Revista Análisis Político N 81 by Carlos Sandoval

Conflicto ÓRDENES LOCALES Y CONFLICTO ARMADO. UNA METODOLOGÍA COMPARADA Clara Inés García Álvaro Guzmán Clara Inés Aramburo Alba Nubia Rodríguez Juan Camilo Domínguez 3

instituto de estudios políticos y relaciones internacionales

iepri

MAYO

AGOSTO

2014

Nº

COMITÉ EDITORIAL FUNDADOR

Francisco Leal Buitrago Profesor Honorario Universidad Nacional de Colombia Universidad de Los Andes DIRECTOR

Carlos Mario Perea IEPRI, Universidad Nacional de Colombia EDITORA

Julie Massal IEPRI, Universidad Nacional de Colombia ASESORES EDITORIALES

Daniel Pécaut Ecole des Hautes en Sciences Sociales de Paris Francisco Gutiérrez Sanin IEPRI, Universidad Nacional de Colombia Stathis N. Kalyvas Universidad del Yale, Departamento de Ciencia Política Gonzalo Sánchez Gómez Centro de Memoria Histórica Juan Carlos Rodriguez Raga Universidad de Los Andes, Departamento de Ciencia Política Hugo Fazio Vengoa Universidad de los Andes, Departamento de Historia ASISTENTE EDITORIAL

Carlos Germán Sandoval IEPRI, Universidad Nacional de Colombia COMITÉ CIENTÍFICO

Juan Gabriel Tokatlian Argentina Klaus Meschkat Alemania Camille Goirand Francia Catherine LeGrand Canadá Elisabeth Jean Wood Estados Unidos Preparación editorial, diagramación e impresión Editorial Kimpres Distribución Siglo del Hombre Editores ISSN 0121-4705 Impresa en Colombia, 2014

ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE TERRITORIO, MEMORIA Y RESISTENCIA. UNA REFLEXIÓN CONCEPTUAL DERIVADA DE LA EXPERIENCIA CAMPESINA EN EL SUMAPAZ Diego Fernando Silva Prada

LA VIOLENCIA CONTADA A LOS ESCOLARES. CONFLICTO SOCIAL Y MEMORIA EN LOS MANUALES EDUCATIVOS DEL SIGLO XX María Isabel Cristina González M.

“LOS DEL CAMPO”, “LOS DE LA CIUDAD”. IDEOLOGÍA ORGANIZACIONAL, VANGUARDIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA Y AISLAMIENTO POLÍTICO DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL, 1962-1973 Juan Carlos Vélez Rendón

contenido

Universidad Nacional de Colombia

Democracia LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EJERCICIO DE APROXIMACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURA CIUDADANA EN EL MARCO DEL DERECHO Y EL DEBER Lucía Álvarez Álvarez Albeiro Marrugo Padilla Edgar Alejandro Barrera Díaz Katherin Serrato Arengas Mara Rodríguez Giraldo Andreas Jiménez Cantillo

GOLES SON AMORES… UN ACERCAMIENTO AL PROGRAMA GOLES EN PAZ. DE LA SEGURIDAD A LA INTEGRALIDAD (UN VACÍO) Germán Eliécer Gómez Eslava

LA CATEGORÍA OPOSICIÓN POLÍTICA: REFLEXIONES PARA SU CONCEPTUALIZACIÓN José Gabriel Cristancho Altuzarra

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LA CONSTITUCIÓN NEGADA Miguel Borja

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ÁLVARO URIBE VÉLEZ POPULISMO Y NEOPOPULISMO Marta I. Fierro C.

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Internacional ENTRE VALORES COSMOPOLITAS E INTERESES ESTRATÉGICOS: DISCURSOS LIBERALES Y REALISTAS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL DE CANADÁ DURANTE LA POSGUERRA FRÍA Federmán Rodríguez M.

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ASIA Y AMÉRICA LATINA SE REPIENSAN Pío García

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análisis político nº 69, Bogotá, mayo-agosto, 2010: págs. 3-25

Clara I. García - Álvaro Guzmán - Clara I. Aramburo - Alba N. Rodríguez - Juan C. Domínguez

Órdenes locales y conflicto armado. Una metodología comparada*

Clara Inés García** Álvaro Guzmán*** Clara Inés Aramburo**** Alba Nubia Rodríguez***** Juan Camilo Domínguez******

conflicto

Órdenes locales y conflicto armado. Una metodología comparada

RESUMEN Hemos adelantado una investigación que se pregunta por cómo se reconfiguran los órdenes locales en los territorios de mayor confrontación armada en Colombia y por las posibles razones subyacentes a tal reconfiguración, entre 1991 y 2010. Este artículo presenta los marcos conceptuales y metodológicos construidos específicamente para realizar dicha investigación bajo los parámetros de una metodología comparativa. Presentamos entonces el problema y el enfoque de la investigación, la tipología propuesta para la comparación de los órdenes locales en medio del conflicto y el procedimiento utilizado para obtener posibles explicaciones acerca de las trayectorias locales en el marco de la tipología. Finalmente, se muestra los resultados comparados obtenidos a partir de esta metodología y las perspectivas que esta experiencia deja abierta para futuras investigaciones. Palabras clave: metodología comparativa, tipología, órdenes locales, conflicto armado, coerción, agencia

LOCAL ORDERS AND ARMED CONFLICT. A METHODOLOGY COMPARED SUMMARY The research question is how the local orders in the Territories larger armed conflict in Colombia are reconfigured and the possible underlying reasons for this reconfiguration, between 1991 and 2010. This article presents the conceptual and methodological frameworks built specifically for this research under the parameters of a comparative methodology. Here we present the problem and the research approach, the proposed typology for comparing local orders in the conflict and the procedure for possible explanations of local trajectories in the framework of the typology. Finally, we present the comparative results obtained from this methodology and the prospects that this experience left open for future research are presented. Keywords: comparative methodology, typology, local orders, armed conflict, coercion, agency

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Fecha de Recepción: 18/11/2013 Fecha de Aprobación: 18/05/2014

Este artículo es producto de la investigación adelantada en el marco del proyecto “Órdenes locales en reconfiguración: de regulaciones, acomodos y resistencias en regiones de intenso conflicto violento 1991-2010. Una investigación comparada”, financiada por COLCIENCIAS y por los 3 centros de investigación asociados: INER de la U de Antioquia, CIDSE, de la U del Valle y CINEP de Bogotá y con el apoyo de la Estrategia de Sostenibilidad 2013-2014 de la Universidad de Antioquia al Grupo Estudios del Territorio de la misma universidad. Colaboraron: Teófilo Vásquez, Diana Moreno y Diego Quiroga del CINEP ** Docente Investigadora Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia, Email: cigarcia01@gmail.com *** Docente Investigador Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica, Universidad de Valle, Email: alvaro.guzman@correounivalle.edu.co **** Docente Investigadora Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia, Email: caram@iner,udea.edu.co ***** Docente Investigadora Departamento Trabajo Social, Universidad del Valle, Email: albita5000@hotmail.com ****** Estudiante de Maestría, Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia, Email: dominguez.camilo@hotmail.com

ISSN 0121-4705

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Órdenes locales y conflicto armado. Una metodología comparada

Clara I. García - Álvaro Guzmán - Clara I. Aramburo - Alba N. Rodríguez - Juan C. Domínguez

INTRODUCCIÓN

En las dos últimas décadas se ha transformado la dinámica, las condiciones, las lógicas y las territorialidades del conflicto armado en Colombia, lo mismo que sus actores y sus formas de relacionamiento con los demás actores de la sociedad. De ahí que hayamos adelantado una investigación que se preguntó por las maneras cómo se reconfiguran los órdenes locales en los territorios de mayor confrontación armada en Colombia y por las posibles razones subyacentes a tal reconfiguración, entre 1991 y 2010. Nos propusimos abordar este problema conjuntamente entre tres centros de investigación asociados, proponiendo una metodología comparativa para los nueve casos locales seleccionados. Los casos fueron: dos en el suroriente de Colombia (San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá); tres en el suroccidente de Colombia (Buenos Aires, Jambaló y Puerto Tejada); uno en la Costa Caribe (Carmen de Bolívar) y dos en el noroccidente de Colombia (Riosucio, Chocó y San Pedro de Urabá). Este artículo presenta el problema y el enfoque de la investigación, la tipología propuesta para la comparación de los órdenes sociales en medio del conflicto y el procedimiento utilizado para obtener posibles explicaciones acerca de las trayectorias locales en el marco de las tipologías.

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El orden de la exposición es el siguiente: primero se presenta el problema, el enfoque y los conceptos que sustentan la tipología. En segundo lugar se expone la tipología como resultado de dos conceptos generales: la agencia y la coerción y se clasifican las diferentes casos locales estudiados. Luego se hace explícito el enfoque bajo el cual se definieron aspectos que juegan analíticamente el rol de factores independientes1 y se enuncian los pasos que siguió el análisis empírico realizado sobre los mismos. Finalmente, se muestra los resultados comparados que se elaboraron a partir de esta metodología y las perspectivas que esta experiencia deja abierta para futuras investigaciones. La aplicación de esta metodología se desarrolla en un artículo paralelo (García, Guzmán, Aramburo, Rodríguez y Domínguez, 2014). 1. PROBLEMA Y ENFOQUE

Nuestra investigación estudia de manera comparada la reconfiguración de órdenes locales en medio del conflicto armado. Este tema implica de manera más general y teórica, los conceptos de orden social, de conflicto armado y de lugar. El concepto de orden social es central en las ciencias sociales y en particular para la sociología. De una manera u otra, el tema está presente en los autores clásicos, al afirmar que para entender la sociedad moderna es fundamental captar las dimensiones económicas, políticas y culturales, de producción y reproducción de la sociedad (Marx, 1959), o bien que el poder y la dominación requieren de mecanismos de legitimación (Weber, 1969), o argumentar con mayor énfasis sobre los mecanismos de cohesión y solidaridad que hacen posible la sociedad (Durkheim, 1967). Este aporte clásico ha tenido importantes desarrollos en las ciencias sociales contemporáneas. Autores como Giddens (1984) subrayan la importancia de conceptos como la estructuración y la reproducción de la sociedad (Giddens, 1984), o bien Bourdieu (1990) quien se refiere a “campos de prácticas” y “habitus”. Friedberg puntualiza que no se puede “olvidar la naturaleza estratégica y fundamentalmente política de la interacción humana, que lleva a corroer las convenciones, normas y reglas, tan pronto como han sido creadas” (Friedberg, 1998: 288), con lo cual subraya también que un orden social no se configura de manera monolítica ni estática.

Preferimos hablar de factores independientes, como conglomerados de variables, más que de “variables independientes”, que requieren de una especificidad empírica mayor.

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Mientras que estos autores relacionan el orden social con el poder y el cambio social, nuestra investigación se preguntó, de manera más específica, por la estructuración del orden social en condiciones de intenso conflicto armado. En varios autores se habla de guerra, de guerra civil o de violencia política. Preferimos hablar más bien de conflicto entre actores armados que en el caso colombiano pueden tener distintas motivaciones, en los marcos de procesos de formación de Estado (Gutierrez et al., 2006). En este campo más delimitado, algunos autores han sido de nuestro interés. Entre ellos sobresale Statys Kalyvas (2006) quien centra su atención en países con soberanía dividida, en guerra civil, donde se ejerce control territorial y violencia contra no combatientes. El autor indaga por diferentes formas de relación o “colaboración” entre grupos armados y civiles (Kalyvas, 2006). Por su parte, Elisabeth Wood (2008) subraya como en situaciones de violencia y de guerra civil, se transforman las redes sociales y se recomponen los órdenes sociales. Por su parte, Jutta Bakonyi y Kristi Stuvoy (2005) incursionan en situaciones de conflicto armado prolongado en las que se recompone el orden social, en la economía por ejemplo, aunque no exclusivamente. El aspecto importante del aporte de estas autoras es que desarrollan un estudio comparado entre los casos de Somalia y Angola y se detienen en la importancia que tiene que uno o varios grupos armados se disputen al mismo tiempo el territorio. Finalmente, Ann Masson (2005), hace un conjunto de reflexiones sobre el caso colombiano, indicando que los órdenes sociales locales son “ordenes compuestos” en los que se superponen e intersectan redes de poder local, regional y nacional. En los marcos de una amplia bibliografía sobre el conflicto armado, algunos autores nacionales han incursionado en temas de nuestro interés. Teófilo Vásquez en un artículo sobre la relación entre los recursos, la política, el territorio y el conflicto armado muestra formas de apoyo de la población a la guerrilla, con el telón de fondo de un problema agrario no resuelto, pero también indica que esta relación y apoyo ha cambiado, especialmente con el narcotráfico (Vásquez, 2011). Gustavo Duncan hace un planteamiento importante para nosotros ya que diferencia a “los señores de la guerra” y muestra que sus intereses no son solamente el enfrentamiento armado en el territorio, sino también incidir y cooptar las administraciones estatales y, de esta manera, transformar el orden social (Duncan, 2006). Ingrid Bolivar y Lorena Nieto (2003), apuntan de manera más decidida a la capacidad de los actores armados para regular y controlar la vida social. Finalmente, en un artículo pionero sobre nuestros intereses investigativos, Carlos Miguel Ortiz (2001), se formula la pregunta acerca de las estrategias de supervivencia de la población en medio del conflicto armado.

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Órdenes locales y conflicto armado. Una metodología comparada

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En síntesis, nuestro objetivo es mostrar las formas de reconfiguración del orden social, en una dimensión local y bajo condiciones de intenso conflicto armado. Al hacer la descripción de los casos nos interesa también hacer su comparación metodológica y esbozar de esta manera una forma de explicación sobre esos órdenes sociales. 1.1. Acerca del orden social y el lugar

Son dos los conceptos generales que nos permiten delimitar el objeto y comprender factores claves para la comparación: “orden social” y “lugar”, ya se ha dicho, en medio del conflicto armado. El primero, da cuenta del propio objeto de estudio, el segundo precisa la dimensión socio espacial –local– directamente involucrada en los órdenes estudiados. Estos conceptos permiten identificar los factores que comprometen las similitudes y las diferencias básicas entre lo que llamamos ordenes locales y que los explican. El orden social como concepto se centra en el problema de la reproducción de la sociedad con las consecuencias normativas para ésta, sus instituciones y actores. Hace referencia al conjunto de patrones relativamente estables que orientan la interacción y los acuerdos intersubjetivos entre los análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 3-18

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actores que componen una sociedad –sea cual sea la escala socio espacial que la delimite (nacional, regional, local). Estos patrones orientan las prácticas cotidianas de los actores referidas a la vida social, política, económica y simbólica y establecen los medios por los cuales se ejerce la autoridad y ésta es reconocida y acatada. Además, en contextos de intenso conflicto armado, el orden y la violencia no se pueden concebir sólo como resultados que varían inversamente entre sí. La violencia puede también ser pensada como un factor determinante y co-presente en el establecimiento y mantenimiento de un tipo de orden social. Éste último es el caso de los órdenes locales objeto de este estudio. En los marcos de un concepto de orden social que da cuenta de los arreglos que, en los diferentes ámbitos de la vida política, la reproducción material y de los medios de orientación simbólica de la sociedad se producen, interesa focalizarnos en los procesos relacionales de regulación/obediencia que lo ordenan. En el contexto de conflicto violento en que nos situamos, nos pareció indispensable complementar la manera de concebir dicha relación, añadiendo un nivel adicional de complejidad, en el siguiente sentido:

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– Desde el ángulo de “la regulación”: los patrones que predominan en localidades inmersas en contextos de intenso y prolongado conflicto armado, proceden en lo fundamental de los actores armados ilegales que le disputan al Estado nacional el control de ciertos territorios y la orientación de las formas de relacionamiento social en ellos. De ahí que la “coerción” - concepto que hace referencia al ejercicio propio de la autoridad o autoridades y que tiene variaciones desde lo político hasta el uso directo de la fuerza o la violencia, se pueda aplicar tanto al Estado, cuando éste es quien ejerce efectivamente la autoridad predominante en el territorio, como a los propios actores armados ilegales, cuando son éstos quienes regulan lo fundamental de la vida local. – Desde el ángulo de “la obediencia”: la interacción que se establece en esas localidades entre armados y no armados, no reduce la alternativa de los no armados a una condición binaria de “obediencia”/”no obediencia”, “cooperación”/”no-cooperación”. Por el contrario, y apoyados en el concepto de “agencia”, abrimos el abanico de posibilidades a agencias diversas. Esa diversidad se da en virtud de las variadas combinaciones que los actores logran asumir con respecto de los patrones de acción y pensamiento de los que pueden hacer gala y a las consiguientes mayores o menores capacidades de maniobrabilidad y/o transformación de las condiciones del contexto que ello les da. Es entonces el orden social, mirado a partir de las interacciones entre la agencia (de los civiles) y la coerción (de los que detentan la fuerza de las armas), y asociado al lugar, el marco teórico del cual partimos para la identificación de los factores que permiten comprender las similitudes y diferencias entre los diferentes casos de orden local estudiados.2 El lugar es nuestra segunda herramienta teórica central. Permite focalizar las maneras como los poderes, las identidades y las interrelaciones entre procesos de diferente escala socio espacial toman forma particular en un área específica de carácter local; permite dimensionar la acción de los factores de estructura (de procesos procedentes de las escalas nacional o global en la larga o

Para un desarrollo ampliado de las bases conceptuales sobre el orden social del presente artículo, puede consultarse el artículo “Los estudios sobre órdenes locales. Enfoques, debates y desafíos”. (García, 2011).

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mediana duración), y la de los factores que proceden de espacio-tiempos más cortos y locales. Para el concepto de “lugar” nos hemos apoyado en John Agnew y sus nociones constitutivas: “locale”, “location” “sens of place” (Agnew, 1993).

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El lugar siempre implica una apropiación y transformación del espacio y de la naturaleza que es inseparable de la reproducción y transformación de la sociedad en el tiempo y en el espacio. El lugar no es sólo lo que se observa en el paisaje; es también lo que toma lugar allí, lo que contribuye con la historia de un contexto específico, a través de la creación y utilización de un asentamiento físico. El lugar es más que un objeto. Concreta las prácticas cotidianas que dan lugar a una mediación cultural. Esto refuerza la definición del lugar desde adentro y muestra el otro aspecto que define al lugar: el sentido del lugar. Es indispensable considerar también el impacto que tienen las prácticas sociales estructuradas en la larga duración sobre la constitución de la acción; lo local está localizado según las demandas de la división del trabajo espacializada, la distribución global de la producción y distribución y los patrones variables de autoridad y control. El lugar es por tanto local, localización y sentido de lugar (Agnew, 1993). Para nosotros, desde la perspectiva socio espacial, es indispensable subrayar tres asuntos nodales al tratamiento de los órdenes sociales locales: 1) El estudio de lo local no se reduce a lo puramente “particular” y “singular”. Siempre hay que remitirse a la interacción entre los procesos que operan a diferente escala. Es en la puesta en relación entre lo geohistórico –particular– y lo estructural en donde el estudio comparado de órdenes locales tiene uno de sus desafíos. 2) El estudio de lo local se comprende como un proceso que está siempre haciéndose; además, todo espacio es “un espacio de vínculos llenos de poder” (Massey, 2007: 3) y por tanto es producto de relaciones sociales y está abierto a las transformaciones. De ahí nuestra pregunta por la reconfiguración de los órdenes locales. 3) Por ser un espacio de poder, “cada lugar (es) producto de la negociación, el conflicto, la contienda entre los distintos grupos con intereses materiales, y posiciones social y políticas distintas”(Massey, 2007: 9). Más aún, al ser “la locación de la intersección de trayectorias dispares, ellos son entonces lugares de negociación.” (Massey 2004: 6 - 7).

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1.2. Acerca de la metodología utilizada 3

Utilizamos una metodología comparativa que tiene una importante tradición en la sociología histórica (Scokpol, 1984; Ragin, 1987, 2000). En la descripción y análisis de los nueve casos locales, profundizamos sobre las diferencias y similitudes claves4, sin necesidad de explicarlas de manera binaria ni por continuums que no aceptan sino diferencias de grado. Se acudió a la construcción de una tipología de órdenes locales, herramienta indispensable para articular el proceso comparado. Adoptamos un enfoque cualitativo (que no excluyó el uso de variables cuantitativas) y, dentro de éste, uno que aborda el estudio de las similitudes y diferencias a partir de “la complejidad”. No buscamos relaciones causales simples ni explicaciones totales o universales, pues no consideramos posible “afirmar la existencia de un factor determinante y universal que trascienda las historias y las culturas” (Hermet, 1993: 24), y los espacios –añadimos nosotros–. Buscamos la

En un artículo paralelo aplicamos y evaluamos en extenso la metodología utilizada. (García, Guzmán, Aramburo, Rodríguez y Domínguez, 2014). 4 Ragin (2007), plantea que existen muchos tipos de investigación comparativa, desarrollados por diversos autores (Przeworski y Tenue 1970; Skcocpol 1984; Tilly 1984; Stinchcombe 1978; Lijphart 1971), la especificidad del enfoque comparativo es más evidente en aquellos estudios que se concentran en la diversidad (Ragin, 2007:177). Sin embargo esta investigación se interesó tanto por las diversidades como por las similitudes entre las localidades estudiadas. 3

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comprensión –en cada lugar– de la particular configuración de factores condicionantes (en plural) que permita dar cuenta del resultado específico que allí se da, pero sin quedarse en la interpretación de lo particular de cada contexto histórico individual, sino sometiendo a cada localidad a una misma rejilla de análisis –con el estudio de las mismas variables– y a la comparación sistemática. Se llevó a cabo entonces un primer nivel de caracterización de los casos locales sobre la base de las interacciones entre la coerción de los actores armados y la agencia de los civiles. En el siguiente paso, se realizó un ejercicio de identificación de los factores independientes que permitieron explicar los órdenes locales resultantes y finalmente evaluamos los resultados comparativos en términos de las trayectorias que conducen a los distintos órdenes locales. 2. LA TIPOLOGÍA

Con el propósito de comparar los ordenes locales que se reconfiguraron en contextos de intenso conflicto armado en el periodo 1991-2010, la construcción de tipologías fue una herramienta muy útil, en especial cuando el enfoque no pretendió estudiar patrones generales extraídos del estudio cuantitativo de todos los casos, ni tampoco atender la complejidad de casos específicos donde cada caso aparece como único.

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El criterio básico para establecer las diferencias entre los órdenes locales se fundamentó en que “comparar es a la vez asimilar y diferenciar con relación a un criterio” (Sartori, 1994: 22). El concepto orden local facilitó la pauta al establecer la relación entre la autoridad y la obediencia como criterio central para pensar los patrones relativamente estables que rigen la vida social en los diferentes ámbitos de la vida política, la reproducción material y de los medios de orientación simbólica de la sociedad. El orden social, en contextos de intenso conflicto armado en Colombia, se puede pensar mejor en términos de las interacciones entre la agencia (de los civiles) y la coerción (de los armados que ejercen o pretenden ejercer su autoridad). Estos dos conceptos, coerción y agencia, permiten abordar la relación autoridad/obediencia de manera más amplia a una clasificación puramente bipolar. A partir de ellos se estructuró la tipología propuesta. 2.1. La Coerción

El concepto de “coerción” hace referencia al ejercicio propio de la autoridad o autoridades que se ejercen apelando a las armas y que tiene variaciones desde el uso directo de la fuerza o la violencia, hasta el ejercicio estrictamente político de la autoridad. Charles Tilly lo entiende así: “…Toda aplicación concertada, como amenaza o como realidad, de acciones que por lo general causan pérdida o perjuicio a las personas, o las posesiones de particulares o grupos, los cuales son conscientes, tanto de la acción como de sus posibles daños” (1994: 44). La coerción contiene la intencionalidad de dominio de quien la ejerce, un componente normativo (imposición de rutinas, horarios y conductas precisas en la vida cotidiana, percepción de valoraciones, elección de preferencias políticas, elección de lealtades, entre otras), medios técnicos coercitivos (armamento, organizaciones y ejércitos destinados a la guerra, capacidad para encarcelar, expropiar, humillar, publicar amenazas) toma de decisiones y cumplimiento o no de una amenaza, todos ellos elementos que configuran un ámbito de dominio (Tilly, 1994: 44- 45). La coerción incluye prácticas que van desde el uso abierto y sistemático de la violencia física y la intimidación, hasta prácticas asociadas a lo que Bourdieu ha definido como “violencia simbólica”, que en su consideración es: “esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado no puede evitar otorgarle análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 3-18

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al dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuando solo dispone, para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de esa estructura de la relación de dominación, hace que ésta se presente como natural” (Bourdieu, 1999: 224-225). La coerción puede ejercerse entonces por la vía del consenso o mejor, por la aceptación del carácter de la autoridad que se ejerce. La coerción así considerada es la columna vertebral de desarrollos institucionales como el Estado nacional moderno, o las formas estatales con soberanía fragmentada. De ahí que distingamos dos tipos de coerción: la que es fundamentalmente armada y la que es esencialmente política.

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– Coerción armada. Es aquella que utiliza como medio de dominio las armas y ejerce una violencia deliberada. – Coerción política. Así denominaremos a la coerción ejercida sin violencia explícita, con un manejo significativo de consensos y aceptación de una autoridad colectiva. Como en este estudio nos referimos a localidades inmersas en contextos de intenso y prolongado conflicto armado donde son actores armados los que ejercen o pretenden ejercer la autoridad, quisiéramos precisar dos cosas: 1) Entendemos que tanto actores armados como no armados tienen “agencia”. Sin embargo, de los armados queremos subrayar su capacidad de regular las formas de relacionamiento social con validez colectiva; de ahí que optemos para el análisis de sus prácticas y discursos por la noción de coerción (política y/o armada). En cambio, de los actores no armados queremos subrayar su capacidad de maniobra y/o transformación de las constricciones que sustentan el orden local; para referirnos a ello utilizamos el concepto de agencia. 2) Las acciones y discursos de la Fuerza Pública (Ejército y Policía) las analizamos como parte de la coerción: como “coerción armada”, en los casos de disputa armada, o como parte de la “coerción política”, en períodos recientes cuando las instituciones del Estado han recuperado su papel y el ejército sólo tiene presencia como poder de disuasión y bajo formas estrictamente legales.

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La coerción implica necesariamente una interacción entre los actores que la ejercen y aquellos a los que está dirigida y que son conminados a la obediencia. El concepto clásico parte de una posición binaria con relación a la posición de los amenazados: de obediencia/no obediencia. En este proyecto adoptamos un enfoque abierto en el que quienes son conminados a obedecer pueden tener alternativas más allá de esos dos extremos, y que trataremos al desarrollar el concepto de “agencia”. 2.2. La Agencia

El concepto de agencia hace referencia a un proceso social intersubjetivo por medio del cual los actores despliegan su “capacidad-posibilidad de producir un efecto de novedad frente a un trasfondo de constricciones normativas” (Ema López, 2004: 16-17). Este despliegue de prácticas ante acontecimientos y situaciones complejas, que ocurren en contextos relacionales temporales desencadena la capacidad de orientarse simultáneamente por el conocimiento del pasado, la proyección hacia el futuro y la evaluación de la situación presente, conformando lo que Emirbayer y Mische (1998: 9621023) denominan la “tríada de la agencia”, capacidad que posibilita cambios en la realidad social. Para estos autores, este proceso intersubjetivo relacional y temporal de agencia contiene el flujo del tiempo en la medida en que interrelaciona experiencias intersubjetivas variables de pasado, presente y futuro provenientes de distintos lugares de enunciación. A pesar de la simultaneidad de tiempos contenidos en la agencia, hay tendencias en las orientaciones temporales de ésta, sin desconocer que en ella coexisten los demás tiempos en tonalidades más bajas. Los cambios en las análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 3-18

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tendencias en la orientación temporal implican también cambios de grado en la invención y reflexividad en relación con la acción y su contexto temporal-relacional. Cuando la orientación de la agencia incorpora el influjo de patrones de pensamiento y acción asentados, sistemas de relevancia específicos y conocidos, experiencias etiquetadas bajo tipos específicos, categorías locales “naturalizadas” y no incorpora una reflexión consciente acerca de ellos, la agencia tiende a reproducir el contexto temporal relacional e inhibir cambios e innovaciones. Esto es a lo que Emirbayer y Mische (1998: 975-983) denominan iteración. Cuando la orientación para la agencia contempla e incorpora posibilidades para el futuro, identifica posibles y nuevos patrones de desarrollo, busca nuevos sentidos para moverse hacia el futuro (nuevas narrativas), crea combinaciones de sentido innovadoras y encara soluciones hipotéticas para sus proyectos de futuro, dicha orientación demuestra la capacidad para apartarse de esquemas, hábitos y tradiciones e introducir cambios e innovaciones en los contextos, que los autores denominan proyectividad (Emirbayer y Mische, 1998: 983-993). Cuando la orientación de la agencia responde a demandas y contingencias del presente, implica problematizar la situación, entender sus contradicciones caracterizándola y comparándola con experiencias pasadas, deliberando entre diferentes percepciones del problema y posibles formas de resolverlo a futuro, esto conduce a la toma de decisiones y a la ejecución o concreción de la acción. Esta orientación indica un trabajo de reflexividad e interpretación que los autores denominan evaluación práctica (Emirbayer y Mische, 1998: 994-1002). [10]

En definitiva, la agencia humana se puede entender como “… el compromiso temporalmente construido por actores de diferentes contextos estructurales –contextos temporales y relacionales de acción– los cuales, a través de una interacción entre hábito (iteración), imaginación (proyectividad) y juicio (evaluación práctica), reproducen y transforman aquellas estructuras en respuesta interactiva a los problemas planteados por situaciones históricas cambiantes” (Traducción libre nuestra. Emirbayer y Mische, 1998: 970). El concepto de agencia hace complejo el de actor colectivo. Incluye redes de actores y acciones colectivas con un sentido de historicidad y de capacidad transformadora tal y como lo hemos descrito. Para nuestro trabajo proponemos que el concepto de agencia, así entendido, abre un abanico de alternativas con respecto a las capacidades de maniobrabilidad y/o transformación de las condiciones del contexto que tienen los actores civiles en su interacción con actores armados. Proponemos cuatro modalidades diferentes de agencia que pueden tener concreción en un mismo caso local en momentos distintos o también de forma combinada, en un período dado: – Solidaridad. Por solidaridad entendemos la agencia en la que predominan las prácticas que se orientan por la colaboración solidaria y proactiva de los civiles con los armados, en función del fortalecimiento del orden social agenciado por éstos últimos. – Acomodo. Por acomodo entendemos la agencia en la que predominan las prácticas que se orientan por el acatamiento instrumental de lo más significativo de la regulación ejercida por los grupos armados, sin identidad ideológica con su proyecto. – Sometimiento. Por sometimiento entendemos la agencia en la que predominan las prácticas que se orientan a la subordinación con respecto de las órdenes e intervenciones de los armados, combinadas con algunos esguinces a ellas.

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– Resistencia. Por resistencia entendemos “la agencia que articula prácticas prioritariamente no violentas dirigidas a socavar el poder del que domina y ejerce la violencia, a obtener un propio sentido de control desafiando el miedo a reparar y recrear los elementos de cultura e identidad golpeadas o destruidas por la violencia como método para aplastar la voluntad y buscar soluciones a las deprivaciones de la guerra y al conflicto social” (García, 2004).

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2.3. Los tipos

Con base en los anteriores conceptos, se propuso la siguiente tipología: Tabla N° 1 Tipos de orden local según la relación entre la agencia de los civiles y la coerción de los actores armados Formas de Agencia

Coerción política y presencia armada

Coerción armada y presencia política

Solidaridad

Tipo 1 SOCOP

Tipo 5 SOCOA

Acomodo

Tipo 2 ACOP

Tipo 6 ACOA

Sometimiento

Tipo 3 SOMCOP

Tipo 7 SOMCOA

Resistencia

Tipo 4 RESCOP

Tipo 8 RESCOA

Es indispensable precisar que los “tipos de orden local” funcionan como “tipos ideales” que no se reproducen de forma análoga en la realidad. Operan como herramientas para comparar; no son objetos de conocimiento empírico. El decurso histórico concreto de regiones o de localidades se aleja sustancialmente del tipo conceptual. En algunos momentos el orden local puede tener rasgos compuestos por dos tipos. En algunos casos también los rasgos que dan lugar a la clasificación de varios casos dentro de un mismo tipo de orden local, pueden tener manifestaciones específicas diferentes. Además, como el período de observación de los casos se extiende por veinte años, en los cuales el conflicto armado tuvo sustanciales virajes y transformaciones, la tipología se aplicó al orden local que en el periodo estudiado fue el predominante; el conocimiento sobre las trayectorias identificadas aportó claves para la interpretación. En este sentido, vemos muy importantes los llamados de atención formulados por Ragin, de usar la teoría pero tener siempre la referencia empírica y el conocimiento concreto como objetivo principal, de tal manera que el resultado final del conocimiento construido en el proceso de investigación salga de un constante ir y venir entre los conceptos y el análisis de los datos, de la permanente afinación de los conceptos y la comprensión de los casos, y por tanto de “una elaboración más matizada de las ideas que guían la investigación” (Ragin, 2000: 126).

[11]

Una vez establecida la tipología, se inicia el proceso de investigación empírica y –en adelante– el continuo ir y venir entre los datos y los conceptos que permitieron, de manera cada vez más afinada, la identificación de las características de cada orden local estudiado y su clasificación en uno de los tipos definidos. Este proceso implicó tres momentos claramente diferenciados: a) En el primero se realizó una caracterización preliminar de los casos locales y con base en esta fueron clasificados en alguno de los tipos de orden local planteados; esta primera clasificación se asumió como “hipótesis de trabajo”. b) En un segundo momento se definieron y caracterizaron los factores independientes que permitieron explicar el tipo de interacción entre los factores identificados en cada caso estudiado. c) Finalmente se realizó una indagación sobre las similitudes y diferencias en la explicación de los órdenes locales, entre tipos y entre casos de un mismo tipo. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 3-18

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3. PRIMERA CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ÓRDENES LOCALES

La construcción de la tipología se llevó a cabo ya iniciado el proceso de investigación; por tanto fue necesario construir en primera instancia y de manera hipotética una caracterización inicial de los casos locales5, de tal manera que se pudieran clasificar en el marco de los tipos locales diseñados y así se focalizara de manera articulada la fase siguiente de la investigación, centrada en los factores independientes. Para caracterizar los casos locales en esta etapa, la mirada se centró en las prácticas y discursos con que los actores armados, los funcionarios de las instituciones y los actores civiles interactuaron en los ámbitos de la vida política, la reproducción material y los medios de orientación simbólica de cada sociedad local entre los años 1991 y 2010. Este proceso permitió focalizar tres de las claves asociadas a la interacción agencia/coerción: la acción colectiva, las prácticas mediante las cuales el Estado local se hacía presente y los eventos, actores y prácticas comprometidos por los actores armados. Para su análisis se tuvo en cuenta la periodización y la espacialización de tales manifestaciones, al igual que la incidencia que en ellas tuvieran las políticas públicas, decisiones estratégicas de los actores armados y/o intervenciones de movimientos sociales y agencias nacionales e internacionales.

[12]

La periodización permitió apreciar los umbrales dentro de los cuales se mantiene una misma forma básica y relativamente estable de relacionamiento social (definida en función de las interacciones entre coerción y agencia), y a partir de cuándo se producen transformaciones sustantivas que redefinen otros patrones de interacción relativamente estables durante otro período significativo de tiempo. Esto resulta fundamental, por cuanto entre 1991 y 2010 las dinámicas del conflicto armado tuvieron variaciones ostensibles con efectos agudos sobre los órdenes locales. Además, es diferenciada la manera en que interactúan los ciclos nacionales con los ciclos locales de la guerra, de tal manera que las trayectorias de cada orden local son específicas –en algunas coyunturas coincidirán algunas entre sí, en otras no. Por lo demás, y en razón de esos mismos cambios, para efectos de la comparación fue indispensable seleccionar el orden local que se mostrara con un patrón predominante de interacciones entre coerción y agencia durante el período de estudio, o en un lapso significativo de tiempo dentro de los 20 años estudiados. Con respecto al tratamiento de la dimensión espacial, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: en primer lugar, se hizo una observación espacialmente diferenciada de las prácticas y discursos de los actores, por cuanto no tratamos con espacios homogéneos y es importante identificar qué diferencias espaciales juegan y cuáles no en los procesos de reconfiguración del orden local y en su clasificación dentro de uno de los tipos. En segundo lugar, cada localidad se circunscribió –como punto de partida y como hipótesis de trabajo– a los límites municipales; sin embargo en el transcurso de la investigación, y con base en la observación del comportamiento de los procesos asociados al lugar, se fueron ajustando los límites territoriales objeto del estudio local. Así, los órdenes locales de los que trata esta investigación tienen diferentes circunscripciones: unos se mantuvieron bajo los límites municipales originales, otros se ampliaron, otros se redujeron. El criterio fue saber que las fronteras de los procesos socioespaciales son fluidas y porosas y que no necesariamente coinciden con los límites del ordenamiento territorial. En tercer lugar, las interacciones de los procesos locales con procesos provenientes de otras escalas socioespaciales fue una condición indispensable para el análisis y la adecuada interpretación de los órdenes locales.

La selección de los casos fue realizada al momento de la formulación del proyecto de investigación.

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Una vez lograda esta primera caracterización general de las interacciones entre la agencia y la coerción en cada caso local, inferimos su significado más general con relación al tipo de agencia (sometimiento, acomodamiento, solidaridad o resistencia) y al tipo de coerción (armada o política) que comprometen en su interacción y se procedió a la clasificación de cada caso en uno de los tipos de orden local, según nuestra tipología. El resultado6 se aprecia en la tabla N° 2.

conflicto

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Tabla N° 2 Clasificación de los casos locales de acuerdo con el tipo de orden local Tipo de orden social interacción agencia/ coerción

Casos locales Cartagena del Chairá

ACOP Acomodo/C política

San Pedro de Urabá Buenos Aires

ACOA

Acomodo/C armada RECOA Resistencia/C armada RESCOP Resistencia/C política

Puerto Tejada Carmen de Bolívar San Vicente del Caguán Jambaló Riosucio

[13]

Nariño

Esta clasificación de los órdenes locales es resultado de un continuo ir y venir entre los datos y las observaciones, confrontados con los conceptos definidos y utilizados. En el transcurso de la investigación se llevaron a cabo ajustes, precisiones y reconceptualizaciones. Los conjuntos finalmente encontrados y definidos son muchas veces “ambiguos (“fuzzy sets”), pero tienen el valor de ubicarse en una correspondencia entre la teoría y el análisis factual: “en la medida en que los “fuzzy sets” también se refieren a relaciones teóricas, ofrecen la oportunidad para crear una correspondencia estrecha entre la teoría y el análisis de datos” (traducción libre nuestra, Ragin, 2000: 4). 4. LOS FACTORES INDEPENDIENTES 7

Una vez establecidos los primeros resultados sobre la clasificación de los casos, en el tipo de orden local resultante (como hipótesis de trabajo) y presentados en la tabla N° 2, procedimos con la identificación de los factores independientes que permiten dar cuenta de dichos resultados y con la caracterización de las mismas en cada caso local. Los conceptos de orden social, de agencia, coerción y de lugar convergen aquí para orientar la selección de los factores independientes. Ellos se refieren a identidades, poderes (políticos, económicos, El análisis empírico y comparado de los 9 casos locales se realiza en artículo aparte, atrás citado. Reiteramos aquí que preferimos hablar de factores independientes, como conglomerados de variables, más que de “variables independientes”, que requieren de una especificidad empírica mayor.

6 7

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armados) y sentidos del lugar. También a las interrelaciones entre procesos de diferente escala socio espacial que condicionan las formas concretas de la interacción entre la agencia y la coerción en cada lugar. Además, estos factores se trataron con base en el principio de “la configuración compleja” entre factores, que considera varias combinaciones posibles vinculadas con la producción del orden local. Aquí seguimos a Ragín quien afirma que es un “paquete” de variables independientes el que es indispensable considerar en la explicación de los fenómenos sociales (Ragín, 2000: 72). Los factores independientes que se definieron fueron: la forma económica predominante, las identidades sociales, la forma de la acción colectiva, rasgos básicos del conflicto armado, la forma de presencia del Estado y el contexto de oportunidad. La complejidad de las diferencias que presentan los casos estudiados no permite pensar un tratamiento binario de los factores (1/0: presencia/no presencia). Cada factor fue modulado según la variación nominal que se consideró adecuada. La matriz de los factores con los que se trabajó puede apreciarse en la siguiente tabla: Tabla N° 3 Factores Independientes Forma económica

Identidades sociales

Acción colectiva

Presencia Estado

Contexto oportunidad

Conflicto armado Actor Territorio Presencia Inserción armado

[14]

Campesina

Etnica

Rutinaria

Directa

Uno

Estratégico

Dominio

Societal

Internacional

Hacienda

de clase

Rutina/ contenciosacoyuntural

Indirecta

Multi

Corredor

Control

Instrumental

Nacional

Agroindustria/ industria

Transcultural

Contenciosa

Retaguardia

Disputa

Depredación

Regional

5. LA COMPARACIÓN

Con las variables independientes establecidas, cada caso local se caracterizó en función de la manera como estas actúan en conjunto –combinación compleja– para producir un tipo de orden local. Con base en lo anterior se elaboró una tabla que señala las características específicas bajo las cuales cada orden local se manifiesta, a propósito de cada una de las variables. El resultado se puede apreciar en esta tabla:

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Tabla N° 4 La configuración compleja de condicionantes de los órdenes locales Factores Forma Identidades Acción Presencia Conflicto armado Contexto económica sociales colectiva Estado oportuno

Casos

SP Uraba

Hacienda

Transcultural Rutinaria

Actor arm.

Indirecta

Territorio Presencia Inserción

Uno

Retaguardia Dominio Instrumental Nal/Reg

C del Chairá Campesina Transcultural Rutinaria Indirecta Uno Retaguardia Dominio Societal Inter/Nal B Aires Campesino Clase Rut/cont-coy Directa Multi Estratégico Disputa Instrumental Nacional Pto Tejada

TIPO Orden local

conflicto

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Agrind-ind

Clase

Rutinaria

Directa

Multi

SV Caguán Gan-emprs

Clase

Rutinaria

Directa

Multi Retaguardia Disputa Instrumental Nacional

ACOP

ACOA

Corredor Disputa Depredador Nacional

Cd Bolívar Campesino Clase Rutinaria Indirecta Multi Estratégico Disputa Depredador Nacional Jambaló campesino Étnico Contenciosa Directa Multi Estratégico Disputa Inst Reg/nal

RESCOA

Riosucio campesino Etnico Contenciosa Indirecta Multi Estratégico Disputa societ/depred Nal Nariño campesino Clase Rutinaria Directa Uno Retaguardia Control Instrumental Regional RESCOP

[15]

Los factores presentados en la tabla N° 4 permiten identificar y hacer un análisis de aquellos que, a la manera de “paquetes”, actúan como configuraciones complejas. Hacemos un análisis doble: en un primer momento, encontramos similitudes y diferencias en las aglomeraciones complejas entre tipos y en un segundo paso, se estiman las variaciones de los distintos casos al interior de un mismo tipo de orden local. La metodología comparada utilizada, si bien se ha apoyado notablemente en los principios de la metodología de la “comparación orientada a la diversidad” planteada por Charles Ragin (2000), en la investigación realizada se han desarrollado rasgos propios, especialmente en dos aspectos relativos a la manera como incluimos la intervención de factores antecedentes y de contexto y los más particulares asociados a las especificidades de cada lugar. El primero de ellos compete a cómo los investigadores enriquecen la caracterización de los factores: en las narrativas que dan cuenta de cada orden local, se especifican los rasgos particulares bajo los cuales estos se presentan en los contextos históricos particulares a cada lugar. Esos rasgos pueden estar referidos a las condiciones más particulares bajo las cuales los factores se presentan durante el período de estudio (por ejemplo: economía campesina de colonización, o economía campesina sedimentada; clase proletariado negro, etnia indígena...), y/o a los rasgos más propios de sus procesos en la larga o mediana duración y que pueden ser fundamentales para la comprensión de lo que aparece durante el periodo de estudio (por ejemplo: experiencia antecedente en acción colectiva contenciosa...). El segundo de los aspectos se refiere a la manera de componer la “combinación compleja” de factores condicionantes de los órdenes locales. En ella incluimos tanto aquellos que comparten análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 3-18

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similitudes al interior de cada tipo –y que por tanto se convierten en los factores que pesan más en su constitución–, como los que no lo hacen. Para la comparación, retomamos aquellos factores que se destacan al interior de cada tipo de orden local por sus similitudes y entre diferentes tipos locales por sus diferencias; pero no por ello dejamos de considerar las modalidades no compartidas de algunos de los factores condicionantes al interior de un mismo tipo de orden local y que sí fueron considerados como partes constitutivas a cada orden local individual. Además, al mantener las configuraciones complejas completas, se puede subrayar también cuáles factores definitivamente no son determinantes en la producción de diferencias y similitudes, aunque sí lo sean como constitutivos del orden local individualmente considerado. Es por ello que en la tabla N° 4 incluimos la totalidad de los factores comprometidos en cada caso y que permitieron desarrollar las narrativas sobre cada uno de ellos; pero para la comparación, destacamos los que se muestran como comunes dentro de cada tipo y contrastantes entre tipos diferentes (iluminados en colores). Los resultados estrictos de la comparación son presentados en otro artículo titulado “Órdenes locales y conflicto armado: evaluación de una metodología comparada”. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

[16]

El objeto del presente artículo ha sido plantear una conceptualización y una metodología para abordar y comparar los órdenes sociales locales en contextos de intenso conflicto armado. Como se ha aclarado anteriormente, en otro artículo se hace una evaluación de la metodología utilizada y en otros tres artículos se presentan los nueve casos locales abordados por el Iner de la Universidad de Antioquia, El Cidse de la Universidad del Valle y el Cinep de Bogotá. En conjunto los cinco artículos son los “productos” de conocimiento logrados en los marcos del Proyecto de Investigación “Ordenes locales en reconfiguración: de regulaciones, acomodos y resistencias en regiones de intenso conflicto violento 1991-2010. Una investigación comparada”. Es importante establecer algunas conexiones entre los cinco artículos así: los tres artículos locales se refieren a los nueve casos que se trataron en su particularidad, pero referidos a una tipología común y analizados, bajo el mismo tipo de criterios conceptuales y de variables en juego, si se quiere bajo una misma rejilla de lectura. Esta narrativa se finaliza con un primer esfuerzo comparado de los tres centros de investigación, en el que cada equipo enfatiza el o los rasgos más contrastantes que se muestran entre los tres casos de su responsabilidad. Se hace entonces un análisis a fondo de la particularidad local, en perspectiva comparativa.8 Decimos de la manera más enfática que el trabajo de investigación de los casos locales particulares, en perspectiva comparativa, es fundamental. Por su parte, el presente artículo aclara el objeto de investigación y el alcance la de la metodología comparativa. El último de los artículos pone en juego la metodología y los resultados para evaluar si estamos diciendo algo relevante sobre factores que inciden en la forma como sociedades locales viven en medio el conflicto armado. De este artículo, quisiéramos subrayar el valor que tiene la reflexión teórica y la construcción de la tipología que permitió, más allá de las exigencias de cualquier estudio comparativo, acompasar la mirada de los tres centros de investigación que, con acumulados históricos en objetos de investigación, enfoques y metodologías diferentes, se asociaron y aceptaron el reto de construir en conjunto

Véase Theda Skocpol, quien subraya la importancia de una corriente de la sociología histórica a la que solo le interesa establecer explicaciones para casos particulares, como un paso necesario para las comparaciones entre casos distintos. (Skocpol, 1984: 368-77).

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una metodología comparada y aplicarla de manera rigurosa, bajo los mismos criterios y aspectos, al análisis de nueve casos de orden local. Reiteramos, el tema del orden social es crucial para los estudios de las sociedades. Más significativo en nuestro caso: el tema del orden social en medio del conflicto armado y una propuesta metodológica para llegar a interpretaciones que si no son causales, si intentan ser explicativas. Nuestra propuesta para construir la tipología, implicó vincular dos conceptos: la agencia y la coerción y estimar variaciones. Bienvenida la crítica sobre este intento.

conflicto

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Una primera comparación general de los nueve casos usando la tipología permite identificar rasgos comunes dentro de cada tipo, a pesar de las diferencias de los casos, que entonces hacen parte de la trayectoria explicativa del tipo y rasgos de diferenciación dentro de cada tipo que muestran la particularidad de los casos y hacen más rica la explicación. En síntesis, la diferencia que este estudio tiene con respecto de aquellos que sólo consideran variables de estructura de manera abstracta, es que nosotros, al considerarlas, no las aislamos de su interacción con el contexto geo histórico particular del lugar. Además, a la hora de construir las tablas que muestran la configuración compleja de las variables que dan cuenta de los diferentes tipos de orden local, tampoco las invisibilizamos y las utilizamos de alguna manera en la comparación, por la vía del contraste. Para seguir avanzando en esta materia con futuras investigaciones quedan dos posibles alternativas tendientes a encontrar una mejor explicación: profundizar en las diferencias internas y similitudes entre los varios casos locales que compartan un mismo tipo de orden local, y así poder llegar a un nivel medio de generalizaciones a propósito de cada uno de los tipos y/o, proponer una investigación comparada en la que la misma selección de los casos forme parte del proceso de afinamiento de la construcción de la tipología, mediante el aprovechamiento del conocimiento ya adelantado sobre los factores independientes identificados y sus maneras particulares de actuar en diferentes lugares, y poder llegar en la comparación a niveles de generalización mayores. En cualquiera de los casos, hacemos nuestra la observación de Ragin, que también es la de otros insignes autores de la sociología histórica, en el sentido que el reto de la investigación es lograr una mejor conceptualización, producto de un ir y venir, entre la teoría y el trabajo empírico.

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Acerca de la relación entre territorio, memoria y resistencia. Una reflexión conceptual derivada de la experiencia campesina en el Sumapaz Diego Fernando Silva Prada

Acerca de la relación entre territorio, memoria y resistencia. Una reflexión conceptual derivada de la experiencia campesina en el Sumapaz* Diego Fernando Silva Prada** RESUMEN El presente artículo tiene como objetivo desplegar una significación profunda de los conceptos de territorio, memoria y resistencia en su dimensión relacional, a partir de la experiencia investigativa realizada en la región del Sumapaz. Se empieza por desarrollar la idea de territorio desde la contraposición del significado entre una acepción euclideana y formal del espacio y la concepción que la Geografía crítica ha explicitado en los últimos treinta años desde lo subjetivo, lo comunitario y lo político. Lo anterior llevará a mostrar la recurrencia de la organización campesina sumapaceña de este segundo significado del espacio como territorio construido socialmente. En un tercer momento se mostrará el ejercicio de memoria colectiva como un momento necesario para la consolidación de la resistencia campesina estudiada y para la reproducción histórica de la territorialidad. Palabras clave: Territorio, memoria, resistencia, campesinos, Sumapaz.

ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN TERRITORY, MEMORY AND RESISTANCE. A REFLECTION CONCEPT DERIVED FROM EXPERIENCE PEASANT SUMAPAZ SUMMARY This article aims to deploy a profound significance of the concepts of territory, memory and resistance in its relational dimension, from the research experience conducted in the Sumapaz region. It begins by developing the idea of territory with the contrast of Euclidean space and formal and the conception that criticism Geography has made explicit in the last thirty years from the subjective, the community and the political. This will display the recurrence of the sumapaceña peasant organization in this second meaning of space as socially constructed territory. In a third stage, the exercise of collective memory is displayed as a necessary step for consolidation of peasant resistance and the historical reproduction of territoriality. Keywords: Territory, memory, endurance, peasant, Sumapaz.

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Fecha de Recepción: 18/11/2013 Fecha de Aprobación: 18/05/2014

Artículo resultado de la investigación: “Resistencia y memoria campesina: construcción social del territorio en el Sumapaz”. Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), Bogotá. Marzo de 2012- Octubre de 2013. ** Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Argentina). Magíster en Filosofía Política de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I), México D.F. Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, Manizales.Docente investigador del Programa de Filosofía de la Uniminuto, Bogotá

ISSN 0121-4705

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Acerca de la relación entre territorio, memoria y resistencia. Una reflexión conceptual derivada de la experiencia campesina en el Sumapaz Diego Fernando Silva Prada

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo es mostrar la relación teórica existente entre los conceptos de territorio, memoria y resistencia en cuanto dimensiones básicas de las luchas sociales y políticas campesinas en Colombia, específicamente desde la experiencia campesina de la región del Sumapaz. En una primera búsqueda y aproximación, podemos comprobar que la relación entre los conceptos de memoria y de territorio ha sido débil y marginal tanto en los debates de las Ciencias Sociales sobre la memoria en Latinoamérica, como en las reflexiones de la Geografía contemporánea. No tanto así la relación entre los conceptos de territorio y resistencia o los de memoria y resistencia. Así mismo, se puede diagnosticar una falta de desarrollo conceptual con respecto a la positividad de la memoria en términos de la proyectividad o, lo que es lo mismo, con respecto a la función de consolidación de los proyectos colectivos necesarios para la reconducción y guía de las acciones de los sujetos implicados en las comunidades rurales. Ha existido si una muy profusa producción literaria que ha entendido la memoria como acción individual y colectiva en clave retrospectiva, es decir, tendiente a concretar la justicia en relación al pasado en donde la víctima es el lugar epistémico de enunciación en el que se materializa y se sintetiza la negatividad de la violencia y de lo inenarrable del conflicto. Memoria como elemento y medio necesario para llegar a una posible reparación y a la no repetición de las experiencias traumáticas que han dejado huellas sobre el cuerpo y el alma de las víctimas.

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Aunque la necesidad de estas narrativas sean absolutamente vigentes, políticamente hablando, y se legitimen por sí mismas frente a las experiencias de barbarie vividas en Colombia en los últimos treinta años, creemos que hoy en día se vuelve igualmente necesario transitar hacia otras narrativas que señalen la positividad de la memoria, esto es, la potencia política intrínseca en ella en cuanto relato fundamentador y constructor de proyectos identitarios colectivos y legitimador de alternativas de futuro a partir de la idea de un pasado compartido y resignificado a la luz de las necesidades comunitarias, que en un país como Colombia, están compuestas por toda clase de víctimas. Tenemos que hablar entonces del empoderamiento de la memoria o de la memoria empoderada como instrumento político de las comunidades, y a la vez como elemento de consolidación de las resistencias sociales comunitarias. Por el otro lado de la cuestión relacional, un tercer aspecto que debe ser recalcado es la afirmación del carácter político del territorio, corroborado en la experiencia vivida en el proceso de investigación social con las comunidades campesinas del Sumapaz. Como se sabe, la lucha histórica por la tierra ha sido uno de los principales bastiones del campesinado en toda América Latina. No obstante, la demanda de tierras ha ido cambiando poco a poco y se ha transformado en la defensa del territorio, ganando la agenda reivindicativa en profundidad y amplitud sociopolítica. Es este desplazamiento teórico el que ha centralizado al concepto de territorio, poniéndolo como uno de los referentes más importantes para poder comprender la dinámica social del sector rural en la actualidad. Pero más allá del interés por el enfoque de la ruralidad, como veremos, el territorio nos relanza a un análisis sociológico de la configuración del espacio en general, que sirve para pensar cómo se van constituyendo cultural y políticamente las comunidades campesinas. Para conseguir el objetivo enunciado comenzaré por la definición de dos distintas maneras de entender el territorio, al igual que la conceptualización derivada de lo que es la territorialidad en su dimensión comunitaria. Más adelante se hará la articulación del segundo significado de territorio con la experiencia encontrada en las comunidades del Sumapaz, para en un momento posterior ver el papel que juega la memoria colectiva en relación con la territorialidad y con la resistencia campesina.

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2. CONCEPTOS DE TERRITORIO, TERRITORIALIDAD Y SU CARÁCTER COMUNITARIO

Para comenzar con la interpretación conceptual de territorio es conveniente entender la variación histórica en los significados que ha tenido éste, por lo menos en dos acepciones generales. La significación predominante en torno al territorio ha sido construida, como nos lo recuerda Raffestin (2011, p. 103), a partir de la cartografía euclidiana donde se conjugan planos, líneas y puntos para sintetizar una representación formalizada del espacio, en la que prima la homogeneidad y la idea de ser posibilidad de recepción de cualquier elemento físico o cosa.

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De esta manera, se hace del espacio una representación abstracta que es susceptible de ser cuantificada mediante la matematización de sus elementos constituyentes. A su vez, el carácter abstracto consiste en eliminar todos aquellos rasgos que refieran a aspectos concretos: sujetos, comunidades y particularidades en general. Desde esta primera significación, el espacio estaría antes que los sujetos y que las cosas, como telón de fondo en el que toda la diversidad podría presentarse más adelante en el tiempo, pero que en su mismidad e identidad podría ser entendido como isotropía: la homogeneidad misma que puede contener al resto de las cosas del mundo, el gran contendor. Espacio y territorio serán así concomitantes. El territorio podría definirse en este punto como la materialización del espacio, pero con las mismas características de ser formalizado y con la posibilidad de realizar su calculabilidad a través de la matematización de sus elementos básicos (puntos, líneas y superficies). Esta sintaxis cartográfica euclidiana se fue concretando en el concepto de territorio en tanto que espacio abstracto, esto es, sin tener algún carácter subjetivo (carente de interés alguno) y sin que medie la intersubjetividad (no importando quienes ocupen el territorio). Por lo cual se fue constituyendo a partir de la idea de su objetividad. Como es comprensible, tal representación territorial es hija de unas formas de producción económica y de unas sociedades afincadas en las ideas de la serialización, la eficacia y el control de todos los elementos necesarios para la explotación y acumulación de recursos y de riquezas. En este punto, la función del Estado es la de preparar, mediante la abstracción jurídica del espacio, la entrada del capital en su lógica productivista. Ya lo decía Lefebrve, de manera más concreta: “a través de la agricultura y la ciudad el capitalismo ha echado la zarpa sobre el espacio. El capitalismo ya no se apoya solamente sobre las empresas y el mercado, sino también sobre el espacio” (s/f, p. 2). Se entiende claramente que ha sido el capitalismo el que se ha servido y ha potenciado esta representación formal y abstracta del territorio como una forma de fundamentar políticamente la neutralidad del mundo y de llevar a cabo una instrumentalización de ese mismo espacio en cuanto imperativo de control material. Así:

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el espacio desempeña un papel activo, instrumental y operacional en el conocimiento y la acción del modo de producción capitalista; sirve a la hegemonía de quien hace uso de él en el establecimiento, las bases y la lógica del sistema (Ramírez, sf, p. 64).

A pesar de su supuesto carácter apolítico interno, el espacio euclidiano fue utilizado por el Estado moderno para reticular lo social y entronizarse como único responsable del territorio, en tanto que agente definitivo de la soberanía. Los estados nacionales fueron, así, subdivididos internamente bajo ese esquema analítico formal, basado en la representación de unos límites claros y precisos del espacio, en donde la administración interna del territorio le compete exclusivamente a la máquina estatal de dominación. Pero la hegemonía de esta forma de entender lo territorial llega, en el ámbito disciplinar, más o menos hasta finales de los años setenta y comienzos de los años ochenta, cuando la Geografía crítica análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 19-31

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señala los aspectos políticos y geopolíticos (Sack, 1986; Gottmann, 1970) inherentes a estas formas de representación del espacio. Como lo afirma de nuevo Raffestin: “el territorio es un espacio en el que se ha proyectado trabajo, energía e información y que, en consecuencia, revela relaciones marcadas por el poder” (2011, p. 102). El territorio es, por lo tanto, un concepto político puesto que está atravesado por dinámicas de poder en donde se juegan intereses, información y jerarquías. Así mismo, se destaca la naturaleza subjetiva e intersubjetiva de éste: el territorio se dimensiona no como algo dado, naturalizado o anterior a las personas que supuestamente “lo ocupan”, sino como una construcción, en sentido fuerte de la palabra, realizada por los sujetos.1 Ahora podemos entender que el territorio es el resultado de un alguien que se apropia del espacio, territorializándolo. Y esta acción está cargada de una intencionalidad. La territorialización sería, entonces, ese proceso de definición de límites, tanto físicos como simbólicos, dinamizado por unos objetivos o fines determinados que alguien promueve.

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Ahora bien, tal apropiación a la vez subjetiva e intersubjetiva está basada en la creación de límites, como se dijo, pero estos límites son de un carácter diferente con respecto a la forma en que lo llevaba a cabo el espacio euclidiano. En gran medida, la función simbólica del lenguaje juega en este punto una tarea crucial en la definición de los límites entre el adentro y el afuera, entre el nosotros y el ellos, que es la cuestión del reconocimiento social básico. Los límites están cargados de valoraciones subjetivas (intencionadas y cargadas de valores) y comunitarias (dinamizadas y referidas a colectividades específicas) que consolidan los espacios propios y ponen a distancia los ajenos. Asimismo, la línea, el punto y las superficies siguen estando en la semiótica de esta nueva geografía, pero complejizados desde una mirada sociopolítica que ha comprendido el dinamismo de los sistemas espaciales a través de su dimensión temporal. Ahora vemos las tramas, los nudos y las redes como nuevos elementos necesarios para comprender dinámicamente la conformación de los territorios. En palabras de Raffestin: “Esos sistemas de tramas, nudos y redes, organizados jerárquicamente, permiten asegurar el control sobre lo que puede ser distribuido, asignado y/o poseído. Permiten también imponer y mantener uno o varios órdenes” (p. 107). En esta medida, la politicidad de la construcción del espacio se comprueba en la delimitación y definición de campos operatorios: aquello que puede ser asignado o permitido. La territorialidad es, entonces, el proceso de consolidación de campos de posibilidad para las acciones de los sujetos, el cual se va constituyendo históricamente y a partir del cual se van constituyendo ellos mismos en estas espacialidades sentidas y vividas como propias. Vemos así un doble movimiento: A) de los sujetos y comunidades hacia el territorio, en cuanto definición material y simbólica de límites, tramas y posibilidades; y B) del territorio hacia las comunidades y los individuos, en cuanto que constitución de identidades y formas de ser. La idea, para decirla en términos personales, es que construimos territorios con nuestras acciones, delimitando los campos de acción propios y de extraños, pero a la vez consolidamos proyectos identitarios que nos dan un sentido individual y colectivo en las tramas de relaciones desarrolladas. Según Raffestin, la territorialidad compromete tres aspectos que se entrelazan: a) El sentido de identidad espacial, b) el sentido de exclusividad y c) la compartimentación de la interacción humana en el espacio. (p. 113). O dicho desde el pensamiento de Lefebvre, enfrentamos un fenómeno multidimensional que involucra la experiencia de los sujetos y que no puede ser reducida a una En palabras de Lefebvre, el espacio: “no está constituido ni por una colección de cosas, ni por un agregado de información (sensorial), ni por un paquete vacío parcela de varios contenidos, que es irreductible a una “forma” impuesta, a un fenómeno, a las cosas o a una materialidad física” (1991, 1974) p. 27).

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forma a priori universal. Esos espacios propios son espacios que han sido constituidos por unos cuantos mediante la interacción o relación y, por lo tanto, tienden a ser sentidos como exclusivos por quienes los construyeron.

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Comprobamos que no es factible hablar de territorio sin sujeto(s), al igual que no es posible pensar un espacio sin tiempo. Espacio, tiempo y sujeto irán entrelazados intrínsecamente en esta nueva concepción geopolítica. La historicidad del territorio nos señala la condición artefactual del mismo, donde la información, la energía y el esfuerzo o trabajo inciden en la regulación de aquellos campos internos de regulación de las posibilidades, y por tanto, de las experiencias que pueden ser vividas por los sujetos y por las comunidades. De esta forma, “la territorialidad es una tentativa, o estrategia, de un individuo o de un grupo para alcanzar, influenciar o controlar recursos y personas a través de la delimitación y control de áreas específicas” (Schneider & Peyré, 2000, p. 5). Si hubiera que sintetizar en una palabra esta manera de entender el territorio sería conveniente hacerlo por medio del concepto de relacionalidad: relación de distintas dimensiones (social, política, económica, administrativa, jurídica), relación y coexistencia de diversas temporalidades (concepciones del tiempo lineales, cíclicas, simultáneas), relación y codependencia de actores (individuales, colectivos, institucionales) y relacionalidad de objetivos o fines (jerárquicos, cooperativos, democratizantes). Volviendo a la idea anteriormente enunciada, se comprende cómo los territorios no son un telón de fondo sobre el cual actuarían libremente los sujetos y en el que las relaciones no se verían afectadas por ese transfondo puesto que aquello que está “detrás” de los sujetos es tan constitutivo como aquello que enuncian y hacen. El territorio hace parte, entonces, de esa urdimbre tejida a través de los significados y de las acciones que las personas llevan a cabo durante el transcurso sus vidas. Lejos de la idea de un espacio isotrópico, esto es, con propiedades invariables y donde el observador-actor no tiene relevancia en cuanto a la configuración de éste, el territorio se dimensiona desde un carácter heterotópico radical: sobreposiciones de espacios y jerarquías territoriales que demuestran la politicidad del proceso de constitución y sus rasgos histórico y comunitario2.

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3. LA TERRITORIALIDAD CONSTRUIDA EN EL SUMAPAZ

Ahora bien, desde la experiencia campesina en el Sumapaz podemos encontrar una recurrencia y un uso específico de esta segunda manera de entender el territorio en términos multidimensionales complejos y políticos comunitarios. Así, las comunidades han venido explicitando en las últimas décadas el reclamo de lo territorial como derecho a la autodeterminación frente a un Estado y unas elites que han tenido el monopolio de la definición de los espacios sociales internos y externos y de las funciones y lugares a ocupar dentro de ellos, bajo la idea capitalista del territorio. Hoy podemos entender cómo el reclamo por el territorio:

fue interpretado por la clase dominante bajo la conveniente noción de tierra como parcela de producción agropecuaria, nada más, ya que al excluir la posibilidad política que implica el territorio, se mantienen las condiciones que permiten la dominación colonial de las clases señoriales (Vacaflores, 2009, p. 2).

Es decir, comprobamos una estrategia histórica de las clases dominantes en Colombia basada en el reduccionismo economicista del campesinado, como demandante exclusivo de tierra, 2

Para enunciarlo en palabras de Henry Lefebvre: “Estamos confrontados no con un solo espacio social, sino con muchos –ciertamente, por una multiplicidad ilimitada o incontable de conjuntos a los cuales nos referimos genéricamente como “espacio social””. (1991, p. 86.). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 19-31

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despolitizando, depotenciando su actuar reivindicativo. Y es en la relación entre lo cultural y lo político que las comunidades campesinas como las del Sumapaz fundamentan una estrategia contra-estatal y contra-capitalista del territorio como elemento de resistencia y lucha social. El campesino sumapaceño ha entendido que el territorio es un concepto de mayor potencia política y más implicaciones socioculturales que el concepto de tierra, en tanto que mero recurso para la producción de alimentos3. En palabras del actual presidente de Sintrapaz, el territorio es el centro de la disputa de los distintos actores sociales:

Sumapaz es la mayor extensión de ecosistema de páramo del planeta. Los páramos se constituyen en la tabla de salvación ante la crisis ambiental que atravesamos. Cada vez más son las personas y organizaciones conscientes de lo anterior y en consecuencia con el transcurrir del tiempo, los planes de explotación de las riquezas naturales como el agua son perfeccionados con el copamiento militar de los territorios, la penetración ideológica y la aplicación del terrorismo contra sus habitantes históricos para de esta manera, infamemente, poder usar y abusar del territorio (F. Baquero. Comunicación personal, julio de 2012).

Explicitando la dimensión simbólica de los límites de ese nosotros comunitario, la territorialidad se ha ido construyendo a partir de los valores de la vida campesina, en la cual la tierra es un elemento importantísimo en su reproducción como clases social, pero no el único. Ese nexo entre lo cultural y lo político se concreta en las formas de reconocimiento colectivo que significan una alternativa a las formas de dominación territorial de un Estado que intenta homogeneizar el espacio mediante la abstracción del formalismo jurídico, en el que no hay posibilidad para que las comunidades tomen sus propias decisiones sobre lo público y sobre el bien común o en donde la participación de la comunidad campesina queda subordinada a las agendas burocráticas de turno. [24]

La comunidad campesina sumapaceña ha demostrado la potencialidad comunitaria al gestionar sus espacios internos, por medio de planes de desarrollo propios y de un gran número de experiencias organizativas en torno al Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (Sintrapaz) y de las Juntas de Acción Comunal, creando redes y nodos donde fluye información, trabajo y energía, al igual que tensiones y conflictos internos dentro del normal desarrollo del tejido asociativo y representativo campesino4. Este campo de múltiples tensiones en la disputa el territorio, esto es por quien construye y define qué se hace en él, entre las comunidades y el Estado, y al interior de las comunidades mismas, se puede apreciar de diversas maneras en el caso de investigación elegido. En una primera instancia y como se dijo anteriormente, la territorialización estatal estriba en la abstracción del espacio en tanto que espacio instrumentalizado y formalizado jurídicamente, necesario para la producción del Esta afirmación pudo ser comprobada directamente en la asamblea general del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (Sintrapaz), realizada el 7 de julio de 2012, donde reiteradamente los distintos constituyentes de la junta directiva hicieron explicita la necesidad de la resistencia a través de la permanencia en el territorio frente a los problemas de la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y del peligro latente de la construcción de 14 micro-represas por parte de la multinacional Emgesa en la zona de páramo. 4 Podemos encontrar experiencias organizativas alternativas como la Asociación Campesina del Sumapaz (Asosumapaz), jalonada principalmente por las mujeres de la región y potenciadas por la necesidad de tener una voz más fuerte y clara frente a las dinámicas y las estructuras culturales machistas, aún prevalecientes en la zona. También hay que tener en cuenta el papel de la juventud en la potenciación de procesos asociativos, tal como la Red Juvenil Ciudad Región, enfocada en el: “trabajo hacia el fortalecimiento organizacional de otros grupos juveniles de diferentes municipios, a través de la socialización y desarrollo de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales –DESCA–, como herramienta forjadora de una cultura juvenil con identidad territorial que contribuya a la transformación de la sociedad en busca de un bien común.” Documento de Trabajo, Sistematización de productos. Jornada Construcción Plan de Trabajo (s/f). 3

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capital y reproducción de la sociedad capitalista, donde fuese posible la fragmentación y la propiedad privada, la apropiación de la riqueza. En contra de esta manera privatizante, individualizante y mercantil, las comunidades ven en el territorio un espacio de lo común, de lo compartido y de bienes sociales que hay que preservar, por ejemplo el agua y el páramo como innegociables.

