Empresas de inserción. El caso andaluz by C3IT Centro de Investigación

BLANCA MIEDES UGARTE

Empresas de Empresas de inserci贸n inserci贸n El caso andaluz El caso andaluz

Observatorio Local de Empleo

EidA

A mi familia.

«La sociedad salarial es la formación social que llevó a conjurar en gran medida la vulnerabilidad de las masas, y a asegurar una gran participación de los valores sociales comunes. En otras palabras, la sociedad salarial es la base sobre la que reposa cualquier democracia de tipo occidental, con sus méritos y sus lagunas: no consenso, pero sí regulación de los conflictos; no igualdad de las condiciones, pero sí compatibilidad de sus diferencias; no justicia social, pero sí control y reducción de la arbitrariedad de los ricos y poderosos; no gobierno de todos, pero sí representación de todos los intereses, llevados al debate en la escena pública. En nombre se estos “valores” –y, por supuesto, para los hombres y mujeres que los comparten, y con ellos-, cabe preguntarse sobre la mejor manera de no dilapidar esa herencia», (Robert Castel, 1997:456).

INDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 2. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO Y POLÍTICO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN ........................................................................................................... 2.1. Una sociedad del trabajo .............................................................................................. 2.2. La crisis del empleo ..................................................................................................... 2.3 La( ya no tan) nueva cuestión social ................................................................................. 2.4. La reconfiguración del Estado de Bienestar ...................................................................... 2.5. La reemergencia del Tercer Sector: la nueva economía social .................................................. 2.6. La dimensión territorial de la exclusión social .................................................................... 3. LA INSERCIÓN POR LO ECONÓMICO EN LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL ................................................................................................. 3.1. El trabajo como integrador social .................................................................................... 3.2. «La inserción por lo económico» ..................................................................................... 3.3. Iniciativas de inserción por lo económico. El desarrollo de una Nueva Economía Social ............. 3.4. Tipología de las estructuras de inserción por lo económico ..................................................... 3.5. Sociedad de plena actividad y sociedad de pleno empleo ........................................................ 4. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN COMO «PUERTOS DE ENTRADA» EN LOS MERCADOS DE TRABAJO LOCALES ...................................................... 4.1. Un esbozo sobre la configuración de los mercados de trabajo locales......................................... 4.2. Las empresas de inserción como puertos de entrada en los mercados de trabajo locales ................ 5. MODELOS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN ...................................................... 5.1. Tipología de empresas de inserción ................................................................................... 5.2. Modelos de empresas de inserción en Europa ..................................................................... 5.3. Modelos de empresas de inserción en España .................................................................... 5.4. Argumentos a favor del modelo de transición ..................................................................... 6. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA .......................................... 6.1.El modelo andaluz de empresa de inserción ....................................................................... 6.2. La realidad de las empresas de inserción en Andalucía ...................................................... 6.3. Potencialidades y debilidades de las empresas de inserción andaluzas....................................... 7. RECOMENDACIONES DE CARA A LA ACTUACIÓN POLÍTICA: HACIAUNA PROPUESTA DE APOYO A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA ................................................................................... 7.1. La promoción de Empresas de Inserción en el contexto andaluz............................................. 7.2. Líneas de actuación propuestas ...................................................................................... BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... APÉNDICE: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA ................................................................................................................ ANEXO: CUESTIONARIOS

9 17 19 21 22 23 28 33 39 41 44 51 54 55 59 62 68 75 77 79 91 98 103 106 108 112 117 119 123 129 143

1. INTRODUCCIÓN.

INTRODUCCIÓN

Durante 1998 y 1999 se produjo en nuestro país un intenso debate social y político en torno a la figura de las denominadas Empresas de Inserción. Los máximos responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales habían prometido reiteradamente no agotar la anterior legislatura sin haber aprobado una ley de Empresas de Inserción. Sin embargo, pese a tener un borrador de proyecto de ley ampliamente discutido con los diferentes agentes sociales (sindicatos y organizaciones no gubernamentales de iniciativa social) la promesa no llegó a cumplirse y actualmente sigue sin haber en España un marco legal que regule el funcionamiento de este tipo de entidades1. En el presente período legislativo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) presentó ante el congreso de los diputados una proposición de Ley de Regulación de las Empresas de Inserción2, que coincide en lo esencial con el último borrador discutido por los diversos actores implicados con el Gobierno anterior, y con el que éste ya se había mostrado conforme. Sin embargo, dicha proposición tampoco prosperó. El primer inconveniente de la ausencia de un marco normativo3 es que no exista en nuestro país una definición precisa de lo que es una empresa de inserción. La idea común de las entidades que promueven este tipo de empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios es desarrollar todos los recursos necesarios y ofrecer los apoyos personales y sociales necesarios para que las personas con dificultades de este acceso al mercado de trabajo puedan acceder a un empleo y mantenerlo. Sin embargo, la diversidad de experiencias sobre el terreno ha dado lugar a un heterogéneo conjunto de modelos que encierran diversas filosofías acerca de cómo se ha de trabajar en pro de la inserción socio-laboral de la población más desfavorecida.

1 Un comentario actualizado sobre la evolución de este borrador puede verse en Rojo Torrecilla (2000). 2 Véase Boletín Oficial de las Cortes Generales, 11 de septiembre de 2000, núm. 84-1. 3 Nos referimos a la presencia de un marco global, dado que algunas administraciones locales (por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada, a través del Plan Municipal de Empresas de Inserción aprobado por el Pleno del 26 de febrero de 1999) y algunas autonómicas están poniendo en marcha actuaciones encaminadas a la promoción de empresas de inserción (en el País Vasco con el Decreto 305/2000, de 26 de diciembre, por el que se regula la calificación de las empresas de inserción, establece el procedimiento de acceso a las mismas y se crea el registro de empresas de inserción; en la Comunidad Foral Navarra mediante el Decreto Foral 130/1999 de 26 de abril, por el que se regulan las ayudas económicas para el desarrollo de los programas de incorporación socio-laboral destinados a personas en situación de exclusión social; en Cataluña, desde 1996, con la orden de 20 de febrero que establece la figura de “empresa colaboradora” con el programa de rentas mínimas de inserción catalán y, posteriormente, mediante el establecimiento de “cláusulas sociales” en los procedimientos de contratación pública por parte del Departamento de Bienestar Social). 11

INTRODUCCIÓN

La heterogeneidad de los planteamientos (que se corresponde con la diversidad observada con las experiencias de este tipo desarrolladas en los países de la UE y que inspiran el desarrollo del sector español4) se ha puesto claramente de manifiesto en la discusión de los diferentes borradores del proyecto de ley, sobre todo cuando se han intentado perfilar los rasgos característicos que debería tener una entidad de este tipo5: la forma jurídica que han de adoptar, las relaciones con las entidades promotoras, el destino de sus beneficios, la población destinataria, el papel de los itinerarios personalizados de inserción, la composición de la plantilla, las condiciones laborales, las medidas de fomento más apropiadas, etc. A estos debates se ha unido una intensa actividad de coordinación y de agrupación de diferentes iniciativas que han fortalecido sus lazos uniendo esfuerzos con el propósito de convertirse en interlocutores válidos de las administraciones públicas (central, autonómicas y locales) que estaban discutiendo leyes (en algunos ámbitos autonómicos también se estaban planteando algún tipo de marco jurídico) o planes de apoyo a las empresas de inserción. Se han creado así distintos grupos de presión en función de los diferentes intereses, visiones de lo que han de ser estas entidades y de los territorios de origen6. Una de estas agrupaciones de segundo nivel es la Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía (EidA) que se constituye en julio de 1998 en Antequera (Málaga) y que en principio reúne a una quincena de entidades que trabajan en la inserción socio-laboral desde perspectivas diferentes. La asociación agrupa así a entidades promotoras públicas (por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada), promotoras privadas (asociaciones de interés social, asociaciones de ayuda mutua entre desempleados) y las propias empresas de inserción (que pueden adoptar cualquier forma jurídica y que se dedican a actividades diferentes) 7. Todas ellas son entidades de reconocida experiencia en 4

Puede verse esta diversidad en Defourny et al. (dirs.) (1997); Estivill (1999); Estivill, Bernier y Valadou (1997) y López-Aranguren (coord.) (1997). 5 Las principales posturas de las organizaciones no gubernamentales que las impulsan, de diferentes administraciones públicas, de los partidos políticos, de los sindicatos y del mundo empresarial están recogidas en el nº 117-118 de Documentación social titulado «Las empresas de inserción a debate». 6 Al calor de este debate se revitalizan o se crean entidades como la Asociación Madrileña de Empresas de Inserción (AMEI) en 1996, la Coordinadora Catalana de Empresas de Inserción (1996), la Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía (EidA) en 1998, la Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción (FEEDEI) (1998). También en estos años se crea la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción. 7 Se crea como una organización empresarial depositando los estatutos en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (B.O.J.A. n° 96 de 27 de agosto de 1998). Esto las distingue de otras asociaciones y federaciones de entidades de inserción creadas en el ámbito nacional, 12

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el campo de la inserción socio-profesional de personas con dificultades de acceso al mercado laboral que han considerado la creación de empresas de inserción el mejor instrumento para culminar los itinerarios de inserción sociolaboral del público beneficiario que es objeto de su actividad. La necesidad de identificarse ante la administración y también ante la opinión pública (clientes y financiadores potenciales) obligaba a estas entidades a definirse más concretamente y a hacer un análisis del tipo de actividad que venían realizando. La Asociación Andaluza de Empresas de Inserción (EidA) se puso en contacto con el Observatorio Local de Empleo de la Universidad de Huelva (OLE)8 para la elaboración de un diagnóstico sobre las potencialidades de este tipo de iniciativas. El trabajo fue finalmente encargado a la autora de este documento, miembro del equipo de investigación del Observatorio. El encargo consistió en determinar cuál es el papel que, desde un punto de vista agregado, estas empresas podrían llegar a desempeñar en el terreno de la inserción sociolaboral de personas con dificultades en el acceso al mercado de trabajo y no tanto de realizar una evaluación externa de la actividad de cada una de estas entidades. El análisis debía poner el acento en el sector más que en las características de cada empresa. por ejemplo, FEEDEI (Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción) o ACEI (asociación Catalana de Empresas de Inserción). En el caso Andaluz, sólo son socios numerarios las empresas siendo las entidades socios colaboradores (no son elegibles como miembros de la Junta Directiva, tienen voz pero no voto en las Asambleas Generales y pueden ser elegidos como miembros de las Comisiones que designe la Junta Directiva y la Asamblea General). 8 El OLE es una acción conjunta de la Universidad de Huelva y del Ayuntamiento de Huelva, que se puso en marcha en 1996 mediante el proyecto “Huelva en Acción” del Excmo. Ayuntamiento de Huelva cofinanciado por fondos estructurales europeos (FSE Y FEDER) en el marco de la Iniciativa Comunitaria URBAN. Se creó con el objetivo de diseñar una estructura permanente (que sobreviviera al proyecto que financió su puesta en marcha) que sirviera de enlace entre las actuaciones concretas de los actores locales y los análisis e investigaciones que se realizan en la Universidad o en distintos organismos de recogida y análisis de información estadística, así como para elaborar cualquier otro tipo de información que fuera relevante para el apoyo a la toma de decisiones, especialmente en lo relacionado con el funcionamiento del mercado de trabajo local. Actualmente el OLE sigue en funcionamiento y su equipo de dirección está formado por cinco miembros del Grupo de Investigación “Técnicas de Investigación y Desarrollo Económico” de la Universidad de Huelva, la directora Manuela A. de Paz Báñez, Catedrática de Economía Aplicada y el resto de investigadores están especializados en el estudio del desarrollo local, mercado de trabajo y política social. Un resumen de los trabajos del OLE en estos cinco años puede leerse en su Memoria de Actividades 1996-1999. Para una visión panorámica y actualizada puede consultarse la página Web http://www.ole.uhu.es. En ella que encontrarán también las conexiones de este centro con otros observatorios y centros similares Europeos. 13

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Los integrantes de EidA quisieron también que este esfuerzo clarificador les sirviera para definir una propuesta de apoyo público en favor de estas empresas para presentar a las autoridades regionales. Una propuesta que contemplara la propia realidad de estas empresas, que aprovechara sus potencialidades y que ayudara a superar las dificultades con las que se encontraban las empresas de inserción en su labor de promoción de la inserción-sociolaboral de la población con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Es así como la acción (la necesidad de llegar a propuestas concretas y que además fueran consensuadas por el conjunto de los miembros de EidA) ha estructurado esta investigación. A partir de los primeros contactos con las entidades, teniendo en cuenta su calidad de actores multidimensionales y su heterogeneidad en función de los diferentes contextos en los que se desarrollan y considerando que el propósito del análisis era establecer una serie de propuestas suficientemente fundamentadas ante los poderes públicos para la promoción de este tipo de iniciativas, nos planteamos los objetivos de este trabajo: a) En el plano teórico, a través del análisis del diferente y extenso material bibliográfico disponible: 1. Situar la actividad de estas iniciativas en el contexto socioeconómico y político en el que se desarrollan. Es decir, a partir de los estudios precedentes, plantear los principales aspectos relacionados con los procesos que atraviesan el marco estructural-institucional en el que surgen estas iniciativas y los fenómenos de exclusión social a los que se enfrentan (Capítulo 2). 2. Contextualizar el desarrollo de las empresas de inserción en el marco más amplio de las iniciativas de “inserción por lo económico” las cuales se vienen desarrollando en Europa desde mediados de los años ochenta (Capítulo 3 y Capítulo 4). 3. Estudiar, a partir del funcionamiento de los mercados de trabajo, especialmente con referencia al ámbito local, por ser éste el terreno más inmediato en el que se manifiestan los problemas de exclusión, cuál es el papel de las empresas de inserción (según sus diferentes manifestaciones) en la integración socio-laboral de las personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo (Capítulo 5). b) En un plano empírico-práctico, que se desarrollaría en estrecha colaboración con las entidades pertenecientes a EidA:

INTRODUCCIÓN

4. Analizar, a partir de la experiencia de EidA, (única agrupación de empresas de inserción en el ámbito andaluz) la realidad de las empresas de inserción en Andalucía (Capítulo 6). 5. Recogiendo todo lo anterior, proponer y discutir con las empresas las posibles medidas a tomar para la promoción del sector y elaborar un cuadro de líneas básicas de actuación (Capítulo 7). En nuestra participación en diversos foros y debates sobre la materia hemos tenido ocasión de comprobar los planteamientos tan diferentes que se presentan sobre estas iniciativas 9. Las diferencias aparecen no sólo dentro las propias EI sino asimismo de otros actores, como los provenientes de la Economía Social tradicional que han participado en estas discusiones aportando su visión y haciendo valer su papel histórico de integración laboral de los desfavorecidos; o como los sindicatos más representativos, con una postura inicialmente muy reticente y que han tardado en dejar de recelar de un modelo de inserción que les sonaba a trabajo precario; o también, los empresarios tradicionales, que cuando han participado en los debates, han insistido en los mecanismos ya disponibles para la integración de las personas más desfavorecidas, refiriéndose normalmente a las posibilidades de contratación de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales y prestando una atención mucho menor a otras poblaciones con otro tipo de problemas de degradación social. Además, se han mostrado críticos con las medidas de fomento a las empresas de inserción (en especial referencia a la idea de mercados tutelados que veremos más adelante) aduciendo que con ellas podría estar generándose una situación de competencia desleal. El presente trabajo trata de contribuir a este debate ofreciendo una visión del sector desde una perspectiva socioeconómica más amplia. Así, se ha puesto el acento no sólo en las capacidades del sector para lograr la inserción socio-laboral plena de personas desfavorecidas, sino también, y muy especialmente, en sus potencialidades de cara a propiciar un desarrollo económico socialmente vertebrador en los territorios en los que estas empresas despliegan su actividad. 9

El último, el «Encuentro Europeo de Empresas de Inserción» organizado por el IMFE del Ayuntamiento de Granada en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Granada, 15 y 16 de marzo de 2001, en el que presentamos la ponencia «Hacia un modelo andaluz de empresa de inserción».

2. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO Y POLÍTICO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN.

CONTEXTO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

2.1. UNA SOCIEDAD DEL TRABAJO. La crisis del modelo posbélico de crecimiento económico que se manifestó en los países occidentales durante los años setenta pone en cuestión el modelo de Estado Social que en diferentes versiones se había ido desarrollando en los distintos países industrializados10 . Este modelo económico, basado en una norma de consumo de masas, en un modo de organización de la producción fordista y en una tecnología despilfarradora de recursos naturales no valorados, permitió en estos países durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial un importante crecimiento de la productividad y posibilitó, con un conflicto social moderado y mediante impuestos (cotizaciones sociales e impuestos sobre la renta), la transferencia de recursos desde el sector privado a un sector público que con una lógica keynesiana destinaría estos fondos a restar incertidumbre al sistema. 11 En efecto, el Estado Social o Estado del Bienestar, a partir de los principios básicos del capitalismo (el espíritu de empresa, la competencia, la propiedad privada de los medios de producción), pone en marcha diferentes mecanismos de regulación que, por un lado, tratan de estabilizar los ciclos económicos (por ejemplo, controlando los movimientos internacionales de capitales) y, por otro, establecen mecanismos de protección social que garantizan a las personas, sobre todo a aquéllas que no disponen de otros ingresos que los provenientes de su trabajo, una mayor seguridad vital que evitara la reaparición de fenómenos como los del pauperismo del siglo XIX o la crisis de los años treinta (Polanyi, 1944). Dado que la mayor parte de la población adquiere sus ingresos del trabajo, la pieza central en torno a la cual gira el sistema de protección social es el mercado laboral. En esta época se desarrolla extraordinariamente el derecho del trabajo y de la protección social, es decir, se incluyen en el contrato laboral dimensiones no económicas que no son demandadas por el mercado. Este conjunto de regulaciones no mercantilizadas, como conjunto coherente de 10

Sobre la evolución del Estado de Bienestar puede verse Muñoz de Bustillo (1989) y Rosanvallon (1995). Un resumen teórico útil se encuentra en Ochando Claramunt (1999). Para un análisis de los diferentes modelos de Estado de Bienestar y de la forma en que éstos se están adaptando a las nuevas circunstancias socioeconómicas véase Gomà (1996). 11 Ritter (1991), desde un punto de vista histórico, hace una comparación internacional de cómo se han originado y desarrollado los diferentes modelos de Estado Social en los distintos países occidentales. Véase también, desde una perspectiva más amplia, Ambrosius y Hubbard (1986). Las fichas 1 a 5 del Apéndice I de La crisis del Estado Providencia, de Rosanvallon permiten un rápido repaso de estos procesos de génesis. 19

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regulaciones sociales garantizadas por el Estado se corresponde con lo que en el ámbito económico se denomina normalmente lo social (Castel, 1998:406). Los trabajadores adquieren así una serie de derechos sociales, y esta adquisición se asocia a una extensión de la ciudadanía, estatus este último que a partir de la famosa formulación de T. H. Marshall en 1949 pasó a considerarse desde un punto de vista tridimensional: civil, político y social12. El trabajo asalariado, al menos en el plano de las ideas, por primera vez en la historia, se desliga de la pobreza, de la precariedad del «vivir al día» del trabajador. En cierto sentido, como argumenta Castel (1997: cap. 6), este tipo de trabajo cumple a partir de entonces las funciones de una propiedad, dado que los mecanismos de protección estatales aseguran que opere como una red ante las adversidades (enfermedades, períodos de invalidez o de desempleo) o cuando finalice la vida activa (pensión de jubilación) 13. Se configura así una sociedad del trabajo14 asociada a un tipo de organización estatal que requería para su financiación adecuada una situación, por un lado, de crecimiento económico (de forma que la detracción de ingresos no exigiera redistribuciones entre las rentas de capital y las salariales que 12

«El elemento civil consiste en los derechos necesarios para la libertad individual – libertad de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y de religión, el derecho a la propiedad, a cerrar contratos válidos, y el derecho a la justicia-. Este último es de una clase distinta a la de los otros porque es el derecho a defender y a hacer valer todos los derechos de uno en términos de igualdad con otros y mediante los procedimientos legales. Esto nos demuestra que las instituciones asociadas más directamente con los derechos civiles son los tribunales. Con el elemento político me refiero al derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como el elector de los miembros de tal cuerpo. Las instituciones correspondientes son el parlamento y los concejos del gobierno local. Con el elemento social me refiero a todo el espectro desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad al derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares corrientes de la sociedad. Las instituciones más estrechamente conectadas con estos derechos son el sistema educativo y los servicios sociales», Marshall ([1949]1997:303). La ciudadanía iguala, pero también diferencia: «a través de la relación entre la educación y la estructura ocupacional, la ciudadanía opera como un elemento de estratificación social» (Marshall, [1949]1997: 334). 13 Dice Albarracín (2000:161): «una condición de propiedad por la seguridad que extendía la seguridad relativa que otorgaba el trabajo hacia la seguridad absoluta del hecho de ser propietario, a partir de una ampliación del derecho a la protección del salario, también fuera del trabajo: seguridad para el momento de la vejez, la enfermedad, el accidente». 14 «Consideramos con Offe (1992:10) como “sociedad del trabajo” aquella “sociedad en que las oportunidades económicas, participativas y vitales está acopladas –directamente o a través de unidades económicas privadas y públicas- al trabajo lucrativo; los que no encuentran alojamiento duradero en el sistema ocupacional y los que con frecuencia más que suficiente ven desplazado su potencial del trabajo hacia una tierra de nadie, están amenazados por el estigma del fracaso», tomado de Alonso (1999). 20

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pudieran hacer peligrar la relativa paz social del período) y, por otro, de pleno empleo (lo que en la época equivalía a que los «cabeza de familia» estuviesen ocupados) que garantizase la contribución de toda la población activa al sostenimiento del sistema. 2.2. LA CRISIS DEL EMPLEO. Ambas condiciones dejan de darse a partir de los años setenta en los que se produce un agotamiento del modelo de crecimiento 15 a la vez que se desarrolla un importante cambio tecnológico que realimenta las transformaciones que se viene produciendo en una demanda cada vez más diversificada. El problema no es sólo la crisis industrial, sino que los nuevos rumbos en los sistemas de organización de la producción parecen exigir la configuración de un mercado de trabajo diferente al que se había desarrollado en los años precedentes: «La flexibilidad del modelo postfordista introduce un sistema basado en la informalización, deslocalización y relocalización de la estructura productiva, una fabricación mucho más ligera, difusa y especializada. La fragmentación productiva induce así una fragmentación social que rompe la homogeneidad básica de los sujetos tradicionales del fordismo. Especialización flexible, donde la configuración del producto, la producción asistida por ordenador y la robótica, antes que adaptarse al consumo masivo, se dedican a segmentar y adecuar su oferta a nichos muy específicos de demanda personalizada... La producción especializada, al contrario que la fordista, se basa en que los consumidores son potencialmente distintos, que hay nichos o segmentos de demanda muy diferenciados a los que las empresas innovadoras tratan de adaptarse, necesitando maquinaria muy flexible y mano de obra adaptable, que se ajuste rápidamente a las nuevas pautas de organización y a la turbulencia y rápida variabilidad de los mercados» (Alonso, 2000:4).

Así pues, durante las décadas siguientes, la cuestión no se reduce al mero aumento cuantitativo de las cifras de desempleados (el paro llega a alcanzar a principios de los noventa valores superiores al 10% como media en Europa), sino también a una transformación en las prácticas de contratación de la mano de obra de las empresas que necesitan fórmulas de empleo más «flexibles». Esto se traduce, desde un punto de vista interno, en un aumento de las contrataciones temporales y en una vertiente externa, en el recurso por parte de 15

Desde el punto de vista de la teoría de la regulación esta crisis resulta de la asfixia del modelo “fordista”, unida a la caída de los aumentos de productividad, a las transformaciones en el consumo y al desarrollo de un sector terciario poco productivo. Véase, Boyer y Durand (1993). 21

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las grandes empresas (con sindicatos más poderosos y beligerantes de cara a mantener el statu quo de los trabajadores) al sistema de subcontratación, el cual desplaza la producción a empresas periféricas en las que los trabajadores están menos organizados sindicalmente y por lo tanto más expuestos a procesos de precarización de las condiciones de trabajo (Martín Artiles, 1992). 2.3. LA (YA NO TAN) NUEVA CUESTIÓN SOCIAL. La diversificación de las formas de contratación y la proliferación del uso de fórmulas más precaria profundiza la tradicional segmentación del mercado de trabajo (Piore, 1980) en un sector primario formado por los “buenos” puestos (estables, mejor remunerados, acompañados de una tecnología más avanzada que requieren mayores niveles de cualificación por parte de los trabajadores...) y un sector secundario constituido por los “malos” (inestables, con bajos salarios, que no requieren cualificación). El desempleo provoca además que los trabajadores asociados a ambos segmentos entren en competencia produciéndose un desplazamiento hacia el desempleo y la inactividad de los menos cualificados, los cuales en la etapa anterior habían tenido acceso a los segmentos inferiores del sector primario, pero que ahora parecen condenados en el mejor de los casos a rotar por el sector secundario y en el peor a quedar definitivamente excluidos del mercado laboral. «De modo que el problema actual no es sólo el que plantea la constitución de una “periferia precaria” sino también el de la “desestabilización de los estables”. El proceso de precarización atraviesa algunas de las zonas antes estabilizadas del desempleo. Ha habido un nuevo crecimiento de la vulnerabilidad de masas que, como hemos visto, había sido lentamente conjurada. En esta dinámica no hay nada de “marginal”. Así como el pauperismo del siglo XIX estaba inscrito en el núcleo de la dinámica de la primera industrialización, la precarización del trabajo es un proceso central, regido por las nuevas exigencias tecnológico-económicas de la evolución del capitalismo moderno. Es perfectamente lícito plantear una “nueva cuestión social”, que tiene la misma amplitud y la misma centralidad que el pauperismo en la primera mitad del siglo XIX, para sorpresa de los contemporáneos», (Castel, 1997:413).

Castel menciona tres puntos de cristalización de la nueva cuestión social: La desestabilización de los estables. El problema, dice, no es una cuestión de márgenes, contra lo que se podría pensar el problema

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no está solamente en el aumento de la exclusión del mercado laboral, sino principalmente en lo que está pasando en su núcleo 16. La instalación en la precariedad de una franja de la población que se ve obligada a la alternancia entre empleo y no-empleo. En cierto modo las personas que se encuentran en esta situación vuelven a vivir en una cultura de lo aleatorio (vivir al día) y muestran una actitud de rechazo no tanto al «trabajo sino a un tipo de empleo discontinuo y literalmente insignificante, que no puede servir de base para la proyección de un futuro manejable» (Castel, 1997:416)17. Se produce un déficit de lugares ocupables en la estructura social, «si entendemos por lugar una posición con utilidad social y reconocimiento público» como la que confiere el estatuto de asalariado (Ibídem).

2.4 LA RECONFIGURACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR. La nueva cuestión social así definida tiene un impacto inmediato sobre la configuración de los regímenes de protección social del Estado del Bienestar, que se habían construido en torno a las contribuciones de los trabajadores asalariados, estableciendo sólo de forma periférica prestaciones de tipo asistencial para aquellos casos en los que la población beneficiaria no estaba ligada al mercado laboral (pensiones de tipo no contributivo, por ejemplo). La crisis del empleo segmenta el propio Estado de Bienestar en tres estados que ofrecen protección muy diferente (Rodríguez Cabrero, 1994:18): 16 La actitud del Estado no es neutral en este proceso: «la condición de estatuto privilegiado con el que viene a ser marcada la condición del trabajador varón, estable y «asegurado» permite que el eje central sobre el que giren las intervenciones del Estado en las nuevas formas de regulación de las condiciones de trabajo no sea la extensión de los derechos ligados a la condición de asalariado sino la limitación de tales derechos como mecanismo para –supuestamente- facilitar el acceso a los desempleados e inactivos a las nuevas condiciones de empleo permitidas por las reformas del marco legal» (Albarracín et alia, 2000:160). 17 «No se trata ya de la emergencia de una nueva categoría social, de un grupo más al que aplicar una política coercitiva, de reparación o de asistencia nueva. Se trata de una condición difusa nueva, de quienes no están desligados del trabajo, pero para los que su trabajo tampoco es un “seguro”. Una condición que llega a afectar al centro mismo de la organización social del mercado de trabajo transformándose en una cuestión transversal que da lugar a una recomposición general de los métodos y tecnologías de la intervención social: localización de las operaciones y concreción bajo objetivos precisos, movilización de diferentes actores (ministerios, instituciones, organizaciones no gubernamentales...), nuevas relaciones entre lo local y lo central, etc.» (Ibídem:161). 23

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Estado de Bienestar: donde están instaladas las clases medias y la clase obrera industrial con trabajo estable; § Estado Asistencial: que protege a los parados, precarios y pobres integrados; § Estado Control o Histórico: que realiza una actividad de control de los marginados y excluidos de todo tipo. El crecimiento de las situaciones de fragilidad laboral provoca que en los años ochenta se difumine la frontera entre seguro social y ayuda social. Esta última, que en su origen estaba concebida como forma de volver a la zona social de seguridad desde la periferia de la exclusión (esto es: como ayudas transitoria) tienden a convertirse ahora en permanentes, agravando los problemas financieros del Estado. En España, las circunstancias son bastante peculiares dado que, con considerable retraso con respecto a los países de nuestro entorno, es precisamente en esta época de crisis cuando se consolidad el sistema de protección público, que si bien tiende a la universalización de las prestaciones se ve con problemas para hacerles frente con la suficiente intensidad (Rodríguez Cabrero: 1994). Pero no son sólo factores económicos (la crisis de empleo y los problemas financieros) los que socavan al Estado de Bienestar tradicional, éste sufre también una crisis de legitimidad que pone en cuestión su aparato burocrático, la homogeneidad de sus prestaciones y su incapacidad de hacer frente a unas demandas ciudadanas que habían ido sofisticándose en el periodo de expansión previo18. En definitiva y resumiendo lo hasta aquí dicho, 18 «Frente a la crisis, el poder político debería conciliar, dentro de su actividad económica y en el marco de políticas sociales que procurara su legitimación, dos exigencias que en la década de los ochenta aparecían especialmente contradictorias e inconciliables en el momento de su puesta en práctica (y, desde luego, más fáciles de conseguir en una “sociedad de la abundancia”): por un lado, el Estado, a fin de garantizar su legitimidad y consenso social, debería procurar el bienestar social realizando una política encaminada a garantizar una adecuada protección de las clases trabajadoras; por otro, tutelar el interés empresarial a través de una política económica que asegure el crecimiento económico y la acumulación rentable de capital, cumpliendo, por otra parte, con el principio de subsidiariedad de la iniciativa pública respecto de la privada. Lo que sucede, sencillamente, es que la crisis estructural había convertido en prioritaria la función de acumulación económica, haciéndola incompatible, en buena medida con las demandas de bienestar. En efecto, cuando el Estado no puede reconciliar ambas exigencias (acumulación y legitimación), se produce una crisis de legitimación estructural, es decir, se ocasiona un déficit en la racionalidad políticoadministrativa que en el capitalismo tardío ha tomado en su nueva expresión como Estado de Bienestar» (Monereo Pérez,1996: 185-18). 24

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«la crisis del Estado de Bienestar forma parte de una crisis superior, la del modelo fordista de producción bajo la coordinación y regulación estatal. Este modelo que produjo estabilidad política, continuidad de la producción y materialización de los derechos sociales llega a su fin por razones de eficacia, eficiencia y legitimidad produciéndose, como decimos, un cierto retroceso del reformismo social que Anisi (1990) define como que la producción cede preeminencia a la mercancía, lo público se desacredita frente a lo privado y la democracia pierde cierta relevancia frente a la mercancía», (Rodríguez Cabrero: 1994:17).

