REVISTA ANÁLISIS POLITICO n° 79 by Carlos Sandoval

N째 78

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

IEPRI

DOSSIER: Guerrilla en Colombia Desdibujamiento de la oposición “amigo/enemigo” y “banalización” de las prácticas atroces A propósito de los fenómenos recientes de violencia en Colombia Daniel Pécaut

La presencia de lo religioso en la militancia revolucionaria Andrea Lissett Pérez

Claves y distorsiones del régimen disciplinario guerrillero Mario Aguilera Peña

Aprendizaje organizacional y aprendizaje mediante la “historia como argumento” por partes de actores violentos no estatales. El caso de las FARC-EP en Colombia Heidrun Zinecker

DEMOCRACIA

COMITÉ EDITORIAL

El multiculturalismo en cuestión: reflexiones alrededor del caso afrocolombiano Andrés Arley Salazar Salazar

FUNDADOR

Francisco Leal Buitrago Profesor Honorario Universidad Nacional de Colombia Universidad de Los Andes DIRECTOR

Carlos Mario Perea IEPRI, Universidad Nacional de Colombia

CONFLICTO La guerra como negocio y los negocios de la guerra civil de 1851 Juan Carlos Jurado Jurado

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EDITORA

Julie Massal IEPRI, Universidad Nacional de Colombia ASESORES EDITORIALES

Daniel Pécaut Ecole des Hautes en Sciences Sociales de Paris Francisco Gutiérrez Sanin IEPRI, Universidad Nacional de Colombia Stathis N. Kalyvas Universidad del Yale, departamento de Ciencia Política Gonzalo Sánchez Gómez Centro de Memoria Histórica Juan Carlos Rodriguez Raga Universidad de Los Andes, Departamento de Ciencia Política Hugo Fazio Vengoa Universidad de los Andes, departamento de Historia ASISTENTE EDITORIAL

Carlos Germán Sandoval IEPRI, Universidad Nacional de Colombia COMITÉ CIENTÍFICO

Juan Gabriel Tokatlian Argentina Klaus Meschkat Alemania Camille Goirand Francia Catherine LeGrand Canadá Elisabeth Jean Wood Estados Unidos Preparación editorial, diagramación e impresión Gráficas Ducal Ltda. Distribución Siglo del Hombre Editores ISSN 0121-4705 Impresa en Colombia, 2013

INTERNACIONAL Algunas propuestas frente a la crisis de legitimidad de la comunidad andina (CAN) Carolina Blanco Alvarado

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La erosión contemporánea del poder estadounidense Santiago Cataldo

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Wikileaks subordinado: la supremacía estatal en el sistema internacional contemporáneo Alejandra Ripoll

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PONENCIAS Una mirada de las ‘ciencias militares’ desde las ciencias sociales Francisco Leal Buitrago

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RESEÑAS Asociaciones campesinas en resistencia civil. Construcción de paz y desarrollo en el magdalena medio Julie Massal

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Desequilibrios Territoriales: Estudio sobre la descentralización y el ordenamiento territorial colombiano Miguel Borja

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contenido

UNIVERSIDAD NACIONAL D E CO LO M B I A

DESDIBUJAMIENTO DE LA OPOSICIÓN “AMIGO ENEMIGO” Y “BANALIZACIÓN” DE LAS PRÁCTICAS ATROCES. A PROPÓSITO DE LOS FENÓMENOS RECIENTES DE VIOLENCIA EN COLOMBIA*

Daniel Pécaut

Daniel Pécaut**

RESUMEN La tesis del ensayo es que la dinámica de las atrocidades no remite, en el caso colombiano, a una división que alimentaría pasiones políticas irreconciliables. Existe en efecto un conflicto armado central pero ramificado de tal manera que su carácter político es cada vez más fluido. Las interferencias entre los protagonistas y la diversidad de sus objetivos cuentan tanto como sus oposiciones. Las prácticas atroces no están orientadas tanto a golpear poblaciones consideradas como “radicalmente distintas” como a confinar poblaciones similares en redes distintas. Palabras clave: Violencia, Colombia, Estado, Guerrilla, Población

OPPOSITION BLURRING OF “FRIEND ENEMY” AND “TRIVIALIZATION” PRACTICE ATROCIOUS. A PURPOSE OF RECENT VIOLENCE PHENOMENA IN COLOMBIA

dossier: guerrilla en Colombia

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SUMMARY The thesis of the essay is that the dynamics of atrocities does not refer, in the case of Colombia, a food division irreconcilable political passions. There is indeed a center but branched conflict so that political nature is increasingly fluid. The interference between the protagonists and the diversity of its goals count as much as his opposition. Egregious practices are not geared to hit both populations considered as “radically different” as to confine similar populations in different networks. Keywords: Violence, Colombia, State, Guerrilla, Population Fecha de Recepción: 12/01/2013 Fecha de Aprobación: 15/03/2013

* Texto original en francés. Traducción por Alberto Valencia Gutiérrez, profesor Departamento de Ciencias Sociales Universidad del Valle, Cali, Colombia. ** Director de estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París

análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 3 - 26

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Los fenómenos recientes de violencia en Colombia son comparables en sus efectos con las guerras civiles que han padecido muchos países. El cuadro cuantitativo presentado en la introducción nos puede servir de punto de referencia. Hay que recordar que Colombia ocupa el segundo puesto en el mundo en lo que tiene que ver con el número de personas desplazadas por la fuerza y tal vez el primero en lo relacionado con los cambios en la propiedad de la tierra que de allí se derivan. Sin embargo, esta cifra ofrece una imagen bastante incompleta de la crueldad que ha acompañado a estas conmociones. Toda la panoplia de los horrores propios de las guerras civiles se ha desplegado aquí: masacres colectivas, asesinatos selectivos, torturas, desapariciones forzadas, robos, secuestros, etc. Estos fenómenos se han producido sin que la referencia oficial al Estado de derecho se haya roto abiertamente, aun teniendo en cuenta que los dispositivos de excepción han estado presentes y, sobre todo, que el Estado ha estado implicado muy a menudo en las atrocidades. Una parte importante de la población no se ha visto confrontada directamente con la violencia y ha tenido la posibilidad de cerrar los ojos frente a las violaciones masivas de los derechos humanos.

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Este ensayo pretende mostrar cómo las prácticas atroces se han logrado banalizar tan fácilmente. La explicación propuesta pone el acento en los hechos propios de los fenómenos de violencia que no pueden ser relacionados completamente con una línea de división “amigo-enemigo”: múltiples protagonistas intervienen en ellos con objetivos que no son necesariamente políticos y amplios sectores de la sociedad no se reconocen en una división de esta naturaleza. Dado que los enfrentamientos se llevan a cabo en gran medida a través de población civil interpuesta, el recurso a las prácticas atroces es el medio del que disponen los protagonistas para imponer su dominio sobre dicha población, para obligarla a la sumisión o a hacer arreglos, con el fin de consolidar de esta manera su implantación territorial. En síntesis, estas prácticas sólo raramente ponen en juego afirmaciones identitarias y más bien están orientadas a sustituirlas con la creación de fronteras móviles y clasificaciones imprecisas entre los habitantes. En una primera parte haremos referencia a las interpretaciones sobre la “banalidad” de las lógicas atroces en situaciones extremas. En la segunda parte, volveremos rápidamente sobre la experiencia de la Violencia. En la tercera parte, describiremos las dinámicas de violencia presentes desde los años 1980. En la cuarta parte, asumiremos el punto de vista de la sociedad para mostrar cómo las prácticas atroces conducen a imponer la diferencia en el seno de poblaciones caracterizadas más bien por la similitud. En la última parte, consideraremos la posición de los “ejecutores” para tratar de entender la manera cómo éstos pueden efectivamente perpetrar sus crímenes como si se tratara de tareas ordinarias. Dos observaciones previas son necesarias. Este ensayo no está orientado a llevar a cabo un estudio histórico sobre la evolución de la violencia durante las últimas décadas. Hace referencia ante todo a la situación que prevalece entre fines de los años 1990 y la terminación de la primera década de los años 2000. Además, no trata de especificar lo que se puede comprender bajo la rúbrica “atrocidad”: la mención de la panoplia de los horrores puede ser suficiente1.

Se entiende En su excelente obra sobre las masacres de Urabá, Andrés Fernando Suárez distingue las “masacres simples” de las masacres acompañadas de sevicias diversas (Suárez, 2007). Sin embargo es evidente que las sevicias se presentan mucho más a menudo por fuera de los episodios de las masacres y que ninguna contabilidad puede ser hecha a este respecto.

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1. SITUACIONES EXTREMAS Y ATROCIDADES El análisis de las atrocidades no es sencillo. Existe el gran riesgo de ceder al voyeurismo y a la fascinación. En su novela Elizabeth Costello2 el escritor Coetze trae a cuento un conferencista que afronta el desafío de referirse a las prácticas de crueldad que están presentes tanto en los conflictos internos como en las relaciones entre el apartheid y los antagonismos étnicos y constata que ni un relato frío que pretenda ser objetivo, ni una descripción a distancia, ni un comentario explicativo sobre las causas y el contexto y, menos aún, el recurso a lo patético, logran evitar la sospecha de complacencia o poner de presente lo que el exceso de estas prácticas tiene de incomunicable. En diversas obras el sociólogo alemán Wolfgang Sofsky ha tratado de analizar episodios atroces pero dejando de lado deliberadamente su contexto histórico y sus motivaciones para sólo referirse a su aspecto “factual” (Tratado sobre la violencia, 2006). Con este criterio trae a cuento casos tan diversos como las masacres organizadas a sangre fría, la destrucción sistemática de ciertas poblaciones, la “locura asesina” de un individuo aislado o los desbordes ciegos de las multitudes. En nombre de una reflexión que presenta como “cultural” y “antropológica”, llega a la conclusión de que, a pesar de sus diferencias, estos actos traslucen esquemas idénticos que remitirían al impacto de una “cultura de la pulsión de muerte” en situaciones de “desestructuración absoluta de las normas y de los valores sociales”. Al ignorar los contextos históricos y las finalidades de los actores, esta orientación tiene como resultado el hecho de caer finalmente en el lugar común de una “naturaleza humana” y de sus infinitas “perversiones”. La narración “factual” termina atrapada en el efecto de “fascinación” mencionado por Coetze, en detrimento de alcanzar algún tipo de inteligibilidad3. Las variantes “factuales” de las violencias infligidas a los cuerpos y de su destrucción son de hecho limitadas en su diversidad. Para sólo tener en cuenta episodios recientes las masacres, torturas y sevicias que se presentaron en la ex Yugoslavia y en Ruanda se parecen mucho desde el momento en que no se contextualizan. Ocurre algo similar con las atrocidades cometidas en Colombia durante la Violencia de los años 1950 y las que se presentan durante las últimas décadas. Las fotografías de los cuerpos mutilados que figuran en el libro La Violencia en Colombia han marcado la memoria de los colombianos y podrían ilustrar igualmente ciertas escenas recientes. Tal vez se podrían identificar en algunos casos variantes en los rituales de la muerte y en las marcas de los cadáveres, aunque no es siempre el caso. Las diferencias se sitúan más allá de lo factual, en los contextos, en las lógicas y las justificaciones en las cuales se inscriben estos actos.

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Una vasta literatura resalta que estos actos sólo de manera excepcional son obra de “desequilibrados” o de individuos enceguecidos por sus pasiones. Muy a menudo los autores consideran que han obrado de manera “normal” y “racional” con respecto al contexto y a sus finalidades. Cuando el analista considera que existe un “exceso” es porque no tiene en cuenta la funcionalidad misma de estos excesos para someter al “adversario”. Los estudios llevados a cabo con respecto a casos tan diferentes como los Einzatsgruppen alemanes, las milicias serbias o los autores de masacres hutus muestran que todos tienen en común la convicción de estar realizando una tarea necesaria. Haciéndose partícipes de las orientaciones de

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Publicado en inglés en 2003. Existe traducción española. Comentarios críticos se pueden encontrar en (Mesnard, 2000, p. 23 y ss).

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una gran parte de la opinión, ninguno de ellos encuentra necesariamente una contradicción con la moral tradicional de la que se siguen reclamando. En una obra de carácter general sobre las masacres de masa que hace referencia a los ejemplos anteriores, y a otros similares, J. Semelin estudia las circunstancias y las lógicas que hacen posible esta situación (Purifier et détruire, 2005). La propaganda ideológica y los rumores contribuyen a la movilización de los participantes y los persuaden de la existencia de una amenaza relacionada con su propia supervivencia y con su propia identidad. La oposición “amigo-enemigo”, a través de la cual C. Schmitt define lo político, se orienta hacia el rechazo de un “otro radical”. Criterios étnicos, religiosos o regionalistas se movilizan de esta manera para que la alteridad no se remita a una diferencia coyuntural sino a un dato de “naturaleza”. Poco importa en realidad lo que se incluya en la etiqueta del “otro” absoluto; lo que cuenta es la operación que conduce a fabricar un “nosotros” sobre un fondo de exclusión. Sin embargo, como lo resalta J. Semelin, el “otro” puede haber sido antes un “prójimo”, incluso un semejante. Los ejemplos sobre las relaciones personales entre hutus y tutsis o entre bosnios y serbios abundan. La dinámica de las masacres se orienta inicialmente a romper estos vínculos para que la alteridad parezca resurgir de la realidad. Como lo ilustra la evolución de muchas de las movilizaciones revolucionarias, los activistas de un primer momento pueden transformarse en un segundo momento en “sospechosos” o en “traidores”. La realización de las masacres se acompaña de una escalada ideológica y política que se traduce en un aumento en el número de los que pueden ser puestos bajo esas etiquetas.

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El tema de la “banalidad del mal”, formulado por H. Arendt a propósito del caso de Eichmann, se ha convertido a menudo en un lugar común. Como lo han resaltado algunos comentaristas, este análisis se presta a discusión en la medida en que Arendt parece relegar a un segundo plano lo que no obstante es central en su obra: las lógicas propias de los fenómenos totalitarios4. Eichmann no era un simple burócrata sino que tenía un gran talento de organizador. Aunque se presentaba como un simple ejecutor, no ponía en duda que su rol le permitía contribuir a inscribir la ideología nazi en lo real. Sin embargo, trabajos posteriores han enriquecido la idea de Arendt y han puesto sobre todo el acento en las dinámicas de grupo y en el conformismo que éstas provocan hasta el punto de hacer aceptable la participación en los crímenes de masa. El historiador C. Browning ha estudiado en esta dirección el ejemplo de un batallón de policías alemanes reservistas que masacraron a centenares de judíos en condiciones particularmente repugnantes al comienzo de la ofensiva de 1941 hacia el Este (Browing, 1994). El caso se hace aún más más interesante si tenemos en cuenta que no todos eran nazis fanáticos y que tenían la posibilidad de negarse a participar en esas operaciones sin ser sancionados. Sin embargo, con una o dos excepciones, y a pesar de la aversión que sentían en un principio, todos aceptaron y terminaron por considerar que estaban realizando efectivamente una tarea ordinaria que no iba en contra de los principios morales de los que muy a menudo se reclamaban, por lo demás. Según C. Browning, la explicación no reside tanto en la obediencia a la autoridad como en el afán de conservar la solidaridad del grupo y mantener su cohesión. Como apoyo de esta interpretación, el historiador se refiere a los famosos trabajos de S. Milgram en el campo de la psicología experimental, consistentes en realizar una serie de experiencias 4

Sobre el tema de H. arendt y la banalidad del mal se puede consultar (Revault d´Allones, 1995).

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durante las cuales se les pedía a los estudiantes poner descargas eléctricas cada vez mayores sobre otras personas. Los estudiantes no sabían que las descargas eran falsas y que sus “conejillos de indias” fingían el sufrimiento. Aun así muchos de ellos no dudaban en aumentar las descargas incluso cuando las víctimas daban la impresión de ya no poder soportar el dolor. Lo hacían en la medida en que las órdenes eran formuladas por “expertos” y que esta garantía “científica” sofocaba sus escrúpulos. Pero también lo realizaban para imitar a sus camaradas que hacían lo mismo. La transgresión de las normas habituales remite de nuevo al conformismo, bajo la modalidad del respeto a la autoridad de los expertos y de la “ciencia”. El paso al acto cuando se trata de atrocidades de masa no puede ser separado de hecho de la adhesión a los valores colectivos que subtienden la movilización colectiva. Dicho paso contribuye en gran medida a validarlos. En una obra reciente consagrada a los ejecutores nazis, el sociólogo alemán Harald Welzer resalta que las matanzas tienen para estos una “función estructurante” (Des executeurs, 2007), en la medida en que confirman y concretizan los “cuadros interpretativos” que les han sido inculcados, tanto como al conjunto de la sociedad, y les dan el sentimiento de obrar por cuenta de esta última. De aquí no se deriva que los ejecutores no dispongan de un margen de maniobra individual. Este mismo autor observa, por el contrario, que el contexto excepcional les garantiza una “monstruosa extensión de su margen personal de acción” (Des executeurs, 2007, p. 263): el afán de conformidad no les impide dar libre curso a sus fantasías personales. La proliferación en estas situaciones de grupos o de milicias más o menos paralelos contribuye aún más. La importancia de las directivas y de los cuadros interpretativos centralizados y compartidos no nos puede conducir a subestimar la parte de las iniciativas descentralizadas, incluso de las improvisaciones circunstanciales. Las políticas de atrocidad son también la culminación de una serie de “pequeñas decisiones” que se presentan en diversos niveles. La disputa entre los historiadores alemanes de finales de los años 1960 a propósito de las lógicas que condujeron a los nazis a la política de exterminación de los judíos, los unos privilegiando una interpretación “intencionalista” según la cual aquélla habría sido concebida desde el principio, los otros una interpretación “funcionalista” según la cual habría sido sobre todo el resultado de la evolución de la coyuntura militar, rápidamente demuestra sus limitaciones: las dos lecturas no se oponen sino que se complementan. Todos los demás ejemplos de atrocidades de masa tienen que ver de manera similar con estas dos lecturas: la que pone el acento en las intenciones estratégicas venidas desde arriba y la que hace referencia a las iniciativas locales o a las de los pequeños jefes. De la misma manera se ponen en juego en ambos casos simultáneamente dos emociones, la que remite a un sentimiento de destino colectivo y la que remite a la difusión del temor: “si nosotros no tomamos la iniciativa, seremos las víctimas”.

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La idea de “banalidad del mal” es corroborada por una constatación, a menudo verificada, de que los autores de los crímenes no manifiestan, incluso mucho tiempo después, ningún rechazo por lo que han hecho. Presentados ante a la justicia a 30 años de distancia, los policías estudiados por Browning se limitan a negar el hecho de haber actuado en función de motivaciones ideológicas pero persisten por lo demás en sostener que lo que hicieron sólo fue aplicar las órdenes de realizar unas misiones “penosas” que les habían sido confiadas. Retrospectivamente muchos no dudan en presentarse a sí mismos como víctimas. En las entrevistas que tuvo con los actores de masacres hutus algunos años después del genocidio Jean Hatzfeld muestra, por su parte, que éstos estiman haber realizado simplemente el “trabajo” que se imponía hacer para evitar convertirse ellos mismos en los objetivos de una carnicería (Une saison de machettes, 2003).

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La “banalidad” tiene que ver en últimas con la negación de la responsabilidad del individuo en nombre de las “circunstancias”. 2. LA VIOLENCIA DE LOS AÑOS 1946-1960 Colombia ha conocido desde 1946 dos episodios de “violencia”, que han estado acompañados por innumerables atrocidades. Una vez más hay que decir, que si se lleva a cabo una descripción de las prácticas atroces desde el punto de vista “factual”, las semejanzas priman sobre las diferencias: decapitaciones, desmembramientos, violaciones y otros actos similares están presentes en los dos momentos. Que el uso de la sierra eléctrica sea más frecuente en la fase reciente es una muestra del progreso de las técnicas pero no cambia en nada el cuadro. En contrapartida, nos encontramos con una modificación en el contexto y en la definición de los actores y con la transformación de las finalidades y las significaciones que se atribuyen a estas prácticas, a su puesta en escena y a sus rituales y, finalmente, a sus implicaciones.

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Sin lugar a dudas ciertas continuidades contextuales son innegables, independientemente de que se refieran a las estructuras institucionales, políticas o sociales y se pueden resumir en pocas líneas: precariedad de la simbólica nacional, fragmentación de las escenas locales, incapacidad del Estado para hacer valer su autoridad sobre vastas porciones del territorio, adhesión a un “civilismo” que prohíbe a las fuerzas armadas mezclarse abiertamente en política pero que deja al mismo tiempo el campo libre para la realización de sus funciones de conservación del orden, interferencias entre las redes institucionales y las redes privadas de poder; fidelidad sostenida de la mayor parte de los sectores influyentes, económicos y políticos, a un esquema liberal que se traduce en un rechazo de cualquier tipo de concentración excesiva del poder; mantenimiento de su control sobre las clases populares y de una política de cooptación progresiva de las clases medias; amplia adhesión a un estilo de gobierno que descansa en transacciones permanentes entre todos los grupos que disponen de una capacidad de presión. Dichas continuidades son aún más asombrosas ya que Colombia ha conocido además una muy rápida modernización durante las últimas décadas, marcada por transformaciones demográficas, sociales y culturales. Es suficiente a este respecto observar que en lugar del 70% de población rural se cuenta ahora con una tasa de población urbana cercana al 80%, que el nivel de educación ha conocido enormes progresos, que la apertura cultural ha dejado atrás el provincialismo, que las costumbres escapan al control de una Iglesia católica que se encuentra ahora, además, en competencia con otras iglesias. Para comprender la dinámica de la violencia reciente es conveniente, pues, tener en cuenta no las continuidades en sí mismas sino su combinación con algunas discontinuidades fundamentales. Muchos de sus protagonistas y de las redes políticas se ubican en un lugar intermediario, lo que explica las tensiones y las disonancias que los atraviesan. La Violencia de los años 1950 presenta muchos aspectos propios de una guerra civil. La lucha por el poder entre los dos partidos tradicionales constituye la trama de fondo a partir de la cual se instaura una división “amigo-enemigo”, que atraviesa casi toda la sociedad. El rol del gobierno conservador en el desencadenamiento del conflicto es considerable y, por consiguiente, éste se alimenta desde lo alto y se encuentra parcialmente centralizado, pero se exacerba a medida que se descentraliza y es asumido por los antagonismos que provienen de abajo.

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De la aspereza de las hostilidades da testimonio no solamente la cifra de los muertos, estimada en 200.000, sino los desplazamientos de población. Las atrocidades que las acompañan son comparables en muchos aspectos a las de la guerra de España. Diversos factores contribuyen a su difusión. El conflicto pone en juego los fundamentos de las identidades personales y colectivas. Los dos partidos no son solamente organizaciones políticas nacionales. Mucho más que el Estado, logran encuadrar en sus redes locales al conjunto de la población, tanto rural como urbana, y constituyen verdaderas subculturas transmitidas de generación en generación. De allí se deriva que el conflicto no opone sólo a los “activistas”, que se reclaman de una obediencia o de otra, sino que se nutre también de pasiones compartidas por la mayor parte de la población. Abundan los ejemplos de los habitantes de una vereda que se enfrentan a los de la vereda vecina, perteneciente a una filiación política diferente. Esta oposición política no habría estado cargada de tantas consecuencias si no hubiera tomado una dimensión religiosa. Al disponer históricamente del apoyo de la Iglesia Católica, los conservadores más combativos no se limitan a poner en cuestión el principio de la legitimidad democrática con base en la invocación del origen divino de la autoridad, sino que proclaman la incompatibilidad entre la pertenencia al partido conservador y la doctrina católica. A diferencia de los republicanos españoles los liberales, que de ninguna manera son menos creyentes y practicantes que los conservadores, no constituyen una amenaza a las prerrogativas de la Iglesia. Sin embargo, esta referencia a lo sagrado es suficiente para que unos y otros tengan la sensación de vivir una especie de guerra de España y justificar las atrocidades que cometen. El encarnizamiento sobre los cuerpos es a menudo una puesta en escena y un ritual que tratan de darle a este hecho un valor de sacrilegio.

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];_ Si la Violencia es, por lo demás, tan compleja es porque los procesos de conflictualidad social que tienen un lugar tan importante en ella, no se dejan encerrar en las divisiones políticas o religiosas. Las élites de los dos partidos se encuentran la mayor parte del tiempo del mismo lado, desde el momento en que la movilización social amenaza con escapárseles. Así ocurrió frente al auge del vasto movimiento populista dirigido por Gaitán y frente a los levantamientos urbanos que siguieron a su asesinato en 1948. En el ambiente de la guerra fría, estas mismas élites se apoyaron muy pronto en la amenaza comunista para desmantelar sistemáticamente los sindicatos y otras organizaciones populares. Posteriormente se esforzaron en canalizar, en el marco de los dos partidos políticos, los fenómenos de violencia que, bajo el estímulo muchas veces de las antiguas luchas agrarias, asolaban las zonas rurales. Raros son efectivamente los movimientos agrarios que lograron sustraerse a esta tutela e, inversamente, las élites económicas y políticas terminaron ejerciendo una hegemonía sin precedentes, a pesar de que cargaban sobre si la responsabilidad de 15 años de violencia. Identificaciones partidistas, instrumentalización de lo religioso, represión y manipulación de las clases populares se conjugaron en una guerra civil fragmentada, sin frente definido, movida localmente por intereses y por la venganza y que termina convertida hacia su finalización en un conjunto de acciones de puro bandidismo. Además de la referencia a los partidos tradicionales, las prácticas atroces constituyen su trama permanente. Es inevitable que la Violencia haya dejado huellas indelebles y haya marcado las memorias individuales. Sin embargo, ni las huellas ni las memorias han podido inscribirse en un relato histórico y, menos aún, en una evocación institucional que les haya otorgado un sentido. Una análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 3 - 26

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de las razones de esta situación es que el silencio fue la condición para la creación del Frente Nacional, el pacto de reconciliación entre las élites de los dos partidos tradicionales, concebido como provisional pero que se mantuvo como fórmula permanente durante tres décadas. Si bien el pacto puso fin a las pasiones partidistas, tuvo también el efecto de volver ininteligible para las nuevas generaciones lo que estaba en juego en la Violencia. Estas generaciones han tenido que ignorar el hecho de que las clases populares se mataran entre sí por causas que no eran las suyas y sólo han conservado el componente de conflictualidad social bajo la idea de que éste podía fácilmente extenderse hasta el punto de estar en condiciones de producir una conmoción global. 3. SOBRE LOS FENÓMENOS DE VIOLENCIA DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. LAS MUTACIONES DE LOS CONTEXTOS Y DE LAS DINÁMICAS ATROCES Los fenómenos de violencia de las últimas décadas se inscriben en un horizonte muy distinto. No hay duda de que la ruptura con la Violencia no ha sido completa. Las cicatrices de este episodio no han sido borradas, aún se mantienen de manera concreta en numerosas regiones rurales, se reavivan gracias a la dinámica sin fin de los procesos de colonización y se manifiestan igualmente en la fragmentación territorial de las redes de poder y de su uso frecuente de la fuerza para imponer su dominio.

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Sin embargo, el imaginario asociado a los dos partidos tradicionales ya no juega ningún papel en la violencia o al menos muy poco. La Iglesia Católica ya no es un actor central del conflicto y la simbólica religiosa apenas si constituye una referencia accesoria. No se puede hablar de guerra civil global: algunas pocas regiones, sobre todo periféricas, conocen un clima de guerra e, incluso allí, sólo una minoría de la población se solidariza con los protagonistas; menos numerosos son aún los casos en los que esta solidaridad constituye un principio de identidad personal o colectiva. Para la mayor parte de los colombianos el proceso de violencia se limita al aumento de la “inseguridad” y a los esfuerzos para protegerse. El funcionamiento institucional no ha sufrido interrupciones significativas, sobre todo si se considera que el recurso a las disposiciones excepcionales hace parte de las prácticas habituales. La adopción de una nueva constitución en 1991 puso término, por lo demás, a las restricciones heredadas del Frente Nacional y se orientó a la construcción nada menos que de un “Estado social de derecho”. Con una extensión de más de 30 años, los fenómenos de violencia han sufrido transformaciones más o menos pronunciadas. Pero estas transformaciones giran alrededor de algunas tramas mayores, tramas a la vez heterogéneas y que interfieren entre sí. Las interpretaciones, independientemente de que sean elaboradas por los dirigentes políticos o por los comentaristas tienden, de acuerdo con los momentos, a poner el acento sobre uno u otro aspecto, pero es más bien en su combinación donde se encuentra lo fundamental. Una primera trama remite a la evolución del conflicto armado entre las guerrillas y las fuerzas que las combaten, oficiales o no. Las guerrillas ya no tienen mucho en común con las guerrillas de la época de la Violencia, aun teniendo en cuenta que una de ellas, las FARC, se apoyaron en un principio en los antiguos núcleos campesinos de “autodefensa”. Las guerrillas que irrumpen en los años 1960 se presentan claramente como revolucionarias y se reclaman de las diversas ideologías radicales del momento. Sin embargo, hasta finales de los años 1970 retroceden: cantonadas en las periferias del país apenas si logran inquietar al régimen. El crecimiento de su poder se produce poco después.

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Ni los intentos de negociación llevados a cabo en diferentes momentos por el gobierno, ni la desmovilización de algunas de ellas entre 1990 y 1991 logran detener los avances de las dos organizaciones que sobreviven, el ELN y, sobre todo, las FARC. Estas últimas extienden cada vez más su implantación y logran éxitos militares estrepitosos entre 1995 y 1998. Su objetivo de llegar al poder parece en ese momento estar a su alcance. Las Fuerzas Armadas estaban poco preparadas para hacer frente a una amenaza de esta naturaleza. Sólo en 1998, en el momento en que comienza un nuevo intento de negociación con las guerrillas, emprenden una rápida modernización: crecimiento y profesionalización de sus efectivos, adquisición de medios aéreos y de técnicas de observación. A las medidas tomadas por el gobierno colombiano a este respecto hay que agregar la ayuda de los Estados Unidos en el marco del Plan Colombia firmado en 2000 y que se traduce en la acentuación de esta modernización5. A partir de ese momento las guerrillas se ven obligadas a renunciar a las operaciones militares de envergadura y a volver a los métodos clásicos de la guerra de guerrillas. El reforzamiento en ese mismo momento de las organizaciones paramilitares es sin embargo lo que le da verdaderamente un nuevo giro al conflicto armado: recurriendo a métodos expeditos y beneficiándose de la tolerancia de las fuerzas armadas cuando no de su apoyo, logran rápidamente recuperar zonas estratégicas antes de hacer irrupción incluso en los bastiones tradicionales de las guerrillas. El conflicto armado entre guerrillas y fuerzas “antisubversivas” constituye, pues, una de las tramas centrales de los fenómenos de violencia. Durante los dos mandatos de Álvaro Uribe, de 2002 a 2008, la lucha contra las guerrillas constituye, bajo el nombre de política de “Seguridad Democrática”, la prioridad gubernamental. A pesar del innegable debilitamiento de las guerrillas después de 2006, los enfrentamientos militares continúan hasta el día de hoy.

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]33_ Una segunda trama remite al impacto del narcotráfico y de los narcotraficantes sobre el crecimiento de los fenómenos de violencia. Como es bien conocido, Colombia se convirtió desde finales de los años 1970 en una pieza fundamental del tráfico de drogas y en los años 1990 en el epicentro del cultivo de la coca. La agravación del conflicto armado es indisociable de este hecho. Las guerrillas derivan de allí los recursos necesarios para su expansión6 y para la consecución de su armamento, en particular las FARC, que dominan en las principales regiones de cultivo. Ocurre lo mismo con las organizaciones paramilitares que a menudo no son más que una emanación directa de los narcotraficantes y se encuentran al servicio de sus intereses, al mismo tiempo que luchan contra las guerrillas y sus apoyos. Sin embargo, el impacto del narcotráfico es mucho más global. A partir de 1985, los narcotraficantes, comenzando por lo que se ha llamado el cártel de Medellín, inauguran el recurso a un terrorismo de gran escala, al mismo tiempo ciego y selectivo, y logran sacudir las instituciones como las guerrillas nunca habían podido hacerlo hasta el momento. Innumerables bandas armadas se forman en vínculo directo o no con los narcotraficantes, como las bandas juveniles que imponen su dominio sobre las periferias urbanas o la de los sicarios, que se encargan de los asesinatos por cuenta de los patrocinadores más diversos. De manera más general la economía ilegal comienza

La ayuda norteamericana estaba destinada en un princi pio a la “guerra contra las drogas”. Además de los medios de observación que sirven también en el combate contra las guerrillas, mercenarios norteamericanos se integraron rápidamente a la protección de los oleoductos y otros puntos sensibles. Muchas otras fuentes financieras habría que agregar aquí, como los cobros a las producciones petrolera y bananera y a la ganadería. Sin olvidar el producto de las diversas extorsiones y de los secuestros.

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a penetrar amplios sectores de la economía legal y a alimentar una corrupción que toca todas las instituciones y una gran parte de la clase política. El narcotráfico engendra de esta manera una situación social caótica. La disparada de las tasas de homicidio a partir de 1987 es un reflejo de ello, ya que alcanzan en el plano nacional más de 80 por 100.000 habitantes; en Medellín más de 400, mucho más que el número de muertos que resultan directamente de los enfrentamientos armados. El narcotráfico provoca simultáneamente el sacudimiento de las viejas estructuras jerárquicas: recién llegados, fuertes por sus fortunas amasadas de repente, los narcotraficantes hacen su entrada en escena, entran en competencia con las antiguas élites económicas y políticas, imponen sus maneras de hacer y aceleran la delicuescencia de los valores “tradicionales” y de los dos partidos que habían dominado la historia de Colombia.

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Una tercera trama está ligada a la polarización política que comienza a padecer una parte de la sociedad a partir de los años 1980. Desde este momento se organizan núcleos de extrema derecha compuestos por miembros de la fuerza pública, de la clase política y de los “carteles” del narcotráfico, resueltos a recurrir a la violencia contra todos aquellos que sean acusados de “progresismo”. En el primer rango de los objetivos figuran los militantes de la Unión Patriótica, un partido legal creado bajo la égida del Partido Comunista y de las FARC en un momento en el que estas últimas habían firmado una tregua con el gobierno. La extrema derecha no duda un instante en considerar que la formación de este partido es un nuevo avatar de la “combinación de todas las formas de lucha” y se convence más aún de esta amenaza como consecuencia del éxito electoral que la UP obtiene en 1988 en regiones de fuerte presencia guerrillera. La respuesta es una campaña sistemática de asesinatos de militantes y cuadros de este partido y del Partido Comunista: la cifra de las víctimas se estima en 3000 o más. Sin embargo, estos núcleos comienzan a actuar igualmente contra militantes de los derechos humanos, de las ONGs o de las corrientes que critican al régimen. El resultado de todo esto es que la izquierda legal se ve prácticamente desposeída de representación política7. La derechización de la sociedad se acentúa cada vez más en los años siguientes, alcanza su paroxismo en el apoyo masivo que otorga a Álvaro Uribe durante sus dos mandatos y se apodera del Estado en su más alto nivel. Este último, no contento con sofocar todo tipo de contestación, aparece implicado en las operaciones de las redes paramilitares. La última trama remite a la dimensión social del conflicto. Las guerrillas pretenden obviamente representar a las clases populares y, más ampliamente, a los sectores progresistas. Si bien ellas cuentan efectivamente al principio con la simpatía de sectores de la clase obrera y de la clase media y disponen en ese momento de la colaboración de grupúsculos de la izquierda para difundir sus concepciones, este apoyo tiende a erosionarse a partir de los años 1990: como consecuencia de la exterminación de la que son víctimas los miembros de estos partidos, en particular la Unión Patriótica, las FARC se orientan hacia la vía puramente militar y corren el riesgo de aislarse. Sin duda las guerrillas disponen siempre de una importante presencia rural pero no logran ninguna transformación que mejore la suerte de los campesinos y no vacilan en utilizar la coacción además de la convicción. 7

La hegemonía de los dos partidos tradicionales ha limitado de manera permanente las posibilidades de una alternativa. Paradójicamente el período del Frente Nacional, entre 1960 y 1972, es el único en el que se conformó una fuerte oposición política. La adhesión posterior de las corrientes de extrema izquierda a las tesis de la lucha armada contribuyeron poderosamente a la marginalidad de la izquierda en la escena política oficial.

