egulaci贸n y Control Social en Bolivia
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Regulación y Control Social en Bolivia
Presentación Cuando las peculiaridades del mercado presentan un panorama poco favorable para la población de un país, el Estado cae en la necesidad de intervenir en la economía, ya sea mediante la promulgación y aplicación de nuevas normas o como en este caso, con la creación de instituciones que, haciendo un correcto ejercicio de sus funciones, desarrolle sistemas regulatorios y de control que propicien un eficiente funcionamiento de los mercados. A partir del cambio en la visión política, económica y social de Bolivia, suscitado con la elección de Evo Morales, se diseñaron nuevas estrategias de proteccionismo para el capital nacional y la población en su conjunto, atrás quedó la época de las empresas capitalizadas, las superintendencias y la toma de decisiones de forma independiente; ahora el Estado se convertiría en el regente y velador del bienestar a través de las autoridades de regulación y control social, que promoverían el respeto y responsabilidad para con los usuarios o clientes. Estas instituciones o autoridades, como también se las conocen, tienen como principales objetivos la promoción de la competencia, la defensa del mercado y la promoción de las libertades económicas, con la finalidad mayor de mejorar la calidad de vida de las personas; pero no está claro hasta qué grado puede ser esto cierto o cumplirse a la cabalidad, siendo que en muchas ocasiones la intervención del Estado puede no ser muy favorable para la economía de una nación. Si bien existían visos de regulación con las antiguas superintendencias, la participación
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de estas no eran muy profundas como los son ahora, factor que muchas veces despierta la susceptibilidad de muchos sectores relacionados con estas instituciones. La actividad regulatoria en Bolivia se ha convertido en centro de análisis, estudios y conversaciones y ante esta coyuntura Nueva Economía no podía quedarse al margen; por ello es grato para nosotros presentarle esta edición especial, con entrevistas, notas e información que esperamos no solo le sean de utilidad, sino que también despierten su interés sobre el tema y además le agraden.
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Regulación y Control Social en Bolivia
Luego de la transición
La regulación en Bolivia
Jaime Dunn De Avila Bolivia es un país donde constitucionalmente se ha introducido a la regulación como un mecanismo de limitación al ejercicio de la función empresarial, tanto privada como pública por razones de interés público y preservación del bien común. Se sabe que la regulación mundialmente se destina al ámbito del mercado, los bienes públicos y las regulaciones administrativas. Con esto por ejemplo el Estado interviene directamente en decisiones de mercado, limitando o ampliando aspectos de competencia, limitando o liberando la fijación de precios, o ampliando los servicios públicos, protegiendo sectores y bienes públicos y otros. Uso deliberadamente las palabras “limitando” o “ampliando”, pues dependiendo de la orientación política y el modelo económico que rige en una nación, los estados podrán actuar de manera diferente sobre el mismo tema. Por ejemplo un Estado puede usar la regulación para “limitar” las fuerzas del libre mercado, mientras que otro puede usarlas para “ampliarlas”. El sistema de regulación en Bolivia ha sufrido importantes transformaciones desde el año 1994 mediantes leyes como la del BONOSOL, la de pensiones
y la forestal, se dividió al sector regulado en tres grandes grupos o sistemas: el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) y el Sistema de Regulación de Recursos Renovables (SIRENARE). Estos a su vez creaban instancias de recurso jerárquico ante decisiones de las superintendencias sectoriales. Todas basadas con un funcionamiento de autarquías. Producto de la nueva constitución, las Superintendencias que fueron creados por ley, fueron extinguidas mediante decreto supremo. Curiosidad legal que no solo contradice la nueva constitución, que establece deben crearse las autoridades de fiscalización y control mediante leyes especiales, sino que crea instituciones basadas en una norma de más bajo rango a sus antecesoras.
Por otro lado, se puso final a la autarquía e independencia regulatoria. Hoy las instituciones de fiscalización y control social son dependientes de algún ministerio. La Superintendencia de Empresas fue extinguida y sus competencias fueron asumidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP); la Superintendencia General del SIREFI fue extinguida y asumió el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la competencia para conocer los recursos jerárquicos, mientras que los relacionados con la regulación de empresas están a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mientras que las competencias de la Superintendencia General del SIREFI pasaron a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Jaime Dunn De Avila es Máster en Administración de Empresas (MBA) graduado con honores del Programa de Maestría para el Desarrollo (MPD) de la Universidad Católica Boliviana y el Harvard Institute of International Development, de la universidad de Harvard. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales (BA) de la Universidad de Colgate con
Otras Superintendencias se trasformaron como la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras fueron asumidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y otras también se crean por decreto supremos como las Autoridades de Fiscalización y Control Social en los sectores de: Bosques y Tierras (ABT), Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Electricidad (AE); y, de Transportes y Telecomunicaciones (ATT). La característica común de todas las Autoridades de Fiscalización y Control Social es que son entidades públicas técnicas dependientes o vinculadas a algún ministerio cabeza del sector. Por eso hoy en día cualquier persona que se sienta afectada por un acto administrativo de cualquier Autoridad de Fiscalización, debe recurrir a un recurso jerárquico
sede en Hamilton, Nueva York, EE.UU. El 2010 y el 2011 fue nombrado “Mejor Banquero de Inversión de Bolivia” por la revista World Finance de Inglaterra y la Bolsa de Londres. Actualmente es miembro de la Comisión de Asesores Presidenciales del Presidente Danilo Medina de República Dominicana.
