Un campo para nutrir a México
• Julio de 2014 •
La política agroalimentaria y nutricional que el país necesita Una reforma al campo no basta. El Estado mexicano debe implementar una política alimentaria y nutricional integral, que incluya una planeación estratégica desde la producción agropecuaria hasta el consumo humano, tomando en cuenta no solamente el crecimiento económico, sino la salud de todas y todos los mexicanos. El presente documento surge de las reflexiones conjuntas de diversas organizaciones sociales que trabajamos por una mejor alimentación en México. Preocupados por la falta de acceso a alimentos suficientes, nutritivos e inocuos entre la población, así como la situación del campo mexicano; hemos decidido hacer estas propuestas en cara a la anunciada Reforma al Campo.
La situación alimentaria y nutricional del país es crítica La alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, es un derecho protegido por el artículo cuarto de la Constitución Mexicana. A pesar de ello, no está garantizado para mayoría de los mexicanos y existe una creciente presencia de pobreza y mala nutrición en el país. Sin haber resuelto aún los problemas de desnutrición, México transitó al sobrepeso y la obesidad generalizados entre la población, padecimientos que a su vez son causa de enfermedad y muerte. Según datos del Coneval (2012), 45.5% de la población en México se encuentra en situación de pobreza y 11.5 millones de personas viven en pobreza extrema. Asimismo, 27.4 millones de personas tienen carencia alimentaria y, paradójicamente, una proporción de la población con esta carencia, padece al mismo tiempo sobrepeso y obesidad. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, muestra que solamente 14% de los bebés reciben lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida; 2.8% de los niños menores de cinco años presentan bajo peso, 13.6% baja talla, 1.6% desnutrición aguda y una prevalencia de anemia de 23 por ciento. Al mismo tiempo, 71.2% de los adultos,
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34.4% de los escolares y 35% adolescentes sufren de sobrepeso y obesidad con mínimas diferencias entre zonas rurales y urbanas. Esta situación hace pensar necesariamente sobre el efecto que ha tenido el modelo económico de los últimos 30 años en el patrón de consumo de alimentos.
consumo de refrescos endulzados con alta fructosa importada. Al mismo tiempo, se incrementaron los restaurantes de comida rápida, las tiendas de grandes superficies, los precios de intermediación y la distribución de alimentos chatarra creció, sobre todo en zonas con menores calificaciones de desarrollo.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) afectó negativamente la alimentación en México: por un lado, se fomentó el incremento en el uso industrial de aditivos y alimentos provenientes de Estados Unidos, y por otro lado, se desprotegió la producción de cultivos básicos mexicanos, además
La pérdida de la capacidad económica dejó en 3% el PIB en el campo, la pobreza en zonas rurales aumentó a 65% y a 79% en pueblos indígenas, afectando a productores y productoras, aunque cuenten con tierra. Aunado a esto, el déficit hídrico, el costo de energéticos y la desigualdad en la distribución de los apoyos
de ser una competencia desleal por las medidas arancelarias y los subsidios de los otros dos países que lo integran.
para el campo por parte de SAGARPA, profundizan la dependencia alimentaria nacional y la migración con costos sociales y humanos irrecuperables.
En México se importan grandes volúmenes de maíz y soya de Estados Unidos, los cuales son usados para alimentar al ganado y para producir sustancias dañinas como el jarabe de maíz de alta fructuosa y los aceites vegetales hidrogenados, los cuales a su vez se utilizan por la industria de los alimentos ultraprocesados. Según estudios, a partir del TLCAN se reportó en México un incremento del 29% en las calorías diarias promedio obtenidas de grasas, se elevó en 6.3% la ingestión de carbohidratos refinados y en 37.2% el
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo elaborada por el INEGI, son 7 millones de personas las que se emplean en actividades agrícolas, es decir, son las encargadas de producir los alimentos para 118 millones de habitantes en el país, y aún así, la mayor parte de ellos se encuentran en pobreza. A pesar de ello, se estima que tan solo el 8% de los programas agrícolas están destinados a los productores más pobres, siendo que en México el 80% de los productores tienen menos de 5 hectáreas.