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En contrapartida múltiples fuerzas emprenden, bajo pretexto de lucha antisubversiva, la expulsión por el terror de miles de pequeños cultivadores y el acaparamiento de sus tierras. Ciertamente su objetivo es, en un primer momento, reprimir a las guerrillas y recuperar regiones estratégicas, lo que pasa también por la eliminación de los cuadros de los movimientos sociales. Desde finales de los años 1990, el objetivo se vuelve igualmente económico bajo el impulso de los narco paramilitares -los narcotraficantes y los paramilitares se habían vuelto indisociables o estaban muy cerca de serlo- y de sus numerosos aliados: terratenientes, empresas capitalistas interesadas en el desarrollo de los cultivos de exportación (bananos, palma e incluso explotaciones forestales), nueva clase política. Si bien la distribución de la tierra y de la riqueza había sido siempre profundamente desigual, su concentración alcanza ahora un nivel sin precedentes. La distinción de estas tramas evidentemente no es más que una simplificación de la realidad, ya que de hecho aparecen permanentemente intrincadas. Las interferencias que de allí resultan complican la lógica de violencia. El conflicto armado definido como enfrentamiento entre las guerrillas y las fuerzas antisubversivas implica sin lugar a dudas una división “amigo enemigo” de connotación tanto militar como política. Esta división no se refiere solamente a las organizaciones armadas legales e ilegales sino que afecta, como veremos más adelante, sectores enteros de la población civil que simpatizan con alguno de los bandos o que, al estar sometidos a su dominio, se ven obligados a adaptarse a sus normas. Sin embargo los fenómenos de violencia no se pueden limitar al antagonismo entre dos campos. Numerosos protagonistas de la violencia, como las bandas urbanas, no se inscriben, o sólo lo hacen de manera ocasional, en una oposición de esta naturaleza. En el seno de los dos “campos” los conflictos son numerosos: entre grupos paramilitares las luchas sangrientas son permanentes y tampoco faltan en algunos momentos entre algunos frentes de las FARC y algunos frentes del ELN8.

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Por lo demás, los enfrentamientos entre organizaciones paramilitares y guerrillas no son obstáculo para que se presenten entre ellas múltiples transacciones. Su participación común en el funcionamiento de la economía de la droga las vuelven necesarias: las guerrillas instaladas en la zona de cultivos de coca se ven a menudo obligadas a entregar su producción a los narco paramilitares instalados en las veredas vecinas en las que se lleva a cabo la comercialización. Duante los últimos años, las transacciones, incluso, han dado lugar localmente a alianzas puntuales entre “frentes” de guerrilla y grupos narcos o paramilitares, como en Nariño o en el Meta. Las conversiones de los guerrilleros en puros narcotraficantes no son excepcionales y en paramilitares lo son aún menos. Es probable que cerca de un cuarto de los paramilitares de una cierta edad hayan hecho sus primeras armas en la guerrilla. Esto contribuye a menudo, como veremos más adelante, al desconcierto de los habitantes que se encuentran frente a combatientes que han cambiado de uniforme. Si bien las convicciones inicialmente juegan un papel, no por ello dejan de ser maleables muchas veces.

Entre 2007 y 2008, se estima que los enfrentamientos entre el ELN y las FARC dieron como resultado cerca de 1000 muertos en Nariño, casi tanto como en Arauca.

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El reclutamiento de los nuevos combatientes de los grupos ilegales está aún más lejos de encontrar su fundamento en afinidades políticas previas. En principio voluntario, puede ser el producto de presiones considerables, incluyendo las que se ejercen sobre las familias. En forma creciente comprende a adolescentes todavía menores de edad: según un informe internacional, el número de los menores en los grupos ilegales sería de varios miles, la mayoría de ellos prácticamente desprovistos de educación. Cuando las presiones no están presentes, estos adolescentes son impulsados por el clima de descomposición social pero también se ven atraídos por el prestigio de las armas, el reconocimiento que esperan por eso y, para los que se vinculan a los paramilitares, por los salarios que reciben. Si bien las carreras pueden durar años para los guerrilleros, en otras organizaciones son a menudo aleatorias, debido a la débil cohesión que las caracteriza. De hecho, las fronteras entre lo que tiene que ver con lo político y lo que está relacionado con otros factores se encuentran desdibujadas de manera permanente. Protagonistas de envergadura como los narcotraficantes o las bandas urbanas están lejos de ser movidos por objetivos políticos: la buena marcha económica de sus negocios es mucho más significativa. Desde el momento en que los paramilitares ya no se contentan con reprimir a las guerrillas sino que se orientan, por su cuenta o por la de sus impulsores, a acaparar tierras y a tomar el control de los servicios públicos, las finalidades económicas predominan sobre las finalidades políticas. Los medios desplegados por los grupos armados ilegales como las extorsiones y los secuestros, entre otros, no se distinguen fácilmente de los que la delincuencia ordinaria pone en práctica y, al convertirse en rutinas, terminan por oscurecer los objetivos políticos de los que se reclaman.

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Las delimitaciones entre lo legal y lo ilegal son igualmente porosas. Los actores ilegales tienen sus relevos en el seno de las instituciones e influyen sobre amplios sectores. La amplitud de la corrupción es una de sus manifestaciones más visibles. La colusión entre una parte de la clase política y de las fuerzas armadas con los grupos paramilitares es un dato esencial de la violencia. Corrupción y colusión alcanzan su máximo nivel durante los dos mandatos de Uribe: el Estado se convierte en ese momento en la clave de la bóveda. Este desdibujamiento de los puntos de referencia constituye el telón de fondo de la generalización de las prácticas atroces. Lógicas mafiosas, lógicas políticas, lógicas militares, lógicas de la criminalidad organizada, se combinan con estas prácticas y se convierte en parte integrante del repertorio de acción habitual de todos los protagonistas. Los narcotraficantes han sido sin duda los pioneros en este campo: su terrorismo en gran escala abrió la vía pero también sus métodos de arreglo de cuentas entre grupos rivales y de “neutralización” selectiva de los que pretendían entrabar e, incluso, solamente denunciar su dominio creciente, hasta el punto de que lograron banalizar el recurso a las torturas, los secuestros y las masacres. No es sorprendente entonces, debido a la ósmosis entre ellos, que los paramilitares hayan retomado por su cuenta estos procesos hasta hacer de ellos el instrumento mayor de su “guerra”. Numerosos miembros de la fuerza pública están implicados en estas prácticas, sea que se hayan vinculado a los rangos de los paramilitares, sea que sostengan sus acciones, o sea incluso que obren de manera autónoma -un escándalo revela en 2009 que para inflar el balance de su éxito han secuestrado y ejecutado decenas de individuos provenientes de los sectores populares y los han presentado como guerrilleros-. Además de los múltiples asesinatos y masacres las guerrillas, por su parte, han hecho de los secuestros su especialidad: su número sobrepasa los 30.000 desde el comienzo de los años 1980. A pesar de la diversidad de sus objetivos, las estrategias de las organizaciones ilegales tienen en común el hecho de desplegarse sobre todo por la mediación de población civil interpuesta. Los

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enfrentamientos directos entre guerrillas y paramilitares tienden a ser raros. Los paramilitares los evitan de hecho porque su formación propiamente militar es muy inferior y por consiguiente su capacidad de combate. Sin embargo, a diferencia de lo que pasaba durante la época de la Violencia, la población civil está lejos de identificarse por sí misma con uno u otro campo, salvo en algunas regiones. Pero su control es un interés fundamental para todos los grupos armados, no para obtener su adhesión, sino para tener el dominio de su territorio. 4. LA IMPOSICIÓN DE DIFERENCIAS EN UN CONTEXTO DE INDIFERENCIACIÓN: LAS PRÁCTICAS ATROCES CONTRA LOS CIVILES Las prácticas atroces que se han conocido durante las últimas décadas en Colombia no suponen la referencia a una “alteridad radical”. Cuando tocan a la población civil, su fin es por lo general imponer una división allí donde no había nada que la favoreciera, crear diferencia allí donde prevalecía y sigue prevaleciendo el sentimiento de similitud en el seno de la población local. Los que las ejecutan son a menudo ellos mismos muy parecidos a sus víctimas. Lejos de ser un freno, la similitud contribuye a favorecer las prácticas atroces y su rutinización. Poner el acento en la similitud puede parecer sorprendente. No hay duda de que el conflicto no pone en juego posiciones étnicas9 o religiosas. Pero, ¿no sería eso subestimar la división política que existe con anterioridad a los enfrentamientos armados en diversas regiones y que persiste como trasfondo en la nueva situación? ¿El proceso de colonización del Sur del país acaso no estuvo organizado por las FARC que inculcaron a los habitantes sus normas y sus representaciones? ¿No se produjo un encuadramiento similar de la población a medida que se iba desarrollando la colonización de otras regiones como Urabá y Arauca? Es necesario también tener en cuenta las regiones donde estaban presentes organizaciones sindicales y movimientos campesinos que militaban en favor de transformaciones de fondo y despertaban simpatías con respecto a los objetivos presentados por las FARC y el ELN. La repartición geográfica del voto en favor de la UP a finales de los años 1980 es, por lo demás, una prueba fehaciente de la influencia de estas corrientes contestatarias.

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En contraposición, en otras regiones las redes políticas tradicionales, apoyadas por los notables y los propietarios, encuadraban a los habitantes y podían movilizarlos para rechazar todo lo que se pareciera a subversión10. En otros términos, la sociedad civil no ha estado al margen de las tensiones políticas. Sin embargo la expansión de las guerrillas desde comienzos de los años 1980 y la contraofensiva lanzada desde comienzos de los años 1990 por la fuerza pública y los grupos paramilitares han trastocado las líneas de separación. Las guerrillas se implantan en regiones donde anteriormente sólo habían hecho incursiones ocasionales; se aprovechan muchas veces de la precariedad de las condiciones socioeconómicas de la población rural, en particular en los territorios de colonización reciente; 9

No se trata de ignorar que las poblaciones indígenas y afro colombianas han sido golpeadas particularmente por el conflicto, como tendremos ocasión de mencionarlo. Sin embargo, estas poblaciones no son objeto del conflicto princi palmente debido a su identidad cultural sino porque ocupan territorios apetecidos por todos los sectores armados. Síntoma de la complejidad de la realidad: la zona de Puerto Boyacá, que fue la verdadera cuna del paramilitarismo (Gonzalo Rodríguez Gacha, un aliado de Pablo Escobar, organizó allí su grupo y la primera escuela de formación para el combate fue creada en ese mismo sitio con el concurso de militares y de mercenarios israelitas) había sido antes uno de los bastiones del Partido Comunista y de las FARC: el giro de los habitantes fue provocado, al menos en parte, por las extorsiones y los secuestros que la guerrilla hacía en proporciones cada vez mayores.

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y apoyan milicias en los polos urbanizados. Por otro lado, los propietarios y los notables crean sistemas de autodefensa con el fin de protegerse contra las extorsiones y los secuestros, que tarde o temprano se fusionan con los grupos paramilitares. Los enfrentamientos más duros se producen en las zonas que están desprovistas de una presencia sólida de los organismos del Estado y donde se concentran los nuevos recursos económicos, legales e ilegales. Como hemos visto son raros los enfrentamientos directos entre guerrillas y paramilitares. El predominio territorial representa una forma de adquirir control sobre los habitantes. El terror y la intimidación se orientan sobre todo a someterlos a las normas instauradas por las organizaciones armadas y a eliminar a aquellos que se nieguen a aceptarlos. Las masacres, las desapariciones forzadas, los secuestros, las torturas se presentan en este contexto. Este tipo de acciones no son el resultado de un imaginario identitario que subtienda un proyecto de exterminación sistemático de una fracción de la población, mujeres y niños incluidos, presentada como “diferente por naturaleza” como ocurre en las dinámicas del genocidio11.

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En Colombia se considera oficialmente como “masacre” el asesinato simultáneo de tres o cuatro personas -el criterio no es el mismo en las dos administraciones encargadas de levantar los datos estadísticos-. El número de masacres y de víctimas es impresionante12. Algunas pueden ser calificadas de “masacres de masa” cuando alcanzan más de 20 o 30 víctimas, aunque son relativamente raras, incluso durante los años en los que la violencia ha sido más intensa. Como lo muestran los datos presentados más arriba, la mayor parte de las masacres no sobrepasa las 10 víctimas. Al igual que las demás atrocidades, las masacres tienden a ser diseminadas y puntuales. Por lo demás, el conteo oficial deja en la sombra los casos en los que se presentan una serie de asesinatos individuales por un mismo motivo los cuales, aunque presentan más víctimas, no atraen la atención. ¿Es mera casualidad que la desmovilización oficial de los paramilitares en 2005 haya sido seguida por una caída del número de masacres mientras que los asesinatos individuales selectivos se mantienen en muchas regiones? Las masacres, al igual que muchas otras prácticas, son una expresión de las estrategias territoriales de los actores armados: las miles de víctimas directas y los cinco o seis millones de personas desplazadas constituyen un testimonio de la eficacia del método. Pero también la sumisión de los habitantes que permanecen en el lugar. Al expandirse el conflicto, los actores armados tienden a abandonar el trabajo de persuasión. Los habitantes de las zonas disputadas no tienen de hecho otra opción que huir o adaptarse a la tutela impuesta. Esta es la alternativa a la cual se encuentran confrontados. El miedo no es un obstáculo para que se presenten arreglos. Esta constatación es aún más válida allí donde los actores armados logran implantarse de manera permanente.

Muchos quieren que el exterminio de los militantes de la UP sea considerado como un “genocidio político”. La extensión de la noción de genocidio a las masacres políticas es objeto de debate porque se corre el riesgo de quitarle su especificidad. Las cifras mencionadas en el prólogo. Estos datos siguen siendo sin embargo aproximados. Las masacres cometidas por los paramilitares están mejor registradas que las cometidas por las guerrillas. Los investigadores, incluyendo los médicos legistas, no se pueden desplazar a todas las zonas. Muchos cuerpos son arrojados a las aguas. Los paramilitares parece que los queman en ciertos departamentos.

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Al hacer referencia a los arreglos, algunos comentaristas toman de Primo Levi la expresión de “zona gris” que, sin embargo, es poco conveniente. Con el uso de esta expresión Primo Levi quiere subrayar la diversidad de las condiciones de los detenidos en los ghettos y en los campos de concentración, donde algunos logran incluso disfrutar de privilegios por encima de los demás. Sin embargo el mismo autor recuerda que más del 80% de los deportados están condenados a muerte desde el instante de su llegada a los lugares de exterminación como Birkenau (Levi, 2005). Los arreglos permiten a los que logran escapar de esta “selección” sobrevivir durante algún tiempo pero sin desconocer la suerte que les espera. Estos arreglos debilitan la solidaridad entre los detenidos pero no anulan de ninguna manera la distancia radical con los dueños del juego. En el caso colombiano los actores armados no organizan un sistema de encierro como paso previo a la supresión total de un subgrupo ya sometido a un proceso de estigmatización y de segregación. El dominio de estos actores va más allá de las situaciones excepcionales y se extiende por una gran parte del país hasta alcanzar el control sobre la vida cotidiana. Si la referencia a la noción de “zona gris” se aplica a una situación tan común, pierde mucho de su pertinencia. Los motivos y las modalidades de los arreglos pueden ser supremamente diferentes. Ciertos motivos son de naturaleza económica: las zonas conflictuales coinciden a menudo con los polos de producción de recursos agrícolas, mineros o petroleros y, obviamente, con los cultivos de coca. El dominio de los actores armados se integra al funcionamiento de estas actividades. Otros factores son de orden más sociológico. Los habitantes están acostumbrados a ser alineados por las redes políticas que, incluso las de carácter legal, no rechazan el empleo de la fuerza. Además, los actores armados no son siempre percibidos como exteriores: guerrilleros y paramilitares provienen muchas veces de las mismas regiones y tienen vínculos frecuentes con sus habitantes.

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Como lo han descrito bastante bien muchas monografías regionales, los arreglos se establecen aún más fácilmente, o bien allí donde los actores armados tienen el dominio de las redes políticas locales, incluso de las instituciones locales, o bien allí donde los redes políticas tradicionales tienen necesidad de su colaboración para preservar su poder. Así ocurre con las guerrillas en diversas zonas. En el departamento de Caquetá, las FARC han tenido durante largo tiempo el control político de numerosos municipios y han sustituido la presencia del Estado, por lo demás precaria. En Arauca, las FARC y el ELN han dominado incluso las instituciones y se han aliado con fracciones de los partidos tradicionales que, gracias a esta cooperación, pueden seguir haciendo parte de la repartición de los recursos locales (Gutiérrez Lemus, 2010, p. 3-34). Con más razón aún los paramilitares nunca han abandonado la combinación del uso del terror con el control del poder político local. En el momento en que emprenden la reconquista del norte de Urabá, crean asociaciones campesinas adeptas a sus consignas y se infiltran en las alcaldías y consejos municipales, sentando así las bases de lo que va a ser calificado como “parapolítica”, como aparece en las revelaciones recientes de algunos de sus líderes. Los arreglos no conciernen pues solamente a la población sino a la clase política, tanto la antigua como la nueva. Sin embargo los arreglos no se pueden separar de la situación que deben enfrentar de manera permanente: la incertidumbre, rasgo central de la violencia. A partir del momento en que el conflicto se extiende a una gran parte del país, la incertidumbre se convierte en el horizonte que está presente en todos los instantes. Los espacios conformados alrededor del dominio de los actores armados se vuelven móviles y fluidas las fronteras que los análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 3 - 26

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separan. En los territorios en disputa, las líneas de separación se hacen cada vez más inciertas y numerosos son los casos en los que sus rastros se entrecruzan y se modifican en el día a día. Los barrios vecinos de una misma aglomeración pueden verse separados de un momento a otro por invisibles líneas de demarcación -como Barrancabermeja antes de 199913 -; una misma población puede en diferentes momentos pasar de la tutela de un campo a la de otro. Éste ha sido el caso de muchos de los municipios del departamento de Antioquia, sobre todo San Carlos o San Luis. En todos los casos las masacres y otras atrocidades indican material y simbólicamente el cambio de amo. La población descubre rápidamente que los grupos armados dan prioridad a sus cálculos militares en detrimento de la protección de la población local. La obra publicada por el Grupo de Memoria Histórica sobre El Salado, pueblo por donde pasa uno de los corredores estratégicos de las FARC, muestra que estas últimas no hacen nada para socorrer a los habitantes cuando los paramilitares llevan a cabo masacres de grandes repercusiones14. Incluso cuando los actores armados se comprometen a dar una protección de este tipo, la promesa no se mantiene con la evolución territorial del conflicto.

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Las masacres golpean muchas veces individuos claramente identificados como pertenecientes al campo opuesto. Esto es lo que se produjo en el caso de algunas de las matanzas más considerables perpetradas por los paramilitares: Segovia, población minera afiliada a la Unión Patriótica, y Mapiripán, son ejemplos, ambas realizadas con el apoyo de los militares. Este es el caso de la mayor parte de las masacres que se presentaron entre 1985 y 1997 en Urabá, primero en el marco de los enfrentamientos entre las FARC y el EPL y posteriormente en el marco de los enfrentamientos entre las FARC y los antiguos miembros del EPL, aliados en ese momento con los paramilitares ((Suárez, 2007)15. En esta fase, las masacres de uno de los bandos respondieron a las del bando contrario, y, en los dos casos, entre las víctimas se encontraron civiles acusados de apoyar al otro campo16. La masacre cometida por las FARC durante una fiesta popular en 1993 en Chinita, un barrio de Apartadó, sigue siendo un símbolo de esta violencia: el motivo fue que los habitantes eran simpatizantes del EPL. Los paramilitares no vacilan en golpear a los que han participado en un movimiento reivindicativo agrario y, obviamente, en un partido como la Unión Patriótica. Pero tampoco dudan en matar ciegamente a los habitantes de aquellas poblaciones en las que se detecta la presencia de la guerrilla, como ocurrió en El Salado y en otros lugares17. En los territorios disputados por los diversos grupos armados, las masacres están orientadas de hecho ante todo contra aquellos que son sospechosos de haber tenido relaciones con el grupo opuesto. Las víctimas, pues, son escogidas entre los “sospechosos”. Los habitantes descubren entonces que han sido seleccionados para pagar caro por su comportamiento anterior de acomodo. 13 14

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Las divisiones en esta ciudad se establecen sobre todo entre los barrios bajo control de las FARC y bajo control del ELN. Sobre todo los volúmenes consagrados a las masacres de El Salado y de Bojayá: (La masacre de El Salado, 2009; Bojayá. La guerra sin límites, 2010). Hay que precisar que los paramilitares llevaron a cabo en 1988 dos masacres importantes en la misma región. Según el libro de Suárez, las sevicias que acompañan ciertas masacres golpean sobre todo a los sospechosos de servir como informantes. Una de las peores masacres contra la población tuvo lugar doce años antes en Trujillo en el Valle del Cauca. Durante tres meses, una coalición de narcotraficantes, de militares y de paramilitares produjo una serie creciente de matanzas que culminaron en una vasta masacre acompañada de sevicia. El número total de las víctimas sobrepasó las 130. El pretexto de estas acciones fue la presencia del ELN y las represalias después de una emboscada que esta guerrilla había tendido a una unidad militar. El Estado colombiano fue condenado por este caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tuvo que reconocer su responsabilidad.

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Cualquier cosa puede servir para ser considerado sospechoso. Poco importa que los acomodos hayan sido voluntarios o no, que hayan consistido en la simple coexistencia suscitada por la vida cotidiana, el suministro de alimentos, el pago de “impuestos”, la asistencia a una reunión, un viaje fuera de la zona de residencia18: cualquier cosa es suficiente para exponerlos a represalias. Que una familia tenga, como ocurre a menudo, un hijo en la guerrilla y otro en el ejército, es suficiente para alimentar la duda. Las relaciones sentimentales con un combatiente del otro campo son consideradas fácilmente como colaboración: las guerrillas no han vacilado en matar muchachas jóvenes acusadas de haber tenido un vínculo con un militar y los paramilitares han hecho lo mismo en el caso de un vínculo con un guerrillero. Cuando hacen irrupción en una nueva zona, los actores armados disponen de la información suficiente para detectar a los “sospechosos”. Los paramilitares que son guerrilleros convertidos conocen a los habitantes de los lugares conquistados y su conducta anterior. Uno de los factores que alimenta el temor tiene que ver con estas conversiones. La facilidad con que los paramilitares se apoderaron de la ciudad de Barrancabermeja, a pesar de su tradición radical, se debe sin duda a la fatiga que sentían los habitantes desde tiempo atrás con las presiones concurrentes del ELN y de las FARC, que se traducían en consignas de llamado a la huelga o de parálisis de las actividades; pero esta facilidad también parece imputable a la vinculación de cuadros del ELN. Si bien las conversiones en sentido inverso son excepcionales, todos los grupos armados disponen de informaciones suministradas por los miembros que logran infiltrar. Los éxitos obtenidos durante los últimos tiempos por el ejército se deben ampliamente a la red de informantes que han logrado conformar. Sin embargo las denuncias que anteceden a la designación de los sospechosos y a las represalias tienen origen a menudo en los propios habitantes. Como ocurre en todas las guerras civiles, tales denuncias y la orquestación de los rumores, contribuyen a la información de los beligerantes (Kalivas, 2006). La referencia a la noción de “comunidad” local no logra ocultar las diferencias de sensibilidad o de interés y mucho menos se convierte en obstáculo para los litigios y los celos, que encuentran en los conflictos la posibilidad de aflorar cuando no terminan en arreglos de cuentas.

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Los delatores que provienen de la misma población son bastante numerosos y reciben el nombre de “sapos”. Intervienen con mucha frecuencia en el momento de las masacres y, sobre todo, de las masacres cometidas por los paramilitares. La escena ha sido evocada en muchas ocasiones. Después de reunir a la población, los ejecutores llaman a los “sapos”, a menudo enmascarados para no ser reconocidos, para seleccionar a los escogidos con una señal. En otros casos, los actores armados utilizan listas elaboradas con anterioridad, generalmente con base en el señalamiento de los “sapos”19. El fenómeno de los “sapos” desborda ampliamente el de los delatores. Son, por lo general, similares a los otros habitantes y se han diferenciado de ellos en un momento dado. Auxiliares de la difusión del temor, son también su producto. El temor no es la menor de sus motivaciones. 18

Son numerosos los casos en que las FARC “vigilan” las familias en los momentos en que uno de sus miembros sale de su lugar habitual para ir a una población vecina. Las obras publicadas por el Grupo de Memoria Histórica a propósito de diversos casos de masacres muestran que en numerosas ocasiones, la tarea de los ejecutores fue facilitada por el concurso de individuos pertenecientes al círculo inmediato de las víctimas. Fue así como la masacre perpetrada por los paramilitares en Bahía Portetes contra las mujeres de una comunidad wayuu en la Guajira fue consecuencia de un litigio en el seno de los miembros y que la masacre perpetrada por las FARC en Bojayá fue consecuencia de una división existente entre los afro colombianos por la infiltración de la guerrilla y de los paramilitares.

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En caso de no poder señalar a los “sospechosos”, ellos mismos pueden fácilmente pasar por serlo. Muchos aparecen como “sapos” en potencia. El hecho de ser reconocido como “sapo” favorece igualmente la venganza20. El fenómeno representa en muchos sentidos una dislocación de las reglas de confianza en el seno de poblaciones, por lo demás idénticas, pero puestas en un contexto de violencia. En las regiones más conflictivas, al igual que en aquellas en que el dominio de uno de los campos está fuera de discusión, la desconfianza termina imponiéndose entre los vecinos, incluso en el seno de una misma familia. El silencio se convierte en la regla, cualquier palabra puede ser reportada. El rumor reemplaza la expresión pública, como ocurrió en Urabá en el momento de los peores enfrentamientos, pero como sigue ocurriendo desde que en esa región se impuso el dominio de los paramilitares y sus aliados. Si bien ahora los individuos pueden hablar en privado e, incluso, expresar el alivio que sienten por la disminución de los asesinatos, se cuidan de formularlo abiertamente. La desmovilización de una parte de los paramilitares desde 2005 y, sobre todo, su frecuente reinstalación en las zonas que fueron azotadas por su presencia no han atenuado el temor que inspiran. A fortiori ocurre lo mismo en las regiones en las que las guerrillas mantienen su presencia o en aquellas donde pueden irrumpir en cualquier momento.

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Sin embargo no se deben subestimar los intentos de resistencia. Resistencia individual discreta: guardar la reserva pero con el riesgo de tener que plegarse a sus imposiciones. Pero también resistencia colectiva. Muchos de los intentos en este sentido han sido apadrinados por la Iglesia, otros lo han sido por “movimientos cívicos” u ONGs locales. Uno de los más significativos ha sido la creación de “comunidades de paz” en Urabá, bajo la iniciativa de los sacerdotes y de las organizaciones católicas a comienzos de los años 2000. La aspiración de estos grupos es hacer reconocer un estado de neutralidad, reforzando las solidaridades comunitarias, con base en la referencia a normas internas. Sin embargo, este intento ha demostrado ser frágil. Sus promotores se vieron obligados a obtener el aval de los actores armados y, por consiguiente, a transigir con ellos. Además, los miembros de las comunidades terminaban tarde que temprano por romper la solidaridad y por jugar a los “sapos” por cuenta de uno u otro de los actores armados. La experiencia de resistencia que ha tenido la mayor amplitud y la más grande repercusión ha sido la impulsada por las poblaciones indígenas del Cauca. Debido a la situación estratégica de esta región, estas poblaciones han sido el objetivo permanente de todas las organizaciones armadas ilegales21 y de la fuerza pública. Para enfrentarlos, los habitantes han construido un sistema defensivo conformado por “guardias indígenas” provistos de sus bastones. Los éxitos parciales que han logrado no han sido suficientes para evitar que la región no se convierta en el teatro de los peores enfrentamientos. La situación se ha empeorado incluso desde 2008. Guerrillas y paramilitares no se han contentado con disputarse el control de los corredores del tráfico sino que han incrementado los cultivos de coca en esos territorios, aprovechándose de que su estatuto especial prohíbe la destrucción de las plantaciones por aspersión aérea. La consecuencia de esto ha sido el debilitamiento de la cohesión comunitaria, numerosos indígenas se han visto obligados, voluntariamente o no, a colaborar con uno de los campos. 20

Según el estudio citado de Andrés Fernando Suárez a propósito de las masacres de Urabá, el uso de la tortura y otras sevicias sería más frecuente contra los “sapos” que contra adversarios declarados. Las FARC y el M-19 se implantaron allí desde los años 1980. Para afirmar su autonomía los indígenas crearon entonces su propia organización de guerrilla, el Quintín Lame, con vocación sobre todo defensiva y que se desmovilizó en 1991. En nombre del multiculturalismo establecido por la Constitución de 1991 a los indígenas y a los afros colombianos les fueron reconocidos múlti ples derechos. Esto no impidió que la región se convirtiera en uno de los epicentros del conflicto.

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Uno de los efectos del terror es sobre todo la ruptura de las solidaridades y, más aún, la parálisis de toda acción colectiva autónoma. Cuando las estrategias de acomodo se presentan, tienden más a dividir que a unir a aquellos que tienen que recurrir a ellas. Temor, desconfianza, sospecha, van a la par. Todos estos sentimientos llevan a reducir al máximo las relaciones de solidaridad y el repliegue sobre sí mismos. Haber sido víctima de los actores armados no constituye tampoco en sí mismo un principio de identificación compartida. No es una casualidad que, al menos en un primer momento, los sobrevivientes solo tengan como manera de identificarse la referencia a la identidad de sus verdugos. Los unos se designan a sí mismos evocando la responsabilidad de los paramilitares (o de la fuerza pública) en su destino, los otros la de las guerrillas. La amargura llega a su colmo cuando se trata de antiguos guerrilleros que pasaron a los rangos de los paramilitares o de vecinos convertidos en “sapo”. Esta identificación por “verdugo interpuesto” se mantiene frecuentemente, incluso entre los desplazados reagrupados en las ciudades. Durante la década de 2000, los desplazados se reencuentran a menudo en parcelaciones, pero separados una vez más por fronteras invisibles y discriminados por la población aledaña en función de las zonas de donde provienen. Dado que la mayor parte ha huido de los paramilitares, la sospecha de simpatía con respecto a las guerrillas sigue pesando sobre ellos. Las víctimas de las rivalidades entre bandas urbanas, por su parte, encuentran dificultades para darse una identidad, a menos que esas bandas hayan colaborado expresamente con una de las organizaciones ilegales. ¿”Guerra contra la sociedad”? Vemos aquí que la expresión exige algunos matices. La “guerra” atraviesa parcialmente la sociedad, le impone sus líneas de fractura, recluta en ella sus participantes y provoca en su seno modalidades de acomodo y de transacción. Las grietas que de allí se derivan no significan que la sociedad como tal se encuentre dividida por un eje “amigo enemigo”. Es indudable que algunos de estos sectores se aprovechan de la situación para acumular tierras, neutralizar los militantes contestatarios o tomar el control de las instituciones, lo que remite a la trama de los antagonismos sociales. Pero el hecho es que la gran mayoría, lejos de identificarse con los objetivos de los actores armados, se ve condenada a sufrir su imperio y los efectos de sus interacciones. En lo esencial, se trata sin duda de un conflicto “vertical” en el cual la sociedad se encuentra atrapada y su autonomía en entredicho22.

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5. LA BANALIDAD DE LAS PRÁCTICAS ATROCES: LAS LÓGICAS DE LOS EJECUTORES El propósito de esta última parte es volver a la pregunta del principio: ¿cómo se puede explicar que unos individuos lleven a cabo prácticas atroces como si se tratara de tareas banales? Recordemos que el balance de los fenómenos de violencia de las últimas tres décadas es comparable con el de las guerras civiles más atroces. Algunos jefes militares se han jactado de haber sido responsables de la muerte de más de mil personas y otros han reivindicado el hecho de haber matado por su propia mano a más de cien. Los narcotraficantes son los maestros en la variedad de las sevicias. Los miembros de las bandas urbanas proclaman con orgullo la eliminación de sus rivales de los barrios vecinos. Los cuadros de las FARC consideran como proezas militares haber destruido poblaciones, en ningún momento han dejado de justificar el recurso a los secuestros y continúan sembrando minas anti persona en 22

Por oposición a la idea de conflicto “horizontal”, estimulado por una división que atraviesa la sociedad, según la tesis sostenida por Iván Orozco, al autor de trabajos por lo demás particularmente aclaradores.

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vastas zonas sin inquietarse porque las víctimas sean a menudo los niños. La Fuerza Pública no se ha limitado a colaborar con los paramilitares sino que ha estado implicada en muchas operaciones de limpieza social, sin olvidar los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros. Las interpretaciones mencionadas al comienzo del artículo a propósito de episodios de violencia extrema ocurridas en otras sociedades demuestran sin embargo ser inapropiadas para explicar el caso colombiano. ¿Una división global “amigo enemigo”? En realidad la referencia al conflicto armado entre dos campos no debe hacer olvidar que no todos los elementos en juego están comprendidos en esta división y que hay protagonistas que, según las circunstancias, se sitúan de un lado o del otro, sin olvidar los individuos que cambian de campo. El eje del conflicto se encuentra por lo menos ramificado. ¿Una oposición general entre “ellos” y “nosotros”? De hecho las atrocidades no remiten siempre a un proyecto de afirmación identitaria frente a aquellos que representarían una alteridad radical. La oposición no es siempre muy tajante cuando consideramos las partes beligerantes. Numerosos son los paramilitares y los guerrilleros desmovilizados que no manifiestan una aversión particular contra aquellos sobre los cuales se han encarnizado. Una oposición de este tipo es aún menos pertinente cuando se trata de la sociedad: la conciencia de la similitud es más bien lo que domina.