en algún ministerio, que reemplazaron a las superintendencias generales; aspecto que no solo crea una situación donde los ministerios son juez y parte en varios casos sino también de conflicto de interés pues deben resolver aspectos inherentes a empresas del Estado. Es decir el Estado a través de sus empresas, interpone recursos al mismo Estado. Es verdad que siempre existe la posibilidad de que ante la resolución no favorable de un ministerio, la persona afectada puede recurrir a la vía judicial. Pero seamos honestos, ¿a quién se le ocurriría en Bolivia hoy en día a enjuiciar a un ministro? Otro aparente cambio es que antes los Superintendentes eran elegidos por una terna elevado por el Congreso mediante concurso de méritos, hoy no es así, los Directores Ejecutivos son elegidos por los ministros. Digo que es un “aparente” cambio, pues en el pasado sucedía algo similar. Ningún presidente sometía a los Superintendentes por el órgano legislativo. De ahí que todos llevaban el título de “Superintendente a.i.” Se podría argumentar que los Consejos Consultivos están creados para controlar el accionar de los Directores ejecutivos mediante el control social, pero también es sabido que quienes conforman estos Consejos son miembros vinculados al ministerio cabeza de sector. Con eso en resumen, las Autoridades de fiscalización y Control Social están sujetos a la ejecución y preservación de políticas de Estado y a lineamientos ministeriales. Y eso ¿es bueno o malo? , pues depende en qué tipo de modelo económico y político estamos. Bajo la sombrilla del modelo estatista actual, el esquema es apropiado y la independencia de una Autoridad de fiscalización no es deseable. Esto lo sabe el Gobierno, por eso nunca cuestiona la falta de independencia de las Autoridades de Fiscalización, más al contrario se aseguran que quede claro que todas las entidades del Estado marchan al unísono de la trompeta del poder ejecutivo.
Regulación y Control Social en Bolivia
Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego
Velando por el bienestar de los bolivianos Un 23 de febrero de 2011 en cumplimento a la Ley 060 de Juegos de Lotería y Azar y el Decreto Supremo reglamentario 0781, nace la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego; con el objetivo de garantizar la transparencia en la explotación o desarrollo de los juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y juegos de sorteo con fines benéficos, respetando derechos y obligaciones de los administrados y la población en general.
En un mundo donde el entretenimiento y los juegos ocupan un espacio importante, también debe existir un espacio para las normas que los regulen.
Un importante rol frente a la sociedad Toda institución tiene desde sus inicios una meta, objetivos que cumplir, mismos que determinan el desarrollo de todas sus funciones. En el caso de la AJ, su función principal es la de otorgar licencias de operaciones para juegos de azar y lotería, además de autorizaciones para promociones empresariales y juegos de sorteo con fines benéficos. Asimismo la Autoridad de Juegos, fiscaliza, controla interviene y sanciona los juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y juegos de sorteo con fines benéficos; todo ello con la finalidad de preservar el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas. El trabajo desempeñado por este organismo se ha convertido en una labor elemental, pues el velar por limitar el crecimiento de los juegos de azar,
que pueden resultar nocivos para la sociedad, es un importante aporte para un futuro mejor, tal como lo sostiene el director ejecutivo de dicha institución, Mario Cazón. “El rol de la Autoridad de Juegos, es que en Bolivia no haya un crecimiento descontrolado de los juegos de lotería y de azar. Es importante que conozca la opinión pública y los posibles inversores que en el país se tolera el juego de azar pero no se fomenta. La práctica del juego responsable es necesaria, porque debemos velar por la salud de los niños y jóvenes para que no posterguen sus proyectos de vida por culpa de las máquinas tragamonedas instaladas al margen de la ley”. En variadas ocasiones, el control puede generar molestias en gran parte de la población, pero en este caso la acogida fue positiva por parte de instituciones públicas, empresas privadas y la población que reconocen el trabajo emprendido por la Autoridad de Juegos. Unidos para cumplir la ley Las actividades de la Autoridad de Juegos se enmarcan en la Ley 060 y demás disposiciones establecidas en la norma marco del país y otras que se refieren al cumplimiento de deberes del servidor público, así como al cumplimiento de convenios suscritos con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Plan Operativo Anual y en especial con el Plan estratégico Institucional 2012 – 2015; empero estas actividades no pueden desarrollarse al margen de la sociedad e instituciones que forman parte de ella, por eso el establecimiento de acuerdos y alianzas es un elemento primordial para el éxito de políticas establecidas por esta institución, según lo manifiesta su director ejecutivo. “La Autoridad de Juegos, emprende alianzas con sectores sociales, instituciones públicas y entidades gremiales con el objetivo de realizar capacitaciones en promociones empresariales o coadyuvar en las actividades de control y fiscalización en intervenciones a juegos de azar ilegales”, concluye la autoridad.
