Revista CEFECh 2013

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íNDICE

Acción estudiantil: formación y organización para ampliar el movimiento

4–5

Legislación: analizar proyectos de ley para denunciar la tecnocracia liberal

6–8

El modelo tributario chileno: donde los más pobres le pagan a los más ricos.

9 – 11

Negocio redondo: matrículas y aranceles que no retornan a la educación

12 – 15

AdR

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Acción por la salud: las luchas sociales que están por venir

18 – 20

Sindicalización: el potencial de una fuerza transformadora para el país

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Vecinos organizados: la solución ante el crecimiento antidemocrático de la ciudad

22 - 23

Canal Cefech

24 - 25

Infografía pág

26 - 29

Columnas

30 - 31

Equipo Ejecutivo del Cefech Contacto: web: www.cefech.cl mail: cefech@fech.cl facebook: CEFECh - Centro de Estudios FECh twitter: @Cefech Dirección: Casa Fech, Periodista José Carrasco Tapia #9

Cuidó la edición Natalia Hurtado y Pablo Marchant, utilizando la tipografía Chaparral (1997) y Avenir LT Std (1988) en el mes de octubre de 2013, Santiago. Chile¶

agradecimientos: Fundación Heinrich Böll Carlos Said A todos quienes hicieron posible cada una de las actividades realizadas por Cefech durante este periodo.


construir el conocimiento para una nueva educación

Cefech

Durante años nos dijeron que estábamos equivocados. Que hablar de derechos sociales y educación gratuita para todos era un discurso añejo y trasnochado. Que el lucro era “emprendimiento”, y criticarlo implicaba despreocuparse de la calidad, como si el lucro no la afectase. Pero a pesar de sus argumentos, el movimiento social por la educación corrió las fronteras de la discusión hasta límites insospechados, poniendo sobre la mesa cuestiones que estuvieron vetadas al debate por mucho tiempo. Los poderosos no han escatimado esfuerzos por cerrar la discusión con sus propios términos. Los “expertos” nos dicen que los problemas que vive la educación son desajustes propios de un sistema que crece saludablemente, y que basta con “focalizar mejor” los recursos. Mientras tanto, nos llenan de titulares sin contenido, apropiándose de nuestras consignas, pero acomodándolas dentro de los márgenes estrechos del actual modelo. Como estudiantes, durante años hemos mostrado la convicción de que no estamos aquí sólo para “poner el tema sobre la mesa”. Estamos aquí para construir con nuestras manos una nueva educación para un nuevo Chile. Y para eso, es importante cuestionar los mitos a los que nos condenaron, e imaginarnos cómo es la educación que queremos, qué la caracteriza y cómo se compone. Para eso, es fundamental la generación de conocimiento propio al servicio del movimiento social. Esta es la inspiración que nos movió como federación para darle un fuerte impulso al Centro de Estudios de la FECH (Cefech), el cual nació para desarrollar dos grandes tareas: por una parte, comprometer el trabajo continuado de estudiantes y egresados de la Universidad en torno a problemas educativos y similares. Y por otra, para servir como espacio de apoyo y articulación de esfuerzos que emergen desde las facultades y las movilizaciones, contribuyendo a forjar una Universidad con una verdadera vocación pública. Tenemos la convicción de que debemos avanzar hacia una educación pública, gratuita, democrática y sin lucro para todos. Pero también sabemos que eso no sucederá si nos sentamos a esperarlo, convirtiéndonos en espectadores de discusiones entre políticos y técnicos. Los actores sociales involucrados tenemos propuestas y las plasmaremos en la transformación de nuestra educación. Porque construir conocimiento para pensar e imaginar este nuevo mundo, va de la mano con la movilización y el trabajo cotidiano. Ese es nuestro gran desafío.


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Educación

Acción estudiantil: formación y organización para ampliar el movimiento Desde que se levantó la demanda de la educación como derecho social y no como bien de consumo, los bloques dominantes han intentado capturar esta bandera para hacerla suya y reinterpretarla a su manera, justificando a través de sus centros de estudios que las becas y los créditos son positivos para la educación. Ante esto, se hace importante disputar no sólo el poder político, sino que también la hegemonía intelectual de la sociedad. Por eso es que la investigación y producción de conocimiento

propio es central en una fuerza política: sólo de esta manera el movimiento social por la educación podrá fundamentar sus demandas y hacer ampliar su hegemonía. La producción de ese conocimiento es un paso. Pero tan importante como eso, es que el movimiento por la educación mantenga una base social amplia, que cuente con la presencia de varios sectores, para que adquiera cada vez más fuerza y validación de sus demandas. En resumen, necesita organización.


