DIÁLOGO POLÍTICO
Por los derechos de las mujeres e
igualdad de género en el nuevo Gobierno 2016-2021
Voces y propuestas de las Mujeres
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Presentación
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a institucionalidad estatal presenta serias limitaciones en su obligación de promover los principios de igualdad y dignidad de todas las personas, en especial las mujeres. Si bien es cierto, las normas y políticas de igualdad de género son un avance en el país, estas tienen limitadas posibilidades materiales, de presupuesto, de personal, que dificultan su ejecución en función a sus objetivos. La elección de un nuevo gobierno es una oportunidad para que las voces y propuestas de las mujeres sean escuchadas por las y los candidatos, para que asuman el compromiso de garantizar que las normas y políticas públicas respondan a nuestras necesidades y demandas en forma efectiva, disminuyendo las desigualdades existentes. Presentamos en este documento una síntesis de propuestas priorizadas por diversas organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, redes, plataformas, espacios de concertación de género, entre otros colectivos de la sociedad civil, en relación al derecho a la educación, derechos sexuales y reproductivos, derechos económicos, derecho a una vida libre de violencia y discriminación, derecho a la participación política, y derecho a un ambiente y uso sostenible de los recursos. Pretendemos con ello, sumar en la construcción de una democracia real, cuyo fin sea el fortalecimiento de las ciudadanías, los derechos y la participación protagónica de las mujeres desde sus diversas experiencias y propuestas. Así como dar visibilidad a la diversidad de mujeres, colocando importantes retos que implican ampliar el foco centrado tradicionalmente en la mujer como madre, o como medio para el bienestar de los/as demás, y reconocerlas como sujetas de derechos.
Comité Organizador.
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Derecho a la educación Apuntamos a la mejora de las condiciones de acceso, permanencia y culminación oportuna de la secundaria de las adolescentes, enfatizando en las áreas rurales, donde solo el 24% culminan oportunamente su secundaria. Asimismo, al cumplimiento de las políticas y programas educativos con enfoque de género y a escuelas y centros de estudios superiores como espacios democráticos, donde se construya una cultura de paz, y relaciones igualitarias y de respeto entre hombres y mujeres. Para ello, deben tomarse en cuenta las siguientes iniciativas: ►► Seguimiento al cumplimiento de la Ley No 29600 que fomenta la reinserción escolar de las adolescentes por embarazo. ►► Garantizar el traslado seguro de las niñas y adolescentes a las escuelas por parte de los gobiernos regionales y locales. ►► Formación profesional de las y los docentes y funcionarios, funcionarias, administrativos y técnicos del sector educación en derechos de las mujeres, enfoque de género e intercultural. ►► Diseño curricular nacional en todos los niveles educativos y producción de materiales educativos que incorporen el enfoque de género e intercultural. ►► Desarrollar una gestión educativa con enfoque de género, creando o fortaleciendo instancias con poder de decisión y que garantice la planificación estratégica con este enfoque. ►► Cierre de brechas de género en el logro de aprendizajes en matemáticas y compresión lectora. ►► Promover la capacitación a funcionarios-as y personal docente sobre la incorporación de la orientación sexual y la identidad de género como ámbitos de ejercicio de los DDHH de la población estudiantil. ►► Estudio sobre la problemática estudiantil referida a la permanencia en ambientes hostiles y/o deserción de alumnas lesbianas, bisexuales y trans a causa del acoso en las aulas (bullying).
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►► Identificación y atención de la discriminación y violencia de género hacia niñas, adolescentes, jóvenes y adultas lesbianas y bisexuales en los espacios educativos, incorporando el bullying lesbofóbico en la política contra la violencia escolar. ►► Seguimiento a la implementación de la política de educación inclusiva y fortalecimiento de capacidades de las y los docentes, funcionarios/as y técnicos.