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Sin embargo, no son solo concepciones opuestas y conflictivas que se disputan la territorialidad, sino que el Sumapaz, como territorialidad históricamente constituida, está inserto dentro de una realidad político administrativa que lo ubica como la localidad 20 del Distrito Capital de Bogotá. Con sus 78.095 hectáreas y sus aproximadamente 2.500 habitantes tiene, sociológicamente hablando, una interesante y desafiante relación con lo urbano pues la articulación con Bogotá genera relaciones de jerarquía y a la vez de invisibilización de un territorio que es casi la mitad del tamaño de la capital (48.5 %)5. La relación de tensión entre lo rural y lo urbano se concreta en lo que se ha denominado hoy en día como “puntos heterotópicos”:

Materializadas en el espacio como “puntos heterotópicos”, es decir, lugares distintos, pero contradictoriamente integrados a su entorno, las contraculturas espaciales pueden ser definidas como experimentos de producción y organización socio espacial –generalmente de carácter comunitarista– nacidos como tentativas de subversión del orden dominante (…) locus privilegiado en el cual son experimentadas técnicas, prácticas y solidaridades distintas de aquellas que forman parte de la lógica homogeneizadora, individualista y alienante impuesta por la plusvalía (De Matheus e Silva, 2013, p. 2).

El Sumapaz es un territorio heterotópico que se sabe cómo otro lugar, el cual se ha organizado y establecido de forma diferente a las otras territorialidades de Bogotá, enfrentado las dinámicas capitalistas de copamiento militar del territorio y de avasallamiento de los intereses de las empresas trasnacionales. La heterotopía consiste, primero que todo, en la promoción de prácticas solidarias, comunitaristas, y en seguirse reconociendo a través de lo que produce la tierra (de manera no alienada), pero contradictoriamente insertados como campesinos en una especialidad englobada en la idea de lo urbano. Espacio diverso pero imbricado en dinámicas de poder del capital, en la lógica isotrópica de la plusvalía.

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En segunda instancia, frente a la abstracción jurídica materializada en los últimos años en Colombia a través los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y en las consultorías ambientales de los saberes expertos, los campesinos han respondido mediante el conocimiento ancestral, los proyectos productivos alternativos y toda una dinámica asociativa de toma de decisiones colectivas en donde se llega a consensos sobre los usos sociales que debe dársele a la tierra. La idea de la imposición jerárquica del saber tecnócrata (Lefebvre, s/f) promovido por las instituciones estatales, se topa con estas formas comunitarias de lucha promotoras de una territorialidad democratizante, en el sentido de una mayor participación de los campesinos en la toma de decisiones colectivas mediante asambleas sindicales. Ejemplo de la respuesta dada por los campesinos ha sido igualmente, en los últimos años, la defensa de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), bandera de la lucha de Sintrapaz. Recordemos que esta figura jurídica (ley 160 de 1994) hace parte de la estrategia nacional de las comunidades campesinas enfocada en atacar el poder latifundista de acumulación de tierras y de resistencia ante

Para consultar datos más amplios y completos sobre esta región ver los informes: Recorriendo Sumapaz. Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de las localidades de Bogotá (2004) y Diagnóstico local de arte, cultura y patrimonio. Localidad Sumapaz (2011) de Rozo, G. Así como el artículo de Giraldo, O. (2008).

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los procesos de descampesinización, es decir, frente a modelos de desarrollo extractivistas y de los monocultivos agroindustriales. Asesorados por zonas de reserva campesinas vigentes como la del valle del río Cimitarra y por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la del Sumapaz se encuentra en proceso de constitución y sería parte de la necesaria profundización de la territorialidad campesina. Avasallamiento e instrumentalización del espacio como estrategia para construir un territorio dócil en vista de la producción de riquezas y de la acumulación continuada del gran capital. Comprobamos lo anterior con la entrada de multinacionales como Emgesa al territorio de Sumapaz con el fin de llevar a cabo la apropiación del agua como recurso a comercializar (privatización), generándose un campo de tensión constante con las comunidades del páramo. Y el conflicto no es solo por un recurso natural, sino por la territorialidad que podría ser construida, afectando las redes, los conocimientos y las formas de relación campesinas existentes. En esta medida, las Zonas de Reserva Campesina son, además de una defensa por la territorialidad comunitaria, un instrumento de lucha y resistencia por formas de vida autónomas basadas en el (los) proyecto(s) de vida campesina (formas de relación, expectativas, modos de producción, permanencia en el territorio etc.). 4. LA MEMORIA COLECTIVA COMO HERRAMIENTA DE LEGITIMACIÓN DE LA RESISTENCIA Y DE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS TERRITORIOS CAMPESINOS

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Aunque la relación entre territorio y memoria pareciese lejana, la verdad es que es igual de intrínseca a la que existe entre espacio y tiempo: el territorio es al espacio, como la memoria es al tiempo. Adentrándonos en la dimensión cultural de la constitución del territorio, debemos entender que ese espacio delimitado comunitariamente está anclado a una temporalidad propia, específica. Los límites de ese nosotros están materializados desde un momento originario, a partir de un acontecimiento que haces las veces de mito fundacional, el cual, para el caso de la región del Sumapaz puede ser señalado hacia la segunda década del siglo XX, cuando empezó la resistencia contra los hacendados mediante la formación de las colonias agrícolas de Guatimbol en Icononzo y Sumapaz en San Juan (Lozano, 2007) o como lo recuerda el dirigente Gerardo González, en 1916, como el año de la sublevación contra los terratenientes (1996). De esta manera, los procesos de consolidación del territorio recurren al pasado para darle una carga legitimadora suficiente para significar la importancia de la lucha comunitaria. La tradición es, por tanto, absolutamente necesaria para el autoreconocimiento y para generar la idea de continuidad de los colectivos a través del incesante y disgregador transcurrir del tiempo. Ese imperativo de continuidad histórica se traduce como imperativo cultural de unidad. “La sociedad tiende a separar de su memoria todo lo que podría separar a los individuos” (Halbwachs, 2010, p. 336). Otro de los elementos comunes entre estos dos conceptos trabajados es el de lo colectivo. Tanto el territorio como la memoria se ejercen colectivamente, socialmente. Maurice Halbwachs nos ha permitido entender de manera clara esta característica de la memoria: “hemos señalado que la memoria es antes que todo una función colectiva (2010, p. 337) o como lo dijo Pierre Nora, la memoria más que ser un contenido específico es un marco, un conjunto de estrategias (Nora citado por Verdier, 2010, p. 4). La fuerza o potencia de la memoria radica en la capacidad representativa de un pasado que se ha compartido o que ha venido a imponerse desde los otros en su verdad necesaria. Lo anterior no quiere decir que no existan o que sean irreales los ejercicios individuales de memoria. Habría que distinguir, entonces, entre recuerdo individual (mediado por el esfuerzo de la persona por volver a traer un contenido mental pasado) y la memoria colectiva en cuanto

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marco de referencia del sentido de la experiencia social. Los individuos pueden llegar a recordar gracias a las estructuras históricas de la memoria que sirven como marco en el cual poder ubicar las experiencias del presente. La memoria es, entonces, un ejercicio colectivo enfocado hacia el fortalecimiento de lo comunitario. La cuestión central es en qué medida la memoria funge como instrumento político y comunitario.

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Estos dos rasgos, tanto el de la función legitimadora y unificadora como el de la función colectivizante, los podemos corroborar claramente en la experiencia campesina del Sumapaz. En el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (Sintrapaz) se visualiza el uso cultural y político de la memoria en tanto que mecanismo de consolidación de una tradición de lucha de más de 50 años (55 años más exactamente). Herederos, además, de una formas de movilización y de organización ancestrales que justifican aún más el proyecto campesino sumapaceño. La Sociedad Agrícola de la colonia del Sumapaz, fundada por Erasmo Valencia, ha sido uno de los referentes identitarios de la lucha y resistencia en contra de la economía hacendataria; batalla ganada por los campesinos y orgullo del Sindicato contemporáneo. Así como la figura de Juan de la Cruz Varela, ejemplo del liderazgo político para la localidad, y sobreviviente de todas guerras por las que ha pasado el Sumapaz (Londoño, 2009). Esa larga y rica trama histórica de las acciones y movilizaciones ha sido posible por la gestión política de la memoria, de una memoria empoderada, como potencia que reconfigura el pasado, legitimadora de proyectos colectivos en el presente y muestra de posibilidades de acción colectiva a futuro. Esta historia alternativa, o historia otra, es contada y difundida por la memoria de los ancianos de la región como una gesta que debe ser recuperada para permitir claridad en las acciones colectivas de las resistencias presentes6. Pasando por litigios judiciales, el no pago de rentas y la toma de tierras o la apertura de la frontera agrícola para huir de las arbitrariedades de los hacendados y sus ejércitos privados, las narrativas campesinas configuran un mapa de lugares emblemáticos por los que la emancipación se fue desarrollando a lo largo del siglo XX (haciendas de Chaparral, Icononzo, Cunday y Viotá; el Chocho, el Retiro, el Palmar y La Constancia) (González, 1996).

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No obstante las acciones colectivas de emancipación y resistencia llevadas a cabo, la experiencia acumulada y la memoria colectiva pasa por el dolor, el sufrimiento y los vejámenes a los que el campesinado del Sumapaz, y de otras regiones del país, han tenido que enfrentarse. Éstas pueden ser sintetizadas a partir de la narración hecha por Gerardo González en su texto Luchas campesinas. Desde el tiempo de la hegemonía de la economía hacendataria, las prácticas de los patronos hacia los colonos estuvieron dadas por: 1) el “derecho” de pernada o la justificación de prácticas sexuales por parte del patrono para con hijas y esposas de los arrendatarios de las tierras de las haciendas, 2) los desalojos, tanto por vía legal, como por vías de intimidación y amedrantamiento (quemas de casas, por ejemplo.), 3) El uso de las leyes y de procedimientos jurídicos de manera tendenciosa para responder ante las acciones colectivas de los campesinos (as), convirtiéndose el gran propietario en autoridad local por encima de jueces y de alcaldes locales, 4) La violencia directa sobre los arrendatarios como el uso del látigo y en general la aplicación de justicias propias por parte de los terratenientes y 5) prácticas deshonestas relacionadas con la producción y con el pago del trabajo campesino, por ejemplo la alteración de la pesa como forma de robo directo sobre lo producido. (González, 1996, pp. 35-80). Ver por ejemplo en este aspecto los intentos de reconstrucción de las voces de las generaciones con más experiencia a través de las publicaciones, promovidas por la Alcaldía de Bogotá, tituladas “Cosechamos la Memoria” (2011) y “Cultivemos la Palabra (2011)”, donde se pone de presente el valor de lo colectivo y de la relación con la naturaleza como principios de acción para las nuevas generaciones.

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Todos estos procesos y cartografías han permitido dimensionar los costos sociales y políticos que ha tenido que pagar el campesinado a través de un tiempo que muestra al sufrimiento como un acumulado histórico que da peso y significación a las resistencias, como potenciador de la dignidad comunitaria siempre en vilo. La memoria colectiva campesina del Sumapaz es una historia política de lucha basada en los valores de “la tierra, la libertad y la justicia”, lema y horizonte de acción del actual sindicato agrícola. Ya desde los años cuarenta, en carta de los colonos del Sumapaz a campesinos presos de Melgar, podemos comprobar este ejercicio de memoria colectiva y política:

Besad queridos compañeros, besad todos los días esos cerrojos que impiden hoy nuestra libertad, porque esos cerrojos que palpáis de hierro frío, mañana se tornarán en elementos para la producción agrícola que vosotros mismos empujáis con orgullo sobre los barbechos liberados por los héroes” (González, p. 78).

Ahora bien, como lo señaló desde hace varios años Paul Ricoeur, el tiempo se concreta exclusivamente a través de la narración. Sin ésta no es posible una conciencia histórica. Pero la narración es una representación cargada de interpretación de lo sucedido en un pasado. Por lo tanto, la memoria juega un papel central para lograr la materialización narrativa del tiempo. Y una de las principales funciones que cumple la narración, junto con la memoria, es la de afianzar la identidad. Así, “la configuración narrativa contribuye a modelar la identidad de los protagonistas de la acción al mismo tiempo que los contornos de la propia acción” (Ricoeur, 2010, p.115). [28]

Sin embargo, esa identidad construida se articula con la memoria en otro nivel más profundo, no solo por la influencia que puede ejercer sobre la acción. La memoria se presenta como un imperativo ético puesto que es una forma de hacer justicia, lo cual significa el saldar una deuda heredada con aquellos que estuvieron antes que los que habitamos en este tiempo presente. Pero la comunidad de la que se habla en el mundo campesino no es solamente la compuesta por aquellos que están comprometidos en las resistencias del presente, sino todos aquellos que mostraron el camino y que consiguieron con sus esfuerzos ese proyecto campesino de continuidad y de dignificación histórica. De manera sucinta, como lo dijo Ricoeur: “debemos a los que nos precedieron una parte de lo que somos” (2010, p. 120). La identidad es, entonces, un producto resultado de elementos tanto precedentes como actuales. El deber de memoria es una necesidad de las comunidades que están obligadas éticamente a responder a los antepasados que legaron ideas, acciones y valores a los contemporáneos. El pasado afecta así el presente y la identidad. Por extensión podemos afirmar que las comunidades necesitan de la memoria como un recurso absolutamente indispensable para consolidar una identidad frente a uno otro que va variando en los distintos procesos sociales y desafíos políticos. De esta forma, se comprende cómo la memoria tiene un papel ontológico para las comunidades y para los individuos en la medida en que ayuda a reinterpretar aquello que permanece del pasado en el presente constitutivamente en la identidad o en aquello que queremos que permanezca en lo que somos. Desde la perspectiva comunitaria, la memoria es por consiguiente el ejercicio de reconstrucción del sentido profundo del tiempo colectivo que permite una ubicación identitaria a partir de elementos heredados, los cuales deben ser estructurados narrativamente7. Esa memoria colectiva es definida por habitantes del Sumapaz desde el concepto de memoria ancestral, “desde las leyes de origen, recuperadas sobre el territorio que esperamos pueda compartirse […] El tejido de este legado se inicia con el proceso de revisión y recuperación de la memoria ancestral a través de los círculos de la palabra en el territorio de Fontibón- Hyntiba y Sumapaz-Fusuanga, (Díaz, O. pp. 9-10).

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Las comunidades que han construido el territorio del Sumapaz han sido, a través de la historia del siglo XX y el comienzo de este siglo, víctimas tanto de la formalización y la abstracción burocrática de los regímenes estatales, ciegos a las demandas concretas y específicas campesinas, como de todo tipo de actores legales e ilegales. Hoy en día, el régimen sociopolítico y biopolítico sigue aplicando estrategias de desplazamiento por intimidación, ametrallamiento aéreo indiscriminado sobre la región en la persecución de células guerrilleras, violación del DIH, capturas ilegales por parte del Ejército y falta de atención administrativa ante los problemas demandados por las poblaciones. No obstante, la fortaleza de estas comunidades, a pesar de su condición de víctimas o precisamente por ello mismo, se ha fundamentado a partir de la conciencia política que ha sabido explicitar sus demandas territoriales en clave histórica, en clave de memoria colectiva.

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4. CONCLUSIONES: RESISTIR DESDE LA MEMORIA Y SEGUIR CONSTRUYENDO TERRITORIALIDADES RESISTENTES

Hemos visto cómo el territorio se ha convertido para las comunidades campesinas del Sumapaz en la categoría de referencia sociopolítica principal, necesaria para continuar con una lucha histórica o resistencia dignificante del proyecto campesino. Sin embargo, la resistencia adquiere múltiples significados que se retroalimentan y enriquecen: A) En una primera instancia, desde la experiencia campesina el resistir significa el permanecer en la tierra y el construir territorialidades que valoren la presencia del campesino como sujeto activo de lo local. En otras palabras, resistir es construir el territorio cargándolo de significaciones comunitarias tendientes hacia la defensa del bien colectivo; construir heterotopías que crean lugares alternativos en tensión con los lugares serializados del capital y de la acumulación. [29]

B) Como segundo, el resistir está dimensionado por el empoderamiento desde una memoria colectiva o ancestral, en palabras sumapaceñas, que recupera y resignifica las luchas de los antepasados, aquellos que vencieron a unas estructuras hacendatarias y permitieron el acceso a un mayor número de personas a la tierra. Herederos de un legado que debe ser reformulado para correr el horizonte y responder a los desafíos de hoy. Es decir, la resistencia consiste en la reconstitución de un pasado social y políticamente necesario para el presente. C) En tercera instancia, resistir significa la persistencia en el tiempo de un campesinado que ha querido ser eliminado por un capitalismo voraz, el cual ha tenido la creencia que es posible un campo sin campesinos y le ha apostado a una agroindustria del monocultivo empobrecedora de la diversidad alimenticia. La sola presencia actual de un campesinado organizado sindicalmente es una victoria basada en la resistencia comunitaria frente a estructuras económicas y frente a elites sociales adversas y violentas. D) Por último, resistir puede ser entendido a partir de la defensa de los bienes colectivos frente a las dinámicas de privatización y del mejoramiento de la calidad de vida frente a la degradación que ha significado la urbanización de la vida contemporánea. Lo campesino como forma de vida alternativa sigue estando ahí, como posibilidad no eliminada de lo colectivo, de lo solidario muchas veces y de lo público. La resistencia, desde la experiencia campesina investigada, significa la contención de los efectos perversos de un capitalismo que lo quiere reducir todo a bienes privados y a valor de cambio. Las luchas por la territorialidad son luchas que implican aspectos más profundos y cruciales que los que emergieron en las disputas por la tierra del siglo XX. Esta batalla está mostrando la análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 19-31

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agudización de las contradicciones del capitalismo contemporáneo y la necesidad de que las personas y las comunidades creen respuestas alternativas realmente innovadoras. En lo que respecta a lo temporal, la memoria colectiva es una instancia definitoria que señala un campo de disputa por la representación y significación del pasado. La historia oficial de la Nación invisibiliza narrativas emancipatorias de actores subalternizados por el Estado y las elites del país. La memoria colectiva ha tenido la tarea de romper con la hegemonía de la memoria histórica. En este sentido, la labor de la comunidad sumapaceña tiene un valor superlativo en la medida en que ha implicado el cargar la responsabilidad de llevar a cabo la descolonización de algunos espacios nacionales. La apuesta intrínseca en las acciones del campesinado del Sumapaz muestra que es necesaria la creación, hoy más que nunca, de territorios diferenciales, como las Zonas de Reserva Campesina, que resisten desde ejercicios de memoria colectiva particulares y que han entendido y asumido su papel histórico en la trama de los problemas más cruciales del país. Resistir desde una territorialidad otra, desde una memoria otra. BIBLIOGRAFÍA

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La violencia contada a los escolares. Conflicto social y memoria en los manuales educativos del siglo XX

La violencia contada a los escolares. Conflicto social y memoria en los manuales educativos del siglo XX*

María Isabel Cristina González M.

María Isabel Cristina González M.**

RESUMEN El artículo postula la existencia, desde aproximadamente mediados de siglo xx hasta ahora, de tres generaciones de textos escolares conforme a la manera como es abordado en estos el período histórico conocido como La Violencia. Además, examina los manuales escolares y sus narrativas en relación con las coyunturas políticas y las características de la industria editorial como determinantes en la forma como es ocultada, minimizada, problematizada o negada la confrontación de mediados de siglo. Al mismo tiempo, se pregunta por la incidencia de la forma como es representada La Violencia en los libros de texto en la formación política de los escolares y en general, en términos de cultura política. Palabras clave: Manuales escolares, La Violencia en Colombia, negación del conflicto, políticas educativas, cultura política.

VIOLENCE NARRATED TO SCHOOL STUDENTS. SOCIAL CONFLICTS AND MEMORY IN THE EDUCATION MANUALS OF THE TWENTIETH CENTURY SUMMARY [32]

The article posits the existence, from about mid-twentieth century to now, than three generations of textbooks that address the historical period known as “La Violencia” in Colombia. It also examines textbooks and narratives relating to the political situation and characteristics determinants of the publishing industry, in the way it is hidden, minimized, or denied the confrontation violent of the midcentury. At the same time, this article questions the manner in which “La Violencia” is portrayed in textbooks of political formation and in terms of political culture. Keywords: School books, Violence in Colombia, denial of conflict, educational policies, political culture. Fecha de Recepción: 12/03/2013 Fecha de Aprobación: 23/05/2013

Este artículo es producto de la investigación “Desde la Escuela: construcción de memorias sobre la violencia 1948 – 2008”, financiada por Colciencias - IEPRI, y orientada hacia la comprensión de la enseñanza de la historia y los contenidos de violencia para el período 1950 -2008, cuyas secciones se refieren respectivamente a: 1) La evolución de planes de estudio y currículos escolares; 2) La violencia contada a los escolares; y 3) La educación, entre víctima y victimaria. La selección de los libros de texto escolar que se analizan a continuación responde al cruce de los virajes registrados en los lineamientos curriculares del área de historia o de sociales entre 1950 y 2008, y una base de datos construida en el marco de esta investigación, en la cual se recogieron los títulos disponibles en las bibliotecas Luis Ángel Arango, Nacional, del Gimnasio Moderno y la Academia Colombiana de Historia (ACH). ** Socióloga, Magister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, Email: geonzalezeta@gmail.com análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 32-48

ISSN 0121-4705

María Isabel Cristina González M.

INTRODUCCIÓN

Las representaciones de la historia nacional recreadas por los manuales escolares de ciencias sociales, que son el objeto de este artículo, seleccionan, organizan y transforman en memoria hechos y personajes del pasado; conceden relevancia a unos fenómenos y procesos por encima de otros, y como contrapartida construyen olvidos y exclusiones. Por ello los lineamientos curriculares y los libros de texto escolares pueden ser inscritos dentro de lo que en el repertorio contemporáneo sobre el conflicto se denomina “políticas de la memoria”, esto es la resignificación del pasado emprendida estratégicamente por actores sociales, políticos y culturales en función de las necesidades del orden social y político presente, al igual que de unas apuestas de futuro.

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Dada su enorme significación política, la reconstrucción de la historia ha sido una tarea emprendida o vigilada, tanto por regímenes autoritarios como democráticos, y cobra especial relevancia en períodos de transformación o transición política. Las narrativas sobre el pasado se constituyen en un recurso de control y un objeto de disputa ligados a la construcción del orden social y político. Dicho en palabras del analista Marc Ferro “controlar el pasado ayuda a dominar el presente, a legitimar dominaciones e impugnaciones” (Ferro, 1990:9). La historia nacional en el escenario escolar ha sido pensada desde la institucionalidad estatal como un soporte social en la construcción o fortalecimiento de la identidad nacional. En su forma más tradicional, esta historia se caracteriza por su valoración positiva del devenir social y político, y por ello, se construye a partir de imágenes que contribuyan a resaltar casi que exclusivamente las dimensiones progresistas. Las narrativas históricas de los libros de texto escolar transmiten de hecho lecturas políticas y modelos culturales y de ciudadanía específicos, con enormes impactos dados los crecientes avances de la escolaridad en el campo y la ciudad, y por ende se convierten en referentes de construcción de un futuro más o menos compartido.

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Ahora bien, en un caso como el colombiano en el cual el conflicto armado y la violencia constituyen fenómenos de larga data y enorme visibilidad, ¿es posible hacer compatible la historia de la unidad y de la civilidad con la historia de la violencia, cuando precisamente esta controvierte o es la ruptura de esa comunidad imaginada nacional que se promueve en la escuela? ¿Cómo es representada entonces la dinámica de violencia, sus actores y motivaciones? Con base en el tipo de abordaje del conflicto social y la violencia entre 1950 y 2010 se han podido establecer tres generaciones narrativas que se corresponden a su vez con transformaciones en las ofertas editoriales en materia educativa a lo largo del siglo XX: patriótica, problematizada y ligera. Cada una de estas afronta con diferente profundidad y sentido el conflicto social y la violencia a nivel nacional y dimensiona sus magnitudes, motivos, actores e impactos. LA “HISTORIA PATRIÓTICA” O DE PRIMERA GENERACIÓN

“Servir a la verdad y hacer patria”, como se anota en la introducción del Manual de Hermano Justo Ramón, es el lema que plasma el espíritu desde el cual fueron construidos y presentados, los textos de historia nacional que se inscriben en esta generación1. En general estos manuales de Se trata de cinco manuales sobre la historia del país: 1) “Historia de Colombia” de Jesús María Henao y Germán Arrubla (primera edición en 1911 por Editorial Voluntad y Tipografía Salesiana, actualizada en cada cuatrienio presidencial, hasta 1970); 2) “Historia de Colombia. Independencia y República” del Hermano Justo Ramón, miembro de la comunidad Lasallista, publicado por primera vez en 1949 y actualizado hasta 1964 (Editorial Stella); 3) “Historia de Colombia” de Rafael María Granados S.J. publicado desde 1949 y hasta 1973 por la Editorial Bedout, e Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo; 4) “Historia de Colombia para la enseñanza secundaria” de Manuel José Forero, actualizado hasta 1963, editado por Voluntad.

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enseñanza que circularon entre 1950 y aproximadamente mediados de los 70, se rigieron por una normatividad curricular muy estable en la cual la historia de Colombia, abordada desde una perspectiva patriótica, fue fortalecida en las escuelas. Esta historia que dominó el panorama educativo en el nivel de bachillerato o secundaria hasta casi los años ochenta, al afirmarse como un saber cierto y acabado, cerraba, especialmente en el nivel escolar, el camino al cuestionamiento de esas narrativas y memorias políticas; y en este sentido, aunque ya no seguía la estructura de catecismo de pregunta y respuesta cerrada, en la práctica tenía la misma significación. De manera particular bajo los designios educativos de los gobiernos conservadores, los manuales escolares fueron objeto de control político o ideológico por parte de la Academia Colombiana de Historia (ACH), la cual según las disposiciones oficiales debía supervisar que los libros escolares protegieran y difundieran un pasado heroico, casi mítico, y con ello evitar la irrupción de ideas subversivas o la penetración del comunismo. Este control se implementó luego de los acontecimientos violentos del 9 de abril de 1948 relativos al asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, los cuales fueron asociados por los conservadores a las reformas educativas liberales de los 1930, que en su decir estaban imbuidas por ideologías foráneas comunistas o eran tachadas como “inmorales” y atentatorias del orden social. En este contexto, la obligatoriedad e intensificación de la cátedra de Historia patria, medida tomada en 1948 (Decreto 2388), fue establecida en función de la restauración del orden.

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La normatividad difundida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) es explícita sobre el tipo de control ejercido: “en cuestiones que atañen a la índole, formación y desarrollo de la nacionalidad, a sus hombres, ideas y sistemas que han jugado papel preponderante, si los textos no interpretan cabalmente todo eso, si parten de bases inexactas, si desvirtúan notoriamente los hechos y la interpretación obvia y patriótica de las mismas, o tienden a modelar el alma colectiva en tipos sociales o políticos contrarios a las tradiciones del pasado glorioso, es claro que la libertad de enseñar la historia tiene que encontrar la valla de la supervigilancia del Estado, ya que evidentemente no sólo faltaría al fin social sino que lo destruiría sin remedio” (MEN: 1949). Esta coyuntura se refleja en la oferta de libros, en la existencia de un pequeño número de títulos y editoriales para el área de historia de Colombia, y en el difícil acceso de los escolares a otras fuentes de información y conocimiento, lo que confería mayor relevancia al manual como referente de conocimientos. En un período que se caracteriza por una estrecha o muy fluida relación entre gobierno conservador – Iglesia – y campo académico la producción de textos escolares estuvo circunscrita entonces a un campo intelectual específico, afín al gobierno nacional conservador. Una sola elite regulaba, editaba y escribía, pues los autores y las editoriales orientadas a la escuela eran pertenecientes a comunidades religiosas (Stella perteneciente a la comunidad de La Salle, Voluntad de influencia jesuita, Bruño de los hermanos cristianos), y junto a estos, los autores “civiles” en un gran número tenían una carrera política oficial (ministros, gobernadores, secretarios de gobierno etc.). Resulta ilustrativo del sectarismo estigmatizante alcanzado por los manuales de enseñanza, la denuncia publicada en una nota del periódico El Tiempo de septiembre 21 de 1958 titulada “Los textos de buena y mala educación”, sobre el libro de circulación escolar la Historia de la Iglesia. En este se define al liberalismo como “un sistema político que consiste en excluir del gobierno civil de los pueblos toda influencia religiosa, especialmente la de la religión católica. Su fórmula es la Iglesia libre en el Estado libre (…) o más exactamente como lo demuestran los hechos, Opresión de la Iglesia por el Estado. El liberalismo es la máquina de guerra que sirve para excluir a Dios de

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todas partes; de la administración pública y de los tribunales, de la enseñanza y la educación de la juventud.” De similar manera dentro de una cartilla que aún conserva la forma de catecismo de autoría de la Doctrina Social Católica (editada por Norma) en 1963 pueden leerse afirmaciones como los comunistas “fomentan el odio y esclavizan al pueblo”, y ¨los gobiernos laicos (están) predispuestos contra los derechos de la familia y de la Iglesia”.

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Ahora bien, la ausencia de manuales de contrapartida, que contengan la orientación liberal, no responde en principio a una censura política. De hecho, junto a una historia conservadora que es la dominante en estos libros de texto, hay una historia liberal que emergió casi de manera simultánea, pero tuvo otros escenarios de circulación (Indalecio Liévano Aguirre es tal vez el autor más prominente de esta corriente). La ausencia de autores liberales en la escuela debe observarse sobre el trasfondo de tres elementos: primero, había muy pocos liberales entre los miembros de la Academia Colombiana de Historia (ACH); segundo, las editoriales escolares existentes eran de clara orientación conservadoras al ser en su mayoría eclesiásticas; y tercero, la educación privada, mercado de la industria editorial escolar, era en un elevado porcentaje propiedad del sector eclesiástico, y por lo tanto no estimulaba el impulso de otras orientaciones que pudieran amenazar ese monopolio. No había incentivo ni institucional ni mercantil para visiones que se salieran del dogma eclesiástico o conservador. El ordenamiento de la historia de Colombia predominante en los libros que circularon en este período es cronológico y acorde con los períodos presidenciales, dentro de los cuales se describen numerosos hechos agrupados algunas veces, como en caso de J. M. Henao y G. Arrubla, por temáticas muy generales como política, relaciones exteriores, política social, higiene, educación, entre otras, las cuales son desarrolladas con una mirada exclusivamente institucional, y con base en fuentes oficiales. Asimismo, conforme a la escuela romántica positivista de la historia en la que se inscriben, y a la función política por ellos reconocida de fortalecer el sentimiento patrio y las conductas cívicas, en estas narrativas históricas hay poco margen para contenidos relativos al conflicto social.

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En general, en estos libros de texto, que por lo demás circularon con actualizaciones cronológicas hasta los 70, se silencian las expresiones de violencias tanto anteriores como posteriores al 9 de abril de 1948. Así entonces, los aproximadamente 200.000 muertos que se registraron en el marco del enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador, junto a la centralidad en la cotidianidad política de esta confrontación, que es posible atestiguar en la prensa de la época, no encuentran cabida en la historia nacional que se reproduce en la escuela. Incluso en manuales de texto de amplia circulación como Historia de Colombia para la enseñanza secundaria escrito por Manuel José Forero, no solo la contienda no es registrada sino que son ignorados hechos determinantes como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. La historia que se instala en la escuela de la mano de esta generación de autores, auspiciada desde las instancias oficiales, privilegia entonces el momento de la independencia y enfatiza en la historia de la civilidad romántica, teniendo como eje la continuidad de la institucionalidad democrática, y la heroización de las gestiones presidenciales, particularmente de las conservadoras. La representación del destino ascensional de Colombia que constituye el sustrato de estas narrativas se refuerza con la marginalidad de la violencia en el relato, su descontextualización y la identificación casi exclusiva con unos actores aislados. Ante la inexistencia de un capítulo o apartado que englobe como tal lo que se conocería más adelante como La Violencia, el análisis en dichos textos de este período se circunscribió a la lectura análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 32-48

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de los hechos políticos y de violencia reseñados para cada cuatrienio desde el gobierno Enrique Olaya Herrera, inicios de la República Liberal hasta los primeros años del Frente Nacional (FN). Esta delimitación, entre 1930 y 1962, resulta de los nodos o procesos de tipo conflictivo concatenados en los libros de texto seleccionados: la violencia en los santanderes durante el gobierno Olaya Herrera; las reformas de Alfonso López P, el 9 de abril de 1948, el ascenso y caída de Rojas. De la mano de intelectuales partidistas cuando aparece, la violencia lo hace dentro de un discurso que la adscribe a un actor político delimitado, y bajo una óptica de marcado tinte moral. La desviación de los valores religiosos y patrióticos, endosada subrepticiamente a los liberales, y la penetración de ideas extranjeras, específicamente comunistas, operan como recursos para aliviar el sentimiento de fractura interna de la nación. La violencia en esta perspectiva, encuentra su causalidad entonces en el relajamiento de los valores, asociado a ideologías políticas concretas, mientras que se ignoran u omiten otro tipo de causalidades y responsabilidades, especialmente las que pudieran ser asociadas al partido conservador.

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Los textos de esta primera generación narran el 9 de abril como parte de una conspiración o estrategia para la toma del poder, influenciada por el comunismo internacional y con un terreno fértil abonado por el liberalismo, aunque no mencionan a este último de forma abierta. Si bien no hay una referencia explícita en las narrativas de los autores eclesiásticos a la política educativa de Alfonso López P. (1934 -1938), esta configura según ellos uno de los factores explicativos de la denominada revolución del 9 de abril de 1948 y de la violencia posterior. El hermano Justo Ramón hace referencia a la “enseñanza materialista” promovida “lustros atrás”. Por su parte, R. Granados asevera que los hechos conocidos posteriormente como el Bogotazo fueron producto de la labor de descristianización de la escuela realizada en gran medida por “elementos extranjeros, maestros en el arte de borrar la idea de Dios”, en alusión a la participación en varias de las reformas educativas del 30 de españoles republicanos exiliados en nuestro país . En el caso del hermano Justo Ramón, quien es tal vez el autor más evidentemente partidista, se señalan como antecedentes de la jornada del 9 de abril, todos ellos alusivos a la denominada República liberal, los siguientes: la enseñanza materialista con anuencia del Estado, “la impunidad (de los delitos de origen político especialmente)”, “la lucha política, mal clarificada de influencias comunistas” y los “varios lustros de acción demagógica”. En general, para los autores de esta generación, el magnicidio de Gaitán parece ser sólo un chivo expiatorio o un pretexto en la estrategia concebida para la revolución o la toma del poder por parte de los izquierdistas (liberales y comunistas), tanto nacionales como extranjeros, en el marco de la Conferencia Panamericana que se pronunciaría contra el comunismo. Ese el verdadero sustrato de los acontecimientos. En efecto, se le resta importancia al perfil político y a la opción a la presidencia de la república del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, apenas enunciando de forma escueta su asesinato y con una caracterización mínima del personaje. En contraste, sale a relucir la figura heroizada del entonces presidente Mariano Ospina P., convertido en modelo de conducta patriótica durante los hechos del 9 de abril. Los manuales de la época reproducen así la versión del oficialismo conservador con base en las declaraciones del propio presidente M. Ospina, ministros del despacho, o figuras claramente partidistas, como José María Nieto Rojas (político conservador autor del libro La Batalla contra el comunismo) que son citados como fuentes históricas de alta credibilidad. La destrucción, el desorden, “la turba”, los pormenores de la violencia son convertidos en los manuales en sello distintivo o rasgo dominante de los sucesos del 9 de abril. De este modo, al

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movilizar el recuerdo de la violencia como leitmotiv termina por taparse o relegarse el magnicidio, su significación social y política, al igual que sus antecedentes y motivaciones. El conflicto y las expresiones de violencia anteriores al 9 de abril se silencian, como en el texto de R. Granados, o hay una atribución única de responsabilidades a los “otros”, es decir a los liberales en la situación vivida por el país. En suma, ninguno de los libros escolares de la época da cabida a las denuncias liberales que no sólo antes sino también después del asesinato de Gaitán tuvieron lugar y que alegaban la “falta de garantías” y la “persecución oficial o persecución sistemática”, denuncias que estuvieron detrás de la Marcha del Silencio y luego de la dimisión ministerial, y el retiro liberal de las elecciones. Las imágenes que se difunden entre los escolares son exclusivamente las del partido de gobierno, que denigra de los opositores liberales, mientras exalta a los copartidarios, de quienes se valoran sus acciones como heroicas o virtuosas.

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En la exposición del período de Laureano Gómez (1950 – 1951) los autores revisados de esta primera generación hacen escasas referencias a su gestión política, mientras que se concentran en los que son presentados como logros en materia económica o en el campo de las obras públicas. Hay entonces un ocultamiento en las narrativas de la relevancia de violencia, la cual, como se sabe, llegó a su nivel más álgido en esa administración. Incluso al margen de cualquier referencia al conflicto violento, su período es exaltado por los avances en materia de justicia y paz. Así Rafael María Granados, además de utilizar de manera constante adjetivos heroicos para la descripción de Laureano Gómez, se enfoca en el restablecimiento de la paz como una orientación presidencial frente a una problemática de violencia o conflicto, que apenas nombra. Por su parte, el hermano Justo Ramón atribuye de manera claramente infundada, el origen de la amnistía a los guerrilleros a L. Gomez/R. Urdaneta (1951 – 1953), en un intento por mostrar el carácter pacífico de un gobierno que precisamente en la literatura histórica suele ser identificado, por el contrario, por su política represiva o violenta y eminentemente excluyente.

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La violencia que se reseña de manera muy marginal por parte de R. Granados y el hermano Justo Ramón es circunscrita a acciones unilaterales de quienes denominan bandoleros. Estos, se desprende de los relatos, no tienen otro origen ni otro fin que la destrucción misma. Es entonces una violencia incausada, en la que no tiene relevancia alguna el escenario social ni el contexto nacional. La violencia es evidencia del deterioro moral, y el bandolerismo, su protagonista, actúa “deseoso de consumar la ruina de la Patria” (R. Granados). La complejidad de la violencia, tanto por sus dimensiones, como por la multiplicidad de actores y motivaciones es, por decir lo menos, omitida en estas narrativas. Los autores de esta época le restan a la violencia de mediados de siglo el carácter político, especialmente durante el gobierno de Laureano Gómez. Desconocen ellos en sus narrativas la existencia de guerrillas liberales, o cuando describen sus acciones o sus miembros los aproximan a otro tipo de actores de finales de La Violencia. De este tratamiento es ilustrativa la referencia a los Llanos Orientales, referente geográfico simbólico de la resistencia liberal o de las guerrillas liberales, como territorio de bandoleros, o foco de la inseguridad, ignorando no sólo su origen en la persecución conservadora, sino también el carácter reivindicativo político-social que los grupos armados de dicha región van adquiriendo. En esta misma línea el gobierno laureanista es representado de manera pasiva, como simple “controlador”, o incluso como víctima, omitiendo su papel protagónico en la violencia y su política autoritaria en el período. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 32-48

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Lo sorprendente es que éstas narrativas de carácter sectario o partidista funcionaron a modo de relato histórico “compartido” al difundirse en la institución escolar como un saber incuestionable. Bajo esos parámetros impartieron durante al menos dos décadas la enseñanza de la historia. Ante esto cabe preguntarse: Cual es el impacto que una visión de estas, satanizante y estigmatizante del adversario, puede tener en la formación de la cultura política, en el modo de valorar y tramitar el disenso? Como manejar entonces la disociación entre una experiencia cotidiana de la violencia por parte de los escolares y sus familias, con la negación u ocultamiento de esa violencia en los manuales y en los recintos escolares? Incide dicho ocultamiento en la rutinización o naturalización de la violencia? Como contribuye esa mirada esquizofrénica a una representación de la violencia como algo fuera de la comunidad , o a una simple lectura moral de la política y la violencia en detrimento de su comprensión como fenómeno de probada raigambre social? LA “HISTORIA PROBLEMÁTICA” O DE SEGUNDA GENERACIÓN

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Hacia finales de los setenta es posible rastrear una importante transformación en la historia de Colombia enseñada a los escolares. Anclada hasta entonces en un discurso de civilidad y urbanidad, y de obediencia y moralidad, la educación y particularmente la historia en el nivel escolar, es puesta ahora al servicio de la comprensión de la realidad nacional y sus dinámicas en el marco del plan de desarrollo (1974 -1978) del gobierno de Alfonso López Michelsen (López M, sf). Asimismo el respeto por la vida y los derechos humanos se plantea como el primero de los fines adjudicados al sistema educativo y como un elemento sustantivo en el desarrollo individual y de la sociedad. En esta dirección, las ciencias sociales en el nivel escolar se ven avocadas a desplazar a la historia romántica que hasta entonces había imperado y a instaurar en su lugar una historia que tiene por punto de partida el reconocimiento de los múltiples conflictos existentes en el país.2 Esta transformación concurre con el progresivo relajamiento del control político ideológico sobre el currículo, particularmente en lo concerniente a la asignatura de estudio de Colombia y los manuales de enseñanza. Son varios los factores que inciden en este viraje de la enseñanza: 1) durante la coalición bipartidista del Frente Nacional (FN), la legislación en materia de planes educativos cambió su foco de interés de la formación humanística, en la que tenía un importante lugar la historia patria, a una formación más vocacional y profesional, acorde con la unificadora retórica del desarrollo que se impuso como discurso central. 2) Con la ampliación del mercado educativo, público y privado, por transformaciones demográficas a lo largo de los setenta especialmente, se abrieron camino nuevas editoriales, y la Iglesia Católica, perdió en consecuencia la hegemonía en la edición y producción de textos escolares. 3) La especialización de funcionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en los temas de currículo hizo que la ACH, representante y supervisora de la historia patriótica oficial, viera disminuida la preminencia con la que había contado hasta el momento, declive en el que incidió igualmente la ampliación del espectro de profesionales de las ciencias sociales.

Para analizar este período los títulos seleccionados con base en el debate historiográfico, pero también utilizando el criterio editorial, fueron: 1) “Historia Socioeconómica de Colombia” de Carlos Alberto Mora y Margarita Peña, Editorial Norma, 1985 2) “Historia de Colombia”, Serie Pasado y Presente de Silvia Duzán y Salomón Kalmanovitz, Editorial Oveja Negra, Sin registro de año, aproximadamente 1986. 3) “Conozcamos Nuestra Historia”, 9 grado, de Alberto Hurtado Ramírez y Jorge Rojas Quintero, Editorial Pime, 1984, y 4) “El Hombre y su Huella”, Equipo editorial, Editorial Voluntad. Este último aunque data de unos años atrás fue incluido en nuestra muestra al ser referido por varios docentes, y también porque permite observar las transiciones entre la primera y la segunda generación.

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Ciertamente, en contraste con los intelectuales partidistas del período anterior, hacia los años sesenta se inició un proceso de distanciamiento y finalmente de ruptura entre el Estado y una nueva clase de intelectualidad que va configurando un campo cultural autónomo del Estado (Sánchez: 1999 a). Precisamente en ese contexto, el tema de La Violencia, y particularmente el libro La Violencia en Colombia, escrito por Orlando Fals Borda, Germán Guzmán y Eduardo Umaña y publicado en 1962, es considerado como un parte-aguas de la historia contemporánea de las ciencias Sociales (Sánchez: 1999 b). Sin embargo, es preciso tener en cuenta que estas transformaciones tardarían su entrada al ámbito escolar. La escuela finalmente estaba sujeta en su ordenamiento a las políticas ministeriales en materia educativa, que se mantenían dentro de la fórmula frente nacionalista, en la cual aunque precario en ocasiones, se había construido un consenso sobre temas álgidos como las responsabilidades de La Violencia, achacadas al comunismo, o a la dictadura, o diluidas entre las bases de ambas colectividades políticas. El énfasis patriótico, el ocultamiento de la violencia y una lectura en términos morales de los hechos políticos característicos de los manuales de primera generación eran, por decir lo menos, funcionales al Frente Nacional (FN).

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En el escenario que empieza a configurarse a partir de las nuevas directrices educativas del 78 ( Decreto 1419) las discrepancias entre los intelectuales partidistas de la Academia y una nueva intelectualidad se tradujeron en un álgido debate sobre la Historia de Colombia y los manuales con los que se estaba impartiendo la asignatura en las escuelas. En 1985 aun la Academia Colombiana de Historia mantiene la noción de historia con la que fue fundada (1902). En su perspectiva se trata de un recuento de “hechos, acontecimientos y personajes que han forjado la historia nacional”, y se traza como objetivo el mantenimiento de “la fisonomía de un pueblo, libre, culto y democrático’’. En este sentido sigue patrones identitarios patrióticos que delimitan la manera de abordar la realidad social, brindándole un lugar protagónico a la historia institucional y heroica. Por su parte, Salomón Kalmanovitz, uno de los exponentes de la corriente conocida como la Nueva Historia, y coautor con Silvia Duzán de uno de los manuales que mayor controversia generó (Historia de Colombia 9, de la Serie Pasado y Presente de Ed. El Cid), describe la función que en esta nueva perspectiva ha de cumplir la enseñanza de esta materia así: “El interés fundamental está centrado en entender también los problemas del presente –el insuficiente desarrollo económico, la débil soberanía nacional, las imperfecciones de nuestra democracia, las recurrentes fases de violencia y política– y las raíces que ellos tienen en la historia”. (Suarez H, s.f.)

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La Nueva Historia no solamente abre el paso a la problematización de la dinámica política y económica, sino que relega los períodos y las figuras emblemáticas tradicionalmente asociadas a la identidad patriótica. Esta nueva versión de la historia nacional es vista por Academia Colombia de la Historia como atentatoria contra las enseñanzas morales y cívicas sobre las que debería cimentarse el conocimiento histórico en el nivel escolar, y por consiguiente como terreno propicio para la implantación de visiones y conductas subversivas. Esto le lleva a afirmar en relación con el debate educativo que “el éxito logrado por la guerrilla entre los jóvenes, se debe a la ignorancia que ellos tienen de nuestra historia nacional (Cacua P, 1983) La marcada contraposición entre estas dos corrientes históricas pone en evidencia las muy distintas interpretaciones y apuestas políticas detrás de cada relato, apuestas que por su naturaleza desbordan el ámbito académico. En general en los libros de texto analizados de esta segunda generación, es posible rastrear ambas corrientes. Sin embargo, aún en los manuales que conservan una perspectiva patriótica o romántica, es perceptible el impacto de la Nueva Historia. Con la Nueva Historia que hace su ingreso a la escuela se inicia el reconocimiento de procesos sociales como la modernización, las luchas agrarias y las luchas laborales. Esta introduce igualmente análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 32-48

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perfiles o personajes ausentes en la historia romántica de la primera generación, como los campesinos, los terratenientes y los sindicatos, y resignifica a otros, como Jorge Eliécer Gaitán, quien aparece en la historia escolar no sólo en relación con el asesinato del cual fue víctima sino también con la plataforma política que representaba. La figura de Gaitán cobra relevancia por su trayectoria política, haciéndose hincapié en su confrontación permanente con sectores políticos y sociales tradicionales, y en el hecho de que se presagiaba su triunfo en las elecciones presidenciales. La caracterización de Gaitán se aleja no obstante de los referentes partidistas y se le asocia cada vez más a discursos de claro contenido social. Así se tiende a relativizar su original filiación liberal, y se resaltan sus tensiones con las directivas oficiales del liberalismo. En esta generación de textos se impone una tendencia cuyo énfasis está más en el escenario político social que en la descripción de los sucesos del 9 de abril asociados a la revuelta y la destrucción. Incluso en el texto de S. Kalmanovitz y S. Duzán, se deja de lado totalmente la descripción de los acontecimientos del 9 de abril, limitándose a enunciar que el asesinato generó una situación insurreccional, mientras dedican numerosos apartados a exponer las dimensiones estructurales de la violencia titulando un subcapítulo sobre el período como La violencia y el gaitanismo.

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En una mirada de largo alcance, el Bogotazo es presentado no solo como reacción inmediata al asesinato, sino como “expresión de la inconformidad de las masas ante la situación social y política del país” (M. Peña), o como “una manifestación de los graves problemas, sociales, políticos y económicos que vivía Colombia” (PIME). Se rebasa de esta manera la mirada habitual que se concentra en el vandalismo o el carácter destructivo de las diferentes expresiones populares. La denuncia de persecución oficial al liberalismo que estuvo en el trasfondo del retiro de los liberales del gabinete ospinista , la mención de los hechos violentos en el congreso y de la Marcha del Silencio, son al mismo tiempo eventos mencionados en los que hay un reconocimiento de la violencia y las tensiones internas, anteriores al asesinato de Gaitán. De otra parte, el pueblo es presentado como un actor social que, aunque desorganizado, exigía “la cabeza de los responsables del asesinato” (PIME) o “la caída del gobierno de Ospina” (Kalmanovitz). En los textos de Peña y PIME los delincuentes comunes y los “agitadores” o revolucionarios parecen diferenciarse dentro del conjunto del pueblo. En estos manuales se menciona igualmente la conformación espontánea de movimientos con consignas revolucionarias, o juntas revolucionarias. Aunque los manuales de los 80 se preguntan por las responsabilidades respecto del asesinato, son tímidos a la hora de comprometer un punto de vista, y en lugar de ello, en alguna medida se puede afirmar que brindan al lector los elementos de contexto, ya señalados, para que este se forme su propia interpretación. El período de La Violencia se convierte en un tema de estudio al cual todos los autores de esta generación dedican capítulos o amplios apartados, rompiendo el silencio que se mantenía hasta entonces en el nivel escolar. La convergencia de dos polarizaciones, la política y la social, comienza a abrirse paso como factor explicativo. “Luchas de origen campesino”, “conflicto de clases” “conflicto interpartidista”, “contrarreforma agraria conservadora” son descriptores que emergen en las nuevas narrativas. En cuanto al papel cumplido por los partidos políticos durante la contienda, el peso de la responsabilidad pasa a los conservadores, en especial al gobierno de Laureano Gómez, invirtiéndose así la imputación realizada por la primera generación de autores.

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Sólo en los manuales de historia de Colombia de los 80 empezaron a ser diferenciados los actores partícipes de la violencia de los cincuenta, si bien es muy desigual entre los textos la profundidad con la que fueron abordados. Conforme a como se va reconociendo la complejidad de las lógicas y dinámicas del período, el texto de Peña y el manual de Kalmanovitz dan cuenta de las guerrillas liberales, las guerrillas comunistas, los “pájaros”, los chulavitas o la policía conservatizada y los bandoleros, aportando una cronología y una geo-referenciación que da preeminencia a unos sobre otros por épocas y regiones.

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De igual forma, en los 80 se introduce la variable social en la mirada a la Violencia. El retorno analítico a los 50 se produce desde un prisma muy distinto que permite revalorar actores sociales o políticos que habían sido estigmatizados, o a los cuales se les había despojado de toda intencionalidad o racionalidad política. Donde los autores de la primera generación habían encontrado subversión, bandoleros, chusma, y delincuentes, los ochenta empezaron a encontrar rebeldes, guerrilleros o insurgentes. Asimismo, mientras en los cincuenta sólo se veían colores políticos liberales o conservadores, en los ochentas el escenario se diversifica, si bien todavía de manera muy incipiente: hay campesinos, sindicatos e industriales. En este sentido es posible afirmar que con respecto a la violencia de mediados de siglo, en los manuales de la segunda generación se produjo una resignificación importante de los actores y de sus contextos. LA “HISTORIA LIGERA” O DE TERCERA GENERACIÓN

La Ley General de Educación en 1994, como materialización de las disposiciones y orientaciones en materia educativa de la Constitución Nacional de 1991, estipuló la obligatoriedad del estudio de la carta magna, la cívica, la formación en el respeto a los derechos humanos, la paz, la solidaridad y la educación sexual. La introducción formal de estas temáticas se acompañó de una renovada comprensión del proceso educativo y del conocimiento en general. La educación no versaría sobre la aprehensión de un saber acabado, sino que habría de orientarse a la generación de conocimiento y de un pensamiento creativo y crítico. Para ello se le dio preeminencia al estímulo y formación de los estudiantes en competencias cognitivas, como también en competencias ciudadanas y en valores.

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En el marco de los lineamientos curriculares publicados por el MEN en 2002 para el área de Ciencias Sociales, la cual integra las disciplinas de historia, geografía, sociología, economía, y democracia, no se plantea de manera explícita el estudio del período de La Violencia ni en general de problemas y momentos históricos concretos. En la malla curricular sugerida por el MEN hay una aproximación oblicua a los fenómenos de violencia a través de los llamados núcleos problémicos (sic) “Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismos para construir la democracia y buscar la paz” y en menor medida en “las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios” (MEN, 2002ª: 54). “Cómo podemos establecer límites a las atrocidades de la guerra? Cómo afecta a la democracia y a la ciudadanía las violaciones de los derechos humanos? Por qué las diferencias nos producen miedo y/o rechazo?” Estas son algunas de las preguntas sugeridas en las que se podía argüir que se alude a la problemática de violencia sin que no obstante se puntualice la ocurrencia de este fenómeno en Colombia. Asimismo dichos interrogantes no reclaman directamente un abordaje histórico si bien en principio se plantea que debe procurarse una respuesta multidisciplinar. El eje articulador de los núcleos problémicos (sic) y en particular frente a temáticas como violencia y conflicto es el conocimiento normativo de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la constitución, y solo de manera subsidiaria el conocimiento histórico. Dicho de otro modo la “comprensión y tratamiento de los problemas sociales” a los que se orientan las ciencias sociales, no se realiza o no se fundamenta a partir del conocimiento histórico. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 32-48

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En efecto, las orientaciones curriculares ministeriales parecen volcarse hacia el presente o el futuro ante la inmediatez de una realidad conflictiva desde la cual se formula toda la política educativa y desde el presupuesto de una transformación ciudadana como elemento central en la superación de la violencia. Con este fin parece imponerse una dimensión practica y de valores sin que logre articularse con claridad la dimensión histórica en la reflexión sobre la problemática nacional, quedando esta al albedrio de la comunidad educativa y también del mundo editorial. En los lineamientos posteriores del MEN (2004), que guardan en buena medida el espíritu de los formulados en 2002, sobre todo en lo que concierne a la multidisciplinariedad, se puntualizaran con respecto a la problemática de violencia en el país los siguientes temas o mejor rótulos: “Impactos del 9 de abril, análisis del período de “la violencia” y sus relaciones con formas actuales de violencia; explicación del surgimiento de la guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico en Colombia; transformaciones de la guerrilla; y causas y consecuencias del desplazamiento forzado”.

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Por su parte, en los libros de texto escolar3 se plasma la interpretación de los lineamientos que hacen las editoriales y que muchos docentes reproducen algunas veces de manera literal en clase, de tal modo que son las editoriales quienes terminan ordenando en gran medida la educación en el área. Los textos de historia que se habían caracterizado por ser textos de autor, aun en los ochenta, son ahora textos de colectivos. La editorial conforma un grupo de autores con diversa formación profesional para garantizar con ello la especialización en cada una de las temáticas que debe abordar el texto de ciencias sociales. Cada profesional por su parte se enfoca en su capítulo específico, conforme a unas indicaciones editoriales que pueden ir desde el número de caracteres hasta el tipo de perspectiva: critica, descriptiva, histórica, coyuntural etc., a lo que hay que sumar la intervención de la editorial en el momento del ensamblaje, de manera que para estos años el rol académico del autor es sumamente delimitado y conciso. Ciertamente cada autor desconoce la mayoría de las veces a los otros especialistas que aportan sus trabajos al manual, lo que dista mucho de la idea de equipos. De otra parte, el perfil de los autores también se ha modificado. En principio, la mayor parte de ellos no cuenta con el renombre en el campo académico de los autores de décadas anteriores, lo que les resta margen de maniobra frente a la editorial. Así entonces, los manuales son de hecho obras de editor y no de autor. En lo concerniente al criterio editorial para el tema de Historia de Colombia y dentro de esta la problemática de violencia, en la mayoría de los editores entrevistados en el marco de la investigación de la que es parte este ensayo, es notoria una tensión al respecto. Así algunos dan lugar a perspectivas críticas o hechos que han generado controversia, otros por su parte prefieren evitarlos en particular cuando implican al Estado o a gobiernos recientes. Las editoriales entonces ejercen una autoregulación, o si se quiere autocensura sobre los contenidos de los textos, decisión sobre la cual no resulta evidente la incidencia del ministerio que limita su regulación a verificar que todos los rótulos de los lineamientos se mantengan. La “autocensura”

En la tercera generación diferenciada, los manuales de Ciencias Sociales estudiados fueron: 1.Viajeros 11 sociales. Melo Moreno, Vladimir, Javier Andrés Machicado, María Teresa Pinto, Franz Hensel Riveros, Liliana Morales, Diana Marcela Rojas y Sonia Patricia Mora. Grupo Editorial Norma, 2008. 2.Ciencias Sociales 10, Ortiz J, José Guillermo, Wilson Paul Rueda, Oscar Guarín y Diana P. Angel. (2007) Editorial Santillana 3. Ejes Sociales 9. Díaz Vega Mireya, y Germán Antonio Granada Osorio (2010). Educar Editores S.A 4. Relaciones 10. González Perafán, Leonardo, Martin Eduardo Vargas, Luis Eduardo Bosemberg, Javier Montoya, Olga Espinosa, Salomon Kalmanovitz, Diego Espitia y Juan Carlos Flechas. 2008. Libros y libros S.A.

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que se imponen las editoriales obedece, junto a las preferencias políticas de los propietarios o editores, al mercado. Desde los años 90, las editoriales se constituyen en empresas comerciales que hacen investigaciones de mercado entre los docentes y directivos de las instituciones educativas (clientes) para satisfacer sus preferencias y exigencias, y con ello ver garantizada una buena franja del mercado. En realidad, es difícil concebir el rol comercial y el rol “académico” de la editorial como dos lógicas completamente diferenciables. Las prácticas y procesos que la editorial desempeña inciden en el componente académico del texto escolar, pero surgen de incentivos y motivaciones ancladas en lo comercial.

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Haciendo una interpretación de los lineamientos dados desde el Ministerio de Educación, la mayoría de los libros analizados tienen un espacio dedicado a Conflicto armado, ya sea como una unidad temática en si misma (Santillana) o como un componente de un capítulo dedicado a la segunda mitad del siglo XX o Colombia contemporánea (Norma, Educar). La historia de violencia, no es en principio entonces una historia que se margine, de la narrativa no lineal de la nación que proveen los textos, sino que de hecho, en algunos textos tiene una posición protagónica. El caso de Educar, resulta especialmente ilustrativo al ubicar de hecho el conflicto como hilo conductor de la caracterización del país desde la década del cincuenta hasta la actualidad. En Norma, la caracterización del conflicto es complementada con temas como el desarrollo institucional, económico, poblacional etc., que son abordados en cada caso de manera independiente. En todos los textos revisados de esta generación, aunque el 9 de abril de 1948 es reseñado como un hito en el desarrollo de la Violencia, en la exposición se limitan mayoritariamente a una simple enunciación o a un registro fotográfico. De hecho, no hay una profundización ni en los acontecimientos de esta fecha ni en la figura de Jorge Eliecer Gaitán asemejándose en este sentido a los manuales de primera generación. Si bien no realiza una reconstrucción del pensamiento gaitanista, el manual de Educar es el único que describe sucintamente el papel del líder asesinado en algunos momentos y debates políticos (las elecciones del 46, la dirección del partido liberal, sus protestas ante el gobierno de Ospina, su exclusión de la Conferencia Panamericana, los señalamientos de parte de la oligarquía como comunista) y la ocurrencia tras su asesinato de “El Bogotazo” que define escuetamente como “rebelión en Bogotá”.

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En esta generación hay un reconocimiento de la violencia anterior al magnicidio, aunque en algunos textos se reduce a una afirmación genérica descontextualizada, sin direccionalidad, o sin actores: “El asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, evidenció una violencia sin precedentes que ya se vivía de manera marginal en los centros urbanos” (Santillana). Ahora bien, Educar describe esa violencia como persecución oficial contra el liberalismo, ubicándola hacia 1946 con la elección de Ospina Pérez y la pone en cabeza de la policía. Norma, por su parte, fecha en 1946 el inicio del enfrentamiento y asocia la violencia a un asunto identitario y de control municipal del que son partícipes ambas colectividades. En los libros de texto de esta última generación, la descripción del período de La Violencia no tiene en cuenta como antecedente la violencia de los 30 ni las reformas liberales de dicha década. Dicho de otro modo, la interpretación del conflicto de mediados de siglo como producto de una lógica contrareformista, de tipo conservador pierde fuerza dentro de una lectura que le resta profundidad histórica y analítica al período. De igual manera, la dimensión de las luchas agrarias como telón de fondo de La Violencia, o la dinámica contrareformista con la que fue identificada la análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 32-48

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Violencia es dejada de lado. En sólo uno de los manuales revisados en esta generación, que introduce en general una mirada más compleja e integral, llega a ser mencionada como consecuencia la transformación en la estructura de propiedad rural (Educar). La interpretación predominante se ordena casi que de manera exclusiva alrededor de las disputas partidarias sin ofrecer razón alguna de los motivos de estas, del contenido de sus diferencias ideológicas o programáticas, o del entrecruzamiento con otros factores. En la narrativa de Norma, la Violencia es descrita como una Guerra entre bandas armadas de tipo partidista. Estas se fundan en lazos de compadrazgo, y actúan siguiendo una lógica de defensa y venganza frente a los grupos armados del partido contrario. Aunque no puntualiza, el origen parece ser espontáneo y la intensidad de la contienda entre unas y otras es explicada con base en la posesión de unas identidades totales. Es una visión de tipo “voluntarista” y no se examina su relación con las directivas de los partidos, o con otros actores o intereses económicos o sociales si bien, en lo que pudiera entenderse como una primera etapa, insinúa la cuestión burocrática como móvil del conflicto armado.

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En esta visión el Estado tiene una posición pasiva, o simplemente su papel es presentado como el de un actor externo a la confrontación, que intenta controlar la situación, en la cual “en muchos casos” se afirma, se han involucrado sus fuerzas de seguridad. Se deja de lado entonces el origen conservador del gobierno y las denuncias de “violencia oficial” que marcaron el período. En general, en este manual de Norma se tienden a invisibilizar o minimizar de manera comparativa, las acciones violentas de los conservadores. Estas últimas son presentadas como una “respuesta armada”, y en el caso del gobierno de L. Gómez quedan encubiertas con su caracterización genérica como “represión violenta”, sin señalar a quiénes ni cómo. Así pues en esta memoria de La Violencia, aunque las responsabilidades son adjudicadas abiertamente a los dos partidos, en el desarrollo de la exposición el énfasis recae en los liberales y se recrean las típicas argumentaciones que marcaron la interpretación histórica que circulo en los 50-70, a saber: 1) se les acusa de provocar el escalamiento de la violencia al renunciar a la competencia electoral en 1950, “aduciendo razones de seguridad” que no son expuestas o corroboradas. 2) El retiro de las elecciones se postula como una justificación para atentar contra la administración conservadora. 3) A los ejércitos guerrilleros, de los cuales Norma destaca su magnitud y organización, les son opuestas las simples bandas armadas de filiación conservadora y se desconoce simultáneamente su oposición a las fuerzas del Estado. 4) El proceso de desmovilización para “poner fin de una vez por todas, a la violencia” es sólo liberal. A una violencia que pareciera ser adjudicad a los liberales se la da por terminada con la desmovilización de las guerrillas de dicho partido. De otra parte, favoreciendo en su mirada la gestión conservadora, se afirma que el gobierno de Gómez se caracterizó por “los intentos fallidos de negociación en el marco de un discurso de negación radical del Partido liberal”, pareciendo identificar con un ánimo belicoso a los rojos y como portavoz de un espíritu pacifista al presidente en cuestión. En el mismo sentido, es importante destacar que mientras se resalta una supuesta voluntad negociadora del gobierno de Laureano Gómez frente a las guerrillas, se invisibiliza el papel pacificador de Rojas Pinilla, ya que las desmovilizaciones liberales que se desarrollaron efectivamente en su gobierno, desde el 53, se las hace aparecer como iniciadas bajo el Frente Nacional. Así, por el contrario, dentro de la considerada como una visión laureanista del gobierno Rojas en relación con la violencia bipartidista, la gestión de este es catalogada meramente como represión violenta. En el manual de Educar, si bien se categoriza el período como guerra civil bipartidista, la Violencia es la historia de la violencia contra el partido liberal, pues, sólo alude a los conservadores como

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victimarios y a los liberales como víctimas. Es una guerra que tiene como base el “odio ideológico”, pese a que en el texto no haya ningún tipo de explicación al respecto, guerra que es llevada a cabo por campesinos azuzados por dirigentes políticos desde las ciudades, dentro un reconocimiento ampliado de las responsabilidades políticas. La iniciativa bélica es delegada en los conservadores y las acciones en el marco del enfrentamiento ejecutadas por los liberales, en las que se incluyen las guerrillas campesinas, se les cataloga como resistencia civil, poniendo el énfasis entonces tanto en su carácter defensivo como en su calidad de opositores del régimen violento. El gobierno, de orientación conservadora, es presentado como un actor de violencia que operaba mediante la Popol (policía política) o los chulavitas, definidos como “fuerza armada del gobierno”, pero también se insinúa su involucramiento en el “terrorismo político”, del cual se mencionan víctimas todas ellas liberales. Al respecto, este texto es el único de los revisados que menciona con nombres propios víctimas de la época como Gustavo Jiménez y Jorge Soto del Corral, congresistas liberales, e incluye en ese grupo al dirigente liberal Darío Echandía, si bien comete en este último caso una flagrante imprecisión histórica puesto que fue a su hermano a quien asesinaron. De igual manera, aunque de manera genérica, el manual en cuestión menciona un aproximado de trescientas mil víctimas y la existencia incuantificable de daños físicos y síquicos. Por su parte el texto de Santillana, mantiene la línea interpretativa de la Violencia como persecución de los conservadores a los liberales. Estos últimos son representados pasivamente sin que se explore la conformación de las guerrillas liberales. En este manual no resulta claro para el lector el origen, desarrollo y consecuencias, de la Violencia puesto que se presentan dos versiones, que no conversan entre si. Por un lado, la del autor que de manera sintética, sin ofrecer un mínimo soporte histórico caracteriza la violencia como producto del enfrentamiento entre partidos, y por otro, la de una lectura de apoyo, que plantea, por el contrario, el fenómeno como enfrentamiento interclasista y con unas dimensiones políticas que exceden las bipartidistas.

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Conforme a lo exigido en los lineamientos, los manuales de tercera generación realizan una interpretación en términos de continuidad o discontinuidad sobre el período de la Violencia y las “formas actuales de violencia”, expresión esta última empleada en las disposiciones ministeriales ante la postura gubernamental de entonces de negación de la existencia de un conflicto armado interno. Es, como se sabe, la perspectiva adoptada a lo largo del mandato de Alvaro Uribe V. (2002 – 2010) y que va a sesgar, desde un principio, el abordaje histórico del conflicto particularmente de la etapa contemporánea. El problema de la continuidad o discontinuidad entre la Violencia y el conflicto armado marca claramente diferencias expositivas en los manuales consultados: por una parte están Santillana y Educar que comparten la interpretación de la recurrencia y de la continuidad, y por otra parte, esta Norma que defiende el argumento opuesto. Las guerrillas en general para Santillana se definen sobre su disputa de legitimidad al Estado, definición o comprensión desde la cual remontan el fenómeno a las guerrillas de las guerras civiles de finales del siglo XIX. El argumento de la continuidad sin embargo se enfatiza sobre la conexión entre guerrillas liberales y guerrillas revolucionarias. Esta interpretación histórica se construye de manera exclusiva sobre el episodio del bombardeo del Estado a las comunidades campesinas de influencia comunista que habría sido el detonante para el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Norma no apuesta por una idea de continuidad entre guerrilla liberal y guerrilla revolucionaria, la diferencia entre ambas expresiones armadas estaría en la relación del actor armado con un contextos ideológico (Revolución Cubana), político institucional (el FN) y territorial (zonas de colonización, luchas agrarias localizadas) diferentes a los de La Violencia. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 32-48

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En general, en todas las publicaciones revisadas la caracterización de los movimientos guerrilleros es muy limitada, y hace alusión al año de fundación, se aporta el nombre de los fundadores y se enuncia, sólo en algunos textos, y de manera muy sintética la tendencia ideológica. Otra diferencia en las interpretaciones históricas del surgimiento de las guerrillas revolucionarias contemporáneas en los manuales estudiados se presenta alrededor del papel del Estado en las dinámicas políticas y sociales. Asi en Santillana hay una apuesta crítica en la cual se expone “la incapacidad del Estado de resolver los problemas sociales” junto a “las restricciones democráticas del FN” como factores incidentes en el origen de los grupos insurgentes. En esta versión que comparte el manual de Educar, es planteada como idea dominante en el surgimiento de las guerrillas, la forma restrictiva del Frente Nacional, o dicho de otro modo, la imposibilidad de participación política a través de los canales formales, además de su poca efectividad en la atención de las demandas sociales. En Norma, por el contrario, se privilegia el surgimiento de estos grupos armados, el voluntarismo político y el contexto ideológico, y se eluden las valoraciones explícitas del papel del Estado o de la dinámica política en dicha coyuntura. Así como factores incidentes en el origen de las guerrillas, Norma afirma que el FN “fue dando la idea” de no dar cabida a la oposición, y con respecto a las luchas agrarias las plantea casi como un problema privado (hacendado – colonos) al mismo tiempo que define las zonas de colonización como “espacios abiertos”, eufemismo empleado para ocultar la ausencia del Estado en estas.

