CONSTANCIA SOBRE ASESINATO E INCINERACIÓN DE SOLDADO EN ÁREA DE MAPIRIPÁN
El pasado 15 de marzo de 2015, un joven soldado colombiano, MARIO ALEJANDRO PERDOMO RODRIGUEZ, perteneciente al Batallón de Infantería No. 19 “General Joaquín París”, adscrito a la Brigada de Selva No. 22, fue ASESINADO por miembros del frente 44 de la organización terrorista FARC, en el área general del municipio de Mapiripán. Más allá de constituir este hecho un atroz homicidio, a la luz de la normatividad vigente, por la que deben rendir cuentas los jefes de esa estructura criminal y los máximos jefes de la organización terrorista, inmediatamente después de conocido este lamentable sacrificio de otro soldado más, circuló por las redes sociales y algunos medio de comunicación una versión sobre las circunstancias y causas de su muerte, que difieren notablemente de la ofrecida por las autoridades militares. La versión extraoficial de los hechos prefiguraría un aberrante acto criminal, constitutivo de un crimen de guerra, de competencia de la Corte Penal Internacional, a incluirse en el largo dossier de crímenes atroces cometidos por estos terroristas contra la población civil y nuestros soldados y policías. Se afirma que el soldado MARIO ALEJANDRO no murió en combate, ni como resultado de un impacto de bala de fusil, sino incinerado, tras haber sido retenido con vida. La gravedad de lo que se afirma extraoficialmente y las dudas que dejan las declaraciones de las autoridades militares y políticas con jurisdicción en esa región del país, demanda que el Ministerio de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación le informen al país y a los familiares de este soldado, las reales causas y los responsables del crimen. Los colombianos no podemos dejar pasar actos bárbaros como este, que ineludiblemente recuerdan las ejecuciones en estado de indefensión de militares y policías, las desapariciones de estos (hoy se supera el centenar), secuestros, torturas y tratos inhumanos y degradantes que han tenido que sufrir quienes a nuestro nombre y por mandato constitucional velan por la estabilidad institucional, la integridad territorial, el orden público y jurídico y defienden nuestra soberanía.
H. S. Thania Vega de Plazas