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¿Un antagonismo que remitiría a convicciones diferentes o, para recoger el término de Welzer, a “cuadros interpretativos” que legitimarían las acciones de los ejecutores? De hecho los diversos protagonistas poco se inclinan a elaborar proclamas doctrinales y, menos aún, proclamas de tenor escatológico. La vulgata marxista a la que las guerrillas recurrían desde hace mucho tiempo perdió su atractivo. Si bien los paramilitares tuvieron de manera fugaz la veleidad de invocar la justicia social, no han persistido en ello ya que sus operaciones los desmienten. Y es inútil extenderse sobre los narcotraficantes. Los sucesivos gobiernos, por su parte, han estado orientados sobre todo a reaccionar a los acontecimientos y no han tenido ni la voluntad, ni los medios para galvanizar a la opinión. El único que se consagró a esa tarea con un cierto éxito fue Álvaro Uribe. Jamás un presidente había tenido una cota de popularidad tan elevada y constante, sin embargo, su discurso se limitó en lo esencial a la promesa de reducir las guerrillas a la medida de sus pretensiones. Esta promesa, mantenida de manera muy parcial, le permitió hacer ratificar más fácilmente por el público, en nombre de la lucha contra la “subversión”, la implementación de procedimientos que socavaban las bases del Estado de derecho. ¿Se trata de prácticas atroces provocadas por el “conformismo” y por el afán de construir solidaridad con los compañeros? Eso juega evidentemente. Sin embargo la arquitectura jerárquica de las organizaciones armadas es flexible salvo, cosa que aún se mantiene, en el caso del Ejército y de las guerrillas. Los demás protagonistas, por su parte, son ante todo agregados de grupos a menudo concurrentes. La fragmentación, el localismo y la fluidez son entonces elementos constitutivos de las adhesiones y el “conformismo” se reduce a menudo a la inserción inestable en estos pequeños grupos. El conformismo define las lógicas de las bandas al igual que una lectura común de las situaciones. Por lo demás, muchos de los ejecutores se enorgullecen, cuando son obligados a reconocer sus crímenes, del margen de maniobra que les fue conferido. Más que las identificaciones que se construirían a través de un desciframiento de la historia fundada sobre la negación de los otros, lo que se manifiesta es la disolución de las puntos de

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referencia normativos y su reemplazo por micro adhesiones que autorizan todo tipo de prácticas de violencia sin alcanzar a justificarlas. La intrincación entre lo legal y lo ilegal es un ingrediente central de esta disolución normativa. La corrupción institucional que se desarrolla desde finales de los años 1970, y se generaliza en los años 2000, es una de sus expresiones más visibles. La corrupción, por su propia cuenta, socava los fundamentos de la confianza en el Estado de derecho pero, además, es inseparable de la banalización en el uso de la violencia para acceder a los recursos económicos y políticos. Algo similar ocurre con la impunidad. A la vez causa y efecto de la violencia, es suficientemente importante como para volver racional la opción en favor de la transgresión de las normas e, igualmente, para vaciar de contenido la idea de transgresión. Los narcotraficantes y los paramilitares disponen sin embargo de una ventaja evidente con relación a las guerrillas23 para intervenir en el doble registro de la legalidad y de la ilegalidad: los primeros disponen de una capacidad de corrupción sin límites; los segundos, a menudo los mismos, se incorporan de manera muy natural en la esfera institucional gracias a sus aliados civiles y militares. Desde finales de los años 1990 se produce un proceso de paramilitarización en las principales regiones. Lo que se llama la parapolítica presenta dos variantes. Los paramilitares intervienen muchas veces en las elecciones por obtener directamente representantes en la administración; en otras ocasiones lo hacen para garantizar el éxito de notables políticos que pueden garantizar su dominio. Sin embargo, ésta no es más que la parte emergente de la paramilitarización: la otra parte es la expulsión de los campesinos y el acaparamiento de sus tierras. Todo esto se acompaña de la nominación a puestos clave del Estado, como los servicios de inteligencia interior, de personas que participan en las redes paramilitares24.

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La referencia a lo sagrado no está presente tanto como si lo está la referencia a las reglas del derecho. La secularización pasa por allí. Sin duda los ejecutores hacen a menudo exhibición de imágenes de la Virgen a la manera de los cristeros mexicanos y las formas que tienen de deshumanizar a sus víctimas y de despedazar sus cuerpos se parece mucho a la de hace 60 años. Sin embargo, los rituales de la puesta en escena han cambiado. Lo que era concebido para ser percibido como un sacrilegio ya no es más que una manera de parodiar la noción misma de sacrilegio mostrando que sólo se trata de un acto ordinario25. Para mostrar mejor la manera como se lleva a cabo esta desacralización observemos que algunas de las peores masacres perpetradas por los paramilitares, tales como las de Mapiripán y El Salado, se llevan a cabo como rituales, en medio de borracheras y de música rock. Estas festividades dan testimonio de que los fenómenos de violencia no están exentos de incluir una dimensión lúdica. Los testigos han reportado escenas en las que los militares juegan fútbol con la cabeza de sus 23

Lo que no significa en manera alguna que las guerrillas no cedan a la corrupción bajo la cobertura de la legalidad en las regiones que controlan. Uribe puso a la cabeza del DAS, el servicio de seguridad interna, a un hombre vinculado con las redes paramilitares. Durante sus dos mandatos promovió un enfrentamiento tortuoso contra la Corte Suprema de Justicia para entrabar las investigaciones que esta última seguía sobre la parapolítica. La Iglesia Católica sin embargo sigue estando omni presente en la sociedad. Los seminarios están llenos, los sacerdotes juegan un rol central en la vida de todas las “comunidades” urbanas y rurales. Pero la influencia de la Iglesia como institución ha disminuido mucho. Su dogmatismo ha dado lugar a un pragmatismo que la lleva a adaptarse a las circunstancias locales. A su manera la Iglesia contribuye a menudo a la impunidad: al hacer del “perdón” una prioridad, a menudo parece relegar a un segundo plano el deber de justicia y exonerar generosamente a los autores de crímenes de cualquier ti po de obligación de reparación.

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víctimas frente a la población. Esta dimensión lúdica se oculta con mucha frecuencia por parte de los analistas de otros conflictos recientes, marcados igualmente por la superposición de múltiples intereses en juego: sin embargo, es perceptible en los rostros satisfechos de los combatientes que aparecen en las fotografías. El aspecto lúdico da testimonio de la parte de hybris inherente a la mayor parte de las prácticas atroces (Blair, 2004) y se expresa en muchas otras manifestaciones, en particular en la manera pública cómo se produce la puesta en escena de las sevicias orientadas a aumentar el terror de los testigos. El episodio culminante de las masacres de Trujillo constituye una ilustración de esta situación26. Aparece igualmente en los “refinamientos” que se agregan a las matanzas, por ejemplo cuando los ejecutores recurren a la sierra eléctrica o a otros instrumentos para hacer sufrir más a sus víctimas antes de su muerte. Sin embargo, esta parte de hybris solo raramente remite a una afirmación idéntitaria, relacionada con los ejecutores o con las víctimas. Como ocurre con el conjunto de los procesos de violencia, sigue siendo profundamente “prosaica” y varía según las circunstancias locales y las finalidades perseguidas por los diversos protagonistas. Así como no hay una frontera precisa entre los territorios bajo dominio de uno u otro de los actores, no la hay tampoco entre las atrocidades espectaculares -masacres y torturas en público- y las atrocidades “ordinarias” -asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, secuestros-. La banalización de las atrocidades se encuentra igualmente corroborada por los centenares de cadáveres arrojados en los ríos o quemados, y por los millones de desplazados.

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Todos los protagonistas están implicados en esta banalización. Esta última sin duda está ligada a la dinámica descentralizada y fragmentada de los enfrentamientos militares. Pero no lo está menos a la multiplicidad de protagonistas y a la naturaleza compleja de sus objetivos, que son al mismo tiempo políticos, económicos y sociales. Habría que agregar que los datos cuantitativos muestran que los narco paramilitares son responsables de la mayor parte de las atrocidades y son los que más las han convertido en una práctica banal. La razón no es solamente que ellos compensen de esta manera su dificultad de enfrentar militarmente a las guerrillas, ni que puedan contar con el apoyo de miembros de la fuerza pública y de la clase política. Obran, además, por cuenta de las élites sociales, tradicionales o recientes, que ven en ellos el medio de reducir el imperio regional de las guerrillas y, al hacerlo, garantizar la seguridad necesaria a sus proyectos económicos. El acaparamiento de las tierras es una de sus vertientes; el otro es la implantación de empresas agroindustriales y de productos de exportación. Al mismo tiempo que siguen controlando la economía de la droga, se convierten en la punta de lanza de una transformación de las estructuras de producción. Las condiciones están así reunidas para que las prácticas atroces sean objeto de un asentimiento tácito cuando no de incitaciones abiertas, por parte de sectores claves de la sociedad circundante. El asentimiento va, de hecho, más allá de los sectores directamente implicados. La popularidad del gobierno de Álvaro Uribe muestra que una gran parte de la opinión estaba dispuesta a cerrar los ojos con respecto a los crímenes de los paramilitares. Lista a escandalizarse por las atrocidades cometidas por las guerrillas, inclusive cargando a su cuenta las acusaciones muchas veces precipitadas lanzadas por los servicios de inteligencia, la opinión ha sido más benévola 26

Una jovencita es objeto de sevicias y atrocidades en presencia de su tío, el párroco del pueblo, antes de que éste último sufra la misma suerte y todo eso ante los ojos de los habitantes.

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cuando se trata de las acciones de los paramilitares. Desde 2001, la mayor parte de los medios han contribuido a que los excesos de estos últimos sean ignorados o percibidos como los inevitables “efectos colaterales” de la campaña para yugular a las guerrillas. El rol de la propaganda es bastante grande en este caso y ha contribuido a acentuar la mutación de la opinión después del fracaso de las negociaciones del Caguán. Las guerrillas perdieron desde entonces su credibilidad política. El campo quedó libre para las exacciones hechas en el marco de la lucha antisubversiva. La banalización no se refiere pues únicamente a los coprotagonistas sino que remite también a la tolerancia de la opinión con respecto a los paramilitares. Incluso si el Estado de derecho es vapuleado, sigue siendo punto de referencia, lo que paradójicamente contribuye a desviar la atención de las prácticas atroces. Sólo a partir de 2005, fecha del acuerdo que preside a la desmovilización oficial de los paramilitares -muchos permanecen activos o forman nuevas bandasla opinión comienza a abrir los ojos sobre la magnitud de sus crímenes. Las revelaciones se acumulan y las víctimas empiezan a hablar. El aparato judicial ordinario no estaba preparado para hacer frente a esta situación y las condiciones no estaban reunidas para la conformación de una Comisión de Justicia y Verdad. El conflicto armado no llega a su fin y las ramificaciones de la violencia y de la corrupción son tan profundas que parecen difíciles de extirpar. Al lanzar un vasto programa de reparación de las víctimas y de restitución de tierras, el sucesor de Uribe parece sin embargo decidido a tomar un camino inverso al que había sido seguido después de la Violencia: en lugar de proceder a un simple acuerdo político, pretende restaurar los derechos de las víctimas y enfrentarse a las consecuencias sociales de 30 años de violencia.

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CONCLUSIÓN La tesis del ensayo es que la dinámica de las atrocidades no remite, en el caso colombiano, a una división que alimentaría pasiones políticas irreconciliables. Existe en efecto un conflicto armado central pero ramificado de tal manera que su carácter político es cada vez más fluido. Las interferencias entre los protagonistas y la diversidad de sus objetivos cuentan tanto como sus oposiciones. Las prácticas atroces no están orientadas tanto a golpear poblaciones consideradas como “radicalmente distintas” como a confinar poblaciones similares en redes distintas.

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Un interrogante subsiste sin embargo: ¿esta banalización se habría impuesto de esta manera si no hubiera estado estimulada por un imaginario, compartido tanto por los protagonistas como por una amplia fracción de la sociedad, según el cual la violencia sería un dato permanente de la historia colombiana, incluso constitutivo de esta historia? Hemos puesto el acento más arriba en las discontinuidades entre la Violencia y los fenómenos recientes. Pero la continuidad no está en duda para la mayor parte de los que han pasado por las pruebas de los últimos años, una continuidad que a menudo ellos mismos hacen remontar hasta las guerras civiles del siglo XIX. La obra de García Márquez ha servido de referencia a esta elaboración que se ha convertido, en un país poco inclinado al nacionalismo, en una especie de mito nacional. Sin complicarse con problemas de periodización, numerosos ensayistas han tomado por su cuenta este mito y han hecho de él una vulgata difundida en todas las capas sociales. El presente reproduce de esta manera el pasado y la violencia toma forma de destino. Los ejecutores encuentran allí como justificar sus actos, las víctimas como explicar sus sufrimientos. ¿Será necesario entonces volver a la idea de “cuadro interpretativo”? De hecho, es todo lo contrario. Si este imaginario contribuye a la banalización de los fenómenos de violencia, eso se debe a que no propone un desciframiento que ayude a construir su sentido. Cuanto más, toma a su cargo una análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 3 - 26

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memoria a la vez individual y colectiva cuya transmisión garantiza al igual que su reinvención al ritmo de las nuevas circunstancias. Los límites de la institucionalización en Colombia conducen a que las relaciones de fuerza brutas sean percibidas como componentes de esta institucionalización. Pero también a que la memoria no se pueda inscribir en referencias históricas estables y que por el contrario sea invocada para hacer de la repetición la trama de una historia imposible. BIBLIOGRAFIA Blair Elsa (2004), Muertes violentas. La teatralización del exceso, Medellín, INER. Bojayá. La guerra sin límites, (2010), Bogotá: Taurus. Browing C., (1994), Des hommes ordinaires. Le 101bataillon de réserve de la police allemande et la solution final en Pologne, Paris: Les Belles Lettres. Des executeurs. Des hommes normaux aux meurtriers de masse, (2007), Paris, Gallimard. Gutiérrez Lemus Jaime (2010), “Arauca: espacio, conflicto e institucionalidad”, Análisis Político, 69, mayo agosto de 2010, p. 3-34. Kalivas Stathys (2006), The logic of Violence in Civil War, New York: Cambridge University Press. La masacre de El Salado, Bogotá: Taurus, 2009. Levi Primo (2005), Trilogía de Auschwitz. Los hundidos y los salvados, Barcelona:El Aleph Editores, Océano. Mesnard Philippe (2000), Consciences de la shoah. Critiques des discours et de représentations, París, Edition Kilmé, p. 23 y ss. Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Paris, Seuil, 2005.

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LA PRESENCIA DE LO RELIGIOSO EN LA MILITANCIA REVOLUCIONARIA*

Andrea Lissett Pérez

Andrea Lissett Pérez**

RESUMEN En este artículo se discute la fuerza de lo religioso en la permanencia de la guerrilla revolucionaria de Colombia,el Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgida en 1964 y aún vigente como proyecto de lucha armada. Aunque el ELN se defina como una organización atea, seguidora de los princi pios del marxismo-leninismo, la muerte en combate del sacerdote Camilo Torres activó uno de los princi pios germinales de la tradición cristiana al interior del grupo: el sacrificio de Jesús por la humanidad, mensaje que fue traducido al lenguaje de la lucha social y convertido en premisa de la organización. Esta visión sacrificial está presente en los distintos contextos, prácticas, formas expresivas y discursos de los elenos; y constituye un elemento estructurante y significante de la identidad del grupo. Palabras clave: guerrilla, religiosidad, ELN, permanencia, sacrificio.

THE PRESENCE OF THE RELIGIOUS REVOLUTIONARY MILITANCY SUMMARY This article discusses the strength of the religious in the permanence of the Colombian revolutionary guerrilla (ELN) national liberation army, arisen in 1964 and yet in force as an army struggle Project. Although the ELN defines itself as an atheist organization that follows the Marxism-Leninism princi ples, the dead in combat of the priest Camilo Torres activated one of the germinal princi ples of the Christian traditions to the inner of the group: Jesus sacrifice by humanity, it is a message translated to the social fight and converted in straggle premise. This sacrificial vision will permeate the distinct contexts, practices, ways of expression and lectures from the ELENOS world that bind itself into a significant and structural element of the identity of the group. Keywords: guerrilla, religiosity, ELN, permanence, sacrifice.

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LA PRESENCIA DE LO RELIGIOSO EN LA MILITANCIA REVOLUCIONARIA

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Fecha de Recepción: 24/10/2012 Fecha de Aprobación: 20/01/2013

* El presente artículo está basado en la tesis doctoral de la autora “O sentido de ser guerrilheiro: Uma análise antropológica do Exército de Libertação Nacional da Colômbia”, defendida en 2008 en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. ** Doctora en Antropología Social de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. Docente Universidad de Antioquia, Colombia. Email: andreaperez71@hotmail.com

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LA PRESENCIA DE LO RELIGIOSO EN LA MILITANCIA REVOLUCIONARIA

Andrea Lissett Pérez

INTRODUCCIÓN En este artículo discuto la presencia de lo religioso en espacios considerados laicos y, específicamente, en la guerrilla revolucionaria colombiana del ELN (Ejército de Liberación Nacional), surgida en la década de 1960 y que sigue vigente como proyecto de lucha armada. El interés por esta temática surgió con el desarrollo de la investigación etnográfica que buscaba elucidar las razones por las cuáles este grupo ha perdurado por más de 45 años como sujeto activo en complejas dinámicas sociales y políticas de distintas regiones del territorio colombiano ¿Por qué continúan vigentes? ¿Qué elementos permitieron o facilitaron esa permanencia histórica? Los datos etnográficos recogidos durante los años 2006 y 20071 me permitieron detectar aspectos sugestivos como la existencia de una importante tradición de lucha y resistencia social por la vía armada en sectores subalternos de Colombia, así como un significativo proceso de construcción de identidad al interior del grupo. Fue un descubrimiento altamente relevante porque, de un lado, se mostraba el peso de la tradición que seguía nutriendo de sentido el accionar social y, de otro, el papel desempeñado por lo simbólico, frecuentemente ignorado y/o subestimado en el campo de estudio sobre la problemática del conflicto armado.

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Lo cierto es que encontré una identidad diferenciada, denominada por sus propios militantes como “ser eleno”, ser parte de las tres letras: E-L-N o ser “rojo y negro”, como los colores de su bandera; una identidad que cargan con orgullo y que habla de algo íntimo, de su historia, sus vivencias, ideales y de todo lo que engloba su proyecto de vida. Era un sentimiento fuerte, expresado en distintos ámbitos, en sujetos de diferentes procedencias y subjetividades, y que los integraba o hermanaba a pesar de las diferencias y distancias; algo que los hacía sentirse parte de y, de hecho, mantener al grupo como tal. Varios elementos se mostraron prominentes en la formación de la identidad de los elenos; por ejemplo, lazos de familiaridad que se crean entre los militantes o el sentido de pertenencia que se forja a través de la vida gregaria y de los hilos de la memoria colectiva, así como la presencia, nada despreciable, de lo religioso. Aunque la organización se definiera como atea y seguidora de los principios científicos del marxismo-leninismo, en sus discursos y en su práctica podían leerse significativos trazos religiosos ¿Cuál es esa religiosidad? ¿Cómo se manifiesta? Es importante explicitar algunos datos históricos que permitan contextualizar ese proceso. Transcurrían los años sesenta, hervía la utopía revolucionaria por el continente y la toma del poder y la construcción de una sociedad socialista pasaron a ser una posibilidad inmediata y prioritaria. Tal sería el nuevo paradigma político de la izquierda, entendido, conforme a McAdam (1994), como el “marco dominante de protesta” que legitimará la acción colectiva en pro de los ideales revolucionarios. Ese movimiento de crítica y renovación llevó a la formación de nuevas organizaciones políticas que fueron identificadas como la “nueva izquierda”, y se caracterizó por la radicalización en su concepción política y por la defensa de las “formas superiores de lucha”, es decir, la lucha armada (Arenas, 1971). A esas nuevas propuestas de lucha y utopías libertarias se vincularon distintos 1

Esta investigación siguió el método etnográfico, aplicándose diversas estrategias con miras a captar las voces de los sujetos de estudio quienes, por su condición de clandestinidad, ameritaban un tratamiento especial y poco fácil. Se entrevistaron ex militantes, militantes presos y se consultó una amplia fuente documental de archivos de la organización. Por cuestiones éticas y de seguridad de los entrevistados, se usarán nombres ficticios.

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sectores sociales; entre ellos campesinos, intelectuales, obreros, estudiantes y también cristianos que, desde las periferias de la institución eclesiástica asumen, además, la “centralidad de los pobres y oprimidos, la urgencia de su liberación” (Boff, 1996: 10). En ese ambiente surge el ELN bajo la iniciativa de siete estudiantes que viajan a La Habana y forman un grupo denominado “Brigada Pro-Liberación Antonio Galán” con el objetivo de “regresar al país e impulsar la lucha revolucionaria, organizando, conjuntamente con la actividad política, los grupos que en la ciudad y en el campo desarrollen la lucha armada” (Arenas, 1971: 16). Esos fueron los primeros pasos de aquella organización nacida públicamente en 1965 con la toma de Simacota. Se constituye como una guerrilla revolucionaria de carácter político-militar, encuadrada en los postulados de la “nueva izquierda”, y cuyo discurso político apelaba a términos simples y asequibles a la población común, evocando tradiciones políticas de importante ascendencia popular, así como un profundo sentido nacionalista de lucha por la “liberación nacional”. Así, el ELN se mostraba como una opción amplia en que “todos” cabían. Efectivamente, el discurso demostró ser eficaz, pues en esa propuesta revolucionaria confluyeron distintos sectores sociales que se sintieron incluidos e identificados. Entre ellos, el carismático sacerdote Camilo Torres que, por sus ideas y activismo a favor de las diferentes problemáticas sociales, había sido retirado por el sector conservador de la institución religiosa. Camilo tenía una gran acogida popular, al punto de fundar un exitoso, aunque breve en el tiempo (19631964), movimiento político nacional —Frente Unido— para liderar los cambios requeridos “en la estructura del poder político y que las mayorías puedan producir las decisiones” (Torres, citado en Arenas, 1971: 67). Bajo este contexto sociopolítico, la organización se aproximó a este líder invitándolo a participar de su proyecto. Una serie de sucesos favoreció la incorporación del sacerdote a la guerrilla, tales como su desencanto con las posibilidades de cambio social por las vías institucionales, la influencia del marco dominante de protesta que privilegiaba la lucha armada y las continuas amenazas a su vida.

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Camilo Torres ingresó en el cuerpo armado de la guerrilla a fines de 1965 y murió en febrero de 1966, en el primer combate en que participó. Ese hecho tuvo impacto inmediato, pues todo lo que Camilo representaba como figura pública y líder político incide sobre la opción revolucionaria por la vía armada, particularmente para el ELN. Muchos de sus seguidores y amigos ingresaron a las filas de este grupo (Arenas, 1971). Sin embargo, el principal efecto, en lo que se refiere al proceso organizativo del ELN, será la apertura de un espacio de participación y compromiso político para el sector de los cristianos (clérigos y laicos), identificados con Camilo. Esto no significa que la organización se volviera cristiana o que adoptara el cristianismo como fuente ideológica de la lucha revolucionaria pues, como ya he dicho, se define atea y seguidora del marxismo-leninismo. Este es, justamente, el meollo de la presente reflexión: la forma cómo lo religioso permea la organización más allá de los aspectos formales o de las declaraciones ideológicas. Se trata, entonces, de una religiosidad profunda que es necesario desentrañar y que se relaciona con las actitudes, los valores y cierta moralidad que orienta la manera de ser y de actuar de estos militantes. 1. PRESENCIA DE LO RELIGIOSO Hay varias indicios de la existencia de lo religioso en la forma de ser y de actuar de los elenos, comenzando por la relevante presencia del sector de los cristianos y de figuras emblemáticas como los sacerdotes Camilo Torres y Manuel Pérez, quienes tuvieron un papel decisivo en la historia de análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 27 - 43

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la organización; de ahí que sea difícil pensar que los cristianos entraron y pasaron por el ELN sin dejar rastros. No obstante, llama la atención la falta de reconocimiento de ese componente en la formación de su pensamiento. En sus discursos formales, el ELN se concibe fuera de esa tradición. Se define con base en el paradigma revolucionario y racionalista, es decir, como una organización atea que se orienta por la concepción científica del marxismo-leninismo. Éste es un principio fundamentalista que no se discute y que ha permanecido intacto a lo largo de la historia del grupo. Inclusive, en uno de los momentos más tensos que vivieron en relación a la “verdadera” orientación ideológica del grupo, el entonces sacerdote y jefe máximo de la organización, Manuel Pérez, aclaró: “es indiscutible que la ciencia para la revolución es el marxismo-leninismo y eso es asumido por todos los cristianos participantes en la organización” (Harnecker, 1988: 13). Es evidente que la “ciencia” —entendida en el marco del marxismo-leninismo— es asumida como la fuente del saber, en una lógica que parece ser constante entre las organizaciones de ese tipo (Camurça, 1998: 30).

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De esa manera, el conocimiento científico, en este caso el paradigma dominante de las organizaciones de izquierda, termina convirtiéndose en una verdad incuestionable, una especie de “acto de fe” tras el cual, paradójicamente, se escudan y coexisten distintos registros lógicos y/o razonables como el religioso que, a pesar de ser negado, continua influenciando la construcción social de la realidad. Aquí se toca una de las fibras más sensibles de la sociedad moderna: el cuestionamiento de su ideario de mundo secularizado, racional, construido sobre la separación radical entre lo religioso y lo laico. A pesar de lo acentuada de esa mentalidad en el mundo Occidental, la irrupción de nuevas realidades y expresiones sociales, culturales e intelectuales no clasificables dentro de esas categorías, puso de relieve la existencia de diversas formas de hibridismos y reinvenciones simbólicas fuera de la linealidad del proceso de secularización, de la frontera entre lo religioso y lo laico. Esta nueva perspectiva señala que, en la práctica, no parece existir un divorcio tan abismal entre los discursos religiosos y los racionalistas, tal como se pensaba bajo el ideal de la modernidad y como la mayoría de esas organizaciones de izquierda terminaron creyendo y defendiendo. Tal vez esos lenguajes estén más mezclados de lo que aparentan o se intenta aparentar y, por eso, sea necesario, así como invita Soares (1990), a salir de los límites de la oposición de esos dominios, a aprehender distintas variables y a pensar en una interacción dialógica de flujos, de intercambios, de apropiación de elementos, en fin, de un movimiento creador con base en las diferencias no excluyentes. O, yendo aún más lejos en este debate, cuestionar los principios que están en la base de la visión moderna de la religión y de la secularización, y pensar, como propone Velho (1995), que, probablemente, la separación de esos campos no sea tan cierta, que la cuestión no estaría en el hecho de si la religión dejó o no de ser el fundamento de las sociedades humanas, conforme lo aborda Gauchet (2003), sino si éstas poseen realmente un fundamento. Es éste, el meollo del problema que se presenta en relación a la fachada racionalista que los elenos construyeron como parte de un discurso de legitimización ante sí mismos y ante los demás, pero que en la práctica no parece coincidir con sus formas concretas de actuar. Allí están presentes los rastros de la religiosidad. El legado del sector de los cristianos, y principalmente de los clérigos, que ejercieron papeles determinantes en la vida de la organización, infiltrándose en distintos planos de su realidad. Por más que se declaren marxistas-leninistas, su lógica de comportamiento muestra el profundo sentido de lo religioso que los acompaña. Lo curioso de este proceso es que no fue el resultado de una apuesta intencional, por lo contrario, como se puede percibir en la voz

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del sacerdote Manuel Pérez, prácticamente renunciaron a su condición religiosa para asumir el rol de la militancia. A través del estilo particular con que este sector se posicionó y encaró la lucha revolucionaria, la subjetividad religiosa penetró y ganó una dinámica propia al interior del ELN. Aquí es importante retomar un hecho que marcó profundamente a la organización: la muerte en combate del sacerdote Camilo Torres que lo transformó en un mártir de la revolución y en un mito reverencial para el ELN. El fondo religioso de este episodio es evidente y en este punto es que reside su fuerza. Camilo interpretó y actualizó uno de los más preciados preceptos del cristianismo: el sentido de sacrificio y de entrega total por los otros. Él encarnó ese principio, ese acto germinal de la tradición cristiana —el sacrificio de Jesús por la humanidad, cuyo mensaje es traducido al lenguaje de la lucha social. Esa fue la exégesis hecha por Camilo, llevada hasta las últimas consecuencias. El sentido de que no hay mayor prueba de amor por los prójimos que el propio sacrificio. Éste es, sin duda, uno de los mayores impactos de ese líder: la revaloración del mito original del sacrificio del cristianismo que sensibiliza y convoca a muchos cristianos, identificados plenamente con él. Entre los cuales, cabe mencionar por su relevancia histórica, a los sacerdotes españoles Manuel Pérez, Domingo Ladin y José Antonio Jiménez que se incorporaron a las filas del ELN en 1970, cuatro años después de la muerte de Camilo. Es un dato importante pues, aunque hayan ingresado varios clérigos a esta guerrilla, fueron ellos los primeros en dar ese paso, continuar en la lucha y asumir altos cargos de poder, como Manuel, quien fue comandante máximo de la organización desde 1983 hasta su muerte en 1998. Fueron herederos del fenómeno de Camilo, de sus principios y de su vocación de entrega por la revolución. La muerte de Ladin en combate y la profunda convicción de Manuel durante toda su militancia reforzaron la visión sacrificial inaugurada por Camilo. Una buena ilustración de la forma cómo estos sacerdotes interpretaron el compromiso revolucionario puede observarse en la Carta Abierta escrita por Domingo Ladin anunciando públicamente su adhesión al ELN:

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“Pienso que ahora empieza mi autentica consagración sacerdotal, que exige el sacrificio total para que todos los hombres vivan, y vivan a plenitud. No es casual coincidencia el que este anuncio se haga el día en que el pueblo colombiano celebra con redoblado espíritu de lucha y fe en el triunfo de la causa, el cuarto aniversario de la muerte física del gran líder de nuestro pueblo: Camilo Torres Restrepo. Su palabra y su ejemplo siguen siendo banderas de redención, grito de esperanza para los explotados, consigna en el combate guerrillero, luz en el camino. Camilo no ha muerto. Vive en el corazón de los pobres y oprimidos, en el interior de todo hombre que lucha por la justicia y la fraternidad humanas” (1970). Ladin sintetiza tres elementos pertinentes para el presente análisis: el sentido del sacrificio total como premisa de la lucha revolucionaria, la consagración del mito de Camilo como redentor del pueblo que, de alguna manera, se extiende a ellos como continuadores de la lucha, y el carácter de transcendentalidad que se conquista después del sacrificio. El trabajo de campo permitió constatar que esas nociones no sólo fueron apropiadas por el sector de los cristianos, sino que se convirtieron en pilares fundamentales en la construcción del sentido de militancia del grupo: “Tengo miedo de quedarme sola, pues con el paso del tiempo la mayoría de mis familiares han caído en esta lucha. Tengo la moral de que yo también voy a quedar ahí, porque mi amor es entregar mi vida por esto. Me gustaría que mis hijos sigan la misma conciencia, es el origen, la moral de mi familia” (Talia, 22 años de militancia).

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Nótese la forma particular con que esta guerrillera entiende la muerte: como algo deseado, como un fin lleno de significado, como una expresión de amor que tiene una connotación fuerte, íntima, familiar, porque comprende no sólo a sus parientes, sino a sus propios hijos en los que deposita la esperanza de continuar la lucha. Ese fue un rasgo reiterativo en las distintas perspectivas subjetivas y condiciones de militancia. Así, por ejemplo, se refiere una guerrillera de origen urbano de larga trayectoria: “[…] es llenarse de todos esos actos que daban valor a un principio y es lo que uno llama el amor al pueblo, es la razón de uno ser. Porque uno dice: yo lucho y doy mi vida para que la lucha cambie las condiciones de vida para ese pueblo”. Aunque en éste último caso haya un discurso más racional sobre los objetivos de la lucha, en el fondo están en juego los mismos valores: el sujeto que se sacrifica, la actitud de entrega como un acto de amor y los receptores de esa entrega, el pueblo. Este es el valor del sacrificio, sublimado y profundamente inmerso en la subjetividad de los militantes. Pero, es importante profundizar en la lógica de ese sacrificio. La hipótesis, ya esbozada, es que se trata de una recreación simbólica del mito de salvación proveniente de la tradición cristiana, una versión moderna del Cristo redentor que reviste a los militantes de una aureola de sacralidad dimensionada en dos papeles transcendentales: el de salvadores, en vida, y el de mártires, después de la muerte. 2. EL SENTIDO DE SER SALVADOR

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Ser un salvador comporta varias condiciones. En primer lugar, la disposición de desprenderse de sí mismo, de ponerse en el lugar de los otros, de darles prioridad y asumir sus penas. Postura que exige anular el sentido del individuo entendido en la perspectiva de la modernidad, de ser el eje de la historia, como lo indica Dumont: “ser moral, independiente, autónomo, y por consiguiente esencialmente no social, que vehicula nuestros valores supremos y ocupa el primer lugar en nuestra ideología moderna del hombre y de la sociedad” (Dumont ,1992: 35). Este es un elemento clave en la comprensión del proceso de construcción de la identidad de los elenos: la confrontación con el individualismo tan fuertemente arraigado en la sociedad capitalista y la reconstrucción, en su lugar, de un nuevo sentido de ser cuyo epicentro es el otro, o sea, de un mundo visto y valorado a partir de los demás, conforme se percibe en el testimonio citado de la guerrillera cuando afirma que “el amor al pueblo es la razón de uno ser”. De ahí que se pueda pensar en la existencia de una identidad fundamentada en la otredad, en la que el propio sentido del ser es conquistado en y a través de los otros. El segundo componente de ser salvador está relacionado con la forma cómo se concibe a los Otros, los sujetos en los cuales recae la acción salvadora, en este caso, el “pueblo”. Una categoría que, si bien conceptualmente ya es bastante ambigua, en el contexto político e ideológico en que es usada por la organización, se vuelve más difusa y polivalente. En su lenguaje informal, en sus campañas ideológicas, en sus textos de divulgación, inclusive en muchos de sus documentos programáticos y de formación, no está claro el sentido de “pueblo”. Éste aparece como un ente abstracto, incorpóreo, una metáfora cargada de significado fundamentalmente emotivo y moral, como se intuye en la siguiente intervención radial que Nicolás Rodríguez, máximo Comandante, realizó en 2002: […] Nosotros estamos en la corriente liberadora de los pueblos y es claro que muchos retos y muchas dificultades están por vencer […] la razón por la cual estamos alzados en armas, en la búsqueda de propósitos más justos, más nobles y más dignos para nuestro pueblo […] Hay

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un asunto de mucha importancia respecto a la legitimidad: nuestra relación con el pueblo, con las masas. Una frase muy sabia y muy difundida por los revolucionarios vietnamitas dice que quien gane la mente y el corazón del pueblo gana la guerra. En este texto queda claro que el sujeto central es el “pueblo” y, aunque se nombra de manera frecuente, no es explícito lo que significa, abarca o refiere. Se entiende que es el objeto de la lucha, el fin e inclusive el medio, pero siempre en un sentido abstracto, evocativo y enaltecedor. No hay límites, simplemente es el Otro a quien se dirige la acción revolucionaria y que, de alguna manera, ocupa toda la razón de ser y del hacer. Este discurso está formulado en un lenguaje apologético, mesiánico, recurriendo a unidades semánticas totalizadoras que cargan de esencialismo el sentido de ser y, por antonomasia, el sujeto de la salvación. Ese carácter esencialista de la noción de “pueblo” se ha mantenido a lo largo de la historia del grupo, como categoría central de su pensamiento político desde su primera aparición en público, en 1964: “[...] nuestro pueblo que ha sentido sobre sus espaldas el látigo de la explotación, de la miseria, de la violencia reaccionaria, se levanta y está en pie de lucha” (Arenas, 1971: 48). Aunque han actualizado su perspectiva política en muchos tópicos, se ha conservado incólume el referente de “pueblo”, tal como se puede leer en la última versión de sus Estatutos Internos (2006): “compromiso de clase y profundo amor por el pueblo; en la decisión inclaudicable de luchar hasta alcanzar las transformaciones que el pueblo y la nación requieren para vivir en paz con bienestar, democracia y dignidad”. Otra característica bastante notoria de la forma como se refieren al “pueblo” es el tono de emotividad: “el profundo amor por el pueblo”, “ganar el corazón del pueblo”, que denota un tipo de relación fundamentalmente afectiva y que invita a manifestaciones también emotivas generadas por la fuerza de esos sentimientos atávicos que están en la base de la moral cristiana y que remiten a un valor esencial: el amor, valor que constituyó uno de los principales pilares de la interpretación hecha por Camilo sobre el cristianismo e que hizo carrera al interior de la organización a través de una expresión bastante significativa: el “amor eficaz”, explicado así por Camilo: “lo principal en el catolicismo es el amor al próximo […] Para que ese amor sea verdadero es necesario buscar la eficacia” (Torres, 1965). Este amor “verdadero”, que se moviliza a favor del Otro, es el que recoge el sentido de la acción revolucionaria en nombre del “pueblo”.