Ese era el objetivo que tuvo la Escuela para la Acción Estudiantil, seminario organizado en 2012 por el Cefech y que este año ya contó con su segunda versión. Este espacio, al que asistieron dirigentes y estudiantes de universidades privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica y colegios secundarios, entregó herramientas de formación y politización para ampliar los márgenes organizacionales del movimiento.

Otro tema fue la caracterización de la educación chilena y su ubicación entre los distintos modelos a nivel mundial. Al respecto, el doctor en educación y expositor de la escuela, Cristián Bellei, asegura que este sistema “es producto de un diseño institucional, cuya lógica de funcionamiento es aberrante y poco común. En Chile hemos diseñado un sistema que escandaliza al Banco Mundial, que la propia OECD considera extremo”. La Escuela para la Acción Estudiantil también contó con sesiones que trataron sobre la centralidad de la disputa por el carácter del Estado, la comunicación como forma de acción y las tareas del movimiento estudiantil frente a la coyuntura política.

La escuela contó con la participación de estudiantes y dirigentes del mundo secundario, universitario y técnico.

Uno de los temas expuestos en la escuela fue la historia reciente del movimiento estudiantil, a cargo del historiador Luis Thielemann. “La existencia del movimiento es observable en los ciclos de luchas estudiantiles, en la demanda histórica de defensa y promoción de la educación pública. Es una lucha que creció desde el reino de la necesidad, el financiamiento del sistema y sus usuarios”, dice Thielemann para explicar la importancia de incidir en este malestar social.

Andrés Fielbaum (FECH), Diego Vela (FEUC) e Isabel Salgado (Aces) participaron de la última sesión de la escuela.

Un sistema aberrante


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CEPLE

Legislación: analizar proyectos de ley para denunciar la tecnocracia liberal

Antes de que ser acusado y destituido por no fiscalizar a las universidades, el ministro de Educación de ese momento, Harald Beyer, impulsó una amplia agenda legislativa que buscaba responder las demandas del movimiento estudiantil, pero que no se condecía con lo que este exigía: el fin inmediato del lucro. A pesar de la mediática salida del economista, hoy esos proyectos continúan su rumbo en el Congreso.

El proyecto que está en el Congreso tenderá a legitimar legalmente el mercado de la educación

Este es el capítulo más reciente de una serie de perfeccionamientos que han hecho los gobiernos de la Concertación y el de Sebastián Piñera al modelo educacional, donde la solución durante 23 años ha sido crear créditos y regalar becas. Precisamente, fueron factores como la desregulación del sistema, los altos precios de los planteles y la gran cantidad de estudiantes endeudados, los que catalizaron el malestar social en 2011. Por contraparte, ya en ese momento, el movimiento social chocaba con la defensa cerrada que los “expertos” del sistema hacían del lucrativo modelo educacional.


Universidad del Mar

Para oponerse a los argumentos de esos tecnócratas, se creó la Comisión de Estudios de Proyectos de Ley (Ceple), grupo del Cefech que comenzó a analizar el marco regulatorio del sistema universitario. Dentro de los trabajos realizados, a la comisión le tocó pronunciarse sobre los proyectos de ley de la Superintendencia de Educación Superior y de la Agencia Nacional de Acreditación. Respecto a la superintendencia, se concluyó que el proyecto que está en el Congreso tenderá a legitimar legalmente el mercado de la educación, en vez de prohibir las prácticas lucrativas. En concreto, se observó que no tendrá grandes facultades para fiscalizar, per-

mitirá las operaciones con empresas relacionadas “a precios de mercado” —es decir, precios inflados— y establecerá sanciones tan débiles, que violar la ley será más rentable que respetarla. Mientras que en el proyecto sobre acreditación, la comisión advirtió que esta iniciativa legal no resolverá los problemas de la calidad universitaria, ya que no define que se entiende por “institución de educación superior”, ni eliminará el mercado que opera en desmedro de la calidad. Tampoco pondrá límites al aumento de sedes y carreras de las instituciones, ni ofrecerá alternativas estudiantiles para cuando un plantel tenga que ser clausurado por violar la ley.