• Lo positivo, negativo e interesante Lo interesante es que después de haber comenzado el 23 de febrero de 2011 de la nada, ahora se puede señalar con seguridad que la entidad goza de la confianza de la población con reglas de juego claras para juegos de lotería, azar, sorteos, promociones empresariales y juegos de sorteo con fines benéficos. • Nuestras actividades más destacadas - Elaboración de resoluciones regulatorias. - Intervenciones a salas de juego de azar ilegales. - Diseño de sistemas en línea para el monitoreo y control de las actividades de azar, sistema de solicitud de promociones empresariales por internet, Módulo de Inteligencia de Negocios que contiene información estadística para decisiones ejecutivas y conocimiento de la opinión pública. • Perspectivas En esta gestión pondremos en práctica el sistema de monitoreo en línea en juegos de azar y el módulo de inteligencia de negocios y otros que beneficien a las personas individuales y colectivas que deseen obtener la autorización para promociones empresariales. Mario Cazón Director Ejecutivo AJ
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Regulación y Control Social en Bolivia
Un camino cada vez más profundo
Bolivia apuesta por la
regulación
A cuatro años de su aplicación, la normativa que dispuso la creación de estas instituciones continúa por la vía de los cambios e innovaciones en pro del pueblo boliviano.
La promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado trajo consigo una infinidad de cambios en distintos ámbitos, como el político, social y económico; siendo en esta última área donde los cambios suscitaron la creación de nuevos organismos estatales, pues el antiguo sistema regulatorio producto de la implementación del Decreto Supremo 21060 había llegado a su fin. Un nuevo comienzo A partir de la nueva visión de país, tras quince años de funcionamiento, las superintendencias sectoriales desaparecieron según disposición del Decreto Supremo 0071, para convertirse en direcciones dependientes de los diferentes ministerios de cada área, bajo la denominación de autoridades de fiscalización y control social; con la excep-
Paso trascendental Con el Decreto Supremo 21060, Bolivia pasó de un modelo económico estatal a uno de libre mercado. En ese contexto se establecieron las superintendencias, con un funcionamiento independiente del Gobierno central. Los superintendentes eran nombrados por el Presidente de la República, de una terna propuesta por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, evitando así que su nombramiento y campo de acción sea marcado por el tinte político. En el gobierno de Sánchez de Lozada se desarrolló el proceso de capitalización de las empresas públicas, implementando el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), con el objetivo de regular, controlar y supervisar al sector de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transporte y agua. En este mismo período, se establece el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), con el propósito de regular, controlar y supervisar las actividades, personas y entidades relacionadas con el seguro social obligatorio de largo plazo, bancos y entidades financieras, entidades aseguradoras, reaseguradoras y del mercado de valores. Finalmente, el Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE), cuya responsabilidad fue la de controlar y supervisar la utilización sostenible de los recursos naturales renovables. Pero, en 2009, el gobierno del presidente Morales promulgó el DS. 29894, que suprime las superintendencias creadas mediante Ley y establece a las autoridades de fiscalización y control social, mediante DS. 0071; señalando que dicha regulación se fundamenta en la fiscalización, control y supervisión de las actividades que realicen, tanto personas naturales, jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en los diferentes sectores; asegurando que se garanticen los intereses y derechos, tanto de consumidores como de usuarios.