Luego el Estado de Bienestar sufre también un ataque en el plano ideológico: socialmente se impone una nueva escala de valores que prioriza lo privado frente a lo público (no tanto para negar la provisión pública, sino la forma en que ésta se realiza) y una revalorización del individualismo como orden social19. Un último factor que contribuye a poner en jaque al Estado de Bienestar es la pérdida de hegemonía del Estado-nación como base política de organización territorial el cual se ve constreñido, por abajo, por los procesos de descentralización que reclaman un Estado más cercano al ciudadano, participativo y democrático y, desde arriba, por un proceso de creación de instancias de decisión política supranacionales (en nuestro contexto la Unión Europea) y por los fenómenos relacionados con la mundialización de la economía y la preponderancia del capital financiero internacional (Borja y Castells, 1997). Todos estos elementos, han de ser tenidos muy en cuenta en la medida que condicionan la capacidad de maniobra de los Estado de Bienestar modernos para hacer frente a la nueva cuestión social que se está generando y a los procesos de exclusión social que le son anejos y a los que trata de hacer frente. De hecho, todos los aspectos mencionados han influido considerablemente en 19

Paradójicamente el individualismo que el propio Estado había alimentado se vuelve ahora contra él, que lejos de ser concebido como mecanismo que garantiza la autonomía individual es visto como un limitador de las libertades individuales. Como recuerda Castel (1997:399) citando a Gauchet: «cuando se les procura a los individuos ese paracaídas extraordinario que es el seguro de asistencia, se los autoriza, en todas las situaciones de la existencia, a liberarse de todas las comunidades, de todas las pertenencias posibles, empezando por las solidaridades elementales de la vecindad; si hay seguridad social, no necesito que me ayude mi vecino de piso. El Estado providencia es un poderoso factor de individualismo». La contradicción surge de que esos derechos individuales se crearon para proteger al individuo de una sociedad en la que se estaban rompiendo los vínculos de solidaridad. Pero con esta intervención se ahonda aún más la distancia y el individualismo queda reforzado. El Estado de Bienestar reproduce una tensión permanente entre el individualismo que él mismo genera y la imposición de formas de socialización de los ingresos necesaria para su desarrollo. 25

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la remodelación de los Estados de Bienestar en los que ha tenido una formidable importancia la reacción de los ciudadanos ante la crisis económica y social y su organización defensiva en torno a un Tercer Sector (del que las empresas de inserción objeto de este estudio forman parte) que, como veremos a continuación, en los últimos tiempos se ha revitalizado. Pese a la crisis material y de legitimidad que afecta a los Estados de Bienestar modernos, parece haber cierto consenso en torno a la idea de que el Estado debe seguir jugando un papel fundamental en los sistemas socioeconómicos de las sociedades occidentales. «El Estado no puede ser entendido como una especie de tumor, ni siquiera benigno, que ahogase la sociedad civil, sino como una construcción de ésta: una construcción que no habla en nombre propio sino con la voz que la sociedad –su sociedad- le presta. Del mismo modo que el mercado no es la quintaesencia de la identidad social, sino un instrumento de que aquélla se dota y en el que se sitúa cantidades variables de recursos para su intercambio y asignación, el Estado no parasita a la sociedad civil, sino que se ocupa de un espacio de acción pública más o menos grande, decidido por ella» 20

También parece haber acuerdo en que la redefinición ha de guardar el equilibrio entre una estatización excesiva (que desbordaría la presión fiscal) y un escenario excesivamente liberal que supusiera una regresión en los sistemas de redistribución (falta de legitimidad social de esta opción). En palabras de Rosanvallon (1995:113), tanto una como otra opción «son simultáneamente escenarios de bloqueo social y de bloqueo ante el futuro» y la única forma de romper con esos bloqueos es redefinir las fronteras entre el Estado y la sociedad21. En la misma línea apunta Rodríguez Cabrero (1994) que el futuro del Estado de Bienestar no se puede plantear de modo independiente del papel de la sociedad civil. En nuestro país el Estado de Bienestar, desarrollado tarde y en un contexto de crisis, sufrió una primera reestructuración en la década de los ochenta, de forma que en los noventa se nos presenta «en el plano institucional, parcialmente reestructurado y articulado en formas variadas de sistemas mixtos de previsión y protección social; en el plano ideológico como un periodo en el cual la relativa uniformidad de la categoría 20 Miguel Beltrán en la presentación del volumen correspondiente a los número 8 y 9 de la Revista Internacional de Sociología, Tercera Época, mayo-diciembre, 1994 que aparece bajo el título “Estado, mercado y desigualdad: selección de materiales de un simposio”. 21 «No es posible imaginar una sola forma futura del estado providencia, porque esta tendrá que ser necesariamente plural. Lo que nos hemos de quitar de la cabeza es la doble idea de que servicio colectivo=Estado=no-mercado=igualdad y servicio privado=mercado=beneficio=desigualdad. El porvenir del Estado providencia pasa por una combinación diferente de estos elementos.» (Rosanvallon, 1995:113). 26

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solidaridad colectiva mediada y estructurada por el Estado se diversifica en variadas alternativas de solidaridad social y de recuperación de una cierta personalización de las necesidades sociales, y, en el plano político, como una variedad de agentes sociales intervinientes en la producción de bienestar con nuevos valores añadidos de complejidad y pluralismo, pero que tienen que hacer frente a los retos de coordinación y efectividad social» Rodríguez Cabrero (1994:8) 22.

Se configura así un modelo de bienestar pluralista en el que el sector público y el privado se complementan en la producción de bienes públicos aunque de forma poco coordinada. «Esto supone no sólo la expansión de oferta privada de servicios sociales y pensiones, sino la privatización de servicios públicos en lo referente a la provisión y gestión así como la creación de mercados internos. También la extensión del sector no lucrativo como modelo que responde a múltiples fuerzas: las pretensiones del Estado por descargar y abaratar servicios, las de la sociedad civil por generar nuevas fuentes de empleo y una mayor proximidad de los servicio, por mencionar algunas» (Rodríguez Cabrero, 2000:7).

En este contexto es en el que se produce la (re)emergencia del Tercer Sector como un heterogéneo conjunto de actores (organizaciones no gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro, entidades de la economía social tradicional, etc.) que reclaman un mayor protagonismo en la vida social, económica y política a través de la ocupación de un espacio social que permita la articulación de la solidaridad social y una organización alternativa de recursos más flexible y más próxima a las necesidades de los ciudadanos23.

Este mismo autor establece así dos etapas de reestructuración del Estado de Bienestar español tras la crisis del modelo de producción y regulación fordista-keynesiano (1973-1979): una fase desreguladora (1979-1989) y una reestructuración privatizadora/socializadora (1989-1999) (Rodríguez Cabrero, 2000:7). 23 Un análisis teórico sobre la (re)emergencia del Tercer Sector y de su articulación con el resto de los sectores socioeconómicos puede verse en Donati (1998). Un repaso actualizado a la situación real del Tercer Sector en España que admite comparaciones internacionales al haber sido realizado con la misma metodología que en varios países del panorama internacional puede verse en Ruiz de Olabuénaga (dir.) (2000b y más ampliamente 2000a). Según este estudio en 1995 había 253.507 entidades no lucrativas en nuestro país de las cuales 7.922 se dedicaban a la prestación de servicios sociales. Para una atención centrada en el ámbito social véase Carpio (coord.) (1999), especialmente el artículo de Cabra de Luna allí recogido. Por otra parte, los núm. 51 (1991) y núm. 83 (2000) de Economistas (Revista editada por el Colegio de Economistas de Madrid) son también dos monografías que recogen el estado de la cuestión en sus respectivos momentos. Para una visión desde el punto de vista de las fundaciones véase Sáez de Miera (2000). 27

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2.5. LA REEMERGENCIA DEL TERCER SECTOR: LA NUEVA ECONOMÍA SOCIAL. Dos son las expresiones más utilizadas para referirse al Tercer Sector y cuyos límites conviene delimitar. Por un lado, en los países francófonos, cuando se habla de Tercer Sector es frecuente que se identifique con la Economía Social -término con gran tradición en Francia especialmente a partir de los 70, de hecho, en dichos países se conoce a gran parte de estas iniciativas con el nombre de nueva economía social (Defourny et alia (dirs.), 1997)-. Las principales características de las entidades pertenecientes a este sector serían: § finalidad de servicio a los miembros de la colectividad más que de beneficio, § autonomía en la gestión, § decisiones democráticas y primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de beneficios. Las cooperativas, la mutuas, las asociaciones, la fundaciones, formarían parte de este sector (Defourny, 1998). En el mundo anglosajón, en cambio, al hablar de Tercer Sector, se suele hablar de Sector No Lucrativo (en Estados Unidos) o de Organizaciones Voluntarias (Reino Unido). Las principales características de las entidades recogidas bajo esta expresión son: § ser una organización formal, § privada (aunque puede tener apoyo financiero público), § no lucrativa (no existe reparto de beneficios entre sus miembros), § autogobernada y § con un alto grado de participación voluntaria. Esta definición es algo más estrecha que la anterior sobre todo por su carácter de entidades no lucrativas (por ejemplo, en España sólo 7822 cooperativas de las 22779 que había en 1995 entrarían en esta definición). Además, dentro de este último concepto se suele distinguir entre entidades de autoayuda (de beneficio mutuo) y de interés social (entidades no lucrativas puras) (Salamon y Anheier,1994). La revitalización del Tercer Sector puede ser considerada como «una respuesta defensiva en muchos sentidos: frente al intervencionismo del Estado, pero también frente a la remercantilización de los espacios colectivos. También 28

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es una respuesta positiva que pretende restaurar identidades y solidaridades en un marco menos amplio y regulado que el Estado; es una vía de democrartización social, a veces presentada como la vía por antonomasia» (Rodríguez Cabrero, 1994:22). Las Empresas de Inserción de las que nos ocupamos aquí son actores que emergen en el seno de este Tercer Sector24, por eso nos resulta especialmente interesante el análisis del lugar que este sector revitalizado viene a cubrir en la sociedades modernas. Para abordar esta reemergencia nos resultará muy útil la visión de las entidades que lo conforman como los actores complejos que son. En efecto, podemos partir de la idea de que las Organizaciones del Tercer Sector, aunque su nacimiento y desarrollo se encuentra ligado al sector socioeconómico que denominamos Sociedad Civil (en oposición al Estado, Mercado y Sector Informal), son actores complejos que despliegan su campo de actividad a través de sus diferentes esferas de interacción25. Desde este punto de vista, se puede observar al Tercer Sector como desarrollando sus acciones en todos los sectores-socioeconómico contribuyendo, a través de la articulación de respuestas a las nuevas necesidades sociales, a la formación de nuevas 24

Como veremos, sus características varían según los diferentes modelos: unas veces aparecen como actores de la economía social tradicional, otras como organizaciones no lucrativas de interés social y otras como ambas cosas a la vez. Volveremos sobre esto cuando discutamos los diferentes tipos de Empresas de Inserción. 25 Cuando pensamos en la sociedad actual es frecuente que la estructuremos en cuatro sectores (Rodríguez Cabrero, 1994; Donati, 1998) que se distinguen por la presencia de estructuras e instituciones características: El Estado, donde las estructuras e instituciones están relacionadas con la regulación política y la gestión de lo público. El Mercado, donde las estructuras e instituciones se refieren al intercambio económico. La Sociedad Civil, cuyas estructuras e instituciones regulan el espacio público que no es regulado por el Estado, pero tampoco se identifican con relaciones de mercado ni pueden ser reducidas a vínculos comunitarios. El Sector Informal, que viene a completar el cuadro representativo de la sociedad y reúne las estructuras e instituciones que tiene un carácter más informal: familiares, parentesco, vecindad, amistad, etc. Quizá convenga aclarar el sentido en el que se emplea el término «sociedad civil» puesto que es un concepto con una larga tradición, pero que no siempre ha sido usado en el mismo sentido. El significado con el que empleamos el término aquí se corresponde con un sector que al no ser Estado, ni mercado, ni un sector informal se constituye como el espacio de relación en el que confluyen todas las relaciones anteriores pero que se configura como un espacio propio con características institucionales distintivas (ONG’s y movimientos sociales, por ejemplo). Una discusión sobre el concepto de sociedad civil en relación con las transformaciones del Estado de Bienestar en los años ochenta y noventa puede verse en el citado Rodríguez Cabrero (1994). 29

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estructuras de interacción entre actores que propician campos de acción diferentes a los hasta ahora establecidos26. Desde este enfoque, que puede ser ilustrado mediante el esquema de representación que desarrollamos sobre los actores (Figura 1), podemos comprender más fácilmente las múltiples dimensiones de estas organizaciones y seguir el desarrollo de sus acciones desde una perspectiva integral. Esto será lo que nos ofrezca una adecuada representación que nos permita establecer las oportunas valoraciones sobre sus actuaciones. Así, podemos observar al Tercer Sector desarrollando nuevas formas de organización de los recursos socialmente escasos y estableciendo mecanismos novedosos de intercambio en el mercado constituyéndose en el fenómeno que se conoce como Economía Social, y desde esta perspectiva analizar sus acciones desde el punto de vista de su eficiencia y de los medios instrumentales de los que disponen para lograrla. Pero también podemos observar su dimensión de nuevos sujetos políticos que representan nuevas identidades e intereses hasta ahora sólo escasamente representados. Desde aquí, el estudio de la actividad de estos actores deberá tener en cuenta su capacidad de movilización de recursos para la producción de normas legales orientadas a la consecución de sus intereses (eficacia política). El esquema también nos permite verlos formando y afianzando nuevas redes de socialidad y nuevas concepciones y proyectos acerca de lo que ha de ofrecer la sociedad. Desde esta dimensión la acción de los actores puede ser concebida en términos de la definición de nuevas formas de pertenencia e integración social. Por último, en el plano de las relaciones informales, podemos considerar a las Organizaciones del Tercer Sector como puntas de lanza de una nueva cultura civil cuyos valores contribuyen a modificar las pautas de las personas en la valoración tanto de bienes como de relaciones sociales. Esta visión global de conjunto de interacciones de las entidades del Tercer Sector nos va a resultar especialmente útil en el análisis sobre el papel que pueden jugar las empresas de inserción en el campo de integración socio-laboral de las personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo. El esquema facilita una visión multidimensional de estas empresas tanto en su cara interna como externa. 26

El Tercer Sector se nos representa así como «el producto de la diferenciación societaria en condiciones de creciente complejidad social» (Donati, 1997:116). Las ideas que siguen están en gran parte inspiradas en el análisis que realiza Donati del Tercer Sector en términos de su eficiencia, eficacia, capacidad de regulación y de generación de valores. 30

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Así, desde un punto de vista externo, la cuestión no es sólo la rentabilidad económica y eficacia social de estas empresas (por ejemplo, en términos del número de inserciones laborales logradas) sino también, en un plano más global, su labor política de cara a una mejor distribución de los recursos públicos y en la lucha contra las exclusiones (sobre todo las laborales) para la mejora de la cohesión social y en la propiciación de un mejor clima social en los territorios en los que se desarrollan. Desde una perspectiva interna referida a la actividad que realizan con los trabajadores en inserción, este enfoque permite captar mejor la compleja relación que establecen estas empresas con las personas en dificultades que emplean que trasciende la esfera mercantil.

Economía Social

Eficiencia Eficacia Política

Organizaciones Tercer Sector

Nuevos Sujetos Políticos

ESTADO

SOCIEDAD CIVIL Nueva cultura civil

SECTOR INFORMAL

Nuevas redes de Socialidad

Figura 1: Las Organizaciones del Tercer Sector como actores complejos.

Volviendo al asunto del papel real de este Tercer Sector en un contexto de pluralismo de bienestar, cabría preguntarse hasta qué punto el Tercer Sector estaría en condiciones reales de aportar lo que en un plano ideológico ofrece.

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Rodríguez Cabrero27 analizando el caso español del desarrollo de estas entidades en la producción de servicios sociales advierte las debilidades de un Sector, en rasgos muy generales, fragmentado, escasamente coordinado, poco profesionalizado y con una gran dependencia financiera del Estado, lo que genera cierta competencia entre las organizaciones por los recursos públicos y situaciones de relaciones clientelares. Razones todas ellas por las cuales se hace imprescindible que el papel protagonista de la provisión de bienes públicos siga en manos del Estado. «En definitiva, las características del sector son las de privatismo dependiente, descentralización subordinada, diversidad grupal ampliada y bajo nivel de cobertura. Si este diagnóstico es correcto, con los matices necesarios en los que aquí no podemos entrar, la conclusión es que cualquier diseño de producción mixta debe basarse en un sistema de amplia financiación pública dada la importancia de la integración social para la estabilidad social y política, producción mixta en sus diferentes combinaciones y fuerte regulación pública lo que no quiere decir necesariamente rígida que garantice la accesibilidad a los servicios y prestaciones y la efectividad» (Rodríguez Cabrero, 2000:13).

No obstante lo anterior, hay aspectos muy positivos que hacen realmente apreciable la contribución del Tercer Sector a la producción social: § su compromiso con una sociedad más solidaria, § su capacidad para detectar nuevos problemas sociales, dada su mayor proximidad a la gente y su especial implicación con las personas más desfavorecidas de la sociedad, § su mayor flexibilidad por la versatilidad de sus organizaciones, § el potencial innovador para ensayar posibles respuestas a los problemas, § su capacidad para la movilización de recursos muy diversos (fondos públicos, donaciones particulares y recursos propios) haciendo viables económicamente actividades dirigidas a cubrir necesidades sociales que de otra forma el mercado, por no ser rentables, no habría cubierto. Estas características de las organizaciones del Tercer Sector van a resultar especialmente determinantes, en un contexto de multiplicación de los procesos de exclusión social, para el desarrollo de experiencias tendentes a la inserción

27 Para este autor se ha pasado «de una injusta relegación a una a una idealización que tiende a exagerar dicho espacio como instrumento óptimo de cohesión social y como espacio efectivo de producción de bienestar» (Rodríguez Cabrero, 2000:15). 32

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socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social 28. La importante iniciativa de estas entidades29 en este terreno se debe en gran medida a su mayor proximidad con los problemas reales que se producen en los tejidos socio-económicos locales en los que desarrollan sus actividades 30. En el apartado siguiente nos referiremos a estos problemas. 2.6. LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

Junto con la crisis del Estado de Bienestar y su ulterior reconfiguración en un sistema pluralista de producción de bienestar en el que se da la emergencia de un Tercer Sector, hay un tercer aspecto que, desde nuestro punto de vista, también contribuye a perfilar el contexto en el que se desarrollan las empresas de inserción. Nos referimos a la dimensión territorial de la exclusión social. Las peculiaridades en la formación histórica de los tejidos económicos y sociales de los diferentes territorios (pueblos, ciudades, barrios, comarcas, regiones...) se ha traducido en una gran diversidad en las estructuras socieoeconómicas que se ha mantenido en el tiempo pese a la gestión centralizada de la política económica y social de los Estados Modernos. Esta diferenciación territorial se ha traducido, como era de esperar, en una gran diversidad de respuestas tanto a los problemas de desestructuración económica que se suscitaron tras la crisis de los años setenta como a la reestructuración subsiguiente en el periodo de expansión económica desde mediados de los noventa. Las distintas respuesta a los cambios en el entorno económico se han traducido en diferentes impactos en las sociedades locales, muchas de las cuales se han quedado rezagadas en el proceso de adaptación a las nuevas formas de organización económica (Mayoral Lobato, 1992) . 28

Véase también Estanyol Bardera, (1999). Una visión desde la organización de los propios afectados (Gavira, 1995). 29 Que ha sido estimulada por muy diferentes programas europeos, incluso a través de acciones piloto específicas tales como “Tercer Sistema y Empleo” puesta en marcha por la DG V en 1997. En el marco de esta acción, véase el informe de síntesis preparado por Campbell (1999) del Policy Research Institute de Leeds acerca de ocho investigaciones realizadas en diferentes países de la UE con el tema “El Tercer Sector, Empleo y Desarrollo Local”. 30 Véase sobre esto las aportaciones de Puig (2000), Ruiz de Olabuénaga (2000), Greffe (2000), Morán (2000), Barea (2000) y Cachón (2000) al I Congreso de Desarrollo Local, Tercer Sector y Empleo organizado por la Fundación Al-Andalus en Granada del 26 al 29 de Noviembre de 2000. 33

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Como afirmábamos más arriba, este cambio de organización económica se asienta fundamentalmente sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías, que ha supuesto el declive de los viejos modelos productivos industriales a la vez que ha permitido, mediante el avance de las nuevas teorías de la información, una desconcentración (localización difusa si se prefiere) de la industria y una concentración de los ámbitos de decisión, gestión y ejecución en muy pocas ciudades denominadas globales. Desde estas ciudades los centros de decisión de las grandes multinacionales ejercen su poder transcendiendo los marcos de los estados nacionales, propiciando con ello un proceso de mayor autonomía de lo económico frente a lo político. Las inversiones se deciden siguiendo exclusivamente criterios de rentabilidad y esto privilegia a determinados ámbitos geográficos en detrimento de otros que van quedando sistemáticamente excluidos de los canales de intercambio económico globales (Borja y Castells, 1997:328). El proceso es tan selectivo que privilegia a determinadas zonas incluso en el interior de las propias ciudades dejando al margen a los barrios más desfavorecidos. De esta forma la mundialización y los cambios en el sistema económico productivo provocan la desestructuración económica y social de territorios anteriormente integrados (barrios obreros, por ejemplo) y contribuyen a desmadejar las zonas ya previamente más desvertebradas (suburbios, centros históricos abandonados). Así pues, los impactos negativos de las transformaciones económicas mencionadas en los puntos anteriores se manifiestan con muchísima más crudeza en determinados entornos locales 31 que si bien son los lugares indicados para generar sinergias entre los diferentes actores son también los que sufren en su «propia arena» el problema de la globalización económica. Las sociedades locales son el principal soporte de los fenómenos dualizadores y desestructurantes que ésta última trae consigo y que dejan fuera de las comunicaciones globales y de las actividades competitivas a importantes territorios y a los habitantes que en ellos habitan. Un estudio muy reciente pone de manifiesto estos problemas al analizar las circunstancias que propician el deterioro de las zonas más desfavorecidas en las ciudades. Podemos resumirlos en los siguientes puntos32:

Los entornos locales, y principalmente las ciudades se están convirtiendo, en expresión de Borja y Castells, en los «medios naturales» donde se desarrolla la actividad económica. El fenómeno conocido como glocalización, la articulación entre lo global y lo local, aplicado a la economía se traduce en la consideración de «la ciudad como medio económico adecuado para la optimización de sinergias». Borja y Castells (1997:328). 32 VV. AA. (2000:226): Las condiciones de vida de la población pobre desde la perspectiva territorial. Pobreza y territorio. Véase también Tezanos (1999). 34

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El proceso por el cual las nuevas tecnologías de la información permiten en las empresas la centralización de los procesos de gestión y la desconcentración de los procesos de ejecución contribuye a que se generen procesos de «dumping social». La “competencia” entre los distintos territorios por captar inversiones para la realización de las tareas de ejecución se traduce en una negociación a la baja del coste de la mano de obra vía moderación salarial, costes sociales de la mano de obra y flexibilización del mercado laboral. En definitiva, se fomenta la actividad en el territorio al coste de una mayor precariedad laboral. Esta nueva forma de organización de la producción y su tecnología asociada permite a las empresas plantearse la reubicación de los centros de producción cuando las circunstancias así lo requieran a un coste no demasiado elevado. Cuando una zona (región, ciudad, barrio) deja de ser rentable, la producción se mueve a otra, quedando sistemáticamente excluida adentrándose en un círculo vicioso de degradación y precariedad social. Los requerimientos de la flexibilidad laboral implican una mayor segmentación social, dando lugar a una gran heterogeneidad de las formas de empleo que van engrosando las fórmulas del sector secundario y que en muchas ocasiones se traducen en situaciones complejas de alternancia entre empleo y paro. Esta circunstancia afecta especialmente, como decíamos más arriba, a colectivos muy concretos, sobre todo a aquellos con déficit de cualificación importantes mucho más frecuentes en los habitantes de las zonas más degradadas. Además las políticas públicas de creación de empleo al incidir en la flexibilidad han realimentado esta situaciones (Recio, 1997). Los trabajadores de los barrios con más problemas se están quedando cada vez menos protegidos y esto está creando nuevas formas de pobreza que vienen a complicar la situación preexistente. A todo esto se une que una gran cantidad de empleos tradicionales desarrollados por los habitantes locales son sustituidos por redes productivas modernas orientadas hacia la competición global destruyendo así parte del tejido productivo tradicional y pronunciando la desvinculación entre la actividad económica y el conjunto de relaciones sociales. Por otro lado, las inversiones encarecen el suelo de las zonas más rentables, de 35

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manera que a los ciudadanos con menos recursos se ven obligados a permanecer o a mudarse a las zonas menos valoradas. Eso lleva a la concentración de la población más pobre en esas zonas y ello no contribuye a aumentar su ya de por sí escaso atractivo. En definitiva, estos «barrios desfavorecidos padecen situaciones de fuertes desigualdades múltiples con altos valores de paro, eventualidad, falta de cualificación laboral, falta de estudios, etc., que deben provocar escasez de recursos económicos... Los factores que parecen determinar la vulnerabilidad, según se ha observado en el estudio cualitativo de 50 barrios en los que las administraciones están desarrollando actuaciones, son de índole diversa, incluyendo factores físicos (distorsión de la infraestructura y los usos, deterioro y deficiencias ambientales), sociales (desequilibrios demográficos, inmigración, baja cualificación educativa, rechazo cultural y aparición de actividades marginales) y económicos (precarización de la comunidad, marginación de actividades tradicionales e impacto de las sectoriales). Unos y otros, combinados de distinta forma, interactúan en estos barrios impulsando su desfavorecimiento»33.

Ante esta situación, los responsables de la intervención sobre el territorio parecen encontrarse enfrentados a una elección (que se presenta como dicotómica) entre el desarrollo de acciones que se enganchen al tren de la globalización y aprovechen las ventajas económicas que ésta ofrece, por un lado, y las acciones orientadas a una mejor cohesión social territorial que aseguren un desarrollo a un más largo plazo, por otro. Estas tensiones son recogidas por Borja y Castells (1997:190). «a) Entre competitividad económica y desarrollo sostenible. b) Entre inversión hacia actividades inmediatamente productivas y competitivas e inversión en capital fijo y en apoyo a actividades rentables a largo plazo o de carácter social (vivienda, equipamientos colectivos). c) Entre la producción de infraestructuras de comunicación y económicas orientadas por la globalización y la producción de infraestructuras de cohesión territorial y social (este punto puede entenderse como una especificación del anterior). d) Entre desregulación que permite agilizar las relaciones entre los actores y favorece las iniciativas privadas y el establecimiento de instituciones y

Arias (1999: 5-6). Esta obra recoge un estudio realizado en municipios mayores de 50.000 habitantes en los que se han detectado 374 barrios desfavorecidos mayores de 3.500 habitantes en los que viven aproximadamente tres millones de personas. Tomado de VV. AA. (2000:228): Las condiciones de vida de la población pobre desde la perspectiva territorial. Pobreza y territorio. 36

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reglas claras y respetadas que garanticen la consecución de los objetivos de interés público o colectivo y proporcionen un marco superior de certidumbre. e) Entre la promoción de las iniciativas innovadoras y la imagen moderna de la ciudad y la acción urbanística orientada por objetivos distributivos y cohesionadores del conjunto de las poblaciones urbanas.»

Dada la ideología económica dominante, la elección de las autoridades locales (con creciente grado de discrecionalidad debido al desarrollo de los procesos de descentralización política) suele decantarse hacia medidas que favorezcan el crecimiento económico con la pretensión de que éste por sí sólo se verá acompañado de una mejora en las condiciones de vida de la población. Cosa que, por supuesto, no siempre sucede, sobre todo, cuando se trata de población excluida de los canales de intercambio económico ordinario. En definitiva, los efectos de las crisis económicas, de la fragmentación de los mercados de trabajo y de sus impactos en los sistemas de provisión social no afectan a los individuos aisladamente, ni siquiera sólo a determinados grupos sociales, en realidad, son fenómenos que presentan una marcada dimensión territorial. Así pues, la exclusión social lejos de ser un fenómeno arraigado en las características personales de los individuos es un fenómeno que hunde sus raíces en la propia estructura del sistema socioeconómico, afectando a diferentes grupos de personas en función de su posición frente a esta estructura, siendo el territorio en que las personas habitan uno de los rasgos definitorios más potentes de esa posición estructural, aunque, por supuesto, no el único. Robert Castel formuló en Las metamorfosis de la cuestión social la famosa hipótesis que establece una segmentación entre las personas a partir de la situación en que se encuentren sobre un eje imaginario de integración por el trabajo (empleo estable, empleo precario, expulsión del empleo) en combinación con su posición en un segundo eje que mide la densidad de sus redes familiares y de sociabilidad (inserción relacional fuerte, fragilidad relacional, aislamiento social). Para Castel estas conexiones califican zonas de diferente densidad de las relaciones sociales: zona de integración, zona de vulnerabilidad, zona de asistencia, zona de exclusión o más bien de desafiliación (Castel, 1997:418)34. Sin embargo, como se está argumentando aquí esta zonas debería ser entendidas 34

En Castel el concepto más apropiado es el de desafiliación porque permite «reconstruir, a partir de una situación más o menos normalizada de integración social, el proceso de vulneración que encuentra en la exclusión su destino propio pero que tiene su origen en el propio núcleo del sistema» (Rivero Recuenco, 2000:40). Para un desarrollo en términos dinámicos de la idea de las tres zonas véase García Roca (1993:39-41). 37

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«no desde lo social, sino desde lo territorial. [Dado que] aparecen zonas que cada vez generan mayor riesgo, mayor empleo precarizado, menores situaciones de seguridad, ninguna hegemonía en lo económico, ninguna capacidad de decisión; son zonas absolutamente movilizadas por decisiones de otros, y que tienden a generar una dinámica de tipo secundario, una dinámica de características residuales, donde se concentran de manera porcentualmente significativa las actividades más degradadas y los mayores niveles de actividad precaria, imperfecta, de baja innovación y de malas condiciones de contratación y realización del trabajo» (Alonso, 2000:7).

De aquí se sigue que cualquier planteamiento de lucha contra la exclusión ha de contemplar necesariamente, aunque no exclusivamente, una estrategia de recuperación económica y del empleo de las zonas en las que el fenómeno se manifiesta. No se trata simplemente del diseño de políticas territorializadas (gestión territorial de los problemas) sino de la puesta en marcha de verdaderas políticas territoriales (movilización de los recursos locales para tratar el problema in situ). Y decimos que no basta la acción local exclusivamente porque es necesario a su vez que se mantengan actuaciones en un plano global, dado que la posibilidad de realizar redistribuciones globales y negociaciones colectivas con asociados representativos está más allá de su alcance. Sólo manteniendo la actuación sobre los dos planos podrá evitarse que la intervención sobre el terreno se convierta en un reordenamiento de los elementos internos del sistema sin provocar la transformación de los datos que estructuran la situación desde fuera. Esta vinculación entre el territorio y la exclusión social, como veremos, no siempre ha sido reconocida en sus justos términos por las diferentes prácticas públicas y privadas contra la exclusión social que se desarrollan por toda Europa desde mediados de los ochenta y que se conocen como acciones de “inserción por lo económico” (entre las cuales se encuentran las empresas de inserción) y a cuya descripción dedicamos el próximo capítulo.

3. LA INSERCIÓN POR LO ECONÓMICO EN LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

LA INSERCIÓN POR LO ECONÓMICO

3.1. EL TRABAJO COMO INTEGRADOR SOCIAL. En rigor, aunque frecuentemente son expresiones que aparecen unidas, hablar de exclusión del mercado de trabajo no es lo mismo que referirse a la exclusión social 35. Este último término es mucho más complejo y hace referencia a un proceso por el cual grupos de personas desarrollan su sociabilidad al margen de los órdenes sociales legítimos, valorados y deseados en nuestra sociedad. Ya en 1974 René Lenoir llamaba la atención sobre la complejidad de estas situaciones que no dejaban aprehender los rasgos de la población «excluida»: «Ni representantes de las clases laboriosas (aunque a veces trabajaban), ni provenientes de las clases peligrosas (aunque cometían ocasionalmente actos delictivos), ni verdaderamente “pobres” (porque no estaban resignados no eran asistidos, y se las arreglaban día por día), ni expresión de una cultura específica de gueto (porque compartían los valores culturales y consumistas de su grupo de edad), ni completamente extraños al orden escolar (porque estaban escolarizados, pero mal), etcétera; no eran verdaderamente nada de eso, y al mismo tiempo un poco de todo. Interrogaban a todas las instancias de la socialización, pero ninguna podía responderles. Plantean una cuestión transversal, de la que puede decirse que era la cuestión de su integración, declinada en múltiples facetas: con relación al trabajo, al marco de vida, a la política y la justicia, a los servicios públicos, a la educación...Problema de lugar, de tener un lugar en la sociedad, es decir a la vez, y correlativamente, una base y una utilidad sociales» (recogido por Castel, 1997:428).