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En ese mismo terreno de lo emotivo es posible identificar una serie de valores que aluden al sentido de pueblo: los desposeídos, los explotados, los pobres, los miserables, los oprimidos, que apuntan a una situación de desamparo, de ser sujetos-víctimas y, por tanto, objetivos de la salvación. Esta es la justificación de la acción salvadora del proyecto revolucionario. Aquí, nuevamente, actúa la fuerza de lo emocional, además de una ética inmanente que evoca per se la “bondad” del pueblo, derivada de su condición de injusticia, que los lleva a ser resarcidos, enaltecidos y, en última instancia, idolatrados. Este hecho puede explicarse en razón de que en este contexto lo social está substituyendo lo divino, adquiriendo las cualidades de esa fuerza absoluta, potencializada, que se vuelve la razón de ser y, como tal, aquello por lo cual se está dispuesto a dar todo, incluso, la vida. Finalmente, es importante tener en cuenta la forma cómo se concibe y asume la condición de ser salvador, o sea, la formación de esa subjetividad sustentada en la figura del mesías. En esa dirección, un elemento clave para la reflexión es el proceso de ingreso a la organización, que hasta mediados de los años ochenta fue bastante meticuloso y exigente:

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“Se demoraba años reclutando a alguien, mínimo 2 ó 3 años […] a la gente había que conocerla mucho, usted se volvía parte de la familia. Se discutía tu vida y tu pensamiento, tus virtudes, tus defectos, tus errores y después ya se te reconocía; pero en todo ese tiempo no te han dicho nada y esperar y había ansiedad y de pronto ellos te llevaban a alguna reunión y te aparecían encapuchados y tú también te cubrías, entonces ese era un rito” (Pacho, intelectual, ex militante). En esa época, formar parte del ELN era un desafío porque se requería tener condiciones idóneas para ingresar al grupo de los “elegidos”; un asunto que escapaba del control de los candidatos. Eran escogidos por un miembro del grupo que observaba los comportamientos de los elegibles y daba la aprobación en el momento que consideraba oportuno. Durante esa fase de espera aguardaban con mucha ansiedad el resultado. Por eso, cuando ingresaban efectivamente a la organización, experimentaban un sentimiento de altivez, de ser especiales en relación al resto de individuos. Este sentimiento va aumentando en la medida de que toma consciencia de la misión a la cual fue designados: ser “salvadores” de la sociedad.

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Esa forma de entender la militancia llena de sentido sus vidas y les proporciona gran parte de la fuerza para permanecer, a pesar de las situaciones de precariedad y de riesgo por las que pasan. Ciertamente, ellos poseen razones de mucho peso para continuar en la lucha, relacionadas nada menos que con el futuro de la humanidad, de la cual se sienten responsables. De ahí su resistencia, su capacidad de renuncia, de sacrificio, pues están, de alguna manera, encima de todo lo mundano. Eso los vuelve poderosos. A pesar de que aparentemente puedan ser vistos como pobres sacrificados o, en otras versiones, marginales y violentos, en realidad se sienten “superiores” en virtud de esa misión transcendental con la cual se ven comprometidos y que los determina en su condición existencial. Este es el carácter mesiánico que subyace en la posición de ser salvadores, evidenciada en las distintas posturas políticas del grupo a lo largo del tiempo. Bastante enfática al inicio (19641978), cuando se consideraban la “vanguardia”, es decir, el grupo selecto más consciente para desarrollar la revolución: “la vanguardia combativa del pueblo [...] dispuesta a desarrollar una serie de acciones bélicas tendientes a alcanzar el único fin estratégico de la guerra: la toma del poder” (Compendio revista Insurrección, 1985: 19). Posteriormente, en el proceso de reestructuración organizativa (años 1980), revisan su tendencia al vanguardismo: “la organización se sentía vanguardia del proceso revolucionario en Colombia, sin tener en cuenta el nivel de organización de las masas” (Grupo Romero, 1986: 17); así cambian notoriamente su postura, poniéndose en estrecha relación con el pueblo: “con la presente década se abren en nuestro país múltiples caminos de rectificación estratégica, que buscan lograr una eficaz relación vanguardia-masas. En ella se coloca la organización de vanguardia al servicio de las masas [...] con el propósito que el pueblo gane un mayor protagonismo en la guerra (Conclusiones, II Congreso, 1990: 82). En el III Congreso, realizan una nueva interpretación, señalando que no eran el único grupo de “vanguardia revolucionaria” y que hacían parte de una colectividad, intentando superar, así, el profundo sectarismo característico de las organizaciones de izquerda en Colombia: “en las condiciones propias de nuestra Revolución, en la que hacen presencia varias organizaciones con proyectos diversos, con acumulados históricos, militares y de masas, pensamos en una Vanguardia Colectiva” (III Congreso, 1996: 4). Esa es, en esencia, la nueva perspectiva de vanguardia que

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mantienen hasta hoy, tal como está registrada en las memorias de su último Congreso, donde resaltan que “la dirección revolucionaria” debe entenderse como la “construcción de una vanguardia colectiva capaz de incluir, unir y confluir para la lucha por un nuevo gobierno” (Cuadernos del Militante, IV Congresso, 2006: 3). Sin embargo, pese a que la organización moderó la perspectiva de considerarse la vanguardia del proceso revolucionario, visualizando un papel más activo del “pueblo” y asumiéndose como parte de una vanguardia colectiva, es necesario hacer algunas consideraciones. Primeramente, se siguen percibiendo como la vanguardia, de modo que, por más que atenúen sus alcances, continúan asumiéndose como el grupo de dirección del proceso revolucionario, en la condición de ser responsable de esa gran misión, sólo que dentro de un contexto más complejo. En segundo lugar, hay que resaltar las distancias existentes entre lo que es dicho o se pretende ser (en los discursos político-racionales) y lo que se hace, en las práticas dominantes en la organización. Por tanto, podría afirmarse que, pese a los esfuerzos por cambiar la visión “vanguardista”, es muy complicado transformar esa perspectiva sin afectar una de las principales matrices que la alimenta: el mesianismo de origen cristiano, fuertemente arraigado en su mentalidad. 3. EN BÚSQUEDA DE LA TRANSCENDENCIA El problema de la salvación no termina en el plano de la vida, transciende con la muerte y adquiere un poderoso sentido simbólico: el martirio, que es la forma ideal de perpetuarse en la memoria de los hombres. Ese fue el sentido activado con la muerte del sacerdote Camilo Torres en manos del ejército colombiano. Este hecho brindó la metáfora perfecta para dar vida a la figura del martirio dentro de la organización.

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]57_ Una de las mejores síntesis de ese pensamiento está en una parte de su himno que dice: “Avancemos al combate compañeros/Que están vivas la conciencia y la razón/De Camilo el Comandante guerrillero/Con su ejemplo en la consigna NUPALOM”. En esta estrofa hay interesantes elementos para la presente reflexión. En principio, el hecho de llamar a Camilo de “Comandante”, como uma manera de resaltar la condición de guerrillero de un personaje socialmente altamente significativo. En segundo lugar, la sublimación de su ejemplo que se vuelve un imperativo moral del deber ser, del camino a seguir. Y, por último, la consigna NUPALOM —Ni un paso atrás liberación o muerte—, como una orden frente a la cual no se discute ni se vacila y cuyo mensaje es contundente: la entrega total, absoluta, en pro del ideal máximo (la liberación), donde la muerte aparece como un presupuesto “lógico” completamente justificado, e inclusive, deseado en cuanto contribuye a ese ideal. En esos dos elementos simbólicos —himno y consigna, se concentra, de maneira ejemplar, el sentido del martirio. Estos distintivos cumplen la función de reforzar, en el plano emotivo, el valor del sacrificio. El himno, entonado todos los días como parte de sus prácticas ceremoniales, afirma el sentido de filiación y compromiso con la organización. La consigna NUPALOM, presente en su escudo, documentos, actos, rituales y demás formas a través de las cuáles se representan, se convirtió en una marca de identidad. Probablemente, estos son los mecanismos más potentes de recreación y socialización de esa concepción. Pero esos no son los únicos escenarios. Otro ámbito con gran fuerza comunicativa es el discurso político-ideológico: “El espíritu de sacrificio y de entrega sin límite por la causa de los explotados se ha visto en incontables compañeros y momentos de la historia del E.L.N […] Esa firmeza de principios, análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 27 - 43

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conocida por nuestro Pueblo, de muchos militantes de la Organización, siendo consecuentes con nuestra consigna —NUPALOM—, es innegable que ha forjado, para el E.L.N., un definitivo puesto en la historia y corazón de nuestro Pueblo” (Compendio Simacota, 1985: 8, destaque mío). Evidentemente, el mandato NUPALOM ocupa un lugar destacado en el discurso político del grupo, como expresión máxima del nivel de compromiso y de “firmeza de principios” con la causa revolucionaria. Esa noción se volvió un importante eje de identidad sobre el cual no sólo se han construido como sujetos sociales, sino que también han forjaron una posición de prestigio y autoridad moral frente al otro, su principal referente: el “pueblo”. También es posible encontrar importantes trazos de esa visión “martirológica” en la reconstrucción que hacen de su historia. En los diferentes géneros a través de los cuáles narran sus vivencias, se puede detectar el énfasis en el valor del sacrificio que se vuelve, en muchas ocasiones, el hilo conductor de los acontecimientos. Por ejemplo, cabe resaltar la versión oficial de la historia del movimiento hecha por el militante (fallecido) Milton Hernández, en la que hay varios fragmentos dedicados a los “mártires” de la organización, especialmente, el capítulo titulado “Los hijos de Camilo somos de liberación o muerte”: “En esa utopía tan vivida, tan real y posible, se comprometieron y por ella dieron hasta su último suspiro. Esa cuota de sangre generosa comenzamos a pagarla desde Simacota […] Ustedes camaradas no están muertos porque están presentes con su ejemplo en cada uno de nosotros […] ¡Honor y gloria para todos nuestros héroes y mártires, y que su ejemplo guíe por siempre nuestro sendero!” (Hernández, 2006: 459-463). ]58_

Y, probablemente, una de las más significativas expresiones, emotivas y permanentemente recreadas al interior del grupo, es la producción musical propia, en la cual rinden efusivo homenaje a sus muertos, como se aprecia en los siguientes trechos musicales: “Aunque pasen los días y los años/ Sigue luchando aquel que así cayó/ Mientras lanzaba el último suspiro/ Gritaba vivas a la revolución”. (Avelino Bautista, NRB, corrido). “Murió pero sigue vivo/ Vivo en la revolución”. (Al Tío Jaime, NRB, corrido-vals). Avanzando en la comprensión de esa perspectiva sacrificial en el ELN; especialmente, en el sentido dado a la muerte como hecho desencadenante, son recurrentes afirmaciones como: “murió pero sigue vivo en la revolución” o “quien dio la vida por la ‘causa’, sobrevive”, en las cuales se evidencia un claro sentido de transcendentalidad, toda vez que en su concepción, quien muere luchando, realmente no muere, continúa viviendo en los demás que permanecen en la lucha. Sigue presente en una nueva dimensión, la del “mártir”, del ser ejemplar, alguien que es fiel a los principios (justos y altruistas) y que llega hasta el final: la entrega total. En esa condición especial, conquista la eternidad en el mundo de los vivos, en su memoria, en un lugar sacralizado y superior, volviéndose un modelo a seguir y, de alguna manera, a idolatrar. Éste es el lugar reverencial que tienen los muertos en la organización: “Cuando se habla de los muertos la gente hace silencio, un conteo de la dimensión del dolor, de la tragedia, pero eso fortalece, eso no disminuye, todo eso lleva a que se fortalezca la convicción y el compromiso. La muerte constituye prácticamente uno dos honores más profundos, el respeto a que la entrega total, que es su muerte, es un hecho crucificado y eso

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resucita en términos de compromiso porque es un valor. Es tan profundo y sagrado que si lo traiciona, traiciona hechos sagrados, como sus muertos” (Rosa, campesina). Hay suficientes elementos que indican la relevancia del sacrificio entre los elenos, inclusive, en una perspectiva de lo “sagrado”. Parece oportuno hacer una aproximación conceptual a dicho fenómeno y, en esa dirección, el abordaje de Marcel Mauss y Henri Hubert, es una opción interesante para pensar la lógica del sacrificio. Según una tesis suya, pese a la diversidad existente de rituales sacrificiales, prevalece una “unidad de acción” que consiste en “establecer una comunicación entre el mundo sagrado y el mundo profano por intermedio de una víctima, es decir, de una cosa destruida en el transcurso de una ceremonia” (2001: 223). Desde esta perspectiva, el sacrificio cumple el papel de mediación entre el mundo sagrado y el mundo profano (Teixeira, 1993), estableciendo contacto entre esos dos órdenes de realidad y movilizando ciertas fuerzas que son necesarias en determinados contextos sociales. Ese sería el principio que determina la lógica del sacrificio, un principio que se actualiza y cuyo contenido cambia en el transcurso de la historia. Por ejemplo, durante un largo período de la historia prevaleció una noción prosaica y materialista que buscaba “obtener de los dioses beneficios muy precisos”, pasando a una versión más espiritual con fines transcendentales: la “salvación de las almas”, la “inmortalidad”, el “paraíso”, tal como es concebido por las grandes religiones históricas (Mauss, 2003: 198; Caillé, 2002: 196). El caso aquí estudiado sobre los militantes “caídos en combate” haría parte de ese último tipo de sacrificio orientado por fines transcendentales; y de la misma forma que en todo acto sacrificial, realizaría una mediación entre el mundo profano y el sagrado, sólo que, en este caso, se llevaría a cabo a través de ellos mismos, de su muerte violenta, como mecanismo de activación del puente de comunicación e interacción entre esos mundos. En ese sentido, serían víctimas y sacrificantes al mismo tiempo, en una unidad dialéctica y compleja que cambia de naturaleza, pasando de un estado profano al dominio de lo sagrado (Mauss, 2003) e ingresando, de este modo, en una nueva categoría social: la de mártires. Este prototipo se convierte en un modelo ideal con el cual el colectivo establece formas de identificación con base en una visión de mundo compartida. También cabe resaltar que en esa condición especial adquieren poder —el poder dado por lo sagrado y lo transcendente— que transmiten e irradian al mundo profano.

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De acuerdo a lo expuesto, es posible inferir, en cuanto al rito sacrificial, que este fenómeno contiene una dinámica de entrega y retribución, de movilización de fuerzas y tributos, cuya dimensión de intercambio permite cierta inflexión en el presente análisis. De hecho, el estudio de Mauss y Hurbert sobre el rito de sacrificio apunta a la existencia de una lógica implícita de reciprocidad: “Si el sacrificante da alguna cosa de sí, él no se da; él se reserva prudentemente. Es que, si él da, en parte es para recibir. El sacrificio se presenta, bajo un doble aspecto. Es un acto útil y es una obligación. El desinterés se mezcla ahí con el interés. De ahí por qué con tanta frecuencia fue concebido bajo la forma de contrato. En el fondo, tal vez no haya sacrificio que no tenga alguna cosa contractua”l (2001: 225). Aunque en el Ensayo sobre el Don Mauss no profundiza sobre esta cuestión, reitera la idea del contrato preexistente en el rito sacrificial: “la destrucción del sacrificio tiene precisamente como finalidad ser una donación que debe ser necesariamente retornada” (Mauss y Hubert, 2001: 172). Por otra parte, en el ámbito de los estudios contemporáneos, varios autores han propuesto el debate análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 27 - 43

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sobre el tema de la reciprocidad y del sacrificio, continuando la reflexión inaugurada por Mauss. Está la opinión de Maurice Godelier (1996) quien entiende el sacrificio como una deuda eterna de los humanos con Dios y, bajo esa condición, no existiría retribución posible; luego, la lógica de la reciprocidad, en términos maussianos, sería imposible de aplicar. Otro estudio relevante es aquel propuesto por Allain Caillé (2002) quien, a diferencia de Godelier, lleva la discusión sobre el sacrificio al campo teórico de la reciprocidad/don. Al subrayar los límites presentes en la teoría del sacrificio de Mauss y Hubert, Caillé observa que ésta debería ser reinterpretada a la luz de las nociones del don y ser traducida al lenguaje de la reciprocidad (166). En el abordaje de estos autores se percibe cierta polarización alrededor de la compleja cuestión del sacrificio. Por un lado, el énfasis en el sentido de la deuda eterna, sin posible retribución; de otro, el énfasis en el sentido de la reciprocidad, entendida como el movimiento del don y contra-don. Sin embargo, yendo más allá de esa dicotomía, el presente análisis busca situar el debate en un nivel de diálogo entre el campo teórico del sacrificio y el de la reciprocidad, comprendiéndolos según la singularidad ontológica que los diferencia, pero, simultáneamente, poniéndolos en una situación de fuerte imbricación. Al respecto, el material etnográfico fue bastante sugerente. Todos los datos mostraban la existencia de una forma de reciprocidad implícita en el sacrificio de los “caídos en combate”. Inequívocamente, aparece en primer plano la demonstración de compromiso total, de entrega absoluta a la causa revolucionaria. No obstante, por más altruista que este acto se muestre, no está exento de interés: hay una búsqueda de “compensación”; aspiración que, como los propios elenos apuntan, no pertenece al orden de lo material ni de lo inmediato:

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“¿Qué pasa cuando uno se muera? Ya no voy para el cielo, tranquilo compañero, aquí lo vamos a corear: compañero Rodrigo, ¡presente!, ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Cuándo me voy a morir? Cuando ya nadie me recuerde. Cambiamos la inmortalidad del alma por inmortalizarnos en nuestras acciones. Pero, en el fondo está el asunto de la trascendencia, todos queremos trascender” (Mario, campesino, 18 años de militancia). Este acto de entrega aparentemente desinteresado está, en realidad, cimentado sobre una lógica de compensación, pero difiere de aquella prevaleciente al interior de las relaciones sociales más amplias. Hay un cambio significativo en la naturaleza de la relación que se establece en torno a las partes involucradas, los objetos intercambiados, su direccionamiento y el tiempo en que dicho cambio se realiza. Luego, el tipo de intercambio que se establece adquiere otra dimensión volviéndose más acentuado y contundente. De un lado, hay una exacerbación de la “dimensión de entrega”; de otro, una “amplificación al máximo del interés calculado” (Caillé, 2002: 168). De acuerdo a esto, se puede comprender la acción de los “caídos en combate” como un acto máximo de entrega, cuya ofrenda es darse a sí mismo y sin reservas a la “causa revolucionaria”. Por la ofrenda de la propia vida se espera recibir beneficios también supremos, absolutos y sin posibilidad de comparación: por un lado, la “eternidad” a través de la memoria y de las acciones de los compañeros de lucha, y por otro, contribuir a la “salvación” de lo social, a la materialización de la “utopía social” de una sociedad “justa” y “liberada”. En esa perspectiva, los “caídos en combate” son la representación simbólica y ritual ampliada de esa disposición de “entrega”, en pro de la consecución de los ideales de salvación y de justicia social. Claro que en el contexto de un universo social concebido como laico, cambian los sujetos de la relación del sacrificio y de la reciprocidad, pues ya no se establece —como al interior de las comunidades religiosas, entre los seres humanos, pertenecientes a la orden de lo inmanente, y Dios, perteneciente a la orden de lo transcendente— sino entre los “caídos en combate” y los

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compañeros de lucha que continúan vivos. Aunque ambos pertenezcan ontológicamente al mundo profano, con el acto del sacrificio los primeros cambian de estado, ingresando en la esfera de lo transcendente. Ésta es la correlación de esferas que se reconfiguran de acuerdo con este contexto, conservándose la relación de intercambio y reciprocidad que se establece entre los sujetos en mención, donde el acto generador es el sacrificio a través del cual se forma un “pacto” tácito muy fuerte entre ellos. Los que mueren por la “causa” entregan su tributo —su vida— y así crean una deuda entre los que permanecen vivos, que se sienten comprometidos y “obligados” frente a esos muertos; una obligación que se vuelve una necesidad imperiosa de retribuir: “Yo puedo morir pero yo sigo viviendo en los demás porque esto sigue en los demás, allí es donde los demás sentimos que uno no puede traicionar esto […] Ah que uno dice que una rendición, que una desmovilización y eso, pero, ¿cómo va uno a traicionar a sus muertos?, cuando ellos murieron confiando en que yo era el que seguía, que íbamos hasta culminar un triunfo” (Raúl, campesino, 20 años de militancia). De esa manera se forma la dinámica de la reciprocidad, en la obligación creada en los compañeros de lucha de devolver el don recibido como un compromiso ineludible, cuya falta es vista como una “traición a los muertos”; recordando que dentro de la ética de la militancia la traición es considerada como la peor de las conductas y la más condenable. En esa retribuición, los contradones esperados por parte de los compañeros de lucha son, de un lado, el compromiso con la revolución, continuar “firmes” con la obra iniciada por los antecesores e ir hasta el fin, o sea, “liberar al pueblo”, aunque eso implique dar sus propias vidas (como lo hacen los sacrificantes); de otro lado, mantener viva la memoria de los “caídos en combate” o, en otras palabras, asegurar su “eternidad” por medio de diversos actos simbólicos como: (a) poner sus nombres en los frentes de combate, una práctica bastante importante y difundida dentro de la organización, al punto que, de acuerdo a Aguilera (2003), de las 53 estructuras de combate que había en 1997, 32 tenían nombres alusivos a guerrilleros muertos en combate; (b) denominar determinados eventos conmemorativos con los nombres de esos combatientes; (c) dedicarles canciones; (d) rememorarlos en los documentos y en los diversos materiales de comunicación y divulgación; y (e) recordarlos emotivamente con las consignias “compañero [...] caído en combate, ¡Presente! ¿Hasta cuando? ¡Hasta siempre!”.

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Por su parte, ellos reciben el ejemplo de los que se sacrificaron, pero también, como ya he dicho, cierto poder que deriva de la condición de sacralidad que adquieren los “mártires” y que, de alguna manera, contagia el mundo profano, donde siguen el camino de la lucha. Allí reside su fuerza y eficacia simbólica. Efectivamente, en esta noción está el doble carácter de reciprocidad: se trata de un acto “voluntario, aparentemente libre y gratuito” y, al mismo tiempo, “obligado e interesado” (Mauss y Hubert, 2001: 157); pues, aunque el acto de sacrificio sea de naturaleza aparentemente desinteresado, altruista y voluntario, detrás hay un interés propio (el sacrificante) y un sentido de obligación para el otro/s (los militantes) que entran en el intercambio. Así, aunque parezca un intercambio eventual e inconexo, en realidad está inmerso en la lógica de la reciprocidad, conservando una línea de continuidad, en una escala diferenciada de tiempo por su larga duración (50 años de lucha), que abarca sujetos de distintas procedencias, edades e, inclusive, generaciones. Cabe aclarar que ese intercambio no se restringe al nivel de lo individual. La persona que se sacrifica no lo hace motivada por una causa personal ni en busca de una recompensa individual. Ella entrega su vida por una causa social y espera, a cambio, una análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 27 - 43

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recompensa mayor: la “liberación social”. De esa manera, se incorpora al colectivo en la dinámica de la reciprocidad, en el carácter extensivo del don y en su obligatorio retorno. Una dinámica que activa el ciclo del don y el contra-don en diferentes tiempos y corporalidades, como un poderoso mecanismo de integración social a través de la formación de alianzas fundamentadas en el compromiso con una deuda histórica frente a los sacrificados por la “causa”, que condiciona la conducta y refuerza el sentido de filiación y de pertenencia al grupo. 4. EL “EJÉRCITO DE LOS MUERTOS” El ejército de los muertos parecía una denominación perfecta para designar la forma cómo los elenos entendían y re-significaban simbólicamente a los guerrilleros caídos en combate. En verdad, ellos parecían estar más presentes que muchos de los presentes: inauguran los eventos, cierran el momento ritual y solemne de la formación en el patio de bandera, encabezan las estructuras político-militares que llevan sus nombres, son cantados y aclamados en los distintos encuentros y, como lo expresan los elenos, “no están muertos”, continúan vivos en la memoria, una memoria que se actualiza y se vivencia día tras día.

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Ellos siguen tan “vivos” que son hasta incorporados en la lógica de clasificación jerárquica de la organización. Los muertos, reivindicados por sus actos heroicos, como corresponde a su forma de valoración, son re-clasificados en esa nueva “condición existencial” de acuerdo a su sistema de grados póstumos, que consiste en una graduación de cinco niveles jerárquicos, a saber: (i) “Comandante en Jefe”, otorgado a los mandos que son considerados máximos guías de la organización; (ii) “Comandante”, reconocimiento a los mandos que también encarnan el ideal de ser eleno, pero que no llegaron al nivel de los “profetas”; (iii) “Capitán”, distinción correspondiente al nivel de los militantes rasos que también demostraron heroísmo; (iv) “Capitán Comunero”, dado a los militantes que actuaron dentro del amplio ámbito de lo político y de lo social; y (v) “Combatiente Comunero”, definido en los mismos términos que el anterior con la diferencia de que su contribución es de “nivel regional” (Estatutos, 2006). Obsérvese que, en esa reclasificación que hacen de los muertos, se preserva el status que tenían en vida y lo extienden hasta el mundo del más allá. Ingresan en ese otro mundo con las distinciones que tenían en el anterior, sólo que ahora adquieren más potencia, en la medida de que realizan el ideal consagrado en el principio fundador del NUPALOM. De esa forma, la organización recrea la condición de militancia después de la muerte, con grados y distinciones que no sólo reproducen la jerarquía existente, sino la profundiza. Ellos, el “ejército de los muertos”, se revisten de mayor prestigio y poder simbólico y se sitúan en la cima de la clasificación de la organización. El “ejército de los muertos” no representa un lado alegórico; ellos tienen una fuerte presencia en el campo de interacción y en la configuración jerárquica del ELN. Entran en la posición más alta del esquema de clasificación y, una vez allí, son investidos de poder, volviéndose modelos ideales, guías del camino, ejemplos para imitar y continuar; son invocados en los momentos difíciles como referentes para alentar y salir de las crisis, insignias pedagógicas que afianzan la socialización de los militantes, subliman el sentido de la entrega total y, finalmente, ayudan a reforzar el sentido de compromiso de los militantes, de no renunciar frente a las penurias y dificultades, en virtud de la deuda eterna contraída con los muertos, que los obliga a no traicionarlos.

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5. ANOTACIONES FINALES Ha quedado en el aire la razón por la cual esa visión de lo transcendente consigue incorporarse de esa forma al interior del ELN ¿Qué facilita su apropiación? Al respecto es importante aclarar que dicho fenómeno no puede reducirse a la influencia del sector cristiano o al poder simbólico de la investidura eclesiástica. Allí actuaron otros elementos de mucho peso como la pre-existencia de una profunda religiosidad entre los militantes, religiosidad que hace parte del ethos de los colombianos, de un universo significativo en cuyo ámbito el cristianismo, los valores y la matriz de significados que éste engloba, aún hacen sentido. En realidad, tiene que ver con una forma de identificación, con una lógica compartida, asentada en la tradición católica de la población colombiana. De modo que el estilo de militancia del ELN activa referentes altamente potentes de esa concepción religiosa, tales como los principios-valores del sufrimiento y el martirio, vistos como medios para alcanzar los altos ideales que persiguen: la “liberación del pueblo” (su salvación) y una “sociedad justa” (el paraíso en la tierra), junto a una noción que no se puede pasar por alto, la “eternidad”, que sintetiza muy bien el sentido del tiempo que la organización posee. Esa noción está directamente relacionada con la premisa fundamental de lucha: ir hasta el fin del fin, aunque esto cueste la vida. En ese orden de ideas, la eternidad estaría contenida en el ‘sin tiempo’ de llegar al ‘fin de los tiempos’, o sea, a la “liberación”. Esa es la meta y el sueño que avigora la utopía de lucha. Es un tiempo que se inicia con la conquista española, conforme se expresa en la primera estrofa de su himno: “Es América el cimento milenario/ De Colombia y nuestra historia nacional/ Donde indígenas y esclavos iniciaron/ Las batallas contra el yugo colonial”. Un tiempo que viene de ese “yugo colonial” y que va hasta la supresión de éste, hasta la realización de su gran ideal: la sociedad justa, igualitaria y socialista. Ese tiempo, construido y vivenciado por ellos, aparece claramente en sus diferentes discursos:

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“Nuestro sueño es realizar la utopía conjunta de obreros, campesinos y pobladores de hacer de Colombia un lugar feliz. Un lugar feliz. Tres sencillas palabras que encierran un reto inmenso, casi imposible, pero lograble. No son las obras las imposibles, sino los hombres los incapaces. Esta inquebrantable decisión de luchar hasta vencer ha sido una constante en toda nuestra peregrinación por la vida y por la causa. Con cada derrota crece el ímpetu y se renueva el empeño […] Cuando decidimos hacer la guerra contra la injusticia, estábamos marcando un destino que ya no puede detenerse y que va más allá, incluso, de la propia voluntad de los hombres” (Hernández, 2006: 297). En el anterior texto podemos percibir la intensidad en que son puestos los términos de su proyecto de lucha, como un desafío inmenso, “casi imposible”, un camino lleno de dificultades, que antes de desanimar, aviva el “ímpetu” de continuar por cuanto es el “destino” que ya está marcado fuera de la “propia voluntad de los hombres”. Así, esa concepción devela una transcendencia que los gobierna, pauta la ruta que deben seguir y de la cual no pueden huir. Aunque ellos decidan “hacer la guerra a la injusticia” como un acto derivado de la voluntad humana, ese acto parece activar una fuerza que los potencializa, pero que también los controla. Por tanto, podría entenderse que su visión de la historia está tejida sobre ese sentido de temporalidad ‘sin tiempo’, con un fondo salvacionista, en el que las derrotas y las dificultades son entendidas como un tipo de prueba de su “heroísmo”, un heroísmo inspirado y alimentado por la fuerza de la utopía. Considerado esto, se puede afirmar que el sentido del tiempo en el ELN es vivenciado escatológicamente, conforme lo indica Pattaro: análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 27 - 43

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“A história cristã não está no tempo apesar do tempo, mas concebe-o como uma libertação, a tal ponto que o passado se apresenta sempre como uma possibilidade de futuro e o que acontece aguarda sempre o seu “depois” como possibilidade real [...]. É o tempo em que “se vem de” a fim de “ir para”; é o tempo de uma fé que garante e faz nascer uma esperança que transforma o tempo e todos os acontecimentos nele ocorridos para transformá-lo numa expectativa cheia de sentido” (1975: 199-228). Esa concepción también estaría apuntando a lo que Jean Delumeau afirma en relación con la historia de las utopías y de los milenarismos en Occidente, en el sentido de que, pese a las diferentes versiones y a los distintos contextos espacio-temporales, en todas las escatologías prevalece una base común: el mito religioso del paraíso que evoca elementos simbólicos bastante internalizados, tales como la eterna felicidad, la abundancia, el reino de la justicia y, en general, el bienestar colectivo; evidencias de la nostalgia del ‘paraíso perdido’ que se ha recreado a lo largo de la historia. Según el mismo Delumeau, la “modernidad y milenarismo no son necesariamente excluyentes” (1997: 13), de modo que podemos entender que la nostalgia del paraíso en el mundo laico se convierte en una renovada expresión de esperanza y búsqueda de nuevos paraísos terrenales, edificados por los hombres, que conservan, por consiguiente, los ideales nutridos por el mito originario. Esta es la utopía social que subyace al comunismo, paradigma fundacional del ELN, que se cimienta en la sentencia radical de la historia: “La acción del proletariado suprimirá la explotación del hombre por el hombre y el enigma de la historia será resuelto” (Marx, citado en Delumeau, 1997: 322). Así, con la superación de la explotación por medio de la lucha revolucionaria, se pasaría al comunismo, o sea, al nuevo paraíso, “un lugar feliz” en la perspectiva de los elenos, como punto culminante de la historia y de la realización escatológica. ]64_

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CLAVES Y DISTORSIONES DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO GUERRILLERO* Mario Aguilera Peña** RESUMEN El presente artículo se enfoca en dos objetivos. Primero analiza los elementos que permiten que los guerrilleros acaten las normas disci plinarias, para lo cual se muestran las características que distinguen a las organizaciones guerrilleras, las peculiaridades de los valores y la moralidad insurgente, y las lógicas de las sanciones en los códigos guerrilleros internos. Y segundo, sustenta que si bien el dispositivo disci plinario cumple con su función de control, subsisten algunas discordancias entre las reglas y las prácticas, las cuales podrían estar reflejando la reproducción de las formas de poder que pretender combatir y las resistencias frente a las normas o a las difíciles condiciones de la vida guerrillera. Palabras clave: justicia guerrillera, disci plina guerrillera, códigos guerrilleros, organizaciones guerrilleras, moralidad insurgente.

KEYS AND DISTORTIONS OF DISCIPLINARY RULES OF THE GUERRILLA

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SUMMARY This article focuses on two objectives. First, analyze the elements that allow the guerrillas to abide by the disci plinary rules, for which shows the characteristics that distinguish guerrilla organizations, the peculiarities of the values and morality insurgent and logics of sanctions on internal guerrilla codes. And second, sustains that although disci plinary device meets its control function, there remain some discrepancies between the rules and practices, which may be reflecting the reproduction of the forms of power that pretend to fight and resistance against the rules or the difficult conditions of guerrilla life. Keywords: justice guerrilla, disci pline guerrilla, codes guerrillas, organizations guerrilla, insurgent morality.

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Fecha de Recepción: 03/04/2013 Fecha de Aprobación: 20/05/2013

* Este artículo es resultado del proyecto “Los rebeldes y los tribunales guerrilleros. Disci plina y Delito en la insurgencia colombiana”. Dirección de investigación Sede Bogotá -9627- de la Universidad Nacional de Colombia. **Docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador del grupo de investigación Actores Armados y Derecho Internacional Humanitario.

