LOS

GRUPOS

GUERRILLEROS .............................................................................. 10 3. EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PARAMILITARES14 3.1. I NCURSIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN EL BAJO ATRATO (1996 – 2000) ......................................................................................................... 15 3.2. SEGUNDA FASE: INCURSIÓN MEDIO

Y ALTO

ATRATO (2000 – 2002)

......................................................................................................... 27 3.3. TERCERA FASE: INCURSIÓN EN EL VALLE DEL SAN JUAN (2001) .. 37 3.4. EL LITORAL PACÍFICO ................................................................. 40 3.5. DESMOVILIZACIÓN DEL BLOQUE ELMER CÁRDENAS DE DANIEL

BAJO EL MANDO

HERRERA, ALIAS EL ALEMÁN ............................................ 43

4. DESARROLLO DEL CONFLICTO EN EL URABÁ CHOCOANO O BAJO ATRATO ............................................................................. 45 4.1. TERRITORIOS COLECTIVOS ......................................................... 53 4.2. RESGUARDOS I NDÍGENAS ........................................................... 61 4.3. PERSPECTIVA POR MUNICIPIOS ................................................... 66 Unguía.......................................................................................... 67 Acandí .......................................................................................... 72 Riosucio ....................................................................................... 78 El Carmen del Darién................................................................ 102

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Belén de Bajirá .......................................................................... 120

5.- CARGOS Y AFIRMACIONES PRESENTADAS POR FREDY RENDON HERRERA, ALIAS “EL ALEMAN”

6. Testimonios Pruebas de cargos y de descargo; análisis probatorio y reglas normativas de interpretación. 7.-Solicitud de Preclusión

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Introducción

El propósito de este estudio es caracterizar la expansión y consolidación paramilitar en el Chocó haciendo énfasis en la participación de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. Sin buscar incurrir en conceptos subjetivos que le resten seriedad al presente documento emprendemos una labor que nos permite dar clara cuenta de la distancia tan enorme que existio entre el desarrollo de estos grupos paramilitares y la labor política del doctor Odin Sánchez Montesdeoca En términos temporales se profundiza entre mediados de los años noventa, momento en que se inicia la incursión de los paramilitares en el departamento del Chocó, y 2005 – 2006, cuando se concreta la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas. Los paramilitares entraron al Chocó después de actuar con especial intensidad en el norte del Urabá Antioqueño, la zona bananera (Antioquia) y el sur del Urabá Antioqueño, proceso que se dio entre 1994 y 1997. Después adquirieron una influencia muy importante en el Bajo y Medio Atrato, en el norte del Chocó, a partir de 1997 – 1998. Más adelante, a finales de la década de los años noventa, en estas zonas y particularmente en el norte del Chocó, los paramilitares se transformaron en el Bloque Elmer Cárdenas, bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, hasta su desmovilización en 2006. Es importante aclarar que si bien se hace referencia al conjunto del Chocó, se hace énfasis en el norte, principalmente a las regiones 4

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del Bajo y Medio Atrato, pues fue ahí en donde se concentró la actuación del Bloque Elmer Cárdenas. Igualmente se hará referencia a algunos municipios del Urabá Antioqueño y el departamento de Córdoba, costeros, pues ahí también tuvo influencia esta agrupación. Para desarrollar este estudio se consultaron informes del Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, la Fundación Seguridad y Democracia y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, del los que se reproducen muchos apartes, en aras de hacer precisión sobre aspectos particulares. Así mismo se consultó material de prensa. El informe se desarrolla en varios apartes o capítulos. En el primero se presentan algunas generalidades sobre el departamento del Chocó y se destacan algunos aspectos por los cuáles se convirtió en estratégico para los grupos armados irregulares. En el segundo se presentan muy brevemente algunas generalidades sobre la presencia de los grupos guerrilleros que hacían presencia en el Chocó desde antes del ingreso de los paramilitares. En el tercero se resume brevemente la incursión, expansión y consolidación de los paramilitares entre 1996 y 2006, en el Chocó, estableciendo diferencias por regiones, para el conjunto del departamento. En el cuarto y el quinto capítulos se profundiza en el Medio y Bajo Atrato, regiones en donde fue especialmente importante la participación del Bloque Elmer Cárdenas bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. En estos dos capítulos se analiza con detalle el

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desarrollo de la confrontación y se hacen precisiones por municipios,

resguardos

indígenas,

territorios

colectivos

Comunidades de Paz. Se traen igualmente ejemplos sobre los casos de la coca, la explotación de madera y las explotaciones de palma africana. 1. Generalidades y carácter estratégico del Chocó para los grupos irregulares Por su ubicación geográfica y topografía el departamento del Chocó es estratégico para los actores armados irregulares, guerrillas y paramilitares, por ser un corredor natural entre el centro del país y las costas pacifica y caribe, por el que se trafica armas y droga principalmente. Este departamento ubicado al noroccidente de Colombia, está atravesado de norte a sur por los ríos Atrato, San Juan y Baudó, los cuales junto con sus afluentes, conforman una amplia red fluvial por la que se mueven estos mercados ilegales y alrededor de la que ha avanzado el conflicto armado en la última década. Esta importancia estratégica llevó a los actores armados a establecerse y más adelante disputar el control sobre el territorio del Chocó. Desde mediados de los años setenta y principios de los ochenta el departamento se convirtió en una zona de retaguardia y abastecimiento para la guerrilla, por lo que Farc, ELN, EPL y ERG hacían presencia en la región, y desde mediados de los noventa las autodefensas del Urabá antioqueño incursionaron, especialmente en la región del Atrato, transformando el departamento de una zona

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de retaguardia a una de confrontación directa entre los diferentes actores armados 1. En cuanto a los grupos paramilitares se identificaron tres elementos. El primero es el interés económico en el departamento expresado en el narcotráfico y en la expansión de proyectos agroindustriales, en específico los cultivos de palma aceitera. El segundo, el componente antisubversivo que se manifiesta en la constante confrontación con la guerrilla, especialmente con las Farc, y el tercero, el control social y político que ejercen en gran parte del departamento. Estos elementos se conjugan en las cuatro dinámicas relacionadas con estos grupos. Estas dinámicas se diferencian por el frente paramilitar que incursionó, el momento en que incursionó y se consolidó, y los intereses estratégicos que motivaron su movilización hacia el Chocó. Algunas de estas se inscriben en subregiones geográficas marcadas por los grandes ríos que atraviesan el departamento, por lo que conviene analizar cada una por separado. Las dinámicas que se identificaron fueron las del bajo Atrato, el medio y alto Atrato y la del Valle del San Juan. Todas estas mantienen una relación directa con la subregión del Litoral Pacífico, pero el énfasis se concentra en el Medio y Alto Atrato en razón al peso del Bloque Elmer Cárdenas bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán.

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006.

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El departamento del Chocó tiene una extensión de 46.530 km2. Gran parte de su territorio corresponde a áreas selváticas y rurales, y sus principales vías de comunicación son los ríos, pues la mayor parte de estos son navegables por medianas y pequeñas embarcaciones. Posee dos inspecciones fluviales: la de Riosucio sobre el río Atrato y la de Itsmina sobre el río San Juan 2. Para las comunicaciones marítimas cuenta con dos puertos, uno sobre bahía Solano en el océano Pacífico, y otro en Acandí, sobre la costa del mar Caribe. Sólo existen dos vías terrestres principales que comunican la capital del departamento con el interior del país, estas son las de Quibdó – Pereira (Risaralda) y Quibdó – Medellín (Antioquia). El departamento se divide en subregiones marcadas en gran parte por los grandes ríos que lo atraviesan. Estas son: el bajo, medio y alto Atrato; el alto, medio y bajo San Juan y el litoral Pacifico. Según las proyecciones del DANE para el año 2005 la población del departamento es de 416.000 habitantes, de los cuales el 88% pertenecen a las comunidades negras y el 4.68% a las indígenas, el resto de la población es blanca o mestiza3.

Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2003. Panorama Actual del Choco. Bogotá: Presidencia de la República, p. 2. 3 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006, p 2-3

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Fuente: Fundación Seguridad y Democracia De acuerdo con algunas características similares, los municipios del departamento se pueden subdividir en las siguientes subregiones:

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- Bajo Atrato: conformada por los municipios de Acandí, Ungía, Carmen del Darién, Riosucio y Belén de Bajirá. Este ultimo se encuentra en litigio entre los departamentos del Chocó y Antioquia. - Medio Atrato: conformada por los municipios de Bojayá, Quibdó y Atrato, este último segregado de Quibdó en 1997. - Alto Atrato: conformada por los municipios de El Carmen de Atrato, Bagado y Lloró. - Valle del San Juan: conformada por los municipios de Tadó, El Cantón de San Pablo, Itsmina, Condoto, Novita, San José del Palmar, Sipí y el Litoral de San Juan. - Litoral Pacifico: conformada por los municipios de Pizarro o Bajo Baudó, Nuquí, Alto Baudó o Pie de Pató, Bahía Solano y Juradó4. 2. Algunas generalidades sobre los grupos guerrilleros

Es importante hacer referencia muy brevemente a la presencia de las guerrillas desde antes de la llegada de los grupos paramilitares pues esto permite comprender posteriormente la dinámica que se presentó entre estas agrupaciones irregulares y las disputas que los enfrentaron. De las guerrillas, las Farc son las que han tenido la mayor presencia en el departamento y han mantenido un nivel alto de confrontación con los diferentes grupos paramilitares. Esta guerrilla hace 4

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Se guridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 3

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presencia en el Chocó desde los años ochenta con el frente 5 que más adelante se desdobló en los frentes 34 y 57. Este frente ingresó por el norte consolidándose en la parte montañosa de los municipios de Unguía, Acandí y Riosucio; después de haber perdido el control sobre el puerto de Turbo, sobre el Golfo de Urabá, cerca a la frontera con Panamá más o menos en 1995 y 1996. Por estos años, las Farc dominaron esta zona selvática. Incluso, se llegó a saber que allí poseían una retaguardia y "campamentos de descanso", a donde iban guerrilleros heridos o de avanzada edad 5. Esta presencia histórica de la guerrilla fue contrarrestada y disputada por los grupos paramilitares a mediados de la década de los noventa, época en la cual se comienzan a dar las primeras movilizaciones de este grupo, proveniente en su gran mayoría del Urabá antioqueño 6. Más adelante, en el año 2000, las Farc ingresaron por el sur a las regiones del Litoral Pacífico y el San Juan, específicamente a los municipios de Sipí, Medio San Juan y San José del Palmar. Este grupo empezó a ascender desde el departamento del Valle partiendo de Buenaventura, pasando por Calima (Darién) y el Cañon de las Garrapatas, llegando hasta el departamento del Chocó con el fin de apoderarse de uno de los más importantes corredores hacia el Pacífico 7. 5

BBC Mundo. El corredor de la disputa sangrienta. 9 de mayo de 2002. En http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_1975000/19 75157.stm 6 Conferencia Episcopal del Colombia, 2003. Medio Atrato: entre la tragedia, el destierro y el abandono. Bogotá, p. 3. 7 Esta zona estaba bajo el dominio del grupo conocido como “Los Rastrojos”, bajo los órdenes del jefe de la mafia, Wilber Varela. Sin embargo, por la disputa sostenida entre este último narcotraficante y Montoya, otro narcotraficante, con su agrupación armada, “Los Machos”, se abrió un vació en términos de control y seguridad en la zona, el cual fue aprovechado por las Farc para incursionar en territorios hasta ese entonces controlados por los brazos armados del narcotráfico. Las Farc comenzaron a subir, manteniendo enfrentamientos con los grupos de autodefensa y sosteniendo eventualmente combates

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De esta forma, como se observa en los gráficos, la confrontación entre las Farc y los paramilitares fue intensa en el bajo Atrato hasta 2002, cuando se registró el pico más alto en el departamento y a partir del cual empezó a descender, y luego se fue desplazando hacia la subregión del San Juan, donde se han registrado dos picos en 2002 y 2004, y donde se presentaba la mayor confrontación en 20068.

Enfretamientos Chocó 1998 - 2005 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

1998

1999

2000

2001

FARC v s Autodefensas

2002

2003

2004

ELN v s Autodefensas

2005 Otros

Fuente: Fundación Seguridad y Democracia

contra la Fuerza Pública. Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006, pp. 3-4. 8 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 4

Alvaro Rolando Pérez Castro Abogado ______________________________________________________________________ Enfretamientos Chocó por Subregiones 1998- 2005 12 10 8 6 4 2 0 1998

1999

2000

2001

2002

Bajo Atrato

San Juan

Litoral Pacifico

Alto Atrato

2003

2004

2005

Medio Atrato

Fuente: Sistema de información de la Fundación Seguridad y Democracia En 2006 hacían presencia en el departamento el frente 57 en el bajo y medio Atrato, el 34 en el medio Atrato, específicamente en los ríos Neguá y Bebará en zona rural de Quibdó, el alto Atrato y el medio y alto San Juan; el 47 en el medio San Juan y el Bloque Móvil Arturo Ruiz en el medio San Juan y el Litoral Pacífico. Por su parte, el ELN también ingresó al departamento en los años ochenta con el Frente Manuel Hernández El Boche que aún opera en los municipios de El Carmen del Atrato, Lloró, Bagadó, Río Quito (Paimadó), zona rural de Quibdó y Nuquí y el Che Guevara en Tadó9. 9

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 5

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3. Expansión y consolidación de los Paramilitares En síntesis, se puede afirmar que en el Chocó operaron estructuras de las AUC de otros departamentos: inicialmente las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU10, y posteriormente el ―bloque Élmer Cárdenas‖ en las zonas bajo y medio Atrato que consolidaron el corredor que desde Córdoba y Urabá conecta con la costa pacífica en el Norte del departamento del Chocó. (Informes de Riesgo No. 006-07AI del 9 de marzo de 2007, No. 016-06 AI de Abril 27 de 2006 y No. 031-06 AI de Julio 28 de 2006) También actuaron en el Chocó Los bloques Calima y Pacifico procedentes del Valle del Cauca, en el Bajo, Medio y Alto Baudó, con el propósito de conectar los caminos que van hacia la serranía del Darién, en linderos con la republica de Panamá, y las rutas fluviales y marítimas que confluyen al puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca. Por su parte, el bloque Metro, Frente Héroes del Chocó, incursión en los municipios de Condoto e Istmina. Durante el 2001 y 2004, el bloque Calima y Pacifico absorbieron al bloque Metro y se constituyeron en el poder armado de la subregión11.

El Córdoba y Urabá actuaron grupos paramilitares desde los años ochenta, inicialmente estructuras del Magdalena medio que fueron llevadas por Fidel Castaño desde el Magdalena Medio; estas se desmovilizaron parcialmente a finales de 1990. Posteriormente, entre 1994 y 1996, se formaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, bajo el mando de Carlos Castaño, pues su hermano Fidel falleció en 1994. Ver: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Dinámica de la Confrontación Armada en Córdoba. Bogotá, 2009. 11 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo No. 03706AI del 31 de Agosto de 2006.

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3.1. Incursión y consolidación en el bajo Atrato (1996 – 2000) Profundicemos en el norte del Chocó, en las regiones del Medio y Bajo Atrato, por donde inicialmente ingresaron los paramilitares que después quedaron bajo la influencia del Bloque Elmer Cárdenas, bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. En 1996, cuando los paramilitares lograron el control sobre el Urabá antioqueño y expulsaron a las Farc de esta región, empezaron las presiones sobre el Urabá chocoano (Medio y Bajo Atrato). En este año, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, incursionaron en el bajo y medio Atrato, y paulatinamente en otras subregiones del departamento, como se verá adelante. El interés de las autodefensas era controlar el territorio para tomar los corredores que comunican el centro del país con el Pacifico y la frontera con Panamá, y así asegurar el control sobre el Urabá Antioqueño, bloquear a la guerrilla y expandir la frontera agrícola de Antioquia hacia el Chocó con proyectos agroindustriales como la palma aceitera. Para esto, ingresaron por el norte, desplazándose por el río Atrato desde el Golfo de Urabá hasta Acandí, Unguía y Riosucio. En este momento, las Farc se replegaron hacia la zona selvática, mientras los paramilitares se consolidaron en las cabeceras municipales del bajo Atrato y realizaban entradas ocasionales a las cuencas de los ríos 12.

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 5

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Anterior a esta incursión, en los años ochenta y principios de los noventa, grupos paramilitares ya habían realizado entradas esporádicas a esta subregión. Como respuesta a la consolidación de la guerrilla, así como al fortalecimiento de la Unión Patriótica en los escenarios de poder local en los municipios del bajo Atrato, a los intereses de acumulación de capital asociados a la agroindustria que se consolidaba en todo el Urabá, y a la compra de tierras en el litoral pacífico por parte de narcotraficantes 13, las autodefensas del Urabá antioqueño, hicieron presencia ocasional en estos municipios cometiendo desapariciones y homicidios como el de Didiel Angulo Cortés, concejal de Riosucio por la UP y presidente de la Unión Campesina, en la vereda Riónegro de este municipio en 1988 y el homicidio de José Pérez Rodríguez, candidato a la Alcaldía de Riosucio, y Salomón Pérez Pineda, candidato al concejo municipal, ambos por el M-19, en 1992 14. Sin embargo, fue durante la fase de incursión iniciada en 1996, cuando los homicidios aumentaron considerablemente. De acuerdo con la tasa de homicidio del departamento entre 1990 y 2005, se registró un alza desde 1996, siendo 1997 el pico más alto, cuando la tasa fue de 76 homicidios por cada cien mil habitantes, en adelante hpch. Esta alza se relaciona con el incremento en las tasas de los municipios del Urabá chocoano, Acandí, Unguía y Riosucio. Más adelante, en 2000 y 2004 se registraron nuevamente alzas. En 2000 esto se explica por el aumento en la tasas de Carmen de Atrato y Tadó, hacia donde se 13

Citado en: El Pueblo. 2004. Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, 2004. Los derechos humanos en el departamento del Chocó. Bogotá: Presidencia de la República. 14 Bando de datos del Cinep, 2005. Deuda con la Humanidad: Paramilitarismo de Estado 1988 – 2003. Bogotá: Cinep.

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trasladó la disputa territorial entre paramilitares y guerrillas, y en 2004 por el aumento en San José del Palmar.15

Tasa de Homicidio en Chocó por cada cien mil habitantes 1990 - 2005 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Policía Nacional y proyecciones de población DANE

Además del aumento en los homicidios, con la incursión paramilitar y los operativos realizados en febrero de 1997 por la Fuerza Aérea junto con tropas de la Decimoséptima Brigada del Ejército en desarrollo de la ―Operación Génesis‖, donde fueron bombardeados varios caseríos, se registró el éxodo más grande de población civil en la historia del departamento. Cerca de 15.000 personas se desplazaron hacia el corregimiento de Pavarandó en el municipio de Mutatá y Turbo, en Antioquia, y Quibdó y otras comunidades 15

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 6

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cercanas, en el Chocó. Estas comunidades retornaron a sus territorios en 1998 proclamándose como Comunidades de Paz con un alto acompañamiento nacional e internacional. Ante esto los paramilitares bajaron el perfil de sus acciones, pues cometer abusos de gran impacto contra la comunidad representaba un alto costo político nacional e internacional. Así, disminuyeron los homicidios pero aumentó la presencia de grandes grupos de hombres armados en las comunidades, quienes regulaban las actividades de los pobladores. En este mismo año las Farc, en específico el frente 57, regresaron a las cabeceras de los ríos, registrándose un aumento en los enfrentamientos directos entre las guerrillas y los grupos de autodefensa, que alcanzó su nivel más elevado en 2002. 16 En 2001, los paramilitares, que ya se encontraban en el bajo Atrato, fueron reforzados desde el Urabá Antioqueño, constituyéndose el Bloque Elmer Cárdenas bajo el mando de Freddy Rendón, alias ―el Alemán‖. Varios entrevistados afirmaron que ―El Alemán‖era un narcotraficante que operaba en Bahía Solano antes de ser el comandante de este bloque. Con la llegada del Elmer Cárdenas aumentó la capacidad militar de los paramilitares quienes avanzaron desde Turbo y Riosucio hacia el medio Atrato, específicamente hacia los municipios de Bojayá y Murindó (Antioquia) 17.

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 7 17 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 7

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Es importante hacer algunas precisiones sobre la participación de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, a partir de fuentes periodísticas, para formarse una idea sobre el papel que cumplió. Se afirma que ―El Alemán‖ llegó a Necoclí en 1994, como ayudante de un camión cervecero. Se enamoró de la zona y allá tuvo su único hijo. Venía de Medellín, luego de que su familia fuera desplazada por la violencia de la vereda las Ánimas, en Amalfi, Antioquia. Sus padres sólo pudieron costearle estudios hasta primero de bachillerato, y el trabajo como ayudante fue la única opción que tuvo al ver frustrado sus sueños: ser policía o piloto de avión18. Una vez radicado en Necoclí, comenzó a trabajar como tendero de un almacén de víveres. ―Los campesinos me contaban historias de los guerrilleros y yo les pasaba la información a las autodefensas‖, comentó a SEMANA sobre sus inicios en un pequeño grupo que luego se conoció como La 70, porque alguna vez llegó a ese número de miembros. Pero en ese momento eran sólo 19, los que compartían una obsesión: librarse del azote de la guerrilla del EPL y de su líder 'Bocatula', "el personaje más macabro que ha pasado por la región". Tomó la decisión de vincularse de lleno al grupo en 1996, con sólo 22 años de edad. Ahí recibió la pistola cromada 9 milímetros que aún portaba y que tuvo con salvoconducto: ―Llegó Carlos Castaño, nos reunió y se echó un discurso de dos horas que me dejó boquiabierto‖ 19.

El „Führer‟ de Urabá, Semana, Sábado 29 Julio 2006

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Por otro lado se anota que el inicio del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, se remonta a 1995 cuando en la zona rural de Urabá se crearon los grupos de autodefensas campesinas llamados ―Los Velengues‖ y el ―El grupo de la 70‖ 20. De éste último hacía parte Élmer Cárdenas, campesino de Mello Villavicencio, vereda de Necoclí. Cárdenas murió en un combate con la guerrilla en 1997 y en honor a él se creó formalmente el Bloque que lleva su nombre, y que desde el principio estuvo bajo el mando de ―El Alemán‖. Era el segundo de la organización y murió por el tiro certero de un guerrillero, cuando iba en una lancha a la altura de Remacho, por el río Jiguamiandó 21.

En 1998, Rendón aún no estaba convencido del todo de que su verdadera vocación fueran las autodefensas. Para superar la crisis que esto le generó, viajó a Francia con ocasión del Mundial de fútbol, una de sus pasiones. Conoció varios países europeos y luego se trasladó a Estados Unidos, país que dice admirar: ―Es la democracia más perfecta del mundo, tanto que casi parece una dictadura‖. A finales de ese mismo año regresó a Colombia convencido de que su camino era la guerra. Su obsesión por el orden y la disciplina le hizo merecedor del apodo de ―El Alemán‖. En ese momento tomó las riendas del grupo y su relación con algunos de sus subalternos, llegó a ser tan estrecha que lo llamaban ―apá‖. ―Dicen que tengo 20

Paramilitares y conflicto armado en Colombia, verdadabierta.com

El „Führer‟ de Urabá, Semana, Sábado 29 Julio 2006

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dotes de pastor, porque me gusta orar y encomendar todo lo que hago a Dios‖ 22. Sin embargo, su ascenso en el grupo respondió a cualidades más terrenales. Su alma de guerrero se convirtió en el pasaporte de entrada a las grandes ligas del paramilitarismo y, en especial, a la casa de los Castaño, oriundos de su misma región. Fue por eso que nació el mito de que eran familiares, pues en la primera reunión de las Autodefensas Unidas de Colombia, en Córdoba, tanto Vicente como Carlos se referían a él como ―el primo‖. En privado le decían ―Alemancito‖.23 Su pasión por el combate era tal, que incluso en uno de los encuentros de las AUC, mientras todos descansaban, él hacía tiros de ametralladora en el polígono, según lo confirmaron tres jefes paras. En entrevista a SEMANA en julio de 2006, ―El Alemán‖ aseguró que eso es mito y que su labor había sido más de estrategia que en la línea de batalla. ―Yo nunca he participado en ninguna confrontación con la guerrilla‖, dijo. ¿Cuál era la razón para negarlo? Tal vez era el temor a que lo relacionaran directamente con los centenares de muertes de civiles que se le atribuyen a su grupo y con las que se tiñó de sangre este trozo de selva24. También que ad portas de su desmovilización, el grupo continuara combatiendo. Durante la segunda semana de julio de 2006 fueron noticia las refriegas en Taparal y Truandó, cerca de Riosucio. Esta 22 23 24

Ibidem Ibidem Ibidem

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vez la guerrilla llegó a una zona maderera en la región del Élmer. La ocupación dejó un saldo confirmado de 14 aserradores muertos, pero algunos de los sobrevivientes, consultados por SEMANA, aseguraron que dentro de la selva quedaban por lo menos cinco cuerpos más, sin contar las bajas de cada bando. 25 Interesa ahora hacer precisiones sobre el área de cubrimiento del Bloque Elmer Cárdenas. Según una fuente cubría los municipios de San Pedro, San Juan, Necoclí, Arboletes, en el norte del Urabá antioqueño. En el Chocó actuaba en el medio y Bajo Atrato, Unguía, Acandí, Riosucio; y en el occidente de Antioquia su influencia pasaba por Mutatá, Dabeiba, Uramita, y llegaba hasta Frontino, Cañas Gordas y Caicedo. En toda ésta área había una activa presencia de las Farc, particularmente de los Frentes 5, 57 y 58. También algunos grupos del ELN.26 Además, por todos sus costados, el Bloque Elmer Cárdenas limitaba con otros frentes paramilitares como el Bloque Bananero, que actuaba en la zona agroindustrial de Urabá, con el Bloque Calima, en el bajo Atrato, y con el Bloque Suroeste en Antioquia27.

Esta información se contrastó con un mapa que suministró el Observatorio Presidencial de los Derechos Humanos y DIH,

Ibidem En Córdoba actuaba en Canalete y Los Córdobas. (Negrete Barrera., Víctor. Córdoba: Sin paz ni desarrollo. Centro de Estudios Sociales y Políticos Universidad del Sinú. 26

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construido con base en información de las autoridades Militares y de Policía, y salvo diferencias, coincide.

BLOQUE ELMER CARDENAS

1 6 7

5 4

12 8

11 14

Fuente: Ejército y Policía Nacional CORDOBA 1 LOS CORDOBAS 2 VALENCIA 3 TIERRALTA

ANTIOQUIA 4 SAN PEDRO DE URABA 5 ARBOLETES 6 SAN JUAN DE URABA 7 NECOCLI

CHOCO 9 APARTADO

12 ACANDI

10 CAREPA

13 UNGUIA

11CHIGORODO

14 RIOSUCIO 15 QUIBDO

8 TURBO SUMINISTRADO POR EL OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LOS DDHH Y DIH VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CARTOGRAFIA DANE

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Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH: ―Entre 2000 y 2004, se dio un proceso de reorganización del dispositivo de las autodefensas en la zona. La jurisdicción del Eje Bananero fue asumida por dos frentes: el frente Turbo, comandado por ―Hernán Hernández‖ – quién luego asumió la comandancia del bloque Conjunto Calima en el departamento del Valle – y el frente Bananero, a cargo de alias ―Cepillo‖. Estas dos estructuras se encontraban bajo el mando de Carlos Castaño, y uno de sus hombres de confianza, ―Pedro Ponte‖. En el Urabá chocoano, con la incursión de los grupos de autodefensa a la región del Atrato, se configuró el bloque Élmer Cárdenas, al mando de alias ―El Alemán‖.28 A finales de la década de los 90, los municipios del Bajo Atrato en especial las cuencas de los ríos Quiparadó, Truandó, Curvaradó y Domingodó , se constituyeron en objetivo de disputa entre las ACCU y los frentes 57 y 34 de las FARC, con la finalidad de detentar el control territorial de los futuros megaproyectos de palma aceitera, el canal interoceánico Atrato-Truandó, los corredores de movilización hacia el Océano Pacífico, por los municipios de Bahía Solano y Juradó, la conexión por el norte con la frontera con Panamá, para el tráfico de armas y logistica para la guerra, la explotación de recursos naturales (minerales, maderas preciosas), 28

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo No. 058- 05 del 30 de noviembre de 2005. Carmen del Darien. P 2

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los caminos ancestrales que se interconectan con el Urabá y el occidente de Antioquia, y los circuitos de producción, procesamiento y comercialización de la coca. Inicialmente la confrontación se centró en las cabeceras de municipales de Riosucio y Carmen del Darién y posteriormente se extendió a las cabeceras de los ríos 29. En la década de 2000, el panorama de consolidación de los actores armados se puede describir de la siguiente manera: el bloque Élmer Cárdenas detenta el control de las cabeceras de Riosucio y Carmen del Darién y las desembocaduras de los ríos Quiparadó, Truandó, Curvaradó y Domingodó, consolidando su dominio a través de palma aceitera y los sembrados de coca en las riveras de los ríos 30. Por su parte la guerrilla, ejerce el dominio en las áreas rurales apartadas de las cabeceras municipales, las partes altas de las cuencas de los ríos, controlando los extremos que comunican con el océano Pacífico, Panamá y el departamento de Antioquia, la producción de la hoja de coca y la distribución de sus derivados.