Así pues, el mismo concepto puede ser discutido dado que el “excluido” no está fuera sino dentro de nuestra sociedad, dentro de los distintos “dentros” 35

Según Rivero Recuenco (2000:39) la noción de exclusión aparece por vez primera en 1965, en la obra de J. Klanfer L’Exclusión sociale. Étude de la marginalité dans les soiétés occidentales. Su uso comienza a extenderse en la literatura sociológica francesa a mediados de los años setenta, generalizándose a partir de los ochenta. La idea de exclusión social se desarrolla, en un principio, como una nueva denominación de los sin techo «tales grupos se encuentran, a partir de este momento, metafórica y definitivamente desplazados desde la periferia del espacio social (el lugar de los denominados marginados) hacia su exterioridad plena, como si de este modo, arrumbando conceptualmente las nociones de pobreza y marginación por la de exclusión, se signifícase la activación de un proceso de dualización o de fragmentación social creciente. Sea como fuere, lo cierto es que el concepto de exclusión ha logrado instalarse con éxito en la literatura sociológica y en la documentación política europea, extendiendo su campo semántico por una pluralidad de fenómenos sociales cuya amplitud y naturaleza diferencial arroja ciertas dudas acerca de la transpariencia y utilidad científica del concepto». 41

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posibles en relación con los distintos “fueras” 36. Y esta última no es una relación fija dado que cambian con el tiempo en función de las prácticas y los posicionamientos de los actores que convierten a las distintas posiciones en legítimas o ilegítimas a medida que se producen las transformaciones sociales (Eme, 1997) . Pero, en cualquier caso, como venimos afirmando existe una estrecha relación entre la situación socioeconómica de población en los «márgenes» y su situación precaria con respecto al mercado laboral, dado que el trabajo asalariado actúa como “integrador social” mediante la asignación de funciones, de estatus y de recursos económicos, amortiguando a su vez las incertidumbres a través del sistema de protección social al que sirve de base. «En la sociedad industrial, sobre todo para las clases populares, el trabajo funciona como “gran integrador”, lo que –según lo precisa Yves Barel- no implica un condicionamiento por el trabajo. “Hay una integración familiar. Hay una integración escolar, una integración profesional, una integración social, política, cultural, etc.”, pero el trabajo es un inductor que atraviesa esos campos, “un principio, un paradigma, algo que, en fin, se encuentra en las diversas integraciones afectadas y que por lo tanto hace posible la integración de la integraciones sin hacer desaparecer las diferencias o los conflictos”» (Castel, 1997:417).

Incluso desde una perspectiva ética el valor dado al trabajo supone que el concepto que las personas tienen de sí mismas se configure en gran parte a partir de su situación en el mercado laboral. Con respecto a este punto, Elster afirma que esta autoestima es una condición necesaria para extraer bienestar de cualquier cosa (no es una fuente de bienestar directa, pero sí indirecta) y que ésta puede encontrarse incluso en la realización del trabajo más monótono. «El valor más importante para los seres humanos es la autoestima. Esta deriva en gran medida de la estima que nos tienen otras personas. La estima requiere que haya algo que puede ser estimado, algún tipo de externalización del yo interior. De nada vale una “hermosa alma” si ésta permanece inefable y muda; el yo debe formar parte del dominio público. Este argumento guarda una estrecha relación con la necesidad de contar con criterios externos de evaluación. Otras personas desempeñan la función indispensable de valorar, criticar y alabar nuestra conducta; aportan el “control de la realidad” sin el cual la puesta en práctica de la capacidad personal sería como un “lenguaje privado”, una ciénaga de subjetividad...El trabajo monótono también puede ser un tipo de

36 El excluido sufre una «falta de consideración, falta de seguridad, falta de bienes seguros y vínculos estables», es un individuo en el sentido negativo precisamente «por falta de marcos y no por exceso de intereses subjetivos» (Castel, 1997:469). 42

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externalización de la capacidad personal que proporcione estima, y por tanto, autoestima» (Elster, 1986:203) 37.

Esto está siendo últimamente puesto en cuestión por aquellos que afirman que el trabajo está dejando de tener tal posición central cediendo protagonismo al consumo como pilar de la integración social (Bauman, 2000; Rivero Recuenco, 2000). Consideramos que este es un apunte significativo, pero, aunque cambie la óptica, no cambia en mucho las consecuencias: estar excluido del trabajo cuando no se dispone de otras fuentes de ingresos significa disponer de menos recursos económicos y esto merma las posibilidades de acceso al consumo, lo que desde este último punto de vista es origen de la exclusión. La estrecha relación entre la situación en el mercado de trabajo y la posición de mayor o menor integración en el sistema social justifica el uso en determinados contextos del término exclusión social unido al de la exclusión de grupos de personas del mercado laboral y por ende de los mecanismos de protección social asociados al empleo (sobre todo el de tipo asalariado). Y ello explica también que se utilice la expresión inserción social mediante el trabajo haciendo referencia al conjunto de prácticas institucionalizadas o no, públicas y privadas, que desde hace más de veinticinco años tratan de suplir a los mecanismos ordinarios de integración social ofreciendo oportunidades directas o indirectas de acceso al empleo a aquellas personas cuya participación activa en el mercado laboral sin un apoyo de este tipo estaría muy complicada.

“¿Por qué trabajan los individuos?” Elster responde apoyándose en Serge Kolm el cual ofrece la siguiente lista de razones: porque son coaccionados directamente, como es el caso de los trabajos forzados; a cambio de un salario; por el deseo de ayudar y de servir a otros; por un sentido del deber y de la reciprocidad; por interés en el propio trabajo; en aras de las relaciones sociales en el centro de trabajo; para demostrar a otros que están aportando algo a la sociedad o que poseen determinadas cualificaciones; por el status social que conlleva el trabajo; para no aburrirse; como juego; por hábito. Este autor entiende que el concepto analítico económico de desutilidad del trabajo no tiene en cuenta las externalidades positivas del mismo o las externalidades negativas del paro (por ejemplo, porque elude la visión el centro de trabajo como una fuente de amistad y autoestima), y tampoco tiene en cuenta la compleja estructura temporal de las tareas que se muestran más duras al principio y al final y normalmente menos en el centro (Elster, 1986:209 y ss.). 43

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3.2. LA «INSERCIÓN POR LO ECONÓMICO».

Durante los años ochenta, ante la naturaleza estructural de la crisis del empleo que se estaba produciendo en Europa y ante la manera en que ésta estaba afectando a los grupos más vulnerables de la sociedad, las políticas sociales transformaron sus principios de actuación, de la lógica de la integración pasaron a la lógica de la inserción (Donzelot, 1990). Uno de los rasgos más significativos de las prácticas de inserción, a diferencia del concepto de políticas de integración, es que estas últimas tratan de obtener los grandes equilibrios y lograr la homogenización de la sociedad a partir del centro (condición salarial), mientras que las primeras suponen una discriminación positiva al centrase en poblaciones particulares y zonas singulares del espacio social y desplegando estrategias específicas. Las políticas de inserción surgen así para cubrir el déficit de integración. El cambio es sustancial dado que en esta operación se produce un desplazamiento de la responsabilidad con respecto al problema de la exclusión social. Si antes era la propia sociedad la que tenía que articular mecanismos para que los individuos estuvieran integrados, ahora es el individuo el núcleo de intervención sobre el que realizar cambios que le permitan insertarse en la sociedad38. La lectura que hacen las políticas de inserción del problema es que dado que el mundo está cambiando y los entornos de la producción (material y simbólica) se están haciendo cada vez más competitivos la consecuencia es que cada vez más gente se está quedando desplazada del ámbito laboral. A partir de aquí, una actuación consecuente con este planteamiento es marcarse el objetivo de que las personas tengan oportunidades de participar en las mejores 38

«Un proceso de inserción es aquél que tiene fuerza suficiente para no suprimirse o aniquilarse ante un cuerpo más potente, pero tiene poca fuerza para alterar o influir sobre un cuerpo principal...Con razón hablamos de inserción en el trabajo, en la empresa, inserción profesional, reinserción en el país de origen. Quizá no es tan correcto cuando hablamos de contrato de inserción,... La integración es una dinámica por la cual cada elemento mantiene su propia consistencia, ninguno sufre disminución ni restricción y todos intercambian; de la interdependencia todos salen enriquecidos; un proceso integrador es aquel que tiene fuerza suficiente para completar algo, perfeccionar mediante la participación activa al conjunto» (García Roca, 1993:42). Así mientras la inserción suelen poner el acento en los individuos, la integración se orienta a crear individuos autónomos e interdependientes, para lo cual ha de orientarse también a crear una sociedad de acogida, una sociedad accesible. (García Roca, 1993:43). 44

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condiciones posibles en esa «lucha por la vida» en que se convierte la entrada en el mercado de trabajo. De ahí que el acento de las políticas de inserción gire en torno al concepto de “empleabilidad». De lo que se trata ahora es de que las personas adquieran unos rasgos que les hagan competitivos en el mercado de trabajo ordinario. Esta “empleabilidad» se conceptualiza como la capacidad de una persona para posicionarse en el mercado de trabajo teniendo en cuenta que éste es una realidad dinámica. Así pues, no hace referencia a una situación concreta medida en términos absolutos, sino que más bien es cuestión de grados. Es un concepto aún no demasiado preciso, pero que se ha ido trabajando sobre la marcha en el campo de la acción social39. El desarrollo inducido de la “empleabilidad» consiste en establecer, a partir de lo que buscan los empresarios en sus potenciales empleados (competencias profesionales para el puesto, capacidad de adaptación, autonomía, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de organizar y planificar, motivación, comunicación, responsabilidad), mecanismos de apoyo para que las personas tomen conciencia de su adecuación a estos requerimientos y asuman este diagnóstico como punto de partida para desarrollar las competencias de las que carecen 40, sean éstas competencias profesionales (formación académica, ocupacional, otras; experiencia laboral), competencias personales (iniciativa, responsabilidad, organización; fluidez verbal, habilidad manual, capacidad creativa; facilidad de relación, trabajo en equipo), o sus actitudes propias (interés por el trabajo, valor que concede al trabajo, comportamiento ante las normas sociales, autoestima, capacidad de aprendizaje). Desde esta perspectiva el objetivo de los dispositivos de inserción laboral consiste en que la persona alcance un «grado de empleabilidad» que posibilite su contratación en el mercado de trabajo ordinario41. En este contexto cobra fuerza la idea de itinerario personalizado de inserción que, aunque se concibe de forma individualizada como el recorrido que una 39 Un ejemplo de las reflexiones que se están haciendo al respecto y un amplio desarrollo de este concepto puede verse en López-Aranguren (coord.) (1999: 35 y 36). 40 La voluntariedad es un requisito indispensable en los procesos de inserciónsociolaboral, esto los distingue de las prácticas de workfare (que condiciona la asistencia social a la realización por parte del beneficiario de algún tipo de prestación laboral). Pero en la práctica la distinción nunca es tan nítida, véase la presentación de Isabel Vidal a la edición española de Defourny et al. (dirs.) (1997). 41 De hecho es frecuente en la bibliografía sobre el tema encontrar el adjetivo «inempleables» para referirse a personas con graves problemas de tipo psicológico o social para los cuales los dispositivos establecidos no son adecuados. Un ejemplo en Fargo et al. (1996). 45

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persona concreta ha de realizar para acabar encontrando un lugar en el mercado de trabajo, en la práctica se convierte en el paso del individuo por uno o varios dispositivos articulados en una sucesión de etapas cuya superación conducen a la persona a alcanzar el necesario desarrollo de sus competencias para pasar a formar parte de las categorías de «empleables». En efecto, hoy en día, por una parte gracias al desarrollo de iniciativas en el Tercer Sector en este terreno y, por otra, al proceso de descentralización de estas políticas de inserción, nos encontramos con un grupo numeroso y variopinto de instituciones, públicas y privadas (con y sin ánimo de lucro), con competencias en muy diversos ámbitos territoriales y con ideologías, orientaciones e intereses muy diferentes que se enfrentan con el reto común de generar procesos de inserción socio-laboral para esta población con especiales dificultades. La forma jurídica de la entidad, su peso político y su arraigo en el territorio en el que se realizan las actividades, las redes socio-económicas formales e informales de las que son partícipes y su tamaño, son factores que van a condicionar la cantidad de recursos y de información de que disponen las entidades para realizar su trabajo y esto va a influir notablemente en la forma en que éstas realizan su actividad 42. Sin embargo, en términos muy generales, este elenco de instituciones muestra tener una filosofía de intervención común que pasa por la configuración de estos itinerarios personalizados de inserción. Las diversas experiencias en este sentido muestran que las etapas en torno a las cuales se articulan los itinerarios habitualmente se corresponden con cuatro grandes fases en el diseño de los dispositivos que ponen en marcha: 1. Acogida del individuo en la institución: para cada beneficiario la entidad procede a la recogida de datos individuales, realiza un diagnóstico de la situación psico-social y estudia las necesidades formativas que presenta y sus potencialidades y posibilidades laborales. Una vez concluida esta primera fase lógicamente no es necesario que cada persona pase por cada una de las tres restantes, si esto es así o no, va a depender de las condiciones en las que se encuentre el individuo cuando ingrese en el programa, proyecto o servicio de la institución concreta de que se trate. 2. Proceso de información y orientación laboral: en función de los resultados de la etapa precedente la entidad pone los medios para que la persona se informe y se oriente sobre las distintas posibilidades que se le ofrecen en función de su situación de partida. 3. Las etapas formativas: dado que la mayoría de los beneficiarios suelen presentar un déficit formativo, o bien una inadecuación de las cualificaciones y habilidades que poseen con respecto a las demandadas por el 42

Para ver una muestra de distintas medidas de inserción López Jiménez (1992). 46

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mercado laboral, las instituciones han de dotarse de recursos formativos que contribuyan a paliar estos problemas. Se observa una gran heterogeneidad de los programas de formación puestos en marcha, los cuales pueden oscilar desde aquellos que tienen como objetivo proporcionar a los beneficiarios de las acciones de unas habilidades sociales básicas necesarias para su ingreso en el mercado laboral, hasta cursos de cualificación profesional muy especializados. Todo dependerá de la necesidad de cada sujeto, de los objetivos y recursos de los que dispone la entidad u otras entidades colaboradoras de ésta y del contexto socioeconómico del territorio en el que se lleven a cabo las actividades de inserción socio-laboral. 4. Entrada en el mercado laboral: las formas en que se materializan los trabajos en esta fase también son muy diferentes. Es frecuente que las entidades realicen convenios con otras instituciones públicas o privadas que garanticen el acceso al mercado laboral de sus beneficiarios, al menos durante el periodo de formación a través de la realización de prácticas laborales de los alumnos; otras veces se consigue un ingreso algo más estable mediante la búsqueda de entidades, normalmente con promoción pública, que contraten a estas personas durante un tiempo determinado en condiciones especialmente favorables para el empleador; en otros casos se trata de favorecer el autoempleo proporcionando ayuda técnica y financiera a los beneficiarios para que se establezcan por su cuenta; también entran en este grupo las actividades que tienen como objeto acompañar al beneficiario en la propia búsqueda de un empleo en el mercado laboral. Pero pese a esta coincidencia en el planteamiento, las formas en que se pueden materializar estos itinerarios son tan diversas como heterogéneo es el grupo de instituciones que los realiza. Normalmente cada entidad pone el acento en alguna de las fases anteriores o incluso, se especializa en alguna de ellas sin ocuparse del resto. En definitiva, «la inserción por la economía se dirige a sujetos sociales categorizados como individuos “en dificultades” según las normas predominantes en una sociedad; dichos individuos, mediante una situación de trabajo remunerado en organizaciones económicas –frecuentemente específicas-, realizan un aprendizaje in situ –con asistencia profesional y pedagógica de “tutores”- de las normas de educación y, de forma más general, de socialización así como de “conocimientos prácticos” o “profesionales”. Estos aprendizajes pueden concernir (1) a individuos de forma singularizada de manera que el acento se ponga en la adaptación individual a las exigencias del aparato productivo, (2) a grupos de personas en donde la mayor preocupación es realizar una socialización más o menos funcional que implique efectos de aprendizaje, 47

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(3) al contexto socioeconómico de acogida (empresas, ámbito local, etc.) de las personas en donde la transformación funcional de este entorno que también supone la condición de los aprendizajes individuales y de las formas de socialización productiva, es lo importante. La adaptación individual, la socialización y el cambio del entorno de inserción son las tres formas funcionales de la inserción mediante el trabajo, formas que evidentemente no se excluyen entre sí» (Eme, 1997:301).

Es así como se ha desarrollado toda una tecnología de la inserción que como plantea Jover Torregrosa (1993) no está exenta de mitos y problemas. Como él mismo afirma «de un enfoque excesivamente voluntarista y espontáneo que hubo en los comienzos se ha pasado a otro cuya rigidez conceptual es manifiesta. La consideración fetichista de la técnica y los métodos en planes de inserción social pueden conducir a simulacros de inserción donde las realidades quedan “ninguneadas” y fingidas» (Jover Torregrosa, 1993:61). Pero el principal y más grave problema de esta metodología está en la última pieza del itinerario, en el paso del dispositivo al empleo real en el mercado ordinario. Las preguntas son: ¿es razonable suponer que una persona inicialmente con graves dificultades va a ser contratada por una empresa ordinaria tras su paso por un itinerario de inserción? ¿dónde están y cómo son los puestos de trabajo que permiten a estos individuos su incorporación laboral?43 La respuesta afirmativa a la primera pregunta no parecería muy lógica y ello por dos cuestiones sencillas: en primer lugar, los procesos de recuperación de las personas (cuando parten de situaciones realmente difíciles) se inscriben en dinámicas de largo plazo que no casan con la lógica político-administrativa de los itinerarios puestos en marcha. En segundo lugar, e incluso más importante, a falta de otros referentes como la escuela (ausencia presente en personas con dificultades), el lugar natural para adquirir hábitos y competencias laborales es el propio puesto de trabajo. El itinerario puede ayudar a establecer algunas pautas y puntos de orientación, pero donde las personas consiguen articular sus lógicas de acción es en el propio contexto en el que tienen que desarrollar su actividad. Las personas no estamos compartimentalizadas, somos un cruce de procesos de muy diferente naturaleza y estamos influenciadas por todas las estructuras de interacción en las que nos movemos a la vez (Figura 2). El mundo laboral, precisamente por el papel que tiene el empleo (asalariado, 43

Si los empleos a los que se puede acceder desde las posiciones de estas personas son inexistentes o de muy baja calidad ¿qué se habrá logrado? Esto nos lleva a otro interrogante de más amplio calado ¿para qué tipo de trabajo queremos la inserción? (GarcíaNieto París, 1993:26). 48

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estable) en nuestra sociedad, es un campo de acción en el que el cruce de esferas de interacción se observa con gran nitidez. Mediante el empleo y en el lugar de trabajo establecemos relaciones de enorme importancia para nuestra estructuración individual en todos los campos. En efecto, mediante el empleo establecemos relaciones mercantiles que nos proporcionan una renta con la cual acceder a otros intercambios. El empleo nos posiciona en el campo político porque mediante el contrato de trabajo establecemos una relación muy concreta con el Estado adquiriendo determinados derechos y obligaciones laborales. Desde el punto de vista de la sociedad civil, el empleo nos inscribe en un proyecto concreto de sociedad. Y en lo tocante a la esfera personal a través del empleo establecemos relaciones de (auto)confianza y adquirimos un determinado status).

MERCANTIL

POLÍTICA

Acceso a la renta2 UVI actor

Estatuto de empleo asalariado

(Auto)confianza

SECTOR INFORMAL

Pertenencia a un sistema social SOCIEDAD CIVIL

Figura 2: Aportaciones del empleo en cada esfera de interactividad.

La cuestión es que la articulación de todas estas esferas difícilmente se da con tanta claridad en otros terrenos y esto hace que la experiencia laboral sea difícilmente asimilable fuera del entorno del trabajo mercantil (sea éste público 49

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y privado). Uno puede participar en una actividad cuyo régimen de realización se asemeje mucho a una situación de empleo en el mercado ordinario, pero no se comportará como un trabajador hasta que no cobre una nómina en las mismas condiciones que sus compañeros y tenga unos derechos y obligaciones laborales44. Todo esto lleva al segundo interrogante sobre los puestos existentes en el mercado susceptibles de ser cubiertos por los egresados de los itinerarios. Aquí surge el problema de la «mala calidad» de los empleos disponibles, o lo que es peor, de su escasez o, más frecuentemente, de su ausencia. Tras la inevitable evocación a Sísifo, lo siguiente que se plantea es cómo se resuelve esta cuestión. Y lo que se observa en la realidad es que se resuelve mal. Desde los poderes públicos se apela a un partenariado (conformación de alianzas) con el sector privado, a la responsabilidad social de unos empresarios que deberían estar dispuestos a asumir los costes de la supuesta menor productividad inicial de estas personas (que muchas veces ni siquiera es asumida por el Estado) a cambio de subvenciones en la contratación. Por diferentes razones, algunas que tienen que ver con la evaluación del empresario del candidato a trabajador (estigmatización, prejuicios de la clientela, falta real de preparación de la persona, pura discriminación...) y otras que tienen que ver con la situación socio-económica (situaciones de degradación del tejido productivo local, o al contrario, tejido excesivamente dinámico y competitivo hacia el exterior que requiere una mano de obra muy cualificada). Esto raramente funciona 45. Lo que se necesita pues es reconocer que el problema de la inserción en el mercado laboral va bastante más lejos que poner en marcha procesos de inserción que actúen sobre las personas, se necesita también actuar sobre el entorno de acogida de las mismas. Se necesitan crear puestos de trabajo que sirvan como «puertos específicos de entrada» de estas personas en el mercado laboral. De esta forma, la única posibilidad de tener éxito será incorporar a estas políticas de inserción a «la promoción de la actividad económica vinculada al territorio», es decir, actuar articuladamente en la promoción socio-laboral de las personas y en la promoción socio-económica del territorio en el que estas viven (Jover

44 En la década de los noventa en Alemania el 90% de los jóvenes adquirían sus diplomas en formación en alternancia y el 9% acababa en el paro frente al 50 y 30% respectivamente en Francia. Datos como estos avalaban este planteamiento (Defourny et al. (dirs.), 1997: 23). 45 Lamentablemente no podemos ser más precisos en esto ya que las evaluaciones de las políticas de inserción, en las pocas ocasiones puntuales en que se llevan a cabo, no contemplan estas cosas, centrándose más en indicadores finales tales como el «número de inserciones». 50

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Torregrosa, 1993:70). O en otras palabras, hay que prestar una atención simultánea al actor y a su contexto. Esta articulación que está hoy todavía muy poco desarrollada en el campo de las políticas de inserción públicas (pese a aparecer en todas las recomendaciones y discursos sobre la política de Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos en Europa) se ha mostrado como un proceso de desarrollo natural en el campo de la iniciativa privada, donde estas prácticas surgieron en los setenta en el seno del Tercer Sector, o más concretamente, de lo que se conoce como Nueva Economía Social (Defourny et al. (dirs.) (1997). Las analizamos en el próximo apartado. 3.3. INICIATIVAS DE INSERCIÓN POR LO ECONÓMICO. EL DESARROLLO DE UNA NUEVA ECONOMÍA SOCIAL.

Estas iniciativas de integración socio-laboral que se han venido desarrollando fundamentalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá aparecieron, en principio, como una reacción de la sociedad civil (especialmente a través de asociaciones y grupos vecinales) a la crisis del empleo de los años setenta ante la pasividad de los Estados que confiando en la transitoriedad de la situación esperaban que ésta se resolviera sobre la base de la recuperación del crecimiento económico. Es así como el campo de la inserción socio-laboral se instala en un Tercer Sector revitalizado en gran parte como reacción, por un lado a los servicios homogeneizados del Estado del Bienestar cuyo funcionamiento burocrático no podía responder a las situaciones diversificadas a las que se enfrentaban los ciudadanos (especialmente los más marginados) y, por otro, a la incapacidad tanto del Estado como del mercado de resolver los problemas asociados a la crisis económica de los años setenta (Cabra de Luna, 1999). Son estas entidades las que están más cerca de los problemas y por lo tanto las que se movilizan para desarrollar fórmulas de economía social tendentes a conseguir la inserción socio-laboral de las personas más desfavorecidas con el convencimiento de que el espacio productivo es el entorno idóneo para desarrollar la capacidad laboral de las personas y su verdadera adaptación al mercado de trabajo ordinario. Se invierte la lógica de la secuencia formación-empleo para pasar a otra de empleo-formación: es la inmersión laboral la que motiva para la formación y no al contrario y es la que posibilita que las personas acaben teniendo un puesto en la sociedad. Esta movilización se produce en torno a distintas iniciativas: 51

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a) iniciativas de formación profesional en asociaciones con orientación pedagógica; b) iniciativas sectoriales de inserción social por la economía puestas en marcha para la transición de las personas con especiales dificultades al mercado laboral; c) «iniciativas territorializadas de reactivación económica y social que trabajan en la inserción de segmentos de las comunidades locales desfavorecidas entrelazando la acción de diferentes actores, comprometidos en la inserción en un área determinada, en un proceso de intervención con múltiples actividades» (Defourny, Favreau y Laville, 1997: 32). En realidad el desarrollo de estas experiencias es un proceso cuya referencia básica es el entorno local dado que, como ya hemos mencionado, la crisis toma cuerpo, se materializa, en los territorios concretos provocando diferentes efectos según las circunstancias socio-económicas de partida en cada uno de ellos. Además, es el tejido social local sobre el que se articulan estas organizaciones del Tercer Sector, dado que éstas están fundamentalmente construidas sobre relaciones de proximidad. Diferentes contextos económicos y diferentes formas de articulación social dan lugar a una gran diversidad de respuestas frente a problemáticas que podrían considerarse similares. A esto se une que en la mayor parte de los países el origen y primer desarrollo de estas prácticas se ha producido sin la presencia de una reglamentación concreta, por ello incluso dentro de un mismo país, la variedad de instrumentos es casi infinito. No hay una experiencia idéntica a la otra pero podrían encuadrarse estas iniciativas en los siguientes ámbitos de actividad: § Ámbito de los intercambios no monetarios de la autoproducción y actividades desinteresadas, es decir, interés colectivo o utilidad social que sólo reporta la gratuidad o un precio muy bajo de los servicios realizados. § Economía mercantil sin competencia, espacios económicos mercantiles intermedios abandonados por el mercado. § Economía mercantil con competencia, que se convertirá en el campo de desarrollo de las empresas de inserción a las que nos referiremos en este capítulo. A partir de los años 80 diversos Estados reconociendo el papel que estaban jugando este grupo heterogéneo de iniciativas privadas -pero de interés colectivo- en la lucha contra el desempleo comenzaron a articular marcos 52

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legales que les dieran carta de entidad y a partir de los cuales fomentar este tipo de actividades. La diversidad de fórmulas responde a la heterogeneidad mencionada. Así, por ejemplo en Francia, en 1985 se regulan la “empresas intermediarias” y una segunda generación de las “empresas arrendatarias de barrio”, en 1987 la “asociaciones intermediarias”, en 1992 las “empresas de inserción”, en 1994 las “empresas temporales de inserción” 46; en Bélgica en 1987 se reconocen la “empresas de aprendizaje profesional” y en 1995 las “empresas de inserción” ; en Italia en 1991 se regulan las cooperativas de solidaridad social (especialmente las tipo B que se dedican a la inserción laboral”); en la Alemania de la reunificación el impulso estatal en 1991 a las “sociedades de fomento del trabajo, del empleo y del desarrollo estructural (ABS) que engloban a las antiguas “sociedades de empleo y cualificación“ (BQG) de la Alemania Occidental de los ochenta47. En nuestro país, a falta de una regulación específica, es la aportación de los fondos estructurales de la Unión Europea quien impulsa significativamente estas iniciativas consideradas experimentales (por ejemplo, el programa Pobreza 3 fue un banco de prácticas en el que se ensayaron fórmulas de articulación entre los programas públicos y la iniciativa social local). También a partir de la puesta en marcha en diversas Comunidades Autónomas de los programas de Rentas Mínimas de Inserción (los cuales exigían la participación en acciones de inserción socio-laboral por parte de sus beneficiarios) 48 se estableció una lógica de cooperación e incluso de subcontratación de proyectos entre el sector público y el privado, lógica que se ha extendido a diversos planes y programas

Estas figuras se modifican mediante la Ley de orientación del 29 de julio de 1998 relativa a la lucha contra las exclusiones dirigida entre otras cosas a dinamizar el sector de inserción por la actividad económica, concediéndole por primera vez un verdadero estatuto en el seno del Código de Trabajo. 47 Para una visión global y comparativa de las orientaciones y las formas organizativas en que se plasman estas iniciativas en diferentes países Europeos, puede verse los volúmenes Inserción y nueva economía social. Un balance internacional (Defourny et al. (dirs.), 1997) e Inserción social por el trabajo. Una visión internacional (Vidal (coor.), 1996). También es útil el Dossier La inserción por lo económico: experiencias de inserción laborales en la economía social preparado para Cáritas por López-Aranguren (Coord., 1997). Véase también el artículo “Diferencias y semejanzas entre la empresas sociales de seis países europeos” (Aiguabella, 1999). 48 Un exhaustivo análisis desde el punto de vista económico de los programas de Rentas Mínimas de Inserción en un contexto de reestructuración del Estado de Bienestar en Europa y en nuestro País puede verse en Ayala Cañón (2000), un estudio más centrado en la descripción de los sistemas en García Romero (1999) y una investigación comparativa según las diferentes comunidades autónomas en nuestro país en Estévez González (1998). 53

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de empleo desarrollado en el ámbito local. Pero es una lógica puntual, no hay un reconocimiento público a más largo plazo (Rojo Torrecilla, 1997)49. 3.4. TIPOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS DE INSERCIÓN POR LO ECONÓMICO.

Las estructuras en las que las experiencias descritas acaban concretándose son muy variadas y no responden a una misma filosofía de intervención. La taxonomía establecida por Aguilar, Laparra y Correa (2000:208-214) puede ayudar a clarificar el campo. Para clasificar las estructuras, estos autores distinguen entre tres tipos de dispositivos según éstos sean de apoyo al empleo, de desarrollo de actividades ocupacionales o de empleo de inserción50. 49 Un caso a parte son las medidas que se han tomado en nuestro país para la integración laboral de las personas con discapacidades físicas y mentales. En 1982 se dicta la Ley 13/1982, de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos, que se desarrolla con el Real Decreto 1451/83 de 11 de mayo, sobre Medidas de Fomento de Empleo de los Trabajadores Minusválidos, y con el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en Centros Especiales de Empleo. «Estos centros no presentan un modelo nuevo desde el punto de vista jurídico ya que no tienen personalidad jurídica propia, y las obligaciones y derechos recaen sobre el organismo público y privado que las promueve. No se les puede considerar empresas, desde un punto de vista económico, ya que no se les exige rentabilidad, y viven prácticamente de las subvenciones de las Administraciones públicas» (Chacón Castro, 2000:4). En lo que concierne, a la problemática que está constituyendo nuestro principal núcleo de atención en este trabajo (personas con dificultades más relacionadas con su ambiente socio-económico que, dicho sea de paso, son más difusas y más difícilmente objetivables que las referidas a los grados de discapacidad que establece la LISMI), recientemente se ha producido en nuestro país el primer reconocimiento legal de las “empresas de inserción” del País Vasco con el decreto 305/2000, de 26 de diciembre, por el que se regula la calificación de las empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y se crea el registro de empresas de inserción. 50 Traemos aquí esta clasificación por motivos clarificadores, somos conscientes que, en la práctica, es frecuente que una misma entidad tenga puestos en marcha simultáneamente, incluso en el mismo espacio físico, varios dispositivos diferentes, dependiendo de los recursos de que disponga y del tipo de subvenciones que se reciban. En otras ocasiones, lo que se observa en la realidad son macro-dispositivos que articulan dispositivos con estructuras de diferente naturaleza. Hay quien denomina a estas prácticas “ingeniería social”, aunque por la escala, hay veces que es “bricolaje”, otras es verdadero “arte” y en otras, lamentablemente, se tiene que hablar de “chapuza”. 54

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1. Las estructuras de apoyo al empleo serían aquellas que se desarrollan para ayudar a las personas a encontrar un puesto de trabajo en el mercado ordinario, sea a través de la puesta en marcha de programas de incorporación laboral que apoyan a las personas en las primeras etapas de los itinerarios de inserción (ofreciéndoles información, orientación, formación básica, habilidades sociales, formación específica...), sea a través de la creación de una agencia de colocación o bolsa de empleo adaptada a las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. 2. Los talleres ocupacionales serían aquellas estructuras que desarrollan actividades que no constituyen trabajo en sentido estricto, ni se organizan para la producción orientada al mercado. Las personas que los realizan no reciben un salario, sino una compensación no salarial. Es un modelo análogo al de los talleres ocupacionales para minusválidos. 3. En los dispositivos de empleo de inserción se pueden distinguir dos grandes tipos: a. aquellas estructuras en las que se desarrolla un empleo social protegido: actividades productivas fuera del mercado, financiadas mediante la aportación directa de fondos públicos y desarrolladas de forma temporal por personas en dificultad, con finalidades rehabilitadoras y formativas. Se trata de actividades no lucrativas ni mercantiles y que se gestionan con una lógica administrativa de gasto presupuestario. b. Empresas de inserción propiamente dichas. La principal diferencia de estas estructuras con las demás es que ofrecen a sus trabajadores en inserción un empleo asalariado (con contrato y cotización a la Seguridad Social) como marco en el que se desarrolla el proceso de inserción (formación, adaptación, adquisición de habilidades, etc.). 3.5. SOCIEDAD DE PLENA ACTIVIDAD Y SOCIEDAD DE PLENO EMPLEO. Para algunos autores esta movilización de la iniciativa privada en pro de la inserción socio-laboral de la población más desfavorecida mediante una multiplicidad de fórmulas que combinan las distintas esferas económicas (no mercantil, mercantil sin competencia y mercantil con competencia) está siendo vista como un modo alternativo de organización del tiempo de trabajo que, en 55

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un supuesto de escasez de empleo remunerado, podría extenderse al conjunto de la sociedad como salida global al desempleo. Se comienza a hablar así del concepto de sociedad de la actividad que vendría a sustituir al de sociedad de pleno empleo 51. Esta sociedad de la actividad sería «una sociedad no exactamente de plena ocupación pero sí de plena actividad, con más tiempo libre, con nuevas exigencias culturales y sociales, con la necesidad de compartir el trabajo y de hacer opciones para actividades en el ámbito del voluntariado». Aquí se darán cabida a la satisfacción de las necesidades sociales, «comunidades, familias, vecinos, habrán de ser nuevos núcleos de trabajo y de producción. El trabajo y el tiempo libre creativo se habrá de combinar de una manera escogida libremente. Nadie será excluido del ejercicio de alguna actividad creativa socialmente útil» (García-Nieto París, 1993:34-35)52. Pero no hemos de llevarnos a engaño, la sociedad de la actividad no implica el fin de los problemas. Castel es explícito en su crítica a este concepto: «Una sociedad “con plena actividad” no es sin embargo una sociedad con plena dignidad, y el modo en que Estados Unidos ha resuelto en parte su problema de empleo no es necesariamente un ejemplo a seguir» (Castel, 1997:452).