CEPLE

Legalización del lucro


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La comisión también elaboró propuestas para iniciar la democratización de las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Para eso, propuso derogar los artículos 56, 61 y 67 del DFL 2 del Mineduc, que estipulan que las nuevas instituciones superiores deben “excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección, como en la elección de autoridades”. Educación como rama del derecho Entre las novedades para este año, se cuenta la realización por primera vez de la cátedra libre “Derecho de la Educación”, que se dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y que busca sentar las bases de una nueva disciplina jurídica: el derecho educacional. El objetivo de la cátedra será estudiar la implementación de las políticas educativas en el Estado, la concepción del derecho a la educación como rama del derecho público, la historia constitucional de este derecho en Chile y los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado en materia de educación. horario

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Jueves de 18:00-19:30, primera clase, Jueves 17 de octubre 2013 lugar

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Hasta ahora, estas materias se han intentado introducir a través de especializaciones del derecho administrativo o constitucional, pero con esta cátedra se espera que la disciplina cobre autonomía y complejidad.

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pío Nono 1, Providencia contacto

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catedraderechodelaeducacion@gmail.com


Ante estos niveles de desigualdad, es importante que parte del trabajo del movimiento estudiantil sea entregar propuestas de planificación económica para una sociedad más justa. Por eso es que en 2011 se conformó la Comisión de Reforma Tributaria, equipo de trabajo que comenzó a estudiar la Ley de Impuesto a la Renta, la evasión y elusión de impuestos, y el estado de nuestros recursos naturales. El impacto de los impuestos Uno de los mecanismos que los Gobiernos usan para disminuir la desigualdad, es la aplicación de varios tipos de impuestos y transferencias. Este es el caso de Australia y Canadá, donde una parte importante de la desigualdad se puede reducir a través de la carga tributaria y posterior traspaso. Pero en Chile, el impacto que genera el Estado en esa desigualdad es casi irrelevante (ver gráfico).

Es importante que parte del trabajo del movimiento estudiantil sea entregar propuestas de planificación económica para una sociedad más justa

Reforma Tributaria

En cuanto a igualdad socioeconómica se refiere, Chile está entre los países con peores índices comparados. El ejemplo más claro de esto, lo entrega la medición internacional del Índice de Gini, el parámetro con el que se mide la desigualdad de ingresos dentro de una nación. Este coeficiente coloca a los países en lugares que van entre 0 y 1, donde el primero corresponde a la perfecta igualdad —donde todos tienen el mismo ingreso— y el segundo señala la perfecta desigualdad —donde una persona concentra todos los ingresos. Según la ONU, cuando se alcanza el coeficiente 0,4 hay grandes posibilidades de que aumente el malestar social. En nuestro caso, estamos en el 0,5.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OECD y la Encuesta Casen.

El modelo tributario chileno: donde los más pobres le pagan a los más ricos


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En nuestro país, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), o impuesto al consumo, grava buena parte de las ventas y servicios que se realizan y tiene una tasa que es igual para todos. Es decir, ricos y pobres están sujetos al pago del mismo 19% de impuestos, por todas las compras que realicen y los servicios que demanden. Para el sector más pobre de la población, esto es de gran importancia, ya que consumen todos sus ingresos: al no tener capacidad de ahorro, el 19% de esos sueldos se va al Estado, lo que no ocurre con quienes sí tienen la capacidad de ahorrar, ya que en proporción aportan un menor porcentaje al fisco.


En 2012 este tema cobró relevancia cuando el Parlamento aprobó un proyecto de Reforma Tributaria. A pesar de ser anunciada como un avance, los análisis realizados por esta comisión demostraron que la propuesta fue in-

Al contrario, los análisis y propuestas emanados de esta comisión sugieren que un nuevo sistema tributario debe perseguir un cobro a través de la “capacidad contributiva” de las personas. Es en este marco, si de verdad se busca disminuir y acabar con la desigualdad, y no mantener las injusticias generadoras del malestar social, se debe legislar un nuevo sistema.

Reforma Tributaria

Una nueva ley

suficiente en lo recaudatorio e inequitativa en lo distributivo. Además, no integró medidas importantes para combatir la elusión y la injusta estructura del sistema.