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Santillana es el único texto que hace un seguimiento al desarrollo del conflicto armado o violencia política en los años 70s. Norma y Educar se saltan en general cualquier información, ya sea relativa al Estado o a las guerrillas durante esta época. En la visión de Santillana se recuperan elementos explicativos del conflicto armado como el éxito de la revolución sandinista y su impacto en las guerrillas colombianas; el desarrollo de la protesta social a finales de los 70s, específicamente el Paro cívico de 1977, que dicho sea de paso es representado como el momento cumbre de una movilización social que encuentra una respuesta represiva por parte del Estado. Asimismo se aborda el Estatuto de Seguridad de Turbay y se describen algunas acciones de la guerrilla del M19 durante su administración. En la tercera generación, de la mano de la reducción de contenidos históricos que se registra desde el currículo mismo, pierde profundidad y carácter critico la manera como es comprendida tanto La Violencia como el conflicto armado. En efecto, en general la revisión histórica se simplifica por razones de forma (diagramación, páginas) pero también ante la “despartidización” de la sociedad. La política y la sociedad en el momento actual no se piensan en términos bipartidistas y ello pareciera contribuir a la relegación tanto del magnicidio del 9 de abril, como de la represión y el enfrentamiento subsiguiente, pese a su enorme significación política. A ello se suma la pérdida de actualidad de dichas violencias, ante violencias, por decir lo menos, más cotidianas y urgentes, aunque es preciso agregar que el desarrollo de estas temáticas es también deficiente durante un período en el cual desde el nivel gubernamental se impuso un no reconocimiento del conflicto armado. Ciertamente, casi todos los textos de esta tercera generación no brindan información sobre el pensamiento político o económico, las bases sociales de la guerrilla y sus motivaciones, el tipo de acciones o hechos de violencia en los que se ha visto involucrada, los impactos sociales, económicos etc. Aunque la intención en este último período es la de ofrecer una visión integrada de las dinámicas sociales dentro de una apuesta interpretativa, en contravía de sus propósitos, el componente

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histórico y su profundidad se diluyen notablemente. Los manuales brindan muy pocos elementos factuales y se concentran casi que de manera exclusiva, en la exposición de líneas interpretativas generales, sin brindar una documentación o información de respaldo, o privilegian el desarrollo de competencias ciudadanas a las que no se ha logrado articular el pensamiento histórico y crítico de la realidad nacional.

conflicto

La violencia contada a los escolares. Conflicto social y memoria en los manuales educativos del siglo XX

A MODO DE CONCLUSIÓN

La enseñanza de la historia en el nivel escolar y dentro de ella de uno de los períodos más álgidos en el nivel político, y también más violentos, ha sufrido importantes transformaciones en los últimos cincuenta años. Son transformaciones asociadas a las políticas educativas y curriculares en relación con coyunturas políticas específicas, al crecimiento y la diversificación del campo académico y al crecimiento del mercado editorial. La historia de Colombia en el nivel escolar conforme a su desconocimiento o reconocimiento del conflicto ha transitado por tres etapas: de una negación total entre mediados de siglo XX y los setenta, a una historia nacional problematizada promovida en los ochenta, en la que se hacen visibles actores diferenciados y conflictos estructurales, y finalmente, en el momento actual, a una historia liviana de los problemas nacionales en la cual estos son enunciados pero sin brindar mayor contenido histórico, o son abordados de manera indirecta o de forma subsidiaria a otros temas. Las versiones de la violencia, particularmente la de mediados de siglo, que se han venido desarrollando progresivamente desde los 80, responden al reconocimiento de la existencia de diversas miradas o enfoques en la interpretación y la memoria histórica, y en ese sentido constituyen un avance con respecto a la versión única que imperó durante buena parte del siglo XX. Con todo, en la práctica ese pluralismo es muy incipiente. Primero, desde un discurso aparentemente neutro, es decir en el cual no hay calificaciones o señalamientos explícitos, el abordaje de temas problemáticos como el cuestionamiento y el involucramiento de la institucionalidad, que de hecho tiene lugar tanto durante La Violencia como en el conflicto armado, es obviado en los textos, o se invierte la carga de la responsabilidad. Segundo, generalmente los libros de texto, se limitan a exponer una sola versión histórica y ocultan la existencia de otras interpretaciones lo que va en detrimento del reconocimiento de la complejidad social y política, y también del ejercicio de la interpretación histórica.

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La memoria de la violencia que se registra en las tres generaciones ignora a las víctimas, o las reduce a cifras o enunciados generales sobre su existencia. Estos son los muertos naturales o inevitables de la guerra, pareciera, y por ello no se registran en las narrativas históricas escolares. Incluso los denominados magnicidios, es decir, los asesinatos de figuras prominentes en el campo político son apenas mencionados. Aunque en la última generación de textos, las víctimas han aparecido al menos desde la perspectiva de los derechos humanos introducida como eje de las ciencias sociales, son víctimas sin rostro, sin nombre, sin condiciones particulares, y sin un contexto. Finalmente, con excepción de algunos manuales de los ochenta, las narrativas orientadas en favor del mantenimiento de un orden social o político determinado, ignoran, marginan o descontextualizan el conflicto y la violencia, como si se estimara que su conocimiento por parte de los escolares representara una amenaza a la estabilidad del sistema democrático, o una amenaza a la identidad nacional. Las actitudes o valores democráticos que orientan la educación en ciencias sociales parecieran entonces ser incompatibles con el reconocimiento de falencias en su implementación en el país, o a lo sumo dan cabida a problematizaciones abstractas, es decir sin referencia a realidades concretas. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 32-48

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“Los del campo”, “los de la ciudad”. Ideología organizacional, vanguardia revolucionaria campesina y aislamiento político del Ejército de Liberación Nacional 1962-1973

“Los del campo”, “los de la ciudad”. Ideología organizacional, vanguardia revolucionaria campesina y aislamiento político del ejército de liberación nacional, 1962-1973 Juan Carlos Vélez Rendón*

RESUMEN El argumento central es que, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en sus primeros años, puso en práctica una ideología organizacional que propició contradicciones internas entre campesinos y citadinos, incidiendo de manera significativa en la forma como este grupo desarrolló su lucha armada, estableció vínculos con la sociedad y privilegió el crecimiento militar sobre el político. La combinación del carácter telúrico de los guerrilleros y la ideología organizacional del foco guerrillero, dieron origen a un antagonismo radical que marcó la relación entre los grupos sociales que integraban al Eln. Los fusilamientos y deserciones, la mayoría de estudiantes procedentes de la ciudad, con experiencia en la organización política se debieron a diferencias que definieron una contraposición entre lo urbano y lo rural, entre liderazgo político y militar, y entre el trabajo de masas y el crecimiento militar. Palabras clave: Conflicto armado colombiano; Historia del Ejército de Liberación Nacional; Movimientos guerrilleros y estudiantes

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ORGANIZATIONAL IDEOLOGY, REVOLUTIONARY VANGUARD PEASANT AND POLITICAL ISOLATION OF NATIONAL LIBERATION ARMY, 1962-1973 SUMMARY The central argument is that the National Liberation Army (ELN) in its early years, implemented an organizational ideology that led to contradictions between peasants and city dwellers, impacting significantly on how this group developed their armed struggle, established links with society and privileged the military buildup on the political. The combination of the telluric character of the guerrillas and organizational ideology, of the guerrilla group, gave rise to a radical antagonism that marked the relationship between the social groups that made up the ELN. The executions and desertions, most students from the city, with experience in political organization, due to differences that defined a contrast between urban and rural, between political and military leadership, and between mass work and military growth. Keywords: Colombian armed conflict; History ELN, guerrilla movements and students

Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Email: velez.rendon@udea.edu.co

ISSN 0121-4705

Fecha de Recepción: 12/10/2013 Fecha de Aprobación: 18/05/2014

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Juan Carlos Vélez Rendón

INTRODUCCIÓN

En este artículo reflexiono, desde una perspectiva historiográfica, sobre la composición social del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia en su momento fundacional (1962-1973) y sobre las relaciones entre campesinos y estudiantes dentro de este grupo guerrillero. Más que reproducir el mito fundador o proponer un análisis apologético que transmita una imagen coherente, simbiótica y articulada entre los intereses de los distintos grupos sociales que lo constituyeron inicialmente, enfatizo en contradicciones, fisuras y antagonismos que marcaron el rumbo inicial de esta organización guerrillera que se propuso una revolución corta como la cubana. El énfasis en estos aspectos contiene un interrogante vigente sobre este grupo, el cual obliga a ir más allá de los discursos y consignas que apelan en la actualidad al pasado de una manera acrítica y que, anegados en el romanticismo y en el voluntarismo, ignoran esos pasajes de la historia en los que la aventura guerrillera puso en evidencia desencuentros, contradicciones y antagonismos entre individuos procedentes de dos espacios que, aún hoy, parece que siguen repeliéndose: el rural y el urbano.

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Mi argumento es que, en sus primeros años, la puesta en práctica de la teoría del foco guerrillero y las contradicciones internas entre campesinos y citadinos, incidieron de manera determinante en la forma como este grupo revolucionario se insertó en el espacio geográfico, desarrolló su lucha armada y estableció vínculos con la sociedad. La combinación del carácter telúrico de los guerrilleros –que los vinculaba “con la tierra, con la población autóctona y con la particular naturaleza del país”– y una ideología organizacional –que los obligaba a una movilidad táctica permanente– (Schmitt, 1984: 127-129), dio origen a un antagonismo radical que marcó, en ese momento inicial, la relación entre los grupos sociales que integraban al Eln. En el primer punto esbozo algunos aspectos del contexto en el que surge el ELN, destacando, de un lado, la Guerra Fría, la Revolución cubana y la irrupción de las masas campesinas en la política; del otro, la Violencia, la movilización campesina y el Frente Nacional. Estudio la ideología organizacional1 del ELN y esbozo diferencias elementales en relación con la adoptada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el segundo punto evalúo las implicaciones del permanente nomadismo guerrillero y en el tercero intento mostrar que éste aspecto y la opción por el fortalecimiento militar dentro de la organización, condujeron al distanciamiento de las bases campesinas y al aislamiento de los movimientos urbanos de masas. Finalmente, estudio la composición social del ELN y llamó la atención sobre las diferencias surgidas en este interior, las cuales, desde mi punto de vista, constituyeron una contraposición fundamental que pudo superar el movimiento en su fase inicial pero con grandes dificultades y costos políticos. Para este ejercicio me apoyo, principalmente, en una bibliografía reconocida sobre el tema y me detengo en testimonios directos de los protagonistas de esta historia, tanto los que suelen reconocerse como voceros oficiales así como los disidentes dentro de la propia organización. La importancia del testimonio directo tiene, además del interés de recuperar la “voz” de los protagonistas directos, el objeto de proponer una recuperación de la memoria de un grupo armado importante en la historia contemporánea de Colombia que conduzca al establecimiento de la verdad en los hechos en que resultó involucrado.

Franz Schurmann diferencia la ideología pura de la ideología práctica u organizacional: “La primera es el conjunto de ideas que ofrecen al individuo una visión unificada y consciente del mundo, y la segunda, un conjunto de ideas que ofrecen al individuo instrumentos racionales de acción” (Citado por Palacios, 2001: 84).

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1. GUERRA FRÍA, IRRUPCIÓN DE LAS MASAS CAMPESINAS EN LA POLÍTICA Y EL SURGIMIENTO DEL ELN

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la división bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética se trasladó singularmente a América Latina debido, principalmente, a tres razones: la participación directa de algunos países del continente (entre ellos Colombia), en la guerra anticomunista que Estados Unidos desarrolló en Corea; el golpe de estado en 1954 contra el presidente reformista de Guatemala Jacobo Arbenz, con el cual los Estados Unidos reafirmaron su decisión de luchar contra el comunismo en América Latina; y el triunfo de la Revolución cubana en 1959. Este último aspecto, en particular, impactó a la mayoría de los países del continente, redefinió la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina e implicó una reestructuración ideológica y política en varios países del subcontinente. Parte de esta reestructuración la experimentaron directamente las organizaciones políticas de izquierda así como las organizaciones campesinas, sindicales y estudiantiles, algunas de las cuales se alejarían del reformismo político y adoptarían la vía armada para tomarse el poder. Aunque hubo unos años de “heroísmo efervescente” y se creyó que se desencadenaría una fase revolucionaria en todo el continente, sólo se produjeron movimientos guerrilleros de “alguna significación” en Venezuela, Guatemala, Colombia, Perú y Bolivia (Gott, 1971: 9; Wickham-Crowley, 1992:16-18). Antes de que ocurriera la Revolución cubana, buena parte de las masas rurales en América Latina irrumpieron en la política de sus respectivos países, movilizadas por organizaciones comunistas de diversa índole (Hobsbawn, 1969). En Colombia, aunque existía una tradición de resistencia armada desde los años veinte que, de alguna manera, politizó a sectores del campesinado dentro del comunismo (Pizarro, 1992; 19-20), fue hasta la confrontación liberal-conservadora (1946-1953) que millares de campesinos se movilizaron, como no había ocurrido en ningún otro país del continente, salvo en el México revolucionario de comienzos del siglo. Lo singular del caso colombiano en relación con otros latinoamericanos, es que, con algunas excepciones, los campesinos se movilizaron dentro de los partidos tradicionales, aunque después del asesinato del líder populista Jorge Eliécer Gaitán adquirieron autonomía (Hobsbawn, 1969: 87, 89, 99), optando por el bandolerismo, por el bandidismo social o por la lucha guerrillera (Sánchez, 1983; Ortiz; 1985; Medina; 1986).

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Para poner fin a la violencia bipartidista, para neutralizar la movilización autónoma de los campesinos y para restablecer el orden constitucional interrumpido por el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), los partidos liberal y conservador idearon el Frente Nacional (FN), un acuerdo político con implicaciones constitucionales, que aseguraba la estabilidad institucional mediante la alternancia partidista en el gobierno, así como la paridad burocrática en los cargos de representación política y en los puestos públicos. Aunque no se puede negar que el FN restringió la participación de movimientos alternativos al bipartidismo y que reprimió a las organizaciones de izquierda, tampoco se puede asegurar que este acuerdo cerró las puertas de la participación política (Gutiérrez, 2007). El ELN surgió en este contexto y hace parte de ese conjunto de grupos guerrilleros clasificados como de “primera generación” (Pizarro, 1995: 388). En el origen del ELN se combinaron tres experiencias que marcarían definitivamente el rumbo de la organización, por lo menos hasta comienzos de los años setentas. De un lado, la actividad política y militar de núcleos estudiantiles que hasta el año sesenta se asociaron con las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), pero que luego, por influencia de la Revolución cubana y de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) de Venezuela, se desplazaron ideológicamente a la izquierda (Safford y Palacios, 2002; 358). De otro lado, la conformación en Cuba, entre 1963 y 1964, de la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, integrada básicamente por estudiantes que habían viajado a la isla análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 49-63

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gracias a becas de estudio y que habían decidido regresar al país con el objeto de adelantar la lucha revolucionaria siguiendo el modelo cubano (Arenas, 1978: 14-16). Finalmente, la organización campesina en el municipio de San Vicente de Chucurí (Santander), que tenían una probada tradición de participación política, de resistencia y de rebeldía al lado de organizaciones bolcheviques en los años veintes, del gaitanismo en los años cuarentas y en las guerrillas liberales de Rafael Rangel a comienzos de los años cincuenta (Vargas, 1989). Con una influencia tal vez más moderada, deben considerarse también algunos liderazgos de trabajadores petroleros de Barrancabermeja. El ELN mantuvo una vinculación ideológica directa con la revolución liderada por Fidel Castro y algunos de sus integrantes recibieron instrucción militar en la isla. Esta vinculación permitió la identificación del movimiento con la teoría del foco guerrillero, la cual difería significativamente de otras ideologías organizacionales de inspiración rusa y china que adoptaron organizaciones guerrilleras como las FARC y el Ejército Popular de Liberación (EPL)2. La teoría del foco guerrillero fue ampliamente difundida en América Latina por Ernesto Che Guevara y Regis Debray, y postulaba tres circunstancias derivadas de la Revolución cubana que no necesariamente se ajustaban a la realidad de los demás países del continente: 1) que la guerrilla podía vencer al ejército; 2) que, mediante un foco insurreccional, se podían crear condiciones revolucionarias; y 3) que la lucha armada se debía desarrollar fundamentalmente en áreas rurales (Guevara, s.f.; Debray, 1967). En términos generales, estos presupuestos fueron aceptados por varios grupos revolucionarios en el continente, entre ellos el ELN, que los puso en práctica, aunque con un costo político demasiado alto como se expondrá.

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En la declaración de sus “presupuestos políticos”, el ELN se identificaba como una organización política y militar, constituida para desarrollar la lucha armada, con el objetivo de la toma del poder. Para sus dirigentes, ante el “cierre” de las vías legales, la lucha armada se constituía en la forma principal de acción, la cual se concebía como una guerra del pueblo. En esta guerra, el grupo guerrillero debía tomar la iniciativa y mantenerla insistentemente desde el momento de su conformación, aunque sus acciones fueran militarmente modestas. En relación con otras formas de lucha guerrillera, el ELN se diferenciaba de la “política de autodefensa” que por entonces desarrollaba el Partido Comunista (PC); al mismo tiempo, expresaba que no sería “brazo armado de un partido político” en una clara referencia a las autodefensas que operaban en el sur del país, aunque reconocía que aquellos eran importantes en su lucha; de hecho, algunos de sus integrantes procedían del PC y del MRL. En relación con su opción ideológica, decía el documento que el ELN estaba en contra del revisionismo, pero que se acercaban al punto de vista de los chinos, de las posiciones de los cubanos contra el imperialismo y de los movimientos de liberación nacional. Aunque se reconocía como marxista-leninista, anunciaba que buscaría aplicar dicha ideología de acuerdo con la realidad del país y de lo que “más conviniera al proceso revolucionario colombiano” (Arenas, 1978: 17-18). A diferencia del ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estaban constituidas principalmente por campesinos de tendencia comunista, articulados orgánicamente al PC, que desarrollaban una lucha de autodefensa armada para conservar sus predios en áreas de colonización y para evitar la acción tanto de latifundistas como del ejército. Estos grupos estaban “A diferencia de la concepción foquista, que busca actuar como catalizador del descontento popular a partir de un pequeño núcleo armado rural, la táctica de la guerra popular prolongada favorece una firme implantación en zonas rurales con el objeto de desarrollar una campaña de desgaste de las fuerzas armadas oficiales y asfixiar sus centros de poder, es decir, cercar las ciudades a partir del campo. Finalmente, la táctica insurreccionalista tiene como teatro esencial los centros urbanos y privilegia la guerrilla urbana y la realización de audaces acciones de desestabilización del poder” (Pizarro, 1995: 391).

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ubicados en el sur del país, en zonas como Viotá, Rioblanco, Sumapáz, Villarica, Marquetalia y el Pato, entre otras. Después de la activación de un Plan para la Seguridad de América Latina (Plan LASO) en 1964, la mayoría de estas organizaciones fueron desplazadas de sus zonas de origen, pero mantuvieron su vinculación con el PC. Desde entonces, se encaminaron hacia la constitución como guerrillas revolucionarias, lo cual harían formalmente en 1966 (Pizarro, 1992: 188-202).

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2. NOMADISMO, CRECIMIENTO CUANTITATIVO Y EXPANSIÓN ESPACIAL

¿Cómo se aplicó en el ELN la teoría del foco guerrillero y qué implicaciones tuvo dicha teoría en el desarrollo del movimiento insurgente? La adopción de la teoría del foco guerrillero suponía, en primer lugar, una opción para la práctica guerrillera en el ámbito rural. Al mismo tiempo, definía al campesinado como un componente social esencial para esta lucha. Finalmente, privilegiaba la actividad militar, aunque no rechazaba directamente el trabajo urbano y la actividad política. Una de las implicaciones de la teoría del foco guerrillero era la concepción de una guerrilla móvil, que evitara la sedentarización, más propia de movimientos de autodefensa como el de las FARC (Debray, 1967: 21, 24-26). En pocas palabras, se trataba de que la guerrilla se desplazara permanentemente en el espacio geográfico, de tal modo que evitara los cercos militares, que no agotara los recursos de una población y que cubriera un área territorial mayor, con el efecto simbólico positivo que suponía dicha presencia entre los campesinos. Por lo demás, esta movilidad habilitaba al guerrillero para retirarse de un área de operaciones en pocos minutos, para abandonar una región o para cambiar de frente (Guevara, s.f., 44-45). La zona que el ELN escogió para iniciar su actividad clandestina a mediados de 1964, estaba ubicada en el Cerro de los Andes, en un área de colonización campesina ubicada en el municipio de San Vicente de Chucurí (Santander).

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El área escogida reunía una serie de ventajas. Por una parte había zonas montañosas y selváticas de difícil acceso para un enemigo que no las conocía, buen agua y facilidades para entrar provisiones. Por otra parte se contaba con varias poblaciones de importancia no muy distantes y con una población campesina de alguna experiencia en la actividad armada, como que habían colaborado anteriormente en una u otra forma con las guerrillas liberales, años atrás. Además en su mayoría se trataba de jornaleros agrícolas, propietarios algunos de ellos de ‘mejoras’ pero no aferrados a una propiedad rural de la que carecían, habían sufrido la violencia y la persecución oficiales cuando no el despojo y la arbitrariedad de terratenientes, acaparadores y usureros. Para ellos la lucha no sólo no era extraña, sino que estaba latente como recurso último para lograr la transformación de un sistema que secularmente los ha marginado y oprimido y cambiar unas relaciones de producción preñadas de injusticias (Arenas, 1978; 42; Cfr. Rodríguez citado por López, 1989: 33-50).

El grupo guerrillero contaba en ese lugar con una zona segura para el repliegue y con el apoyo del campesinado que lo protegía de las incursiones del Ejército. De alguna manera, se trataba de una relación de mutuo beneficio, pues los campesinos también querían mantener el control territorial y evitar la presencia de colonos con una filiación política conservadora (Rodríguez, citado por López, 1989: 27-31). En esos días, el grupo guerrillero contaba con 18 combatientes, agrupados en el Frente José Antonio Galán, precariamente dotados de armamento, uniformes y alimentos, aunque recibían apoyo logístico de núcleos urbanos aglutinados políticamente en torno del Asociación Universitaria de Santander (AUDESA), de la Federación Universitaria Nacional (FUN), de la Unión Sindical Obrera (USO) y del Frente Unido del Pueblo (FU), organización liderada por el carismático sacerdote Camilo Torres (Guzmán, 1969: 99-103; Arenas, 1978: 63-98). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 49-63

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En poco tiempo, esta guerrilla estaba poniendo en práctica el principio de la movilidad, derivado de las acciones militares. Las tomas de Simacota y Papayal en los dos primeros meses de 1965, obligaron al ELN a desplazarse continuamente.3 Los objetivos básicos eran, además de golpear al “enemigo”, “hacer trabajo político, (abrir) nuevas zonas, crear las condiciones para un nuevo frente y mantener las relaciones con la ciudad” (Rodríguez, citado por López, 1989: 61). Esta movilización puso a los guerrilleros en contacto con otras áreas geográficas por fuera del Cerro de los Andes y con campesinos con los cuales apenas se relacionaban. Así por ejemplo, una comisión operaba en la zona de San Vicente; el núcleo básico del Frente José Antonio Galán actuaba entre San Vicente y el Cerro de los Andes. Otra comisión cubría él área de Yarima. Finalmente, un grupo de guerrilleros se había desplazado a la zona limítrofe entre Santander y Cesar (Rodríguez, citado por López, 1989: 61). Al mismo tiempo, cada uno de estos grupos trataba de fortalecer los vínculos con centros urbanos como San Vicente de Chucurí, Girón, Barrancabermeja y Bucaramanga, de donde obtenían apoyo financiero y logístico. En síntesis, su campo de acción se extendía dentro del departamento de Santander. Desde el punto de vista de la organización guerrillera, los efectos de este nomadismo fueron, a primera vista, positivos. De un lado, hubo un crecimiento constante y, para comienzos de 1967, contaba con aproximadamente 75 combatientes. De otro lado, con el objetivo de proteger el foco guerrillero, se concibió la creación de un nuevo frente armado, que se denominó Camilo Torres; este frente fue conducido por Ricardo Lara Parada pero, según la opinión de Jaime Arenas, en su conformación se ignoró algunos factores que posteriormente incidirían en su fracaso (Arenas, 1978: 106-107). [54]

Sin embargo, desde esos mismos años, a causa del nomadismo y de la rápida expansión geográfica, se insinuaron limitaciones para la acción guerrillera y para su supervivencia. En primer lugar, el ELN se expandió hacia “la zona llana”, es decir, cerca de zonas pobladas y de áreas con fácil acceso por medio de carreteras, las cuales, según los manuales de acción guerrillera, eran sumamente peligrosas. En segundo lugar, no se contaba con cuadros guerrilleros para realizar adecuadamente la labor de acercamiento con otras zonas campesinas y conformar nuevos frentes armados (Arenas, 1978: 107-108). En tercer lugar, la relación con el campesinado, aunque era positiva, quedó expuesta a delaciones intencionales o involuntarias, lo que derivó en una desconfianza que los condujo paulatinamente al aislamiento. Por último, el desdoblamiento de la guerrilla para conformar otro frente guerrillero produjo, al mismo tiempo, el problema de las facciones dentro del grupo, en donde se gestaron los primeros fusilamientos de integrantes. Estas limitaciones se hicieron evidentes en diferentes circunstancias, por ejemplo, en la emboscada de Patio Cemento (febrero de 1966), en donde murió el sacerdote Camilo Torres; los hechos de San Gilito (octubre de 1966), donde, a causa de una delación involuntaria, fue aniquilado un grupo compuesto por 10 guerrilleros, hechos de los que se salvó su comandante José Ayala; la emboscada que el ejército le hizo al Frente Camilo Torres en Cerro de la Paz en Lebrija, Santander (1966), donde murieron cuatro guerrilleros. Así mismo, provocaron situaciones que derivarían en “Simacota reunía las características exigidas. Quedaba a considerable distancia del Cerro de los Andes, asiento inicial de la guerrilla, que constituía hasta ese momento su zona de apoyo más firme e importante, hacia la cual se realizaría de nuevo el repliegue. Poseía además una sucursal de la Caja Agraria, con lo cual se aliviaría la situación económica. Había droguerías y almacenes de víveres y solamente existía allí un puesto de policía con cinco agentes, por lo cual sería fácil tomar la población. El batallón más cercano quedaba en el Socorro, a cerca de una hora por carretera y la cortada de los hilos telefónicos y telegráficos impediría un aviso a la tropa. Por otra parte, uno de los guerrilleros conocía la zona a la perfección y una ‘trocha’ que llegaba hasta el pueblo mismo” (Arenas, 1978: 45).

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la escisión interna, como las acusaciones contra José Ayala y contra Ricardo Lara Parada, quienes tenían mando dentro de la organización; estas acusaciones conducirían a divisiones internas y a polarizaciones que provocaron el fusilamiento de algunos integrantes de la guerrilla y la deserción de otros. De igual manera, se produjo el aislamiento entre los dos frentes principales de la guerrilla, situación que se agravó con la caída de la red urbana en abril de 1967 y la represión de la organización campesina en el Opón (Arenas, 1978: 125).

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3. CLANDESTINIDAD EN EL CAMPO Y AISLAMIENTO DE LAS CIUDADES

En los manuales de lucha guerrillera que se inspiraban en la teoría del foco guerrillero, se prestaba especial atención a la relación de la organización con los campesinos y con la ciudad. De hecho, la posibilidad de desarrollo o de extinción del movimiento estaba supeditada, en buena parte, a la relación que los insurgentes sostuvieran con el campesinado y con las bases urbanas. De la misma manera, en tales manuales se advertía que un movimiento guerrillero no debía aumentar exageradamente el territorio en el que realizaba sus acciones, sino que este aumento debería ir lentamente, de manera simultánea, con el adoctrinamiento de la población, con el acondicionamiento defensivo del espacio y con el aumento de combatientes, de columnas armadas y de dotación logística (Guevara, s.f., 26). Si bien en estos primeros años el ELN amplió su zona de influencia geográfica y dobló el número de sus combatientes, es claro que la opción por el trabajo militar y la permanente movilidad no le permitieron establecer una base social fuerte más allá del Cerro de los Andes. El ELN tuvo serias limitaciones para organizar y compenetrarse con el campesinado de sus zonas de influencia y para articular positivamente la lucha con los movimientos urbanos, aunque contaba con cuadros políticos de experiencia para hacer dicho trabajo, como Víctor Medina Morón, Jaime Arenas y Manuel Vásquez Castaño. Bajo un mando predominantemente militar, el ELN se concentró en tareas operativas referidas a la supervivencia como guerrilla y olvidó sus objetivos estratégicos relacionados con la toma del poder.

[55]

Para ilustrar la relación del ELN con el campesinado y para conocer los resultados de dicha relación, existen tres casos: el del Opón, el de Cimitarra y el de Anorí. En el Opón, en el año de 1967, por iniciativa de Manuel Vásquez, se logró un trabajo con la base campesina que permitió sentar fundamentos de lo que hoy se conoce como “poder popular”, es decir, una organización por medio de “colectivos” para el estudio y el trabajo, así como para la formación e instrucción militar, lo cual facilitaba vincular a esta población al proyecto revolucionario (Rodríguez, citado por López, 1989: 84). Sin embargo, luego de que esta organización fuera infiltrada y reprimida por el Ejército, el ELN reorientó radicalmente su trabajo político con el campesinado y se fue al “extremo, (de) considerar que no había condiciones para generar una organización de masas” (Rodríguez, citado por López, 1989: 89-90). Esto desde luego, condujo al aislamiento social y político de la guerrilla y al fortalecimiento de su proyecto militar. El ELN se mantuvo en esta situación hasta el año de 1969, cuando se desplazó hacia el área de Cimitarra, cerca de Puerto Araujo, corregimiento de Puerto Berrío (Antioquia)4. Allí el grupo guerrillero pudo salir del aislamiento en que se encontraba, pero, en parte, debido a que el propio 4

Cabe llamar la atención sobre el ttestimonio de “Fercho”, guerrillero del ELN, según el cual, esta organización “fue a dar a Antioquia” por dos razones: una, “la persecución de Juan de Dios Aguilera”; la otra, fue “la falta de apoyo de masas. Cuando vino tan brutal ataque del ejército, el ELN se tuvo que ir a pescar a otro charco, a buscar nuevos horizontes que la garantizaran la supervivencia” (Behar, 1985: 101). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 49-63

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campesinado estaba organizado por las FARC y por el PC. Según Nicolás Rodríguez Bautista, la experiencia organizativa del PC y de las FARC en esa zona le “ayudo muchísimo” al ELN como guerrilla (Rodríguez, citado por López, 1989: 100-101). El resultado de esta experiencia y de su aplicación en otras zonas es evidente. Según los cálculos del cura Pérez, sacerdote español que se incorporó al guerrilla en 1969, el ELN contaba entonces con 60 guerrilleros. Entre ese año y 1973, creció significativamente, al punto que, según sus cálculos, contaba con 250 combatientes. Por lo demás, estos guerrilleros operaban en municipios comprendidos en áreas de colonización de tres departamentos: Santander, Antioquia y Sur de Bolívar (Pérez, citado por Medina, 1996: 182-184), lo que demuestra la fuerte relación de esta guerrilla con una población también habituada al desplazamiento permanente.

[56]

Como resultado de esta expansión, en 1973 el ELN hacía una presencia fuerte en el noroeste de Antioquia, donde se encontraba un frente de cien guerrilleros comandado por los hermanos Manuel y Antonio Vásquez Castaño. Estos guerrilleros se desplazaban entre Amalfi, Segovia y Anorí, con el propósito de incrementar los reclutamientos hasta 250 combatientes, para conformar un “batallón de guerrilleros” con el objeto de realizar tareas que hasta el momento no se habían podido llevar a cabo por el escaso número de hombres en armas (Medina, 2003: 300-301). Sin embargo, este objetivo no pudo realizarse pues el Ejército detectó la presencia del ELN en Anorí y realizó una operación en la cual se aniquiló el frente y diezmó al movimiento. En las evaluaciones posteriores de esta experiencia, algunos de los miembros del ELN indicaron el desequilibrio en su desarrollo militar y político, el desconocimiento de la geografía, la ausencia de trabajo político con el campesinado de la zona, así como la subvaloración de las acciones del ejército. Esta zona, no sobra agregarlo, era diferente, social y políticamente, a las áreas en las que el ELN había operado anteriormente: no era selvática, tenía una marcada influencia del partido conservador y de la iglesia, el campesinado era pequeño propietario, no tenía tradiciones de lucha y estaba incorporado a la economía productiva de la zona (Rodríguez, citado por López, 1989: 118-119). El golpe de Anorí fue, de alguna manera, la muestra de la inviabilidad de un proyecto guerrillero que privilegió su crecimiento militar al trabajo político con las bases campesinas. De otro lado, para ilustrar las limitaciones del ELN para articular positivamente su lucha armada con los movimientos urbanos, cabe referirse, de un lado, al encuentro del ELN con organizaciones sindicales, estudiantiles políticas y, del otro, a la relación con el FU. En el momento de su concepción este grupo guerrillero contó con la participación de miembros de la AUDESA, que aglutinaba a los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, de la FUN, del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad Nacional, del PC, del MRL y de la USO. De hecho, para el año de 1964, según lo anota Jaime Arenas, existía una red urbana consolidada, politizada y con ascendiente sobre otros sectores poblacionales. Esta red publicaba el periódico Insurrección, colaboraba con la formación de cuadros guerrilleros, prestaba ayuda a heridos en combate y realizaba operativos militares y políticas (Arenas, 1978: 39). Pero, en opinión del mismo Arenas, esta red era importante para la dirección militar del ELN en la medida en que prestaba un apoyo logístico, y no necesariamente por su trabajo político; adicionalmente, se menospreciaba a sus integrantes por el aburguesamiento propio de las ciudades (Archila, 1996: 46-47). Esta red urbana sufrió golpes por parte del Ejército en agosto de 1965, cuando fueron detenidos algunos miembros en Bucaramanga, o en 1967, cuando fueron apresados importantes cuadros de la red en San Vicente, Bucaramanga, Barrancabermeja y Bogotá. Pero, lo más significativo, es que contribuyeron, aún más, al aislamiento del ELN de sus cuadros políticos urbanos y a la radicalización de algunas divisiones internas. Otra experiencia indicativa del aislamiento progresivo del ELN, fue la fallida relación del ELN con el FU de Camilo Torres, que en el año de 1965 había logrado aglutinar a numerosas orga-

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nizaciones políticas y a despertar un fervor revolucionario entre estudiantes, obreros y personas sin filiación política en las principales ciudades del país5. El movimiento fue instrumentalizado y tratado con “desprecio”, desechando las posibilidad objetiva e irrepetible de que el ELN lograra una transformación cualitativa en su lucha revolucionaria. Este “error” histórico fue mucho más evidente después de la muerte de Camilo en febrero de 1966, cuando el ELN abandonó el trabajo previo de organización y movilización política urbana realizado tanto por el sacerdote como por cuadros del ELN.

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4. EL “HILO HISTÓRICO” CAMPESINO Y EL “FERVOR” REVOLUCIONARIO ESTUDIANTIL

En la conformación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), convergieron dos experiencias sociales y políticas diferentes que incidieron fuertemente, no sólo en la definición de jerarquías en el interior de la organización sino, también, en el rumbo que ella adoptaría hasta 1973. En el núcleo inicial del movimiento guerrillero había una presencia marcada de campesinos y estudiantes, algunos de los cuales fueron líderes en sus respectivos ámbitos y participaron, además, en experiencias previas de resistencia y rebeldía política o militar. Aunque ya se han documentado bien los antecedentes políticos y militares de los miembros del núcleo inicial del ELN, compuesto por 18 personas, cabe reiterar algunos aspectos que considero importantes. Entre los campesinos que hicieron parte de este núcleo, cabe destacar a personajes como Heliodoro Ochoa o Nicolás Rodríguez Bautista, cuyos padres (Heliodoro Ochoa y Pedro Rodríguez) tomaron parte en la fracasada insurrección bolchevique de julio de 1929 que se trató de llevar a cabo en San Vicente de Chucurí (Santander). De igual manera, cabe referirse a José Ayala, José Solano Sepulveda y Pedro Gordillo, quienes participaron en la guerrilla liberal que Rafael Rangel Gómez conformó luego del asesinato del líder populista Jorge Eliécer Gaitan en abril de 1948, y que operó, básicamente, entre los municipios de Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí y Puerto Wilches (Santander) (Rodríguez, citado por Medina, 1996: 27-40; Rodríguez, citado por López, 1989: 33-50; Vargas, 1989). Estos campesinos llegaron al ELN, como dice Nicolás Rodríguez Bautista, “interpretando el hilo histórico, pensando en el desarrollo de los aconteceres, como un sentimiento generacional” (Rodríguez, citado por López, 1989: 36).

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Entre los estudiantes, cabe reiterar la presencia de líderes universitarios de clase media, procedentes de diferentes lugares del país, principalmente de Bucaramanga y de Bogotá. Buena parte de estos estudiantes participaron activamente en la agitada vida estudiantil de comienzos de los años sesentas y militaron en organizaciones políticas de diverso tipo. Entre ellos cabe llamar

Aunque algunas organizaciones le retiraron el apoyo al FU por sus vínculos con el ELN, nunca antes en el país, con excepción del gaitanismo, se había producido una movilización política independiente de esta magnitud. Aunque también era claro, aún para el mismo Camilo Torres, las limitaciones de un movimiento que depositaba toda su fuerza en el carácter carismático del líder. En su Mensaje al Frente Unido del Pueblo decía unas palabras que eran premonitorias de lo que sucedería con el movimiento: “Es cierto que ya tenemos comandos en todas las ciudades grandes del país y en muchas pequeñas, es cierto que el semanario continua circulando con un tiraje considerable , pero eso no basta (...) ya podemos decir que tenemos una cierta organización en todo el país, aún cuando ella no sea tan extensa ni tan disciplinada como quisiéramos, podemos considerar que hemos cumplido una primera etapa, y que toda la agitación hecha a través de mis giras y del periódico han dado ya unos primeros frutos. Pero ahora a esa nueva organización se le plantea una nueva etapa, consistente en solidificar, en endurecer lo que hasta ahora hemos construido. (...) Por otra parte, el Frente Unido del Pueblo, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA debe desaparecer. Por más presiones que se ejerzan contra nosotros, por más presos que tengamos, el Frente Unido debe seguir funcionando. Así yo mismo me vea obligado en determinado momento a buscar un lugar seguro desde el cual proseguir la lucha, la lucha legal debe proseguir”. Frente Unido, 1965). En: Varios. Colombia, Camilo Torres. Colección de documentos, artículos y cartas de y sobre Camilo Torres (Biblioteca Daniel Cosío Villegas, El Colegio de México, 92. T 6936).

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la atención, por ejemplo, sobre Víctor Medina Morón (nacido en Valledupar), estudiante de la Universidad Industrial de Santander (UIS), quien militaba en el Partido Comunista (PC); Ricardo Lara Parada (Barrancabermeja), también estudiante de la UIS, pero además profesor de escuela; Julio César Cortés (Bogotá), dirigente universitario en la Universidad Nacional de Colombia y miembro activo del Frente Unido (FU); Manuel Vásquez Castaño, estudiante y miembro del FU (Arenas, 1978: Medina, 2001). Es importante considerar que una buena parte de ellos compartió una experiencia de vida similar en Cuba entre los años de 1962 y 1963, donde conformaron la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, con el propósito de promover la lucha revolucionaria armada en Colombia. Sin lugar a dudas, a estos estudiantes los unía ese “fervor revolucionario”, al que alude Jaime Arenas para caracterizar la vida estudiantil después de la Revolución cubana.

[58]

El caso de Fabio Vásquez Castaño, quien sería el comandante del ELN, merece una consideración aparte. Era originario de una zona rural del viejo Caldas, donde su padre fue asesinado por los denominados pájaros, es decir, por pistoleros a sueldo de jefes conservadores. Aunque no tuvo una formación universitaria, sí contaba con conocimientos “por encima del nivel normal de la gente del área” de San Vicente de Chucurí, como asegura Nicolás Rodríguez Bautista. Su militancia política inicial la desarrolló en el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), pero reorientó su accionar político e ideológico luego de su experiencia en Cuba, donde también hizo parte de la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán (Rodríguez, citado por López, 1989: 27-29; Arenas, 1979). Podría decirse que una de las mayores habilidades de Vásquez Castaño consistió en conocer y adaptarse al mundo rural y urbano, es decir, para el caso, en saber desenvolverse entre campesinos y estudiantes6. Para referirse al jefe inicial del movimiento guerrillero, Nicolás Rodríguez Bautista advierte que “Cuando se produce la Revolución Cubana en 1959, Fabio estaba pensando más en vengar la muerte de su papá (…) que en construir el proyecto revolucionario” (Rodríguez, citado por López, 1989: 27). Sería la “experiencia cubana” la que incidiría definitivamente en su decisión de emprender la lucha revolucionaria. La combinación de experiencias sociales y políticas, de procedencias espaciales, aunque propició la conformación y el desarrollo inicial del núcleo guerrillero, condujo, paulatinamente, a diferencias que marcarían el perfil de la organización. Una diferencia inicial, sutil pero significativa, es el reconocimiento del hito fundacional del ELN (Pérez, 2010: 71). Mientras algunos miembros de la organización hacían énfasis en el significado que tuvo la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán (Arenas, 1978: 14-16), su principal jefe, Fabio Vásquez Castaño, aludía a un origen campesino del movimiento guerrillero. En efecto, en una entrevista concedida en 1967 al periodista mexicano Mario Menéndez Rodríguez, declaraba que: “El Ejército de Liberación Nacional nació en un rancho campesino, en el departamento de Santander, en la casa de nuestro inolvidable capitán Parmenio. Allí nos reunimos varios campesinos que entendíamos la necesidad de rebelarnos contra el sistema de explotación” (Menéndez, 1 de julio de 1967: 20). Aunque Vásquez Castaño hizo parte de la Brigada Pro Liberación donde se acordaron los postulados básicos de la lucha armada, seguramente, influenciado por la doctrina guevarista decidió conceder mayor importancia a esta reunión que hizo posible la puesta en marcha del proyecto. Entre los estudios consultados acerca del ELN, este aspecto se elude cuando, por ejemplo, se adopta una jerarquía derivada del acontecer cronológico, es decir, se menciona primero la experiencia de la Brigada y luego se considera la zona de implantación del primer núcleo guerrillero.

“Fabio no tenía un tipo común. Era muy alto. Muy despierto, muy locuaz, ese tipo de personas que pega mucho entre los campesinos porque a la vez que destaca también trabaja: él tiraba hacha, él hacía de todo” (López, 1989: 45).

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5. “LOS DE LA CIUDAD”, “LOS DEL CAMPO”

Si esta diferencia se puede pasar por alto, no ocurre lo mismo con las opiniones que tenían, entre sí, los miembros de la guerrilla, las cuales, de alguna manera, contraponían lo rural y lo urbano. Estas opiniones, que se fundaban en aspectos de la vida cotidiana, tenían, sin embargo, un contenido relevante, sobre todo porque se hacían sobre guerrilleros que ocupaban posiciones de jerarquía en el movimiento y porque ponían en evidencia prevenciones mutuas entre los componentes básicos del movimiento.

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Refiriéndose a esos aspectos de la vida cotidiana que diferenciaban a un campesino de un citadino, Nicolás Rodríguez Bautista dice que Fabio Vásquez, “a lo mejor”, pensaba como él lo hacía, es decir, “que (consideraba que) los hombres de la ciudad no sirven para ninguna vaina, que son unos ‘guevones’, que eran torpes y nuestra capacidad para desplazarnos en el campo era buena” (Rodríguez, citado por López, 1989: 45). Esa torpeza y dificultad para vivir en “el campo”, es decir, en “la selva” –como la nominaban los citadinos–, seguramente existía. De hecho, en las crónicas elaboradas por Mario Menéndez Rodríguez, son frecuentes las alusiones a su limitación y torpeza para desplazarse en los lugares por donde habitualmente lo hacían los guerrilleros, así como a las bromas que éstos hacían al respecto. Sin embargo, la referencia no es anecdótica. En el mismo pasaje de su relato, Nicolás Rodríguez, refiriéndose a Víctor Medina Morón, reconoce la distancia tan grande que se creaba entre las experiencias campesina y urbana, distancia que se hacía mucho más complicada para la organización en tanto se refería a quien ocupaba el segundo lugar de mando y a la base armada del movimiento:

Nosotros medíamos al segundo al mando, destacando las capacidades de lo que creíamos debía poseer un guerrillero; …¡hijueputa!, Medina se expresaba muy bien y nos preparaba, pero tenía dificultades para hacerse entender, le costaba mucho ponerse a nuestro nivel, por su lenguaje, su capacidad de expresión y lo huraño y retraído. Nos acostumbramos a la forma locuaz, a la personalidad de Fabio: mamagallista, echaba sus chistes verdes, jodía con nosotros, iba a trabajar con los campesinos, y eso en ese momento era definitivo. Medina era más alejado, más callado y con ciertas actitudes de compañero urbano, normales. (…) De ñapa a Medina le entregan una de las mejores armas (…). El hombre era malo para hacerle el aseo al arma (…); mal de aseo, camina mal, no lava la loza, todas esas cositas normales que no las hacía un compa de la ciudad, pero era que a nosotros nos habían enseñado que esas cosas eran determinantes para la formación. No entendíamos por qué él no las hacía, y con estos problemas comienza a producirse la separación, la diferencia entre los de la ciudad y los del campo (Rodríguez, citado por López, 1989:44-45).

[59]

Este tipo de apreciaciones no eran exclusivas de los hombres del “campo”. Una lectura prevenida también permite apreciar algunos juicios de valor y opiniones de parte de los citadinos. En su descripción de la guerrilla del ELN, Jaime Arenas cita y presenta una serie de reflexiones sobre el campesinado en general y opiniones particulares acerca de algunos guerrilleros que expresa, por igual, esa distancia entre el mundo rural y el urbano. En un aparte de su estudio, titulado “La organización del campesinado y su formación para la guerra”, hace anotaciones como las siguientes: “Ese aislamiento en el que tradicionalmente ha vivido no le ha proporcionado a nuestro campesinado una experiencia organizativa”; “Esa falta de experiencia (…) influye también en la mentalidad del campesino, que no posee, por lo general, el espíritu de agremiación, ni la capacidad para exponer o debatir ideas, que sí posee la clase obrera urbana por su actividad sindical y política”; “por sus mismas relaciones sociales de producción el campesino nuestro no sólo vive aislado sino que tiene una visión estrecha, primitiva y localista de la lucha”; “De ahí la necesidad de que el guerrillero análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 49-63

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cumpla una misión política dentro del campesinado, luchando por sus objetivos pero buscando la elevación de su nivel político y organizativo” (Arenas, 1978: 164-166). De otro lado, en lo que se refiere a menciones concretas dentro del movimiento, en algunos pasajes se advierte, explícita o implícitamente, una apreciación negativa del campesino. Por ejemplo, citando a Julio Portocarrero, dice de José Ayala, campesino y miembro del Comando Mayor, que “era brutal, anormal y tosco” (Arenas, 1978: 110). En otra parte, para poner en evidencia “la falta de cuadros con aceptable preparación política y militar” en el ELN, cita textualmente el testimonio de uno de los integrantes del primer núcleo guerrillero:

Al mes de estar allá en el Cerro de los Andes ya estaba aburrido y allá dijo (Fabio Vásquez) bueno esto vamos a aprender muchas cosas, vamos a ver si aprendemos el servicio militar, tiene que quedárseles en el tuste algo, estos es una cosa respetada y serio el asunto. Bueno ahí dijo, aquí les vamos a enseñar asuntos de armas, a desbaratarlas y a volverlas a armar y a limpiarlas, y ahí los que no sabían cocinar, nos enseñaban todo, lo mandaban a cacería con uno que supiera para uno aprender a cazar animales y ahí estrucciones que le daban a uno, cómo se minaba un centinela para dar un golpe y aprender cómo se hacía una bomba (…) (Arenas, 1978: 43).

Sin embargo, hay que considerar también que hubo apreciaciones de otros miembros urbanos de la guerrilla que contradicen, por lo menos formalmente, estas prevenciones. Fabio Medina Morón, a diferencia de Arenas, decía que “En el campesinado descubrimos una conciencia de clase definida y un temperamento rebelde y decidido” (Menéndez, 15 de julio de 1967: 15-16). [60]

La diferenciación entre los guerrilleros campesinos y los citadinos era, entonces, un hecho. Aunque en el proyecto guerrillero convergieron líderes de estos ámbitos, es evidente que hubo una incomprensión mutua a partir de la cual se fue generando una distancia entre ellos y el mundo que cada uno representaba. Es decir, que existía una contraposición entre los mundos rural y urbano, y que en algunas oportunidades esta contraposición condujo a una ambigüedad en relación no solo con los roles dentro de la organización, sino también con el tipo de liderazgos que requería el movimiento. 6. LA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA: “LA MENTALIDAD UNILATERAL Y CAMPESINISTA”

Las diferenciaciones, contraposiciones y ambigüedades derivadas de la composición urbana y rural de los guerrilleros del ELN se vivieron, también, en el tipo de actividades que privilegiaba el movimiento. Este privilegio de actividades, que es al mismo tiempo la subordinación de otras, condujo a una sobrevaloración del trabajo militar sobre el político, es decir, a lo que se ha denominado como la desviación foquista. Aunque a este tema también se han referido los miembros del ELN y los estudiosos del tema (Arenas, 1978: 171-174; Pérez, citado por Medina, 1996: 186-188; Medina, 2001: 231-233), considero pertinente reiterar algunos aspectos a partir de los cuales se llegó a esta “desviación”. En 1967, Fabio Vásquez Castaño decía que el ELN era un ejército de campesinos, algo que se apreciaba fácilmente si se consideraba el “elevadísimo” porcentaje de ellos en las filas, aunque no ignoraba la presencia de obreros, estudiantes y profesionales. Sin embargo, de este aspecto casi evidente se desprendían consecuencias concretas sobre el carácter de la lucha revolucionaria del ELN. Estas consecuencias las expresa el mismo Vásquez Castaño de la siguiente manera: análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 49-63

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El escenario fundamental de la lucha en Latinoamérica, y concretamente en Colombia, es el campo. (…) el sector obrero no está en la madurez requerida para que tome las riendas de la verdadera lucha revolucionaria, pero sí está en la obligación de prepararse fundamentalmente, no para la lucha economista, sino para la lucha por la liberación nacional. (…) la fuerza revolucionaria naciente debe dar sus primeros pasos clandestinos en lugares donde al enemigo le sea más difícil su destrucción, donde al enemigo le fracasen todos los intentos de aplastamiento, donde existan las máximas garantías de pervivencia mientras se desarrolla. Por estas consideraciones objetivas se deduce, apenas lógicamente, que el movimiento revolucionario debe gestarse en las montañas. Y es además, por razones tácticas de conocimiento del terreno, de amoldamiento a la dura vida que se lleve en las montañas, que el campesino pasa a ocupar la vanguardia de esta lucha. En las montañas debe pasar sus primeras pruebas; allí se debe ir puliendo, allí se debe ir depurando hasta conquistar su consolidación como fuerza revolucionaria y ganar, y ganar algunos otros sectores de las masas: los obreros, los estudiantes, los profesionales e intelectuales consecuentes con la realidad de nuestra etapa; organizarlos, ubicarlos en la lucha, desarrollar la organización paulatinamente (…)” (Menéndez, 1 de julio de 1967: 31-33).

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Esta apreciación, con ligeros pero importantes matices, era compartida por Fabio Medina Morón. Los matices se derivan de que no se ignora el papel de los estudiantes, obreros y profesionales y se advierte, implícitamente, y por el contrario, una función de liderazgo de ellos. En su descripción sobre el origen del ELN, el segundo al mando en la organización, decía que:

Antes de que la organización del ELN surgiera como tal, quienes dirigimos el proceso de su formación nos habíamos planteado como meta inmediata la estructuración de una guerrilla revolucionaria que tuviera por base el aprovechamiento audaz de condiciones locales, fundamentalmente en algunos sectores del campesinado pobre, y en la canalización del sentimiento libertario, fruto de largos años de explotación, humillación y violencia política reaccionaria. Captamos claramente las necesidades objetivas de núcleos campesinos numerosos y la comprensión, por parte de ellos, de su propia realidad socioeconómica, y fundimos nuestras ansias revolucionarias con la decisión latente de hombres resueltos a abandonarlo todo en aras de una lucha por la conquista del poder para las clases populares (Menéndez, 15 de julio de 1967: 16).

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Considero importante las anteriores anotaciones porque de ellas se desprende y se funda una valoración diferencial del liderazgo, del desarrollo político y del desarrollo militar de la organización. Por los documentos consultados no se puede decir que, entre Vásquez Castaño y Medina Morón, existía una fragmentación o una división explícita en el campo doctrinario, en relación con el tipo de trabajo que se debería privilegiar en la organización, pero sí parece evidente que el tipo de liderazgo que cada uno de ellos ejercía, sí conducía por dos vías diferentes. Es decir, que aunque ambos aceptaban la teoría del foco guerrillero, cada uno introducía matices relevantes en su interpretación. A la pregunta formulada por Mario Menéndez a Fabio Medina acerca de si el carácter clandestino del ELN dificultaba la vinculación con las masas, éste planteaba la complementariedad, más que la subordinación del trabajo político y el militar. En su opinión, no era posible una separación entre la lucha política de las masas y la actividad armada de la guerrilla. Por el contrario, consideraba que ambas estaban estrechamente unidas:

Nosotros estamos convencidos de que la guerra más que cualquier otra actividad, la desarrollan las masas; y estamos no sólo convencidos, sino que la práctica nos ha demostrado que es imposible hacer la guerra sin ligarse estrechamente a las masas. (…). La guerra de guerrillas es una lucha de masas. Y la guerrilla, para obtener desarrollo militar, para poder desarrollar sus operaciones ofensivas, para análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 49-63

“Los del campo”, “los de la ciudad”. Ideología organizacional, vanguardia revolucionaria campesina y aislamiento político del Ejército de Liberación Nacional 1962-1973

Juan Carlos Vélez Rendón

poder pervivir y destruir paulatinamente al ejército de la oligarquía, para poder crecer numéricamente, para poder conservar la moral de sus combatientes, para poder desarrollarse, la guerrilla tiene que aplicar una política de masas acertada (…) (Menéndez, 15 de julio de 1967: 42).

Sin embargo, lo que impera en el grupo y se va a convertir en un aspecto dominante, es la “mentalidad unilateral y militarista” (Rodríguez, citado por López, 1989: 63) que conduce a un aislamiento progresivo del componente urbano del movimiento y, por lo tanto, de sus percepciones de la relación entre el trabajo militar y el político en la lucha armada. La desviación foquista consistió, entonces, en la prevalencia de un crecimiento militar sobre el crecimiento político del ELN, pese a las declaraciones de sus máximos jefes. A este respecto, Nicolás Rodríguez Bautista dice que:

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(…) Cuando llega Medina, nosotros comenzamos a formarnos la idea que hay un jefe político y un jefe militar: Fabio era el hombre que nos enseñaba el entrenamiento, nos leía el Manual de Táctica, saltaba con nosotros, nos enseñaba cartografía, matemáticas, geografía; Medina era el hombre que nos enseñaba política, con él estudiábamos los libros de José Martí, de Mao Tse Tung, Lenin. (…) En el desarrollo de la contradicción, comienza a presentarse fobia a lo político, que lo reflejaba Medina, y se hacía énfasis en lo militar, que lo expresaba Fabio. Todas estas cosas hacen más complejas la situación, con el agravante que no existía un desarrollo político para entender el fenómeno. Fabio era un tipo recio, fuerte, autoritario, pero es su estilo el que lo hace líder y ahí estaban las condiciones dadas, para que Fabio fuera el hombre que se erigiera como jefe (Rodríguez, citado por López, 1989: 63-64).

7. LO MILITAR OPUESTO A LO POLÍTICO. A MODO DE CONCLUSIÓN

Las relaciones entre la guerra y la geografía son múltiples, pero a veces se ignoran aspectos referidos a la composición social de los combatientes y a la ideología organizacional del movimiento en armas, que resultan básicos para comprender la singularidad que adopta esta relación. La adopción de la teoría del foco guerrillero, aunque ofrecía algunas ventajas desde el punto de vista de la expansión territorial, de otro lado, puso en evidencia numerosos problemas desde el punto de vista de la estrategia política. Se introdujeron diferencias políticas entre los miembros de la jerarquía guerrillera; se privilegiaron los liderazgos campesinos, orientados a una mayor actividad militar, y se sacrificaron los liderazgos urbanos, conscientes de la necesidad del trabajo político de masas con el campesinado, con los obreros y con los estudiantes para poder sacar adelante su proyecto revolucionario. La combinación de distintas experiencias/tradiciones sociales y políticas, así como de procedencias espaciales diferentes, aunque propiciaron la conformación y el desarrollo inicial del núcleo guerrillero del ELN, condujeron, paulatinamente, a prevenciones recíprocas y diferencias sustanciales entre los miembros de la organización. En esas experiencias divergentes estaba contenida una contraposición básica entre lo rural y lo urbano, que marcó fuertemente a la organización. Esta contraposición condujo a una ambigüedad inicial en relación con el tipo de liderazgos y con el tipo de perfil que requería el movimiento, ambigüedad que, sin embargo, se resolvió a la luz de la ideología organizacional del movimiento. La posición predominante en el interior de ELN, que sobrevaloraba el peso del campesinado en la organización y que privilegiaba el trabajo militar al político, no condujo, necesariamente, a una mejor relación con las bases urbanas y campesinas. Los aspectos indicados anteriormente condujeron, pues, al ELN a una diferenciación social básica que no fue superada en términos positivos para la organización. De otro lado, supuso una análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 49-63

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contraposición entre liderazgos urbanos y liderazgos rurales dentro de la guerrilla, que, finalmente, conducirían a un paulatino crecimiento militar y, a la vez, a un aislamiento político de las bases campesinas y urbanas. En estos aspectos se puede apreciar una escisión de los mundos rural y urbano en el interior de esta organización. Los fusilamientos de algunos guerrilleros y la deserción de otros, la mayoría procedentes de la ciudad, con una experiencia en la organización política de trabajadores y estudiantes, aunque se consideraron como el resultado de actitudes divisionistas y de comportamientos no acordes con la moral revolucionaria, se debieron a diferencias políticas que marcaron el punto culminante de esta contraposición entre lo urbano y lo rural, entre el liderazgo político y el militar, y entre el trabajo de masas y el crecimiento como fuerza militar.

conflicto

“Los del campo”, “los de la ciudad”. Ideología organizacional, vanguardia revolucionaria campesina y aislamiento político del Ejército de Liberación Nacional 1962-1973

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La participación ciudadana como ejercicio de aproximación a la construcción de cultura ciudadana en el marco del derecho y el deber

Lucía Álvarez Álvarez. Albeiro Marrugo Padilla. Edgar Alejandro Barrera Díaz. Katherin Serrato Arengas. Mara Rodríguez Giraldo. Andreas Jiménez Cantillo

La participación ciudadana como ejercicio de aproximación a la construcción de cultura ciudadana en el marco del derecho y el deber*

Lucía Álvarez Álvarez** Albeiro Marrugo Padilla*** Edgar Alejandro Barrera Díaz*** Katherin Serrato Arengas*** Mara Rodríguez Giraldo*** Andreas Jiménez Cantillo***

RESUMEN Este texto presenta argumentos y reconocimientos sobre la importancia de la participación ciudadana, para definir derechos y deberes, bajo la hipótesis de que esto puede construir la costumbre de la colectividad y de la identidad de una cultura ciudadana convergente, integradora y facilitadora del desarrollo socio económico. A partir de los resultados de un ejercicio de participación ciudadana con estudiantes de secundaria en Cartagena de Indias, Colombia, se muestra los pasos de la reflexión a acción, de la propuesta a la puesta en marcha. Palabras clave: Cultura ciudadana, ciudadanía, derechos y deberes, participación ciudadana, intervención social

THE CITIZEN PARTICIPATION AS EXERCISE OF APPROACH TO THE CONSTRUCTION OF CIVIC CULTURE UNDER THE RIGHT AND RESPONSIBILITY SUMMARY [64]

This paper presents arguments and recognitions of the importance of citizen participation, for defining rights and duties under the assumption that it can build the habit of the community and of the identity of a converging, integrating and facilitating civic culture of socio-economic development. Based on the results of an exercise in citizen participation with high school students in Cartagena de Indias, Colombia, shows the steps from reflection to action, from proposal to implementation. Key words: Civic culture, citizenship, rights and duties, citizen participation, social intervention

*Este artículo es resultado del del macro proyecto “Adecuada gestión civil y efectiva gestión gubernamental para crear cultura ciudadana, 2006- 2016”, Universidad de Cartagena. **Profesora de la Universidad de Cartagena y Directora del grupo multidisciplinario El Buen ciudadano, Email: lalvareza1@unicartagena.edu.co ***Estudiantes del programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena y miembros del Semillero de investigación “Seguidores de Beto” del grupo multidisciplinario El Buen ciudadano. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 64-79

ISSN 0121-4705

Fecha de Recepción: 24/11/2013 Fecha de Aprobación: 18/05/2014

Lucía Álvarez Álvarez. Albeiro Marrugo Padilla. Edgar Alejandro Barrera Díaz. Katherin Serrato Arengas. Mara Rodríguez Giraldo. Andreas Jiménez Cantillo

INTRODUCCIÓN

En este artículo se reconoce y plantea la necesidad de realizar ejercicios de participación ciudadana para construir planes de gobierno, políticas públicas, normas y reglas de convivencia, con el fin de cultivar la costumbre de la colectividad, bajo la hipótesis de que con la participación activa de todos los ciudadanos se facilita su implementación y motiva la convicción de su cumplimiento, en vez de hacerlo por evitar castigos, multas o sanciones; lo que agregaría mayor autocontrol por parte del ciudadano en procura de lograr objetivos cuyos resultados muestren una mejora en la calidad de vida de toda la sociedad. Incluye aspectos sobre la realización de un ejercicio denominado, “La moneda ciudadana, el derecho y el deber”, bajo la metodología de actividad lúdica y como un juego estudiantil, constituyó una primera experiencia de aproximación a la participación ciudadana en busca de motivar y comprometer a la sociedad civil, como corresponsable en la construcción de costumbres de identidad de una cultura ciudadana convergente, integradora y facilitadora del desarrollo socio económico del distrito Cartagena de Indias, Colombia. La actividad mencionada es parte integral del macro proyecto, “Adecuada gestión civil y efectiva gestión gubernamental para crear cultura ciudadana, 2006 - 2016”, del grupo multidisciplinario El buen ciudadano1; en el cual se direccionan e integran procesos y aspectos metodológicos de gestión, intervención e investigación, de tal manera que además de los resultados académicos, el resultado final de impacto en la sociedad cartagenera, pueda ser medido en términos de lograr una transformación social, a través de la creación de nuevas costumbres de identidad en la cultura ciudadana de los cartageneros. “Adecuada gestión civil y efectiva gestión gubernamental para crear cultura ciudadana, 2006 - 2016”, nace de la percepción ciudadana desde Cartagena de Indias, sobre el impacto de los resultados de la gestión liderada por el Alcalde Antanas Mockus, en materia de cultura ciudadana implementada en Bogotá distrito capital, la cual publicó en el año 2001 como documento de estudio técnico2. Nueve años después, Barreto en su análisis reporta el reconocimiento del programa Mockus como “el giro pedagógico”, fundamentado en tres puntos, “(i) Entender lo pedagógico como antónimo de lo represivo, lo cual causó bastante resistencia en las autoridades militares y en las filas partidistas tradicionales; (ii) Equiparar la ciudad con una gran escuela, imagen que asumía a la administración, a las autoridades y a los particulares suficientemente formados como los educadores, y a todos los ciudadanos desaconductados como los educandos; (iii) Establecer un principio de redistribución colectiva de la responsabilidad cívica, conforme al cual, si de cierto modo ‘todos somos responsables’ en haber alcanzado los puntos de caos y desorden a los que se llegó, entonces es labor de cada quien aceptar que también debe invertir energías para auto-reformar su comportamiento” (Barreto, 2010:74).

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1. UNA EXPRESIÓN POPULAR, EN CARTAGENA “NO HAY CULTURA CIUDADANA”

Existe en Cartagena de Indias la expresión popular, “no hay cultura ciudadana”, la cual resulta incoherente con el término cultura, proviene del latín “cultus”, hace referencia al cultivo del espíritu y el intelecto de los seres humanos. La cultura es parte de la identidad de los seres humanos, representa la identificación de las costumbres en sus distintas formas de expresión, normas de El macro proyecto “Adecuada gestión civil y efectiva gestión gubernamental para crear cultura ciudadana, 2006 - 2016”, busca definir y estructurar actuaciones y responsabilidades por parte de las sociedades civil y gubernamental, en el marco de propuestas bajo la connotación de proyectos de ciudad, para adopción, adaptación e implementación por parte de la sociedad gubernamental con repetición año tras año en forma independiente al gobernante de turno, con el fin de lograr la creación de una nueva costumbre como característica de identidad de cultura ciudadana, cuyo resultado final pueda ser medido en términos de transformación social. 2 El estudio técnico se encontró bajo nombre “Cultura ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995-1997”, autor Antanas Mockus. 1

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comportamiento, rituales, expresión oral, expresión corporal, vestido, entre otros. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cultura permite a las personas reflexionar sobre sus propias actuaciones y comportamientos, y la relaciona de manera indirecta con el desarrollo y progreso de las regiones. Probablemente la expresión popular mencionada, demuestra que las costumbres de las personas no son aceptadas o disgustan a quienes dicen “no hay cultura ciudadana”. 1.1. Educación y cultura ciudadana

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El componente académico constituye el enlace entre las sociedades civil y gubernamental, para construir un proceso de ciudadanía en procura de mejorar la calidad de vida de la sociedad. “La formación ciudadana es el principal reto del siglo XXI: formar ciudadanos para el ejercicio de la ciudadanía, en un territorio, de tal manera que su propósito sea la construcción de una democracia auténtica. No se trata de formar ciudadanos sólo con preeminencia en derechos y responsabilidades civiles y políticas sino también con los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de la solidaridad, así como los derechos ambientales y los colectivos que trascienden los derechos individuales”. (Gutiérrez, 2010: 123), para Sánchez, “la formación ciudadana constituye el medio para que los sujetos conozcan y se apropien de los mecanismos que hasta hoy permiten el ejercicio democrático; la organización para la participación facilita a los actores incidir con mayor fuerza en los asuntos públicos y que conozcan los mecanismos que permiten el ejercicio político” (Sánchez et al, 2010:155), anota además que “el ciudadano debe ser formado como sujeto para que gane conciencia al momento de actuar en escenarios públicos, conozca sus derechos y deberes como ser social y asuma una postura crítica y responsable frente al tipo de desarrollo que anhela”, y reconoce la formación ciudadana como una estrategia innovadora base para hacer real la participación ciudadana soporte de la planeación para el desarrollo territorial (Sánchez et al, 2010:156). Gutiérrez et al, también reconocen la importancia de la formación integral como parte fundamental en los procesos de formación ciudadana, con posibilidad de definir una política pública educativa, de manera que la formación ciudadana tenga trascendencia, en los derechos y en los deberes, en lo político y en lo social, el estatus y la práctica, logrando educar, desarrollar e instruir a través del proceso de enseñanza y aprendizaje (Gutiérrez et al, 2009:46). La educación por tanto se convierte en la clave para la materialización de una verdadera democracia participativa, de tal manera que los ciudadanos sean capaces no solo de actuar sino también de exigir actuar, lo que en realidad representa el cumplimiento de un deber como el mecanismo ideal para exigir un derecho. Gutiérrez et al, anotan que no se nace con la condición de ciudadano, se requiere de un proceso de formación adecuado, entendiendo la condición de ciudadano como una manera de ser, una conducta o un modo de vida que se aprende y se fortalece en escenarios adecuados con la práctica del ejercicio ciudadano (Gutiérrez et al, 2009:43). En el mismo sentido, Pérez Álvarez anota la necesidad de que el Trabajo Social, cambie su accionar, pasando de la regularización de lo social a la intervención fundamentada en la reflexión, la acción y la transformación (Pérez, 2009:47), mientras Pérez Mendoza realizó un estudio de caso en el programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, en la relación de la autonomía universitaria3 y la formación de ciudadanos capaces de integrarse a la sociedad y a sus necesidades; plantea la necesidad de “pensar en una propuesta educativa que pretenda la autonomía y ciudadanía, con

Las universidades estatales u oficiales en Colombia son autónomas en lo académico, administrativo y financiero, con soporte en los artículos, número 69 de la Constitución política de Colombia de 1991 y 57 de la Ley 30 de 1992.