Al hilo de esto el sociólogo francés advierte de la inconveniencia de centrar el debate de una posible transformación de nuestras actitudes con respecto al trabajo y de sus implicaciones para el conjunto de la sociedad en torno a las prácticas de inserción socio-laboral con los más desfavorecidos. Se plantea Castel que si bien es evidente que se están apreciando cambios significativos en las relaciones de los jóvenes con el trabajo y que es probable que este hecho lleve a superar los viejos esquemas, estas transformaciones societales nos son aún invisibles, mientras que, «en cambio, son perfectamente visibles las trampas en las que caen las inteligencias urgidas por superar la alineación del trabajo y las sujeciones del 51 «”La “sociedad de la actividad” es el escenario imaginado para sustituir la “sociedad del pleno empleo” por parte de algunos responsables de importantes organizaciones internacionales. La preocupación central de esta propuesta es crear los medios que permitan a los individuos participar plenamente en la organización social y productiva: “En la lógica de la inserción se da a los individuos la posibilidad de hacer valer sus capacidades, de contribuir a la vida social y a la actividad de producción y se da el esfuerzo por cambiar las estructuras del mercado de trabajo y del trabajo mismo para facilitar la participación de todos y la eliminación de la exclusión”» (Santos Ortega y Rodríguez, 1993: 112). 52 Es evidente que una sociedad así necesitaría ir acompañada de algún sistema de reparto de la renta que cumplimentara los ingresos del trabajo, esa es la propuesta que hacen autores como Aznar, Caillé, Laville, Robin, Sue (1999) en Hacia una Economía Plural. 56

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asalariado. Esta superación representaría una revolución cultural de gran amplitud. Resulta en consecuencia paradójico que una responsabilidad tan abrumadora se delegue en los grupos más frágiles y carecientes, como los beneficiarios del ingreso mínimo de inserción, quienes deberían mostrar que la inserción social equivale a la integración profesional, o como los jóvenes de los arrabales, conminados a inventar una “nueva ciudadanía” mientras que se les niega casi siempre un mínimo de reconocimiento en la vida de todos los días (por ejemplo, cuando sufren un control policial o buscan vivienda o empleo)» (Castel, 1997:454).

En definitiva, la cuestión es que si bien es cierto que las transformaciones socioeconómicas de los últimos años nos obligan a reflexionar sobre la forma en que repartimos el trabajo y la manera en que nos repartimos el empleo, éste es un debate de mucha mayor amplitud en el que entran en juego otras variables más allá de considerar a los que están dentro y los que están fuera del mercado de trabajo actual (por ejemplo, la cuestión del género, la organización de la vida laboral de las personas, etc.) 53. Cuando se trata de inserción, un aspecto fundamental a tener en cuenta es lo que la gente necesita. La gente quiere un empleo, no simplemente estar “ocupado”, de hecho, “ocupados” ya están (una gran parte de los desempleados declara no tener tiempo libre). La existencia liberada del empleo no parece el mejor panorama para los débiles. Como diría Castel estar integrado en la sociedad no consiste sólo en tener una ocupación sino también un estatuto. Y en las sociedades actuales el estatuto social por excelencia lo ofrece el empleo remunerado. Por esta razón sea cual sea el tipo de práctica de inserción que se realice, ésta debe estar orientada a la consecución de un empleo real en el mercado ordinario.

53 El monográfico “¿Qué es el empleo?” de la revista Política y Sociedad plantea algunos de los argumentos de esta cuestión.

4. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN COMO «PUERTOS DE ENTRADA» EN LOS MERCADOS DE TRABAJO LOCALES.

LAS EI COMO PUERTOS DE ENTRADA EN EL MERCADO LABORAL

Argumentamos en este capítulo las razones por las cuales consideramos que es muy conveniente que, entre las estructuras que se desarrollen para dar contenido a las prácticas de inserción por lo económico ya descritas, las Empresas de Inserción adquieran mayor protagonismo. Estas razones son principalmente las dos que resumimos a continuación. En primer lugar, desde un punto de vista centrado en la persona con dificultad, la Empresa de Inserción parece el entorno más adecuado para que se desarrolle el aprendizaje necesario que incremente la «empleabilidad» de estas personas. Recordemos que lo que diferencia a estas experiencias es que desarrollan un concepto, en mayor o menor grado, centrado en una auténtica inserción por el trabajo (sus beneficiarios son trabajadores que reciben un salario y los costes salariales pueden ser subvencionados en un porcentaje que varía según los casos), distinguiéndose de otras estructuras desarrolladas en el campo de la inserción (por ejemplo, las Escuelas Taller españolas) más próximas a la idea de presencia en un entorno de producción en las que las intervenciones de la formación profesional, de aprendizaje, la beca de trabajo o la inserción ocupacional, aún no perdiendo su valor ni su significado en tanto que actividad de carácter preliminar y propedéutico, no se acaban de reemplazar del todo (Scalvini, 1999:132). En segundo lugar, desde un punto de vista centrado en el mercado de trabajo de acogida, la creación de Empresas de Inserción se hace necesaria porque aportan algo previamente inexistente, a saber, «puertos de entrada» desde los cuales los trabajadores en inserción puedan saltar a las empresas que desarrollan su actividad en el mercado ordinario. Desde este punto de vista, la presencia de las Empresas de Inserción operan modificando el contexto de acogida de los trabajadores en inserción, transforma la estructura de puestos disponibles en el mercado de trabajo. Este movimiento supone un cambio de óptica en relación con la lógica individualizada de las políticas de inserción, significa que no sólo se trata de intervenir sobre las capacidades de las personas (de los actores), sino también sobre los rasgos del mercado de trabajo (sobre el contexto) en el que éstas desean insertarse. Dado que la creación de estas empresas supone una dinamización del tejido socio-económico para el territorio en que se desarrollan, la consideración de este aspecto de las Empresas de Inserción es lo que permite conciliar localmente los objetivos de inserción de la población desfavorecida con los del desarrollo socioeconómico de la zona en cuestión favoreciendo con ello la mejora de la cohesión social. Esta idea abre nuevas perspectivas al diseño de políticas realmente integradoras que superen el enfoque individualista de la inserción. 61

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A continuación a partir de un esquema de funcionamiento de los mercados de trabajo locales, mostraremos más detenidamente en qué consiste este papel de las empresas de inserción como «puertos de entrada» en el mercado laboral para la población más desfavorecida y cómo este enfoque «territorial» de las empresas, que se centra simultáneamente, por un lado, en los efectos que tiene la estancia en estas entidades para las personas con las que trabajan y, por otro, en el impacto que estas iniciativas (si alcanzan un masa crítica suficiente) pueden llegar a tener sobre el territorio, abre un debate sobre el desarrollo de políticas socioeconómicas (en lugar de la yuxtaposición de políticas económicas y políticas sociales) que propicien y estimulen las cualidades potencialmente sinérgicas de las empresas de inserción. 4.1. UN ESBOZO SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LOS MERCADOS DE TRABAJO LOCALES. Según lo que hemos planteado hasta aquí, para solucionar el problema de la exclusión del mercado de trabajo de los grupos poblacionales más desfavorecidos, sobre todo teniendo en cuenta el papel tan importante jugado por los territorios en estos procesos, necesitamos políticas socioeconómicas integradoras que, además de plantearse la inserción de estas personas en el mercado laboral, modifiquen de alguna forma el entorno de acogida, de manera que no sólo se centre la atención en el acercamiento del individuo a la sociedad, sino que también se establezcan mecanismos que acerquen la sociedad a los individuos. Trataremos de argumentar en este apartado que las EI, si se consideran en función del papel que pueden llegar a jugar en los mercados de trabajo locales en los que se desenvuelven, son actores que en el transcurso de su actividad modifican el entorno socioeconómico de acogida de estas personas y que, por lo tanto, el estímulo a su desarrollo puede constituir en sí mismo una política eficaz (y también eficiente) para una verdadera integración de la población desfavorecida en el mercado de trabajo. Para desplegar esta argumentación vamos a partir de una representación en términos sistémicos del funcionamiento de los mercado locales de trabajo. En realidad lo que planteamos aquí es sólo un esbozo ya que la concreción del modo en que operan dichos mercados requeriría un análisis mucho más profundo, pero creemos que es suficiente para enfocar el problema de la exclusión y el papel que desempeñan (o pueden llegar a desempeñar) las empresas de inserción. 62

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Lo primero que procede es definir qué entendemos por mercado de trabajo local. Coincidimos con el concepto seleccionado por Casado Díaz: «Un mercado laboral local se caracteriza porque dentro de sus límites tienen lugar los acuerdos entre un número significativo de empleadores y de trabajadores, de forma que estas áreas reflejan la organización espacial del mercado de trabajo. En la acepción finalmente seleccionada, las fronteras de estos mercados se caracterizan por ser relativamente impermeables a los desplazamientos diarios por motivo de trabajo, de tal manera que la mayor parte de trabajadores que residen en uno de estos mercados locales ejerce su actividad laboral sin cruzar estos límites y, simultáneamente, la mayor parte de los puestos de trabajo que existen en el área son ocupados por trabajadores que también residen en ella» (Casado Díaz, 2000:21).

Consideramos que éste es el ámbito idóneo para analizar la inserción socio-laboral de la población más frágil dado que las características de estas personas (menor cualificación, menor capacidad adquisitiva para afrontar costes de desplazamiento, menor posibilidad de cambio de residencia, distribución territorial de sus ocupaciones, canales de búsqueda de empleo, etc.) están asociadas a patrones de movilidad laboral con recorridos más cortos desde su residencia habitual (Casado Díaz, 2000:13) y que debido a ello sus posibilidades de empleo estarán fundamentalmente en zonas relativamente próximas a los lugares en los que residen. De hecho, así lo ha entendido una gran variedad de iniciativas que desarrollan su actividad en pro de la promoción socioeconómica de estas personas en torno a las zonas en las que éstas residen. Lo que resulta interesante para nuestro propósito de describir el papel que pueden jugar las empresas de inserción en estos mercados es ilustrar cómo se desarrolla su dinámica. La cuestión del funcionamiento de los mercados de trabajo se ha abordado en el pensamiento económico desde diferentes perspectivas. La predominante, el enfoque económico convencional, analiza el mercado de trabajo como un mercado ordinario en el que las decisiones individuales configuran la oferta y la demanda. Desde esta perspectiva, la Economía del Trabajo ortodoxa trata de determinar y de analizar, a partir de las decisiones racionales de los agentes (definidas por los supuestos que le son característicos), la configuración de la oferta (la participación de trabajadores en el mercado laboral, así como su cualificación) y la formación de la demanda de trabajo (mano de obra demandada por las empresas) en un mercado de trabajo que normalmente es referido a un ámbito geográfico nacional. Sin embargo, pese a ser un campo de análisis en rápida expansión que ha desarrollo un aparato analítico con gran potencial heurístico para sugerir relaciones entre variables hasta hace poco no exploradas por la economía (ocio, renta, productividad, fertilidad, consumo familiar...), los resultados empíricos de este enfoque siguen siendo bastante controvertidos en asuntos tales como los 63

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determinantes de la participación laboral, la formación de capital humano, o la formación de los salarios, o el efecto de las prestaciones sobre el desempleo, que en última instancia parecen depender en gran parte de variables que son exógenas a los modelos. Y las conclusiones pueden ser sólo parciales en la medida en que este enfoque, al seguir centrándose en un agente tipo homo oeconomicus tomando decisiones «racionales» aislado de su contexto, deja fuera del análisis aspectos que tienen una gran incidencia en la estructura y funcionamiento de los mercados de trabajo. Entre ellos destacamos especialmente tres: 1. la pluralidad de motivaciones (y no meramente el de la ganancia económica) y de factores ambientales que entran en consideración cuando las personas toman decisiones con respecto a su participación en el mercado laboral (Meda, 1998); 2. el hecho de que la mayor parte de las personas obtienen su renta de su participación en el mercado laboral; por lo tanto, dicha participación (aunque bastante menos el modo) es prácticamente obligada (para algunas personas más que para otras), con lo cual el margen de decisión se ve claramente restringido, al menos de parte de la oferta laboral54, que podría decirse que no se crea de forma independiente de la demanda; y 3. el mercado de trabajo no es un mercado cualquiera es una institución social (Solow, 1990) conformada por un conjunto de instituciones sociales que influyen, a veces simultáneamente, tanto en la determinación de los factores condicionantes de la oferta laboral (familia, educación, sistema de valores...)55, como de la demanda (formas de organización de la producción, modos de la gestión de la mano de obra...) como de la confluencia entre ambas (legislación laboral, formas de negociación colectiva, etc.). Todos estos aspectos hacen que cobre sentido el análisis de los mercados locales, dado que es sobre un terreno determinado donde las instituciones y los factores ambientales se concretan dando lugar a estructuraciones muy diferentes de los mercados que en cada lugar alcanzan una configuración característica. Diferentes estructuras del mercado de trabajo supondrán también formas diferentes de adaptación a los ciclos económicos y, por consiguiente, pautas de evolución distintas.

Este punto ha sido claramente señalado por los estudiosos Marxistas, por ejemplo, Gintis (1976), en Toharia (1999). 55 La constitución de la fuerza de trabajo no es un simple «dato “natural” sino que es producto de un complejo proceso institucional» (Recio, 1997:17). 64

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Un sencillo cuadro (Figura 3) puede ayudarnos a ilustrar los factores institucionales y estructurales que inciden en la configuración de los mercados locales 56 y que son resultado de (emergen a partir de) las acciones de los actores que participan (trabajadores, empleadores, sindicatos, organizaciones patronales, legisladores, órganos de concertación, administraciones públicas, organismos intermediarios...), pero que a su vez condicionan (constriñen) los márgenes de actuación de éstos. Como se puede apreciar en el esquema de la página siguiente, en la configuración del mercado local de trabajo, los factores relacionados con la formación de la oferta y de la demanda son interdependientes. La cultura local y el sistema de valores (que no podemos concebir de forma independiente de la especialización productiva local) a través de la familia y del sistema de formación local van a influir considerablemente en los procesos de movilización y aprendizaje de la mano de obra. Estos procesos darán lugar a una fuerza de trabajo con características heterogéneas pues las personas se encuentran en posiciones estructurales diferentes en el sistema socioeconómico local y por lo tanto las relaciones que tengan con el sistema educativo y los canales de acceso al mercado laboral (en los que los vínculos informales juegan un papel muy relevante) serán también diversos.

El cuadro está tomado de Banyuls y Cano (1996) y está fuertemente inspirado en el enfoque de la segmentación de Piore. Aunque están incluidos el sistema educativo y las regulaciones legales, puede echarse de menos en el cuadro una referencia expresa a la incidencia de la intervención pública sobre la conformación de dichos mercados locales. No obstante, para nuestros propósitos aquí lo consideramos lo suficientemente ilustrativo.

Especialización productiva local

División trabajo reproductivo

Relaciones entre empresas

Familia

Demanda del producto Tamaño empresa Regulaciones legales

Cultura de gestión laboral

Relaciones Laborales

Prácticas empresariales de gestión de la fuerza de trabajo

Características de los puestos de trabajo

Mercado local de trabajo

Características de la fuerza de trabajo

Procesos de aprendizaje y movilización

Sistema local de formación

Segmentación Sistema educativo Cultura local Sistema Valores

Organización sindical

Figura 3: El funcionamiento de los mercados locales de trabajo (Banyuls y Cano, 1996:267).

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Todo ello dará lugar a una estructuración peculiar de la oferta laboral local, de forma que no todas las personas tendrán acceso por igual al mismo tipo de puestos. Aquí juega un papel importante las cualificaciones y el tipo de redes formales e informales a las que las personas tengan acceso (ninguno de ambos factores son independientes del estatus socioeconómico57), pero también, según los entornos, influirán atributos como el género, la edad, la etnia, la nacionalidad, etc. Con respecto a la demanda laboral, su configuración dependerá de las características de los puestos de trabajo que los empleadores locales pretendan cubrir. Unos puestos cuyas propiedades responderán a una estructura particular que segmentará el mercado laboral atribuyendo a los diferentes puestos diferentes condiciones de trabajo y diferentes estatutos (la segmentación de la que hablara Piore). Esta estructura de puestos se configurará a partir de las diferentes prácticas de contratación y gestión de la mano de obra que lleven a cabo las empresas del lugar, en las cuales incidirá la especialización productiva local; el tipo de relaciones entre empresas (por ejemplo, si predomina un grupo de empresas centrales que subcontratan los servicios de otras, o si se dan relaciones menos dependientes, o si hay competencia o más bien 57

Esta posición es contraria a lo que plantea la teoría del capital humano acuñada por Schultz en los años 50 pero desarrollada por Becker a partir de los 60 (véase Blaug, [1976],1999:65). La idea del capital humano parte de la observación en el mercado de trabajo ordinario de que son las personas mejor formadas las que obtienen salarios más altos: «probablemente, la prueba más impresionante sea la de que personas más educadas y cualificadas casi siempre tienden a ganar más que las demás» (Becker, [1975]1999:40). Este enfoque plantea que son los individuos los que en un momento de su vida toman la decisión de formarse más o formarse menos en función de la rentabilidad que esto vaya a reportarles en un futuro en términos de mayores salarios y el coste en el que incurren al prolongar su periodo de formación. Si unos individuos se forman más que otros será en función de las preferencias que unos y otros tengan por la liquidez inmediata. Posiciones menos individualistas han reconocido que el grado y tipo de formación alcanzado por las personas puede depender de factores ambientales, del tipo de oportunidades con el que cuenten las personas (y la representación que éstas tengan de aquéllas) y no sólo de una determinada estructura de «gustos». El análisis del capital humano supone también que los empleadores pagarán más a los más formados porque estos serán más productivos, enfoques alternativos (la escuela radical norteamericana y el enfoque societal, por ejemplo), no obstante, plantean que la estructura salarial dependerá más de las jerarquías en los puestos de trabajo que se establecen en el seno de las empresas para el mejor control de la mano de obra que de la productividad asignada a cada puesto. Desde esta perspectiva contratar a personas más formadas para los puestos jerárquicos más elevados es una forma de legitimación de esa jerarquía. Desde este punto de vista, las personas provenientes de familias de los trabajadores que ocupen puestos jerárquicos superiores, gozarán de mejores condiciones para acceder a puestos más altos, lo que incrementa sus posibilidades de acceder a dichos puestos en el futuro. La educación contribuye así a mantener la estratificación social, a la vez que legitima las jerarquías en el interior de la empresa. Véase todo esto en Recio (1997). 67

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complementariedad en las diferentes unidades productivas, etc.); el tipo de demanda (fuerte o débil, estable o inestable) a que tengan que hacer frente las producciones locales; la cultura de gestión laboral local; las costumbre en el plano de la gestión de conflictos laborales; las diferentes regulaciones legales, etc. En definitiva, lo que sostiene este enfoque de los mercados de trabajo locales es que hay una gran multiplicidad de factores estructurales e institucionales que inciden a la vez sobre la configuración de la oferta y de la demanda y que, por lo tanto, la formación de una y otra no es independiente. Además, dado que todos los factores mencionados evolucionan en el tiempo (aunque unos más rápidamente que otros), los mercados de trabajo locales son realidades dinámicas sujetas a diferentes procesos de cambio de intensidad y ritmos variables. Un tejido empresarial productivo y dinámico muy probablemente esté relacionado con una cultura emprendedora en un territorio y esto a su vez estará en conexión con el tipo de oferta laboral, que se estructurará en ningún modo de manera independiente del tipo de puestos de trabajo que ofrezcan los empleadores de la zona. Desde este punto de vista, no son sólo los trabajadores los que determinarán la segmentación del mercado laboral; es decir, las diferencias en los puestos de trabajo que se observan en el mercado no dependen únicamente de las características de los trabajadores (de si están más cualificados o no, como decían los teóricos del capital humano), sino que también dependen de las características de la demanda ya que según el tipo de mercado, del producto a que se enfrenten y en función del marco socioeconómico en el que se desenvuelvan, las empresas desarrollarán una estructura de puestos laborales u otra, y estos puestos condicionarán qué tipo de gente entra en el mercado laboral (ocupando unas posiciones determinadas) y qué personas son las que se van a quedar fuera del mismo. Esta última observación será la que nos permita plantear cuál es el papel que, desde nuestro punto de vista, pueden jugar las empresas de inserción en los mercados de trabajo locales. 4.2. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN COMO PUERTOS DE ENTRADA EN LOS MERCADOS DE TRABAJO LOCALES. Así pues, lo que nos ayuda a comprender este enfoque de los mercados locales de trabajo es que éstos se configuran a partir del complejo conjunto de interacciones socioeconómicas propias de la sociedad local que dan lugar simultáneamente a la oferta y a la demanda laboral. 68

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Este apunte surge de la reflexión teórica sobre el funcionamiento de los mercados de trabajo, concretamente de los trabajos de Michael Piore (1975), que estudiando las condiciones de trabajo, de la población activa más desfavorecida en los Estados Unidos de los setenta (las minorías negras), hizo dos aportaciones que para el asunto aquí tratado resultan relevantes y que resumimos a continuación. En primer lugar, como ya hemos visto, contrariamente a la corriente de pensamiento dominante en la época (y que aún hoy conserva un gran número de adeptos), sostenía que las características de los puestos no dependen sólo de las características de las personas que los ocupan, sino que dependen en gran medida de las estrategias y prácticas de contratación de la mano de obra de las empresas. Esto es lo mismo que decir que no sólo el trabajador hace al puesto sino que también el puesto hace al trabajador. En segundo lugar, Piore plantea la idea de “cadenas de movilidad” que pueden identificarse con el concepto de itinerario profesional que desde un puesto de trabajo inicial (o incluso desde uno de formación conectado con él), que sirve como puerto específico de entrada, puede llevar al trabajador a una posición u otra en el mercado laboral. La idea es que lo que marca la posición de una persona en el mercado laboral, no es tanto lo que actualmente haga, el puesto que desempeñe, sino si ese puesto de trabajo está integrado en una “cadena de movilidad” que permite o bien la promoción profesional de la persona y su estabilidad en el sector primario (el segmento favorecido del mercado laboral) o, por el contrario, el puesto actual se inserta en una “cadena de movilidad” que a través del paso por distintos empleos y ocupaciones no conduce a una mejora de la situación laboral de las personas y las encierra en un mercado secundario, o en una situación de alternancia entre empleo y paro. Desde este punto de vista, la exclusión del mercado de trabajo podría entenderse como una imposibilidad de acceso a alguna “cadena de movilidad”. En consecuencia con esta perspectiva, la inserción permanente de cualquier persona en el mercado laboral no depende tan sólo de lo que se ha dado en denominar la “empleabilidad” de la persona en cuestión, es decir, de las características de la oferta de trabajo, sino también y de forma importante, de la demanda de trabajo, o lo que es lo mismo, de la presencia de puestos a cubrir en el mercado laboral que hagan la función de puertos de entrada y que tengan unas características lo suficientemente estables y cualificantes como para afianzar la posición socio-laboral de las personas y facilitar su acceso a un abanico lo más amplio posible de puestos de trabajo. De aquí que para la inserción socio-laboral de las personas con dificultades de acceso al mercado laboral incidir exclusivamente en la mejora de 69

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sus condiciones de “empleabilidad” no sea suficiente. Se necesita además que se creen puestos, hasta hoy inexistentes en el mercado de trabajo, en las que las personas con más dificultades puedan desarrollar estas habilidades, actitudes y capacidades y que les sirvan de trampolín en su (re)incorporación al trabajo asalariado. Esta creación de puestos de trabajo es lo que ofrecen las empresas de inserción, que a la vez que trabajan con las personas pretenden modificar, aunque de momento solo lo hayan logrado marginalmente, la propia estructura del mercado de trabajo. Una forma de ilustrar esta idea y que puede resultar muy útil para los propósitos de este trabajo es considerar los factores que influyen en la configuración de la oferta y la demanda laborales locales a partir de la interacción de los cuatro sectores (Mercado, Estado, Sociedad Civil, Sector Informal) a los que venimos aludiendo en este trabajo (Figura 4). Así, el tipo de interacciones mercantiles influiría fundamentalmente en el tipo de tejido empresarial y las características de la demanda de las producciones locales; como regulaciones estatales más características se contemplarían el ordenamiento jurídico laboral y el tipo de sistema educativo; el tipo de tejido social y la cultura local estarían relacionados con el sector que venimos denominando Sociedad Civil y el sistema de valores trasmitidos por las familias y con ellos las pautas de reparto del trabajo mercantil y no mercantil serían factores fundamentalmente asociados al sector de relaciones informales. Como hemos visto, son las relaciones que se dan en todas las esferas, y no únicamente las mercantiles, las que están en el origen de la formación del conjunto de relaciones que denominamos “mercado de trabajo” y las que hacen de este sistema de relaciones un integrador social (aunque realimentando las diferencias) a la vez que un exclusor social. Las intervenciones sobre el mercado laboral a favor de una inserción socio-laboral verdaderamente integradora se tienen que plantear pues en consonancia con este hecho.

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MERCADO

ESTADO

Tejido empresarial Demanda producto SOCIEDAD LOCAL

Demanda laboral

Leyes, sistema educativo

Oferta laboral

Reparto trabajo Valores Familiares SECTOR INFORMAL

Tejido social Cultura local SOCIEDAD CIVIL

Prácticas de gestión de la mano de obra

Características de los puestos de trabajo

MERCADO DE TRABAJO LOCAL -Segmentación -Desigualdad -Exclusión

Procesos de movilización y aprendizaje

Características de los trabajadores

EMPRESAS DE INSERCIÓN

Figura 4: Las empresas de inserción como puertos de entrada en el mercado laboral.

Una pregunta que se puede plantear en este punto es porqué estos puertos de entrada en el mercado laboral, que sirvan de primer contacto con una “cadena de movilidad” o bien que supongan un reenganche a la misma no son generados, como lo han sido en épocas anteriores, por las empresas ordinarias. En realidad, estas últimas empresas cuentan con estos puestos, sin embargo, en un contexto como el actual en el que las elevadas cifras de desempleo permiten una selección entre candidatos más cualificados, estos puestos que 71

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enlazan con “cadenas de movilidad” positivas son cubiertos por trabajadores que necesitan un menor periodo de adaptación al mercado laboral y que suponen para las empresas ordinarias unos menores costes de formación inicial (Eme, 1997). Esto es así, porque las empresas convencionales son probablemente los actores en los cuales el predominio de la lógica mercantil es más notorio, y en consecuencia, su orientación es, ante todo, mejorar su rentabilidad privada, independientemente de lo que esto suponga en términos de segmentación y exclusión social. La empresa de inserción, en cambio, como miembro enmarcado en el Tercer Sector, es un actor mucho más complejo (Figura 5), en el sentido de que sus lógicas están mucho más mezcladas, esto hace que además de su rentabilidad privada, tengan también como objetivo la consecución de la rentabilidad social que incluye entre sus argumentos la valoración de las actuaciones de la empresa en pro de la inserción sociolaboral de las personas más desfavorecidas. Así, la empresa de inserción es un actor que para cumplir la misión de integración de sus trabajadores en inserción se desarrolla en un ambiente mercantil en el cual ha de moverse, por motivos de supervivencia, con una lógica y bajo unos criterios que garanticen la rentabilidad privada de la entidad. Pero, además, es un actor en el que el aspecto agencia que destacara Sen (1989) está muy desarrollado. Es un actor con un proyecto social, con una idea de sociedad que quiere ver materializada y en función de la cual orienta sus actuaciones. También, en el plano político, es un actor que reivindica una redefinición de los derechos y obligaciones relacionados con el empleo y un mayor compromiso estatal en la resolución de los problemas que afectan a los más desfavorecidos. Es un actor que, por otro lado, asume el compromiso de formar a los trabajadores, no sólo en los aspectos relacionados con la actividad productiva en la empresa sino también con la recomposición de los vínculos personales y de la autoconfianza de los trabajadores en inserción.

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Papel reivindicativo

Actividad rentable

MERCANTIL EMPRESAS DE INSERCIÓN

POLÍTICA

CIVIL Creación de vínculos

INFORMAL Sociedad no excluyente

Figura 5: Pluralidad de lógicas de las empresas de inserción.

Son empresas que, al crear estos puestos de trabajo en el territorio en el que se desarrollan, están contribuyendo, aunque de momento muy modestamente, a crear otro tipo de «enganches» para las personas en el mercado laboral, a la vez que dinamizan el tejido socioeconómico creando empleo y nuevas actividades. Influyen así sobre la recuperación de los tejidos económicos a la vez que trabajan para la inserción socio-laboral de las personas con más problemas. Es decir, son unos actores en sí mismos integradores. En definitiva, las empresas de inserción son actores que ejercen su actividad a la vez sobre la configuración de la oferta (mejora de la empleabilidad de las personas) y sobre la demanda (creación de puestos accesibles a estas personas sobre el territorio). Son actores que en sí mismos llevan incorporados los objetivos de una política social integradora. En relación con esto, podría afirmarse que las empresas de inserción son actores potencialmente sinérgicos, porque son actores «nodales» (constituyen un nudo entre las esferas Mercantil y Civil) y son actores «instituyentes» (porque pretenden, mediante sus prácticas, influir en las estructuras e instituciones sociales, especialmente aquéllas relacionadas con la formación del mercado de 73

LAS EI COMO PUERTOS DE ENTRADA EN EL MERCADO LABORAL

trabajo), la única característica que no poseen, y que es necesaria para generar sinergias, es la de ser actores «estratégicos» (tener el suficiente peso como para ser capaces con sus actuaciones de influir y modificar su entorno). Entendemos que un mayor impulso por parte de los poderes públicos que consolidara la actuación de estas empresas acabaría confiriéndoles este poder estratégico con lo que la capacidad de estos actores de generar sinérgicas entre lo económico (dinamización del tejido productivo) y lo social (inserción socio-laboral) podría ser plenamente aprovechada. Discutiremos, cuando nos centremos en el caso Andaluz, sobre las posibles medidas a proponer en este sentido, pero antes conviene volver a la diversidad de experiencias que se dan sobre el terreno y que son conocidas como «empresas de inserción» para evaluar hasta que punto los distintos tipos de empresas existentes pueden cumplir realmente el papel que aquí les hemos asignado de puertos específicos de entrada en el mercado laboral.