La incursión paramilitar igualmente trajo para la subregión del bajo Atrato una transformación en la dinámica económica. Los paramilitares obligaron a las comunidades, especialmente la

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo Informe de Riesgo Nº 058-05 del 30 de noviembre de 2005, Carmen del Darién, p. 2 30 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo Informe de Riesgo Nº 058-05 del 30 de noviembre de 2005, Carmen del Darién, p. 2. 31 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 058-05 del 30 de noviembre de 2005, Carmen del Darién, p. 2

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población joven, a explotar ilegalmente la madera de la región, la cual era comercializada por ellos, así como en 2000, a participar o de lo contrario abandonar sus territorios, en la implementación de los cultivos ilegales de palma aceitera32. El Bloque Élmer Cárdenas estuvo ligado al narcotráfico en el Urabá y el Chocó. En su zona de influencia no sólo hay cultivos ilícitos, sino que el Bloque les cobraba una cuota a todos los narcotraficantes para sacar la droga por Necoclí, y el Golfo de Urabá. Por esta misma zona ingresaban las armas para las autodefensas. Ambas actividades, el tráfico de drogas y de armas, también involucraban en Urabá a otros comandantes como H.H y Raúl Hasbún33. (Paramilitares y conflicto armado en Colombia, verdadabierta.com) Al respecto el Observatorio de Derechos Humanos y DIH, afirma lo siguiente: ―Aunque en un principio Urabá fue usado sólo como puerto, progresivamente fue ocupando un lugar en las distintas etapas de producción de la cocaína. En distintas zonas, se fueron extendiendo los cultivos de uso ilícito, que eran custodiados por guerrilleros o autodefensas, dependiendo de quien tuviera el dominio en el área. Simultáneamente, se instalaron laboratorios, conocidos como cristalizaderos, donde llegaba el producto sin terminar, para ser procesado y empacado. Los cristalizaderos de 32

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 7 33 (Dinámica reciente de la confrontación armada en el Urabá antioqueño. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2006; p.30)

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coca, en su gran mayoría, eran manejados por autodefensas que se encargaban de vender el producto terminado a los traficantes. Estos últimos invirtieron en la compra del producto terminado 34. Posteriormente, la mercancía era transportada a los puntos de embarque que en Urabá estaban bajo la custodia de integrantes de las autodefensas, quienes cobraban una cuota por cada kilo y para la utilización de rutas. Varios embarcaderos están ubicados en la costa pacífica chocoana, en Nuquí (Panguí), Coquí, Bahía Baudó, además de las rutas tradicionales por el Golfo de Urabá. Es relevante mencionar que a esta región también llegan cargamentos de droga de otras zonas del país; en este sentido, se ha tenido noticias sobre toneladas de cocaína que son traídas desde el oriente del país, pasan por el Magdalena Medio, luego por Montería y terminan en el Golfo – siendo ésta tan sólo una de las rutas 35 -. En cuanto a la exportación de la coca, el embarque de forma ilegal se hace en buques mercantes internacionales que llegan a la zona para cargar banano o a través del uso de lanchas rápidas – también llamadas go fast – que llevan la carga hasta Panamá. Estas lanchas, con cuatro motores fuera de borda, se demoran entre seis y doce horas entre el puerto de Turbo y la ciudad de Panamá.‖ 36 3.2. Segunda fase: incursión medio y alto Atrato (2000 – 2002)

El Colombiano, “Los Carteles de la droga tienen nuevos señores”. http://www.elcolombiano.com/proyectos/serieselcolombiano/textos/narcotrafico/ julio20/carteles.htm 35

(Dinámica reciente de la confrontación armada en el Urabá antioqueño. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2006; p.30) 36

Ibidem

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En este aparte nos referimos al medio y alto Atrato. Medio Atrato El medio Atrato, conformado por los municipios de Bojayá, Quibdó y Atrato, este último segregado de Quibdó en 1997, es estratégico por los corredores que se configuran en su territorio. El más importante es el que comunica a Vigía del Fuerte en Antioquia, pasando por Bojayá, con Bahía Cupica en el litoral, a través de los ríos Opogadó, Napipí y sus afluentes. Esta es la ruta más corta hacia el mar por la que se trafican armas y droga. Además, es una zona de la que se extraen varios recursos naturales como la madera y el oro. Igualmente, se encuentran las vías más importantes de acceso al departamento que comunican a Quibdó con Antioquia, Risaralda y Valle. Estas vías atraviesan el alto Atrato por los municipios de Carmen de Atrato, Lloró y Bagadó. Actualmente hacen presencia los frentes 34 y 57 de las Farc, el frente Manuel Hernández El Boche del ELN y el Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU. Los paramilitares tienen menos control sobre el Atrato propiamente dicho, las Farc tienen más influencia sobre los ríos y caños, y el ELN hace presencia en la zona rural de Quibdó 37. Desde los años ochenta, el medio Atrato era utilizado por la guerrilla como lugar de retirada luego de las ofensivas realizadas en las regiones de Urabá, Antioquia y Córdoba. En 1997 las ACCU, que el 37

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 7 - 8

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año anterior habían incursionado en el bajo Atrato, se movilizaron por el río Atrato hasta la cabecera municipal de Bojayá, Bellavista, y Vigía del Fuerte (Antioquia) en el medio Atrato. Al igual que en el bajo Atrato los paramilitares asesinaron, torturaron y amenazaron a la población. Además, instalaron un retén permanente en Vigía del Fuerte y otros temporales en otros puntos del río, desde donde controlaban

entrada

salida

personas,

alimentos,

medicamentos, etc. Con la llegada de los paramilitares, las Farc se replegaron hacia la zona selvática, donde permanecieron hasta 1998 cuando retornaron a las cabeceras de los ríos. Aunque la Policía no registró homicidios durante estos años en Bojayá, pues el subregistro para este municipio es muy grande, el Banco de Datos del Cinep, reportó 7 homicidios y 4 desapariciones entre 1997 y 1998 a manos de paramilitares. El control paramilitar se mantuvo hasta el 25 de marzo de 2000, cuando las Farc atacaron simultáneamente a Vigía del Fuerte (Antioquia) y Bojayá (Bellavista), hechos en los que fueron destruidas las instalaciones de Policía de ambos municipios y muertos no menos de 21 agentes, así como civiles en el municipio antioqueño 38. De esta forma, las Farc retomaron el control sobre estos centros poblados el cual mantuvieron hasta 2002, cuando los paramilitares, fortalecidos militarmente con la llegada del Bloque Elmer Cárdenas al bajo Atrato, avanzaron desde Turbo y Riosucio hacia el medio Atrato, específicamente hacia los municipios de Bojayá y Murindó (Antioquia), este último considerado el fortín de la guerrilla. Según 38

Observatorio de DDHH y DIH, 2003. op.cit. p. 7.

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entrevistas, para esta época muchos de los combatientes de las Farc, aproximadamente 2000, que se encontraban en los municipios de la Zona de Distensión en el departamento de Caquetá, se desplazaron y refugiaron en esta zona del Chocó ante la posibilidad del rompimiento de los diálogos con el gobierno de Andrés Pastrana. En abril de 2002 los paramilitares ingresaron al casco urbano de Bojayá, Bellavista, donde permanecieron hasta el 2 de mayo de 2002 cuando se produjo un enfrentamiento entre el Bloque José María Córdoba de las Farc y los paramilitares dejando como resultado la muerte de 119 personas y múltiples heridos. Después de este enfrentamiento los paramilitares empezaron a subir por tierra a las cuencas de los ríos del medio Atrato, pues fueron concientes que para tener el control total sobre esta subregión, debían apropiarse de las cabeceras donde se refugiaban las Farc. En esta fase llegaron a controlar los ríos Opogadó y Napipí, pero no el Bojayá, el cual hasta hoy sigue bajo el dominio de las Farc. Después de este enfrentamiento la Armada Nacional tomó el control sobre el río Atrato, pero no el de las cuencas 39. Por su parte, el Bloque Metro de las AUC comandado por alias el Brujo, incursionó en Quibdó en 1996, al parecer, según varios entrevistados, por invitación de los comerciantes cansados de la extorsión por parte de la guerrilla. Quibdó es un caso particular, se encuentra en medio de las dinámicas del bajo, medio y alto Atrato, y la subregión del San Juan, haciendo que todos los actores 39

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 7 - 8

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irregulares ejercen presión sobre ella, aunque su presencia actualmente no sea tan evidente. Hasta 1996, las Farc y el ELN controlaron la cabecera municipal, por lo que durante la incursión paramilitar el principal objetivo fue golpear a las milicias y las estructuras de inteligencia de la guerrilla. Los paramilitares cometieron asesinatos selectivos que se manifestaron en el ascenso de la tasa de homicidio en 1996, siendo 1998 el pico más alto, como se puede observar en el gráfico más abajo. Aunque el movimiento social y comunitario por estos años no era muy fuerte en el departamento, las principales víctimas de los paramilitares fueron, además de las personas relacionadas con la guerrilla o señaladas de ser colaboradores de la misma, miembros de las organizaciones o instituciones que impulsaban la organización comunitaria. Uno de estos homicidios fue el ocurrido el 18 de noviembre de 1999, cuando fueron ejecutados el sacerdote colombiano Jorge Luís Mazo Palacios, Párroco del municipio de Bojayá y el cooperante vasco Iñigo Egiluz Tellería, miembro de la comunidad española de ayuda humanitaria Paz y Tercer Mundo, PTM, en momentos en que regresaban de atender a poblaciones desplazadas del municipio de Murindó (Antioquia) y se encontraban frente a las instalaciones de la Gobernación, en la ciudad de Quibdó. El hecho ocurrió hacia las 9:30 p.m., cuando los paramilitares estrellaron la panga (embarcación rápida) en que se desplazaba contra el bote de madera de 18 metros de largo en que viajaban las víctimas, acompañadas de varios campesinos, entre ellos algunos menores de edad, y misioneros de la Diócesis de Quibdó, destruyendo la embarcación, golpeando directamente a

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Iñigo y Jorge Luís y lanzando a todos los pasajeros a las aguas del río Atrato 40.

Tasas de Homicidio municipios del Medio Atrato 1990 - 2005 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 QUIBDO

BOJAYA

CHOCO

Fuente: Policía Nacional y proyecciones de población DANE Aunque los paramilitares siempre mantuvieron un bajo perfil en sus actuaciones, operando sin uniformes ni distintivos y en motocicletas sin placas, hasta 2001 era evidente la presencia del Bloque Metro en la ciudad. Una vez desarticulado este bloque por el Cacique Nutibara, este último bajo el mando de Diego Murillo mejor conocido como ―Don Berna‖, no se conoce con exactitud que frente opera en la capital. Al parecer los paramilitares que se encontraban en la cabecera municipal realizaron un acuerdo con ―Don Berna‖ para seguir actuando en la ciudad. Algunos entrevistados afirmaron que 40

Banco de datos del Cinep. 2005. op. cit. p. 277.

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el frente que operó allí después del Metro, fue el frente Héroes del Chocó del Bloque Pacífico que se desmovilizó en agosto de 2005. En 2006, no era claro a que frente pertenecían, aunque su presencia seguía manifestándose en asesinatos selectivos, amenazas

extorsiones.

Además

había

aumentado

considerablemente el número de casas de empeño o compra venta, las cuales funcionan como un medio para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico 41. De otro lado, a diferencia de lo sucedido en otras ciudades, las pandillas no fueron cooptadas por los paramilitares; al contrario en esos años habían sido víctimas de las limpiezas que realizaban estos grupos. Durante el control del Bloque Metro no era evidente la presencia de pandillas, después de su desarticulación empezó la proliferación de estas. En 2006, operan en algunos barrios periféricos de la ciudad alrededor de 40 pandillas 42, las cuales se dedicaban al hurto y a la venta y consumo de droga al detal. La dinámica de la zona rural se diferenciaba de la urbana. Tradicionalmente las guerrillas habían controlado esta zona. Actualmente hacen presencia de las Farc los frentes 34, en la cuenca del Neguá, y el 57 en la del Munguidó, y del ELN el frente Manuel Hernández El Boche. Este último dedicado a realizar secuestros en la vía que conduce a Pereira. De acuerdo con la 41

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 10 42 Algunos de los barrios donde estas pandillas operan son: San Vicente, San Martín, Playita, Simón Bolívar, Las Mercedes, Palenque, El Porvenir y la Aurora, entre otros.

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Defensoría del Pueblo, la presencia del frente 57 de las Farc en la cuenca del Munguidó ha estado asociada a la importancia de este afluente para habilitar corredores desde Quibdó hacia la subregión del Baudó, al interés, a propósito de la expansión desde el 2003 de las zonas de cultivos ilícitos bajo dominio de esta guerrilla, de mantener el control sobre el cultivo y el procesamiento de la coca, y, a la importancia táctica de este territorio en función de la confrontación con la Fuerza Pública. Mientras que la presencia del frente 34 en la cuenca del Neguá, está fundamentada por el interés de controlar el corredor que comunica a la subregión del Atrato Medio Chocoano con el Antioqueño y el Suroeste de este departamento, y por el interés de captar recursos para el financiamiento de su estructura armada proveniente de las exacciones sobre la explotación minera.43 Alto Atrato

La subregión del alto Atrato está conformada por los municipios de El Carmen de Atrato, Bagado y Lloró. La importancia estratégica de esta zona es el eje vial que atraviesa la parte montañosa de esta región y comunica la capital con los departamentos de Risaralda y Antioquia pasando por el municipio de Urrao. Además limita con la subregión del San Juan que se ha vuelto especialmente estratégica en los últimos años. Allí se concentran grandes extensiones de cultivos de uso ilícito, así como gran parte de la explotación de oro

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo No. 037-05.

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del departamento. Tradicionalmente habían hecho presencia el frente Manuel Hernández El Boche del ELN, el frente 34 de las Farc y el ERG, mientras que los paramilitares a partir de 1996 lo hicieron, al parecer, con el Bloque Metro, sin embargo, en El Carmen de Atrato los grupos de autodefensa hacían presencia desde principios de la década de los noventa. De acuerdo con el informe del Observatorio de la Vicepresidencia antes citado, el ingreso de agrupaciones de autodefensa provenientes de Antioquia se dio desde 1991 y es factible identificar una primera fase que se prolongó hasta 1996 - 1997. Durante estos años su labor consistió en ―limpiar‖ la carretera El Carmen de Atrato- Quibdó. A partir de 1996 el municipio entró a ser disputado por autodefensas y guerrillas, especialmente con el ELN, y los homicidios subieron sustancialmente 44 Como se puede observar en el siguiente gráfico, la tasa de homicidio del Carmen de Atrato está muy por encima de la de los otros municipios de la subregión y la departamental. Se observa un ascenso desde 1996 registrándose dos picos en 1998 y 2000. Los paramilitares realizaron asesinatos selectivos y masacres como la de tres indígenas Embera en la vereda Zabaleta, el 13 de junio de 1998. Este día los paramilitares incursionaron y se llevaron a los indígenas dos de los cuales fueron hallados muertos y uno permanecía desaparecido en 2006. Las víctimas fueron acusadas, por el Comandante de Policía del Chocó, de pertenecer al grupo guerrillero ERG, versión que fue desmentida por la organización indígena a la que pertenecían. El hecho originó el desplazamiento

Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2003. op.cit. p. 16.

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forzado de 162 habitantes a la cabecera municipal 45. Durante estos años, igualmente se registró un ascenso en los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. A partir de 2001 la forma de ejercer control sobre la población fue la de confinamiento. La población fue victima de bloqueos económicos y restricciones a su movilidad, lo que se suma a las acciones de la guerrilla consistentes en retenes, piraterías, quema de vehículos, destrucción de torres y combates con la Fuerza Pública46.

Tasas de Homicidio municipios del Alto Atrato 1990 - 2005 280 240 200 160 120 80 40 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 BAGADO

EL CARMEN DE ATRATO

LLORO

CHOCO

Fuente: Policía Nacional y proyecciones de población DANE Lloró y Bagadó reportaron tasas de homicidio por debajo de la departamental. A pesar de la presencia de los paramilitares en la vía y las zonas urbanas de estos municipios, no se registraron 45 46

Bando de datos del Cinep, 2005. op.cit. Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2003. op.cit. p. 16.

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registrado grandes acciones por parte de estos, pues la guerrilla mantenía un fuerte control en esta zona. En Bagadó hacían presencia en 2006 en la zona rural el frente Manuel Hernández El Boche del ELN, el Bloque Móvil Arturo Ruiz de las Farc y el ERG. Aunque el ELN, era el que históricamente había controlado esta región y ya había atacado en 1997 y 2000 la estación de Policía 47, las Farc empezaron luego a ganar terreno. Muestra de ello fue el ataque de fuerzas combinadas de las Farc y el ELN a la Policía del corregimiento de San Marino en el municipio de Bagadó el 18 de diciembre de 2005 que dejó como resultado ocho policías muertos, nueve heridos y 29 secuestrados quienes fueron liberados dos días después por presión de la Fuerza Pública. En Lloró también se registraron ataques a la Fuerza Pública por parte del ELN48. 3.3. Tercera Fase: incursión en el valle del San Juan (2001) En el valle del San Juan se ubican en la parte alta del río los municipios de Tadó y el Cantón de San Pablo, en la parte media Itsmina, Condoto, Novita y San José del Palmar, y en la baja Sipí y el Litoral de San Juan49. Esta subregión se volvió especialmente estratégica a partir de 2001. Utilizando los caños y afluentes del San Juan, esta región es un corredor entre los departamentos del Valle y Risaralda, y el Litoral Pacífico, por lo que la confrontación armada entre guerrillas y 47

En 1997 y 2000, el ELN atacó el puesto de Policía, dejando como resultado la muerte de seis policías y varios civiles heridos, en el primer ataque, y de 5 policías y un civil muerto, en el segundo. 48 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 13 49 Ibidem

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paramilitares fue trasladando desde el norte del departamento hacia estos municipios. El principal objetivo de estos grupos era controlar las subregiones del San Juan y Litoral Pacífico para el cultivo, procesamiento y comercialización de la coca, y en algunos municipios también controlar la producción minera. En 2001 ingresó el Bloque Metro de las Autodefensas, que una vez desarticulado por el Cacique Nutibara, se transformó en el frente Héroes del Chocó. En 2002, incursionó el Bloque Pacifico el cual comenzó a ascender desde Buenaventura, por el río San Juan, pasando por el Litoral de San Juan, y alcanzado a llegar a la zona rural del municipio de Itsmina. Este bloque absorbió el frente Héroes del Chocó, pues en el momento de su desmovilización, el 23 de agosto de 2005, este se presentó como parte del Bloque Pacifico. Después de la desmovilización del frente Héroes del Chocó otros paramilitares denominados Autodefensas Unidas del Norte del Valle tomaron el control de la región. 50 En cuanto a las guerrillas, antes de esta incursión, las Farc, el ELN y el ERG hacían presencia en la región. Las Farc lo hacía con el frente 34 que en los últimos años ha sido reforzado por el Bloque Móvil Arturo Ruiz, el cual se movilizó desde Buenaventura, y el frente 47 que operaba en el oriente Antioqueño y el nororiente y noroccidente caldénse, y que ingresó a esta región a mediados de 2004 ante la presencia de la Fuerza Pública que bloqueaba las

Ibidem. p 13 - 14

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rutas hacia el Pacifico para el tráfico de droga, así como limitaba la capacidad militar y de sostenimiento de las Farc. 51 Al observar las tasas de homicidios subdividiendo el San Juan en sus partes alta, media y baja, se tiene que la zona media, donde se ubican los municipios de Itsmina, Novita, Condoto y San José del Palmar, ha sido la más complicada. A partir de 1995 se registra un ascenso siendo 1997 el pico de estos años. Luego desciende hasta 2000 cuando empieza a ascender nuevamente registrando dos nuevos picos en 2002 y 2005. El primer pico se explica por el aumentó de los homicidios en Itsmina y el segundo por el de San José del Palmar, donde se ha concentrado últimamente la disputa entre guerrilla y paramilitares. San Juan alto también presenta tasas altas, ubicándose por encima de la departamental. En esta zona, los homicidios registrados en Tadó tienen un gran peso. Este ha sido un municipio igualmente en disputa entre los grupos irregulares. 52

51 52

Ibidem . p 14 Ibidem. p 14

Alvaro Rolando Pérez Castro Abogado ______________________________________________________________________ Tasas de homicidio Valle del San Juan 1990 - 2005 600 500 400 300 200 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

San Juan alto

San Juan medio

San Juan bajo

Chocó

Fuente: Policía Nacional y proyecciones de población DANE

3.4. El Litoral Pacífico

En el sur del litoral se encuentra Pizarro o Bajo Baudó, en el centro Nuquí, Alto Baudó o Pie de Pató, y Bahía Solano y en el norte Juradó. A lo largo del litoral hacen presencia los frentes 57, 30 y Bloque Móvil Arturo Ruiz de las Farc, el ELN en algunas zonas, el frente Elmer Cárdenas de las ACCU y las Autodefensas Unidas del Norte del Valle, además de organizaciones de seguridad privada al servicio de narcotraficantes. También hizo presencia el Bloque Pacifico con el frente Héroes del Chocó 53.

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 10

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Juradó y Bahía Solano registraron tasas de homicidio por encima de la departamental. En el caso de Juradó se observan dos picos en 1996 y 1999. Aunque los paramilitares ejercían presión sobre este municipio, el aumento en el número de homicidios en estos años se debe en gran parte a las actuaciones de las Farc. Esta guerrilla realizó acciones en contra de la población como la de 1999 cuando se tomó el casco urbano y atacó a la Policía y la base de la Infantería de Marina. Este municipio es estratégico para la salida de coca y la entrada de armas, por lo que desde 2002 la Armada Nacional recuperó el control sobre su casco urbano e hizo presencia de la Policía, ocasionando una disminución en los homicidios. Sin embargo, en la zona rural continuaba en 2006 la presencia del frente 57 de las Farc, del Bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas y de pequeños narcotraficantes que se enfrentaban ocasionalmente. Además, con la instalación de la Estación de Policía en Juradó, las Farc se replegaron hacia el corregimiento de Bahía Solano, Bahía Cupica, hacia donde se desplazó la disputa con los paramilitares expresada en enfrentamientos y amenazas en contra de la población. En el marco de esta disputa, el frente 57 atacó a los paramilitares el 18 de noviembre de 2002, donde 16 integrantes de este grupo murieron degollados 54. En el 2003 las Farc incursionaron 4 veces al poblado de Cupica, lanzando amenazas contra supuestos colaboradores de las AUC y provocando el desplazamiento de 8 familias.55 54

El Mundo. Más de 16 paramilitares mutilados por las Farc. En: http://www.elmundo.com.ve/ediciones/2002/11/19/p1-10s1.htm 55 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p 10

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Tasas de homicidio municipios del Litoral 1990 - 2005 700 600 500 400 300 200 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ALTO BAUDO

BAHIA SOLANO

BAJO BAUDO

JURADO

NUQUI

CHOCÓ

Fuente: Policía Nacional y proyecciones de población DANE En el caso de Bahía Solano, además de la presencia del frente 57 de las Farc, los paramilitares y las entradas esporádicas del ELN, se debe tener en cuenta la influencia del narcotráfico y de los grupos de autodefensa desde hace muchos años y recordar que individuos relacionados con el cartel de Cali compraron allí tierras desde los años ochenta56. En este municipio así como en Bajo Baudó, Nuquí y Alto Baudó la presencia y control de los paramilitares era mayoritaria. Hasta la desmovilización del frente Héroes del Chocó, por estar atravesado por el río Baudó, el municipio de Alto Baudó o Pie de Pató era el centro de operaciones para el transporte y la 56

Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2003. op.cit. p. 18.

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comercialización de la coca desde el interior del departamento hacia el Pacífico. Los paramilitares transportan por este río los cargamentos de coca en lanchas rápidas llamadas Go Fast. En 2006 operaban allí las Autodefensas Unidas del Norte del Valle quienes tomaron el control de lo dejado por el Héroes del Chocó. (Chocó, p. 15)

3.5. Desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas bajo el mando de Daniel Herrera, alias El Alemán

Para efectos de este informe es importante precisar que el Bloque Elmer Cárdenas se desmovilizó entre 2004 y 2006. De hecho fue la última organización en hacerlo a nivel nacional. El bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas, BEC – AC, en diciembre de 2004, anunció la desmovilización de sus combatientes y a la par emprendió un movimiento estratégico de sus tropas en los principales sitios de acceso al Urabá y el Bajo Atrato, estableciendo un cordón de contención que les permitiría ejercer el control territorial sobre el Urabá antioqueño, el Bajo Atrato, la parte occidental de Antioquia y los municipios de Tierralta, Puerto Libertador y Montelibano en Córdoba57.

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo. Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 7

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El 12 y 30 de abril de 2006, tres frentes del BEC –AC conformados por 793 hombres, se desmovilizaron en sitios neurálgicos por su importancia geoestratégica (la ultima fase de la desmovilización de aproximadamente 700 combatientes, incluido su comandante el ―Alemán‖ que actuaban sobre las márgenes del río Atrato y las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Cacarica -Balsa, Quiparadó, Curvaradó y Domingodó, se realizaría en el municipio de Unguía). Territorialmente, la concentración de desmovilizados en Necoclí y Turbo les posibilitará controlar el Norte de Urabá y el acceso a Córdoba, igualmente la agrupación de hombres en Turbo les permitió ejercer el dominio sobre la carretera Panamericana, el Tapón del Darién, y los municipio de Unguía y Acandí; asimismo, la permanencia de sus tropas en las cuencas de los ríos Truando, Salaqui, Cacarica –sitio

Balsa, Quiparadó, , Curvaradó, y

Domingodó, complementaría el anillo de contención sobre los municipios del Carmen del Darién, Ríosucio, Belén de Bajirá, y Mutatá, y les facilitaría además la conformación de cooperativas de seguridad (los desmovilizados estaban tratando de involucrar a las comunidades

negras),

implementación

proyectos

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo. Informe de Riesgo Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 7

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4. Desarrollo del Conflicto en el Urabá Chocoano o Bajo Atrato Teniendo en cuenta la importancia de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, en el norte del Chocó, a continuación se profundiza sobre la dinámica de la expansión paramilitar en esta parte. Esta subregión esta conformada por los municipios de Acandí, Ungía, Carmen del Darién, Riosucio y Belén de Bajirá. Este ultimo se encuentra en litigio entre los departamentos del Chocó y Antioquia. Es una zona estratégica para los actores armados, pues la frontera con Panamá, las costas en el pacifico y el Golfo de Urabá en el caribe, hacen que los mercados ilegales se desarrollen fácilmente. Por esta zona se traficaban armas, droga, precursores químicos, madera y personas secuestradas, entre otros 59. Es una zona de colonización en la cual habitan Afrodescendientes, indígenas de diversas etnias, “chilapos” (campesino costeño) provenientes de la sabana cordobesa y paisas llegados de Antioquia y el eje cafetero.60 La importancia económica adquirida por los territorios del Bajo Atrato: suelos para la expansión de la frontera agrícola del Urabá Antioqueño

(plátano,

banano,

palma

aceitera

ganadería

extensiva), reservas naturales para los mercados nacionales e internacionales (maderas finas, minerales preciosos y radioactivos, 59

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p. 16 60 Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo. Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 3

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plantas, flora y fauna); sumada a la ubicación geoestratégica (cruces de caminos que comunican con los océanos Pacifico y Atlántico), las propuestas de desarrollo y construcción de megaproyectos que articularán las ofertas regionales con las demandas

los

mercados

internacionales

(carretera

Panamericana, canal seco interoceánico, megapuertos Ríosucio – Turbo, y poliducto golfo de Maracaibo –Tribuga) y la implantación de cultivos de uso ilícito, convirtieron el territorio en un escenario de disputa

entre

los

actores

armados

ilegales

(guerrilla

autodefensas)61. Durante los últimos 20 años, las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas emplazados en el Bajo Atrato han padecido fuertes presiones de los grupos armados ilegales, colonos y empresas interesadas en la extracción de los recursos naturales. Durante la década del 80 las agrupaciones guerrilleras de las FARC, emplearon la subregión como espacio de retaguardia, descanso y adoctrinamiento ideológico; panorama que cambió radicalmente a partir de la década del 90 producto de la instauración y consolidación del modelo paramilitar en Córdoba y Antioquia, que pretendía limpiar y liberar estos espacios llenos de riqueza y futuro lucro comercial de la presencia de la insurgencia y la supuesta base social de apoyo 62. A finales de los 90 y durante la década del 2000 la arremetida de paramilitares, de autodefensas y las acciones contraofensivas de 61 62

Ibidem. p. 4 Ibidem. p. 4

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las FARC, dejaron una estela de muertes, desapariciones y desplazamientos masivos que desarticularon los tejidos sociales establecidos, desdibujaron la autonomía e identidades culturales y rompieron las interacciones espaciales entre las comunidades 63. Los actores armados ilegales, desconociendo los principios consagrados en la Constitución de 1991 referentes a la autonomía de los territorios colectivos y resguardos indígenas, establecieron su propio ordenamiento territorial orientado a la acumulación de capital y lucro con fines privados. Mediante la expropiación de suelos colectivos, la implantación de cultivos agroindustriales (palma aceitera, y banano), la siembra de pastos para la introducción de ganadería, el repoblamiento de espacios con foráneos adeptos a sus mandatos, la repartición de motosierras para intensificar la explotación de bosques, y la introducción de cultivos de uso ilícito, comienzan a instaurar un nuevo orden social, productivo y de acumulación económica en la subregión, en contravía de los principios y nociones de reproducción y desarrollo sostenible establecidos por pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas (se comienzan a dar las condiciones para la inserción del territorio a las necesidades del capital y en consecuencia la depredación de comunidades y el hábitat).64 La confrontación armada entre las FARC, Frente 57 y las Autodefensas (inicialmente las Autodefensas Campesinas de 63 64

Ibidem. p. 5 Ibidem. p. 5

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Córdoba y Urabá de Carlos Castaño y posteriormente el bloque Élmer Cárdenas al mando de Freddy Rendón Herrera alias el ―Alemán‖) por ejercer el control territorial y social en la subregiòn del Bajo Atrato, especialmente contra los pueblos indígenas ubicados en

cuenca

del

río

Truando,

ocasionaron

muertes,

desplazamientos forzados, inseguridad alimentaría, afectación de las practicas sociales y culturales y la desestabilización de la cosmovisión de los pueblos indígenas 65. En 2006, hacían presencia el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas y el frente 57 de las Farc. Los paramilitares controlaban el río desde la cabecera municipal de Riosucio hasta el Golfo de Urabá realizando bloqueos económicos, retenes y controlando la entrada y salida de personas, alimentos y medicamentos, mientras que las Farc lo hacían sobre los afluentes del Atrato buscando comunicar el interior del país con la costa pacifica. Los ríos más importantes de esta región son el Salaquí, ubicado a la altura del casco urbano de Riosucio y que conduce hacia el litoral y la frontera con Panamá; el Jiguamiandó y Curvaradó a la altura de El Carmen del Darién que comunica con Antioquia y el Truandó, que conduce hacia el Litoral. Sobre el Jiguamiandó y el Curvaradó es donde se han concentran grandes extensiones de cultivo de palma aceitera y proyectos de ganadería extensiva.66

Ibidem. p. 5 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p. 16 66

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Desde los años ochenta las Farc controlaron esta región hasta 1996 cuando los paramilitares incursionaron desde el Urabá Antioqueño. ―Desde mediados de 1996 comenzaron a circular rumores que los paramilitares tenían la intención de tomar el control de Riosucio. El 6 de octubre de aquel año, las ACCU mataron a varios campesinos en la comunidad de Brisas de la Virgen, situada entre los departamentos de Chocó y Antioquia. Durante el ataque, los paramilitares dijeron que pronto tomarían el control de Riosucio (…) el 20 de diciembre de 1996, en horas de la mañana, llegaron a Riosucio 80 paramilitares en cuatro lanchas rápidas y secuestraron, sacándolos de sus casas, a 5 personas entre las que se encontraba el alcalde de esta época. Uno de ellos fue liberado y los otros cuatro fueron asesinados 67. La estrategia de los actores armados era garantizar el control sobre el Atrato y sobre el corredor exis tente entre Mutatá – Dabeiba y el municipio de Juradó a través de los ríos Jiguamiandó y Salaquí, principalmente 68. La incursión paramilitar y los operativos realizados en febrero de 1997 por la Fuerza Aérea junto con tropas de la Decimoséptima Brigada del Ejército en desarrollo de la ―Operación Génesis‖, con el fin de atacar al frente 57 de las Farc que hacía presencia en la zona, en los que según testimonios de los pobladores de la región, fueron bombardeadas las comunidades de Caño Seco, Tamboral y Arenales, en la cuenca del río Salaquí, ocasionó el desplazamiento de casi todas las

Amnistía Internacional, 2000. Informe: Colombia retorno a la esperanza. Las comunidades desplazadas de Urabá y del Medio Atrato. En: http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230232000?open&of=ESL-398 68 Defensoría del Pueblo, 2002. Resolución Defensorial No 25 Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano. Bogotá. En: http://www.defensoria.org.co/?g=d&_s=d2&n=25

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comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí, entre otros 69. Cerca de 15.000 personas se desplazaron hacia el corregimiento de Pavarandó en el municipio de Mutatá y Turbo en el departamento de Antioquia, y hacia Quibdó y otras comunidades cercanas en el Chocó. Ante esta incursión las Farc se replegaron hacia las cabeceras de los ríos y la región del medio Atrato. En 1998 las comunidades desplazadas retornaron a sus territorios proclamándose acompañamiento

como

Comunidades

nacional

de Paz con un alto

internacional.