Visión global: ¿cómo avanzó el sector regulador en Bolivia? Ing. Pablo Alberto Antelo Gil Cámara Forestal de Bolivia: Con altas y bajas. En el caso concreto de la actividad forestal, la ex Superintendencia Forestal, hoy Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), después de un grave deterioro en institucionalidad y funciones a partir de 2006 hasta 2010, ha logrado mejorar su gestión en términos cualitativos, aunque no a los niveles que los administrados desearíamos. Fue creada con rango de Ministerio, como una institución independiente y ahora está subordinada al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Lic. Nelson Hinojosa Jiménez Presidente - Asociación Boliviana de Aseguradoras: En cuanto a la entidad encargada de la fiscalización del sector asegurador en Bolivia, se puede mencionar que con la aprobación de la Ley de Propiedad y Crédito Popular de 15 de junio de 1998, que en su Art. 35 creó la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, que de una entidad reguladora débil en su estructura como era su antecesora la Superintendencia de Seguros, logró un importante fortalecimiento, pero luego con la transferencia de funciones a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero -ASFIen abril de 2009, se volvió a experimentar el declive en regulación por tratarse de un regulador cuya dedicación mayor era al área bancaria.
Lic. Marco Antonio Salinas Segundo Vicepresidente – Cámara Nacional de Comercio: Más que un avance podemos decir que el sector regulatorio responde a la Nueva Política Económica aplicada desde el ejecutivo. Los entes reguladores han perdido autonomía y ahora dependen de los ministerios de acuerdo a su área de influencia. En caso de que un usuario se sienta afectado en sus derechos como consecuencia de un acto administrativo dictado por alguna autoridad de fiscalización, la cual sea posible de recurso jerárquico, será resuelto por el ministerio cabeza del sector por lo que se corre el riesgo de que sean juez y parte cuando existan intereses contrapuestos de los usuarios con las empresas del estado. Preocupa además que sus intervenciones directas en decisiones de mercado afecten la competitividad de las empresas, en vez de crear un mercado transparente, dinámico y competitivo que fomente el crecimiento de las empresas.
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ción de las superintendencias de bancos e Hidrocarburos, que solo cambiaron de denominación. Entonces el reordenamiento se planteó de la siguiente forma: el Ministerio de Desarrollo y Obras Públicas se hizo cargo de Telecomunicaciones y Transportes, la cartera de Agua Potable y Saneamiento Básico, Bosques (forestal) y Tierra (agraria) pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Rural. Por su parte Pensiones, Valores y Seguros pasó a ser una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas; la ex Superintendencia de Empresas fue absorbida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Electricidad se integró al Ministerio de Hidrocarburos y la cartera de Trabajo se hizo cargo del Servicio Civil.
El Decreto Supremo 0071 instruyó también a la Contraloría General de la República la realización de una serie de auditorías especiales a las transferencias de recursos humanos, bienes y deudas, a partir del 8 de mayo. Además, los ministerios correspondientes debían remitir las auditorías financieras de cada entidad. Dicho proceso comprendía una revisión de todo lo realizado a lo largo de las diferentes gestiones de las superintendencias, pero los primeros en analizar esa información fueron los ministerios a los que se estaban incorporando, posteriormente la Contraloría tuvo acceso a esa documentación. Todo el proceso de investigación no incluyó a la superintendencia de Hidrocarburos ni a la de Bancos que solamente cambiarán su denominación y que serán las únicas que continuarán con sus actividades.
Uno de los mayores desafíos de estas instituciones es profundizar la labor de regulación beneficiando a la población, una de las aristas más importantes del triángulo que forman el Estado y el sector privado.
El Art. 167 de la Ley de Pensiones Nº 065 del 10 de diciembre de 2010 crea la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros -APS- como entidad que asume las atribuciones, competencias derechos y obligaciones en materia de seguros, transferidas por la ASFI; lográndose nuevamente recomponer el papel fiscalizador para nuestro sector y su función de aporte a la configuración del mercado haciendo cumplir la normativa vigente.
Lo positivo para cada sector Cámara Forestal de Bolivia: Actualmente, se está involucrando con mejor y mayor amplitud, en la problemático productiva del sector. Esto le permite regular de manera más eficiente a nuestra actividad. Los medios de control electrónico, CFOs digitales, están comenzando a dar sus frutos agilizando los trámites y eliminando gradualmente la burocracia.
Asociación Boliviana de Aseguradoras: Gracias al cumplimiento de las compañías de seguros de los estrictos estándares y normas de regulación en cuanto a solidez patrimonial, niveles de reservas e inversiones, calificaciones de riesgos así como de márgenes de solvencia, elementos que en su conjunto garantizan económica y financieramente los compromisos con los asegurados para hacer frente a situaciones de posible siniestralidad futura.
Cámara Nacional de Comercio: Se avanzó en el concepto de regulación de la competencia y la defensa del consumidor frente a la conductas lesivas que influyen negativamente en el mercado, lo cual provoca la especulación de precios, se establece que la libre competencia es un bien jurídicamente protegido y de orden público.
Se entiende por regulación al conjunto de instrumentos empleados por los gobiernos para establecer pautas sobre la libre actividad de las empresas y ciudadanos; presumiblemente por razones de interés y bienestar público.