5. MODELOS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN.

MODELOS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

5.1. TIPOLOGÍA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN. Como hemos visto las empresas de inserción son iniciativas de inserción socio-laboral (entre el 40% y el 60% de su plantilla son trabajadores en inserción) promovidas y participadas en un elevado porcentaje por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, que se integran plenamente en el ámbito mercantil. Son estructuras de producción y servicios que realizan su actividad en mercados competitivos y cuyos beneficios revierten en su objetivo de inserción. Estas entidades tratan de evitar la participación de los trabajadores en inserción en un mercado secundario en el que se desarrollen las tareas menos cualificadas y en el que las actividades se desvaloricen porque están concebidas más para la inserción que de cara a los propios usuarios y clientes. Por esta razón, es un rasgo consustancial a las empresas de inserción que los trabajadores tengan contratos laborales con las condiciones establecidas en el convenio del sector de la actividad que desempeñan. Se trata de conseguir que el trabajo desarrollado por estas empresas sea percibido como trabajo ordinario evitando con ello el tradicional encasillamiento de éste en actividades no rentables o no valoradas socialmente. Aguilar, Laparra y Correa (2000) clasifican a estas empresas en cuatro tipos: 1. Empresas de transición: empresas mercantiles que venden bienes y servicios en el mercado, que deben ser rentables y competitivas y que destinan una parte de sus puestos de trabajo a personas en inserción, es decir, a personas que en su propio puesto de trabajo se van formando y adaptando al trabajo asalariado. Los puestos en inserción son permanentes, pero las personas que los ocupan lo hacen por períodos limitados de tiempo (entre seis meses y tres años en general). Este modelo de transición es el que en Francia se denomina Entreprise d’Insertión y que se corresponde también con algunas cooperativas sociales italianas tipo B. Como veremos éste es el modelo que inspira el que se está desarrollando actualmente en España y también en Andalucía y que por las razones que expondremos más abajo es preconizado por la Asociación Andaluza de Empresas de Inserción (EidA). 2. Empresas sociales y solidarias: también son empresas mercantiles que venden bienes y servicios en el mercado, que deben ser rentables y competitivas y, aquí está la diferencia, que destinan una parte importante de sus puestos de trabajo a ser ocupados permanentemente (o al menos muy prolongada) por personas con graves dificultades para acceder a un empleo ordinario y con pocas perspectivas de poder llegar 77

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a hacerlo (incluso tras una fase de formalización y rehabilitación). Apuntan los autores «lo característico es su orientación hacia las poblaciones más deterioradas y se asemejan bastante a los Centros Especiales de Empleo para minusválidos. Precisamente ese nivel de deterioro o de incapacidad permanente para empleos normalizados es el que justifica la presencia permanente de las personas y el apoyo externo también permanente (Aguilar, Laparra, Correa:210)58. La filosofía de inserción permanente se corresponde con el modelo belga (concretamente el de la región Valona) de Entreprise d’Insertion y a algunas cooperativas sociales italianas tipo B. En España, es el modelo defendido por algunos sectores como la red REAS59. 3. Empresas de trabajo temporal de inserción: empresas que ofrecen trabajos temporales por cuenta de terceros a personas en dificultad social. Éste es un modelo desarrollado en Francia, ETT d’Insertion, donde se da otro modelo, la Asotiation Intermediaire, que se diferencia del anterior en el número de horas que pueden contratarse y con orientaciones diferentes (trabajo para empresas las primeras, para particulares o asociaciones las segundas). En España, se comienza a hablar de este modelo en la actualidad, pero la opinión del sector no parece favorable a este tipo de experiencias 60. 58

Cáritas a través de un documento en el que se recogen sus propuestas de cara a la elaboración del borrador de proyecto de ley que se elaboró en la legislatura anterior, planteaba que las personas que «por determinadas situaciones de deterioro psíquico y/o físico, tienen dificultades insalvables de empleabilidad para acceder al mercado de trabajo normalizado y, probablemente, nunca podrán llegar a alcanzar los estándares de empleabilidad requeridos por el sistema económico...pueden superar su exclusión social y laboral si se les ofrece la oportunidad de desarrollar actividades económicas o de interés social adecuadas a sus capacidades. En este sentido, y en el marco de futuras políticas activas de empleo de inserción, se debería avanzar en una nueva figura de empleo protegido, de características similares a los Centros de trabajo protegidos para personas discapacitadas, o promover el empleo protegido en empresas de inserción o empresas privadas colaboradoras». Nótese cómo lo propuesto por Cáritas para estas situaciones extremas está netamente separado de las estructuras propuestas para las personas que «pueden recuperar su empleabilidad» entre las cuales se encuentran las empresas de inserción que han de ser de transición. Véase el documento “Propuesta de Cáritas sobre una futura normativa de empresas de inserción”, Programa de Empleo, Departamento de Programas de Acción Social, Madrid, 6 de febrero de 1998. 59 En realidad este concepto hace referencia a un grupo más amplio de empresas que no sólo se ocupan por la inserción sociolaboral de los más favorecidos, sino que, en general se conducen por principios ecológicos y solidarios. Véase Vilanova y Vilanova (1996) y también http://www.reasnet.com. 60 Miquel Puig de Convergència i Unió, el partido que ha presentado la proposición de ley que actualmente está en el Parlamento, se declaró favorable a este tipo de experiencias en el transcurso de su intervención en el «Encuentro Europeo de Empresas de Inserción» 78

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4. Empresas tuteladas: empresas que surgen como iniciativas de creación de empleo para personas en dificultad que tienden a evolucionar hacia empresas normales. Se trata de empresas que si bien en una fase inicial (más o menos prolongada) son de inserción, con el tiempo dejan de serlo, asegurando así el empleo para las personas que trabajan en ella. La transición de la exclusión hacia la integración laboral plena la recorren la empresa y las personas de forma paralela. Este tipo de iniciativas son similares a las de autoempleo o de generación de pequeñas iniciativas empresariales contra el paro en el marco de viveros de empresas o programas similares, con la diferencia de dirigirse a personas en mayor dificultad y requerir, por tanto, de apoyo y tutela más intensos y prolongados. 5.2. MODELOS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EUROPA. Exponemos aquí los tres ejemplos de empresas de inserción más desarrollados en la UE y que pueden servir de referencia. En el caso belga el modelo coincide con el tipo que Aguilar, Laparra y Correa (2000) califican de Empresa, social y solidaria (los empleados en inserción son permanentes). El modelo francés (pionero en Europa) contempla varias posibilidades, pero en todo caso son empresas de transición. Ambas fueron objeto de regulación en 1998, en el caso francés para modificar su estatuto, y en el caso belga para ser reconocidas por primera vez. Presentamos también el caso de la Cooperativa social tipo B italiana que está regulada desde 1991. De estas últimas algunas son de transición y otras son empresas de inserción permanente para trabajadores desfavorecidos. a) El caso de la Empresa de Inserción Valona61. En lo que se refiere a las empresas de duraderos a personas con inserción valonas, éstas se crean como empresas sociales dedicadas a ofrecer empleos dificultades de acceso al mercado laboral para que puedan encontrar un lugar en la sociedad y dar sentido a sus vidas. organizado por el IMFE del Ayuntamiento de Granada en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Granada, 15 y 16 de marzo de 2001. De hecho, en Cataluña ya hay un precedente legal (Orden del 26 de febrero de 1996 del Departament de Treball) mediante el cual se permite a las ETT beneficiarse de determinadas ayudas a cambio de que admitan a personas beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción Catalana. Véase sobre esto Rojo Torrecilla (1996). 61 Simon, M. (1998): “L’entreprise d’insertion, un outil contre l’exclusion sociale”, Reflets et Perspectives, XXXVII, 1998/4, pág. 61-72. 79

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Como en casi todos los países comunitarios, tradicionalmente existían en Bélgica diversas experiencias de empleo protegido para las personas con algún tipo de discapacidad reconocida como minusvalía, tal es el caso de las «empresas de trabajo adaptado» y los «talleres protegidos». A finales de los años ochenta se creó la figura de las «empresas de aprendizaje por el trabajo» que fueron sustituidas en 1995 por las «empresas de formación por el trabajo» (EFT). Según el Decreto del Gobierno valón del 6 de abril de 1995 «la EFT tiene como objetivo asegurar la formación de los usuarios mediante una pedagogía específica. Ésta descansa en la consecución de un trabajo productivo, acompañado de una formación teórica adaptada a las necesidades individuales, y en un acompañamiento psicosocial del usuario. La formación tiene como finalidad la inserción socioprofesional de los demandantes de empleo que tienen dificultades importantes de inserción en el mercado de trabajo debido a sus características socioculturales. Y tiene como miras la adquisición o refuerzo de las competencias necesarias para permitir bien la concertación de un contrato laboral bien el acceso a una formación cualificada»62. Un estudio reciente de 40 EFT ha puesto de manifiesto que el 36% de sus recursos proviene de la actividad económica y el 64% de subvenciones, mostrando como media una ratio de autosuficiencia del 101%63. Son estructuras en las que la administración pública asume total o parcialmente la remuneración de los beneficiarios (que no tienen la consideración normal de asalariados) y de las cargas sociales patronales. Algunas de ellas ni siquiera comercializan su producción, por lo que no son propiamente empresas. En general, tienen un carácter eminentemente formativo (todavía cercano a la idea de presencia en un entorno de producción), por eso sus egresados siguen teniendo importantes problemas en el paso al mercado ordinario, sobre todo teniendo en cuenta el poco interés que tienen la empresas clásicas en la formación continua o en alternancia. Paralelamente, en 1994 se comienza a impulsar las «empresas de inserción» (EI) a partir de la selección por parte de la Fundación Roi Baudouin de siete proyectos piloto64. Sin embargo, será en 1995 (Orden real de 30 de marzo) cuando la noción de EI entre en el dominio jurídico: «las empresas y asociaciones que posean personalidad jurídica, reconocidas y subsidiadas como 62 Fusulier, B. (1999): “Lo económico al servicio de lo pedagógico”, Políticas Sociales en Europa, nº 6 “Empresas de inserción”, Hacer, Barcelona. Pág. 43-53, pág. 53. 63 Ratio de autosuficiencia = (volumen de negocios + subvenciones)/gastos. Definida por Fusulier en el artículo citado. 64 Simon, M. (1998) (Dir.): L’entreprise d’insertion a l’épreuve de la réalité économique, Foundation Roi Baudouin, Bruxelas. 80

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tales por la autoridad regional y comunitaria, que tengan como objeto social la inserción social y profesional de demandantes de empleo particularmente difíciles de colocar, mediante una actividad productiva de bienes y servicios». Esta Orden contempla una exoneración de las cotizaciones patronales a la seguridad social del 100% el primer año, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto. Por otro lado, también en 1995 por la Ley de 13 de abril que entra en vigor el 1 de julio del 1996), se crea la Sociedad de Finalidad Social (SFS)65, que permite a las empresas sociales afirmar su vocación económica y comercial. Son sociedades mercantiles con un objetivo/finalidad social (ayuda a los excluidos, proyecto de ayudas al Tercer Mundo, oferta de empleo a los marginados de los circuitos normales de trabajo, etc.) en las que la remuneración de capital o está ausente o limitada66. Como los trabajadores acaban siendo socios (todo trabajador ha de convertirse en socio antes de cumplir un año en la empresa), la sociedad ha de mostrar que sus remuneraciones se establezcan de forma que se privilegie la realización de su finalidad social. No se trata de un nuevo tipo de sociedad, sino de una variante ofrecida a los tipos existentes en cuyos Estatutos debe aparecer: a) que el beneficio patrimonial será nulo o limitado; b) que la sociedad no aportará ningún beneficio patrimonial indirecto a los socios; c) que lo miembros del personal alcanzarán en un año la calidad de asociados: d) mecanismos dirigidos a evitar la concentración de poder. Las SFS no tienen incentivos fiscales y no tienen derecho a las ayudas dirigidas a las Asociaciones sin ánimo de lucro (ASBL de la Ley de 1921), por esta razón (y porque las ASBL pueden desempeñar en algunos casos tareas mercantiles) se han desarrollado poco, pero se intenta que las asociaciones que desarrollen algún tipo de actividad dirigida al mercado acaben adoptando ese Estatuto (de hecho, cuando se regulen posteriormente las empresas de inserción la ley les obligará a convertirse en SFS, algo que puede interpretarse como el deseo del legislador de situar a estas estructuras en el ámbito mercantil sin ninguna ambigüedad). Este es el marco en el que se han desarrollado las empresas de inserción en Bélgica hasta que el 8 de julio del 1998 un decreto de la región Valona las regula más detalladamente para el ámbito territorial de su competencia. Según éste los requisitos para ser considerada una EI son los que siguen:

Coipel, M. (1998): “Les sociétés à finalité sociale: du vin nouveau dans de vieilles outres”, Reflets et Perspectives, XXXVII, 1998/4, pág. 43-59. 66 Se pueden distribuir beneficios hasta el 6% (en 1996). Como los trabajadores. En caso de liquidación no se reparte, se destinará a aquello que tenga lo máximo que ver posible con la finalidad social. 81

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§ § § §

Contar progresivamente con lo que denominan demandadores de empleo difíciles de colocar (20% el primer año siguiente al acuerdo, 30% el siguiente, 40% el siguiente, 50% los demás). Obligación de emplear cada año a un nuevo trabajador de estas características. La persona debe llevar inscrita dos años en la agencia nacional de empleo (FOREM). Tiene que ser una SFS. Tiene que respetar los convenios colectivos firmados en el seno de la comisión paritaria competente. Debe mantener una tensión salarial moderada que no debe exceder de 1 a 4.

En cuanto a la financiación pública prevista se contempla: 1. Para la contratación de un gerente que dinamice la dimensión empresarial: 750.000 FB primer año, 500.000 FB el segundo y 250.000 FB el tercero67. 2. Por cada trabajador en inserción contratado: 200.000 FB el primer año, 150.000 el segundo, 100.000 el tercero y 50.000 el cuarto. Para poder beneficiarse de la prima la EI está obligada a mantener el personal. 3. Recuérdese, además, que por la Orden Real del 30 de marzo de 1995 (Gob. Federal) las EI valonas disponen de una exoneración de las cotizaciones patronales a la seguridad social (de el 100% el primer año, el 75% el segundo, el 50% el tercero y el 25% el cuarto). Como se puede apreciar, el modelo valón consiste en la generación de estructuras que den empleo permanente a las personas con dificultades de acceso al mercado laboral. Puede interpretarse que con ello se está renunciando tácitamente a la inclusión plena de la persona en los circuitos ordinarios de la economía de mercado (de hecho las EI se plantean para los egresados de las EFT y de las Empresas de Trabajo Adaptado para las personas con algún tipo de discapacidad) produciéndose un efecto «encerramiento» de estas personas en un sector (el de la inserción) que por sus propias características (baja productividad, 67

1 FB son aproximadamente 4 Ptas. 82

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dependencia de las subvenciones, estigmatización,...) va a situarse siempre en el sistema socioeconómico en una posición de partida subordinada. En oposición a este modelo, creemos que la inserción por el trabajo debe articularse para apostar por una inserción plena de las personas en los mercados laborales ordinarios para evitar el riesgo de la formación de «ghettos» que tiendan a segmentar aún más el mercado, esta vez del lado de las empresas. b) Las Empresas de Inserción Francesas. Francia es el país en el que las estructuras de inserción por el trabajo (sector de inserción por la actividad económica lo denominan) han tenido un mayor apoyo público. Dicho sector se articula en torno a tres tipos de estructuras que tienen como principal característica ser lugares de trabajo de transición, es decir, su objetivo último es que la gente que pasa por ellas acabe encontrando un lugar en los mercados de trabajo ordinarios68: Ø Asociaciones intermediarias (AI) creadas en 1987. Tienen por objetivo poner a disposición de particulares, de asociaciones y de empresas a personas sin empleo para efectuar actividades que no están siendo aún aseguradas por la iniciativa privada o por los municipios en las económicas locales en las que se desarrollan. La ley de diciembre de 1989 reorientó la acción de estas asociaciones en dirección a las personas con grandes dificultades de inserción, fundamentalmente los parados de larga duración y los beneficiarios de Rentas Mínimas de Inserción. Esta ley amplió sus cometidos a la acogida, al acompañamiento y al seguimiento de las personas en su proceso de inserción. Desde esta perspectiva, las asociaciones intermediarias se benefician de una exoneración total de las cotizaciones patronales a la seguridad social por el empleo de asalariados que trabajan menos de 254 horas por trimestre, lo que equivale a media jornada. Este techo se reemplazó por un techo anual de 750 horas por el Decreto nº 92-331 del 30 de marzo de 1992. Desde enero de 1992, las asociaciones intermediarias pueden ofrecer prestaciones de cesión de personal en el marco de los denominados “empleos familiares”. 68

Un informe sobre este sector para 1999 puede verse en el boletín “Premières informations et synthèses Premières”, Octubre 2000 – núm. 40.1 editado por el Ministerio de Empleo y e la Solidaridad Francés, Dirección de estímulo a la investigación, estudios y estadísticas (DARES). www.travail.gouv.fr (Rúbrica Emploi después Études y después Statistiques). 83

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La ley del 4 de febrero de 1995 aportó diversas disposiciones de orden social precisando el campo de personas concernidas, las modalidades de aprobación y dio la posibilidad a estas estructuras de actuar en cooperación con la Agencia Nacional de Empleo (ANPE) mediante convenios. También mejoró ampliamente la protección social de los asalariados en materia de medicina laboral y de trabajos peligrosos (circulaire CDE/DRT nº 95-20 del 20 de abril de 1995). Ø Las empresas de inserción se crearon en 1992 y pueden contratar a las personas con grandes dificultades con un contrato de duración determinada por un periodo máximo de 24 meses, renovable dos veces en el límite de esta duración. Los puestos de trabajo atendidos en el marco de estos contratos podían, hasta la modificación del dispositivo por la Ley del 29 de julio de 1998, dar lugar a un desembolso de una ayuda a tanto alzado a la inserción cuyo montante se elevaba a 38.000 FF por año y por puesto de trabajo (950.000 Ptas). Esta podía ser ampliada mediante una ayuda global de la Dirección General de Asuntos Sociales. El cúmulo de estas ayudas no podía exceder de 76.000 FF por puesto (1.900.000 Ptas). Esta subvención toma en cuenta el esfuerzo específico de inserción realizado por estas empresas a favor de los públicos en dificultades, para compensar su menos productividad. La ayuda global por puesto de trabajo no es acumulable para una misma persona con las otras medidas de ayuda al empleo a favor de jóvenes y de parados de larga duración. Las empresas de inserción podían así contratar a asalariados en inserción con otras medidas de apoyo a la contratación (contratos de cualificación, de adaptación, contratos de aprendizaje, contratos iniciativa empleo o contratos de orientación; antes de la ley de 1998 las empresas que hubieran adoptado el estatuto de Asociación regida por la ley de 1901 podían también contratar con contratos empleo-solidaridad, contratos empleo consolidado o en contrato empleo ciudad). El estatuto de inserción es necesariamente limitado en el tiempo; se trata de un periodo transitorio en vista a mejorar las oportunidades del asalariado de acceder al mercado de trabajo en buenas condiciones. Por otro lado, las empresas de inserción emplean asalariados permanentes en puestos de plantilla o para las tareas técnicas. Ø Las empresas de trabajo temporal de inserción fueron creadas en 1994 y denominadas empresas de interinidad de inserción hasta la Ley de 1998. Aquellas estructuras de este tipo que presentan perspectivas de viabilidad económica y que prevén las acciones de seguimiento-acompañamiento 84

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social y profesional de las personas en dificultad, tienen la posibilidad de firmar un convenio que prevea la ayuda del Estado. Esta ayuda se aplica únicamente al financiamiento de los puestos de acompañamiento con una tasa de plantilla por responsable de 10 a 15 asalariados en inserción equivalentes a tiempo completo. Esta ayuda era, antes de la Ley del 29 de julio 1998, de 180.000 francos (4.500.000 millones Pts.) máximo por puesto de acompañamiento y por año sin que el cúmulo de subvenciones públicas pudiera pasar de los 300.000 FF (7.500.000 millones Pts.). Los empresarios de trabajo temporal deben tener como actividad exclusiva contribuir a la inserción de personas que tengan dificultades reales, poniéndolos a la disposición de las empresas clientes gracias a las misiones de interinidad en el marco de la reglamentación relativa a las empresas de trabajo temporal y conforme a los usos de la profesión. Los contratos de trabajo temporal firmados con fines de inserción se rigen por el conjunto de reglas aplicables a este tipo de contratos. Por derogación, su duración puede ser elevada a 24 meses en lugar de 18 meses. Contrariamente a los dispositivos que rigen las empresas de inserción, los puestos de trabajo proporcionados por un contrato de trabajo temporal firmado con una persona que tenga dificultades particulares de inserción no puede dar lugar al desembolso de una subvención a tanto alzado de ayuda al puesto. Las empresas de trabajo temporal de inserción pueden recurrir así a los contratos de adaptación y de cualificación, la remuneración de los asalariados varía según que éstos estén en formación o en misión. El marco jurídico para estos tres tipos de estructuras ha sido modificado por la Ley de orientación del 29 de julio de 1998 relativa a la lucha contra las exclusiones dirigida entre otras cosas a dinamizar el sector de inserción por la actividad económica, concediéndole por primera vez un verdadero estatuto en el seno del Código de Trabajo. El nuevo dispositivo reposa fundamentalmente sobre tres principios69: § El convenio sistemático con todas las estructuras de inserción por la actividad económica que refuerce las funciones de acompañamiento y las ayudas del Estado en el marco de itinerarios hacia el empleo. § La aprobación previa por la Agencia Nacional de Empleo Francesa (ANPE) de las personas a contratar por estas estructuras. Esta condición aporta la garantía de que las estructuras reclutan efectivamente a las personas más alejadas del mercado de trabajo en vista a su retorno al empleo. Para los 69

Éstos se desarrollan por la circulaire DGFP 99-17 del 26 de marzo de 1999. 85

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asalariados de las Asociaciones Intermediarias este consentimiento no es exigido para las puestas a disposición de los trabajadores a entidades que no sean a empresas. § La conducción local del conjunto del dispositivo asegurado por un Consejo Departamental de Inserción por la Actividad Económica (CDIAE) bajo la responsabilidad del representante del Estado. Este Consejo, que asocia a todos los actores locales, debe tener una verdadera misión de pilotaje de las intervenciones públicas en materia de desarrollo de actividades en beneficio de la inserción profesional en estrecha colaboración, en la gestión de fondos para la inserción, con el FDI (Fondo Departamental por la inserción). Esta reforma ha inducido igualmente ciertas modificaciones en las disposiciones concernientes a cada estructura. Para las asociaciones intermediarias: 1. El procedimiento de convenio es extendido a las AI, para las cuales éste sustituye el consentimiento anual anterior. Solo las AI que tienen convenio con el ANPE pueden poner asalariados a disposición de las empresas. 2. La ley ha hecho desaparecer la cláusula de no-competencia a la que las AI estaban sometidas pero las cesiones a las empresas se limitan en su duración. Así, una cesión para ejecución de una tarea precisa y temporal de una duración superior a 16 horas no se autoriza más que para las personas aprobadas por el ANPE. Esta cesión no puede pasar un periodo máximo de un mes de calendario a un mismo empleador con una sola renovación posible. La duración total del conjunto de periodos de las cesiones de un mismo asalariado a uno o varios utilizadores no puede exceder de 240 horas en el curso de los 12 meses siguientes a la primera cesión. Para las empresas de inserción: 1. Éstas se benefician desde ahora de la exoneración total de las cotizaciones patronales de la seguridad social, sobre la remuneración de los asalariados aprobados por el ANPE, con el límite del SMI. 2. La ayuda a los puestos de las empresas en inserción es elevada de 38.000 a 50.000 francos (1.250.000 Ptas.). Esta ayuda no es acumulable para un mismo puesto con otras medidas de ayuda al empleo financiadas por el estado de las cuales se puede beneficiar la empresa 3. Las empresas de inserción no pueden utilizar contratos de inserción como el contrato empleo-solidaridad ni el contrato empleo-ciudad (antes de esta ley podían hacerlo las que tenían forma de asociación). 86

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Para las empresas de trabajo temporal de inserción: 1. Las ETTI de la misma manera que las EI se beneficiar desde ahora de la exoneración total de las cotizaciones patronales de seguridad social, para la remuneración de los asalariados en inserción aprobados por el ANPE, con el límite del SMI. 2. La ayuda al puesto de acompañamiento en las empresas de trabajo temporal pasa de 180.000 FF a 120.000 FF (3.000.000 Ptas). Esta ayuda no es acumulable, para un mismo puesto, con las otras medidas de ayuda al empleo financiadas por el Estado de las que se puede beneficiar la empresa. La evaluación, hecha por el Ministerio de Empleo y de la Solidaridad galo, del impacto de estas medidas en el tejido de las empresas preexistentes es bastante favorable como puede apreciarse en la Tabla 170: TABLA 1: EVOLUCIÓN EMPRESAS DE INSERCIÓN FRANCESAS Empresas con las que se ha 1997 1998 1999 conveniado Núm. de empresas 778 780 871 Núm. de puestos EI 7135 8576 de inserción 6875 (equivalente TC) Núm. de empresas 137 Núm. puestos 224 acompañamiento ETTI Núm. de empleos 2688 (equivalente TC) Fuente: Ministerio de Empleo y Solidaridad

2000 Previsiones 1024 10431

162

241

289

315

589

708

3780

7068

8496

Los datos de la tabla son suficientemente elocuentes, el apoyo público ha supuesto un importante desarrollo del sector que según la misma fuente ha afectado al menos a las 76.225 personas aprobadas por el ANPE durante 1999. Todo ello ha sido financiado con los 45 millones de francos (1.125 millones de pesetas) con los que se ha dotado al Fondo Departamental de Inserción durante el pasado año. Un estudio más detallado71 del sector ha revelado el enorme potencial de las ETTI, (el 47,5 % de los trabajadores que pasan por ellas ha encontrado un 70

Ministére de l’emploi et de la solidarié (2000): “Construire ensemble une place por tous. Deux ans dáction de lutte contre les exclusions”. Disponible en la web de dicho ministerio. 71 Véase el boletín “Premières informations et synthèses Premières”, Octubre 2000 – núm. 40.1 ya citado. 87

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trabajo asalariado frente al 40% de los de las EI), pero ha llamado la atención sobre el hecho de que estas estructuras de empleo temporal (y en mayor grado las AI) están centradas en las personas con problemáticas mucho menos acusadas que las de las Empresas de Inserción. c) Las Cooperativas sociales tipo B en Italia72. Las cooperativas sociales se legislan en Italia a partir de la Ley 381 de 1991 que califica a la cooperativa social como un instrumento no sólo al servicio de los socios sino también al servicio de la colectividad a través de la promoción de la persona y de la inserción social de los ciudadanos. A partir de esta ley, una cooperativa puede ser creada por socios voluntarios, con un máximo del 50%, y socios trabajadores. La Ley establece también una distinción entre dos tipos de cooperativas sociales: a. las que ofertan servicios sociales, sanitarios o educativos, y b. aquéllas que su finalidad es la inserción social por el trabajo de las personas desfavorecidas. La Ley precisa que una cooperativa no puede pertenecer a los dos grupos a la vez. Ha de escoger. Esta ley especifica las categorías a las que reserva la condición de «personas desfavorecidas»: minusválidos físicos y mentales, toxicómanos, alcohólicos, menores procedentes de familias problemáticas y los presos en libertad provisional. Al menos el 30% de las personas contratadas en las cooperativas sociales de inserción tienen que pertenecer a alguna de estas categorías y los trabajadores desfavorecidos tiene que formar parte de la cooperativa en la medida de lo posible. Es la cooperativa quien toma la decisión de contratación a no ser que se haya llegado a un acuerdo con algún organismo público.

Vidal, I. (2001): “Economía social y la lucha contra el paro de larga duración: las empresas de inserción social por el trabajo. Experiencias en el ámbito de la Unión Europea”. Ponencia presentada al «Encuentro Europeo de Empresas de Inserción» organizado por el IMFE del Ayuntamiento de Granada en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Granada, 15 y 16 de marzo de 2001. Reproducimos aquí en lo esencial sus notas sobre las cooperativas italianas, para un desarrollo de las mismas puede verse Borzaga, C. (1997): “El impresionante desarrollo de las cooperativas sociales” en Defourny et al. (Dirs.) (1997): Inserción y nueva economía social. Un balance internacional. CIRIEC- España, Valencia. 88

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La Ley prevé algunas formas de reducción de impuestos por las cooperativas, así como las exenciones de las cargas sociales de los trabajadores desfavorecidos que han sido contratados por la cooperativa. Finalmente, la Ley 381 de 1991 ofrece a las cooperativas un acceso directo al mercado público, sin la competencia de las otras empresas. La Comisión Europea impugnó de inmediato esta disposición por considerarla una violación a la normativa sobre la competencia. La Ley italiana de enero de 1996 dio una solución a este problema, basándose en una directiva comunitaria, y establece en su artículo 20 que las administraciones públicas pueden incluir, en los pliegos de condiciones de los concursos públicos para acceder en el mercado público la obligación de usar un porcentaje determinado de personas desfavorecidas. Al contrario de los que pasa por ejemplo en Francia, en Italia las facilidades que se han dado a las cooperativas de inserción no han provocado reacción en negativo por parte del sector empresarial convencional, tildándolas de competencia desleal. Al menos hasta ahora, la expansión del sector no lucrativo y de la cooperación social ha tenido una acogida favorable por parte de las empresas convencionales que consideran que su presencia en la economía puede contribuir a reducir la presencia estatal. Han surgido diferentes formas de colaboración experimental, en particular, por la formación de dirigentes de cooperativas sociales. En el ámbito de la inserción de personas desfavorecidas, es preciso citar un importante acuerdo firmado entre las asociaciones de empresarios y el consorcio de cooperativas sociales de la provincia de Treviso. Este acuerdo, aprobado por el Ministerio de Trabajo, prevé a título experimental que las empresas que se comprometan en hacer un determinado número de comandas a las cooperativas de inserción puedan beneficiarse de una reducción del número de minusválidos que tienen que contratar según lo establecido en la Ley 42 de 1968. La aprobación de la Ley 381 de 1991 ha acelerado el desarrollo de las cooperativas en general y de las cooperativas dedicadas a la inserción de personas desfavorecidas, en particular. También ha ayudado a clarificar los objetivos y las estructuras organizativas al imponer la separación entre actividades de inserción y oferta de servicios sociales. Como prolongación de los efectos de esta ley, se han adoptado medidas de soporte en el ámbito regional, así como un convenio laboral que introduce formas de flexibilidad salarial y de flexibilidad dentro de la jornada de trabajo por las personas desfavorecidas. El convenio de trabajo prevé que la jornada laboral de los trabajadores desfavorecidos pueda ser sensiblemente inferior a la normal en su primera etapa de inserción e incrementarla progresivamente, a medida que el trabajador adquiere las competencias necesarias. Además, el convenio laboral 89

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establece que el salario de los trabajadores desfavorecidos pueda ser más reducido, hasta un 50%, que el salario de los otros trabajadores, y que el nivel salarial normalizado se obtendría de forma escalonada. El período máximo es de tres años. Algunas legislaciones regionales prevén que grupos específicos de personas con minusvalías puedan trabajar en la cooperativa durante los primeros tiempos (de 6 a 12 meses) sin que suponga ninguna carga económica para la cooperativa. Es el gobierno regional quien paga mediante subvenciones. La aprobación de la Ley favorece, además, el reconocimiento del cooperativismo social por parte de movimiento cooperativo italiano, así como su cumplida inserción dentro de este movimiento. En la actualidad, en más de un tercio de las provincias italianas, las cooperativas sociales están organizadas en consorcios locales; estos consorcios están agrupados en un consorcio nacional. En sus diferentes niveles, los consorcios hacen todas las funciones que no pueden hacer las cooperativas de forma individual por falta de recursos: participar en la negociación colectiva general, organizar un sistema de formación, hacer propuestas de políticas social, dedicarse a la investigación y desarrollo, hacer funciones de promoción, de asistencia y de consultoría. Normalmente, los consorcios locales agrupan simultáneamente las cooperativas de servicios sociales y las de inserción por el trabajo. Las políticas locales también han fomentado el desarrollo de las cooperativas de inserción. Entre las medidas que han tenido una incidencia importante se encuentran las que hacen referencia a la reducción del coste laboral de los primeros puestos de trabajo y la preferencia para adjudicar el mercado público a las cooperativas sociales. La eficacia de estas medidas se ha visto reforzada por el fortalecimiento entre la Agencia de Colocación de la región y las cooperativas. De este modo se ha desarrollado el recurso a los programas de inserción individualizada por cada trabajador desfavorecido. A finales de 1996 había registradas 754 cooperativas de inserción que proporcionaban trabajo a 5.414 personas desfavorecidas sobre un total de 11.165 trabajadores. La dimensión empresarial promedio se encuentra entre 13 y 15 trabajadores. El número medio de trabajadores desfavorecidos se encuentra entre 6 y 7 siendo superior al promedio pedido por la Ley. Las cooperativas sociales se encuentran fundamentalmente en el norte de Italia, en concreto en las zonas caracterizadas por el predominio de la pequeña y mediana empresa. En esta zona, donde se encuentra un gran dinamismo empresarial, una reducida tasa de paro y una gran cohesión social, la cooperativa social ha encontrado un terreno muy favorable para su desarrollo. Además, las estrategias de descentralización de la producción han permitidos que las cooperativas de inserción se desarrollen y se consoliden. Son empresas subcontratadas para hacer los trabajos más sencillos. Finalmente, la sensibilidad 90