Ante

esto

los

paramilitares bajaron el perfil de sus acciones, pues cometer abusos contra la comunidad como masacres, torturas o desplazamientos representaba un alto costo político. Así, los paramilitares hacían presencia constante en los caseríos y en algunos casos el número de hombres armados superaba el número de la población, de esta manera, mantenían el control sobre las comunidades, sometiéndola a sus reglas y en algunos casos obligándola a trabajar para ellos. Sin embargo, la decisión autónoma de las Comunidades de Paz del bajo Atrato de asumir una alternativa pacífica e independiente frente al conflicto, y exigir a los actores armados involucrados respeto a su opción de vida, fue tomada como una provocación y un desafío a tales actores (…) – por lo que - según la información recibida por la Defensoría del Pueblo, entre 1996 y 2002 fueron asesinadas 106

Ibíd. p 4.

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personas pertenecientes a las Comunidades de Paz y al proceso de retorno de Cacarica, y 19 personas fueron desaparecidas. 70 Al analizar la tasa de homicidio de los municipios que conforman la subregión del bajo Atrato se observa que el periodo más crí tico fue el de 1993 a 1998. Es importante aclarar que no se cuentan con datos de Carmen del Daríen ni de Belén de Bajirá, pues el primero fue segregado de Riosucio en 2000 y el segundo se encuentra en litigio con el departamento de Antioquia. En el caso de Acandí la tasa empezó a ascender en 1993 y en 1995 registró el punto más alto. A partir de este año tendió a la baja. En Unguía y Riosucio, donde se presenta un alto subregistro, tendieron al alza desde 1993 y en 1997 se registró el punto más alto. De acuerdo con un informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Riosucio es un caso particular del Urabá chocoano. A juzgar por las tasas por cada cien mil habitantes calculadas, la situación más

complicada

ocurrió

entre

1996

1997

bajó

considerablemente desde 1998. No obstante, es un municipio donde los problemas de registro son muy graves. Según la Policía, en 1999 sólo se registraron seis homicidios, mientras que según el Cinep y Justicia y Paz contabilizaron doce y según el Ejército quince durante el primer semestre. De otro lado, en los 45 meses comprendidos entre el segundo semestre de 1996 y el primer trimestre de 2000 ocurrieron al menos un total de 118 homicidios y desapariciones cuyas víctimas fueron habitantes de Riosucio o 70

Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p. 16

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integrantes de las Comunidades de Paz originadas en este municipio. De estos, 89 fueron obra de las autodefensas, 20 de las Farc y nueve de grupos no identificados 71.

Tasas de homicidio municipios del Bajo Atrato 1990 - 2005 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ACANDI

RIOSUCIO

UNGUIA

CHOCO

Fuente: Policía Nacional y proyecciones de población DANE Aunque no se cuenta con datos históricos sobre la situación de seguridad en Carmen de Daríen y Belén de Bajirá, en 2006 la atención se centraba en estos municipios, pues es allí donde se concentraban grandes extensiones de cultivos de palma aceitera y ganadería. Estos cultivos, así como los proyectos de ganadería extensiva, habían sido controvertidos por la comunidad, la Diócesis de Quibdó, las organizaciones nacionales e internacionales que hacían presencia en la región, la Defensoría del Pueblo y el Incoder, en una primera resolución, por estar ubicados en Territorios 71

Observatorio de DDHH y DIH, 2003. op. cit. 15.

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Colectivos adjudicados a las comunidades de las cuencas del Jiguamiandó

Curvaradó 72.

Desde

año

2000

aproximadamente, grandes empresas palmicultoras, entre las que se encuentra Urapalma S.A., Palmas S.A. (Palmura), Palmadó y Palmas de Curvaradó, entre otras, se encontraban sembrando palma ilegalmente dentro de estos territorios. Este proyecto agroindustrial se convirtió en un factor adicional de riesgo para las comunidades afrodescendientes toda vez que, por un lado, las ACCU al defenderlo y las Farc al atacarlo, los amenazaban y hostigaban y, por otro, vulneraba la propiedad colectiva, la inalienabilidad, e imprescriptibilidad del dominio que la Ley 70 de 1993 les garantizaba73. 4.1. Territorios Colectivos

De gran importancia para entender la dinámica del Bloque Elmer Cárdenas, es enfocar las zonas de territorios colectivos. El territorio de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó 74 constituyen un territorio colectivo que forma parte de un corredor estratégico que

conecta los

municipios de Mutatá, Dabeiba, Murindó

(Antioquia), Belén de Bajirá y Bojayá, y se extiende por el occidente hasta el municipio de Tierralta, Córdoba, en inmediaciones del Parque Natural de Paramillo (...) esta es la vía más corta que usan 72

Este territorio fue titulado a 30 comunidades afrodescendientes y Chilapos el 21 de mayo de 2001 de acuerdo con la ley 70 de 1993. 73 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo No 084 - 03. 31 de diciembre 2003. 74 El Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curbaradó esta compuesto por 2125 personas (515 familias) afrodescendientes, cuyo territorio titulado colectivamente se extiende a 54.673 y 25.000 hectáreas respectivamente.

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los grupos armados ilegales para acceder al río Atrato y salir hacia el Golfo de Urabá y por el río Salaquí a la frontera con Panamá75 . Estas comunidades, como casi todas las del bajo Atrato, se han desplazado y retornado varias veces a sus territorios ante la confrontación directa entre los grupos armados en los mismos. En 1997, tras la incursión paramilitar y la operación militar Génesis, la mayor parte de las comunidades del Jiguamiandó y el Curvaradó decidieron permanecer en sus territorios hasta septiembre de 2001 cuando 1.517 personas, 607 familias, de Pueblo Nuevo, Puerto Lleras, Nueva Esperanza, Buenavista, Bella Flor Remacho, El Lobo, Camelias, La Laguna, El Bracito, Apartadocito, Tamboral, Gengadó Medio, El Cacao, Pital, Villa Luz, Santa Rosa de Limón, Vergel, No hay como Dios, Bartolo, Santa Fé de Churima, Tesoro, Canal, Caño Seco y Perro Viejo, se desplazaron, refugiándose en la selva chocoana, cuando

cinco

personas

pertenecientes

a estas

comunidades fueron asesinadas por presuntos paramilitares 76. En 2006, la población de Jiguamiandó y Curvaradó se encontraba ubicada en tres lugares distintos. De una parte, las comunidades que se encontraban dentro del río Jiguamiandó: Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza y Bella Flor Remacho, declaradas como “zonas humanitarias”. Otra parte de su población se enconntraba ubicada en el asentamiento de Costa de Oro, ubicado sobre la cuenca del río Curvaradó y que reúne a 6 comunidades: Camelias, Costa de 75

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Proyecto de Informe de Riesgo No. 040-04 76 Defensoría del Pueblo Resolución Defensorial No 25. op cit. p 5.

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Oro, Andalucía, San José de Gengadó, Caño Seco y el Guamo. Otro grupo de personas se encontraba disperso entre los municipios de Belén de Bajirá, Mutatá, Carepa y Turbo de las cuales no se tenían los datos precisos del número de familias y personas, así como sus condiciones de vida77. En parte de los territorios de estas comunidades que permanecían desplazadas es donde se desarrollaban los proyectos de palma aceitera. Ante esto las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó y las familias de Curvaradó, que cobijadas con las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habían planteado que no era posible un retorno a sus lugares de origen si existían siembras agroindustriales de palma aceitera78. Paralelo a los desplazamientos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se registraron en estos años otros hechos como homicidios de líderes, bloqueos de alimentos, medicamentos y combustible, restricciones a la movilidad, desapariciones forzadas, torturas, enfrentamientos con interposición de población civil, hostigamientos a los caseríos y bloqueo de las vías fluviales y terrestres de acceso y salida por parte de las ACCU y el Frente 57 de las Farc. Además, según denuncias de la comunidad, de las exigencias de las ACCU a

Defensoría del Pueblo, 2005. Resolución Defensorial No 39 Violación de los Derechos Humanos por Siembre de Palma Africana en Territorios Colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó – Chocó. Bogotá, p 25. En: http://www.defensoria.org.co/?g=d&_s=d2&n=39 78 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Informe No. 52. Represión para la Siembra de Palma. Hostigamientos y Amenazas. En: http://www.planetapaz.org/regiones/pacifico/represion_siembra_palma.pdf

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los pobladores de los caseríos de Jiguamiandó y Curvaradó para que abandonaran el territorio, pues esas tierras ya pertenecían a las empresas palmicultoras, o que aceptaran la siembra en el territorio colectivo. De acuerdo con el primer informe sobre este tema del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder79, del 14 de marzo de 2005, el área total intervenida con cultivos de palma de aceite y ganadería en los territorios colectivos adjudicados a los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, al mes de noviembre de 2004, fecha en que se realizó la visita de verificación, era de 4.993 has, de las cuales 4.183 has corresponden a cultivos de palma de aceite y 810 has a actividades de ganadería, distribuidas en 6 empresas 80.

En cuanto

al área total proyectada para el

establecimiento de nuevos cultivos de palma de aceite y ganadería en los territorios colectivos adjudicados a estos consejos y en los predios de propiedad privada excluidos de estos títulos era de 21.142 has 81. Este mismo informe afirmaba que la situación más grave se presentaba en el Consejo Comunitario del Río Curvaradó, donde el área total sembrada por cuatro empresas (Urapalma, Promotora 79

Este informe fue impugnado por las empresas palmicultoras que han adelantado e ste proyecto. 80 Estas empresas y las hectáreas cultivadas hasta la fecha del informe son: Urapalma. 2.723 has, Palmas S.A. 633 has, Palmadó 80 has, Palmas de Curvaradó 398 has, Fregni Ochoa 349 has y La Tukeka 810 has. Las dos últimas realizan actividades de ganadería. 81 Las hectáreas proyectadas sembrar y las empresas son: distribuidas de la siguiente manera Urapalma 2931 has, Palmas S.A. 1.500 has, Palmadó 320 has, Palmas de Curvaradó 4.156 has, Fregni Ochoa 1407 has, La Tukeka 594 has, Selva Humeda 234 has, Asibicon 3200 has y Palmas del Atrato 5800 has.

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Palmera del Curvaradó ―Palmado‖, Palmas del Curvaradó y Palmas S.A.) alcanzaba una extensión total de 3.636 has, mientras que en el Consejo Comunitario del Jiguamiandó la empresa Palmas del Curvaradó, tenía un área sembrada de 198 has. Asimismo, el establecimiento de los cultivos de palma en esa región, principalmente en el territorio colectivo de Curvaradó, había generado grandes impactos ambientales, culturales y sociales derivados de las obras de infraestructura que se han construido: red vial de carreteras, canales de drenaje, puentes y cables (garruchas). Igualmente, se habían efectuado cambios en el uso del suelo, tala de árboles, secado y desviación de fuentes de agua. La comisión de verificación llamaba la atención sobre el tremendo impacto que esta situación ha generado en estas comunidades, no sólo por el desplazamiento forzado de que habían sido victimas, sino además, por la perdida y destrucción de sus poblados, sus viviendas, sus sitios de trabajo tradicionales, las áreas de cultivos familiares y la desarticulación de su tejido social. Finalmente, el Incoder, en este primer informe, aseguraba que la estrategia utilizada por las empresas para acceder a la tierra había sido la compraventa de mejoras a personas particulares, pertenecientes a territorios colectivos o a miembros individuales de los consejos comunitarios; así mismo se habían adquirido tierras o mejoras a personas con títulos individuales excluidos de territorios colectivos (…) a pesar de carecer de toda validez jurídica de acuerdo con los artículos 7 y 15 de la Ley 70 de 1993, donde se determina que personas ajenas a la

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comunidad que ocupen las tierras colectivas no tienen derecho a la titulación o reconocimiento de mejoras 82. Sin embargo, siete meses después de este informe, se conoció a través del Servicio de Noticias del Estado (SNE) que el Incoder realizó otro informe en el que se impugnaba parte de lo afirmado en el anterior. Según lo publicado por el SNE ―un total de 131 de los 732 títulos que las comunidades afrocolombianas asentadas en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) reclaman como propiedad colectiva, son propiedad privada. (…) y están debidamente registrados. De ellos, un total de 39 ya tienen levantamiento topográfico en terreno. El informe aclara además que esos 39 predios ya visitados, se encuentran dentro de la propiedad colectiva de Jiguamiandó y Curvaradó. Esto significa que dicha propiedad privada debe respetarse y descontarse de los títulos colectivos adjudicados a las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó, tal y como lo había previsto el Incora en el año 2000 (…) El Incoder tiene plazo hasta marzo de 2006 para concluir el estudio de los títulos que faltan para clarificar el derecho a la propiedad entre los propietarios privados individuales y los propietarios colectivos‖83 Este informe acababa con las posibilidades de declarar ilegal la ocupación con cultivos de palma, de los territorios colectivos del Jiguamiandó y el Curvaradó. Al parecer, el Incoder 82

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 2005. Informe: Los Cultivos de Palma de Aceite en los Territorios Colectivos de las Comunidades Negras de los Ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el Departamento de Chocó. Bogotá. En: http://www.semillas.org.co/articulos.htm?x=868366 83 Servicio de Noticias del Estado (SNE). Dirimen Conflicto sobre Títulos de Propiedad de Tierras en Chocó. Bogota. 20 de octubre de 2005 En: http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/octubre/20/09202005.htm

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preparó una serie de resoluciones con las que buscaba que los Consejos Comunitarios de las comunidades afrochocoanas crearan alianzas económicas con empresas privadas, lo cual resultaba empatar a la perfección con los proyectos que la Oficina del Alto Comisionado de Paz había diseñado para la llamada ―reinserción económica‖ de los desmovilizados 84. Por su parte, la Defensoría del Pueblo en la resolución No. 39 afirmaba que las ventas referidas (contratos de compra venta y mejoras) se hicieron en la etapa inicial del desplazamiento y, en muchos casos, sin consentimiento de los beneficiarios. En enero de 2003, las comunidades desplazadas e internas en la selva denunciaron la incursión de grupos de autodefensa, quienes amenazaron con su presencia constante en la zona y anunciaron que ―el territorio les pertenecía y que allí establecerían cultivos de palma aceitera‖ 85. Este, al igual que la ilegalidad de los cultivos, había sido el factor controversial frente a las grandes extensiones de palma en esta región. De acuerdo con la Comisión Justicia y Paz86, las acciones paramilitares en el Jiguamiandó desde 2003 hasta 2006 (como sucedió desde 2001 en el Curvaradó) habían precedido la ampliación de la frontera agrícola para la siembra de palma aceitera y la extensión ganadera (…) este era el desarrollo de una nueva etapa de la estrategia paramilitar que explícitamente, según Vicente Castaño, se encontraba vinculada con la siembra de 84

Serna, Daniel. La palma de aceite y la usurpación de territorio a las comu nidades negras. 6 – 20 de marzo de 2006.En: http://www.actualidadcolombiana.org/, 85 Defensoría del Pueblo, 2005. Resolución Defensorial No. 39 op. cit. 86 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2005. Palma – paramilitarismo en el Bajo Atrato. En: http://colombia.indymedia.org/news/2005/08/30076.php

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palma en la región y al mismo tiempo desarrollaba una estrategia de control, que sólo era posible por la complicidad de agentes estatales de la Brigada XVII y la Policía de Urabá (…) Evidentemente la rentabilidad comercial de la siembra y después, del procesamiento de la Palma y el desarrollo de mecanismos abiertamente ilegales para la apropiación de tierras, la violencia y la adquisición falsa de escrituras, se justificaban como mecanismos que legitiman el progreso y los intereses privados estratégicos en el Bajo Atrato, incluyendo, además del Curvaradó, el Jiguamiandó, al Salaquí y el Cacarica87. En este mismo sentido, se encontraba el condicionamiento del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC de adelantar un proceso de desmovilización de sus hombres, sobre la base de un apoyo irrestricto por parte del gobierno Uribe a su Proyecto de Alternatividad Social (PASO), fundamentado, precisamente, en la consolidación del cultivo de palma africana como alternativa agroindustrial para toda la región88. Igualmente el primer informe ya citado del Incoder llamaba la atención sobre la empresa Palmas del Atrato que a noviembre de 2004 no había iniciado actividades productivas (…) pero que venía adelantando negociaciones con la sociedad ASIBICON para comprarle 5.800 Has de las que esta 87

De acuerdo con las denuncias de las diferentes comunidades, los cultivos de palma se están extendiendo y se extenderán a otros territorios colectivos. Por ejemplo, se denuncia el establecimiento de semilleros de palma en las zonas contiguas al sitio conocido como La Balsa, en la cuenca del río Cacarica, territorio colectivo de esta cuen ca. Sumado a la situación expuesta, se están sembrando cultivos de coca en el territorio colectivo de Cacarica impulsados por los grupos paramilitares que operan en la región20, lo cual magnifica los grandes impactos generados por la palma. En: Defensoría del Pueblo, Resolución Defensorial No. 39. op cit. p 14. 88 Etnias de Colombia, 2004. Palma Africana en el Chocó: una nueva plaga para indios y negros. En: http://www.etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=2280

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sociedad ha comprado a los campesinos y colonos propietario s privados adjudicatarios del INCORA. En estas hectáreas la empresa tenía proyectada la puesta en marcha de un gran proyecto de siembra de palma de aceite, que se desarrollaría principalmente con población reinsertada de la región y con el apoyo del proyec to EMPRESARIOS EXITOSOS POR LA PAZ 89.El Bloque Elmer Cárdenas que no participaba en la mesa de negociación con el gobierno, había mantenido conversaciones paralelas con el Alto Comisionado para el Paz con el fin de desmovilizarse. Además del condicionamiento del proyecto PASO para su desmovilización, el Bloque propuso como zona de encuentro uno de los municipios del bajo Atrato. Ante esta propuesta el Foro Interétnico Solidaridad Chocó expresó ―que en aras de nuestra autonomía exigimos que este proceso de concentración y desmovilización no se haga en nuestros territorios ni, mucho menos, que la reinserción se convierta en un mecanismo de expropiación de nuestras tierras ancestrales. Así mismo, expresamos la preocupación porque detrás de esta reinserción surjan nuevas formas de estructuras paramilitares en la región‖ 90 . 4.2. Resguardos Indígenas

En el Bajo Atrato ha habido igualmente una afectación en los resguardos indígenas, entre ellos, los más sobresalientes, Domingodó, Chintadó-Chimirindó, Quiparado, Peñas Blancas, 89

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 2005. op. cit. Comunicado Foro Interétnico Solidaridad Chocó, reunido en su VII Asamblea los días 10 14 de noviembre de 2005 en Quibdó, Chocó. 90

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Barranco-Yarumal, Alto Salaquí-Pavarandó, Perancho, Peranchito, La Raya, Arquía, Tanela, Cuti y Emberá Katío (Pescadito y Chidima)91. Los resguardos indígenas referidos, se encuentran localizados en la zona del Bajo Atrato, y en los afluentes del río Atrato, en los ríos Truandó, Domingodó, Cacarica, Perancho, Peranchito, Tanela y Salaquí, en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Acandí y Unguía, en el departamento del Chocó. Pertenecen a las etnias Emberá Katío, Waunana y Kuna Tule y conservan valores culturales y autóctonos que los destacan como una de las culturas raizales destacadas en esta zona del país. Los indígenas del Bajo Atrato habían acudido a su capacidad de resistencia para preservar sus comunidades, no obstante en 2003, cuando los efectos del conflicto habían comenzado a socavar y poner en riesgo su supervivencia cultural y étnica, se habían visto impelidos a dar a conocer su situación de riesgo, caracterizada por constantes bloqueos económicos de alimentos y medicamentos , que habían provocado desabastecimiento y aislamiento de las comunidades en sus actividades cotidianas de caza, pesca y agricultura de subsistencia, agravadas por las retenciones de que eran objeto en retenes ilegales de los grupos armados en los que los que permanecían hasta por 5 días.92 91

Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 034-03 del 25 de abril de 2003, Ríosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí, p.2) 92

Ibidem

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A las FARC se las señala de sembrar indiscriminadamente minas antipersonales en algunos resguardos y de sostener combates con las AUC dentro de los territorios indígenas, con grave riesgo para las comunidades. Los líderes y gobernadores de las comunidades eran buscados con lista en mano por miembros de las AUC y FARC, acusados de auxiliar al grupo contrario. Los grupos armados interfieren en la autonomía y en la justicia indígena por la imposición de sus decisiones en la solución de conflictos y por la implantación de normas de conducta ajenas a las costumbres y tradiciones indígenas, e incluso de realizar reclutamiento forzado de jóvenes 93. Durante el período que va desde el 2000 y hasta la abril de 2003 habían sido asesinados 17 indígenas de las diferentes comunidades asentadas en la zona. Los dirigentes de la organización indígena que agrupa a estas comunidades (CAMIZBA- Cabildo Mayor Indígena de la zona del Bajo Atrato), se encontraban amenazados de muerte, considerados como objetivos en las listas de los grupos armados 94. A

la vulnerabilidad

socioeconómica que históricamente ha

caracterizado a estas comunidades se sumaban nuevos elementos que aumentaban su grado de desprotección, como la perdida de parte de sus territorios tradicionales por la invasión o intromisión de comunidades negras desplazadas de sus territorios que buscaron 93 94

Ibidem Ibidem

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refugio dentro de los resguardos indígenas y desde 1997, cuando la agudización del conflicto

armado

los llevó a desplazarse

paulatinamente dentro de sus territorios y comunidades, imponiendo restricción a la circulación de personas y de productos básicos. Por último, la ocurrencia de homicidios selectivos y amenazas de sus integrantes por parte de los grupos armados.95 El bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas, en diciembre de 2004, anunció la desmovilización de sus combatientes y a la par emprendió un movimiento estratégico de sus tropas en los principales sitios de acceso al

Urabá y el Bajo Atrato,

estableciendo un cordón de contención que les permitirá ejercer el control territorial sobre el Urabá antioqueño, el Bajo Atrato, la parte occidental de Antioquia y los municipios de Tierralta, Puerto Libertador y Montelibano en Córdoba.96 El 12 y 30 de abril de 2006, tres frentes del BEC –AC conformados por 793 hombres, se desmovilizaron en sitios neurálgicos por su importancia geoestratégica ((la ultima fase de la desmovilización de aproximadamente 700 combatientes, incluido su comandante el ―Alemán‖ que actuaban sobre las márgenes del río Atrato y las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, Cacarica -Balsa, Quiparadò, Curvaradò y Domingodò, se realizaría en el municipio de Unguía). Territorialmente, la concentración de desmovilizados en Necoclí y Turbo les posibilitará controlar el Norte de Urabá y el acceso a 95 96

Ibidem Ibidem

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Córdoba, igualmente la agrupación de hombres en Turbo les permitirá ejercer el dominio sobre la carretera Panamericana, el Tapón del Darièn, y los municipio de Unguía y Acandí; asimismo la permanencia de sus tropas en las cuencas de los ríos Truando, Salaqui, Cacarica –sitio

Balsa, Quiparadò, , Curvaradò, y

Domingodò, complementaría el anillo de contención sobre los municipios del Carmen del Darièn, Ríosucio, Belén de Bajirá, y Mutatà, y les facilitara además la conformación de cooperativas de seguridad (los desmovilizados estaban tratando de involucrar a las comunidades

negras),

implementación

proyectos

agroindustriales y la constitución de organizaciones productivas y sociales (desconociendo o sustituyendo las establecidas por afrodescendientes e indígenas) mediante el Plan de Alternatividad Social -PASO97. Por su parte la guerrilla de las FARC acantonadas en las cabeceras de los afluentes del Atrato, estaban realizando acciones relámpagos en las partes media y baja de los ríos, con la finalidad de fisurar el cordón de contención establecidos por el BEC –AC, ajusticiar a los aserradores que aparentemente trabajan y entregan información al grupo rival y a la población civil que presuntamente bajo coerción o autónomamente le brindan lealtad a las autodefensas.98 Frente a la cruenta arremetida de la guerrilla, los combatientes del Élmer Cárdenas presentes en el Bajo Atrato, recrudecieron sus 97

Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 7 98 Ibidem

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acciones de coerción sobre la población civil asentadas en los poblados de las zonas media y baja de los ríos, lo cual viene generando

confinamientos,

desplazamientos

gota

gota,

desabastecimiento alimentario y pecuario, la zozobra de las actividades diarias y la perdida de la autonomía comunitaria. 99 4.3. Perspectiva por municipios

A continuación se organiza la información según una perspectiva municipal. Comenzamos por Acandí y Unguía, y seguimos con Riosucio, Por ser fronterizos y ubicarse sobre la cuenca del golfo de Urabá, Acandí y Unguía son estratégicos para los grupos armados ilegales para el tráfico de droga y armas. Estos municipios estaban controlados por las Farc hasta 1997 cuando los paramilitares incursionaron con mayor fuerza logrando el repliegue de la guerrilla hacia la parte alta de Acandí, en la Serranía del Darién, en límites con Panamá. En estos dos municipios se registró un alto número de desplazamientos individuales y colectivos 100 como consecuencia de las amenazas, homicidios selectivos y múltiples realizados por las ACCU y la confrontación armada librada entre estos y las Farc. En el caso de Acandí, la tasa de homicidio empezó a subir en 1993 y en 1995 registró el pico más alto. En este año grupos paramilitares, quienes ya habían decidido tomar el control del Urabá Chocoano, 99

Ibidem De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de las 88 veredas de Unguía, en 2003 sólo 22 se encontraban habitas. 100

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incursionaron en este municipio cometiendo homicidios selectivos y múltiples como la del 3 de noviembre cuando un grupo de 70 paramilitares llegó a la zona y asesinó a 6 campesinos utilizando métodos de extrema sevicia. Ante esto 289 familias de la zona rural huyeron de la zona101. En el caso de Unguía, la situación más difícil la han tenido que enfrentar los indígenas Embera. Su tasa de homicidio creció desde 1993 y su punto más alto fue en 1997. 102

Unguía

Desde finales de 1997, el municipio de Unguía sufrió los rigores del conflicto armado y el desplazamiento forzado de personas hacia la cabecera municipal y hacia otras localidades vecinas como Turbo. Este municipio contaba con 88 veredas, encontrándose en 2003 habitadas solamente 22. Frente a este fenómeno de presión de los grupos armados irregulares, las comunidades indígenas se habían manifestado por medio de la resistencia pacífica dentro de sus territorios ancestrales trasladándose hacia los resguardos de Paya y Púcuru, en Panamá103. Caso particular es el del resguardo de Arquía. La comunidad indígena Kuna-Tule está distribuida en los resguardos de Arquía en el municipio de Unguía, Chocó en territorio colombiano, y en los 101

Javier Giraldo, 2004. Dialogar consigo mismo ...Negociar consigo mismo ...En: http://www.javiergiraldo.org/article.php3?id_article=19 102 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p. 26 103 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 020 del 21 de marzo de 2003, Unguía, p. 2

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resguardos de Paya y Púcuru en el vecino país de Panamá, estas comunidades sobreviven de la agricultura, la ganadería, la caza y de la elaboración y comercialización de artesanías 104. Contra estas comunidades se habían ejercido distintos tipos de violencia por los actores armados ilegales, especialmente las AUC, dentro de los que destacaban los homicidios selectivos y múltiples, como el perpetrado contra varios jóvenes en el camino que desde el resguardo conduce a Ungía. Igualmente, los secuestros, amenazas y desplazamientos de algunos miembros de la comunidad hacia las Islas de San Blas y las acusaciones constantes contra las comunidades y sus líderes por parte de miembros de las AUC que hacían presencia en el municipio, de ser auxiliadores de la guerrilla.105 También debe destacarse el bloqueo económico que estas comunidades sufrían desde hacía aproximadamente tres años por parte de las autodefensas, mediante el cual se les impedía comprar mercados por valor superior a $20.000 semanales por familia, control que era efectuado directamente por los paramilitares en las tiendas del casco urbano de Unguía donde los indígenas compran sus provisiones, a lo cual se sumaban las restricciones para su movilización, a través de las cuales les impedía transportarse hacia el resguardo de Paya106.

