Biden anuncia ampliación del acceso de los dreamers a Medicaid y Obamacare Un enemigo común: Estados amigos del narcotráfico

Esta acción de apoyo a los dreamers por parte de la Casa Blanca se produce cuando el programa DACA está en peligro legal y la cantidad de personas elegibles se ha ido reduciendo. Los beneficiarios de DACA pueden trabajar legalmente y pagar impuestos, pero no tienen estatus legal y se les niegan beneficios disponibles para estadounidenses y extranjeros que viven en EEUU.

Por: El “Buho T”

Washington DC.- El presidente Joe Biden anunció este jueves que su gobierno ampliará la elegibilidad para Medicaid y las ofertas de seguros médicos de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio a cientos de miles de inmigrantes traídos ilegalmente a EEUU cuando eran niños - los llamados ‘dreamers’. La acción permitirá a los participantes en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de la era del presidente Barack Obama, acceder a programas de seguros médicos financiados por el gobierno. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato ya que la administración no ha hecho el anuncio de forma oficial. “Son estadounidenses en cada aspecto, salvo por un papel (...) Tenemos que darle a los ‘dreamers’ las oportunidades y el apoyo que merecen”, dijo Biden en un video en Twitter. La iniciativa DACA de 2012 estaba destinada a proteger de la deportación a los inmigrantes traídos a EEUU por sus padres cuando eran niños pequeños y permitirles trabajar legalmente en el país. Sin embargo, los inmigrantes aún no eran elegibles para los programas de seguro médico subsidiados por el gobierno porque no cumplían con la definición de tener “presencia legal” en EEUU. Eso es lo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Biden intentará cambiar para fin de mes. Esta acción de apoyo a los ‘drea- mers’ por parte de la Casa Blanca se produce cuando el programa DACA está en peligro legal y la cantidad de personas elegibles bajo el programa se está reduciendo. Se estima que 580,000 personas todavía estaban inscritas en DACA a fines del año pasado, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU. Ese número es inferior al de años anteriores. Actualmente, las órdenes judiciales impiden que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU procese nuevas solicitudes. Las limitaciones de los beneficiarios de DACA El programa DACA se ha visto envuelto en desafíos legales durante años, mientras que el Congreso no ha podido llegar a un consenso sobre reformas migratorias más amplias. Los beneficiarios de DACA pueden trabajar legalmente y pagar impuestos, pero no tienen un estatus legal y se les niegan muchos beneficios disponibles para los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que viven en EEUU. En los últimos años, y sobre todo durante la pandemia de covid-19, millones de personas en el país se inscribieron en Medicaid, el programa que brinda cobertura de atención médica a los estadounidenses con menos recursos. El gobierno aumentó los subsidios federales para reducir el costo de las pólizas en el mercado de seguros de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés y popularmente conocida como Obamacare). El año pasado, solo el 8% de los estadounidenses no tenían seguro médico, según el HHS. Pero los beneficiarios de DACA, así como aquellos en el país sin documentación, tienen prohibido inscribirse en esos programas financiados por el gobierno federal. Aproximadamente la mitad de los aproximadamente 20 millones de inmigrantes que viven en EEUU sin documentación no tienen seguro, según una investigación de Kaiser Family Foundation. Difíciles negociaciones en el Congreso mientras Biden pide un camino a la ciudadanía.

El problema radica en que estos países y sus gobiernos atacan los componentes más visibles del narcotráfico moderno, dejando intactos los grandes movimientos de estas actividades ilícitas.

Por: Manuel Morales Alvarez CONADE

Durante la última década, en el continente Americano, se observa procesos de adaptación de varios Estados, es decir, gobiernos, hacia la colaboración encubierta con las actividades del narcotráfico. El caso de Bolivia es ilustrativo. El año 2008 Evo Morales expulsa a la DEA de este país y la actividad del narcotráfico cambia de escenario, con una masiva exportación de cocaína hacia los países vecinos del sur, es decir, hacia Brasil, Chile, Argentina y Paraguay, países desde los cuales salen cargamentos de drogas hacia Europa, Oriente Medio y África, vía contenedores, tal como lo evidencian diversas organizaciones que hacen el seguimiento a las denominadas

“nuevas rutas globales del narcotráfico”. El problema radica en que estos países y sus gobiernos atacan los componentes más visibles del narcotráfico moderno, dejando intactos los grandes movimientos de estas actividades ilícitas. Una prueba palpable de ello, es la escasa colaboración que los gobiernos de estos países realizan entre sí, para neutralizar estas actividades. Se sabe, que el país productor se queda con un 20% del flujo de capitales del negocio y que los países receptores obtienen un ingreso millonario por concepto de venta de cocaína y su inserción en el mercado financiero a través del lavado ilícito de capitales ligados al rubro. Para enfrentar esta problemática, debe implementarse mecanismos regionales de lucha contra el narcotráfico y el lavado ilícito de capitales provenientes de este negocio.