Derecho a la salud sexual y reproductiva Exigimos respeto y condiciones adecuadas para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nos preocupa el incremento del embarazo adolescente que a nivel nacional es de 14.6% y en la Amazonía asciende al 30%. La violencia sexual que afecta sobre todo a niñas y adolescentes, el aborto ilegal e inseguro, la morbi mortalidad materna, que aún registra 413 muertes maternas al 2015 y la discriminación de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en el sistema de salud. Planteamos: ►► Educación sexual integral en las escuelas para prevenir el embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual. ►► Servicios diferenciados en salud sexual y reproductiva para adolescentes, sin tutores o padres de familia. ►► Implementar sistemas de protección social para las menores de edad embarazadas con el objetivo de que no abandonen la escuela, se garantice su salud y desarrollo y no sean discriminadas. ►► Cumplimiento de políticas y servicios de salud con enfoque intercultural que favorezcan el mayor acceso de las mujeres atendiéndolas en sus propias lenguas y respetando sus creencias y costumbres. ►► Funcionamiento de los servicios de planificación familiar, acceso a métodos anticonceptivos modernos u otros de libre elección y distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia en servicios públicos de salud. ►► Aprobación de la propuesta de Ley No 03839 de despenalización del aborto en caso de violación sexual o inseminación forzada. 4
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►► Las políticas públicas de salud sexual, reproductiva y mental deben incorporar las especificidades de la población lesbiana y bi sexual, invirtiendo en la producción de conocimiento, incorporación del protocolo de atención ginecológico para lesbianas en las guías nacionales de salud sexual y reproductiva. ►► Capacitación a los servidores(as) y funcionarios(as) de salud en derechos humanos y sexualidades no hegemónicas desde el enfoque de género que incluya el análisis sobre la heteronormatividad. ►► Campañas antidiscriminatorias para el acceso a la salud de las mujeres lesbianas bisexuales y trans. ►► Programas de salud mental con enfoque de género para las mujeres. ►► Mejorar la cobertura del seguro de salud para poblaciones en situación de vulnerabilidad, independiente de la condición de sus familias, garantizando su asistencia médica. ►► Reparación integral de las mujeres víctimas de esterilización forzada fortalecer el proceso de registro iniciado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, denominado “inscripción de presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas”, en cumplimiento al D.S 006-2015-JUS que dispuso la atención prioritaria en servicios de seguro integral de salud (MINSA), atención psicológica y acompañamiento social (MIMP), y asistencia legal y patrocinio gratuito (MINJUS) para las personas que resulten inscritas, formar una Comisión de la Verdad sobre Esterilizaciones Forzadas. Política de Reparaciones a víctimas de esterilizaciones forzadas, especialmente a nivel de los servicios de salud sexual, reproductiva y mental. Garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de esterilización forzada, quienes después de 18 años aún no han podido acceder a justicia, salvo el caso de Mamérita Mestanza, caso emblemático de la CIDH.
Derecho a la Participación Política y ciudadanía La aplicación de las cuotas ha permitido un mayor acceso de las mujeres al poder político, sin embargo, aún estamos sub representadas en el congreso de la república con 22%, en los Gobiernos Regionales y Locales sólo el 38 % son mujeres. Adicionalmente se ha constatado que el acoso político restringe los derechos de las mujeres autoridades, ya que afecta a 2 de cada 5 mujeres autoridades1, y al 25% de mujeres candidatas2. Aún subsisten mecanismos de
Voces y propuestas de las Mujeres Informe del estudio sobre el acoso político hacia las mujeres en el Perú, Tammy Quintanilla. RENAMA, CMP Flora Tristán, ACS Calandria y Diakonia. Setiembre, 2012. 2 Estudio realizado por el Jurado Nacional de Elecciones y Flora Tristán, 2014 1
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discriminación y exclusión hacia mujeres en razón de su orientación sexual, identidad de género, edad, procedencia, raza, clase social, nivel educativo, etc. Para avanzar hacia la paridad en la participación proponemos retomar las siguientes iniciativas hechas por RENAMA, y por diversas organizaciones feministas y de mujeres en los últimos años: ►► Por un Estado y cultura laicos que respete los derechos humanos de las mujeres. ►► Por la aprobación de la ley 1903 para prevenir y atender el acoso político hacia las mujeres. ►► Por ampliar la cuota de género en las listas electorales al 50% y aplicar la alternancia en su composición. ►► Por el fortalecimiento de las organizaciones sociales de mujeres, respetando su autonomía. ►► Por el desarrollo de escuelas de formación ciudadana y política para las mujeres que incluya el enfoque de derechos y género. ►► Por la participación de las organizaciones sociales de mujeres en los espacios de toma de decisiones. ►► Gestión pública participativa que permita escuchar las voces y propuestas de las niñas y mujeres de las diversas regiones del país. ►► Por reducir los obstáculos de participación política hacia las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, en los espacios de toma de decisiones políticas y públicas. ►► Por espacios públicos ciudadanos que incluyan las demandas, intereses y necesidades de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales. ►► Política pública de reconocimiento de atención a los derechos de las poblaciones de lesbianas, bisexuales y trans. ►► Participación de las poblaciones lesbianas, bisexuales y trans en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas e incorporación de la agenda lesbianas, bisexual y trans, en los espacios de toma de decisiones: ministerios, partidos políticos, así como gobiernos regionales, provinciales y locales.