104 105 106

Ibidem Ibidem Ibidem

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Cabe destacar además los atentados contra bienes civiles como el perpetrado en 2002 por las AUC en el cual quemaron una bodega y un bote de la comunidad indígena ubicados a orillas del río Arquía, afluente de la ciénaga de Unguía, con el fin de impedir su movilización por dicho río; en este mismo robaron una panga o bote de la comunidad y amenazaron con asesinar a quienes se desplazaran por el río y salieran en la noche.107 Dentro de los más graves hechos de violencia provocados por los grupos paramilitares contra las comunidades indígenas se destacaba el secuestro durante varios días de 8 jóvenes de la comunidad, quienes fueron finalmente liberados el 23 de enero de 2003. Igualmente, el homicidio múltiple perpetrado el 17 de enero de 2003 contra varios indígenas, entre ellos el cacique mayor Ernesto Ayala, el segundo cacique San Pascual Ayala, el alguac il Luis Enrique Martínez y el cacique de Púcuru, Gilberto Vásquez, en el marco del secuestro de varios periodistas norteamericanos, así como la destrucción, en el resguardo de Paya, de 5 viviendas y la muerte de animales domésticos rutas utilizadas por los indígenas. Por su parte, la guerrilla de las FARC hacía presencia en la cabecera de los ríos Tuira y Paya y en el cerro Tacarcuna, lugar que igualmente se configuraba para este grupo armado ilegal en un corredor estratégico hacia Panamá108.

107 108

Ibidem Ibidem

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Se puede apreciar que, especialmente para las AUC, el territorio Cuna – Tule tenía valor estratégico no solo por ser corredor de tránsito ilegal sino por sus posibilidades en el mediano plazo, de apropiación

explotación

económica

para

proyectos

agroindustriales y viales, razón por la cual su objetivo último era la expulsión de la comunidad de sus territorios ancestrales y la usurpación y posesión de los resguardos a través de la figura del abandono. A esta estrategia de las autodefensas se sumaba la potencial disputa del territorio por las FARC, que consideran a esta zona como fundamental en su acceso a rutas de alcaloides y armamento, lo que podía llevar a confrontaciones con ataques indiscriminados contra poblados, aumento en los homicidios selectivos, masacres y desplazamiento de población.109 Luego de estos hechos el grupo armado ilegal ordenó a los pobladores que desalojaran la comunidad pues instalarían minas y bombas en las viviendas. En esta fecha, la población indígena de Paya y Púcuru (ceca de 500 personas) se desplazaron hacia la localidad de Boca de Cupe, en territorio panameño, donde estaban siendo atendidos por el Gobierno de ese país. Se señalaba que personal de la guardia panameña y soldados del ejército norteamericano llegaron a la zona y desactivaron bombas dejadas por las AUC en las viviendas indígenas. Bajo amenazas de muerte, las AUC habían restringido el paso entre los resguardos de Paya, Arquía y Púcuru, situación dificulta el retorno de los desplazados a sus comunidades ancestrales. Al parecer, en el sitio denominado La 109

Ibidem.

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Torre en el municipio de Unguía se encontraba ubicado un campamento de las AUC, desde donde controlaban este territorio y al parecer tenían origen las amenazas y hechos de violencia perpetrados contra la comunidad indígena, tales como

advertencia de que antes de dos meses incrementarían su pie de fuerza para controlar las montañas desde Unguía hasta Acandí en la zona limítrofe con Panamá110. En 2003 se encontraban amenazados por el 57 frente de las FARC y por las AUC, acusados de ser colaboradores de uno u otro grupo. Había temor por parte de los indígenas Kuna Tule de Colombia, pues al parecer los indígenas localizados en los resguardos de Panamá se estarían armando para enfrentar a los grupos armados. Entre 1997 y hasta principios de 2003 se contaban 12 homicidios de indígenas Tule. La presión y amenaza de los grupos armados irregulares era tan fuerte que la comunidad estaba contemplando la posibilidad de desplazarse masivamente hacia el vecino país de Panamá111. Por lo anterior se emitió, en marzo de 2003, el Informe de Riesgo Nº 020 en el que se consideraba Factible ocurrencia de incursión armada en el resguardo indígena con posible ocurrencia de homicidios

selectivos

configuración

múltiple,

ataques

indiscriminados con afectación a población y bienes civiles y lugares 110

Ibidem Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 034-03 del 25 de abril de 2003, Ríosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí, p. 5 111

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de culto y desplazamientos forzados, por parte de las AUC, grupo armado que anunció que durante los próximos dos meses aumentaría su pié de fuerza en la zona para vigilar la frontera desde los cerros más altos del municipio de Unguía hasta el municipio de Acandí en el Chocó 112. No sobra anotar, por otro lado, que en 2006, el 15 de julio, las FARC decapitaron a cuatro agricultores (Cristóbal, Montoya, Albert López, José Bedoya y Manuel Martínez) en la vereda Arquía – Limón del municipio de Unguía (localidad elegida para la ultima desmovilización del BEC –AC). Acontecimientos violentos que provocaron el desplazamiento de 70 familias, -cerca de 70 personas, de las veredas Arquía -Limón, Raicero, Peye y el Naranjo hacia la cabecera municipal113.

Acandí

Ahora, en lo que respecta el municipio de Acandí, este se caracterizó hasta mediados de los noventa por haber sido un municipio controlado por las FARC. Este grupo armado ilegal tenía una fuerte presencia en las zonas rurales aledañas al casco urbano, por donde ingresaban grandes cantidades de armas. El control y sometimiento de la población lo ejercían sin emplear el recurso de la

112

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 020 del 21 de marzo de 2003, Unguía, p. 3 113 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 8

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violencia masiva e indiscriminada e, incluso hasta finales de 1997, fue considerada como una zona de reserva y retaguardia114. Sin embargo, en 1997 las ACCU iniciaron un proceso de incursión y copamiento que estuvo marcado por masacres, desapariciones, desplazamientos forzados de población del área rural al casco urbano, continuos enfrentamientos con las FARC, hasta tener control de la zona y lograr su repliegue hacia la parte alta del municipio, en la serranía del Darién, en límites con la república ce Panamá.115 Como consecuencia de esta ofensiva se generó en ese año el desplazamiento forzado de centenares de campesinos, entre negros, colonos chilapos y pequeños aparceros, hacia el casco urbano de Acandí, el municipio de Turbo y la zona de frontera en la república de Panamá. Literalmente las veredas se quedaron vacías. Así mismo, las comunidades indígenas fueron obligadas a desplazarse y sólo unas pocas familias resistieron en el territorio, que en el año 2001 se convirtió en resguardo. En definitiva las ACCU tomaron control del casco urbano del municipio, patrullaban uniformados por las calles y carreteras, restringiendo el paso de bienes y personas. En este mismo año el Batallón Vélez comenzó a patrullar la zona, situación que disuadió a los grupos de

114

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo Informe de Riesgo Nº 084 -03 de diciembre 31 de 2003, Acandí, p. 3 115 Ibidem

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autodefensa y logró que se retiraran del casco urbano del municipio.116 Por su condición de municipio fronterizo y su ubicación geográfica, sobre la cuenca del golfo de Urabá, el municipio del Acandí se convirtió en una zona estratégica para los grupos armados ilegales, que, sumado al abandono en el que se encuentran las veredas, favorecía el tráfico de armas y drogas ilícitas, otorgándoles, de esa manera, una posición preponderante en la región al actor armado ilegal que lograra controlar o dominar esta parte del país. (Informe de Riesgo Nº 084-03 de diciembre 31 de 2003.117 Caso especial es el de los corregimientos de Capurganá y Sapsurro del municipio de Acandí en donde hay resguardos indígenas. Uno de ellos, el Resguardo Emberá Katío, está conformado por las comunidades indígenas de Chirima y Pescadito. Estuvo afectado por

homicidios

selectivos,

pillaje,

bloqueo,

aislamiento

desabastecimiento alimentario y de medicamentos, a lo que se adicionaba la siembra indiscriminada en su territorio de minas antipersonales por parte de las FARC y la influencia permanente de las AUC quienes ejercían control sobre la comunidad y habían proferido

amenazas

contra

sus

dirigentes, obligándolos

desplazarse hacia el municipio de Riosucio. La comunidad también había sido objeto de amenazas 118. 116

Ibidem Ibidem 118 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría de l Pueblo. Informe de Riesgo Nº 034-03 del 25 de abril de 2003, Ríosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí, p. 5 117

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Las comunidades campesinas afrodescendientes y los colonos, que en su mayoría se encontraban desplazadas en el casco urbano de Acandí y las comunidades Embera Katíos de los resguardos de Pescadito y Chidima, respecto de los cuales muchas de las familias se habían desplazado hacia los resguardos de Saiza y Tierralta, estaban organizando un retorno masivo a sus lugares de origen ubicados en las partes altas del municipio, en límites con la república de Panamá, los dos primeros, y hacia sus resguardos, los terceros. Sin embargo, tanto las veredas El Perdido, El Guatín, Capitán, Acandí Seco, El Brillante, Tibirri, Ñeca, la Poza, Pinorroa, El Tigre, El Muerto, Brazo Seco, Acandí Seco Medio, Chugandí, Batatilla –en ese momento abandonadas- como el territorio de los resguardos de Pescadito y Chidima –parcialmente ocupadas- se habían constituido en zonas estratégicas para los grupos armados ilegales, toda vez que su permanente presencia les permitía dominar la frontera colombo-panameña y controlar el comercio ilegal de armas, el contrabando y el tráfico de narcóticos. 119 El accionar de los actores armados ilegales y la disputa territorial que los enfrentaba hace prever que el plan de retorno voluntario y masivo que habían programado pudiera ser obstaculizado y la población retornada objeto de nuevas intimidaciones, amenazas y ataques. Adicionalmente, era previsible que una vez en sus territorios se presentaran incursiones y ataques indiscriminados de los grupos armados contra los centros poblados, homicidios 119

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 084-03 de diciembre 31 de 2003, Acandí, pp. 1-2

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selectivos o una masacre, en una crisis humanitaria que generaría nuevos desplazamientos forzados de población afrodescendiente e indígena120. Igualmente,

una

vez

que

retornaran

las

comunidades

afrodescendientes y los colonos, era probable que los territorios de los resguardos indígenas se convirtieran nuevamente en zonas de tránsito permanente por parte de los grupos armados ilegales y que sus

líderes y autoridades tradicionales fueran nuevamente

amenazados y perseguidos -como sucedió en el mes de febrero de 2003 cuando las ACCU ingresaron al resguardo de Chidima en busca de un líder acusándolo de ser auxiliador de la guerrilla- en una situación que provocaría el desplazamientos de las pocas familias que aúan vivían en estos resguardos. Adicionalmente, era probable

que se presentarn enfrentamientos armados con

interposición de población indígena, en tanto que la guerrilla de las FARC

estaba ubicada en los

límites

del resguardo, en

inmediaciones del territorio panameño.121 Otra situación de riesgo estaba dada por la inminente repatriación de colombianos desde Panamá hacia el casco urbano del municipio de Acandí, prevista para el mes de enero de 2004, pues los cientos de campesinos que desde 1997 huyeron hacia el vecino país, acosados por las amenazas y señalamientos de las AUCC, tendrían eventualmente que retornar a las zonas rurales, lugares donde no 120 121

Ibidem Ibidem

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existían las garantías suficientes para la protección de sus vidas. Por otra parte, las condiciones de esta repatriación agravaría la vulnerabilidad, pues el municipio no cuenta con recursos para atender una emergencia humanitaria de esta magnitud. 122 Bajo estas circunstancias la iniciativa de retorno a sus tierras abandonadas desde 1997 que tenían las 130 familias, sus proyectos de reconstruir sus vidas, viviendas y sus cultivos, se veía seriamente amenazado si se tiene en cuenta en que varias de las veredas de origen están sobre la zona fronteriza, en ese momento copada por los grupos armados ilegales, y se generaba el riesgo de tales grupos volvieran a intentar refugiarse en los caseríos. Esta misma situación se repetía con mayores impactos para las comunidades indígenas del pueblo Embera Katío, en especial las que habitan en el resguardo de Chidima cuya jurisdicción llega hasta la frontera.123 Adicionalmente, era muy probable que los actores armados ilegales en su disputa y confrontación por el control de la zona fronteriza intenten utilizar a la población civil como escudos humanos, situación que podría terminar con las iniciativas comunitarias de retorno y generar, incluso, nuevos desplazamientos forzados y un nuevo bloqueo económico y de alimentos del casco urbano del municipio 124.

122 123 124

Ibidem Ibidem Ibidem

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Por lo anterior en diciembre de 2003 se emitió el Informe de Riesgo Nº 084-03 en el cual se consideraba que estaban en riesgo 130 familias desplazadas, alrededor de 700 personas, que deseaban retornar a sus territorios de origen los cuales tuvieron que abandonar desde 1997 a raíz de la disputa territorial por parte de los actores armados ilegales. En su totalidad eran campesinos chocoanos y colonos chilapos que habían llegado al municipio hacía mas de 20 años y que se dedican a trabajar la tierra, al cultivo de plátano, yuca, ñame, maíz y a la cría de especies menores como gallinas y cerdos. Además, alrededor de 130 familias indígenas, del pueblo Embera Katío, ubicados en los resguardos de Pescadito y Chidima.125

Riosucio

Ubicado al norte del Chocó, el municipio de Ríosucio con un área de 10.243

Km2

básicamente

rural,

población

fundamentalmente afro descendiente y en menor proporción indígenas de las étnias Emberá y Wounaan. Su sistema hidrográfico está compuesto por cinco afluentes del río Atrato el principal de ellos es el río Truandó, que tiene extensión aproximada de 60 Km., le siguen en importancia los ríos Salaquí y Domingodó 126.

125

Ibidem Sistema de Aletas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo 044 -05 del 13 de septiembre de 2005, Ríosucio, p. 3 126

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El Municipio de Ríosucio contaba con una población al 2005 de 26.555

habitantes, de los cuales 7.200 se emplazaban en la

cabecera y 19.555 en la zona rural (DANE). Limita por el norte con el municipio de Unguía, por el sur con el municipio del Carmen del Darién, por el oriente con el municipio de Belén de Bajirá y por el occidente con el municipio de Juradó. Dicho municipio se erige en el núcleo de grandes industrias extractivas de madera, ganadería extensiva, banano, estanques de camarón y palma aceitera. Asimismo

en territorio con grandes recursos genéticos y

ambientales y futuras obras de infraestructura física que articularan las nuevas rutas de intercambio comercial entre el océano Atlántico y el Pacífico.127 Riosucio es un caso particular, pues históricamente ha registrado índices de violencia muy altos, sin embargo, se debe tener en cuenta que hasta 2000 Carmen del Darién pertenecía a este municipio. Riosucio es estratégico para los actores armados pues a través de sus ríos, entre ellos los más importantes el Truandó, Domingodó y Salaquí, se comunica el interior del país con el litoral pacifico y la frontera con Panamá. Este municipio es básicamente rural y su población es en su mayoría afrodescendiente y en menor proporción indígena de las etnias Emberá y Wounaan. Las Farc controlaron este municipio desde los años ochenta hasta 1996, cuando los paramilitares incursionaron desde el Golfo de Urabá. A partir de este año la tasa de homicidios empezó a subir, 127

Ibidem

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registrando el pico más alto en 1997. En estos años los paramilitares asesinaron y desaparecieron campesinos señalados como guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. De acuerdo con el Banco de Datos del Cinep durante este año se cometieron cerca de 41 homicidios y desapariciones por parte de grupos paramilitares, algunos de ellos fueron los cometidos los días 17, 18 y 31 de diciembre cuando ―paramilitares ejecutaron a 16 campesinos y desaparecieron a doce más, luego de incursionar en las veredas Remacho, Uradá, Santa Fe, Apartadocito, Arrastradero, Zapayal, Nueva Esperanza y Andalucía; en la inspección de Puerto Lleras y en el caserío Llano Rico. En los mismos hechos quemaron varias viviendas de las veredas Zapayal y Bijao Medio, destruyeron y robaron bienes; realizaron ametrallamientos indiscriminados en Puerto Lleras. Estas acciones provocaron el desplazamiento de 1.200 campesinos, hacia la inspección de policía de Pavarandó, del municipio de Mutatá (Antioquia), donde se hallan asentados más de 4.000 campesinos de la región del Bajo Atrato‖ 128 En este año,

128

El 17 de diciembre en la mañana, uno de los grupos paramilitares hizo presencia en Apartadocito y ejecutó a Rubiel Sanpedro Tuberquia y a Able Guisao, cuyos cadáveres fueron arrojados a una fosa común. El mismo día, en Arrastradero, ejecutaron a al matrimonio Víctor Soto y Estebana berrío. El 18 de diciembre en horas de la mañana, en el camino que conduce a la vereda Uradá, interceptaron a dos campesinos, que iban a caballo, y los ejecutaron. Después, en el camino entre las veredas Remacho y Buenavista, ejecutaron de varios impactos y degollaron, a Andrés Castaño y a Argemiro Correa, y se llevaron a tres menores. En el camino entre las veredas El Remacho y Llano Rico, interceptaron en su trabajo a Gerardo Carvajal, miembro de la Comunidad de Paz San Francisco de Asís, se lo llevaron, lo ejecutaron y arrojaron su cadáver en un sitio cercano al camino veredal. En su recorrido posterior ejecutaron a José Teófenes Gómez, Luís Correa, Gerardo Vargas y Libardo N. El 31 de diciembre hacia las 9 A.M. interceptaron, en el sitio Caño Claro, a un grupo de campesinos, entre ellos dos menores y un anciano. Se tuvieron que identificar y contestar un interrogatorio, tendidos en el piso. Fueron ejecutados Luís Emerson Martínez, Miguel Enrique Cardozo y Wilfrido Pimiento. La totalidad de las víctimas hacían parte de los desplazados del bajo Atrato que, desde marzo pasado, se hallaban en los campamentos de Pavarandó. Durante la misma acción llegaron a la vereda Santa Fe e interceptaron a José, Edison Manuel y Berta Hernández, de una misma familia, a quienes desaparecieron. Otras víctimas de la incursión fueron: Pablito López, Mario N., Manuel Cuesta, Alcides Dominico, Julián Arturo

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como ya se ha mencionado anteriormente, además de la incursión paramilitar, se llevó a cabo la operación ―Génesis‖ por parte de la Fuerza Aérea junto con tropas de la Decimoséptima Brigada del Ejército. Durante esta operación fueron bombardeados varios caseríos de las comunidades ubicadas en la cuenca del río Salaquí. Estos dos, la incursión paramilitar y la operación militar, ocasionaron el desplazamiento masivo de cerca de 15.000 personas 129. En 2006, las Farc hacían presencia en la zona de la frontera con Panamá, la costa en el Pacífico y la cabecera del río Truandó, desplazándose por la región a través de la Serranía de los Saltos que atraviesa los municipios de Bahía Solano y Juradó 130. Los paramilitares lo hacían en la cabecera municipal y en algunas partes de las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí, y Domingodó. Allí controlaban la extracción ilegal de madera y los cultivos de coca de la región. Un entrevistado afirmó que los paramilitares ofrecían motosierras, especialmente a la población joven, para que cortataran los árboles que ellos indicaban, si la población no lo hacía debía desplazarse o de lo contrario era asesinada131. En cuanto a los enfrentamientos entre grupos irregulares en este municipio, se registró un ascenso desde 1998, año en el que se produjo un ataque de las Farc a una base de las autodefensas en la Garcés y seis personas más cuyos nombres no fueron registrados. Bando de datos del Cinep. op. cit. 129 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p. 24 130 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo No. 044 -05 131 Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad en el Chocó. Bogotá, 2006. p. 26

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finca denominada La Secreta, en límites entre Riosucio y Mutatá, hecho en el que murieron 19 integrantes de las autodefensas y resultaron heridos algunos guerrilleros 132. En 2001 continuaron aumentando y en 2002 se registró el pico más alto, cuando se registraron 10 enfrentamientos. Desde 2003 habían venido disminuyendo aunque en 2006 se continuaban registrando estas acciones. Esto demuestra que a pesar que el Bloque Elmer Cárdenas dominaba casi toda la región, era evidente la presencia de las Farc en algunas cuencas y los limites con el litoral133. Resulta importante hacer precisiones sobre la afectación de los resguardos indígenas que hay en Riosucio. Está primero que todo el Resguardo de Chintadó –Chimirindó. En 2003 lo componían 780 personas de las comunidades de Jagual Marcial y Pichindé, allí los FARC y las AUC hacían presencia permanente dentro del resguardo, impidiendo a los indígenas movilizarse y desarrollar sus actividades de supervivencia, se habían suspendido las actividades educativas debido a las amenazas y el riesgo que representaban los continuos enfrentamientos de los grupos armados para niños, jóvenes y maestros, especialmente por el bloqueo permanente de transporte de alimentos hacia las comunidades, ya que solo se permitía el paso de mercados por valor de $50.000 mensuales. Las FARC habían impuesto una exacción forzosa del 5% sobre la madera

que

extraían

las

comunidades

intervenían

constantemente en las decisiones de las autoridades indígenas, 132

Chocó. Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2003. p 9. Fundación Seguridad y Democracia. Aproximación a la Situación de Seguridad e n el Chocó. Bogotá, 2006. p. 25 133

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además de realizar homicidios selectivos 134. En la comunidad de Jagual, las FARC asesinaron entre 1997 y el 2002 a cuatro indígenas acusados de auxiliar a las autodefensas (Urbino Sanapí, Carlos Rubiano, John Rubiano y Fernando Pubiano); asimismo el BEC -AC desplazó en el 2002 a dos familias integradas por 12 personas; igualmente mediante intimidaciones y la aplicación de torturas con la ―bolsa de la verdad‖ obligaban a los indígenas a señalar y suministrar información sobre los posibles colaboradores de la guerrilla135. En Marcial, las FARC desplazaron en 1998 a nueve familias, compuestas por 51 personas, señaladas de auxiliar a las autodefensas. Las FARC durante el 2001 y 2002, asesinaron a dos personas

(Marceliano Carpio y Rito Sobrecama) y le

exigieron una de las viudas a abandonar la comunidad. 136 Producto del ingreso de los actores armados al resguardo y los mecanismos de violencia física y psicológica implementados (torturas ejemplarizantes, exposición de cadáveres, impidiendo el rito funeral, ocupación de equipamientos colectivos, usurpación de bienes comunitarios, demostración de poder y fuerza, destierro individual, y augurio de un no futuro comunitario), los jóvenes indígenas recurrieron al suicidio como única alternativa de vida. En el 2003 se quito la vida un adolescente (Lisandro Puchicama) y seis intentaron hacer lo mismo. De la comunidad de Pichindé en julio de 1998, las autodefensas asesinaron en la cabecera municipal de 134

Sistema de Alertas. Defensoría del Peueblo. Informe de Riesgo Nº 034 -03 del 25 de abril de 2003, Ríosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí, pp.3-4 135 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031 -06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 5 136 Ibidem

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Ríosucio a Ernesto Warahona y Nacianceno Gindrama, por su parte las FARC asesinaron el 7 de mayo del 2001 al señor Reinaldo Casama delante de la comunidad.137 Otro es el caso del Resguardo de Quiparado. Los combates presentados en cercanías de la comunidad, obligaron a numerosos pobladores a desplazarse, el 26 de marzo de 2002, hacia la comunidad de Marcial. Se conoció que las AUC les hurtaron gran parte de sus bienes de subsistencia y movilización, a lo que se adicionaba la prohibición para el ingreso de medicamentos, alimentos y la realización de actividades de subsistencia. Existían retenes ilegales constantes en el río, así como amenazas contra sus líderes. Las FARC por su parte transitan permanentemente por el resguardo y roban los cultivos de la comunidad 138. Así mismo está el caso del Resguardo de Perancho. A raíz de los combates entre Ejército y FARC, se presentaron desplazamientos en territorio de las comunidades negras que huyeron hacia Panamá y Riosucio, las comunidades indígenas proporcionaron un espacio para

las

comunidades

afrodescendientes

desplazadas,

compartiendo el territorio con negros y chilapos. Tanto guerrilla como AUC habían perseguido y amenazado a sus dirigentes. Habían muerto 5 niños por falta de medicamentos para su atención, ocasionado por las restricciones a la movilización y al transporte de alimentos y medicamentos, pues desde Turbo solo se les permitía 137

Ibidem Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 034-03 del 25 de abril de 2003, Ríosucio, Carmen del Darién, Unguía y Acandí, p.4 138

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llevar un valor máximo de $25.000. En abril de 2003 las AUC le dieron a la comunidad 24 horas para desalojar el territorio, ante este hecho representantes de la comunidad hablaron con el comandante de las AUC para que se les permitiera quedarse, sin embargo, la amenaza persistía Otro es el caso del Resguardo de Peranchito: En 2003 habitada solo por 28 familias, 120 personas, debido a los desplazamientos con ocasión de los combates entre la Fuerza Pública y la insurgencia. Al igual que las demás comunidades, habían sido víctimas de secuestros y maltratos por parte de las AUC, padeciendo un continuo bloqueo económico y amenazas contra sus líderes. 139. Por otro lado, el Resguardo de Alto Salaquí- Pavarandó, compuesto las comunidades de Unión Emberá Katío, Isleta y Pueblo Antioquia, están ubicados sobre el río Salaquí. Al igual que los demás resguardos, eran victimas de bloqueos de alimentos, combustible y medicamentos, eran amenazados constantemente por ambos grupos armados, sufrían constantes retenciones en el río, los líderes de la comunidad estaban amenazados; al parecer las FARC y las AUC tenían listas con los nombres de los indígenas que eran señalados de ser auxiliadores. Algunas de las personas amenazadas

eran: Julio Cesar Salazar, Marino Salazar, Oscar

Salazar en ese entonces concejal en Ríosucio, Herberto Salazar, Mery Lino y esposo y algunos estudiantes 140.