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Las prácticas disciplinarias dentro de los movimientos guerrilleros son una pieza muy desconocida del universo de la insurgencia. En América Latina el tema ha sido tratado marginalmente y las pocas referencias son principalmente crónicas y testimonios. Las narraciones elaboradas por exguerrilleros tienden a presentar la disciplina y la imposición de castigos -entre ellos el de la pena capital-, como algo producto de una inevitable “necesidad histórica”, bien sea para asegurar el crecimiento de los aparatos guerrilleros o para formar a los combatientes que se encargaran de sentar las bases de una nueva sociedad (Guevara, 2006:143; Payeras, 2010:.68 ss; Cantú Aragón, 1997: 89). No obstante, aunque minoritariamente, la literatura testimonial presenta algunos atisbos analíticos que pueden abrir los espacios para un nuevo abordaje del tema: Textos como los de Jaime Arenas para Colombia o el de la “Chiqui Ramírez” para Guatemala, señalan una contraposición entre los ideales del discurso revolucionario guerrillero (el “hombre nuevo” o la llamada “democracia proletaria”, la liberación social, etc.) y unas prácticas disciplinarias que no parecen corresponder con tales objetivos. Arenas en su famoso texto “La guerrilla por dentro” (Arenas, 1971) mostraría la ausencia de una democracia interna en los primeros pasos del ELN, al señalar que las diferencias ideológicas eran tratadas disciplinariamente y que estas conducían al fusilamiento. La Chiqui Ramírez (Ramírez, 2001: 283), militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Guatemala, relataría que en la guerrilla se reproducían las relaciones machistas de la sociedad a la que supuestamente combatían incluyendo la instrumentalización sexual de las guerrilleras y a veces de las mujeres de la población civil.

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Esa contradicción esencial entre discurso político y prácticas disciplinarias ha sido recogida en los primeros estudios analíticos que intentan reflexionar sobre el problema disciplinario y las sanciones. Específicamente, esa idea estuvo gravitando en el debate académico iniciado en Argentina en el 2005, alrededor de la responsabilidad política y moral que le correspondía a la guerrilla por el fusilamiento de sus propios militantes. La discusión condujo a plantear tópicos como los siguientes: la existencia de diversas tipos de moralidad en un conflicto interno; la imposibilidad de distinguir entre asesinatos legítimos e ilegítimos; el uso de la violencia; el valor de “no matar” abstrayéndolo de los proceso históricos y la explicación del “matar” y de la “violencia defensiva” ubicadas en contextos históricos concretos (García, 2010). Al lado de esas discusiones los historiadores argentinos han comenzado a plantearse el tema de los fundamentos normativos de los llamados códigos revolucionarios como lo hace Laura Lenci (Lenci, 2008) para el caso de los Montoneros o desde el ángulo de los criterios y las justificaciones que condujeron a las ejecuciones guerrilleras como lo hace Vera Carnovale (Carnovale, 2011: 143ss) para el caso del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Argentina. El tema en realidad apenas se insinúa en países que hace décadas padecieron un conflicto interno armado, pero es ausente en el caso colombiano, en donde también han predominado las miradas testimoniales y las discusiones periodísticas a propósito de los episodios más sonados de aplicación de la pena capital, en relación con los motivos de las deserciones o con la aplicación de castigos a menores de edad reclutados por la insurgencia. El tema reviste importancia por lo menos en dos sentidos: por un lado, porque su desarrollo puede explicar los factores que han contribuido a la persistencia de la guerrilla, en tanto que los aparatos insurgentes no sólo se construyen y sostienen por la existencia de recursos, la idealización de la violencia o a la efectividad de un discurso político sino que también se explican por los mecanismos que regulan el orden interior de los mismos. Y por otro, porque el examen de las normas y las prácticas disciplinarias, permite mostrar las

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diferencias entre las guerrillas colombianas en armas y los efectos del régimen disciplinario en el ejercicio de su violencia contra el Estado. Sin duda las diferentes formas disciplinarias han tenido una importante contribución en el desarrollo del potencial de guerra desplegado por cada grupo guerrillero. En otras palabras las formas disciplinarias de las FARC contribuyeron en buena parte a que esta organización desarrollara una exitosa expansión territorial, se configurara como un ejército y tuviera un significativo poderío militar. En cambio, el ELN, con una disciplina más laxa tuvo poca efectividad como organización armada, siempre presentó un menor poder de fuego y nunca pudo superar una mentalidad guerrillerista. El presente artículo se pregunta por las claves que explican que los guerrilleros acepten someterse a un régimen disciplinario rígido que puede conducir a castigos que implican esfuerzos físicos, al deshonor frente a sus compañeros, a limitaciones a su vida personal y afectiva e incluso a la pérdida de la vida. Asimismo pretende mostrar algunas distancias entre los principios y las prácticas, lo que permite develar que las normas no se aplican con toda severidad pero tampoco dejan de perder su fuerza coactiva, discordancias que no prosperan y que se resuelven con el permanente recordatorio de los ideales de lucha, con los dispositivos de control con que cuenta la organización o en últimas con la medida extrema del fusilamiento. En primer lugar analizaremos algunas características particulares de las organizaciones guerrilleras. A continuación, repasaremos los rasgos de la llamada “moralidad revolucionaria”, que se erigen como el fundamento de las normas disciplinarias de las guerrillas. Y por último, indicaremos los contrastes entre las normas y las prácticas, mostrando además las variables que pueden llegar a interferir en la aplicación de los reglamentos disciplinarios.

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I. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN GUERRILLERA Entender el significado y los diversos sentidos de la justicia interna de la guerrilla implica reflexionar un poco sobre su tipo de organización y sobre los principios y valores que fundamentan sus normas disciplinarias. Distingamos brevemente de qué tipo de organizaciones se trata: Las organizaciones guerrilleras pueden considerarse dentro de lo que Coser (Coser, 1978:11-24 y 102-112) ha denominado como las “instituciones voraces”, cuya particularidad es que estas reclaman la adhesión absoluta de los individuos controlando su tiempo y sus energías. Ese peculiar monopolio, puede dimensionarse mejor si consideramos que una de las grandes características de la sociedad actual es la existencia de una pluralidad de instituciones que se disputan el control de las energías de los individuos, sin que reclamen la absoluta lealtad, sin que copen todo su tiempo y dejando a salvo la diferencia entre la esfera pública y privada. Tomando los rasgos característicos de las “instituciones voraces”; observemos el contraste entre sus características y lo que muestran las organizaciones guerrilleras. A) Las instituciones voraces aplican barreras entre sus miembros y el resto de la sociedad. En la guerrillas la pertenecía a un grupo guerrillero implica que el combatiente se aleja de su medio familiar con el que solo tendrá comunicación muy débil casi siempre telefónica y esporádica. Eventualmente puede llegar a tener un contacto físico, siempre con permiso de los mandos y teniendo en cuenta la antigüedad, su hoja de vida y -como dicen la normas- “la entrega al proyecto análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 45 - 62

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revolucionario”. El individuo dentro de la organización cuenta con una nueva vida y con un nombre diferente -un nombre o un alias de guerra- que lo hará reconocible por sus compañeros con los que compartirá sacrificios, ideales y la permanente posibilidad de la muerte. Igualmente a los guerrilleros se les restringe la posibilidad de formar otros vínculos con personas u organizaciones que puedan contraponerse a los intereses de la propia guerrilla; por ello están prohibidas las relaciones con civiles sin permiso del mando, e incluso debido al deterioro político-militar de la guerrilla, se tiende ahora a desfavorecer las relaciones de pareja. Sobre esto último basta con recordar una comunicación del “Mono Jojoy” dirigida a sus subalternos: “A los camaradas, mucha disciplina para aplicar las normas y hacerlas cumplir. Si el problema está en las parejas, hay que separarlas (...) Que los comandantes reporten quiénes tienen compañera y los reubiquen, que queden prohibidas las relaciones en las compañías y al que incumpla, le aplican la norma”1. B) Las instituciones voraces controlan y uniforman la personalidad de sus componentes: en las guerrillas se nivela a los individuos con un discurso bastante sencillo sobre la explotación y la dominación derivada del capitalismo, el imperialismo y el neoliberalismo; unas representaciones históricas colombianas con las que trazan hilos de continuidad entre la resistencia indígena a la conquista española y la larga actividad guerrillera; un historia de la organización guerrillera que se muestra como víctima de la violencia agresora del Estado y de las bandas paramilitares; y una imagen idealizada de un futuro socialista, sin mucho detalle sobre sus delineamientos básicos. Se trata en todo caso de discursos sin matices, circulares y exentos de dudas, e impregnados de cierto odio de clase tal como lo aconsejaba un manual de formación política del ELN, cuando decía: “Concientizar es dotar a la gente de raíces. Que conozca su identidad de clase y se sienta orgullosa de ella. Que conozca la historia de los explotados, humillados y vencidos, para que tenga odio contra el explotador”2. ]6:_

Se uniforma también con las normas disciplinarias, con la subordinación al orden jerárquico y con la proscripción del error y del desánimo. Al igual que en las sectas analizadas por Caillois, en estas como en las guerrillas “todo defecto es punible” (Caillois, 1945: 28). Resulta por demás diciente que en los reglamentos de las FARC se considere como falta la “desmoralización superable” y como delito -eventualmente acreedor del fusilamiento- “la desmoralización que ponga en peligro el movimiento, sus planes militares u otras tareas importantes”3. C) Las instituciones voraces despliegan mecanismos para estimular la adhesión y la lealtad absoluta e incondicional de sus miembros. En las guerrillas tal premisa se aprecia con la demanda de entrega absoluta a la propuesta política de la organización y la defensa de la unidad de la misma, aún en contra de las opiniones personales. En las guerrillas los reclamos de lealtad también están relacionados con los mecanismos usados por la insurgencia para compensar su debilidad numérica, nos referimos a la clandestinización, el deber de no indagar sino por lo estrictamente necesario y la llamada compartimentación de sus actividades. La lealtad tiene implicaciones positivas para aquellos con espíritu de sacrificio y abnegación, quienes se hacen acreedores a los estímulos y reconocimientos, es decir a ascensos, comisiones y viajes; mientras que a los desleales les espera el fusilamiento. No ha existido grupo guerrillero que en principio no contemple esa pena frente a la traición, la delación y la deserción.

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“Jojoy” ordenó separar parejas de guerrilleros para frenar deserción. El Tiempo. Enero 18 de 2009. ELN. Cartilla del trabajador político. Marzo de 1998. s.p. FARC.Reglamento de régimen disci plinario de las FARC. VI Conferencia, 18-26 de enero 1978, VI Conferencia, 4-14 de mayo de 1982; y VIII conferencia 11-18 de abril de 1993. Artículo 1, ordinal h y artículo3 ordinal c.

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II. LOS ELEMENTOS DE LA MORALIDAD DEL GUERRERO Aparte de la anterior constatación, encontramos pertinente repasar brevemente el esquema de moralidad y de valores que guían los comportamientos y determinan las normas disciplinarias. Estos principios que en alguna medida son opuestos a la moralidad del conjunto de la sociedad o del orden capitalista que pretenden combatir, se divulgan a través de cursos, cartillas, discusiones y prácticas cotidianas como las reuniones, los actos funerarios o las horas culturales realizadas cuando no hay operativos militares. Ese esquema de valores, que no pretende ser exhaustivo, puede aglutinarse así: 1) La guerrilla expresa los intereses del pueblo y el guerrillero es un trasformador social: La guerrilla se asume asimismo como expresión y representación del pueblo. Ese pensamiento lo expresa reiteradamente tanto en su discurso programático como en sus más variados análisis políticos. Al respecto basta con recordar que el ELN declarará que su guerra es justa y que se “nutre de los trabajadores más combativos y conscientes, y de los mejores hijos del pueblo”4. Las FARC expresará complementariamente que combina “todas las formas de lucha de masas por el poder para el pueblo”5. ¿Qué entienden por pueblo? y ¿por qué asumen su vocería?. En primer lugar hay que señalar que las guerrillas, al igual que otras organizaciones sociales y políticas hacen uso de la noción de pueblo con una impronta clasista, la cual tiene una larga tradición en la cultura política colombiana, pues desde mediados del siglo XIX, el término se refiere a los grupos subalternos (artesanado, “plebes” urbanas, el “vulgo”, sectores trabajadores, etc.) antes que al conjunto de la sociedad en un espacio determinado (Aguilera y Vega, 1991: 120ss). Esa perspectiva clasista de pueblo la han expresado una gran variedad de movimientos políticos y sociales, desde el siglo XIX hasta la actualidad, particularmente por aquellos movimientos que cuentan con un arraigo popular.

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En segundo lugar, ese pensamiento de la guerrilla obedece a una peculiar visión histórica que encadena en una línea de continuidad las luchas de los sectores subalternos colombianos desde la época misma de la invasión española hasta la actualidad. Según ese análisis de estirpe marxista, la historia colombiana mostraría una continuidad de protestas e insurgencias protagonizadas por sectores populares en contra de la dominación y la explotación por parte de un sector minoritario que controla el poder político-económico e impone determinados imaginarios o representaciones culturales. En esa perspectiva, a grandes rasgos, el mismo sentido de la lucha ligaría a los indígenas que resistieron la invasión española, los esclavos afrodescendientes que se rebelaron contra su amos fundando palenques en el periodo colonial, los comuneros que se levantaron contra las autoridades virreinales, Simón Bolívar en su doble condición de director de la guerra emancipadora y de reformador social, los artesanos del siglo XIX que se opusieron a las elites letradas y a las reformas económicas liberales, las luchas por la inclusión política de los obreros y campesinos de los años veinte y treinta del pasado siglo, el movimiento gaitanista de los años cuarenta, las guerrillas comunistas de los años cincuenta, el movimiento político del sacerdote Camilo Torres y los grupos insurgentes que surgen a mediados de los años sesenta. Derivado de la anterior visión histórica y de la representación según la cual la sociedad tiene un orden social piramidal determinado por los intereses económicos y políticos, la insurgencia ha 4 5

ELN. Estatutos. Montañas de Colombia. Op. cit. p.11 FARC. Reglamento de régimen disci plinario de las FARC. Op. Cit. Artículo 1.

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tenido la tendencia a definir su amistad o enemistad de acuerdo con la ubicación de los actores sociales en las estructuras económicas y políticas. Sin embargo dicha idea la han matizado todas las guerrillas cuando han planteado que en el curso del conflicto, la insurgencia podría contar con el apoyo de sectores sociales de diferente extracción económica y social. Con las anteriores coordenadas analíticas es que al guerrillero se le asigna el papel de transformador del orden social injusto, proceso en el cual debe demostrar un profundo respeto por los intereses, los bienes, la cultura y las creencias de los grupos sociales considerados como componentes del pueblo; ese compromiso se entiende como altruista pues se enseña que se puede llegar al sacrificio sin que tenga que esperarse beneficio o recompensa alguna. 2) Frente al individualismo capitalista, la construcción del colectivismo: La noción del colectivismo es de vieja data dentro de las guerrillas colombianas; desde los grupos comunistas de los años cincuenta se insistió que este principio permitía trazar la diferencia entre “revolucionarios” y “bandoleros”. Así, en el primer deslinde político entre la guerrilla comunista o los “comunes” del sur del Tolima, frente a las guerrillas liberales los “limpios”, una de las discrepancias tenía que ver con la práctica de convertir las armas tomadas en combate, en propiedad de la organización y no de los jefes como era costumbre en las filas liberales (Marulanda, 1973: 34).

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Desde entonces la idea del colectivismo de la organización fue uno de los fundamentos de las organizaciones guerrilleras de inspiración marxista. El colectivismo de la organización implica la supeditación de las personas a los organismos, la dirección colectiva, la participación en la toma de decisiones, el derecho a elegir y ser elegidos, la descentralización de funciones, la división del trabajo, la idea de la complementariedad de los saberes y experiencias personales, la propiedad colectiva de los recursos, el acatamiento de las orientaciones, los planes y los programas; y como bien lo señalan los estatutos del ELN, “el sometimiento de las partes al todo, de las minoría a la mayoría, de los organismos inferiores a los superiores y el acatamiento de la disciplina”6. En aras de ese colectivismo opera la censura frente expresiones que se consideran propias del individualismo como la “formación de camarillas”, la “autosuficiencia”, la “búsqueda del prestigio individual”, 7etc. Asimismo las recriminaciones a ciertas desviaciones del método de análisis personal que atentarían contra la el equilibrio de la organización como el “empirismo” (como expresión de menosprecio a la teoría revolucionaria), la “unilateralidad” (que no integra las partes en función del todo y viceversa), la “superficialidad” (que no permite llegar al “fondo de las cosas”, el “sectarismo” (como subestimación y arrogancia frente a otras organizaciones) y el “liberalismo” con sus diversas manifestaciones como la “anarquía”, la “espontaneidad”, 8etc. Esos reproches, fueron particularmente fuertes en las primeras dos décadas de vida de las guerrillas del EPL y del ELN, que a diferencia de la FARC tuvieron una importante presencia de combatientes de procedencia urbana en sus “cuadros” de mando y mayores espacios de discusión política. El colectivismo de la organización se expresa también como un ideal político para promocionar la construcción de la sociedad futura que debía de surgir con el triunfo la revolución. No obstante, por razones de tipo táctico, ese ideal fue matizado para evitar precisamente los estragos de la 6 7

ELN. Estatutos. Montañas de Colombia. Julio de 1996, p.12. La fuente de tales nociones parece ser un texto del ERP argentino que circuló ampliamente en Colombia en los años setenta. Ver: Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Moral revolucionaria Moral burguesa. Ediciones Ideas, p.22 ss. Conclusiones del IV Pleno del Comité Central. Mayo de 1972. Partido Comunista de Colombia. (Marxista Leninista). Documentos No 3. Medellín: Editorial 8 de junio, 1975, p. 217.

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propaganda anticomunista que empezó a advertirse desde los años cincuenta del siglo pasado con ideas como las de señalar que si las guerrillas comunistas triunfaban le quitarían a la gente “todo” incluido los hijos9. A lo largo del conflicto armado, el ideal del colectivismo guerrillero mostró diferentes acotaciones discursivas para lograr aliados o amigos en el curso de la confrontación. Una de estas limitaciones fue la de argumentar que la expropiación de tierras se dirigiría únicamente frente a los bienes de los enemigos del pueblo o de la revolución, siempre y cuando esa medida tuviera como objetivo obtener recursos para la toma del poder. Asimismo, los grupos insurgentes tuvieron siempre el cuidado de manifestar que los bienes del pueblo, entendiendo esta última noción como la oposición a la oligarquía – como lo subrayaba Jorge Eliécer Gaitán- debían de ser respetados y defendidos así fuera a costa de la vida de los propios insurgentes. Aclaraciones en uno y otro sentido pueden encontrarse, por ejemplo en el programa agrario de las FARC10 o en los documentos programáticos del EPL11. 3) Las virtudes ideales del guerrillero: La guerrilla considera que la construcción de una nueva sociedad debe pasar por contribuir a formar individuos que depongan sus intereses personales en función de los intereses colectivos y de la lucha por la construcción de un nuevo orden socialista. Esa idea la expresa con claridad el ELN, cuando dice: “Cada Eleno es un hombre y una mujer nuevo en construcción, motivados en la lucha de clases y los ideales del humanismo socialista; dedicados por entero a la causa y la defensa de los intereses del pueblo”. En concordancia con esos criterios generales la insurgencia impulsa una formación y autoeducación en ciertas virtudes y valores individuales como los de ser respetuosos de los demás, firmeza ante el enemigo, el no tener vicios “contrarrevolucionarios”, etc. Las FARC, por ejemplo, impone como deber a sus combatientes: “Ser honesto y veraz con el movimiento, abnegado en la lucha y modesto”12. El M-19, por su parte, no solo buscaba formar virtudes como los anteriores sino que además exigía ser alegre “porque la revolución es una fiesta”13.

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Dentro del cuadro de virtudes del guerrillero, casi todas las guerrillas han insistido en resaltar, los valores de la abnegación y el sacrificio, en una perspectiva de compromiso que podría implicar hasta la entrega de la propia vida. La idea de la muerte se cultiva con su permanente glorificación, sus rituales y hasta con las técnicas usadas para elevar la moral de combate. Sobre lo último el extinto comandante y sacerdote Manuel Pérez del ELN, recomendaba hacer memoria de los muertos más cercanos que “marcaron con su sangre, la validez, la vigencia del proyecto liberador”14. En ese conjunto de ideales también se ha destacado que se promueva la modestia, el compañerismo y la solidaridad, en tanto que se persiguen contar con estructuras guerrilleras en las que reine la hermandad y la convivencia entre sus miembros. 9 10

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Cuadernos de campaña, Op. Cit. p. 55. “Primero: (…) entregando en forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo trabajador (…) La reforma agraria confiscará la tierra ocupada por los imperialistas yanquis. (…) Tercero: Se respetará la propiedad de los campesinos ricos que trabajen personalmente en sus tierras (…).”. Programa agrario de los guerrilleros. 20 de julio de 1964. “La lucha la financiara princi palmente los enemigos (especialmente los latifundistas) cuyas tierras y gran parte de los bienes serán repartidos a los campesinos(…) Los aliados princi pales y los integrantes de la fuerza princi pal (campesinos pobres y proletarios agrícolas) sola serán gravados con una mínima parte de lo que les da la revolución, pues ellos tienen que beneficiarse, no perjudicarse con ella, en la medida de lo posible”. Conclusiones del II Pleno del Comité Central. Octubre de 1966. Partido Comunista de Colombia. (Marxista Leninista). Documentos No 1. Medellín: Editorial 8 de junio, 1975. FARC. Reglamento de régimen disci plinario de las FARC. Op. Cit. Artículo 7. M-19 Batallón América. Código revolucionario de la fuerza militar rural. Enero de 1986.cap. 6. Artículo 2 numeral 8. Pérez, Manuel. “Treinta y tres años de ‘pedacito de trapo rojo y negro’”, en: correo del Magdalena. Julio 4 de 1997

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4) La crítica y autocrítica como método de superación: Las guerrillas recogen un principio organizativo de honda tradición en el pensamiento marxista como es el de la crítica y el de la autocrítica pública y sin restricciones jerárquicas, como fórmulas para la corrección de errores de tipo individual y colectivo. El método de criticar al otro tendría ciertos requisitos para evitar caer en un ejercicio destructivo; la crítica debería se justa, equilibrada, oportuna, fraternal y que apunte a la corrección antes que al aniquilamiento del otro. La crítica y la autocrítica se erigen dentro de las guerrillas como un método de educación política para clarificar ideas, fortalecer convicciones, enfrentar las desviaciones políticas, los grupismos y personalismos. Igualmente dicho ejercicio lo consideran como una fórmula para evitar caer en el formalismo, en la tolerancia frente a las deficiencias y la indiferencia frente a los responsables de las mismas. Se considera que su práctica es útil para identificar los errores, las limitaciones, los defectos de los planes y programas o las causas de los fracasos. La crítica y la autocrítica no solo pretenden la eficacia organizativa sino que también se consideran como una forma de robustecer la disciplina pues permiten que en las organizaciones armadas se establezca un control desde la comandancia de la guerrilla hacia la base de la insurgencia, y de estas hacia los dirigentes. En los códigos disciplinarios la autocrítica es elevada a una forma de sanción pública que forma y educa a los guerrilleros, evitando la aplicación de otro tipo de penas o sanciones. En esa medida se considera que es un castigo benigno consecuente con el discurso revolucionario que pretende la reeducación o la formación de un “hombre nuevo”. Por ello la autocrítica frente a las “masas” o frente a la organización se establece como una de las penas para faltas leves. ]74_

III. LAS INCONGRUENCIAS ENTRE LAS NORMAS Y LAS PRÁCTICAS Desde los años cincuenta del siglo pasado no ha existido una guerrilla en Colombia que no haya manejado sus propios reglamentos o códigos disciplinarios; algunos más precisos que otros por contar con normas más elaboradas o por distinguir los componentes sustantivos y procedimentales. Además es evidente que dentro de las guerrillas ha sido mayor la preocupación por dotar a sus aparatos armados de reglas internas que regulen las relaciones y actuaciones de sus combatientes, que por ofrecer normas de justicia aplicables a la población civil. Así mientras que para los primeros existen códigos con normas y procedimientos muy definidos, para los segundos son dispersas, varían según las regiones, retoman en gran medida las normas estatales y nunca fueron recogidas o sistematizadas en un solo articulado. Sin duda ese contraste revela una mayor preocupación por asegurar la estabilidad y perdurabilidad de los aparatos armados, que por regular sus relaciones con la población civil, ejercicio para ellos más difícil y limitado a actuaciones ocasionales o más o menos permanentes en las zonas de retaguardia nacional o de frentes guerrilleros. En lo referente a las conductas violatorias del régimen disciplinario, las normas guerrilleras se dividen en faltas y delitos. Las faltas se pueden aglutinar alrededor de los siguientes temas: A) La seguridad interna y el orden del campamento (precauciones para no generar accidentes con las armas; la ritualidad para salir y entrar al campamento; etc.). B) Las tareas de la guardia (sentarse durante el turno de guardia; comportarse con negligencia o pereza; etc.). C) El uso de la dotación y de los recursos de la organización (no hacer mantenimiento a las armas; dejar ahumar las ollas; etc.). D) La autoridad y el cumplimiento de las órdenes de los mandos (el irrespeto de los comandantes hacia guerrilleros y viceversa; la simulación de enfermedad para no cumplir órdenes; etc.). E) Las relaciones con los compañeros (riñas, falta de espíritu de compañerismo,

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etc.). F) Las relaciones con los civiles (irrespeto; uso de palabras soeces o de apodos; etc.). G) El ámbito afectivo (quedar en embarazo; no responsabilizarse de los hijos; etc.). El proceso y sanción de las faltas corresponde a los comandantes de los Frentes, en ocasiones el procedimiento o “evaluación” se realiza en forma colectiva15. Excepcionalmente, en las FARC, el juzgamiento de algunas faltas graves se realiza por medio de un “Consejo de Guerra”. Las sanciones por dichas faltas tienen ciertos énfasis según el grupo guerrillero que se trate: en el ELN se tiende a que el castigo tenga un carácter educativo (autocrítica, planteamiento de un tema al colectivo, explicar el régimen disciplinario, etc.), mientras que en las FARC, pasa lo contrario, pues es mayor el énfasis en el castigo físico, acompañado en algunos casos con sanciones educativas. Son castigos físicos usuales la hechura de trincheras, letrinas, la recolección de leña, la brillada de las ollas, etc. Los delitos como la delación, la traición, el robo de recursos de la organización, la violación sexual, el asesinato etc., tienen contemplado para su juzgamiento, la convocatoria a “Consejos de Guerra”, lo cual implica la elección por la “asamblea de guerrilleros” de las autoridades del mismo, es decir un presidente, un secretario, cinco jurados de conciencia y un fiscal. En las FARC es el jurado el que decide el veredicto que debe ser aprobado o negado por la “asamblea guerrillera”. En el ELN no hay jurado de conciencia, por lo que es la “militancia en pleno” a instancias del juez la que define el veredicto16. Tanto en el ELN como en las FARC, le corresponde al acusado de un delito designar su defensor; el nombramiento lo puede realizar con antelación a la realización del consejo de guerra. Está regulado o hace parte de los criterios del juzgamiento examinar pruebas, móviles y circunstancias de los delitos. En el código del ELN, por ejemplo, se puede leer: “Los colectivos de la organización encargados de valorar y decidir sobre las infracciones, procuraran siempre analizar a fondo los hechos, su contexto e implicaciones, para que toda la estructura afectada, aprenda de dicho análisis”.

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Para los delitos, la pena más grave es el fusilamiento pero también se aplica el desarme temporal, la degradación, la pérdida de derechos y responsabilidades. Las normas guerrilleras también contemplan que la pena de muerte es una pena excepcional; así en el código de las FARC se advierte que se aplicará solo “en casos de extrema gravedad”. En líneas generales la justicia interna frente a combatientes cumple sus fines de control. El régimen disciplinario permite alcanzar un orden interno en las organizaciones armadas, garantizar la convivencia entre los guerrilleros y la búsqueda de los fines político-militares de los aparatos insurgentes. Sin embargo, se aprecian importantes incongruencias entre las normas y sus propósitos, y sus aplicaciones concretas. Esos desajustes no significan que predomine el caos o que haya una tendencia creciente al relajamiento de los aparatos insurgentes internos o que se pueda hablar de la inutilidad de cuerpos normativos de las guerrillas. Señalan simplemente la existencia de las imperfecciones propias de una justicia que presenta procedimientos breves, que no tiene mayores mecanismos de control para vigilar o corregir los procedimientos judiciales, que opera en medio de un conflicto armado y en cuya aplicación no interviene ni un aparato especializado ni personas con formación jurídica. 15 16

Esa tendencia se advierte en el ELN. ELN. Acta de Juicio Revolucionario. Noviembre 21 y 22 de 1996.

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De los desajustes entre lo normativo y su aplicación a un hecho concreto, no está exenta ni la propia justicia formal o estatal que por supuesto funciona bajo otras condiciones y al amparo de toda la institucionalidad (normas más elaboradas, diversos controles, procedimientos precisos y definidos, etc.). Presentamos algunas de las discordancias, sin pretender abarcarlas todas o situarlas exactamente como las principales. Quizás no sobra advertir que no se trata de establecer un contraste entre la moral ideal de las guerrillas y sus actuaciones colectivas e individuales en el conflicto, terreno en el que habría que analizar varios de sus métodos de guerra o sus actuaciones frente a la población civil. Lo que subrayamos aquí son las alteraciones originadas en la aplicación de sus normas disciplinarias a casos concretos de violación de las mismas por parte de sus combatientes. A) Desigualdad en la aplicación de sanciones: En los estatutos disciplinarios de las guerrillas se plantea como uno de sus premisas fundamentales la existencia de iguales derechos y deberes para los guerrilleros. Entre las prerrogativas para sus integrantes se señala entre otras, la de participar en la vida política interna, la de elegir y ser elegido, “la de disentir, exponer sus puntos de vista y ser escuchados”, la de “participar en la vida política de su unidad básica”, la de recibir estímulos y cargos de responsabilidad o la de ser juzgado respetando el “debido proceso”.

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En los estatutos insurgentes, los derechos de los combatientes guerrilleros, cuentan con algunas sutiles limitaciones o precisiones. En el ELN, se plantea que los derechos “deben de estar en correspondencia con el nivel de compromiso de los integrantes de la organización”. Y a su vez en las FARC se especifica que “los deberes y los derechos son iguales para todos sus integrantes pero sin igualitarismo pequeño-burgués”. Aclaraciones que parecen insinuar que habría que reconocer ciertas excepciones al principio de la igualdad o a que este no puede desarrollarse a plenitud debido a la existencia de ciertas diferencias entre los miembros debido a los disímiles niveles de responsabilidad, a los aportes diferenciados de cada cual a la organización, o a la presencia de diferentes capacidades físicas e intelectuales. Pese a las declaraciones de igualdad, en las estructuras guerrilleras se presentan algunos episodios que muestran que algunos de los mandos de las guerrillas tienden a gozar de ciertos privilegios. En ambas guerrillas, por ejemplo, los mandos de los Frentes tienen mayores oportunidades de engendrar hijos y que estos sean criados por familiares o conocidos: en el ELN, los comandantes en ocasiones hacen caso omiso de pedir permiso a la dirección de la organización y de la prohibición de tener hijos antes de dos años de haber constituido una pareja; lo mismo ocurre en las FARC en donde la prohibición de tener hijos es absoluta17. Adicionalmente, las parejas de los comandantes gozan de especiales prerrogativas como librarse de montar guardia o de hacer la “rancha” –el trabajo en la cocina- muy seguido; además pueden tener acceso a dinero y a ciertos lujos como dulces o ropa interior. Incluso como narra en su diario la guerrillera “Alejandra” o Nanja Nijmeijer algunas se creían superiores a las otras guerrilleras. Sobre esa preeminencia que adquirían las mujeres de algunos mandos, uno de los miembros de secretariado, el extinto Iván Ríos, a finales del 2005, advertía que era necesario “acabar con los privilegios materiales de algunas compañeras de mandos, no se pueden permitir las generalas en las diferentes unidades”18 . 17 18

Excombatiente de las FARC. Comandante de Escuadra. Bogotá. Julio de 2010. El computador de Iván Ríos. Cambio. Marzo 12 de 2008

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En las guerrillas si bien existen normas y prácticas que pretenden la no discriminación de la mujer, se perciben algunos recortes importantes tanto desde la perspectiva de los derechos de la mujer por fuera de una organización guerrillera (práctica forzosa del aborto, separación de los hijos) como desde la perspectiva de los derechos dentro de la guerrilla que parten de subrayar que la mujer ingresa a la organización a combatir al lado de los hombres y no a “tener familia”19. Desde el ángulo de las opciones que les ofrece la guerrilla, -bajo la suposición de haber ingresado voluntariamente y con mayoría de edad-, se registran algunas desigualdades frente a los hombres como la que se advierte en la ínfima proporción de las que alcanzan a convertirse en mandos medios o la propensión a desempeñar determinadas ocupaciones como “radista” (comunicaciones radiales), enfermería e integración a comisiones socio-.culturales y al trato con la población civil. Otra presunta discriminación que la coloca como “objeto sexual” de los guerrilleros, ameritaría un análisis más profundo que desborda las pretensiones del presente artículo. Ahora bien, desde la perspectiva de la desigualdad en el tratamiento disciplinario entre hombres y mujeres, se advierte que los castigos frente a las mujeres tienden a ser menos fuertes o duros que los que se aplican a los hombres. Sin embargo, se registran ciertas incoherencias o desproporciones como la ocurrida en el Frente 58 de las FARC, en el que a una guerrillera que extravió una gorra militar se le castigó con 200 viajes de leña, mientras que a un hombre que perdió un “material de guerra”, se le sancionó con 50 viajes de leña; no obstante queda la duda si la diferencia entre los dos castigos provenía de la reincidencia de la primera. Otra de las manifestaciones de desigualdad entre los guerrilleros se aprecia en algunas expresiones de favoritismo y discriminación nacidas de la empatía o de la apatía entre miembros de una estructura guerrillera. Sobre esta particularidad el mismo fallecido comandante de las FARC Iván Ríos, comentaba en plena ofensiva militar del Estado contra la insurgencia, que los problemas de esa guerrilla provenían no tanto de los “méritos del enemigo” como del “Talón de Aquiles” que mostraba la organización, el cual situaba en la mala formación de los mandos medios. Opinaba que defectos como la “compinchería, alcahuetería y amiguismo”20, debían de superarse con el replanteamiento de las relaciones entre los mandos medios y los guerrilleros de base. Esa misma perspectiva la corrobora un guerrillero raso que perteneció a los frentes 26 y 31, y que fue aprehendido en combate; comentaba de su experiencia: “no veía las cosas normales, porque yo miraba mucha discriminación con algunos muchachos y compañeras, algunos que eran nobles los ponían a trabajar más por ejemplo en el sistema de guardia y los muchachos por la nobleza cumplían, yo realmente no vivía conforme con ese manejo de esos compañeros21.