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Derechos económicos Las políticas deben estar orientadas a afirmar positivamente a las mujeres, revirtiendo brechas salariales, condiciones precarias de empleo, hostigamiento sexual en el trabajo, tensiones entre la dinámica familiar y laboral, discriminación y exclusión en razón de la identidad de género y orientación sexual, entre otras problemáticas. Deben fortalecer el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, reconocer y valorar su aporte a la economía del cuidado y a la vez promover las responsabilidades familiares compartidas para reducir la sobrecarga de trabajo en las mujeres. Las políticas deben llevar a implementar planes para promover y fortalecer los emprendedurismos y las pymes lideradas por mujeres, la promoción de la competitividad nacional aprovechando el gran potencial emprendedor de las mujeres peruanas. Frente a ello se debería tener en cuenta: ►► Promover políticas de empleo decente para las MUJERES (jóvenes, adultas y adultas mayores) que incentive el empleo de las mujeres sin discriminación por raza, género, orientación sexual, identidad de género, lugar de procedencia, que incluya a las mujeres con discapacidad. ►► Desarrollar políticas, programas y proyectos para la Empleabilidad de las Mujeres, de manera integral que incluya Capacitación Técnica, Capacitación en desarrollo personal, Pasantías en Empresas, Bolsa de Trabajo enfocada a las mujeres, asesoría para la inserción laboral e incentivos a empresas para contratar mujeres jóvenes y adultas. ►► Desarrollar políticas, programas y proyectos para promover y fortalecer los Emprendimientos Económicos de las mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores, de manera integral que incluya Capacitación sobre emprendedurismo y desarrollo personal, Capacitación Técnica-Productiva, Capacitación en gestión empresarial, Educación Financiera, Fondos concursables para implementar planes de negocios, incentivos como proveedores de compras del Estado, acceso a mercados y asesoría empresarial. ►► Desarrollar políticas, programas y proyectos para la inclusión financiera de las mujeres, permitiendo el acceso a micro-créditos de los emprendimientos económicos promovidos por las mujeres, así como monedero electrónico, ahorros, entre otros.
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►► Considerar la aprobación de la Propuesta de Ley No 4003 que plantea la inclusión del aporte del trabajo no remunerado en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias. ►► Ratificación del Convenio 189 OIT que reconoce el derecho de las trabajadoras del hogar a un contrato escrito, jornadas de 8 horas y salario mínimo. ►► Promover programas que conlleven a la mayor participación de mujeres en el campo de las ciencias y la tecnología y comunicación. ►► Desarrollar un sistema público de cuidados para compatibilizar las responsabilidades familiares con las laborales en entidades públicas y privadas. ►► Garantizar el acceso de mujeres con discapacidad a formación laboral y a empleo en igualdad de oportunidades. ►► Acceso universal de las mujeres adultas mayores a la seguridad social. ►► Garantizar la no discriminación de las mujeres trans, bisexuales y lesbianas en el ámbito laboral, incorporando medidas concretas de sanción hacia el hostigamiento y acoso sexual. ►► Inclusión de la no discriminación por orientación sexual y/o identidad género en la Ley General de Trabajo y procesamiento por parte del Ministerio de Trabajo de denuncias motivadas por discriminación a la orientación sexual y/o identidad de género hacia trabajadoras del sector público o privado.