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una racionalidad moral, que contribuya a formar sujetos para enfrentar, a partir de su carácter, las diversas situaciones de la vida. Se trataría desde la enseñanza, de promover el ejercicio deliberativo frente a las consecuencias que tales decisiones tendrían para la propia vida y la de los demás, contribuir a la autorrealización personal, entendiendo que ésta sólo es posible cuando se incluye y reconoce a los “otros” como legítimos “otros”, (Pérez, 2008:152-153).

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Teniendo en cuenta la necesidad de la solidaridad para construir ciudadanía, probablemente este debería ser una necesidad en cualquier escenario educativo, sin distinguir las competencias del saber académico, lo que podría también sugerir, su inclusión como competencias del ser. Y desde los escenarios académicos, lo que se puede interpretar como la necesidad de la sociedad de avanzar dos pasos hacia su desarrollo social y económico, uno el paso de la reflexión a la acción, y dos el paso de la propuesta a la puesta en marcha, con el fin de iniciar procesos cuyos resultados muestren resolución de problemas y conflictos. La participación de todos los ciudadanos en la construcción del desarrollo de su región, debe unir a los sectores civil y gubernamental para orientar una reflexión dirigida a las necesidades sociales, bajo la premisa, “el logro del desarrollo social del municipio o de la ciudad, además de la adecuada gestión pública, también se requiere de una adecuada “gestión civil”, fundamentada en la disponibilidad de los ciudadanos para participar en procesos educativos y desarrollar buenas prácticas de convivencia ciudadana; en donde el interés colectivo siempre esté por encima de los intereses individuales, generando la costumbre de la colectividad”. (Álvarez et al, 2010:60). De la misma manera, Sánchez plantea la necesidad de superar la fragmentación social, para lo cual se requiere direccionar en un solo sentido los esfuerzos colectivos y acciones políticas, evidenciando que la función del gobernante y la responsabilidad de los actores sociales, es la de conocer, analizar y buscar soluciones de tal manera que los actores en unión con el gobierno, deben esforzarse por superar los vicios y obstáculos que representan la ausencia de condiciones institucionales y sociales con el fin de hacer realidad la voluntad social en torno a la planeación territorial (Sánchez, 2007:38); describen la fragmentación social desde los ámbitos sociocultural, económico y político, reflejando respectivamente los fenómenos de desterritorialización, individualización y despolitización afectándose la identidad individual y colectiva, la práctica participativa y debilita el poder social (Sánchez, 2007:35), lo que implica la necesidad de una acción en repuesta a la reflexión en busca de soluciones, por su parte, Tello expresa que el Trabajo Social como intervención integral puede realmente contribuir de manera más contundente en el cambio social requerido por la sociedad, de tal manera que se avance en una misma dirección, trabajando en lo mismo y para lo mismo, construyendo conocimiento desde el hacer (Tello, 2010:62).

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Todos los ciudadanos, integrantes de la sociedad civil o como parte de la gubernamental, tendrán tareas por cumplir según su competencia, las que bien pudieran representar un conjunto de deberes, cuyo cumplimiento deberá satisfacer para ambas sociedades la representación de sus derechos. Sin embargo hay que tener en cuenta la complejidad de la sociedad civil, basada en los distintos grupos que la integran los cuales defienden sus intereses de asociación e intereses sectoriales, costumbres que al identificar la cultura ciudadana de una región, genera conflictos entre uno y otro, razón por la cual finalmente en el caso de Cartagena de Indias, el descontento de uno por la acción del otro, o la ganancia de uno en virtud de la pérdida del otro, ha generado la expresión, “no hay cultura ciudadana”, lo que de manera indirecta muestra que hace falta la costumbre de la colectividad. “Los problemas sociales, tal como son entendidos en la actualidad, nacen en escenarios donde básicamente se pierden los mecanismos de sostén, reciprocidad y solidaridad de diferentes grupos sociales que quedan fuera del proceso de modernización y de integración social”. (Manuel, 2010:14). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 64-79

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Hace falta la construcción de una ciudad en donde todos los sectores ganen, sin distinguir los intereses cuando hacen parte de la sociedad civil o de la gubernamental, definiendo el destino deseado para todos los ciudadanos en procura del mejoramiento de su calidad de vida, entendida ésta como un concepto holístico, con una visión global muy por encima de lo individual, de tal manera que solo a través de la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad se establezcan sus factores de medición. “Cuando la gestión pública define su destino hacia el logro de la “calidad de vida” de sus ciudadanos, en realidad lo que está construyendo es la vía que conduce al crecimiento y al desarrollo social del municipio o de la ciudad”. (Álvarez et al, 2010:60). Resultados de investigaciones realizadas en busca de información por parte de los cartageneros, mostraron el interés por los derechos, a disfrutar y gozar todos los beneficios que la ciudad les brinda, pero no reconocieron el deber, al menos de cuidarla, de igual manera los autores reportan la existencia, de “una ciudad caótica e informal donde se expresa sin ninguna restricción la congestión vehicular, la contaminación visual y ambiental, el comercio ambulante y estacionario, la invasión del espacio público, la falta de educación y cultura ciudadana, y la falta de sentido de pertenencia” (Cogollo et al, 2009: 154,155).

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Al parecer los cartageneros reconocen a medias sus derechos, mientras ignoran sus deberes, lo que puede traducirse a un estado de insensibilidad ciudadana, poca afectación por el dolor del otro e incluso falta de respuesta al dolor e insatisfacción propia, mientras la falta de sentido de pertenencia, también se puede interpretar en dos direcciones, los cartageneros no sienten ser parte de Cartagena y tampoco sienten que Cartagena les pertenezca. Daniels et al, expresan la necesidad de un “Arreglo Institucional” en el distrito Cartagena de Indias, entendido como normas y/o reglas transparentes, estables que garanticen la interacción entre todos los ciudadanos, con el fin de iniciar un cambio de la cultura existente arraigada en la costumbre de la informalidad y la improvisación, discontinuidad en los planes de desarrollo y programas ejecutados (Daniels et al, 2009:44). Probablemente lo que se necesita en Cartagena de Indias, es un cambio de costumbres que permitan cultivar una cultura ciudadana más convergente y participativa, de todos para el bienestar de todos, lo que se puede iniciar con la participación de todos sus ciudadanos en la construcción de esas normas y reglas dirigidas a la ganancia de todos, y no la construcción de las mismas en busca de satisfacer intereses individuales o de un grupo en particular, con ello se abona el camino para crear la costumbre de la colectividad y comienza a erradicar o al menos debilitar la existencia de las costumbres individualistas que suelen alimentar la expresión popular, “no hay cultura ciudadana”. 1.2. Sociedad compleja entre derechos y deberes

Bajo la connotación de la complejidad de la sociedad civil, existe un grupo de ciudadanos en condición de desplazamiento, Vargas describe por una parte la acción gubernamental al crear un sistema descentralizado de participación para la población en condición de desplazamiento (PD), con el fin de facilitar a nivel local, municipal, departamental y nacional el diálogo con este grupo de ciudadanos, sin embargo llama la atención sobre cómo el Estado construye todo un marco normativo y jurisprudencial a través del cual regula la participación de la PD y cumple con el propósito de promover la participación local y nacional de la PD, en espacios de planeación y decisión, pero en esos espacios descentralizados los mismos gobiernos locales no tienen capacidad de decisión (Vargas, 2012:45). Concluye que el ejercicio de planeación en mesas temáticas y comités municipales y departamentales, se convierte en un proceso desgastante para los líderes o representantes de la PD, quienes sienten no son recogidas sus propuestas, sus demandas, sus intereses; tal vez por falta de voluntad política de las administraciones municipales y departamentales, falta de articulación entre los sectores del orden nacional y las entidades territoriales, toma de decisiones que aunque análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 64-79

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afectan a las entidades territoriales, vienen de centros distanciados de los escenarios de interlocución en lo local (Vargas, 2012:55). El análisis sobre la PD agrega valor a la necesidad de pasar de la reflexión a la acción y de la propuesta a la puesta en marcha, de tal manera que las actividades de participación ciudadana, no se traduzcan a solo reflexiones, sino más bien en acciones metodológicas para adoptar, implementar y ejecutar, cuyos resultados propicien el bienestar general de la sociedad, con ganancia de todos en su calidad de vida, evitando las frustraciones de la sociedad civil cuando no se siente escuchada, lo que posiblemente alimenta esa falta de sentido de pertenencia. Sin embargo se sugiere un problema anexo cuando se trata de un grupo de ciudadanos PD, la probable falta de identidad ciudadana que podrían experimentar al cambiar bruscamente de región, lo que en términos de igualdad como ciudadanos integrados a la sociedad, los debe incluir como personas activas en cualquier ejercicio o escenario de participación ciudadana. “Los seres humanos construimos formas de relacionarnos y de vivir, somos constructores y portadores de cultura, por eso es posible juntar las potencialidades generadoras de vida y rescatar nuestra identidad humana capaz de originar formas nuevas del convivir en comunidad, haciendo una cultura del convivir” (Téllez, 2010:17). Pérez Mendoza señala “el accionar de lo social en las políticas sociales ha transitado sistemáticamente por caminos dirigidos al funcionamiento del individuo en la sociedad, posibilitando que este adopte, muchas normas sociales y morales que no ha tenido la oportunidad de formular, que en otras ocasiones ha llegado a desechar, precisamente por no encontrarle sentido ni identidad consigo mismo; por lo cual, la conciencia moral erigida en cada persona como la que da razón de sus actos en la sociedad, ha sido establecida por una suerte de velada “coacción” del agente social que “interviene”, como un mecanismo para acceder a ciertos beneficios que las políticas sociales ofrecen y como alternativa para superar el que estas sean asumidas por la vía de hecho” (Pérez, 2010:29).

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El mundo fija su atención en los derechos, y aunque existen los “los derechos humanos”4, los cuales son incluyentes para todos los ciudadanos, sin distinguir raza, religión o cultura, también se han definido listados especiales de derechos para grupos sectoriales, siendo uno de ellos, los “derechos de los niños”5. Colombia es un Estado social de derecho, así lo reconoce el artículo 1 de la Constitucional nacional6; sin embargo, los derechos implican deberes y esta connotación la refleja todo el contenido de esa ley fundamental para Colombia como lo es la Constitución nacional; no en vano también define mecanismos de protección del ciudadano7, de los cuales, algunos se pueden manejar de manera individual, mientras otros, requieren de la integración y participación Proclamados por la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 5 Los derechos de los niños constituyen el reconocimiento de que los niños también tienen derechos humanos; la Convención de los derechos del niño es un instrumento internacional incluyente de todos los derechos humanos, civiles, económicos, culturales, sociales y políticos, destinada a los menores de 18 años en razón a que forman parte de un grupo que requiere cuidados y protección especial, en virtud a su condición de niño y no de adulto. 6 Constitución política de Colombia de 1991, en su artículo 1: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 7 Bajo el nombre “Mecanismos jurídicos de protección y participación del ciudadano”, es el capítulo VI del libro, “Guía para el buen ciudadano. Nivel 1”, del grupo multidisciplinario El buen ciudadano; en el cual se hace un reconocimiento de los deberes como estrategia para satisfacer derechos, con énfasis en la corresponsabilidad de la sociedad civil. Autores del capítulo: Arrieta Álvarez, Erasmo Carlos, Fuentes Alíes, Fara, Álvarez Álvarez, Lucía y Osorio Moreno, Néstor. La guía contiene otros cinco capítulos, en los cuales se aborda la plataforma del derecho y el deber, en los elementos familia, ambiental, salud, seguridad vial y aspectos tributarios. 4

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ciudadana. Tomando solo dos ejemplos, “el derecho de petición”, es un derecho del ciudadano a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, e implica un derecho a una pronta respuesta, por lo cual de manera tácita, sugiere el cumplimiento de un deber o varios, por parte de la autoridad. Así mismo, la “acción de tutela”, es un mecanismo ágil de acción diseñado exclusivamente para la protección inmediata de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos colombianos, cuando estos derechos al ser violados, producen una vulneración inminente del derecho. Probablemente, “el derecho de petición” y la “acción de tutela”, si bien es cierto constituyen derechos para los ciudadanos colombianos, definidos en la Constitución nacional, también podrían representar la respuesta a la falta del cumplimiento de uno o varios deberes por parte de una autoridad, individuo o grupo en particular, es decir, lo que para uno es el derecho para el otro es el deber. En el marco del derecho y el deber, bajo la connotación de una palabra compuesta, en virtud de que la existencia de un derecho es coherente con la existencia de un deber, el voto en Colombia, país democrático, la misma Constitución nacional lo reconoce como derecho y como deber. Naredo hace énfasis en los derechos de los individuos en términos de nivel de vida, familia, salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales, entre otros, (Naredo, 2008:155), sin embargo, en términos de equidad, probablemente se requiere la utilización de una palabra compuesta, el derecho y el deber, al parecer uno existe porque existe el otro, en este caso cabe una reflexión en términos de un interrogante, ¿cómo puede alguien tener un derecho satisfecho, sin que otro haya cumplido un deber? Posiblemente la respuesta representa la acción, de cómo interactúan los integrantes de la sociedad, comunidad, institución u organización, donde las actuaciones de uno siempre necesitarán del otro, o en su defecto, las actuaciones de uno podrían afectar las actuaciones del otro. [70]

Los jóvenes estudiantes juegan un papel importante en la construcción de la sociedad, facilitando el cimiento de bases sólidas en la definición de estructuras relacionadas con las cualidades, valores y principios que en términos de civismo y humanidad identifiquen a la ciudadanía, por lo cual se acepta el postulado de Barrera, “las competencias ciudadanas son necesarias al relacionarse con otros, y en especial, cuando se trata de solucionar conflictos, aceptando las diferencias para construir una sociedad más pacífica”, el mismo autor también resalta la necesidad de formación desde los escenarios educativos en el tema de cultura ciudadana (Barrera et al, 2011:237). 1.2.1. La falta de confianza de los ciudadanos cartageneros

Constituye uno de los resultados del diagnóstico de cultura ciudadana en Cartagena de Indias, de acuerdo con el trabajo realizado por la Corporación Visionarios por Colombia8, los cuales se dieron a conocer desde el primer semestre del año 2010, y están disponibles en el documento técnico9 denominado Informe final: “De ciudad colonial a la integración ciudadana”. Diagnóstico de cultura ciudadana Cartagena 2009.

El diagnóstico de cultura ciudadana en Cartagena de Indias fue realizado por la Corporación Visionarios por Colombia, en cumplimiento de los contratos de prestación de servicios entre la Corporación mencionada y la Escuela de Liderazgo y Gobierno y la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena de Indias, suscritos (respectivamente) el 28 de septiembre y el 23 de octubre de 2009. El Informe final de cultura ciudadana, “De ciudad colonial a la integración ciudadana”. Diagnóstico de cultura ciudadana Cartagena 2009, se recibió como documento técnico en un disco compacto (CD) entregado a los ciudadanos asistentes a la reunión de socialización de los resultados, reunión liderada por la Escuela de gobierno y liderazgo del distrito Cartagena de Indias y realizada en las oficinas de la Sociedad de mejoras Públicas, en el año 2010.

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La falta de confianza se reflejó en mayor grado en dos de los capítulos del Informe final, uno de ellos bajo el título, “Marica el último”10 y el otro, “La gente es como Dios la hizo y a veces... peor”. El primero señalaba los resultados del diagnóstico sobre legalidad, corrupción y regulación, mientras el segundo se refería al diagnóstico de confianza y acuerdos. Los resultados del diagnóstico mostraron un punto de convergencia de todos los estratos encuestados en Cartagena de Indias, donde más del 80% de los mismos percibía, que más de la mitad de los funcionarios públicos eran corruptos, mientras las entrevistas de campo, definían como las principales razones de desconfianza en las instituciones y autoridades, la corrupción (robo, desvío de dineros públicos e impunidad) y la ineficiencia en la resolución de los problemas y solicitudes de la ciudadanía. El diagnóstico de cultura ciudadana ratifica no ser cierta la expresión popular, “no hay cultura ciudadana”, mientras la costumbre de actuar en el día a día marcada con la connotación de “marica el último”, es una característica de identidad de la cultura ciudadana de los cartageneros. La falta de confianza genera círculos viciosos, los cuales de manera tácita enfrentan a las sociedades civil y gubernamental, lo que a su vez de manera indirecta no favorece actitudes de apoyo a la construcción de la cultura de la colectividad y mucho menos contribuye al desarrollo social y económico de Cartagena de Indias. Así por ejemplo, la actitud tributaria podría ser de esos círculos viciosos soportados en la falta de confianza; mientras el pago de tributos por parte de la sociedad civil representa una forma de participación ciudadana para contribuir con la construcción de una sociedad con mejora en su calidad de vida, el tributo recibido por parte de la sociedad gubernamental es parte del soporte financiero para realizar acciones sociales que evidencien esa mejora en la calidad de vida de la sociedad; resulta evidente la afectación de todos por el círculo vicioso de la actitud tributaria, para la sociedad civil no hay satisfacción de derechos con obras sociales, no hay desarrollo, no hay inversión, y para la sociedad gubernamental, no habrá gestión eficaz y no podrá mostrar efectividad. Cuando la sociedad civil cumple con el deber de tributar, ya se ha ganado el derecho a exigir una gestión pública eficaz, eficiente y efectiva. Surge la necesidad de reflexionar para definir quien se encargará de romper el círculo vicioso, y en consecuencia la descripción sobre cómo hacerlo para soportar la acción de respuesta a la reflexión.

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La falta de confianza también agrega limitaciones y dificultades a cualquier proceso democrático, de manera indirecta afecta la decisión de los electores, marcada con el interés individual y desconocimiento de los intereses de toda la sociedad, en la cual están inmersos todos, y todos tendrán ganancias como parte de esa sociedad. Cuando los ciudadanos cumplen el deber de votar de una manera libre, sin ningún tipo de interés o beneficio particular, en medio de un escenario de confianza ciudadana, ganan el derecho a una gestión pública eficaz, eficiente y efectiva; en este sentido se evidencia la aceptación del derecho como aquello ganado al cumplir un deber, y en términos de la integración ciudadana, el deber cumplido de uno suele satisfacer el derecho de otro. Y en últimas, la falta de confianza ciudadana genera un escenario marcado por la intolerancia, apoyado en la no aceptación de las diferencias entre uno y otro. 2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, UN ESCENARIO PARA CREAR CULTURA CIUDADANA

La participación ciudadana concebida como un escenario de integración en un contexto pedagógico, facilita la creación de la costumbre de la colectividad, Téllez destaca la importancia del tejido 10

Se describe la expresión “marica el último”, a través del siguiente texto copiado directamente del informe final de cultura ciudadana, “Esta es una expresión popular usada en Cartagena que connota una cierta justificación a transgredir la ley: en la medida que se piensa que los demás infringen la norma en beneficio propio de forma generalizada, se concluye que uno mismo debe adelantarse en la transgresión de la ley para lograr mayor ventaja: Marica el último de la fila, Marica el último en robar dineros públicos, Marica el último en cruzar la calle, etc. El término “Marica” no hace alusión a ninguna condición o elección sexual sino a una falta de “astucia”. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 64-79

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social en la construcción de comunidad, tomando como base sus experiencias y las de sus estudiantes, en la localidad de Los Mártires en Bogotá durante el periodo 2004 – 2009. El trabajo comunitario incluyó a los grupos más necesitados y vulnerables de la Localidad, a partir de las necesidades sentidas por sus integrantes bajo la visión participativa y comprometida (Téllez, 2010:10-11). Esta experiencia pudiera representar el paso de la reflexión a la acción, sin embargo también evidencia el paso de la propuesta a la puesta en marcha; la autora reporta la creación de grupos de trabajo integrados por madres cabeza de familia y familias, comprometidas con la participación activa en busca de beneficios comunitarios, para el caso, con énfasis en la infancia, detección, prevención e intervención de la violencia intrafamiliar y comunitaria, potenciando factores protectores y sociales para la vivencia en comunidad y fortalecimiento del tejido social local. Bajo una perspectiva teórico práctica, la autora expresa “amplia reflexión en diversos niveles de análisis. En un primer nivel tenemos la reflexión de orden normativo, en donde se demostró un exceso de normas y políticas contra una gran dificultad por parte de las instituciones en la implementación y ejecución de las mismas. Parte de este problema tiene que ver con el segundo nivel, referido a la participación ciudadana y el análisis de la manera como las políticas sociales se traducen en acción colectiva organizada y con capacidad de autogestión” (Téllez, 2010:13-14).

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En el municipio de Medellín, también se reporta un análisis relacionado con experiencias exitosas en materia de participación ciudadana, como es el caso del Programa de Planeación local y Presupuesto Participativo, (PPPP), ejecutado en el periodo 2004 a 2007, en la comuna 111; la experiencia permite ser mostrada como novedosa, en virtud de su influencia en la planeación local y por la activa participación de diferentes actores. El PPPP surge durante la gestión gubernamental liderada por el Alcalde Sergio Fajardo Valderrama, a quien también le reconocen su Plan de desarrollo, denominado, “Medellín, compromiso de toda la ciudadanía”, sin embargo es importante anotar que en el mismo municipio de Medellín, ya se habían realizado otras experiencias similares de importancia e influencia de la participación ciudadana en la planeación local, como fueron, Formulación de planes estratégicos de ciudad, planes de desarrollo municipal, el plan de ordenamiento territorial, los planes zonales parciales de comuna y corregimiento y los planes anuales de inversión, (Sánchez et al, 2010:148). La experiencia del PPPP en Medellín, permite su inferencia en otros lugares de Colombia, pudiera adoptarse y adaptarse en el distrito Cartagena de Indias, pudiendo avanzar, de la reflexión a la acción y de la propuesta a la puesta en marcha, con dirección hacia el desarrollo social y económico; de tal manera que se logre reunir a diferentes actores en busca de construir un Plan de desarrollo distrital, con una visión que supere los tiempos de gobernabilidad, de tal manera que se pueda garantizar la continuidad del mismo aunque cambie el gobernante12. Un Plan de desarrollo direccionado a que la gestión de los gobernantes se deba adaptar a las necesidades de la sociedad, en vez de que la sociedad se tenga que adaptar a la gestión de los gobernantes; de tal manera que el Plan de desarrollo no le pertenezca a los gobernantes, sino a toda la sociedad, lo que pudiera La comuna 1, está ubicada en la zona nororiental del municipio de Medellín, Colombia. Un grupo de ciudadanos cartageneros participó en la actividad de soñar en una nueva Cartagena, actividad liderada por el grupo multidisciplinario El buen ciudadano y plasmada la experiencia en el Cuadernillo de Beto, “Sueño en Cartagena de Indias”, del grupo multidisciplinario El buen ciudadano bajo el seudónimo, “Tu amigo Beto”. Utiliza la estrategia del sueño para mostrar una visión de Cartagena de Indias en el año 2035, cuando el último domingo del mes de octubre el Alcalde mayor se prepara para salir a cumplir el deber ciudadano de votar para elegir a su sucesor. Los Cuadernillos de Beto constituyen una serie, propiedad intelectual del grupo, adoptados para entregar resultados parciales o totales de investigación a los ciudadanos, en formato libros de bolsillo y lenguaje sencillo, estrategia pedagógica facilitadora de su comprensión y del paso de la teoría a la práctica, dirigido a la ciudadanía cartagenera, sin distinguir su grado de escolaridad, solo con interés por su condición de ciudadano. El autor es un seudónimo bajo una personalidad con el nombre de Beto, en atención a que Beto es un ciudadano adoptado por el grupo, quien a través de sus actuaciones, pueda ser identificado por la sociedad como un buen ciudadano. Disponibles en la Biblioteca de Beto del sitio Web www.elbuenciudadano.org

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generar actuaciones de énfasis en la corresponsabilidad civil como actores directos en el desarrollo social y económico, recuperación de la sensibilidad ciudadana y de la confianza. Es importante mencionar la necesidad de que los distintos sectores de la sociedad civil, así como las diferentes autoridades gubernamentales, aunque actúen como recolectoras de necesidades sectoriales, no generen soluciones sectoriales sino de beneficio colectivo, en el marco de un mejoramiento en la calidad de vida de la ciudadanía; aunque no es fácil realizar esta actividad en virtud de los arraigos de identidad de la cultura ciudadana que caracteriza a los cartageneros, se hace evidente la necesidad de definir esas reglas claras en términos de derechos y también de deberes, de tal manera que se pueda garantizar la ganancia de todos y no para unos pocos, para que el ejercicio de participación ciudadana se convierta en el escenario facilitador del cumplimiento de deberes, normas y reglas, como el principio para incorporar libertad con responsabilidad en las actuaciones de los ciudadanos, con prevalencia de la ética, la moral, la disciplina, el autocontrol, en vez de actitudes como respuesta a evitar un castigo, multa o sanción. La construcción del PPPP en Medellín, evidencia la planeación como base para el desarrollo social y económico, motivando la participación de ciudadanos para realizar ejercicios donde actúen como actores constructores del rumbo hacia dónde dirigirse, partiendo del reconocimiento inicial de las necesidades; sin embargo también tuvo sus dificultades, marcadas con la emergencia de individualidades que afectaron el proceso colectivo. La misma gestión gubernamental fue protagonista de prácticas individualistas, al priorizar iniciativas territoriales que benefician a pocos, mientras se oculta en perspectiva, la coexistencia de otras realidades inmediatas más importantes de intervenir y beneficiar al conjunto de la población (Sánchez et al, 2010:151). Los autores expresan que la experiencia como proceso, aún incipiente de planeación para el desarrollo con proyección en el territorio, sí representa un proceso de intervención social al definir y orientar propósitos generadores de participación ciudadana, activada por las personas en busca de aumentar su calidad de vida. De igual manera dinamizan procesos de intervención social para el direccionamiento de estrategias facilitadoras de construcción de comunidad, es decir de tejido social, de colectividad y de identidad, lo cual también requiere del análisis contextual, formulación, seguimiento, gestión, ejecución y evaluación de recursos públicos destinados a la operación de planes, programas o proyectos con incidencia directa en el desarrollo social y económico (Sánchez et al, 2010:155).

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De lo anterior se puede inferir que las políticas, programas de gobierno y planes de desarrollo y de trabajo, construidos en escenarios con amplia oportunidad de participación ciudadana, no solo facilitarán su implementación, sino además generarían el ambiente adecuado para comprometer a todos sus ciudadanos en el sentido de pertenencia, defensa, vigilancia y hasta el control por su ejecución; motivando en todos los ciudadanos, desde la sociedad civil y hasta la gubernamental, el cumplimiento de normas y reglas, solo por convicción y no por evitar castigos, multas o sanciones. 2.1. Un ejercicio de participación ciudadana

Se realizó en el distrito Cartagena de Indias en los meses de septiembre y octubre de 2012, y utilizó la metodología de la lúdica como un ejercicio académico de aproximación a la participación ciudadana para construir cultura ciudadana, tomando como énfasis los derechos y deberes de las personas. El ejercicio adoptó la forma de juego y se escogió identificarlo con el nombre, “La moneda ciudadana, el derecho y el deber”, basado en la percepción del entendimiento del derecho, como lo ganado después de haber cumplido un deber. Bajo la hipótesis de que la falta de confianza de los ciudadanos cartageneros, es una de las causas de esa pérdida de sensibilidad ciudadana, falta de sentido de pertenencia en todos los contextos, análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 64-79

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reconocimiento a medias de los derechos y casi nulo de los deberes, se realizó el ejercicio de participación ciudadana como un juego estudiantil, liderado como la base para iniciar un proceso de recuperación de la sensibilidad ciudadana, buscando ratificar y rescatar el compromiso de la sociedad civil, para el caso representada en adolescentes, vistos como semillero inicial, potencial generador y reproductor, corresponsables en la construcción de costumbres de identidad de una cultura ciudadana convergente, integradora y facilitadora de una mejor convivencia, jóvenes estudiantes de secundaria como personas activas y pensantes con disponibilidad para participar en el desarrollo socioeconómico de su región, motivando la necesidad de construir una mejor sociedad, partiendo de lo particular a lo general, iniciando en el seno de sus propias familias, en sus barrios, en sus instituciones educativas, con énfasis en la definición, identificación y descripción de los deberes, de las normas y de las reglas, cuyo cumplimiento represente el camino para ganar los derechos. A través del desarrollo del juego se permea la necesidad de que “todos los ciudadanos cartageneros somos necesarios para construir un mejor lugar donde vivir, que partiendo de lo particular a lo general, la familia y la casa representan una escuela de formación ciudadana, y en últimas, todos los cartageneros en algo tendremos que ceder y alguna actitud tendremos que cambiar para construir entre todos, una mejor sociedad que pueda agregar valor a nuestra calidad de vida”. 2.1.1. El juego estudiantil: La moneda ciudadana, el derecho y el deber

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Un ejercicio de participación ciudadana bajo la metodología de una actividad lúdica y adoptando la forma de un juego estudiantil fue denominado: “La moneda ciudadana, el derecho y el deber”; conducido por estudiantes universitarios miembros del Semillero de investigación “Seguidores de Beto13”, quienes dirigieron la participación de estudiantes de secundaria en representación de cinco instituciones educativas escogidas al azar, ubicadas en Cartagena de Indias: Institución educativa nuestra señora del Carmen, Colegio de bachillerato del litoral limitada CODEBOL, Instituto docente del Caribe, Institución educativa Bertha Gedeón de Baladí y Gonzalo Jiménez de Quesada. Participaron estudiantes de los grados, séptimo, undécimo, noveno, octavo y undécimo respectivamente. Los conductores de la actividad lúdica a través de un juego de dos horas, mostraron a los estudiantes un derecho, escrito en la cara de un círculo de cartón en representación de una moneda, mientras en la otra cara se escribió un deber relacionado con el derecho. Como apoyo previo y de preparación del ejercicio, participaron los estudiantes del segundo periodo académico de 2012 del curso libre Cultura ciudadana14, ofrecido por la Universidad de Cartagena, quienes lograron construir sesenta (60) parejas de deberes relacionados con los derechos: salud, educación, juego, vida, recaudo de tributos; las parejas fueron representadas en igual número de monedas. Se identificaron con colores con el fin de hacer énfasis en el grupo de ciudadanos relacionados de manera directa con los deberes, el amarillo representó los derechos y deberes directos de los niños y el verde los derechos y deberes de adolescentes, el azul y blanco representaron los derechos y deberes de los adultos, como parte integral de las sociedades civil y gubernamental respectivamente. La mecánica central del juego ilustra como el cumplimiento de los deberes facilita la satisfacción de los derechos, inicia con un juego de palabras, “cuando yo cumplo mis deberes, satisfago los derechos Seguidores de Beto es el Semillero de investigación del grupo multidisciplinario El buen ciudadano, avalado por la Universidad de Cartagena (COL0032886), integrado por estudiantes de pregrado. 14 El curso libre Cultura ciudadana identificado con el código 5306101, es un producto del grupo multidisciplinario El buen ciudadano. Se ofrece desde el segundo periodo académico de 2007 a todos los estudiantes de la Universidad de Cartagena, es parte del componente flexible y apoya la formación integral en concordancia con la política de calidad de la institución. 13

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tuyos y los de él, cuando tu cumples tus deberes, satisfaces mis derechos y los de él, y cuando él cumple sus deberes, satisface tus derechos y los míos, luego nosotros ya no tendremos necesidad de reclamar derechos porque gozaremos de ellos”. Con base en la necesidad de pasar de la reflexión a la acción y de la propuesta a la puesta en marcha, los estudiantes de las instituciones educativas participantes construyeron un conjunto de deberes relacionados con la satisfacción de los derechos, de una manera libre de interés particular o sectorial, participaron activamente en el juego de la moneda ciudadana, entendido como un escenario pedagógico adecuado para pensar, definir y reconstruir las distintas actuaciones, posiciones y decisiones adoptadas por las personas como respuesta facilitadora de la construcción colectiva de costumbres de apoyo al desarrollo social, a la sana convivencia, marcada por el respeto y la tolerancia, a la búsqueda del equilibrio y la equidad; expresaron el reconocimiento de la importancia del aporte de todos para el beneficio de todos, lo que facilita y permite construir un lugar donde sea evidente la percepción de mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos.

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Las figuras 1 a 5 (anexo), evidencian la presencia de “la moneda ciudadana, el derecho y el deber”, como un ejercicio de aproximación a la participación ciudadana, y a la construcción de cultura ciudadana con énfasis en la costumbre de la colectividad. Todos los estudiantes de secundaria participantes expresaron la comprensión de la importancia en la identificación, adopción e implementación del cumplimiento de los deberes, como estrategia para ganar derechos. CONSIDERACIONES FINALES

Se pudo concluir que el ejercicio de participación ciudadana, “La moneda ciudadana, el derecho y el deber”, fue una experiencia exitosa, basada en la observación de la motivación, disponibilidad y actitudes de los estudiantes de secundaria participantes; pensaron y expresaron en el impacto del “cumplimiento de deberes como el camino para vivir mejor, si cada quien se compromete no habría tanto problema entre nosotros”, lo que se puede traducir en como el cumplimiento de los deberes se convierte en la satisfacción de los derechos, los que a su vez definen el nivel de la calidad de vida de la sociedad, una sociedad con reglas y normas, claras, coherentes y transparentes, construidas por todos para el beneficio de todos.

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Es importante resaltar, que la experiencia de participación ciudadana representada en la participación de jóvenes estudiantes de secundaria, requiere continuidad en la misma, un primer momento para reencontrar a los que participaron y potencializar la acción con un matiz pedagógico; un segundo momento con tendencia a la búsqueda de líderes jóvenes, con capacidad y voluntad para interiorizar dentro de sus instituciones educativas, la participación de los estudiantes en la construcción de normas y reglas, cuya implementación y cumplimiento mejore la sana convivencia en sus casas, en sus barrios, en sus colegios, iniciando un proceso de recuperación de la sensibilidad ciudadana, medido inicialmente como la necesidad de crear la costumbre de la colectividad, a través de la puesta en marcha de incluir en todas las actividades, el reconocimiento del trabajo de todos para el beneficio de todos, o lo que es lo mismo, la incorporación del trabajo en equipo, con posibilidad de que los estudiantes pudieran inferir a su primer equipo de trabajo, su propia familia, concebida ésta como esa primera escuela en la formación ciudadana. No obstante, el ejercicio de aproximación a la participación ciudadana, solo logró tener presencia activa en cinco instituciones educativas de Cartagena de Indias, la experiencia permite su realización en todas las instituciones educativas y en cualquier tipo de organización, y se espera que “la moneda ciudadana, el derecho y el deber”, sea adoptada por diferentes instituciones u organizaciones, como una estrategia pedagógica útil en cualquier plataforma, la cual podría aportar análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 64-79

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elementos para recuperar la sensibilidad ciudadana, generar confianza y fomentar la cultura del cumplimiento del deber como acceso al derecho; bajo la perspectiva de que los derechos y deberes, son términos coherentes con funciones y responsabilidades, también ayudaría a consolidar una estructura de gestión organizacional, con posibilidad de aprovechamiento por parte de las sociedades civil y gubernamental, con inclusión del seno familiar, por ser la familia esa primera escuela para la formación ciudadana, donde se podría construir con la participación de padres e hijos, normas y reglas para el respeto, la tolerancia y la sana convivencia, de tal manera que se abone el camino para lograr una integración y participación en distintos escenarios, visionando la importancia de la participación ciudadana en la construcción de planes de gestión, programas de gobierno o planes de desarrollo integradores e incluyentes de todos sus ciudadanos, todos con derechos pero también con deberes, en procura de mejorar la calidad de vida de toda la sociedad. Finalmente los autores expresan sus agradecimientos, a los directivos y estudiantes de las instituciones educativas: Institución educativa nuestra señora del Carmen, Colegio de bachillerato del litoral limitada CODEBOL, Instituto docente del Caribe, Institución educativa Bertha Gedeón de Baladí y Gonzalo Jiménez de Quesada por su entusiasmo, motivación y activa participación en el ejercicio “La moneda ciudadana, el derecho y el deber”. De igual manera agradecen a Fenalco Cartagena y CMP Farma sas por el apoyo económico para realizar el ejercicio “La moneda ciudadana, el derecho y el deber”, a la Universidad de Cartagena por la infraestructura y apoyo logístico, y a los estudiantes universitarios del curso libre Cultura ciudadana. ANEXO

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Figura N° 1. La moneda ciudadana, el derecho y el deber como ejercicio de participación ciudadana en la Institución educativa nuestra señora del Carmen

Fotografías tomadas por los estudiantes conductores. Participaron estudiantes de séptimo grado. Fecha 6 de septiembre de 2012 análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 64-79

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Figura N° 2. La moneda ciudadana, el derecho y el deber como ejercicio de participación ciudadana en Colegio de bachillerato del litoral limitada CODEBOL

Fotografías tomadas por los estudiantes conductores. Participaron estudiantes de undécimo grado. Fecha 10 de septiembre de 2012

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Figura N° 3. La moneda ciudadana, el derecho y el deber como ejercicio de participación ciudadana en el Instituto docente del Caribe

Fotografías tomadas por los estudiantes conductores. Participaron estudiantes de noveno grado. Fecha 13 de septiembre de 2012 análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 64-79

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Figura N°4. La moneda ciudadana, el derecho y el deber como ejercicio de participación ciudadana en la Institución educativa Bertha Gedeón de Baladí

Fotografías tomadas por los estudiantes conductores. Participaron estudiantes de octavo grado. Fecha 20 de octubre de 2012

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Figura N° 5. La moneda ciudadana, el derecho y el deber como ejercicio de participación ciudadana en la Institución educativa Gonzalo Jiménez de Quesada

Fotografías tomadas por los estudiantes conductores. Participaron estudiantes de undécimo grado. Fecha 26 de octubre de 2012 análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 64-79

Lucía Álvarez Álvarez. Albeiro Marrugo Padilla. Edgar Alejandro Barrera Díaz. Katherin Serrato Arengas. Mara Rodríguez Giraldo. Andreas Jiménez Cantillo

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Goles son amores… un acercamiento al Programa Goles en Paz. De la seguridad a la integralidad (un vacío)

Germán Eliécer Gómez Eslava

Goles son amores… Un acercamiento al Programa Goles en Paz. De la seguridad a la integralidad (un vacío)* Germán Eliécer Gómez Eslava** RESUMEN Hace aproximadamente doce años se creó el programa “jugando limpio todos ganamos” que pretendía impulsar procesos de convivencia entre los crecientes grupos de barristas asistentes al Estadio Nemesio Camacho el Campín, con el fin de mitigar las situaciones de violencias generadas por estos grupos. Actualmente, el programa “Goles en Paz” se ha posicionado, como un programa con capacidad para minimizar tales hechos en el Estadio. No obstante, el fenómeno de las Barras se ha extendido a las localidades de Bogotá generando dinámicas de apropiación territoriales por parte de estos grupos que en ocasiones desembocan en violencia. Por lo anterior, el programa presenta un marcado énfasis desde el enfoque de la seguridad, lo que deja de lado componentes claves para dimensionar el fenómeno de las Barras, tales como la Juventud y la Crisis del sistema de valores, que pueden aportar desde otra perspectiva para su intervención. Este texto presentara fragmentos de la sistematización realizada en el año 2012 del programa Goles en Paz, en sus 12 años, con el fin de ilustrar al lector acerca del fenómeno de las Barras desde esta experiencia de programa institucional. Palabras Claves: Jóvenes, Anomía, Contra Cultura, Barra Bravas y Violencia.

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GOALS ARE LOVES... AN APPROACH TO PROGRAM GOALS IN PEACE. OF SECURITY TO INTEGRITY (AN EMPTY) SUMMARY About twelve years ago, was created the program “all win playing fair”, which sought to promote processes of coexistence among growing numbers assistants barristas at Estadio Nemesio Camacho El Campin, to mitigate situations of violence generated by these groups. Presently, the “Goals for Peace” has positioned itself as a program capable to minimize such events at the Stadium. However, the phenomenon of the Barras it has been extended to the localities of Bogotá, generating dynamics of territorial appropriation by these groups that occasionally erupt in violence. Therefore, the program has a strong emphasis from the viewpoint of security, leaving aside key components to cover the phenomenon of Barras, such as Youth and Crisis of the value system, which can provide another perspective for intervention. This paper presents fragments of the investigation in 2012, the Goals in Peace program, in its 12 years. This aims to guide the reader about the phenomenon of the Barras from the experience of institutional program. Keywords: youth, Violence, Hooligans1. Fecha de Recepción: 25/11/2013 Fecha de Aprobación: 18/05/2014

No existe una traducción para la palabra Barras Bravas en inglés. Se incorpora “Hooligans” dado que presente similitudes semióticas, aunque en términos de las realidades contextuales los fenómenos no son equiparables.

análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 80-97

ISSN 0121-4705

* La sistematización utilizada en este artículo fue producto del contrato 501 de 2012 suscrito entre la Secretaria de Gobierno y Germán Eliécer Gómez Eslava, autor de este texto. ** Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Miembro Fundador de ASCIENDE. (Asociación Colombiana de Estudios Socioculturales del Deporte). Coautor del libro Estudios Socioculturales del Deporte, 2012. Email: gomezeslava@yahoo.com

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MARCO CONCEPTUAL

Las Barras de fútbol2 se caracterizan por ser un conglomerado de individuos, principalmente jóvenes, que irrumpen en la esfera pública colombiana a finales de los años 90, no solo en los estadios sino en barrios y localidades de las principales ciudades del país. Se vinculan directamente con equipos del futbol profesional como seguidores permanentes con características emotivas en sus prácticas, tanto en el estadio como fuera de él, que en ocasiones involucran la violencia. Precisamente esta última, ha determinado su posicionamiento en la esfera pública y ha capturado la opinión pública, no solo de los medios masivos de comunicación, sino además los énfasis de las políticas diseñadas para su intervención. Los estudios realizados en Colombia sobre el fenómeno, han coincidido en identificar como categoría central la juventud, ya que se integran por individuos ubicados en el rango de edad que va de los 14 a 26 años (Gómez Eslava, 2001)3 , condición que facilita el conglomerado vital de existencias particulares en torno a un objetivo, por demás efímero, consistente en el apoyo y adhesión incondicional a un grupo, que sigue a su vez a un equipo de fútbol, en ausencia de referentes de congregación distintos que los motive a agruparse. Priman sobre la determinación de la juventud las lógicas hegemónicas del mundo adulto que construyen discursos pensados en garantizar un “adecuado” paso de la vida juvenil a la vida adulta, viéndola como una etapa de transito con “riesgos” y “riesgosa”, en tanto inestables y con posibilidades de desestabilizar lo establecido. A pesar de estos postulados en los últimos años hemos asistido al posicionamiento de la juventud desde su capacidad creativa, desde su autonomía como sujetos incidentes en su medio y con sus conciudadanos, desde una perspectiva política diferente. Son muchas las investigaciones que visibilizan otra perspectiva no estigmatizante de la juventud haciendo visible su capacidad y potencia creativa. Sin embargo es también evidente, que los discursos presentes en los medios masivos de comunicación, resaltan el hecho violento de la juventud, gracias, entre otras a la espectacularidad de estos hechos que por ejemplo protagonizan las barras de futbol y que las hacen un objetivo “deseable” de los medios por garantizar audiencia. De lo anterior podemos colegir que la violencia es otra categoría central en el análisis de las Barras de Futbol, en tanto sustento de discursos calificativos de sus prácticas.

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Teóricamente existen varios enfoques conceptuales que pueden tendernos la mano para un adecuado abordaje de las Barras como objeto de análisis. Empero para la sistematización del programa Goles en Paz del año 2012 en específico se trabajó con la Teoría Fundamentada. ¿En qué consiste esta teoría? Presentaremos una breve descripción a continuación:

“se refieren a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. En este método la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirán de ellos guardan estrecha relación entre sí. Un investigador no inicia un proyecto con una teoría preconcebida… Más bien, comienza con un área de estudio y permite que la teoría emerja a partir de los datos. Lo más probable es que la teoría derivada de los datos se parezca más a la realidad que la teoría derivada de unir una serie de conceptos basados en experiencias o solo especulando… Debido a que las teorías fundamentadas se basan en los datos, es más posible que generen conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa para la acción” (Strauss et al, 2002: 13-14)

Son variadas las acepciones que se han dado sobre el fenómeno en intentos por denotarlo. Barras Bravas, Barras futboleras, hinchadas populares son algunos de los apelativos más usados. La investigación realizada en el año 2001, sobre una encuesta de 1064 barristas, dio como resultado un porcentaje superior al 80% ubicado sobre el rango de 14- 26 años. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 80-97

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El programa Goles en Paz fue creado hace más de 10 años. El 5 de septiembre de 1999 se da inicio oficialmente al programa “Jugando Limpio Todos Ganamos” (Villanueva, 2009: 27) que inaugura una serie de acciones institucionales tendientes a genera un acercamiento con los barristas para tratar de disminuir los enfrentamientos entre estos, que para la década de los noventa ya se presentaban como problema en creciente. La elección de la Teoría Fundamentaba, busca retomar información de esta experiencia para de tal forma y a través del análisis sistemático de datos recopilados proponer un esquema que permita interrelacionar las distintas categorías evidenciadas como determinantes y establecer sus conexiones e interdependencias. Lo anterior en función de presentar al lector algunas reflexiones acerca del Programa Goles en Paz.

“El planteamiento básico de la teoría fundamentada es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que de los estudios previos. Es el procedimiento el que genera el entendimiento de un fenómeno” (Hernández Sampieri, et al, 2010: 493)

Dado que como reseñamos el programa goles en paz lleva más de 10 años y tal cual como se lee en la cita, la elección de la Teoría Fundamentada para esta sistematización responde a la posibilidad de encontrar información pertinente que permita llevar a cierto nivel de abstracción esta experiencia que es pionera en Latinoamérica. Téngase presente que el nivel conceptual de la Teoría fundamentada tiene sus alcances definidos, “Esta teoría es denominada sustantiva o de rango medio y se aplica a un contexto más concreto. Glaser y Strauss… la distinguen de la “teoría formal”, cuya perspectiva es mayor”. (Sampieri, et al, 2010: 492)

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Por tanto el objetivo de este texto es tratar de establecer algunas relaciones en el marco de un programa desarrollado por la Alcaldía de Bogotá con las categorías surgidas del ejercicio de análisis de la información. De ningún modo pretende ser un documento concluyente, sino por el contrario un texto que deja muchas más preguntas que respuestas. Igualmente se apoyara en conceptos elaborados por académicos de reconocida trayectoria que han intentado explicar este tipo de hechos sociales no solo en Colombia sino en Latinoamérica, sin que esto afecte significativamente la elección de la teoría Fundamentada como soporte teórico del estudio. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Como se estipuló anteriormente el proceso de levantamiento de información se dio a través de la búsqueda de documentos claves. Se trabajaron los siguientes documentos: • Goles en Paz. Crónica de una Década. 2010. • Clásico Local. 2009. • Informes de Gestión de Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe y Engativá año 2011. • Informe CEACS. • Ley 1270 de 2009. • Protocolo para la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol. • Guía para la Convivencia y la seguridad en el Estadio el Campín. Por su parte se realizaron visitas a la Estadio el Nemesio Camacho “el Campín”4 y el Estadio Metropolitano de Techo, enfocadas a conocer la dinámica operativa del programa y la interacción con barristas en los estadios y sus alrededores. Por último se mantuvo contacto permanente con Estadio principal de la ciudad de Bogotá y donde tiene su asiento los dos equipos más representativos de la capital de Colombia independiente Santa Fe y Club deportivo los Millonarios.

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personas conocedoras del proceso tanto desde el ámbito institucional como desde el ámbito propio de los barristas. Con ellos se sostuvieron conversaciones reflexivas permanentes que nutrieron el ejercicio continuo de reflexión y análisis del programa. La sistematización de la información no es un propósito de las entidades públicas y en ocasiones se presentan vacíos sustanciales, dado que la función de sistematizar no aparece como prioridad de las administraciones públicas. Al respecto Javier Sáenz plantea:

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“(…) el desarrollo del estudio tuvo un obstáculo central: los problemas en la consecución de las fuentes primarias. De una parte, las entidades del gobierno distrital no llevaron una memoria sistemática sobre las prácticas formativas desarrolladas en los tres gobiernos.” (Sáenz, 2007:13).

Ahora bien, el programa goles en paz ha realizado una labor valiosa por la memoria institucional, por lo menos desde sus apuestas conceptuales y políticas. No obstante sí falta información clave relacionada con los componentes de inversión del gasto según recursos asignados. A MANERA DE CONTEXTO

El programa Goles en Paz encuentra su génesis a finales de la década de los noventa, bajo el nombre de “jugando limpio todos ganamos” nombre que se dio a las acciones institucionales emprendidas para contrarrestar los hechos de violencia que se venían presentando entre hinchas, principalmente de los equipos capitalinos5, al respecto referencian,

“Lo que marcó el inicio del trabajo con las barras en Bogotá, fueron los problemas que se estaban presentando, esto llevo a realizar una focalización de la intervención en las tribunas populares.” (Amaya et al, 2009: 40)

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De entrada la acción se concentró en el espacio de encuentro físico de estas agrupaciones y que es definido como las tribunas populares, que a su vez se caracteriza como “espacio de apropiación” de las Barras dentro del estadio permitiéndoles construir sentido en tanto territorio,

“Dentro de estos procesos juveniles de construcción identitaria se resaltan la ubicación dentro del estadio en las zonas posteriores a las porterías, lo que se ha denominado los “extremos”, ya que en estas zonas se genera mayor presión sobre los equipos. Además por sus características físicas logra congregarlos mejor…” (Eslava, 2011: 30)

Este programa estuvo en Misión Bogotá hasta el año 2001 cuando paso a la Consejería para la vida Sagrada (Amaya et al, 2009). Actualmente el programa está en la Secretaría de Gobierno en la dirección de seguridad y convivencia, lo que le ha significado un marcado énfasis en el enfoque de seguridad. Concentro su accionar en el conocimiento y reconocimiento de los actores para “entender” y sobre esta base intervenir,

Se dialoga con los barristas que son jóvenes.

Para la época, Millonarios y Santa Fe. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 80-97

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LOS JÓVENES. PROTAGONISTAS CENTRALES

Además de ser una categoría delimitada principalmente por la edad,6 la juventud se configura desde su potencialidad creativa, pero además y paradójicamente por su estigma oscuro, “la juventud, nudo imaginario de las practicas estratégicas de la cultura, aparece, justo, ligada a la manipulación de su antípoda: la muerte” (Perea, 2008: 102). Pero, a su vez, irrumpen en lo publico a través de la acción, “los jóvenes hacen su busqueda de lo público por derroteros más proximos a la acción directa, para no posponer ni renunciar a su peculiar forma de descubrir y apropiarse de lo colectivo” (Oscar, 2009: 110). Vinculando la ya mensionada capacidad creativa con el accionar pragmatico de su vivencia en la ciudad. Ahora bien, no en vano la administración Distrital para la época propuso esta iniciativa de agrupar en la categoría o grupo etario de la juventud a los barristas, “Aquí cabe señalar que, no obstante se encuentren muchos hinchas adultos, el grueso de los asistentes de las populares está entre los 14 años (edad a la que pueden ingresar a la tribuna según la reglamentación vigente) y los 27, población que se concentra entre los jóvenes de 20 a 25 años así, a nuestro parecer, es la condición de ser adolescente o joven la que va a influir de manera importante” (Amaya et al, 2009: 23).

La participación de jóvenes en las barras, permite postular efectivamente que uno de los lugares desde donde se debería enfocar las acciones tendientes a “intervenir” desde las entidades públicas debe ser la condición etaria que los agrupa. Algunos hechos ratificaron la propuesta de la administración Distrital de la época, [84]

“La primera alerta se percibió con las camisetas lanzadas a la gramilla, la segunda obedeció a una postura radical por parte de la Guardia y Comandos, quienes manifestaron que Misión Bogotá, al ser un programa de la Alcaldía, sólo debería servir a los equipos de la capital y, por consiguiente, las barras de América, Nacional o cualquier otro equipo no podrían ser integradas al proceso. Ante este panorama hostil en algunos momentos, se defendió el argumento de la administración distrital, con el cual se quería dejar claro que más que barras era un tema de jóvenes en la ciudad, por ende no se excluirían a los demás grupos.” (Amaya et al, 2009: 29)

Evidentemente un discurso sobre las Barras, puede traer como correlato la justa demanda de los integrantes por favorecer a los seguidores de equipos “bogotanos”. Por el contrario al ser abordado como propio de los jóvenes, permite abarcar la totalidad de participantes en tanto jóvenes y no en tanto seguidores de un club. Ahora bien, aunque el hecho reseñado se presentó en el año 1999, la perspectiva “radical” relacionada con las sanciones se vuelve a presentar para el año 2012, después de la sanción que los hinchas de Millonarios reciben por parte de la alcaldía de Medellín de no permitir el ingreso al Estadio Atanasio Girardot en seis fechas en las que juegue el equipo Millonarios en Medellín.

“El por qué y el cómo ingresaron esos elementos por parte de los visitantes es, y parece que seguirá siendo, una incógnita, lastimosamente las autoridades no dieron una explicación respecto a este hecho. El malestar queda en la parcial azul, que ve como es sancionada en otras plazas por una serie de acusaciones, injustificadas y excesivas, y aquí no pasa nada. Esta vez no hubo hechos que lamentar, ¿hay que esperar que ocurran para tomar medidas? (Camelo, 2012)”.

Según la ley 375del 1997 artículo 3 es joven la persona entre los 14 y 26 años de edad.

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Este fragmento hace parte de un artículo online escrito para manifestar el malestar de algunos hinchas de millonarios por lo que consideran, medidas injustas contra su parcial. Toman como referencia el ingreso de material pirotécnico al Estadio el Campin el 2 de septiembre por parte de los hinchas del Deportivo Cali, material que por ley está prohibido para eventos públicos si no es manejado por expertos. Esgrimen una fuerte sentencia sobre la forma como se definen sanciones principalmente en Bogotá, “…es la única plaza futbolera del mundo en la que los organismos de control tratan a los hinchas locales como visitantes, y viceversa.” (Camelo, 2012). Es decir se priorizan lógicas de intervención asociadas a la seguridad, desde la perspectiva de exclusión de los antagonistas, dependiendo de quienes sean los locales o anfitriones, dejando por fuera a los rivales en tanto espectadores. Esto construye fronteras simbólicas que implican la construcción de territorios de exclusión.

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Igualmente estos fragmentos dan cuenta de los delgados límites que se presentan entre este tipo de prácticas y la ilegalidad. Son reiteradas las sanciones que por incidentes e incumplimientos normativos, acarrean las distintas barras de futbol en el País. Recuérdese que la Ley 1270 de 2009 crea la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, la cual establece el marco normativo que regula los comportamientos de los asistentes a los espectáculos de futbol. Es decir su dinámica se desarrolla entre situaciones que pueden fácilmente trasgredir los marcos establecidos, no solo en esta ley, sino también en el Código de Policía. Quizás esto encuentre su explicación en el hecho referido a los orígenes estructurales de este tipo de prácticas relacionados con las culturas juveniles, que soportan en estos grupos un “espacio vital” adecuado a sus expectativas pero que surge en antagonismo con lo establecido por el sistema formal,

“De unos años para acá, los jóvenes buscan con la afiliación a una barra el remplazo de esas nebulosas llamadas región, nación, patria y familia, y ahora exhiben un look global de tipo Bancosmos. Con estrictos códigos de honor las barras bravas llenan a su manera la brecha inalcanzable del cielo Yuppie.” (Uhía, 2009: 21)

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Antagonismo que entre otras se explica por la frustración que jóvenes experimentan en relación con la imposibilidad de acceder a los proyectos de “individuo exitoso” que priman en sociedades como la colombiana, y que en el fragmento se ejemplifican con la figura del Yuppie. Merton plantea desde la teoría estructural funcionalista una serie de conceptos que pueden ayudar a entender este fenómeno. El concepto de anomia podría explicar en parte, la forma como en estos jóvenes se genera la frustración, en tanto se trunca la posibilidad de acceder a ese mundo de beneficios y maravillas que promete el sistema de mercado; para Merton la anomia se define,

“…como la quiebra de la estructura cultural, que tiene lugar en particular cuando hay una disyunción aguda entre las normas y los objetivos culturales y las capacidades socialmente estructuradas de los individuos del grupo para obrar de acuerdo con aquellos.” (Merton, 2002: 241)

Es decir el individuo se enfrenta a una sociedad que culturalmente lo obliga a desear algo que difícilmente por medios convencionales puede alcanzar. En Durkheim la situación se sostiene, “porque los deseos ilimitados son insaciables por definición, y no sin razón se ha considerado la insaciabilidad como un signo morboso. Puesto que nada los limita, sobrepasan siempre e indefinidamente los medios de que dispone; nada sabría calcularlos, pues una sed inextinguible es un suplicio perpetuamente renovado” (Durkheim, 2008: 280)

Estos deseos, podríamos decir, le deben, mucho a los medios masivos dado que a través de estos se genera en el individuo la “compulsión” en ocasiones obsesiva de su objetivo a perseguir. Podemos, análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 80-97

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según lo anterior, caracterizar el “tipo” o “modelo” de individuo a seguir. Un hombre o una mujer, con facciones estéticas concordantes a las figuras hegemónicas confeccionadas desde emporios del entretenimiento, pero además con la posibilidad de acceder a un mundo de consumo, que implica un empleo o trabajo que antes de oprimir lo redime con su labor, y con una significativa variedad de diversiones por explorar, con posibilidades infinitas de acceso al “mundo” gracias a las bondades del sistema crediticio, principalmente el de consumo. No obstante, diremos, la realidad es otra,

“estamos obsesionados con comprar más y más cosas, aunque esto nos exija hacer sacrificios absurdos en otras parcelas de nuestra vida. Este comportamiento compulsivo es el que los críticos denominan –Consumismo–.” (Heath et al, 2005: 118)

Sobre este modelo de “felicidad” y bajo la lógica del “consumismo” estas personas deben comenzar a “armar” con lo poco que la sociedad les otorga su “felicidad”, de donde la resistencia a la misma emana como una atractiva alternativa. Por tanto, se adquiere una figura de irreverencia, pero que en ultimas “reverencia” el consumo. Por ejemplo, se podría mirar la forma como los hinchas de Millonarios compran marca ADIDAS dado que es el patrocinador del equipo y además tiene una línea “deportiva” que se adecua perfectamente a los requerimientos de los hinchas. Aquí no interesa su carácter violento, aquí interesa su carácter de consumo. No obstante lo anterior, la Barra es ese espacio que llena de sentido la existencia de estos jóvenes para lo cual en los emblemas se visibiliza la importancia que le imprimen a la barra, [86]

“Por eso cada pancarta representa un grupúsculo que por unas horas, y sobre todo cuando hay clásico local, logra agenciar a los jóvenes de una manera que los viejos partidos políticos y los sistemas educativos nunca soñaron. En ese sentido, el futbol se ha vuelto para ellos la vida misma, la vida territorial, pasional y honorifica que el sistema gubernamental colombiano nunca les pudo dar” (Uhía, 2009: 21)

Y es un sentido renovado a sus intereses y que se distingue sustancialmente del sentido que otorgan los escenarios tradicionales propios del Estado y las instituciones formales. DE LA VIOLENCIA 7

En la sistematización la unidad de análisis más recurrente fue “la violencia” y sus derivados. En los informes de gestión del programa Goles en Paz, para los años 2011, no se emplea el término violencia, el cual es remplazado por el término “intolerancia”. Empero, lo descrito en estos informes apunta a evidenciar en el concepto de “intolerancia” una derivación del concepto de violencia. Estas agrupaciones de jóvenes al erigirse como alternativa frente a los escenarios formales son vistos desde la óptica hegemónica como “raros”, “sospechosos” y en ocasiones “agresivos”. Dicha percepción encuentra sustento en hechos acaecidos que involucran el uso de la violencia como practica recurrente; al respecto citamos un fragmento de los informes de gestión del programa goles en paz para una localidad específica, “Otro factor determinante que debilita el proceso son los Por violencia se entenderán, todos los actos físicos o simbólicos tendientes a generar daño al contrario. Se presenta, principalmente de manera racional, pero también de manera espontánea. Su uso es instrumental y se encuentra legitimado al interior de la Barra. Otorga prestigio, reconocimiento y sirve como facilitador de la “movilidad” interna para estructurar su jerarquías. En (Elías & Eric, 1995, pág. 273), podemos encontrar una ampliación de esta definición, al igual que en (Eslava, 2011, pág.19, 20, 21 y 60).

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jóvenes entre 13-17 años, los cuales son generadores de violencia y portadores de SPA (sustancias psicoactivas) y armas blancas y de fuego ante lo cual la ley de infancia y adolescencia es escasa en su alcance.” Se resalta, por una parte, la definición de un grupo etario entre los 13 y 17 años, que según Código de Infancia y Adolescencia son Adolescentes8 los cuales, ciertamente han aumentado su participación en las Barras. Indica a su vez a este grupo como generadores de violencia y además portadores de SPA y de armas tanto de fuego como blancas, siendo una aseveración fuerte que puede responder a hechos reales. Sin embargo, también es sabido que en relación a las situaciones en donde jóvenes son los protagonistas se han tejido toda una serie de “mitos” que se construyen para magnificarlas. Por ejemplo, el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad (CEACS) de la Secretaria de Gobierno, presenta una información interesante sobre la participación de homicidios por tema Barras futboleras por año.

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Tabla 1. Porcentaje de participación de los homicidios relacionados con barras del fútbol SECRETARÍA DE GOBIERNO DISTRITAL SUBSECRETARIA DE ASUNTOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA % de participación de los homicidios relacionados con barras futboleras cada año

PARTICIPACIÓN POR AÑOS

2009

2010

2011

Participación de los 3 años

0,7 %

0,9 %

0,6 %

2,3 %

Fuente: Sijin - Cti, corte a Mayo 31 de 2012. Datos susceptibles a variación, hipótesis de trabajo judicial Fuente: Medicina Legal. En su gran mayoría estos homicidios son producto de la intolerancia de algunos jóvenes de la ciudad, que mezclados con el alcohol o sustancias

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Como se observa la participación en homicidios de personas relacionadas con el tema de las barras es inferior a un punto porcentual frente al total de homicidios que se presentan en la ciudad. Por supuesto una sola muerte es lamentable y más si es ocasionada por temas tan efímeros como el futbol, en un país que históricamente se ha desangrado por su conflicto interno. Sin embargo, estas cifras son suficientes para construir desde ahí la percepción planteada que los califica como “raros”, “sospechosos” pero principalmente “agresivos”. Al igual, la forma de apropiación de los espacios públicos por parte de los jóvenes, en sociedades donde la aglomeración, si no es estrictamente controlada, es vista como un factor de riesgo y de sospecha, contribuye para ratificar la construcción simbólica de los jóvenes como ese “otro” peligroso. Anteriormente incluimos el concepto de anomia para explicar las circunstancias sociales que definen sociedades con crisis en el sistema de valores dadas las inconsistencias entre las metas culturales impuestas y los medios institucionales para adquirirlas; pero además lo incluimos para establecer el vínculo con la frustración como la expresión psicológica de la anomia. De acuerdo con Silvia Bautista la frustración se da,

“Cuando hay un impulso, un deseo, y la persona no es capaz de satisfacerlo, aparece entonces lo que en Psicología llamamos frustración. Que se manifiesta como un estado de vacío o de anhelo insaciado.” (Bautista, 1998) Según la ley 1098 de 2006 que expide el código de infancia y adolescencia, los adolescentes se ubican en la edad de 12 a 18 años. Art. 3.

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Pero este “estado de vacío o anhelo insaciado” encuentra un lugar ideal entre iguales y con similares necesidades en la Barra, por lo que el individuo proyecta y resignifica su existir y en donde sus manifestaciones de apego y afecto llevan hasta el mismo hecho de jugarse la vida por la Barra. Se convierte por tanto en el lugar deseado de muchos jóvenes que se apropian de la Barra dado que esta “llena” esos vacíos que la sociedad no. Ahora bien, la frustración como una manifestación individual sumado a la anomia como una manifestación de la cultura pueden explicar en ciertas circunstancias la violencia generada por estos grupos de barristas. Obviamente se deben sumar factores tanto coyunturales como estructurales tales como los distintos tipos de consumo, las pugnas por el liderazgo, la crisis de la familia, entre otras. Varios de los informes de gestión realizados por los gestores del programa presentan algunas posibles causas de las situaciones de violencia que se dan en estos grupos: • • • • • • • • • • [88]

Crisis de la Familia y Fragmentación de la misma Crisis del sistema Educativo y falta de oportunidades para acceso a educación superior La Barra como alternativa Falta de oportunidades en el campo laboral Falta de alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre Exclusión y estigmatización de los jóvenes Consumos de alcohol y sustancias psicoactivas Pandillismo Regionalismo Presión de grupo9

Estos aspectos configuran un escenario similar al descrito en los trabajos pioneros de Norbert Elías y Eric Dunning, asociados a la procedencia o clase social, ya que, como puede observarse, lo descrito configura situaciones de pobreza. En su análisis sobre la violencia en el futbol lograron definir un tipo de aficionado, asociado a su procedencia social,

“La información sobre los orígenes sociales de los aficionados que pelean en los partidos de futbol es actualmente bastante escasa, pero los datos sobre quienes han sido acusados de delitos relacionado con el futbol coinciden… y apuntan a que el fenómeno se concentra casi exclusivamente en el ámbito de la clase obrera baja” (Elías et al, 1995: 306)

Dicha explicación la remiten a la forma como, según la evidencia, en la Clase Obrera opera un principio referido al establecimiento de “alianzas” de acuerdo a “el amigo de un amigo es un amigo; el enemigo de un enemigo, es amigo; el amigo de un enemigo es un enemigo; el enemigo de un amigo es un enemigo” (Elías et al, 1995: 308), principio observado igualmente en las agrupaciones de aficionados investigadas. Se presentan para el caso bogotano, según los gestores, aspectos estructurales tales como la crisis de la familia y de donde se deduce que esto influye en los comportamientos de los hinchas en tanto agresivos, dado que muchos provienen de familias con relación mono parental (Con ausencia de uno de las dos figuras, padre o madre), que generan en el individuo crisis de sus pautas de crianza entrando en conflicto con la autoridad. En ocasiones al interior de las familias se presentan situaciones de maltrato o violencia intrafamiliar, que en un futuro pueden influir en la forma en la cual los individuos resuelven sus conflictos, funcionando en algunos casos bajo el principio descrito. Desde la psicología presentan algunas posibles explicaciones gracias a los estudios realizados, 9

Tomado de los informes de Rafael Uribe, Engativá, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Bosa y San Cristóbal. Se agrupan por concordancias.