139 140

Ibidem Ibidem

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Casos particulares en Riosucio es el de las Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad del Cacarica CAVIDA, Esperanza en Dios y Nueva vida. En la cuenca del río Cacarica se localizan dos comunidades llamadas de Autodeterminación,

Esperanza en Dios, sobre la

margen izquierda del río Peranchito y la comunidad de Nueva vida sobre la margen derecha del río Perancho. Estas Comunidades cuentan con una población aproximada de 1.300 habitantes aproximadamente 141. El origen de estas comunidades data de los años 1996 y 1997, cuando se iniciaron una serie de enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares por el control del Bajo y Medio Atrato, con un escalamiento del conflicto que provocó el desplazamiento de aproximadamente 15.000 personas dentro de las que se encontraba la población hoy asentada en la cuenca del río Cacarica142. La comunidad que habitaba esta cuenca se desplazó en 1997 y retornó en 2000 proclamándose como Comunidad de Paz. La principal vía de acceso a estas comunidades es la fluvial, a través de los ríos Atrato, Cacarica, Perancho, Truandó, Curbaradó, Jiguamiandó y de los distintos caños, a los cuales se accede con dificultad por la sedimentación. La economía de la zona depende de

141

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 017 -03 del 14 de marzo de 2003, Ríosucio, p. 2 142 Ibidem

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los cultivos de pancoger, la pesca artesanal, la caza y la explotación de especies maderables 143. La actividad agrícola se caracteriza por los cultivos de maíz, arroz, yuca y plátano. Estos en su gran mayoría son de subsistencia y su comercialización ofrece enormes dificultades relacionadas con el aislamiento e incomunicación y con las circunstancias de bloqueo derivadas del conflicto armado que afecta a esta región. La presencia estatal en la región es débil, pues si bien hacen presencia una serie de instituciones, su actividad no es continua ni se denota a través de la inversión social, productiva y la seguridad. Como lo señaló la Resolución Defensorial No 025 de octubre de 2002: ―…La decisión autónoma de las Comunidades de Paz del bajo Atrato de asumir una alternativa pacífica e independiente frente al conflicto, y exigir a los actores armados involucrados respeto a su opción de vida, ha sido tomada como una provocación y un desafío a tales actores, razón por la cual estos últimos han convertido a los miembros de las Comunidades de Paz en víctimas de sus acciones. Los actos de barbarie y persecución se han hecho evidentes a través de la permanente vulneración a los derechos fundamentales de quienes optaron por constituirse en Comunidades de Paz144. Desde 2002 las comunidades de Autodeterminación del Cacarica habían sido victimas de bloqueo económico, restricciones al transito por el río, continuos retenes ilegales, detenciones arbitrarias y 143 144

Ibidem Ibidem

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desapariciones de habitantes de estas comunidades por parte de miembros de las AUC. De acuerdo con la información acopiada, en el mes de noviembre de 2002, las AUC convocaron a una reunión a varios líderes de comunidades cercanas, para prohibirles que visitaran los asentamientos de Nueva Vida y Esperanza en Dios, pues según les informaron, tenían prevista una incursión armada. Esta reunión se llevó a cabo en la base paramilitar instalada en la localidad de La Balsa, en el punto denominado Cirilo, sitio donde al parecer han llegado cerca de 600 hombres para reforzar esta base, cercana apenas a dos horas por vía terrestre de las comunidades de refugiados 145. El 24 de Noviembre, la lancha de la comunidad fue sometida a un retén ilegal en Tumaradó en esta oportunidad preguntaron insistentemente por los nombres de los coordinadores de los asentamientos, y aunque iban acompañados por la Defensora Comunitaria, por miembros extranjeros pertenecientes a la ONG Brigadas Internacionales de Paz y por otras organizaciones internacionales, les advirtieron que estaban desconociendo la orden de no llevar mercados por más de 60.000 pesos y así mismo amenazaron a los acompañantes internacionales. A lo anterior se sumaban denuncias de los pobladores por presuntos abusos y atropellos de autoridades civiles y miembros de la Fuerza Pública, situación que les había generado zozobra y

145

Ibidem

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desconfianza, al parecer ocasionando el desplazamiento de algunas familias hacia la vecina república de Panamá146. La estrategia de los actores armados irregulares estaría orientada a tomar el control sobre las cuencas y riberas de los ríos Truandó y Salaquí, presionando la salida o desalojo de la insurgencia de las FARC – EP por medio del bloqueo al paso de alimentos y personal, las exacciones forzosas y las amenazas contra los pobladores. A ello se suman los frecuentes choques armados con dicho grupo, situación que ha ocasionado recientes desplazamientos de población. Una vez logrado este propósito, las AUC pretenderían tomar el control económico de la zona por medio de la apropiación de las tierras de carácter colectivo y de sus distintos recursos maderables y pesqueros, para fomentar el cultivo de coca y palma africana.

obtenido

información,

según

cual,

simultáneamente con la expansión militar, los actores armados están amparando la explotación maderera ilegal (obligando a las comunidades a entregar este recurso) y presionándola para que se dedique al cultivo de Palma Africana y sembrados de coca, lo que se configura en nuevo factor de desprotección y vulnerabilidad 147. Todas estas situaciones habían generado un clima de tensión entre los pobladores de los asentamientos, pues temían que las amenazas se cumplieran, teniendo en cuenta que la base paramilitar de la Balsa estaba a solo dos horas de camino a pié del 146 147

Ibidem Ibidem

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asentamiento Nueva Vida, a lo cual se sumaba que ya se había iniciado la época de verano en que los caminos están secos y facilita el transito de personas. Hechos que hacían pensar en la factible concreción de las amenazas proferidas, como ya había ocurrido en ocasiones anteriores, cuando, aprovechándose la desprotección de la comunidad y la facilidad de acceso desde la base paramilitar se facilitan incursiones o actos violentos contra sus habitantes. Debe destacarse que sobre esta zona se había emitido alerta temprana en febrero de 2002 y previamente en mayo de 2001, a la que las autoridades respondieron acerca de la determinación de coordinar con las unidades militares a fin de garantizar la seguridad y protección de los habitantes de estas comunidades

tales

como

reconocimientos

helicoportados,

operativos a través del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50 sobre el río Atrato desde el municipio de Turbo hacia Bocas del Cacarica, La Balsa y La Raya, con el fin de brindar seguridad a la comunidad y combatir a los grupos armados irregulares. 148 No obstante las acciones desarrolladas por las autoridades, la información verificada daba cuenta de que continuabael riesgo para estas comunidades, caracterizado por la factibilidad de ocurrencia de homicidios selectivos de configuración múltiple, ataques indiscriminados con afectación a población y bienes civiles y desplazamientos forzados, como consecuencia de una posible incursión armada de las AUC.149 148 149

Ibidem Ibidem

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La última información constatada sobre esta región daba cuenta que el día martes 11 de marzo de 2003 en horas de la noche arribó un grupo paramilitar compuesto aproximadamente por 500 hombres al resguardo indígena de La Raya, quienes al parecer habían pasado previamente por otro resguardo denominado Pequerá. El grupo de Autodefensas pernoctó en La Raya y salió al día siguiente hacia las siete de la mañana, arribando al sitio denominado Quebrada Bonita en el resguardo indígena de Perancho; manifestaron que estaban reconociendo el área y que se dirigían a las comunidades de la Asociación Cavida. Efectivamente se confirmó que parte de este grupo armado, conformado por aproximadamente 250 hombres, arribó el día 13 de marzo de 2003 a la comunidad de Nueva Vida hacia las 10 y 15 de la mañana donde permanecieron por espacio de una hora, donde manifestaron que eran del ―Bloque Elmer Cárdenas‖, al mando de alias ―Pecherón‖ o ―Siete Siete‖ y señalaron que debían de acostumbrarse a su presencia ya que iban a realizar patrullajes en esa área y que portaban una lista de auxiliadores de la guerrilla. Se sabe que permanecen en el área distribuidos entre el río Cacarica y sus márgenes.150 Por tal razón era factible la ocurrencia de homicidios selectivos de configuración múltiple, ataques indiscriminados con afectación a población y bienes civiles y desplazamientos forzados y se emitió, en marzo, el Informe de Riesgo Nº 017-03.

150

Ibidem

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Veamos ahora la situación de Riosucio en 2005, un año antes de la desmovilización del Elmer Cárdenas 151. Los actores armados ilegales realizaban constantemente retenes sobre el cauce del río Taparal, restringiendo el paso de alimentos, abarrotes, gasolina para los motores de las embarcaciones y medicamentos, generando el desabastecimiento de productos y alimentos y la propagación de infecciones respiratorias, y estomacales. Igualmente los animales de corral (cerdos, pavos, gallinas y patos) eran consumidos por los combatientes. Situación de precariedad que se agudiza debido a que la explotación de madera es realizada por colonos adeptos a los grupos armados ilegales (estos les suministran motosierras y gasolina. Las FARC hacían presencia en la cabecera del río Truandó y se desplazan por la región a través de la Serranía de los Saltos Curiche que atraviesa los municipios de Bahía Solano y Juradó, amenazan continuamente a las comunidades en donde se habían ubicado las autodefensas 152. El 29 de julio de 2005, las FARC retuvieron a 12 aserradores en la cuenca del río Truando, quebrada San Juan, y los obligaron a caminar hasta el municipio de Juradó, en su recorrido ajusticiaron a tres aserradores en la finca Indio Cabeza del Resguardo Peñas Blancas, municipio de Ríosucio, presuntamente por trabajar y 151

Según la Defensoría del Pueblo se vieron afectados: Resguardo Chintadó -Marcial etnias Emberà Katio y Waunaan de las comunidades de Jagual, Marcial y Pichindé, Peñas Blancas y Quiparadó. Territorio ColectivoTruandó Medio Comunidades: Quiparadó Platanillo, Villa Hermosa, El Grito, El Limón, La Nueva, Tortuga.Territorio Colectivo Pavas: Comunidades: Pavas, Clavellino, Teresistas, Dos Bocas, Taparal. 152 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo 044-05 del 13 de septiembre de 2005, Ríosucio, p. 4

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entregar información a las autodefensas. El interés de los grupos armados se había centrado en acaparar la explotación ilegal de madera y controlar los cultivos de coca, lo que constituía la principal amenaza para aproximadamente 15 comunidades ubicadas en las cuencas del Truandó. Como se sabe la expectativa alrededor de macro proyectos como la Carretera Panamericana, en el trayecto del Tapón del Darién, el Puerto seco entre Bahía Solano y Nuquí y el mencionado canal interoceánico Atrato - Truandó, llamaban la atención de los actores armados que como en otros lugares del país buscan influenciar esos espacios para lograr beneficios con extorsiones y amenazas 153. Con respecto a los cultivos de uso ilícito se había conocido que los grupos ilegales estarían obligando a la población a sembrar coca y aún cuando los cultivos no eran de gran extensión en el Urabá chocoano, tal como lo muestra el monitoreo realizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (junio 10 de 2005), si había comenzado a crecer en ésta región con respecto a las imágenes satelitales del año anterior, contenidas en el informe de julio de 2004. El desplazamiento sigue siendo una amenaza latente para las comunidades del Urabá chocoano; los combates entre FARC y AUC han dejado sin hogar cerca de 150 familias. 80 de ellas que llegaron hasta Ríosucio desde Taparal en Chintadó, no habían podido regresar a sus sitios de origen, la misma amenaza existía para la comunidad indígena ubicada en Peñas Blancas. El escenario del conflicto afectaba los procesos de retorno de la 153

Ibidem

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población desplazada ubicada en Ríosucio, puesto que las condiciones de seguridad y la falta de proyectos productivos impedían un restablecimiento de largo plazo en las cuencas 154. Ante este escenario de confrontación armada, el SAT emitió el Informe de Riesgo 044-05 del 13 de septiembre de 2005, en el cual manifestaba el riesgo en que se encontraban cerca de 218 familias indígenas de las etnias Embera y Wounaan, ubicadas en la cuenca del río Truando y los afluentes Taparal y Chintadó (Pichindé, Jagual, Marcial, Peñas Blancas y Quiparadò) producto de la presencia y de la actividad armada, en zona rural del municipio de Ríosucio, de grupos armados ilegales que se manifiesta en retenciones de civiles, saqueo de víveres, madera y gasolina de las comunidades, destrucción de cultivos, señalamientos y amenazas contra la población por colaborar supuestamente con el bando contrario y realizan bloqueo alimentario en la región155. En el mismo informe se consideraba que eran vulnerables 123 familias de las comunidades afro descendientes ubicadas en los territorios colectivos del Truandó Medio: Quiparadó, Platanillo, Vista Hermosa, el Grito, El Limón, La Nueva y Tortuga y del Territorio colectivo de Pavas: Pavas Clavellino, Teresitas, Dos Bocas, y Taparal y 48 familias campesinas de las cuencas afluentes del Río

154

Ibidem Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031 -06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, pp. 6-7) 155

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Truandó, para un total de 389 familia con cerca de 1556 personas 156. El Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas -CIAT, en oficio OFI05- 16840-ATO-0700, del 18 de octubre de 2005, acordó conjuntamente la emisión de una Alerta Temprana para este municipio y recomendó a las autoridades civiles y fuerza pública el diseño y adopción de acciones de prevención y protección para la población en riesgo descrita en el informe 157. La explotación de la madera se había ido transformando de un largo pleito ante diferentes autoridades a una situación de riesgo para las comunidades; desde diferentes instancias se había hecho un llamado a la autoridad ambiental del departamento para evitar el deterioro ambiental producido por la explotación ilegal de recursos naturales

aprovechada

principalmente

por

los

grupos

autodefensa. La Procuraduría General de la Nación en la Directiva 008 de abril de 2005 se pronunció, entre otros asuntos, en relación con la explotación ilegal de madera, la siembra extensiva de palma aceitera en territorios colectivos y las que se hacían en territorios protegidos con títulos individuales en las regiones señaladas. De manera especial dirige su directiva al INCODER, CODECHOCO y CORPOURABA para que presentaran al organismo de control, en el término de quince días, un informe sobre las acciones desarrolladas hasta ese momento para garantizar, de manera efectiva, la 156

Sistema de Alertas Tempranas. De fensoría del Pueblo. Informe de Riesgo 044-05 del 13 de septiembre de 2005, Ríosucio, p. 1 157 Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031 -06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 7

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protección de los derechos patrimoniales de dichas comunidades y personas y el plan de acción a ejecutar158. En la misma directiva se solicitaba a la Fuerza Pública adoptar un plan de seguridad y le exigía la protección efectiva de los territorios que ya habían sido ubicados como de explotación ilegal de madera y siembra extensiva de palma aceitera. 159 Al respecto CODECHOCO acogiendo la directiva de la Procuraduría General de la Nación emitió la Resolución 0583 del 27 de abril de 2005 que en el artículo primero de su parte resolutiva imponía una medida preventiva consistente en suspender todo tipo de aprovechamiento forestal, excepto el realizado por el ministerio de ley, que se realizara en la jurisdicción del departamento del Chocó sin contar con el respectivo permiso, concesión o autorización expedida por la Autoridad Ambiental Regional –CODECHOCO160. En 2006, año de la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas, siguió complicada. En la comunidad del Cacarica, además de la extracción y comercialización ilegal de la madera controlada por los paramilitares, de acuerdo con las denuncias de las diferentes comunidades, los cultivos de palma se estaban extendiendo y se extenderían a otros territorios colectivos (…) se denunciaba el establecimiento de semilleros de palma en las zonas contiguas al 158

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría de l Pueblo. Informe de Riesgo 044-05 del 13 de septiembre de 2005, Ríosucio, p. 5 159 Ibidem 160 Ibidem

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sitio conocido como La Balsa, en la cuenca del río Cacarica, territorio colectivo de esta cuenca (…) Sumado a esto, se están sembrando coca en el territorio colectivo de Cacarica impulsados por los grupos paramilitares que operaban en la región, lo cual magnifica los grandes impactos generados por la palma161. Situación complicada se vivió en el Resguardo Chintadó-Marcial, y particularmente las etnias Emberà Katio y Waunaan

de las

comunidades de Jagual, Marcial y Pichindé y caserío Taparal, comunidad afrodescendiente El Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, mediante oficio OFI06-5080-ATO-0700 del 3 de marzo de 2006, consideró Alerta Temprana el Informe de Riesgo y recomendó la adopción de las medidas necesarias para mantener y reforzar los dispositivos de seguridad y protección de la zona y adelantar acciones de prevención dirigidas a mantener el orden público, salvaguardar los derechos de la población civil y contrarrestar la capacidad de daño e intimidación del citado bloque de autodefensas que hace presencia en la zona162. El 10 de mayo de 2006, mediante Oficio No. 402501/CO-SAT- 0297 /06, emitió la primera Nota de Seguimiento al Informe de Riesgo 010-06, en donde se enunciaba la reconfiguración de un nuevo escenario de riesgo a partir del proceso de desmovilización de las 161

Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial No. 39. op.cit. p. 14. Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031 -06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 9 162

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autodefensas, producto de la realización de movimientos de sus tropas con la finalidad de establecer un corredor de contención que impida la expansión de las FARC en el medio y bajo Atrato chocoano y en la zona norte y sur del Urabá Antioqueño , y la avanzada de la guerrilla de las FARC desde las cabeceras hacia las partes medias y bajas de los ríos 163. (Informe de Riesgo Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 9)

El CIAT, el 6 de junio de 2006, a través del oficio OFI06-12912ATO-0700, informó que luego de valorar la información acerca de la constante presencia y accionar del bloque Élmer Cárdenas y de las FARC, determinó la formulación de recomendaciones para que las autoridades tomen las medidas necesarias para mantener y reforzar los dispositivos de seguridad y protección en la zona. (Informe de Riesgo Nº 031-06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 9) La ultima fase de la desmovilización del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas – BEC -AC, había intensificado la confrontación armada en el Bajo Atrato; producto de la movilización estratégica de combatientes de esta facción de las autodefensas por las cuencas de los ríos Truando, Salaquí, Quiparadò, Curvaradò, y Domingodó, los

cuales

estaban

ocupando

caseríos

indígenas

afrosdescendientes con la finalidad de incrementar el control poblacional, proteger el dominio sobre los suelos productivos,

163

Ibidem

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bosques y recursos minerales y contener la arremetida emprendida por las FARC. Por su parte el Frente 57 de las FARC fortalecidos en las partes altas de los ríos estaban incursionando en las zonas medias y bajas de los ríos controladas por el BEC –AC, intimidando, reteniendo y asesinando especialmente a labriegos y aserradores acusados de trabajar para el grupo rival. El bloque Élmer Cárdenas, frente a los ataques de la guerrilla, había acentuado sus controles en las bocanas de los ríos que confluyen al Atrato, realizando registros a las embarcaciones, controlando el ingreso de víveres, abarrotes, medicamentos y gasolina, igualmente están ocupando los poblados, amenazando, intimidando y restringiendo la movilización de sus moradores, so pena de ser ajusticiados.164 El escenario de riesgo descrito se extendía en el Bajo Atrato, reproduciéndose en la cuenca del río Truando, mas concretamente sobre las comunidades indígenas de Jagual, Marcial y Pichindé del Resguardo Chintadó-Marcial. El 14 de julio de 2006, integrantes del BEC –AC, ingresaron violentamente a los caseríos de las comunidades mencionadas y tras proferir amenazas contra sus pobladores les advirtieron que nadie se podía mover sin su consentimiento y que su permanencia seria por largo tiempo. Es significativo recordar, que las autodefensas en reiteradas ocasiones, le han manifestado a los moradores de las cuencas de los ríos que su presencia en la zona se mantendrá debido a las dificultades de la 164

Ibidem

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Fuerza Pública para ejercer un control efectivo sobre el territorio, y las intenciones de la guerrilla de arrebatarles sus espacios de control. Las acciones armadas se habían agravado el día 12 de julio de 2006, cuando un grupo de aproximadamente 20 hombres armados pertenecientes al Frente 57 de las FARC, incursionaron de manera violenta a un campamento de aserradores ubicado sobre el río Truando, vereda Jagual, Resguardo Pichindé, decomisando aproximadamente siete motosierras y otros elementos de trabajo utilizados por los labriegos; adicionalmente se llevaron de manera obligada, río arriba, a todo el personal que se encontraba en el campamento (las autoridades departamentales hablaban de aproximadamente 170 personas retenidas entre las que se encontraban dos indígenas del Resguardo Pichindé ubicado en el mismo río; el Ejercito Nacional desestimó la cifra), asesinando en el camino a por lo menos 11 personas. Hechos que generaron el desplazamiento masivo de 180 familias de las veredas Pava, Dos Bocas, la Nueva, Truando Medio y Taparal hacia el casco urbano de Ríosucio 165. En la comunidad de Jagual, asentada sobre la rivera del río Chintadó, las autodefensas ingresaron por la fuerza a la escuela, en el momento en que se impartía clase a los niños; destruyeron la puerta y luego hicieron uso del teléfono Compartel. Así mismo se conoce que las autodefensas poseen un campamento, desde hace cerca de tres años, en la orilla opuesta del poblado, donde planean las incursiones, realizan retenes, interrogan a los supuestos 165

Ibidem

100

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enemigos y determinan su destino. Para julio de 2006 siete familias se encontraban amenazadas por las FARC. Del mismo modo el BEC –AC profirió amenazas contra una familia por su supuesta relación con las FARC 166. El hurto de los cultivos y los productos agrícolas de la comunidad (plátano, arroz, banano, maíz y caña) por parte de los combatientes de uno u otro grupo al margen de la ley había producido una disminución en la producción alimenticia y en consecuencia condiciones de desnutrición. A esto se le suma el monopolio ejercido sobre la explotación de madera por los grupos armados, quienes

estaban

contratando

trabajadores

mestizos

afrosdescendientes para la tala de bosques con motosierras. El BEC –AC contaba con la presencia permanente de combatientes sobre el río Taparal, allí realizan retenes ilegales en los sitios el Chochero, los Manguitos, el Nuevo y a la entrada del caserío Taparal, comunidad

afrodescendiente. La incursión violenta

realizada por las FARC el 20 de julio a territorios de dominio exclusivo de las autodefensas sobre el río Truando y sus afluentes, se podía interpretar como un desafío al poder detentado por sus contrarios y una retaliación contra la supuesta base social del bloque Èlmer Cárdenas. Situación que hacía presagiar el incremento de las violaciones e infracciones al DIH contra los pobladores de la cuenca.

166

Ibidem

101

Alvaro Rolando Pérez Castro Abogado ______________________________________________________________________

En situación de riesgo se encontraban aproximadamente 148 familias Emberá Katío y Waunaan integradas por 726 indígenas del Resguardo Chintadó–Marcial, conformadas por las comunidades de Jagual: 78 familias, que reunían 361 personas; Marcial: 48 familias, compuestas por 227 indígenas; yPichindé: 27 familias, constituidas por 138 personas 167 El Carmen del Darién

El municipio fue creado mediante ordenanza Nº 018 de sepiembre 22 de 2000; es un territorio segregado del municipio de Riosucio, la cabecera municipal es Curvaradó. (Informe de Riesgo Nº 058-05 del 30 de noviembre de 2005, Carmen del Darién, p. 2) Es un territorio que se ubica entre los municipios de Belén de Bajirá, Riosucio, Juradó, Bahía Solano y Bojayá –Chocó- y Dabeiba, Murindó y Vigía del Fuerte, Antioquia. (Informe de Riesgo Nº 040-04 del 21 de mayo de 2004, Carmen del Darién, p. 3)De acuerdo con proyecciones del DANE su población en 2005 era de 9.685 habitantes, de los cuales 1.127 (11.6%) se asentaban en la cabecera municipal y 8.558 (88.4%), en la zona rural. Su población, afrodescendientes, indígenas y chilapos, se ha dedicado tradicionalmente a la pesca artesanal, al cultivo de arroz, maíz y plátano y a la extracción de madera, cuyos excedentes comercializaban, aprovechando distintas rutas fluviales y terrestres, en Belén de Bajirá y el corregimiento de Pavarandó 168. () 167

Ibidem Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 040 -04 del 21 de mayo de 2004, Carmen del Darién, p. 3 168

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El territorio de la cuenca del río Domingodó es, además, un corredor estratégico que permite, por el municipio de Juradó, el acceso al mar Pacífico y facilita, por las distintas bahías y ensenadas, el tráfico de armas y estupefacientes y la entrada de remesas para el avituallamiento de los grupos armados ilegales. Además, es una zona que facilita el acceso a la cuenca del río Opogadó y al perímetro urbano de Bojayá, región del medio Atrato. En el municipio se ha presentado una situación crítica en los territorios colectivos. En su jurisdicción existen las titulaciones colectivas de Vigía del Curbaradó, La Grande, La Madre-Chicao (Domingodó), Apartadó-Buenavista, Rió Montaño, Turriquitadó y Jiguamiandó-Curbaradó. La ubicación geográfica de las cuencas del Curbaradó y Jiguamiandó hace de este territorio una zona estratégica de los corredores que comunican Antioquia con el Chocó y la vía más corta que usan los grupos armados ilegales para acceder al río Atrato y salir hacia al Golfo de Urabá y, por el río Salaquí, a la frontera con Panamá. La ubicación geográfica de las cuencas del Curbaradó y Jiguamiandó hace de este territorio una zona estratégica de los corredores que comunican Antioquia con el Chocó y la vía más corta que usan los grupos armados ilegales para acceder al río

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Atrato y salir hacia al Golfo de Urabá y, por el río Salaquí, a la frontera con Panamá169. Hasta 2003, se presentaron problemas en el Corregimiento de Puerto Lleras, en la Cuenca del río Jiguamiandó. Las comunidades asentadas en la cuenca del río Jiguamiandó, habían soportado la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales en cercanías a sus asentamientos, afectando su autonomía y su decisión de no involucrarse en el conflicto, ni tener contacto con grupos armados. Estas comunidades habían sido desplazadas en varias ocasiones y en 2002 estaban sufriendo el bloqueo de alimentos, medicinas, combustible y restricciones para su movilidad por el territorio. En estos retenes ilegales, frecuentemente son secuestradas personas, que posteriormente figuran como desaparecidos y en otros casos asesinados. Dentro de estos hubo secuestros, desapariciones y homicidios, y se contaban, desde marzo de 2002 diciembre 23 del mismo año, varios miembros de la comunidad indígena de Uradá en la vía Uradá – Pavarandó Grande, entre ellos: Kilo Sicuani de 33 años, Anibal Domicó de 22 años, Enrrique Domicó de 23 años, Jairo Sinaquí, Carlos Antonio Bailarín y otra persona no identificada. Se informaba que de estas personas secuestradas, dos habían aparecido

asesinadas. También se

hacía referencia a la

desaparición del señor Cristóbal Romaña el día 26 de Noviembre, cuyos restos fueron encontrados el 4 de diciembre de 2002 170.

169

Ibidem Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 092-02 del 23 de Diciembre de 2002, Carmen del Darién, p. 2 170

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Los pobladores estaban siendo amenazados por parte de las AUC para que vendieran sus tierras o sembraran palma africana o coca y en caso contrario eran obligados a salir del territorio o asesinados. En estas tierras, tituladas colectivamente por el Estado a nombre de los habitantes de la cuenca del río Curbaradó, ya se encontraban cultivos de aproximadamente 150 hectáreas de Palma Africana. También se habían registrado dentro de estas comunidades la perpetración de homicidios por parte de las FARC. Los grupos de autodefensa que operaban en la zona, tenían una base en la vereda la Secreta del municipio de Mutatá, distante aproximadamente 40km de dichos asentamientos. La presencia de los grupos armados, dejaba a la comunidad en situación de vulnerabilidad permanente. Se temía la factible ocurrencia de homicidios selectivos de configuración múltiple, ataques indiscriminados con afectación a población y bienes civiles y desplazamientos forzados, como consecuencia de los posibles enfrentamientos entre AUC y FARC171. Además se les limitaba el transporte

para salir a Murindó

(Antioquia), municipio más cercano para abastecerse. Por lo anterior se emitió el Informe de Riesgo Nº 092-02 del 23 de Diciembre de 2002 en el que se consideraban vulnerables más de dos mil (2000) pobladores de comunidades afrodescendientes. Veredas Bella Flor-Remacho, Zapayal, Nueva Esperanza, Santa Fe

171

Ibidem

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de Chirima, Buenavista, Cetino, Brisitas y Pueblo Nuevo, en las que estaban asentadas veintiocho (28) comunidades172. Otro es el caso del Resguardo Emberá Dóbida Mamey – Dipurdú. Está ubicado a cuatro horas, por vía fluvial, de Curvaradó. (Informe de Riesgo Nº 058-05 del 30 de noviembre de 2005, Carmen del Darién, p. 2) Desde 1997 cuando las ACCU-AUC incursionaron y se implantaron en la zona del río Atrato y las cuencas de sus afluentes, se hicieron frecuentes los desplazamientos forzados, las masacres, los homicidios selectivos y otras acciones que generan terror en la población y propiciaron condiciones para el sometimiento de la población indígena y afrodescendiente. Las comunidades indígenas de Unión Chogorodó y Mamey Dipurdú, dada la limitación a su movilidad y la prohibición de cultivar sus tierras, impuesta por las autodefensas, se encuentraban confinadas en sus caseríos 173. Compuesto en 2003 por 13 familias. Con la incursión de los grupos armados habían sido victimas de permanentes retenciones de alimentos, homicidios selectivos, señalamientos y amenazas de las AUC y las FARC. Se señalaba que cuando las AUC llegaban a la comunidad mataban los animales domésticos generando pánico entre los pobladores, además de que en el territorio del resguardo se habían librado combates 174.