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de las autoridades locales y regionales por la situación de las personas desfavorecidas ha resultado ser un elemento clave para el acceso de las empresas de inserción en el mercado público. 5.3 MODELOS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ESPAÑA. a) Los proyectos de ley sobre Empresas de Inserción. En España no ha existido hasta ahora una legislación sobre empresas de inserción. No obstante en 1996 dos comunidades autónomas (las Comunidades Valenciana 73 y la Catalana) hicieron referencia mediante sendas disposiciones a empresas cuyas características podrían asemejarse a lo que es una empresas de inserción74. En el caso catalán, el Decreto 228/1995 de julio que regula el Programa Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción establece en su artículo 15 que corre a cargo del Departament de Treball la organización de las acciones de orientación y motivación profesional, las acciones formativas y los programas de inserción laboral, todo ello mediante convenio, entre otras entidades, con “empresas colaboradoras”. Será la Orden de 20 de febrero de 1996 la que concrete qué son estas empresas colaboradoras: “cualquier empresa o entidad constituida legalmente que esté incluida en el censo de empresas y entidades colaboradoras del Departament de Treball, y que lleve acabo un proyecto de inserción laboral de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos”. Según explica Rojo Torrecilla la orden exige que en los estatutos de estas empresas conste el objeto social de “insertar laboralmente a personas en riesgo de exclusión” que podrán alcanzar hasta el 50% de los trabajadores de la empresa. Esta norma regula acciones de apoyo a la contratación salarial, en términos de subvención salarial, a contratos de duración no superior a un año para personas acogidas a un plan individual de reinserción, así como medidas de acompañamiento laboral, apoyo profesional al proceso de inserción, y asesoramiento y formación complementaria a cargo del trabajador, subvencionando a las empresas o bien encargándosela a un centro colaborador. 73

La norma ya no está vigente. La Resolución de la Consellería de Treball i Afers Socials de 25 de marzo de 1996 (DOGV, 6 de mayo) dedica su capítulo II a la creación y mantenimiento de los centros de integración socio-laboral, definidos como “aquellos que tengan como objetivo fundamental iniciar a personas con dificultades subjetivas de colocación en la vida laboral para que a través de la actividad productiva alcancen una formación profesional y hábitos de trabajo que les permita integrarse a corto y medio plazo en el mundo laboral” (art. 4°). 74 Seguimos en este primer rastreo a las empresas de inserción en España a Rojo Torrecilla (1996). 91

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Una medida muy criticada por los sindicatos es que mediante esta orden se permite que las ETT puedan contratar a este tipo de trabajadores para ponerlos a disposición de sus empresas usuarias, aunque el conjunto de estas cesiones no puedan suponer más del 10% de la facturación de la empresa (Rojo Torrecilla, 1996:18). Previamente a estas normativas, en 1995, había habido dos proposiciones de regulación de las empresas de inserción que acabaron sin ser desarrolladas. La primera fue presentada por IU-IC, y se denominó “Proposición de ley de regulación de las empresas de economía solidaria y alternativa”75, a las cuales no se les requería que tuvieran la personalidad jurídica de empresas, eran concebidas como centros de inserción permanentes para las personas desfavorecidas (“personas socialmente discapacitadas”) que debían constituir, al menos, 2/3 de la plantilla. Posteriormente hubo una proposición no de ley del PSOE76 en la que también se defiende la regulación de estas empresas y medidas que favorezcan su promoción. Ya en 1998, el primer gobierno del PP se comprometió con algunas organizaciones del Tercer Sector implicadas en la inserción socio-laboral de las personas con dificultad a la elaboración de un proyecto de ley que regulara a las empresas de inserción. Tras una serie interminable de borradores la legislatura se agotó sin que la proposición de ley se hubiera presentado77. 75

Boletín Oficial de las Cortes Generales-Congreso, 11 de septiembre de 1995, Serie B, núm. 142-1. 76 Boletín Oficial de las Cortes Generales-Congreso, 29 de septiembre de 1995, Serie D, núm. 275, pág. 10-11. Fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso en la sesión del 7 de noviembre. Diario Oficial del Congreso de los Diputados núm. 481, págs. 9581 a 9588. 77 Las discusiones no fueron del todo estériles. A partir de ellas se aprobó lo reflejado en la Directriz 9 del PAE-2000 sobre el «Programa de Fomento del Empleo para Trabajadores que se encuentren en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión. El programa se dirige a: preceptores de salario de inserción, jóvenes en riesgo de exclusión social, personas con problemas de drogadicción en proceso de rehabilitación y reclusos en régimen abierto y exreclusos. Las empresas que contraten a trabajadores en esta situación, tendrán una reducción de sus cotizaciones a la Seguridad Social del 65%. Se estima que beneficiará a 6.000 contratos con un coste de 450 millones de pesetas (2,7 millones de euros)». La medida es claramente insuficiente pues no contempla los problemas adicionales de adaptación al puesto de trabajo que estas personas puedan tener. Más bien se trata de establecer un incentivo económico a su contratación que compense los problemas de discriminación en el acceso al mercado laboral, pero sin plantearse actuaciones de un mayor calado. También a partir de los debates suscitados por la Ley, en 1999 CiU-IC logró que se modificara la 92

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Ya en el actual período parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) presentó ante el Congreso de los Diputados una proposición de Ley de Regulación de las Empresas de Inserción78 , que coincide en lo esencial con el último borrador discutido por los diversos actores implicados con el Gobierno anterior, y con el que éste ya se había mostrado conforme. Sin embargo, dicha proposición a principios de 2001 aún no ha sido debatida. Las líneas generales de esta propuesta, se centran en los siguientes puntos: Ø Como sujetos de la inserción socio-laboral se consideran: 1. perceptores de rentas mínimas de inserción o equivalentes en las CC.AA. 2. personas que no puedan acceder a ese tipo de prestaciones por alguna de las siguientes causas: § Falta de período exigido de residencia o empadronamiento o para la constitución de la unidad perceptora. § Carecer de la edad establecida como requisito para la percepción de estas prestaciones económicas. § Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. §

Carencia de disposición presupuestaria. 3. jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, procedentes de Instituciones de Protección de Menores. 4. personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción social. 5. internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y exreclusos. 6. inmigrantes y emigrantes españoles retornados, con residencia legal y graves necesidades personales y/o familiares. El proyecto de ley precisa en su art. 2.3 que «también podrán ser objeto de inserción socio-laboral aquellas personas que, a criterio de los Servicios Sociales y Servicios Públicos de empleo, de los Servicios disposición adicional octava de la ley de Contratos del Estado que prevé la introducción de cláusulas sociales en los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 78 Boletín Oficial de las Cortes Generales, 11 de septiembre de 2000, núm. 84-1. 93

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Sociales homologados por parte de la Administración competente o de las Empresas de Inserción, se encuentren en la situación prevista en el apartado 1, siendo preceptivo para éstas que su propuesta sea informada favorablemente por los mencionados Servicios». Ø En cuanto al concepto de Empresa de Inserción: El proyecto considera (Art. 3) que, independientemente de la forma jurídica que asuma la empresa79, tendrán esta consideración «aquella que, debidamente calificada, realice cualquier actividad económica lícita de producción de bienes o prestación de servicios, y cuyo objeto social tenga como fin primordial la integración sociolaboral de personas en situación o grave riesgo de exclusión social» Los requisitos para ser una Empresa de Inserción son los siguientes (Art. 4): a. Proporcionar a los trabajadores procedentes de situaciones contempladas en el artículo 2, como parte de sus itinerarios de inserción, procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo, habituación labora y social y, en su caso, servicios de intervención o acompañamiento social que permitan su posterior incorporación al mercado de trabajo ordinario. b. Estar promovidas y participadas al menos en un 40% por una o varias entidades promotoras80. c. Mantener como mínimo, en cómputo anual, un 51% de trabajadores en proceso de inserción respecto al total de la plantilla. En ningún caso el número de trabajadores en proceso de inserción será inferior a 3. d. No tener vinculados sus balances, cuentas de resultados y patrimonio obtenidos a otras actividades económicas que no sean las de su objeto social. e. Aplicar, al menos, el 60% de los resultados o excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción. f. Estar inscritas en el Registro correspondiente a su forma jurídica, así como en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción81. 79 La disposición transitoria primera prevé una calificación provisional como Empresa de Inserción y concede un plazo de dos años a las entidades con otras formas jurídicas para que adquieran la forma jurídica empresarial que más les interese. 80 Según recoge el Art. 5 serán las entidades o corporaciones de Derecho público, o las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social contemple la inserción social de personas especialmente desfavorecidas. 94

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Ø Con respecto al papel de la Administración Pública: Serán los Servicios Sociales los que acrediten la dificultad de la situación del candidato a trabajador de inserción y quienes realicen el acompañamiento social durante su estancia en la empresa (salvo convenio con la propia empresa de inserción o entidad promotora)82. Los Servicios de Empleo intervendrán en los procesos de selección e informarán sobre la adecuación del trabajador a los puestos de trabajo ofertados, proporcionarán a los trabajadores procesos de orientación y formación y registrarán los contratos. Ambos Servicios colaborarán con las Empresas de Inserción para el diseño de los itinerarios y efectuarán el seguimiento de los mismos y también ejercerán seguimiento y apoyo a los trabajadores egresados de empresas de inserción. Ø El contrato para la adaptación sociolaboral: El proyecto de ley prevé que este contrato podrá realizarse por un mínimo de seis meses y un máximo de tres años. Y en él se incorporarán como cláusula del mismo las obligaciones que las partes asumen en el desarrollo del proceso personal de inserción y las medidas concretas para ponerla en práctica. La retribución será, como mínimo, la establecida en el convenio del sector en el que se desarrolle la actividad. Como condiciones especiales se establecen permisos remunerados de hasta diez días al semestre para la participación del trabajador en medidas de acompañamiento en su incorporación socio-laboral. Ø Medidas de Fomento contempladas por el proyecto. Se prevé la existencia de ayudas financieras (con cargo a los Presupuestos Generales del Estado) a las entidades promotoras para la constitución de estas empresas, así como en concepto de asesoramiento y asistencia técnica para su puesta en marcha. Además, para las empresas de inserción ya constituidas la ley prevé bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social83, subvenciones para el 81

El Capítulo II desarrolla el funcionamiento de este Registro. Se objeta a este proyecto de ley las disposiciones que se refieren a la actuación de los Servicios Sociales, ya que ésta es una ley estatal que no tiene competencias en esta materia en las CC.AA. 83 El proyecto plantea el 60% en la cuota empresarial de la Seguridad Social, pero este porcentaje es inferior a la exoneración que permite la actual ley de acompañamiento al 95 82

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mantenimiento de los puestos de trabajo, aplicación del importe de la prestación económica básica de las rentas mínimas de inserción. También se prevén ayudas a empresas ordinarias por la contratación de trabajadores provenientes de empresas de inserción e incluso para el establecimiento como autónomos de dichos trabajadores. Ø Cláusulas sociales Muy tímidamente, en las disposiciones adicionales, el proyecto de ley establece que los órganos de contratación de las Administraciones Públicas podrán baremar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la ponderación del número de puestos de trabajo de inserción generados en: empresas de inserción; grupos de empresas que incluyan alguna empresa de inserción; empresas que acrediten formalmente su relación con las empresas de inserción. b) El decreto vasco sobre Empresas de Inserción. En las comunidades autónomas, lo más destacado es la reciente elaboración por el Gobierno Vasco del Decreto 305/2000 de 26 de diciembre, por el que se regula la calificación de las empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y se crea el registro de empresas de inserción, se fundamenta sobre la Ley autonómica 12/1998 de 22 de mayo contra la Exclusión Social. En el caso vasco la figura defendida también es la de empresa (aunque se establece un periodo transitorio de tres años para la adaptación de las entidades). En este caso los trabajadores en inserción también serán acompañados por los servicios sociales y éstos en coordinación con los de empleo y con las propias empresas de inserción serán los que busquen la ubicación adecuada a cada persona. Las diferencias más significativas del decreto vasco con respecto al proyecto de ley nacional se relacionan con el establecimiento del porcentaje de trabajadores en inserción que ha de tener la empresa (mínimo 40% y máximo de 75% en el caso vasco) y en los de participación de las entidades promotoras (mínimo 33%). Destaca también que en el caso vasco se obliga a las EI a reinvertir todos sus beneficios en su objeto social. En cuanto a las ayudas a las Empresas de Inserción, la disposición final tercera del decreto establece que será el Departamento competente del Gobierno Vasco en materia de servicios sociales quien con carácter anual podrá realizar una convocatoria de ayudas para estas empresas. Presupuesto General del Estado, que establece esta cuantía en un 65% para contratos de trabajo con personas en situación de exclusión o grave riesgo de estarlo. 96

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c) Las Cooperativas Andaluzas de Integración Social y de Interés Social. El punto XI de la exposición de motivos de la Ley DE ÁMBITO autonómico de Sociedades Cooperativas Andaluzas (Ley 2/1999, de 31 de marzo) introduce dos nuevos tipos de cooperativas de trabajo asociado, a saber: las de integración social, que faciliten el acceso al mercado de trabajo de sujetos con algún tipo de discapacitación y las de interés social, concebidas como aquellas que sin ánimo de lucro, se constituyen al objeto de promover e integrar a colectivos que sufran cualquier clase de desarraigo o marginación social. Los artículos 128 y 129 de dicha ley desarrollan estas figuras: Cooperativas de interés social (Art. 128): 1. Son cooperativas de interés social aquellas que, sin ánimo de lucro, tienen como finalidad perseguir la promoción y plena integración social y/o laboral de los ciudadanos. Su actividad está constituida por la prestación de servicios relacionados con la protección a la infancia y la juventud; asiste ncia a discapacitados, mayores, personas con cargas familiares no compartidas, personas maltratadas, minorías étnicas, refugiados, asilados, ex reclusos, alcohólicos, toxicómanos, ludópatas, prevención de delincuencia; cualesquiera otros servicios dirigidos a colectivos que sufren cualquier clase de desarraigo o marginación social, en orden a su erradicación. 2. Los servicios que estas cooperativas prestan pueden tener carácter sanitario, educativo, sociolaboral o cualquier otro que coadyuve a la promoción e integración de estos colectivos. 3. En la denominación de estas cooperativas deberá aparecer la expresión «interés social». Cooperativas de integración social (Art. 129): 1. Cuando una cooperativa de trabajo asociado agrupe, mayoritariamente, a disminuidos físicos o psíquicos u otros colectivos con especiales dificultades de integración en la sociedad, tendrán la consideración de cooperativas de integración social. 2. En estas cooperativas podrán integrarse como socios los padres, tutores y personal de atención, en cuyo caso, los estatutos sociales deberán prever, y regula, en su caso, esta circunstancia. 3. También podrán los padres o tutores formar parte de los órganos sociales de la cooperativa supliendo la incapacidad de los disminuidos 97

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psíquicos, sin integrarse como socios en la entidad, de conformidad con lo que determine la sentencia de incapacitación. 4. Las cooperativas de integración social podrán tener, o no, el carácter de cooperativas de interés social, debiendo portar en el primer caso la expresión «interés social» en su denominación. La ley reconoce estos tipos de entidades pero no especifica ningún tipo de ayudas concretas a estas cooperativas, sino que prevé de manera genérica en su artículo 162. 7 que las cooperativas se promoverán en función de su capacidad para generar empleo y en la medida que fomenten la ocupación en sectores de población con especiales dificultades para acceso al mismo. Se puede apreciar que la figura se está planteando como una estructura de inserción permanente, en las que las personas en inserción sean socios de la propia cooperativa. Esto rompe con la idea de las empresas de inserción como puentes hacia el mercado laboral (que los socios rotasen sería posible pero jurídicamente poco operativo), por lo que la mayor parte de las iniciativas que se han desarrollado en Andalucía, incluso en momentos posteriores a la promulgación de la ley, han preferido no utilizar esta forma jurídica. 5.4. ARGUMENTOS A FAVOR DEL MODELO DE TRANSICIÓN. Lo que nos interesa aquí es plantear a grandes rasgos cuál de estos cuatro modelos parece más apropiado para la inserción socio-laboral de las personas con dificultades de acceso al mercado laboral, es decir, cuál de estos tipos de empresas pueden constituirse en verdaderos puertos de entrada de la población más desfavorecida en el mercado de trabajo. Desde nuestro punto de vista, quienes pueden realizar mejor este cometido son las empresas de transición, que para nosotros serán las auténticas Empresas de Inserción. Y ello no sólo por sus características positivas de servir de experiencia laboral auténtica para las personas con una orientación clara de salida al mercado laboral ordinario, elemento natural de integración en las sociedades europeas actuales, sino también porque consideramos que el resto de los modelos encierra algún que otro inconveniente. En primer lugar, en el caso de las empresas tuteladas, entendemos que es totalmente incoherente plantear que personas que parten de una situación tan desfavorecida como para necesitar el apoyo de una estructura de inserción por el trabajo tan específica como las empresas de inserción, puedan hacer una transición para convertirse en empresarios o en trabajadores autónomos. Lo que creemos es que este tipo de planteamientos puede quizá proceder una vez 98

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que las personas adquieren un bagaje en el mercado laboral, por ejemplo a través de una empresa de inserción de transición, pero creemos que estas situaciones sólo se darían en casos muy especiales en los que las personas tengan características también muy especiales. La experiencia real muestra como para que las personas tengan iniciativas empresariales, y máxime para desarrollarlas, se ha de disponer además de las competencias técnicas, de ciertos condicionamientos como son la autoconfianza y una red de relaciones sociales (un capital social) que no sólo les dé acceso a la financiación necesaria, sino que también les apoye en la búsqueda de los proveedores adecuados y en la captación de clientela. Pensar que la reunión de todos estos requisitos en una persona con graves problemas de acceso al mercado de trabajo puede ser algo más que una excepción parece descabellado. Y en cualquier caso, si las condiciones se dieran, siempre se podría acudir a diferentes centros de iniciativas empresariales que realizaran esta labor de seguimiento. En segundo lugar, en cuanto a las empresas sociales y solidarias, sin entrar en otras consideraciones relacionadas con el papel que estas empresas pueden jugar en el terreno de la promoción del ecologismo y en prácticas económicas más solidarias, entendemos que su planteamiento en el terreno de la inserción socio-laboral consistente en contratar a las personas de modo permanente puede interpretarse como una renuncia tácita a la inclusión plena de la persona en los circuitos ordinarios de la economía de mercado (de hecho, por ejemplo, las EI belgas de la región valona se plantean para los egresados de las Empresas de Formación por el Trabajo y de las Empresas de Trabajo Adaptado para las personas con algún tipo de discapacidad) produciéndose un efecto «encerramiento» de estas personas en un sector (el de la inserción) que por sus propias características (baja productividad, dependencia de las subvenciones, estigmatización...) va a situarse siempre en el sistema socioeconómico en una posición de partida subordinada. En oposición a este modelo, creemos que la inserción por el trabajo debe articularse para apostar por una inserción plena de las personas en los mercados laborales ordinarios para evitar el riesgo de la formación de guetos que tiendan a segmentar aún más el mercado, esta vez del lado de las empresas. En cuanto a las empresas de trabajo temporal de inserción (o su variante también francesa denominadas Asociaciones Intermediarias), como muestra la experiencia gala (véase Apéndice I) un estudio detallado del sector84 ha revelado 84

Un informe sobre este sector para 1999 puede verse en el boletín “Premières informations et synthèses Premières”, octubre 2000 – núm. 40.1 editado por el Ministerio de Empleo y e la Solidaridad francés, Dirección de estímulo a la investigación, estudios y estadísticas (DARES). www.travail.gouv.fr (Rúbrica Emploi después Études y después Statistiques). 99

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el enorme potencial de las ETTI, (el 47,5 % de los trabajadores que pasan por ellas ha encontrado un trabajo asalariado frente al 40% de los de las EI), pero ha llamado la atención sobre el hecho de que estas estructuras de empleo temporal (y en mayor grado las AI) están centradas en las personas con problemáticas mucho menos acusadas que las de las Empresas de Inserción. La Tabla 2 recoge la distribución de los asalariados en cada estructura según el tipo de dificultades por las que atraviesa mostrando como en las plantillas de las EI se concentran los trabajadores en inserción con unos itinerarios personales más difíciles y que requieren una atención mucho más específicas. Es significativo, que el 23% de los trabajadores en las EI son jóvenes que atraviesan grandes dificultades, mientras que no hay personas de este grupo en las plantillas de las ETTI, de hecho, sólo el 2.5% de los trabajadores de las ETTI tienen menos de 26 años. Además, es destacable también que el 42% de las personas que ocupan puestos de inserción en la EI son beneficiarios de la RMI frente a el 16,5 % en las estructuras temporales. TABLA 2: PROBLEMAS DE LAS PERSONAS EN INSERCIÓN SEGÚN LAS ESTRUCTURAS (%) (posibilidad de respuesta múltiple) Problemas EI AI ETTI Problemas con la justicia, excarcelación, 9.4 0.8 3.1 desintoxicación Personas a cargo de la ayuda social 12.2 5.1 7.5 Beneficiarios de RMI 42.0 15.2 16.5 Beneficiarios de la asistencia social 9.2 6.3 7.2 Trabajadores minusválidos 7.7 2.5 3.5 Jóvenes en gran dificultad 23.2 11.0 0.0 Conjunto de trabajadores en inserción o en 18400 207606 34300 cesión durante 1999.

Estos datos revelan que las estructuras que llegan a la población con mayor problemática son las Empresas de Inserción, especialmente en el caso de las personas no cualificadas que no han tenido una experiencia previa en el mercado laboral (población más joven) constituyendo las otras fórmulas temporales instrumentos de inserción para aquellas personas que aún atravesando alguna dificultad lo único que necesitan para reincorporarse al mundo laboral es una experiencia de corta duración en el mundo del empleo. Esta es la principal razón por la cual consideramos que el modelo de EI francés es la fórmula a seguir cuando se trata de potenciar instrumentos de apoyo para aquellas personas que realmente lo tienen más difícil. El hecho de que estas estructuras se financien con sus propios ingresos al 80% y la diversidad de campos en que despliegan su actividad 85 son razones adicionales 85

Construcción, espacios verdes, colecta, basura, reciclaje, servicios a las empresas, lavandería, plancha y costura, restauración, guarda forestal, impresión, edición, servicios de 100

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para depositar nuestra confianza en el desarrollo de un modelo similar (como veremos, no idéntico) en la región andaluza.

proximidad, automóvil, varios, limpieza, limpieza industrial. Véase el L’annuaire 1999-2000 del Comité National des Entreprises d’Insertion, disponible en la web en www.cnei.org.

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6. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA.

RECOMENDACIONES DE CARA A LA ACTUACIÓN POLÍTICA

Todas las consideraciones y argumentos que hasta aquí hemos expuesto se han originado a partir de análisis del contexto social, económico y político que rodea a las empresas de inserción. Como afirmábamos en la introducción, son fruto de una investigación que se ha desarrollado en estrecha colaboración con la Asociación Andaluza de Empresas de Inserción (EidA) con el propósito de establecer las coordenadas en las que se sitúan dichas empresas en el campo de la lucha contra las exclusiones y, más concretamente, en el campo de la inserción socio-laboral de las personas más desfavorecidas de la sociedad. Pero el análisis no consiste únicamente en comprender este contexto, sino también, simultáneamente, en la aprehensión de las principales características de las empresas de inserción Andaluzas, su grado de desarrollo y de sus potencialidades y debilidades. El conocimiento de todos estos aspectos deberían ayudar a definir, en un momento posterior, las medidas de apoyo público necesarias para el impulso de este sector en Andalucía, que tendrían que ser posteriormente articuladas mediante la elaboración de un plan andaluz de empresas de inserción. Si para la definición de este contexto la participación de las empresas de inserción andaluzas ha sido muy relevante, en esta segunda etapa, ha sido fundamental86. De hecho, han sido las propias empresas la que han definido el modelo de empresas de inserción al que quieren tender en la Comunidad Autónoma Andaluza, las que han participado activamente en la elaboración del cuestionario de recogida de información sobre las entidades (reflexionando sobre lo que querían saber y para qué, véase Anexo I) y las que han discutido con nosotros sobre las medidas que deberían ser incluidas en un futuro plan de actuaciones. Nuestro papel aquí, ha sido fundamentalmente recoger y procesar la información generada por las entidades, especialmente por su Asociación, y analizarla en relación con el contexto de cara a la articulación de una propuesta de plan de apoyo lo más coherente y cercana posible a las necesidades de las empresas. 86

He de agradecer en este punto a Carlos González, presidente de la Asociación Andaluza de Empresas de Inserción, el interés con que se ha tomado esta colaboración y la confianza que ha depositado en nosotros en el entendimiento de que nuestro trabajo investigador repercutiría finalmente en el desarrollo de los objetivos de la Asociación. También es muy de agradecer su labor de animación con las empresas a las que en todo momento ha estimulado a participar en la investigación. Por supuesto nuestro agradecimiento se dirige también a todas las personas que integran las empresas de inserción de Andalucía que nos han facilitado toda clase de informaciones y nos han mostrado in situ sus experiencias. 105

RECOMENDACIONES DE CARA A LA ACTUACIÓN POLÍTICA

6.1.EL MODELO ANDALUZ DE EMPRESA DE INSERCIÓN.

Así, según los documentos de presentación de la entidad en distintos foros, las empresas de inserción andaluzas que se desarrollan en torno a EidA se definen como: «estructuras de producción de bienes y servicios cuyo objeto es la integración laboral de personas provenientes de situación de exclusión social, proporcionando a los trabajadores procesos integrados y personalizados de trabajo remunerado, formación profesional, habituación laboral y social y, en su caso, servicios de intervención o acompañamiento social que permitan su incorporación al mercado ordinario a través de los contratos vigentes. Son experiencias de transición que generan una autonomía y competitividad en el mercado de trabajo a medio plazo». El hecho de que se haya articulado esta definición no quiere decir que las empresas de inserción andaluzas sean estructuras homogéneas. Cada una tiene un origen diferente y se han ido desarrollando según las circunstancias y el entorno lo han ido permitiendo, pero el modelo que se defiende es común87. Este modelo que se defiende se centra en las siguientes características88: 1. En primer lugar, son empresas (no asociaciones 89, ni fundaciones, ni escuelas taller) y como tales compiten en el mercado con el resto de las empresas. Tiene por tanto que 87 Desde que se creara la Asociación, han ido apareciendo nuevas empresas de inserción, sobre todo a partir de la puesta en marcha del Servicio Unificado de Renovación y Generación de Empleo (SURGE). Los dispositivos SURGE se crearon en nuestra comunidad autónoma en el año 1999 por la Consejería de Asuntos Sociales, Dirección General de Acción e Inserción Social, Servicio de Barriadas, con la cofinanciación de un Proyecto Europeo (Iniciativa Comunitaria INTEGRA) y tienen, entre otros objetivos, el de creación de empresas de inserción. Dado que varias de las entidades promotoras de las empresas de inserción que forman parte de EidA han conveniado con la Junta de Andalucía el desarrollo de dispositivos SURGE, las nuevas empresas que se están creando están tomando como modelo de referencia el modelo de EidA, lo cual le confiere una mayor representatividad en el panorama andaluz. 88 Muchas de ellas están recogidas en el referenciado “Manifiesto de Antequera” de 1998 que firmaron tras la constitución de la asociación y otras son fruto de las discusiones llevadas a cabo en diferentes sesiones de trabajo con miembros de EidA. 89 Por ejemplo, en el caso francés, pese a denominarse Empresas de Inserción, más del 70% de las entidades son en realidad Asociaciones (Granget, 1996). En nuestro país, sin ir más lejos, la Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción (FEEDEI), que está liderada por Cáritas, propugna también un modelo de empresas de inserción que no excluya fórmulas como la realización de actividades productivas por parte de Asociaciones. 106

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ofrecer una calidad técnica competitiva y establecerse en sectores en expansión (no en sectores “reservados” a los más desfavorecidos). Así pues, en el caso Andaluz, se trata de auténticas empresas90 lo que las distancia de otros modelos nacionales y europeos y lo que les confiere la calidad de auténticos actores y no de meros instrumentos de inserción en manos de entidades de iniciativa social. Esto es un dato muy importante porque esta característica de empresa mercantil contribuye a que las empresas de inserción sean auténticos puertos de entrada de las personas con más dificultades en el mercado laboral. Es decir, trabajan y funcionan como empresas enraizadas en el mercado, ofreciendo a las personas que emplean la condición de trabajador asalariado en condiciones lo más estables posibles. Si lo que se pretende es que los puestos de inserción se conviertan en verdaderos puertos de entrada en el mercado laboral hace falta que las empresas de inserción se integren en la red empresarial de sus respectivos territorios, o lo que es lo mismo, es necesario que estas empresas estén conectadas a las empresas ordinarias. Se hace imprescindible que estas empresas generen un tipo de empleo que, por el tipo de cualificación y por la red de conexiones con otros potenciales empleadores que ofrecen al trabajador en inserción, éste último tenga posibilidades de desarrollo de su carrera profesional futura. 2. El principal objetivo de la empresa, recogido expresamente en sus estatutos, es la inserción sociolaboral de los colectivos desfavorecidos. Los beneficiarios de estas empresas son las personas con muy especiales dificultades de ingreso en el mercado laboral (beneficiarios del programa de Solidaridad Social con los Andaluces, perfiles próximos a los allí señalados, extoxicómanos, exreclusos, extranseuntes, población, especialmente jóvenes, de barrios degradados...). Actualmente los trabajadores son reclutados a partir de los beneficiarios de las entidades promotoras pero lo ideal sería que fueran los dispositivos de empleo e inserción públicos o concertados quienes gestionaran la bolsa de posibles trabajadores en inserción y de derivarlos hacia estas empresas. 90 De hecho, la Asociación se crea como una organización empresarial depositando los estatutos en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (B.O.J.A. n° 96 de 27 de agosto de 1998). 107

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3. La empresa ha de disponer de un plan de inserción personalizado para cada individuo en dificultades que emplea. La persona deberá estar acompañada por un tutor o tutores que colaboran con ella y la orientarán en el proceso de inserción durante su estancia en la empresa. Normalmente esta tarea de orientación y seguimiento ha de ser realizada por el personal perteneciente a las entidades sin ánimo de lucro promotoras de la empresa, pero también podría serlo por los servicios sociales en coordinación con los de empleo. 4. El personal de la empresa está formado tanto por profesionales permanentes que aseguran la competencia técnica y la perdurabilidad de la empresa, como por personas especialmente desfavorecidas que permanecen en la entidad el tiempo necesario (un período máximo de tres años) para lograr su inserción definitiva en el mercado laboral, sea esta a través de su contratación por otra empresa, o bien porque se dé por concluido el proceso. El porcentaje de unos y de otros variará según las distintas experiencias, pero los puestos de inserción serán al menos el 60% de los puestos de trabajo totales de la empresa. El tipo de contrato y las condiciones de trabajo de los beneficiarios están fijadas por el convenio del sector de actividad correspondiente. La empresa potenciará además la participación democrática de todos los trabajadores en la toma de decisión de la empresa. 5. Los beneficios han de ser reinvertidos totalmente en la generación de nuevos puestos de inserción o a la mejora de los existentes en el mismo proyecto o en otros similares. 6. El ámbito de actividad idóneo es el local, por la propia dimensión de la empresa, por que es un ámbito más protegido de la competencia global, pero sobre todo, por su papel de vertebrador social en el territorio. No obstante, su imbricación en los territorios en los que la empresa realiza su actividad lo ideal es que pueda abrir y extender su mercado en la medida de lo posible. 6.2. LA REALIDAD DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA. En el año 2000, con el objetivo de obtener información que resultara útil para elaborar una propuesta de actuación que impulsara el desarrollo de estas empresas en Andalucía, decidimos junto con los responsables de EidA, adaptar 108

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un cuestionario que estaba utilizando la Fundación LESMES de Castilla-León para la recogida de información acerca de las Empresas de Inserción de todo el territorio nacional (véase Anexo)91. Enviamos el cuestionario a las empresas a principios de mayo de 2000 con el propósito de que los remitiesen cumplimentados antes de finales de junio. Pero los retrasos fueron considerables así que entre los meses de julio y septiembre de 2000 viajamos a Granada, Cádiz, Sevilla y Córdoba y nos entrevistamos directamente con los responsables de diez de estas empresas que nos facilitaron toda la información sobre las trayectorias de las empresas, pero de los cuales obtuvimos mucha menor información sobre sus indicadores económicos (volumen de facturación, beneficios, impuestos pagados,...), sobre todo, en la mayoría de los casos, porque las actividades económicas acababan de empezar y la información no existía. Así pues, de estas entrevistas obtuvimos una gran información cualitativa sobre la tarea a la que realmente se enfrentaban estas empresas, pero no datos significativos que fueran buenos indicadores de su actividad. Dado que necesitábamos al menos alguna información de carácter general sobre tal actividad y ante el crecimiento del sector durante el año 2000, en los primeros meses del 2001, las empresas decidieron retomar el tema y comprometerse a cumplimentar una actualización bastante más simplificada del cuestionario (ya que las entidades ya eran más o menos conocidas) que recogiera los datos para el año 2000 (Véase Anexo I). Es así como hemos obtenido la información de 15 de las 26 empresas de inserción de Andalucía de las cuales tenemos referencia, lo que nos ha permitido detectar algunos de sus principales características. En el Apéndice I recogemos los cuadros y gráficos resultantes de este análisis. Nos limitamos aquí a señalar los rasgos más significativos de este conjunto de empresas.

