Trama de ideas
Cultura
Pensar el desarrollo cultural local Andrés García-Albarido Güedes
Existe una estrecha relación entre cultura y desarrollo. En este sentido, organizaciones como la Unesco o la Cepal han señalado la necesidad de incluir factores socioculturales en la estrategia para alcanzar un desarrollo equilibrado, tomando en cuenta la dimensión histórica, social y cultural de cada sociedad, y han planteado la importancia del ámbito cultural para derrotar la exclusión social. Desde una mirada de Estado –y con el fin concreto de mejorar la calidad de vida de la población– son múltiples los autores que consideran de vital importancia el vínculo entre cultura y desarrollo, pero no es la intención de este artículo ilustrar ni defender esta clara relación. Nos centraremos en torno al desarrollo cultural local, sin pretender descubrir la pólvora, sino planteando temas relevantes al momento de pensar la cultura desde un escenario local.
El desarrollo local supone condensar dos dimensiones a veces contrapuestas: la voluntad política que dirige un área determinada del quehacer del Estado, que prioriza fines y define modos para desempeñarlos, y la particularidad de cada territorio que, sea por la geografía o la economía del lugar, establece más ampliamente un conjunto de variables de diversa incidencia en la intervención que esa voluntad política hace en la realidad social. Este segundo aspecto, de sentido más “antropológico” o sencillamente cultural, exige dotar a una política pública de cierta flexibilidad, que permita integrar aspectos idiosincráticos e identitarios, sobre todo donde la materia misma de la política es la propia cultura. Diseñar una política pública requiere el conocimiento cabal del escenario. Para esto, es necesaria la expresa voluntad de las autoridades de trasladar la creación de la política al territorio, para generar desde un contexto propio los lineamientos que se han de seguir en cada lugar. Afortunadamente, esta conciencia de lo local se difunde cada vez más en la cultura organizacional de la administración y planificación del Estado, a modo de una legítima demanda de participación en los espacios de decisión. Por ende, la imposición centralista de políticas públicas, programas y proyectos, cada vez tienen menos cabida donde no hay una validación y sanción positiva por parte de autoridades y actores locales.
La cultura debe mantener cierta autonomía frente al poder político coyuntural. Desde que los ritos de la identidad, así como los espectáculos artísticos, poseen cierta capacidad de movilización social, es necesario prevenir el proselitismo a través de la cultura.
En la definición de política cultural que el Consejo de la Cultura ha desarrollado, la preocupación por la descentralización constituye un principio orientador, señalando entre sus medidas específicas, acciones concretas destinadas a crear un vínculo más estrecho entre las grandes instituciones y las divisiones administrativas más pequeñas. En este contexto, el municipio es un actor primordial y por estar más cerca de la población, es capaz de trabajar directamente con los sectores excluidos, promover la identidad y el patrimonio local, e incrementar los niveles de participación ciudadana en la mayoría de los ámbitos. La consolidación de la institucionalidad cultural debe considerar la administración local en dos maneras: como ejecutores privilegiados de las iniciativas públicas en cultura y como fuente de información clave para la toma de decisiones. Pero además, para que la formulación de objetivos esté en concordancia con las demandas existentes y los posibles beneficiarios, es conveniente entregar a los actores locales espacios de participación en la institucionalidad cultural, más allá del papel de informantes, favoreciendo las reuniones de coordinación o formulando proyectos en conjunto. Esto demanda, por un lado, mayor fluidez en el vínculo institucional entre los diversos niveles, es decir, que el aparato público funcione coordinado como uno solo, desde lo central a lo local, del escritorio al territorio; pero por otro lado, veremos que también es necesario que el proceso de institucionalización que sucede en la administración central y regional, tenga un correlato efectivo en la dimensión más local, en términos de estructura administrativa, recursos e infraestructura, para que la gestión cultural resulte de calidad para la población.
Municipios, diagnóstico y desafíos Como se sugería anteriormente, la instancia más adecuada para implementar la participación cultural en el territorio es el municipio, ya que es la unidad político-administrativa más próxima a los ciudadanos y posee mayor facilidad para establecer mecanismos de participación, definir el perfil económico y social del territorio, construir redes de información y utilizar los instrumentos de gestión en términos de un plan de desarrollo concertado. El potencial de la acción municipal está, en definitiva, en coordinar y liderar el proceso de desarrollo local, en consecuencia requiere las legitimidades y facultades adecuadas para esta labor. Pero conferir protagonismo al municipio en el quehacer cultural del país supone no sólo considerarlo parte de la institucionalidad cultural, sino también colaborar con los recursos humanos y materiales necesarios para que en cada comuna la gestión cultural sea de calidad. Durante el 2005, el Programa de Gestión Cultural y el Departamento de Estudios del CNCA,
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realizaron un diagnóstico del quehacer cultural de los municipios, recabando información en diversas áreas de interés para el tema que nos convoca. A partir del estudio fue posible conformar un panorama acerca de cómo se organiza localmente la gestión de la cultura. En este sentido, el diagnóstico de la gestión cultural municipal en Chile plantea una serie de desafíos: Primero, en términos de organización no existe un formato único por parte de los municipios para enfrentar las tareas en cultura, y es frecuente que no exista un órgano dedicado a estas tareas. Siendo mayoritario, el modo de organización que estipula la ley de municipios (departamento, dirección, sección u oficina) está presente en alrededor del 60% de los municipios, aunque a menudo no se trata de órganos con dedicación exclusiva a temas culturales, sino que aglutinan otras funciones como educación, deporte o turismo, lo que termina por menguar las posibilidades de la gestión cultural y el resultado para la población. Esta multiplicidad de funciones que deben realizar las unidades municipales dedicadas a cultura, junto con la existencia de municipios sin funcionarios ni secciones dedicados a estas tareas, son aspectos propios de una institucionalización naciente que aún tiene muchos problemas por resolver.