Participación ministerial Bajo la nueva estructura organizativa, serán los ministros de cada área los que asuman las atribuciones que antes tenían los superintendentes generales, convirtiéndose en las instancias máximas de resolución y apelación de recursos revocatorios emitidos por las autoridades de regulación, así como en fiscalizador de la labor desempeñada por la autoridades de cada área y la promoción de políticas de auto regulación y control. En el caso de las impugnaciones, estas deberán ser presentadas ante la dirección ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control Social dependientes de los ministerios de cada sector; y si aun así continúa el desacuerdo por los resultados obtenidos de ese proceso, podrá presentar un recurso jerárquico ante la misma oficia, siendo en esta caso el ministro cabeza de sector el último en decidir al respecto. La última instancia será el Poder Judicial, pero con el riesgo de tropezar con la demora en la atención de los procesos.
Reestructuración Con el cambio de administración, las ex superintendencias asumieron nuevas responsabilidades, atribuciones y organización. Según el artículo seis del DS. 0071, la estructura organizativa de cada una de las autoridades de fiscalización y control social estará conformada por: un director ejecutivo, un consejo consultivo con participación social y una dirección técnico-operativa, con direcciones técnicas sectoriales, departamentales, direcciones administrativa, jurídica y de auditoría interna. Cabe mencionar, que en el caso de la Autoridad que regula y supervisa al sistema financiero, su máxima autoridad ejecutiva es nombrada por el presidente del Estado de una terna propuesta por Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional (Artículo 332 II de la Constitución Política del Estado), lo cual no sucede con las otras autoridades. En cuanto al financiamiento, el artículo nueve del D.S 0071 establece que las autoridades de fiscalización y control social realizarán sus actividades conforme a lo establecido en el presente Decreto Supremo, con los siguientes recursos, según corresponda a la normativa sectorial: tasa de regulación, derecho o patentes, recursos del Tesoro General de la Nación, donaciones y créditos nacionales o extranjeros y otros determinados por norma expresa. En el artículo tercero del D.S. 0071 se describe la creación de autoridades de fiscalización y control social y sus respectivas funciones.
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“El objeto de la regulación debería ser la defensa de la competencia, mediante normas regulatorias” 1. ¿Qué se entiende por regulación? Son los diversos instrumentos mediante los cuales, los gobiernos establecen requerimientos sobre la libre actividad económica de las empresas y de los ciudadanos. Las regulaciones resultan siendo limitaciones impuestas a la libertad de los ciudadanos y de las empresas por presumibles razones de interés público. Las regulaciones, así entendidas, se expresan tanto en la normativa como en actos administrativos, producidos en los diferentes niveles de gobierno. Este concepto fue expuesto por el extinto Tribunal Constitucional (hoy Tribunal Constitucional Plurinacional), en su Sentencia Constitucional 0071/2004-R de 16 de julio; además que, es similar a la expresada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El art. 2 del Decreto Supremo Nº 0071 de 9 de abril de 2009, señala que “la regulación comprende el conjunto de actividades de fiscalización, control y supervisión, y otras señaladas expresamente en las normas sectoriales vigentes”. 2. ¿Qué lleva a un Gobierno a intervenir a través de la creación de estas instituciones? Los motivos que llevan a un Estado a regular la actividad económica, o sea a intervenir en la economía mediante el desarrollo de sistemas regulatorios, se basan, sobre todo, en las imperfecciones del mercado; es decir, existen circunstancias en las cuales los mercados no funcionan de manera beneficiosa para la sociedad, dándose imperfecciones en el funcionamiento de los mercados que justifican la intervención del Estado mediante normas o reglas que promuevan el funcionamiento de los mercados lo más cercanamente posible al ideal competitivo. Cuando existe una débil o insuficiente competencia, el mercado se caracteriza por empresas dominantes y/o el sur-
gimiento de prácticas empresariales que impiden, limitan o distorsionan la sana competencia; en ese marco, el objeto de la regulación debería ser la defensa de la competencia, mediante normas regulatorias que promuevan el funcionamiento eficiente de los mercados. En nuestro país, el art. 3 del referido Decreto Supremo Nº 0071 establece que el objetivo de las autoridades de fiscalización y control social es la de regular las actividades que realicen las personas naturales y jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en los sectores regulados; asegurando que se garanticen los intereses y derechos de los consumidores y usuarios, se promueva la economía plural, contribuyan al desarrollo de la economía nacional, tiendan a que todos los habitantes puedan acceder a los servicios y los recursos naturales sean aprovechables de manera sustentable. 3. Desde el punto de vista jurídico ¿Cuáles son los cambios que se pueden advertir en las funciones y responsabilidades de las autoridades de fiscalización y control social, en comparación a las antiguas superintendencias? Básicamente, las funciones y responsabilidades, así como la naturaleza y alcance de los tres anteriores sistemas regulatorios: el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) y el Sistema de Regulación de Recursos Renovables (SIRENARE), han sido recogidos para las autoridades de fiscalización y control social, habiéndose solo adecuado el Sistema Regulatorio a la nueva Constitución Política del Estado. Sin embargo, existen cambios que podrían incidir en la eficiencia e imparcialidad del Sistema Regulatorio del país. 4. Tomando en cuenta la normativa que marcó su nacimiento, ¿estas instituciones
