Plataforma/ Planificación Urbana y Seguridad Ciudadana

Revista 01 Noviembre 2010

Pensar la ciudad para la convivencia



Ensayo, reflexión y buenas prácticas sobre la planificación urbana y la seguridad ciudadana.

Escriben: Javiera Díaz, Elkin Velásquez, Norma Maray, Juan Felipe Palau.

Páginas 6 -19

 Participación de jóvenes en políticas públicas Escribe: Josep Lahosa

Páginas 20 -25

2 // Revista 01 / noviembre 2010

Staff Director: Martín Appiolaza Consejo editorial: Gustavo Paulsen Javiera Díaz Consejo científico: Alberto Binder Ignacio Cano Lucía Dammert Roberto Follari Enrique Font Josep Lahosa Claudia Laub Elkin Velásquez Franz Vanderschueren Diseño Gráfico: Betina Ramirez Bustelo

Equipo de Coordinación de la red Plataforma de Ciudades: Gustavo Paulsen Javiera Díaz Norma Maray, Antonella Galarce Rosa María Olave Ezio Mosciatti Juan Carlos Ruiz

PLATAFORMA es una publicación de la red Plataforma de Ciudades. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente son compartidas por las instituciones que participan.

Revista 01 / noviembre 2010 // 3

 Editorial

SUMARIO

Este es el primer número de la revista PLATAFORMA Por Martín Appiolaza Director de PLATAFORMA

L

a publicación ha sido concebida como un instrumento que se propone la reflexión y la difusión de experiencias respecto a la planificación y la seguridad urbana. Su contenido se nutrirá de ensayos, columnas de opinión, buenas prácticas y también referencias bibliográficas importantes, que no siempre están disponibles en los distintos países. ¿Por qué hacer esta revista? Porque las instituciones gubernamentales y académicas que intervienen en el proyecto Plataforma de Ciudades coinciden en que hay un déficit de información respecto al tema de planificación urbana en relación con la seguridad ciudadana. Sin embargo hay un interesante cúmulo de investigadores, producción teórica

y experiencias. Creemos que conectar conocimiento e interesados redundará en fortalecer las gestiones de los gobiernos locales en la temática.

Con la intención de garantizar un nivel relevante, se ha conformado un comité científico formado por especialistas como Enrique Font, profesor de la Universidad Nacional de Rosario y subsecretario de Participación Comunitaria en el Gobierno de Santa Fe, Argentina; Elkin Velásquez, coordinador global del programa Ciudades más Seguras de ONU Habitat; Ignacio Cano, de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro; Lucía Dammert, directora del programa de Seguridad y Ciudadanía de FLACSO Chile; Josep Lahosa, Director de Servicios de Prevención del Ayuntamiento de Barcelona y secretario ejecutivo del Foro Español para la Prevención y la Seguridad Urbana; Alberto Binder, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Claudia Laub, directora de la Asociación El Ágora; Roberto Follari, de la Universidad Nacional de Cuyo.

El primer número de PLATAFORMA va al fondo sobre la relación entre la pla-

nificación urbana y la seguridad ciudadana con un texto de Javiera Díaz. La complementa un análisis de Elkin Velásquez, que valora la gestión urbana como aporte a la seguridad. La gerente de Seguridad Ciudadana de Peñalolén, Norma Moray, y el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Felipe Palau, relatan de qué modo en sus alcaldías se han articulado la planificación en función de la convivencia.

PLATAFORMA también incluye un texto de Josep Lahosa, sosteniendo que son necesarios los procesos participativos que incluyan a niños, niñas y jóvenes si se pretende diseñar políticas que los afecten. En este mismo sentido, se ofrece una experiencia en Mendoza de trabajo de jóvenes artistas urbanos de la cultura del hip hop enseñando derechos humanos incidiendo contra la discriminación. El número cierra con el comentario de Javier Ávila del Centro de Estudios de Seguridad Urbana sobre el libro “Sentimiento de inseguridad” de Gabriel Kessler.

Ciudades democráticas, incluyentes, con gestiones planificadas desde una perspectiva de la convivencia son también ciudades más seguras. Estas son las ideas que cruzan a PLATAFORMA y a todo el proyecto Plataforma de Ciudades. Estamos en contacto.

Tema de tapa

Mirada transversal

Lectura

 editorial// Martin appiolaza

2

 Plataforma de Ciudades: cooperación descentralizada y seguridad ciudadana // Gustavo Paulsen

4-5

 Pensar la ciudad // Javiera DíaZ

6-13

 Mejor gestión urbana sostenible para enfrentar los retos en seguridad ciudadana y convivencia // Elkin Velásquez

14-15

 Medellín, una ciudad que avanza hacia un modelo de seguridad para la convivencia // Juan Felipe Palau

16-17

 De la inseguridad ciudadana al desarrollo de la cultura de la prevención // Norma Maray,

18-19

 Escuchar a los jóvenes para no fracasar // Josep M. Lahosa

20-23

 Una Cooperativa del Hip Hop para la prevención de la violencia // Martín Appiolaza

24-25

Sociología del temor al delito // Javier Ávila

26-27

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 Editorial

Por Gustavo Paulsen, Coordinador de la Red Plataforma de Ciudades

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Plataforma de Ciudades: cooperación descentralizada y seguridad ciudadana La seguridad tiene un peso relevante en las demandas ciudadanas. Los gobierno locales reciben esa demanda y deben asumir estrategias de intervención. La planificación urbana, un tema que les compete, aparece imbricada con la problemática de la gestión de la violencia en las ciudades. La cooperación entre ciudades emerge como una oportunidad de aprender de otros y al mismo tiempo compartir capacidades y recursos. Gustavo Paulsen, coordinador de la red Plataforma de Ciudades, explica la evolución del proyecto y las próximas etapas.

E

n el panorama latinoamericano la seguridad ciudadana es un tema prioritario en la agenda política. Hasta el momento, las políticas públicas que enfrentan este fenómeno han enfatizado principalmente el control penal y policial, no obstante, esto ha llevado más que a la reducción de la violencia y criminalidad a un aumento de la respuesta represiva, un incremento de la población carcelaria en la mayor parte de los países, y la construcción de políticas de seguridad fragmentadas, excluyentes y, en ocasiones, excesivamente centralizadas; las cuales, además, desconocen la multicausalidad del delito y la violencia y son incapaces de

anticiparse a las transformaciones económicas, culturales y políticas que la globalización a puesto en evidencia.

Un análisis más profundo ha indicado que los problemas de seguridad se encuentran fuertemente asociados a problemáticas socio-económicas como la desigualdad social, desarticulación de lazos familiares y sociales, la baja calidad de la educación, la desconfianza en las instituciones, la segregación socio-territorial y la discriminación, entre otras cuestiones, que caracterizan a gran parte de los países latinoamericanos.

Al mismo tiempo, en este contexto, se ha constatado que la seguridad no es sólo un problema objetivo (comisión de

delitos) sino también subjetivo (percepción de inseguridad) y que, por lo tanto, no bastan las respuestas clásicas orientadas a reducir el fenómeno sino que es necesario un trabajo que apunte a la cohesión de la ciudadanía, la valorización de los lazos sociales de solidaridad, la certeza de los derechos y oportunidades sociales. Estas cuestiones si bien han sido ampliamente aceptadas por las retóricas políticas, no han tenido una formulación coherente por parte de las autoridades públicas.

Observamos, a su vez, que la responsabilidad creciente de los gobiernos locales en la gestión de las políticas públicas relacionadas con la calidad de vida, cohesión y seguridad de los territorios debe confrontarse

cotidianamente con un clima exaltación político­mediática de la inseguridad urbana que impone importantes desafíos a las administraciones, las cuales deben enfrentar problemáticas estructurales y planificar intervenciones en contextos de fuerte tensión.

En este escenario, las políticas de seguridad que privilegian esta mirada inclusiva, encuentran fuertes fortalezas en el ámbito local, pues es en ese contexto político territorial, que se dan oportunidades para la construcción de la seguridad y la cohesión en términos de conocimiento de la realidad, cercanía con la ciudadanía e integración de acciones públicas en el territorio. Asimismo, en este nivel institucional se han detectado capacidades, que unidas al adecuado liderazgo político, han mostrado significativos éxitos en la disminución de los índices de criminalidad y violencia. Experiencias que es necesario estudiar, fortalecer y difundir, de tal modo que nutran otras iniciativas de intervención local.

En este sentido, la seguridad ciudadana y las políticas asociadas son, fundamentalmente, un desafío para nuestras democracias que debe ser afrontado desde una visión política y no sólo técnica. Hasta ahora los modelos implementados han mostrado una tendencia a supeditar y disfrazar esta visión con una supuesta neutralidad y objetividad en los análisis, desde la construcción de consensos basados en el temor, y desde la legitimación de políticas ineficaces pero ‘vendibles’ a corto plazo (más cárceles, más penas, más policías). Este desafío político constituye el motor de Plataforma de Ciudades y los gobiernos locales socios, donde se explicita que asumir el tema

como prioridad no puede convertirse en un objetivo electoral sino más bien en un estímulo para el desarrollo democrático transversal.

Asimismo, esta iniciativa impulsada por la Diputación de Barcelona, cuenta con socios europeos; los cuales, teniendo problemáticas comparables, comparten también una visión común de la seguridad ciudadana y del rol que, en las políticas que aborden este fenómeno, tiene los gobiernos locales.

En este contexto se ha llevado a cabo un proceso de construcción colectiva de metas y objetivos donde destaca una visión política de largo aliento que entiende la Plataforma como una “Red permanente de cooperación descentralizada entre gobiernos locales y otras entidades, de América Latina y Europa, que se constituye en referente de las políticas públicas innovadoras, transversales, inclusivas y democráticas, incrementando la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes”.

Se ha compartido y explicitado la necesidad de generar un espacio de coordinación permanente de gobiernos locales y actores relevantes orientado a la producción e intercambio de experiencias, a través del diálogo, la reflexión e investigación de temáticas de interés común, donde la seguridad ciudadana y la cohesión social ocupen lugares centrales.

La plataforma propuesta pretende constituir un instrumento de comunicación, asesoría y formación al servicio de las administraciones locales en el desarrollo de políticas y estrategias de planificación urbana orientadas a la construcción de ciudades democráticas

y seguras. Teniendo incidencia en las políticas públicas en diversos niveles: nacional, regional y local, es decir tanto en las propias ciudades socias como en otras ciudades y países.

El objetivo principal de este primer período (20092010) ha sido consolidar una Red de ciudades capaz de constituirse en referente de las políticas públicas locales en torno a las temáticas de seguridad ciudadana desde una visión transversal, inclusiva y democrática de las mismas.

El principal objetivo de la segunda fase que inicia en 2011 es consolidar una red internacional descentralizada de gobiernos locales como centro de recursos para políticas públicas locales en temas de seguridad ciudadana, planificación urbana y comunicación social; y, junto con ello, construir una agenda política iberoamericana de la seguridad ciudadana local.