172

Ibidem Sistema de Alertas Tempranas. Denfensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 036-04 del 13 de Mayo de 2004, Carmen del Darién, p. 3 174 Ibidem 173

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Otro es el caso del Resguardo de Domingodó. Este está conformado por las comunidades de Unión Chocoroto (habitado por 56 familias y 263 personas) y Mamey Dipurdú, compuesto por 69 familias y 317 personas. En Unión Chocoroto, el 19 de marzo 2003 se presentaron choques armados entre las AUC y las FARC, sobre las desembocaduras de los ríos e impidiendo la movilización de la población. Esta situación los tenía encerrados en sus caseríos sin poder salir a buscar alimentos y ocasionando desabastecimiento, lo que afecta a la población en general y principalmente a los niños, quienes presentaban síntomas de desnutrición. Las AUC señalaron a los indígenas de ser auxiliadores de la guerrilla y hacían permanentemente invitaciones a vincularse a su organización. En una de sus incursiones la AUC abusaron sexualmente de dos mujeres indígenas de esta comunidad. Además asesinaron a los indígenas Carlos Pipicay y a Eduardo de la Cruz Roja. 175 Están también los Resguardos Urada y Alto Guayabal y Territorio Colectivo de

la Cuenca del río Jiguamiandó y Curbaradó. La

titulación de Jiguamiandó-Curbaradó fue legalizada el 21 de mayo de 2001 y asignada a 2.125 personas, de 30 comunidades de afrodescendientes y Chilapos, organizados en cinco asentamientos, y aproximadamente 60 familias indígenas ubicadas en los resguardos Embera Katío de Urada y Alto Guayabal. Conforme a la Ley 70 de 1993 el Estado garantiza los derechos a la propiedad colectiva, a la identidad cultural de las comunidades, al uso

175

Ibidem

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colectivo,

―inalienabilidad,

imprescriptibilidad

inembargababidad‖ del territorio 176. A comienzos de 1997, después de la incursión e implantación de las ACCU en los territorios del municipio de Riosucio y de la operación militar contrainsurgente Génesis, los enfrentamientos con los distintos grupos de las FARC, presentes y posicionados en la zona desde comienzos de los años ochentas, se hicieron frecuentes, lo que

generó

afrodescendientes,

desplazamiento

aproximadamente

las

comunidades

10.000

personas

provenientes de todas la cuencas, hacia el corregimiento de Pavarandó, Mutatá y las cabeceras de Riosucio y Turbo. En 1999, casi dos años después, las comunidades del JiguamiandóCurbaradó

lograron,

organizaciones

civiles

con

acompañamiento

nacionales

otras

varias

organizaciones

internacionales, retornar, bajo una propuesta de neutralidad, a sus territorios de origen, aunque en septiembre de 2001 más de 600 familias, tras el asesinato de cinco personas, decidieron internarse en la selva chocoana. Este desplazamiento interno dio lugar a la conformación de una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por el Ministerio del Interior, Red de Solidaridad, Procuraduría, Defensoría, ONU, Acnur, Diócesis de Quibdó y Apartadó, Cinep, Comisión de Justicia y Paz, Brigadas Internacionales de Paz y la

176

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 040 -04 del 21 de mayo de 2004, Carmen del Darién, p. 3

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ONG española Paz y Tercer Mundo, la cual no ha logrado cumplir con el cronograma acordado con el Consejo Mayor de la Cuenca177. Hasta 2004 las dinámicas de confrontación entre los grupos armados ilegales y de disputa por el control del territorio y la población se mantenían y se manifestaban en homicidios de líderes de las distintas comunidades, desplazamientos forzados de población, bloqueos de alimentos, medicamentos y combustible, restricciones a la movilidad, desapariciones forzadas, torturas, enfrentamientos con interposición de población civil, hostigamientos a los caseríos y bloqueo de las vías fluviales y terrestres de acceso y salida por parte de las ACCU y el Frente 57 de las FARC, que actúa en la zona con el apoyo de los frentes 58 y 34. Las FARC tenían una fuerte presencia en los caseríos de Bella Flor Remacho, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza y habían obligado a la población afrodescendiente a mantenerse dentro del territorio y, cuando eran atacados por la Fuerza Pública, los usaban como escudos humanos. Su presencia en las comunidades se había hecho más visible desde la llegada del ejército, por Murindó, a la cuenca del Jiguamiandó. Adicionalmente, las ACCU habían hecho de la zona rural del corregimiento de Pavarandó un sector desde el cual se coordinaban sus acciones e incursiones hacia los territorios de las cuencas del Curbaradó

y Jiguamiandó y se controlaban las

entradas y salidas de la población, de los alimentos, el combustible y los medicamentos y habían ordenado a los habitantes de los 177

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 040 -04 del 21 de mayo de 2004, Carmen del Darién, p. 3

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caseríos no salir después de las cuatro de la tarde, a riesgo de ser atacados 178. Además de las dinámicas propias del conflicto armado, es necesario advertir que los territorios colectivos de la zona de la cuenca del Curbaradó, cuyas comunidades se encuentran desplazadas en la cuenca del Jiguamiandó, son objeto de una fuerte intervención por parte de las empresas de palma de aceite Urapalma, Palmas S.A, Palmadó, Palmas de Curbaradó y Palmura. En la zona de Brisas y Cetino, Urapalma inició directamente la adecuación del terreno y sembró 1.500 hectáreas de palma de aceite; en la zona de Camelias,

Caño

Claro

Andalucía

las

otras

empresas

supuestamente han hecho convenios de usufructo con algunas familias. En la visita que realizó a la zona en el pasado mes de febrero, la Comisión Mixta de Seguimiento constató que los cultivos de palma alcanzan ya las 7.000 Ha sembradas, de un total de 35.000 que las empresas tienen proyectadas sembrar. Según denuncias de la comunidad las ACCU han exigido a los pobladores de los caseríos de Jiguamiandó y Curbaradó que abandonen el territorio, pues esas tierras ya pertenecen a las empresas palmicultoras, o que acepten la siembra en el territorio colectivo. Este proyecto agroindustrial se ha convertido en un factor adicional de riesgo para las comunidades afrodescendientes toda vez que, por un lado, las ACCU al defenderlo y las FARC al atacarlo, los amenazan y hostigan y, por otro, vulnera la propiedad colectiva, la

178

Ibidem

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inalienabilidad, e imprescriptibilidad del dominio que la Ley 70 de 1993 les garantiza179. Hasta mayo de 2004 y como producto de enfrentamientos con la Fuerza Pública, se habían desplazado 16 familias de las comunidades de Santa Fe de Churima y Nueva Esperanza; 11 familias de Bartolo se desplazaron hacia el casco urbano del municipio de Murindó, 12 familias, 63 personas, hacia el corregimiento de Brisas, en el municipio de Belén de Bajirá. Adicionalmente, 4 personas fueron asesinadas por miembros de las FARC, y un menor de 3 años murió en el cruce de disparos entre un grupo de las FARC y del Ejército Nacional. Así mismo, continuaban los abusos y violaciones contra las comunidades indígenas Emberá Katío de los resguardos de Urada y Alto Guayabal por parte de los grupos armados ilegales, quienes utilizaban sus territorios como campamento. La ubicación de estos resguardos en los límites entre Antioquia y Chocó, los convertía en lugares estratégicos para el abastecimiento de víveres y pertrechos. Varios indígenas habían sido torturados y obligados a participar en las hostilidades, situación que los ponía en alto riego al quedar como colaboradores de uno u otro grupo 180. En este contexto de disputa territorial y enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, en el cual las comunidades se encuentran confinadas, era factible la ocurrencia de homicidios selectivos y de 179 180

Ibidem Ibidem

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configuración múltiple, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado de población, enfrentamientos armados con interposición de población civil, afectación de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. El Informe de Riesgo Nº 040-04 que eran vulnerables a lo anterior aproximadamente 2.300 pobladores que componían 512 familias de las comunidades afrodescendientes del territorio colectivo de Curbaradó y Jiguamiandó. Las comunidades que conforman estas cuencas son: Santa Fé de Chirima, Caño Seco, Bella Flor Remacho, Perro Viejo, Pueblo Nuevo, Puerto Lleras, Nueva Esperanza, Murindó Viejo, Buenavista, El Lobo, Camelias, La Laguna, El Bracito, Apartadocito, Tamboral, Gengadó Medio, El Cacao, Pital, Villa Luz, Santa Rosa de Limón, Vergel, No Hay Como Dios, Bartolo, Tesoro, Canal, Guamal, Jarapetó, Caracolí, San José, El firme y 60 familias de las comunidades Emberá Katío de Alto Guayabal y Urada181. Caso especial es el del corregimiento de Domingodó, que era una zona desde la cual las ACCU desarrollaban acciones militares sobre el río Atrato y sus afluentes. En el casco urbano, ubicado sobre la rivera derecha del río Atrato, habían impuesto la obligación de detenerse e informar a las autodefensas el destino y el motivo del viaje; allí se había instalado

un puesto de control sobre las

embarcaciones, personas y mercancías que transitaban por el río Atrato y autorizaban si se podía o no entrar a la cuenca del río 181

Ibidem

112

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Domingodó. Adicionalmente sobre la margen izquierda del este río, a la altura de

los caseríos abandonados de comunidad

afrodescendiente de La Madre, controlaban un cultivo ilícito de coca de aproximadamente 600 hectáreas 182. Los pobladores del corregimiento de Domingodó, especialmente los jóvenes, eran objeto de reclutamiento forzado y obligados a trabajar en los cultivos ilícitos de coca, transportar municiones, atender y cuidar heridos o recoger los muertos en combates que se presentaban en zona. En abril de 2003 varios miembros de las ACCU llegaron hasta el caserío de Domingodó y se llevaron a un grupo de jóvenes de la comunidad hacia la cuenca del río Opogadó, en el vecino municipio de Bojayá, presuntamente

para realizar

estas tareas. Adicionalmente, las comunidades afrodescendientes de Chicao y La Madre, desplazadas desde hacía casi dos años, no habían podido retornar a sus territorios de origen, por cuanto las autodefensas mantienen en la zona de la cuenca del rió Domingodó un severo control a la movilidad, restricciones al acceso a bienes indispensables para la supervivencia y un régimen de reclutamiento forzoso183. En Domingodó están el Territorio colectivo de las comunidades afrodescendientes de Chicao y La Madre y los resguardos Embera Dóbido de Mamey Dipurdú y Unión Chorogodó. La cuenca del río Domingodó se había convertido en una zona en disputa entre el 57 frente de las FARC y las ACCU, por el control sobre una franja de 182

Ibidem Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 036-04 del 13 de Mayo de 2004, Carmen del Darién, p. 3 183

113

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cultivos ilícitos de coca localizada sobre la rivera derecha del río (Brazo Viejo) en el territorio colectivo de las comunidades afrodescendientes de Chicao y La Madre. Adicionalmente en los territorios de los resguardos Embera Dóbido de Mamey Dipurdú y Unión Chorogodó, las comunidades y los tambos son objeto de constantes incursiones armadas. Tanto las comunidades indígenas, que permanecían en sus territorios y caseríos, como las afrodescendientes, en ese momento desplazadas de sus territorios y ubicadas en el casco urbano del municipio del municipio de Riosucio, en los caseríos de Montaño, Carmen del Darién, y Opogadó, Bojayá, eran objeto de amenazas, retenciones y señalamientos por parte de ambos grupos ilegales. Adicionalmente, las ACCU mantenían confinadas en los caseríos a las comunidades indígenas de Unión Chogorodó y Mamey Dipurdú y sólo les permitía cultivar en un radio máximo de 150 metros alrededor, bajo la amenaza de retenerlos o asesinarlos 184. Sobre la cuenca del río Domingodó, se encontraban varios puntos de control de las autodefensas, en los que realizaban requisas, decomisaban mercancías, retenían a las personas, que en muchas ocasiones eran sometidas a torturas con ―la bolsa‖, preguntando por el paradero de la guerrilla; igualmente, controlaban el paso de alimentos, medicamentos y combustible. Por otra parte, el Frente 57 de las FARC, con más de 20 años de presencia en la zona, realizaba acciones militares en todo el territorio, incluso en los resguardos indígenas y en los territorios de las comunidades 184

Ibidem

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afrodescendientes. De la misma manera, interceptaban, maltrataban a la población e indagaban sobre la presencia de las ACCU185. Ambos grupos armados ilegales incursionaban en los territorios y caseríos de las comunidades indígenas, única población civil que quedaba en la zona, saqueaban sus viviendas y robaban sus animales y comida. Así mismo, las comunidades indígenas se habían visto obligadas a reducir sus zonas de cultivo, pesca y caza a no mas de 150 metros a la redonda de sus caseríos y tambos, en una situación de crítico desabastecimiento alimentario 186. Las comunidades afrodescendientes de los caseríos de Chicao y La Madre, desplazadas en Domingodó, Montaño y Opogadó, habían tomado la decisión de retornar y, para tal propósito, constituido la Junta Pro-retorno, y reclamaban el apoyo de las instituciones estatales, de las ONG y de los organismos internacionales, exigiendo un retorno con garantías y en condiciones dignas de vida y con seguridad efectiva para la población. La situación para el retorno de la población afrodescendiente era compleja y difícil, toda vez que había evidencias de la existencia de campos minados en la zona y de cultivos ilícitos controlados los grupos armados ilegales. Además, no existía presencia de la Fuerza Pública que patrullara por esta cuenca, ni se conocía de acciones que permitieran garantizar a las comunidades un retorno voluntario, digno y seguro.

185 186

Ibidem Ibidem

115

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Una visita realizada a la cuenca del Domingodó por una comisión de la Defensoría del Pueblo, ACNUR, ASCOBA y la comunidad, constató la presencia de las ACCU en 12 puntos distintos sobre río Domingodó

con

grandes

facilidades

movilidad

-en

embarcaciones hombres armados que a su vez realizan retenes- y verificó también grandes dificultades para el retorno de población y concluyó que eran pocas las condiciones y garantías para el regreso a sus tierras. Un retorno en estas condiciones sólo podría generar riesgos y expondría a las comunidades a un régimen de sometimiento en la que era previsible la imposición trabajar en los cultivos de coca para el grupo armado que los controla. De la misma manera, la población quedaría confinada en su territorio y sería forzada a participar en acciones de los grupos armados ilegales. La constante incursión y el transito permanente de grupos de las ACCU y del 57 frente de las FARC por el territorio de las comunidades afrodescendientes de Chicao y La Madre y de los resguardos Embera Dóbido de Unión Chogorodó y Mamey Dipurdú, el constante señalamiento y las permanentes amenazas contra la población civil hace prever la factible ocurrencia de homicidios selectivos,

desapariciones

forzadas,

enfrentamientos

con

interposición de población civil, bloqueos y restricciones al acceso a bienes indispensables para la supervivencia y el reclutamiento forzado, en el marco de un nivel de riesgo que hemos calificado como medio 187.

187

Ibidem

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El Informe de Riesgo Nº 036-04 consideraba en situación de riesgo aaproximadamente 900 personas ubicadas en la cuenca del río Domingodó, de las cuales 350 (70 familias) habitaban en el casco urbano del corregimiento de Domingodó; 263 (51familias) en el resguardo Embera Dóbida Unión Chogorodó; 65 (13 familias) en el resguardo Embera Dóbida Mamey Dipurdú y 200 (40 familias afrodescendientes) desplazadas de las comunidades La Madre y Chicao y ubicadas en el casco urbano de Riosucio, en el caserío de Montaño, municipio de Carmen del Darién y en Opogadó, municipio de Bojayá. La situación en 2005 cambió y en especial es importante hacer precisiones sobre los Resguardos Unión Chogorodó, y Mamey Dipurdú y Comunidades de Chicao y La Madre. En diciembre de 2004 el Bloque Élmer Cárdenas declaró que, en enero de 2005, desmovilizaría a sus combatientes. A pesar de que en noviembre de 2005 esto no se había materializado, la confrontación armada había comenzado a evolucionar. Las autodefensas estaban movilizando sus tropas para establecer unos corredores de contención que les garantizara su permanencia en la zona una vez efectuada la desmovilización. Con esta finalidad, el día 8 de noviembre habían ingresado alrededor de 2000 combatientes al Resguardo Mamey – Dipurdú, para cerrarle el paso a la guerrilla proveniente del departamento de Anmtioquia y el Medio Atrato chocoano 188.

188

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 058-05 del 30 de noviembre de 2005, Carmen del Darién, p. 3

117

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Se emplazaron en el caserío, apropiándose de productos pecuarios y alimenticios, lo que podía producir el desplazamiento masivo de toda la comunidad. Producto de la ocupación se generó desabastecimiento alimenticio, restricciones a la movilización de los indígenas para realizar sus faenas de caza y pesca, corte de madera y limitaciones para trasladarse por las cuencas del río Domingodó, situación que ya había determinado el desplazamiento de 4 familias integradas por 17 personas 189. Pos su parte la guerrilla, estaba reforzando su estructura militar y avanzaba desde las partes altas de las cuencas de los ríos hacia las desembocaduras,

presentándose

enfrentamientos

con

las

autodefensas, también estaban avanzando por el corredor que comunica Mutatá con Belén de Bajirá(Pavarandó), con la finalidad de romperle a sus rivales la circulación con Riosucio. Por lo anterior se preveía enfrentamientos con interposición de la población civil y desplazamiento forzado 190. La reconfiguración de la disputa armada y los riesgos contra la población civil fueron consignados en los informes para la cuenca del río Domingodó: el SAT, el 30 de noviembre de 2005, emitió el Informe de Riesgo No. 058 –05 de Inminencia para el Resguardo Emberá Dobidá de Mamey Dipurdù, Municipio Carmen del Darièn, Chocó, debido al ingreso de integrantes del BEC –AC al caserío de Mamey Dipurdù, en donde profirieron amenazas contra los lideres y 189 190

Ibidem Ibidem

118

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representantes del resguardo, acusándolos de ser supuestos colaboradores de la guerrilla, del mismo modo ocuparon espacios de uso comunitario, sustrajeron animales y productos agrícolas para el consumo humano (cerdos, gallinas, plátano y maíz), se apropiaron

de los medios de movilización y transporte de los

residentes (canoas y chalupas) y restringieron su movilidad191. En 2006 adquiere realce la situación en el Resguardo Emberá Dobidá de Mamey Dipurdú. Ante la permanencia del riesgo se elaboró el 24 de febrero de 2006, el Informe de Riesgo 010-06 para el

resguardo,

advirtiendo

sobre

permanencia

aproximadamente 100 combatientes de las autodefensas armados, quienes han instalado sus dormitorios debajo de los bohíos, y se están apropiando, para su manutención, de los alimentos, animales de corral e insumos agropecuarios, lo cual coloca en grave riesgo la vida e integridad personal de los indígenas y afecta los bienes indispensables para la supervivencia de este grupo étnico 192. En situación de riesgo se encontraban 17 familias, para un total de 61 personas. La prolongación de la estancia en el resguardo por parte de los combatientes de las Autodefensas, estaba propiciando el establecimiento de relaciones, especialmente con las mujeres jóvenes, colocándolas en una situación de vulnerabilidad y riesgo. Estos, aprovechando su condición de hombres armados estaban seduciendo a las mujeres, creando un ambiente de confrontación 191

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 031 -06 de julio 28 de 2006, Ríosucio, p. 8 192 Ibidem

119

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entre los hombres indígenas. El caso más significativo se presentó cuando uno de los combatientes ingreso al cuarto de una menor de 13 años, la cual alarmó al grupo frustrando un hecho de violenc ia contra la menor. Este episodio significó que la joven fuera reprendida por las autoridades del resguardo, por haber propiciado el acoso y generó fisuras al interior de la familia de la joven y conflictos internos en la familia y en la comunidad atentando contra de la unidad del pueblo indígena193. Belén de Bajirá

Sobre este municipio vale la pena destacar la situación en 2006. Aunque no se poseen cifras sobre Belén de Bajirá, este municipio se había convertido en la capital palmera de la región y por lo tanto, en el centro de operaciones de los paramilitares al servicio de las grandes empresas palmicultoras. De acuerdo con el Secretario de Gobierno del Chocó, la población de este municipio pasó de 3000 a 8000 habitantes en cuatro años, por la demanda de mano de obra que generan las empresas palmicultoras. Citando nuevamente a la Comisión Justicia y Paz después de conocido el informe del 14 de marzo de 2005 del Incoder ―en la región se han dado una serie amenazas sobre familias desplazadas del Curvaradó por parte de los paramilitares, se han recibido informaciones que se encuentran 20 sicarios listos en Belén de Bajirá para atentar contra quienes vienen realizando reclamaciones en torno a la propiedades

193

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo 010 -06 del 24 de febrero de 2006, Carmen del Darién, pp. 6-7)

120

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individuales y las del territorio Colectivo‖ 194. Uno de los hechos más relevantes ocurridos últimamente en Belén de Bajirá es la desaparición y posterior homicidio del integrante del Consejo Comunitario del Curvaradó, Orlando Valencia, cobijado con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 15 de octubre de 2005. Orlando fue capturado por la Policía de Bajirá junto a un acompañante nacional de la Comisión Justicia y Paz y otro internacional de PASC/Canadá cuando se dirigían hacia la Comunidad de la Despensa Media en el Curvaradó, donde se encontraba reunida la asamblea del Consejo Comunitario de Curvaradó. Después de ser dejados en libertad, Orlando fue abordado por dos paramilitares, que habían seguido al grupo en una motocicleta, apuntaron con el arma al miembro de Justicia y Paz cuando salió a reclamar por Orlando y dijeron al afrodescendiente ―vamos o si no lo pelamos aquí‖. Lo montaron en la motocicleta que tomó por la vía que conduce al municipio de Chigorodó. El 25 de octubre su cuerpo fue encontrado en Bocas de Zabalo a unos 30 minutos de Chigorodó 195.

5. DESARROLLO DEL CONFLICTO EN EL MEDIO ATRATO

El afianzamiento del proyecto Paramilitar en el Norte de Urabá y eje Bananero, 1996, y el avance de estas organizaciones sobre el 194

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Informe No. 52. op. cit. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Asesinad o Orlando Valencia y Detenido Arbitrariamente Bernardo Pequi Díaz, Bogotá, 27 de octubre de 2005. En: http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=230 195

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Urabá Chocoano, Belén de Bajira (Antioquia), y Ríosucio, (Chocó), y la posterior expansión hacia el Medio Atrato, 1997, tuvo como finalidad el desalojo de la guerrilla de estos territorios (empleados para repliegue y refugio), para así fragmentar las franjas de movilización hacia los departamentos de Antioquia (rica en minerales energéticos y ferrosos), Córdoba y la frontera con Panamá; el avance y la implantación de este grupo armado ilegal en la región se manifestó también en un proceso de expropiación de los

suelos

colectivos

las

comunidades

indígenas

afrocolombianas, situación que a futuro resultaría perversamente funcional a la implantación de cultivos ilícitos como de cultivos agroindustriales (palma aceitera). Acciones representaron un recorrido de muertes, desapariciones y desplazamientos en las diferentes cuencas de los ríos afluentes del Atrato: Quiparadó, Truandó, Salaqui, Domingodó, Curvaradó, Jiguamiandó, entre otras, y en las cabeceras municipales de San Bartolomé de Murindó y Vigía del Fuerte.196 Conviene apreciar la situación por municipios. Bojayá

El municipio ha estado relacionado en toda la dinámica con Vigía del Fuerte Antioquia. El municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó, poseía una población al 2005 –DANE, de 11.395 habitantes, de los cuales 1.393 se emplazaban en la cabecera, el 12.2% del 196

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 068-03 de Octubre 20 de 2003, Bojayá, p. 3

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total, y 10.002 en la zona rural, el 87.78% de la población. Limita al norte con el municipio del Carmen del Darién, al sur con los municipios de Quibdó y Alto Baudó, al oriente con el departamento de Antioquia y al occidente con el municipio de Bahía Solano. El municipio de Vigía del Fuerte, pertenece al departamento de Antioquia, contaba con una población al 2005 –DANE, de 13.237 residentes, de los cuales 4.640 se ubicaban en la cabecera, lo que representaba el 35.1% del total, y 8.597 en el área rural, que equivalía al 64.9% de los habitantes. Delimita por el norte con los municipios del Carmen del Darién y Murindó, en el departamento de Antioquia; al sur con los municipios de Quibdó y Medio Atrato, al oriente con los municipios de Dabeibá, Urrao y Frontino en el departamento de Antioquia, y al occidente con Bahía Solano, en el pacifico chocoano. De los 24.632 pobladores que conformaban los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte, aproximadamente el 77% eran Afrodescendientes y el 23% indígenas. Ambos municipios, emplean el río Atrato como eje principal de comunicación y movilización de pasajeros y mercancías, hacia las cabeceras municipales de Ríosucio, bajo Atrato, Turbo en el Urabá antioqueño y Quibdó. La mayor parte de sus suelos son aptos para la agricultura, representada en el cultivo del plátano, banano, arroz y cacao. Posee algunas zonas ganaderas (sobre los cauces de los ríos Opogado, y Murrí); y un gran potencial pesquero, mineral y maderable. 197

197

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 016-06 de abril 27 de 2006, Bojayá y Vigía del Fuerte, p. 4

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Hasta 2003 la situación se volvió crítica en el corregimiento de Mesopotamia. El 23 de mayo de 1997, las Autodefensas se instalaron en los centros municipales de Vigía del Fuerte, y San Bartolomé de Murindó, departamento de Antioquia, y el municipio de Bojayá, Chocó, estableciendo un retén sobre el río Atrato. La guerrilla reforzó en 1998 su presencia en el Medio Atrato, mediante la realización de bloqueos de alimentos, medicinas y gasolina, y el asesinato de comerciantes de la zona señalados de ser colaboradores de las Autodefensas; en marzo del 2000 se toman a sangre y fuego la cabecera municipal de Vigía del Fuerte 198. El avance del Bloque Élmer Cárdenas al Medio Atrato, en el marco de la disputa territorial contra las Fuerzas Revolucionarias de Colombia –FARC-, Frente 57, por el control territorial de las franjas de movilización hacia el Urabá, Occidente y Suroeste Antioqueño, la costa Pacifica y la frontera con Panamá, aunado al interés que representaba para las AUC la existencia de suelos colectivos, considerados fundamentales para la

expansión de cultivos

agroindustriales (palma aceitera) y el establecimiento de un corredor de seguridad que contuviera las posibles incursiones de la insurgencia a los sitios de concentración de sus integrantes en Urabá y Córdoba, hacían factible la ocurrencia de

homicidios

selectivos dada la estigmatización de la población indígena y afrochocoana como colaboradora de la insurgencia y de eventuales desplazamientos

forzados

antecedidos

amenazas

198

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 068-03 de Octubre 20 de 2003, Bojayá, p. 3

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desapariciones como parte de la estrategia contrainsurgente de las AUC. Igualmente era probable la afectación de la vida y bienes de la población civil, restricción de la libre circulación y desabastecimiento alimentario, frente

a posibles

enfrentamientos

bélicos con

interposición de población civil entre las FARC y las AUC, a su vez acciones de retaliación sobre la población por parte de la insurgencia por la permanencia de sus adversarios en los caseríos y localidades 199. El 18 de abril de 2002, las Autodefensas anuncian la toma de Vigía del Fuerte y Bojayá, ingresan desde el Urabá Antioqueño, por el municipio de Turbo. El 1 de mayo irrumpe la FARC al casco municipal de Vigía del Fuerte, asesinando a cuatro jóvenes por su supuesta colaboración con las AUC, grupo que a su vez se repliega hacia Bellavista, cabecera municipal de Bojayá. El 2 de mayo se produce un enfrentamiento entre la guerrilla y Autodefensas con saldo trágico de 119 personas muertas y múltiples heridos. Los combates se prolongaron durante cinco (5) días, las Autodefensas se replegaron hacia el Bajo Atrato, municipios del Carmen de Daríen, Ríosucio y Belén de Bajira; la insurgencia ingresó a los cauces de los Ríos Opagadó, Napipi, Quia y Bojayá, entre otros. Posteriormente el control de la zona es asumido por el Ejército y la Armada Nacional, en tanto que los grupos en contienda continuaron realizando acciones armadas contra la población civil: bloqueos

199

Ibidem

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alimenticios,

restricciones

circulación,

homicidios

desplazamientos de población200. Durante el 2003, continúa la avanzada de las Autodefensas hacia el Medio Atrato por el Urabá Chocoano, el Occidente y Suroeste de Antioquia, conformando una tenaza sobre los territorios controlados por la insurgencia; al parecer estos territorios se constituirían en franjas de protección de los sitios de concentración de sus integrantes. En el marco de las negociaciones que se adelantaban con el gobierno Nacional; el Bloque Élmer Cárdenas no se acogió a las negociaciones con el gobierno nacional, aduciendo de que no estaban dadas las condiciones para establecer la paz, con este argumento continuó accionando y avanzando sobre el Medio Atrato, con el objetivo de expandir el control territorial, y establecer una franja de protección que le impidiera a la guerrilla realizar cualquier intento de reconquista del Urabá Antioqueño. Propósito que pretendía además desalojar a la guerrilla de los corredores que comunican a San Bartolomé de Murindó con el Valle del Río Murrí, zona prolífica en yacimientos minerales energéticos (industria de telecomunicaciones) y ferrosos, y franja de comunicación hacia el Occidente, Nudo de Paramillo y el Departamento de Córdoba; estrategia que conllevó a la ruptura de la base social existente en la zona, considerada como soporte de la subversión, lo que representa minar la resistencia de las comunidades indígenas y negras que se oponían a desalojar sus territorios 201. 200 201

Ibidem Ibidem

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La confrontación armada se exacerbó el 24 de septiembre de 2003, con el ingreso desde el municipio de Carmen del Daríen, cuenca del río Domingodó, de una columna móvil del Bloque Élmer Cárdenas, de las AUC, a la cuenca del río Opagadó, territorio controlado por la Farc, en esta incursión fueron torturados varios pobladores indígenas acusados de ser milicianos, luego penetraron a la comunidad Emberá de Unión Baquiaza, reteniendo a 20 indígenas, los cuales posteriormente fueron liberados; los contrainsurgentes permanecieron en el caserío durante los días 26, 27 y 28, exponiendo a la población civil a posibles incursiones de la guerrilla quienes se encontraban en la zona rural. La llegada de las AUC a Unión Baquiaza y el rumor de su avanzada hacia la comunidad afrochocoana de Carrillo motivaron el desplazamiento de los integrantes

del

Consejo

Comunitario

sus

familias,

aproximadamente 180 personas, hacia Napipí. En octubre de 2003 las comunidades permanecían en sus viviendas por el temor de ser visualizados y de que se presentasen enfrentamientos, situación que les impedía realizar labores productivas en sus parcelas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaría de la población202. La precariedad de mecanismos jurídicos que garantizaran la defensa de los territorios colectivos, e impidieran la expropiación por la vía de hechos por parte de los grupos de Autodefensas, la utilización de los territorios por parte de la insurgencia como zonas de repliegue, descanso y abastecimiento; los propósitos de las AUC 202

Ibidem

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de bloquear las franjas de movilización a la guerrilla y establecer un corredor de seguridad y contención de la insurgencia hacia el Urabá Antioqueño , y el proceso de expansión del modelo contrainsurgente en el Medio Atrato, se constituían en factores de vulnerabilidad para las comunidades indígenas y afrochocoanas emplazadas en el territorio de disputa, especialmente a los integrantes de los Cabildos Indígenas y Consejos Comunitarios, señalados como supuestos colaboradores de la guerrilla. En este marco las comunidades indígenas y afrocolombianas se hacían vulnerables a la violencia contrainsurgente que la considera simpatizante de los grupos guerrilleros. A su vez el ingreso y permanencia de las AUC en los poblados, podía generar acciones de retaliación por parte de los insurgentes.203 Las presiones ejercidas por los actores ilegales armados sobre los miembros de estas comunidades, los desplazamientos que habían padecido (especialmente las comunidades afrochocoanas) y las condiciones de exclusión y marginalidad que impedían mejorar sus condiciones de vida, estaban fracturando el tejido de las comunidades, fisuras que se manifiestaron al interior de las etnias indígenas a través del suicidio colectivo de siete (7) de sus integrantes, atribuidas por los Jaibanas -guías anímicos- al espíritu de la guerra que padecían sus comunidades. 204

203 204

Ibidem Ibidem

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El emplazamiento de las Autodefensas en los caseríos, su avanzada sobre los territorios controlados por las Farc, la implantación de acciones de contrainsurgencia y la respuesta de la guerrilla de defender a sangre y fuego el territorio determinaban el riesgo como alto. Por lo anterior el Informe de Riesgo Nº 068-03 de Octubre 20 de 2003 consideraba vulnerables los quinientos treinta (530) indígenas Emberá pertenecientes a las comunidades de Unión Baquiaza, Egorokera y Playita y trescientos setenta (370) afrodescendientes de las comunidades de Mesopotamia y Bocas de Opogadó emplazados en la cuenca del río Opogadó 205. En 2004 se destacaron como críticos los Corregimientos Mesopotamia - La Loma de Bojaya- Boca de Napipi en Bojayá, el Casco Urbano de Vigía del Fuerte y el Corregimiento Puerto Antioquia. Entre finales del 2003 y principios de 2004, el BEC reforzaron sus tropas e incursionaron de manera violenta en la zona; las FARC se replegaron hacia la parte alta del río Opogadó, y hacia Napipí, utilizando trochas y senderos entre las comunidades Indígenas de Playita y Unión Cuití (Bojayá). Los insurgentes

en su retirada,

minaron los caminos con el objetivo de contener la avanzada de las Autodefensas. Así mismo bajo amenazas, ordenaron desocupar el territorio y más de 2.000 indígenas se desplazaron hacia Boca de Opogadó (Bojayá), situación que se sumo a los múltiples señalamientos, 205

torturas,

emplazamientos

restricciones

Ibidem

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alimentarías impuestas por la guerrilla. Durante el primer trimestre del año 2004, se intensificó la presencia de las FARC en la parte media y alta del río Bojayá, mientras que el Ejército Nacional desarrollaba operativos en las zonas bajas y desembocadura del río Bojayá

Atrato.