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En el reporte de la visita oficial a México realizada en junio del 2011 por el entonces Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas, Olivier De Schutter, se señala que el gobierno mexicano ubica el problema del sobrepeso y la obesidad en el comportamiento del consumidor, cuando en realidad tiene sus orígenes en el sistema alimentario del país. El mismo reporte hace énfasis en que las políticas agrícolas actuales son alentadoras de la producción de cereales y granos, que son ricos en carbohidratos pero relativamente escasos en micronutrientes, al costo de la producción de frutas y verduras. El Dr. De Schutter concluyó que a pesar de los avances en el tema, México enfrenta graves problemas sociales causados por la privación del derecho a la alimentación y la desigualdad y la pobreza.
La inocuidad de la comida dentro y fuera de casa se perfila a su vez, como uno de los mayores retos de salud a vencer en el corto plazo sobre todo en las grandes ciudades y en el procesamiento de alimentos. La falta de agua dificulta el cumplimiento de medidas mínimas de higiene en la preparación y consumo de comida. Es probable que esta situación se vea acentuada por el tiempo dispuesto para el traslado hacia los lugares de trabajo. Si un sistema de abasto y distribución de alimentos sanos asegurara su disposición más cerca de los puntos de consumo, se facilita el control de puntos críticos. Los comedores públicos, mercados, desayunos y almuerzos escolares entre otros, son oportunidades para ser asumidas por el Estado como parte de una política de abasto alimentario con base en el derecho.
La administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha respondido a la situación alimentaria y nutricional del país con diversas estrategias aisladas, las cuales recaen en varias Secretarías de Estado y carecen de un enfoque integral. Por una parte, ha sido lanzada la Cruzada Nacional contra el Hambre, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo enfoque se encuentra en mejorar la nutrición en las comunidades más vulnerables del país. Por otro lado, se presentó la Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, la cual recae sobre la Secretaría de Salud y busca prevenir Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) entre la población en general. Actualmente se está elaborando una Reforma al Campo, la cual es responsabilidad de la SAGARPA y tiene un enfoque meramente de producción rural.
Un México con hambre de una política alimentaria y nutricional Ante este complejo escenario, las estrategias gubernamentales están destinadas al fracaso mientras no exista una política pública alimentaria y nutricional integral, de manera que los esfuerzos en la Secretaría de Salud sean vinculantes con SAGARPA, y a su vez, sean integrados a una política social bajo la coordinación de SEDESOL con impacto en indicadores de resultados en materia educativa, económica, laboral y de salud; todo lo anterior con base en los derechos humanos.
La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), ahora Programa México sin Hambre, presentada en enero de 2013, se basa en cinco objetivos clave: • Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación. • Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez.
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• Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas. • Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. • Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. Si bien los objetivos de la CNCH se refieren a combatir el hambre y la desnutrición a través de la producción de alimentos, los mecanismos de acción sugeridos en el mismo documento quedarían lejos de alcanzar los objetivos. Asimismo, la Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, presentada en octubre de 2013, tiene por objetivo sentar las bases de política pública para hacer frente a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes en el país. La estrategia se sustenta en tres áreas específicas: salud pública (vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y comunicación educativa, y prevención); atención médica (calidad y acceso efectivo); y regulación sanitaria y política fiscal (etiquetado y publicidad de alimentos y bebidas, y medidas fiscales).
A pesar de que la Estrategia resulta un gran paso hacia la integralidad de las acciones encaminadas al control y la prevención de la obesidad y la diabetes, con un enfoque en la alimentación saludable; omite por completo la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos sanos y la garantía de anticiparse al daño metabólico en población, se queda muy corta en la correcta definición e instrumentación de los criterios utilizados principalmente en las regulaciones de etiquetado y publicidad, sin retomar las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, lo que ocasionará mayores problemas en la salud. Asimismo, en el tema de las medidas fiscales (IEPS a bebidas azucaradas y comida con alto aporte calórico), se necesita etiquetar los recursos recaudados para invertirlos en la salud de la población, mejorar su alimentación y proveer agua potable de manera gratuita en escuelas y espacios públicos. Por su parte, la Reforma al Campo, la cual se encuentra en construcción, carece de un enfoque alimentario y nutricional, basado en derechos humanos. Hasta el momento, los foros y espacios de consulta pública, se han enfocado en una visión de aumento de la producción rural.
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Propuestas Buscando la integralidad y abordando el sistema alimentario en su totalidad, estas son las propuestas que hacemos al Gobierno Federal:
1 Producción de alimentos n
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Incrementar la producción de alimentos básicos y estratégicos para una adecuada, sana y accesible alimentación de los mexicanos y fijar metas nacionales de producción con el fin de reducir en el periodo 2014-2020 un 35% el nivel de importaciones. Establecer polígonos de producción emergente que incluyan a aquellos territorios ubicados en zonas de riego y de temporal, que tienen un mayor potencial productivo pero que muestran un nivel de abandono y de estancamiento en rendimientos y productividad. Con esto se construirían nuevas zonas de prosperidad agrícola. Desarrollar un programa de producción de productos agrícolas orgánicos, aprovechando para ello las experiencias internacionales y nacionales exitosas en zonas donde predominan los pequeños agricultores.
