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4. El futuro del Ingreso Mínimo Vital más allá del contexto de la crisis de la COVID-19
Además de modificaciones realizadas por el Gobierno y enmiendas hechas en el Congreso, ha habido dos nuevos reales decreto el 22 y el 28 de septiembre de 2020, que han modificado ciertos criterios, permitiendo ampliar la capacidad de cobertura del IMV. El martes 2 de febrero de 2021 el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que incluye modificaciones en el Ingreso Mínimo Vital. En cuanto a sus características, se trata de una renta de 470 euros al mes(14) para una persona adulta que viva sola y, cuando se trata de una unidad de convivencia, esa cantidad se incrementa en 141 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.034 euros al mes y, en el caso de las familias monoparentales, se añade un complemento equivalente a un 22% de las pensiones no contributivas. En el marco europeo, este derecho subjetivo está recogido en la Carta Social Europea. En lo que respecta al ámbito de la Unión Europea, el Pilar Europeo de Derechos Sociales (Gotemburgo, noviembre 2017) recoge entre sus principios, en concreto en el número 14, dedicado a la renta mínima, que todas las personas tienen derecho al acceso a bienes y servicios habilitantes. Junto con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, que aprobó la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la aprobación en España del Ingreso Mínimo Vital ha supuesto un importante hito para la lucha contra la pobreza. El IMV es una herramienta que ha de asegurar la vida digna de las personas para que participen en la sociedad, manteniéndolas económicamente a flote para tratar de evitar que caigan en la dimensión económica de la exclusión social y, a partir de ahí, en otras dimensiones relacionadas con esta.
4.2. Evolución de la implementación del IMV y primer balance desde su aprobación según datos oficiales de la Seguridad Social El Ingreso Mínimo Vital responde a una demanda vinculada a un contexto con problemas sociales estructurales que no tienen respuesta en el modelo productivo y económico imperante. La tasa de desempleo llegó al 15,3% en el segundo trimestre de 2020(15), momento en el que la pandemia estaba en su pico más alto, significando una reducción importante de los ingresos del conjunto de los hogares, pero especialmente de aquellos que ya estaban en una situación de exclusión social o en situaciones de carencia material severa, como muestra la propia Encuesta de Condiciones de Vida(16). Aunque los datos de ingresos disponibles por los hogares en España son referidos al año 2019, y por tanto no reflejan todavía la realidad del primer año de pandemia, estos datos nos muestran que las situaciones de pobreza ya estaban en proceso de empeoramiento en el periodo previo a la crisis sanitaria. Pues bien, según esta fuente, el porcentaje de población en riesgo de pobreza en 2020 aumentó al 21% (+0,3 puntos porcentuales respecto del 2019) y el 7% de la población se encontraba en situación de carencia material severa, frente al 4,7% del año anterior. Es un contexto social que avala más, si cabe, la importancia de disponer de un instrumento de protección social de carácter estatal, complementario a las rentas mínimas garantizadas en las comunidades autónomas. (14) El Ingreso Mínimo Vital ha subido un 1,8% en 2021. (15) Encuesta de Población Activa, del INE, 2.º trimestre de 2020. (16) INE. Encuesta de Condiciones de vida 2020, publicada el 15/07/2021.
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