Derecho a una vida libre de violencia y discriminación La violencia contra las mujeres es uno de los principales problemas del país. Las dificultades para enfrentar esta forma de discriminación son diversas y se centran principalmente en las escasas medidas para la prevención, problemas con la calidad de la atención y cobertura, la permanencia de la impunidad, el limitado acceso a la información estadística diferenciada, el bajo presupuesto, los enfoques restrictivos para implementar las políticas y el marco normativo poco eficiente. En el 2013, el Ministerio Público registró 17.763 denuncias sobre violación sexual a nivel nacional. Es decir, en promedio se realizaron 48 denuncias
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al día. Solo 925 de estos casos fueron defendidos por abogados públicos en el 2013. Además, el 95% de víctimas de violación sexual son mujeres y de ellas, el 76% son menores de edad (niñas y adolescentes). Como si fuera poco, en el 37,1% de estos casos denunciados en el 2013, el agresor era un conocido de la víctima y en un tercio de ellos, el violador era un familiar. Según un estudio del 2013 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Perú ocupa el tercer lugar en el mundo entre los países con mayor prevalencia de mujeres entre 15 y 49 años que sufren violencia sexual por parte de su pareja. Frente a esta situación planteamos: ►► Promover una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres sancionando prácticas que naturalizan la violencia machista y discriminación en espacios públicos y privados. ►► Fortalecer el conocimiento de los derechos y la mejora de la seguridad, autoestima y proyecto de vida de niñas, y adolescentes para prevenir actos de violencia. ►► Incrementar el presupuesto para la ejecución de políticas de prevención de la violencia de género involucrando al sector educación, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil. ►► Adecuar el Código Penal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tipificando las diversas modalidades de violencia sexual como delitos de lesa humanidad, incluyendo la esterilización forzada. Incluir como víctimas beneficiarias a las personas que hayan sufrido diversas formas de violencia sexual durante el conflicto armado interno. ►► Despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Tomar en cuenta el proyecto ley No 3839, que contó con el respaldo ciudadano de más de 64,000 firmas. ►► Garantizar que las y los operadores de justicia cuenten con capacitación permanente sobre derechos humanos, género e interculturalidad: y garantizar la debida diligencia. Garantizar más cámaras Gesell para todas las mujeres y suprimir las declaraciones reiterativas. ►► Incrementar, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, el número de fiscalías, juzgados y delegaciones policiales en las zonas rurales, y establecer protocolos especializados con enfoque intercultural y adecuación lingüística.
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►► Implementar un sistema integrado estadístico sobre violencias contra las mujeres, considerando la variable origen étnico, orientación sexual, identidad de género, departamento y área de residencia. ►► Fortalecer los centros de atención, incrementando su número y promoviendo su articulación con otros servicios de atención en las zonas rurales y urbanas. ►► Promover campañas comunicativas sobre la existencia de sexualidades no hegemónicas; la vulneración a los derechos de lesbianas, bisexuales y trans en el ámbito familiar y la necesidad de revertir esta situación, dirigidas al público en general. ►► Implementar un Sistema de registro con indicadores de los tipos de violencias específicas contras las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. ►► Capacitación a operadores de justicia sobre la vulneración a los derechos de las lesbianas, bisexuales y trans en los servicios del sistema de justicia y sobre las medidas para evitarlo. ►► Promulgación de una ley contra los crímenes motivados por el prejuicio y el odio hacia la población LTGBI ►► Que en el nuevo PNCV de género hacia las mujeres, se incluya un objetivo estratégico para el impulso de investigaciones, estudios y data que dé cuenta de los entramados de violencias contra las lesbianas.