Equipo Reforma Tributaria

En conclusión, la actual estructura tributaria no incide favorablemente en la distribución de ingresos, puesto que perjudica a los más pobres e impide una mayor recaudación de los sectores que sí poseen mejores ingresos.


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investigación

Negocio redondo: matrículas y aranceles que no retornan a la educación Con angustia y rabia, más de 18 mil universitarios vieron en 2012 como sus perspectivas de futuro se trastocaron cuando la Universidad del Mar, el plantel en el que estudiaban, formó parte de uno de los mayores escándalos de lucro en la educación chilena, cuando esta institución fue acusada de desviar fondos a empresas inmobiliarias. Cuando se destapó la noticia, muchos defensores del modelo intentaron demostrar que el caso no era más de un “abuso aislado”. Pero las denuncias de lucro en distintos planteles universitarios se multiplicaron y se hizo importante generar una caracterización global de la educación superior. Esa fue la misión que asumió el Equipo de Investigación en Educación del Cefech, conformado por egresados de Sociología de la Universidad de Chile, y que en un primer momento se abocó a tomar una “fotografía” de la educación universitaria, caracterizando los mercados que operan en ella y cómo recaudan fondos a través de matrículas y aranceles. ¿En qué se ocupa mi crédito? Luego de esa fotografía, el equipo investigó la evolución del sistema educativo desde 2005 en adelante, dando cuenta de un hecho revelador: mientras más aumentan los ingresos de las instituciones, sus gastos en insumos básicos para la docencia y la investigación se van estancando o disminuyendo, sobre todo en los planteles privados de masas.


Afiche invitación al foro de lanzamiento de la investigación

Investigación

Las denuncias de lucro en distintos planteles universitarios se multiplicaron y se hizo importante generar una caracterización

Andrés Fielbaum, Claudia Sanhueza, Marco Kremerman, Sergio Lavanchy, Sylvia Eyzaguirre y Rodrigo Fernández


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Por ejemplo, la Universidad del Mar, que ocupaba el puesto 18 entre 60 casas de estudio por concepto de ingreso monetario a través del pregrado, sólo está en el lugar 28 entre las universidades que gastan en tener profesores de jornada completa; ocupa el puesto 35 en cuanto a cantidad de libros; y el lugar 39 en cantidad de proyectos Fondecyt. Un caso más crítico es el de la Universidad Andrés Bello, que lidera la lista de los planteles que ganan recursos a través de aranceles y matrículas, pero está bien atrás en categorías como la cantidad de libros, donde ocupa el puesto 42. La investigación también analizó la relación entre la educación superior y el mercado laboral, demostrando que el sistema “engorda” en lugar de crecer: no existe relación entre el aumento de matrículas y lo que el campo laboral es capaz de absorber. Como resultado de este trabajo, el 28 de agosto los presidentes de la FECh, Andrés Fielbaum, y de la FEUC, Diego Vela, hicieron entrega de los antecedentes ante el fiscal Carlos Gajardo, persecutor que está llevando la causa de las doce instituciones acusadas de lucrar con la educación: universidad Bernardo O’Higgins, de la República, San Sebastián, del Mar, Andrés Bello, de las Américas, Santo Tomás, del Desarrollo, Finis Terrae, Autónoma, Central y Uniacc. Al respecto, Andrés Fielbaum declaró que la investigación muestra cómo mientras los ingresos de las instituciones se dispararon, “los insumos básicos para tener una buena educación, como profesores, libros e investigación, se han estancado, demostrando que este sistema, que comprende a la educación como un negocio, terminó por fracasar”. A pesar de los buenos resultados del trabajo, aún existe un importante desafío con el mundo técnico. Entre los institutos profesionales y los centros de formación técnica, escasea la información pública y no existen muchos elementos para ahondar el debate. De hecho, es el espacio donde hay menos regulación y más abusos, y donde los estudiantes provienen de los quintiles más bajos.