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“La idea de aprendizaje por experiencia indirecta (vicaria o supletoria) es una contribución hecha por los teóricos del aprendizaje social que sostienen que el aprendizaje ocurre a través de procesos de modelado o modelización e imitación de otras personas… La secuencia de aprendizaje de la agresión puede extenderse más allá de las interacciones directas entre las personas e incluir las imágenes de los medios, como la televisión” (Hogg et al, 2008: 453)

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Es decir, a parte de la influencia que en el niño o niña puede tener la figura cercana de autoridad, que para el caso son sus familiares cercanos, se presenta también la posibilidad de recibir influencia de los medios de masivos de comunicación especialmente la televisión. De lo anterior podemos concluir que la violencia y la agresividad pueden encontrar múltiples explicaciones y además diversas causas que seguramente se dan en las condiciones sociales tan complejas de Bogotá. El tema de las barras no es ajeno a las realidades de la sociedad y seguramente son múltiples los factores que como se sintetiza en los informes de los gestores locales confluyen para determinar la agresividad y la violencia presente en estas agrupaciones. Una política integral para abordar esta situación problema debería contemplar las múltiples variables que confluyen por lo menos en las dos categorías presentadas hasta aquí, es decir la categoría jóvenes y la categoría violencia. DEL PROGRAMA

Este programa actualmente pertenece a la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Gobierno. Esta Secretaría tiene a su cargo los temas relacionados con la seguridad, la convivencia, los derechos humanos, la construcción de ciudadanía, entre otros. La dirección de seguridad y convivencia “tiene como propósito principal brindar apoyo y atención a los habitantes de la capital, mediante acciones que propendan por la disminución de factores generadores de violencia y permitir a las comunidades adquirir mayores posibilidades de seguridad y convivencia en su entorno”10 su énfasis como se hace evidente propende por la “disminución de factores generadores de violencia” es decir apuesta por la “seguridad” y la “convivencia” para la intervención de sus proyectos y sus programas. Ahora bien, en documentos revisados se hace énfasis en las estrategias pedagógicas implementadas. Los procesos de intervención desarrollados desde el programa goles en paz se sustentan sobre apuestas conceptuales que delimitan sus horizontes de acción. Para el último periodo analizado es decir los años 2004 - 2009 se presenta un remarcado énfasis en los procesos pedagógicos. Por ejemplo reseñan los énfasis del programa para algunos talleres realizados con los líderes de las barras,

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“Fundamentadas en las teorías de la educación experiencial, definida ésta “como un proceso a través del cual los individuos construyen conocimiento, adquieren destrezas e incrementan los valores a partir de experiencia directa”11 (Amaya, Villanueva, & Rodríguez, 2009, pág. 55)

Desde una perspectiva más general postulan que la pedagogía ha sido el puente vinculante de los barristas con su entorno,

Tomado de: http://www.gobiernobogota.gov.co/quienes-somos/dependencias/subsecretaria-de-asuntos-para-la-seguridady-convivencia-ciudadana/direccion-de-seguridad-y-convivencia Consulta realizada el día 29 de septiembre de 2013. 11 La definición es tomada de Jaramillo 2003. 10

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“La pedagogía ha sido la herramienta fundamental que sigue permitiendo validar la estrategia propuesta, ya que posibilita la participación y la construcción consensuada del barrista con su entorno, con los medios de comunicación, con la sociedad y con el programa como mediador de dicha construcción. Esto quiere decir que la voz del hincha ya no cae en el vacío, sino por el contrario, ella está retroalimentando las acciones de Goles en Paz.” (Amaya, Villanueva, & Rodríguez, 2009, pág. 24)

Se plantea un ejercicio de doble vía donde los barristas se reconocen y son tenidos en cuenta para la toma de decisiones del programa. No en vano los esfuerzos del programa por incorporar reflexiones no solo desde la práctica, sino también desde la academia que permitan orientar su accionar. Al respecto,

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“Goles en Paz ha pretendido abordar el asunto desde el entendimiento, es decir, a partir del conocer para intervenir (re)construido desde hace dos lustros, apostándole al dialogo con los hinchas y con todas las instancias que hacen parte del espectáculo, y descentralizando el programa para llevarlo a las localidades, en donde las riñas por la camiseta en parques y colegios están latentes y ahora se han hecho más visibles.” (Amaya, Villanueva, & Rodríguez, 2009, pág. 24)

De esta continua reflexión, surge, como bien describen, las acciones encaminadas a abordar las localidades como parte integral del programa, dado que en estos espacios, tal cual lo plantea el texto, se presentan continuas riñas y peleas. De ahí se crea la figura del Gestor, gracias al posicionamiento que del tema da el programa y que confluye en el Acuerdo 360 de 2009 del Concejo de Bogotá. Seis localidades tuvieron para el año 2011 la figura del Gestor Local, situación que a pesar de ser un mandato Distrital, evidencia el poco compromiso asumido por las localidades con esta figura. Lo anterior no indica que las autoridades locales no hayan emprendido acciones encaminadas a darle un tratamiento institucional al asunto, dado que algunas optaron por otro tipo de alternativas (mesas de trabajo con los Barristas, articulación interinstitucional con las entidades competentes, entre otras), las cuales han generado resultados interesantes de analizar (La localidad de Suba, por ejemplo, implemento la mesa de barristas con acuerdos que han repercutido en la disminución para el año 2012 de los enfrentamientos entre hinchas de equipos de futbol). Es por tanto un ejercicio que demanda del conocimiento pormenorizado del tema de las Barras las posibles alternativas, nos solo desde el ámbito institucional, sino además del familiar y el comunitario. Ahora bien, aunque el programa Goles en Paz, no es una política pública, queremos referirnos a estas para entrar por ultimo de lleno en el análisis de este programa desde esta perspectiva. Para Noel Roth las políticas públicas son,

“un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, y por medios y acciones, que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2002: 21)

Luego, la “situación” específica que se pretende “modificar” desde el programa fue o es la violencia en el Estadio entre grupos de hinchas. No de otra forma se podría entender el alcance del nombre de este, es decir, “Goles en Paz”. El término tiene una contundencia evidente, se busca pacificar el Estadio que es donde se hacen goles. Siguiendo a Roth quien nos presenta la política pública como un fenómeno complejo,

“(…) en el cual interactúan, frecuentemente mediante redes estructuradas de agentes, tanto elementos institucionalizados como reglas formales, ideas, intereses e instituciones políticas” (Roth, 2002: 23)

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En relación con los “elementos institucionalizados” y aunque el programa lleva más de 12 años de creado, no existe como “servicio” de la Dirección de Seguridad y Convivencia. Es decir no ha sido incorporado al sistema integrado de gestión, lo que prueba un bajo nivel de formalización institucional lo que afecta por tanto el aspecto referido a las reglas formales (ausencia de procesos y procedimientos) necesarios para su operación. De lo anterior se desprende que el programa se ha soportado sobre las personas que lo han coordinado, en tanto énfasis y orientación. Se presenta una “idea” central, desde donde se desarrolla el programa. Esto repercute en un bajo nivel de formalización del programa, pero en un alto reconocimiento de las personas a cargo. Este punto es determinante para entender la forma como en ocasiones las acciones de gobierno se personalizan y determinan el accionar de los proyectos o programas institucionales. Aunque en Colombia priman los enfoques tales como el Public Choice para el análisis y la formulación de políticas, programas y proyectos, se suele dejar de lado aspectos determinantes tales como los que refiere Roth en el texto ya citado,

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“(…) el análisis de las políticas requería de una metodología diferente a la metodología científica tradicional , ya que era necesario reconocer, más allá de la reivindicada multi o interdisciplinariedad, el papel importante jugado en los procesos de política por “elementos extra-racionales” (como la creatividad, la intuición, el carisma, etc) o irracionales (las motivaciones profundas)” (Roth, 2002: 28)

Es decir se deja de lado en el análisis de este tipo de programas aspectos centrales y determinantes tales como los factores asociados a la personalización de los actores involucrados que podrían tipificarse en los elementos “irracionales” descritos en el párrafo y que inciden determinantemente en la práctica cotidiana de estos programas.

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Proponemos para este parte final del texto realizar un acercamiento desde lo propuesto por Elionor Ostrom (Roth, 2002: 38) que supone abordar el tema de las políticas públicas tocando los siguientes aspectos: • Las reglas usadas por los actores • Las características materiales y físicas del contexto • Las particularidades culturales propias Brevemente hemos abordado el aspecto subjetivo de los actores del programa desde la perspectiva institucional. Pero también se debe tener presente el papel de otros actores igualmente determinantes e incluso más incidentes. Estos son: • • • •

Los Barristas Los Hinchas Los Equipos Las otras instituciones (IDRD. Fopae y otras).

Los barristas tal cual se ha descrito en este texto, presentan particularidades que han hecho de ellos un grupo específico. Su proceder violento y su capacidad de movilización de individuos han hecho que tengan un lugar privilegiado dentro de las negociaciones que se dan en el marco de escenarios habilitados para el fin. Uno de estos, por ejemplo es la Comisión de Seguridad y Convivencia del futbol, reglada por la ley 1270 de 2003 la cual define los componentes técnicos y operativos de los partidos a jugarse y donde participan entidades públicas, los equipos locales análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 80-97

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involucrados en los partidos y los hinchas y barristas12 con presencia en la ciudad donde se realiza el encuentro. Aunque la lógica de este tipo de espacio institucional es muy operativa, se logra percibir ciertas dinámicas que dan cuenta del posicionamiento de los actores en estos escenarios. Las reglas formales se han definido desde lo planteado por la ley y donde quien coordina es alguna de las entidades públicas participantes. Para el caso de Bogotá lo realiza la Secretaria de Gobierno a través del programa Goles en Paz. No obstante existen otras reglas de interacción que se dan de acuerdo al “peso” especifico que se tiene dentro del escenario y que se determina para el caso por aspectos tales como lo económico (quien contrata el Estadio), lo político (el papel de las instituciones públicas) y lo coercitivo (la condición de Barras Bravas). Estos factores o aspectos determinan las relaciones que se gestan al interior de este espacio formal de coordinación de acciones. Gráfico 1. Escenario 1.

Fuente: elaborado por el autor [92]

Cada actor en el escenario cuenta con sus recursos para la negociación. Que se desarrolla desde los temas planteados que por lo general como se ha descrito tiene que ver con la programación de partidos de los torneos en los que participan los equipos bogotanos. En este escenario se podría privilegiar un análisis de las narrativas pero además el análisis de las relaciones, que en la grafico se ubican en el espacio comprendido entre R y R1. Ahora bien, es claro que cada actor llega precedido de sus propias relaciones en escenarios diversos pero que determinan su “rol” en el Escenario 1. Para el caso del Actor 1 que podría ser un agente institucional podemos tener el siguiente escenario

Se establece la distinción entre Hinchas y Barristas, dado que los primeros se asocian a los aficionados tradicionales seguidores de los equipos los cuales se organizan de manera formal y registran estas organizaciones en las entidades competentes para regularlas.

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Gráfico 2. Escenario A. (Actor 1- Funcionario)

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Fuente: elaborado por el autor

En el caso de los líderes de las barras este sería su escenario previo: Gráfico 3. Escenario B (Actor 2 – Barrista)

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Fuente: elaborado por el autor

Para el caso de los representantes de los equipos: Gráfico 4. Escenario C (Actor 3 – Representante de Equipo)

Fuente: elaborado por el autor análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 80-97

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Con lo anterior pretendemos graficar las, si se quiere, posibles, interminables relaciones que se gestan solo en dos de los múltiples escenarios y que definen la participación de los individuos en el escenario central de la negociación. Debe tenerse presente que esta es una abstracción de la realidad, por lo que para efectos prácticos, las líneas que significan las relaciones, podrían ser más gruesas o más delgadas dependiendo del tipo de influencia que sobre el actor se pueda tener. Igualmente se grafican en una sola vía, es decir hacia el actor, pero es claro que en la realidad esto se da de manera interdependiente, es decir lo determinan pero a su vez este determina. Es un entramado de relaciones que hace que la dinámica responda a una múltiple determinación de variables que por lo general se definen desde los intereses de las distintas partes involucradas. Ahora bien, este proceso se desarrolla desde un marco de referencia o contexto que se delimita desde unos acuerdos iniciales. El conocimiento obtenido, en el proceso de sistematización del programa Goles en Paz, logro dar tenues pistas que permiten postular como posible que en este espacio, se dan relaciones determinadas por la forma en que el programa oriento su proceder, es decir el énfasis en el tipo de política el cual estuvo puesto en el enfoque de la seguridad, desde la perspectiva corta (+ Fuerza Pública= – Delincuencia) y que concentro los discursos en torno a la mejor forma de “mitigar” los riesgos relacionados con la afectación del espectáculo por factores asociados a la violencia. Pero además legitimo a los actores generadores de violencia, es decir, los autodenominados “capos”, quienes además se insertaron como interlocutores válidos dentro de estos espacios.

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Este punto es determinante para entender la forma como los enfoques que los programas públicos asumen, legitiman, pero quizás, más preciso, los moldean, dependiendo no solo del lugar, sino además de los intereses en juego. Igualmente sirve para analizar la forma en la que los actores definen sus discursos dependiendo de su rol en el escenario. Se evidencio, la forma como sutilmente los líderes de las barras negocian en tanto actores con capacidad de movilización de sus barras, la exigencia de derechos, pero la baja responsabilidad en cumplimiento de deberes. Por ejemplo, al plateársele reclamos sobre el comportamiento de algunos barristas, manifestaban que ellos “no podían controlar a la totalidad de la Barra, dado que son muchos”, contrastando con las solicitudes en ocasiones vehementes de garantías de ingreso, por ejemplo de sus “trapos” (banderas), o de sanción a otros equipos visitantes. Tenemos por tanto, en la definición del programa, los siguientes aspectos identificados, que son los determinantes centrales del enfoque de este: • • • •

Necesidades coyunturales y urgentes para atender un fenómeno nuevo Definición de estrategias institucionales para atender el fenómeno Configuración de discursos según dichas estrategias y dinámicas Débil actualización y reorientación de los enfoques institucionales

Los intereses se definen desde las expectativas, necesidades y además oportunidades que se perciban dentro de cada uno de los escenarios donde se desarrollan las interacciones. Podemos tipificar inicialmente según actores algunos de los que se hacen explícitos. Evidentemente existirán algunos o quizás muchos implícitos y no susceptibles de expresarse en lo público, es decir, siguiendo a Ricoeur, manifiestos en el discurso.

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Barristas: • De prestigio • Reconocimiento • Legitimación de poder Instituciones: • Máxima eficiencia con mínimos recursos13 • Control y seguridad de escenarios públicos • Legitimación con otros actores Equipos o Clubes de Futbol: • Maximización de ganancias • Espectáculo mediático De lo anterior podemos colegir que el contexto que delimita las acciones del programa Goles en Paz, al igual que las relaciones que se generan en el marco del mismo han determinado las dinámicas propias del fenómeno en relación con el abordaje institucional dado con los respectivos resultados que actualmente se evidencian cada vez que ocurre una muerte o enfrentamientos entre barras. Básicamente tenemos unos liderazgos fuertemente enquistados y reconocidos desde su perspectiva negativa. Alcances de corto plazo para mitigar la violencia, precisamente porque se concentra en la violencia. Ausencia de estrategias de acercamiento a los grupos de jóvenes que integran la base de estas agrupaciones. Incapacidad de desestimular a los vinculados en el fenómeno como de prevenir a los que aún no están vinculados.

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Un tema de interés podemos encontrarlo en el análisis de los datos reseñados en la cita 14, que tiene que ver con el número de policías que se destinan para partidos tipo A, es decir de alto riesgo. El aproximado de policías para estos partidos es de 1.500. Según el General Riaño14 el número total de policías para la seguridad en Bogotá es de 20.000 unidades, lo que significa que para un partido de estas características se moviliza el 7.5% de la fuerza disponible de la ciudad. Igualmente en el estadio a su capacidad máxima se congregan 37 mil espectadores. Sobre una población de 7 millones15 los 37 mil espectadores equivalen al 0.5% de la población. Estamos hablando de una movilización significativa para garantizar la “seguridad y convivencia” en el Estadio, de donde se deduce, que es gracias a la excesiva presencia de policía que se logra pacificar el estadio y sus alrededores, luego la efectividad de estas políticas siempre estarán determinadas por la posibilidad y capacidad de movilizar la cantidad significativa de unidades de policía. Ahora bien, el fenómeno de las Barras como se ha descrito en este texto no encuentra en el Estadio su único lugar de apropiación, también están las localidades y barrios de la ciudad. De lo anterior surge la pregunta, ¿será acaso posible la movilización de tantos policías para garantizar el control de las barras?, la respuesta se hace evidente, teniendo en cuenta que además de las barras existen otro tipo de problemas en 13

14 15

Se debe establecer un cálculo del valor que a la administración Distrital le cuesta la movilización de recursos según tipo de partido. Por ejemplo para un partido tipo A, por lo general se movilizan entre 1.000 y 1.500 policías. Tomado de: http://www.urnadecristal.gov.co/video/cu-ntos-polic-as-hay-seguridad-de-bogot Según la secretaría Distrital de Planeación el número de habitantes de Bogotá es de 7.705.426. Consulta realizada el día 19 de octubre. http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/RelojDePoblacion análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 80-97

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la ciudad que hace casi imposible esta tarea. Por tanto el enfoque que se concentra principalmente en la seguridad, pueda que presente en la inmediatez de un partido, un estado relativamente tranquilo en el Estadio (principal interés de los actores y grupos económicos que ven en el futbol su medio legítimo de obtener beneficios) que favorece el “espectáculo” futbol, pero que afecta las finanzas de la ciudad y da pocas alternativas de acción para mitigar el riesgo latente más allá del tiempo efectivo y preparatorio del evento. Las noticias presentada en relación con los actos de violencia, pueden dar indicios de como los enfrentamientos se han ido desplazando en un efecto lógico de la concentración realizada históricamente por el programa en pacificar el estadio. Como se puede observar en esta reseña, la complejidad del tema de las Barras de Futbol, desde un programa ya histórico en Bogotá, que se ha creado para tratar de atenderlo de manera adecuada, permite observar que el énfasis de este programa se concentró en la atención a la violencia (Seguridad) dejando de lado características determinantes tales como la juventud. Urge por tanto vincular a los énfasis en seguridad las apuestas por reconocer a los actores principales de este proceso que antes de goles son humanos. Su despliegue territorial, aunque se intentó, fue tímido y no logro garantizar un posicionamiento adecuado de la “necesidad” ante los actores locales claves, desde el campo de lo administrativo (alcaldías locales) y que a pesar de existir un marco normativo que sobre el cual proceder no llevo a más de 9 alcaldías locales con figura de “gestor local”.

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Como se observa son unos muy interesantes retos para abordar de manera creativa un fenómeno que en ocasiones trasciende, lugares comunes que dan cuenta de la “eficiencia y eficacia” de políticas concentradas en esquemas, para el caso fuertemente asociados a la seguridad, y que no llegan a dar un adecuado tratamiento que permita validar otro tipo de potencialidades de los actores involucrados trascendiendo las marcas sociales impuestas a este tipo de agrupaciones. Pueda, por último, ser interesante intentar vincular el fenómeno de las Barras de Futbol a teorías tales como las de los “mercados de Violencia” o las asociadas al “Psicoanálisis”, las cuales, por supuesto desde su competencia, puedan dar pistas interesantes en relación con el fenómeno aquí presentado. Por supuesto, y como se evidencia en el texto, son muchas las preguntas que se abren y que buscan nutrir de reflexiones este tema, que aunque pueda parecer efímero, da cuenta de lo que somos como sociedad occidentalizada. BIBLIOGRAFÍA Amaya, Villanueva, & Rodríguez. (2009). Goles en Paz Crónica de una Década. Bogotá: Toy Creative. Bautista, S. (abril de 1998). Frustraciones. Recuperado el 10 de septiembre de 2012, de COP.es: http://www.cop.es/colegiados/M-13902/ Articulos/artFrustraciones.htm Camelo, J. (06 de 09 de 2012). Losmillonarios.net. Recuperado el 09 de 09 de 2012, de http://www.losmillonarios.net/noticias/ cdlm/de-donde-salio-la-polvora-20120906 Durkheim, É. (2008). El Suicidio. Mexico DF: Grupo Editorial Exodo. Elías, N., & Eric, D. (1995). Deporte y Ocio en el proceso de la civilización. México: Fondo de Cultura Económica S.A. Gómez Eslava, G. E. (2001). La violencia en el futbol vista a través del Fenómeno de las Barras Bravas. Bogotá: Facultad de Sociología Universidad Nacional de Colombia. — (2011). La violencia en el Futbol. El fenómeno de las Barras Bravas. El caso Bogotá. Berlín: Editorial Académica Española. Hogg, M & Vaughan, G. (2008) Psicología Social. Editorial Médica Panamericana. Madrid, España. Heath, J., & Potter, A. (2005). Rebelarse Vende. El negocio de la contracultura. Bogotá: Taurus.

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Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la Investigación. Perú: Mc Graw Hill. Merton, R. (2002). Teoria y Estructura Sociales. Mexico D.F: Fondo de cultura Económica. Perea, C. M. (2008). ¿Qué nos une? Jóvenes, Cultura y Ciudadanía. Bogotá: La Carreta Editores E.U. Ricouer, Paul. (2006) Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de Sentido. México Siglo XXI Editores. Roth Deubel, Andre Noel. (2002) Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora Sáenz, J. (2007). Desconfianza, Civilidad y Estética: las prácticas formativas estatales por fuera de la escuela en Bogotá, 1994-2003. Bogotá. Colección CES. Struass, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la Investigación Cualitativa. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. Uhía, F. (2009). Clásico Glocal. En C. R. Deporte, Clásico Local. Bogotá: Laguna Libros. Oscar, U. (2009). Jóvenes produciendo Sociedad. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios.

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La categoría oposición política: reflexiones para su conceptualización

José Gabriel Cristancho Altuzarra

La categoría oposición política: reflexiones para su conceptualización* José Gabriel Cristancho Altuzarra** RESUMEN En este trabajo se ejerce una reflexión conceptual acerca de la categoría oposición política, fundamental en cualquier contexto que desee garantizar que la democracia se consolide como forma de gobierno. Una de las tesis de este artículo es que ese concepto está enmarcado en procesos sociales e históricos los cuales a su vez han configurado las maneras de ver y de pensar lo político en general. De este modo, el trabajo se divide en dos partes: en la primera, se ejerce un diálogo sociológico e histórico con Aristóteles, Hobbes y Mouffe, acerca del concepto de lo político para entenderlo como una constante tensión entre el ejercicio y la disputa por el poder; derivado de ésta, en la segunda parte, se matiza la categoría oposición política y los modos como suele asumirse. Palabras clave: Política, lo político, oposición política, participación política

THE POLITICAL OPPOSITION CATEGORY: CONSIDERATIONS FOR ITS CONCEPTUALIZATION SUMMARY

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This paper presents a conceptual reflection about political opposition category, fundamental in any context to ensure that democracy is consolidated form of government. One of the thesis of this article is that the concept is framed in social and historical processes which in turn have shaped ways of seeing and thinking about politics in general. Thus, the work is divided into two parts: the first, a sociological and historical dialogue with Aristotle, Hobbes and Mouffe is exerted on the concept of politics to understand it as a constant tension between the exercise and the dispute over the power; derivative thereof, the second part exposes the political opposition category and modes as often is assumed. Keywords: Policy, politics, political opposition, political participation

*Este trabajo hizo parte de los presupuestos teóricos de la investigación que produjo la tesis de doctorado Tigres de papel, recuerdos de película. Memoria, oposición y subjetivación política en el cine argentino y colombiano, dirigida por Martha Cecilia Herrera como parte del programa de formación Configuración de subjetividades y constitución de memorias sobre la violencia política en América Latina, liderado por el grupo de investigación Educación y cultura política de la Universidad Pedagógica Nacional. **Doctor en Educación, Universidad Pedagógica Nacional. Docente-Investigador Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Bogotá. Email: jogacral@hotmail.com análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 98-113

ISSN 0121-4705

Fecha de Recepción: 02/11/2013 Fecha de Aprobación: 18/05/2014

José Gabriel Cristancho Altuzarra

INTRODUCCIÓN

El concepto oposición política es fundamental por las discusiones que en cualquier contexto son necesarias para garantizar que la democracia se consolide como forma de gobierno. Por esta razón, ha sido objeto de estudio histórico y sociológico en diversos contextos1, pero también ha sido objeto de reflexión desde la ciencia política (cf. Dahl, 2009; Pasquino, 1998). El tema hace parte de la agenda de conversaciones entre las FARC y el gobierno colombiano, fundamental para procurar una salida negociada al conflicto armado interno. En este sentido, aprovechando esta coyuntura local y concreta, pero también procurando excederla atendiendo a la importancia conceptual y general de la categoría, este trabajo expone algunas reflexiones acerca del concepto oposición política.

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La categoría oposición política: reflexiones para su conceptualización

Para tal efecto, en primer lugar mostraré rasgos del marco contextual en el que se circunscribe la cuestión, mostrando cómo la discusión sobre la oposición política está atravesada por el concepto más general de lo político, pues lo que está en discusión no es la oposición sin más, sino aquello que hace que cierto tipo de oposición merezca el adjetivo de política. Aclarando esto, en un segundo momento expondré las reflexiones que se derivan de lo anterior acerca de la manera como se concibe o puede concebirse la oposición política. 1. UNA PREVIA Y NECESARIA REFLEXIÓN SOBRE LO POLÍTICO

Hay un punto de partida insoslayable que no siempre es tomado en cuenta: la manera de pensar, de ver y de concebir que el autor y el lector tengan de lo político condiciona su análisis del contexto y las categorías que en él se utilizan y que median su relación con el mundo y las relaciones sociales; pero a su vez, estar inmersos en el contexto condiciona la manera de pensar, de ver y de concebir que se tenga de lo político. Esta circunstancia hace engreída la pretensión científica que implica configurarse como un distante sujeto de un objeto por conocer, pero no le quita la necesidad de intentar establecer esa distancia, que no es sólo respecto del objeto, sino de uno mismo como parte de él.

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Si bien las ciencias sociales en general y la ciencia política en particular, como toda ciencia, intentan establecer conceptos universales, la circunstancia que acabo de mencionar hace que dichas conceptualizaciones sean susceptibles de revisión. Por eso, el concepto oposición política hay que tomarlo como producto de contextos concretos, atravesado por los modos como histórica y sociológicamente se han ido construyendo las maneras de pensar lo político en general. A partir de esta circunstancia propongo como foco de partida reconocer lo político y sus conceptos como prácticas y expresiones culturales, es decir, no dados, sino construidos socialmente. Por tanto, para poder conceptualizar la oposición política es preciso primero ejercer una reflexión sobre el concepto de lo político que incluya la condición que vengo señalando. Sostendré que lo político, en tanto práctica y expresión cultural, es fruto de procesos de socialización, cultivo y aprendizaje, de una constante tensión onto-bio-social de lo humano entre pólemos (contienda) y kratos (poder). Para demostrarlo pondré en diálogo sociológico el pensamiento de Aristóteles, Hobbes y Mouffe, quienes a pesar de proceder de contextos radicalmente distintos,

Cf. los aportes, para el caso colombiano, de López (1994), Guarín (2005); para el caso argentino y brasileño, Russo (1990), Calveiro (2008). El estudio de Dahl (2009), elaborado en 1971, combina reflexiones desde la ciencia política con la caracterización de la participación y la oposición en diversos países en el mundo. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 98-113

La categoría oposición política: reflexiones para su conceptualización

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hacen de lo político su objeto de reflexión. Más que examinar si sus teorías son razonables o no, me interesa analizarlas como producciones culturales de contextos específicos que dan cuenta de aquello que deseo demostrar. Pues bien: notemos que el término y el concepto lo político son de origen griego. El origen etimológico de lo político fue polis. Polis es traducido al castellano como ciudad, territorio, país, región, comarca, Estado y era el nombre que se le daba a la ciudad griega, es decir, a la organización social de la época. Así política, designaba los asuntos de la polis y de su gobierno. Pero luego, pasó a referirse a reinos, a imperios y, desde la época moderna, a Estados, como lo evidencia Hobbes y su uso hasta nuestros días. Esto pudo ser porque los griegos tuvieron una hegemonía cultural; sabemos que históricamente éste fue el germen de lo que hoy es la hegemonía cultural del pensamiento de la Europa Occidental. Por eso escojo al griego Aristóteles y su obra política; en ella dice o. a,,nJrwpoj fu,sei politiko.n jvon [esti] (Aristóteles, 2000: 4), afirmación que podría traducirse así: “el hombre es por naturaleza

un viviente de polis”. Para argumentar esto, él señala que es imposible que un hombre viva solo, que quien lo haga o es una bestia o es un semidios. Al apelar a la condición vital hace explícito que la polis es efecto de la necesidad de vivir, y de vivir con otros, en comunidad (koinwni,a [koinonía]). Que Aristóteles use el término politiko.n [politikon] es porque, para su época, la comunidad que permitía satisfacer esa necesidad de vivir era la polis y por eso la piensa como natural.

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Aristóteles situó la necesidad de vivir y la naturaleza como fundamento de lo político pero no sería el único. Hobbes (2006) lo hizo desde otra perspectiva; para este pensador moderno e inglés, lo político vendría siendo el remedio contra un supuesto estado natural en el que el hombre es el lobo para el hombre, en el que la voluntad desordenada y anárquica individual ocasionaría la extinción de la especie. En suma, el peligro de destruirse entre sí y de no sobrevivir en virtud de ese estado salvaje es el fundamento de que se ceda la voluntad individual a una voluntad que proteja a todas las demás, en suma, a que exista el Estado. Hobbes le coloca dos ingredientes a esa necesidad: por un lado, el ingrediente de la agresividad, de la disputa, del conflicto permanente; por el otro, el de la voluntad entregada a otro (subordinación, sometimiento, sujeción, hacerse súbdito) y su complemento, la voluntad sobre los otros (soberanía, potestad, poder). Para Hobbes ese pacto resuelve y clausura los conflictos y disputas, es la condición para que esta no vuelva a aparecer. Hobbes da cuenta de la búsqueda de recursos, la colonización de territorios, y la lucha entre sí por protegerlos o por arrebatárselos a otros como fenómenos sociológicos e históricos. Pero Hobbes pretende justificar la voluntad entregada a otro en detrimento del conflicto, señalando que el pacto (la materialización de esa sujeción y de soberanía) es una necesidad para vivir y por eso “se hace voluntariamente”. Esta idea de Hobbes será una de las piedras de toque del pensamiento político liberal moderno: la conflictividad es desacreditada para exaltar el consenso, o, para ser más exactos, para legitimar el pacto que garantiza la subordinación y la potestad. Contra esta idea se va lanza en ristre Mouffe. Para ella, la idealización del consenso y la estigmatización de lo conflictivo es la causa de la incapacidad de pensar políticamente. Por eso propone la siguiente distinción entre lo político y la política: “concibo ‘lo político’ como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo a ‘la política’ como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político” (Mouffe, 2007: 16-17).

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Mouffe, discutiendo con el pensamiento liberal, hace todo lo contrario a Hobbes: relega el pacto y coloca en su lugar privilegiado al conflicto. Para ello, se basa en un pensador polémico como es Schmitt, quien hizo parte del partido nazi: para él, lo que caracteriza y fundamenta lo político es la distinción amigo-enemigo. Mouffe rescata esto para explicitar que todo consenso se basa en realidad en exclusiones (Mouffe, 2007: 18); pero Mouffe pretende ir más allá de Schmitt distinguiendo entre adversario y enemigo; mientras la distinción amigo-enemigo llevaría a una guerra permanente con miras a la aniquilación del otro, para Mouffe, que los miembros de la comunidad política se vean como adversarios posibilita pensar lo político como un ámbito agonista que no lleva a la aniquilación del otro.

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Pero los trabajos de estos pensadores han sido producidos en contextos políticos: sus giros argumentativos también hacen parte de la discusión. Cada uno a su modo estaba construyendo una teoría a la base de un modo de hacer política. Sus posturas –que es natural que haya quienes manden y quienes obedezcan (Aristóteles); que para sobrevivir es necesario someter la voluntad a otro en un pacto social; que los miembros de la comunidad que se oponen al orden social establecido son enemigos (Hobbes); que hay que reconocer a los miembros de la sociedad como adversarios con igualdad de posibilidades para disputar las reivindicaciones que consideren necesarias (Mouffe)–, surgen, queriéndolo o no, justificando un orden social ya dado o tratando de matizarlo para hacerlo mejor2. En suma, son interpretaciones políticas sobre lo político. Es preciso asumir estas teorías como materializaciones de lo político en contextos y las posturas de sus autores como parte de sus procesos de subjetivación que han implicado en ellos. Es posible distanciarnos de Mouffe, de Hobbes y de Aristóteles para entender lo político no como referido al ejercicio de un poder natural (Aristóteles) o a la necesaria clausura de un abstracto conflicto originario natural (Hobbes), pues dichas posturas responden a la subjetivación que el poder de su tiempo implicó en ellos concibiendo natural el ejercicio del poder. Además, al concentrar su mirada de lo político en el Estado hacen referir el poder como únicamente en su interior, cuando entre los Estados también hay ejercicios y disputas por la hegemonía. Así, nuestra noción de lo político tomará en cuenta que el poder y su ejercicio es algo construido cultivado y aprendido socialmente, es decir, algo cultural, que no se circunscribe a un ámbito estatal local sino que se da también entre Estados y a nivel global.

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Aunado a esto, se puede entender lo político no referido únicamente a lo conflictivo como lo plantea Mouffe, pues su diferenciación entre política y lo político responde a la subjetivación que en ella implica el orden democrático y que la lleva a reivindicar el conflicto para evitar la concentración del poder y mejorar la democracia; tomando distancia, se ve que contender (pólemos) por la soberanía sobre recursos, sobre territorios, por supervivencia también es un modo de ejercer poder (kratos) para poder adquirirlo de manera absoluta o suficiente y asegurar con él la posibilidad de vivir como se desea; y ejercer el poder ya establecido (kratos) es un modo de continuar la contienda (pólemos) para asegurar la soberanía de quien detenta el poder y el sometimiento de los otros. En este sentido, la definición de lo político tomará en cuenta que no se reduce a la mera dimensión 2

Por ejemplo, para Mouffe “la tarea de los teóricos y políticos democráticos debería consistir en promover la creación de una esfera pública vibrante de lucha ‘agonista’, donde puedan confrontarse diferentes proyectos políticos hegemónicos. Ésta es, desde mi punto de vista, la condición sine qua non para un ejercicio efectivo de la democracia” (2007: 10). Éste es el fundamento de su apuesta por hacer la distinción entre la política y lo político. Mouffe aspira a que su teoría fundamente mejor la democracia, con lo que queda en evidencia que da por sentado este modo de organización social. Entre tanto las reflexiones de Schmitt apuntan a contradecir el liberalismo y justificar el nazismo. Otros como Rancière (2006b) distinguen entre policía y política; Badiou (2000) está interesado en darle un nuevo significado a lo político. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 98-113

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conflictiva de las sociedades humanas pues antes y al interior de la política hay poder pero también hay conflicto y por lo tanto, la política también es, por supuesto, algo político. Por tanto, entiendo lo político, en tanto práctica y expresión cultural, en tanto construcción social, como todo lo relacionado con los procesos construidos, cultivados y aprendidos socialmente, de una constante tensión entre pólemos y kratos en procura de vivir como se desea. Si me sirvo de estos términos griegos es porque indico al mismo tiempo todas las palabras que son traducibles al castellano, que no necesariamente son sinónimos, para mostrar los matices que cada concepto implica. En efecto, aunque pólemos suele traducirse como disputa, con esta palabra indico también lucha, combate, choque, contienda, y guerra; por otra parte, kratos suele traducirse como poder, pero incluye, además de ello, fuerza, vigor, solidez, robustez, dominio, hegemonía. La relación entre los tradicionales conceptos disputa y poder es tal que resultan intercambiables y esto se hace explícito en los conceptos griegos, como lo indica que kratos puede traducirse como guerra y pólemos como castigo, que es un modo de ejercer poder.

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Así, lo político se objetiva y subjetiva en fuerzas por las cuales se ejerce y se disputa por el poder sobre sí mismo, sobre los otros, sobre los territorios y sobre los recursos para vivir como se desea, la base de lo cultural es la condición onto-bio-social de lo humano –ser-viviente-social– en tensión con el reto de vivir como se desea, tensión de vivir con otros, de vivir juntos. Por eso, lo que está en juego en lo político es la tensión que se da en ese vivir juntos, en ese vivir con otros, una tensión entre sometimiento-sumisión y empoderamiento-liberación: cómo se configura el imperio de unos sobre otros y cómo se asegura la libertad de unos respecto de otros. Esos procesos se dan al interior de un Estado, como entre Estados. En ambos casos sometimiento-sumisión y empoderamientoliberación son las dos condiciones que están siempre en tensión y en juego en lo político, pues ambos movimientos hacen parte de uno solo: cómo se disputa (pólemos) y se ejerce (kratos) el poder. Esas formas de ejercer, distribuir y disputar por el poder pueden ser más o menos cercanas a la violencia, o más o menos cercanas al diálogo, la discusión y la negociación, sin que esto implique que estas dos formas no puedan cohabitar en un mismo orden. 2. EL CONCEPTO OPOSICIÓN POLÍTICA

Con lo explicado hasta aquí, hay que asumir que la manera de concebir la oposición política ha sido construida también en contextos, junto con sus relacionados, a saber, lo político, opositor político y oposición política. En este sentido, la pregunta que deseo encarar en esta sección, en clave cultural, es: ¿cuáles son las condiciones políticas y, por tanto, culturales, en las cuales se usan estos conceptos? Al hablar de cosas políticas en la vida cotidiana se usa el término oposición política o simplemente la oposición para referirse a partidos políticos, organizaciones, asociaciones o movimientos que no pertenecen a la coalición de un gobierno (oficialismo) o al status quo, y que se mantienen en contra de él, ejerciendo una vigilancia, control, o modos de resistencia o protesta contra alguna parte o la totalidad de sus orientaciones, directrices o actividades. Así, oposición política designa un modo de participar en un ámbito político institucionalizado: el concepto oposición política está en estrecha relación con otras configuraciones conceptuales e incluso, institucionales, que median nuestras maneras de interpretar políticamente los fenómenos. Así, es preciso ver con detenimiento estos elementos que han objetivado lo político y el lugar relación que la oposición política ocupa respecto de ellos. En primer término, se encuentra la objetivación de un ámbito institucionalizado que es considerado legítimo y político por excelencia: el Estado, que designa tanto el concepto como la institución. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 98-113

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Con lo que señalé al discutir con Aristóteles, Hobbes y Mouffe, se comprende que el Estado contemporáneo es la objetivación institucional del ideal liberal moderno, pero a la vez la reencarnación de otros tipos de orden social (status quo) como la polis, los reinos, los imperios. El Estado pretende aclimatar la tensión entre el pólemos y el kratos que configuran lo político, a través de regulaciones para clausurar el círculo de la violencia con el consenso y la unidad. Esto explica no sólo que Hobbes situara la violencia en un primigenio estado natural y el contrato social como solución a esa supuesta situación, sino, además, que la colocara como legítima única y exclusivamente cuando el Estado la monopoliza para proteger a sus súbditos por medio de ella, idea que será reconocida por Weber [1919]. El Estado pretende institucionalizar la violencia para poder controlarla –es decir, evitar que la violencia sea la única manera de ejercer y disputar por el poder y resolver los conflictos.

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Por eso, en Hobbes están los cimientos del pensamiento político moderno aunque tuvo desplazamientos. En efecto, la peculiaridad del Estado moderno está en dos focos: por un lado sitúa como centro de atención y de hegemonía el poder mercantil, industrial y financiero de sus miembros, de ahí que la propiedad privada y el libre desarrollo de ésta se convierta en eje fundamental del Estado y la economía, que fuera primero un asunto privado, se convierta en un asunto público, o mejor, en asunto de intervención política3. Por el otro, pretende mediar el ejercicio, la distribución y la disputa por el poder a través del disenso, privilegiando no la violencia sino la negociación y la discusión política, con la democracia como forma de gobierno. Aunque la democracia no aparece en Hobbes, sus ideas de contrato social y protección de la seguridad de los individuos son su matriz. En la idea de contrato social está implícita la manera de resolver el conflicto haciendo énfasis en el consenso, materializada en las instituciones como el derecho y la moral, las cuales también objetivan y subjetivan la obediencia y la subordinación a ese orden que pretende clausurar el uso único de la violencia como modo de ejercer y disputar por el poder. Pero a pesar de esa pretensión del Estado, anular la posibilidad del uso de la violencia es radicalmente frágil; primero porque las posibilidades de dialogar, discutir y negociar por medio de la palabra y no de la violencia se da también en los estados monárquicos y autoritarios: la cuestión es quién tiene ese poder en esos órdenes y para qué es usado. Además de ello al principio del surgimiento del Estado moderno democrático no todos podían discutir, dialogar, negociar o decidir: sólo los hombres, propietarios, letrados y mayores de 20 años podían hacerlo, situación que objetivó la hegemonía mercantil, industrial y financiera de las burguesías. En segundo lugar porque al institucionalizar la violencia para poder controlarla (monopolización de la fuerza), el Estado puede usarla como forma de control; así, aunque la democracia es la forma por la cual el ejercicio, la distribución y la disputa por el poder pretende ser no la violencia sino el disenso, la discusión, el diálogo y la negociación4, eso no implica que en 3

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La etimología del término economía (las reglas [nomos] del hogar [oikós]) ponen en evidencia que para los griegos, la búsqueda y administración de los bienes para el sustento era un asunto privado y por tanto, considerado doméstico y no político. La transformación de la esfera económica en ámbito político hace parte del desarrollo del Estado moderno; esta transformación desde la época medieval hasta la modernidad es bien descrita por Habermas (1997: 44-88) y ayuda a pensar también las transformaciones de los conceptos público, privado e íntimo. Lo planteado por Habermas ayuda a pensar también que el giro contemporáneo de hacer de lo económico un asunto privado por el fenómeno económico y político de la privatización de empresas estatales, no implica que se despolitice lo económico; más bien, reafirma la condición de que el poder mercantil, industrial y financiero es el centro hegemónico de las disputas por el poder y su ejercicio, anclado en esa primigenia configuración del Estado moderno que da forma también en el orden económico mundial y que condiciona también las relaciones entre los Estados. En este anclaje Bobbio define la democracia: “¿Qué cosa es la democracia sino un conjunto de reglas (las llamadas reglas del juego), para solucionar los conflictos sin derramamiento de sangre? ¿En qué cosa consiste el buen gobierno democrático, si no, y sobre todo, en el respeto riguroso de estas reglas? (...). En el mismo momento en el que un régimen democrático pierde de vista este principio inspirador que le es propio, cambia rápidamente en su contrario, en una de las tantas formas de gobierno autocrático, del que están llenas las narraciones de los historiadores y las reflexiones de los escritores políticos” (1986: 136). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 98-113

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esa forma de gobierno no se ejerza el poder por medio de la violencia institucionalizada (policía) o que esa fuerza se use para atentar contra gobiernos democráticos que amenazan intereses de ciertos sectores sociales, como sucede con los golpes de Estado por parte de las fuerzas militares. Comprendemos entonces que el diálogo y la discusión no son meros medios de disputar el poder, sino modos de ejercerlo que a la vez se institucionalizan, se regulan. La existencia de un Estado o de una institución política, implica la distribución de los poderes de los seres humanos, entre ellos, la violencia y el poder hablar o no, poder discutir o no. Así, en virtud de un orden social se distribuye el poder según lo cual ciertos individuos y no otros pueden ejercer la violencia o pueden hablar y discutir en los espacios destinados para ello, para alcanzar reivindicaciones en disputa o para ejercer el poder. Sin embargo, en las democracias modernas se hace un énfasis en la cuestión del diálogo y el disenso, operando dos oclusiones: por un lado, aunque se dice que en democracia todos pueden hablar, discutir y negociar se invisibiliza el hecho de que ese poder está circunscrito a otros poderes en un orden social por el cual se dan posiciones de enunciación en los que las posibilidades de hablar o discutir no son iguales5; por el otro, se invisibiliza que la violencia sigue usándose como modo de ejercer y disputar por el poder al buscar mantenerlo por medio de su ejercicio. Se comprende así la discusión de Mouffe: evitar que el status quo termine convirtiéndose en autoritario en tanto que privilegie la sumisión (y por tanto, la violencia institucionalizada), por encima de la negociación y el disenso, provocando que se monopolice no sólo el poder de la fuerza sino el de la palabra.

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Esta condición da cuenta de una situación política: el poder del Estado como institución moderna puede naturalizarse, como si no hubiera sido producto de procesos sociales y de disputa: el Estado, como pólemos y kratos objetivado y subjetivado de este modo, es visto, desde la modernidad, no como una simple institución sino, como dijera De Sousa, como un sujeto monumental (1998: 288); en la vida cotidiana se habla del Estado no sólo como sujeto de enunciados sino como sujeto de enunciación, como si fuese un humano suprahumano que habla, ordena, realiza y padece cosas. Por eso lo entenderé como una objetivación subjetivada en tanto que, a pesar de ser una institución, ha sido antropomorfizado y ha devenido macrosujeto político par excellence6. En lo que he mencionado encontramos las categorías lo legítimo, lo ilegítimo y sus emparentadas (lo legal, lo ilegal, lo justo, lo injusto). Se objetivan en virtud de instituciones, también estatales, como el derecho e incluso la moral7 y en legislaciones como la denominada carta magna o constitución y

Queda invisibilizada la hegemonía del poder sobre los recursos que posibilita por ejemplo, el acceso a aprendizajes en virtud de viajes, contactos, relaciones, saberes como leer, escribir, discutir, expresarse, y otros saberes que posibilitan niveles de reflexión y crítica (poder cultural), que permiten ejercer la discusión el diálogo y ejercer y disputar por el poder en el Estado. Así vió Hobbes al Estado: “Gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado (en latín civitas) que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural para cuya protección y defensa fue instituido” (Hobbes, 2006[1651]: 3). Más adelante le confiere no sólo un rasgo antropomórfico sino divino: “(…) Leviatán, o más bien (hablando con más reverencia), (…) aquel dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa” (Hobbes, 2006[1651]: 141). Las categorías bueno y malo son específicas de lo moral y también funcionan o pueden funcionar para legitimar o deslegitimar determinados modos de ver, pensar, hacer y vivir, ámbito que no se restringe sólo al privado sino también al público. De hecho, la construcción amigo-enemigo de la que se habló arriba es posible en virtud de una valoración dicotómica y moral bueno/malo. De muchas maneras Nietzsche insinúa que lo moral es un modo de ejercer el poder sobre la vida privada de los individuos. Podría pensarse la moral como otra objetivación de lo político a través de la cual se contiende y se pretende ejercer un poder subjetivándolo desde la vida privada o íntima, para que sea el individuo el que se regule a sí mismo desde sí mismo (ascetismo, autonomía,) o por temor al castigo o la vigilancia de los otros (penalización, heteronomía). Para profundizar sobre la relación entre vida privada con lo moral véase Foucault (2005); para pensar las relaciones entre vida privada, vida pública y lo político véase Habermas (1997).

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demás leyes bajo su autoridad. La relación entre el Estado y estas categorías es urobórica: en efecto, es el Estado el que regula y establece qué es lo legítimo y lo ilegítimo; pero a la vez esto es posible porque el Estado es considerado legítimo, aduciendo su pretensión de cerrar el círculo vicioso del uso de la violencia como exclusiva forma de ejercer el poder y disputar por él pero ocluyendo los efectos que he mencionado. Así, legítimo e ilegítimo son categorías a través de las cuales se pretenden diferenciar, regular y con ello excluir, otras maneras de interpretar y disputar por el poder, y por ello, son categorías a través de las cuales se continúa la contienda ejerciendo el poder.

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Finalmente tenemos la categoría de participación política. Éste es el concepto bajo el cual queda cobijada la oposición política cuando ésta es considerada legítima y del cual queda excluida si es considerada ilegítima. Así, el Estado también regula el tipo de participación (de disputa y de ejercicio del poder) que pueden tener los seres humanos y con ello, continúa la contienda manteniendo el poder que detenta. La categoría ciudadanía media y regula esa participación; de ahí que los seres humanos, subsumidos bajo el Estado y creadores de él desde la modernidad, se subjetiven políticamente, es decir, se vean y se asuman como sujetos políticos, en cuanto se consideran y son considerados ciudadanos8 y se sitúan viendo el mundo, viviendo y haciendo lo que ese concepto implica. A la luz de estas consideraciones podemos detenernos en el concepto oposición política, que puede decirse respecto de un gobierno en particular o de un status quo en su totalidad. En el primer caso, se trata de un concepto relativo a un gobierno de un Estado; su relevancia o su visibilidad funciona para cuestionar no el Estado en sí, sino al gobierno de turno; de ahí que un modo peculiar de ganar legitimidad por parte de un gobierno es mostrarse abierto a coaliciones y pactos para homogeneizar a los sujetos sociales y anular o, por lo menos, invisibilizar la oposición; de ahí también, que un modo de cuestionar la legitimidad de un gobierno es que la oposición logre visibilizarse con fuerza; se trata de una fuerza que disputa el poder del gobierno para estar a la cabeza del Estado.

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En este caso, la condición de oposición política la tienen partidos políticos o movimientos sociales que perdieron las elecciones o no han alcanzado el gobierno del Estado (gobierno oficial u oficialismo) permaneciendo como alternativa de gobierno, o no están de acuerdo con él y disputan y ejercen su poder por medio de la vigilancia, el control y la movilización contra lo que se consideran errores de gobierno o por medio de la vía electoral; es preciso incluir aquí a sectores sociales y militares respecto de un gobierno determinado que se materializan en golpes de Estado y en las dictaduras como lo sucedido contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, por ejemplo, o a Juan Domingo Perón y a María Isabel Perón en Argentina. En estos últimos ejemplos, se trató de oposiciones políticas a gobiernos determinados para favorecer la permanencia, abolición de reformas de un status quo dado. Muy seguramente, según el lugar que se ocupe, en vez de asumirse como opositores, pueden asumirse como salvadores, reformadores o reorganizadores del Estado. Me referiré ahora al segundo tipo de oposición, más radical, es decir, al que se opone al status quo como tal. En este caso, el concepto oposición política está en una posición de inferioridad en tanto el Estado, o si se quiere, la institucionalidad, pretende detentar todo el poder que es socialmente considerado legítimo y legal. Pero histórica y sociológicamente todo status quo es fruto de disputas por las cuales se originó su organización que implica que se establecen unos canales de 8

Señala De Sousa: “La sociedad liberal se caracteriza por una tensión entre la subjetividad individual de los agentes en la sociedad civil y la subjetividad monumental del Estado. El mecanismo regulador de esa tensión es el principio de la ciudadanía que, por un lado, limita los poderes del Estado y, por otro, universaliza e iguala las particularidades de los sujetos de modo tal que se facilite el control social de sus actividades y consecuentemente, la regulación social” (De Sousa, 1998: 291). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 98-113

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distribución del poder para ejercerlo, disputarlo y también, padecerlo. Así, quienes emerjan como contrarios a ese status quo o coalición de gobierno y disputantes del poder legitimable, pueden ser considerados oposición. El hecho de que cuestionen de manera radical, y que con otras formas de resistencia amenace al status quo, provoca que institucionalmente no sea considerado oposición política legal sino rebelión o insubordinación. Estas categorías de rasgo jurídico y criminalista ocluyen que efectivamente se trata de un tipo de oposición política. Así, rebelión, insurgencia o insubordinación son modos de concebir la oposición de este segundo sentido, construido en relación antitética pero subordinada al status quo, al orden político establecido y funciona para interpretar políticamente a quienes están en contra de dicho orden. Estos conceptos están anclados en la distinción amigo-enemigo de la que habló Schmitt (2009). En efecto, enemigo es un concepto negativo que coloca en un polo opuesto al otro como un no-yo: quien no es amigo. Al emerger en esta condición política se comprende que se trata de una objetivación conceptual que a la vez depende de la legitimación del status quo negando la pertenencia a su séquito a quienes están en su contra: “ellos no están con nosotros, ellos se oponen al orden establecido y legítimo”; este doble movimiento implica que dichos conceptos son un modo también de ejercer poder pues a través de ellos se pretende restarle legitimidad y con ello poder al hecho de estar en contra de lo ya establecido.

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Pero también pone en evidencia que la distinción oposición política considerada legítima y gobierno oficial u oficialismo puede construirse desde la distinción amigo-enemigo: El oficialismo puede apelar a la construcción de la oposición como enemigo para ocluirla e ilegitimarla. Y viceversa. Opositor no se despega de la condición de esa negación que implica ver al otro como un no-yo: “el que está en contra de”. Esta cercanía hace que enemigo y opositor u oponente sean conceptos en referencia negativa a otro: opositor de… adversario de… enemigo de… Se trata de conceptos que construyen una identidad antitética pero subordinada a una identidad de un otro cuyo estatus social es más reconocido en sentido positivo y por tanto, más legitimada o legitimable y superior. Así pues, el concepto oposición política funciona para discriminar qué tipo de oposición es posible. Desde la perspectiva liberal, que ya hemos mencionado, se supone que el Estado es la institución política que pretende cancelar la violencia como modo único de disputar por el poder. Con ello, la oposición queda bajo el control del Estado en medio de una paradoja: mientras es considerado legítimo el uso de la fuerza y la violencia por parte del Estado en sus aparatos de control y represión (policía, fuerzas armadas) en virtud de la protección de los individuos y su seguridad, (protección de propiedad privada9), la violencia que implica insubordinación al orden establecido es considerada ilegítima. Deslegitimar el uso de la fuerza por fuera del Estado es un modo de prevenir que sea la guerra el modo único de acceder al poder (y la piedra de toque de la democracia moderna), y un modo de restar la posibilidad de que el poder del Estado sea subvertido y a la vez, posibilitar y justificar tendencias de Estados autoritarios. Queda en evidencia que el concepto de opositor sólo atenúa pero no niega la construcción del otro como enemigo, pero además, atenúa la potencialidad de conquista del poder. Para el contexto latinoamericano esta situación es clave para entender la manera como en democracia restringida (como Colombia), o en dictaduras, y en el marco de la Guerra Fría, la distinción amigo-enemigo primó en la construcción de la oposición, unas veces de manera radical “El Estado, siendo no obstante un sujeto monumental, tiene por objetivo tan sólo garantizar la seguridad de la vida (Hobbes) y de la propiedad (Locke) de los individuos para continuar la búsqueda privada de sus intereses particulares, según las reglas propias y naturales de la propiedad y del mercado, es decir, de la sociedad civil” (De Sousa, 1998: 288).

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hasta considerarla ilegítima, no-política, y materializada a su vez en el uso de la violencia mediante golpes de estado, políticas de seguridad, persecución y guerra frontal y sucia contra dicha oposición y todo lo que estuviera cercano a ella. Esta construcción también funciona siendo asimilada por quienes asumen la postura de oposición y se identifican con ese concepto, en particular por los movimientos guerrilleros, construyendo al status quo como enemigo10.

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Ahora bien: ¿cambia esta situación de la oposición en la democracia? Se supone que la democracia sería la forma por la cual el ejercicio, la distribución y la disputa por el poder se da a través del diálogo y la negociación. Pero, para ciertos contextos la respuesta es negativa. Por ejemplo, en la transición a la democracia en Argentina o en los procesos de paz en Colombia y en la ampliación de su democracia con la constitución del 91, el concepto de oposición se resignificó atenuando la construcción del enemigo, pero sin implicar su acabose: en uno y otro caso la polarización política ha sido un lugar recurrente, aunque con diferencias muy específicas: en circunstancias históricas como estas la oposición también ha sido considerada como legítima, política, pero con base en la construcción del enemigo, como el síntoma de una latencia de desorden y anarquía que hay que prevenir con políticas de seguridad desde la autoridad del Estado o con políticas que miran a la unidad nacional. Además de esto, ¿cambia esta situación conceptual de la oposición en la condición democrática a nivel global? Si la respuesta fuera afirmativa, no se daría la reflexión de Mouffe. Ella se refiere al contexto mundial, y por lo tanto, a las relaciones internacionales. En ese sentido, da pistas para pensar la categoría oposición política más allá del ámbito local o estatal. Su reflexión se centra en el ascenso de la globalización y la ausencia de alternativas frente a la democracia capitalista, junto a la legitimidad que ha adquirido el discurso antiterrorista global después de ciertos atentados contra países del primer mundo11.

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La reflexión de Mouffe obliga a retrotraernos al orden geopolítico de posguerra, la Guerra Fría. Este contexto, y las guerras internacionales enfocan la mirada sobre el tipo de relación que se da entre Estados cuando hay un conflicto internacional, el cual puede ser mediado por negociaciones y acuerdos o, en casos en los que esto se agota, por la guerra. En el caso de la Guerra Fría, puede hablarse de una oposición bilateral, bipolar, entre los dos Estados que disputaban la hegemonía a nivel global del orden político que cada uno reivindicaba. Esa oposición sin duda es política. Pero es un tipo de oposición radicalmente distinto al que se da a nivel nacional o local pues se da entre dos poderes relativamente iguales. En ese sentido, podría decirse que, dado que se trató de una confrontación entre dos Estados y dos órdenes políticos y económicos, parece razonable que en ese caso, contienda sea el modo de oposición política que puede darse a nivel internacional. Pero una vez la Guerra Fría terminó y con ella, la oposición entre los dos tipos de orden social y político en disputa parece quedar clausurada por la hegemonía de la democracia capitalista. Así, se genera la idea de un consenso, esta vez no local sino global internacional: así, desde un orden

Así, la violencia es política cuando lo que está en juego es tanto el ejercicio del poder como su adquisición. En ese sentido, parece acertada la siguiente definición de violencia política: “aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, substituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado” (CINEP, 2010: 6). Con lo dicho hasta aquí queda claro que la violencia no sólo es medio para alcanzar el poder, sino un modo de ejercerlo. 11 de septiembre de 2001, contra el World Tradce Center de Nueva York; 11 de marzo de 2004 en Madrid; 7 de julio de 2005 en Londres; entre otros. Ese discurso y su legitimación también ha incidido en las maneras de interpretar políticamente la oposición en Colombia y en otros contextos. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 98-113

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mundial e internacional político y económico se ejerce entonces un poder en torno a cómo deben ser los órdenes nacionales o locales. Es aquí donde están los riesgos que señala Mouffe: se configura un status quo internacional, un mundo unipolar, desde el cual se criminaliza la oposición por medio de la categoría terrorismo. No se puede desconocer la existencia del terrorismo, entendido como un modo de condicionar las decisiones sociales y ejercer poder por medio del terror. El terrorismo puede ser un modo de ejercer oposición, no cabe duda, pero de ahí no se deduce que todo modo de ejercer oposición sea terrorismo, ni que el terrorismo sólo se use para ejercer oposición pues también hay terrorismo para ejercer autoridad desde el status quo; no otro era el sentido de los castigos y torturas públicas o clandestinas: infundir terror para evitar la oposición. Por otro lado habría que analizar si el terror se ejerce sólo por medio de la violencia; ¿puede pensarse que poner, por medio del discurso o de otras expresiones, a circular ideas que estigmatizan toda oposición como terrorismo, “para generar terror sobre el terror” y justificar el uso de la violencia en el ámbito internacional y local son otros modos de ejercer el terrorismo?

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Como sea, lo que está en juego aquí es que la criminalización de la oposición estaría anclada en la construcción amigo-enemigo y sería un modo de ejercer poder a nivel global para anular la posibilidad de oposición a nivel internacional, y con ello anularla también a nivel nacional o local. Para Mouffe, “los riesgos que implica el actual mundo unipolar sólo pueden ser evitados mediante la implementación de un mundo multipolar, con un equilibrio entre varios polos regionales, que permita una pluralidad de poderes hegemónicos. Ésta es la única manera de evitar la hegemonía de un hiperpoder único” (Mouffe, 2007: 14). Por tanto, el ideal liberal de la democracia no garantiza por sí mismo evitar la concentración del poder en un solo polo, ni evitar la construcción radical del otro como enemigo que conlleva su aniquilación, ni la anulación del conflicto político. Por eso Mouffe propone entender la democracia no sólo como forma de gobierno (nivel local), sino como contexto mundial ideal (nivel internacional), en el que los Estados, pero también los sujetos ejerzan y disputen por el poder; propone además desanclarla del ideal liberal, para que el concepto oposición esté del lado del concepto adversario: pensando el mundo como ámbito político democrático agonista, sus miembros se aceptarían como legítimos de la misma comunidad política, como adversarios que poseen intereses diversos, anclados en una multipolaridad hegemónica. Mouffe supone que dicha distinción del otro como adversario y no como enemigo, permitiría evitar prácticas de exclusión y aniquilación del otro que se dan en un ámbito antagonista, basado en la distinción amigo-enemigo. Lo curioso de la propuesta de Mouffe es que también el concepto adversario está muy cerca del concepto enemigo. Por eso lo que está en el fondo de estas objetivaciones conceptuales es un modo de hacer política ya establecido, expandido y legitimado globalmente que se ha subjetivado dificultando intuir conceptos que emerjan más allá de esa distinción amigo-enemigo12. El orden democrático no sólo se construyó sobre una base teórica del ideal liberal sino en virtud de unos procesos sociales e históricos que le dieron forma y que bien se conocen, por los cuales se legitimó 12

Podría proponerse el concepto contendiente para reconocer el permanente estado de disputa y de ejercicio del poder en el que los sujetos se encontrarían en un orden social donde todos están en igualdad de condiciones para contender. La pregunta es: si estuviéramos en igualdad de condiciones, ¿estaríamos en la necesidad de ser contendores? Esto pone de presente que el concepto de igualdad, piedra de toque de la democracia moderna, invisibiliza las desigualdades que se dan entre los disputantes, no sólo a nivel internacional (el poder desigual de los Estados), sino a nivel local (el poder desigual de individuos y colectivos).

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como predominante el poder mercantil, financiero e industrial13 de unas clases sociales emergentes sin que ello implicara necesariamente que otros grupos sociales no quedaran excluidos14 aunque luego, en virtud de disputas sociales hayan podido conquistar espacios y reivindicaciones; además a nivel internacional, el orden democrático no garantiza que entre los Estados, a pesar de su soberanía, se establecieran relaciones de subordinación-independencia. En todo caso, lo que plantea Mouffe da cuenta de que la distinción amigo-enemigo llevada al extremo es la que ocasiona que la violencia sea el modo de ejercer el poder y disputar por él.

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Así pues, se comprende que en el contexto del status quo (que puede ser nacional pero también global) como objetivación y subjetivación de pólemos y kratos, la oposición política es considerada participación política si y sólo si está regulada bajo los parámetros que legitiman dicho modo de participar en contra del status quo15. Por eso el concepto oposición implica reconocer a otro que está en contra, pero es un modo de ejercer poder sobre su fuerza para evitar que compita en igualdad de condiciones, usando, por ejemplo, la violencia. Pero también como un modo por el cual se evita que el uso de la violencia se perpetúe como único y exclusivo para obtener lo que se desea y para, aunque no se esté en el oficialismo, mantenerse como alternativa de gobierno y continuar el ejercicio y la disputa por el poder presionando para que el oficialismo no se tiranice. A estas categorías es preciso agregar otra, pues en determinadas situaciones históricas y sociales orientó el modo como se vio de manera legítima la oposición política ejercida mediante la violencia. Me refiero a la categoría revolución. Este concepto medió la manera de ver, concebir y ejercer la violencia como medio considerado legítimo de obtener el poder. Entre los siglos XVII y XIX dio vida a los Estados capitalistas como los conocemos, tanto en los sectores burgueses de la Europa por las revoluciones inglesa y francesa, y en los sectores criollos de la América colonizada por las revoluciones independentistas en América. Pero también, en el s. XX, anudó el ideario del socialismo como alternativa frente al capitalismo en los sectores proletarios de las revoluciones comunistas y los idearios descolonizadores de las revoluciones independentistas de Asia y África.

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Esta categoría moderna emergió en virtud de la confluencia de varios aspectos del ambiente cultural del s. XVIII como la idealización ilustrada de la razón, el romanticismo y los nacionalismos, y el ascenso del capitalismo. Es un tropos del mito fundador de los Estados modernos, concebidos como la clausura de un régimen anterior, caduco, contrario a las leyes de la razón y por lo tanto ilegítimo, y a la vez, como la promesa de que el orden y el progreso serían realizados; construcciones de sí y del otro ancladas en la distinción amigo-enemigo. Esta fe excesiva en la racionalidad sería cuestionada por Marx, al mostrar que se trataba de una razón situada en una clase social emergente, la burguesía. Pero la matriz del pensamiento 13

Es quizás este punto el más paradójico del orden político global contemporáneo: a la par que el poder mercantil, financiero, e industrial hace desterritorializar el poder tradicional de los Estados esto no implica que el poder local de éste desaparezca; pero a la vez este mismo movimiento no impide que se haga unipolar ese poder mercantil, financiero, e industrial. El deseado orden democrático de Mouffe en el que todos sus miembros se reconozcan como adversarios requiere previamente que se materialicen esos múltiples polos de hegemonía, los cuales tendrían que ser radicalmente distintos entre sí y no estar basados en la misma matriz unipolar del predominio mercantil y financiero del orden capitalista contemporáneo. En los orígenes del Estado moderno, sólo podían participar hombres, propietarios, letrados y mayores de 20 años. Mujeres, indígenas, afrodescendientes y personas de escasos recursos económicos y culturales quedaron excluidos. Reflexiones que permiten tener una panorámica profunda sobre esta construcción histórica y social del Estado moderno europeo se puede encontrar en el trabajo de Habermas (1997); un trabajo que incluye reflexiones para pensar Europa y Latinoamérica es el trabajo de Anderson (1993). En el caso colombiano esto se materializa en la constitución del 1991 (arts. 103-106). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 98-113

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marxiano desde el cual se deslindaron diversas corrientes de pensamiento político socialista aún estaba asentada en ese idealismo sobre la razón16, al considerar que era posible un orden social en el que las clases sociales fueran inexistentes y además, los aparatos de producción estuviesen en función de la humanización17. Esto hizo que el marxismo asumiera la clase trabajadora, el proletariado, en tanto desarrollara conciencia de clase, como un sujeto monumental alternativo al Estado liberal18. La idealización del proletariado y de su conciencia de clase –idealización del marxismo como teoría–, ocasionó que la distinción amigo-enemigo fuese la matriz desde donde se construyó la manera de pensar y de ver el binomio proletariado-burguesía y justificó el uso de la violencia para la consecución del poder. Desde este punto de vista se comprende que en ambos casos, lo que está en disputa es la legitimidad del status quo; la categoría revolución se construye para justificar el uso de la violencia contra un status quo considerado ilegítimo, para instaurar uno que se le considera lo contrario; en el caso de las revoluciones liberales, era considerado ilegítimo el estado monárquico que imposibilitaba el auge de la producción industrial, mercantil y financiera; en el de las revoluciones socialistas, el estado liberal y su orden social anclado en la propiedad privada es considerado ilegítimo por las condiciones de miseria y de explotación a las que somete al proletariado. En ambos casos, y así parece que en toda disputa política, lo que está en juego, en el fondo es, no sólo un modelo de gobernabilidad sino sobre todo, los modos de acceder, distribuir usar territorios y recursos (lo económico) y las relaciones posibles entre los miembros de una comunidad (lo social). El ejercicio y la disputa por el poder lo son en virtud de que se reivindica un orden social y un orden económico. [110]

Así, la categoría revolución fue la única por la cual en la modernidad se consideró legítima la violencia como medio de obtener el poder político. Pero no sólo eso; justamente su carácter legitimador de la oposición política reside en que, situada desde la idealización de la razón occidental moderna, propugna la posibilidad y necesidad de luchar por conseguir cambiar el status quo, en suma, hace posible pensar que se puede luchar por un estado de cosas diferente y mejor, lo cual está en sintonía con una sensibilidad sobre las contradicciones del orden social. Ésa es su peculiaridad. Las catástrofes del s. XX ocasionadas por las guerras mundiales, la amenaza nuclear en la Guerra Fría y la caída de la URSS ejercieron un triada sucesiva de movimientos: pusieron en evidencia el carácter de idealización que tenía la categoría revolución y ocasionaron una invisibilización de esa categoría, una desidealización de esa necesidad y posibilidad de que el estado de cosas y el orden social (status quo) sea distinto, a la par que una resignación del orden de cosas existente basado en el despliegue de la democracia capitalista global, posibilitando la estigmatización de lo que la amenace como algo terrorista y por lo

Recordemos que Marx fue profundamente influenciado por Hegel y su método dialéctico, cuyo formato analítico implicaba pensar las realidades sociales en constante evolución en sus sucesivos e inevitables pasos de tesis, antítesis y síntesis, siempre hacia el progreso. Ello significaba para Marx la desaparición total de la política, en cuanto creía que “El poder político en el sentido propio de la palabra es la violencia organizada por una clase para la opresión de otra” (Citado por Habermas, 1997: 159). Habermas señala que para Marx, disuelto el poder político, en lugar del gobierno se daría la administración sobre las cosas y la dirección de los procesos de producción (Habermas, 1997: 159). Para el marxismo, esa disolución sólo sería posible gracias a la revolución del proletariado. Dice De Sousa: “Para criticar radicalmente la democracia liberal, Marx contrapone al sujeto monumental que es el Estado liberal otro sujeto monumental, la clase trabajadora. La clase trabajadora es una subjetividad colectiva, capaz de autoconciencia (la clase-para-sí), que contiene en ella las subjetividades individuales de los productores directos. Tal como en Hegel la burocracia es la clase universal y la autoconciencia del Estado moderno, en Marx la clase trabajadora es la clase universal y la autoconciencia de la emancipación socialista” (De Sousa, 1998: 293-294).

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tanto, apolítico19, sin que esto implique, sin embargo, que fuerzas sociales de resistencia desancladas de la categoría revolución hayan surgido20. Así, pues, ¿qué sucedió por y después de la categoría revolución y sus materializaciones, en cuanto objetivaciones? ¿Qué implicaciones ha tenido en la manera de participar políticamente, o mejor en las maneras ver y hacer lo político en el ámbito de los Estados latinoamericanos, en particular en Colombia?, son algunas de las preguntas fundamentales para analizar los procesos de subjetivación política no sólo en los grupos políticos de oposición del contexto latinoamericano desde comienzos del siglo pasado hasta hoy, sino también en los miembros de la comunidad política en general.

