Discurso del Dr. Guillaume Long, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, en la jornada inaugural del “Taller regional sobre la elaboración de un Instrumento Internacional jurídicamente vinculante sobre Empresas Transnacionales y otras Empresas, con respecto a los Derechos Humanos”. Quito – Ecuador, 6 de octubre de 2016
Embajadora María Fernanda Espinosa, presidenta del Grupo de Trabajo Intergubernamental para el instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos; Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador; Dr. Carlos López, investigador de la Comisión Internacional de Juristas; Dr. Marcos Orellana, director del Programa de Derechos Humanos y Ambiente del Center For International Enviroment Law; Sr. Alberto Villarreal, representante de la Organización no Gubernamental, Amigos de la Tierra; Representantes internacionales, responsables de la unidad a cargo de derechos humanos de los países de la región; Representantes de las Carteras de Estado del Ecuador; Funcionarios de la Cancillería ecuatoriana,
El 27 de junio de 2014, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se aprobó la Resolución 26/9, gracias a la propuesta conjunta de los Gobiernos de Sudáfrica y de Ecuador, que
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ha recibido el apoyo de muchos países y organizaciones sociales en todo el mundo. Esa Resolución dio origen a la creación del Grupo de Trabajo Intergubernamental que, gracias al apoyo y confianza de todos los Estados, es presidido por la Representante de Ecuador ante la ONU en Ginebra, Embajadora María Fernanda Espinosa. Dicho Grupo tiene la misión de elaborar, con el aporte de los países miembros y otros actores - organizaciones internacionales e organizaciones
intergubernamentales,
organizaciones
sociales,
academia, etc.-, un instrumento internacional jurídicamente vinculante, que regule el impacto de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos en nuestros países. La reunión que celebramos hoy tiene por objetivo dialogar, escucharnos, y compartir visiones sobre este importante tema. Estos intercambios regionales nos permitirán alinear esfuerzos y avanzar con celeridad en el gran proyecto de dotarnos de un marco regulatorio sobre las obligaciones de las transnacionales respecto de los derechos humanos. Estimadas y estimados amigos, La inversión extranjera es un elemento fundamental para nuestras economías. El tejido productivo y comercial, sostenido por recursos de inversión, constituye el soporte material de nuestras sociedades. En Ecuador conocemos lo importante que resulta asegurar un flujo sostenido de recursos de inversión para generar empleo y asegurar el bienestar de nuestro pueblo. En nuestro caso, en estos últimos años se ha producido un incremento muy importante del volumen de inversión pública, destinada en gran medida a la 2
construcción de infraestructuras de transporte y conectividad, así como a lo que hemos dado en llamar el cambio de la matriz productiva. A diferencia de lo que la ortodoxia neoliberal proclama, esta inversión ha generado un efecto crowding-in, es decir, la inversión pública no sólo no ha expulsado a la inversión privada, sino que la ha fortalecido. Somos conscientes de que muchos inversores –sean públicos o privados- buscan condiciones de estabilidad y certidumbre para poder emplear sus recursos en inversiones productivas. Somos de la opinión que, junto a un marco regulatorio estable y justo, la inversión responsable, duradera y sostenible –no la inversión del quick buck, que tanto daño ha hecho a nuestros países- es la que ayuda a generar, precisamente, esas condiciones de estabilidad. Todos tenemos mucho que ganar: Estados, Gobiernos, pueblos y corporaciones, si hay reglas claras que se respetan. La inversión comprometida y sostenida contribuye a diversificar y fortalecer nuestras economías, lo que sin duda genera mejores condiciones de rentabilidad para futuras inversiones. Para el Ecuador es ineludible que esa inversión extranjera esté guiada por condiciones que garanticen nuestra soberanía, que salvaguarden los intereses nacionales y de nuestros ciudadanos y, por supuesto, siempre en irrestricto respeto a los Derechos Humanos. Damos, pues, la bienvenida a esa inversión responsable y necesaria. Estimados y estimadas representantes, En un mundo globalizado, las empresas transnacionales de alta capitalización pueden desarrollar las distintas fases del proceso 3