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Monitorear y limitar el uso de agrotóxicos, principalmente los considerados sumamente peligrosos y muy peligrosos.
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Promover el uso de fertilizantes orgánicos y control integral de plagas.
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Implementar un programa nacional de compras consolidadas mediante la importación de fertilizantes, con la finalidad de disminuir los costos de intermediación por un volumen no menor al 50% de los fertilizantes importados anualmente y que se destinen prioritariamente a los productos básicos y estratégicos.
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Establecer un mecanismo de control de precios de los fertilizantes para que sean accesibles a los productores nacionales y evitar la concentración de mercado por empresas privadas.
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Fortalecer el programa para la inversión de maquinaria y equipo con el objetivo de sustituir el 50% de los tractores con una antigüedad igual o mayor a 10 años.
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Sustituir equipos electromecánicos de bombeo agrícola y así reducir el consumo de energía eléctrica y maximizar la eficiencia energética en las actividades agropecuarias, redireccionando los recursos públicos a otras actividades productivas, estableciendo una meta anual de 10 mil equipos electromecánicos y llegar a 2018 con el 50% de equipos nuevos.
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El Ejecutivo Federal debe establecer precios y tarifas de estímulo a la energía eléctrica, en base a la Ley de Energía para el Campo, para el periodo 2014 - 2018 que permita la rentabilidad de las actividades agropecuarias. Éste se publicará durante el primer semestre tomando como base las actuales tarifas 9CU y 9N.
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Crear una empresa pública para la producción y distribución y venta de semillas de cultivos básicos y estratégicos con el fin de incentivar la competencia del mercado nacional de semilla. Esta empresa debe basarse en el principio precautorio del convenio de Cartagena.
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Crear un fondo federal que garantice con el 15% de los recursos destinados a los programas
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hidráulicos e hidroagrícola a la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos hídricos y energías alternativas, así como sus recursos asociados; facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales. n
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Como una acción preventiva CONAGUA en coordinación con CFE, deben determinar los usuarios de aprovechamiento irregular de aguas para la suspensión inmediata del suministro de energía eléctrica para uso agrícola, pudiendo con ello obtener un ahorro de hasta del 30% a nivel nacional y establecerá las sanciones administrativas y penales por el aprovechamiento ilegal del agua. Se debe establecer un programa nacional de obras de conservación de suelo y agua, priorizando las cuencas hidrológicas sobreexplotadas, con el fin de garantizar e incentivar la restauración ecológica y recarga de acuíferos, la disminución del impacto de lluvias y sequias, el control de inundaciones y la captación e infiltración de agua. Con el fin de reducir el consumo de agua, se necesita un programa plurianual de tecnificación de riego, estableciendo una meta mínima anual de 300 mil hectáreas, con el fin de garantizar a 1.5 millones de hectáreas de riego tecnificado como meta a 2018. Conservar in situ la gran diversidad de maíces tolerantes a diferentes estreses ambientales puede proporcionar seguridad frente a eventos climáticos extremos, además de fomentar la soberanía alimentaria. Crear programas de capacitación e incentivo a prácticas que incrementen la salud de los suelos
y por ende la capacidad de retención de agua y de captura de carbono, para reducir o, en las regiones que lo permitan, eliminar el uso de fertilizantes sintéticos, uno de los mayores retos de mitigación para los sistemas agrícolas industriales. n
Privilegiar la investigación destinada a mejorar la calidad de vida de los productores de los cuatro estratos más bajos, estableciendo programas para investigación de sistemas agroecológicos, considerando las particularidades regionales prevalecientes en el país.
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Reconocer a los pequeños agricultores como actores fundamentales a tener en cuenta en el diseño de políticas públicas, atendiendo sus necesidades tanto de acceso a insumos, créditos y financiamiento, como de acceso al conocimiento y capacitación.
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Incentivar la investigación pública para la adaptación de semillas nativas.
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Implementar un programa de extensionismo rural diferenciado, acorde a la tipología de los productores para que sea apropiado y eficaz, con la participación de técnicos contratados por el Estado, pero bajo la responsabilidad de las organizaciones campesinas y campesinos, con experiencia y conocimiento que puedan atender a otros productores.