Arancel de referencia

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Entender la educación como bien de consumo, un exceso En abril del año pasado el entonces titular del MINEDUC Harald Beyer, anunció que presentaría un proyecto de ley que creaba un “nuevo sistema de financiamiento para la educación superior”, en el que se anunciaba la salida de los bancos del negocio de la educación y reduciría el interés del crédito con aval del Estado de un 6% aproximado, a un benéfico 2%, cuestión que ya se había hecho un proyecto anterior. No obstante lo anterior, la nueva propuesta de financiamiento resulta ser contradictoria con sus mismos principios cuando develamos sus consecuencias. Es en este contexto, que la Comisión Técnica del Centro de Estudiantes de Ingeniería Industrial (CEIN) de la Universidad de Chile, realizó una Minuta de Análisis con respecto al proyecto de ley impulsado por el gobierno que busca dar una nueva metodología de cálculo del Arancel de referencia. Dentro de las consecuencias más críticas del proyecto de ley se encuentran las siguientes: • Se propone que las universidades sean las que se encarguen de la diferencia entre el arancel real y referencial mediante créditos y becas para los alumnos pertenecientes al 60% más vulnerable, cuestión que puede perjudicar a la universidad por no tener capacidad para responder con los montos, y por ende vuelvan los bancos a tener un papel protagonista ahora teniendo como contraparte a la universidad, disminuyendo así el riesgo de no-pago. • Las universidades se pueden ver afectadas por la nueva propuesta, ya que al bajar considerablemente los aranceles pueden reducir los dineros invertidos en investigación u otras materias que la institución estime convenientes para el proceso educativo. Inversiones que no son consideradas en el cálculo. El hecho de que hayan aranceles más bajos obligaría a cada universidad a cubrir un mayor monto con los alumnos que no puedan pagar la diferencia entre el Arancel de Referencia y el Arancel Real, y volviendo a introducir a la banca, de manera más indirecta, al sistema.

n+m

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i=m+1

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Área de Extensión

Área de Extensión


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El aumento de las movilizaciones relacionadas a la salud es un fenómeno que cobró relevancia durante los últimos meses. Las protestas en Tocopilla, Quellón y Casablanca han dejado en evidencia que en el sector existe una crisis similar a la del sistema educacional: la privatización del derecho a la salud generó los mismos estragos que producen los créditos universitarios.

Acción por la salud: las luchas sociales que están por venir

Algunos especialistas en la materia llevan años denunciando la decadencia a la que está condenada la red asistencial pública. Estas advertencias no habían sido tomadas en cuenta por las autoridades, que se negaron a ver la agonía de los hospitales y consultorios del país. Pero recientemente, el mismo Ministerio de Salud confirmó la situación. Según informó esta repartición, en el sector público faltan 442 internistas, 131 médicos generales, 125 pediatras y 83 especialistas en imágenes, entre otros. Al mismo tiempo, el director del Servicio de Salud Metropolitano Sur informó que de las horas de anestesia que requiere este sector, la mitad debe ser cubierta por prestadores privados. A esto se suma, decía el director, la falta de interés por los cargos: en Buin aún no se han llenado los cupos de anestesistas.


sistema privado —por el plan GES—, entonces el Estado paga hasta 13 veces más por la atención. Las cifras son grandes si se considera que el 46% de las atenciones privadas son a usuarios con Fonasa.

Las protestas por el derecho a la salud pueden ser explicadas al analizar el desmantelamiento de la red estatal en los últimos 20 años y el crecimiento constante del sistema privado, donde el segundo se ha expandido muchas veces gracias a dineros del primero. Por ejemplo, entre 2005 y 2012 el traspaso de recursos a los prestadores privados alcanzó los US$6.809 millones. Uno de los mecanismos a través del cual se desvían estos recursos, es el plan de Garantías Explícitas en Salud (GES), el cual establece que cuando el prestador público no pueda cumplir con las garantías de acceso y plazo máximo de atención, debe derivar el paciente al sistema privado, donde muchas veces se atiende con dineros fiscales. La situación empeora con el desfinanciamiento de los hospitales, que arrastran una larga deuda, ya que Fonasa no cancela el costo real de las prestaciones. Pero esto solo ocurre en el sistema público, porque si el paciente es derivado al

Por el derecho a la salud El desmantelamiento de la salud pública seguirá agudizándose, hasta generar una crisis del sistema. Considerando que el Estado y sus políticas se han olvidado de la red asistencial por tantos años, llama la atención que no haya habido un estallido social de gran magnitud. Es sobre este análisis que el Centro de Estudios de la FECH (Cefech), el Observatorio de Políticas Públicas de la Salud (OPPS) y la Fundación Creando Salud, organizaron este año la primera “Escuela para la acción: por el derecho a la salud”, iniciativa que tenía el fin de generar discusiones y reflexiones sobre su estado en Chile. La escuela convocó a asociaciones de usuarios, trabajadores de la salud y estudiantes, los que analizaron en grupos las perspectivas del sistema de salud, las luchas y las reivindicaciones de esta área, conclusiones que derivaron en propuestas para avanzar hacia un mejor sistema de atención para la población chilena.