productivo de forma deslocalizada. Esta realidad ha generado una problemática que los Estados y los Gobiernos debemos enfrentar de manera conjunta y articulada. La facilidad con que el capital transnacional es capaz de traspasar fronteras genera en ocasiones falta de claridad respecto de estándares mínimos que las empresas transnacionales deben respetar en cualquier lugar. Por ello, creemos que es necesario avanzar en mecanismos vinculantes, ya que hasta ahora hemos evidenciado que los modelos normativos basados en la voluntariedad no recogen el compromiso necesario por parte de las empresas. La autorregulación no garantiza los derechos humanos básicos, y, por el contrario, sostiene un régimen internacional injusto y asimétrico en cuanto a las obligaciones que asumen distintos actores. Tanto en el ámbito regional interamericano, como en el ámbito universal, hemos conseguido dotarnos de sistemas de protección de los derechos humanos que, basados en el ius cogens, o derecho imperativo, generan obligaciones erga omnes para los Estados. Durante más de medio siglo, la construcción de este sistema se ha basado en la idea de que son los Estados los principales responsables de las afectaciones o violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la realidad cotidiana en muchos de nuestros países nos enseña que también las corporaciones, y en particular las transnacionales, pueden cometer, y de hecho cometen, graves violaciones de derechos humanos. Es, por tanto, fundamental que, más allá de los marcos de adscripción voluntaria, basados en guidelines de aplicación discrecional, seamos capaces de construir un sistema que, en el plano
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de la actuación de las corporaciones transnacionales, también genere obligaciones de obligado cumplimiento. Sostener el actual sistema supone validar un doble rasero inaceptable e insostenible, desde las nuevas realidades que el mundo contemporáneo impone respecto de la garantía de los derechos humanos. Estimadas autoridades, En la década de los noventa, Ecuador, al igual que la mayoría de países de América Latina, suscribió los llamados “Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones”, o TBI, aceptando con ello obedecer a centros internacionales
de arbitraje
para la resolución de
controversias entre inversionistas y Estados. Las injusticias cometidas por estas instancias arbitrales se evidencian en la parcialidad con la han venido resolviendo los conflictos entre empresas transnacionales y Estados receptores de la inversión. Según la Unctad, en 2015 el 60% de los casos se resolvieron a favor de los inversores. La industria del arbitraje y resolución de controversias entre empresas transnacionales y Estados se ha convertido en una actividad muy lucrativa para un puñado de bufetes de abogados litigantes, a menudo con graves conflictos de interés con los tribunales arbitrales. Esta realidad, junto a la opacidad que rige el manejo de los casos y las condiciones ominosas en que los Estados deben concurrir a las instancias arbitrales que configura un escenario catastrófico para nuestros países. La pretendida neutralidad de estos foros es un espejismo.
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Creemos que es fundamental que reflexionemos sobre estas injustas prácticas mundiales que han ocasionado que el derecho internacional se encuentre al servicio de las corporaciones y del capital internacional, en detrimento de los Estados de Sur global y su capacidad de financiamiento. Estimadas y estimados participantes, Nuestro Gobierno aboga por un nuevo e innovador marco normativo entre empresas transnacionales y Estados receptores de la inversión. Una relación caracterizada por el respeto de estas empresas a las legislaciones
nacionales
y
a
los
principales
instrumentos
internacionales sobre derechos humanos existentes. Un marco que siempre permita anteponer los intereses de las personas por sobre los del capital, pero que consiga armonizar los intereses de todos los actores. Necesitamos reglas claras, justas, de obligado cumplimiento, que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, así como una correcta implementación de la inversión extranjera que ayude a generar un desarrollo sostenible. Alcanzar ese equilibrio justo se constituye como un imperativo moral y un objetivo irrenunciable. Sugiero que, con estas máximas, nutramos al espíritu del futuro Instrumento Internacional en cuestión. Señores y Señoras representantes, Tenemos en nuestras manos una responsabilidad histórica: saldar la brecha existente por más de cuarenta años en Naciones Unidas. Perfeccionar el sistema universal de promoción y protección de los 6
derechos humanos. Equiparar el nivel de protección del que goza el capital, con el nivel de protección del que deben gozar los pueblos. Eliminar los privilegios de las grandes corporaciones y defender siempre los derechos humanos, en cualquier lugar y ante cualquier amenaza. Les reitero mi más fraternal bienvenida, y les deseo mucho éxito en estos días de trabajo y diálogo. ¡Muchas gracias!
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