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Modificar las reglas de operación de los principales programas de apoyo al campo y créditos rurales, esto con el fin de hacerlos accesibles a las mujeres que son responsables de las unidades de producción rural, a pesar de no ser necesariamente las propietarias de la tierra.
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Integrar una perspectiva de género en las políticas agropecuarias, tomando en cuenta las condiciones actuales de las mujeres rurales y fenómenos como la feminización del campo.
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2 Comercialización n
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Impulsar el desarrollo de sistemas eficientes de comercialización para lograr la inserción a los mercados locales, regionales y nacionales de los pequeños productores ya que las enormes asimetrías entre los diferentes estratos se acentúan para los de menor escala y en las regiones del centro y sur-sureste del país. Lograr la participación urgente de un nuevo competidor de carácter público. Esta empresa debe fungir como acopiadora, comercializadora y sistema nacional de compras públicas, asegurando una participación en los próximos dos años en hasta el 30% del almacenamiento y la comercialización de los seis productos básicos. Fortalecer el mercado nacional y llevar a cabo una sustitución creciente de importaciones sobre la base de incrementar los rendimientos y elevar
la competitividad en toda la superficie de cultivo y de producción alimentaria. n
Avanzar hacia una política sectorial que ponga énfasis en mejorar los canales de distribución, aumentar la reducida infraestructura de almacenamiento y transporte, así como reducir los altos costos de intermediación que afectan gravemente a estos productores.
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Exigir a los organismos reguladores ejercer castigos a la colusión en la fijación de precios o en el abuso de la posición dominante que se utiliza para restringir abasto, segmentar y distribuir mercados, obteniendo rentas monopólicas
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Fomentar el comercio y la accesibilidad de productos orgánicos y campesinos, en redes de comercialización local sin intermediarios.
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3 Aprovechamiento y nutrición n
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Garantizar el derecho a la alimentación, con una visión de bienestar y florecimiento humano como elemento transversal en toda la política pública. Se necesita una ley que reglamente el derecho a la alimentación para definir su garantía así como la ruta de exigibilidad y justiciabilidad. Aplicar la inteligencia epidemiológica para la detección oportuna del daño al estado nutricional, la atención focalizada del daño, la supervisión de los resultados y la mejora continua de los indicadores de resultados con transparencia y rendición de cuentas. Establecer las condiciones indispensables para el ejercicio del derecho a ofrecer y recibir lactancia materna como base de la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Asegurar una relación directa entre las políticas, planes, programas, estrategias y reglas de operación de alimentación con las de salud y producción de alimentos, principalmente aquellas enfocadas en contrarrestar los daños colaterales de la mala nutrición, de forma prioritaria: sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes y daño metabólico. Asegurar el acceso y la disponibilidad de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad en todas las etapas de la vida; de forma prioritaria a la población en los extremos de la vida, pueblos originarios, poblaciones rurales y en pobreza. Definir una lista de alimentos prioritarios para producir y consumirlos a favor de la salud humana y el crecimiento económico sustentable y sostenible.
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Reglamentar la disponibilidad de alimentos y bebidas con alto aporte calórico, de grasas, azúcares y sodio; para desalentar su consumo y evitar una competencia desleal con productos prioritarios mexicanos.
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Implementar un etiquetado comprensible de alimentos y bebidas para identificar productos de riesgo para la salud, esto es, declarar contenido de grasas trans, tipo de azúcares utilizados, ingredientes de origen genéticamente modificado, calorías vacías y sodio excesivo.
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Prohibir la publicidad de alimentos y bebidas dañinos, en particular los anuncios dirigidos a público infantil menor de 16 años.
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Diseñar estándares de producción de alimentos de acuerdo a las necesidades nutricionales a nivel poblacional, que permitan sentar las expectativas de consumo, ligadas a las políticas de acceso y disponibilidad de alimentos.
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Asegurar el abasto y saneamiento de agua potable para consumo humano, así como el control de puntos críticos de higiene en alimentos fuera del hogar.
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Garantizar una coordinación intersecretarial en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas destinadas a mejorar la alimentación, asegurando mayor eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
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Garantizar la asignación efectiva de recursos suficientes para mejorar la alimentación y el estado nutricional de la población dentro de las partidas presupuestales anuales del paquete fiscal y en la ley de ingresos, de discusión y modificación anual.