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Esos defectos generaban algunas desviaciones a la hora de aplicar el régimen disciplinario. Por supuesto los extravíos son más notorios en lo concerniente a la sanción de las faltas leves, pues los mandos medios en ocasiones tendían a “tapar” las fallas de los subalternos que le “cayeran bien”22. Más excepcional, ha sido que los mandos medios intervengan para provocar un determinado resultado en un “Consejo de Guerra” respecto de un guerrillero acusado de un delito; sin embargo, no faltan los ejemplos de casos de intervenciones de comandantes ante la “Asamblea Guerrillera” en momentos en que este refrendaba o votaba en contra de un veredicto. Intervención “ilegal” si se tiene en cuenta que las normas del régimen disciplinario contemplan que el comandante de 19

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Hay diferencias en este sentido en las FARC la negativa a que se formen parejas con hijos es absoluta, pero de ella parecen escaparse los comandantes. En el ELN hay más flexibilidad y se necesita permiso de la dirección. El computador de Iván Ríos. Cambio. Marzo 12 de 2008 Juzgado sexto de ejecución de penas. Expediente No33631. Año 2002 f.79 Entrevista a excombatiente del ELN. Guerrillero raso. Puerto Boyacá. 2000.

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un Frente guerrillero debe de separase del desarrollo del “Consejo de Guerra” una vez lo haya convocado23. Del mismo modo, en el cuadro de desviaciones derivadas del desconocimiento del principio de la igualdad entre los miembros de los grupos insurgentes, puede destacarse que también ha sido inusual que los más encumbrados niveles de las organizaciones guerrilleras se abstengan de aplicar su potestad punitiva contra los mandos medios acusados de violar el régimen disciplinario. Uno de los casos de mayor resonancia, ha sido quizá el de alias “Jhon 40”, jefe del Frente 43, quien al aportar importantes sumas de dinero a las arcas del Secretariado de las FARC, derivadas del narcotráfico, se le consintió durante bastante tiempo un modelo de vida que reñía con las normas disciplinarias del guerrillero (uso joyas, realización reiterada de fiestas y de espectáculos musicales, escándalos, etc.)

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Finalmente, otro ángulo destacado de la desigualdad en el tratamiento disciplinario al interior de las guerrillas es que un mismo tipo de falta puede ser sancionada con diferente castigo y nivel de severidad. Esta desigualdad en las sanciones que genera críticas entre los combatientes, -que no han tenido eco en las instancias superiores-, obedece a que cada Frente sin salirse de lo contemplado en los reglamentos disciplinarios generales puede darle un tratamiento distinto a las faltas leves, al tener la potestad de dotarse de sus propio reglamento de Frente, llamado también en como “normas campamentarias” para el ELN. Por ello surgen comentarios entre guerrilleros rasos que por lo general han tenido la experiencia de pertenecer temporalmente a varios Frentes, que hay algunos con una disciplina rígida y otros más relajados. Esas diferencias se hacen ostensibles al comparar las sanciones entre las FARC y el ELN, en relación con el tratamiento a las faltas; como ya señalábamos, en la segunda, en la que los castigos se denominan “correctivos”, la tendencia ha sido la de aplicar sanciones de tipo educativo. B) Fusilamiento sin la plena garantía de defensa y sin consideración de circunstancias y atenuantes en un homicidio: El homicidio de un compañero es un delito grave en las guerrillas. En las FARC este delito tiene el mismo rango de gravedad que el asesinato de “hombres o mujeres de la población civil”, mientras que en el ELN este es calificado como un “crimen contra la organización”. Un caso que muestra que no se aplicó plenamente el derecho de defensa ni que se hicieron todos los análisis sobre las circunstancias de lo ocurrido, el hecho y los móviles pasionales del mismo, fue el asesinato de “Adán Izquierdo”, un prestigioso comandante de las FARC. Sin duda, pesaron en contra de la procesada, el prestigio del comandante muerto y la sospecha que recaía sobre la acusada por tratarse de una guerrillera que había estado presa bastante tiempo y recién se había reincorporado a las filas la guerrilla. Ese recelo se originaba en el temor de las infiltraciones, que alcanzó a tener cierta notoriedad en la época del suceso. El comandante asesinado Alias “Adán Izquierdo” era un guerrillero costeño nacido en Curumaní, César, que había estudiado hasta VIII semestre de ingeniería industrial en la Universidad Industrial de Santander24. Se le reconocía desde finales de los ochenta por ser uno de los organizadores del Frente XIX de las FARC en la Sierra Nevada y posteriormente porque hacia 1992, había sido enviado al Tolima a hacerse cargo del Frente XXI. Su carrera en las FARC lo había llevado últimamente a ocupar el alto cargo de reemplazante del Secretariado. 23 24

FARC. Reglamento de régimen disci plinario de las FARC. Op. Cit. Artículo 4, numeral 3b. “Se busca a Adán Izquierdo” El Tiempo. Noviembre 11 de 1992.

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A “Adán Izquierdo” lo mató por celos su excompañera, alias “Snaker” de más de 25 años, que había sido capturada en 1990, y estuvo presa por espacio de 10 años. Al recobrar la libertad y regresar a las FARC hacia el 2000, en la época de la zona de distensión, no solo la había abandonado cuando estuvo presa sino que su antiguo compañero tenía otra pareja. El guerrillero de unos 48 años de edad, cuando supo de la llegada de su antigua compañera ordenó traerla al campamento y envió a su nueva “socia” a una compañía. La guerrillera enterada de la infidelidad esa noche le propinó tres tiros con su propia pistola, cuando discutían en la caleta; otra versión indica que no hubo riña, que se acostaron esa noche y luego de dispararle invento la artimaña que había sido un infiltrado (Rueda, 2009: 62). Al parecer el mono “Jojoy” quiso fusilarla sin juicio previo a lo que se opuso Marulanda, no tanto por hacer respetar las normas como por investigarla pues opinaba que podía estar trabajando de infiltrada; por ello duró un mes detenida antes del juicio. Fuera de la guerrilla la muerte de Izquierdo fue presentada como resultado de un accidente en una camioneta. La asamblea que se constituyó estuvo compuesta por 30 miembros todos mandos y escogidos por el mono “Jojoy”. La Asamblea seleccionó a los dignatarios del Consejo de Guerra y la guerrillera escogió como defensor al jefe de la guardia que la vigilaba. Al iniciar el consejo la guerrillera pidió que le concedieran la palabra y les dijo que no perdieran el tiempo que era culpable y que si ese “viejo se levantaba siete veces, otras siete veces lo iba a matar”. Se sentó luego y no quiso hablar más nada. Se presentó la acusación y se narraron los hechos y cuando le tocaba hablar al defensor, este tampoco habló acatando la voluntad de la guerrillera que le había recomendado desde días anteriores que no la defendiera o que no hablara nada en su favor. El defensor recuerda que ella se había preparado para la muerte durante ese mes y que le había manifestado que “estaba muy aburrida, que ella quería mucho al viejo” y que lo había matado por celos, por “haberse torcido”25. El veredicto fue condenatorio y fue ratificado por la asamblea por 29 votos contra 1 voto, el del defensor, que se manifestó únicamente con su voto.

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C) La reincidencia en una conducta puede convertir una falta grave en delito castigado con pena capital: En las guerrillas, el robo a los compañeros del movimiento y la población civil tiene sanciones diferentes. En el ELN es apenas una falta a las “normas revolucionarios”, que puede ser tratado dependiendo su gravedad con autocríticas o con sanciones físicas como la excavación de huecos para ser usados como trinchera; mientras que en las FARC tiene la categoría de delito que debe ser juzgado por medio de Consejo de Guerra, sin que tenga como pena el fusilamiento; igualmente podría ser castigado de la misma manera que en el ELN. Sin embargo, en las FARC la reincidencia en la conducta, no implica un aumento de la pena como por ejemplo podría ocurrir en ELN, en donde al sancionado reincidente podría tener como castigo una mayor metraje de excavación de trincheras u otras castigos adicionales. En las FARC, la reincidencia transforma el delito en “sabotaje al movimiento”, una calificación más grave que eventualmente podría llevar al procesado a la pena de muerte, dependiendo del comportamiento y la hoja de vida del guerrillero.

Entrevista a excombatiente de las FARC. Comandante de compañía. Bogotá. Noviembre de 2009.

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Uno de los casos de robos continuados que condujeron a imponer la calificación de “sabotaje al movimiento”, ocurrió en uno de los Frentes de las FARC que operaba en el Bajo Cauca Antioqueño. Allí, un guerrillero fue fusilado por el robo continuado de víveres del Frente. En la decisión pesaron los argumentos relacionados con la dificultad para conseguir suministros, la insolidaridad demostrada por el insurgente y las contingentes consecuencias de su conducta sobre el grupo; también contribuyó al veredicto la inflexibilidad del comandante que tenía una propensión a hacer uso de su competencia de convocar “Consejos de Guerra”, mecanismo que generalmente conduce al fusilamiento26. En otro caso, en el Frente 22, a un guerrillero que registraba varios casos de robos de diversa naturaleza se le había puesto “vigilancia especial” dado que su reiteración en los robos, había hecho que no se le mirara como un saboteador sino como un “infiltrado”, que pretendía anarquizar al grupo, es decir colocar a unos contra otros, generando riñas o mal ambiente. En las guerrillas dicha sospecha tiene la mayor gravedad dado que cuando se entra a vigilar a alguien, por esa acusación, detalles normalmente baladís pueden llevar fácilmente a la pena de muerte27, dada la sensibilidad entre los insurgentes frente al problema de la infiltración. No se supo que ocurrió finalmente con el guerrillero bajo sospecha debido a que el relator de los hechos fue trasladado a otro Frente.

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Prueba que no siempre, en las FARC se castiga el sabotaje con pena de muerte, es lo que le ocurrió en el Frente 58, a una guerrillera acusada de ese delito por el robo de unos “cucos” a una compañera; calificación disciplinaria que hace suponer que tenía antecedentes de robo. Muestran los datos recolectados sobre el caso, que la guerrillera infractora no fue castigada con la pena capital sino con una diversidad de castigos: realización de 20 viajes de leña, 10 viajes de arena y 10 brilladas de olla28. D) Prohibiciones que muchos incumplen: El caso del consumo clandestino de licor: El consumo de bebidas embriagantes aparece expresamente prohibido en las normas de las FARC; también se contemplaba en el código de la guerrilla rural del M-19. No se incluye en las normas generales del ELN, aunque se hallan en las reglas de los Frentes, como en el caso del denominado Armando Cacua Guerrero29. En teoría en la guerrilla sólo se puede consumir alcohol en fiestas especiales como navidad y fin de año o en situaciones particulares con permiso del comandante como en el cierre de los cursos internos y de manera excepcional y en exigua cantidad en los bazares. En el ELN, por ejemplo, a partir del 2002, precisamente en el Frente Cacua Prada se “lanzó la orden que había que entender las angustias de los muchachos” por lo que cada seis meses se hacía una especie de agasajo en la que se consumía una res y se repartía cerveza. En esos grandes eventos en los que se puede consumir licor, las reglas obligan a dos precauciones: mientras unos dejan las armas en sitio vigilado y consumen licor o bailan, otros constituyen el anillo de seguridad para cuidar a todos y especialmente a los mandos30.

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Entrevista a excombatiente de las FARC. Mando de comisión de organización de Frente. Bogotá. Junio de 2010. Entrevista a excombatiente de las FARC. Mando de comisión política de Frente. Bogotá. Octubre de 2009. Archivo digital del Frente 58 de las FARC. ELN. Reglamento interno Frente Armando Cacua Guerrero. (s.f.) Entrevista a excombatiente del ELN. Mando de comisión política de Frente. Bogotá. Julio de 2010

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Con todo, las prohibiciones no parecen ser tan enfáticas, pues no todo consumo implica castigo: en las FARC, lo que se reprime es la embriaguez “consuetudinaria”; en el ELN la embriaguez que cause daño “político, económico y de seguridad” tanto a la “organización como a la base social”, y en el extinto M-19, se consideraba como falta la “embriaguez en situación combate”31. ¿Cómo se castiga actualmente?: en las FARC con la construcción de metros de trinchera, con trabajo productivo (recoger y empacar maíz, rozar maleza con machete, etc.) y con autocriticas. En ELN siempre con la obligación de trabajar en tareas de producción y con autocriticas. Las sanciones por consumo alcohol no discriminan al guerrillero raso del alto mando. En las FARC es muy conocida la sanción impuesta a “Pablo Catatumbo” uno de los expertos guerrilleros en el pensamiento de Simón Bolívar, actual miembro del Secretariado, comandante de Bloque Occidental y jefe del Movimiento Bolivariano. Antes de llegar a esos cargos y presuntamente como miembro del Estado Mayor de uno de los Bloques del sur del país, fue despojado de su rango bajo acusaciones de alcoholismo y enviado al Frente 28 que operaba entre Boyacá y Casanare. Sin embargo, bien pronto sería rehabilitado al ser “recogido” para la zona del Caguán y encargado de formar parte del equipo que discutía la política de la organización32. Pese a las sanciones algunos guerrilleros no pueden controlar la irrefrenable tentación de consumir alcohol recibiendo repetidas sanciones. Estos se desprestigian y nunca ascienden o si lo hacen son degradados. Algunos de ellos se vuelven famosos como es el caso del guerrillero conocido con el alias de “Uber” que nunca pasó de ser jefe de escuadra, debido a su apego al licor y a que no respondía por la tropa a su cargo; de él cuenta un desmovilizado en un estrado judicial que los guerrilleros comentaban que sólo se “tomaba los pueblos donde le vendieran trago”33 No obstante a la advertencia de castigo, los guerrilleros tienden al consumo clandestino sin que el mismo genere mayores desarreglos ni se constituya en una importante amenaza para las organizaciones guerrilleras. En las FARC se habla de la existencia del “contrabando” de aguardiente debido a que el alcohol ingresa traído por encargo, comprado a los campesinos o por el contacto con los negociantes de coca. Otra oportunidad para adquirir bebidas alcohólicas la tienen los que integran comisiones e ingresan a caseríos apartados; según un comandante de escuadra de esa guerrilla hubo ocasiones que tomaba todos los días junto con sus 12 compañeros34.

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Varios factores explican dicha transgresión: primero, lo que anota Carrillo (Carrillo, 2007:118-123), respecto de la guerrilla Guatemalteca en la que la embriaguez puede entenderse como una forma de sobrellevar las difíciles condiciones de vida del combatiente. A ello debe agregarse, la resistencia individual o grupal a aceptar la disciplina y los parámetros de la “moralidad revolucionaria”. Tal es el caso del grupo Benkos Biohó, una guerrilla étnica que hacia el 2003 todavía actuaba en el Chocó bajo el amparo del ELN35. A mediados de los noventa, en esta organización se tomó la increíble determinación de tratar de garantizar la permanencia de sus miembros aceptando que los guerrilleros salieran los fines de semana a visitar a sus familias y a divertirse. El problema generó una situación crítica pues los guerrilleros incumplían con la llegada el lunes a primera

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M-19- Batallón América. Código revolucionario de la fuerza militar rural. Enero de 1986.cap. 9. Artículo 2 numeral 4. Entrevista a excombatiente de las FARC. Comandante de compañía. Bogotá. Noviembre de 2009 Juzgado Séptimo de ejecución de penas. Expediente No 14037. Año de 2007.f.19v. Entrevista a excombatiente de las FARC. Comandante de Compañía. Bogotá. Noviembre de 2009. Vicepresidencia de la República: Los derechos Humanos en el Chocó. Programa presidencial de DH y DIH. www.virtual.unal.edu. co/cursos/humanas (recuperado 15 de mayo 2012)

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hora o no volvían36. En 1996, el grupo después de contar con 34 guerrilleros quedó reducido a 14, debido a deserciones y fusilamientos37. Igualmente, otro factor que interviene en la transgresión es el relajamiento de la disciplina en algunos Frentes lo cual puede tener relación con la personalidad del comandante, con la poca combatividad de un Frente, con el mayor contacto con los recursos provenientes de la coca e incluso con las costumbres de una región. Un caso que parece reunir esas variables es la del Frente 19 de las FARC que operaba en la Sierra Nevada de la costa Caribe. Allí luego de haberlo dejado organizado el mando conocido como “Adán Izquierdo”, lo sucedió a mediados de los años noventa, el “pollo Daza”, quien abandona toda actividad política y militar. Así mismo, hizo un desmonte de la disciplina existente pues al lado del consumo de alcohol trajo conjuntos y organiza parrandas vallenatas en cada cambio e instalación de un campamento, introduce el juego de tejo, las apuestas de dinero y el uso del caballo para los mandos de las guerrillas. Cuando el secretariado de las FARC conoce la situación del Frente y se releva la dirección del mismo, se encuentra una deuda por cien millones de pesos en abastecimientos para los miembros del mismo, un aparato compuesto por cerca de 400 guerrilleros y milicianos. El nuevo mando introduce la disciplina ordenada por los manuales, ordena traslados e inicia consejos de guerra que llevan a fusilamientos y a la deserción de buena parte de los guerrilleros38. CONCLUSIÓN

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Hemos llamado la atención sobre un tema casi desconocido y que no ha merecido la mayor atención investigativa pese al largo conflicto que ha padecido el país y a que el análisis de los aspectos internos de las organizaciones guerrilleras puede contribuir a explicar la fortaleza de la insurgencia y las diferencias entre los actores armados. Al preguntarnos porque los guerrilleros se comprometen con una organización político-militar, aceptando arriesgar sus vidas y sometiéndose a la dureza de exigentes normas disciplinarias, hemos encontrado útiles los aportes de L. Coser que contribuyen a identificar las características centrales de las organizaciones guerrilleras. Asimismo, en la tarea de reconocer por qué los insurgentes acatan las normas, se han trazado los aspectos fundamentales que constituyen la moralidad o los valores ideales de la insurgencia, que explican no solo el sometimiento a las reglas sino que las guerrillas expresen importantes niveles de cohesión e identidad. Planteamos que la cohesión interna y la fortaleza de la guerrilla en más de cincuenta años de conflicto armado obedece a sus imaginarios políticos, a la “moralidad guerrillera” y la aplicación de las normas disciplinarias. Esa cohesión no ha tenido serios cuestionamientos o fisuras, pese a que su justicia interna presenta diversos desacoples en el juzgamiento de las faltas y delitos de los guerrilleros. Algunos de esos desajustes expresan la reproducción de las formas de poder que pretenden combatir y cierta resistencia a las normas y a las difíciles condiciones de la vida guerrillera. Las discordancias pretenden ser corregidas con la implementación de correctivos que apuntan a recuperar el sentido de las normas y de la disciplina generalmente a través de los discursos políticos, también con los cambios en el mando de las estructuras armadas e igualmente con la amenaza del fusilamiento. Sin embargo, la dureza de las normas y de la misma disciplina cotidiana, no dejan de convertirse en una causa más o menos permanente de la deserción, en un contexto en que la ofensiva militar del Estado se ha recrudecido. 36 37 38

Entrevista a excombatiente del ELN. Guerrillero raso. Bogotá. Noviembre de 1999. El Tiempo. Diciembre 8 de 1996. Entrevista a excombatiente de las FARC. Comandante de Compañía. Bogotá. Noviembre de 2009.

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Entrevista a excombatiente del ELN. Mando de comisión política de Frente. Bogotá. Julio de 2010 Entrevista a excombatiente del ELN. Guerrillero raso. Bogotá. Noviembre de 1999 Entrevista a excombatiente de las FARC. Comandante de Escuadra. Bogotá. Julio de 2010. Entrevista a excombatiente del ELN. Guerrillero raso. Puerto Boyacá. 2000. Libros y artículos AGUILERA Peña, Mario y Vega Cantor, Renán. Ideal democrático y revuelta popular. Bogotá: IEPRI- Universidad Nacional de Colombia- Cerec. 1991 ARENAS, Jaime. La guerrilla por dentro. Bogotá: Tercer Mundo editores, 1971. CAILLOIS, Roger. Ensayo sobre el espíritu de las sectas. En Jornada No 41. El Colegio de México, Centro de Estudios sociales, 1945. CANTÚ Aragón, Ángel. La hora cero en tiempos de guerra. Guatemala: Editorial Artemis & Edinter, 1997. CARNOVALE, Vera. Los combatientes. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2011. COSER, Lewis. Las Instituciones voraces. México:Fondo de Cultura Económica, 1978. GARCÍA Luís (compilador). No Matar. Sobre la responsabilidad. Córdoba, (Argentina): Universidad Nacional de Córdoba, 2010. GUEVARA, Ernesto. La guerra de guerrillas. La Habana: Editorial Ocean Sur, 2006. Payeras, Mario. Los días de la Selva. Guatemala: Editorial Piedra Santa, 2010.

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Mario Aguilera Peña

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APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y APRENDIZAJE MEDIANTE LA “HISTORIA COMO ARGUMENTO” POR PARTE DE ACTORES VIOLENTOS NO ESTATALES. EL CASO DE LAS FARC-EP EN COLOMBIA*

Heidrun Zinecker

Heidrun Zinecker**

RESUMEN El punto central de este artículo son las FARC-EP de Colombia, la guerrilla más antigua y con más combatientes y por lo tanto uno de los más importantes actores violentos no estatales en América Latina. Se analizará su potencial de aprendizaje para la paz y para la violencia, en una perspectiva normativa pero a la vez abierta. El fundamento teórico es un modelo de aprendizaje basado en las teorías del “aprendizaje organizacional” y del aprendizaje mediante la “Historia como argumento”. El periodo de investigación se extiende desde la fundación de la guerrilla en 1964 hasta el presente. Se mostrará la relación mutua entre “aprendizaje organizacional” y aprendizaje mediante la “Historia como argumento” y de ambos con el aprendizaje de la paz y de la violencia, así mismo, si un ti po de aprendizaje resiste al otro y cuándo y cómo uno cuestiona al otro y qué papel juega esto en las negociaciones de 2012/2013. Palabras clave: Aprendizaje, violencia, (negociaciones de) paz, Colombia, FARC-EP

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ORGANIZATIONAL LEARNING AND LEARNING BY “HISTORY AS ARGUMENT” BY VIOLENT NON-STATE ACTORS. THE CASE IN COLOMBIA FARC-EP SUMMARY The central point of the article is the Colombian FARC-EP, the oldest and, by members, the largest guerrilla and therefore one of the most important non-state violent actors in Latin America. Its potentials for peace- and violencelearning will be analyzed in a normative but at the same time open perspective. The theoretical foundation is a learning model based upon the theory of “organizational learning” and learning by “history as an argument”. The research period reaches from the founding of the guerrilla 1964 until the present. The relationshi p to each other will be shown between “organizational learning” and learning by “history as an argument”, and both of them to peace- and violence-learning,whether the one type of learning withstands compared to the other, respectively when and how the one is questioning the other and which role does this play for the peace negotiations in 2012/2013. Keywords: Learning, violence, (negotiations) peace, Colombia, FARC-EP. Fecha de Recepción: 08/04/2013 Fecha de Aprobación: 20/05/2013 *Texto original en alemán. Traducción por Miguel Gamboa,Catedrático en el Instituto de Desarrollo Internacional, Universidad de Viena, Austria. Email: miguel.gamboa@univie.ac.at ** Profesora de Relaciones Internacionales en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Lei pzig, Alemania. Di ploma: Universidad de Leningrado. Ph.D y Habilitación: Universidad de Lei pzig. Investigaciones de campo en: El Salvador,Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y México. Visiting Fellow en: Moscú, La Habana, Bogotá, Oxford, Madrid, Santiago de Chile, Austin y Santa Barbara. Email: zinecker@uni-lei pzig.de análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 63 - 89

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y APRENDIZAJE MEDIANTE LA “HISTORIA COMO ARGUMENTO” POR PARTE DE ACTORES VIOLENTOS NO ESTATALES. EL CASO DE LAS FARC-EP EN COLOMBIA

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INTRODUCCIÓN Todos los actores, sean estados, organizaciones y personas, de cualquier color político, pueden aprender. En capacidad de hacerlo están no solamente los actores pacíficos sino también los violentos1 incluyendo a las organizaciones violentas no estatales. En el mejor de los casos los actores violentos aprenden a entrar en procesos de paz y los actores de paz aprenden cómo lograr – con una propia política de paz –que los actores violentos lo hagan (es decir: que aprendan a entrar en procesos de paz). Los actores violentos pueden aprender la violencia2 y a estar contra la paz. Así mismo pueden aprender la paz3 y a estar contra la violencia favoreciendo la paz. A menudo los actores cambian su papel y desempeñan papeles dobles. Como resultado, los procesos y tipos de aprendizaje pueden cambiar con la dinámica del tiempo y es de esperar que se presenten tipos mixtos. El 9/11 y sus repercusiones condujeron a una reducción de la percepción del potencial de aprendizaje de los actores violentos no estatales. Después del 9/11 la regla fue que a los actores violentos sus contrapartes les fijaron a priori un “máximo de aprendizaje” muy alto: los actores violentos tendrían que aprender de manera tan profunda que llegaran a estar dispuestos a “deshacerse a través del aprendizaje”, desmovilizándose sin una contrapartida transformatoria. O se fijó un nivel muy bajo: los actores violentos per se no podrían aprender, por lo menos no a favor de la paz. Ambas posiciones conducen a lo mismo: a los actores violentos no se los anima a aprender la paz.

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Sin embargo, si se parte de que las estrategias militares y represivas no pueden aportar un triunfo duradero de la paz y que una paz de vencedores exige muchas víctimas y es muy costosa, entonces la única oportunidad que queda es el fomento de la paz mediante procesos de aprendizaje por parte de los actores violentos (y del gobierno que los enfrenta). A favor de esta alternativa está la experiencia de acuerdos de paz que fueron exitosos porque las partes negociantes aprendieron a formular horizontes de compromiso. Eso es lo que demuestran las negociaciones con el Frente “Farabundo Martí” de Liberación Nacional FMLN en El Salvador y con la Unión Revolucionaria Nacional de guatemalteca URNG en Guatemala. Si los acuerdos de paz son siempre soluciones de compromiso y estas exigen concesiones, es decir el paso de las partes en conflicto de la best a la second best-solution con el consiguiente cambio de preferencias, entonces la condición sine qua non para la paz es el aprendizaje de esta por parte de los actores de la violencia. Del círculo infernal de una „cotidianización de la violencia“ (Waldmann, 1997: 141s.) y “cotidianización de (fracasados) procesos de paz” (Zinecker 2007, 987 ss.) se puede salir mediante el aprendizaje si es que se quiere evitar el alto costo de una paz de vencedores. En este caso, aprender, es la precondición no solo para el éxito de las conversaciones de paz sino incluso para su inicio. A más tardar cuando se abre la “window of opportunity” de las conversaciones de paz, las partes negociadoras –tanto el gobierno4 como la guerrilla- deben poder echar mano a los resultados de lo sustancial del aprendizaje de la paz (Zinecker 2006; 2007). Sin embargo, precisamente este aprendizaje y su potencial, apenas 1

Violencia está entendida aquí en el sentido de “violentar” (herir), como violencia física, que premeditadamente busca lesionar el cuerpo de otro (Poppitz 1991: 48). Una característica del aprendizaje de la violencia es que contribuye a refinarla, internalizarla, a acostumbrarse a ella pero también a justificarla así como a la formación de modelos de violencia. El aprendizaje de la paz se orienta a su refinamiento, internalización y a acostumbrarse a ella pero también a la legitimación y formación de modelos de paz y de limitación de violencia. Se refleja en acuerdos de paz y en la fijación de objetivos estratégicos que implican la capacidad de contraer compromisos. En este escrito se analizará solamente el proceso de aprendizaje de las FARC-EP (y no del gobierno), sin ignorar que es la convergencia de procesos de aprendizaje de ambas partes en conflicto lo que puede conducir al éxito en un proceso de paz.

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han merecido ser registrados por parte de los observadores políticos, incluyendo a la comunidad internacional. El aprendizaje de la paz casi nunca es un fin en si mismo para los actores y en cambio, más a menudo, es un medio para un fin. La disposición al aprendizaje se puede evaluar no solo y no en primer lugar de manera directa en la disposición a negociaciones de paz y su exitosa culminación sino también indirecta al comparar las best options con los conceptos programáticos y las concesiones de las second best options de las partes negociadoras. O bien las second best options remplazan los objetivos políticos originales o, lo que es más probable, la best option se pone en el congelador durante las negociaciones hasta que sea posible más tarde seguir luchando por ella por medios pacíficos. En Latinoamérica el FMLN y la URNG demostraron cómo hacer esto. En este estudio se someterá a las FARC-EP a un control de su capacidad de aprendizaje sin suponer previamente su transigencia o intransigencia. El aprendizaje de las FARC-EP todavía no ha sido investigado, con excepción de trabajos de esta autora (Zinecker 2006; 2007). Aunque son muy antiguas, las FARC-EP son un actor violento poco estudiado, aunque en los últimos años ha estado más en la mira del análisis científico (p. ej.: Medina Gallego 2009, 2010; Ferro Uribe 2002; Pizarro 2011). Las FARC-EP es la guerrilla más vieja y más grande5 de Latinoamérica. Ellas se ven a sí mismas ahora como antes obligadas a luchar por el poder y a ser fieles al marxismo-leninismo y tienen una argumentación antisistémica y anticapitalista. En algunas regiones de Colombia han podido establecer “nuevo gobierno”. Esta guerrilla de una manera especial está asentada en el mencionado contexto de una “cotidianidad” de la violencia y de (fracasadas) negociaciones de paz. En los medios, en documentos del gobierno colombiano pero también de la mayoría de las organizaciones internacionales se las califica de “premodernas”, “militaristas”, “criminales” y en consecuencia como incapaces per se de aprender la paz. Están en las listas de terroristas de EEUU y de la Unión Europea6. También en los medios científicos domina esta perspectiva aunque es discutida.

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Si se demuestra que las FARC-EP aprenden, no solo la violencia sino también la paz de manera comprobable, podría adquirir robustez la tesis de que actores violentos no estatales son aptos para aprender (la paz), pues en el caso de esta guerrilla se trata de un least likely case. Claro que no hay que cerrar los ojos ante el hecho de que en realidad aprender, de un modo general, pero también para las FARC-EP es un acontecimiento raro y tampoco cerrarlos ante las ambivalencias de los papeles dobles y las formas mixtas de aprendizaje. Como punto de partida hay que entender que el proceso de aprendizaje de la paz surge en un nido de aprendizaje de violencia contra la cual tiene que imponerse. Esto incluye que allí donde no hay enfoques para aprender la paz nadie va a encontrar uno por arte de magia. La pregunta central en este artículo es la siguiente: ¿Han cumplido las FARC-EP el proceso de aprendizaje y en caso afirmativo, cuál y qué alcance tiene? En este análisis se sigue una perspectiva normativa pero abierta, porque no se supone que lo dominante es el aprendizaje de la paz o de la violencia sino que se investiga de manera equilibrada el potencial y el contenido de ambos procesos de aprendizaje. 5 6

Fuentes actuales calculan que las FARC-EP tienen alrededor de 8.000 combatientes. La Rand Corporation ha calificado a las FARC junto con Al Quaeda y Hizbollah como uno de los tres grupos terroristas más peligrosos para la seguridad de Estados Unidos (Cragin, Daly 2004: 13).

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Para contestar nuestro interrogante se procederá en tres pasos. Primero se presentará el modelo combinado de aprendizaje que apuntala este análisis y que se apoya en las teorías del “aprendizaje organizacional” y del aprendizaje mediante la “Historia como argumento”. Luego se controlará a las FARC-EP con estos dos tipos de aprendizaje. En las conclusiones se presentarán los resultados empíricos del análisis en un cuadro general y se mostrará en qué relación están ambos tipos de aprendizaje entre si y frente al aprendizaje de la paz y la violencia, igualmente si un tipo de aprendizaje predomina, es decir, cuándo y cómo ese tipo es cuestionado por el otro y qué papel juega esto para las nuevas negociaciones de paz. APRENDIZAJE – DEFINICIÓN Y MODELO No toda interacción de un actor con su entorno significa aprender ni siquiera toda actuación, así como no toda actuación recurre al aprendizaje. Aprender es solo una de las varias capacidades cognitivas de los actores (otras son p. ej. percepción, atención, pensar, recordar o creer) y solo una parte de la socialización (Berger, Luckmann 2004: 139s.). Por una parte aprender es una “actuación trascendente” porque con ello la actuación anterior se puede someter a una reflexión crítica (Lenk 1978, 9). Por otra parte, pone a los individuos y sus organizaciones en capacidad de comportarse no solo de manera reactiva y submotivacional – en el sentido de las relaciones de estímulo-respuesta – sino también de actuar de manera activa, motivada y orientada a fines (racionalidad instrumental). Aprender es también actuación, por ello “acción de aprender” (Holzkamp 1995, 157ss.) y, por otra parte, es racional según el fin. En este sentido aprender es un proceso intencional aunque no libre de presuposiciones.

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Aprender es “(...) not likely to be a frecuent event” (Kahler 1992: 125) como para que suceda con frecuencia, es un esfuerzo para tener acceso a recursos muy intensivos en costos: al aprender surgen significativos “cognitive opportunity costs” (Lupia, McCubbins 1998:22) que los actores pagan solo por necesidad. Pero por otra parte está el peligro, para un actor que no aprende o se abstiene de aprender, de ser sancionado con la exclusión del proceso político. De esta contradicción resulta que aprender no es ni raro ni permanente, no se presenta con el don de la ubicuidad ni solo de forma aislada. A nadie se le puede negar o atribuir a priori que pueda aprender. Aprender está basado en condicionamientos y como proceso lleva a que se cambien las ideas (knowledge/conocimientos) y los modelos de solución de problemas (problem solving patterns) que se apoyan en ellas. Las condiciones que llevan a la generación de aprendizaje (perspectiva relativa a la génesis) pueden asentarse en condiciones de aprendizaje políticas, económicas y culturales que están por fuera de la unidad que aprende, o bien, dentro de ella, en tanto presupuesto cognitivo o (en organizaciones) en tanto presupuesto organizacional (estructura de organización y comunicación). Esto significa que las condiciones de aprendizaje en sí mismas pueden ser de tipo cognitivo. El proceso y el resultado del aprendizaje (perspectiva relativa al estado interior) son por el contrario “únicamente” cognitivos y se refieren a las operaciones neuronales en las cuales las informaciones del entorno son asimiladas por los sentidos, procesadas, retenidas y utilizadas para las tomas de decisiones. En ese caso las informaciones serán analizadas en relación a experiencias y expectativas, serán reorganizadas y reinterpretadas y de allí surgirán juicios, decisiones y conclusiones que facilitarán comportamientos adecuados y guiados por el objetivo final7. Cognición entonces – como condicionante (o sea: viejas ideas en la perspectiva relativa a

La definición de cognición fue tomada de: http://lexikon.stangl.eu/240/kognition (accedido en 30/10/12).