Salud

La agonía del sistema público

A lo anterior se suma el problema de las Isapres. Estas instituciones manejan la previsión bajo el principio de la “selección de riesgo”, es decir, captando a la población que les genere un beneficio económico —individuos jóvenes, sanos y ricos— y expulsando a la población costosa — individuos viejos, enfermos y pobres—. De esta manera, nos encontramos con que el 90% de los cotizantes en las Isapres tienen rentas por sobre el ingreso promedio del país, lo que genera una segregación en el sistema.


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El desmantelamiento de la salud pĂşblica seguirĂĄ agudizĂĄndose, hasta generar una crisis del sistema.


Sindicalización: el potencial de una fuerza transformadora para el país En la historia nacional reciente, el movimiento popular se ha integrando por sectores de la población de variadas capas sociales, lo que le otorgó nuevas fuerzas. Pero ese crecimiento también vino con varios puntos débiles, los que son aprovechados por los sectores dominantes para mantener a raya el descontento de la gente.

Escuela Político Sindical

Uno de esos flancos es el desarme político del mundo sindical. A través de un cuestionado plan laboral —en el caso del actual Gobierno— o de la cooptación de las dirigencias sindicales —en el caso de la Concertación—, los dueños del país han impedido por muchos años que los trabajadores tengan incidencia política en sus puestos de trabajo.

Ante la necesidad de incidir en un plano fundamental para empujar cambios sociales, el Área del Trabajo del Cefech inició una serie de iniciativas que buscan aportar a la reconstrucción política de la fuerza laboral. Por eso es que en 2012 se realizó la Escuela Político-Sindical, proyecto enfocado a la articulación con dirigentes laborales.

Como resultado de esto, en 2012 se contabilizaban 934.806 trabajadores afiliados a alguno de los 10.537 sindicatos existentes en el país, lo que representa tan solo el 12% de la fuerza laboral ocupada. Lo que también quiere decir, viéndolo de otro modo, que existe un capital de 6,7 millones de trabajadores que podrían liderar las transformaciones del país si es que son capaces de organizarse.

Algunos de los contenidos tratados fueron el carácter social del Estado, la historia del movimiento obrero, las transformaciones de la estructura social y económica, las reformas laborales, el control sindical de la producción, y el estado del sistema educacional, tributario y de salud en el país.

Paralelamente a este proyecto, el Área del Trabajo busca cuestionar elementos de la realidad laboral, como las prácticas antisindicales y la existencia masiva del “multirut” en las empresas, lo que ya se inició en 2012 con el encuentro sindical. Mientras que este año, se conformó un grupo de estudio para abordar las transformaciones sociales del país y relatar la historia reciente de los trabajadores latinoamericanos.

Trabajo

Escuela Político-Sindical, proyecto enfocado a la articulación con dirigentes sindicales.

La experiencia se convirtió en un espacio de vinculación entre trabajadores y estudiantes, en el que se generó un momento de discusión política fraternal. Por eso es que la iniciativa se estará repitiendo este año: para el 4 de diciembre está fijado el cierre de la segunda versión de la escuela.


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Territorial

Vecinos organizados: la solución ante el crecimiento antidemocrático de la ciudad La lucha territorial ha sido uno de los ámbitos más relevantes dentro del crecimiento antidemocrático de la ciudad: una pelea de larga data en Chile, que ha sido desarrollada principalmente por los movimientos de pobladores, un importante actor social de los últimos 60 años, que demandaba un mayor acceso a la tierra y la obtención de viviendas. Con el paso de las décadas, estas peticiones no sólo quedaron inconclusas, sino que incluyeron otros aspectos, como la segregación social, la calidad de las viviendas y la precarización social del entorno. Esto se expresó en los conflictos habitacionales, cuyo mejor ejemplo fue la Toma de Peñalolén, dando paso al problema de los deudores habitacionales, demanda levantada por Andha Chile, organización que realizó numerosas protestas entre 2004 y 2006. Paralelamente, surgieron otros conflictos urbanos ligados al crecimiento de la ciudad. La participación ciudadana Por esto es que el Cefech inició en 2012 una estrecha colaboración con la Fundación Decide y la Fundación Heinrich Böll, para analizar cuál era el margen de influencia ciudadana en la Región Metropolitana y generar propuestas al respecto, trabajo que se materializó en el libro “Espacios institucionales de participación y actores políticos comunales”.