han ejercido un adecuado control de cada sector; dando cumplimiento a las funciones que les tocó desempeñar? Difícilmente se puede evaluar en pocas líneas y de forma general a todas las entidades reguladoras; cada sector tiene sus características y la experiencia es diversa; pero en todo caso, creo que se trata de una experiencia enriquecedora, iniciada hace casi 20 años atrás y que es susceptible de mejorarse. 5. Factor de imparcialidad ¿Hasta qué grado puede influenciar en el desarrollo de su trabajo el nexo existente con el Estado? La imparcialidad no debería ser influenciada por ningún tipo de nexo existente entre los entes reguladores y otras instituciones públicas; aquello dependerá mucho del nivel de ética que podamos desarrollar en nuestra sociedad para construir instituciones plenamente imparciales. 6. ¿Puede advertir algunas falencias en el ejercicio de sus funciones? Me referiré a algunos aspectos que deben ser revisados del actual sistema regulatorio. Uno de ellos es que el conocimiento y resolución de los recursos jerárquicos sean atribución de los ministros cabeza de sector; es decir, los ministros hacen de árbitros de última instancia en sede administrativa, lo cual conlleva que los ministerios, al resolver los recursos jerárquicos, se hayan convertido en juez y parte; con el anterior sistema, las impugnaciones vía recursos jerárquicos se resolvían en las superintendencias generales. Otro aspecto que debe ser revisado, es lo referente a la designación de los directores ejecutivos de las autoridades de fiscalización y control social; hoy son designados directamente por el presidente; antes los superinten-
La constitución de representaciones estatales que regulen el funcionamiento de empresas e instituciones, se convirtió en un paso importante para el establecimiento de la nueva visión del Estado Plurinacional de Bolivia, por ello a continuación les presentamos un interesante análisis a cargo de Federico Escóbar Klose, asesor legal de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba dentes eran elegidos de una terna elevada por el Órgano Legislativo, previa evaluación de méritos. 7. En tal sentido, ¿de qué manera se puede fortalecer el funcionamiento de estas instituciones? En cuanto al procedimiento de impugnación en el sistema regulatorio, hay que crear una instancia que conozca y resuelva los recursos jerárquicos, que no sean los ministerios cabeza de sector; es decir, se tiene que repensar en instituciones equivalentes a las ex superintendencias generales, podrían llamarse autoridades Generales, un ejemplo de aquello es la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Pero sobre todo, el fortalecimiento de los entes reguladores debe basarse en hacer de cada una de ellas una instancia intermedia entre el Estado y la iniciativa privada o los usuarios (consumidores), una instancia de regulación técnica, una instancia de protección de la sana competencia, de protección de los intereses del Estado, así como de los derechos de los usuarios y de las empresas.
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Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
Contribuyendo a la estabilidad financiera y a la generación de confianza Cobertura para todos
El ejercer el rol de supervisor de un sector tan importante como el financiero, implica un gran compromiso y una gran responsabilidad, que esta autoridad está dispuesta a asumir a cabalidad. El objetivo principal de esta Autoridad de Supervisión es mantener un sistema financiero sano, eficiente y solvente, con la finalidad de mantener la confianza de la población en el sistema financiero y proteger el ahorro del público en sus diversas formas de captación y aprovechamiento, a través de las entidades de intermediación financiera y mediante los mecanismos del mercado de valores. “Para el sistema financiero, la confianza es el elemento esencial que permite mantener la estabilidad y solvencia del sistema y de sus entidades, por el alto grado de sensibilidad del sector ante expectativas del público. Por tanto, preservar la confianza es parte del compromiso de velar por un bien público que beneficia a toda la comunidad; consecuentemente, preservar la estabilidad del ahorro financiero en el país e impulsar su crecimiento está condicionado a resguardar el ambiente de confianza”, afirmó la Dra. Lenny Valdivia Bautista, Directora Ejecutiva de ASFI. Un año positivo La pasada gestión, la Autoridad de Supervisión del Sis-
tema Financiero continuó con el ejercicio de sus atribuciones para regular y supervisar al sistema financiero, velando por su solidez y solvencia, precautelando la inversión del ahorro que es de interés público, basado en los criterios constitucionales de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, que rigen la política financiera del Estado Plurinacional de Bolivia. Los indicadores demuestran que el 2012 fue particularmente un año bastante positivo para el sistema financiero. Los depósitos del público sumaron 12,753 millones de dólares estadounidenses y la cartera de créditos 10,232 millones de dólares estadounidenses, registrando incrementos de 19.8% y 20% respectivamente, tendencia creciente que se observa en los últimos cinco años. El mercado de valores también ha registrado un comportamiento altamente dinámico en sus operaciones, constituyendo un mecanismo exitoso de financiamiento de actividades productivas y de proveer liquidez a los agentes económicos.