Para este fin se han desarrollado diversas iniciativas de cooperación y trabajo en red que han permitido consolidar un espacio virtual de producción y difusión de información y prácticas, se han realizado seminarios internacionales para el intercambio y discusión de agendas políticas en esta línea, entre otras actividades que han puesto al centro la cooperación descentralizada y la innovación política y técnica en la materia.

Además, actualmente se están desarrollando tareas de documentación y producción académica en torno a las temáticas de la Red, donde la presente revista viene a cumplir un rol fundamental de articulación entre política pública y producción académica necesario de desarrollar si deseamos afrontar en forma profunda y a largo plazo las problemáticas que aquejan a nuestras ciudades.

Se hace necesario consolidar también una agenda política a mediano y largo plazo, es por esto que el principal objetivo de la segunda fase que inicia en 2011 es consolidar una red internacional descentralizada de gobiernos locales como centro de recursos para políticas públicas locales en temas de seguridad ciudadana, planificación urbana y comunicación social; y, junto con ello, construir una agenda política iberoamericana de la seguridad ciudadana local.

Confiamos en que este medio de comunicación será una herramienta esencial en este proceso de articulación regional.

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 Tema de tapa: ensayo

Propio del pensar es no sólo el movimiento de las ideas, sino también su suspensión.

Walter Benjamín Tesis XVII

Por Javiera Díaz Asesora de Plataforma de Ciudades

P

lanificar es una de las tareas fundamentales de las administraciones locales, no obstante, esta es una tarea viva, continua y cotidiana que debe enfrentarse constantemente a los cambios del tejido social, a las nuevas exigencias de los habitantes, a los conflictos emergentes en las relaciones de convivencia, en definitiva a un proceso acelerado de transformaciones culturales, sociales, políticas, territoriales y económicas.

Dicha tarea entonces implica reflexiones no sólo administrativas, políticas y técnicas, sino también epistemológicas respecto de la ciudad, el espacio y aquello que definimos como urbano, pues no es posible ni tanto menos deseable la neutralidad. Planificar es tomar una posición respecto de las transformaciones globales y de aquellas locales, respecto de los cambios voluntarios e involuntarios de las ciudades y sus habitantes, de las normas y de los intereses políticos y económicos que las sustentan.

La larga data y heterogeneidad de los estudios ligados al análisis y descripción del espacio humano, y en particular del nacimiento de las ciudades y de la vida urbana, hacen difícil su sistematización obligándonos, en este recorrido preliminar, a acotar la reflexión al ámbito de nuestro interés, esto es los estudios, disciplinas y escuelas que se atribuyen la particular tarea de estudiar y contribuir a la gestión del espacio urbano.

Al mismo tiempo, será relevante analizar aquellos postulados que declinan la lectura

Pensar la ciudad ¿Planificar las ciudades? Esta es una de las preguntas con la que inició el proyecto Plataforma y que a su vez abrió un espacio de reflexión respecto a los procesos de planificación de los gobiernos locales en torno a la temática de seguridad y, más ampliamente, en relación al desarrollo democrático de las ciudades. En este sentido, dicha interrogante apunta a una mirada crítica respecto de la gestión urbana, la cual, muchas veces, responde a políticas centrales desvinculadas del territorio o bien a planificaciones que tienden a cristalizar las ciudades en búsqueda de una homogeneidad ficticia que, a su vez, tiende a evidenciar, paradójicamente, las desigualdades. hacia los conflictos urbanos ligando espacio con criminalidad, violencia e inseguridad..

En este sentido, se propone actualizar una reflexión crítica respecto de algunos modelos teórico-prácticos que han inspirado interpretaciones, planificaciones e intervenciones urbanas en muchas ciudades de América Latina y Europa, cuyos resultados si bien no han sido unívocos en muchos casos han contribuido a exacerbar las desigualdades, el temor y la estigmatización de grupos sociales, reflexión que se retiene fundamental para generar lecturas desde lo local comprometidas con una visión política alternativa que valorice la diferencia, estimule el diálogo y la construcción colectiva de seguridad democrática.

Lo que nos interesa evidenciar aquí es cómo la producción disciplinaria -sociológica en este caso- y las formas de intervención, planificación y gestión que de ellas

se derivan, puede contribuir a naturalizar mapaturas que no son de hecho naturales, ni neutrales, pero que, al ser revestidas de un estatus científico, son difíciles de contrarrestar a partir de las críticas específicas a ciertas políticas locales, muchas veces requieren de una crítica global a las disciplinas e investigaciones que las sustentan. Al mismo tiempo, es relevante subrayar cómo enfoques críticos y abordajes interdisciplinares puede abrir espacios de reflexión horizontales y contribuir a una planificación urbana local inclusiva.

En línea con lo anterior, postulamos que es relevante revisar algunos postulados, textos y autores que nos ayuden a interpretar las representaciones de las investigaciones y de las políticas respecto de la gestión de los espacios. En este artículo presentaremos un marco general de los estudios urbanos de corte sociológico de mayor influencia en América Latina, a saber, aquellos postula-

dos por algunos exponentes de la escuela sociológica de Chicago de inicios del siglo XX. También incluiremos dos recuadros que ejemplifican intervenciones y prácticas que se han inspirado en sus principios. Incluiremos algunas de las principales críticas a estos modelos con la intención, final y al mismo tiempo preliminar, de repensar, desde la política global y local, la ciudad.

Epistemologías (teorías prácticas) de la ciudad

y

La ciudad como escenario de reflexión sociológica es prácticamente contemporánea al nacimiento de dicha disciplina. Ya en la disertación doctoral de Max Weber (1889) la ciudad aparece como “pretexto” para analizar las formas de poder y relaciones económicas impuestas por el capitalismo, ciudad y política son ideas que en la sociología comienzan a relacionarse desde un inicio, así como la cuestión social y económica vinculada a las relaciones de poder que emergen, o más bien configuran, las ciudades1.

No obstante, los estudios de la ciudad y de las consecuencias de la vida urbana en las sociedades tiene antecedentes más antiguos. Engels por ejemplo centró algunos de sus trabajos en el análisis de los efectos del desarrollo de las ciudades en las clases trabajadoras2 y en el problema de la vivienda (1872/1887), por su parte Marx, quizás en forma más secundaria, abordó las relaciones campo/ciudad y la influencia de los modos de producción en las formaciones urbanas3. Podemos encontrar a su vez estudios de historiadores que analizan la vida

1 En propósito destacamos Engels (1840) Marx (1850) Simmel (1903) Weber (1899) Pirenne (1910/1915-1930) [referencias en Urrutia p.8-9] 2 The conditions of the workimg class in England, 1845 3 Las formaciones económicas precapitalistas,1850. Al respecto ver también Holton, R. (1986) Cities, Capitalism and Civilization. Allen and Unwin

en las ciudades medievales4 e incluso en épocas precedentes5.

Ejercer el poder en todas las formas era la esencia de la civilización; y la ciudad halló decenas de modos de expresar la lucha, la agresión, la dominación, la conquista... y la servidumbre6.

Casi desde su primer momento de existencia, la ciudad, a pesar de su apariencia de protección y seguridad, fue acompañada no sólo de la previsión de un asalto desde afuera sino también de una lucha intensificada en su interior: un millar de pequeñas guerras se hicieron en la plaza del mercado, en los tribunales, en el juego de pelota o en la arena. Heródoto fue testigo ocular de una sangrienta lucha ritual con garrotes entre las fuerzas de la Luz y las de las Tinieblas, que se celebraba en el interior de un templo egipcio.

Nos focalizaremos a continuación en algunas nociones espaciales y urbanas que se han traducido en enfoques pragmáticos respecto de la gestión de los espacios, específicamente nos interesaremos por aquellas que se han centrado en la temática de la seguridad e inseguridad de los mismos y que han tenido un impacto importante en las ciudades europeas y latinoamericanas: el modelo ecológico y sus derivaciones. Incluiremos dos recuadros que ejemplifican cómo la gestión de la seguridad comporta estrategias diferenciadas por clase, lo cual tiende a sustentar las mapaturas hegemónicas que se reproducen en las ciudades, esto es norte y sur, centro y periférica, en definitiva, sectores ricos y pobres.

La criminalidad, y su asociación a áreas específicas de las ciudades, representa un aspecto prioritario de influencia de estos planteamientos, lo que llamaremos la territorialización de la criminalidad y la inseguridad. Enfoque que, a su vez, pone

4 Por ejemplo los textos de William Bowsky (1981) Jacques LeGoff (1946) y Fritz Rörig (1967) 5 Ver Mumford, L. (1961) La Ciudad en la Historia. Ediciones Destino, Buenos Aires, 1966.

6 Mumford,1961

de manifiesto las relaciones de clase que se revelaban en tal tipo de asociaciones o contactos diferenciales7.

Dotar a la violencia de un territorio significa una victoria, en tanto confiere la ilusión de que aislando el territorio se combate la violencia (Reguillo-Cruz, 2002: 56) Prevenir las ventanas rotas Las teorías criminológicas de raíz sociológica, principalmente en los Estados Unidos, insertaron un nuevo elemento a los análisis del fenómeno criminal, en términos generales podríamos decir que contextualizan su lectura en relación a ciertos fenómenos urbanos.

Así, la teoría de las Ventanas Rotas (Broken Windows, de Wilson y Kelling) plantea que conductas incivilizadas de menor gravedad, y no necesariamente constitutivas de delito (por ejemplo la vagancia), al no ser controladas a tiempo pueden producir un deterioro progresivo de los barrios y, con el tiempo, pueden llegar a transformarse en verdaderos “ghettos”. Esta visión, y sus distintas derivaciones, pone el acento en la necesidad de controlar estas conductas en pro de evitar un desorden social mayor, involucrando dos cuestiones básicas: la necesidad de que la comunidad ejerza realmente un control social informal que permita prevenir un desorden mayor, logrando la identificación de la comunidad en torno a su diferenciación respecto de otros que encarnan dichas conductas indeseadas, y la importancia del espacio compartido y de la actuación -apropiación y acción- en el mismo como forma de evitar su deterioro.

Esta teoría tuvo gran influencia en las perspectivas preventivas de la criminalidad, que si bien en la actualidad no se corresponden exactamente con los postulados planteados por Wilson y Kelling, en su base subyacen algunos de sus principios, como por ejemplo: ampliar la esfera de análisis de

7 Ver Bergalli, R. (2006) en la presentación de ‘Emergencias Urbanas’, Desafíos 3-4, Anthropos, Barcelona, p. 10

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la criminalidad más allá del marco jurídico involucrando a nuevos actores.

En los últimos veinte años hemos comenzado a ver el surgimiento de una serie de nuevos especialistas que constituyen el personal de esta aún incipiente y mal definida serie de instancias (…) Las ideas derivadas de la prevención situacional del delito, de la teoría de las actividades rutinarias y de la criminología ambiental influyen cada vez más en su forma de pensar y actuar (…)

En la medida en que “el gobierno” logra organizar, aumentar y dirigir las capacidades de control social de los ciudadanos, empresas y comunidad, extiende simultáneamente el alcance de la actividad de gobernar y transforma su modo de ejercer el poder.