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Estos, entre otros conceptos políticos e instituciones, dan cuenta de cómo lo político se ha construido socialmente, se ha objetivado o exteriorizado en ciertas expresiones y prácticas, que existen en el mundo social como objetivas, es decir, como cosas que incluso empoderan pero también condicionan mediando la relación con el orden social. Pero ni son las únicas ni mucho menos son estáticas. Algunos investigadores dan pistas para pensar los cambios históricos y sociológicos de dichos conceptos y demás objetivaciones junto con otros como contrato social, partido, democracia, lo público, lo privado, análisis que también permiten proponer nuevas significaciones sobre ellos e indican el poder de distanciamiento que ciertos sujetos individuales o colectivos han tenido y tienen respecto de los modos de hacer política21. En todo caso, de todo lo expuesto aquí, parece razonable el carácter de relatividad que tiene el concepto oposición política. Por el marco contextual que implicó el contexto de la Guerra Fría en Latinoamérica se armaron grupos de oposición política al calor del ideario revolucionario socialista [111] 19

Esta circunstancia es también uno de los elementos que motiva la reflexión de Mouffe: “Quiero poner en cuestión la perspectiva que inspira el ‘sentido común’ en la mayoría de las sociedades occidentales: la idea de que la etapa del desarrollo económico-político que hemos alcanzado en la actualidad constituye un gran progreso en la evolución de la humanidad, y que deberíamos celebrar las posibilidades que nos abre. Los sociólogos afirman que hemos ingresado en una ‘segunda modernidad’ en la que individuos liberados de los vínculos colectivos pueden ahora dedicarse a cultivar una diversidad de estilos de vida, exentos de ataduras anticuadas. (...) Los conflictos partisanos pertenecen al pasado, y el consenso puede ahora obtenerse a través del diálogo. Gracias a la globalización y a la universalización de la democracia liberal, podemos anticipar un futuro cosmopolita que traiga paz, prosperidad y la implementación de los derechos humanos en todo el mundo. Mi intención es desafiar esta visión ‘pospolítica’. Mi blanco principal serán aquellos que, pertenecientes al campo progresista, aceptan esta visión optimista de la globalización, y han pasado a ser los defensores de una forma consensual de democracia. (…) Tal enfoque es profundamente erróneo y que, lejos de contribuir a una ‘democratización de la democracia’, es la causa de muchos de los problemas que enfrentan en la actualidad las instituciones democráticas” (Mouffe, 2007: 9). Los nuevos movimientos sociales (NMS) materializan esa resistencia y ocasionan el cuestionamiento de referentes tradicionales desde donde se piensa lo político y la participación política: “La novedad de los NMS no reside en el rechazo de la política sino, al contrario, en la ampliación de la política hasta más allá del marco liberal de la distinción entre Estado y sociedad civil. Los NMS parten del presupuesto de que las contradicciones y las oscilaciones periódicas entre el principio del Estado y el principio del mercado son más aparentes que reales, en la medida en que el tránsito histórico del capitalismo se hace de una interpenetración siempre creciente entre los dos principios, una interpenetración que subvierte y oculta la exterioridad formal del Estado y de la política frente a las relaciones sociales de producción. En estas condiciones, invocar el principio del Estado contra el principio del mercado, es caer en la trampa de la radicalidad fácil que consiste en transformar lo que existe en lo que ya existe, como es propio del discurso político oficial” (De Sousa, 1998: 321). En ese sentido los NMS no sólo posibilitan sino que obligan a la resignificación del concepto de ciudadanía. Los ya mencionados Schmitt (2009), Mouffe (2007), Rancière (2006a) permiten problematizar no sólo el concepto de lo político en general, sino el de democracia y contrato social; Badiou (2000), los problematiza también en torno al concepto de partido político. Por su parte Arendt (2003) y Pécaut (2001) dan pistas sobre los conceptos de lo público y lo privado. De Sousa (1998) hace unas excelentes reflexiones sobre el Estado, la ciudadanía, la libertad y la subjetividad. Uno de los trabajos que aborda como una unidad varios conceptos como lo político, lo público, lo privado, la opinión pública, desde los griegos hasta mediados del s. XX es el de Habermas (1997) y da pistas para pensar todos los anteriores. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 98-113

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y el triunfo de la revolución cubana, que propendían de manera más o menos cercana o lejana a la abolición total del orden social establecido, a la instauración de un orden totalmente nuevo; pero en virtud de la bipolarización que ese contexto implicó, emergieron formas reaccionarias represivas contra ese ideario (y por tanto, también oposición, en este caso, a ese ideario). Con ello, no estoy equiparando dos fuerzas equidistantes, iguales y maniqueas en disputa, sino más bien dando cuenta de que en ese contexto bipolar, se dieron proyectos políticos que se disputaron el poder entre sí y, por lo tanto, modos de ejercer oposición por parte de cada uno de los proyectos y quienes los agenciaban, en cuyo contexto lo que predominó fue la distinción amigo-enemigo y en virtud de ella, fue la violencia, más que el diálogo o la discusión, lo que predominó en el ejercicio y la disputa por el poder. No se trata de señalar que esto fue un error histórico. Se trata de reflexionar acerca de los efectos que este tipo de apuestas tuvo en la configuración de la oposición política. Así, esto implica examinar las maneras como el ejercicio y la disputa por el poder por medio del uso de la violencia y el diálogo o la discusión han mediado en la configuración de la oposición política y los modos de interpretar políticamente a quienes están en contra de un status quo o de una coalición de gobierno. PERSPECTIVAS

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Si algo parece caracterizar al sistema gubernamental democrático que presumen las sociedades occidentales desde la Ilustración, en teoría, es la posibilidad de configurar y dar reconocimiento a la oposición política como plataforma de disensos y desacuerdos que permitan ejercer control, crítica y propuestas alternativas de gobierno (cf. Pasquino, 1998: 31-35), para evitar que el poder se tiranice o monopolice. Así pues, la configuración de la oposición política en general y de grupos políticos de oposición en particular, es un tópico fundamental para pensar la educación política y las posibilidades de configuración de espacio-temporalidades de participación, pues la oposición, como lo dice Pasquino, es una faceta importante del poder ya que “el funcionamiento de todos los regímenes políticos se explica eficazmente sólo en la medida en que se explican las relaciones entre oposición y gobierno” (1998: 41). De ahí la importancia fundamental de que se reconozca la oposición política que, por la condición onto-bio-social del ser humano, parece que siempre tenderá a existir y su potencialidad estriba en que el poder no se monopolice. Dicho reconocimiento puede que dependa de la institucionalidad, pues el status quo puede reconocer la oposición (aceptarla, presentarla como legítima y garantizarle espacios de visibilización y de ejercicio y disputa por el poder a través del disenso y la discusión) o desconocerla (rechazarla, presentarla como ilegítima, proscribirla y hasta perseguirla violentamente buscando anularla), pero también depende del poder que la misma oposición pueda construir, el cual será directamente proporcional en la medida en que logre exceder dicho reconocimiento institucional conquistando reivindicaciones y reconocimientos favorables que objetiven una espacio-temporalidad de subjetivación política colectiva que funcione como un tropos versátil de reivindicaciones sociales y económicas. En ese mismo sentido la tensión entre el pólemos y el kratos objetiva y subjetiva la oposición política en relación directamente proporcional al uso del diálogo, la discusión y la negociación e inversamente proporcional al uso de la fuerza y la violencia en la tramitación de los disensos y conflictos.

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La Constitución Negada

Miguel Borja

La Constitución negada* Miguel Borja** RESUMEN El artículo examina el destino de las propuestas realizadas por los pueblos indígenas y negros en Colombia, durante la Asamblea Nacional Constituyente del año de 1991. Propuestas encaminadas a definir una nueva organización territorial del Estado y que fueron rechazadas en la Constitución y el desarrollo legislativo posterior. Se está, por tanto, frente al desconocimiento de una de las realidades más importantes del país: la construcción del espacio por parte de las comunidades indígenas y negras y de sus programas políticos para la organización territorial de sus entornos geográficos. Idearios que conforman lo que en el texto se denomina La Constitución Negada. El escrito se apoya para el análisis en la sociología del espacio, y se fundamenta en el aporte de George Simmel y de Orlando Fals Borda, quienes participan del debate sobre los vínculos entre sociedad y espacio, y su impacto en la formación social de las constituciones y las leyes. Palabras clave: Indígenas, Negritudes, espacio, Constitución.

THE DENIED CONSTITUTION SUMMARY [114]

The present article examines the luck of the proposals presented by indigenous and afro-Colombian communities, during the National Constituent Assembly of 1991. These proposals were aimed to define a new territorial organization of the State, but they were discarded from the Constitution and the subsequent legislative development. We are, therefore, front of the lack of knowledge of one of the most important realities of the country: the construction of space by the indigenous and afro-Colombian communities and their political programs of territorial organization. Ideologies that in this text are referred as: The Denied Constitution. The paper is supported for analysis in the sociology of space, in the contribution of George Simmel and Orlando Fals Borda, who participate in the debate about the linkages between society and space, and its impact on the social formation of laws and constitutions. Key words: Indigenous, afro-Colombian communities, space, Constitution. Fecha de Recepción: 24/02/2014 Fecha de Aprobación: 18/05/2014

El presente artículo forma parte de las investigaciones que sobre la organización territorial del Estado se llevan a cabo en la Escuela Superior de Administración Pública y en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. ** Profesor de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP de Colombia y Catedrático del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 114-126

ISSN 0121-4705

Miguel Borja

PROEMIO

El artículo hace parte de una tradición sociológica que reflexiona sobre las relaciones entre sociedad, espacio y tiempo, la cual ha ganado un lugar importante en las discusiones de la sociología colombiana y latinoamericana, en donde la deliberación sobre los asuntos relacionados con las dinámicas entre sociedad y espacio han llevado al debate y a la práctica social y política alrededor de la organización territorial, de la construcción social del espacio, de las espacialidades que las comunidades construyen y su impacto en la definición de nuevas estructuras territoriales para la acción social y estatal.

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La Constitución Negada

Una tradición sociológica que hunde sus raíces en los trabajos de Simmel sobre el espacio social y que sostiene un diálogo permanente con las otras ciencias sociales, en especial la historia y la geografía. Tradición que reconoce que la acción social está espacialmente determinada, que los grupos y las instituciones tienen un lugar, que las comunidades y las formas societales no están por fuera de las líneas del espacio-tiempo. Recordemos que para Simmel, el espacio no es simplemente una de las coordenadas básicas del conocimiento, un terreno exclusivo de la epistemología como indicó Kant en la Crítica de la Razón Pura, sino que los actores sociales tienen un papel activo en las conceptualizaciones sobre el espacio: establecen relaciones con sus entornos naturales, experimentan procesos de identidad con el territorio y entran a definir diferentes marcos espaciales de acuerdo con las respuestas sociales a los ámbitos geográficos (Simmel, 1939). Simmel examina la manera como las relaciones sociales, los tejidos culturales, asumen formas espaciales y determinan una geometría de la sociedad. Cuando reflexiona sobre las condiciones espaciales de las sociedades modernas indica que las organizaciones requieren una distribución eficiente del espacio. Más específicamente las formas institucionales estatales necesitan un arreglo adecuado del territorio, con el fin de conseguir los fines que la sociedad y el Estado se proponen. Para Simmel el poder y la dominación demandan una expresión espacial. Max Weber indicó precisamente que el Estado se distingue por el ejercicio de la violencia legítima en un territorio determinado (Weber, 1977). Igualmente, Marshall señaló que la ciudadanía se compone de un conjunto de deberes y derechos y la pertenencia a una comunidad territorial (Marshall, 1992). En consecuencia, el ejercicio de la autoridad, los órdenes legítimos o no, usualmente toman formas de control territorial, que fijan las cartografías del poder y la dominación. Por otro lado, Simmel resalta las relaciones entre espacio y solidaridad y espacio y conformación de los lazos comunitarios que van creando órdenes sociales en territorios determinados y señalan unas fronteras y unos límites para la acción social. (Lechner, 1991)

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Simmel llama la atención sobre el hecho de que los fenómenos sociales y políticos poseen una estructura espacial en donde se pueden distinguir los puntos centrales dominantes, las formas de proximidad o distancia espacial que producen los fenómenos de la vecindad o lejanía. Estima que lo importante socialmente no es el espacio, sino el eslabonamiento y conexión de las partes territoriales, producidos por factores culturales que determinan estructuras como la antigua comunidad natural. Considera justificada la importancia que se da al espacio para determinar hechos y acontecimientos, pues las relaciones sociales cimientan los espacios como entornos de vida, el espacio se vuelve sociológico. Por esto es necesario inquirir por la importancia que las condiciones espaciales de la socialización tienen en el sentido sociológico. Simmel muestra como variable para delinear los espacios de una asociación política, su carácter o no de cierre hacia el exterior: “Cuando un organismo social se confunde con una determinada extensión territorial o se hace solidario de ella, adquiere un carácter único y exclusivo, difícil de alcanzar de otro modo. Ciertos tipos de asociación sólo pueden realizar toda su forma sociológica cuando en el espacio en que se desarrollan no hay análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 114-126

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lugar para otros. En otros casos, pueden ocupar el mismo espacio muchas asociaciones de la misma índole sociológica, porque son, por decirlo así, mutuamente permeables; como no tienen ninguna relación íntima con el espacio, no puede haber entre ellas colisiones espaciales (Simmel, 1939, pág. 210).” Simmel considera que el Estado es el caso más puro de cierre espacial “La asociación que el Estado crea entre los individuos o que entre los individuos crea el Estado, está de tal modo ligada al territorio, que no cabe pensar la existencia de otro Estado en el mismo suelo (Simmel, 1939, pág. 210).” Para Simmel los procesos sociales adquieren firmeza y transparencia al convertirse en espaciales: “Todo límite es un acontecimiento espiritual, o más exactamente, sociológico; pero al transformarse en una línea del espacio, la relación mutua adquiere, tanto en su aspecto positivo como en el negativo, una claridad y seguridad –aunque a menudo también una rigidez– que no les son dadas, cuando la coincidencia o separación de las fuerzas y derechos no se han proyectado aún en forma sensible, y se hallan, por tanto, por decirlo así, en estado naciente (Simmel, 1939, pág. 217).”

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La otra cualidad que señala Simmel del espacio, es la división territorial en unidades delimitadas por fronteras ideales o límites arcifinios: “siempre concebimos el espacio que un grupo social llena de algún modo, como una unidad, y esta unidad expresa y sostiene la del grupo, siendo al mismo tiempo sostenida por ella (Simmel, 1939, pág. 213)”. Considera que una sociedad esta unidad interiormente cuando el espacio de su existencia está delimitado por límites perfectamente claros: “Quizá no hay nada que manifieste la fuerza de la cohesión, sobre todo del Estado, como esta centralidad sociológica, esta coherencia (en último término puramente cultural) de las personalidades, dentro de una frontera que las determina claramente (Simmel, 1939).” Por esta razón señala que “acaso sea mayor la conciencia de la delimitación, no frente a los llamados límites naturales (montañas, ríos, mares desiertos), sino justamente frente a los límites meramente políticos, que no hacen sino trazar una línea geométrica entre dos vecinos (Simmel, 1939, pág. 214).” Esta orientación ha sido retomada por algunos sociólogos contemporáneos y permea las reflexiones que se vienen haciendo sobre la geohistoria por parte de la Escuela de los Annales y la geografía contemporánea. Por ejemplo, Immanuel Wallerstein en su conferencia “El Espacio-Tiempo como base del conocimiento”, indica que el tiempo y el espacio son el centro de cualquier intento de obtener el conocimiento, sin embargo, rara vez se toma en cuenta la construcción social del tiempo, y casi nunca la construcción social de la combinación tiempo-espacio (Wallerstein, 1998). Con anterioridad fue Fernand Braudel, quien consideró que este es un problema crucial de las ciencias sociales: el de los vínculos entre el medio humano y el espacio: “Si se añade ahora a los elementos, del espacio y lo social, la coordenada del tiempo, tendremos una definición rápida pero clara de la geohistoria (Braudel, 2002).” Para Braudel la geohistoria es justamente la historia que el medio le impone a la sociedad a través de sus constantes pero también es la historia de la sociedad enfrentada a su espacio. La geohistoria es el estudio de un doble vínculo, de la naturaleza con la sociedad y de la sociedad con la naturaleza; el estudio de una acción y de una reacción, mezcladas, confundidas, incesantemente reanudadas en la realidad de cada día (Braudel, 2002, pág. 78). Desde el punto de vista de la sociología del poder la noción de Estado se traduce en una serie de representaciones cartográficas: el nombre del Estado sobre el territorio ocupado, las rutas que aseguran la relación política entre las regiones estatales, las fronteras que le separan de los Estados vecinos, la posición de las capitales y de las ciudades principales donde se concentran las clases dirigentes, etc. Estas representaciones son corrientes y universalmente aceptadas, casi tanto como los accidentes físicos del territorio. Los mapas que muestran hoy en día divisiones a lo largo y ancho de la esfera terrestre, indican el lugar donde se han ubicado las sociedades políticas. Por consiguiente, la extensión de la carta política y la persistencia relativa de sus trazos esenciales son

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símbolos de la ocupación política del globo y de la estabilidad creciente de esta ocupación (Brunhes, 1921, pág. 1 y ss). En resumen, los aportes que se han realizado desde la sociología, la geohistoria y otras disciplinas para dilucidar las relaciones entre población y naturaleza son fuentes teóricas esenciales para estudiar las relaciones entre espacio y sociedad: para dilucidar la sociología del espacio, la cual ya no se construiría en forma aislada, sino a través del concurso de las diferentes ciencias sociales, que ayudarían a trazar el cuadro de la acción social sobre los entornos naturales.

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La Constitución Negada

Este artículo busca dilucidar un capítulo reciente de la sociología del espacio en Colombia, con este fin, gira alrededor de los cambios inducidos por los movimientos sociales liderados por indígenas, negros, campesinos y artesanos, en el texto constitucional y el derecho colombiano, los cuales obedecen a una práctica social milenaria de construcción del espacio, en la cual se van delimitando diferentes entornos naturales como contenedores de pueblos históricos que delimitan socio geografías en parte reconocidas en la estructura territorial de los Estados. A pesar del aporte de dichos grupos, la lectura de la Constitución Política muestra que Colombia no ha estructurado un principio de organización política que le permita configurar un poder estatal que oriente la Nación, pues la Carta se ha diluido en una multitud de ambivalencias contradictorias, como aquella que indica que Colombia es por un lado una República unitaria con un fuerte régimen presidencialista, y por otro lado, una República descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Lo anterior a pesar de que, en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del año de 1991, se presentaron voces que hicieron propuestas para modificar la estructura territorial de la Nación, como una estrategia de cambio social y político encaminada a construir un nuevo país a partir del reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad de las cuales son portadores los grupos originarios de la nación, artesanos, campesinos, indígenas y negritudes. Se busca estudiar su papel como actores políticos que han construido a lo largo de la historia colombiana tejidos sociales que organizan y ordenan las comunidades y los territorios en una Colombia desconocida: la de las ciudades informales, la situada en las fronteras, en las zonas de colonización, en las regiones de alta montaña, en los archipiélagos e islas, en las costas y en las selvas, en fin, en unos espacios que han estado por fuera de la tendencia hacia la construcción andina del Estado. Esta Colombia invisible se hace presente cada vez con mayor fuerza en el escenario de la nación y confronta el pasado histórico del país, a sus clases dirigentes y gobernantes, con el fin de que sea tenida en cuenta en las perspectivas del desarrollo nacional. Ella se hace presente en la ANC y realiza valiosos aportes, que si bien hoy constituyen mandatos constitucionales, vienen siendo borrados poco a poco por parte de las instituciones del Estado, no se les da vía libre en el desarrollo legislativo postconstitucional ni en la gestión de los asuntos públicos, de manera que el país asiste al hecho político que en este artículo se denomina la Constitución Negada.

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LA CONSTITUCIÓN NEGADA

En el presente escrito, se entiende por Constitución Negada aquellos elementos que fueron presentados y discutidos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y que no se aprobaron, o que si se aprobaron no han sido desarrollados posteriormente, a través de las leyes o de la acción del Estado. Igualmente, abarca la definición de Constitución Negada aquellos componentes innovadores de la Carta Política que se han venido modificando a través de los actos legislativos que han reformado la Constitución en los últimos años. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 114-126

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Por los días que corren la Carta Política de 1991 ya se presenta como un documento maltrecho, una ocasión de desencanto y desengaño para buena parte de los colombianos. Las esperanzas que tenía el pueblo en la Carta se derrumban y con ellas la Constitución misma, la cual ya no es ni sombra de lo que se pensó inicialmente que fuera. Maltrecha con múltiples reformas, no es capaz ni con su pasado. Concebida como la panacea para resolver los problemas de la guerra y la paz, del desarrollo social y económico, de la obsolescencia de nuestras instituciones, del estado social de derecho, etc., no fue capaz con las tareas que se le encomendaron. Lejos se está del preámbulo de la Constitución que estableció como grandes propósitos “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana (ANC, 1991).”

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¿De qué manera se puede explicar que se haya perdido una oportunidad para darle un giro diferente al manejo de la sociedad y el Estado? Desde la sociología política se puede indicar que dicha situación es resultado del acallamiento de las voces alternativas que se presentaron en la ANC, las cuales eran portadoras de programas de cambio económico y social que finalmente fueron arrojados al basurero de la historia oficial del país, pero que permanecen como un derrotero para organizar de mejor modo la sociedad y el Estado. Las escasas voces alternativas que se escucharon en la ANC fueron inicialmente silenciadas en el texto constitucional y posteriormente en los gobiernos que se han turnado en el poder desde 1991, los cuales inician un desmonte paulatino de los elementos innovadores de la Carta Política. Esta acción política de arrasamiento con las propuestas alternativas de la ANC es la que da origen a lo que se denomina en este escrito La Constitución Negada, cuyos elementos se dilucidan a lo largo del presente texto. En consecuencia el escrito parte de la siguiente hipótesis: La Constitución Negada contenía los elementos que hubieran permitido la realización de los cambios básicos necesarios para la transformación de la Nación: una conformación diferente del tejido social y económico y una nueva organización estatal que reconociera la diversidad de la Nación y además de reconocerla la hiciera realidad, esto es, se pasara del derecho formal al derecho material, del derecho menor al Derecho Mayor, de la democracia de representación a la democracia participativa, del estado pre político al estado político. Los portadores de La Constitución Negada fueron los representantes de los indígenas, negros, campesinos, artesanos y opositores políticos del régimen, en suma, la que Fals Borda denominó Izquierda Raizal (Borda, 2007). Ellos eran la voz alternativa de la ANC y estaban por fuera del acuerdo político que labró el “golpe palaciego” en contra de la Constitución de 1886. Una mirada sobre la conformación de la ANC muestra que estaba compuesta por dos grandes campos: los representantes del tripartidismo tradicional y las fuerzas alternativas. El tripartidismo estaba compuesto por 25 liberales (33.7%), 20 conservadores (27%) y 19 miembros del M-19 (25.6%). Además participaron dos evangélicos, dos miembros de la Unión Patriótica, dos indígenas y cuatro ex guerrilleros (de estos últimos sólo dos tenían derecho a voto) (Galvis Gaitán, 2012, pág. 29). El análisis de la actuación de las fuerzas políticas indica que realmente las fuerzas alternativas eran las lideradas por los grupos originarios y sus sectores adyacentes. Pues el acuerdo político que dio origen a la ANC llevó a que se diera una amalgama de intereses que rotaron alrededor de la propuesta de reforma del gobierno, que se venía trabajando desde el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), propuesta que alcanzó a cooptar buena parte de la oposición política en trance de institucionalización. En este momento Colombia estuvo frente a un tripartidismo tradicional, operó la lógica histórica de cooptación de las terceras fuerzas como ha sucedido regularmente. Frente a

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la difícil situación económica y social del momento, los sectores más avanzados de las fuerzas políticas alcanzaron acuerdos encaminados a establecer una nueva Constitución con el fin de superar problemas como los generados por fenómenos como el narcotráfico y su secuela de violencia y la obsolescencia de buena parte de las instituciones estatales que no se habían modernizado de acuerdo con los estándares internacionales.

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El paso de un bipartidismo decimonónico al tripartidismo de los últimos tiempos obedeció en parte a la crisis que se vivía y al desafío permanente de las mafias, que estaban retando a la sociedad y al Estado y habían llevado a la postración de las instituciones. La economía y la cultura del narcotráfico se consolidó en forma tal, que se convirtió en la principal preocupación de las instituciones nacionales e internacionales y llevó a un sin número de confrontaciones que habría de hacer palidecer los conflictos armados tradicionales. La economía del narcotráfico habría de contar con aliados inesperados como la quiebra de la producción formal, de la industria y de la agricultura impulsada por los programas económicos vinculados al paradigma neoliberal que habrían de generar la quiebra de las fuentes legales de la economía. Más allá de la alianza tripartidista, la constelación de fuerzas alternativas presentes en la ANC se formó en los socavones que recorren la historia y la geografía del país, las fuerzas ancestrales de los pueblos originarios. Fuerzas históricas arrasada primero por el sistema colonial y posteriormente por sus herederos, pero que permanecen como movimientos latentes y organizadores de diversos espacios y ámbitos de la Nación, de las geografías periféricas y marginales, de la Colombia no occidental. Geografías que han buscado ser parte integrante de la organización del Estado en unidades territoriales, bien delimitadas en el espacio, se cumpliría así el teorema de Simmel: “Gracias a aquella unidades territoriales, resulta posible o necesario que elementos de las más distintas clases, genéticas o cualitativas, constituyan una unidad política, por virtud de su contacto local. En suma, el espacio, como fundamento de organización, posee aquella imparcialidad y uniformidad que le hacen correlativo del poder del estado (Simmel, 1939, pág. 281).” Poder del Estado que se expresa en el ejercicio de la soberanía sobre las comunidades territoriales que se encuentran dentro de los límites de las entidades territoriales estatales, de este modo, la formación sociológica que se da dentro de un grupo, delimitada por los tejidos sociales que la conforman, no sólo exige la unidad concreta del espacio, sino que también determina el concepto del espacio. Por consiguiente, la forma de vida vinculada al espacio, determina la unidad sociológica del grupo.

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Por esto nuestro punto de partida para mostrar la forma en que se realizaron propuestas encaminadas a darle un giro a la organización territorial del Estado y demostrar que los pueblos originarios son portadores de nuevos modelos de organización del Estado y la nación, que de ser tenidos en cuenta ayudarían a superar los problemas económicos y sociales es el documento presentado ante la ANC por el gobernador guambiano Lorenzo Muelas, el día 20 de marzo de 1991 (Muelas, 1991). El título del documento fue: Propuesta Indígena de Reforma Constitucional. En dicho texto se propone que Colombia reconozca la existencia de los pueblos indígenas como parte integrante de la Nación y del Estado y les garantice sus derechos. Los indígenas consideran que por ningún motivo deben continuar siendo obligados a renunciar a su identidad, como fue la pretensión de la centenaria Constitución de 1886. Se establece como propuesta que ellos y las otras minorías étnicas tienen derecho a sus territorios. Además, a ser gobernados por autoridades propias, articuladas al Estado nacional, a través de un consejo de reconstrucción económica y social de los pueblos indígenas. Se consideraba que en los territorios indígenas y en los de las minorías étnicas los idiomas oficiales serían los hablados por los pueblos y comunidades del lugar. Se garantizarían las formas análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 114-126

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de propiedad comunitaria y familiar de acuerdo con los usos y costumbres; lo mismo que el derecho a desarrollar modos propios de organización social. Se avalaría la educación endógena como práctica social encaminada a preservar la cultura. Se crea la jurisdicción indígena articulada al sistema judicial del Estado, con jueces nativos encargados de aplicar la justicia de acuerdo con sus tradiciones. De esta manera, en los territorios indígenas se mantiene la vigencia de las normas y procedimientos de justicia propios que no atenten contra los Derechos Humanos. Además, la Carta Política debía brindar la plena representación de los pueblos indígenas en los cuerpos colegiados del país. Por otro lado, se estimaba que las comunidades indígenas, a través de sus autoridades, tendrían derecho a concertar las decisiones referentes a proyectos, planes de desarrollo o de explotación de los recursos naturales y del subsuelo, que se lleven a cabo en sus resguardos y territorios tradicionales. Es más, se contempla que cuando un proyecto o plan de desarrollo ponga en peligro la identidad cultural o el bienestar de comunidades indígenas o minorías étnicas, éstas, a través de sus autoridades u organizaciones reconocidas podrán oponerse haciendo uso del Derecho de Objeción Cultural (Muelas, 1991).

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El documento propone además los siguientes mandatos: la Nación se constituye en forma de República unitaria que aglutina su diversidad étnica y cultural, el Estado avala el derecho a las autonomías regionales. Se contempla igualmente que son entidades territoriales de la República las regiones, provincias, áreas metropolitanas, distritos especiales, municipios, territorios indígenas y étnicos, con sus divisiones administrativas propias. Las regiones se determinarían por sus características económicas y culturales e históricas comunes. Las provincias se conformarían por asociaciones de municipios con el propósito de prestar los servicios públicos, impulsar al desarrollo local y el adecuado manejo ambiental. Los territorios indígenas y étnicos, continuos o discontinuos, equivaldrían a provincias conformadas por divisiones propias o de municipios redefinidos territorial y étnicamente. Las zonas poco habitadas y aquellas donde el ecosistema esté en peligro, se destinarían a territorios indígenas en atención a la especial capacidad conservacionista de su población. En cada región habría un gobernador elegido popularmente, asistido de un consejo regional, compuesto por los prefectos provinciales, elegidos a su vez por voto popular. El consejo tomaría las decisiones en materia de justicia, policía, partidos políticos, educación, gremios, utilizando los recursos regionales en forma que asegurara el equilibrio entre las provincias (Muelas, 1991). Por otra parte, se propuso establecer como nacionales colombianos por pertenencia a los miembros de los pueblos indígenas de América, al pisar el territorio nacional. Se reconocería el derecho al espacio físico: todos los colombianos tienen derecho a gozar de una vivienda digna; en zonas rurales además, a tierra que posibilite su subsistencia y la de su familia. Se asegura la propiedad comunitaria y familiar de los pueblos indígenas. Se establece que el Estado interviene, por mandato de la ley, para dar pleno empleo a los recursos humanos y el uso racional de los recursos naturales en forma tal que se afirme su permanencia y el equilibrio ecológico. Se elimina de manera absoluta, la reelección del presidente de la República. Dejarán de existir las circunscripciones electorales de tipo departamental. En su lugar se fija: “la circunscripción electoral estará determinada en forma uninominal, de conformidad con divisiones territoriales que se trazarán teniendo en cuenta la diversidad existente (Muelas, 1991).” De esta manera, la cartografía del poder dejaría atrás los mapas del bipartidismo (la distribución del poder territorial entre los dos partidos históricos de la nación: el conservador y el liberal). En consecuencia, las propuestas indígenas que forman el grueso de lo que en este artículo se considera La Constitución Negada, plantean una visión integral de la nación de acuerdo con su recorrido histórico, como una entidad diversa que agrupa diferentes pueblos indígenas y étnicos,

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heterogéneas prácticas sociales y económicas, disímiles formas de considerar las relaciones entre población y naturaleza. A partir del proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política N° 104 presentado por Fals Borda y otros, se esbozaron igualmente importantes elementos que vendrían a formar parte de La Constitución Negada. En dicha propuesta se plantea como entidades territoriales de la República a las regiones, provincias, territorios de los grupos étnicos, los distritos metropolitanos, los municipios, las comunas y los corregimientos (Fals Borda, 1991). Se indica igualmente que los grupos étnicos tienen autonomía para darse su propia organización política, económica y social y para la administración y explotación de los recursos naturales en sus territorios. De esta manera, Fals Borda fue más allá de la cuestión indígena para incluir las negritudes y las comunidades raizales: “Los indígenas no son el único grupo étnico diverso en Colombia: también son grupo étnico los isleños raizales de San Andrés y Providencia y las comunidades negras que conservan sus tradiciones, especialmente en la Costa Pacífica. Por ello, el articulado hace referencia ampliamente a los territorios de todos los grupos étnicos (Fals Borda, 1991).” Fals Borda, igualmente, estableció la autonomía como el principio básico de la organización de las entidades territoriales de la República. Autonomía que comprende “la gestión administrativa, financiera y presupuestal en los asuntos de su competencia, recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones y la elección popular de sus principales autoridades (Fals Borda, 1991).” Apuntó asimismo a una distribución tendiente a superar los desequilibrios regionales: “el régimen fiscal de las entidades territoriales se establece por ley, distribuyendo los recursos públicos entre la Nación y las entidades territoriales con el fin de prestar eficientemente los servicios públicos y corregir desigualdades económicas entre entidades del mismo rango, siguiendo el principio de distribución según las necesidades básicas insatisfechas (Fals Borda, 1991).” La propuesta define a las regiones como “entidades territoriales autónomas de considerable población y espacio geográfico que se conforman por la fusión de los actuales departamentos, o por provincias, municipios, territorios étnicos o distritos metropolitanos contiguos, y vinculados por razones históricas, sociales, culturales, económicas o ecológicas, previa consulta popular (Fals Borda, 1991).” Fals Borda a su vez, indica: “las provincias se conforman por la asociación de municipios o entidades territoriales de los grupos étnicos contiguos y vinculados por razones históricas, culturales, sociales, económicas o ecológicas. Se establecen mediante consulta ciudadana (Fals Borda, 1991).” Igualmente señala: “Las entidades territoriales de los grupos étnicos estarán conformadas por sus territorios de resguardos, sus territorios tradicionales y los que constituyan su hábitat, y tendrán régimen especial de acuerdo a sus formas de organización social, costumbres y tradiciones (Fals Borda, 1991).” También propone que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tenga un régimen de poblamiento y control de inmigración, de fomento económico y cultural (Fals Borda, 1991). En su exposición de motivos Fals Borda explica que el marco general de ordenamiento territorial propuesto se basa en cuatro principios: “la flexibilidad de los límites territoriales, por pulsaciones constantes de ocupación humana, el de organización socio-económica, ecológica y cultural de la región como entidad real o histórica, el de la satisfacción eficiente de las necesidades básicas de los habitantes a nivel provincial y municipal, el de la autonomía local y la democracia participativa que se acercan a la conformación de un Estado regional (Fals Borda, 1991).”

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Finalmente quedaron en la Carta Política los siguientes elementos de la propuesta de los sectores alternativos presentes en la ANC. Los territorios indígenas fueron consagrados como unidades de administración política. Por otra parte, se determinó que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tienen los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias, ejercer las análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 114-126

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competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales (ANC, 1991). Se fijó que la conformación de las entidades territoriales indígenas se haría con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se haría por el Gobierno nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. La Carta Política señaló asimismo que los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable (ANC, 1991).

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Por otra parte, se estipuló que por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente (ANC, 1991). Se decretó que con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la ley, y en los casos que ésta determine, se realizará el examen periódico de los límites de las entidades territoriales y se publicará el mapa oficial de la República (ANC, 1991). Se estableció que dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio (ANC, 1991). Además, los constituyentes aprobaron que el departamento de Cundinamarca, el Distrito Capital de Bogotá, y los municipios contiguos a éste podrán asociarse en una región administrativa y de planificación especial cuyo objeto principal será el desarrollo económico y social de la respectiva ciudad-región. Las citadas entidades territoriales conservarán su identidad política y territorial. La Carta Política dispuso que la respectiva ley orgánica, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial, determinará las condiciones para solicitar la conversión de la Región en entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en cada caso a referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados. Igualmente indicó que la misma ley establecerá las atribuciones, los órganos de administración, y los recursos de las regiones y su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías. Igualmente definirá los principios para la adopción del estatuto especial de cada región (ANC, 1991). El tema de la organización territorial del Estado fue importante en la ANC debido a que para la época existía de nuevo un consenso que establecía la necesidad de su reforma, consenso heredero de los esfuerzos realizados a comienzos del siglo XX durante la presidencia de Rafael Reyes y posteriormente a mediados de siglo, durante gobiernos reformistas como el de Carlos Lleras Restrepo. Se habían colocado de presente los inconvenientes de la actual organización territorial del Estado: problemas como los límites arbitrarios y disfuncionales de los departamentos y municipios, que no reconocen las nuevas fronteras económicas y sociales. La existencia de profundos desequilibrios regionales que han llevado a la conformación de unas áreas centrales de alto desarrollo social y económico y el subdesarrollo de buena parte de los territorios de la Nación como las costas, la Orinoquia, la Amazonia y las zonas de frontera. El no reconocimiento en la organización territorial de nuevos fenómenos espaciales como la conurbación y la consecuente conformación de áreas metropolitanas. El desconocimiento de las entidades territoriales indígenas, los territorios de las comunidades negras y las fronteras de colonización internas. E incluso del resurgir de las regiones y provincias como actores políticos en el escenario de la Nación. Además, de estas realidades el tema de la organización territorial fue agrupando un conjunto de fuerzas políticas y movimientos sociales, que ayudaron a la conformación de una gama de tendencias que buscan la construcción de un Estado que dé respuesta a la necesidad de reordenar el manejo del territorio nacional, con fundamento en sus realidades regionales y locales. Además, el tema del ordenamiento territorial

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adquirió una alta importancia en las discusiones de la ANC debido a factores como los siguientes. En primer lugar, diversas fuerzas políticas venían demostrando la obsolescencia de nuestra organización territorial y elaborando programas encaminados a su reforma. De manera, que dicho debate permitió organizar una serie de movimientos regionales y locales que se vincularon en las tareas encaminadas al reordenamiento territorial y que habrían de animar el debate preconstituyente y las polémicas alrededor del territorio al interior de la ANC. En segundo lugar, se fueron fijando los problemas centrales de la estructura territorial del Estado: límites arbitrarios y disfuncionales que afectan el desarrollo económico y social, pues no reconocen las nuevas fronteras materiales y culturales, convirtiéndose en un obstáculo para la planificación del desarrollo económico y social. Entidades territoriales obsoletas cuya organización y límites corresponden a las geografías del pasado, básicamente a los lineamientos coloniales, pues la cartografía actual de los departamentos y municipios aún conservan las líneas de frontera interna diseñadas durante la administración colonial. Colombia vive en su ordenamiento espacial, un colonialismo tardío fuente de innumerables dificultades para la instauración de una administración pública moderna. Por ejemplo, el destino de los recursos públicos no es el mejor para solucionar los problemas de los desarrollos regionales desiguales. Los desequilibrios regionales han llevado al modelo andino de construcción del Estado y la Nación, dominado por la bipolaridad Bogotá-Medellín; dejando al margen a regiones tan importantes como la Costa Atlántica, El Caribe, la Costa Pacífica, las regiones de frontera, la Amazonía, la Orinoquía e incluso buena parte de los valles interandinos. Problemas como la existencia de áreas departamentales y municipales aún no delimitadas y que constantemente generan tensiones como el caso de los límites entre el Chocó y Antioquia, en la región de Bajirá. Y el hecho cierto de que el actual mapa político-administrativo favorece el dominio del sistema político del bipartidismo, que no es más que una cartografía de los viejos poderes, generaron propuestas programáticas para inducir el cambio político a partir de una redistribución territorial del poder que diera espacio a la construcción de una Colombia no sólo andina, sino también costeña, amazónica, llanera, Caribe, interandina, etc.

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En suma, que los portavoces de los movimientos reordenadores del territorio, planteaban la construcción de una II República, impulsada por las fuerzas de la nueva Colombia: los grupos originarios. Esta II República se aspiraba a que fuera el marco en el cual se superaran los problemas que no se habían podido resolver en más de 200 años de la I República. Los grupos que la impulsaban comenzaron a construir nuevas ecuaciones en los campos de las luchas por el poder: hicieron presencia en las regiones y las localidades y se elevaron al poder nacional a través de sus representantes en la ANC y en las instituciones legislativas, cambiando de esta manera los mapas de la política y las geografías electorales. En consecuencia, en el tema del régimen territorial del Estado la ANC negó y avanzó, pero el principal problema fue que dejó a la deriva los mandatos constitucionales, la ANC en ejercicio de la ambivalencia que caracterizó su papel, dejó para la posteridad la implementación de las modificaciones que hubieran labrado un nuevo país. Los elementos de cambio propuestos por los indígenas y otras voces alternativas, fijados como mandatos constitucionales fueron remitidos para su desarrollo a una ley de ordenamiento territorial que acaba de ser aprobada y que no colma las expectativas de la ciudadanía y ni siquiera desarrolla los mandatos que la Carta Política de 1991 le encargó (Congreso de la República, 2011). Así deja de lado la cuestión indígena, la regional y la provincial. Por otro lado, no fija parámetros para la actualización de los límites internos de las entidades territoriales, la consolidación de las zonas de fronteras y los fenómenos de la conurbación. Tampoco desarrolla el artículo 288 de la Carta Política que indica a la ley orgánica de ordenamiento territorial la tarea de establecer la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. En última instancia la ley aprobada deja al garete, de nuevo, la organización territorial del país. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 114-126

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Además, bien pronto el bloque hegemónico en el poder inició una contrarreforma que dio al traste con los mandatos renovadores de la ANC. Movimiento que constituye otro capítulo de La Constitución Negada y que hoy en día está en marcha.

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El asalto a la Constitución es evidente sí se analiza lo que sucedió con el tema de los círculos electorales, las zonas de frontera, el examen periódico de los límites de las entidades territoriales, y en general, los elementos innovadores de la organización territorial, que conforman un imaginario geohistórico de los grupos originarios. Por ejemplo, los círculos electorales fueron propuestos en el proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno de César Gaviria como divisiones electorales al interior de los departamentos y de los municipios con el objetivo de “acercar el elegido al elector, y de crear nuevos sistemas de control político de los electores respecto de los elegidos, que pueden tener plena vigencia en las órbitas regional y local (De la Calle, 1992, pág. 132).” Esta temática fue ampliada a partir del proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia N° 53. En él se propone que las ciudades con más de trescientos mil habitantes pueden acceder a una circunscripción electoral propia, que elegirá senadores, representantes, diputados y sus propios concejales. Para el ponente el propósito de la norma era fortalecer a la provincia, darle la oportunidad de solucionar en forma directa sus problemas, “terminar la burla consuetudinaria del sufragio, que ha alejado cada vez más a los buenos ciudadanos de las urnas… Acabar así mismo, con la trashumancia electoral que ha constituido un engaño para nuestro pueblo (Santamaría, 1991).” Los círculos electorales se aprobaron por la ANC a partir del artículo 299 de la Carta Política que ordena a la organización nacional electoral establecer, dentro de los límites de cada departamento, con base en su población, círculos para la elección de diputados, de conformidad con lo que determine la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (ANC, 1991). Pero, estos círculos electorales fueron suprimidos mediante el acto legislativo N° 1 de 1996, mediante el cual se modificaron los artículos 299 y 300 de la Constitución Política, por lo cual entraron a formar parte de la Constitución Negada (Congreso de La República, Acto legislativo N° 1 de 1996. Por el cual se modifican los artículos 299 y 300 de la Constitución Política, 1996). CODA

¿Qué sucedió, entonces, con las esperanzas puestas en la nueva Constitución? Si se observan los resultados, el texto constitucional efectivo respondió a los intereses del viejo país, con ligeros maquillajes introducidos por el reformismo ilustrado, como corriente política que trató de orientar el Estado hacia las formas modernas del dominio político de una burguesía no ilustrada. El reformismo pretendió cambiar el Estado a través de implementar reformas en la dominación política tratando de encaminarla hacia las formas propias de la racionalidad técnica. Pero bien el país pudo comprobar que todavía dominan las formas tradicionales de designación de los cargos y definición de las estructuras profesionales, el sistema político del clientelismo prevalece en buena parte de las oficinas públicas. De ahí que no se debe extrañar el observador de la ineficiencia de las instituciones. Las formas tradicionales del poder continúan dominando regiones extensas del Estado: las hegemonías se determinan con base en los arreglos del pasado, las ramas más osificadas de los partidos liberal y conservador conservan en sus manos los resortes del poder. Los políticos viven de la política y no para la política, la política no es una vocación en donde predomine la ética y la virtud ciudadana; sino un terreno donde se drenan los recursos del Estado (Weber, 1981). Las pretensiones del reformismo ilustrado, por tanto, han dado en tierra, arrasadas por la tradición y la realidad. Pero lo grave fue que la ANC si bien colocó algunos de los fundamentos necesarios para trazar una nueva organización estatal, le hizo el quite a las propuestas encaminadas a reconocer y construir análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 114-126

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la otra Colombia, la Colombia periférica y marginal, indígena, negra, campesina y artesanal. La Colombia regional y provincial, la de la diversidad y la autonomía de los diferentes pueblos históricos que conforman las diversas nacionalidades que conviven en el territorio de la República. Dejó de lado buena parte de las propuestas encaminadas a organizar en forma diferente a la república como otra nación, lo cual es evidente si se comparan las propuestas de algunos de los miembros de la ANC y el texto final de la Carta Política. Uno de los problemas de origen de la Carta fue que colocó a los elementos innovadores en competencia con factores reforzadores del statu quo en la organización estatal. Por ejemplo, la ANC reforzó y solidificó la estructura municipal y departamental, impidiendo de esta manera que en los años posteriores a 1991 se pudieran adelantar procesos encaminados a reformar la geografía política. Pues tanto el departamento como el municipio gozan de un punto de partida favorable ya que constituyen la realidad cotidiana de la organización territorial, del mapa político-administrativo, la cartografía del bipartidismo, la geografía del poder. En consecuencia, se puede indicar que la Carta Política de 1991 es una obra de los tiempos pasados, una copia de la Constitución de 1886 y sus reformas, “no se funda en la vida del tiempo actual, las necesidades y las condiciones sociales, los abolengos de hace tiempo en trance de extinción, habitan en ella; la vida y las fuerzas cuya evolución y actividad constituyen el orgullo de la generación que vive actualmente, no tienen en ella ninguna parte, ningún interés y ningún apoyo; el edificio con sus pilares, con sus arabescos, permanece aislado del espíritu del tiempo en el mundo (Hegel, 1972, pág. 5).” La Carta Política de 1991 es una obra de los siglos pasados, una carta que no se funda en la realidad actual de Colombia y del contexto internacional, un documento político que responde a las estructuras e intereses sociales del pasado, del poder bipartidista y del dominio de unas cuantas familias que no han sabido elevarse a la estatura de las clases dirigentes de los pueblos contemporáneos. La Constitución es una antigualla perfeccionada por los actos legislativos que la vienen reformando y marcándole cada vez con mayor claridad el norte del pasado. ¿No estaremos aproximándonos a una situación en la cual Colombia deja de ser un Estado? Pues cuando todo marcha de manera distinta que las leyes, se reconoce la disolución del Estado (Hegel, 1972, pág. 12). “Las leyes pierden su vida, puesto que no se saben introducir en ellas la vitalidad del presente; cada uno sigue su propio camino, se ocupa de sí mismo, y en consecuencia, el todo se desarticula; ya no existe el Estado (Hegel, 1972, pág. 13).”

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Álvaro Uribe Vélez populismo y neopopulismo

Álvaro Uribe Vélez Populismo y neopopulismo* Marta I. Fierro C.** RESUMEN El articulo desarrolla dos conceptos, populismo y neopopulismo, para examinar el gobierno y la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El texto presenta el manejo de los medios de comunicación, la política económica, el trato con la Corte Suprema de Justicia, la relación con las Ongs y, por último, elementos de ilegalidad e ilegitimidad en su gobierno. Palabras claves: populismo, neopopulismo, hiperpresidentes, democracia liberal.

ALVARO URIBE POPULISM AND NEO-POPULISM SUMMARY The paper develops two concepts, populism and neo-populism, to examine the government and the figure of president Alvaro Uribe Velez. The text presents the management of the media, economic policy, dealing with the Supreme Court, the relationship with the NGOs and, finally, elements of illegality and illegitimacy in their government. Key word: populism, neopopulism, hiperpresident, liberal democracy. [127]

Fecha de Recepción: 18/11/2013 Fecha de Aprobación: 18/05/2014

Este artículo es el resultado del trabajo de tesis presentado para optar por el título de grado en la Maestría de Estudios Políticos, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia ** Máster en Estudios Políticos. Docente de la Universidad Militar Nueva Granada. E-mail martafierro@hotmail.com

ISSN 0121-4705

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Álvaro Uribe Vélez populismo y neopopulismo

Marta I. Fierro C.

INTRODUCCIÓN

Aunque en Colombia vemos a Álvaro Uribe Vélez como único e irrepetible, es interesante encontrar características comunes con otros presidentes de América Latina y ubicarlo dentro de una nueva corriente llamada neopopulismo. El neopopulismo surge en los años 80 manteniendo muchos elementos del populismo, pero recibe el apelativo de Neo para reflejar un nuevo periodo histórico y otras condiciones sociales, económicas y políticas de América Latina. Pero empecemos por definir el populismo. Esté fue un fenómeno político que se caracterizaba especialmente por la existencia de un líder carismático y autoritario, que establecía con la gente una relación franca y cercana, su discurso era sencillo, su vocabulario era directo, corriente y popular, sin elaboraciones complejas, el líder utilizaba símbolos que lo identifican con el pueblo. El populismo encarnó la contradicción pueblo-oligarquía, el líder encarnaba la voluntad del pueblo, luchando contra sus enemigos, los problemas eran atribuidos por lo general a los intereses de unas elites excluyentes aliadas a las potencias extranjeras, el populismo logró una gran movilización social y política en torno a reivindicaciones básicas, lo que generó un Estado redistributivo y benefactor, especialmente en Argentina y Brasil (Medina, 2010: 2).

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El populismo como un fenómeno político se presentó en una fase de la historia latinoamericana en los años 50 y 60, como un fenómeno de transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, contó con la participación de sectores populares, de la clase media y pequeños burgueses, fue anti status quo y se presentó contra las elites oligárquicas. El populismo logró convocar no sólo a los estratos más bajos, si no a una clase media emergente y a los pequeño-burgueses. (Germani, Tella, Ianni: 1977: 47). El populismo promovió el desarrollo nacional e integró a las masas a la política, se logró la modernización en algunos países (especialmente en Brasil y Argentina) bajo la dirección de líderes carismáticos que desconocían la función mediadora de instituciones y partidos políticos, el líder o caudillo establecía una relación directa con el pueblo (De la Torre: 2005: 21) Gino Germani nos ofrece otra descripción del populismo. “el populismo por si mismo tiende a negar cualquier identificación con, o clasificación dentro de, la dicotomía izquierda-derecha. Es un movimiento multiclasista … el populismo generalmente incluye componentes opuestos, como ser el reclamo por la igualdad de derechos políticos y la participación universal de la gente común, pero unido a cierta forma de autoritarismo a menudo bajo un liderazgo carismático. También incluye demandas socialistas o al menos la demanda de justicia social, una defensa vigorosa de la pequeña propiedad, fuertes componentes nacionalistas y la negación de la importancia de la clase. Esto va acompañado de la afirmación de los derechos de la gente común como enfrentados a los grupos de interés privilegiados, generalmente considerados contrarios al pueblo y a la nación. Cualquiera de estos elementos pueden acentuarse según las condiciones sociales y culturales, pero están presentes en la mayoría de los movimientos populistas” (Germani: 2003: 88).

Sostiene Cristina de la Torre (2005: p.21) que el populismo utiliza un lenguaje retórico, moralista y maniqueo, donde la política es asumida como una lucha moral con un enemigo claro, “la oligarquía aliada con el capital extranjero”. El populismo polariza a la sociedad se opone al dialogo y a la negociación característica de la democracia liberal. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

El populismo es una democracia de masas en la que el pueblo a través de su caudillo gobierna, el caudillo por lo tanto simboliza al pueblo, representa la voluntad general. Se rechaza el gobierno parlamentario y la democracia representativa. (Germani: 2003: 26) El referente del populismo siempre ha sido un poco ambiguo, existe una gran dificultad para dar un significado preciso al concepto. La definición más efectiva que podría cobijar diferentes manifestaciones de este fenómeno, caracterizan el populismo como una dimensión de la cultura política, una dimensión que atraviesa las diferencias ideológicas y sociales (Worsley citado por Laclau, 2005: 29).

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Si hacemos un breve resumen del concepto “populismo” tenemos: un líder carismático y autoritario, con una gran oratoria, un alto componente nacionalista, reivindicaciones sociales y un apoyo a la incipiente industria nacional. (Laclau, 2005:.33) también plantea la inmadurez de los actores sociales, las dicotomías el pueblo vs. La oligarquía, las masas trabajadoras vs. los explotadores, simplificando así el espacio político. Y un elemento esencial el pragmatismo, ya que se movilizan respondiendo a las exigencias del momento, pero muchas veces sin una propuesta a más largo plazo. Los elementos comunes entre las diferentes definiciones de populismo que dan los estudiosos del tema y que son pertinentes para el análisis de Álvaro Uribe Vélez son: 1) Un líder carismático y autoritario con grandes habilidades comunicativas. 2) Manejo de un discurso político sencillo, directo, corriente, popular, moralista y maniqueo. 3) Encarnación de la voluntad del pueblo que lucha contra su enemigo. La política es asumida como una lucha moral y frontal contra un enemigo. No se acepta el diálogo y la negociación conceptos fundamentales de la democracia liberal.

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4) Relación directa con la población, especialmente con la gente de menos recursos económicos a través especialmente de los Consejos Comunitarios realizados en todo el país 5) Un líder autoritario que concentra el poder durante su gobierno. 6) Manejo de un discurso nacionalista. 7) Igual que en el populismo se polariza la sociedad, los que apoyan su gobierno y los que están en su contra. Si analizamos cada punto tenemos: 1. Un líder carismático y autoritario. Evidentemente el expresidente Uribe era un líder innegable, ningún dirigente reciente en el país había logrado mantener y contar con un nivel de popularidad tan alto durante toda su administración. Si Uribe se hubiera presentado a otra reelección presidencial con seguridad hubiera ganado. Según la firma Napoleón Franco, el 57% de los colombianos hubiera votado por él y al final de su periodo, en junio del 2010, contaba con el 68% de popularidad a pesar de llevar 8 años en el poder y de continuos escándalos (Encuesta Invamer-Gallup: 2010). Pero también Uribe era un líder autoritario que acallaba con agresividad a sus críticos, Uribe siempre tenía la última palabra. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

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2. Manejo de un discurso político sencillo, directo, corriente, popular, moralista y maniqueo. Uribe utilizaba siempre un lenguaje sencillo, directo, usaba constantemente metáforas que fueran fácilmente entendible, por ejemplo, cuando habló de los tres huevitos de su gobierno: la seguridad, la confianza inversionista y la cohesión social que luego denominó como inversión social.

Su discurso es también manifiestamente maniqueo y moralista, Uribe divide a los colombianos en dos bandos:” los patriotas que apoyan la Seguridad Democrática y los comunistas disfrazados que quieren entregar la Patria a las FARC” (Más allá del liderazgo de Uribe. Mayo 21/2006).

Esta visión dicotómica y maniquea de los colombianos “los buenos que apoyan la seguridad democrática y los malos los comunistas disfrazados que quieren entregar la patria” es una característica típica de los lideres autoritarios, que no permiten la disidencia, ni la crítica, solo la unanimidad es permitida, y recurren a la utilización de la patria para descalificar a sus adversarios.

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El nacionalismo fue un elemento esencial para la configuración de los Estados modernos, promoviendo la autonomía y la unidad de una identidad cultural, étnica, religiosa o de lenguaje pero también ha servido para desatar violentos conflictos, incluyendo las dos guerras mundiales, quizás porque el concepto de nación está ligado primero; con la exclusión de todo lo foráneo y diferente, y segundo con el sometimiento de los individuos y grupos al poder del Estado, en la retórica nacionalista se maneja un discurso emocional y maniqueo que hace énfasis en los temas de seguridad y sobrevivencia de grupo y que busca movilizar a las masas a su favor.

3. En el populismo el enemigo del pueblo era la oligarquía y la sociedad desigual y jerárquica. Para Uribe el enemigo de la sociedad colombiana es la Farc, a la que hay que enfrentar y derrotar. 4. Relación directa con la población, para el líder populista tener una relación directa y cercana con la gente especialmente la de bajos recursos, es fundamental ya que ellos se sentía identificados con la gente del pueblo. Según Cristina de la Torre (2005: 101) durante los dos primeros años de su presidencia Uribe había transmitidos 2.240 horas en televisión, un promedio de casi tres horas diarias. El expresidente viaja cada 15 días a las regiones a realizar Consejos Comunitarios. Uribe deseaba ser visto como un padre para los colombianos, recordemos que en el punto 100 de su Manifiesto Democrático, lo enuncia (100 puntos que el presidente desarrollaría en su gobierno). Es frecuente encontrar que los que se denominan “padres de la patria” invoquen la protección divina de su gobierno para el que el pueblo acepte su autoridad ilimitada. (De la Torre: 2005: 106) 5. Un líder autoritario que concentraba el poder, Uribe era el gobierno, él era el que mandaba, él era el que ordenaba, él era el que decidía, ejercía un estilo microgerencial que tuvo muchas críticas, esta forma de administrar minaba muchas veces la autoridad de sus subalternos. 6. Manejo de un discurso nacionalista. Uribe también maneja un discurso nacionalista, se exalta el sentimiento de pertenencia, de la grandeza de la nación, promueve la campaña “Colombia es pasión”.

El patriotismo para Taylor citado por Cristina de la Torre (2005: 47) “es una ingrediente esencial de la democracia comunitaria, pues esta necesita que sus miembros se identifiquen con la comunidad a la que pertenecen, que se sientan participes de un proyecto común.” Y el proyecto común de Uribe era la seguridad democrática (guerra a las Fuerzas Armadas Revolucionaria de

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Colombia, Farc.) Por lo tanto su gobierno invitó a los colombianos a crear redes de cooperantes contra el terrorismo, se pagaron recompensas por guerrilleros y narcotraficantes, buscando generar una estrecha relación entre el pueblo y el gobierno.

A pesar de que Uribe tiene muchas de las características de un líder populista, su origen e imagen de hacendado representa la oligarquía regional, en nuestro caso antioqueña, a la que se oponía el populismo clásico. Uribe reproduce la imagen del hacendado (montado a caballo, con sombrero y poncho) y como tal establece relaciones paternales y autoritarias con sus subalternos. Pero es importante anotar que Uribe no buscaba crear un Estado redistributivo y benefactor propio de los gobiernos populista, es más su gobierno favoreció a los empresarios y aumentó la inequidad, se amplió la brecha entre ricos y pobres.

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7) Polarización de la sociedad: en el populismo fue el pueblo versus la oligarquía, en el gobierno de Uribe la dicotomía es entre los que apoyan su seguridad democrática y los que están en contra. ¿POR QUÉ VUELVE EL POPULISMO?

Carlos Medina (2010: 9) sostiene que el populismo persiste en América Latina porque nunca se ha logrado superar los grandes niveles de desigualdad de estas sociedades, la mayoría de los latinoamericanos no tiene acceso aún a una vivienda, a salud, a educación y a un trabajo asalariado. Esta situación ha generado una gran desilusión por la política, los partidos tradicionales, las instituciones y por la forma tradicional de hacer política, lo que ha llevado a una gran irrupción de partidos que funcionan como proyectos electorales articulados en torno a líderes carismáticos. En Colombia es clara la falta de diferenciación ideológica de los partidos, existen múltiples partidos políticos sin una ideología clara, y cada vez es más frecuente que los partidos se identifiquen o se diferencien a través de su líder. Podemos decir que este proceso de deterioro ideológico se inició en Colombia con el Frente Nacional que originó un contubernio entre los dos partidos principales de ese entonces; el partido liberal y el partido conservador.

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Aunque el populismo donde se desarrollo amplió la participación del pueblo en la política, en el neopopulismo la participación se reduce a una especie de democracia delegataria en cabeza de su líder o caudillo. (De la Torre, 2005: 25). El populismo tiene actualmente una connotación negativa para los liberales, por que genera un gran déficit fiscal debido a su gran inversión social y, para la izquierda ortodoxa el fervor por el caudillo constituye una desviación irracional atribuible a la ignorancia de las masas. (De la Torre, 2005: 22) Pero la principal crítica del populismo radica en la creencia de que los partidos políticos son los mediadores ideales entre la sociedad y el Estado. Y estos se ven disminuidos o invisibilizados por la figura del líder (De la Torre, 2005: 22) José Díaz Gallardo (2010) hace la siguiente pregunta: “¿Por qué volvió el populismo a América Latina?” Y su respuesta se concentra en tres premisas principales la primera: la falta de eficacia política, manifestada por la corrupción, la mala administración; la segunda, la disminución de la seguridad personal por la presencia de guerrillas o el aumento de la delincuencia; y tercera, el pésimo rendimiento económico, la concentración de los ingresos y el desempleo crónico. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

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Por lo tanto se buscan en América latina líderes opuestos al statuo quo, los que ofrecen cambiar la situación, héroes carismáticos o mesías que salven a los pueblos. Se necesitan hiperpresidentes que muestren que es más importante la gobernabilidad que la democracia (Latinobarómetro, 2009: 63) Se fortalece la presidencia en América Latina en desmedro de las otras instituciones y de la democracia, los presidentes son los sustitutos de las legitimidades de la democracia, ya que existe una baja confianza en el Congreso y en los partidos políticos. Son los presidentes los que ocupan la atención del pueblo y simbolizan el Estado (Latinobarómetro, 2009: 63). Esta premisa se acentúa aun mas ya que en América Latina el rol presidencial siempre ha sido fundamental, el presidente de turno impone su impronta al gobierno. Colombia cumplía con las tres condiciones definidas por José Díaz Gallardo, ya que encontramos que habíamos vivido dos periodos presidenciales (el de Pastrana y el de Samper) donde era evidente la falta de liderazgo, de administración, en fin de eficacia política; la segunda razón, la falta de seguridad que se vivía en el país por el acoso guerrillero, paramilitar y de los narcotraficantes, y por último, el pésimo rendimiento económico. En cambio el expresidente Uribe, tenía un liderazgo evidente y se mostraba siempre como un gran conocedor de los problemas del país y un eficiente administrador y trabajador, para el acoso guerrillero propuso la seguridad democrática como su bandera principal y como fórmula económica, la inversión productiva para crear empleo y generar desarrollo, también diseño una política social que beneficio directamente a los más pobres a través de subsidios.

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Pero si analizamos los tres puntos anteriores tenemos que el que quizás tiene un mayor peso en Colombia, es la falta de seguridad que se vivía. Es sostenido por varios autores que cuando una sociedad enfrenta inseguridad, temor, angustia, no sólo por el presente sino también por el futuro, se busca un poder autoritario, se necesitan un líder, un caudillo, un padre, que ejerza su autoridad, que imponga orden, un caudillo con poder, que se identifique con el pueblo, que brinde esperanza, que genere confianza y que luche contra su enemigo, no importando que se limite la libertad y la crítica. Un poder que logré imponerse, que nos brinde orden, que brinde seguridad, no importando que limite las múltiples voces que coexisten en una sociedad, y que termine imponiendo una visión de la realidad como lo hizo Álvaro Uribe Vélez. El líder caudillista representa al padre, el salvador, de allí su carácter paternalista y conservador (formas de autoridad y protección propias del padre en la familita tradicional)1 que el expresidente exhibía especialmente en los consejos comunitarios. Al expresidente lo podemos definir como un caudillo, ¿pero qué es un caudillo?, la palabra viene del latín “capitellium” que significa cabeza, es un término utilizado para referirse a un líder o cabecilla. Los rasgos que caracterizan la figura de caudillo hacen referencia a la exaltación personal del jefe, su identificación con el supuesto destino histórico del pueblo, la concentración del poder y la ausencia de control institucional. El régimen de los caudillos se basa principalmente en el desarrollo de lazos personales de lealtad y admiración de las virtudes del jefe, significa básicamente la conservación del patrón tradicional de la estructura social. (Germani, Di Tella y Ianni, 1977: 16)

www.wordreference.com. Marzo 7 del 2012.

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Es interesante anotar que Álvaro Uribe Vélez es visto por sus asesores y amigos como una persona excepcional, como el salvador de la patria, como el más grande gobernante que ha tenido el país. (Yamhure, 2011) EL NEOPOPULISMO

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El concepto de neopopulismo implica también la irrupción de nuevos liderazgos, este liderazgo es desarrollado por actores que no necesariamente pertenecen al sistema de partidos, se concentra el poder en el ejecutivo, en desmedro de las otras ramas del poder, el neopopulismo se concibe entonces como una forma elevada de liderazgo político que se refuerza debido al desprestigio y descomposición de las instituciones democráticas. (Medina, 2010: 10) Al fenómeno de la irrupción de nuevos líderes que surgen haciendo una crítica a los partidos y a las elites políticas, se les conoce con el nombre de anti política. Para René Antonio Mayorga citado por Cristina de la Torre: L a política neopopulista de los outsiders no es sólo una estrategia política y un estilo anti-institucional de la política (…); es también una estrategia que conduce al debilitamiento y destrucción de la democracia liberal-representativa y, en particular a su transformación en democracia plebiscitaria. Así, el llamado regreso del líder significa en esencia la destrucción de las instituciones democráticas y el ascenso de un régimen político autoritario.”2

El presidente Uribe aunque pertenecía al partido liberal, se presentó a las elecciones presidenciales en el 2002 como político independiente debido a que no compartía con el partido su propuesta política de paz con las Farc.

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Uribe en su primera campaña política a la presidencia del 2002, empleaba un discurso antipolítico y en contra de la corrupción característica de los neopopulista: “Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y avaro con lo social. (Manifiesto democrático 100 puntos) Propone en ese manifiesto democrático el “Referendo contra la Corrupción y la Politiquería”, que incluirá la reducción del Congreso, la eliminación de los auxilios parlamentarios y de sus privilegios en pensiones y salarios.”

La experiencia latinoamericana ha mostrado que la pérdida de credibilidad y confianza en los partidos e instituciones democráticas, ha generado condiciones favorables para que surjan líderes por fuera de la política, que inician su periodo criticando a los partidos y a las instituciones democráticas. Y esto es cierto en Colombia: según el informe Gallup-Poll de marzo del 2009, la opinión desfavorable del Congreso era del 47% y la de los partidos políticos era del 55%, mayoritariamente desfavorable. Y según el Latinobarómetro (2009, 27-28) solo el 38% de los colombianos cree que la democracia no puede funcionar sin Congreso y el 57% de los colombianos no reconoce la importancia que tienen los partidos políticos dentro de la democracia. Estas estadísticas confirman el desprestigió del Congreso y de los partidos políticos en Colombia. Chantal Mouffe (2003, 126) también sostiene que cuando las fronteras políticas dentro de los partidos se vuelven borrosas se desincentiva la participación en el proceso político, lo que facilita

René Mayorga, “Outsideres and Neopopulism, The Road to plebiscitarían authoritarism” Inédito, mayo 13, 2002. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

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la aparición de partidos populistas que aparecen como las únicas fuerzas antisistemas capaces de representar la voluntad del pueblo, se presentan como los únicos garantes de la soberanía del pueblo. Uribe como buen exponente del Neopopulista promueve un Estado comunitario que busca la participación directa del pueblo en las decisiones, y esta en contra de las organizaciones de la sociedad civil (partidos, agremiaciones, sindicatos). Miremos su discurso ante el Congreso de la República el 20 de julio del 2003,

“La comunidad es la razón del Estado Comunitario, su beneficiaria, su instancia decisoria, su ejecutora y su vigilante…El Estado no puede estar al servicio de grupos de interés, sean políticos, económicos, gremiales o sindicales. Todo lo contrario: el beneficiario de la tarea pública es la comunidad en su conjunto y sólo se logra que lo sea con su creciente participación en la definición de las decisiones oficiales, en su ejecución y vigilancia...

Estado de opinión

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“No desfalleceremos en la búsqueda del Estado Comunitario, en sus expresiones de capitalismo social.

Queremos una Nación menos contenciosa; que la relación entre el Estado y la comunidad sea menos litigiosa. Necesitamos más Estado de Opinión, en el cual la instancia judicial pueda ceder a la instancia de la gente, como en las audiencias públicas para la adjudicación de contratos y en las audiencias que nos proponemos reglamentar a fin de que los vigilantes de la conservación del patrimonio público puedan hacerse oír cuando discrepen de las decisiones de los administradores oficiales.

Un Estado de Opinión supone una comunidad en permanente deliberación y dispuesta a descubrir opciones de solución a cada problema”.

Para los comunitarios la democracia genuina exige la participación directa de todos en la toma de decisiones, basándose en la definición inicial de democracia (gobierno del pueblo). Pero como en las sociedades modernas existe la imposibilidad de utilizar este recurso, se apela entonces a la democracia plebiscitaria. La democracia plebiscitaria, nació como concepto tras la elección de Luis Bonaparte en 1848 como presidente, él logró tras sucesivos plebiscitos ser designado emperador vitalicio. El plebiscito es una de los mecanismos de la democracia directa, se consulta al pueblo sobre una propuesta, para que se manifieste en contra o a favor, la consulta popular busca que el ciudadano sea el que decida, Muchos autores sostienen que muchas veces este mecanismo termina eliminando el carácter deliberativo y reflexivo de la democracia y se puede convertir en un instrumento para la manipulación. Pero continuemos definiendo ¿qué es el neopopulismo? Este se concibe como una forma elevada de liderazgo político desarrollada por un líder carismático, el neopopulismo extrema la concentración de poder, el hiperpresidencialismo que se ha manifestado en América Latina, especialmente en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Colombia se presentó en el marco del debilitamiento de los partidos políticos y el desgate institucional. El neopopulismo es la personalización de la política, se margina a los partidos de su función de representar a la ciudadanía ante el Estado, y de canalizar y reflejar los intereses de sus afiliados. El hiperpresidencialismo significa que se toman más poder del que es aconsejable para el balance de poderes propio de la democracia (Latinobarómetro, 2009: 63). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

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La política neopopulista tiende a concentrar el poder en manos del ejecutivo, se apela a la defensa de la nación y se utiliza la reelección presidencial como mecanismo para continuar en el poder, muchas veces cambiando las Constituciones y minando la consolidación de la democracia. El neopulismo, lejos de ampliar los espacios de participación democrática los reduce a una forma de democracia delegativa. Se ignoran y se desprecian otras voces, las de las organizaciones sociales y sindicales y se despreocupa del fortalecimiento de la sociedad civil (formas organizadas de la población civil que buscan reivindicaciones sociales) preocupándose más por la opinión pública (Medina, 2010: 27).

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Chantal Mouffeen en su libro “La Paradoja Democrática” (2003: 20) sostiene que la democracia moderna reúne dos tradiciones: en primer lugar la tradición democrática que supone igualdad, identidad entre gobernantes y gobernados, y soberanía popular y la segunda, la tradición liberal; con su estado de derecho (imperio de la ley), separación de poderes, libertad individual, defensa de los derechos humanos y aceptación del pluralismo. Dos tradiciones que difícilmente se podrán reconciliar ya que traducen dos valores antagónicos: Igualdad y Libertad. El autor sostiene que resulta vital para la política democrática comprender que la democracia es el resultado de la articulación de estas dos lógicas que en última instancia son incompatibles y que no se puede reconciliar sin imperfecciones. Una preocupación que nunca puede superarse totalmente sino que se debe negociar constantemente. La primera tradición democrática recoge la voluntad general, allí se tiende al consenso a la unanimidad, a la homogeneidad, es el poder de las mayorías, es la voz del pueblo. La segunda defiende el pluralismo, la diferencia, se legitima la disidencia, la crítica, la oposición, es la emergencia de la libertad individual, aquí la diferencia es vista como una condición o posibilidad del ser. Es por lo tanto legítimo el conflicto y la división.