El propósito de LESMES era hacer un estudio en el ámbito nacional y por eso habían hecho llegar su cuestionario a las empresas andaluzas, pero la gran mayoría de ellas no lo había contestado (probablemente debido a una saturación de peticiones de información sobre estas empresas motivadas por el interés que estaba suscitando esta figura en el marco de los debates que se estaban realizando en torno al borrador del proyecto de ley). Nos pusimos en contacto con la Fundación burgalesa y les sugerimos, ya que ellos no habían tenido mucho éxito, ocuparnos de la recogida de información en Andalucía sobre la base de su cuestionario, para posteriormente incorporar los datos andaluces a los del conjunto del territorio y así intentar tener un cuadro lo más nítido posible de la situación en el territorio español. La Fundación estuvo de acuerdo, pero les había vencido el plazo para entregar el estudio y los datos andaluces no pudieron ser integrados. Por otro lado, el análisis de LESMES fue contestado mayoritariamente por entidades dedicadas a la inserción socio-laboral de población desfavorecida, pero, de hecho, por muy pocas empresas de inserción por lo que no pudimos realizar las comparaciones previstas inicialmente. 109

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1. Es un sector muy joven: sólo 6 de las 26 empresas se han creado antes de 1997. De ellas, 19 han sido creadas (o impulsadas) por los mencionados dispositivos SURGE de la Junta de Andalucía (Véanse Tablas 1 y 2 del Apéndice I). 2. Todas, excepto una (Biogranada, S. L.) son empresas de transición, han sido promovidas y son propiedad (o están fuertemente participadas) por entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la promoción económica y social de población desfavorecida. La forma jurídica escogida ha sido principalmente la de la S. L. porque es una fórmula mucho más flexible cuando se trata de que el personal en inserción rote y no se quede permanentemente en la empresa. 3. La mayor parte de estas experiencias tiene una vinculación con algún barrio o zona urbana degradada. Esto explica que el público al que se dirijan sea tan variopinto (población penitenciaria; ex-reclusos; ex-toxicómanos; minorías étnicas, principalmente gitana; parados de larga duración; jóvenes en situación de riesgo, este grupo recibe gran atención; y, en menor medida, inmigrantes, discapacitados; «sin techo», familias monoparentales): lo que todas estas personas tienen en común en la residencia en alguna zona urbana desfavorecida (Véanse Tablas 1 y 2 del Apéndice I). 4. Las actividades son muy variadas: la construcción, la limpieza, la jardinería, la recogida y el reciclaje de cartón son actividades repetidas, pero también están los servicios agrícolas, la animación socio-cultural, la fabricación de cerámica, la decoración, el arreglo de ordenadores, la informática, etc. Procuran centrarse en actividades que tengan una salida profesional en los mercados de trabajo locales en los que se desarrollan (Véanse Tablas 1 y 2 del Apéndice I). 5. Las Empresas de Inserción andaluzas generan empleo: las 15 en conjunto han dado durante el año 2000 empleo a 286 personas, 159 de ellas en inserción (56%). No son empleos anuales equivalentes a tiempo completo, pero la media por empresa es la nada despreciable cifra de 19 trabajadores (10 de ellos de inserción) (Véanse Tabla 3, Gráfico 1 y Gráfico 2 del Apéndice I en los que se muestra la distribución de los trabajadores por empresa).

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6. El 68% de las personas en inserción son menores de 30 años. Esto no es sorprendente dado que, por un lado, muchas de las entidades promotoras de estas empresas tienen una trayectoria de intervención social con jóvenes en dificultad de zonas desfavorecidas, y, por otro, en Andalucía el número de jóvenes en situación de exclusión laboral o en riesgo de estarlo es muy elevado. Por otro lado, destaca que sólo 4 de los trabajadores en inserción de los 159 son mayores de 45 años (Véanse Tabla 4 y Gráfico 3 del Apéndice I). 7. Apenas el 25% de las personas en inserción son mujeres. Esta proporción no se adecua a la problemática más acusada que presentan, en general, las mujeres cuando se enfrentan a un proceso de inserción socio-laboral. Elevar estos porcentajes debería ser uno de los retos de las Empresas de Inserción de Andalucía en el futuro (Véanse Tablas 3 y 4 y Gráfico 3 del Apéndice I). 8. En todas las empresas de inserción andaluzas los contratos de los trabajadores en inserción se regulan según el convenio del sector de actividad en el que se desenvuelvan. El 63% del empleo de inserción se realiza en contratos por obra y servicio determinados. Esto queda explicado porque gran parte del empleo de inserción se desarrolla en sectores como la construcción y los servicios en los que este tipo de contratación es una práctica habitual para el conjunto de trabajadores. Además el contrato por obra y servicio determinado es el recurso ordinario para la contratación temporal y las empresas de inserción andaluzas se definen como empresas de transición (Véase Tabla 5 y Gráfico 4 del Apéndice I). 9. El 24% del conjunto de contratos es a tiempo parcial. Esto, más que responder a una situación de alternancia empleo-formación, es el resultado de una estrategia de reparto del empleo de inserción por parte de estas empresas (Véase Tabla 5 y Gráfico 4 del Apéndice I). 10. Como media, la cartera de clientes se reparte a partes iguales entre clientes privados (particulares, empresas, organizaciones sociales) y públicos, siendo el principal cliente entre estos últimos la Administración Local (el 35% de la facturación) (Véanse Tabla 7 y Gráficos 5 y 6).

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11. Por término medio las empresas se autofinancian al 62% a través de sus producciones de bienes y servicios. Las entidades promotoras aportan por término medio un 20% de la financiación en forma de subvenciones a fondo perdido. Ha de tenerse en cuenta al valorar este hecho el público poco productivo con el que se trabaja y también la juventud del sector que aún está estabilizándose (Véase Tabla 8 del Apéndice I). 12. No existen datos completos de volumen de facturación, pero sirvan como muestra los 312 millones facturados entre las 7 empresas que han aportado esta información teniendo en cuenta que cuatro de ellas están en su primer año de actividad (Véase Tabla 6 del Apéndice I). En definitiva, son empresas que pese a las dificultades están abriéndose espacio en los mercados locales en los que desarrollan su actividad y están ofreciendo pistas muy significativas de lo que serían capaces de hacer con algo más de apoyo público y privado. Entendemos que este impulso es imprescindible y que para que esté bien orientado ha de hacerse eco al menos de los aspectos relacionados con la labor de estas iniciativas que planteamos en forma de consideraciones en el próximo punto. 6.3. POTENCIALIDADES Y DEBILIDADES DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN ANDALUZAS. Dadas las principales características y rasgos distintivos de las empresas de inserción andaluzas están en condiciones de ofrecer resultados positivos de distinta naturaleza: - En primer lugar, desde el punto de vista del beneficiario individual, el logro de estas empresas consiste en que desarrollan la autonomía personal del trabajador que es el único protagonista de su proceso de inserción. Al potenciarse la empleabilidad se facilita que el individuo potencie sus propios recursos trascendiéndose la lógica de la asistencia hacia una lógica capacitadora tendente a ampliar las oportunidades vitales de la gente (Dahrendorf, 1983), así como su capacidad de bienestar (Sen,1997). -

En segundo lugar, desde la perspectiva de los mercados de trabajo, las empresas de inserción pueden influir positivamente en su funcionamiento mejorando la información de la demanda acerca de la cualificación de la oferta. En este sentido actúan como puertos de entrada facilitando el acceso a “cadenas de movilidad” positivas avalando (acreditando ante los 112

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empresarios ordinarios) la cualificación de aquellas personas que no poseían previamente ni un título académico que acreditase su formación, ni una experiencia laboral que pudieran integrar a su curriculum profesional. Con esto se logra reducir los riesgos de contratación en que las empresas ordinarias creen incurrir cuando contratan a estas personas. Se facilita el reclutamiento, se ahorran costes en formación y disminuye el riesgo de abandono por parte del trabajador (Borzaga et al., 1997).

Además, las empresas de inserción pueden ejercer un efecto demostración de las competencias y aptitudes para el trabajo de personas objeto de la llamada discriminación estadística (la que se produce por el encasillamiento de una persona en un grupo al que se le supone una baja productividad) por parte de las empresas. Todo ello, además de un mejor aprovechamiento de los recursos humanos en un determinado territorio, contribuye a la mejora de la cohesión social, sobre todo en las ocasiones en las que se llega a un buen clima de entendimiento entre las empresas de inserción y las convencionales que realizan su actividad en una misma zona. En tercer lugar, desde el punto de vista de la intervención social, las empresas de inserción fortalecen y refuerzan las políticas sociales de las que los trabajadores en inserción son beneficiarios. Desde un punto de vista financiero, el apoyo (directo o indirecto) a las empresas de inserción, al tener más garantías de éxito que los programas convencionales en la adaptación al mercado laboral de las personas, convierten muchos de los gastos sociales asociados al proceso de inserción en “inversión social”. Esto es así en la medida que los trabajadores en inserción comienzan a percibir sus ingresos del mercado laboral ordinario prescindiendo de los subsidios públicos. Desde un punto de vista político, el fomento de este tipo de actividades supone una mayor aceptación por parte de los beneficiarios que las perciben más como oportunidades que como un control institucional. Lo anterior supone una mayor implicación y participación de las personas y una mayor identificación con las prácticas de intervención social, que es de lo que se trata en una sociedad democrática. Desde una perspectiva más amplia de desarrollo económico y social territorial, las empresas de inserción son uno de los elementos de construcción de una economía solidaria que podría tender puentes entre la esfera mercantil, la no mercantil e incluso la no monetaria (basada en relaciones de reciprocidad). Aún reconociendo el dominio de la primera esfera y su poder de atracción hay autores que defienden que se puede construir una economía plural que amplíe las posibilidades de todos (Aznar 113

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et al., 1999), siempre, claro está, que se vigile que los económicamente más frágiles no acaben en las actividades más desvalorizadas. - Por último, debido a su objetivo social y por su calidad de actor multidimensional (tan sujeto a las exigencias del mercado como a su proyecto social) las empresas de inserción pueden jugar un papel fundamental en la búsqueda de un consenso por parte de los actores económicos y sociales locales acerca del modelo de desarrollo a construir en un futuro más o menos próximo. Gran parte de sus posibilidades de éxito reside en la capacidad de articular su actividad con el modelo de desarrollo económico y social de su entorno más inmediato. Pero todas estas potencialidades de las empresas de inserción coexisten con algunas debilidades internas que han de ser muy tenidas en cuenta a la hora de potenciar el uso de este modelo. - La productividad que han de alcanzar estas empresas para poder colocar los productos en un mercado competitivo puede originar que se realice una selección de personal de forma que se elija los colectivos menos desfavorecidos entre los que tienen dificultades. Ésta es una cuestión que ha de ser vigilada por el propio sector si no se quiere desvirtuar su principal rasgo distintivo. Los trabajadores en inserción, al menos en esas etapas, han de ser personas con graves problemas de empleabilidad, ésta es la razón de ser de las empresas y lo que justifica el apoyo público a las mismas. Este hecho está relacionado con otro de naturaleza similar pero que se manifiesta a nivel macroeconómico: dado que estas entidades son ante todo empresas suelen crearse allí donde hay un mayor dinamismo económico y probablemente menores problemas de paro de larga duración92. Para compensar esta situación deberían establecerse medidas de apoyo específicas para aquellas empresas que se creen en zonas económicamente degradadas. - Es frecuente cuando se habla de empresas de inserción que se plantee que éstas deben concentrar su actividad en sectores de utilización intensiva de mano de obra, que requieran una baja cualificación por parte de los trabajadores y que supongan unas inversiones poco costosas. Lógicamente las empresas han de procurar conseguir estabilizar cuantos más puestos de inserción mejor (teniendo en cuenta además sus limitaciones financieras), pero esto no debe hacerse a costa de sacrificar la calidad y el valor real de mercado de las cualificaciones que se están ofreciendo a los beneficiarios, porque se corre el riesgo de que las empresas de inserción acaben 92

En 1996, el 65% de las empresas de inserción francesas se acumulaban en sólo 5 regiones y no precisamente de las de más paro. Defourny et al. (dirs.) (1997:71). 114

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concentrando sus actividades en sectores que condenen a insertarse a sus beneficiarios en el “mercado secundario”. Una cosa es que en el mercado laboral ordinario exista una precariedad laboral (que no está al alcance de estas entidades evitar) y otra muy distinta no proponerse desde la base que las personas con mayores dificultades de partida (precisamente por su fragilidad) tengan también acceso al segmento más estable. - En estrecha relación con lo anterior cabe hacer una mención aquí a la presupuesta relación entre empresas de inserción y los «nuevos yacimientos de empleo». La conexión se establece porque se supone que estos sectores suponen una utilización intensiva de mano de obra de baja cualificación (una afirmación que es cierta a medias: el empleo privado estable que se crea en estos sectores requiere una cualificación cuanto menos media y en muchos casos muy elevada). Tal y como se están desarrollando estos “nuevos” sectores de actividad (aunque algunos son tan viejos como los “servicios personales”), la debilidad de la demanda y la precariedad laboral que les está acompañando las empresas de inserción debería de poner mucho celo en seleccionar bien los sectores a los que dirigir a sus beneficiarios93. No hay que olvidar que lo que es y lo que no es un «yacimiento de empleo» viene indicado por el mercado y no porque aparezca reflejado en una lista de actividades predeterminada. Los problemas señalados: uno, que las empresas se vean obligadas a seleccionar su personal para poder sobrevivir; y dos, que por dificultades de financiación se vean desplazadas hacia sectores productivos también “desfavorecidos”, podrían ser en parte solucionados si estas empresas contaran con el apoyo firme de la administración pública que las reconociera como un instrumento estable dentro del marco de la política de empleo garantizándolas con un apoyo financiero sistemático a largo plazo, no a través de planes y programas puntuales excepcionales.

93 Véase en apoyo de este apunte Cachón Rodríguez (2000). Sobre servicios de proximidad y economía social véase Gilain y Nyssens (1998).

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7. RECOMENDACIONES DE CARA A LA ACTUACIÓN POLÍTICA: UNA PROPUESTA DE PLAN ANDALUZ DE EMPRESAS DE INSERCIÓN.

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7.1. LA PROMOCIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL CONTEXTO ANDALUZ. Vamos a comenzar exponiendo cuatro consideraciones que a nuestro modo de ver han de ser muy tenidas en cuenta cuando desde la iniciativa tanto privada como pública se aborde la promoción de empresas de inserción en Andalucía. La primera consideración hace referencia al hecho de que en esta comunidad autónoma las competencias de empleo estén aún por transferir desde el gobierno central. Esto que podría ser considerado un factor muy negativo para el desarrollo de unas empresas de inserción adaptadas a la realidad andaluza, puede ser entendido también como una ventaja: el hecho de que el Servicio Andaluz de Empleo esté aún por crear es una circunstancia propicia para reflexionar sobre el lugar que la promoción de Empresas de Inserción debería ocupar no sólo en la política social, sino también en la política de empleo andaluza en el medio y largo plazo94. La segunda consideración hace referencia a la magnitud del problema del acceso al empleo en Andalucía en comparación con lo que ocurre en otros territorios. En efecto, el paro de muy larga duración (de más de dos años) en Andalucía es muy elevado, y además es de difícil recuperación, en los últimos seis años el paro en Andalucía ha descendido 11 puntos y medio, pero el paro de muy larga duración apenas ha descendido 4 puntos en este último periodo, y lo ha hecho especialmente en estos dos últimos años (los parados por más tiempo son los últimos que entran y son los primeros que salen del mercado laboral; salida que es más que probable en cuanto la economía comience a apuntar la menor crisis dada la proliferación de los contratos temporales). La reducción del número de desempleados, no ha impedido que ahora, como hace seis años, un tercio de los parados lleve más de dos años en el desempleo. Éste es un hecho muy preocupante especialmente si se tiene en cuenta que la probabilidad de encontrar un empleo es menor entre los parados que llevan un largo periodo en esta situación. Las razones de la pérdida de oportunidades de lograr un empleo a medida que aumenta el periodo de desempleo son evidentes y ya harto repetidas: la permanencia prolongada en el paro puede significar, cuando el 94 En este mismo sentido también puede ser considerado una oportunidad el hecho de que actualmente se esté discutiendo en esta comunidad un borrador de proyecto de ley contra la exclusión social en Andalucía. 119

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trabajador ha estado empleado previamente, una merma de sus habilidades y competencias para el empleo (ya sea real porque su cualificación haya quedado obsoleta o sea supuesta por los potenciales empleadores); la pérdida de los contactos que el propio empleo proporciona para conseguir otros empleos (o lo que es similar, la pérdida de conexión con las “cadenas de movilidad” positivas), la acumulación de los problemas derivados de la situación que agravan las ya difíciles situaciones de partida (que incluso pudieron provocar la pérdida del empleo anterior) y el deterioro de la confianza en uno mismo, pueden llevar al trabajador al desánimo hasta tal punto que deje de buscar activamente empleo pasando a una situación de inactividad. Los problemas son especialmente graves para aquellos que no han tenido nunca un empleo y que tienen alguna dificultad adicional para encontrarlo (falta de formación básica, carencia de una mínima cualificación, dificultades psicosociales, víctimas de algún tipo de discriminación...). TABLA 3: INDICADORES DE EMPLEO Y DESEMPLEO 1994-2000 (4° T) ANDALUCÍA 1994 2000 Tasa de actividad (4º T) 47.3 49.1 Tasa de paro EPA 34.6 23.1 Tasa de empleo 30.9 37.7 Porcentaje de parados entre 1 y 2 18.9 14.8 años Porcentaje de parados más de 2 33.6 29.9 años Porcentaje de contratos indefinidos 63.7 59.9 (1999) Fuente: Servidor web del INE: www.ine.es.

ESPAÑA 1994 48.8 24.2 37.0

2000 51.4 13.6 44.4

22.4

16.0

33.4

30.8

66.2

63.8

En definitiva, las situaciones de desempleo prolongado (por pérdida de empleo o por no haberlo tenido nunca) incrementan el riesgo de las personas afectadas de quedarse definitivamente excluidas del mercado de trabajo poniendo en peligro su integración social. Éste es un problema que, como los datos de paro de larga duración muestran, afecta en nuestra comunidad a más de doscientas quince mil personas (parados de más de 2 años, más de un tercio de ellos jóvenes y demasiados sin ninguna cualificación). Esto aumenta considerablemente el número de personas en Andalucía que se encuentran en una situación de

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«vulnerabilidad» y que potencialmente necesitan de medidas de inserción sociolaboral específicas del tipo que ofrecen las empresas de inserción95. Por esta razón, creemos que la promoción de este tipo de empresas debería ser contemplada en el seno de un futuro Servicio Andaluz de Empleo, no como un elemento marginal, sino como una pieza clave, aunque muy especializada, en la inserción de las personas con más problemas de acceso al mercado laboral. La tercera consideración hace referencia a la dimensión territorial de los problemas de exclusión socio-laboral. Ya hicimos mención más arriba a que una característica estructural destacada de los procesos de exclusión socio-laboral es su marcado carácter territorial. Conviene ahora que concretemos lo que esto significa en el contexto Andaluz, para hacernos una idea de la degradación de los territorios en los que se desarrollan las empresas de inserción andaluzas. Desde el OLE de la Universidad de Huelva (estructura que sirve de marco a este trabajo) estamos llevando a cabo una amplia investigación sobre el mercado de trabajo local en esta ciudad (consistente en la realización desde 1999 de un panel semestral a aproximadamente dos mil hogares con idéntica metodología a la utilizada por el INE para la elaboración de la Encuesta de Población Activa) que nos permite, con respecto a la situación frente al empleo, la comprobación empírica de la degradación a la que nos referimos: los indicadores de empleo, cuando se realizan en el ámbito local, muestran muy claramente la concentración de los problemas de acceso al mercado laboral en los barrios periféricos. A continuación presentamos como botón de muestra los datos obtenidos para «El Torrejón», un barrio desfavorecido de la ciudad de Huelva que presenta unas características socioeconómicas muy similares a otros barrios de otras capitales andaluzas en los que gran parte de las empresas de inserción desarrollan su actividad. Nótese que no se trata sólo de un problema de exclusión del mercado laboral, sino del precario enganche de la población con el mercado de trabajo que reflejan las elevadísimas tasas de temporalidad de los contratados. Otro aspecto significativo en relación con el empleo de los habitantes de estos barrios es la menor proporción de asalariados públicos en estas zonas lo que cuestiona seriamente el papel redistribuidor del empleo público. Esto último constituye un poderoso argumento para la defensa de establecimiento de las 95

Para un estudio exhaustivo y actualizado de las características de los hogares que viven en situación de pobreza y exclusión social en Andalucía y de los procesos que les afectan puede verse el informe realizado por el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía dirigido por Manuel Pérez de Yruela e Hilario Sáez Méndez (IESA, 2000). 121

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cláusulas sociales en los mecanismos de contratación pública que contribuyan a un mejor reparto del empleo público. TABLA 4: SITUACIÓN DIFERENCIAL DE UN BARRIO DESFAVORECIDO: HUELVA, 2000. HUELVA CAPITAL Habitantes 143.677 Tasa de actividad 51.00% Población activa sin estudios 5.00 % Tasa de paro EPA 24.00 % Tasa de ocupación 39.00 % Asalariados del sector público 26.00 % Porcentaje de contratos temporales 37.00 % Fuente: Observatorio Local de Empleo: www.ole.es.

EL TORREJÓN. TORREJÓN 6.447 52.50 % 17.00 % 41.11 % 30.91 % 5.00 % 66.00 %

De esta situación se sigue que en muchas zonas andaluzas el problema de la exclusión no es un problema marginal que afecta a determinados individuos aislados, sino de exclusión territorial y que, por lo tanto, las empresas de inserción no pueden crearse de manera aislada sino que su actividad ha de estar integrada y su proyecto implicado en la promoción económica y social del territorio en el que aparece. Su éxito a medio y largo plazo depende de esta inserción en la dinámica territorial y de la búsqueda de sinergias con otros actores económicos y sociales, públicos y privados para lograr la integración de toda la zona en que se desenvuelven. La cuarta y última consideración es referente al papel de la demanda de trabajo en los itinerarios de inserción socio-profesional. Nos referimos aquí a la cuestión ya tratada del papel de las empresas de inserción no sólo en la mejora de la oferta laboral (desarrollo de la empleabilidad), sino también de su papel como puertos de entrada en el mercado laboral ordinario. En resumen, el conjunto de consideraciones planteadas remite a tres cuestiones importantes de cara a la promoción de las empresas de inserción: § Dada la «vulnerabilidad» socioeconómica de un grupo importante de andaluces, la promoción de las Empresas de Inserción no puede ser una experiencia de tipo marginal dentro de la política de empleo sino una pieza significativa, aunque muy específica, dentro del futuro Servicio Andaluz de Empleo. § Dada la dimensión territorial de los problemas de exclusión socio-laboral, las medidas de impulso y promoción de empresas de inserción tendrán éxito en la medida que sean capaces de conectar con otros aspectos del desarrollo territorial, 122

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convirtiéndose en elementos claves de la cohesión social y favoreciendo un crecimiento económico mejor repartido. § Dado el importante papel de la demanda en la configuración del tipo de puestos que se ofrecen en los mercados laborales, sólo si las empresas de inserción cobran protagonismo en el tejido empresarial su papel de puertos de entrada está garantizada. En todos estos aspectos tienen mucho que decir las organizaciones del Tercer Sector que promueven este tipo de iniciativas, pero también es imprescindible un apoyo decidido de la Administración Pública que aprovechando los resultados de los buenas experiencias ya existentes potencie el desarrollo de un modelo de empresa de inserción como el que aquí se ha planteado y que tenga en cuenta todos estos aspectos insertando esta promoción en los sistemas de empleo. En el punto siguiente esbozaremos los puntos básicos en los que debería centrarse dicho apoyo público, pero no sin antes destacar que también es imprescindible para la extensión de estas iniciativas el apoyo que pueden prestar los Sindicatos y, sobre todo, muy especialmente, las empresas mercantiles ordinarias las cuales en una dinámica de medio plazo pueden encontrar en la Empresas de Inserción buenos suministradores “a la carta” de personal bien cualificado. 7.2. LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS. Las dificultades que afectan a los potenciales trabajadores de las EI son, además de muy arduas, complejas, es decir, en la mayoría de los casos no se originan a partir de un único factor (económico, social, psicológico, individual, ambiental, familiar, etc.) al que pueden ser reducidas. Las personas viven simultáneamente diferentes procesos entrelazados, unos les causan más problemas que otros y en la mayoría de los casos los procesos problemáticos son interdependientes y ejercen gran presión los unos sobre los otros. En consecuencia, las soluciones a estos problemas, si quieren constituir una verdadera salida para los que los padecen, tampoco pueden ser simples. Esto, que a todas luces parece evidente, con mucha más frecuencia de la deseable no parece haberse tenido muy en cuenta en la planificación de las intervenciones del Estado tendentes a promover actuaciones que mejoren la situación de sus ciudadanos más desfavorecidos. Se han ofrecido soluciones compartimentalizadas (acordes con la organización burocrática del Estado) a problemas que en modo alguno se pueden separar en compartimientos. La 123

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persistencia de las gráficamente denominadas «bolsas de exclusión» en sociedades ricas es una prueba fehaciente de la ineficacia de este planteamiento. Afortunadamente esta lógica de intervención está siendo contundentemente cuestionada y los poderes públicos son cada vez más conscientes de que para enfrentarse a la realidad que afecta a los ciudadanos social y económicamente más desfavorecidos han de ofrecer soluciones más complejas. Esto no significa que las estrategias tengan que ser más complicadas, más difíciles de ejecutar o más confusas. Mas bien de lo que se trata, como ha advertido la experiencia, es de «buscar estrategias que no se reduzcan a la yuxtaposición de políticas sectoriales, poco articuladas sobre territorios concretos. Las estrategias a desarrollar deben integrar diferentes facetas de la realidad. Se deben desarrollar acciones donde los procesos superen a los procedimientos, lo global a lo sectorial, lo transversal a lo compartimentado, las redes a los aparatos y lo territorial a lo funcional» (Redondo Toronjo y González Rodríguez,1998:74). En consonancia con esto cualquier actuación en pro de las empresas de inserción ha de ser necesariamente multidimensional, operando integral y simultáneamente sobre la doble faceta de actores económicos y sociales de estas entidades. Así, el apoyo que estas entidades necesitan es aquel que les ayude a potenciar su papel sinérgico: su papel de articuladoras entre los objetivos de desarrollo económico y bienestar social. Un apoyo que les permita compatibilizar sus actuaciones en favor de la inserción sociolaboral de las personas proporcionándoles itinerarios personalizados, con aquel otro conjunto de actuaciones que, desde un punto de vista más amplio, intervienen en la dinamización socioeconómica de los territorios degradados en los que normalmente desarrollan su actividad. En cuanto a las líneas de actuación propuestas, la que parece más necesaria y urgente es la dotación de un marco jurídico apropiado para el desarrollo de esta actividad por las empresas. Un marco jurídico que por lo hasta aquí argumentado y por los resultados que ofrece en el país vecino bien podría tomar como inspiración el entorno jurídico francés (aunque adaptado al contexto político, social y económico andaluz y con matizaciones tan importantes como exigir que las empresas de inserción sean realmente empresas). Pero además de en el plano jurídico, el objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas de inserción en Andalucía, requeriría actuaciones adicionales en un doble sentido, económico e institucional:

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1. En el plano económico, sería necesaria la dotación de un Fondo Andaluz para las Empresas de Inserción (FAEI), con una triple finalidad: 1.1. Fortalecer un dispositivo de apoyo técnico a las EI que podría destinarse entre otras cosas a: la asistencia técnica para la consolidación de estas empresas y la creación de nuevos proyectos; el apoyo a la generación de nuevos puestos de inserción en empresas ya existentes; el apoyo institucional para la visibilización de estas experiencias; las ayudas a la evaluación e investigación en el campo de la auditoría social que permita realizar un verdadero balance social de estas empresas, etc. 1.2. Asignar a estas empresas una dotación económica por puesto de inserción generado. Esta dotación estaría destinada a: § Remunerar la labor de integración social que realizan estas entidades y que tiene un coste adicional en personal de acompañamiento y gastos ligados a una formación específica en los que no incurren las empresas ordinarias. § Compensar la baja productividad de sus trabajadores en inserción. § Compensar los inconvenientes de la rotación de personal. 2. En el plano institucional, sería muy recomendable el establecimiento de “cláusulas sociales”, es decir, condiciones que incorporen objetivos de naturaleza social, en los pliegos de contratación pública de obras y servicios tanto en el ámbito autonómico como en el local. Para lo cual deberían tomarse las siguientes medidas96: 2.1. Detectar los sectores de actividad en los que el establecimiento de “cláusulas sociales” sería más adecuado para el desarrollo de estas empresas y establecer reservas para la adjudicación a las EI. 2.2. Establecer los procedimientos adecuados para la concesión y adjudicación de obras y servicios. 2.3. Realizar un seguimiento exhaustivo de los procedimientos establecidos y de las obras y servicios adjudicados en virtud de las mencionadas “cláusulas sociales”. 96

Para la especificación de estas medidas se ha seguido el ejemplo de lo establecido en el punto 5.4 referente al Mercado Público del documento del Plan Municipal de Empresas de Inserción aprobado por el pleno de la ciudad de Granada en febrero de 1999, que ha sido el primer plan de esta naturaleza en el territorio andaluz. IMFE (1999): Plan municipal de Empresas de Inserción. Ayuntamiento de Granada, pág. 44-46. 125

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Se trataría, en definitiva, de propiciar la creación de “mercados tutelados” 97 en el ámbito andaluz que reserven parte del mercado público a estas empresas para compensar el déficit de productividad de su mano de obra. La idea consiste en introducir “cláusulas sociales” en los procesos de contratación pública (no sólo cláusulas de “mejora de ofertas”), de forma que posibiliten reservar un porcentaje del volumen total de la contratación pública de obras y servicios para ser adjudicado a este tipo de empresas (lógicamente, siempre que éstas cumplan las especificaciones técnicas y económicas de los pliegos de condiciones y sus presupuestos no sean más caros). De esta forma, las administraciones públicas además de rentabilizar económicamente sus recursos los rentabilizan socialmente, puesto que a la vez que adquieren un bien o servicio, por el mismo coste, están realizando una política social de indudables efectos positivos haciendo que la obra pública genere plusvalías sociales. Esto ha quedado demostrado por algunas experiencias que se han llevado a cabo en la Generalitat catalana 98. Este procedimiento no constituye ninguna forma de competencia desleal, estas empresas ofrecen más a la administración pública (si se cuentan los efectos sociales de su actividad) que las privadas. Tampoco es ilegal como se ha querido hacer ver desde foros empresariales99 . 97 Según un buen apunte de Ricou Barceló (1999) más que mercado tutelado, debería hablarse de mercado solidario. 98 En concreto, la empresa ADIGSA (empresa de obra pública catalana del departamento de bienestar social) gestiona anualmente 82.000 viviendas y factura entre 5000 y 6000 millones de pesetas al año. En esta empresa se han reservado un 5% de las contrataciones de obras a empresas de inserción (o en colaboración) mediante el programa Posat a Punt. Con ello se ha conseguido empleo para 1000 personas. El 43% ha sido posteriormente contratada por empresas del sector. Según los cálculos de este Departamento si esta reserva del 5% del mercado de obra pública se extendiera a todas las consejerías catalanas se generaría 12.500 puestos de trabajo lo que supondría 18.000 millones de pesetas en cotizaciones sociales y además supondría un ahorro de 624 millones en prestaciones sociales. Este estudio fue presentado por Miquel Puig i Vargas jefe del departamento de atención al ciudadano y desarrollo comunitario de la empresa ADIGSA del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya en las jornadas “Las Empresas de Inserción como medio de Integración Sociolaboral” organizadas por el IMFE del Ayuntamiento de Granada el 29-30 de abril de 1999. 99 Véase el interesante estudio jurisprudencial sobre la inclusión de las cláusulas sociales en la licitación de obra pública encargado por la Direcció General de Serveis Comunitaris del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya al letrado D. Javier Pérez Llorca (director de URBANLEX CONSULTING) en abril de 1998. O el estudio encargado al Sr. Vicenç Santaló por la Coordinadora Catalana de Empresas de Inserción sobre si las Corporaciones Locales pueden incluir en el objeto social de sus contratos Administrativos la inserción laboral como prestación laboral o accesoria, que responden. El resultado del estudio recogido en un documento denominado “Marco Jurídico” y fechado en diciembre de 1998 es que esta situación es perfectamente posible sin contravenir en ningún 126

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Entendemos que este conjunto de actuaciones supondría el reto de ensayar nuevas fórmulas de coordinación institucional en el ámbito público, así como de cooperación entre el sector público, la iniciativa privada y los agentes sociales. Nuevas fórmulas que permitieran un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de cada uno de estos actores y que supondrían una transformación de las políticas pasivas de empleo en políticas verdaderamente activas a la vez que permitiría aumentar la rentabilidad de la inversión pública para desarrollar nuevas formas de solidaridad, de igualdad de oportunidades y el desarrollo de iniciativas de nueva economía social. Todo ello sería sin duda una importante contribución al propósito global de lograr una Andalucía que a la vez que genera riqueza logra una mayor cohesión social.

modo la Ley de Contratos del Estado (Ley 13/95 de 18 de mayo). El IMFE del Ayuntamiento de Granada también encargó en febrero de 2001 un informe en este sentido al letrado D. Antonio José Vélez Toro que también contestó favorablemente a la posibilidad del establecimiento de cláusulas sociales.