(Garland, 2004: 285).

Una definición de prevención del delito, utilizada con frecuencia, es la de Van Dijk que la entiende como “...todas las políticas, medidas y técnicas, fuera de los límites del sistema de justicia penal, dirigidas a la reducción de las diversas clases de daños producidos por actos definidos como delitos por el Estado” (1990: 205). Aquí se incorporan dos nociones importantes, la primera dice relación con la distancia que -al menos teóricamente- tendría la prevención respecto de las medida de control punitivo del Estado; no obstante, es importante recordar que gran parte de las iniciativas de prevención implementadas tienen como actor principal a las policías, lo cual implica que la prevención ha sido en gran parte asumida por instituciones públicas de orden. En segundo lugar, habría que poner atención en el hecho que no siempre son delitos los que son percibidos como daño por un determinado sujeto, lo cual nos remite necesariamente a ampliar tal definición a las percepciones ciudadanas, a la opinión pública y al debate político contingente, en definitiva más que reducir el monopolio estatal se amplia el espectro del control hacia nuevos espacios (público y privados) y nuevos actores. “La soberanía estatal respecto a la criminalidad es, al mismo tiempo, negada y simbólicamente reafirmada” (Garland, 2004: 242).

A su vez, la prevención se ha clasificado de diferentes formas de acuerdo a la focalización en el ambiente (prevención situacional), en las relaciones sociales (pre-

Respuesta situacional para los sectores altos: barrios cerradosciudades privadas vención social) y en la vida comunitaria (prevención comunitaria). Para los fines del presente artículo, es relevante centrar el análisis en la prevención situacional y en algunos aspectos de la prevención comunitaria que confluyen en las perspectivas preventivas en el espacio urbano.

La estrategia de prevención situacional data de los años ochenta en el mundo anglosajón (bajo el modelo político neoliberal), portando una visión criminológica del delito que lo vincula a las oportunidades existentes en el medio para la perpetración de acciones transgresoras de la norma, aquello que se conoce como “delitos de oportunidad”. A la base se encuentran las teoría de la elección racional (Rational Choice8) que postulan un modelo “económico del crimen”. Esta teoría si bien da cuenta de una novedad en el análisis de la criminalidad, su visión extremadamente individualista retoma las visiones de la criminología clásica. ...como señala críticamente O`Malley (1992) es el “individuo abstracto, universal y abiográfico”, el “homo economicus” de la economía política clásica trasladado al pensamiento neoconservador sobre el delito, divorciado totalmente del contexto social o estructural (Sozzo, 2004: 109).

El ‘Designing out crime’ de los años 70 en Estados Unidos se acerca en mayor

8 La Rational Choice Theory tiene origen en Ciencia Política, su aplicación a los estudios de sociología jurídica postula un modelo “económico del crimen”; es decir, existiría por parte del infractor un análisis costo-beneficio que lo lleva a concluir que la mejor elección es transgredir la norma, pues sus costos son menores y sus beneficios mayores que los costos y beneficios de respectar la ley

medida a lo que hoy se conoce como prevención situacional, en tanto postula la existencia de un vínculo entre la criminalidad y el diseño urbano y arquitectónico de las ciudades. A partir de estos postulados se desarrolla la “prevención del crimen a través del diseño ambiental” (CPTED) y aparece un concepto fundamental subyacente al enfoque de prevención situacional, a saber, el concepto de “espacio defendible” para referirse a aquellas comunidades que físicamente expresan una barrera hacia el delito.

Esta visión no alcanza a superar la visión positivista que califica como anormal la conducta criminal, pues tiende a caer en determinismos socio-ambientales que muchas veces llevan a estigmatizar ciertos territorios y a sus habitantes. En este sentido, muchas de las intervenciones planteadas en este marco incentivan la exclusión de ciertos grupos (Designing out), la transformación del espacio en un lugar en permanente vigilancia al estilo panóptico (cámaras de vigilancia), la transformación del ciudadano en guardián (guardias ciudadanas) y la identificación del mismo con el lugar de víctima potencial.

Si bien, en general, se reconoce que estas perspectivas de la criminalidad y la prevención no son capaces de enfrentar el problema de fondo, están muy vigentes en la actualidad conduciendo muchas veces a la “limpieza de ciertas zonas”, muy iluminadas y con vigilancia permanente que, aunque se reconocen como paliativos reaccionarios poco efectivos, en el sentido de que produce el desplazamiento de las conductas, o más bien de los sujetos “indeseados”, hacia otros territorios, no dejan de alimentar un mercado de alarmas, luminarias, guardias y sectores residenciales cerrados.

“Ante la creciente sensación de peligro de las grandes ciudades aparece cada vez más claramente la solución de inventar un nuevo entorno donde se segreguen los iguales, guetos deseados de felicidad” (Borja, 2003: 190) Si bien no existe una única visión respecto a las causas del desarrollo masivo de las urbanizaciones cerradas en distintas partes del mundo, su relación con la seguridad, ya sea como causa o como efecto, es bastante evidente si se tiene en cuenta que dichos espacios incluyen elementos como la seguridad privada, la división y diferenciación de otros espacios aledaños, el control de accesos, y la aspiración de construir comunidades homogéneas capaces de defenderse de los ‘otros’.

Las urbanizaciones cerradas no son propias de los estratos sociales altos; de hecho, en las grandes ciudades de América Latina existe un gran número de barrios pobres y marginados que han adoptado estas estrategias de cercamiento con el objetivo declarado de defenderse y diferenciarse. No obstante, el anhelo de mejorar la calidad de vida, acceder a mejores servicios y formar una comunidad de elite son elementos a los cuales no acceden los estratos socioeconómicos bajos aunque cierren sus lugares de residencia, lo que además comporta gastos que sólo ciertos sectores pueden costear.

No cabe duda que el desarrollo de urbanizaciones cerradas porta un importante componente de participación comunitaria, en tanto son los propios residentes los que se organizan para generar y mantener sus condominios o barrios privados. Al mismo tiempo, también entran en juego elementos

que son considerados preventivos, tales como aparatos de vigilancia electrónicos y privados, la instalación de alarmas, cercos electrificados, entre otros. Sin embargo, cabe preguntarse ¿cuáles son las consecuencias que trae este tipo de organizaciones: mnor inseguridad, mayor cohesión social, mejor calidad de vida y convivencia?

Un estudio de este fenómeno en la ciudad de Buenos Aires indica que: “…las reformas económicas de los años `90 que apuntaban a contraer el Estado mediante privatizaciones de empresas públicas y el desmantelamiento del sistemas social limitaron seriamente la capacidad de gestión estatal. La decreciente capacidad redistributiva del Estado sirvió para profundizar más la brecha entre ricos y pobres. Si tomamos como ejemplo la región metropolitana de Buenos Aires, ya antes del abandono del sistema cambiario fijo y la crisis económica actual, el 80% de los habitantes había sufrido pérdidas reales de ingresos en el último cuarto de siglo, mientras que sólo el quintil superior tuvo ganancias (Ciccolella, 1999; Welch, 2002). Estos procesos de polarización social se vieron reflejados en una nueva distribución espacial: cada vez más ciudadanos buscan una organización privada y eficiente de su vecindario que los provea de los servicios que antes eran públicos” (Janoschka, 2002).

La tendencia es, entonces, a la privatización de los servicios que anteriormente proveía el Estado, con lo que “La privatización de la seguridad aparece como un nuevo elemento relacionado no sólo con las urbanizaciones cerradas, sino también con lugares considerados “vulnerables””(Roitman, 2004: 7).

Participar para defender la ciudad Las teorías ecológicas tuvieron gran influencia en las perspectivas que enfatizan la necesidad de involucrar a la comunidad en la prevención, lo cual nos permite entender las visiones que hoy imperan respecto de la violencia urbana. Se propone el concepto de “comunidades patológicas” trasladando la visión del positivismo criminológico desde el individuo enfermo hacia la comunidad, produciendo así una visión profundamente determinista y estigmatizante. También la teoría de las ventanas rotas tiene su influencia aquí: la imagen que (...) proyecta es una “defensa comunitaria”, en la que la comunidad es atacada por los contra-valores del desorden que la impulsan al “espiral de la declinación”, identificados con los “extraños”, los que no pertenecen al ámbito comunitario, que representan una “invasión extranjera”’ (Sozzo, 2004: 125).

A la luz de estas visiones también aparecen las ideas de involucramiento de los ciudadanos, el llamado “empowerment” o empoderamiento de los habitantes en la prevención “en una suerte de “nuevo contrato social” por el cual las agencias estatales encargadas de ello –la policía- relegan parte de sus facultades en los ciudadanos”(Sozzo, 2004: 126). La comunidad comienza a asumir roles de control para los cuales no está preparada, convirtiéndose muchas veces en grupos de orden alternativos, armados y altamente represivos; conocidos son los linchamientos y los ajusticiamientos, constatándose un aumento de las muertes a manos de particulares justificadas en la defensa de las propias comunidades.

Intervenciones en esta línea, y que no siempre llegan a los extremos antes señalados, son los “neighbourhood watch” (NW) desarrollos principalmente en los años 80 en Estados Unidos e Inglaterra. “El NW implica básicamente una actividad de vigi-

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Respuesta situacional de los sectores bajos: Participación Organizada- Comunidad Armada

lancia de los vecinos del propio territorio que habitan y un canal ágil de información con la institución policial” (Sozzo, 2004.

129). Estas visiones, si bien de alguna manera intentan volver el conflicto hacia las comunidades y hacer que ellas se hagan cargo del mismo, no toman en cuenta que entregar herramientas bajo el precepto de la prevención, de vigilancia y control a la ciudadanía, puede tener consecuencias nefastas, más aún si se orientan a comunidades que son entendidas y tratadas como un conjunto de individuos con intereses privados.

Así, un dominio que era propio del Estado –la protección y defensa de la sociedad y sus ciudadanos- deja de ser exclusivo de éste y comienza a ser responsabilidad de diversos agentes (individuos, comunidad e instituciones privadas) y a jugarse en el espacio concreto que ocupan.

Bajo el supuesto de la necesidad de asumir corresponsablemente, tanto el Estado como la ciudadanía, la defensa o autodefensa ante las amenazas o los enemigos, se ampara el crecimiento de grupos de autodefensa civiles -los “vecinos vigilantes” o “vecinos alertas”- donde el vecino no es aquella persona con la cual se comparte una historia de solidaridad previa, sino sólo aquel ente anónimo que aparece cuando se hace necesaria la defensa del territorio común (Reguillo-Cruz, 2002). Esta relación está fundada en el miedo y peligro. Estas estrategias de supervivencia urbana frente a la percepción de intensificación de la violencia comparten fuertes dosis de intolerancia, represión discrecional y división social (Reguillo-Cruz, 2002).