Derecho a un ambiente sano y acceso y uso sostenible de los recursos El Perú está incluido entre los diez países más vulnerables del mundo al cambio climático, y si bien éste impacta en las personas de todo el mundo, lo hace de manera diferenciada entre regiones, grupos, sociedades y género. Por lo tanto, no es posible enfrentar el cambio climático sin considerar las brechas de género existentes y la participación activa de las mujeres en la atención de esta problemática. Frente a ello planteamos: ►► Incorporar el enfoque de género en todas las políticas, planes y procesos de decisión sobre gestión ambiental, gestión de riesgos de desastres y procesos de planificación y gestión de los territorios urbanos y rurales. 10
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►► Valorar el aporte de las mujeres rurales en el cuidado de los recursos naturales y la protección del ambiente, reconociendo que su accionar aporta en la conservación de nuestros ecosistemas. ►► Revalorar nuestro derecho a vivir mujeres y hombres en un entorno sano, libre de contaminación por explotación minera o petrolera. Las políticas deben respetar la madre tierra y las cosmovisiones de las poblaciones indígenas y nativas en cuanto a su relación con la naturaleza. Los Ministerios correspondientes tienen que garantizar que las empresas no contaminen los ríos, que no destruyan los bosques, que no terminen con los animales. ►► Fortalecer las capacidades de las mujeres que trabajan en la agricultura familiar para el manejo sostenible de sus recursos naturales, garantizando a la vez su acceso a la propiedad de la tierra y a la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales. ►► Implementar la Ley No 3981 de soberanía y seguridad alimentaria nutricional y la Ley N° 30355 de Promoción y desarrollo de la agricultura familiar garantizando la participación equitativa de mujeres y hombres. ►► Implementación de cocinas mejoradas u otras tecnologías que protejan la salud de las mujeres. ►► Garantizar el acceso a agua y saneamiento básico en condiciones de equidad en las áreas periurbanas y del interior del país.
Para la elaboración de este documento se ha revisado y tomado en cuenta lo siguiente: “Agenda legislativa de las mujeres”, elaborada por CMP Flora Tristán, Manuela Ramos, DEMUS, Calandria, CEDAL, Marcha Mundial de Mujeres, FEMUCARINAP, SINTRAHOGAR, Organización del Vaso de leche, CONAMOVIDI en marzo del 2015. Fue publicada y difundida en medios y redes sociales.
“Agenda de las niñas y adolescentes, estudiar y vivir con igualdad”, elaborado en el II Encuentro Nacional Políticas Educativas con enfoque de género desde las voces de las niñas y adolescentes “Si yo fuera presidenta”.
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Recomendaciones de políticas educativas con enfoque de género, elaboradas por la Red Nacional de Educación de la Niña Florecer..
Relatoría del Encuentro hacia una agenda concertada por la equidad de género y contra la violencia hacia las mujeres de Lima Metropolitana, Lima julio 2014. l
Propuestas presentadas por representante de UNFPA, revisada en su Web. Ver:http://www.unfpa.org.pe/WebEspeciales/2015/SET/FORO-CONGRESO/Nota1.html
PROMSEX, la agenda escondida de los derechos sexuales y reproductivos http://promsex.org/columnistas/item/576-la-agenda-escondida-en-los-derechossexuales-y-reproductivos/576-la-agenda-escondida-en-los-derechos-sexuales-yreproductivos.html.
Campaña para despenalizar el aborto en casos de violación sexual impulsada por el Colectivo “Déjala decidir”, emprendida por las organizaciones Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, CLADEM Perú, DEMUS, PROMSEX, Movimiento Manuela Ramos, Católicas por el derecho a decidir, Calandria, entre otras organizaciones.
Agenda de las lesbianas, bisexuales y trans, propuesta presentada por las Lesbianas Independientes Feministas- LIFS y la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima. Se tomó en cuenta demandas y recomendaciones hechas por LIFS al Informe Alternativo al Séptimo y Octavo Informe Periódico del Estado Peruano, para el 58 Periodo de Sesiones del Comité CEDAW, realizado por CLADEM-Perú Lima, junio de 2014. Informe del panel Intergubernamental de Cambio Climático 2001 y 2014. Informe alternativo de organizaciones de la sociedad civil sobre el cumplimiento de la Plataforma para la acción de Cairo a 20 años en el Perú.Mesa de vigilancia ciudadana en derechos sexuales y reproductivos.PROMSEX, Movimiento Manuela Ramos, CENDIPP, INPPARES, APRENDE, Red Nacional de Promoción de la Mujer. Lima, Perú, 2013.
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