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El desafío está en dotar a los municipios de una orgánica definida, cuya dependencia en jefatura y recursos muestre un panorama claro y estable, lo que asegurará una gestión de calidad y un desarrollo a largo plazo para la población. Segundo, en el municipio las decisiones en cultura pasan, en general, por la autoridad política existente. Aunque la dependencia administrativa más frecuente de las unidades culturales municipales, no es directamente la alcaldía, sino la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), es el alcalde quien finalmente tiene gran control del tema, en términos de líneas editoriales, fluidez de gestión interna o, lo que es más decisivo, respectos de los recursos disponibles. Esto se comprueba al observar que la relación de las unidades culturales con el alcalde es ligeramente más frecuente que la relación con la Dideco, pese a que esta última sea bastante más frecuente en términos de dependencia administrativa. La cultura debe mantener cierta autonomía frente al poder político coyuntural. Desde que los ritos de la identidad, así como los espectáculos artísticos, poseen cierta capacidad de movilización social, es necesario prevenir el proselitismo a través de la cultura. En el actual escenario, la oferta cultural concreta que trabajan los municipios es principalmente el evento artístico y/o el apoyo a eventos municipales que requieran de espectáculos artísticos. Existe una primacía del espectáculo por sobre las demás iniciativas en cultura, lo que otorga un carácter de inmediatez a la gestión cultural local. Por ende, el desafío está en instalar en la administración municipal, la utilización de planes de desarrollo cultural con objetivos de largo aliento, coordinados entre niveles, que vinculen la cultura como eje estructurante de otros ámbitos del progreso. Se trata justamente de relevar el papel de la cultura para el desarrollo –evitando que el estado formule y reproduzca sus contenidos, gracias una ciudadanía participativa desde lo local– y evitando que la gestión cultural local preste un uso proselitista, en virtud de una adscripción previa a un lineamiento de acción, independiente de las autoridades rotantes. Tercero, es necesario elevar en cantidad y calidad el recurso humano que desarrolla estas funciones en los municipios, los desafíos en esta materia resultan claros: a) Mayor dotación de personal para la función cultural, en un escenario donde la mayor parte de los municipios funcionan con una sola persona para toda la comuna, posiblemente sin dedicación exclusiva al tema. b) Mayor estabilidad en los cargos de cultura, pues la excesiva rotativa existente, derivada en alto grado de la falta de una estructura administrativa estable, impide la formulación de planes de desarrollo de largo aliento. c) Mayor selectividad en la contratación del personal, lo que refiere tanto a la escolaridad del encargado cultural, como a seleccionar gente de comprobada experiencia, que posea conocimientos en el ámbito cultural, y conozca el trabajo en los municipios.
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d) Mayor inversión en capacitación de los encargados culturales, para un sector en que más del 80% de sus trabajadores, nunca ha recibido instrucción formal en gestión cultural. Contar con personal suficiente y de calidad para las funciones en cultura es un aspecto primordial para el desarrollo cultural de la ciudadanía. Sin embargo, resulta evidente que estas medidas deben ir acompañadas de mayores recursos a disposición de los encargados de cultura, partiendo por dotarlos de un espacio físico que les permita optimizar su gestión al interior de la municipalidad. La mayor inyección de recursos para equipamiento e infraestructura pasa por un cambio de mirada de las autoridades, que concientize la importancia de la cultura como inversión social a mediano y largo plazo, y estimule el uso de recursos para este fin. No obstante, el acceso desde el municipio a estos recursos pasa también por el conocimiento de los fondos existentes para estos efectos, y la capacidad de los gestores para realizar postulaciones exitosas. Un dato clave: cuando se preguntó a los mismos encargados culturales qué necesidades de capacitación presentan sus unidades, una de las respuestas más frecuentes, fue la capacitación en gestión de recursos. Esto es sintomático del hecho que, de aquellos municipios que han postulado a algún tipo de fondos, solo la mitad ha logrado adjudicarse los recursos.