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La democracia moderna reside en el reconocimiento y en la legitimación del conflicto, la negativa a aceptar el conflicto implica siempre un orden autoritario (Chantal Mouffe, 2003: 126) afirma que para que funcione una democracia correctamente es necesario que exista una confrontación entre las diferentes posiciones políticas democráticas y esto requiere un debate sobre las posibles alternativas. El neopopulismo se identifica con la primera tradición; la democracia de las mayorías, de la soberanía popular, la voluntad general, generando un gobierno con poderes ilimitados, que vulnera la división de poderes, que cree que el consenso popular lo legitima todo. Por lo tanto tiene una “connotación plebiscitaria y antiparlamentaria que encuentra su expresión apropiada en el presidencialismo, un líder asumido como expresión directa de la soberanía popular (…) Es la idea de los hombres contrapuesta al gobierno de las leyes (…) una ilusión que siempre se reedita en los momentos de crisis de la democracia” (Ferrajoli citado por De la Torre, 2006: 103) Un líder garante de la soberanía del pueblo, un líder que no admiten la oposición ni la crítica, y que recurre constantemente a mecanismos de participación del pueblo, como son el referendo y el plebiscito para validar sus intereses. Uribe en su primer gobierno recurre al referendo y estaba dirigido contra la clase política (contra la corrupción y la politiquería) y también con el objetivo de realizar un ajuste fiscal, congelando el gasto público. El referendo proponía 15 preguntas y como era un tema tan complejo para el análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

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ciudadano común, se hizo mucha pedagogía sobre él y los colombianos a pesar del gran apoyo al expresidente no apoyaron la propuesta. También el gobierno recurre al referendo para la segunda reelección de Uribe como presidente, con el argumento de garantizar que la política de seguridad democrática continúe, estabilidad y continuidad a una buena gestión pública, era la justificación utilizada. Pero los amigos y los asesores del presidente defienden la reelección “porque el pueblo tiene derecho a prolongar el mandato de su líder”. (José Obdulio Gaviria citado por De la Torre, 2003: 85) Y por último, en el neopopulismo de corte neoliberal como el que se desarrolló en Colombia, se busca con afán la inversión extranjera y la política social se desarrolla a través de subsidios para los más pobres.

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Estos hechos configurados como una totalidad definen una perspectiva ideológica, podemos calificar a Uribe como de “derecha”, (Bobbio, 1994: 113) está se caracteriza como no igualitaria dispuesta a acertar el orden natural, enraizado en las costumbres y en la tradición. Y la segunda característica que plantea es entre la diada entre libertad y autoridad, Uribe privilegia claramente la autoridad. En el manejo económico se hizo evidente que valora más el desarrollo que la igualdad, de hecho aumento la inequidad en el país, a pesar de unos muy buenos años de crecimiento económico en el país, se hizo énfasis en la inversión extranjera, se le dio un trato preferencial a los empresarios, y Uribe fue agresivo e intolerante con la oposición, por todo esto lo podemos ubicarlo dentro del espectro político de derecha.

La corriente neopopulista en América Latina se ha desarrollado básicamente en dos vertientes una de corte neoliberal con Fujimori, Menen y Uribe a la cabeza y otra de corte izquierdista con Chávez, Correa y Evo, aunque encontramos elementos comunes en todos los casos, cada experiencia neopopulista, responde también a especificaciones propias de cada país y de cada presidente. Para hacer un resumen de las características del Neopopulismo, que mejor que recoger lo planteado por Enrique Gil Calvo (2007) en el diario el País de España. “es una variante del presidencialismo en la que no hay separación de poderes y toda la autoridad se concentra en la persona del dirigente electo ante el fracaso del sistema representativo. Pues cuando las masas populares no se sienten bien representadas en sus intereses reales por las instituciones políticas (los partidos, el Parlamento y los aparatos burocráticos del Estado), necesitan confiar sin mediaciones en algún dirigente cuyas características personales (origen familiar, extracción social, capacidad de expresión, carrera profesional) le hagan merecedor de la confianza popular. Entonces las elecciones se convierten en plebiscitos personales, el combate por el favor del público suplanta al debate de programas y la política se decide en función de la retórica mediática. (Stefan Breuer). Pero este populismo no es un factor desnaturalizador de la democracia, sino un efecto causado por la crisis de la representación política. Cuando el Estado de partidos fracasa, el vacío de legitimidad que así se crea es suplantado por la personalización de la política. De aquí arranca la doble matriz del populismo: del colapso del sistema representativo y de la capacidad personal del dirigente para dar respuesta al impasse, conectándose de tú a tú con el pueblo soberano sin mediaciones institucionales ni partidarias”. EL MANEJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Una de las características identificadas dentro del neopopulismo ha sido un efectivo manejo de los medios de comunicación, especialmente de la televisión. Estos medios se convierten en producanálisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

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tores y reproductores ideológicos, lo que muestran o difunden a través de sus imágenes y discursos ayudan a modelar o a definir la cultura política de una sociedad. Actualmente los políticos como estrategia fundamental de su gobierno, utilizan las modernas técnicas de marketing político especialmente las encuestas de opinión y en el neopopulismo se gobierna según lo dictado por ellas.

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Juan Carlos Gómez (2005: 5) sostiene en su artículo “Del régimen de comunicación política del presidente de Colombia” Álvaro Uribe Vélez que “Cuando los índices están altos anuncia medidas impopulares (una nueva reforma tributaria por ejemplo). Cuando las cifras son bajas, producen hechos que causan conmoción”. Hechos que causan conmoción en la opinión pública como son el de provocar o difamar a sus opositores a quienes considera sus enemigos, o hacer afirmaciones temerarias contra sus adversarios. La utilización de estas estrategias acordes a la situación nos muestra un plan calculado de comunicación. Es la mediatización de la política, la política es manejada y experimentada a través de los medios, es el predominio de lo discursivo y audiovisual en la construcción de la realidad política. El expresidente utilizaba constantemente los medios ya que estaba siempre en campaña, deseaba ser reelegido, nunca participó en debates con otros candidatos a la presidencia, en las ruedas de prensa no contestaba preguntas, e imponía su agenda a los medios. Como buen caudillo, el presidente Uribe era un hábil comunicador que logró a través del manejo de medios, especialmente de la televisión, una alta frecuencia de apariciones, era objeto de referencia para todos los políticos, los cuales amplificaban sus mensajes y le facilitaban la visibilidad. En Colombia los dos canales de televisión más importantes RCN y Caracol fueron favorables al gobierno de Uribe. Y como lo plantea Alejandra de Vengochea (2008: 147) “informar desde la perspectiva del presidente daba rating debido a su alta popularidad, su propuesta patriótica emocionaba y convocaba, además se recibían premios por los servicios prestados”

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Refiriéndose al respaldo de los medios de comunicación al gobierno de Uribe ha sugerido Daniel Coronel (2008: 98) “ante la casi total ausencia de independencia periodística se viene repitiendo, un ciclo perverso donde los medios de comunicación hablan maravillas del gobierno porque el gobierno es muy popular, y el gobierno es muy popular porque los medios hablan maravillas de él.” Uribe logró dar a conocer su discurso a través de la repetición permanente y constante, lo hizo durante 8 años, lo que reforzó una visión univoca de la realidad, monologismo oficial que pretendía tener la verdad, una verdad incuestionada, y que logró imponer a casi toda la sociedad colombiana su propia concepción de la realidad del país. Pero habría que decir también que el presidente Uribe utilizaba un discurso agresivo y pendenciero contra la oposición, que logró de alguna manera neutralizar toda objeción o crítica a su discurso, Uribe como un buen líder autoritario manejaba la consigna “el que no está conmigo está contra mí’. No admitía la oposición ni la disidencia, tanto el Polo Democrático como algunos miembros del Partido Liberal, las altas Cortes y algunos periodistas fueron víctimas de señalamientos peligrosos, seguimientos, amenazas, e interceptaciones telefónicas. Analizando su discurso encontramos que define con claridad un enemigo, la guerrilla de las Farc, al que hay que combatir y al que hace responsable de los males o problemas del país. Acabar análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

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con la guerrilla en su gobierno nos llevaría a lograr su segundo objetivo, la confianza inversionista y por último la cohesión social, un valor nos lleva a otro, seguridad, a confianza inversionista y por último a cohesión social. Este discurso o esta visión de la realidad creemos que logró imponerse por lo simple y por la repetición constante, para esto el expresidente contó con el apoyo de los medios de comunicación. NOTICIEROS Y VISIBILIDAD DEL CONFLICTO

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En el país tenemos un conflicto armado que se vive especialmente en algunas regiones del país, y que a veces es registrado por los noticieros de televisión y la prensa escrita, pero este registro de los medios pocas veces muestra los muertos, los heridos, los mutilados, los desplazados, las viudas, los huérfanos, lo que nos muestran la mayoría de las veces no es más que imágenes aéreas distantes de bombardeos, lo que pasa en tierra es invisibilizado, se minimizan el número de muertos y los estragos producidos tanto por los bombardeos como por las minas antipersonales y los combates, se busca vender la idea de que es un guerra fácil y que se está ganando. Además como lo sostiene Alejandra de Vengoechea (2008: 147) la información sobre el conflicto armado la ofrece sólo él gobierno.

Por lo tanto las visiones gubernamentales del conflicto terminaron primando también porque desde las redacciones de los periódicos se produjo un cierto alineamiento con las perspectivas gubernamentales. Curiosamente las “Unidades de Paz” que se habían creado en varios periódicos nacionales (El Espectador, El Colombiano, El Tiempo) para mejorar el cubrimiento periodístico del conflicto armado bajo la administración Pastrana (1998-2002), fueron desmanteladas progresivamente. También Álvaro Sierra (2008: 34-36) muestra como los medios de comunicación hacen eco de la premisa presidencial de “negar que exista un conflicto armado en el país”, y plantea el “peso cada día menor que tiene desde hace años en la agenda de los medios de comunicación la realidad del conflicto armado, en particular la de las regiones más afectadas por el mismo” y como se “destacan constantemente los elementos criminales del conflicto armado, el narcotráfico, los vínculos de las guerrillas con él, las nuevas bandas criminales como exclusivamente ligadas al negocio, el secuestro y minimizan otros, como el desplazamiento, el número de homicidios relacionados con el conflicto armado, los estragos de las minas antipersonas; todo ello con el objetivo de reducir el conflicto armado a un fenómeno de criminalidad que el gobierno viene combatiendo con éxito”. De incursiones paramilitares el registro en los medios de comunicación, es mucho menor a pesar de que es el grupo armado ilegal que más muertes se le atribuyen y que ha desplazado más colombianos. Los medios de comunicación le han dado amplia divulgación a las acciones delictivas de la guerrilla pero, no sucede lo mismo con las acciones de los paramilitares, la mayoría de los colombianos desconocen las numerosas masacres, los asesinatos selectivos, y la utilización de la tortura y de las violaciones a mujeres como una estrategia de guerra, utilizada por estos grupos. Prueba de ello fue la gran marcha ciudadana realizada en Febrero del 2008, contra el secuestro y las Farc, avalada por el gobierno y por los medios de comunicación, en contraste la pequeña marcha en Marzo de ese mismo año que reivindicaba las víctimas de los paramilitares y del Estado.

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MANEJO DE LA PRENSA

La estrategia que utilizó Uribe con la prensa amerita una descripción detallada, para esto retomaremos el texto de Cecilia Orozco (2010: 95) “Entre el cebo y el garrote”. El titulo describe la forma como ese gobierno manejó la prensa, el cebo para los directores y propietarios de medios, personajes que él consideraba importantes y que lógicamente no criticaban su gobierno y un discurso intimidatorio con agresivas acusaciones públicas a los que se atrevían a cuestionar sus actos o los de su gobierno. Un elemento importante y diciente de estos discursos y de la estrategia utilizada por el gobierno es que estos terminaban en una defensa de la libertad de prensa y una orden de protección de la vida de los periodistas, independiente de que fueran sus aliados o contradictores.

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El expresidente buscaba cubrirse ante eventuales acusaciones de Ongs y organismos nacionales e internacionales, de que en su gobierno no había libertad de prensa y de que no se protegía a los periodistas. Uribe contestaba a sus opositores con explosiones de rabia, contraataques verbales y groseros cada vez que era confrontado. Uribe optaba siempre por el choque frontal, así se enfrentó a Fernando Garavito, Alfredo Molano, Daniel Coronel, Ignacio Gómez, Gonzalo Guillén y el corresponsal del Newsweek Joseph Contreras. Todos sin excepción tuvieron que salir del país por amenazas contra sus vidas. El director de El Nuevo Herald periódico donde trabaja Gonzalo Guillén “contó que su diario recibió escritos amenazantes contra el reportero colombiano en los que se detallaba lugares que frecuentaba, para concluir que “allí mismo podría ser aniquilado” “(Citado por Orozco, 2010: 100). En cambio cuando el expresidente no era cuestionado o no era señalado por sus contactos con narcotraficantes, los periodistas eran premiados con cargos diplomáticos o contratos gubernamentales (Orozco, 2010: 100).

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Esta misma autora sostiene que esta estrategia demostró ser efectiva, se logró silenciar o minimizar hechos graves por parte de muchos periodistas, ya que ir contra el establecimiento era costoso y podía conllevar hasta la muerte. Aumentaron las estadísticas de intimidación en este gobierno, aunque disminuyó el número de asesinato de periodistas, hecho que era mostrado como un logro por el gobierno. Esa estrategia de intimidación cumplió su función, llevó a muchos periodistas a autocensurarse. (Orozco, 2010: 101) Según la Fundación para la Libertad de Prensa, citada por Orozco, en 2004 se registraron 39 amenazas, en 2005, 64; en 2006, 77; en 2007, 85. Era diciente el aumento progresivo de esta modalidad intimidatoria durante el gobierno de Uribe. Las amenazas produjeron desplazamientos, muchos reporteros tuvieron que huir a otras regiones para salvar su vida y algunos tuvieron que abandonar el país. MANEJO ECONÓMICO

Mientras que el populismo como se desarrollo en América latina se concentraba en promover el mercado interno buscando generar el desarrollo industrial del país y un proceso redistributivo importante, el neopulismo desarrollado por Uribe promovió el neoliberalismo que se inscribe dentro de un modelo de desarrollo capitalista que promueve las privatizaciones, el comercio mundial, y la competencia como mecanismo de crecimiento económico. Este modelo promueve la reducción del Estado, a través de las privatizaciones, y el desarrollo orientado hacia la búsqueda de la inversión internacional (confianza inversionista). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

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Uribe desde el primer día de gobierno buscó un aumento de la inversión y lo logró, obtuvo un 27 por ciento, pero el modelo que se consolidó estaba basado en el auge de la minería y el petróleo, sectores primarios donde prácticamente no se genera empleo ni valor agregado. Si a eso se suma que el gobierno tuvo que subir el gasto militar y que otorgó onerosas exenciones tributarias a los inversionistas y a los industriales, lo que queda es un modelo que débil, porque privilegia el capital por encima del trabajo. El desempleo era el lunar más grande del gobierno del presidente Uribe, ya que se encontraba en el 12 por ciento. “En el país no se ha creado un solo empleo formal desde 2006”, decía el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. La pobreza estaba en el 2010, en el mismo punto que en 2004, en 45%, y la indigencia se encuentra en 17%, la crisis económica mundial solía ser la explicación que el gobierno del expresidente le daba a este rezago que bajó de un tajo el crecimiento de 7 puntos a cero, pero tenemos que otros países de la región, como Brasil, Ecuador o Venezuela, si lograron bajar la pobreza y la indigencia y en cuanto a cerrar la brecha entre ricos y pobres esta subió a 0,58 dos puntos más de la situación anterior. Más grave aún si se tiene en cuenta que durante un lustro se creció por encima del 4 %, se vendieron importantes empresas del Estado y hubo ganancias extraordinarias por los precios del petróleo; todo esto se desaprovechó para generar una verdadera distribución de la riqueza (2) El país desaprovechó los años de crecimiento 2002-2007, que fueron años de alto crecimiento económico, de comercio internacional robusto y de altos precios en los productos básicos, se desaprovecho una oportunidad para haber construido una sociedad más justa y más equitativa. [140]

Los grandes beneficios de este crecimiento fueron a dar a los más ricos. La misma Misión Técnica (Misión para el Empalme de las series de empleo y desigualdad) concluye que durante los últimos seis años la distribución del ingreso y de la riqueza en vez de mejorar se deterioró aún más. La política económica desarrollada en el gobierno de Uribe logró que aumentara la desigualdad en el país, y favoreció una organización jerárquica de la sociedad, que es propio de personalidades autoritarias de derecha, estas doctrinas descansan en el principio de la desigualdad y elevan el problema del orden como el principal valor político. (3) LA RELACIÓN CON LA CORTE SUPREMA

El desarrollo del hiperpresidencialismo dentro del neopopulismo uribista ha traído constantes transgresiones a la institucionalidad democrática, en Colombia esto fue claro en los conflictos frecuentes que tuvo Álvaro Uribe Vélez con las Altas Cortes de la justicia. El gobierno de Uribe como voz hegemónica arremetió contra la rama judicial. Esto se hizo evidente especialmente durante el proceso de negociación con las autodefensas o paramilitares y con los procesos judiciales adelantados contra los miembros de sus partidos acusados por la parapolítica. Durante dos décadas, los paramilitares se aliaron con los políticos para adueñarse del control territorial y político. Los políticos acusados de esta terrible alianza, fueron en su mayoría uribistas que habían triunfado con su aval. Están en prisión un total de 17 congresistas, 4 ex congresistas y 11 autoridades locales. Otros 18 políticos tienen investigación preliminar, hay tres prófugos y casi dos docenas de políticos están metidos en el escándalo (De Vengochea, 2008: 141). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

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También fue acusado y apresado el jefe del principal organismo de inteligencia de Colombia el Das (Departamento Administrativo de Seguridad), bajo cargos de haber puesto su dependencia al servicio de los paramilitares. Uribe negocia con los paramilitares y para tal fin se crea la ley 975 de justicia transicional, llamada Ley de Justicia y Paz.

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Pero a pesar de que se aprueba la Ley de Justicia y Paz, el gobierno desea un mejor trato para los paramilitares, la primera inconformidad con la Corte surgió cuando la Sala Penal en sentencia del 11 de julio /2007, se negó a que el concierto para delinquir fuese considerado delito político, ya que el gobierno buscaba beneficiar a los paramilitares, “alegando que si los guerrilleros son delincuentes políticos, también lo eran los paramilitares” (Bejarano, 2010: 15). Uribe reaccionaba por los medios de comunicación, en una entrevista radial en Caracol el 27 de Julio del 2007 afirmaba “… aquí lo que hay es un sesgo ideológico en la Corte Suprema y uno no puede hacer que imperen los sesgos ideológicos sobre los intereses superiores del país…” sesgo ideológico porqué los guerrilleros si eran considerados delincuentes políticos y los paramilitares no, ya que es claro que no tienen una motivación política para sus acciones, Uribe cuestiona su imparcialidad y apego a la ley, lógicamente era Álvaro Uribe Vélez el hiperpresidente quien definía cuales eran los intereses superiores del país. Luego propuso tramitar una ley en el Congreso, (para eso tenía las mayorías, el 70%), que le permitiera resolver este impasse jurídico (Bejarano, 2010: 15). El gobierno entonces presentó un primer proyecto de ley para reformar la tipificación del delito de sedición (Artículo 468 del código penal) donde se adicionaba el siguiente texto: “Incurrirán en las mismas penas quienes, mediante el empleo de las armas constituyan grupos ilegales con la pretensión de sustituir a la fuerza pública para resistir o confrontar a grupos armados al margen de la ley que realizan conductas constitutivas de rebelión”.

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Realizado para incluir a los paramilitares como delincuentes político, luego dice que podrán recibir los beneficios de la ley 782/02, indulto y cesación de procedimiento, resolución de preclusión o de la instrucción, o la resolución inhibitoria a quienes confiesen y no haya sido condenados, que excluía a los servidores públicos, a las conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad y a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (Diario oficial 23 de diciembre del 2002). Este proyecto se cayó por la imposibilidad jurídica de sustituir la naturaleza del delito de sedición. Es importante anotar que este delito está comprendido dentro de los delitos políticos, que son tres: rebelión, asonada, y sedición, que se definen como hechos punibles delictivos que implican un ataque contra la organización política fundamental del Estado, como es el caso de los delitos contra un Régimen Constitucional. Sus autores, a quienes la jurisprudencia y la doctrina miran como “delincuentes por convicción”, pueden ser beneficiados con amnistías e indultos (4). Fracasado el proyecto de sedición para los paramilitares, el gobierno siguió insistiendo y buscó reformar el Código Penal, especialmente lo relacionado con el delito de Concierto para Delinquir, (cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres a seis años, ley 733 del 2002) para que los paramilitares fuesen juzgados por Concierto Simple y así tener derecho a penas cortas. Ya que Concierto Agravado no cobija delitos de Lesa Humanidad tales como: genocidio, secuestro tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato. Este Proyecto igualmente fracaso. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

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Uribe decide el 13 de Mayo del 2008 extraditar a 14 líderes paramilitares a los Estados Unidos, acusándolos de continuar traficando: “siguieron delinquiendo desde la cárcel e incumplieron los compromisos de la Ley de Justicia y Paz” (5)

Un reconocido analista observo cómo esta decisión “implicaba que para el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez era más grave exportar cocaína que masacrar personas. Y que este Gobierno privilegiaba su relación con los Estados Unidos frente a su deber de proteger los derechos de las víctimas de crímenes atroces” (Uprimny, 2008).

La versión oficial hace hincapié en que era muy difícil para la justicia colombiana juzgarlos, ya que tienen un gran poder corruptor debido a su dinero y a sus alianzas criminales, por lo tanto era mejor enviarlos a Estados Unidos. En estos años, la Ley de Justicia y Paz produjo pocos resultados: sólo dos condenas, reparaciones prácticamente inexistentes y verdades aún limitadas, por la extradición masiva de los jefes paramilitares y la falta de controversia de las versiones libres (Uprimny, 2010). Uribe también insultó a la Corte llamándola “clientelista, farsante, golpista contra el Estado de Derecho”, pero era Uribe el que no reconocía el Estado de Derecho, era él el que cuestionaba las acciones del poder judicial, negando así la división de poderes, elemento central e importante de cualquier democracia (Bejarano, 2010: 20). LA RELACIÓN CON LAS ONGS [142]

Esta estrategia de hostigamiento y de reprobación no fue usada solo contra la prensa y la rama judicial sino también contra ONGs, organismos internacionales y grupos de defensa de los derechos humanos, que no fueran benévolos con su gobierno. Un ejemplo de ello lo tenemos en la alocución de Uribe en la Escuela Superior de Guerra el 8 de septiembre del 2003

“Politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado… “Otros países en menores problemas los echaron de su territorio”

“Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilios de la Unión Europea y de otras entidades, simplemente para sostenerse porque han hecho de eso un modus vivendi”

El presidente acabo su discurso diciendo “General Lesmes: que los traficantes de derechos humanos no lo detengan” (Morris: 2010, 158).

Este pronunciamiento se debió a un documento publicado por más de 80 organizaciones de Derechos Humanos, donde se hacia un balance del primer año de gestión del gobierno de Uribe. Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo entonces que el “El efecto objetivo de estas declaraciones era incendiar el país y crear un clima de opinión en contra de los defensores y defensoras de los derechos humanos.” (Morris, 2010: 159) análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

Ese gobierno se caracterizó por una gran paradoja ya que tenia niveles de represión relativamente bajos, pero manejaba un discurso agresivo y amedrentador que ponía en peligro la vida de las personas. Pero quizás lo más escabroso del gobierno de Uribe fue la creación dentro del Departamento Administrativo de Seguridad Das, de un grupo especial de Inteligencia G-3 cuya principal actividad consistía en “labores de inteligencia en contra de las ONGs de derechos humanos, de la Corte Suprema de Justicia, de los partidos de la oposición y de periodistas” (Morris, 2010: 160).

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Según Hollman Morris, este grupo especial fue creado a finales del 2003 en el DAS, y sus funciones iban más allá de simples intercepciones y grabaciones telefónicas, implicaba; seguimientos, amenazas, campañas de desprestigio, presión, chantaje, seguimiento a familiares y hasta sembrar pruebas para judicializar (Morris, 2010: 160). En Colombia igual que en una dictadura, se desató toda una guerra política, contra todo aquel que no concordara con Uribe o con su gobierno, este hecho se encuentra todavía en proceso de investigación y aun no se sabe cómo va a concluir este escándalo ya que el Departamento Administrativo de Seguridad Das, depende directamente del Presidente de la República. ILEGALIDAD E ILEGITIMIDAD EN EL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Son muchas las acciones ilegales e ilegítimas que se han descubierto del gobierno de Uribe, haremos un breve recuento de las principales: el gobierno recurrió en la primera reelección a comprar congresistas (la así llamada Yidis política) para permanecer otros 4 años en el poder.

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El presidente Uribe y la coalición de gobierno no permitió que hubiese sanción política para los políticos y partidos involucrados en la parapolítica, se impidió la aprobación de la propuesta de la silla vacía, que consistía en que los congresistas perdieran su curul, devolvieran al Estado el dinero recibido por sus votos y que el partido tuviera una sanción. Y es lógico que se opusieran a estas sanciones ya que todos sus partidos tenían candidatos vinculados con la parapolítica, el partido de la U tenía 12 candidatos, el partido Conservador 12, el partido Liberal 5, Cambio Radical 5, Colombia Viva 3, Convergencia Ciudadana 3, Alas Equipo Colombia 2. Si esta propuesta hubiera sido aprobada los partidos Colombia Viva y Convergencia Ciudadana habrían perdido su personería jurídica. Si se aprobaba la propuesta de la silla vacía, el gobierno hubiera perdido la mayoría en el Congreso, fundamental para lograr la aprobación de sus proyectos. En el 2010 se creó un nuevo partido, el Partido de Integración Nacional (PIN), que nació de la alianza de partidos uribistas vinculados con la parapolítica. Como muchos de estos políticos se encuentran presos, son sus esposas, hermanas o hijos los que continúan haciendo política. Es un claro ejemplo de la falta de legitimidad, de respeto por la ley y por las víctimas de los paramilitares, por parte del gobierno. El discurso desarrollado por Uribe permitió el surgimiento de voces ancestrales dentro de la sociedad, voces que se pensaban estaban superadas, como lo es el resurgimiento del fervor religioso, el autoritarismo ligado a posiciones ultraconservadoras, evidenciadas en el rechazo al aborto, al reconocimiento de derechos de la población lgbt (lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas), y a la penalización a la dosis personal de mariguana. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

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Por último, Uribe concibió el “Estado de opinión”, consecuente con su talante neopopulista, y apoyándose en sus altos niveles de popularidad buscaba justificar su deseo de una nueva reelección presidencial.

“Necesitamos más Estado de opinión, en el cual la instancia judicial pueda ceder a la instancia de la gente, como en las audiencias públicas para la adjudicación de contratos (…). Un Estado de opinión supone una comunidad en permanente deliberación, y dispuesta a idear soluciones a los problemas “(Álvaro Uribe citado por De la Torre, 2005: 42)

El Estado de opinión manifiesta que “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Su Estado de opinión no contó con el apoyo de gran parte de la institucionalidad hecho que se evidencia en el editorial del Tiempo en su editorial de junio 23 del 2009, “la voz del pueblo, no es la voz de Dios, sino es la voz de los medios de comunicación, de los grupos de presión y quizás de políticas populistas como Familias en Acción”. La alusión a la expresión de que “la voz del pueblo es la voz de Dios” es eminentemente populista, ya que es la creencia en la supremacía de la voluntad del pueblo por encima de la ley, del Estado de Derecho. El Estado de opinión no es una fase superior del Estado de derecho, como afirmaba el presidente, es un Estado donde las mayorías confían ciega y torpemente en el presidente, sin importar que esto debilite la democracia y el Estado de Derecho.

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El Estado de opinión hace énfasis en la primera tradición democrática expresada por Chantal Mouffe; la tradición griega, la soberanía popular, la tiranía de las mayorías, y Uribe es el representante de la voluntad del pueblo, es el único garante de la soberanía del pueblo. (De la Torre, 2005: 46). CONCLUSIONES

¿Porqué Colombia escoge un candidato como Álvaro Uribe Vélez? Porqué en el país se dieron las tres premisas definidas por Gallardo (2006), falta de eficacia política, falta de seguridad, bajo rendimiento económico, pero la que tuvo una mayor influencia o peso fue indudablemente la falta de seguridad que vivía el país por culpa de las Farc, por lo tanto los colombianos escogimos un presidente que impusiera el orden, que brindará seguridad y votamos por el que propuso la guerra a las Farc. Son muchas las conclusiones que podemos tener, ya que muchas características del expresidente y de su gobierno encajan perfecto con la definición de populismo y de neopopulismo, tales como su liderazgo carismático y autoritario, el uso de un lenguaje retórico, moralista y maniqueo, y un discurso con componentes nacionalista. También era también un líder opuesto al statu-quo del momento, negociación con la guerrilla, fue el único candidato presidencial en el 2002 que planteó la guerra a la guerrilla. Uribe supo reconocer en ese momento histórico, la necesidad de los colombianos, por lo tanto el siente que es su líder y que encarna la voluntad del pueblo que lucha contra su enemigo las Farc. Uribe comenzó como todos los neopopulistas haciendo una crítica a los partidos y a la corrupción recuérdese el “referendo contra la corrupción”. Para hacerse reelegir cambio la Constitución como muchos otros presidentes (Chávez, Correa) y utilizó constantemente los medios de comunicación, especialmente la televisión para difundir análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

y repetir su discurso. Mantuvo también una relación directa con la población a través de 1.200 consejos comunitarios por todo el país. Su discurso era simple, sencillo y maniqueo, definía con claridad los buenos y los malos y su enemigo fue claramente definido, la guerrilla de las Farc.

democracia

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Álvaro Uribe Vélez populismo y neopopulismo

Del concepto de Neopopulismo para analizar al expresidente tenemos: 1. Líderes que se presentan como no políticos como outsider, Álvaro Uribe Vélez se presentó como independiente, a pesar de pertenecer al partido liberal. 2. Producen un gran debilitamiento de los partidos políticos 3. Hiperpresidencialismo: el expresidente fortalece la presidencia durante su gobierno, él es su gobierno, todos los otros miembros son sólo subalternos suyos. 4. Desarrollan una democracia que hace énfasis en la voluntad general, en el poder de las mayorías, la voz del pueblo, el Estado de opinión, generándose un gobierno casi con poderes ilimitados que vulnera la división de poderes, que cree que el consenso popular lo legitima todo. 5. Se recurre al referendo y al plebiscito 6. El Neopopulismo se ha desarrollado en América Latina de corte neoliberal como el de Uribe o de Fujimory y de corte izquierdista como Chávez, y Correa.

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7. Efectivo manejo de los medios de comunicación, se define a los presidentes como telepresidentes por sus constantes apariciones en los medios de comunicación especialmente la televisión. En Colombia los medios son afines al gobierno y terminan haciendo eco del discurso presidencial, que enfatiza que no existe conflicto armado en el país, si no terrorismo, destacando constantemente los elementos criminales del conflicto armado tales como los vínculos de las guerrillas con el narcotráfico y minimizan otros, Sierra (2008: 34-36). Pero no sucede lo mismo con las acciones paramilitares que no tenían una amplia difusión. 8. Pero Uribe desarrolló una modalidad del Neopopulismo que hace énfasis en el modelo neoliberal, ya que privilegia la inversión productiva, el mercado externo, y su política social esta focalizada en los más pobres a través de subsidios. El Neopopulismo se desarrollo en desmedro de la democracia liberal que hace énfasis en el Estado de derecho, en las leyes, en la división de poderes y en el respeto a la disidencia y a la oposición. Es importante anotar que el expresidente Uribe ha sido de los presidentes recientes en el país que ha contado con una mayor favorabilidad durante sus 8 años como gobernante, de haber sido aprobado el referendo para su reelección seguramente hubiera ganado nuevamente la presidencia. Y que continúa siendo una figura política importante, lográndose afirmar como el líder de la derecha en el país. ¿Qué elementos podrían explican el poder de seducción o convencimiento que tenía el expresidente? análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 127-147

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Primero: Uribe respondió a una necesidad sentida en ese momento por los colombianos la seguridad, después del fracaso de las negociaciones del Cagúan con las Farc. Segundo: fue el éxito que tuvo en su ofensiva contra las Farc, nunca antes ningún gobierno había podido dar golpes contundentes a esta organización, eliminar a varios miembros del Secretariado de las Farc, Uribe demostró que si era posible derrotar a la guerrilla. Uribe logró devolver la esperanza a los colombianos, el país volvió a ser viable, logrando despertar el fervor patrio. Creemos que esta ofensiva militar tan exitosa ha hecho posible que esta organización inicie un proceso de negociaciones con el gobierno de Santos. Otro elemento que puede explicar también su alta popularidad es su discurso político, un discurso simple, sencillo, fácilmente entendible para todos los colombianos, si tenemos que el discurso político es una interpretación de la realidad, el mundo escogido por el expresidente hacia énfasis en la seguridad, en la confianza inversionista y por último la cohesión social que en el gobierno de Uribe fue la política social. El discurso de Uribe estaba sustentado en el tema de la seguridad, y en la lucha contra el terrorismo, las Farc fueron denominadas de ahora en adelante como un grupo de narcoterroristas. El contexto internacional después del 11 de septiembre con los ataques a las torres gemelas en Estados Unidos, favoreció su discurso ya que se creó en el mundo la opinión que la violencia contra civiles desarmados no era aceptada, condenándose con fuerza el terrorismo.

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El discurso de Uribe lo podemos calificar como de “derecha”, está se caracteriza como no igualitaria dispuesta a acertar el orden natural, y entre la diada entre libertad y autoridad, se prefiere la autoridad. Dos características del gobierno de Uribe ya que se aumentó la inequidad en el país y se privilegiaba la autoridad sobre la libertad. (Bobbio, 1994: 113) De este pequeño ensayo sale otra conclusión importante es la necesidad imperante que tiene la sociedad colombiana de democratizar los medios de comunicación, especialmente la televisión, ya que es a través de este medio por el cual se divulga preferencialmente el discurso político, es necesario abrir los medios de comunicación a los diferentes discursos políticos, a las diversas visiones de la realidad del país, permitir un espacio a la reflexión, al análisis, a la crítica, a la oposición política, al intercambio de argumentos, para impedir que se imponga en la opinión pública una única lectura de la realidad del país. BIBLIOGRAFÍA BEJARANO, Ramiro, CORONEL Daniel, RESTREPO Juan Camilo, ZULETA Felipe, VALENCIA León, NAVAS Germán, OROZCO Cecilia, ISACSON Adam, MOLANO Alfredo, CEPEDA Ivan, MORRIS Hollman, VLADDO, (2010), Las perlas Uribistas. Reveladora radiografía del gobierno de Álvaro Uribe. Impreso en Nomos impresores. Colombia primera edición, p 15,20. BOBBIO, Norberto (1994), Derecha e izquierda. Taurus Editores. España, p.113 COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVERAR RESTREPO (2010). ¿Paramilitarismo o Sedición? Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía. www.viva.org.co. Consultado Abril 26. CORONEL, Daniel, (2008), Periodismo: control ciudadano sobre los centros del poder. En La palabra desarmada. Futuro del periodismo en Colombia. Corporación Medios para la Paz. Bogotá D.C. 2008, p. 98. DE VENGOECHEA, Alejandra. Telepresidentes (2008): cerca del pueblo, lejos de la democracia. (Crónicas de 12 presidentes latinoamericanos y sus modos de comunicar) Documento No 7 FES-C3 Omar Rincón. Editor Centro de Competencia en comunicación para América Latina. Friedrich Ebert Stiftung. Articulo el Misionera Enviado de Dios y el Finquero de Colombia. P 147,141. DE LA TORRE, Cristina (2005), Álvaro Uribe Vélez o el Neopopulismo en Colombia. La Carreta Editores E. U. Medellín, p 21, 106, 47, 25, 22, 103, 85, 42, 46.

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Entre los valores cosmopolitas e intereses estratégicos: discursos liberales y realistas de la política de seguridad internacional de Canadá durante la posguerra fría

Entre valores cosmopolitas e intereses estratégicos: discursos liberales y realistas de la política de seguridad internacional de Canadá durante la posguerra frÍa

Federmán Rodríguez M.

Federmán Rodriguez M.*

RESUMEN El propósito del artículo consiste en explicar los discursos liberales y realistas que han sustentado la Política de Seguridad Internacional de Canadá (PSIC) durante la posguerra fría. En especial, se ofrecen evidencias orientadas a demostrar que los gobiernos canadienses se debaten inevitablemente entre valores cosmopolitas e intereses estratégicos, al formular sus respectivas políticas de seguridad internacional. Luego de considerar, en el seno de la literatura sobre la PSIC, cómo se han estudiado las orientaciones liberales y realistas de esta política, se explican los discursos liberales y realistas específicos que han configurado las políticas de seguridad internacional de los gobiernos de Jean Chrétien (1993-2003), Paul Martin (2003-2006) y Stephen Harper (2006). Como una consideración final, se pretende dilucidar el modo progresivo en el que los distintos gobiernos canadienses han venido adoptando los intereses y valores cosmopolitas de Estados Unidos en materia de seguridad internacional. Palabras Clave: Canadá, Política de Seguridad Internacional, Realismo, Liberalismo, Posguerra Fría.

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AMONG COSMOPOLITAN VALUES AND STRATEGIC INTERESTS: LIBERAL AND REALIST DISCOURSES OF CANADA’S INTERNATIONAL SECURITY POLICY DURING POST- COLD WAR SUMMARY The purpose of the article is to explain the liberal and realist discourses that underpinned the Canadian International Security Policy (CISP) during the post-Cold War. In particular, it offers evidence to show that Canadian governments inevitably debate between cosmopolitan values and strategic interests in formulating their respective policies of international security. After considering how liberal and realist orientations of this policy have been studied in the literature on CISP, it explains the specific liberal and realist discourses that have shaped international security policies of the governments of Jean Chrétien (1993-2003), Paul Martin (2003-2006) and Stephen Harper (2006 -). As a final consideration, it intends to elucidate the progressive way in which the various Canadian governments have been adopting the United States’ cosmopolitan values and interests regarding international security. Keywords: Canada, International Security Policy, Realism, Liberalism, post-Cold War.

Profesor Principal, Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario, Bogotá-Colombia, Email: federman.rodriguez@urosario.edu.co.

análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 148-164

ISSN 0121-4705

Fecha de Recepción: 18/11/2013 Fecha de Aprobación: 18/05/2014

Federmán Rodríguez M.

INTRODUCCIÓN

Desde la Primera Guerra Mundial, Canadá se ha preocupado por contribuir a la construcción de la seguridad internacional. Como muchos países que buscan garantizar y ampliar su liderazgo en el ámbito mundial, Canadá se ha interesado por enfrentar –por medio de lo que podría denominarse su política de seguridad internacional– aquellas amenazas de orden doméstico, transnacional o global que en distintas regiones en el mundo han menoscabado la seguridad de los Estados y de sus respectivas sociedades. Dicha preocupación motivó a esta nación a participar en las dos guerras mundiales y a contribuir a la paz y la seguridad internacionales durante la Guerra Fría. En este último periodo, este país apoyó con ímpetu las operaciones de paz de las Naciones Unidas, promovió la no proliferación nuclear y abogó por el mantenimiento de canales multilaterales. Durante la década de los noventa, Canadá participó en las operaciones de construcción de seguridad en los teatros de operaciones más emblemáticos de la posguerra fría, como la antigua Yugoslavia. Al mismo tiempo, decidió animar un esquema alternativo al de la seguridad nacional que, inspirado en el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1994, le permitió defender los principios de la seguridad humana. Después del 11 de septiembre, Canadá se comprometió con la lucha contra el terrorismo y con la consecuente estabilización y eventual reconstrucción de Afganistán. Aún más, desde la llegada al poder de Stephen Harper como Primer Ministro, esta nación ha pretendido ampliar sus capacidades como guardián de la seguridad, lo que ha implicado abandonar la imagen histórica de la potencia media. Dado el alcance global de las decisiones, acciones y estrategias de los gobiernos canadienses en relación con la construcción de un mundo más pacífico, no es sorprendente que existan distintos aportes académicos encaminados a explicar la Política de Seguridad Internacional de Canadá (PSIC) (Rodríguez, 2013: 3-56). En el seno de estas investigaciones, el presente artículo pretende sustentar que la hipótesis histórica de que los gobiernos canadienses se debaten entre valores cosmopolitas e intereses estratégicos se ha mantenido vigente en la Postguerra Fría.

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Entre los valores cosmopolitas e intereses estratégicos: discursos liberales y realistas de la política de seguridad internacional de Canadá durante la posguerra fría

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Para cumplir con este propósito, se explican, en la primera sección, los discursos liberales y realistas que sustentan los valores cosmopolitas y los intereses estratégicos que pueden definir una política de seguridad internacional, en general, y la PSIC, en particular. Aparte de considerar las investigaciones de inspiración liberal y realista en el seno de la literatura sobre PSIC, se tienen en cuenta los aportes de Costas Melakopides, Kim Nossal y Allan Gotlieb, quienes han insistido que los gobiernos canadienses han interiorizado, al mismo tiempo, creencias liberales y realistas al formular sus respectivas políticas exteriores. En las siguientes secciones, se sostiene que los gobiernos de Jean Chrétien (1993-2003), Paul Martin (2003-2006) y Stephen Harper (2006-) mantuvieron su compromiso con los valores cosmopolitas defendidos tradicionalmente por los canadienses. Dichos valores han sido readaptados por medio de la agenda de seguridad humana, de las políticas de reconstrucción de países frágiles y fallidos y la promoción –y eventual imposición– de los valores democrático-liberales en países en conflicto. No obstante, se afirma que estos valores cosmopolitas han coexistido con los intereses estratégicos del país. Junto a la imagen de los canadienses como buenos ciudadanos del mundo, coexiste la imagen de un país interesado en mantener su seguridad económica, en ampliar su agenda de seguridad nacional y en reposicionarse en la configuración del poder mundial durante la postguerra fría. 1. DISCURSOS REALISTAS Y LIBERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL: COMPRENDIENDO LA PSIC

En el campo de las Relaciones Internacionales, hay por lo menos dos posturas que se han preocupado por teorizar las razones por las cuales los Estados se preocupan por contribuir a la seguridad análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 148-164

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y la paz internacionales. Por un lado, las corrientes liberales, en especial el internacionalismo liberal, pretenden sustentar que los Estados contribuyen a la paz internacional debido a que se sienten impelidos por su deseo de vivir en una comunidad o sociedad de Estados. De hecho, en el seno del pensamiento liberal han surgido razonamientos que motivan a los Estados a garantizar la paz como una máxima universal de comportamiento, por cuanto constituye un bien en sí mismo y, en consecuencia, una máxima expresión de la justicia internacional. Estas son preocupaciones que pueden ser inspiradas por valores cosmopolitas, entendidos como normas cuyo contenido ético –por lo menos para aquellos que los evocan– tiene un alcance universal y, por ende, son de obligatorio cumplimiento, independientemente de las circunstancias políticas (Lawler, 2013, Dunne y McDonald, 2013).

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Por otro lado, las corrientes realistas sostienen que la contribución de los Estados a la seguridad internacional solo puede efectuarse como resultado de un cálculo estratégico encaminado a satisfacer los intereses de una nación (Morgenthau, 1952). De hecho, este cálculo se encuentra constreñido por la configuración del poder mundial, es decir por la distribución de capacidades económicas, militares y/o nucleares en el ámbito internacional (Waltz, 1979). Aún más, dicha distribución puede motivar a los Estados a asumir estrategias defensivas u ofensivas para garantizar su seguridad nacional, lo que puede contribuir a la seguridad o a la inseguridad internacionales, ya sea porque se traduce en la construcción de múltiples equilibrios de poder o porque se expresa en disputas entre poderes con ambiciones hegemónicas (Mearsheimer, 2001; Taliaferro, 2000-2001). Estas son preocupaciones que pueden ser inspiradas por intereses estratégicos, entendidos como los elementos esenciales para garantizar calculadamente –es decir de acuerdo con las circunstancias específicas del orden internacional– la existencia y la calidad de vida de una nación (Morgenthau, 1952: 972, Buzan, 1991:432-433). Dadas las ambiciones globales de Canadá en el terreno de la seguridad internacional, no es sorprendente que, en el marco de la literatura sobre la PSIC, hayan aparecido líneas de pensamiento orientadas respectivamente a estudiar los valores cosmopolitas y los intereses estratégicos del país. El primer conjunto de investigaciones se ha preocupado por explicar la imagen altruista de la potencia media canadiense, en especial respecto de su enorme capacidad para construir consensos internacionales y contribuir al mantenimiento del orden internacional, ya sea mediante el irrestricto respeto por el derecho internacional, la promoción del multilateralismo o la contribución a la seguridad y la paz por medio de operaciones de peacekeeping (Nafey, 2007:15-35; Mackay, 1992; Keating, 1993; Nossal, 2010: 4). Así mismo, junto a estas investigaciones, existen estudios preocupados por entender los valores cosmopolitas de la PSIC. Dichas investigaciones se han orientado a explicar la proyección y consolidación de la agenda de seguridad humana canadiense, la contribución del país al desarrollo económico y la seguridad de aquellos Estados en proceso de construcción y la concepción jurídica canadiense centrada en la defensa de los derechos humanos (Irwin, 2001; Carment et al, 2006: 1-35; Barratt, 2006; Carvin, 2003). Un segundo conjunto de investigaciones, de inspiración realista, se han concentrado en precisar los principales intereses estratégicos explícitos o implícitos en la PSIC. En primer lugar, en el seno de esta corriente se ha sostenido que Canadá se compromete con las operaciones de seguridad internacional, debido a la necesidad no solo de mantener alejada la violencia internacional de Norteamérica, sino también de honrar las principales alianzas en las que participa, tal como las suscritas con los Estados Unidos (Holloway, 2006: 49-79; Bland y Maloney, 2004: ix-xiv y 1-30; Lagassé, 2008, Holland, 2012:53-55). En segundo lugar, se sostiene que el país se ha comprometido con las misiones de paz de Naciones Unidas y las operaciones militares de la OTAN, debido a que,

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por medio de aquellas, ha podido asegurar el pleno funcionamiento de sectores económicos en zonas de conflicto, en especial el minero, que son vitales para garantizar la prosperidad canadiense (Blackwood, 2006:85-99). Así mismo, la participación en estas misiones y operaciones le han permitido a Canadá asegurar, en algunos casos, la obtención de beneficios económicos de sus aliados, en especial de Estados Unidos, país con el que ha tejido un denso mercado comercial y financiero (Clarkson y Banda, 2003).

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Aunque los trabajos inspirados en los pensamientos realistas y liberales han sido útiles para interpretar la PSIC, aquellos, al escoger justamente una interpretación realista o liberal, no han sido suficientes para constituir una visión del conjunto de las preocupaciones de los gobiernos canadienses en materia de seguridad internacional. Es decir, no han sido capaces de entender al mismo tiempo los intereses estratégicos y los valores cosmopolitas que impulsan a los gobiernos canadienses. Sin embargo, este vacío ha sido llenado, por lo menos preliminarmente, por los planteamientos de Costas Melakopides, Kim Nossal y Allan Gotlieb, en la medida en la que han pretendido interpretar la posición internacional del país como el producto respectivamente de la armonización, la tensión y la eventual contradicción entre las posturas liberales y realistas canadienses. Costas Melakopides intentó conceptualizar las principales posiciones oficiales de distintos gobiernos canadienses desde la Segunda Guerra Mundial conforme a lo que denominó la perspectiva del idealismo pragmático. Dicha perspectiva pretendió entender la política exterior de Canadá como una articulación consistente entre las visiones de mundo realista y liberal. Para este autor, esta perspectiva permite defender los valores cosmopolitas, tales como “la primacía de la justicia; la satisfacción de las necesidades globales y humanas [y] la existencia de deberes más allá de las fronteras”, al tiempo que garantiza intereses nacionales, como la proyección de la imagen internacional del país como “uno de los actores internacionales más honorables, ilustrados y civilizados” (Melakopides, 1998:3-5).

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Kim Nossal (1999:786-789) ha sugerido que el planteamiento de Melakopides parece orientarse más a legitimar la política exterior de Canadá que a explicar realmente las ambiciones nacionales del país en el ámbito internacional. Así, Nossal plantea que las ambiciones de Canadá desde 1963 han oscilado, más bien, entre el realismo liberal y el idealismo moralista. El realismo liberal, que permite explicar sobre todo las acciones de los gobiernos de Pierre Trudeau, no sólo “entiende y acepta la importancia del poder en la determinación de los conflictos entre personas, comunidades y Estados en el ámbito global”, sino que también defiende “la diversidad y la heterogeneidad de las comunidades políticas en el sistema internacional contemporáneo”, lo que sugiere por demás el rechazo de aquellas tendencias antiliberales a universalizar el proyecto político de una nación (Nossal, 2007: 269 y 271-272). Por su parte, el idealismo moralista, que permite entender los gobiernos de Brian Mulroney, Jean Chrétien y Paul Martin, defiende la pretensión de algunas naciones a sustentar su comportamiento en máximas morales universales, en especial en lo que atañe a la justificación de sus decisiones conforme a una suerte de superioridad moral (Nossal, 2007:273-274). Allan Gotlieb, ex embajador canadiense en los Estados Unidos y antiguo Subsecretario de Estado para los Asuntos Externos, ha sugerido una interpretación mucha más crítica que la de Nossal y desde luego que la de Melakopides. Se ha preocupado más por las contradicciones entre las visiones de mundo realistas y liberales que por su mera “armonización” o “tensión”. Para Gotlieb, “cada nación necesita un psiquiatra”, y ello es particularmente cierto en el caso de Canadá que históricamente ha desarrollado una suerte de personalidad escindida. En efecto, Canadá parece encontrarse atraída por dos polos opuestos respecto de su rol en el mundo, a saber: análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 148-164

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“Un polo nos ata a la dura realidad, la realpolitik si se quiere, y nos hace querer de nuestros gobiernos que protejan el interés nacional cuando ellos tratan con otros Estados. Cuando los canadienses piensan en este sentido hablan en términos de nuestra soberanía, la seguridad, el territorio, el comercio, el crecimiento económico y la prosperidad. En contraste al polo del realismo, hay otro polo que atrae a los canadienses a una vocación idealista. Sus defensores tienden a tener una postura visionaria, prácticamente romántica, de nuestra posición en el mundo. La visión cambia de un periodo a otro, pero en su concepción más amplia, esta se sustenta en la misión de crear un mundo más justo, de promover la democracia, de reducir las desigualdades entre las naciones, de proteger las víctimas de la injusticia y de atenuar las condiciones de la pobreza y la opresión”(Gotlieb, 2004:1).

Los planteamientos de Melakopides, Nossal y Gotlieb permiten sustentar la idea de que cada vez que los gobiernos canadienses pretenden contribuir a la construcción de un mundo más seguro y pacífico se encuentran inspirados, cuando no condicionados, por visiones de mundo liberales y realistas, las cuales pueden ser armonizadas, mantener una relación tensa o ser contradictorias entre sí. Así mismo, a partir de estos planteamientos puede sostenerse que si se desea comprender la naturaleza y el alcance de la PSIC, el realismo y el liberalismo no deberían concebirse como “herramientas” que permiten organizar el análisis, sino como sistemas de creencias o discursos que le han impreso sentido a la concepción canadiense de la seguridad internacional.

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En consecuencia, parece necesario comprender el rol que juegan las ideas liberales y realistas, entendidas como creencias, en la definición del sentido de la “acción” de este país en materia de seguridad internacional. Para este ejercicio parece conveniente que el punto de partida sea la precisión de dos tipos de creencias que hacen posible comprender el sentido de esta acción, a saber: las creencias de principios y las creencias de causalidad, evocadas por cada gobierno. Las creencias de principios [principled beliefs] constituyen “ideas normativas que especifican los criterios para distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto” (Goldstein y Keohane, 1993:9). En el ámbito de la seguridad internacional, permiten a los actores definir lo que más valoran en el proceso de construcción de un mundo más seguro y pacífico, sean valores cosmopolitas o intereses estratégicos. Por su parte, las creencias de causalidad [causal beliefs] establecen el modo en el que los actores buscan lograr sus fines a través de la adopción de determinados medios, en función de la identificación previa de opciones disponibles (Goldstein y Keohane, 1993: 10). Cabe señalar que mientras las creencias de causalidad realistas suelen sugerir el fortalecimiento de las capacidades armadas y defensivas del Estado para garantizar la defensa nacional, las creencias de causalidad liberales suelen motivar a los Estados a abogar por la promoción de acuerdos institucionalizados en el ámbito internacional para garantizar la defensa de la libertad y la seguridad individuales. En las siguientes secciones, se pretende comprender las creencias de principios y de causalidad que sustentaron las respectivas políticas de seguridad internacional de los gobiernos de Jean Chrétien, Paul Martin y Stephen Harper. Ante todo, se pretende identificar el modo en el que dichas creencias fueron articuladas por sus discursos liberales y realistas en materia de seguridad internacional. 2. EL MANDATO DE JEAN CHRÉTIEN: ENTRE LA DEFENSA ÉTICA DE LA SEGURIDAD HUMANA Y LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ECONÓMICA

El 4 de noviembre de 1993, el liberal Jean Chrétien inició su mandato como Primer Ministro. Fue reelegido dos veces, en los años 1997 y 2000, y finalizó su gestión el 12 de diciembre de 2003. Durante esta década, los valores cosmopolitas y los intereses estratégicos que animaron la PSIC pueden ser comprendidos de acuerdo con los discursos de la defensa ética de la seguridad humana y de la consolidación de la seguridad económica de Canadá. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 148-164

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La defensa ética de la seguridad humana puede ser interpretada como un intento de este gobierno por hacer de la defensa de la seguridad de las personas en todo el mundo una máxima moral universal, en un momento en el que la supuesta paz, derivada del final de la Guerra Fría, había sido eclipsada por las crisis humanitarias en África y en los Balcanes. Fundamentándose en las creencias de principios expuestas en el Informe del PNUD de 1994, este gobierno sostuvo que la seguridad humana consistía en la protección de las personas tanto de “amenazas violentas” como “no violentas” y, por ende, implica una condición “caracterizada por la libertad de las omnipresentes amenazas a sus derechos, su seguridad e incluso sus vidas” (Canadá, 1999). Así mismo, este gobierno consideró que aunque los conceptos de la seguridad humana y el desarrollo humano no son sinónimos, juntos permiten constituir el doble propósito de un esquema de seguridad concentrado en los individuos: la libertad frente al miedo y la libertad frente a las carencias (Canadá, 1999). No obstante, este gobierno le apostó mucho más a la primera libertad, debido a que implícitamente consideró que era menos ambicioso que contribuir a la segunda. En efecto, mientras que la libertad frente al miedo se encuentra asociada a la protección de la violencia física, la libertad frente a las carencias depende de factores de orden estructural y de largo plazo (Tigerstrom, 2007:28-29). Siguiendo una suerte de enfoque misionero (Hampson y Dean, 1998), la propuesta de la seguridad humana pretendió ampliar significativamente la agenda canadiense de seguridad internacional, al incluir varias creencias de causalidad. Canadá mantuvo su compromiso tradicional con las operaciones de mantenimiento de paz; con la construcción de un orden jurídico internacional, orientado a la consolidación de un orden más pacífico; y con los programas de asistencia humanitaria y de desarrollo económico (Gotlieb, 2004). Ante todo, volcó buena parte de sus esfuerzos a constituirse como un norm-entrepreneur, en especial como el líder de la construcción de las normas internacionales que alimentan lo que podría denominarse la comunidad de la seguridad humana. Por medio de una consistente actuación multilateral, este gobierno se concentró de manera particular en la promoción del Tratado de Prohibición de Minas Terrestres Anti-persona; la consolidación de la Corte Penal Internacional y la adopción de la Responsabilidad de Proteger como una regla internacional (Tomlin et al, 2008: 222-229).

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Al mismo tiempo, el gobierno de Jean Chrétien justificó su política de seguridad internacional en la consolidación de la seguridad económica de Canadá. Desde luego, para el gobierno de Jean Chrétien, la desaparición del “peligroso pero predecible” orden bipolar hacía necesario que Canadá respondiera tanto a amenazas tradicionales como de “nuevo orden” con el propósito de garantizar su seguridad nacional (Canadá, 1994; Canadá, 1995). Sin embargo, este gobierno se preocupó de manera significativa por la seguridad económica de Canadá. La adopción de este discurso significó que la prosperidad, que dependía sustancialmente del acceso a mercados comerciales, sería concebida como un asunto de seguridad por cuanto no sólo garantizaría niveles aceptables de bienestar sino también de poder estatal. De acuerdo con la lógica del gobierno de Jean Chrétien, esta preocupación era justificable debido a los constreñimientos fiscales que pesaban sobre la gestión gubernamental y a la nueva configuración del poder internacional, expresada durante la década de los noventas principalmente en términos económicos (Canadá,1994; Canadá, 1995). El discurso de la seguridad económica justificó la adopción por parte de este gobierno de tres tipos de creencias de causalidad. La primera creencia consistió en que la prosperidad económica de Canadá en un mundo altamente globalizado obliga al país no sólo a contribuir al buen funcionamiento de la economía global sino también al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Para este gobierno era indispensable promover la paz particularmente en aquellas regiones en los que el país tiene intereses económicos (Canadá, 1995). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 148-164

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La segunda creencia de causalidad consistió en que la seguridad económica de Canadá depende de la búsqueda prácticamente insaciable de oportunidades comerciales. Esta postura constituyó una lógica ambiciosa que en algunos casos llegó incluso a contradecir el compromiso de este gobierno con las creencias de la seguridad humana. No solo condujo a privilegiar relaciones comerciales con países reconocidos internacionalmente por su poco compromiso con los derechos humanos, tales como China e Indonesia (Smith, 2001, 84-85), sino que también promovió la inversión de sus empresas mineras en países cuyo conflicto armado pudo haberse agravado como resultado de dicha inversiones, tales como el caso de Talysman Energy en Sudán (Blackwood, 2006: 88-92).

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La tercera creencia de causalidad consistió en que la búsqueda de competitividad internacional como condición de la maximización del poderío nacional hace inevitables los tratados de libre comercio. Esta postura redundó en el interés de este gobierno de participar activamente en la construcción y en la efectiva implementación de la Organización Mundial del Comercio. Se expresó igualmente en el interés no sólo de negociar la posibilidad de eliminar las barreras comerciales entre Europa y Norteamérica, principalmente en el sector agrícola, por la vía de la suscripción de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el NAFTA, sino también de aumentar las oportunidades comerciales en Asia-Pacífico y Latinoamérica (Canadá, 1995). Cabe señalar que en relación con Norteamérica, el principal temor de este gobierno en materia de seguridad económica se derivó del sistema comercial que su vecino pretendió imponer en el hemisferio. Denominado como el sistema de los cubos y los rayos [hub and spoke], este sistema implicaba la suscripción de acuerdos comerciales que beneficiaban prioritariamente al cubo, que correspondía a los Estados Unidos, pero que iban en detrimento de los rayos, los otros países contratantes (Perret, 2001: 346-347). Aunque los discursos de la seguridad humana y la seguridad económica fueron fundamentales en el proceso de formulación y ejecución de la política de seguridad internacional de Canadá en este momento, el gobierno de Jean Chrétien consideró inevitable el aceptar igualmente la retórica de la lucha contra el terrorismo del gobierno del Presidente George W. Bush después del 11 de septiembre, teniendo en cuenta que Estados Unidos era su principal socio comercial. Desde luego, este gobierno rechazó algunas creencias de principios del discurso neoconservador que sustentó la visión estadounidense de la seguridad internacional, en especial aquellas concernientes al mantenimiento de un orden unipolar después de la implosión de la Unión Soviética. De hecho, se opuso tajantemente a la pre-emptive doctrine, la cual no solo planteaba la necesidad de actuar en contra de “la capacidad terrorista de atacar antes que aquella pudiese ser utilizada y más aún antes de que fuera adquirida”(Wedgwood, 2003: 583), sino ante todo socavaba implícitamente el trabajo multilateral de Canadá en relación con la construcción de la paz y la seguridad internacionales (Chrétien, 2003). Por esa razón, este gobierno se opuso a la invasión estadounidense en Irak en 2003, encaminada a cambiar el régimen de Saddam Hussein, que se presumía tenía armas de destrucción masiva. Sin embargo, este gobierno aceptó las creencias de causalidad de la lucha contra el terrorismo, asociadas a las ideas de la prevención, frente a los posibles y potenciales ataques terroristas que pudieran perpetuarse en Norteamérica, y del castigo, en relación con la justificación de la intervención militar orientada “a destruir el régimen Taliban en Afganistán” (Clarkson y Banda, 2003: 2). En relación con la adopción de estrategias preventivas, este gobierno se propuso presentar un paquete legislativo que pretendía emular el USAPATRIOT Act (Acta Anti-Terrorista de los Estados Unidos), así como armonizar sus políticas de seguridad, de migración y de inteligencia con su vecino (Raj, 2007: 158- 159). Respecto de las creencias de causalidad asociadas a la idea del castigo, el gobierno de Jean Chrétien fue uno de los primeros en apoyar la intervención militar en Afganistán, en una clara demostración de solidaridad frente a los Estados Unidos (Boucher, 2009: 723)

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Al considerar los discursos liberales y realistas que sustentaron la política de seguridad internacional del gobierno de Jean Chrétien, cabe preguntarse qué tan contradictorios fueron sus valores cosmopolitas y sus intereses estratégicos. Teniendo en cuenta solo la retórica gubernamental, podría señalarse que la pretensión de consolidar la prosperidad económica de Canadá no contradijo los impulsos humanitarios del país. En la medida en que este gobierno se ocupó –de acuerdo con sus posibilidades– del buen funcionamiento de la economía internacional, pudo haber contribuido directa e indirectamente a las exigencias de la provisión de la seguridad humana en un mundo globalizado. Sin embargo, lo cierto es que la búsqueda insaciable de mercados comerciales contradijo ampliamente las creencias de principios y de causalidad de la seguridad humana canadiense.

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Ahora bien, después del 11 de septiembre, las contradicciones evidentes entre los discursos de la seguridad humana y la seguridad económica fueron superadas en el momento en el que el gobierno de Jean Chrétien decidió adoptar, como nuevo referente de su política de seguridad internacional, el sistema de creencias de la lucha contra el terrorismo. Aún más, aunque esta decisión habría implicado superar los discursos de la seguridad económica y la seguridad humana, este nuevo sistema de creencias fue coherente con el primero y no contradijo, por lo menos directamente, el segundo. En efecto, la alianza estrategia con los Estados Unidos aseguró el permanente acceso de Canadá al mercado de dicho país, y, al mismo tiempo, no implicó abandonar la retórica de la seguridad humana, la cual, de hecho, fue invocada en el momento en el que Canadá decidió intervenir en Afganistán. 3. EL MANDATO DE PAUL MARTIN (2003-2006): ENTRE EL LIBERALISMO FUNCIONALISTA Y LA SEGURIDAD NACIONAL COMPREHENSIVA

El 12 de diciembre de 2003, Paul Martin, Ministro de Finanzas entre 1993 y 2002 y vehemente contradictor político de Jean Chrétien, inició su mandato como Primer Ministro de Canadá. Finalizó su gestión el 6 de febrero de 2006, luego de ser derrotado en las elecciones de enero de ese mismo año. Durante estos años, los valores cosmopolitas y los intereses estratégicos que animaron la PSIC pueden ser comprendidos de acuerdo con los discursos de la reconstrucción liberal-funcional de los Estados Frágiles y Fallidos (EFF) y de la seguridad nacional comprehensiva.

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El discurso de la reconstrucción liberal-funcional de los EFF fue el resultado de la articulación de creencias de principios liberales y creencias de causalidad funcionalistas. Por un lado, el gobierno de Paul Martin pretendió promover los valores liberales de Canadá en estos países, partiendo del supuesto de que la construcción exitosa de la comunidad política canadiense podría constituir una guía ineludible para estos países en formación. En particular, este gobierno intentó estabilizar y reconstruir estos países fundamentándose en los principios de la paz, el orden y el buen gobierno, los cuales le habían dado sentido al orden constitucional canadiense desde 1867 (Maclean, 2006: 63-72) De hecho, en el documento insignia de la política exterior de este gobierno, el International Policy Statement (IPS), se estableció que “el compromiso con la paz, el orden y el buen gobierno [han hecho que Canadá sea] una vibrante y prospera comunidad política [que] ha aprendido cómo constituir compromisos efectivos y sustentados, integrando grupos e intereses dispares para servir a un propósito común [lo que es fundamental para guiar] su compromiso con otras sociedades alrededor del mundo [en especial para construir] un mundo más seguro y justo” (Canadá, 2005a:4). Por otro lado, este gobierno adoptó las creencias de causalidad funcionalista debido a que aceptó no solo la existencia de países disfuncionales que por “necesidad” deben ser intervenidos, teniendo en cuenta su efecto desestabilizador para la seguridad internacional y global, sino también que dichos países pueden ser estabilizados por medio de “estrategias de derrame” que los pueden hacer más análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 148-164

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gobernables. Para este gobierno, fue necesario articular esfuerzos gubernamentales en materia de defensa, diplomacia y desarrollo. Tal convicción quedó materializada por medio de su propuesta del enfoque de las “3D” (Canadá, 2005a: 20). Este enfoque no sólo evocó la necesaria integración de las actividades entre departamentos sino que también exigió una nueva forma de concebir la diplomacia, la defensa y el desarrollo. Los esfuerzos en el ámbito diplomático, el primer eslabón de la estrategia funcionalista, estuvieron al servicio de la defensa de la Responsabilidad de Proteger, en especial de la idea de que no debía protegerse regímenes genocidas amparados bajo el principio de la soberanía. La nueva interpretación de la defensa, pensada como el segundo eslabón, se expresó en la ampliación del rango de acción de las fuerzas canadienses, las cuales serían preparadas ahora no sólo para las operaciones en combate, sino también para el mantenimiento de la paz y la asistencia humanitaria (Canadá, 2005b:8; Carment, 2005: 16). La articulación de estos tres frentes estratégicos fue conocida como la doctrina Three-Block War (Desrosiers y Lagassé, 2009: 672). La intervención de Canadá y sus aliados en los EFF, amparada bajo el principio de la Responsabilidad de Proteger y sustentada en las renovadas capacidades de las fuerzas armadas, allanaría el terreno para el tercer eslabón de la estrategia, correspondiente a las tradicionales estrategias de desarrollo internacional implementadas por Canadá (Canadá, 2005c: 1 y 12-13).

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Aparte de pretender reconstruir en términos liberal-funcionalistas los EFF, el gobierno de Paul Martin intentó articular un conjunto de acciones, decisiones y estrategias bajo el discurso de la seguridad nacional comprehensiva. Este discurso se sustentó en dos creencias de principios. La primera correspondió a la idea de que era preciso reconocer las diversas amenazas que ponían en peligro a la nación, entendida ahora como el principal objeto de referencia de la actuación gubernamental en materia de seguridad. Desde luego, después de los atentados en Estados Unidos del 2001 y en España del 2004, las principales preocupaciones de este gobierno se concentraron en el terrorismo internacional y los fenómenos que lo causaban o lo propiciaban. Dichos fenómenos correspondieron al extremismo religioso, los movimientos secesionistas violentos y a la existencia de Estados patrocinadores del terrorismo. Además, este gobierno consideró que los grupos terroristas podían tener acceso a armas de destrucción masiva, se beneficiaban de las redes del crimen organizado y usaban como santuarios a los EFF. Aparte de preocuparse por el terrorismo, este gobierno incluyó en la agenda de seguridad nacional a los desastres naturales, que habían afectado a distintas regiones en Canadá; la vulnerabilidad de la infraestructura energética, que se había hecho evidente con la falla eléctrica del 2003; y las pandemias, que fueron objeto de atención luego del brote de SARS en el 2003 (Canadá, 2004: 6-8 y 48-49; Canadá, 2005a). La segunda creencia de principio consistió en la necesidad de concebir, en una misma agenda, las amenazas a la seguridad personal y a la seguridad internacional, con el propósito de garantizar de manera idónea e integral la seguridad de la nación. Desde luego, este gobierno procuró ser consecuente con las demandas propias de un mundo globalizado que exigía considerar al mismo tiempo la seguridad en otros ámbitos. Sin embargo, la seguridad en los ámbitos personal e internacional fue concebida en función de la seguridad de la nación en la medida en que fueron tratadas como complementos, mas no como prioridades en el marco de la política de seguridad internacional (Canadá, 2004: 4). La adopción de un enfoque comprehensivo de seguridad nacional construido conforme a estas creencias de principios condujo a este gobierno a considerar que la mejor estrategia para responder a las exigencias de su agenda de seguridad nacional era contribuir al mismo tiempo y de manera integral a la seguridad interna [homeland security], a la seguridad norteamericana y a la seguridad internacional –particularmente en lo que respecta al terrorismo internacional y a sus amenazas

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conexas. En especial, este gobierno adoptó tres creencias de causalidad que le imprimieron sentido a la puesta en marcha de su esquema comprehensivo de seguridad nacional, a saber: 1) La seguridad nacional depende de un sistema organizacional integrado que permita garantizar la seguridad de la sociedad y el Estado canadienses; 2) la profundización de las relaciones de interdependencia con su vecino del sur es necesaria como estrategia para garantizar su seguridad interna y nacional; y 3) la estabilización y reconstrucción de los EFF constituye una estrategia inevitable para evitar que se conviertan en santuarios para aquellos grupos o redes terroristas que puedan perpetrar ataques en territorio canadiense. Sobra aclarar que la priorización de estos ámbitos de seguridad pueden ser leídos como la respuesta canadiense a la nueva concepción de “defensa activa y por capas” que quedó consagrada en la Strategy for Homeland Defense and Civil Support (2005) y en la National Defense Strategy (2008) de los Estados Unidos. Como lo han resumido Sokolsky y Lagassé (2005/2006:16), la concepción de defensa estadounidense orientada principalmente a luchar contra el terrorismo incorpora en efecto tres capas: La primera capa corresponde al territorio estadounidense, en el que se usan políticas de seguridad interna y de inteligencia y procedimientos judiciales concernientes a la aplicación de la ley y el encarcelamiento, lo que en Canadá se tradujo en la creación del Department of Public Safety and Emergency Preparedness, fiel emulación del Department of Homenland Security de Estados Unidos. La segunda capa corresponde al territorio de los aliados de Estados Unidos así como a su mar territorial y sus fronteras, lo que implica la negociación y suscripción de acuerdos en materia de seguridad y defensa con ellos. Esta capa de defensa se tradujo en la construcción del Security and Prosperity Partnership of North America en el 2005. La tercera capa corresponde al ámbito global en el que Estados Unidos pretende no solo prevenir posibles ataques de grupos terroristas y de Estados Bribones en el territorio estadounidense sino también eliminar la capacidad para que dichos enemigos puedan perpetrarlos (Sokolsky y Lagassé, 2005/2006: 16). En este frente el gobierno de Paul Martin, planteó, tal como lo hizo su vecino, que la seguridad canadiense se encuentra vinculada con la de los EFF, debido a que constituyen santuarios para grupos terroristas y redes criminales que pueden llegar a atacar el territorio norteamericano (Canadá, 2005b:5; Canadá, 2004: 47). Por esa razón, este gobierno se comprometió aún más con la intervención en Afganistán iniciada en 2001(Chapin, 2010: 194-195; Murray y McCoy, 2010).