Otro resultado de gestión importante, está relacionado a la cobertura de servicios financieros alcanzados en localidades de nula o baja bancarización, proceso que se inició en la gestión 2011. En este sentido, en la gestión 2012 se continuó con la profundización de la bancarización, a través de la apertura de nuevos puntos de atención en el país, principalmente en zonas rurales. La cobertura de los puntos de atención se expandió a otras regiones diferentes al eje central del país y la ciudad de El Alto. Más información, mayor transparencia Ante la demanda de información desde diversos ámbitos de las empresas, instituciones y población en general, este organismo hace pública información relativa a la situación del sistema financiero de forma oportuna, confiable y actualizada, para lo cual se han implementado nuevos mecanismos y canales de difusión. El Proceso de Rendición Pública de Cuentas, ha sido descentralizado, sin dejar de atender las demás ciudades, se eligieron ciudades en occidente, oriente y Chaco boliviano: Oruro, Montero (Santa Cruz), Yacuiba (Tarija). La elección de estas ciudades, responde a un estudio del nivel de bancarización; en estas ciudades existe más presencia de entidades financieras. Apoyo al sector agropecuario y productivo Otra preocupación de ASFI fue el crédito al sector agrope-
cuario. En coordinación con la Cámara de Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y la Asociación de Bancos Privados, filial Santa Cruz, ASFI propició la realización de mesas de trabajo para analizar la situación del crédito agropecuario en el oriente boliviano (Santa Cruz, Beni y Pando), buscando nuevas iniciativas para mejorar el financiamiento a las actividades agrícolas y pecuarias de la región. Como resultado de esta iniciativa las entidades bancarias han innovado tecnología crediticia al incluir en sus procesos crediticios la participación de Agentes de Retención de Pagos, habiéndose concretado un buen acercamiento con las organizaciones de productores. Asimismo, se continuó desarrollando actividades para promover mejores condiciones de acceso al crédito productivo. Al cierre del año 2012, la cartera del sector productivo se incrementó en 19%, similar al crecimiento de la cartera total (20%) y la participación de la cartera del sector productivo en el total de la cartera del sis-
tema financiero, se incrementó al 28%. El trabajo y el esfuerzo continúan Aún a pesar de haber logrado muchas cosas positivas para el sector, ASFI prosiguió con su esmerado y excelente trabajo, adicionando más logros a su historial: • Se continuó con el proceso de bancarización iniciado el año 2011, con el establecimiento de metas de bancarización en una tercera etapa. • Se emitió el reglamento de responsabilidad social empresarial para las entidades de intermediación financiera. Esta normativa establece los lineamientos que las entidades financieras deben cumplir, relacionados con la responsabilidad social empresarial. • Se modificaron los límites para operaciones de microcrédito debidamente garantizados y para operaciones de crédito agropecuario, con el objeto de favorecer un mayor acceso al crédito en monto mayor a microempresas productivas.
El reto más importante El cumplimiento de la Nueva Ley de Servicios Financieros, se convierte hoy para esta Autoridad de Supervisión, en el norte de su accionar dentro de los lineamientos de regulación y elaboración de normas para el cumplimiento de la Ley N° 393, mismas que estarán pensadas para favorecer al cliente y al usuario del sistema financiero. Dra. Lenny Valdivia Bautista, Directora Ejecutiva de ASFI.
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Autoridades de Regulación y Control Social
Instrumentos necesarios para el crecimiento
Cuando la situación del mercado es poco favorable para un país, la intervención estatal podría ser necesaria.