‘En las comunidades o barrios donde estos actos se han registrado [linchamientos y ajusticiamentos] existe una estructura organizativa y mental que hace posible la movilización de las personas, de los recursos necesarios –gasolina, el fuego, los garrotes– y de los códigos comunes existentes, lo cual permiten actuar colectivamente incluso bajo lógicas de consentimiento’ (Gutierrez, 2001: 6).

Como veíamos en el recuadro anterior en los barrios cerrados más organizados los grupos de clase media y alta cuentan, en general, con capacidades para generar respuestas ante la sensación de indefensión, a través de la movilización de recursos propios para levantar muros que impidan el acceso a extraños, contratar sistemas de vigilancia privada y, en definitiva, construir sus propios espacios-fortaleza en pro de evitar, entre otras cosas, presencias indeseadas y la comisión de delitos dentro de las fronteras de sus urbanizaciones. Por su parte, los sectores más pobres, debido a la falta de recursos y posibilidades, en general tienden a optar por alternativas de “defensa” más “participativas”, donde el recurso son los propios vecinos organizados. Aquí encontramos estructuras con altos grados de organización como las patrullas vecinales, las rondas comunitarias, sistemas de alarmas comunitarias, y también formas de organización más espontáneas, en su gran mayoría reactivas.

Es claro que no toda organización comunitaria que nace con el objetivo de prevenir la criminalidad desemboca en formas de violencia, exclusión y justicia informal; no obstante, se ha constatado un importante número de organizaciones que caen en estas prácticas impulsadas por una sensación de impunidad y de abandono de parte de los sistemas formales de prevención y control, nos preguntamos no obstante hasta qué

punto la sensación de indefensión real (por la segregación, pobreza, desempleo, falta de vivienda, servicios de salud, etc) es reconducida hacia una sensación objetivable en el fenómeno delictual.

A su vez, los linchamientos, la justicia en mano propia y la represión ejercida por la ciudadanía, implica un alto grado de participación y organización; pues en gran parte de los casos se trata de acciones masivas que cuentan con la aprobación de la población. Y si bien el componente de control de estas organizaciones es evidente -principalmente en aquellas más radicales- no es posible entender estos fenómenos dentro de una concepción clásica del control social, a saber, como una serie de mecanismos que expresan un determinado sistema de valores y que se orientan a una mayor integración y cohesión social (Melossi, 1987 en Romero, 2002). Por el contrario, estos mecanismos de autoprotección no están referidos a una política comunitaria que toma la prevención en función del ejercicio del control informal de tipo socializador, sino más bien a perspectivas de eliminación de los peligros y riesgos en función de intereses privados, se refieren en definitiva a fines individuales y no comunitarios (Romero, 2002: 6 - 7).

Esta mirada coloca en entredicho la consideración de las estrategias de prevención a través de la participación comunitaria, por ejemplo en el diseño urbano, como uno de los elementos más positivos del abordaje de la temática en América Latina, en tanto la prevención y participación puede ser tanto o más excluyente y represiva que el propio control formal y penal de la criminalidad, al mismo tiempo dichas manifestaciones comunitarias y acciones de autodefensa también ponen en duda la calidad de las democracias, que a la hora de abordar el tema de la seguridad se vuelven evidentemente muy frágiles.

¿Prevención situacional, participación comunitaria?

La experiencia de América Latina nos muestra que, en la práctica, la mayor parte de las intervenciones basadas en modelos de prevención situacional con participación ciudadana promueven justamente estas acciones de autodefensa por parte de la comunidad (Carrión, 1994; Reguillo-Cruz, 2002), las que a su vez generan nuevos comportamientos sociales originados en la angustia, desamparo, aislamiento, desconfianza, agresividad e individualismo; lo que conduce a una pérdida de la condición de ciudadanía de la población, “la ciudad relega sus características socializadoras y su posibilidad de civitas, polis, foro, tiánguez (plaza, mercado)” (Carrión, 1994).

ción, infraestructura, fortificación de espacios, cierre de calles, vigilancia tecnológica y humana, aparición de nuevos espacios de socialización, etc.), sino sobre todo en la forma en que se relacionan los ciudadanos en dicho espacio, la asignación de roles, identidades y comportamientos que se producen en el mismo.

Es así como gran parte de las políticas basadas en la prevención situacional no sólo impactan en el diseño urbano (ilumina-

Habría que preguntarse también respecto a cuáles lecturas críticas nos permiten proponer alternativas, no sólo respecto

Caracas, enero 2006

“Habría que analizar con detenimiento de qué modo los intentos de codificación territorial para producir arraigo (empoderamiento) de masas de población a través de equipamientos, planificaciones, formas de fijación de los movimientos y encuadramiento de las conductas, producen gradualmente mayores cargas de desarraigo y marginalidad” (Piccini, 1999: 143)

de las políticas actuadas ni a la producción social del temor ligado a la criminalidad, a ciertos espacios y sujetos, sino sobre todo respecto a prácticas alternativas en dichos espacios que posibiliten la solidaridad, el diálogo y las acciones colectivas de transformación.

La adopción acrítica de modelos de intervención y planificación espacial puede tener consecuencias nefastas (autoritarismo, aislamiento, discriminación, violencia) a pesar de proclamar retóricamente la prevención y la participación, es por esto que se hace fundamental re-pensar estos conceptos a la luz de las políticas implementadas y de los modelos teóricos y prácticos que las inspiran, no necesariamente para abandonarlos como principios de una política pública, sino para darles nuevos horizontes y posibilidades en la construcción colectiva de las ciudades.

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Hoy, al cabo de tantos y perplejos a los de errar bajo la varia luna, me pregunto qué azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos.

J. L. Borges, Los Espejos ¿Desde el espacio global o desde el espacio local?

Las relaciones de poder se encarnan, por lo tanto las lecturas no pueden naturalizar los cuerpos, volverlos ejemplos de dinámicas que si bien se dan en espacios, y tiempos particulares, se cristalizan en investigaciones y/o intervenciones que nos proponen espejos, neutros, críticos u hegemónicos, al fin y al cabo espejos que podemos observar pero no traspasar sin quebrarlos. ¿Cómo delimitar los rasgos diferenciales de un objeto de estudio, su ubicación desigual, las conexiones y desconexiones que le confieren un sentido específico? (N. García Canclini, p. 131).

La principal acusación crítica, hacia los estudios urbanos de corte ecológico que esbozamos, apunta a su carencia de un objeto científico de estudio, donde lo que aparece es más bien una ideología que está al servicio de la dominación y diferenciación de clases. Manuel Castells será uno de los autores que desarrollará (en sus obras de 1971 y 1974) estas críticas a la sociología urbana, volviendo de algún modo a las visiones macrosociológicas que, en términos más generales, retomarán dos vertientes: weberiana y marxiana, “la primera hace más hincapié en la ciudad como sistema socio-espacial y la segunda en lo urbano como unidad espacial de consumo colectivo”1 En la visión de la ciudad como sistema socio-espacial (Pahl) el espacio es un elemento fundamental que da cuenta de la desigualdad social, la cual a su vez depende de los sujetos que ocupan lugares estratégicos en la configuración del espacio urbano,

1

Urrutia, 1999: 22

Revista 01 / noviembre 2010 // 13 de los managers y gestores urbanos cuyos intereses no son neutrales en la determinación de la planificación urbana.

Los gestores y el Estado en sus niveles central o local, así como los grupos de ciudadanos residentes, propietarios u organizaciones voluntarias, entran en juego en la localización de los recursos y en su distribución. Y aunque, como lo hizo notar Weber, el poder económico o de mercado y el poder político son, analíticamente, distintas bases de dominación en el mundo moderno, podemos asumir que uno y otro se influyen y condicionan mutuamente (Urrutia 1999: 23).

La planificación y construcción de viviendas sociales, los planos reguladores de la construcción y el uso del suelo, y la especulación inmobiliaria son, en este sentido,ejemplos actualmente válidos de dicha influencia.

Pero ¿cuál es la trampa que evidenciamos en una lectura de este tipo? La necesidad de enfrentarnos con fantasmasespejos inevitables, por ejemplo el Estado y el Mercado, los cuales, como bien sabemos, no lograremos aunque los omitamos, a través de una investigación o intervención local, evitar.

Por su parte, la visión de la ciudad como espacio de consumo colectivo se ve fuertemente influenciadas por la perspectiva del marxismo estructural, el autor más connotado en este sentido es el ya mencionado Castells. la cuestión urbana, tal como se formula en la práctica social y en las teorías sociológicas y urbanísticas, es una cuestión ideológica en el sentido preciso de que confunde en un mismo discurso la problemática de las formas espaciales, la que concierne al proceso de repro-

ducción de la fuerza de trabajo y la de especificidad de la sociedad moderna2.

La ciudad no será ya la causa de la desigualdad social sino un efecto del capitalismo, verdadero generador de los conflictos urbanos y la segregación. Los numerosos estudios del autor le permiten ir modificando y rectificando algunos de sus planteamientos, donde lo central no será la ciudad sino las luchas que ocurren en su interior, si bien sus estudios tomarán derivas heterogéneas, la importancia dada a la economía política del espacio y las diferentes formas del capitalismo moderno caracterizarán gran parte de sus postulados, que irán desde perspectivas generales hasta cuestiones locales y de gestión específica.

Y claramente aquí volvemos a ese espacio irrenunciable, la modernidad y las relaciones de producción que, en una ciudad o en otra, insisten y estructuran. Para Manuel Castells el espacio es una estructura subordinada a la estructura económica dominante pero, como nos recuerda Santos, “el espacio organizado nunca puede considerarse como una estructura social que depende solamente de la economía ya que un nuevo modo o momento de producción no puede hacer tabla rasa de las condiciones espaciales preexistentes”3.

No puede ser lo mismo la modernidad, y las relaciones de poder que en ella se establecen, en espacios que la preceden y que presentan características diferentes, sujetos diversos y desiguales. No es posible sostener esto desde el punto de vista epistemológico, gnoseológico, que propone un interior y una exterioridad, pues si todo fuera interno, si todo fuera si y sólo si moderno de una vez y para siempre, la filosofía y el pensamiento crítico no tendrían, ni podrían tener, ninguna razón de ser. No obstante, hasta para el más moderno de los modernos, la modernidad es un momento, si luego se decide su cristalización, su exacerbación y se propicia la fagocitosis, esto es un problema práctico, la filosofía -y la academia

2 Castells, M (1974) ‘La cuestión urbana’ p. 423, citado por Urrutia, V (1999) p.

25 3 Santos 1990: 161-163

en general- puede incluso hacer oídos sordos, pero no por esto el espacio moderno se vuelve total, ilimitado e inmóvil.

