PYMES DE INGENIERÍA: ¡Somos 68.000!

Por estos días, el gobierno del presidente Petro viene planteando la necesidad de sellar un pacto: una suerte de alianza entre el Estado y los representantes de lo que él mismo ha denominado ‘las economías populares’. En palabras simples, la tesis del mandatario apunta a reconocer -mediante garantías laborales- las actividades de aquellos que hoy se ganan la vida bajo la mirada cómplice de la informalidad.

Al revisar -desde la lente filosófica- el trasfondo de la expresión ‘popular’, es evidente que su significado abarca un espectro tan amplio como variopinto. Son populares, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas del país, concebidas todas ellas por emprendedores y trabajadores que, a fuerza de constancia y convicción, han hecho de sus organizaciones bastión de la economía nacional.

De allí, justamente, surge una oportunidad de oro para que el actual gobierno -cuyas tesis se sustentan sobre la defensa de lo popular- vea a este tipo empresas como aliadas estratégicas para generar empleo, reducir la informalidad y, por supuesto, dinamizar el crecimiento económico.

Las pymes generan ni más ni menos el 40% del PIB nacional. De igual forma, en ellas trabaja poco más del 80% de la fuerza laboral de todo el país. Pero si lo anterior no es suficiente, según el Dane, las organizaciones de esta naturaleza representan el 90% del sector productivo y del tejido económico nacional; incluso, hay estudios que sostienen que este indicador podría alcanzar el 99%.

Al adentrarse y mirar con lupa el rol de las pymes, puntualmente, en el sector de la infraestructura, el escenario parece calcado. En Colombia hay 68.623 empresas de ingeniería legalmente constituidas y de ellas, 68.062 están clasificadas en la categoría de pequeñas y medianas. En el más elemental ejercicio aritmético, lo anterior significa que %99,18 de dicha industria está conformada, justamente, por las firmas de menor envergadura.

Ahora, en muy buena medida, el universo de pequeñas y medianas firmas de ingeniaría -en contravía de lo que muchos perciben- no está asentado en Bogotá. Son departamentos como Putumayo, Chocó, Vaupés e, incluso, los municipios más recónditos, donde esas compañías prestan sus servicios, fundamentalmente, en actividades asociadas a la consultoría (estudios y diseños) y a la construcción.

Entonces, si son las regiones la plaza natural de las pymes especializadas en infraestructura, son ellas las llamadas a asumir la desafiante tarea de construir y mejorar las vías terciarias que tanto anhela del país. Incluso, podrían hacerlo -como lo ha planteado el gobierno- en llave con las juntas de acción comunal. Las primeras, bien aportarían su experiencia técnica, mientras que las segundas podrían contribuir en las labores de mantenimiento y rocería.

Es una verdad incontrovertible: son las pequeñas y medianas empresas fuente inagotable de empleo, así como activadoras de la economía, por cuanto generan ganancias a los emprendedores y a sus empleados. Pese a ello, no están exentas de padecer las dificultades financieras que sistemáticamente aquejan a los empresarios. De allí que sea necesario establecer mecanismos que no solo garanticen su subsistencia, sino que las fortalezcan y consoliden.

En línea con esto último, el gremio, con importantes aliados, ya trabaja en la creación de un fondo de financiamiento para apalancar, mediante créditos blandos, a las pymes constructoras y consultoras de ingeniería. Qué mejor coyuntura esta para que el gobierno del presidente Petro apadrine tan loable y necesaria iniciativa.

No cabe duda de que son las medianas y pequeñas empresas la médula espinal del tejido socioeconómico del país. Por ello, resulta una obligación de todos, protegerlas, velar por su supervivencia y garantizar su rol protagónico dentro de la economía nacional.