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la génesis) y como resultado (es decir, nuevas ideas en la perspectiva hacia el estado interior) – pertenece a ambas perspectivas: a la perspectiva de la génesis y a la del estado interior. En este sentido se estrecha el espacio entre explanans y explanandum. En nuestro caso se trata de la cognición en una organización, lo que significa que, aprendizaje, en este caso, es supraindividual y no se puede equiparar con la suma de procesos individuales de aprendizaje de los miembros de la organización ya que a través de los procesos de comunicación dentro de la organización se forma una determinada estructura de conocimiento y de solución de problemas. Entonces una organización que aprende es un sistema social que se constituye mediante estructuras de comunicación e información (Güldenberg, Eschenbach 1996:1s). El análisis que aquí se realiza presenta dos limitaciones: 1) se trata de un análisis en el plano de las ciencias sociales y no psicológico y por ello los procesos neuronales de los combatientes de las FARC-EP quedan en oscuras. 2) También las estructuras de comunicación interna de las FARCEP como organización, por obvias razones, permanecen inescrutables para la autora. Ambas limitaciones conducen a que la observación de las condiciones cognitivas y los resultados, así como del cubrimiento de una limitación por la otra no pueda hacerse en el proceso real sino únicamente a través del resultado convertido en texto en un momento determinado. En este caso se debe intentar el análisis del proceso de aprendizaje de las FARC-EP mediante la combinación de dos teorías del aprendizaje: la del “aprendizaje organizacional” y la de “Historia como argumento”. La teoría de “aprendizaje organizacional” viene de la sociología de la organización y designa el proceso de cambio de los valores y saberes básicos de la organización, orientado a elevar la competencia de ella en la solución de problemas y en el accionar, así como para cambiar sus marcos de referencia 8. La causa del aprendizaje organizacional es la falta de correspondencia entre los resultados de la actuación de una organización y las expectativas que ella tenía, las cuales entonces serán sometidas a cuestionamientos y corrección. Lo que desata el proceso de aprendizaje organizativo (según Argyris, Schön 1978) es esa incongruencia entre la teoría de uso corriente que guía la actuación, la theory in use (experiencias reales, conocimientos y convicciones de la organización sobre sí misma y el entorno) como estado real, y como estado ideal la teoría que oficialmente guía la actuación, la espoused theory (objetivos de la organización, ideas, valores, modelos ejemplares). El objetivo del aprendizaje organizacional es generar conocimiento válido, relevante para la actuación y sobre esta base capacidades de las organizaciones para resolver problemas (knowledge and patterns for action), capacidades que luego hay que cohesionar como teoría de la actuación y que deben quedar a disposición por un tiempo que trasciende el presente.

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Para poder evaluar el desarrollo de este proceso la teoría de “aprendizaje organizacional” introduce la distinción entre varios tipos de aprendizaje, entre ellos el single loop-learning y el double loop-learning. El primero (single loop-learning) se refiere a un aprendizaje como adecuación gradual al interior de la teoría en uso sin suponer ningún cambio de preferencia pues se intenta salvar lo esencial de la teoría usada a pesar de los cambios del entorno. El segundo, el double looplearning, representa, por el contrario, un tipo de aprendizaje innovador con cambio de preferencia cambiando a la vez la teoría en uso y en últimas también la teoría oficial de la actuación. Se trata de un cambio brusco en el aprendizaje, mediante el cual incluso normas y reglas aparentemente insuperables son cuestionadas, se fijan nuevas prioridades y además se reestructuran los valores.

Ver: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/organisationales-lernen.html (accedido en: 30/10/12).

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Según la teoría del “aprendizaje organizacional” solo mediante el double loop-learning es posible reestablecer la congruencia entre la teoría oficial de la actuación y la teoría en uso. Si bien la teoría del “aprendizaje organizacional” en su versión clásica se refiere en primer lugar al cambio en la organización (y solo en segundo lugar al cambio de su entorno), en nuestro artículo solamente vamos a aplicar la teoría a los procesos de cambio del entorno9. En este sentido, los resultados esperados de la actuación de la organización (en este caso las FARC-EP) serán referidos a los procesos de cambio del entorno ocasionados por la organización (aquí nos referimos a las transformaciones que las FARC-EP pretenden alcanzar en la política y la sociedad colombianas). Los resultados esperados de la actuación equivalen a la best option, lo cual para las FARC-EP significa “Poder y Socialismo”. Si se compara esta meta con los resultados reales alcanzados por su accionar el resultado es nulo. Entre los resultados esperados y los obtenidos de la actuación se abre una brecha y se dan fricciones, que hacen necesario un reajuste. En la teoría del “aprendizaje organizacional” clásica, las organizaciones son “normales” (legales y desarmadas) y se puede suponer que ellas, a través del proceso de aprendizaje, se van a mantener e incluso a desarrollar, pero que nunca van a querer desaparecer. A diferencia de lo anterior, la esperanza de una guerrilla de adecuar sus marcos de referencia a la conclusión de un acuerdo de paz, significa permitir que la desarmen, y con ello disolverse en tanto guerrilla, es decir que tiene que aprender a “deshacerse” a través del aprendizaje.

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Entre tanto hay que decir que la guerrilla es para la teoría del “aprendizaje organizacional” un caso especial (que no estaba en sus cálculos). Si la guerrilla persiste en fomentar la paz mediante negociaciones, entonces ella no podrá corregir la contradicción entre su teoría usual y su teoría oficial aboliéndose ella misma en la antesala de las negociaciones de paz. Si para organizaciones “normales” es entonces más fácil (y alcanzable mediante single loop-learning) adecuar su teoría en uso a la teoría oficial de la actuación que corregir su teoría oficial de la actuación, para una guerrilla es más probable primero reducir las exigencias a su teoría oficial de la actuación y cambiar esta en la medida de las necesidades, para solamente luego seguir con la teoría en uso. Muchas guerrillas han demostrado que sin una seguridad de que el entorno cambia, ellas no están dispuestas a desmovilizarse y a reintegrarse. Corregir su teoría oficial (en el ínterin) “hacia abajo” y recibir la garantía de, al menos en una variante mínima, una transformación del entorno como resultado de las negociaciones de paz y, entonces sí, sobre esta base, cambiar su teoría en uso mediante transformaciones de su propio marco de referencia institucional (armado) – lo que evidentemente está dentro de lo posible para la guerrilla. Sin embargo, como en este caso, si la adecuación del marco de referencia, incluyendo su teoría en uso, no puede ser el (fácil) primer paso sino solamente el (difícil) segundo y si la transformación de la teoría oficial de la actuación debe anteponerse a la de la teoría en uso, entonces es conveniente relacionar double loop-learning y single loop-learning con el cambio de la teoría oficial de la actuación (aquí en referencia al entorno) incluso a pesar de que en la forma clásica de la teoría del “aprendizaje organizacional” el single loop-learning se produce en la teoría en uso sin cambiar la teoría oficial de la actuación. En este artículo se procederá en la forma antes enunciada. Lo que se llama double loop-learning es aquel aprendizaje mediante el cual lo que inicial y primordialmente era el modelo a seguir de la organización y que servía para medir los resultados 9

Ciertas posibilidades de conectar el modelo del „aprendizaje organizacional“ con modelos cibernéticos (como el de Karl Deutsch), los cuales establecen un lazo con el entorno, se encuentran en Zinecker (2007: 593s.).

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de la actuación, la expectativa de una best option, se rebaja a una second best option, que da pie a nuevas expectativas dirigidas hacia unos resultados de la actuación que se reajustan hacia abajo y que pueden facilitar compromisos. El double loop-learning es imprescindible para una exitosa culminación de una negociación de paz. El comienzo de las negociaciones todavía no está ligado a esto pero sí su éxito. Double loop-learning puede darse si la meta máxima “Poder y Socialismo” se baja a una escala estratégica intermedia que vaya “en la misma dirección” sin que para ello se tenga que renunciar esencialmente a las expectativas de la actuación y el ideal de la organización. Lo anterior significa que hay que suponer ambas teorías, una de un valor superior y otra subordinada a la primera respecto al contenido pero con una prioridad temporal de la teoría oficial de la actuación. Un criterio para el double loop-learning es entonces que en el programa de una guerrilla, en la lucha por el socialismo, se anteponga un nivel estratégico intermedio que no constituye un escalón intermedio sistémico, que es autónomo desde el punto de vista temporal y de contenido y que está separado del objetivo máximo cuya conquista la guerrilla está en condiciones de aplazar para retomarlo pacíficamente después de los acuerdos de paz. Un escalón estratégico intermedio significa una transformación de la política y la sociedad pero no garantiza el cambio sistémico que se perseguía con la meta máxima. En Colombia tales escalones estratégicos intermedios pueden tener éxito para llevar al final a una transición a la democracia, transición que ahora está estancada en un régimen híbrido (Zinecker 2009) y que de realizarse constituiría un cambio de régimen o podría contribuir a completar la construcción del Estado (state- building) (Zinecker 2007). Estos son objetivos que son realizables sin necesidad de que la cuestión del poder sea reordenada o que se tenga que establecer el socialismo. El single loop-learning dentro de la teoría oficial de la actuación es suficiente y necesario para el inicio de las negociaciones de paz. Ese aprendizaje se desarrolla no necesariamente de manera indirecta-programática sino que se puede manifestar de manera directa-práctica, en los pasos de la negociación, antes o durante las negociaciones, es decir, en el curso del forcejeo negociador. En el caso de que un proceso de single loop-learning sea visible a nivel programático no aparecerá como una conceptualización de una autónoma etapa estratégica intermedia sino en el mejor de los casos como ideas vagas a partir de las cuales se vislumbra de manera no explícita una etapa intermedia que de ninguna manera se separa del objetivo máximo de “poder y socialismo”. Para el éxito de las negociaciones de paz se deben acoplar y fundir el single loop-learning referido a lo práctico-directo con el double loop-learning referido a los resultados programáticos y a la second best-option. Solo a partir de esto surgirá un “aprendizaje completo” que desemboca en el texto y la firma de un acuerdo de paz.

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El enfoque de la “Historia como argumento”10 hasta ahora no se ha combinado con el de la teoría del “aprendizaje organizacional”. Aquí se parte de que ello es posible. En el aprendizaje mediante “Historia como argumento” se “introducen conocimientos históricos como material de prueba para fundamentar expresiones o afirmaciones en la controvercia política” (Calließ, 1992: 55). Se considera que el aprendizaje mediante la “Historia como argumento” es una “técnica cultural” cuya meta es asegurar la identidad y la autocomprensión, la legitimación pero también el encuentro de reglas generales de actuación, es decir “(...) desarrollo, fundamentación y representación de opciones concretas de actuación” (Calließ 1992: 56). Todo esto se basa en “(...)

Tal era el eslogan del 41 Encuentro de Historiadores de 1996 en Munich. Ver: Berichtsband (Weinfurter, Siefarth 1997).

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experiencias individuales y colectivas no procesadas científicamente o en leyendas y mitos que trasmite la sociedad”. (Calließ 1992: 57). Según esto, la historia es una reserva, una fuente de enseñanza que se puede explotar. Pero en este caso no se trata tanto de la historia como fuente sino como argumento. La historia no es pues solo fuente de ideas sino idea en sí misma. En una variante mínima se puede suponer que el aprendizaje mediante la “Historia como argumento” complementa de manera instrumental el “aprendizaje organizacional”, lo concretiza, refuerza y sobre todo legitima sus resultados. Argumentos y discursos pertinentes serían entonces (en el sentido de una política de la memoria) fuentes de legitimación de la organización del caso. En una variante máxima la “Historia como argumento” sería más que “solo” interpretación de la historia para la propia legitimación, sería algo distinto, pues ella, como dice Calließ (1992: 56) también sería adecuada para encontrar y desarrollar opciones concretas de actuación (y no solo de fundamentarlas). Es claro que la „Historia como argumento “puede volverse independiente y entrar en competencia con otros procesos de aprendizaje, incluyendo al “aprendizaje organizacional”, puede deconstruirlos e “invalidarlos” hasta el punto de poner en duda sus resultados. Esto quiere decir que “Historia como argumento” está entre el aprendizaje de la adecuación (para legitimar resultados anteriores del aprendizaje) y el aprendizaje innovativo (para la creación de nuevas ideas y opciones de actuación). Sin embargo, como se mostrará, en fin de cuentas el aprendizaje mediante la “Historia como argumento” no puede salir de ese campo de tensión y hay que decir que incluso una nueva idea que ella construya permanecerá encadenada a una vieja.

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En la literatura sobre el aprendizaje mediante la “Historia como argumento” se distinguen cuatro puntos según Calließ (1992: 56s.): 1) introducción de ejemplos históricos, 2) construcción de analogías, 3) exposición de tendencias y desarrollos que dan cuenta de la génesis de la actual realidad, 4) aprovechamiento de conexiones de consecuencias y significados que construyen la historia como proceso. En este artículo el enfoque se concentra en la „construcción de analogías” y precisamente en aquellas analogías que construyen las FARC-EP , como totalidad de sentido entre el presente político y la historia de Colombia. Como otros actores, las FARC-EP aprenden de la historia al mismo tiempo la (re)interpretan y – en lo que puede ser un círculo hermenéutico fatal – aprenden a partir de la historia que ellos han reinterpretado. Aquí es necesario entonces interpretar estas totalidades de sentido como sistema de significados y descifrarlos, incluso “deconstruirlos”. Ambos enfoques, la teoría del “aprendizaje organizacional” así como el aprendizaje mediante la “Historia como argumento” son de naturaleza sociológica, tematizan ideas, las sostienen y las separan del contexto social, en cuanto al contenido hacen oscilar el aprendizaje entre la perspectiva de la génesis y la interna y en cuanto a la aplicación metódica entre explicar y entender. En ambas teorías del aprendizaje se puede recurrir al análisis textual. Tanto el single loop-learning y el “double loop-learning de la estratégica etapa intermedia” como el “aprendizaje de la historia como argumento”, pasando por la construcción de analogías serán objeto de un análisis textual cualitativo (que considera el sentido en tanto fenómeno inminente al texto) y de interpretaciones que tienen elementos del análisis del discurso (que pone el texto en su contexto)11. Al mismo 11

El estudio de la cognición, al cual pertenece el estudio del aprendizaje, y el análisis del discurso no se pueden reducir el uno al otro

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tiempo se incluirán los “campos de praxis” de donde provienen los discursos y en donde vuelven a encontrarse, en tanto contextos de referencia que se extienden más allá del texto tomando la forma de estructuras discursivas de la producción de enunciados (Keller 2011: 275), sin que por ello sean identificadas con los discursos12. Para ambos enfoques de aprendizaje se utilizarán textos de las FARC-EP accesibles al público, en el primer caso textos oficiales programáticos que comunicas a la guerrilla hacia afuera y en el segundo caso textos que son igualmente públicos aunque no de carácter programático fundamental, dirigidos sobre todo hacia adentro, hacia los combatientes. Mientras que el aprendizaje referido a la etapa estratégica intermedia es tan antigua como las FARC-EP mismas y por eso data desde el año fundacional 1964, el aprendizaje mediante la historia es más nuevo en tal medida que sus fuentes ya no corresponden a la historia de la organización (de la cual se aprende desde 1964) sino a la historia de la edad moderna en Colombia. El aprendizaje a partir de la „construcción de analogías” con la historia nacional colombiana se puede considerar como característica del paso de los años 1990 a los del 2000, precisamente en el momento en el que el “aprendizaje organizacional” de la guerrilla sobre la etapa estratégica intermedia se había agotado. “APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL” EN LOS PROGRAMAS FUNDAMENTALES DE LAS FARCEP (1964-2000) Se puede constatar el “aprendizaje organizacional“ de las FARC-EP en su variante programática desde el periodo de su constitución en 1964 hasta el fracaso del proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana en 2001. En este tiempo las FARC-EP se presentan como un ambicioso actor violento “en promedio” político pero ante todo militar. Sus condiciones de aprendizaje no-cognitivas se fundamentan en el contexto colombiano de “la Violencia” (1949-1958) y de la resultante “cotidianidad” de la violencia y de los sucesivos procesos de paz fracasados. En lo internacional estaban en el contexto de la Guerra Fría aunque en una fase de coexistencia pacífica. Este contexto internacional indujo a la izquierda colombiana a operar mediante la combinación de todas las formas de lucha y por lo tanto con el legal Partido Comunista Colombiano (PCC) en las ciudades y con las ilegales FARC-(EP) en el campo, explícitamente en el espacio estratégico entre vía pacífica y la armada de la revolución (Arenas 1990: 94). Las condiciones cognitivas de aprendizaje organizacional de las FARC-EP se apuntalan por una parte e inicialmente, en la tradición de las autodefensas campesinas y por otra, ya como ejército fogueado, en una, aunque hacia afuera poco explícita, profunda ideología marxista leninista ortodoxa, no obstante que se da a entender según la teoría de la modernización y sobre todo (agro-)reformista. Para este espacio de tiempo se puede constatar que las FARC-EP han tenido un proceso de aprendizaje de la paz tanto práctico-directo incluyendo conversaciones de paz documentadas, como aprendizaje indirectoprogramático incluyendo la conceptualización de la etapa estratégica intermedia, pero en ambos casos “solo” realizados como un single loop-learning (ver también Zinecker 2006; 2007: 816s).

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Como siempre, las FARC-EP han tenido para sí mismas solo dos documentos de relevancia programática: el Programa Agrario de Marquetalia del 20 de julio de 196413 redactado por Jacobo Arenas y del cual hay una versión ligeramente revisada del 2 de abril de 1993 (Programa Agrario 1999, 24s) y la Plataforma de Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación del 3 de abril de

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pero están enlazados de manera inseparable. Según van Dijk (1997: 32) los discursos poseen tres dimensiones: lengua, cognición – que incluye aprendizaje (anotación de H.Z.) – e interacción con el contexto sociocultural. La equi paración de lo discursivo y lo social, como se encuentra en Mouffe, no se sigue aquí. En aquella época las FARC todavía no existían: ellas acogen este programa en su II Conferencia de 1966.

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1993 (Plataforma de un Gobierno, sin fecha de edición, 24s). Un tercer documento, la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia14 expedida en 2000, aunque es redactado por las FARC-EP no constituye un documento de esta guerrilla en sentido estricto, sino un documento básico para el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, fundado por la guerrilla en 2000 que deberá ser, bajo su dirección, un sustituto clandestino de la anterior Unión Patriótica.

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El Programa Agrario de Marquetalia de 1964, a pesar de la limitación temática evidenciada en su título, no es algo específico que haga parte de otro documento programático más amplio. Es sobre todo (hasta 1993) el verdadero documento programático de las FARC-EP. Aunque se presenta al servicio de la “vía armada de la lucha por el poder” o sea de un “triunfo de la revolución para un gobierno democrático de liberación nacional” (Programa Agrario 1999:167), privilegia temáticamente la cuestión agraria, como lo indica su título. Sobre cómo son las intenciones políticas de cambio más allá de las dos soluciones o cómo estas se concretan, no viene allí nada o solo algo al margen en la versión (ligeramente revisada) de 1993. El programa plantea en primer lugar la eliminación del latifundio y con ello de la explotación en el campo, así como la liquidación de la propiedad agraria del “imperialismo yanqui” (versión de 1964) o de “las compañías norteamericanas imperialistas” (versión de 1993). Los campesinos deben recibir gratis la tierra que trabajan e incluso esta debe pertenecerles, según la interpretación de 1982, cuando la han cultivado previamente sin título de propiedad o cuando se la han tomado “por la vía revolucionaria” con el apoyo de las FARC. La propiedad de los campesinos ricos que cultivan por sí mismo la tierra debe ser respetada. A esto se agregan reformas económicas (crédito, asistencia técnica, riego) y sociales (superación del analfabetismo, programas de salud y vivienda). Las comunidades indígenas deben ser protegidas y beneficiadas por la reforma agraria. La posición central de la reforma agraria dentro de la estrategia de las FARC-EP se mantuvo hasta después del cambio de 1982 de FARC a FARC-EP y posiblemente muestra la más estrecha relación de reforma y revolución en la autodefinición de una guerrilla. El 3 de abril de 1993 las FARC-EP expidieron en su VIII Conferencia con la Plataforma de un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación su segundo documento programático relevante cuya validez se extiende hasta hoy. La Plataforma fija como primer objetivo la solución del conflicto colombiano aunque sin aportar nuevos datos y sin fijar su prioridad dentro de su propia estrategia. El segundo y tercer objetivos se refieren a características de un cambio de régimen: el segundo es una nueva doctrina militar bolivariana (aunque no explicitada, también una nueva fuerza armada bolivariana), que parte de las funciones exteriores y no interiores del ejército, mientras que la policía debe quedar adscrita al ministerio de gobierno y no al de defensa. El tercer objetivo está orientado a una democracia directa y participativa e introduce junto a los derechos generales de la oposición y las minorías, libertad de prensa, independencia de la elecciones, instrumentos concretos de control popular, es decir, cambios en los tres poderes de gobierno (elección del Fiscal nacional, implementación del parlamento unicameral, elección de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional de la Judicatura mediante elección directa por parte de todos los jueces de la república (para el resto de objetivos ver el Programa Agrario 1999, 19s). Por primera vez se toca entonces en un documento programático de las FARC-EP la cuestión del régimen político, por una parte al atribuirle al régimen rasgos fascistas, pero ante todo porque se ve el objetivo de la lucha en el establecimiento de un nuevo régimen que debe garantizar tanto paz, justicia social, derechos humanos y desarrollo económico. En general, con 14

Ver: Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, 17.11.2008. En: http://mbsuroccidentedecolombia.org/doc.plataforma.html (accedido en 30/09/12).

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ello se gana una ligera politización del programa. En esta Plataforma falta un despliegue claro en etapas intermedias – todo se subordina al triunfo de la revolución – pero se vislumbra un gobierno transitorio que simboliza “reconstruir” y “reconciliar” y (todavía) no el triunfo del socialismo y que debe ser más amplio que una dictadura del proletariado. Sin embargo las FARC-EP no aclaran con qué fuerzas políticas se iría a conformar el gobierno. La Plataforma fue concebida como base para una nueva Constitución y como un documento para una negociación. También la contraparte gubernamental lo entendió así. Examinado desde el punto de vista de la teoría de la democracia se trata, en cuanto a los objetivos fijados, de una democracia participativa y a la vez directa. La diferencia entre ambas formas de democracia no fue y no es percibida conscientemente por las FARC-EP (ver Granda 2008, 28s) pues ellas no poseen una concepción concisa de democracia. Según la concepción de las FARCEP la democracia solo es realizable en el socialismo. Los puntos sobre el cambio de régimen son indudablemente nuevos y por lo tanto un resultado relevante del aprendizaje pero se quedan como idea vaga entre lo que no compromete en la práctica y el objetivo maximalista. En marzo de 2000 se fundó en el Pleno de las FARC-EP “Con Bolívar por la Paz y la Soberanía Social”, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia como organización de simpatizantes de la guerrilla. La Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia y sus diez puntos, expedidos para el movimiento en 2007 en la IX Conferencia de las FARC-EP, son considerados por esta guerrilla como de igual rango con los dos programas propios de 1964 y 1993 (Reyes 2003). Ellos son una copia casi idéntica de la Plataforma de las FARC-EP de 1993 con una diferencia: en el documento del Movimiento se aspira no solo a una nueva doctrina militar o ejército bolivariano sino a un nuevo Gobierno que le dé cuerpo al proyecto de Bolívar y que se debe apoyar en una amplia participación, un parlamente unicameral y elecciones presidenciales directas. También es nueva la divisa “Patria Grande y Socialismo”. Precisamente a este punto decisivo hay que volver.

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La comparación entre los documentos revela un “ligero” single loop-learning programático entre el Programa de Marquetalia de 1964 y la Plataforma de 1993 porque aquí, con el Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación, se amplió lo programático de la cuestión agraria al nivel del régimen político y se introdujo la idea de una etapa intermedia. Sin embargo, esta etapa intermedia no es autónoma ni temporalmente ni en el contenido respecto al fin máximo de “Poder y Socialismo”. Pero a pesar de su vaguedad ella puede llegar a tratada como materia de compromisos en conversaciones de paz. La Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia de 2000 es a grandes rasgos una copia del documento de las FARC-EP de 1993 aunque en comparación con aquel, con un acento bolivariano más fuerte. Aquí, en lo que tiene que ver con la etapa intermedia estratégica, no ha tenido lugar ningún aprendizaje, ni siquiera un “ligero” single loop-learning. La pregunta es si después del 2000 eso permanece así pues no se ha expedido ningún nuevo documento programático fundamental o en qué medida continuaría un aprendizaje al margen de lo oficialmente programático. Antes de dar respuesta a esa cuestión, se presentarán aquellas nuevas circunstancias nocognitivas de aprendizaje, incluyendo los “campos de praxis” en los cuales están intercaladas las FARC-EP.

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NUEVAS CONDICIONES NO-COGNITIVAS DE APRENDIZAJE COMO „CAMPOS DE PRAXIS“ DE LAS FARC-EP (2000-2012) Las nuevas (en lo organizativo interno y en lo externo) condiciones de aprendizaje no-cognitivas de las FARC-EP son ambivalentes: por una parte están marcadas por el fracaso de procesos de paz, especialmente de las negociaciones con el gobierno Pastrana así como por la pérdida de reputación, debilitamiento militar y asilamiento político de las FARC-EP y por otra por la reorientación de la izquierda en el mundo hacia la solución de problemas globales, el inicio de alternativas de gobierno de izquierda populista en Latinoamérica pero también por el cambio generacional en la dirección de las FARC-EP. Se añade además desde 2012 la inesperada disposición a las conversaciones de paz, todavía no “procesada” ideológicamente por la guerrilla, del gobierno de Santos a quien per se las FARC-EP siempre le atribuyeron falta de voluntad. Desde el fracaso de las conversaciones de paz con el gobierno Pastrana y bajo los dos periodos del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) el proceso de paz se estancó hasta 2012. Bajo les efectos del 9/11, de la aplicación del Plan Patriota por el gobierno de Uribe, de la práctica del secuestro (especialmente el de la candidata presidencial Ingrid Betancourt) y del creciente envolvimiento en la economía de la droga, las FARC-EP sufrieron una significativa pérdida de reputación y fueron debilitadas militarmente como ellas mismas lo reconocen. Con Marulanda, Reyes, el Mono Jojoy, Cano y otros, ellas perdieron a sus principales figuras dirigentes y todos, excepto Marulanda que falleció de muerte natural, encontraron la muerte en acciones militares. En estas circunstancias, parecía aplazado para muy lejos el aprendizaje de paz, sea programático-indirecto o prácticodirecto, tanto por parte de las FARC-EP como por parte del gobierno. ]96_

Después de que el conflicto colombiano se caracterizó por mucho tiempo por ser un empate simétrico basado en la mutua debilidad, se volvió asimétrico15. Esto no significa hasta hoy que entonces las FARC-EP esté inmediatamente amenazada con una paz de vencedores por parte del gobierno, pero sí que la guerrilla a raíz de los nuevos golpes militares fue obligada a cambiar su táctica: en 1982 ella había pasado a ser una FARC- Ejército del Pueblo y con ello de ser un ejército defensivo a uno ofensivo en la lucha por el poder pero tuvieron que volverse a contentar con su anterior táctica guerrillera. A más tardar desde el 2000 disponen las FARC-EP con el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC) de su propio partido comunista y no tendrán más que obedecer a uno “extraño” y citadino. Esa separación del PCC legal se notaba ya en el cambio entre los años de 1980 y 1990. Esto puede haber llevado a que, faltando la influencia del PCC legal y sus ambiciones legalistas, las cuales posiblemente limitaban las ambiciones militaristas de poder de las FARC-EP, pasaran sin tapujos a primer lugar las ambiciones de poder de la guerrilla. Esta autonomía de las FARC-EP, que las condujo al aislamiento, se pagó con el alto precio de que en los años 1990 durante casi una década, hubieran estado sin dirección política y sin movimiento político (Medina 2010: 1034).

“Simetría“ y “asimetría“ tienen en este estudio otra connotación que en la literatura pertinente sobre “pequeñas” y “nuevas guerras” (ver: Daase 1999; Münkler 2004) según la cual las guerras entre guerrilla y estado siempre son pequeñas y asimétricas. Aquí no se cuestiona que esa diferencia tenga sentido, sin embargo, a la autora le parece que aquí falta, para el caso de un acuerdo de paz, una diferenciación según la correlación de fuerza y la fortaleza de los actores enfrentados. En este artículo, en cambio, se ve simetría en un empate político y militar pero, por el contrario, asimetría se manifiesta en la posición política y militarmente dominante de una parte sobre otra.

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Sin embargo, a pesar de las difíciles condiciones en que esta, las FARC-EP fueron suficientemente fuertes como para entrar en 2012 en la que en su historia es la cuarta ronda de negociaciones de paz (con el gobierno de Santos son las primeras). A primera vista pareciera que, después de diez años de pausa, el cambio ocurrido no solo hubiera tenido por base una asimetría militar, sino que también hubiera surgido de la “nada” para las dos partes, sin mediar ningún aprendizaje. Pero una segunda mirada indica que las nuevas conversaciones de paz tuvieron una cuidadosa preparación por espacio de seis meses, lo que indica que tuvo que anteceder un proceso de aprendizaje. La disposición al diálogo del gobierno Santos demuestra que la guerrilla es un actor político y que este gobierno no puede seguir considerándola criminal y tampoco terrorista, pues con terroristas no negocia un gobierno que se considera a sí mismo democrático. De facto con ello el gobierno ha reconocido a su contraparte como un adversario bélico o al menos como protagonista de un conflicto armado. Esto es nuevo pues un calificativo así fue evitado permanentemente durante los muchos años de ausencia de negociaciones de paz por parte del gobierno y también en la literatura especializada. Pero también las FARC-EP han rendido un trabajo previo para las conversaciones: En un comunicado del 18 de febrero de 2012, es decir, al comienzo de las conversaciones previas con el gobierno, declararon que todos los prisioneros de guerra serían dejados libres y que querían derogar la Ley 002 que “legalizaba” los secuestros extorsivos16. Por otra parte, en una carta (posterior a la muerte de Alfonso Cano) del nuevo comandante Timoleón Gómez (Timochenko) al historiador Medófilo Medina, usan un tono nuevo, apto para la discusión, realmente conciliador17. En qué medida esto es la continuación de las (viejas) ideas de Cano o un (nuevo) discurso de Timochenko es difícil de decir. Otro aporte previo de las FARC-EP es el anuncio de un alto al fuego para el periodo que iba desde el 20 de noviembre de 2012 hasta el 20 de enero de 2013, alto al fuego que sin embargo no fue replicado por el gobierno.

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Para las conversaciones de paz que tuvieron lugar primero en Oslo y siguieron en La Habana, se fijaron puntos de una agenda que contiene “política integral para el desarrollo del sector agrario”, “participación política”, “terminación del conflicto”, “solución al problema de las drogas ilegales”, “víctimas” e “implementación, verificación y aprobación”18 , agenda no tan amplia como la de las negociaciones del Caguán entre las FARC-EP y el gobierno de Pastrana pero que en sus puntos concretos no es menos ambiciosa, pues en ella aparecen similitudes no solo con la agenda del Caguán sino también con la Plataforma de las FARC-EP. Por lo menos las cuestiones agrarias, participación y drogas tienen tantas precondiciones y son tan cargadas ideológicamente, que un fracaso de las conversaciones puede ser posible. Por una parte los puntos mencionados pueden ser siempre ligados por las FARC-EP con la necesidad del cambio del sistema (hasta llegar al socialismo) lo cual por ser la best option y no la second best option, no puede ser el resultado de las negociaciones de paz. Por otra parte, se trata, como es común al comienzo de una negociación, solo de una agenda, sin metas definidas, que se

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Ver: www.radiosantafe.com/2012/02/26/farc-anuncia-el-fin-del-secuestro-en-colombia (accedido en 10/10/12). Se trata del intercambio epistolar entre el historiador Medófilo Medina (11. Juli 2011, ver: http://razonpublica.com:/index.php/conflictodrogas-y-paz-temas-30/2213-carta-abierta-a-alfonsocano.html (accedido en 10/10/12) y el comandante Timoleón Jiménez (Timochenko), que contestaba en lugar de Cano (16 de enero de 2012), ver: Fundación Semanario Voz. En: http://masrazones.files.wordpress. com/2012/01/batalla-de-ideas-no1interior.pdf (accedido en 10/10/12). Acuerdo General para la Terminación del Conflicto: Agenda de negociaciones del 26. De agosto de 2012. Ver: www.elpais.com.co/ elpais/judicial/noticias/acuerdo-general-para-terminacion-conflicto-yconstruccion-paz-estable-y-duradera (accedido en 10/10/12).

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formula de manera tan general como para que permita ser fijada ofreciendo, en consecuencia, un amplio campo de maniobra. Entre tanto permanece abierto el resultado de las negociaciones19. APRENDIZAJE MEDIANTE LA “HISTORIA COMO ARGUMENTO” MÁS ALLÁ DE LOS FUNDAMENTOS PROGRAMÁTICOS DE LAS FARC-EP(2000-2012) La utilización de la historia como argumento no es para las FARC-EP algo nuevo, sin embargo hasta el 2000 estaba en primer lugar la historia de la propia organización20. Sin embargo a partir de los años noventa y de manera sistemática desde el 2000 las FARC-EP se concentraron en la historia nacional colombiana. Esto sucede mientras que se produjo una pausa en el aprendizaje (programático) organizacional que prolonga hasta hoy durante la cual la guerrilla no se presenta más como un ambicioso actor sino uno que militar y políticamente va “cuesta abajo”, está políticamente encapsulado pero a la vez buscando alternativas para salir de esa situación. La búsqueda de alternativas significa aprender aunque hasta hoy eso no se refleja en un documento programático fundamental.

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En las próximas líneas se mostrará que ese aprendizaje se ha desarrollado de manera decisiva sirviéndose de la “Historia como argumento”. Las FARC-EP tomaron la variante concreta de la “construcción de analogías históricas”. En el centro está el intento de construir con Simón Bolívar (1783-1830) y Francisco de Paula Santander (1792-1840) un héroe y un antihéroe de la lucha latinoamericana por la independencia del siglo 19 y trasponer esa construcción a ambas partes del actual conflicto armado. Sin embargo, con esto la guerrilla no se mete en discusiones sobre interpretaciones de la historia o sobre la política de la memoria. Lo que ella intenta es encontrar en la historia nacional fuentes de legitimación para el desarrollo de nuevas opciones para la actuación. En lo estratégico, las nuevas opciones para la actuación consisten en que la vieja lucha de clases se liga a la lucha por una nueva independencia, contra el neoliberalismo y por la solución de problemas globales. En lo organizacional consiste en la constitución de un movimiento político “en torno a las FARC-EP” para la cual está el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. La paradoja de esto es que por una parte es clandestino y una copia (en su aplicación concreta) del estrecho programa de las FARC-EP, por otra parte, debe llegar a ser una amplia alianza de masas. Con Bolívar como reservorio de ideas debe lograrse este malabarismo. Al usar las FARC-EP la historia de la independencia –que además fue armada- como fuente de aprendizaje, este adquiere rasgos de aprendizaje de la violencia y nada menos que a nivel del discurso y la estrategia y no solamente como refinamiento técnico, “skills to kill” (ver p. ej.: Jackson et al. 2005), como sucede con muchos actores violentos no estatales de la actualidad21. Cuando las FARC-EP le atribuyen determinados significados a la conexión entre la historia de la independencia y su propia estrategia y los repiten continuamente para estabilizarlos como un conjunto con sentido y luego atribuirles validez, están pues marcando, junto a su estrategia e incuso previamente, el discurso y la ideología 22. Ambos, discurso e ideología, imaginan las relaciones 19 20

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El cierre de redacción para este texto fue el 30 de noviembre de 2012. Un papel especial juega con Marquetalia el mito fundacional de las FARC-EP, que se trasmite como “mito de la defensa”: la “república independiente de Marquetalia” en la Cordillera Central resiste en una heroica acción de autodefensa el ataque del ejército en el marco del Plan Laso (Latin American Security Operation bajo la dirección de EE.UU). En mayo de 1964 el gobierno envió tropas compuestas por 16.000 hombres que los 48 campesinos del grupo de autodefensa bajo la dirección del Partido Comunista no podían enfrentar pero lo que ellos sí pudieron luego hacer fue dejar su estrategia de autodefensa y transformarse en guerrilla. El fundamento escrito del mito fue obra del comandante de las FARC Jacobo Arenas (1969). El sin duda notorio aprendizaje militar de las FARC-EP no se analiza aquí. Ideología se define aquí como “a value or beliefsystem accepted as fact or truth by some group“ (Sargent 1987: 2).