Confrontación

armada

que

afectó

principalmente a las comunidades de la Loma de Bojayá, Pogue, Caimanero, Corazón de Jesús y Piedra Candela, materializadas en asesinatos

selectivos,

desabastecimiento,

confinamientos

desplazamientos gota a gota: En total 137 familias se desplazaron hacia Bella Vista, y dos lideres indígenas denunciaron amenazas de muertes 206. Una vez retirado el Ejército Nacional de la Loma de Bojayá, se produjo el desplazamiento masivo del total de la población hacia Bella Vista y Vigía del Fuerte, ante el constante asedio por parte de las FARC, particularmente contra los madereros que estaban desconociendo las reglas impuestas por dicho grupo (dos personas fueron asesinadas durante este periodo), orientadas a contener la estrategia de explotación maderera difundida por el BEC, las cuales había entregado de manera forzada aproximadamente 200 motosierras entre los campesinos del río Opogadó207. En 2005, en el mes de febrero, más de 250 familias de las comunidades del río Bojayá, pertenecientes a la Loma de Bojayá, Caimanero, Pogue, Cuia, Corazón de Jesús y Piedra Candela, se 206

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 016-06 de abril 27 de 2006, Bojayá y Vigía del Fuerte, p. 4 207 Ibidem

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desplazaron ante la constante presencia y el incremento de combatientes de las FARC y los rumores de avanzada del bloque Élmer Cárdenas hacia la zona. Estos hechos se habían advertido el 29 de noviembre de 2005, en la Séptima Nota de seguimiento al Informe de Riesgo No 068 -03 de octubre 20 de 2003 emitida para el municipio de Bojayá, en la cual el CIAT recomendó en enero del 2006 mantener la Alerta Temprana208. Fundamentados en el monitoreo del SAT, se constató la instalación de un campamento del Bloque Élmer Cárdenas en las comunidades de Caimanero y Corazón de Jesús, desde allí realizaban retenes, saqueos, señalamientos y retaliaciones contra los pobladores de la comunidad de Pogue y de las comunidades indígenas de Puerto Antioquia, Cuia y Charco Gallo, a quienes tildaban de ser auxiliadores de la guerrilla, debido a la defensa de su autonomía y la oposición de abandonar los territorios. Desde el mes de noviembre del 2005, la disputa armada entre las FARC y las ACCU, giró en torno al control sobre la explotación de madera en el bajo y medio Atrato; motivo por el cual el SAT advirtió sobre el desplazamiento de indígenas desde Ríosucio hacia Juradó, los cuales huían de las amenazas y acusaciones proferidas por la guerrilla. Igualmente el incremento de combatientes de las FARC en la cuenca del río Arquía, municipio de Vigía del Fuerte, y la implementación

208

mecanismos

coerción

contra

las

Ibidem

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organizaciones sociales y productivas, imponiendo formas de asociación y tributación a la explotación de recursos naturales 209. Los intereses de las FARC sobre las zonas donde se proyectaban explotaciones de recursos naturales era evidente en toda la región, teniendo en cuenta que los nacimientos de los ríos Arquia, Murrí y Murindó hacen parte de la franja montañosa que recorre en forma longitudinal los limites entre Antioquia y Chocó; formación montañosa rica en minerales como el cobre, zinc y plomo (en el Cerro Careperro ubicado entre Carmen del Darién, Vigía del Fuerte y Murindó, se explotaran yacimientos de minerales de cobre y uranio), y metales preciosos como oro y plata, donde empresas extranjeras tenían proyectadas su explotación a mediano y largo plazo. En 2006 hay varias situaciones. En la descripción del riego del Informe Nº 016-06 se consideraba que Las FARC, en su propósito de recuperación de las zonas altas y medias de las cuencas de los ríos Bojayá, Napipi y Opogado, en jurisdicción del municipio de Bojayá, Murrí y Arquía, pertenecientes al municipio de Vigía del Fuerte, estaban realizando movimientos de avance de sus combatientes con el fin de copar las zonas que el bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas –BEC- desalojaran en su proceso de desmovilización. Esta situación, implicaría la reconfiguración de la confrontación armada en la subregión nororiental del bajo y medio Atrato, a partir de la expansión de la guerrilla y la posible 209

Ibidem

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conformación de nuevos grupos armados ilegales para contener el avance de la insurgencia. Las FARC, pretendían reconquistar los corredores naturales de movilidad y las vías de acceso, que facilitan la comunicación entre el sur oeste de Antioquia y el Chocó, hacia el océano Pacifico, a través del bajo Atrato y las cuencas de los ríos Murrí, Arquía, Napipí y Opagadó; y con la capital Quibdó, ingresando por los ríos Bebaramá, Babará y Negua. Recuperación que le permitiría a la subversión, apoderarse de corredores de movilización en el bajo y medio Atrato en poder del bloque Élmer Cárdenas de las ACCU, áreas

para la implantación de cultivos de uso ilícito, el

procesamiento y comercialización de alcaloides, y territorios con perspectiva de proyectos productivos (palma aceitera, ganadería extensiva e intensiva)210. El ingreso de la guerrilla a las zonas que fueron de influencia del grupo rival, implicará presiones,

intimidaciones y retaliaciones

contra las organizaciones sociales y productivas establecidas: líderes comunitarios, autoridades étnicas y, madereros, los cuales se han opuesto al ingreso de actores armados a sus territorios, la implantación de cultivos de uso ilícito, la explotación maderera y de minerales

(sobre

los

ríos

Bojayá,

Napipí

Arquía),

implementación de ganadería extensiva (en la cuenca del río Murrí); la proliferación de cultivos de palma aceitera en territorios colectivos y, la posible ejecución de proyectos económicos por parte de 210

Ibidem

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intereses particulares, que vulneran sus derechos territoriales y colectivos. Así mismo, se presagiaba que con la finalidad de instituir el proyecto de Alternatividad Social –PASO, impulsado por los desmovilizados del Élmer Cárdenas (medio y bajo Atrato y, en especial en la cuenca del río Opogado), surgieran intereses particulares que presionaran a los actores sociales para que guardaran lealtad, se implementaran mecanismos de coerción contra contradictores y organizaciones comunitarias

autónomas,

retaliaciones

contra

supuestos

simpatizantes y/o colaboradores de las FARC 211. Lo anterior tenía fundamento en que: En ese momento , las FARC mantenían férreos controles sobre la movilización y circulación de personas, medios de transporte, y prácticas productivas comunales, en especial sobre la cuenca del río Arquía, tales como: a finales del mes de enero de 2006, reunieron a la comunidad de Punta de Ociado y les informaron a las personas dedicadas a la explotación del bosque, la necesidad de asociarsen y pagarles un tributo por árboles talados, igualmente las personas que se opusieran a sus mandatos serán multados. De otra parte, estaban utilizando las viviendas y equipamientos comunitarios para descansar y pernoctar; y serias restricciones a quienes se movilizaban, decretando tiempos para salir y regresar a la zona. De igual manera impartían justicia para resolver problemas de 211

Ibidem

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comportamiento y otros que son de competencia de inspectores de policía; así mismo, durante el mes de marzo de 2006, dos personas que no acataron sus órdenes, fueron asesinadas (uno en la comunidad de Isleta y el otro en Punta de Ociado) como medida intimidatoria y ejemplarizante 212. Las comunidades Afrocolombianas e indígenas más afectadas por las amenazas de las FARC eran: de Punta de Ociado, Vegaez, Isleta, Piedras Gordas y Vidrí en el río Arquía, municipio de Vigía del Fuerte; Unión Baquiaza, Egorókera, Playita, Mesopotamia y Bocas de Opogadó, Boca de Napipí, Pogue, Piedra Candela, Caimanero, Corazón de Jesús, ubicados sobre las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá, en jurisdicción del municipio de Bojayá. También, las FARC estaban ingresando al cauce del río Opogadó, especialmente a los resguardos de las comunidades indígenas de Playita y Egorókera, zona que fue controlada durante tres años por el bloque Élmer Cárdenas, situación que podría derivar en acciones de retaliación contra los indígenas que supuestamente le brindaron colaboración a las autodefensas 213. Mientras la guerrilla avanzaba con el objetivo de posicionarse en las zonas altas y medias de las cuencas de los ríos Murrí, Arquía, Napipí, Bojayá y Opagadó, el bloque Élmer Cárdenas en su proceso de negociación con el Gobierno Nacional, para la desmovilización de sus integrantes estaba realizando movimientos de sus tropas con 212 213

Ibidem Ibidem

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la finalidad de establecer un corredor de contención que impidiera la expansión de las FARC en el medio y bajo Atrato chocoano y en la zona norte y sur del Urabá Antioqueño, corredor de movilización que comunica Belén de Bajirá con Riosucio, e igualmente con Turbo. Con esta finalidad, las Autodefensas se concentraron en las cuencas

los

ríos

Salaquí,

Truandó

Domingodó

posteriormente ingresaron a los territorios colectivos y resguardos indígenas, ocupando las viviendas y equipamientos comunitarios, destruyendo cultivos, apropiándose de productos de pan coger, animales y artículos pecuarios (cerdos, gallinas, plátano, banano, caña, palma de chontaduro, y abarrotes), además despojaron de los medios de movilización y transporte a los residentes (canoas y chalupas) y restringieron la movilidad de los pobladores.214 Frente a la situación de riesgo desencadenada por la avanzada de la guerrilla y las acciones de contención del BEC, el SAT emitió el 30 de noviembre de 2005, el Informe de Inminencia 058 – 05 para el Carmen del Darién, Resguardo Emberá Dobidá de Mamey Dipurdú, emplazado en la cuenca del rió Domingodó y, posteriormente ante la persistencia del riesgo formuló el 23 de febrero de 2006, el informe de riesgo 009 -06 para dicho municipio. Situación de riesgo que permanece a la fecha, la cual se ha agudizado en la cuenca del río Salaquí, jurisdicción de Riosucio, en donde los integrantes del BEC desde hace dos meses están impidiendo la libre movilización 214

Ibidem

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de 220 familias emplazadas sobre la ribera del río, restringiendo el transporte de maderas ordinarias, generando un confinamiento y una crisis alimentaria y humanitaria. Ante los movimientos de recuperación de territorios por parte de las FARC, se vislumbraba el surgimiento de un nuevo grupo armado ilegal, con la finalidad de impedir el acceso de la insurgencia a zonas que fueron detentadas por el BEC, igualmente la aparición de intereses particulares encargados de establecer un orden social y económico que reprodujera la ejecución de proyectos productivos de acumulación, contrarios a las economías de reproducción de las comunidades raizales asentadas en la región, instaurándose además un nuevo ordenamiento territorial y poblacional en contravía de los principios constitucionales otorgados a Afrosdescendientes e indígenas. La introducción de formas de producción para la acumulación y reproducción de excedentes, en áreas consideradas de territorios colectivos y resguardos indígenas, se constituían en la punta de lanza para la extracción de recursos naturales y biodiversidad, acordes con las nuevas demandas del mercado nacional e internacional, los cuales necesitaban desarticular las formas de asociación y reproducción comunitaria existente, debilitando los lazos de parentesco y consaguinidad establecidos, y los mecanismos y métodos de trabajo existentes, con el objetivo de introducir nuevos modelos de explotación y consumo, liberar fuerza de trabajo barata y generar residuos humanos, los cuales se

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convertirían en los futuros desplazados y marginados, arrinconados en los cinturones de miseria de las ciudades 215. A las condiciones de riesgo por el conflicto armado, se les suma las condiciones de pobreza de la zona, ya que el 94.7% y el 83.1 % de las necesidades básicas de los pobladores de Vigía del Fuerte y Bojayá (DANE, calculado con información del Censo 1993) no eran satisfechas, del mismo modo las precarias condiciones de accesibilidad y desarticulación con los principales núcleos de concentración de población y, las nuevas necesidades de mercado que hacían atractivas la extracción de sus recursos, tornaban más vulnerables las formas de organización y articulación del tejido social de las comunidades Afrodescendientes e indígenas 216. Por todo lo anterior el Informe de Riesgo Nº 016-06 de abril 27 de 2006

consideraba

vulnerables

los

805

indígenas

Emberá

pertenecientes a las comunidades de Unión Baquiaza (319), Egorókera (84), Playita (130); y Unión Cuití (272); y 2.862 Afrodescendientes de las comunidades de Mesopotamia (21), Bocas de Opogadó (186), Boca de Napipí (1.100), Pogue y, Piedra Candela (390), Caimanero(76), y Corazón de Jesús (68) ubicados sobre las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá. Adicionalmente 3.184 habitantes de Vigía del Fuerte emplazados en la cabecera municipal (2.176), la comunidad de Puerto Antioquia sobre el río Atrato (116), y los caseríos de Isleta (345), Boca de 215 216

Ibidem Ibidem

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Luisa (174), Boca de Vidrí (165), y Vegaez (208) en la cuenca del río Arquía (datos suministrados por la Alcaldía municipal de Bojayá y la Personería municipal de Vigía del Fuerte). A partir de la emisión del Informe de Riesgo, el 27 de abril de 2006, y pese a las acciones

contrainsurgentes del Ejercito Nacional

(Batallón Alfonso Manosalva Flores e Infantería de Marina), habían ocurrido los siguientes hechos violentos: A finales del segundo semestre de 2006, la presencia de las FARC, particularmente en el río Arquía, y los operativos de la Fuerza pública, provocaron el desplazamiento

interno

familias

230

personas,

pertenecientes a la comunidad de Isleta, hacia Belén y Remolinos, veredas ubicadas sobre el mismo río (el Ejército Nacional, a través de la Fuerza de Tarea del Atrato, desarrolló durante el mes de noviembre operativos militares principalmente en la parte alta del río Arquía -comunidades de Isleta y Punta de Ociado-; además instaló bases militares en el río Doguadó, afluente del Opogadó). El viernes 3 de noviembre de 2006, hombres pertenecientes al 34 frente de las FARC, asesinaron en el río Arquía al señor Jesús Elías Perea Quejada, quien se desempeñaba como docente en la institución educativa de la vereda de Belén, y Pastor de la Iglesia Evangélica de la zona. El cuerpo sin vida del profesor Elías permaneció durante dos días expuesto a la mirada de sus coterráneos, ante la prohibición que hiciera la guerrilla, de recogerlo para ser sepultado.

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En la actualidad, las FARC mantienen confinada a la familia del occiso en la cuenca217. Las FARC, a partir de la última semana de noviembre, restringían la movilización de lugareños desde la cuenca del río Arquía, hacia el río Atrato, con destino a Quibdó, declarando objetivo de ataque a las personas que desobedecieran la orden. De otra parte, la Fuerza Pública en su propósito de debilitar el poder de las FARC, estaba restringiendo el paso de alimentos y productos pecuarios desde el río Atrato hacia el río Arquía, generando una situación de desabastecimiento alimentario en los caseríos y poblados indígenas y afrocolombianos. Producto de las presiones armadas de las FARC, las amenazas de siembra de minas antipersonales alrededor de sus resguardos (Unión Baquiaza, Egoróquera, y Playita); y las medidas restrictivas adoptadas por la Fuerza Pública, los pueblos indígenas del río Opogadó se encuentran en riesgo de desplazamiento 218. Durante la realización del Congreso Indígena, en Vigía del Fuerte, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2006 (Organizado por ACNUR y los Cabildos Indígenas de Bojayá, con la participación de Codhes, Diócesis de Quibdó, Orewa, Acción Social y Defensoria del Pueblo), se indicó que las FARC están empleando sus territorios para el cultivo de hoja de coca, desconociendo los principios de autonomía 217

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Nota de Seguimiento Nº 01 -07 de enero 19 de 2007 al Informe de Riesgo Nº 016-06 de abril 27 de 2006, Bojayá y Vigía del Fuerte, p. 3) 218 Ibidem

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otorgados por la Constitución Nacional. Del mismo modo, en el Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada, realizado el 05 de diciembre en Bojayá, se denunció que excombatientes de las ACCU están siendo utilizados por la Fuerza Pública como guías e informantes, realizando señalamientos contra la población civil por su supuesta afinidad con los insurgentes 219. Quibdó

En este municipio se consideraron críticos los Corregimientos Guarandó, Bellaluz y Altagracia. El Municipio de Quibdó, capital del departamento del Chocó, está constituido por un centro urbano donde se concentraba la mayoría de la población del departamento (75.344 personas aproximadamente en 2005); y una parte rural que contaba con una población aproximada de 24.312 personas, asentadas fundamentalmente sobre las cuencas de los ríos afluentes del Atrato: Tagachí, Quito, Cabí, Ichó, Tutunendo, Negua y Munguidó 220. La cuenca del Negua, ubicada al nororiente de la cabecera urbana de Quibdó (aproximadamente a 20 minutos por vía fluvial) tenía una población aproximada de 2.895 habitantes que representan el 11.9% de la población del área rural del municipio; dado que posee grandes yacimientos de oro, la explotación minera se había constituido en la base principal de la económia de sus pobladores, 219

Ibidem Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 037-05 de 12 de agosto de 2005, Quibdó, p. 2 220

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de mineros de otras regiones del Departamento ( Medio Atrato, Lloró y Quibdó) quienes mantenían las formas artesanales de explotación, y de foráneos (antioqueños principalmente) que tecnificaron la producción, logrando con ello no solamente generar más rendimientos sobre esta actividad, sino también, reactivar otros sectores económicos (básicamente el comercio y el transporte fluvial). La cuenca del Munguidó por su parte, ubicada al noroccidente de la cabecera municipal, contaba con una población aproximada de 2240 personas que representan el 9.2% de la población del área rural del municipio; de vocación productiva fundamentalmente agrícola, esta región se convierte en la despensa de frutales, plátano y arroz para los habitantes del área urbana221. Por su posición geoestratégica, los ríos Negua y Munguidó se constituyen en corredores desde Quibdó hacia el suroeste antioqueño y la subregión del Baudo (Chocó) respectivamente, esta situación sumada a la importancia de sus vocaciones productivas para la economía local, eran elementos explicativos de la presencia del Frente Manuel Hernández ―El Boche‖ y los Frentes 34 y 57 de las FARC en este territorio desde finales de la década del noventa y, a partir de 2003, de las acciones defensivas de las FARC para sostener su capacidad de influencia sobre los afluentes del río Atrato a propósito del copamiento que la Fuerza Pública había hecho sobre éste.

221

Ibidem

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La histórica presencia de la guerrilla en la región vino a ser disputada en la década del 90, por los grupos paramilitares provenientes en su gran mayoría del Urabá antioqueño, donde llevaron a cabo todo un proceso de ―pacificación‖, que aun es recordado por el uso del terror, la afectación del tejido social y la fragmentación de la organización comunitaria. Estos grupos que pertenecían a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —ACCU-, efectuaron en el año 1996 bloqueos económicos,

amenazas,

persecuciones,

asesinatos

desapariciones de líderes y lideresas de los movimientos sociales que reclamaban la autonomía de sus territorios étnicos y su resistencia frente al accionar de los grupos armados. Las autodefensas incursionaron en el municipio Carmen de Atrato, masacrando, amenazando y produciendo el desplazamiento forzado de los habitantes de la carretera que comunica a esta localidad con Quibdó. En 1997, las autodefensas llegaron al Medio Atrato Chocoano y Antioqueño, sembrando el terror al descuartizar personas, amenazando o arrasando por completo diferentes poblados. A partir de ese momento, los pueblos del Medio Atrato comenzaron a sufrir un duro bloqueo económico por medio del retén permanente en Vigía del Fuerte y retenes temporales en otras poblaciones a orillas del Atrato. En el Río Neguá, los paramilitares se dedicaron durante dos años la explotación ilegal de una mina de oro con financiación de capital proveniente del Bajo Cauca, hecho que contribuyó a la conversión de Quibdó en lugar estratégico para el abastecimiento de dichas

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tropas y espacio de financiación de las mismas a través del cobro de ―impuestos‖ o ―vacunas‖ a los comerciantes y reclutamiento. Como reacción al avance paramilitar, desde el año 2000, las FARC y el ELN reforzaron la presencia en el Medio Atrato. Por medio de retenes ilegales bloquearon económicamente a los comerciantes que fueron acusados de ser colaboradores de las autodefensas y cometieron asesinatos contra la población civil. Las FARC desarrollaron su contraofensiva con la toma simultánea de Vigía del Fuerte y Bellavista el 25 y 26 de marzo de ese año, que costó la vida de 21 policías y 9 civiles, entre ellos el alcalde de Vigía, cuyos vínculos con los paramilitares eran de conocimiento público. El ELN incursionó el 28 de abril del 2000 al río Neguá, quemando las retroexcavadoras para la explotación minera que se desarrollaba bajo protección de los paramilitares, asesinaron a un combatiente paramilitar y retuvieron a ocho dueños y administradores de las maquinarias. En la semana siguiente se produjo el desplazamiento de las comunidades del río Neguá por temor a enfrentamientos (432 familias de ocho comunidades se desplazaron a Quibdó). Luego de la retoma del control del territorio por parte de las FARC, el dominio y presencia de este grupo armado en la región se impone hasta el 21 de abril del 2002, fecha en la cual se da la nueva incursión de los paramilitares en el medio Atrato, estableciendo su puesto de control en la comunidad de Vigía del Fuerte, nuevamente.

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La presencia del Frente 34 de las FARC en la cuenca del Neguá, estaba fundamentada por el interés de controlar el corredor que comunica a la subregión del Atrato Medio Chocoano con el Antioqueño y el Suroeste de este departamento, y por el interés de captar recursos para el financiamiento de su estructura armada proveniente de las exacciones sobre la explotación minera. En este contexto la guerrilla había impuesto regulaciones para garantizar el control poblacional, económico y militar del territorio a través de intimidaciones, amenazas, secuestros, extorsiones, asesinatos, reclutamientos y trabajos forzados.222 Durante el 2004 se conoció del asesinato de tres personas por parte de las FARC, una de ellas por negarse a cancelar tributos forzosos y las otras dos porque fueron señaladas como informantes del ejército; de igual manera un número indeterminado de personas aparecieron en listas señaladas como colaboradores del ejército y de no cumplir con los controles sociales que la agrupación armado impuso a los habitantes. Además 20 familias se desplazaron forzadamente ante las presiones de la guerrilla y por los trabajos forzosos a que sometieron a los campesinos de la cuenca para habilitar una trocha entre Santa Lucía del Fuerte, San Rafael de Neguá y Nemota; y el reclutamiento de jóvenes que ante sus condiciones de marginalidad económica veían en la vinculación a la guerrilla una alternativa de generación de ingresos económicos. El martes 2 de agosto de 2005, las FARC asesinaron a tres campesinos habitantes del corregimiento de Boca de Nauritá, 222

Ibidem

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hechos que se asocian a las retaliaciones que realizaba este grupo irregular contra aquellas personas que se negaban a obedecer sus imposiciones, toda vez que habrían 34 personas más que a través de una ―lista negra‖ habían recibido amenazas contra sus vidas por no atender sus requerimientos 223. De otra parte, aunque los antecedentes de violencia contra los habitantes de los corregimientos que hacen parte de la cuenca del Munguidó, entre finales de la década del 90 y el año 2004 se les atribuye al Frente Manuel Hernández ―El Boche‖ del ELN, cuya presencia en el territorio se caracterizaba por el uso del mismo como zona de avituallamiento y captación de recursos para su financiamiento, a través de secuestros y saqueos realizados a transportadores y a comerciantes; así como por el uso de la violencia selectiva (amenazas y asesinatos) en contra de campesinos y líderes comunitarios que señalaban como informantes del ejército y/o que se oponían a la vinculación de las comunidades en la siembra de cultivos ilícitos, situación que se había expresado en desplazamientos forzados, es la dinámica local del conflicto desatada a propósito de la presencia de las FARC en el territorio, la que configuraba el escenario del riesgo para la población civil. Así, la presencia del Frente 57 de las FARC en la cuenca del Munguidó estaba asociada a la importancia de este afluente para habilitar corredores desde Quibdó hacia la subregión del Baudó, al interés, a propósito de la expansión desde el 2003 de las zonas de c ultivos ilícitos bajo dominio de las FARC, de mantener el control sobre el 223

Ibidem

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cultivo y el procesamiento de la coca, y, a la importancia táctica de este territorio en función de la confrontación con la Fuerza Pública. En 2005 el ELN mantenía influencia fundamentalmente en los sectores ubicados sobre el trayecto medio del río Munguidó y las FARC sobre su trayecto alto 224. El Frente 57 realizaba restricciones a la circulación de personas y al uso de los medios de comunicación comunitarios, y amenazaban a los pobladores para que no denuncien su presencia ante las autoridades civiles y de fuerza pública; ésta situación afectaba en particular a los pobladores de las comunidades de

Guinandó,

Jitradó, Guarando, El Jaguo y Villa Nueva. Dada la situación descrita en las cuencas del Neguá y el Munguidó, reiterando la importancia geoestratégica que revestía para las FARC dichos territorios en la medida en que favorecían su permanencia, movilidad y reabastecimiento económico y, teniendo en cuenta las posibles reacciones de la agrupación frente a las acciones de la fuerza pública, se consideraba factible la ocurrencia de violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al DIH representadas en el confinamiento de la población civil por parte de las FARC como estrategia para interponer a la población civil en su confrontación con la fuerza pública; y en amenazas, desapariciones forzadas, masacres, homicidios selectivos y de configuración múltiple contra los pobladores que no atiendan las imposiciones de la agrupación y/o que sean señalados como informantes del 224

Ibidem

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ejército. Bajo estas circunstancias, se consideraba que el nivel de riesgo de violaciones a los DD.HH e infracciones al DIH puede catalogarse como alto225 El Informe de Riesgo Nº 037-05 era para aproximadamente 3672 personas de la zona rural de Quibdó: 2240 habitantes de los corregimientos Guarandó, Bellaluz, Altagracia y las veredas Guinandó, Jitradó, El Jaguo y Villa Nueva, sobre la cuenca del río Munguido; y 1432 habitantes de los corregimientos de Boca de Nauritá, Boca de Nemotá, San Rafael de Neguá, San Antonio de Ichó, Villa del Rosario, la vereda Santa Lucia del Fuerte y

Resguardo Indígena de El Guamo, sobre la cuenca del río Negua. A partir de la desmovilización del BEC –ACCU en junio de 2006, los insurgentes intensificaron sus mecanismos coercitivos y acciones violentas contra la población civil, señalada de haberle prestado colaboración a las autodefensas y de brindarle información a la Fuerza Pública. Dado el valor geoestratégico de la zona para los grupos armados, el interés por contener el proceso de titulación de tierras a favor de afrocolombianos e indígenas que impide la total garantía de la inversión de grandes capitales, el éxito del desplazamiento forzado como estrategia para asegurar la tenencia de la tierra y el acceso a sus recursos, articulado a proyectos de extracción minera, maderera 225

Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo Nº 037-05 de 12 de agosto de 2005, Quibdó, p. 4

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y de infraestructura, posterior a la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas, articulado a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, facilitaron el ―reemplazo‖ de estructuras armadas, incluso antes de la desmovilización en algunos municipios

al parecer,

generados por transacciones económicas entre organizaciones paramilitares y grupos narcotraficantes. Esta situación contribuyó al rearme, toda vez que los grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC, conservan en sus mandos reductos no desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas, activos y de bajo perfil, pandillas y grupos armados en los barrios, que conservan y controlan su base social, en tareas de sicariato, amenazas y extorsión delegadas durante el paramilitarismo en su período más visible y la migración de desmovilizados provenientes de otros municipios y departamentos. Estas transacciones anteriores al proceso de paz con las AUC, son evidentes en la incautación de armamento y el continuo hallazgo de caletas de armas no entregadas por algunos bloques, en el Departamento Chocó. Fredy Rendon Herrera, el alemán, miembro de la Autodefensas Unidas de Colombia, perteneciente a la casa Castaño, milita desde 1.995 en el grupo paramilitar y desarrolla sus actividades en la zona del Uraba Antioqueño, con sede en el Municipio de Necocli, e influencia en el noroccidente de Cordoba y norte del Choco, junto con Carlos Correa, constituyen el Bloque Elmer Cardenas de las Autodefensas Unidas de Cordoba y Uraba, con la muerte de este para el año 1.997-1.998, se convierte en el Comandante del Bloque EC.