Estado, industria y economía son sectores importantes que están estrechamente ligados a la visión de futuro de un país; pues una política de Estado que no esté establecida en torno a las necesidades básicas económicas de su población y los diversos sectores que la conforman, podría dejar muy pronto el poder. El mercado siempre presenta algunas imperfecciones, más en estos tiempos de globalización y crecimiento empresarial, donde el mercado se caracteriza por empresas dominantes y el surgimiento de prácticas empresariales que impiden, limitan o distorsionan la competencia; en ese marco, se hace necesaria la constitución de un árbitro que represente el papel de mediador y regulador, donde el principal objetivo de esa intervención sea la defensa de la competencia mediante normas regulatorias que promuevan el funcionamiento eficiente de los mercados. El ordenamiento jurídico le otorga potestades a estos entes reguladores, con distinta naturaleza y extensión, tales como: • La fiscalización de los servicios. • El cumplimiento de las condiciones fijadas en los contratos de concesión o licencias, incluyendo el control sobre la aplicación de las tasas y el cálculo de las bases de los contratos de concesión que se celebren. • Imposición de sanciones. • Prevención de conductas anticompetitivas. • Resolución de controversias. • Continuidad en la prestación del servicio público, la regularidad del servicio.
• La protección del principio de igualdad evitando cualquier forma de discriminación, etc. Instituciones al servicio de los bolivianos En Bolivia, la presencia de las autoridades de regulación y control social adoptó una forma unisectorial, es decir un ente regulador por sector con autonomía de los demás organismos similares, pero bajo la tutela de una autoridad superior; esta estructuración es similar a las que se establecieron en Argentina y Chile. Empero es necesario reflexionar en torno a lo que se espera por parte de estas autoridades, que en muchas ocasiones son juez y parte en un mismo proceso. Por ello, lo mejor es apreciar los puntos de vista de representantes de importantes sectores que aportan a la estabilidad económica y progreso del país.
El trabajo que desempeñan las autoridades de regulación ¿QUÉ PERSPECTIVAS TIENEN PARA ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE? • Lic. Nelson Hinojosa Jiménez – Asociación Boliviana de Aseguradoras Después de la promulgación de la Ley de Servicios Financieros y anteriormente la Ley de Seguros de Fianzas para Entidades y Empresas Públicas y Fondo de Protección del Asegurado, que trae consigo un nuevo escenario de reglas a las cuales el mercado en su conjunto se adaptará para dar cumplimiento a la normativa que rige en nuestro país, el sector asegurador espera que se pueda trabajar conjuntamente con la APS en la reglamentación de estas importantes normas. Ahora está pendiente la reglamentación tanto de la Ley de Servicios Financieros, en la parte que afecta a seguros, así como la Ley de Seguros de Fianzas, que son los próximos desafíos que tiene enfrente la APS, así como, probablemente, preparar la nueva legislación específica para seguros. • Ing. Pablo Alberto Antelo Gil - Cámara Forestal de Bolivia Si se mantiene la estabilidad institucional, creemos que se pueden dar saltos cualitativos importantes para, desde la perspectiva de la autoridad pública, promover y garantizar la estabilidad y seguridad jurídica productiva del sector; así como la conservación de los suelos o bosques de producción forestal. Es importante reconocer que, con un mercado global extremadamente competitivo, a mayor regulación menor actividad productiva y, entre tanto, los bosques siguen mermando en tamaño y calidad, dando paso, con apoyo estatal, a la conversión de estos para uso agropecuario. • Lic. Marco Antonio Salinas – Cámara Nacional de Comercio En relación al trabajo de las autoridades de fiscalización y ccontrol social, para el sector empresarial es muy importante realizar un trabajo coordinado pues somos nosotros los que conocemos mejor los mecanismos del mercado y las acciones que pueden permitir incentivar el crecimiento de las empresas haciéndolas más competitivas y responsables con su entorno. Solicitamos a los entes reguladores tengan un política clara de formalizar las empresas para beneficio del país y de los empleados de las mismas.
Sectores económicos y reguladoras ¿QUÉ TAREAS QUEDAN PENDIENTES PARA CADA SECTOR? • Lic. Marco Antonio Salinas – Cámara Nacional de Comercio Quedan muchas tareas pendientes, lo ideal es que las autoridades de fiscalización y control social se trasformen en herramientas para coadyuvar al desarrollo y fortalecer el rubro en el que se desempeñan, velando por el cumplimiento de las normas y el buen desenvolvimiento de los actores involucrados, sin convertirse en “multadoras” a ultranza, siendo la iniciativa privada formal la gran afectada.
• Ing. Pablo Alberto Antelo Gil - Cámara Forestal de Bolivia Ampliar sus acciones a todo el territorio nacional y medir con la misma vara a todos los regulados, facilitando la producción en los bosques naturales y promoviendo las plantaciones forestales comerciales. • Lic. Nelson Hinojosa Jiménez – Asociación Boliviana de Aseguradoras La exigente regulación de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros -APS- hace que el mercado de seguros mantenga un buen funcionamiento técnico y financiero, sin embargo se requiere que se endurezca la normativa contra las empresas extranjeras ilegales que ofertan seguros en nuestro país sin ningún respaldo ni solvencia como se exige a las compañías legalmente establecidas.