En este sentido, la ciudad como estructura espacial moderna es activa, colabora en la reproducción de las relaciones sociales en lugares distantes y diversos, algunos plantearan la glocalidad4, aquí apuntamos más bien al hecho que “...el espacio es, de hecho, una dimensión de los mecanismos de transformación, de la práctica de los grupos sociales, de sus relaciones; contribuye a producir, reproducir, transformar los modos de producción. El espacio es, así, una dimensión activa en el devenir de las sociedades” 5 Repensar la ciudad desde lo local implica a su vez repensar los modelos teóricos y prácticos que la analizan globalmente, analizar críticamente la adopción de modelos de intervención que naturalizan una idea de espacio, de seguridad, de criminalidad y proponer alternativas capaces de dar cuenta de la complejidad de la realidad y de los conflictos, arriesgando no obtener respuestas inmediatas, ni encontrar verdades, apostando por la construcción colectiva en ese espacio móvil que es la ciudad, un espacio de transformación activa del pasado, del presente y también del futuro.

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4 “intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo por las que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia o viceversa”. (Giddens, 1994, 68).

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 Tema de tapa: opinión

Por Elkin Velásquez Coordinador del Programa Global Ciudades más Seguras ONU Habitat

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Mejor gestión urbana sostenible para enfrentar los retos en seguridad ciudadana y convivencia

La seguridad ciudadana es preocupación cada vez más importante para las sociedades urbanas. Diversos acontecimientos mundiales y regionales han llevado el tema a las primeras prioridades de la opinión pública. Esto es particularmente cierto en América Latina. Para la población de altos ingresos, el terrorismo, la aversión al riesgo y al conflicto inciden en la preocupación por la seguridad. En los más pobres, la desigualdad socio-económica y la pérdida de credibilidad en las instituciones contribuyen de manera crucial en la construcción de la inseguridad. Y de manera general, la inseguridad urbana está afectando negativamente tanto la cohesión social como la gobernabilidad local.

L

a demanda ciudadana por políticas de seguridad ciudadana es creciente. En consecuencia, aparece en todo el mundo la pregunta sobre la capacidad de los gobiernos nacionales y de las autoridades locales para responder en forma eficaz a las múltiples variables que caracterizan la inse-

guridad. Llega en un momento en el que no ha desaparecido completamente, en la economía como en la administración pública, el discurso de la reducción del Estado. Y frente a ello, lo que queda es constatar dos temas: 1) que en muchas partes del planeta un Estado reducido e instituciones débiles deben hacer frente a una demanda cada vez más importante en materia de seguridad, y 2) que no es fácil ni natural hoy responder a todos los problemas de la seguridad ciudadana de manera apropiada.

Por su parte, las comunidades también han incorporado nuevos elementos en su demanda por buenas políticas públicas:

éstas quieren verse más involucradas en las decisiones que las afectan. Por ello hay mayor demanda de participación en el dimensionamiento de la problemática, el diseño de la solución o en su puesta en marcha.

Este fenómeno se da en momentos en que en las democracias liberales le abren paso a la democracia de opinión, la democracia deliberativa y la democracia participativa.

El resultado es que están ocurriendo cambios en las formas de gestión de lo público: muchos más actores tienen hoy la posibilidad de incidir o influenciar directamente los temas públicos. La seguridad ciudadana no es la excepción. Los actores

calidad, en relación con los factores que objetivamente inciden para prevenir la inseguridad y los problemas de convivencia.

sociales y económicos locales demandan cada vez mayor participación o son más solicitados para contribuir en los asuntos de la seguridad. Adicionalmente, en la división de tareas al interior de los Estados, los gobiernos territoriales, dada la cercanía con el ciudadano, se tornan actores necesarios de la política pública de seguridad ciudadana. Sin embargo, con excepción de casos ya emblemáticos como Bogotá, Rosario, Diadema, Peñalolén o Medellín, la realidad es que aún falta mucho por hacer en América Latina; que autoridades y actores locales asuman el papel que les corresponde como parte de la solución.

Para que esto ocurra de manera generalizada, probablemente hay que ser mejores en desarrollar marcos de trabajo más apropiados para el trabajo desde lo local.

Afortunadamente existen elementos teóricos y prácticos sobre los cuales trabajar.

Las sociedades urbanas siguen y seguirán siendo fuente de conflictos sociales, conflictos que, más allá de los efectos negativos asociados en muchas oportunidades, son connaturales a la organización social urbana.Es normal que cada vez más ciudadanos en búsqueda de individualidad y en competencia constante por las oportunidades del día a día, y más grupos sociales en movimiento, políticos y económicos, se crucen en la ciudad real o en imaginarios y eventualmente entren en conflicto. Y no todos, por no decir pocos, cuentan con el reflejo, las competencias, el conocimiento, las reglas de juego, para manejar los conflictos de manera pacífica.

La conflictividad social urbana es cada vez más compleja y requiere de nuevas formas de respuesta para evitar conductas agresivas o delictivas. Todo esto se presenta en un contexto de globalización y de relaciones internacionales impensables hace apenas tres décadas, en el que participan actores legales como ilegales.

En América Latina, la evidencia muestra que los procesos de urbanización

han introducido muchos elementos facilitadores de conflictividades urbanas que derivan en violencias o delitos. O explican las vulnerabilidades locales que interactúan con los factores exógenos de violencia y criminalidad.

La paradoja es que la urbanización en general se debe planear y conducir en lo local, pero no existe suficiente conciencia y capacidad en ese nivel.

A partir de esta perspectiva, se requieren nuevas formas de prevención de la violencia y el delito desde la gestión local para un desarrollo urbano sostenible. La experiencia del programa Ciudades más Seguras de ONU Habitat permite recomendar al menos cuatro elementos básicos que, abordados de manera apropiada desde las políticas de desarrollo urbano sostenible, pueden contribuir a la prevención local:  El fortalecimiento del capital social urbano, incorporando o reforzando reglas sociales y valores suficientes que ayudan a la confianza social y a la construcción de redes sociales activas.  La reducción de la fragmentación y la segmentación urbanas, reduciendo las desigualdades socio económicas entre grupos sociales y entre barrios, así como facilitando accesos equitativos a bienes y servicios públicos; igualmente introduciendo la equidad en derechos y en participación para los grupos urbanos y barrios más excluidos.

El desarrollo de entornos urbanos seguros y la planificación urbana sensible a los problemas de convivencia e inseguridad, incorporando diseños y desarrollos apropiados con infraestructura social de calidad para los más pobres y espacios urbanos abiertos a toda la ciudadanía.

El desarrollo de capacidades para negociar, concebir, decidir e implementar políticas públicas urbanas incluyentes y con

A modo de corolario, en materia de seguridad ciudadana y convivencia, la situación es compleja en las ciudades de América Latina y presenta serios retos. Se requieren instrumentos y prácticas que faciliten la intervención de los distintos actores coordinada en lo local, para, a fin de cuentas, responder al ciudadano, que no espera cosa diferente a la atención de las problemáticas que lo aquejan. Desde la gestión urbana parece posible contribuir a superar el problema de inseguridad, dados los efectos sostenibles sobre la prevención, que es multidimensional y que es local. Otros tendrán que hacer lo propio desde el fortalecimiento de la justicia, la policía y el sistema penitenciario, para reducir las amenazas.

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 Nota de tapa: buenas prácticas

Por Juan Felipe Palau Ángel, Secretario de Gobierno de Medellín

Medellín es una ciudad que se transforma no sólo desde lo físico con las grandes obras urbanas, remodelaciones y adecuaciones de espacios públicos, sino que sus habitantes demuestran cada vez un mayor compromiso por la paz y la convivencia para generar nuevos referentes sociales.

Medellín, una ciudad que avanza hacia un modelo de seguridad para la convivencia

E

l Plan de Desarrollo 2008 – 2011 Medellín es solidaria y competitiva, que lidera el alcalde Alonso Salazar Jaramillo, se propuso establecer elementos para la transformación de Medellín en el marco del desarrollo humano integral y definir los criterios que permitan saltos cualitativos que le agreguen valor al proceso de desarrollo en este período, especialmente en lo que se refiere al desarrollo social, la lucha contra la pobreza y la inclusión de las poblaciones y los territorios en situación de mayor vulnerabilidad.

El programa de gobierno enfatiza el desarrollo social y recoge las prioridades y acciones planteadas en los procesos de planificación y desarrollo local que se ha desatado en la ciudad en los últimos años, el plan se propone encauzar la acción de la actual Administración Municipal hacia el logro de condiciones que permitan un desarrollo humano integral.

La Alcaldía de Medellín tiene claro que la seguridad y convivencia son temas transversales, por esta razón prioriza acciones a favor de la seguridad de los ciudadanos, entendiendo la seguridad como un concepto amplio que involucra tanto a la fuerza pública y a la justicia como a las diversas intervenciones sociales que garantizan un mejor estar de las comunidades.

Para el periodo del alcalde Salazar Jaramillo fueron asignados a su Plan de Desarrollo $7.2 billones, y se proyectan $7.8 billones.

Para los temas de seguridad y convivencia fueron asignados $280 mil millones, y se proyecta una inversión de $450 mil millones.

Con el fin de potenciar las acciones de seguridad se han establecido tres categorías o criterios para explicar e intervenir el pro-

blema: primero la territorialización, en la que se definen puntos críticos, puntos sensibles, comunidades y zonas seguras; en segundo término, la focalización, en la que se establece, sin estigmatizar la población en edad juvenil, como centro de las acciones de prevención, intervención y atención; y en tercer lugar, la priorización, en la que se agrupan acciones temáticas en función de su impacto en los patrones socioculturales, en las oportunidades socioeconómicas y en las condiciones político institucionales. Todo esto permite una comprensión holística del problema, un planteamiento sinérgico de la estrategia y una mejor administración de los recursos.

Comparativo N° homicidios 2009 - 2010

Esta política de seguridad comprende tres elementos en la construcción de un modelo con garantías para todos los ciudadanos, del cual hacen parte tres actores: Comunidad, Empresa y Estado.

Cada uno de ellos cumple una función vital en una dinámica en la que confluyen la movilización, las oportunidades y la autoridad.

Movilización por parte de la ciudadanía, la cual se pretende como una participación solidaria, incluyente y democrática, para la cual es indispensable el papel de las empresas con la oferta de oportunidades y vinculación. Para esta movilización se ha establecido la ruta ciudadana que comprende el lanzamiento e inicio de la construcción del Libro Blanco*, la activación de redes de afecto en puntos críticos y la revisión de planes de convivencia y seguridad comunales.

Dichas oportunidades no sólo son de carácter laboral y ocupacional, también existen programas que brindan acompañamiento psicosocial e inclusión a procesos educativos, en los que la población vulnerable como por ejemplo víctimas del conflicto, población carcelaria y pospenada, o población en riesgo de ejercer violencia, se proyectan con sus talentos para desarrollar un proyecto de vida.

La autoridad se hace visible en tres representaciones: como autoridad legítima, autoridad local, y autoridad regulada. Este proceso se materializa con la presencia de la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU, la cual nació como un aliado estratégico en logística urbana, políticas de seguridad pública, articulación de ca-

denas productivas para la seguridad e implementador de seguridad integral.