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Para las mismas fechas y por instrucción de Carlos Castaño, a mas de las actividades naturales del grupo ilegal, surge una intención de interferencia social a través de una organizacion, señalada por el propio Fredy Rendon Herrera en sus declaraciones, las que se desarrolla especialmente en la zona del norte del departamento de Antioqueño denominado ―Movimiento Clamor Campesino Caribe‖, cuyo objetivo es organizar juntas de acción comunal y trabajar por la comunidad, al igual que buscar apoyos de las comunidades para los aspirantes electores de la zona. Esto se desarrollo en la jurisdicción dende acciona en el Departamento de Antioquia : Municipio de Dabeiba, Mutata, chigorodo, apartado, turbo, San Pedro de Uraba, Necocli, San Juan de Apartado y Arboletes, y en el Departamento de Cordoba en los municipios de Canalete y los Cordobas. El proyecto político regional de Uraba, del Elmer Cardenas se denomino ―Por un Uraba Grande Unido y en Paz‖, con énfasis en el norte de Antioquia, y tenia como finalidad, dicho por el propio Fredy Rendon, bajarse la responsabilidad y pedidos de la comunidad sobre

obligaciones

cargo

del

Estado

que

estaba

correspondiendo asumir: arreglar puentes y carreteras, desatrancar ríos, llevar banderas a colegios, transportar maternas a centros asistenciales

entre otras, las cuales si los alcaldes realizaban,

como era su deber, lograba un bienestar para la comunidad y el cumplimiento sobre una carga social que no tendrían que suplir. Y el otro objetivo, una vez pensaron en su entrega a las autoridades,

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era lograr que los municipios se prepararan para recibir en la zona mas de 5.000 desmovilizados de las AUC - BEC. Es importante señalar que si bien Fredy Rendon da detalles del actuar del proyecto en el Departamento de Antioquia, con mayor claridad, no ocurre lo mismo sobre la información brindada en el Departamento del Choco; y si bien mantiene mayor claridad sobre su actuar con los políticos locales, (Alcaldes y concejales), no ocurre lo mismo con los actores políticos regionales (gobernadores y representantes), pues sus fines o motivaciones en lo social y político están dirigidas a los políticos mas próximos que son quienes podrían solucionar sus quereres. De la misma manera ha señalado en su declaración del 14 de abril del 2009, minuto 13 de la grabación que el proceso de contacto político en el Choco era un tema era un tema independiente

al proyecto desarrollado en

Antioquia y en Cordoba. El área de mayor influencia en el norte del Departamento del Choco del Aleman eran

los Municpios de Acandi, Unguia, Riosucio y

Carmen del Darien, en lo relacionado con cifras político electorales para el Departamento del Choco representan el 7% del total de votación territorial, importante determinarlo para efectos de apreciar el mayor o menor intereses de un aspirante Regional en sus metas electorales. De igual manera es importante precisar que si bien la investigación inicialmente planteo la intervención de Fredy Rendon Herrera, en

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las elecciones parlamentarias de 1.998, 2.002 y 2.006, finalmente se contrajo a las elecciones del congreso 2.002, la defensa interpreta que fue en razón que Fredy Rendon Herrera, comandaba el Bloque Elmer Cardenas a partir de 1.998-1.999, y su grado de influencia ni en el área, ni en lo político pudo incidir en dichos comicios, de igual manera las contiendas electorales del 2.006 estaban excluidas de su actuar, por cuanto desde la expedición de la ley de Justicia y paz, y la iniciación de actividades de organización para la desmovilización de las tropas del bloque se fueron presentando en 3 procesos que requerían su atención, en consecuencia no había tiempo ni interés de ocuparse sobre temas políticos. (La primera el 12 de abril del 2006 en el mello, corregimiento de Villavicencio en el Municipio de Necocli, donde se desmovilizaron los frentes tanela y costanero, la segunda el 30 de abril del mismo año en lomas aisladas donde se desmovilizaron los frentes 40, dabeiba y pavarando y la ultima desmovilización el 16 de agosto del 2006 en el Municipio de Ungia donde se entrega Fredy Rendon), lo anterior convertían en imposible cualquier participación del comandante del Elmer Cardenas en la actividad política, además me lleva a esta afirmación el hecho que el mismo Fredy Rendon no ha hecho afirmación alguna sobre apoyo durante ese periodo. El componente para el trabajo social del Bloque Elmer Cardenas lo realizaba dentro del departamento del Choco los denominados Promotores de Desarrollo Social – PDS, componente miliciano que tenia contactos con la comunidad, no vestían prendas militares ni

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poseían armamento, conocidas estas personas en estos municipio asi: En Acandi: Ermes Andres Reboyedo Valeta (a.el escamoso); Carlos Javier Nieves Perez(a.el medico); En Unguia: Jose Luis Arrieta Sanchez (a.Mauricio); En Riosucio: Catalino Segura (a.Nando o Asprilla). Para las elecciones al congreso 2002, el querer de la comunidad de lograr una participación o inclusión de un miembro de la zona del Uraba Chocoano dentro de una de las listas de los candidatos con opción de lograr alguna de las 2 a que la circunscripción electoral del Departamento del Choco tenia derecho, fue coincidente con el querer de Fredy Rendon Herrera, con el fin que dicha población lograra intervenir a favor de los municipios chocoanos del area para lograr un bienestar de los municipios del norte (acandi, unguia, Riosucio). Lo anterior se materializo en ROBER MENDOZA BALLESTERO (abogado de acandi) quien bajo un mecanismo de escogencia diseñado por lideres de la comunidad de los municipios en cita, cada uno con un candidato, realizaron una especie de convención en la cabecera municipal de unguia durante el mes de noviembre del 2001.

Señalando para representar la región a

Mendoza Ballestero quien quedo incluido como tercer renglón de la lista del doctor EDGAR EULISES TORRES, logrando incluso entrar a ejercer el cargo de representante a la cámara por licencia otorgada al titular. Fredy Rendon Herrera, el alemán manifiesta, e incluso entrega a la Corte CD de grabación de charla tenida con Robert Mendoza,

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donde

afirma que el financio la totalidad de esa campaña de

EDGAR EULISES TORRES

en el norte del Departamento del

Choco.

CARGOS Y AFIRMACIONES DELICTUALES PRESENTADAS POR FREDY RENDON HERRERA. 1.- APOYO ECONOMICO, LOGISTICO Y CON LA COMUNIDAD El apoyo económico El Aleman los hace consistir con sus declaraciones en la entrega de $60´000.0000.oo o $70´000.000.oo al doctor Odin Sanchez Montes de Oca. El apoyo logístico en el préstamo de lanchas y suministro de combustibles. El apoyo de la comunidad con la participación de los promotores de desarrollo social – PDS Sobre el primer aspecto de la entrega de dineros existen las afirmaciones en las declaraciones de Fredy Rendon pero en la investigación no existe una sola prueba documental que constaten dicha afirmación. Inicialmente en sus primeras declaraciones manifestó el alemán que tenia como pruebas ―…inclusos recibos…‖ que demostrarían la entrega de dineros, lo que resulto no ser cierto No menciono a través de quien había realizado entrega de recursos al doctor Sanchez Montes de Oca, pero en el devenir procesal

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aparece Carlos Javier Nieves Perez (a.el medico), desmovilizado del Bloque Elmer Cardenas con la mención que el fue quien le entrego $50´000.000.oo al doctor Sanchez Montes de Oca, en el Municipio de Necocli, en su casa, sin la presencia de nadie como testigo. Los motivos de la entrega resultan cuestionados por la defensa en ejercicio del contradictorio, bajo el argumento que si es cierto que la campaña de Edgar Eulises Torres Murillo, donde hacia parte Robert Mendoza Ballestero, quien al decir del Aleman, representaba al Bloque Elmer Cardenas de las AUC en la contienda electoral del 2.002, para lograr la representación de la región en el Congreso de la República, la cual estaba siendo financiada en su totalidad con dineros del Bloque EC, como entonces resultan financiando o entregando recursos al rival (ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA). Rompe las reglas de la LOGICA (esencial en la sana critica para la valoración probatoria), que entre la disputa por ganar las elecciones a Congreso (que solo tiene 2 curules) con tres candidatos con opción real, uno de ellos bajo el directo interés que gane por que tiene un miembro de la organizacion, otro como DARIO CORDOBA RINCON, el que según afirmación del mismo Fredy Rendon Herrera en las declaraciones, era quien mayor admiración le producía y consideraba el mejor, se termine por darle recursos al tercero de ellos a quien menos respeto y consideración se tiene de los 3(Odin Sanchez). Es decir se deja a un lado uno de los consentidos DARIO CORDOBA

pero se ayuda, por razones de lastima, por la

necesidad manifestaa por Sanchez Montes de Oca.

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Como se entiende que ayudaron a Odin Sanchez Montes de Oca cuando los resultados electorales no son favorables y logran su salida del congreso a que estaba elegido durante el periodo 1.9982.002, y esta salida se da precisamente por las votaciones de los muncipios de Acandi, Unguia y Riosucion (De influencia del Aleman con el Elmer Cardenas). Las cifras son claras, en escrito entregado el 19 de febrero del 2010 por la defensa a la honorable Corte de la edición Nro. 341 del 15 de marzo del 2002 del periódico Choco 7 dias, que reportan los resultados de los escrutinios por municipio se observa que quien gana las elecciones de la Cámara de Representante por el Departamento del Choco es Dario Cordoba Rincon con una votación de 18.994 votos y Edgar Eulises Torres con una votación de 17.909 votos, perdiendo Odin Sanchez Montes de Oca con votación de 16.053 votos. Como puede ser cierto que el Elmer Cardenas ayudo en Acandi, Unguia y Riosucio cuando los resultados electorales de Unguia (Lugar donde se desmovilizo el alemán) fueron Edgar Eulises 369 votos, Dario Cordoba Rincon 326 votos y Odin Sanchez Montes de Oca 159 votos; el doctor Odin Sanchez Montes de Oca no saca ni siquiera la mitd de lo que sacaron los otros dos (2) candidatos. En Riosucio Edgar Eulises Torres 267 votos, Dario Cordoba 237 votos y Odin Sanchez 201; en Acandi Edgar Eulises 752 votos, Dario

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Cordoba 290 votos y Odin Sanchez 407 votos, también pierde con una votación distante. Es cierto que ayudaron pero a perder. No existe coincidencia en la supuesta suma de dinero entraga a Odin Sanchez Montes de Oca, el alemán dice que son $60 o 70 millones, ―el medico‖ dice que fueron $50 millones, la regla de la experiencia indica que una suma de dinero tan alta, mas para la época de la supuesta ocurrencia de los hechos 2001-2002, no se desfasa en casi $20 millones de diferencia; si bien se puede afectar por el tiempo la recordación, la misma no resulta entendible cuando la diferencia es casi del 40%. Una supuesta entrega de dinero sin documentos pese haber anunciado su existencia, sin testigos (distinto a un subalterno en una actividad criminal), sin coincidencia entre las sumas afecta circunstancias de PROBABILIDAD. Por el contrario existe prueba de descargo, supremamente importante y diciente que demuestran no ser real la afirmación de la entrega al doctor Sanchez de dinero alguno, basta con escuchar la declaración de DAYRON MENDOZA CARABALLO. (a.Rogelio), miembro del secretariado o cúpula del Elmer Cardenas, quien en el mes de agosto del 2.009, en diligencia practicada en la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagui, y siendo el Financiero de la agrupación, quien recibía hasta 3 mil millones de pesos mensuales para la organización, al detallar los gastos del grupo ilegal es concreto en manifestar que no era política de la organización

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entregar dinero a políticos, que el nunca lo hizo, y que no sabe de reunión del alemán con el doctor Odin Sanchez Montes de Oca, menos de entrega de dinero de el a este. No resulta lógico como regla de la sana critica, que un jefe financiero de la cúpula del grupo Elmer cardenas, quien maneja los recursos, no sepa de tan importante tema; máxime cuando es el propio Fredy Rendon Herrera quien dice que a quien le consta sus afirmaciones es a DAYRON MENDOZA alias Rogelio y por ello lo llamo la Corte a declarar. La declaración desmiente el hecho y desmiente la afirmación del aleman. El segundo aspecto es el apoyo logístico de prestamos de pago y gasolina. Queda claro dentro del proceso que las visitas a la zona por parte del doctor Odin Sanchez para la campaña 2002, no pasaron de una o dos, recuérdese que el propia alias el medico manifiesta que el que mas se interesaba por la zona era el doctor Edgar Eulises, que el doctor Odin Sanchez poco iba por allá. Recibido en declaración por la Corte Suprema en la ciudad de Medellín el 9 de febrero del 2009 el señor WILLIAN MESA LOPEZ, motorista de toda la vida en la zona, especialmente en los municipios de Riosucio y Unguia, donde tiene su vivienda, es claro en su conteste al afirmar que era él quien transportaba al doctor Sanchez durante sus correrías políticas en la región, que sabe de la presencia de los grupos ilegales para la época de los hechos que se investigan, conoce a los Promotores de Desarrollo Social PDS del

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Bloque Elmer Cardena, conoce a Carlos Nieve alias el médico, pero nunca el doctor Sanchez se movió o desplazo con ellos para ningún efecto, menos el político, es claro en señalar que nunca en los tiempos que el doctor Sanchez estuvo haciendo política en los municipios señalados tuvo contacto alguno con miembros del Elmer Cardenas, menos que se transporto con otra persona. De ahí que resulta ser mendaz la afirmación de alias el médico al decir que recorrió la zona durante 4 días con el doctor Sanchez Montes de Oca con la intensión de medir el grado de aceptación de la comunidad sobre el candidato que iban a seleccionar para que el candidato de la zona hiciera parte de la lista que los llevaría al congreso de la República. No solo es falsa dicha afirmación por que resulte ser desmentida por Willian Mesa Lopez y por que nadie los vio juntos, sino por un documento muy importante que también hace parte

del

material

probatoria a evaluar dentro

estos

precalificatorios y que fue entregado a la Corte el 9 de febrero del 2010, Edición Nro. 314 del 31 de agosto del 2001, que en primera pagina del periódico se registra la noticia de la escogencia en convención de Odin Sanchez Montes de Oca como cabeza de lista del Movimiento Liberal Popular, con la asistencia en Quibdo de 104 delegados, señalando que: ―Con anterioridad sendas convenciones realizadas en Istmina y el valle habían elegido a Juan Americo Lozano y Horacio Rojas como segundo y tercer renglón respectivamente‖.

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Y armonizando este medio de prueba con el testimonio rendido a la Corte por el señor JHON JAIRO ZULETA, natural de Acandi, promotor de la escogencia del candidato por la zona, quien promovía y lidero la reunión de Acandi donde se escogió a Rober Mendoza Ballestero, persona sin ningún vinculo personal menos político con el doctor Odin Sanchez, coherente en su declaración, quien afirma que el doctor Sanchez manifestó que no estaba interesado en que a el se le tuviera en cuenta para integrar a una persona de la zona en su lista, y que no tenia interés ninguno en dichas reuniones por que sencillamente el ya tenia constituida la lista que lo acompañaría al congreso. Rompe la regla de la lógica el hecho que no es posible que una persona que este siendo financiado por el bloque Elmer Cardenas en este caso y que este siendo apoyado por dicha agrupación ilegal manifieste su desinterés e incluso su desprendimiento, por que no desprecio para que alguien que lleve el sello de la representación de dicho Bloque haga parte de su lista. Como apoyar a una persona así. El tercero y ultimo punto tiene que ver con el apoyo de la comunidad, no resulta confirmada la afirmación de Fredy Rendon Herrera que a través de los Promotores de Desarrollo –Social se apoyo al doctor Sanchez Montes de Oca, los propios PDS lo desmientes JOSE LUIS ARRIETA SANCHEZ, alias MAURICIO señala que no sabe de reunión de Fredy Rendon Herrera con políticos ―… directamente no…‖, no vio al doctor Sanchez en reunión alguna y sobre todo: ―…no indujeron a votar a nadie…‖,

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CATALINO SEGURA señala que como PDS tuvo el contacto con la comunidad pero que muchos políticos no sabían su relación con las autodefensas, que el doctor Sanchez no podía conocer esta relación y que nunca trabajo políticamente con el. ERMES ANDRES REBOYEDO, después de una confusa declaración cuyo grado de credibilidad queda cuestionado, siendo PDS de acandi, quedo atado a un hecho declarado bajo juramento por EFRAIN BALLESTEROS en la ciudad de medellin, quien le dijo a la Corte que fue objeto de amenazas y presión durante la campaña al congreso del 2002 en donde trabajaba para el doctor Odin Sanchez Montes de Oca, por parte de alias el ESCAMOSO, quien le manifestó que siendo que la región tenia candidato como lo era Robert Mendoza Ballestero, quien hacia parte de la lista de EDGAR EULISES TORRES, por que existía el trabajo político a favor de Odin Sanchez Montes de Oca. En consecuencia la afirmación del alemán sobre el trabajo de apoyo de la comunidad a través de los PDS no resulta ser veraz, pese a que el mismo señala quienes pueden dar fe de dicha afirmación son Catalino Segura a. mello, Jose Luis Arrieta alias Mauricio, Ermes Andres Reboyedo alias El escamoso, ninguno de ellos confirma la afirmación. Incluso en declaración del 9 de febrero del 2010 ante la Corte el exalcalde del municipio de Unguia durante la campaña del 2002, afirma que los grupos ilegales de control de la zona, es decir el Elmer Cardenas, quitaron los afiches del candidato a la Cámara doctor Odin Sanchez Montes de Oca, presionando con ello la no escogencia o por lo menos es prueba de la no aceptación como candidato y no apoyo, lo que produjo incluso, lo ha dicho el

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exalcalde, la realización de un consejo de seguridad para dicha época. 2.- REALIZACION DE ACUERDOS CON FREDY RENDON ALIAS EL ALEMAN Dentro de la investigación se presenta la presunta realización de dos acuerdos; Uno para la elección como representante por el departamento del choco a la curul congresional de la Cámara de Representantes y otro relacionado con la escogencia del gobernador del departamento del Choco para el periodo 2003 y para el periodo 2007. La Sala investiga el delito de concierto para delinquir agravado, inciso 2°, del art. 340 del Código Penal, por las afirmaciones de los apoyos de que se hizo referencia en el acápite anterior y por haber acordado con RENDÓN HERRERA, los apoyos a la candidatura de JULIO IBARGÜEN a la gobernación del departamento del Chocó, en las elecciones de 2003 y a PATROCINIO SÁNCHEZ en las elecciones de 2007. Todo ello quedo materializado en lo que se denomino el pacto llamado ―de Singapur‖. Considera la defensa que existe atipicidad de la conducta endilgada, contemplada supuestamente dentro de las descripciones del art. 340 del c. penal, por inexistencia de un acuerdo o pacto entre el doctor ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA

y el jefe

paramilitar FREDY RENDÓN HERRERA. 1.- Para que se configure el concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promocionar grupos armados al margen de la ley, la

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Sala ha establecido como requisito indispensable, la demostración del acuerdo y la finalidad de promover grupos armados al margen de la ley, de todo lo cual este no existe prueba en grado de probabilidad en lo que al doctor Sanchez respecta. Ha dicho la Corte, en providencia de única instancia dentro del radicado Nro. 26942 : ―En primer lugar, el delito de concierto para delinquir, como delito de peligro que es, se define como una conducta destinada a proteger la seguridad pública de los riesgos que pueden generar tanto los acuerdos destinados a cometer delitos, sin especificar cuáles (inciso 1º del artículo 340 del Código Penal), como los que tienen por finalidad organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley (inciso 2º del mismo texto).‖ Y más adelante agrega: ―El artículo 340 del código penal no puede leerse segregando sus textos, sino integrando las proposiciones que lo conforman. Por lo tanto, la lectura del tipo penal, en el caso de los congresistas investigados, ciertamente debe hacerse alrededor del acuerdo como núcleo rector del tipo y de la finalidad específica de la conducta, que se traduce en este caso en promover grupos armados al margen de la ley. Pero eso no significa que, en una suerte de dudoso cuño, el acuerdo se tenga que probar de una manera y la finalidad de otra, pues la unidad de la conducta y la sistemática probatoria propician que la expresión material de la conducta y su finalidad se prueben del mismo modo.‖

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Y, en relación con el acuerdo o pacto mismo, la H. Corte Suprema de Justicia, al momento de referirse al denominado Pacto de Santafé de Ralito, del 23 de julio de 2001 y descrito por el propio RENDÓN HERRERA, estimó que allí había habido, reuniones antecedentes, documentos escritos que recogieron el convenio, compromisos para la realización de tareas a futuro y beneficios e n doble vía, tanto para las autodefensas cuanto para el congresista investigado, cosa bien diferente a lo sucedido en este caso, pues bien se ha visto a lo largo de este proceso que el doctor Odin Sanchez no

asistió a ninguna reunión con el referido jefe

paramilitar, no recibió dinero alguno, no firmo ningún pacto, que no se comprometió con la realización de tarea alguna destinada a legitimar políticamente a los criminales, que no obtubo beneficio alguno pues, si bien, el caudal electoral entre las elecciones de 1.998 y las del 2.002 aumentó en una suma ínfima (4.000 voto), ello no fue suficiente para acceder, ni siquiera por arrastre, a la curul que aspiraba, a mas que los aumentos no se debió a incrementos de votación de la zona de influencia del alemán (acandi, unguia y riosucio) que por el contrario se redujeron, toda vez que ya habían sido escogidos, por los paramilitares, los jefes políticos proclives a los intereses del firmante del pacto ilegal con relación a las elecciones congresionales del 2002, tal como lo reconoció la misma Sala Penal de la Corte, en relación con la inclusión de ROBERT MENDOZA BALLESTERO, en la lista del candidato TORRES MURILLO (véase al respecto, en este mismo proceso la providencia de fecha 8 de septiembre de 2009, por medio de la cual se decretó

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detención preventiva, sin derecho a la libertad provisional, por el delito de Concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promocionar grupos armados al margen de la Ley –paramilitares-, párrafo segundo del acápite de Hechos). Aceptar que entre el doctor Sanchez y el llamado ALEMÁN, existió un acuerdo de los reconocidos por la Sala como tipificadores de la conducta sub iudice, sería dar por demostrado que firmo con las autodefensas un pacto para perder las elecciones, sin beneficio alguno para las partes, desconociendo los claros perfiles fijados por esa Sala sobre la materia, pacto que ni el político más ingenuo estaría dispuesto a suscribir. No

estando

demostrados

los

presupuestos

anteriormente

esbozados, la conducta deviene en atípica. 2.- Idéntica afirmación se puede hacer en relación con el argumento esgrimido por la Sala, en el sentido de que RENDÓN HERRERA fue el inspirador del llamado Pacto de Singapur, en el cual las bases de los movimientos políticos que representaban EDGAR EULISES TORRES MURILLO y ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA, se acordó unir fuerzas políticas para conseguir la gobernación del departamento del Chocó para las elecciones del año 2003 al igual que la alcaldía municipal de Quibdó.

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Es la misma Corte, en la providencia mencionada de definición de situación jurídica, quien admite que dicho acuerdo fue imposible en razón de la desunión existente entre los dirigentes chócanos. Esto tiene respaldo probatorio en las declaraciones creíbles de las personas que suscribieron el llamado pacto ―de Singapur‖, como son DELCIN BEJARANO PINILLA, abogado presidente para la época del MIR (Edgar Eulises), MARCO TOBÍAS CUESTA MORENO, abogado y por mas de 10 años Registrador de Instrumentos Publicos de Quibdo, guardián de la fe publica, quien además fue quien ideo y creo el acuerdo de singapur, presidente del MLP, CARLOS RAMÍREZ y JUAN ARISTIDES MENA GARCÍA, secretario de los movimientos, quienes al momento de ser interrogados por esa alta Corporación detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que surgió el Pacto de Singapur, y que se contrapone a lo afirmado por el denunciante FREDY RENDÓN HERRERA. Merece también pronunciamiento dentro de estos alegatos las afirmaciones presentadas por el señor IGINIO MOSQUERA LOZANO dentro de las ultimas jornadas de prueba practicadas en la ciudad de Medellín. El señor Iginio dice haber visto que en alguna visita que hiciera al municipio de necocli, en la carretera que conducía hacia la sede vivienda de operaciones del señor Aleman, que el doctor Odin Sanchez Montes de Oca se bajo de un vehículo en compañía de su hermano Patrocinio Sanchez, Edgar Eulises Torres y Julio Ibarguen Mosquera, versión que en el mismo

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trascurso y desarrollo de la diligencia resulta no ser cierto ni creíble por todas las inconsistencias que suministra el testimonio, entre otras la grabación radial que suministro a una emisora en el departamento del choco donde con toda vehemencia había afirmado que en ninguna ocasión al hacer la visita o reunirse con el alemán había visto a político alguno. Mina también su credibilidad el hecho de la enemistad política desde hace mas de 10 años con la familia sanchez montes de oca a quien ve como los políticos que han imposibilitado su posibilidad de triunfo electoral dentro del choco, incluso llega al absurdo de relacionar al doctor Odin Sanchez Montes de Oca con un supuesto secuestro de que dice haber sido victima, realizado por la guerrilla, por ello solicito que rigurosamente sea analizado esta declaración. También es importante no dejar de lado las declaraciones de los 3 ―escoltas‖ del alemán entre ellos alias chumilo y alias turbo, se observa el bajo nivel de formación que tienen, lo cual los hace mas vulnerables por la dependencia

de las personas que ejerc en

influencia en ellos a quienes observan con admiración y respeto, lo cual no ocultan como en el caso del alemán, resultan ser imprecisos poco coherentes en sus dichos, contradictorios entre si, tratando de acreditar lo dicho de lo que se le pregunta presentan lugares de reunión que

coinciden unos con otros, características

morfológica que tampoco coinciden. La Corte debe ser rigurosa en su apreciación.

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No existió ningún tipo de acuerdos ni para este ni para ningún fin, obsérvese que en la misma providencia de la Corte al definir la situación jurídica se establece que el propio RENDÓN HERRERA, en sus aseveraciones no determinó con precisión instantes o lugares del acontecer fáctico, con lo cual la Corte está reconociendo las deficiencias testimoniales y probatorias aunque , en forma inexplicable, manifiesta que no por ello pierden credibilidad sus afirmaciones, corroboradas además, por otros testigos en esta investigación, y si observamos que el testigo CATALINO SEGURA, alias

ASPRILLA, DAYRON MENDOZA

CARABALLO, alias

ROGELIO, OTONIEL SEGUNDO HOYOS, alias EL OVEJO, JOSÉ LUIS ARRIETA SANCHEZ, alias MAURICIO, HERMES ANDRÉS REBOLLEDO, alias EL ESCAMOSO y ROBERT MENDOZA BALLESTEROS, aseguran que no tuvieron conocimiento de reunión o ayuda económica o logística que se le hubieran hecho al doctor Sanchez, y observese también que los propios testigos son dados por FREDY RENDON HERRERA, alias el ALEMAN diciendo ser integrantes del Bloque Elmer Cardenas. Si bien RENDÓN HERRERA afirma haberle entregado al doctor Sanchez Montes de Oca una suma millonaria de dinero, dicha afirmación no aparece comprobada con ningún medio de prueba que le permita a la Sala darle credibilidad y se sale de las reglas de la experiencia, que indican que quien entrega semejante cantidad de dinero lo hace siempre en función de la obtención de un beneficio cierto, y no a título gratuitito, razón por la cual deja siempre un documento o algún elemento de tipo probatorio que

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pueda acreditar la entrega real y efectiva de la cantidad a una persona real e identificable. Pero no está acreditada dicha circunstancia, razón por la cual podemos concluir que la presunción de inocencia, pilar fundamental del debido proceso y del modelo jurídico político del Estado de Derecho, no ha sido desvirtuada. Y el reto fundamental de la acusación, no puede ser otro que el desvirtuar, con apoyo en las pruebas válidamente practicadas en la ciudad de Quibdo y en la ciudad de medellin, además con los documentos aportados, el referido principio, lo cual dicho sea con la doctrina: ―…es una presunción iuristantium, que exige para ser desvirtuada, la existencia de una mínima actividad probatoria de cargo, producida con las debidas garantías procesales. Al operar la presunción de inocencia a favor del acusado, es claro qu e la carga de la prueba, corresponde a la acusación.” 226 “La carga de la prueba incumbe al actor, incumbe a quien afirma, tanto en un proceso como en otro, en lo civil, quien afirma ha de probar que sus afirmaciones responden a la verdad y lo mismo ocurre en lo penal; la parte acusadora, habrá de probar los hechos en que se funda la acusación, sin perjuicio de que la parte demandada, en el proceso civil, y la parte acusada, en el proceso penal, puedan sentar afirmaciones que igualmente les convendrá probar, por interesarles para desvincular las 226

.Vallejo, Jaén. Manual de los principios de prueba en el proceso penal. Universidad Externado de Colombia. Centro de investigaciones de derecho penal y filosofía del derecho. Bogotá 2000. Pág. 38

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afirmaciones contrarias, pero no porque a ellas les incumba una carga directamente‖

227

Por otra parte, si analizamos las manifestaciones de RENDÓN HERRERA sobre este tópico, es indebido considerar que se trate de un testigo que provoque tranquilidad y sosiego en sus dichos, su historia social se encuentra vinculada al menosprecio de los valores de la vida y la seguridad pública, por lo que su compromiso con la verdad no es un elemento que genere confianza: si nunca ha respetado estos valores tan apreciados, no vemos cómo ahora se vaya a sostener su deseo de respetar la verdad. Darle credibilidad frente a una afirmación no probada es dejar estos tópicos en un escenario de fe, inmotivada e irracional, ciertamente insuficiente para los jueces de la república. Nótese que hace parte de un grupo paramilitar, de asesinos y abusadores, de los que en su actuar, lo hacen con retaliación y venganza, todo lo cual debe provocar para los jueces una posición seria de alerta y de prevención frente a sus afirmaciones. Para la época de las afirmaciones del Aleman, se asistía en el Congreso de la República, con participación del doctor Sanchez, a un

debate

sobre

los

desplazamientos

forzados

los

afrodescendientes en las tierras agroindustriales que hoy disputan Antioquia y Chocó del Municipio de Belen de Bajira, desagregado del municipio de Riosucio (Choco), donde están en juego altos 227

.Ellero, Pietro. De la certidumbre en los juicios criminales, 4° edición española. Instituto Editorial Reus, Madrid. 1944. paginas 8 y 9.

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intereses económicos del paramilitarismo, fuente de altos ingresos económicos para esa organización que ―a sangre y fuego‖ despojaban de sus tierras a los campesinos Chocoanos. Como corolario de estas elucubraciones, tenemos que llegar a concluir que, en vista de que nunca se probó acuerdo alguno entre el doctor ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA y el jefe de los grupos ilegalmente armados; que el aumento de la votación obtenida por el, fruto de su largo trabajo político en el departamento, resultó inane como para demostrar la existencia de un supuesto apoyo logístico o económico en su favor de parte del referido jefe paramilitar; que no se tipificó la conducta a el endilgada, como quiera que por parte alguna se aportó documento, registro fílmico, fotográfico o magnetofónico que acreditara una reunión entre el referido delincuente de las autodefensa y el doctor Sanchez, en la cual este hubiese asumido compromiso alguno para promover la legitimación política o social de esos grupos armados al margen de la ley, y que, en desarrollo de su labor legislativa jamás presento proyecto, moción, o proposición alguna que pudiese favorecer, así fuera mínimamente a esos grupos, la presunción de su inocencia se encuentra incólume y al no reunirse los presupuestos legales previstos en los artículos 397 y 398 de la Ley 600 de 2000, deberá procederse a decretar la preclusión de la investigación seguida en su contra, al tenor de lo dispuesto por el art. 399 ibídem.

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