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Al valorar los discursos realistas y liberales que sustentaron la política de seguridad internacional del gobierno de Paul Martin, cabe preguntarse el grado en el que los valores cosmopolitas y los intereses estratégicos de este gobierno fueron contradictorios o si, más bien, mantuvieron una relación tensa entre sí. En primera instancia, podría sostenerse que estos discursos tendieron a ser contradictorios, en especial si se consideran las creencias de principios que los animan. Ante todo, debe señalarse que el discurso liberal-funcionalista que responde a los tradicionales impulsos cosmopolitas y liberales de Canadá fue menoscabo por intereses estratégicos, en especial los que atañen a la seguridad y la defensa de la nación canadiense. Si la principal orientación de este gobierno hubiera sido de carácter liberal-funcional habría podido advertirse un involucramiento mayor en Sudán y en Haití, tal como sucedió en Afganistán. Además, como ha sido señalado, para este gobierno la participación en la estabilización y reconstrucción en Afganistán no respondió tanto a los impulsos cosmopolitas y liberales como a la necesidad de fortalecer las relaciones estratégicas con los Estados Unidos. Sin embargo, si se consideran las creencias de causalidad de estos dos discursos, en especial su grado de compatibilidad, puede sostenerse que dichas creencias animaron estrategias e ncaminadas análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 148-164

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a un mismo fin: estabilizar y reconstruir EFF, a pesar de que dicha prioridad hubiera sido consumada en la práctica en un solo teatro de operaciones: Afganistán. No es fortuito que este gobierno se hubiera preocupado por articular sus esfuerzos en materia de seguridad, diplomacia y desarrollo en el IPS. En suma, al suponer fuerzas opuestas que se atraen, estos discursos pueden ser leídos como racionalidades que mantuvieron una “tensión” permanente en el seno de la política de seguridad internacional de este gobierno. 4. EL MANDATO DE STEPHEN HARPER (2006-): ENTRE EL PEACE-BUILDING DEMOCRÁTICO-LIBERAL Y EL REPOSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El 6 de febrero de 2006, Stephen Harper, el líder del reconstituido Partido Conservador, inició su mandato como Primer Ministro de Canadá. Durante estos años, el gobierno de Stephen Harper ha diseñado una política de seguridad internacional que podría ser considerada como una de las más robustas de la historia canadiense reciente, por lo menos si se considera el fortalecimiento de las Fuerzas Canadienses (FC) planteado en la Canada First Defense Strategy (CFDS). Dicha estrategia permitió formular una política de seguridad internacional sustentada en los discursos del peacebuilding democrático-liberal y del reposicionamiento estratégico, los cuales definieron respectivamente los valores cosmopolitas y los intereses estratégicos de este gobierno.

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El discurso del peace-building democrático-liberal podría ser considerado como el resultado de la tradición de Canadá orientada a promover en el ámbito internacional los valores emblemáticos de su sistema político. Sin embargo, aquel, a diferencia de las posturas de los gobiernos anteriores, ha supuesto desplazar las creencias liberales asociadas a las imágenes de un peace-keeper o de un norm entrepeneur, en favor de las creencias liberales propias de un peace-builder, que se preocupa no solo por proyectar sino también por imponer los valores de la democracia liberal en zonas en conflicto. Así mismo, a diferencia de los gobiernos liberales anteriores, que pretendieron proyectar las creencias de principios de la paz, el orden y el buen gobierno, el gobierno de Stephen Harper ha buscado promover las creencias de la libertad, la democracia y los derechos humanos (Harper, 2006a; Harper, 2006b; Harper, 2007; Harper, 2008). Es decir, ha abandonado progresivamente las creencias de principios colectivistas del orden constitucional canadiense y ha adoptado, con mucho más ahínco, en el marco de la definición de su contribución a la seguridad internacional, los valores individualistas del orden constitucional defendido por los Estados Unidos, lo que contradeciría la conocida hipótesis de Seymour Lipset (1993) sobre las tradicionales diferencias entre las instituciones canadienses y estadounidenses. Tal decisión parece encontrarse al servicio no solo de la necesidad de integrarse a las estrategias de peacebuilding de sus aliados, en especial los Estados Unidos, sino también de ampliar su protagonismo en teatros de operaciones como el afgano (Harper, 2006b; Harper, 2007). Estas creencias de principios se tradujeron en una creencia de causalidad inicial: la necesidad de que Canadá mejorara su capacidad de reconstrucción democrático-liberal conforme al esquema whole of government. Sobra aclarar que este esquema, adoptado por distintos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pretende justificar el despliegue de una acción intra e intergubernamental coordinada, orientada a estabilizar y reconstruir países fallidos. Al partir del supuesto de que las amenazas consustanciales a la debilidad institucional de los EFF se encuentran interconectadas, sean de orden militar, económico o societal, este enfoque plantea la necesidad de intervenir dichos países por medio de una acción que coordina “actores, instrumentos [e] incentivos” (Röder, 2008: 185). Aunque esta creencia de causalidad puede ser considerada como una estrategia para continuar adoptando el espíritu de las “3D”, el Gobierno de

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Stephen Harper no ha pensado la estabilización y la reconstrucción de estos países de acuerdo con la misma lógica funcionalista de su antecesor. Antes que preocuparse por la integración de funciones entre las agencias gubernamentales, este gobierno ha adoptado el esquema whole-of-government para concentrar las decisiones en manos del Primer Ministro. Dicha postura, que se ha traducido en un marcado “tono autoritario” del Ministro Harper, ha sido justificada por la necesidad de garantizar la coordinación efectiva de los exigentes procesos de reconstrucción de naciones (Noble, 2008: 38-40; Wright, 2009: 62 y 76; Röder, 2008: 228).

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La segunda creencia de causalidad liberal animada por este gobierno ha supuesto que la reconstrucción democrático-liberal de naciones en conflicto demanda la promoción de un esquema democrático, centrado en los ciudadanos, la conformación del estado de derecho y la construcción de un entorno institucional encaminado a la prevención del conflicto. De hecho, estas han sido las prioridades de uno de los programas centrales de este gobierno para contribuir a la paz y la seguridad internacionales, a saber: el Glym Berry Program, que recibió esta denominación en memoria del diplomático canadiense muerto tras un atentado con un carro bomba en Afganistán en enero de 2006 (Canadá, 2008a). Aparte de adoptar el discurso del peace-building democrático-liberal, este gobierno sustentó su política de seguridad internacional en el discurso del reposicionamiento estratégico. Las creencias de principios de dicho discurso implicaron la intención de sustituir la imagen de Canadá como “potencia media” por la de “potencia principal”, lo que supuso la búsqueda de un mayor protagonismo en la escena internacional, así como una ruptura con la tradicional cultura diplomática y estratégica canadiense despreocupada por el mejoramiento de la posición internacional del país (Dewitt y Kirton, 2008:30). Con el nuevo propósito de mejorar la capacidad y el poderío relativo del país, el gobierno de Stephen Harper ha sustentado su política de seguridad internacional en las creencias de principios propios de un guardián global de la seguridad. Es decir, este gobierno ha pretendido convertir a Canadá como un país capaz no sólo de contribuir al mantenimiento del orden internacional en calidad de mediador sino también de intervenir militarmente países y regiones en conflicto (Harper, 2007a; Kirkey y Ostroy 2010:208).

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Vale recordar que durante la posguerra fría, los guardianes de la seguridad internacional, en especial los Estados Unidos, junto con los miembros más poderosos de la OTAN, han definido como una creencia de causalidad central la readaptación de sus fuerzas militares, en especial en términos de su organización, entrenamiento y equipamiento. Esta renovación de capacidades defensivas ha sido concebida para responder a un nuevo ambiente de seguridad internacional en el que coexisten diferentes amenazas, riesgos y peligros a la seguridad de los Estados y de sus respectivas sociedades, cuya interrelación ha sido posible debido a la emergencia de lo que ha venido a denominarse como las “nuevas guerras” (Bredow, 2010: 170 y 173). Estas guerras son nuevas porque a diferencia de las guerras interestatales ya no ocurren en territorios plenamente definidos; las partes en conflicto son más difíciles de combatir debido a su irregularidad; la debilidad institucional, antes que el poderío de los Estados, constituye su principal detonante; y en ellas preexisten intereses para evitar su finalización, en especial los propios de los señores de la guerra que se benefician económica y políticamente de la violencia, una violencia que puede expresarse como actos esporádicos de terrorismo o como actos de genocidio (Bredow, 2010: 173-174). En consecuencia, para cumplir con las ambiciones de un guardián de la seguridad internacional, el gobierno de Stephen Harper, aparte de continuar con el esquema de la seguridad nacional análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 148-164

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comprehensiva de su antecesor, ha diseñado un plan a veinte años (2008-2028) para transformar y fortalecer las FC, el cual costará en total 490 mil millones de dólares, luego de que en 2006 aumentara el presupuesto de defensa aprobado durante el gobierno de Paul Martin, de 13,6 mil millones a 17,6 mil millones de dólares, y de que en el presupuesto de 2007 añadiera otros mil millones de dólares para empezar con las compras de equipo militar (Canadá, 2008b: 11-13 Moens, 2008: 572). Dicho plan se ha centrado en cuatro pilares: a) el incremento de la fuerza militar y de los reservistas, b) la sustitución del equipo viejo e inoperante para garantizar la soberanía y la defensa canadiense, así como el compromiso con las operaciones militares en el exterior, c) la preparación del personal para defender la soberanía canadiense en regiones complejas como el Ártico, así como para ingresar a teatros de operaciones como el de Afganistán y d) mejorar la infraestructura para garantizar las operaciones del DDN y de las FC (Canadá, 2008b: 12 y 19).

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Con el propósito de continuar sofisticando las capacidades defensivas del país, este gobierno decidió comprar 65 jets Joint Strike Fighter F-35 en 2011. Con esta compra, el gobierno de Stephen Harper ha pretendido demostrar, principalmente a sus aliados, las capacidades de Canadá no solo para contribuir a la defensa terrestre y área de Norteamérica, sino también para participar en eventuales operaciones de la OTAN –tal como sucedió con ocasión de la intervención del régimen libio–. Ante todo, la renovación de las capacidades defensivas de Canadá, con aviones de combate de quinta generación, parecen encontrarse al servicio de su status como uno de los líderes en la construcción de la seguridad internacional, al tiempo que garantiza su disposición para operar al mismo nivel estratégico que los Estados Unidos, en especial de sus F-22 Raptors (Massie, 2011:256261). Vale aclarar que la compra de los F-35 fue criticada a tal grado por el Partido Liberal y por el Nuevo Partido Democrático que fue necesario convocar a nuevas elecciones en mayo de 2011. Sin embargo, el gobierno Stephen Harper salió favorecido de estos comicios al convertirse en un gobierno mayoritario. Al valorar los discursos liberales y realistas de este gobierno, puede sostenerse que, a diferencia de sus antecesores, logró articular de manera armónica sus intereses estratégicos con valores cosmopolitas. O, por lo menos, puede afirmarse que no existe mucha evidencia de que hubiese expresado sus sistemas de creencias de manera contradictoria. Este gobierno buscó que Canadá actuara como una gran potencia democrático-liberal que asume el rol de un guardián de la seguridad. Conforme a este razonamiento, la promoción y la imposición de los valores de la democracia liberal no sólo permiten garantizar de manera más efectiva la seguridad internacional sino también ayudan a mantener o a mejorar la posición estratégica de las potencias democrático-liberales en la configuración del poder mundial. CONCLUSIÓN

Durante la postguerra fría, la PSIC puede ser explicada de acuerdo con distintos discursos, en especial porque cualquier proceso de toma de decisiones se encuentra configurado por distintos actores con racionalidades diferentes. Sin embargo, al considerar las decisiones substantivas tomadas por los gobiernos canadienses, antes que el proceso de formulación de la PSIC, este artículo ha pretendido defender que dichos gobiernos se debaten entre creencias liberales y realistas. Es decir, se ha defendido la hipótesis histórica de que aquellos se debaten entre valores cosmopolitas e intereses estratégicos. No obstante, los principales hallazgos se encuentran referidos al modo en el que la PSIC cambió de un gobierno a otro, es decir, a cómo estos gobiernos se apropiaron de manera particular los valores cosmopolitas y los intereses estratégicos, animados por distintos discursos liberales y realistas canadienses. análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 148-164

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En este sentido, se mostró cómo el gobierno de Jean Chrétien formuló su política de seguridad internacional de acuerdo con los discursos de la defensa ética de la seguridad humana y la consolidación de la seguridad económica de Canadá. La defensa ética de la seguridad humana se expresó como una obligación cosmopolita orientada a brindar seguridad a los seres humanos en todo el mundo. Por su parte, el discurso de la seguridad económica se manifestó en la necesidad de garantizar la prosperidad de Canadá por medio de su acceso a mercados comerciales que garantizaran su poderío nacional. Puede sostenerse que las acciones derivadas del discurso de la seguridad económica contradijeron ampliamente las creencias de la seguridad humana. En particular, la insaciable búsqueda de la seguridad económica motivó a este gobierno a suscribir acuerdos comerciales con regímenes criticados internacionalmente por su escaso compromiso con los derechos humanos. Al mismo tiempo, este gobierno promovió el ingreso de algunas empresas mineras canadienses en zonas en conflicto, a pesar de que las operaciones de dichas empresas hubieran agudizado dichos conflictos. No obstante, después del 11 de septiembre este gobierno formuló una política de seguridad internacional mucho más enfocada y menos contradictoria al adoptar –aunque con algunas reservas– la lucha contra el terrorismo liderado por Estados Unidos. Las creencias de principios y de causalidad del gobierno de Paul Martin en materia de seguridad internacional fueron articuladas conforme a los discursos de la reconstrucción liberal-funcional de los países frágiles y fallidos y de la seguridad nacional comprehensiva. La seguridad nacional comprehensiva constituyó un discurso orientado no solo a concebir una amplia gama de amenazas a la seguridad de la nación, sino también a concebir la contribución a la seguridad internacional como una estrategia para garantizar la seguridad nacional. Entre tanto, el discurso de la reconstrucción de los países frágiles y fallidos condujo a este gobierno a intentar a hacer de estos países más gobernables, por medio de la proyección de los valores liberales del sistema político canadiense. Puede concluirse que el principio ordenador que le imprimió sentido a la coexistencia de estos dos discursos fue la tensión.

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La política de seguridad internacional del gobierno de Stephen Harper ha supuesto no sólo que Canadá debe reconstruir regiones o naciones en conflicto apoyándose en los valores de la democracia liberal sino también que el país debe buscar reposicionarse internacionalmente, por medio de su capacidad para intervenir militarmente en dichas regiones y naciones. Ambas posiciones pueden explicarse a través de los discursos del peace-building democrático-liberal y del reposicionamiento estratégico neorrealista. Dichos discursos han permitido sustituir el rol tradicional de Canadá como un peacekeeper por el de un peace-builder o un guardián de la seguridad, una imagen propia de las grandes potencias. Se concluye que ambos discursos tendieron a ser articulados de manera armónica. Al sumarse estos tres hallazgos, puede inferirse el modo progresivo en el que los distintos gobiernos canadienses han venido adoptando las creencias de principios y de causalidad de Estados Unidos en materia de seguridad internacional. En especial, es evidente que la agenda canadiense en materia de seguridad internacional se ha adaptado a los valores cosmopolitas y los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Del antiamericanismo, expresado durante el primer gobierno de Jean Chrétien, se ha pasado al fortalecimiento de la alianza estratégica con los Estados Unidos durante el gobierno de Stephen Harper, siendo el gobierno de Paul Martin un periodo de transición. Futuras investigaciones sobre la PSIC deberán formularse, en consecuencia, por lo menos dos preguntas: a) ¿cómo la adopción de los roles propios de un guardián de la seguridad ha afectado y afectará la cultura estratégica canadiense del peacekeeping y la imagen internacional de Canadá como middle power?, y b) ¿cómo estos nuevos roles pueden encontrarse al servicio de la construcción hegemónica de la seguridad internacional por parte de los Estados Unidos, en un análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 148-164

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Asia y América Latina se repiensan

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Pio García

Asia y América Latina se repiensan Pio García*

RESUMEN Las crisis financieras y productivas recurrentes tienden a deslegitimar los fundamentos teóricos del sistema económico y político dominante. En el repliegue del centro hacia las anteriores periferias, la interacción global resulta exacerbada, al tiempo que se agudizan las contradicciones de un sistema de intercambios sostenido a un costo ecológico y social abrumador. Disponer de nuevos modelos de gestión política y organización social son propósitos manifiestos por parte de los grupos que denuncian el modelo de provisión de bienes y servicios imperante. En Asia y América Latina, no obstante tratarse de las regiones menos afectadas por la última conmoción, a partir de la revisión de su tradición, el pensamiento político de vanguardia se empeña en respaldar los movimientos sociales con esquemas conceptuales renovadores. Su adscripción diferenciada al orden internacional condiciona sus teorizaciones. Palabras clave: Globalización, ideas políticas, colonialismo, Asia, América Latina

ASIA AND LATIN AMERICA RETHINKING SUMMARY Productive and financial crises delegitimize the theoretical foundations of the overriding economic and political system. The fallback from the center to the previous peripheries results in an exacerbated global economic interaction, with overwhelming ecological and social costs. To have new models of social organization and political management are manifest purposes by groups that condemn the prevailing model of provision of goods and services and its political support. Asia and Latin America were lesser affected by the last financial commotion. Nevertheless, from reviewing its traditions, the new political thought in these regions strives for autonomous conceptual schemes, which accompany social movements. Both political and theoretical changes are key elements towards an inclusive international order. Key words: Globalization, politics, colonialism, Asia, Latin America

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Docente e investigador, Universidad Externado de Colombia, Email: piogarcia02@yahoo.com

ISSN 0121-4705

Fecha de Recepción: 24/03/2014 Fecha de Aprobación: 18/05/2014

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INTRODUCCIÓN

Las sociedades de Asia y América Latina comparten la experiencia común del sometimiento colonial. Junto con África, a partir del siglo dieciséis la expansión europea cercenó el curso corriente de sus historias para atarlas por la constricción armada e ideológica a su posición económica central en el sistema mundializado (Wallerstein, 1974). En calidad de pueblos periféricos, ellos soportaron cinco siglos de ocupación y adaptación a las determinaciones de los poderes externos. Su sometimiento no solo comportó el tener que aceptar sus roles específicos dentro de la división internacional del trabajo sino asimilar el discurso justificador, eurocéntrico y sustentado en los valores de la modernidad, perfilada, a su vez y de manera exclusiva, alrededor del cálculo del beneficio individual. En lo que parecen los estertores de ese ciclo, a finales del siglo pasado, la imposición de la doctrina neoclásica por parte de Estados Unidos a escala mundial incubó un malestar general por la globalización deshumanizada (Stiglitz, 2002), expresado en discursos y movilizaciones de resistencia contra la arrogancia del discurso oficial1, aferrado al dictamen según el cual “no hay nada que se le oponga a la visión neoliberal, presentada como evidente, como desprovista de toda alternativa” (Bourdieu, 1998, 34).

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En efecto, en su reinvención constante el capitalismo fue copando todos los espacios de la apreciación real hasta agotarlos y devenir, más allá de ellos, un mecanismo de pura especulación. Este capitalismo financiarizado fue el factor determinante de la crisis económica asiática de 1997, debido a la volatilidad monetaria extrema causada por el ingreso no controlado de divisas en casi toda Asia del Pacífico (Mahathir, 2001). Desde entonces, se hace evidente que el nuevo régimen de acumulación está enfocado en la búsqueda del valor para el accionista, objetivo para el cual es indispensable aislar aún más el trabajo de la productividad2. La caída efectiva de los salarios en los países centrales fue compensada por el crecimiento exorbitante del crédito, a través del cual los hogares pudieron sostener e incluso elevar su consumo. Junto a ello, a raíz de la crisis y en el afán de proteger su soberanía, los países del este de Asia conjugaron la asfixia con excedentes comerciales convertidos en flujos de capitales hacia Estados Unidos y Europa, alimentando la burbuja hipotecaria en rápida expansión. La titularización y el mercado de los derivados elevó el valor de las operaciones a niveles colosales, imprimiéndole aún más inestabilidad al sistema económico global (Aglietta, 2012). El derrumbe financiero de 2008, similar a la Gran Depresión de los años treinta e impulsado por el desenlace de la crisis asiática, tuvo un costo de US$22 billones tan solo para Estados Unidos3. A pesar del triunfalismo neoconservador, lo cierto es que el diagnóstico sobre los efectos reales en el aumento del hambre y sugyugación popular por parte del sistema económico reinante (Derrida, 1998) se sostiene sin mejora a lo largo de las cuatro décadas de soberanía neoliberal. Por más maquillaje en el discurso dominante, la globalización económica acarrea “segregación, separación y marginación social progresiva” (Bauman, 2006, 9). Además de las sanciones comerciales y las

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En el sentido del paradigma teórico dominante, distinto del oscilante y el anti-oficial o contestatario (De Gregori, 2011). La desregulación productiva y distributiva neoliberal comenzó con la llamada “reaganomics” y el thatcherismo en los años ochenta en Estados Unidos, Gran Bretaña y Chile, entre otros países. En la década siguiente, estas reformas se propagaron en forma amplia, hasta cubrir economías cerradas como la alemana, donde el banquero Tietmeyer podía recalcar que “lo que está en juego hoy es crear las condiciones que despierten la confianza de los inversores”, exigiéndole a los gobiernos mayor control del gasto público, menor carga impositiva, cambios en el sistema de protección social y “desmantelar las rigideces del mercado laboral” (Bauman, 2006, 136). De acuerdo con la Government Accountability Office de Estados Unidos, en el estudio revelado en febrero de 2013 (Melendez, 2013). US$22 billones equivalían al 150% del PIB estadounidense en 2012.

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intervenciones políticas y militares para preservar el sistema, el hecho que colapsen países y regiones en forma intermitente –y no continua– favorece las justificaciones ideológicas del intercambio desigual entre los pueblos y agresivo, como nunca en el pasado, con el medio natural, en cuanto puede brindar esperanzas de redención universal a partir de ciertos casos exitosos de alto desempeño productivo y cambio social. Pero las opciones para lograr el respaldo mundial al paradigma dominante se estrechan en la medida que la inconformidad crece, debido a que las reiteradas crisis del capitalismo no hacen más que llevar a la práctica la larga decadencia de sus pilares conceptuales anclados en la racionalidad moderna europea. Ésta fue estructurada sobre los preceptos del ordenamiento político a partir del cómputo del beneficio de cada quien y de su relación contractual privada con el Estado. Para tal fin, fue imprescindible acomodar los medios para transformar la naturaleza, gracias a la introducción constante de las mejoras técnicas, y disponer de un ejército laboral metropolitano y periférico adecuado. El mecanismo entró a formar parte de un sistema mucho más dinámico y complejo catapultado por la meta fascinante de prometer la “felicidad para el mayor número posible” (Bentham, 2010), de acuerdo con el slogan utilitarista. A la cabeza del movimiento global marchaban los países centrales, encarnando el “espíritu de los pueblos” (Hegel, 2005), mientras los demás ocupaban las posiciones atrasadas. Los primeros se autoproclamaron “democracias” hijas de la razón y las libertades públicas, referente que sirvió para que los demás pueblos fueran despreciados por “oscurantistas”, “atrasados” o “autoritarios”. Esta racionalidad moderna, positivista y teleológica, consagró las guerras imperialistas y el dominio colonial europeo sobre las demás sociedades. Se trató de un proyecto económico, acompañado del arsenal ideológico del etnocentrismo y el delirio sobre las capacidades ilimitadas del “progreso” (Bury, 1971). Pero, desde el siglo diecinueve, las luchas de liberación nacional se encargaron de franquear el dominio político, en tanto que los maestros de la sospecha4 empezaban a desvalorizar una estructura, que sería sometida a su posterior deconstrucción (Derrida, 1981). En el puesto ocupado por la razón uniforme y continua, florecieron las diversidades epistémicas, los juegos del lenguaje, las discontinuidades, las rupturas y la incredulidad en los meta-relatos, al modo de los postulados del pensamiento post-moderno cuando aboga por una complejidad que resiste el yugo del poder político5. Ese Otro construido como el objeto de la relación de dominio (Said, 1985) se sigue levantando no solo para destruir los medios de opresión económica y política, sino para remover también los lastres de la colonización ideológica.

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De esta forma, las periferias acometen hoy día la tarea de recuperar sus bases intelectuales con el fin de hallar vías distintas al proyecto de modernidad europea y su tipo de intercambio global indolente. En Asia, cierto pensamiento considera que el legado del budismo, el confucianismo o el islam, entre otros idearios, contiene indicaciones para eludir los desvíos individualistas y logocéntricos, sustentadores de un discurso y unas prácticas de relaciones de dominio que ahora son invalidados. En general, dichos intelectuales argumentan que el respeto a la autoridad moral, el consenso, el trabajo duro, el ahorro y demás valores fomentados en la institución familiar explican el éxito industrial de la economía asiática (Mahathir, 2001; Mahbubani, 2008), al tiempo que evitan los costos de la desintegración social del capitalismo anglosajón. Por su lado, en América Latina, 4 5

Marx, Nietzsche y Freud (Ricoeur, 1999). En el determinismo social, “los decisores intentan (…) adecuar esas nubes de sociabilidad a matrices de input/output, según una lógica que implica la conmensurabilidad de los elementos y la determinabilidad del todo. Nuestra vida se encuentra volcada por ellos hacia el incremento del poder. Su legitimación, tanto en materia de justicia social como de verdad científica, sería optimizar las actuaciones del sistema, la eficacia. La aplicación de ese criterio a todos nuestros juegos no se produce sin cierto terror, blando o duro: Sed operativos, es decir, conmensurables, o desapareced” (Lyotard, 1989, 10). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 165-180

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las drásticas medidas de ajuste estructural desacreditaron las políticas neoliberales al final del siglo pasado. Los gobiernos surgidos de los movimientos populares procuran, en medio de la tenaz oposición de los poderes centrales, establecer nuevos arquetipos, sobre la base del rescate de las cosmovisiones e instituciones ancestrales. En medio de ellas, se halla el concepto de Sumak Kawsay/ Suma Qamaña o Buen vivir acogido por las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador. En este contexto, argumento que inscritas como están en la red global de comercio, las sociedades asiáticas y latinoamericanas se hallan sometidas a retos compartidos que, sin embargo, asumen y responden desde teorizaciones diferenciadas, dada su posición variada frente al complejo de relaciones externas, y condicionadas, asimismo, por la dialéctica de la propia estructura del poder doméstico. De tal modo que, mientras para los países asiáticos la vinculación habilita a una élite que aún porta el liderazgo independentista y amplía el aprovechamiento de su recurso humano, en América Latina el proyecto emancipador presenta la doble demanda de la sustitución de las dirigencias nacionales como condición para propiciar la correspondiente autonomía frente a las pretensiones del sistema global de intercambios. Exploraremos primero los hallazgos asiáticos y luego los latinoamericanos. 1. EL LEGADO ASIÁTICO FRENTE AL PARADIGMA HEGEMÓNICO

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Hasta el siglo décimo, cuando el islam logró redefinir las actividades económicas y moldear nuevas organizaciones políticas, en las sociedades asiáticas predominaron los acomodos conceptuales eclécticos. Fueron más estructuras compositivas o de asociación de recursos interpretativos que marcos delineados sobre lógicas excluyentes, como las impuestas por las religiones monoteístas. Tanto en el subcontinente indio como en la esfera cultural china, por miles de años fueron experimentados los conglomerados interpretativos, con énfasis que variaron en el tiempo, de modo que a la síntesis teórica hinduista el budismo añadió el elemento innovador de la negación del determinismo biológico del sistema de castas, mientras en el área de influencia china el confucianismo asumió los descubrimientos del taoísmo y enriqueció más adelante a ambos con los razonamientos de las escuelas legista de Han Feizi y moísta de Mo Tzu ( (García, 2013). De igual manera, en el occidente asiático, el mazdeísmo funcionó por miles de años como el más extenso cubrimiento religioso y político hasta ser clausurado por el islam. Estos paradigmas asiáticos fueron trastornados por el ingreso colonialista europeo, a partir del siglo dieciséis. Desde ese momento, el trabajo de sus pueblos pasó a ser un eslabón en la cadena comercial mundial, pero sus valores éticos y religiosos se resistieron a ser eliminados. Desde el budismo y el confucianismo, los puntos de choque dejan ver las incompatibilidades acerca del concepto de la razón y de la individualidad. En el budismo, la razón tiene una función metódica, en cuanto está puesta al servicio del objetivo último de la vida humana, cual es la vivencia de la indeterminación, el nirvana: ese estadio del pensamiento ajeno al cálculo o a la afectación emotiva (Siete diálogos mayores. Siete Sutras del Digha Nikaya). A su vez, en el confucianismo aparecen dos líneas de pensamiento con fuerza: la complejidad mental asociada a las virtudes y la naturaleza relacional de sujeto. Su pluralidad conceptual reside en las tres virtudes sustanciales del conocimiento, la magnanimidad y la valentía, en tanto que el individuo es incomprensible como ente aislado, pues como tal no existe (Analectas, 9:28, 14:30, 17:23). Se trata, por el contrario, de una entidad delimitada y comprensible dentro de un haz de ligaduras, de modo que alguien puede ser, al mismo tiempo, un padre, un hijo, un hermano y un amigo (Mencio, 3A:4). El distanciamiento de la razón omnímoda, unitaria e imperial europea, legitimadora del colonialismo, coincide con la búsqueda de paradigmas económicos, sociales y políticos alternativos. En el

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intento de darle actualidad al confucianismo se le rescatan esos principios rectores, uno concerniente al imperativo de la regla de oro de la imparcialidad de no hacer a los demás lo que no se desea para sí mismo (Analectas, 5:1) y su complemento en el amor y el cuidado del otro, empezando por los padres (Analectas, 4:18-21). Para el pensamiento político anglosajón el segundo elemento viene a ser redundante, en la medida que vulnera la neutralidad valorativa que el Estado abriga frente a sus ciudadanos. Esta discrepancia no ocurre en el confucianismo y en el pensamiento asiático en general, ya que no hay allí una sobrevaloración del juicio científico sobre el ingrediente moral y afectivo, puesto que las virtudes son también espontáneas o tendenciales (Wang Q. J., 1999; Wang Y., 2008)6. La gran dificultad del paradigma europeo es su movimiento reiterado en torno a una dualidad inexistente en Confucio –y en la realidad– entre una supuesta lógica intelectual y otra emocional, como si la mente humana no estuviera toda ella empotrada en el cerebro de triple especialización analítica-emotiva-operativa (De Gregori, 2002). Asimismo, la doctrina confuciana resalta la comprensión relacional de los seres humanos, atravesados por los nexos que los acoplan a la red de los individuos e instituciones y a sus ascendientes remotos. Conocida es la veneración que inculca el mentor chino por los antepasados, dignos del reconocimiento de sus descendientes (Analectas, 4:18-21, 16:13). Pero, si con las generaciones previas prima el homenaje, con las presentes se impone el diálogo, como vehículo esencial para preservar y enriquecer el complejo de interdependencias. En consecuencia, el tratamiento instrumental del otro entra en conflicto con un esquema ético estimulador de la heteronomía que implica el reconocimiento de las diferencias dentro del horizonte comunitario. Por este motivo, el confucianismo contemporáneo, distanciado tanto del individualismo como del autoritarismo, resalta la rectitud y la responsabilidad como las condiciones del diálogo, que es válido por sí mismo y no como una simple condición de la acción. En cuanto tal, no se trata de un medio que una persona pueda usar para revelar su mundo interior, sino que su carácter ontológico constituye la realidad del sujeto, porque, de acuerdo con Mihail Bakhtin, “cuando el diálogo concluye, todo termina” (Jung, 1993, 223).

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En este sentido, los tres presupuestos de la política confuciana quedan dilucidados de una mejor forma. Su modelo de democracia asume que todo el mundo está en la capacidad de practicar la bondad –ren–, que las instituciones de la vida económica, política y social están dispuestas de tal modo que la gente pueda ser mejor ser humano a través del ejercicio de las virtudes, y que la esfera pública ha de estar abierta a la crítica y el rechazo de los líderes, las instituciones y los ciudadanos cuya conducta no esté reglada por la virtud (Ackerly, 2005). El tipo consensual de democracia confuciana se distancia de la imposición del bando ganador del modelo parlamentario para dar lugar a la negociación y a la hermenéutica del proceso de toma de decisiones sociales y políticas. Como en la experiencia taiwanesa, en este escenario inestable en el que difieren los intereses institucionales, las normas y las sensibilidades, la comunidad se ve obligada a considerar más a fondo el bien común (Ling, 1998). Más que justificar los regímenes políticos este-asiáticos como derivaciones autoritarias de la democracia, legitimados por los efectos positivos del desarrollo social, lo que está en cuestión es, entonces, el concepto mismo de democracia (O´Dwyer, 2003), que bien puede ser un sistema de desarrollo social armónico y colectivo o un simple emblema que oculta la

Hume está entre quienes se interesaron por estudiar la “ciencia del hombre”, con el fin de matizar el racionalismo exacerbado de Locke a partir del ingrediente del sentimiento en el juicio moral, pues piensa que la ética jamás puede estar disociada de la pasión, ya que hay virtudes naturales, entre las cuales sobresale la simpatía. La razón no cuenta con un status superior, dado que “lo que comúnmente, en un sentido popular, es llamado razón y se recomienda tanto en los discursos morales no es sino una pasión general y apacible, la cual adopta una visión distante y comprensiva de su objeto, e impulsa a la voluntad sin provocar ninguna emoción perceptible” (Hume, 1990, V:161). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 165-180

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densa red de operaciones lucrativas de una élite empoderada en el sistema político representativo o parlamentario (Badiou, 2010). Afín al relato posmoderno, frente al lastre de inmoralidad del proyecto capitalista, el confucianismo contemporáneo se resiste a ser “modernizado” e insiste, más bien, en su carácter alternativo como sistema valorativo de alcances mundiales: como un pensamiento con características propias que no necesita asumir la universalidad de la teoría política europea moderna (Zhao, 2008, 176). Así, afianzada como lo ha estado en ciertas sociedades asiáticas, dicha impronta promete ideas y experiencias orientadas hacia la globalización del trato digno, respetuoso e incluyente de toda la familia humana, por el simple hecho de ser cada uno un individuo único capaz de desplegar su potencialidad en el aprendizaje de las virtudes, abiertas a todo el mundo (Ackerly, 2005) y base de la democracia genuina. Tal vez, en el diálogo y acuerdo con otros paradigmas renovados resida el cosmopolitismo que se espera del confucianismo y su aporte humanista para los tiempos actuales.

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En cuanto al pensamiento hindu-budista, entre los diversos cursos del budismo, su variante más comprometida con la alteridad toma como causa propia el deber de asistir al otro y de solidarizarse con el sufrimiento general causado por las instituciones políticas y económicas injustas. A esta corriente le resulta inaceptable la división mundial tan profunda entre la extrema pobreza y la afluencia concentrada en unas pocas sociedades y unos cuantos individuos. Aunque estos privilegios también son criticados por algunos teóricos liberales y socialdemócratas como Rawls y Habermas, a diferencia de éstos, el budismo comprometido se solidariza con los desposeídos bajo la idea de una sola humanidad, más allá del conjunto de ciudadanos que se reconocen como miembros de Estados específicos. Debido a esa comprensión de los habitantes del planeta como iguales y perfectibles, defiende la gama completa de los derechos humanos en las instancias multilaterales, es decir, tanto los derechos políticos como los económicos, sociales y ambientales (King, 2006). Desde esta perspectiva, Buda no solo fue el primer pensador en enseñar la doctrina de la igualdad, sino el defensor del poder inmanente en el pueblo, que lo delega al rey o al gobernante como su representante, y si los objetivos de salvaguardar el bienestar material y espiritual colectivo son violados, la Padamãnavakusala Jãtaka, la revuelta contra la tiranía, es justificada (Jayatilleke, 2009). Además del significado fundamental de la compasión y respeto de cualquier forma viviente, base de la ahimsa (no violencia) del hinduismo y el budismo, su cercanía al proyecto postmoderno es muy significativa, ya que la idea de un yo-unitario, una razón monolítica y un logos entendido como presencia termina disuelta en múltiples vectores. La metafísica de la presencia presupone una instancia de significados por encima del lenguaje, de la cual son extraídos. El proceso para acceder al pensamiento y a la verdad es similar, derivados de una esencia trascendental proveedora. En sentido opuesto al abordaje esencialista y logocéntrico y en semejanza con la crítica postmoderna, la escuela budista Mãdhyamika enfatiza el vacío, la nada: Šúnyatã, el centro sin centro, por ejemplo. En consecuencia, tampoco aparece una relación de causalidad propia de las filosofías sustancialistas; por el contrario, la realidad es entendida como la co-construcción de una dependencia mutua entre la causa y el resultado (Muir, sf). De igual manera, la idea de un yo no esencial pero partícipe en la interdependencia cósmica se encuentra en el Sutra Avatamsaka del budismo mahayana, bajo la figura de la Red de Indra. En ella, el universo se da en una inter-relación entre todos sus miembros repetida al infinito. Dentro de una afinidad clara con la sensibilidad postmoderna, presenta una comprensión de ecología cósmica de suma importancia en medio de la bancarrota ambiental de la razón esencialista, el mito cartesiano del yo autónomo y autosuficiente y el desvío antropocéntrico que margina a las demás especies vivas (Loy, 1993).

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No hay que olvidar, en esta revisión del pliegue epistemológico moderno, que el epígono de la emancipación asiática de la imposición europea fue Gandhi. Su idea de autodeterminación no acomete un proyecto de simple soberanía política o de autosuficiencia productiva. Él encuentra un sustrato más profundo en las estrategias de sobrevivencia colectiva que dan fisonomía a las diversas civilizaciones. A su modo de ver, el mayor impacto y el peor daño de los empresarios ingleses – consumados comerciantes– a las comunidades de India no fue el hecho de tomar el control de su trabajo, sino de sus mentes para marcarlas con su sistema valorativo. La secular convivencia india y la acción mancomunada de sus culturas, a pesar de algunas rivalidades religiosas, se transformó de repente en un odio visceral, aprovechado por los colonizadores para justificar su presencia en calidad de mediadores y pacificadores. La civilización europea advino, entonces, la peor enfermedad para los indios, causante del reblandecimiento de sus principios, la debilidad del respeto entre las comunidades y el comienzo de los enfrentamientos mortales que desencadenaron mucha más destrucción que todas las pugnas del pasado juntas. De acuerdo con el Mahatma, empezando por India, las sociedades sometidas a la civilización europea se ven apremiadas a ejercer el control de su destino, a autodeterminarse –Swaraj– si el mundo puede pretender una coexistencia duradera (Gandhi, 2009). Al padre de la India actual, el legado espiritual hinduista –dharma– le sirve de plataforma sobre la cual construir el proyecto político nacional y la propuesta cosmopolita global. Contra el materialismo y el hedonismo, levanta la fuerza de la verdad –satyagraha– que es a la vez la insignia de la dignidad popular y el acicate de la lucha contra la dominación por la vía de la resistencia pasiva. La coacción armada es contrarrestada con la fuerza de la voluntad de un pueblo que exige su reconocimiento. No pretende vencer al otro sino negarse como objeto de su dominio, para que ese vacío lo regrese a su propio autoexamen y a la valoración de su autonomía. Por este motivo, se aparta tanto de la victimización colectiva, pues considera que el pueblo indio es el principal responsable de su condición subyugada, como del rencor y el desquite, ya que no se trata de eliminar al ocupante inglés sino de destruir su apetito colonizador, alentado por el debilitamiento moral del colonizado. Por la negación de la racionalidad europea como la condición primordial para eliminar el colonialismo, el pensamiento gandhiano merece un lugar conspicuo en el posterior debate posmoderno y decolonial.

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2. LA CONTESTACIÓN DECOLONIAL

Tal aspiración autonomista de fue arreciada por los conflictos entre los países centrales mismos. Como se sabe, el choque suicida entre de las potencias europeas en las guerras mundiales dio lugar a formas inimaginables del odio llevado a la práctica en el genocidio sistemático en sus propios linderos, después de haber sembrado la destrucción de comunidades inmensas en sus colonias. Pero el alumbramiento de la autocrítica de los soportes del dogmatismo positivista moderno en diversas corrientes existencialistas en reacción a esa experiencia ominosa despertó también la crítica más recia de los pueblos colonizados, en discursos movidos por la posición deslegitimadora de los valores europeos por parte de Gandhi. Frantz Fanon, Amílcar Cabral y Aimé Césaire7 se hallan entre los intelectuales que replantearon el componente ideológico de la empresa colonial europea, extendido por encima del aparato represivo y de control de la producción al sistema de

Algunos de los pensadores y líderes de los movimientos independentistas de la postguerra, de gran influencia en la lucha posterior por la superación del racismo. El primero, nacido en Martinica escribió entre otras obras, la célebre Los condenados de la tierra; el segundo participó en la lucha armada de Guinea Bisáu y Cabo Verde contra Portugal; el tercero, poeta e ideológico francés de origen africano perfiló el concepto de negritud., análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 165-180

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representaciones y valores. La tarea de autonomización de los pueblos sulbalternos se torna, por lo tanto, mucho más compleja, en cuanto

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(…) el giro de-colonial, y la de-colonización como proyecto, no envuelven meramente la terminación de las relaciones formales de colonización, sino una oposición radical al legado y producción continua de la colonialidad del poder, del saber y del ser. Se trata de poner fin al paradigma moderno de la guerra; lo que significa una confrontación directa con las jerarquías de raza, género y sexualidad, que fueron creadas o fortalecidas por la modernidad europea, en el proceso de conquista y esclavización de un sinnúmero de pueblos en el planeta (Maldonado-Torres, sf: 161).

El colonialismo europeo operó un sistema valorativo monológico centrado en sí mismo, mediante el cual estableció las diferencias y segmentó los demás pueblos, con el fin de legitimar su resignación. A la especialización mundial del trabajo le correspondió una división de las sociedades, asentadas cada una de ellas en una geografía imaginaria. Así se procedió a construir el otro “oriental” por parte del pensamiento europeo (1990. En la categoría artificial8 de lo “oriental”, la variedad de historias, culturas y tradiciones es amalgamada en una noción única y congelada, donde la diversidad y el dinamismo social son sacrificados a favor de una noción etérea. El ejercicio hermenéutico –similar a la desconstrucción de textos– devela el rótulo impuesto sobre los intereses, reclamos y proyectos de unas comunidades que debían cumplir una parte orgánica dentro de la división de roles en el dominio colonial. La filosofía idealista alemana y las posteriores indagaciones etnológicas se encargaron de establecer el Otro no-europeo y fosilizarlo. En consecuencia, ese Otro convertido en objeto fue el mudo interlocutor de Europa, mientras lo sometía como colonia. El autor palestino, reivindica el lugar de su obra junto al discurso emancipador de los intelectuales críticos como Hobsbawn, Fusoul, Mawakif, Chomsky o el grupo de estudios subalternos, todos comprometidos en deconstruir la razón única y uniforme del proyecto moderno eurocéntrico y capitalista, con el fin de despejarle el espacio de acción al pensamiento sometido o marginado, hallar la multiplicidad disciplinaria y rescatar sus motivaciones ancestrales sobre las cuales poder formular contraconocimientos y utopías (Said, 1985). El curso político de América Latina tuvo rasgos distintivos respecto a la experiencia colonial de las demás regiones en desarrollo. En lo más crudo del despojo imperialista a comienzos del siglo veinte, la zona gozaba de una autonomía formal, con tipos de gobierno, administración pública, racionalización de la producción y nexos internacionales propios de las naciones independientes. Estos países brindaron apoyo efectivo al proyecto de Liga de Naciones, en 1919, cuando representaron un conjunto de peso considerable; aparte de ello, en algunos casos habían ensayado programas de vanguardia mundial, tales como la reforma agraria nacida de la revolución mexicana y la posterior nacionalización del petróleo o las reformas educativas a raíz del Cordobazo argentino. Centroamérica y el Caribe constituían una zona de clara y amplia influencia estadounidense, extendida hasta el canal de Panamá y Venezuela, pero el resto de la región adelantaba una colaboración sin coerción en el marco de los compromisos tomados en la Conferencia Panamericana de 1890. En África y Asia, continentes doblegados al dominio colonial europeo, la historia era diferente, dada la convulsión constante de unas sociedades presas de las contradicciones entre las fuerzas de ocupación y sus aliados internos y los movimientos de resistencia, muchos de los cuales actuaban en la clandestinidad. En los casos en que la confrontación tomó la vía pacífica, al modo

Said aclara que no se debe confundir con la idea ficticia, dado que los pueblos asiáticos no solo existen en la realidad, sino que han sostenido un intercambio milenario con los europeos. Además, los autores que se opusieron (Malek, Asad, Alatas, Fanon, etc.) no hicieron pura retórica, pues sufrieron el colonialismo, el imperialismo y la imposición de la ciencia eurocéntrica (Said, 1985).

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del movimiento indio liderado por Gandhi, la participación masiva fue indispensable para detener el aparato represivo colonial. Cuando esos países lograron la independencia después de la segunda guerra mundial –y gracias a la zozobra sufrida por las metrópolis–, se hallaron ante el dilema de tener que escoger la pertenencia a los grandes bloques ideológicos y económicos. Fue imposible alcanzar acuerdos regionales y, por el contrario, la competencia estratégica dividió regiones y naciones para crear fisuras que aún más allá de la guerra fría siguen sin reponerse, como es el caso de la península coreana. El llamado Tercer Mundo sirvió de escenario de una pugna ajena, que inhibió la soberanía y limitó la concertación, la cooperación y la integración regional. En medio de ese inmenso campo de batalla, algunos líderes renovadores tuvieron el arrojo suficiente como para llegar a plantear un mecanismo independiente de apoyo mutuo, en lo que constituyó el ideario de Bandung y el nacimiento del Movimiento de los Países No Alineados. Ciertos países latinoamericanos hallaron, de esta manera, un canal a través del cual interactuar por fuera del ámbito hemisférico, distanciados de los intereses geopolíticos estadounidenses. Sabemos bien por qué este desalinderamiento fue pasajero y cómo a cada paso posterior a la revolución cubana los gobiernos de turno se las arreglaron para preservar la colaboración política consignada en la Carta de Bogotá, de 1948, que le dio vida a la OEA. Hasta el día de hoy, a través de momentos cruciales y trágicos como el golpe contra Arbenz en Guatemala, en 1953, o contra Allende, en Chile, veinte años después, el frente común prevalece, así los gobiernos de izquierda instalados en el albor del siglo veitiuno hayan propiciado un contrapeso difuso. Sin embargo, en el fragor de las reivindicaciones más contemporáneas han salido a relucir los vasos comunicantes de la problemática compartida de las sociedades sometidas a los rigores del dominio neocolonial en las regiones periféricas. De este modo, como en África o Asia, los movimientos sociales e intelectuales de América Latina abogan por el establecimiento de administraciones políticas y estrategias productivas independientes de las imposiciones económicas de los poderes centrales en medio de sus acosos geopolíticos.

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La lucha persistente de la mayoría de pueblos en América Latina enfocada a tomar el control de su propio destino, más allá de las imposiciones de los países centrales por medio de mecanismos bilaterales y de instituciones plurilaterales, también es acompañada de una revisión de los patrones ideológicos que han sostenido las relaciones de dominio. La poscolonialidad se encuentra con la postmodernidad de la que es constitutiva como su cara oculta, porque “no es el fin de la modernidad, sino su transformación” en modalidades renovadas como “la sociedad-red” de Castells o el “Imperio” de Hardt y Negri. Frente a estos replanteamientos no emancipados, se sostiene que “sí hay un discurso por fuera del discurso” dominante, que es por cierto el proyecto epistémico decolonial (Mignolo, 2002, 228). En la primera generación crítica de la colonialidad, Enrique Dussel, en los setentas, tomó distancia del pensamiento europeo, pero no incluyó a indígenas y negros. Repensar el imperialismo obligó a considerar los límites de la hegemonía epistémica en que se lo venía explicando, dada “la necesidad de abrirse a una conceptualización que proviene desde la exterioridad (esto es el afuera que fue construido por el adentro y que termina asumiéndose como el afuera ‘estructuralmente ligado’ al adentro, e.g. América Latina, Asia, el Caribe, África, etc.)” (Mignolo, 2002, 242). De acuerdo con el giro epistemológico, la colonialidad es interpretada como un elemento estratégico que pudo afianzar el poder del capitalismo global (Castro-Gómez, 2007; De Sousa Santos, 2009; Escobar, 1998), con base en la clasificación racial. Dicha segmentación étnica se inició con la análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 165-180

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inscripción de las colonias ibéricas en el circuito mundial comercial, en calidad de objetos colectivos del poder central, determinante de las nuevas identidades societales y geoculturales; por una parte, los “indios, negros, aceitunados, amarillos, blancos, mestizos”, y por otra “América, África, Lejano Oriente, Cercano Oriente (ambas últimas Asia, más tarde), Occidente o Europa (Europa Occidental después)” (Quijano, 2000, 342). Desde su ascenso como agente del comercio mundial, Europa se autoproclamó la vanguardia y el modelo de las sociedades restantes. Su ubicación en el centro del poder le abrió el espacio para aprovechar el lucro del intercambio. Esta empresa descansó en una plataforma epistemológica, política y ética, en la cual el conocimiento, la organización social y los valores de los demás pueblos tenían un referente único e incontestable. Las relaciones intersubjetivas jerarquizadas de esa forma eran indispensables en el proyecto de producción capitalista, en la medida que establecía un proceso de reproducción constante, a través del control sobre las cuatro áreas sociales básicas del trabajo, el sexo, la autoridad sobre la colectividad y el conocimiento (Quijano, 2002).

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Gracias al artificio de la clasificación social, el conocimiento estuvo anclado a la imagen de futuro de la modernidad y sus ideas de racionalidad, progreso, libertad, nacionalismo y socialismo durante cinco siglos. El futuro estuvo siempre abierto, en medio de las peores prácticas de explotación humana y algunas nuevas negociadas por la democracia burguesa y el Estado-nación. Se mantuvo después la esperanza, a pesar de la derrota de las libertades en China, Francia, México, Checoeslovaquia y Rusia. Como bien sabemos, los paraísos soñados “se extinguieron. Y con ellos se extinguió también, no sólo se eclipsó, todo horizonte de futuro para toda la década de los 90. A menos que alguien estuviera dispuesto a sostener, en serio, que ese horizonte fuera el neoliberalismo”. Fueron, así, enterrados 500 años de sueños, cuya gran consecuencia es la “extinción del horizonte de futuro” (Quijano, 2002, 47), con el fin de las utopías, la pérdida del cuestionamiento del poder y el debilitamiento del anterior pensamiento crítico. Tras el largo sometimiento colonial, empero, en fases más cercanas el pensamiento latinoamericano se enriquece con la contribución conceptual y la práctica política andina. 3. LA RECUPERACIÓN DEL LEGADO INDÍGENA ANDINO

La experiencia de los países andinos da cuenta del acceso a la utopía y al horizonte de futuro popular más autónomo, así sea dentro de conformaciones de poder todavía experimentales en el proceso político de Bolivia y Ecuador. Su renovación epistémica restauró el concepto del buen vivir, patrón valorativo que asienta las acciones humanas, los vínculos sociales y el arreglo institucional en la complejidad de una naturaleza viva y frágil, acogedora de la comunidad humana, y cuya reproductividad es puesta cada día en mayor riesgo por la estrategia productiva predominante. Esta filosofía, que posiciona la estrategia ontológica, ética y política propia de la sabiduría indígena, entiende el sistema de necesidades como una urdimbre, a través de la cual cada persona forma parte de una red de interacciones con los demás miembros de la comunidad y demás participantes en el sistema general de producción, consumo y reproducción del todo, como lo es la Pacha Mama. La intervención humana no ocurre en una forma independiente de la regulación natural, puesto que respeta los ciclos ecológicos. Es por esta implicación cósmica que el buen vivir está apegado al salvamento de la sabiduría nativa decantada en miles de años de observación de los ritmos y las prácticas ajustadas a esa familiaridad entre la cultura y la naturaleza. Vivir bien es

(…) recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la Cultura de la Vida y recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pachamama, donde todo es vida, donde todos somos uywas, criados de la naturaleza y el cosmos (Gudynas, 2011, 1).

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Y, en una actitud opuesta a la circunscripción de la vida al reducto global terráqueo, el pensamiento vernáculo redime el sentido celeste de la misma. Un ritmo sideral es propio de la totalidad vertida en los ciclos de germinación, despliegue y transformación de individuos y especies. Sin un conocimiento profundo de ese orden preestablecido, la torpeza humana puede llegar a estropearlo a tal punto que no haya modo de recomponerlo jamás. Si la premisa básica es la totalidad viviente de la que la Pacha Mama es una manifestación, el orden general prima sobre cada una de las partes, dándole sentido a la visión cosmocéntrica, contraria a la organización antropocéntrica de la modernidad europea, que alumbró una interpretación individualista9. En la filosofía andina, la vida adquiere, al contrario, un sentido holístico y el bien un carácter ontológico. La disposición de la realidad ocurre de tal modo que da lugar al fenómeno humano, siendo sus derechos fundamentales conocerla y aprovecharla sin alterarla o dañarla. Es decir que no es pensable un dilema entre el bien y el vivir, dado que el bien está vivo y la vida es el bien en su plena manifestación. Tampoco se concibe una racionalidad lógica disgregada de la pasión, pues ambas están integradas en el conjunto de las complementariedades forjadoras de la sabiduría colectiva. Tres son las características básicas del concepto de buen vivir. En primer término, acoge un contenido cosmocéntrico en su perfil epistemológico, correlativo a un tipo de conocimiento que depura las veleidades de la racionalidad lógica, de modo que deja de ser la abstracción del yo puro para entenderse en su síntesis de relaciones o comprenderse como parte del ser total. Se trata, entonces, de una visión des-individualizada. Conforme a esta episteme cosmocéntrica y la sensibilidad que le está asociada, el principio de acción que se impone sobre la sociedad crea la disyuntiva de enriquecer un ordenamiento general, en una decisión sensata, o de encaminarse, en la opción contraria, hacia las formas de pensamiento y de prácticas autodestructivas. Por tanto, la sociedad estructurada bajo los parámetros cósmicos responde a un “paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien”, (Huanacuni, 2010, 4), mientras su opuesto aparece apático ante la desintegración de la vida10.

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En segundo término, la disposición astral y sus derivaciones en las instituciones humanas transcurren en medio de lapsos o períodos. El conocimiento del ordenamiento natural regula la vida corriente actual, pero los seres humanos tienen igual preocupación sobre “cómo vivir adelante”, de manera especial en los tiempos de crisis, como la encrucijada global a la que la civilización actual se enfrenta. Se piensa que esta catástrofe no tendría por qué hundirnos en el pantano del pesimismo, ya que, en estos momentos decisivos en los que las sombras se ciernen sobre la humanidad, podrían servir de reto para su transformación y renacimiento; son “el momento constitutivo”, crucial para la transformación social11. Así, la política es entendida en su versión más clásica de la

En ella, el “ser humano es el rey de la creación. El mito de la creación, donde la mujer sale de la costilla del varón, genera el machismo. Además, su dios y el hijo de su dios es varón, lo que reafirma la hegemonía del varón sobre la mujer. La idea de que ‘su dios es el único y verdadero’ genera la idea de que existe una sola verdad (universo). De ahí surge el proceso de homogeneización” (Huanacuni, 2010, 13). En particular “el paradigma individual, que está vigente, determina las relaciones sociales, jurídicas y de vida; [y que] desde hace siglos está llevando a las sociedades de todo el mundo hacia la desintegración, debido a un alto grado de desensibilización de los seres humanos. Esto ha ido depredando la vida en su conjunto. Para este paradigma, lo más importante es la acumulación del capital (Huanacuni, 2010, 19). Éste “implica una noción de historia como despliegue de programas de vida en la sociedad, programas que salen en los momentos de la refundación de la sociedad, en los que hay una situación de fluidez, de sustitución y de implantación de nuevas formas y contenidos. No se trata de programas que están de manera completamente consciente en el conjunto de la sociedad, ni siquiera en una parte de ella, son programas que están concentrados en algunos núcleos y ámbitos de la sociedad, pero también dispersos en otros diversos ámbitos y rincones de la misma […] El momento constitutivo genera un subconsciente colectivo que generalmente solo se revela en los momentos de crisis” (Gutiérrez, 2008, 347). análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 165-180

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deliberación y concertación avivadas en las fases sociales agónicas, cuando el riesgo de implosión es más inminente. Aquí, el respeto a las generaciones precedentes no ha de ser menos riguroso que la estima por los nuevos seres por nacer, porque “en un contexto donde lo ‘moderno’ significa abolir culturas, tradiciones y pasados colectivos, esta postura tiene más de proyecto futuro que de reivindicación tradicional” (Gudynas, 2011, 18). Se trata de la ética de la responsabilidad, de orientación auto-comprensiva de seres interdependientes entre sí y dependientes de la naturaleza. En fin, nos hallamos frente a una ética del cuidado de todo lo viviente12. En tercer término, el proyecto existencial por medio del cual podemos hacernos, se traduce en el plano político en el sentido del compromiso que genera la dimensión de futuro, en cuanto el objetivo buscado es superar el dolor que ha causado el sometimiento a las clases plutocráticas externas o internas. El propósito de una tarea de esta índole es demostrativo de la propia valía, del talante de pueblos con riquezas institucionales y culturales, y no el descenso por el precipicio de la conmiseración y la victimización13, como en Gandhi. Todo lo contrario: lo que han demostrado los levantamientos indígenas en Ecuador y Bolivia es el orgullo de pueblos que reivindican los derechos a ejercer la soberanía sobre sus territorios y sus prácticas ancestrales, una vez han tomado conciencia de su condición subalterna secular. Tener esa perspectiva propia de ser desde el redescubrimiento de la identidad distorsionada por el poder colonial se traduce en la legitimación de las operaciones anticoloniales de las movilizaciones, de la reorganización popular y de la narrativa renovada de su propio quehacer como pueblos y culturas diferenciables dentro de un Estado plurinacional y multicultural (Tapia, 2006). 4. PARADIGMAS Y CONFLICTO GLOBAL [176]

Tendría razón Huntington (1996) con su planteamiento del choque de civilizaciones si la confrontación actual se tratara tan solo de una lucha mundial abierta, con contendientes equidistantes. Él, lo mismo que Thomas Friedman (2006), se empeñan en negar el relieve, solo aprecian los actores, pero no la composición jerárquica del sistema, con agentes que dominan y sujetos dominados. En teoría, esta lucha equidistante de civilizaciones pudo haber existido en los tiempos premodernos, antes de la expansión valorativa y productiva europea; pero hoy día la interdependencia global opera un entramado de fisuras y contradicciones económicas, políticas y estratégicas entre los poseedores del capital, la tecnología, el trabajo y los recursos naturales, los reformadores y los conservadores, los vinculados al cuerpo político y los marginados, todas esas contraposiciones dentro de una familia humana enfrentada al deterioro de un ecosistema vulnerable. Determinadas por este sistema de intercambios económicos, políticos y culturales, las sociedades de Asia y América Latina buscan acoplarse a partir de sus redefiniciones identitarias, que las conducen al rescate de sus idearios y sabiduría ancestral. No es su reacción exclusiva, dado que los movimientos de contestación y resistencia al tipo de globalización que excluye numerosos grupos sociales y se porta tan agresivo con el entorno aparecen por todas partes. Sin embargo, el acento particular que asiáticos y latinoamericanos enarbolan guarda relación con la función histórica separada en la expansión del colonialismo europeo, a través del cual se impuso el dominio capitalista. La red comercial operó de tal modo que los bienes de unos y otros pudieron estar bajo el control 12

En esta misma línea de pensamiento, Hans Jonas, Apel, MacIntyre, Toulmin, sobresalen entre quienes denuncian el costo humano y ambiental del tipo dominante de producción de bienes. Badiou distingue, al respecto, la justicia positiva de la justicia negativa o de la ética de la víctima, porque es sobre la carencia de justicia o de la injusticia que se funda. La justicia positiva opera sobre los dos principios rectores, según los cuales el cuerpo humano no es mero cuerpo, porque es inseparable de la idea, y los seres humanos somos iguales (Badiou, 2007).

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completo europeo, que los puso al servicio de su industria, despegue técnico, renovación política y discursiva y fortalecimiento del aparato militar. Hoy día, una conciencia compartida de exacción compromete a ambos pueblos en la lucha contra los proyectos neocoloniales, diseminados por medio de los mecanismos financieros y del monopolio del poder tecnológico. No obstante la comunidad de intereses anticoloniales, las justificaciones de la renovación política difiere en América Latina respecto a Asia, en razón de su atadura diferenciada a la empresa colonial. Del lado latinoamericano el componente nativo fue mucho más avasallado y destruido que el asiático, como parte de la clasificación racial impuesta por los conquistadores. Fue necesario conformar un complejo escalonamiento étnico mediante el mestizaje racial que no hubo en Asia. En América, fueron sometidos los habitantes, junto con sus cosmovisiones, lenguas, ritos y gastronomía, para entrar en un esquema de servidumbre laboral y espiritual al ocupante. La religión, la lengua, la técnica y gran parte de su culinaria pasaron a ser los traídos por los ibéricos, en tanto que los pueblos asiáticos aunque enganchados en el circuito comercial pudieron preservar los elementos centrales de sus culturas respectivas, como sus religiones, sus lenguas, sus ritos y sus hábitos alimenticios o de vestuario. Su independencia formal de la metrópoli ibérica en el siglo diecinueve facilitó la supeditación republicana al designio político, militar y productivo anglosajón. Este contraste adquiere una significación notable en el momento de responder a los desafíos de un sistema productivo y de intercambios como el desplegado por la globalización contemporánea. El bien conocido el hecho que mientras los países asiáticos han logrado ubicarse en posiciones más favorables, en la medida que capturan sectores crecientes de la actividad manufacturera y la innovación del conocimiento técnico, los latinoamericanos retroceden hacia fases ya experimentadas de explotación intensa del recurso natural. Ambas partes han entrado a formar parte del proceso de valoración mundial capitalista, pero desde posiciones distintas en la división internacional del trabajo, como resultado de los diversos modelos de planeación económica, en un caso orientada al aprovechamiento del patrimonio laboral y en el otro a la venta de la naturaleza en bruto o con escasos trabajo y tecnología incorporados. Esta distinción de roles impacta sus respectivas reformulaciones teóricas, pues mientras las ideas políticas asiáticas develan los hallazgos de la autocrítica intelectual europea en sus propios marcos valorativos como los heredados del budismo o del confucianismo, el ideario latinoamericano se ve en la necesidad de rescatar los conceptos y las prácticas precoloniales como parte de su recomposición identitaria, indispensable en los procesos de autonomización.

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En el plano político la diferencia deja ver la doble experiencia en el involucramiento con el orden global económico y estratégico. Los países asiáticos alcanzaron su independencia en una etapa tardía en comparación con la vida republicana temprana de los latinoamericanos. Los asiáticos se rigen aun por los partidos políticos o las justificaciones ideológicas que les permitió darse el autodominio como Estados independientes y que han buscado extender su legitimidad por medio de los planes industriales a largo plazo. Muchos de ellos aplican medidas para adoptar los recursos del mercado y adaptarlos a sus peculiares esquemas doctrinarios. Los latinoamericanos soportan, por lo general, estructuras políticas heredadas del comienzo de la independencia, que han anclado élites subordinadas a la competencia geopolítica, al amparo de los intereses de seguridad estadounidense, con formas de producción rentista y de manifiesta concentración de la riqueza. Por esta razón, las renovaciones políticas aparecen incuestionables en las nuevas propuestas de organización económica y social. En términos geopolíticos el sustrato identitatio asiático alrededor del complejo doctrinal similar a la crítica posmoderna acelera un proceso de entendimiento que ve forjar un bloque contrastante análisis político nº 81, Bogotá, mayo-agosto, 2014: págs. 165-180

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con la alianza euro-estadounidense. El eje articulador lo detenta China, en entendimiento creciente con Rusia e Indonesia y otros países del sudeste asiático, mientras en la vinculación menos expedita se encuentran Japón e India, países con un involucramiento visible la estrategia global estadounidense. Es de prever que los condicionamientos económicos chinos dobleguen en buena medida las reticencias y resistencias de esos grandes vecinos, sin cuya colaboración la legitimidad de su liderazgo regional y global se resquebrajaría y terminaría por obstruir la influencia asiática en la recuperación de una más destacada mediación de las instancias multilaterales en la solución de las tensiones políticas y militares. América Latina aparece expuesta a la necesidad de la doble emancipación, tanto de sus clases dominantes como de su subordinación al sistema global desfavorecedor de los intereses colectivos. El discurso oficial se empeña en legitimar ciertas élites entroncadas con la corriente de mayor influjo en la interacción global, ahorrándose el costo de la renovación política y la implantación de esquemas productivos redistributivos. Sobrepasar dicho esquema doctrinario surge como imperativo para el ideario y los procesos políticos alternativos. En consecuencia, la brecha entre los países latinoamericanos es insalvable por ahora, y habría que esperar un mayor deterioro de la narrativa oficialista perfilada por Estados Unidos para encontrar las condiciones de concertación conceptual, programática y rescate de los procesos integracionistas. Ante la imposibilidad de la completa renovación elitista, la apertura de las dirigencias nacionales a los movimientos contestatarios va a ser imprescindible. CONCLUSIÓN [178]

Coincide la crisis financiera de las sociedades industriales con los replanteamientos de la globalidad económica contemporánea. La red mundial de intercambios suele ser vista como el soporte visible de una estructura de dominio que ha favorecido a los países centrales, en desmedro de los intereses y la independencia de los países periféricos. Los mecanismos de control no son solo de tipo económico, sino que cubren el amplio espectro de las instituciones políticas y los sistemas de pensamiento. En consonancia con esta situación, quienes denuncian la globalización desventajosa para los países y regiones subalternas proponen modificaciones del sistema mundial productivo junto con nuevas formas de organización política y nuevos valores sociales. La rica tradición intelectual y cultural asiática alimenta propuestas de globalización humanizadora distinta de la senda anglosajona con base en sus valores ancestrales. Sus defensores consideran que el legado del budismo o el confucianismo, entre otras fuentes, contiene indicaciones de considerable importancia para atenuar los desvíos individualistas, materialistas y etnocéntricos que han estado presentes en el discurso y la práctica hegemónica de Europa y de Estados Unidos. Mientras los pensadores asiáticos resaltan la influencia de sus valores en la industrialización exitosa y buscan, por lo tanto, disminuir sus efectos sobre la estructura social, en América Latina la globalización se ve como el conjunto de ideas y prácticas negadoras de la riqueza material y espiritual de la región. Encuentran la globalización actual como una fase avanzada del sometimiento colonial. Frente a dicha imposición hegemónica, los intelectuales latinoamericanos subrayan la emancipación integral –económica, política y cultural– en términos de decolonialidad. De acuerdo con su perspectiva, los intentos de emancipación productiva o política de la herencia colonial se tornan imposibles sin la deconstrucción del discurso colonial. En consecuencia, mientras los valores asiáticos se usan para corregir los efectos colaterales de la globalización económica, en Suramérica la noción de Buen vivir inspira la transformación del Estado, la producción y la cultura.

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Ambos grupos de sociedades cuentan con un pasado precolonial de complejas organizaciones políticas e instituciones económicas relativas a marcos conceptuales más firmes en Asia que en algunas partes de América Latina, donde el proceso de asimilación a la cultura europea fue mucho más intenso. Al parecer, la renovación valorativa apunta a la humanización de las relaciones globales, mediante el reconocimiento de diversas modalidades productivas y asociativas, y no tanto al desquite de la opresión sufrida. Asimismo, se estaría superando otra actitud criticada por Gandhi y los padres de la corriente decolonial de victimizarse como pueblos necesitados de la eterna ayuda externa. La compaginación doctrinaria entre asiáticos y latinoamericanos se vislumbra, entonces, clave en el establecimiento de alianzas mundiales estructuradoras de un sistema internacional posmoderno y pos-hegemónico.

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