EL CAMINO HACIA UNA ERA SOSTENIBLE

La construcción de infraestructura en el país, más allá de conectar con eficiencia a las regiones, busca tomar otro rumbo: la sostenibilidad, entendida como un proceso integral que abarca no solo lo ambiental, sino también lo social, financiero e institucional. Así avanza esta apuesta.

Desde hace más de una década, cuando comenzó a estructurarse el ya conocido plan de concesiones de cuarta generación (o vías 4G), Colombia empezó a pagar una vieja deuda para tratar de poner al día su infraestructura vial y lograr una mayor competitividad regional y, por supuesto, una mejor integración de todos los territorios.

Esa billonaria apuesta, de por sí ambiciosa -y que involucraba al sector privado como nunca-, tiempo después empezó a dar sus primeros frutos pese a enormes retos en materia de licenciamiento ambiental, financiamiento, relaciones con las comunidades, coordinación entre entidades del orden nacional y territorial, entre otros.

Ahora, después de un plan de vías 4G -próximo a concluirse, tras una década de trabajos y aprendizajes para todas las partes involucradas-, la construcción de infraestructura en Colombia comenzó a tomar el camino hacia una nueva era marcada por la sostenibilidad, la conservación del medio ambiente y una mayor comprensión de las necesidades de las comunidades.

Pero ¿qué significa comenzar a transitar por ese nuevo camino? La sostenibilidad en obras civiles, como lo explica a Infraestructura & Desarrollo el vicepresidente de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Jonathan Bernal, debe ser entendida bajo cuatro dimensiones: ambiental, financiera, social e institucional.

Antes de mirar hacia esa promisoria era sostenible, señala el vicepresidente de Estructuración de la ANI, hay que resaltar que en Colombia se encontraron proyectos que, en términos de gestión social, ambiental y predial, no habían sido estructurados de la mano de las necesidades de la población. “También había otros componentes que pedían las comunidades para las áreas de influencia de las obras, como escuelas, puentes, centros de salud, entre otros”, comenta.

Y más allá de este factor, afirma Bernal, estos proyectos no contemplaban realmente intervenciones que pensaran de manera integral en la adopción de criterios de mitigación y adaptación al cambio climático. “Eso hacía que, por ejemplo, la revisión del ciclo hidrológico no se tuviera en cuenta con lo que está pasando hoy por el cambio climático. Por cada dólar invertido en sostenibilidad hay retornos positivos de cuatro veces en el futuro. Eso es muy importante y no estaba en la génesis de la estructuración de proyectos”.

Tras años de experiencias y de retos para el Estado y los actores del sector de la infraestructura, el Gobierno asumió en años recientes -de la mano de organizaciones no gubernamentales y sector priva- do- un desafío significativo: construir con claridad de criterios y políticas públicas para garantizar que los futuros megaproyectos que se hagan en Colombia no solo logren su objetivo básico de conectar regiones, sino que garanticen su sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático.

De ese propósito surgieron valiosos resultados como los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial para Colombia, un trabajo hecho entre los ministerios de Ambiente y Transporte con el respaldo de World Wildlife Fund (WWF Colombia) y Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Estos parámetros, presentados hace dos años, hacen énfasis en que la apuesta de infraestructura que tiene vigente Colombia debe tener en cuenta “los escenarios de riesgo y los potenciales impactos que representa para el ambiente”.

Los Lineamientos también plantean que existe una imperante necesidad “de que los proyectos de infraestructura de transporte ofrezcan una respuesta integral a los requerimientos funcionales de comunicación y movilidad sin comprometer el ordenamiento ambiental territorial, ni amenazar la conservación de la biodiversidad propios de un determinado territorio y los servicios ecosistémicos que presta”. Lo anterior, señalan, debe pasar por una articulación adecuada entre entidades públicas, entes territoriales y comunidades.

Estas directrices verdes trazadas por el Gobierno (y que buscan estar presentes desde la estructuración del proyecto hasta su ejecución y operación) son claras para dar línea en materia ambiental, social, tecnológica y de ingeniería para que -a futuro- se corrijan, eviten y mitiguen posibles impactos negati vos en el medio ambiente.

Los proyectos de infraestructura verde vial de ben ser, sin duda -como lo afirma esta guía-, compa tibles con la conservación y mejoría de condiciones que presentan los recursos naturales renovables y el ambiente existentes en su área de influencia.

Infraestructura sostenible, un aspecto crítico

Estos años de trabajo le han mostrado al país que hacer infraestructura es un factor crítico para lograr un desarrollo sostenible. Así lo asegura Shirley Mar donez, gerente senior de Proyectos de Infraestructu ra de la firma KPMG.

Con el desarrollo de infraestructura, detalla Mardonez, no solo se provee transporte, sino agua, electricidad, saneamiento, educación y logística. Y cuando esta se construye de forma sostenible, “po demos participar de los acuerdos y diálogos interna cionales y de un crecimiento económico inclusivo y sostenible”.

Hacer infraestructura hoy en Colombia, para la experta de KPMG, también significa impulsar la resiliencia y la circularidad. Además, se traduce en que al interior de los proyectos puedan incorporarse parámetros de sostenibilidad ambiental que aporten al desarrollo económico nacional.

Incluso, desde antes de que existieran los Linea mientos Verdes de Infraestructura Vial, el país ya alistaba algunos parámetros para promover la resi liencia climática tras los estragos generados por el fenómeno de La Niña (de 2010 y 2011) como, por ejemplo, acciones desde el Fondo de Adaptación, la Ley 1523 de 2012 (Sistema Nacional de Riesgo), el Plan de Vías Compatibles con el Clima -del Minis- se convierten en inversiones de largo plazo. Así, las entidades que reglamentan y coordinan la operación del sector tienen la oportunidad de orientar la manera de construir infraestructura vial en Colombia, generando oportunidades de desarrollo, generación de empleos, competitividad y crecimiento económico”, concluye este estudio.