El libro “Espacios institucionales de participación y actores políticos comunales”, analizó las formas de incidencia ciudadana en seis comunas de la región. El objetivo de la escuela de dirigentes es encontrar líneas comunes para los diversos conflictos urbanos de la región.


Un común dominador de estos conflictos es la manera excluyente en que se construyen los espacios urbanos: no existen mecanismos participativos que incorporen a la ciudadanía en la definición de los destinos de sus espacios, la que queda al arbitrio de la especulación del suelo que hacen las empresas inmobiliarias. Se trata de un problema central que, sin embargo, en escasas ocasiones alcanza ribetes políticos. Análisis que impulsa nuestro trabajo, por lo que este año se desarrolla la “Escuela Fernando Castillo Velasco”, iniciativa pensada para dirigentes sociales, que busca construir una reflexión política, una caracterización de conflictos y una articulación de los líderes vecinales y comunales, con el objetivo de que las distintas luchas sociales de la urbe encuentren un camino común dentro del proyecto de ciudad. Sabemos que los aspectos económicos y sociales heredados de la dictadura son los principales causantes del malestar social de los últimos años en Chile. Pero es evidente que aún no existe un descontento generalizado hacia todos los frentes del “modelo de desarrollo”, excepto por focos como el educacional, el medio ambiente y la salud.

Sesión de la Escuela Fernando Castillo Velasco, en la que participan dirigentes sociales de varios sectores de la ciudad.

En estos casos, los protagonistas de las movilizaciones han impulsado un sentido común que está influenciando a otros sectores sociales, los que comenzaron a cuestionarse las condiciones injustas bajo las que viven. Pero ese sentido común no tendrá gran hegemonía si es que el movimiento social no profundiza sus diagnósticos y elabora una estrategia que le permita actuar políticamente en otras esferas.


Canal Cefech

Con el fin de poder explicar algunos concepto claves que han estado en la palestra durante este año, Cefech ha realizado una serie de videos explicativos con el fin de acercar, de otra manera, las reflexiones elaboradas a los estudiantes movilizados. Podrás encontrarlos en YouTube en el canal: Videos CEFECh

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CEFECh - Centro de estudios FECh Este video explica de manera general que es Cefech, en qué consisten sus áreas de estudio y cómo se organizan

Ley de Superintendencia de Educación En este video Esteban Serey, miembro de la Comisión de Estudios de Proyectos de Ley, explica el Proyecto de Ley de Superintendencia de Educación Superior. Analiza los mecanismo bajo los cuales esta opera y porque las medidas que propone para regular el lucro son insuficientes.

La Educación como un Derecho Social Este video consiste en una entrevista realizada al profesor Fernando Atria, en donde explica el concepto de derecho social, el rol subsidiario del estado y como esto afecta en la distribución de los recursos en la educación, en especial en el caso de la educación escolar de carácter publico.


Reforma Tributaria y desigualdad en Chile Este es el primero de una serie de videos que realizaremos para explicar el problema tributario en Chile. En este, el primer video, Aron Núñez, coordinador de la Comisión de Reforma Tributaria explica las bases de la desigualdad en Chile.

La introducción del mercado en la educación (Parte 1) Para tratar este tema realizamos una serie de dos videos en donde el profesor Cristian Bellei nos habla acerca de los mecanismos de introducción del mercado en educación, desde la década del 80 hasta nuestros días. Durante las próximas semanas lanzaremos el tercero de la serie que sintetiza y evalúa el desempeño de este sistema educativo. Durante el próximo mes lanzaremos otra serie destinada a tratar el tema de la segregación en Chile.

Foro: “Radiografía del modelo universitario chileno: la ineficiencia tras un gran negocio” En este video se presenta y explica la investigación realizada por CEFECh: “El poder económico y social de la educación superior en Chile” en el contexto del Foro realizado el día 14 de Agosto en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.