Los tres resultados emblemáticos de la política integral son: el acuerdo colectivo de política de mediano y largo plazo en el tema de seguridad, libro blanco y los Planes de Convivencia y Seguridad Comunales. Una red de oportunidades para la población focalizada articulada a la acción social integral del municipio, y el fortalecimiento de la Empresa de Seguridad Urbana que busca consolidar la modernización del 123, número único de seguridad y emergencias, y fortalecer la plataforma tecnológica y la infraestructura operativa de la Fuerza Pública.

La política de seguridad ciudadana: Medellín más segura, juntos sí podemos, ha permitido alcances significativos como la disminución de los índices de homicidios, incautación de armas, disminución de hurtos, capturas por homicidio y capturas de alto impacto que producen en consecuencia la desarticulación de grupos criminales. Los indicadores resaltan una notable disminución en los homicidios, lo que da cuenta de que la violencia está perdiendo terreno.

*

El Libro Blanco de la Seguridad y la Convivencia de Medellín es una herramienta de gobernanza mediante la cual se pretende identificar las problemáticas sociales e institucionales que inciden en el aumento de los índices de violencia. De igual manera, se constituye como un proceso de diálogo entre los distintos actores que influyen en el diseño de las políticas públicas orientadas a la seguridad de Medellín. El Libro Blanco no sólo proporciona herramientas a futuro para la seguridad, sino que favorece la participación ciudadana y la convivencia, basada ésta última en la aceptación del disenso como parte fundamental del diálogo y como salida pacífica a los conflictos de intereses.

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 Nota de tapa: buenas prácticas

Por Norma Maray, Gerente de Seguridad Ciudadana de Peñalolén

éxito son aquellos que han llevado asociados la movilización social para el logro de resultados.

Peñalolén es una comuna de la Región Metropolitana de Chile, que cuenta con alrededor de 248.000 habitantes, ella se caracteriza por ser diversa social, económica y culturalmente, se puede decir, que en este aspecto, Peñalolén es un reflejo de Chile.

De la inseguridad ciudadana al desarrollo de la cultura de la prevención

E

l alcalde Claudio Orrego inició su gestión en diciembre del año 2004, y definió que el tema de la Seguridad Ciudadana es prioritario dentro de su política local.

Creó la Gerencia de Seguridad Ciudadana con rango de Dirección e implementó un plan comunal de seguridad.

La misión municipal es: “Construir con toda la comunidad un Peñalolén amigable, seguro y solidario que sea motivo de orgullo para sus habitantes y un modelo de gestión local”. Peñalolén Seguro es uno de los 8 ejes estratégicos de esta gestión.

Al definir una política local de seguridad se consideraron algunos elementos esenciales: la seguridad es un derecho humano; el sentirse seguros permite a las personas tener una calidad de vida adecuada para logar su desarrollo; es por lo tanto importante la seguridad objetiva como

subjetiva. Se debe apuntar a la persona se sienta segura. Esto llevó a la gestión local a un cambio de enfoque: transitar hacia la seguridad comunitaria y a la protección como un bien público.

En Peñalolén la producción de seguridad ha sido tarea de todos los actores que tienen que ver con la prevención y control del delito. Se ha apostado al desarrollo de coaliciones fuertes, implementando estrategias permanentes que apoyen la asociatividad entre el gobierno central, las policías, la administración local, el ministerio público, el mundo académico y la comunidad.

La comunidad tiene un rol importante, ya que se ha considerado la integración social de los vecinos como la principal estrategia preventiva. Son ellos los que han asumido la tarea de mejorar la percepción y condiciones de seguridad, a través de la participación y co-responsabilidad comunitaria. Los programas que han tenido mayor

El fortalecimiento de la ciudadanía es un pilar fundamental de la democracia.

Como aportes, se busca potenciar su capacidad organizativa, técnica y de participación como co-responsable, instalando un Plan Barrial donde los actores de un territorio definen en conjunto con el municipio, sus problemas y el plan de acción para abordarlos, estableciendo acuerdos y compromisos de acción. En este Plan Barrial se han considerado las características territoriales de cada barrio, asumiendo la Gerencia de Seguridad Ciudadana un rol preponderante en aquellos sectores en que el tema de la inseguridad es priorizado por la comunidad.

En Peñalolén se ha definido pasar desde una lógica reactiva a una preventiva, estableciendo análisis de la información que entregan los organismos especializados así como la obtenida directamente desde la comunidad, estableciendo una política que considera ámbitos de acción. Los tipos de prevención que se realizan son: Prevención Social: atención a población vulnerable y generación de herramientas para la erradicación de conductas antisociales. Se ha focalizado la población infanto - juvenil como prioritaria, interviniendo sobre factores específicos de riesgo y protectores con el fin de incidir en la reducción del delito y promover oportunidades de desarrollo. Algunos de los programas en esta línea son: Intervención con jóvenes de mediana y alta complejidad; salidas alternativas al proceso judicial y conmutación de penas en policía local; evaluación diagnóstica de consumo problemático de drogas en jóvenes infractores; SAT (Sistema de Alerta Temprana) para la prevención de la deserción escolar; Después del Colegio si importa (After School), retención en el sistema escolar a niños y niñas con riesgo al permanecer solos en sus casas.

Prevención Comunitaria: es el apoyo a la organización social centrando la tarea en el fomento de factores de protección, capacitación y formación para la generación de iniciativas. Algunos de sus programas son: Mediación Vecinal y Comunitaria;

Generación y Fortalecimiento de Comités de Seguridad; Intervención integral en seguridad en 5 barrios en el marco del Plan Barrial; Programa de Convivencia y Ciudadanía en 7 barrios; Barrio en paz.

Prevención Situacional: Intervención directa de la comunidad en el mejoramiento de entornos urbanos que promueven delitos y/o son percibidos como inseguros. Los programas implementados son: recuperación de espacios públicos en forma participativa; mejoramiento de la iluminación pública con eje en un aumento de la percepción de seguridad, considerando las solicitudes ciudadanas; Sistemas de protección vecinal, que consideran la asociatividad y la entrega de alarmas comunitarias y marcado de bienes.

Otras líneas de trabajo importante para el desarrollo de los objetivos de gestión son: Control, fiscalización y reducción del daño: Es la coordinación entre Municipio, Policías y Ministerio Público y otras alianzas estratégicas, para la persecución inteligente del delito, sus programas son: Planes operativos de control y fiscalización en alcohol, drogas y receptación de especies; atención a víctimas de delitos violentos, sistemas de denuncias anónimas; Cámaras de televigilancia comunal.

Comunicación y Difusión: Contar con medios de comunicación para modelar conductas y disminuir la percepción de inseguridad, sus programas. Los programas son: Publicación Todo Terreno. Diario comunal, que se entrega a 54.000 hogares en forma mensual y que ha sido medido con

un alto porcentaje de conocimiento y aceptación con una página permanente sobre seguridad, Web Municipal (portal interactivo que ganó concurso en buenas prácticas en transparencia); OIRS Digital: Oficina de información, reclamos y sugerencias, funciona a través de la página web y en forma presencial, con seguimiento a las respuestas a los ciudadanos, que pueden plantear sus inquietudes en seguridad y otras materias; Campañas temáticas en seguridad.

Peñalolén ha apostado a asumir integralmente los problemas asociados a la inseguridad, y ha definido una intervención transversal aportando cada sector desde su rol en la solución de los problemas. Esto se ha plasmado en la instalación de un comité estratégico que involucra a los diferentes actores municipales, quienes definen el Plan de Acción Comunal considerando la participación y la territorialización definida.

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 Mirada transversal: ensayo

Por Josep M. Lahosa Director de Servicios de Prevención del Ayuntamiento de Barcelona

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P

arece fuera de toda duda que una de las cuestiones que más puede afectar la normalidad de la vida en las ciudades es la referida al impacto de la seguridad/ inseguridad, y en especial a la percepción social que de ella se tiene. Las investigaciones y el sentido común nos indican que la seguridad -o mejor el sentimiento de seguridad/inseguridad- es algo más que la ausencia de delitos, es una percepción y como tal una construcción social.

y expectativas de la juventud; La percepción sobre la entidad de las transgresiones: éstas no se oponen a los valores ideológicos de los adultos, aspectos básicos de los episodios transgresores de los años 50 y 70, sino que se instalan en el propio sistema; La reaparición del grupo como elemento de cohesión, de referencia y aglutinador en los nuevos fenómenos de transgresión; La universalización de la autoría de los actos transgresores (todas las capas sociales) y en todos los espacios urbanos (ciudades medias y pequeñas); y

Escuchar a los jóvenes para no fracasar El gestor y académico Josep Lahosa reflexiona sobre la violencia juvenil y la debilidad de las políticas concebidas desde el control y la exclusión. Afirma que la participación de niños, niñas y jóvenes debe ser un componente central en el diseño de políticas públicas.

En este sentido hablar de violencia es hacerlo del cambio que esta percepción ha tenido en relación al papel de la sociedad y de forma especial del rol que se ha adjudicado a los adolescentes y jóvenes en lo que se ha denominado nuevos comportamientos de violencia.

En esa construcción sobre el rol de los jóvenes tiene gran influencia: El impacto social que provoca, en los adultos, la aceptación fatalista de la crisis de valores y de referentes sociales, así como una cierta asunción de culpabilidad como responsables de esta crisis y la aceptación de la falta de respuestas institucionales a las demandas

La modificación del tejido productivo consolidando una oferta en base a los dos extremos de la franja laboral -alta especialización y mano de obra poco cualificada- por lo que representa de pérdida de expectativas y de dificultades de incorporación al mundo laboral de los hijos de la clase media.

Algunos aspectos que estarían incidiendo en la consolidación de esas actitudes por parte de los jóvenes podríamos encontrarlos en: La búsqueda de identidades propias, la sociedad -y los padres- son tan insoportablemente tolerantes que es necesario encontrar actos de refe-

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rencia “fuertes”, que sean una “pasada” (metring, probar el airbag, etc.); Una tolerancia extrema del núcleo familiar, que conduce a la desresponsabilización de los actos de los adolescentes y menores, frente a una clara intolerancia de los actos de los otros; La acumulación de impactos informativos de unos valores y modos de comportamiento ajenos a nuestra cultura, con lo que representa de dificultad, en especial en los menores, de recepcionar parámetros sociales que se contraponen al discurso cultural propio, estableciendo lo que podríamos denominar “emigración cultural permanente”; La preeminencia de la técnica por encima de valores clásicos de la cultura continental europea, el humanismo y la filosofía; La perversión que representa conocer y controlar técnicas democráticas en las relaciones sociales -por ejemplo las asambleas en los centros escolares- sin asumir que para vivir en democracia hace falta aceptar como premisa básica la modestia de la opinión propia, el intercambio de opiniones y el juego de mayorías y minorías.