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141

APÉNDICE DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

TABLA 1: EMPRESAS DE INSERCIÓN QUE HAN RESPONDIDO AL CUESTIONARIO COD. 1

NOMBRE Y PROPIETARIOS MARONEROS ALMERÍA, S. L.* de Asociación La Traiña NUFAN, S.L. de Asociación Nivel de Cádiz (50%) Asociación Juventud de Trille (50%) NUMEN, S. C. A. de Asociación Nivel de Cádiz (50%) Asociación Juventud de Trille (50%) RESURGIR, S. L.* de Asociación Nivel de Cádiz (50%) Asociación Juventud de Trille (50%)

SUPLÁ MULTISERVICIOS, S. L.* de Asociación Educadores Encuentro en la Calle (50%) Socios trabajadores (50%)

PROVINCIA

AÑO

ALMERÍA

2000

CADIZ

1994

CADIZ

1984

CADIZ

CÓRDOBA

2000

ACTIVIDAD Todo tipo de actividades encaminadas a la inserción mediante el empleo en situación real en la empresa (actualmente construcción) Explotación de aparcamientos de superficie. Suministro de confetis y serpentinas. Porteros y acomodadores en teatros municipales. Reparto de correspondencia en el ámbito local.

PÚBLICO PRINCIPAL Personas provenientes de una zona desfavorecida.

Mantenimiento y rehabilitación de edificios. Servicios de albañilería, fontanería, electricidad y pintura. Formación e inserción laboral de jóvenes en dificultad. Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles. Mantenimiento de mobiliario urbano. Rehabilitación, recuperación y promoción de entornos urbano, rural y medio ambiental. Ejecución de edificaciones, así como de instalaciones eléctricas y mecánicas.

Jóvenes en situación de riesgo de zonas desfavorecidas.

Jóvenes en situación de riesgo de zonas desfavorecidas. Jóvenes en situación de riesgo de zonas desfavorecidas.

Mujeres de una zona desfavorecida.

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

TABLA 1: EMPRESAS DE INSERCIÓN QUE HAN RESPONDIDO AL CUESTIONARIO COD. 6

NOMBRE Y PROPIETARIOS ZOVECO, S. L. de Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores (ASDAM) BIOGRANADA, S. L.* de Fundación Granada para la Solidaridad y el Empleo (75%) Asociación sociocultural Adultos Cartuja Bioresiduos, C. B:

OPRODE, S.L.* de Asociación sociocultural Adultos Cartuja Asociación de mujeres gitanas Romi Asociación gitana Anaquerando Sierra Nevada, S.C.A. (mayoritario)

PIORNO JARDINERÍA, S. L. L.* de Asociación Secretariado General Gitano Asociación CANDIL (mayoritario)

PROVINCIA

AÑO

CÓRDOBA

1988

GRANADA

1999

1997

1998

ACTIVIDAD Diseño, ejecución y mantenimiento de jardines públicos y privados. Poda y cirugía vegetal. Restauración de jardines históricos. Recogida, selección, clasificación y manipulación de residuos urbanos. Gestión medioambiental en entornos urbanos. Comercialización de los materiales y productos de recuperación. Actividades formativas ocupacionales relacionadas con estas actividades. Servicio general a la comunidad. Mantenimiento integral de edificios. Actividad formativa ocupacional. Rehabilitación, recuperación y promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural, natural. Rehabilitación de entornos urbanos y medio ambientales. Gestión y administración de instalaciones industriales y/o forestales. Poda y cirugía vegetal. Restauración de jardines históricos. Diseño, ejecución y mantenimiento de jardines públicos y privados.

PÚBLICO PRINCIPAL Jóvenes en situación de riesgo.

Población en exclusión o en grave riesgo. Trabajan con mayores 45.

Población en exclusión o en grave riesgo principalmente de una zona desfavorecida.

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

TABLA 1: EMPRESAS DE INSERCIÓN QUE HAN RESPONDIDO AL CUESTIONARIO COD.

NOMBRE Y PROPIETARIOS Socios trabajadores

TIERRA LUZ,, S. C. A. de Socios trabajadores Asociación Tierra Nueva (socio colaborador) SERVISUR PARA LA INSERCIÓN, S. L.* de Asociación Jaén Objetivo Vida INSERTALIA, S. L.* de Liga Malagueña de Educación y Cultura Popular GARELLI MULTISERV, S. L. de Particulares vinculados a la Asociación Bartolomé Garelli INICIATIVAS DE INSERCIÓN Y DESARROLLO DEL POLÍGONO SUR, S. L.*

PROVINCIA

AÑO

ACTIVIDAD Asesoramiento y control de plagas y enfermedades. Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de riego automatizados. Conservación de entornos medioambientales y explotación de recursos forestales. Construcción

PÚBLICO PRINCIPAL

Jóvenes en situación de riesgo de zonas desfavorecidas.

HUELVA

1995

JAEN

1998

Prestación de servicios de limpieza. Prestación de servicios sociales y Asistenciales.

Población en exclusión o en grave riesgo principalmente de una zona desfavorecida.

MÁLAGA

2000

Montaje de infraestructuras para telefonía y fija. Sector servicios (limpieza y a domicilio). Pequeñas construcciones.

Jóvenes en situación de riesgo de zonas desfavorecidas. Inmigrantes y refugiados.

SEVILLA

1996

SEVILLA

2000

Recogida selectiva papel (cartón) Reparación y venta de ordenadores Cuidado de personas a domicilio Servicios de Proximidad Realización de obras. Servicios de limpieza.

Jóvenes en situación de riesgo. Población en exclusión o en grave riesgo.

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

TABLA 1: EMPRESAS DE INSERCIÓN QUE HAN RESPONDIDO AL CUESTIONARIO COD.

NOMBRE Y PROPIETARIOS de FEANSAL (Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales) SAITMA S.C.A. de 15 Asociación Círculo de Nuevos Ceramistas (mayoritario) Socios Trabajadores *: Creadas por el SURGE.

PROVINCIA

AÑO

ACTIVIDAD Servicios a la Comunidad Fabricación de cerámica artística

SEVILLA

1993

PÚBLICO PRINCIPAL

Discapacitados psíquicos Población en exclusión o en grave riesgo.

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

TABLA 2: EMPRESAS DE INSERCIÓN QUE NO HAN RESPONDIDO AL CUESTIONARIO O BIEN QUE NO APORTAN SUFICIENTE INFROMACIÓN COD.

NOMBRE Y PROPIETARIOS INTEX, S. C. A.* de Socias Trabajadoras Aixa, S. C. A. Asociación gitana Anaquerando. IRIS, S. L.* de Abenzoar, S. C. A. Sierra Nevada, S. C. A. Asociación Granada por la Solidaridad y el Empleo Asociación Muligrán. INGENIERÍA Y DESARROLLO EN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESADORES (IDEM, S. L.)* de Asociación El Bosque Grupo “Al Andalus” Personas físicas ABES, S. L. L.* de Asociación para la búsqueda de empleo Personas físicas ÁVALON, RECICLADORA ECOLÓGICA GRANADINA, S. L.* de Asociación Avalón

AÑO

PROVINCIA

2000

GRANADA

2000

GRANADA

2000

GRANADA

2000

GRANADA

2000

GRANADA

ACTIVIDAD

Fabricación industrial de prendas a máquina para terceros.

Prestación de servicios de limpieza. Servicios de Proximidad. Automatización de procesos industriales. Proyectos de ingeniería. Control electrónico de luminosos. Línea de fabricación de dispositivos propia. Construcción. Jardinería. Limpieza. Reciclaje de aceites de uso doméstico y otros residuos urbanos.

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

TABLA 2: EMPRESAS DE INSERCIÓN QUE NO HAN RESPONDIDO AL CUESTIONARIO O BIEN QUE NO APORTAN SUFICIENTE INFROMACIÓN COD. 21

NOMBRE Y PROPIETARIOS FÁBRICA DE MUEBLES OTOMÁN, S. L. “Casa Rústica”* De Asociación Tierra Nueva Personas físicas ECOSUR PARA LA INSERCIÓN, S. L.* De Asociación Jaén Objetivo Vida

AÑO

PROVINCIA

2000

HUELVA

2000

JAÉN

ACTIVIDAD Decoración de muebles de madera en bruto.

Diseño Gráfico

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

TABLA 2: EMPRESAS DE INSERCIÓN QUE NO HAN RESPONDIDO AL CUESTIONARIO O BIEN QUE NO APORTAN SUFICIENTE INFROMACIÓN COD.

NOMBRE Y PROPIETARIOS

OKIENA SIASA, S. L.* de Asociación OKIENA

AÑO

PROVINCIA

2000

CADIZ

OKIENA SOLIDECON, S. L.* de Asociación OKIENA

2000

CADIZ

SERVIAGRO ZAHORÍ.,S. L.* de Asociación Zahorí “El Puche”

2000

ALMERIA

ACTIVIDAD Servicios a la comunidad (cuidado de niños, ayuda a jóvenes en dificultad). Servicios de ocio y animación socio-culturales. Servicios de organización y colaboración en congresos, jornadas y eventos. Servicios a la construcción en actividades de jardinería, electricidad, fontanería, carpintería, pintura, rehabilitación y mantenimiento de edificios. Servicios a la construcción en actividades de jardinería, electricidad, fontanería, carpintería, pintura, rehabilitación y mantenimiento de edificios. Servicios agrícolas para labores propias del cultivo intensivo de hortalizas

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

TABLA 3: EMPLEO GENERADO POR LAS E. I.: TRABAJADORES QUE HAN PASADO POR LA EMPRESA AÑO 2000. COD.

NOMBRE

TRABAJADORES INSERCIÓN

TRABAJADORES NO INSERCIÓN

VARONES MUJERES TOTAL

TOTAL

MARONEROS ALMERÍA, S. L.*

NUFAN, S.L.

NUMEN, S. C. A.

RESURGIR, S. L.*

SUPLÁ MULTISERVICIOS, S. L.*

ZOVECO, S. L.

BIOGRANADA, S. L.*

OPRODE, S. L.*

PIORNO JARDINERÍA, S. L. L.*

TIERRA LUZ,, S. C. A. SERVISUR PARA LA INSERCIÓN, S. L.* INSERTALIA, S. L.*

GARELLI MULTISERV, S. L.

INICIATIVAS DE INSERC. Y POLÍGONO SUR, S. L.*

SAITMA S.C.A.

127

121

159

286

TOTAL (*: Creadas por el SURGE.)

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

GRÁFICO 1: PERSONAL POR EMPRESA 45 39

40 35 28

22 19

20 13

10 10 5

10 7

6 7

5 4

4 3

2 3

5 6

3 4

0 1

Trabajadores No inserción

Trabajadores En inserción

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

GÁFICO 2: TRABAJADORES EN EMPRESAS DE INSERCIÓN

Trabajadores No inserción 44% Trabajadores En inserción 56%

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

TABLA 4: GÉNERO Y EDAD DE LOS TRABAJADORES EN INSERCIÓN QUE HAN PASADO POR LA EMPRESA AÑO 2000. MENOS DE 20 DE 21 A 30 DE 31 A 45 MÁS DE 45 TOTAL COD. NOMBRE V M T V M T V M T V M T 1 MARONEROS ALMERÍA, S. L.* 9 9 4 4 13 2 NUFAN, S.L. 2 2 7 6 13 2 2 4 19 3 NUMEN, S. C. A. 1 1 5 5 1 1 7 4 RESURGIR, S. L.* 5 5 2 2 7 5 SUPLÁ MULTISERVICIOS, S. L.* 1 1 6 5 11 5 6 11 1 1 2 25 6 ZOVECO, S. L. 10 10 10 2 12 22 7 BIOGRANADA, S. L.* 2 2 2 2 4 8 OPRODE, S. L.* 12 12 13 13 25 9 PIORNO JARDINERÍA, S. L. L.* 6 2 8 4 4 12 10 TIERRA LUZ,, S. C. A. 3 3 3 SERVISUR PARA LA 11 1 1 1 2 3 1 1 5 INSERCIÓN, S. L.* 12 INSERTALIA, S. L.* 1 1 2 2 3 13 GARELLI MULTISERV, S. L. 1 2 3 2 2 1 1 6 14 INICIATIVAS DE INSERC. Y POLÍGONO SUR, S. L.* 1 1 3 3 4 15 SAITMA S.C.A. 2 1 3 1 1 4 4 19 70 19 89 33 14 47 3 1 4 TOTAL 15 159

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

GÁFICO 3: PERSONAL POR GENERO Y GRUPOS DE EDAD 80 70 70 60 50 40

30 20 10

0 Menos de 20 años

Entre 21 y 30

Entre 31 y 45 Varones

Mas de 45

Mujeres

TABLA 5: TIPOS DE CONTRATOS DE LOS TRABAJADORES EN INSERCIÓN QUE HAN PASADO POR LA EMPRESA AÑO 2000.

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

DURACIÓN INDEFINIDA COD.

NOMBRE

POR OB. O SER. TC

OTROS TC

MARONEROS ALMERÍA, S. L.*

NUFAN, S.L.

NUMEN, S. C. A.

RESURGIR, S. L.*

SUPLÁ MULTISERVICIOS, S. L.*

ZOVECO, S. L.

BIOGRANADA, S. L.*

OPRODE, S. L.*

PIORNO JARDINERÍA, S. L. L.*

TIERRA LUZ,, S. C. A. SERVISUR PARA LA INSERCIÓN, S. L.* INSERTALIA, S. L.*

GARELLI MULTISERV, S. L.

INICIATIVAS DE INSERC. Y POLÍGONO SUR, S. L.*

SAITMA S.C.A.

4 3 2

TOTAL

4 3

TOTAL

3 12

1 104

134

4 8

5 13

159

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

GRÁFICO 4: TIPO DE CONTRATO 120 104 100

30 12

8 0

0 Duración indefinida (C) Duración indefinida (P)

Por obra o serv (C)

Por obra o serv (P)

otros (C)

otros (P)

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

TABLA 6: FACTURACIÓN AÑO 2000 (Ptas.). Datos disponibles COD.

NOMBRE

Ptas.

MARONEROS ALMERÍA, S. L.*

5.237.428

SUPLÁ MULTISERVICIOS, S. L.*

10.260.095

ZOVECO, S. L.

85.000.000

BIOGRANADA, S. L.*

12.430.123

OPRODE, S. L.*

PIORNO JARDINERÍA, S. L. L.*

138.666.595

GARELLI MULTISERV, S. L. 13 *: Creadas por el SURGE.

18.000.000 42.000.000

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

TABLA 7: COMPOSICIÓN DE CARTERA DE CLIENTES DE LAS EI. PORCENTAJE DE FACTURACIÓN. COD.

NOMBRE

1 MARONEROS ALMERÍA, S. L.* 2 NUFAN, S.L. 3 NUMEN, S. C. A. 4 RESURGIR, S. L.* 5 SUPLÁ MULTISERVICIOS, S. L.* 6 ZOVECO, S. L. 7 BIOGRANADA, S. L.* 8 OPRODE, S. L.* 9 PIORNO JARDINERÍA, S. L. L.* 10 TIERRA LUZ,, S. C. A. 11 SERVISUR PARA LA INSERCIÓN, S. L.* 12 INSERTALIA, S. L.* 13 GARELLI MULTISERV, S. L. 15 SAITMA S.C.A. PROMEDIO *: Creadas por el SURGE

Particulares Empresas 12 60 10 80 30 15 10 5 5 40 11 2 17 15 22,3

0 5 0 15 0 0 78 10 10 0 48 98 70 75 29

Org. TOTAL Sociales PRIVADO 12 0 65 0 10 0 100 5 30 0 15 0 88 0 20 5 15 0 40 0 59 0 100 0 87 0 90 0 53,3 2

Admón. Admón. Admón. TOTAL Local Autonom. Central PÚBLICO 88 88 0 0 35 35 0 0 90 75 15 0 0 0 0 0 70 0 70 0 85 75 10 0 12 12 0 0 80 40 40 0 85 85 0 0 60 60 0 0 41 0 0 41 0 0 0 0 13 13 0 0 10 0 10 0 47,8 34,5 10,4 2,9

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

GRÁFICO 5: PORCENTAJE DE FACTURACIÓN A CLIENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 100

100

100 90

88 85

85 80

80 70 70

65 60

50 40 40

35 30

30 20 20

15 12

10 0

0 1

% A CLIENTES PRIVADOS 18

% A CLIENTES PÚBLICOS

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

GRÁFICO 6: COMPOSICIÓN MEDIA DE LA CARTERA DE CLIENTES

Admón. Central 3% Particulares 22%

Admon. Autonom. 10%

Admón. Local 35% Empresas 29% Org. Sociales 1%

APÉNDICE II: DATOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN ANDALUCÍA

TABLA 8: PROCEDENCIA DE LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE LA EMPRESA (En porcentaje).

COD.

NOMBRE

Autofinanciación

Subvención a Fondo Perdido Entidad Promotora

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

MARONEROS ALMERÍA, S. L.* NUFAN, S.L. SUPLÁ MULTISERVICIOS, S. L.* ZOVECO, S. L. BIOGRANADA, S. L.* OPRODE, S. L.* PIORNO JARDINERÍA, S. L. L.* TIERRA LUZ,, S. C. A. SERVISUR PARA LA INSERCIÓN, S. L.* INSERTALIA, S. L.* GARELLI MULTISERV, S. L. SAITMA S.C.A.

100 65 100 68 100 90 80 38 100 -

40 32 10 62 100 -

AA. PP. 100 20 30

Subvención a Reintegrable Entidad Promotora 20

Créditos

AA. PP.

Blandos Otros -

CUESTIONARIO SOBRE EMPRESAS DE INSERCIÓN A) DATOS ORGANIZACIÓN SOCIAL PROMOTORA DE LA E.I. (rellenar un cuestionario por entidad en el caso de que la empresa tenga varias organizaciones sociales promotoras) •

NOMBRE: ____________________________________________________________

•

DIRECCIÓN: __________________________________________________________

•

POBLACIÓN: _________________COD.POSTAL: _____PROVINCIA: __________

•

PERSONA DE CONTACTO: _____________________________________________

•

TELÉFONO:________________________FAX: ______________________________

•

E-MAIL: ______________________________________________________________

•

FECHA CONSTITUCIÓN: _______________________________________________

•

FORMA JURÍDICA: ____________________________________________________

•

FINES DE LA ORGANIZACIÓN:

________________________________________________________________________ •

COLECTIVOS CON LOS QUE SE TRABAJA: ü Discapacitados ü ü ü ü ü ü ü ü ü

•

físicos Psíquicos

Mujeres Población penitenciaria y ex-reclusos Toxicómanos Etnia gitana y minorías étnicas Inmigrantes y refugiados Personas “sin techo” Parados de larga duración Jóvenes en situación de riesgo Otros (especificar)_____________________________________________

ACTIVIDADES:

Ø SERVICIOS DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Ø FORMACIÓN: (especialidades, colectivos, duración media, nº de participantes, becas...) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Ø TALLERES PRE-LABORALES: (actividades, beneficiarios, objetivos...) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Ø CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: (destinatarios, medios, logros...) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Ø ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS EN EL MERCADO LABORAL (buscadores de empleo, personal de seguimiento y apoyo, prácticas en empresas, subvenciones a la contratación, subvenciones al autoempleo,......)

PERTENENCIA A REDES ( INDICAR EL TEMA Y SI SON LOCALES, PROVINCIALES, AUTONÓMICAS, NACIONALES O TRANSNACIONALES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

TIPO DE FINANCIACIÓN

UNIÓN EUROPEA ESTADO FINANCIACIÓN PÚBLICA REGIÓN LOCAL OTRA FINANC. PÚB. TOTAL FINANCIACIÓN PÚBLICA (Suma anteriores) FINANCIACIÓN PRIVADA RECURSOS PROPIOS OTRAS FINANCIACIONES TOTAL

100 %

B) DATOS DE LA EMPRESA DE INSERCIÓN (rellenar una hoja por empresa)

DATOS GENERALES DE LA EI: •

NOMBRE: ____________________________________________________________

•

DIRECCIÓN: __________________________________________________________

•

POBLACIÓN: _______________COD.POSTAL: ________PROVINCIA: _________

•

PERSONA DE CONTACTO: _____________________________________________

•

TELÉFONO:____________________________FAX: __________________________

•

E-MAIL:______________________________________________________________

•

FECHA INICIO ACTIVIDAD: ____________________________________________

•

ACTIVIDAD:__________________________________________________________ ______________________________________________________________________

•

FORMA JURÍDICA: ____________________________________________________

•

¿LA EMPRESA SE CONSTITUYE SIN ÁNIMO DE LUCRO?__________________

•

¿SE EXPLICITA EN LOS ESTATUTOS SI LA EMPRESA ES SIN ÁNIMO DE LUCRO?:______________________________________________________________

•

RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PROMOTORA

PERTENENCIA A REDES (informales, formales: asociaciones, federaciones, etc.):

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

PROCESO DE CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA EI: 1. ORIGEN DE LA EI Breve resumen del origen de la EI. (Trate de contestar al menos las siguientes cuestiones). ¿De dónde parte la idea? ¿En qué contexto? ¿Con qué medios se contaba? ¿Cuál es el principal objetivo con que se crea la empresa? ¿Porqué se elige esa actividad? ¿Cómo está constituido el capital social?

¿De dónde surge la financiación inicial? ¿Cuál era la plantilla original? ¿Cuales fueron las principales dificultades encontradas en el proceso de creación? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

2. DESTINATARIOS (colectivos con los que se trabaja) Nº ü Discapacitados

Físicos Psíquicos

ü Mujeres ü Población penitenciaria y ex-reclusos ü Toxicómanos ü Etnia gitana y minorías étnicas ü Inmigrantes y refugiados ü Personas “sin techo” ü Parados de larga duración ü Jóvenes en situación de riesgo ü Otros (especificar) _____________________________________________

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA: 3. TRABAJADORES DE LA EMPRESA Nº Contratados Empresa Inserción

Nº Contratados Entidad Promotora

Nº Voluntarios

Total Trabajadores

Personal de gestión Gerente Administrativos Personal productivo (no en inserción) Encargados Oficiales Personal en inserción Personal de apoyo TOTAL

ü ¿Cómo se contactó con el gerente? ¿Qué cualificación tiene? _____________________ _____________________________________________________________________ ü ¿Cómo se contactó con el personal de administración? ¿Qué cualificación tiene? ______________________________________________________________________

ü ¿Cómo se contactó con el personal productivo de no inserción? ¿Qué cualificación tiene?_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ü ¿Cómo se contactó con el personal de apoyo? ¿Qué cualificación tiene? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

4. PERSONAL EN INSERCIÓN: ü Relación con la propiedad de la empresa: Los trabajadores en inserción ¿son socios de la cooperativa o sociedad laboral? oSí, todos

oNo todos

oNinguno

ü Tipos de contratos del personal en inserción: TIPO DE CONTRATO Duración indefinida Temporal de aprendizaje, formación o prácticas Por obra o servicio determinado Otros __________________________ Otros __________________________ Otros __________________________

ü Duración media de permanencia en la E. I: q q q q q

Inferior a un año Un año Dos años Tres años Más de tres años

ü Remuneraciones medias ANTIGÜEDAD 1er AÑO 2º AÑO 3er AÑO

REMUNERACIÓN

ü Jornada laboral __________________ horas.

Nº TRABAJADORES EN INSERCIÓN

ü Procedencia de las personas en inserción (señale con una cruz las respuestas que se ajusten) q q q q q q q q q

Son o han sido beneficiarios de la entidad promotora ( y ésta aporta un informe) Son o han sido beneficiarios de la entidad promotora ( y ésta no aporta un informe) Son o han sido beneficiarios de los Servicios Sociales (con informe) Son o han sido beneficiarios de los Servicios Sociales (sin informe) Son o han sido beneficiarios de los Servicios de Empleo (con informe) Son o han sido beneficiarios de los Servicios de Empleo (sin informe) Son o han sido beneficiarios de otras organizaciones sociales y han sido derivados Han entrado en contacto con la empresa directamente Otras formas de contacto: _____________________________________________

ü Género y edad de los trabajadores en inserción . Nº de trabajadores

Nº de trabajadoras

Menos de 20 años Entre 21 y 30 años Entre 31 y 45 años Más de 45 años

ü Formación dentro de la empresa: Además de la cualificación que adquieren los trabajadores en el desarrollo de su puesto de trabajo...(señale con una cruz lo que sea cierto) q q q q q

Reciben otro tipo de apoyos formativos a cargo de la propia E. I. Reciben otro tipo de apoyos formativos a cargo de la entidad promotora La E.I. les facilita la participación en cursos de formación externos Reciben otro tipo de formación ______________________________ No reciben formación adicional.

ü ¿Existe un Plan personalizado de Inserción para los trabajadores en la empresa? oSí, para todos

oSí, para algunos

o Para ninguno

ü En caso de que exista ¿Quién elabora con el trabajador el diseño y seguimiento del Plan Personalizado de Inserción del trabajador? q La empresa de inserción q La entidad promotora q Otros:______________________________________________________ ü ¿Los trabajadores en proceso de inserción son beneficiarios de otros programas en la entidad promotora, en los servicios sociales o en cualquier otra entidad que apoyen desde otros ámbitos su inserción social (por ejemplo, atención médica, psicológica, ayuda a la vivienda, ....)? oSí, todos

oSí, algunos o Ninguno

ü En caso de que así sea ¿Qué tipo de programas son los más frecuentes? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ü Principales problemas observados en los trabajadores en inserción que puede provocar una más baja productividad: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ü Principales características positivas del personal en inserción que pueden constituir un recurso valioso para la empresa: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ü Compromisos de las personas en inserción: Con la organización social: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Con la empresa de inserción: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ü Porcentaje de abandonos: _________________________________________________ ü Causas más frecuentes del abandono: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

5. FACTURACIÓN ü Volumen de facturación AÑO 1997 1998 1999

PESETAS

6. CARTERA DE CLIENTES ü Composición de la cartera de clientes TIPO CLIENTE

% FACTURACIÓN

Particulares Empresas Organizaciones sociales Administración Local Administración Autonómica Administración Central Otros:___________________________ TOTAL

100%

ü Participación en mercados tutelados (indique con una cruz en la casilla correspondiente) SI

Administración Local Administración Autonómica

ü ¿Ha participado en alguna Unión Temporal de Empresas (UTE)? oSí

oNo

ü Procedimientos habituales para la búsqueda de clientela _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

7. FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA: ü Formas de financiación:

FUENTE

Autofinanciación (De ingresos por ventas) Subvenciones a fondo perdido (SFP)

Entidad promotora Admón Local Admón Autonómica Admón Central Unión Europea TOTAL SFP Subvenciones de carácter reintegrable (SR) Entidad promotora Admón Local Admón Autonómica Admón Central Unión Europea TOTAL SR Créditos Créditos blandos Otros créditos Otras (especificar):_________________________ TOTAL

100%

7. FISCALIDAD: ü Impuestos pagados en los últimos años 1997

1998

1999

Cuotas de Seguridad Social Trabajadores Cuotas de Seguridad Social Empresas Impuesto actividades Económicas Otros gastos fiscales TOTAL

9. RELACIONES CON EL MEDIO (especificar el tipo de relación y colaboración) ü Relaciones con la administración local: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

ü Relaciones con otras administraciones: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ü Relaciones con las empresas del sector: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ü Relaciones con las empresas locales: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Relaciones con entidades bancarias: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

12. EXPECTATIVAS DE FUTURO ü Nuevas actividades: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ü Ampliación de plantilla: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ü Problemas y dificultades actuales: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

ü Viabilidad de los proyectos: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

ASPECTOS POSITIVOS EXPORTABLES DE LA EXPERIENCIA _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

SUGERENCIAS _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Si deseáis que algunos de los datos no aparezcan en la publicación, señalarlo en el cuestionario con un asterisco.

ACTUALIZACIÓN AÑO 2000 DATOS SOBRE EMPRESAS DE INSERCIÓN DATOS DE LA EMPRESA DE INSERCIÓN (rellenar una hoja por empresa) DATOS GENERALES DE LA EI: •

NOMBRE: ____________________________________________________________

•

PROVINCIA: _________

•

PERSONA DE CONTACTO: _____________________________________________

•

TELÉFONO:____________________________FAX: __________________________

•

E-MAIL:______________________________________________________________

•

FECHA INICIO ACTIVIDAD: ____________________________________________

•

ACTIVIDAD:_____________________________________________________________ ___________________________________________________________________

1. TRABAJADORES DE LA EMPRESA. NÚMERO DE TRABAJADORES PERSONAL DE NO INSERCIÓN (número de personas que NO SON DE INSERCIÓN que han sido contratadas, independientemente de su ocupación, jornada y de la duración de su contrato) PERSONAL EN INSERCIÓN (número de personas con dificultades que han sido contratadas, independientemente de su ocupación, jornada y de la duración de su contrato) PUESTOS DE INSERCIÓN EQUIVALENTES ANUALES A TIEMPO COMPLETO (Calcular los puestos de trabajo anuales a tiempo completo que ha cubierto el personal en inserción).

Nota: Para cumplimentar el segundo dato calcular primero las equivalencias a tiempo completo de los contratos a tiempo parcial (por ejemplo, un contrato a tiempo parcial si ocupa la mitad de la jornada equivale a 0,5 a tiempo completo) y, una vez que se tienen todos los contratos pasados a tiempo completo, hay que calcular su equivalencia en contratos anuales. Por ejemplo, si se ha contratado a una persona a tiempo parcial (media jornada) durante 3 meses, ese contrato es equivalente a un empleo de 0,5 a tiempo completo durante 3 meses y éste a uno de 0,5 a tiempo completo durante 0,25 años (“medio trabajador” x “un cuarto del año), es decir a 0,125 expresado en trabajo anual tiempo completo.

ü El gerente: oEstá contratado por la EI oEs personal voluntario

oPertenece a la entidad promotora oOtra situación (especificar)

2. PERSONAL EN INSERCIÓN: ü Relación con la propiedad de la empresa: Los trabajadores en inserción ¿son socios de la cooperativa o sociedad laboral? oSí, todos

oNo todos (cuántos)

oNinguno

ü Tipos de contratos del personal en inserción:

TIPO DE CONTRATO

Nº TRABAJADORES EN INSERCIÓN A tiempo completo A tiempo parcial

Duración indefinida Temporal de aprendizaje, formación o prácticas Por obra o servicio determinado Otros __________________________ Otros __________________________ Otros __________________________

ü Género y edad de los trabajadores en inserción (de todos los que han pasado por la empresa durante el 2000, independientemente de la modalidad de su contrato). Nº de trabajadores Menos de 20 años Entre 21 y 30 años Entre 31 y 45 años Más de 45 años

3. FACTURACIÓN ü Volumen de facturación AÑO 1997 1998 1999 2000

PESETAS

Nº de trabajadoras

4. CARTERA DE CLIENTES ü Composición de la cartera de clientes año 2000. TIPO CLIENTE

% FACTURACIÓN

Particulares Empresas Organizaciones sociales Administración Local Administración Autonómica Administración Central Otros:___________________________ TOTAL

100%

ü Participación en el año 2000 en mercados tutelados (indique con una cruz en la casilla correspondiente) SI

Administración Local Administración Autonómica

5. FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA: ü Formas de financiación:

FUENTE Autofinanciación (De ingresos por ventas) Subvenciones a fondo perdido (SFP)

Subvenciones de carácter reintegrable (SR)

Créditos Otras (especificar):_________________________ TOTAL

% Entidad promotora Admón Local Admón Autonómica Admón Central Unión Europea TOTAL SFP Entidad promotora Admón Local Admón Autonómica Admón Central Unión Europea TOTAL SR Créditos blandos Otros créditos 100%

6. FISCALIDAD: ü Impuestos pagados en los últimos años 1997

1998

1999

2000

1999

2000

Cuotas de Seguridad Social Impuesto actividades Económicas Impuesto de sociedades Otros gastos fiscales TOTAL

7. RESULTADOS (después de impuestos): ü 1997 Beneficios pérdidas

1998

NOTAS SOBRE EL AÑO 2000:

(espacio reservado para aclaraciones que se

consideren relevantes).