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Infografía



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columna

Mientras la Cámara de Diputados votaba estrechamente a favor de la acusación al ministro de Educación, pocos días antes, el Senado aprobaba en general el proyecto de Superintendencia de Educación Superior. Dicha situación expresa la instalación de un mito: más allá de si Beyer “hizo la pega” o no, la agenda legislativa del Mineduc acabará con los vacíos que hoy impiden fiscalizar el lucro en la educación superior. Un análisis más acucioso muestra que el paquete de reformas apunta exactamente a lo contrario: construir un marco regulatorio bajo el cual el lucro sí esté permitido por ley. 1. Superintendencia: La “prueba de la blancura” del lucro. El proyecto faculta a la superintendencia a fiscalizar solo una muy restrictiva lista de incumplimientos normativos de las universidades, legalizando de facto todas las demás actuaciones. Esto es crítico respecto a las operaciones con personas o sociedades relacionadas: se las permite abiertamente, con el requisito de que sean “a precio de mercado”, condición irrisoria, dado que estas se realizan por contacto directo entre universidad y sociedad vinculada, sin que exista un mercado propiamente tal. Además, entiende por “persona relacionada” únicamente parientes de algún directivo de la universidad hasta segundo grado de consanguinidad (lo más lejano sería hermano o cuñado). Es decir: extraer ganancias de una universidad mediante una operación con un primo o socio comercial de un director sería una forma de lucrar perfectamente válida. 2. Acreditación: Cree su universidad sin mayor esfuerzo. Este proyecto mantiene la lógica imperante desde los 80 en adelante, de proliferación indiscriminada de instituciones, y de usar la acreditación como un mero mecanismo de regulación ex post, que no se hace cargo de un sistema profundamente segmentado en cuanto a la calidad de las prestaciones educativas. La iniciativa condiciona la creación de un plantel a un Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI), pero no impone requisitos mínimos sobre qué se considerará una universidad, instituto profesional o centro de formación técnica. Además, prohíbe que ingresen estudiantes a una institución que no cumpla su

La agenda del Mineduc: Una voz de alerta


PDI, pero esto opera solamente en el proceso de licenciamiento (no en la acreditación posterior), lo que no permite fiscalizar instituciones que puedan alejarse de sus metas, de por sí formuladas sin requisitos. El proyecto, además, quita el reconocimiento oficial a los planteles que pierdan su acreditación, con tres años plazo para seguir entregando títulos a sus estudiantes, lo que se diferencia muy poco de lo que actualmente ocurre con la U. del Mar. Por un mero ideologismo anti-Estado, no se incorporan figuras como un administrador provisional que continúe el giro de las instituciones y tenga potestad para reubicar estudiantes, convalidar ramos, cancelar pagarés, etc. 3. Financiamiento: Subsidio estatal al lucro. Para varias familias, la rebaja del interés al 2% representa un alivio económico. Sin embargo, este es relativo. Por una parte, las condiciones del crédito único que se propone son peores a las del Fondo Solidario actualmente existente para las entidades tradicionales. Por otra, el proyecto

introduce el criterio de empleabilidad en el cálculo del arancel de referencia y el costeo total o parcial de su brecha por las propias instituciones, lo cual (al no estar regulados los aranceles) genera un incentivo al encarecimiento de las carreras más rentables, y a la contracción de la oferta de carreras como artes, humanidades, ciencias sociales, etc. Además, este proyecto representa una estocada a la educación pública, en tanto diluye la diferencia entre instituciones públicas y privadas a partir de un mecanismo que subsidia con recursos públicos a todo tipo de institución. Según el Informe Financiero emitido por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a fines del 2011, la rebaja del interés al 2% le costaría al Estado cerca de $100.000 millones promedio al año, parte importante de los cuales podría irse a instituciones creadas casi sin requisitos y que lucren de manera legal, “gracias” a los proyectos de Superintendencia y Acreditación. Por todo lo anterior, es necesaria una voz de alerta: Beyer no puede ser un árbol que no deje ver el bosque. La misma fuerza con que la oposición ha promovido una acusación constitucional motivada por la ausencia de fiscalización al lucro, debe también ser puesta para impedir el avance legislativo de un marco regulatorio que lo legitima e institucionaliza. Separar una cosa de otra representa una complicidad con el lucro que la sociedad chilena no puede ni debe estar dispuesta a permitir. Gonzalo Winter José Miguel Sanhueza Centro de Estudios FECh


Primavera, Santiago 2013


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