Se utilizan las técnicas pero no se aceptan los fundamentos filosóficos y de valores de una relación basada en la confrontación de las ideas; El cambio en el modelo familiar, de forma especialmente cruda en las capas medias, produciéndose al mismo tiempo una sustitución de las relaciones familiares por las de grupo; La instrumentalización de las relaciones de familia,

tanto por parte de los adultos como de los jóvenes, como algo que se limita a ofrecer un determinado estatus Todo ello facilita la construcción social de la transgresión, que está siendo además fuertemente condicionada por la angustia que provoca lo que para los adultos se califica como violencia irracional, no productiva -el paradigma es la violencia skin-, la incomprensión de los actos de destrucción de algunos signos de identidad de un cierto nivel de calidad de vida, de bienestar (mobiliario urbano, equipamientos públicos, grafittis, vandalismo, etc.) y la apropiación que, de determinados espacios públicos, hacen los jóvenes.

Y es en el ámbito de esos espacios públicos que utilizan los jóvenes -las plazas públicas, las escuelas, las zonas de ocio-, donde se viene generando una demanda, a mi modo de ver exagerada, de respuestas a menudo circunscritas al puro y duro control de esos espacios; una vez más los adultos delegan en otros estamentos – los poderes públicos- la resolución de hipotéticos conflictos que parece que generan los jóvenes.

Así somos testigos de la imparable demanda de respuestas a la angustia colectiva que vienen provocando los conflictos que se generan en torno a la institución escolar.

La intensidad de la demanda viene acompañada por importantes cambios cualitativos, y si bien en un principio

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era formulada por los padres -por medio de sus asociaciones-, en la actualidad se ha ampliado al colectivo de maestros.

Así, si en el inicio del proceso los padres delegaban su responsabilidad sobre la educación social, de los valores de sus hijos, en la escuela; hoy es ésta la que inicia esa renuncia y pretende sustraerse al conflicto La institución escolar -se dice- debe estar protegida del exterior, debe garantizarse la reflexión sosegada que permita transferir a los educandos los conocimientos. Así se manifiesta que el conflicto y su resolución es competencia de la administración pública y en especial del sistema de control.

No obstante, la violencia nunca ha sido ajena a la institución escolar, en todo caso actualmente aparecen nuevas formas que, quizá por inesperadas, suscitan angustia, miedo y sobre todo, a partir del rumor, una sensación de intranquilidad en los diferentes estamentos de la comunidad educativa. ¿Cuál es la realidad existente detrás del rumor?

La violencia y el sentimiento de inseguridad están ciertamente correlacionados -las manifestaciones de la primera inciden en la construcción de la segunda- ¿pero qué orden tiene esa correlación?

La violencia no afecta sólo a la comunidad escolar cuando ésta se genera en su interior, o ¿es que la que se genera fuera del recinto o en su entorno más próximo no afecta a los miembros de la comunidad

Nos deberíamos plantear que las políticas dirigidas a la juventud -si es que existen- han fracasado en los términos en los que estaban planteadas y debemos ofrecer espacios de escucha y dar voz y capacidad de autorganización a la población joven.

educativa?, las vinculaciones y relaciones entre lo que ocurre en la comunidad educativa y el medio urbano en el que ésta se inserta son evidentes, de la misma forma que lo que ocurre en el barrio termina por afectar el interior de los centros educativos.

Aún cuando la institución escolar no puede ni debe ser responsabilizada de toda la violencia que se genera en su interior, las condiciones materiales de los centros, la naturaleza de la acogida de los alumnos, la calidad de la relación personal entre maestros y alumnos ¿no está consolidando un nivel de “violencia institucional” sobre estos que refuerzan y/o justifican determinadas conductas?.

Las sucesivas reformas educativas con sus dificultades de apropiación, limitaciones organizativas, de servicios, inercias y resistencias ¿No estarán, también, alimentando un alto nivel de frustración y, por lo tanto, de violencia de la propia institución?.

En una investigación, aunque antigua pero de absoluta vigencia, dirigida por Jacques Selosse para el Consejo de Europa y su Comité Europeo para los problemas criminales, el autor definía los puntos claves de una escuela en situación de riesgo en base a: la atmósfera existente en el centro y en la cual encontraba una falta de vida comunitaria, de vida escolar, de imaginación creativa, de iniciativa, en

definitiva un centro cerrado, autista; as limitaciones en términos pedagógicos, de programación, de soporte al aprendizaje, de innovaciones metodológicas, como elemento de riesgo; así como la insatisfacción y la ansiedad de los claustros con graves problemas de motivación; sobre el personal directivo, se planteaba en las conclusiones de dicho trabajo, está falto de autoridad, de prestigio, apenas tiene contactos con los alumnos e incluso con el resto del personal docente.

Doce años más tarde, en 1983, Jean-Michel Léon expone como conclusión principal en su Informe sobre la violencia y la escuela que la única vía posible para abordar estos fenómenos consiste en “crear una dinámica democrática entorno a la búsqueda de soluciones, asociando la escuela a la ciudad, a las autoridades locales y a las asociaciones ciudadanas”.

Crear una dinámica democrática en la búsqueda de soluciones obliga a implicar a la sociedad y como parte de ésta a los jóvenes, también a aquellos que cometen actos ilícitos o de transgresión.

En este sentido, estamos siendo testigos de la tendencia de expulsión de esos grupos de jóvenes del marco de las relaciones educativas y sociales, ¿alguien se ha planteado escuchar qué es lo que piensan o lo que piden esos jóvenes?, ¿sabemos en base a qué parámetros cons-

truyen su percepción de relación con el entorno?, ¿es la exclusión del sistema educativo la salida?.

Quizá nos deberíamos plantear que las políticas dirigidas a la juventud -si es que existen- han fracasado en los términos en los que estaban planteadas y debemos ofrecer espacios de escucha y dar voz y capacidad de autorganización a la población joven.

Y es en este sentido que debemos afrontar las limitaciones de un planteamiento que exige a los jóvenes la aceptación acrí-

tica de unas políticas que muy a menudo intervienen cuando ya se ha producido el daño.

En definitiva, las instituciones -entre ellas, y de forma relevante, la institución escolar y la autoridad educativa- no pueden abordar la resolución de un conflicto al margen de sus actores principales -los ciudadanos y ciudadanas del futuro- a los que se debe exigir, pues tienen el derecho y el deber, intervenir en su diseño y ejecución.

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 Mirada transversal: casos

Por Martín Appiolaza, Director del Centro de Estudios de Seguridad Urbana, Universidad Nacional de Cuyo

L

as culturas urbanas pueden ser pensadas como respuestas al modo de construcción de ciudadanía en la sociedad post industrial, que integra a partir de las expectativas de consumo pero excluye ante la evidencia que el consumo no es para todos. Es la sociedad bulímica que devora culturalmente pero vomita desde lo económico (Young, 2001).

Esa tensión entre expectativas y medios disponibles para satisfacerlas genera conductas innovadoras, que pueden ser consideradas transgresoras y a veces delictivas.

Las subculturas actúan como herramientas innovadoras para conseguir aquello que se ofrece pero no hay medios para alcanzar. Algunas de estas subculturas pueden ser consideradas delictivas o bien, son criminalizadas por organismos de control.

Pero estas respuestas que se reelabora tam-

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Una Cooperativa del Hip Hop para la prevención de la violencia El reconocimiento desde un ámbito académico al talento de artistas urbanos, permitió la alianza con gobiernos locales para desarrollar talleres de hip hop y educar sobre la gestión pacífica de conflictos. bién como culturas urbanas, pueden ser una respuesta integradora ante la bulimia social, creando relatos, subjetividades, articulando grupos juveniles capaces de gestionar conflictos y conquistar derechos (Lea y Young, 1984; Kessler 2004; Brotherton 2007).

Los grupos y culturas urbanas en sus distintas expresiones (subculturas callejeras, movimientos contraculturales, tribus urbanas) aportan herramientas para sobreponerse a un orden de lo social. Genera identidades de resistencia y permite construir identidades de proyecto que desafíen ese orden de lo existente (Castells 1998; Hagedorn 2008).

Hip Hop y gestión de los conflictos El hip hop es una cultura surgida en los entornos urbanos segregados de Nueva York en los años ’70, en una capital multicultural que expulsa hacia la marginalidad geográfica y económica a las comunidades migrantes más pobres y a grupos raciales.

Nació en el Bronx cuando ya habían sido asesinados los referentes del movimiento por los derechos de los negros en Estados Unidos, en medio de una fuerte política gubernamental de control sobre negros y latinos implementada en nombre de la “seguridad”.

Como cuenta Afrika Baambaata, padrino del hip hop, el movimiento surgió en

el contexto de segregación y encierro en los guetos neoyorkinos con alto nivel de violencia entre los grupos juveniles. Llevaban a cuesta el aprendizaje de los movimientos de lucha contra el racismo. Así, se transformó en una herramienta de mediación de conflictos, reafirmación de las identidades y toma de conciencia sobre los problemas de las comunidades para promover la transformación desde la juventud. Dice Baambaata: “El poder real del hip hop y su verdadero significado reside en su capacidad para darle poder a los jóvenes para que cambien sus vidas” en el sitio web Zulu Nation.

Muchos de los principios que rigen la cultura del hip hop están en la llamada “declaración de paz”. Dice que: el hip hop representa la conciencia independiente, repeta la vida y se opone a la discriminación de cualquier tipo, repeta a las leyes y culturas, apuesta por el auto reconocimiento y la autoestima, los hip hoperos deben compartir recursos entre ellos, la esencia de la cultura va más allá del entretenimiento, por eso se declara en contra de formas de delitos, violencias y guerras.

El hip hop se ha extendido por el mundo y se ha diversificado: se combinó con otros géneros, se convirtió en negocio discográfico, en movimiento social, en motivo de persecuciones, en símbolo de juventudes, en fenómeno contracultural y en producto funcional al mercado. Muchas

de las formas estéticas del género funcionan como alternativas no violentas para la resolución de conflictos. Las disputas poéticas de los raperos en que deben demostrar su capacidad de improvisación rítmica desafiando a otros en las llamadas “peleas de gallo”, juega con agresiones normalizadas en un estilo artístico. Los “combates” en el break-dance, por ejemplo, incluyen simulaciones de peleas con movimientos estilizados y previamente practicados que no llegan a agresiones físicas.

El potencial incluyente de la cultura y sus posibilidades para resolver conflictos, es una herramienta de transformación en aquellas comunidades más afectadas por la violencia expresadas a través de las privaciones económicas, la segregación y la violencia institucional. Existen muchas iniciativas que desde el hip hop trabajan para el cambio de esas condiciones de exclusión violenta, apostando a construir una juventud protagonista. Proyectos como el de Fundación Ayara en Bogotá, Afroreggae en Rio de Janeiro, Manifesto en Canadá, son buenos ejemplos.

