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4. El futuro del Ingreso Mínimo Vital más allá del contexto de la crisis de la COVID-19
Resumiendo, los hogares beneficiarios del IMV son conformados en su mayoría por parejas con hijos/as y familias numerosas, constituyendo un solo núcleo familiar. Son, en su mayoría, de origen español o del resto de la Unión Europea, cuya persona sustentadora principal es mujer, con edad comprendida entre 30 a 40 años, buscando empleo y sin estudios. Por contra, aquellos cuya solicitud del IMV ha sido denegada son hogares que siguen estando, en su mayoría, con un importante estrés financiero a consecuencia de los gastos asociados a la vivienda. Se trata de hogares conformados por parejas sin descendencia y hogares unipersonales; hay un porcentaje importante de hogares en los que hay personas con discapacidad; incluyen varios núcleos familiares, principalmente de origen español y extracomunitario. Un perfil que refleja que los criterios de acceso al IMV no llegan a cubrir a todos los hogares en situación de pobreza y exclusión social. Son muchos los factores que considerar que pueden estar afectando la concesión o el rechazo de la solicitud de acceso al IMV, que se van evidenciado a medida que se hacen más estudios del impacto de esta prestación en las personas que están en situación de exclusión social y pobreza material. Algunas de las explicaciones apuntan a barreras normativas como consecuencia de la aplicación de la norma tal cual está ahora, lo que exigiría una reforma de la unidad de convivencia, la ampliación del rango de edad para incluir a los jóvenes mayores de 18 años que provengan del sistema de protección y no cuenten con otros recursos económicos, etc. Otras explicaciones apuntan también a la complejidad de la prestación en cuanto a la acreditación del cumplimiento de los requisitos lo que deriva en una tramitación por parte de la Seguridad Social extremadamente compleja y lenta, ya que supone que desde que se solicita hasta que se concede o deniega pueden pasar seis meses. Durante este tiempo, ese núcleo familiar (excepto que reciba algún ingreso de emergencia o de ámbito autonómico) no contará con ningún ingreso. Transcurridos esos seis meses sin contestación, entenderá decaída su solicitud y salvo que se haya dictado resolución expresa tendrá que acudir a la vía previa y posteriormente a la jurisdicción social que en su conjunto exigirá otros tres meses y medio, más el tiempo de resolución judicial.
4.3.5. La renta mínima de inserción o equivalente autonómico Pese a que la denominación de las prestaciones es diversa y poco sistemática, las diferentes comunidades autónomas españolas han desarrollado tradicionalmente rentas mínimas de inserción para garantizar un nivel básico de ingresos a quienes se encuentren en situación de mayor fragilidad económica. Según la EINSFOESSA 2021, el 19,8% de los hogares en pobreza severa en España la han solicitado en el último año o hace más de un año.
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