En el actual escenario, la oferta cultural que trabajan los municipios es principalmente el evento artístico... Existe una primacía del espectáculo por sobre las demás iniciativas en cultura, lo que otorga un carácter de inmediatez a la gestión cultural local.
Lo anterior configura dos desafíos complementarios: por un lado, es necesario continuar con la difusión de información respecto a los fondos concursables existentes, orientando acerca de la pertinencia de cada uno según la finalidad de los recursos requeridos, y procurando ampliar la participación de aquellos municipios más alejados de las capitales regionales, que en general son los que presentan mayores carencias de infraestructura y equipamiento. Por otro lado, se debe invertir en la capacitación de los encargados culturales, sobre todo en formulación y evaluación de proyectos, a fin de que los fondos postulados tengan una mayor proporción de adjudicación.
Democratizar la cultura es cultivar la democracia La participación ciudadana es un aspecto de gran importancia en la definición de política cultural que el CNCA ha formulado en conjunto con otros actores. En ella se ha planteado con fuerza la idea de democratizar la cultura, como fortalecimiento del acceso a bienes artísticos y culturales. Esta manera de enfocar la participación en la cultura —que contribuye a acrecentar el capital cultural de la ciudadanía— está orientada a mitigar la exclusión cultural, la desigualdad de formación intelectual o artística. Pero no es la única forma de exclusión que la cultura puede combatir. La participación ciudadana debe contribuir a trabajar problemas frente a los cuales, el mundo de la cultura no puede plantearse ajeno. Una sociedad que se fija como fin el crecimiento permanente del consumo y la producción de bienes y servicios, tecnificando los más variados aspectos de la vida social, conduce a cierta situación de desarraigo de sus miembros. El proceso de creciente urbanización del territorio ha originado una alteración de la vida comunitaria. Donde antes existía un sentimiento de pertenencia por una cercanía geográfica, ahora sobreviene una despersonalización, un “privativismo” que condiciona el modo en que se relaciona el ciudadano con sus pares, pero también con las instituciones, concediéndoles menor legitimidad en tanto se perciben ajenas a su alcance o participación. La cultura, enfocada desde un nivel local, tiene el potencial de revitalizar los ámbitos de convivencia comunitaria y solidaria, es decir, contribuye a un objetivo de integración social relevando la identidad local, pero además, por la valoración de la diversidad como eje de lo propiamente cultural, la cultura y el arte ofrecen un modo de “pedagogía democrática”, en tanto socializan y difunden el diálogo y las relaciones no instrumentales. Si coincidimos en que la cultura es un ámbito privilegiado para la transmisión de valores democráticos, no resulta inapropiado pensar que la democracia necesita del desarrollo cultural para su preservación y enriquecimiento, de lo que surge un círculo virtuoso, en el que el desarrollo democrático reafirma la importancia de la cultura para el progreso de la población.
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Una política cultural que pretenda impulsar el desarrollo cultural local no puede desestimar el valor de la integración y la democracia. Pero además de asegurar el acceso al arte y la cultura, la política cultural —en sus aspectos destinados a la ciudadanía— debe velar por la creación de redes sociales participativas a lo largo del territorio. Generar vínculo entre las organizaciones culturales es crucial para velar por la autonomía de la cultura frente al poder político coyuntural. Es necesario que este desafío tenga un impulso desde el Estado, en tanto posibilita ciudadanos más conscientes y contribuye a restituir el entramado social que conforma una democracia sólida. La asociatividad cultural y la creación de redes culturales comunitarias, de alta dinámica y participación, son factores decisivos para el desarrollo local y la democratización de la cultura. Sin embargo, la importancia de las redes no se limita a un objetivo de democratización, contrapeso civil al poder político, o gestión de recursos privados.
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El estudio comprobó que diversos aspectos importantes de la gestión cultural de un municipio —tales como la utilización de espacios públicos, la gestión de recursos extramunicipales, la extensión y difusión cultural, el registro de la oferta cultural de la comuna y su diversidad en términos de disciplinas artísticas, la cobertura por tramo etario e, incluso, el desarrollo de estrategias diferenciadas según el territorio— están relacionados con la existencia de redes comunitarias amplias y dinámicas, y en general estas redes son más frecuentes en los municipios donde existe una capacidad técnica y experiencia mayor. Resulta importante entonces, insistir en la participación efectiva de la población, pero no solo como receptores de la oferta cultural del municipio sino como “animadores” de la cultura, en el sentido que sea la misma ciudadanía la que dote de organización y vida a la cultura en los espacios locales. La conformación de redes más amplias y de relaciones más frecuentes, entre el municipio, el estado central, las organizaciones de la sociedad civil y el mundo privado, posibilitará una alianza estratégica orientada a diseñar y gestionar mejores planes en cultura, con mejores resultados para la población, y en todas las áreas en que el municipio gestiona la cultura.
* Andrés García-Albarido Güedes es sociólogo e integra el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
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