Una historia local La conversación sobre el curso de posgrado sobre prevención de la violencia juvenil llegó al café de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, derivó en la historia trágica de Jonathan Chandía, un b-boy (bailarín de breakdance), muerto en un procedimiento policial en Mendoza. Lo detuvieron junto a su hermano y un amigo por su apariencia. Después del disparo, fraguaron pruebas para simular un enfrentamiento y maltrataron al hermano de la víctima, Diego, intimidándolo. Ese día, Diego Chandía esta por casualidad en el café. Escuchó la conversación, contó detalles y se convirtió en repentino profesor sobre las virtudes del hip hop para prevenir la violencia. Explicó que enseña a cambiar la realidad de violencia de los barrios pobres y reclamar los derechos.

La explicación sobre el significado y componentes del hip hop, testimonios sobre la discriminación que sufren los niños, niñas y jóvenes que se visten de acuerdo a los códigos estéticos de la cultura, la violencia

institucional y social en que se expresan, y la historia de los Chandía, se convirtieron en un documental. “Hip Hop: el 5to elemento” buscó dar visibilidad a los jóvenes artistas urbanos que se desarrollan en barrios pobres, que no son reconocidos adecuadamente por sus talentos y sus obras.

El documental termina con las palabras de Diego Chandía diciendo que, después del homicidio de su hermano, el hip hop lo ayudó a salir de la depresión y el odio. Entonces, cuenta, buscaron fortalecer el movimiento. El proceso de producción del documental movilizó el compromiso de muchos artistas callejeros. Dragón, un dinámico referente de la comunidad fogoneó la participación. El resultado, además del documental, fue una fuerte presencia mediática del hip hop como herramienta de transformación social. Más importante aún, la formación de un grupo de artistas que crearon la Cooperativa del Hip Hop: organización cultural que enseña arte y derechos humanos en barrios populares como herramientas de transformación social.

siguieron multiplicándose. También las demandas por más actividades.

Las actividades continúan con nuevos talleres. Los jóvenes artistas ya han sido contratados como profesores, logrando la idea de alcanzar sustentabilidad económica y la consolidación del grupo de artistas. Sus próximas acciones van desde registrar y distribuir las obras hasta incidir de manera más decidida en las políticas públicas.

El desafío mayor del proyecto fue alcanzado: un grupo de jóvenes artistas de barrios populares, formados en entornos violentos pero con talentos innegables para gestionar esa violencia, han conquistado autonomía y construido capacidades para continuar demandando mejores condiciones de vida para ellos y sus pares.

BROTHERTON, David (2007).

Toward the gangs as a social movement.

En: Hagedorn (2007) edit: Gangs in the global city. Alternatives to Traditiona Criminology, Illinois University.

El proyecto Cooperativa del Hip Hop fue subsidiado con fondos para la extensión universitaria. Sumó alianzas con cuatro municipios del Gran Mendoza, la Dirección de Derechos Humanos de Mendoza y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Con los recursos aportados se trabajó en consolidar el grupo, sus conocimientos, organizar talleres comunitarios y hacer incidencia social para intentar revertir las prácticas discriminatorias contra niños, niñas y jóvenes de barrios populares.

CASTELLS, Manuel (1998). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Volumen 3. El fin del milenio. Madrid: Alianza Editorial.

El proyecto llegó a la prensa. El diario Los Andes le dedicó el domingo 19 de septiembre la imagen principal de la tapa: “Con el hip hop también se educa”. La nota explicaba el desarrollo del proyecto y los artistas urbanos entrevistados contaban sus experiencias de vida. Esa misma semana aparecieron entrevistados en radios y TV. Cuentan los jóvenes que, caminando por una calle de un barrio popular un grupo de señoras los reconoció y felicitó por el trabajo que hacían. ¿Qué habrían pensado antes de haberlos visto vestidos con ropas anchas y gorrita? El desafío de la incidencia social se estaba logrando inesperadamente.

Mientras, los adherentes en redes sociales

LEA, John y YOUNG, Jock (2001). ¿Qué hacer con la ley y el orden? Buenos Aires: Editores del puerto [1984].

HAGEDORN, John (2008). A world of gangs. Armed Young Men and Gangsta Culture. Chicago: University of Minnesota Press.

KESSLER, Gabriel (2004). Sociología del delito amateur. Buenos Aires: Paidós.

YOUNG, Jock (1999). The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity. London: Sage.

Documental “Hip Hop: el 5to elemento”. 2009. Dirección: Martín Appiolaza y Dany Pacheco.

Cooperativa del Hip Hop: www.cooperativadelhiphop.org Zulu Nation. www.zulunation.org

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 Lecturas

El sentimiento de Inseguridad, de Gabriel Kessler.

Sociología del temor al delito

Por Javier Ávila Centro de Estudios de Seguridad Urbana Universidad Nacional de Cuyo

¿Cuál es la historia del sentimiento de inseguridad? ¿Cuál es su significado y qué variables lo explican? El libro “El sentimiento de inseguridad, sociología del temor al delito”, de Gabriel Kessler, gira en torno a la comprensión y la explicación del sentimiento de inseguridad tomando como marco analítico y explicativo la Argentina.

“

El sentimiento de inseguridad” (Siglo XXI, 2009), de Gabriel Kessler está basado en una investigación que el autor realizó entre 2004 y 2007 e incluye datos adicionales agregados durante 2008 y 2009. Además de abundantes referencias bibliográficas y consultas a archivos de medios y estadísticas oficiales, la investigación está enriquecida con un significativo trabajo de campo (encuestas, entrevistas, grupos focales, foros de discusión y observaciones no participantes) llevado a cabo en áreas metropolitanas. Los resultados son presentados en seis capítulos a lo largo de los cuales se ponen en juego discusiones teóricas, variables analíticas, estudios de caso, relatos y reflexiones en torno a las estrategias y los dispositivos vinculados a la gestión de la inseguridad.

historia del miedo al delito y de los ejes teóricos sobre el sentimiento de inseguridad, que se tomarán como marco de análisis en los capítulos siguientes.

El “sentimiento de inseguridad”, principal objeto de la investigación, es definido como “un entramado de representaciones, discursos, emociones y acciones”. Esta denominación es preferida por sobre la usualmente utilizada de “miedo al crimen”, ya que incluye otras emociones suscitadas por el delito, tales como la ira, la indignación o la impotencia y, además, las vincula con acciones individuales y colectivas, preocupaciones políticas, relatos sobre las causas y acciones vinculadas a las gestión de la inseguridad. A lo largo del primer capítulo se plantean algunas de las principales características del sentimiento de inseguridad, como así también sus puntos de contactos y diferencias con otros conceptos.

La obra inicia con la presentación del miedo como una emoción recurrente en nuestro paso por el mundo. A partir de allí se desarrolla una breve

Esto abre una serie interrogantes que son retomados para caracterizar el problema a partir del estudio del caso argentino. En primero de ellos

es el desafío el encontrar – o restituir- una lógica al sentimiento de inseguridad. Para ello se recurre al análisis de datos e indicadores de encuestas y se introduce la idea de presión ecológica o victimización indirecta como el “lazo entre las percepciones y los hechos”. En la misma línea se traza la historia reciente del sentimiento de inseguridad en Argentina.

Para ello establece como objetivo cuestionar la idea de una mutación radical entre seguridad e inseguridad. A partir de un breve recorrido, que abarca desde la vuelta a la democracia en dicho país hasta principios de 2009, Kessler evidencia continuidades y transformaciones en un sentimiento que habitualmente es visto con una lógica de oposición binaria en lugar de ser considerado un proceso. Otro de los interrogantes retomados en el segundo capítulo es el de las dimensiones del sentimiento de seguridad propuestas por los estudios del miedo al crimen. Si bien el anhelo de la criminología ha sido encontrar el indicador que capte con mayor precisión la magnitud y distribución social de la preocupación por el

delito, el trabajo se aleja de tal dirección y propone dilucidar algunos de sus complejos aspectos. Además de analizar las tres dimensiones estandarizadas en los estudios internacionales –cognitiva, política y emocional-, la investigación suma la dimensión de percepción de las frecuencias de los delitos y las acciones protectoras, ambas correspondientes al terreno de la acción del sentimiento de inseguridad.

Si el segundo capítulo se desarrollaba a partir de datos e indicadores de encuestas, el capítulo tres se estructura en torno a una serie de relatos sobre la inseguridad. Así, la obra trae a escena los relatos de entrevistados con el propósito de que estos aporten claves adicionales para entender el problema. Los relatos se agrupan según el grado de preocupación que expresan: intenso, intermedio y bajo. Luego de reproducir los fragmentos más significativos de cada uno, se consideran sus similitudes y diferencias, analizando también cuales permiten conjeturar eventuales corrimientos hacia medidas punitivas.

A partir de allí el trabajo revisita algunas de las paradojas que históricamente han tenido presencia en los estudios sobre el miedo al crimen: categorías y grupos en apariencia más temerosos a pesar de una menor victimización. Para ello se revisan las categorías más usuales en los estudios criminológicos – clase, sexo, victimización y edad- y se considera como cada una de ellas puede dar un sentido y un tono particular a los relatos e influir en los posicionamientos personales. ¿Cuán eficaces son los dispositivos tales como las

alarmas y las cámaras para disminuir la vulnerabilidad al delito? ¿Qué tan compleja es la relación entre gestión y sentimiento de inseguridad? La gestión de la inseguridad también tiene su lugar en el recorrido propuesto por Kessler. Esta es definida desde un comienzo como “las acciones defensivas y elusivas, la incorporación de dispositivos y la adscripción a servicios cuyo objetivo común es lograr una sensación de control sobre las amenazas que se perciben, intentando encontrar un equilibrio entre las precauciones y el mantenimiento de las prácticas cotidianas”. Así, el penúltimo capítulo se centra en las acciones vinculadas al sentimiento de inseguridad y en las implicancias que las mismas tienen en la vida cotidiana.

La inseguridad se ha instalado como problema público nacional. Según el autor, así lo revelan las noticias en los medios, las encuestas y las demandas al Estado en ciudades grandes, medianas y pequeñas.

El problema también adquiere sus formas particulares en cada sitio. En base a estas ideas, en el último capítulo se explora el sentimiento de inseguridad a partir de estudios realizados en cuatro centros urbanos argentinos de distintas escalas y características. La finalidad es contribuir a la comprensión de las modalidades del sentimiento de inseguridad mediante la comparación entre escalas urbanas y configuraciones espaciales diferentes. También se indaga en torno al modo en el que se define localmente a la inseguridad como problema público nacional. El trabajo de comparación entre localidades lleva a la idea de “culturas

locales de seguridad” para dar cuenta de los niveles de aceptabilidad sobre ciertos delitos en cada lugar.

En resumen: una obra que brinda respuestas, pero sobre todo abre debates e interrogantes a futuro. La reflexión teórica.

Kessler evidencia continuidades y transformaciones en un sentimiento que habitualmente es visto con una lógica de oposición binaria en lugar de ser considerado un proceso.

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