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entre idea y el contexto estructural. En ambos casos se trata de una demarcación hacia adentro y hacia afuera partiendo de construcciones de diferencia con las que se incluye y se excluye, especialmente al oponer como irreconciliables un “nosotros” y un “ellos”. Con tal “construcción de analogías históricas” en el sentido de “cadenas de equivalentes” (Mouffe 2007: 11) se forman ambos “campos”. Para legitimar el “nosotros” y ampliarlo estratégicamente, las FARC-EP utilizan a Simón Bolívar. Para deslegitimar el “ellos” y limitarlo, se sirven de Francisco de Paula Santander, la contraparte (supuestamente) enemigo de Bolívar. En el discurso de las FARC-EP Bolívar está construido como mito23 y protagonista de la Independencia, la democracia directa y la igualdad social; Santander como el anti-mito y como amigo de la Doctrina Monroe, dictador, hasta fascista y asesino, alternativamente de Bolívar mismo o de Sucre, el Mariscal de Ayacucho. Por lo tanto, solo las FARC-EP pueden ser las legítimas continuadoras del luchador de la Independencia, y el gobierno colombiano “tiene” que aparecer como la nueva encarnación del “reaccionario” Santander. En el modelo el eslabón central vinculante es el “vuelve Bolívar” (Salgari 2011, 194) y su “Patria grande y Socialismo”. La solución de los problemas globales, sean clima y medio ambiente, tendría como condición hacer verdadera, hasta ahora inalcanzada independencia de Colombia. También después de concluida la liberación de la dominación colonial española debió continuarse la guerra, ahora con el objetivo de superar el “neoliberalismo” y un - entiéndase como se entienda - “postmodernismo”, en la dimensión de una “patria grande” de todo el subcontinenete (Salgari 2011: 195). En la política interna, la dirección del golpe principal contra el “neoliberalismo que trae la muerte”24 en tanto expresión del imperialismo encuentra sus enemigos en sus “lacayos”, los presidentes colombianos fascistas Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, ambos nueva edición de la contraparte Santander (De Santander a Santos 2011).

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En la cadena de argumentos Bolívar es el eslabón central, a pesar de que por su parte no es colombiano ni luchador por el socialismo ni defensor del marxismo-leninismo que las FARC-EP siguen inscribiendo en sus banderas. Sobre Bolívar debe lograrse la solidaridad con la revolución bolivariana de un Hugo Chávez en Venezuela y con la Coordinadora Continental Simón Bolívar, la unión de las izquierdas armadas en Latinoamérica, pero también con el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, que en Colombia debe dirigir el levantamiento popular. Pero mientras Chávez podía remitirse a Bolívar como mito de iniciación, no se puede afirmar lo mismo para las FARC-EP. El recurso a Bolívar juega un papel en el pensamiento de las FARC-EP ya desde 1983 pero apenas desde el 2000 ha tenido un significado ideológico. Ya la doctrina militar bolivariana como objetivo estratégico en su Plataforma de 1993 testimonia su atención al héroe de la Independencia. También la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) fundada en 1987 se refiere a él. Cuando Hugo Chávez en 1992 llevó a cabo su intento de golpe con el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 pero a más tardar en 1999 cuando como Presidente implementó una Constitución Bolivariana, 23

Sobre la crítica al mito de Bolívar ver Zeuske (2011: 9s). Aquí contrarrestando toda glorificación se encuentra (en la pag. 15s) una descri pción del jóven Bolívar como: “... un joven millonario cansado de la vida y mujeriego por excelencia, proveniente de una exótica colonia que no se perdía ningún salón literario y que en las fases de agotamiento consumía los Coffee-Table-Books de famosos filósofos y que a comienzos de 1805 estaba tan cansado de la vida que por motivos terapéuticos emprendió un viaje a pie hacia Roma y Nápoles. Para el mito de Bolívar este veleidoso joven, que vivía con los nervios alterados y a la vez era medio ingenuo y despreocupado, es un héroe que todavía no sabe todo lo que se esconde en él”. Ver también la etiqueta contra Milton Friedman, el creador del neoliberalismo, como “asesino metafísico de los pueblos“ (Salgari 2011: 78).

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Bolívar se convirtió para la izquierda latinoamericana un punto de referencia, incluso un ícono. Las FARC-EP necesitaban después del fin del socialismo real con mucho afán un nuevo referente ideológico y una compensación al modelo soviético. Pablo Catatumbo, que en la guerrilla es el comandante que actúa como historiador y además jefe del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia ha escrito un libro en dos tomos sobre Bolívar que es lectura obligada para cada combatiente de las FARC-EP. Desde entonces ya no solo las cabezas de Marx y Lenin las que decoran los carteles y volantes de las FARC-EP sino que la cabeza de Bolívar salta a la vista entre ellas con igual valor. Todas estas tres personalidades son calificadas por la guerrilla como “grandes ideólogos” (Salgari 2011: 11). Mientras que por otra parte, el viejo comandante en jefe Manuel Marulanda, el ícono de la propia historia de la organización, se construye como la nueva encarnación de Simón Bolívar, el (temprano) mito de la historia de la organización debe quedar ligado con el (tardío) mito de la historia nacional. En un comic con el subtítulo “Marx y Bolívar en el siglo XXI” se presenta a Bolívar como aquel que interpreta a Marx en el siglo 21 (¡!): “Así es Carlitos: Nuestro futuro es la Patria Grande y el Socialismo” (Salgari 2011: 204). Aunque Bolívar ya había muerto muchos años antes de que Marx fuera adulto queda como más moderno. En el mismo comic se le hace decir a Marx: “Los únicos libros que encontré en Europa criticaban a Bolívar. Pero ha sido un gran revolucionario y por eso hoy le rindo honores”.

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En el comic es Marx el que –arrepentido– deposita ante el monumento de Bolívar una corona de flores (Salgari 2011: 22). Según la guerrilla se debe “humanizar” a Marx con Bolívar (Resistencia 2006: 55) y solo así podran ambos “marchar junto a la humanidad”. Más divertido es un cartel de las FARC-EP que muestra a Lenin en una manifestación en una tribuna de Petrogrado con un texto que dice: “Con Bolívar y las FARC. Hacia el Socialismo“. (Resistencia 2009: 64). Como se sabe, Bolívar nada tuvo que hacer con Rusia o el socialismo y Lenin nunca leyó a Bolívar. Eso lo saben las FARC-EP y también que Marx en su artículo “Bolívar y Ponte” (1858) no solo trató a Bolívar de una manera muy distanciada sino que incluso lo calificó de dictador (Marx 1961: 229)25. El ejemplo de Bolívar puede servir, en tanto héroe de la Independencia de Colombia frente a poderes exteriores, en la lucha contra viejos y nuevos colonialismos, pero surge una problema porque las FARC-EP no pueden emprender una lucha hacia afuera sino cuanto más de manera indirecta y metafórica, pero no militar, ante lo cual resuelve la guerrilla mediante una nueva construcción, erigirle de manera metafórica a Bolívar y a sí misma, un polo político opuesto interno: el General Santander, largo tiempo compañero de Bolívar y vicepresidente de la Gran Colombia, es declarado sin vacilar como la fuente de un santanderismo que continúa en la oligarquía de hoy26. “Es el santanderismo esencia ideológica de la oligarquía en todos los tiempos. Santander, quien solía solazarse asistiendo a los fusilamientos de sus contradictores: ese asesino de los partidarios de Bolívar – como Sucre, el gran Mariscal de Ayacucho –, fue quien inició la tormenta terrorista que hoy continúan los mandatarios oligarcas que destruyen la patria”. (Santrich 2004: 26).

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Che Guevara por demás defendió a Bolívar de manera vehemente contra Marx (Zeuske 2011: 124). El recurso a Santander como anti-mito también podría simbolizar el alejamiento del PCC legal el cual, según Patiño (1999), desde un comienzo se sintió más cerca de las ideas de Santander que de las de Bolívar.

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En el libro de educación de las FARC-EP titulado “Marulanda y las FARC para principiantes” se asciende a Santander no solo a asesino de Antonio José de Sucre sino también a copartícipe del intento de asesinato a Bolívar pues, según la guerrilla, Santander habría intentado “en contubernio con el gobierno de los Estados Unidos, asesinar varias veces a Simón Bolívar” (Salgari 2011: 24). En la contraposición se presenta a Santander como esclavista y partidario de la servidumbre indígena, aristócrata racista, partidario de la doctrina Monroe y vasallo de los Estados Unidos que quería excluir al Haití negro, solo por ser negro, de la comunidad latinoamericana. A Bolívar por el contrario, aunque él mismo era un aristócrata criollo y propietario de esclavos (y no interesado en la libertad de los esclavos o interesado cuanto más en instrumentalizarla 27), se los presenta como liberador de esclavos, precursor de una independencia basada en la justicia social y como verdadero demócrata. Todo lo contrario a Santander que en su idea de democracia seguía al inglés Jeremy Bentham, Bolívar habría tenido una concepción propia de democracia, no “colonialista”, no anglosajona o afrancesada “mucho más adecuada para Colombia” porque se apoya con más fuerza en la igualdad social”28. Según las descripciones históricas, las relaciones (nada sencillas) entre Bolívar y Santander fueron diferentes: Por una parte fueron ambos Bolívar y Santander influenciados por la Revolución Francesa y más aún por la de Saint Domingue/Haití, en este sentido liberales y como masones también anticlericales. Por otra parte, no solo Santander sino también Bolívar pertenecieron a la elite colonial criolla y fue un aristócrata conservador. Después de todo fue Bolívar y no Santander el que gobernó de manera centralista y monárquica o, más precisamente, en el estilo del militarismo jacobinista, porque él estaba convencido de que el caos revolucionario en la Gran Colombia solamente así se podía controlar. En el mismo estilo dictatorial habría destituido a Santander como Vicepresidente. Con este ímpetu y porque la falta de un movimiento revolucionario a favor de la independencia, según su opinión, solo así se podía compensar, favoreció Bolívar el poder de los militares. Santander en cambio optó por el poder de los civiles. Mientras Bolívar (sin haber teorizado sobre el asunto) entendía la “soberanía popular” como “volonté générale” con una fuerte afinidad hacia la democracia directa (y solo limitadamente representativa) de un Jean-Jaques Rousseau, además con el sentido de una “democracia tiránica”, que en caso de necesidad podía imponer de manera dictatorial la igualdad política y social; veía Santander (con referencias explícitas a la teoría) su ideal en el derecho positivo de Jeremy Bentham y con ello en una interpretación republicano-constitucionalista de la democracia. Que Santander estuvo involucrado en el complot contra Bolívar (pues definitivamente en el intento de asesinato no tuvo una participación directa) y, lo que es también históricamente falso, haber sido el asesino de Sucre, constituye el núcleo marcial en la construcción del anti-mito.

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Las FARC-EP no pueden dejar de reconocer que Bolívar mismo, a quien le atribuyen entre muchas otras cosas un concepto ideal de democracia, no fue un demócrata sino un dictador. Revelador es cómo la guerrilla intenta aclarar de afán esta contradicción y (re)legitimar a Bolívar:

Bolívar habría querido liberar los negros de la esclavitud solo con el objetivo de que sirvieran en el ejército para evitar así una radicalización y haitinización de su propia revolución. Esta contraposición de la pluma de las FARC-EP, encuentra su contrapartida o incluso su fuente (?) en la literatura chavista venezolana: Santander representa la continuidad de una dictadura fascista tecnocrática-utilitarista y Bolívar un proyecto social. Esto se dice en una obra venezolana de consulta de 725 páginas (SantRoz 2008). Y como, según el tenor del libro, desgraciadamente Santander “triunfó” sobre Bolívar (y no al contrario) y el legítimo garante de la continuidad bolivariana era Sucre y este fue asesinado por Santander, se abrió paso la desgracia de la prolongada dependencia latinoamericana.

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Bolívar “(p)iensa que, como norma, el poder requiere no solo de un origen legitimado en la soberanía del pueblo sino además su ejercicio por el pueblo mismo a través de sus representantes y no de uno solo. Es partidario de la democracia no de la monocracia, el pueblo debe participar en las decisiones sobre los asuntos públicos. Para Bolívar la asunción de poderes extraordinarios le significaba un verdadero conflicto de principios y lo consideraba como una situación transitoria. En el contexto de las exigencias de la guerra libertadora de centralizar recursos y decisiones para enfrentar al opresor, con una estrategia única y en la búsqueda de la necesaria unidad y estabilidad que requieren las jóvenes repúblicas que está ayudando a construir, Bolívar asume la dictadura y propone proyectos constitucionales de gobiernos fuertes y vitalicios.“ (Pensamiento Bolivariano, sin fecha: 12) Por otra parte, continúan las FARC-EP: “Bolívar “(a)precia altamente la República democrática porque prescribió los derechos del hombre, tiene como principios la justicia, la libertad y la igualdad y se expresa en ella la legitimidad que reside en la soberanía popular. Pero teme que en el régimen popular representativo falte solidez, orden, estabilidad y armonía. Por ello piensa que se requieren instituciones que pongan diques a los extremos”. (Pensamiento Bolivariano, sin fecha: 12).

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El problema en estos dos pasajes – en el segundo más acentuado que en el primero—es que la guerrilla no se distancia fundamentalmente ni de la dictadura de Bolívar ni tampoco de aquello de que el gobierno dictatorial al menos en “tiempos turbulentos” es completamente oportuno y esto pone a pensar con mucho escepticismo la idea de democracia de las FARC-EP. Cuánto tiempo pueden durar esos „tiempos turbulentos“ lo determinan los gobernantes – Bolívar y si un día ellas triunfan, las FARC-EP. La (transitoria?) necesidad de proteger un proyecto liberador fue siempre, como se sabe, el argumento con el cual la izquierda ortodoxa legitimaba la dictadura del proletariado. Que Bolívar y Santander fueran no solo compañeros de lucha y de gobierno, sino incluso amigos, lo ignoran las FARC-EP. Ambas figuras de la Independencia fueron revolucionarios y republicanos y ambos tenían que organizar el “caos revolucionario” solo que ellos lo emprendieron de distinta manera: mientras uno lo intentó de manera centralista, desde arriba, clerical y con un ímpetu tan grande como limitado en la cuestión de la igualdad, intenta el otro hacer esto mediante una institucionalización que funcione organizada sobre la base del derecho positivo. En este sentido Bolívar y Santander no eran antípodas sino, examinándolo históricamente, complementarios: “Mientras Bolívar liberaba el sur, Santander organizaba lo ya liberado” (Pachón 2010: 223). Bolívar, sin embargo, desea más que Santander una “patria grande” en el sentido de una “república de naciones”, una integración que inicialmente se refiere a la Gran Colombia, en sentido estrecho a Cundinamarca, la Presidencia de Quito y la Capitanía General de Venezuela, pero que luego se extendería a toda Latinoamérica de Panamá hasta Guatemala. Explícitamente excluidos por Bolívar estaban solamente Estados Unidos y Haití. Las FARC-EP siguen las ambiciones de Bolívar cuando cuentan dentro de la “patria grande” todo el subcontinente latinoamericano e incluso el Caribe (Santrich 2011, 29) porque la existencia de 20 pequeñas repúblicas significan una “balcanización” provocada por el imperialismo y además “sometimiento, dependencia y neocolonialismo” (Salgari 2011, 20s.). Si se considera el resultado histórico del sueño de Bolívar, entonces la revolucionaria Gran Colombia habría durado solo hasta 1830, es decir nueve años, y solo hasta la muerte de Bolívar:

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primero se separan de la Gran Colombia y se rebelan, inconformes con el centralismo de Bolívar, los venezolanos – además alarmados con la idea del gabinete bolivariano de querer poner a un príncipe europeo como monarca ante un eventual retiro de Bolívar o ante su muerte. Luego, el 13 de mayo de 1830 abandona Quito el “barco” de la unidad que se va hundiendo. Bolívar, que inicialmente había hablado de mantener la Gran Colombia aunque costara sangre, tuvo que resignarse ante las circunstancias a salir al exilio en Europa. Si bien bajo Bolívar se habría podido desarrollar en la Gran Colombia una hegemonía republicano-liberal, ella no estaba libre de contradicciones: El problema más importante era la falta de una auténtica clase hegemónica que pudiera integrar la fragmentada Gran Colombia y sus elites. Sobre todo la falta de una alternativa a la dominación de la aristocracia criolla, a la cual Bolívar también pertenecía, fue causante de que fueran tan desastrosas las consecuencias económicas y sociales inmediatas de la Independencia. Su propio fracaso lo comentó Bolívar con su expresión que se volvió clásica: “el que sirve a una revolución ara en el mar” (citado en Kossok 1989: 274), resumen significativo que las FARC-EP no van a comentar y por supuesto no van a obedecer. El aprendizaje de las FARC-EP mediante la „Historia como argumento “es pues ambivalente. Por una parte quiere la guerrilla, recurriendo a la figura más relevante de la lucha por la Independencia, apoyar sus nuevas opciones estratégicas: poner la lucha propia con la ayuda del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (y con una nueva Asamblea Constituyente) sobre la base de una amplia alianza y una amplia confianza para unir así la lucha de clases nacional con la solución de problemas globales. Con ello, como las representantes de la nación colombiana y de toda la América revolucionaria en tanto “patria grande” la guerrilla espera poder legitimarse y perfilarse así como Bolívar pudo hacerlo.

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]:3_ Por otra parte, quieren ellas dirigir su lucha „contra la civilización burguesa”, algo que, como no había burguesía en ese tiempo no podía interesar a Bolívar. Y por supuesto aquí, según las FARC-EP, “las ideas deben ir siempre escoltadas” (Márquez 2011: 2). Bolívar como aristócrata criollo no pasa allí o expresado sarcásticamente, solo pasa como vehículo en la idea de que el enemigo de clase “burguesía” debería ser atacado con la ayuda de un representante de una clase todavía más reaccionaria, la aristocracia. Posiblemente las FARCEP están interesadas en recuperar en Bolívar aquel momento de la teoría de la dependencia, que según su convicción, se extraña en el Marx, que estaba más inclinado a argumentar dentro los marcos de la teoría de la modernización. La paradoja de este punto de vista consiste en que las FARC-EP con el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia quieren construir una amplia alianza y alimentarla ideológicamente de manera amplia y adecuada, pero con Bolívar no logran “humanizar” a Marx y hacer más fácil las adhesiones a la alianza, como ellas afirman, sino que la radicalizan. La demonización de Santander y con ello del actual gobierno colombiano y de todo régimen político pasa de manera magistral en este modelo. Se corresponde con aquella afirmación que siempre han hecho las FARC-EP al calificar el régimen político en Colombia de autoritario y totalitario-fascista – una diferenciación entre totalitarismo y autoritarismo no la van a hacer –, pero sí creen encontrar en el régimen un regreso del “santanderismo”. “El propio Goebbels” (Márquez 2008) y Hitler como “profe“ (Salgari 2011: 144) de Uribe y Santos pero más aún, Santander como precursor de ambos – esas son para las FARC-EP etiquetas intercambiables.

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Al ponerles a Uribe y a Santos, pero al fin de cuentas a todos los presidentes colombianos, la marca de “fascistas”, la guerrilla comprueba qué poco apta está para diferenciar entre políticas y estilos políticos, entre tendencias y matices y con ello para “realmente” hacer política: „(L)o que ha sufrido nuestro país durante décadas es la siniestra práctica fascista de seguridad nacional con traje de democracia esa no cambia porque el Presidente haya sido Valencia, Belisario (¿Recuerda el Palacio de Justicia?), Gaviria, Samper, Uribe o Santos”. (Carta a Medófilo Medina de Timoleón Jiménez ,16.01.2012). (Ver nota 18). Que el ex presidente Uribe siempre haya rechazado de manera estricta negociar con las FARC-EP mientras que Santos, a quien la guerrilla siempre pone en la misma fila con Uribe, precisamente lo hace, no pasa bien en el cuadro que ella piensa dibujar: „(L)as distancias políticas que separan a Uribe de Santos no son muy distintas a las que separan a Bush de Obama o a Mariano Rajoy de Zapatero” (Carta a Medófilo Medina de Timoleón Jiménez, 16.01.2012).

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Es interesante anotar que en esta enumeración falta Pastrana. Procediendo así, no solo le debe quedar muy difícil a las FARC-EP ver en los gobernantes una contraparte al menos fiable. También se limitan las posibilidades de llegar a unirse en un compromiso para ambas partes alrededor de second best options. Sobre todo esto comprueba que las FARC-EP no distinguen entre estado, régimen político y gobierno y tampoco entre autoritarismo y los matices grises de un régimen no democrático. En esto ellas no están por demás solas. Que el régimen político colombiano no es democrático (como lo afirma el gobierno y gran parte de la literatura pertinente) pero tampoco autoritario (como opinan las FARC-EP29) sino semidemocrático o régimen híbrido, porque es el resultado de una transición que se quedó estancada “en la mitad”, es decir, como transición inacabada, constituye una apreciación subordinada en la literatura científica. Con una tipología diferenciada del régimen político colombiano, sea como semidemocrático o como “régimen híbrido” tal como lo ha demostrado esta autora en otra parte (Zinecker 2009) no pueden hacer nada las FARC-EP pues el régimen autoritario necesario para una guerra anti régimen se les envolataría. Por el contrario, recurrir a un Santander que ex post es “rebautizado” como fascista les ayuda a (re)construir en el lado del gobierno a un enemigo mortal, necesario para una guerra civil. Al mismo tiempo, además de llevar al final la construcción del Estado, de preservar los segmentos democráticos del régimen político colombiano y de democratizar en él los segmentos no democráticos, una second best option aceptable para ambas partes en el marco de la negociación de un compromiso, podría ser apadrinada por un Santander afín al estado democrático (en lugar de radical) de derecho.

Solo la fachada es democrática, afirman las FARC-EP, el contenido es un prototi po autocrático. Ver: Secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP (2012). En: www.resistenciacolombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1298:ecretariado-delestado-mayorcentral-de-las-farc-ep&catid=22&Itemid=37 (accedido en 30/05/12).

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CONCLUSIONES Se pudo demostrar que las FARC-EP han aprendido en su tiempo como ambicioso actor político militar de manera práctico-directa (antes y durante las negociaciones de paz) pero también en lo indirecto-programático (antes de las negociaciones de paz), en ambos casos al nivel del “ligero” single loop-learning. Su aprendizaje programático se refleja en la vaga idea de una etapa estratégica intermedia -- la idea de un “Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación”. Después, hasta el 2000 – cuando las FARC-EP todavía estaban seguras de que, con la vieja base programática “iban” bien por el “buen” camino para la conquista del poder, no tiene lugar ningún aprendizaje político relevante. Desde 2000 intenta la guerrilla compensar su falta de aprendizaje programático mediante un aprendizaje más allá de los programático y en concreto sobre el input de la experiencia histórica. En esto utilizan las FARC-EP la „Historia como argumento“mediante el recurso a la revolución de independencia del siglo 19 y sus protagonistas: Si ellas se ven a sí mismas en la continuidad del héroe de la Independencia Simón Bolívar naturalmente, no pueden historiarlo críticamente. Con Bolívar como mito y fuente de su propia identidad y Santander como el anti-mito que otorgaría identidad al gobierno, la guerrilla ha construido preocupantes analogías históricas y basándose en ellas una contraposición histórica 30 más preocupante entre dos figuras de la Independencia con el objetivo de legitimar, volver heroico y ampliar el “nosotros” bolivariano y deslegitimizar, incluso demonizar y estrechar al santanderista “ellos”. Partiendo de estas marcaciones, las FARCEP aspiran según su libre discreción y con fundamentos no históricos, a incluirse a sí mismas junto con el pueblo en el “nosotros” y arrinconar en el “ellos” junto al gobierno “fascista”, a lo que ellas entienden por “oligarquía” o “elite”. Al intentar ellas construir el “nosotros” ancho y el “ellos” estrecho, consideran que pueden así enfrentar su propio debilitamiento y encapsulamiento político.

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Los instrumentos “mito“ y „anti-mito“ a los que recurre las FARC-EP es muy apreciado en la política latinoamericana sea de gobierno o de oposición. Para el subcontinente no sería nada nuevo que se legitime la política con mitos, íconos y en general con imaginaciones culturales “cercanas al pueblo” y que se llame así al apoyo de masas (ver: Zeuske 2011: 14, pero también Prutsch 2004: 193s). Esta es también la aspiración de las FARC-EP. Pero para ellas la función de estos símbolos va más allá. La cuestión es que con la “Historia como argumento” las FARC-EP pretenden legitimar también viejas teorías de la actuación y doctrinas ideológicas, pero sobre todo nuevas reglas y opciones de acción y desarrollar una renovada teoría oficial de la actuación. Las viejas doctrinas del marxismo leninismo ortodoxo no fueron archivadas ad acta, sino adecuadas a nuevos conceptos. La “Historia como argumento” la utilizan las FARC-EP en este contexto para afirmar lo tradicional de su política actual, así como adecuarla y renovarla sin innovar, o sea, para hacer surgir la apariencia de una renovación reformadora mientras que la renovación misma se radicaliza. Una radicalización que apela a héroes de una revolución de independencia armada convertidos en mito, es la antítesis de un aprendizaje de paz. Si se conecta, como en este artículo, el aprendizaje de la paz con la disposición de suscribir acuerdos de paz y con la formulación de etapas 30

“La disputa que se ha extendido hasta el presente de si Bolívar o Santander tenían “razón” es antihistórica en la medida en que ambas posiciones tenían sus propios fundamentos objetivos y con ello se excluye un “este o aquel” (Kossok 1991: 17).

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estratégicas intermedias aptas para contraer compromisos de paz, y aprendizaje de violencia como refinamiento, internalización y habitualización pero también de legitimación y formación tanto de modelos de paz como de guerra, entonces la apreciación del aprendizaje mediante la “Historia como argumento” indica que está más cerca de la violencia incluso a pesar de que la guerrilla subjetivamente quiera fortalecer una alianza que apoye la paz. Entre tanto, se diferencian las FARC-EP de aquellas guerrillas latinoamericanas que al encontrarse en una crisis, se acordaron de sus héroes nacionales pero entendieron este recurso como una legitimación de soluciones de compromiso (aunque con diversos alcances). El salvadoreño FMLN después de la caída del Muro de Berlín, desplegó en sus banderas no solo al comunista Farabundo Martí sino también a los luchadores de la Independencia José Matías Delgado, Manuel José Arce e incluso a Gerardo Barrios (Declaración del FMLN 1990, 9). Así se legitimaron las concesiones propias de la second best-option como etapa intermedia hacia el socialismo y en consecuencia legitimaron el aprendizaje de paz. En el paisaje colombiano fue el M19, calificado por las FARCEP como traidor, el que ya en 1973, antes que las FARC-EP vio en Bolívar a su precursor y además también mostró distancia frente a Santander. En el M-19 dominó una mezcla de ideas de Bolívar, Rojas Pinilla, Perón, Montoneros, Tupamaros, Gaitán y Gramsci que fue considerado por las FARC-EP como un sancocho ideológico irresponsable. A diferencia de las FARC-EP, el M-19 utilizó “su” Bolívar desde su fundación como fuente de legitimación. Indudablemente eso le ayudó a facilitar su desmovilización sin una contrapartida transformatoria.

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Las FARC-EP son en la construcción de sus analogías históricas menos arbitrarios que el M-19: con Venezuela y la Coordinadora Continental Bolivariana a sus espaldas aspiran a la “patria grande” de la revolución latinoamericana concreta y no metafórica, así al final sea solo en la forma de una comunidad económica como la de Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). La construcción ideológica de una inflada enemistad y sobre todo la contraposición de la definición de lo que es democracia en Bolívar y Santander les sirve a ellas para legitimar una mezcla absurda de democracia participativa y directa pero también de centralismo estatal y democracia. En esta medida el mismo Lenin pasa bien con Bolívar. El detonante del aprendizaje a partir de la „Historia como argumento”, si tomamos prestadas las correspondientes categorías del “aprendizaje organizacional”, habría que verlo en la falta de correspondencia entre la teoría oficial de la actuación y la teoría en uso que dirige la actuación de las FARC-EP. Una tal falta de correspondencia es válida no solo para la teoría oficial de la actuación como best option (Poder y Socialismo) sino también para su adelgazada second best option (etapa estratégica intermedia). Es incluye y no excluye que el aprendizaje, sea como “aprendizaje organizacional” o aprendizaje mediante la “Historia como argumento”, por parte de las FARC-EP se haya desarrollado en la teoría oficial de la actuación y no en el nivel de la teoría en uso. En lo que tiene que ver con los niveles de aprendizaje, y volviendo a tomar en préstamo el uso de las categoría del “aprendizaje organizacional” para la “Historia como argumento” habría que atestarles a las FARC-EP single loop-learning pues también este aprendizaje no fue mediante un salto o cambio de preferencias sino incremental: Compagina la vieja orientación de la lucha de clases y un marxismo-leninismo (incluso comparativamente) ortodoxo, con las nuevas condiciones del contexto sin renunciar a las preferencias iniciales o sin tener que posponer su realización a través de una fase estratégica intermedia. Queda el interrogante de por qué las FARC-EP a pesar de su aprendizaje de violencia le echó

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mano a las conversaciones de paz y con ello demostró capacidad de aprender la paz. Esta relación paradójica necesita una explicación: Al respecto se puede suponer que las analogías históricas falsas impiden que las negociaciones de paz sean atendidas con seriedad, es decir que la farsa está pre-programada. Pero también se puede resolver el interrogante suponiendo que la construcción de analogías históricas sería absurda y por ello tan irrelevantes para el trabajo concreto de las FARC-EP que ellas se mantienen solo para la apariencia ideológica pero que cuando llegan las negociaciones de paz se tratará de dejarlas fácilmente al lado, más rápido que lo que se podría hacer con ideas de la fase estratégica intermedia, más moderadas pero más concretas y en caso de duda con más poder vinculante. Si la contraparte rechazara como inaceptables tales second best options (y no solo la apariencia ideológica sobrevaluada de un mito histórico) entonces quedarían las FARC-EP en un verdadero aislamiento histórico. De la “pérdida” de Bolívar como mito podría la guerrilla reponerse fácilmente pues al fin de cuentas no son las ideas de Bolívar sobre la Independencia las que deben triunfar sino el socialismo. Finalmente, la paradoja podría resolverse en la medida en que las FARC-EP actúe libremente con esa analogía histórica y utilice a Bolívar como joker en las negociaciones porque al mismo tiempo se lo puede usar para radicalizar como también para desescalar dado que sus metas propias no son radicales porque no son socialistas. La condición previa sería que las FARC-EP lograran una resignificación según la teoría de la modernización de la interpretación que hasta ahora hacen de Bolívar en clave de la teoría de la dependencia. Pero si bien las FARC-EP con su uso de analogías históricas han radicalizado en vez de amortiguado su propia estrategia, se muestra aquí también algo diferente, algo que en el mainstream de la literatura y por parte de importantes organizaciones internacionales constante y decididamente se ha negado: que las FARC-EP han aprendido – incluso después del 2000 e incluso en un nivel estrictamente político de la argumentación. Esto significa que ellas 1) a pesar de tendencias criminales siguen siendo como antes un actor político, 2) que aprende políticamente, incluyendo el cambio significativo de sus posiciones y la fundamentación (histórico-) política, 3) aprende violencia no solo como “skills to kill” sino también a nivel estratégico e ideológico y al mismo tiempo 4) realiza procesos de aprendizaje de paz en el marco de negociaciones de paz, incluso cuando no reconoce y cuando no puede reconocer que “any attempt at peace should take into consideration that successful demobilization in the long term requires a successfull re-description of self” (Borch, Stuvøy 2008, 115). Una tal “re-description of self”, que a las FARC-EP le exigiría también una deconstrucción de sus falsas analogías históricas, parece ser difícil de alcanzar. También reflejan ambos – el aprendizaje de la violencia y el de la paz –puestos uno frente al otro como procesos de aprendizaje del tipo single loop-learning, aquella clásica falta de congruencia de la teoría de la actuación y de la teoría en uso, que impiden según la teoría del “aprendizaje organizacional” el double looplearning, entre otras cosas porque precisamente “(l)earning organization can fulfil function of ideology” (Coopey 1996, 361).

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Si se relaciona, como en este artículo, el “aprendizaje organizacional” no en primer lugar al cambio en la organización sino del entorno, surgen dos conclusiones posibles para las FARC-EP: O bien a ellas no les interesa (más) el cambio del entorno y con ello de la sociedad, sino solo el mantenimiento de la organización, de tal manera que el aprendizaje tiene que “degenerar” en ideología. Pero contra esto habla lo programático que todavía es válido en la guerrilla, como también aquellas analogías históricas que ella construye a partir de la “Historia como argumento”. análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 63 - 89

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O bien, el single loop-learning a partir de la “Historia como argumento” y el aprendizaje de la violencia están en condiciones de “ganarle” al single loop-learning organizacional referido al entorno e “invalidarlo”. Se podría concluir entonces, que en determinadas condiciones, en las que el aprendizaje programático de la paz no sobrepasa la frontera del single loop- al double loop-learning, el aprendizaje a partir de la “Historia como argumento” para aprender la violencia conduce al cuestionamiento del aprendizaje de la paz. Esto solo podría llegar a confirmarse si este retroceso, es decir si del rechazo al aprendizaje de la paz y el giro favorable al aprendizaje de la violencia se reflejaran también en lo programático oficial, algo así como que las FARC-EP renunciara a su (en todo caso vaga) idea de una etapa estratégica intermedia. Pero este no es el caso. Entonces queda como solución de la paradoja mencionada, la constatación de que a la guerrilla no le han importado la consistencia de su modelo (de aprendizaje) y la adecuación de su “aprendizaje organizacional” al aprendizaje mediante la “Historia como argumento”. Este es tal vez el argumento más manejable pues a ella puede no haberle importado la consistencia de su modelo de aprendizaje. Es cierto que aprender es intencional porque la brecha entre las expectativas de la actuación y los resultados de ella, o sea, entre la (faltante) capacidad organizativa y el cambio del entorno (que está sucediendo) solo se puede superar intencionalmente. Sin embargo, esto no significa que la consistencia del modelo total de aprendizaje sea intencional también. En las FARC-EP este modelo se reveló como inconsistente solo cuando entraron en una fase de declive político-militar. Al llegar a este punto, el viejo modelo del marxismo-leninismo, así, precisamente consistente en su ortodoxia dejó de ser practicable. Cuando adecuaron este modelo a las cambiantes condiciones del contexto lo hicieron adecuando las figuras históricas de Bolívar y Santander que eran inadecuadas para ello y terminaron dañando la consistencia del modelo total. ]:8_

Las conversaciones de paz de 2012 y 2013 en Oslo y La Habana se sitúan precisamente aquí, en el campo de tensión entre legitimación de los viejo y adecuación a lo nuevo. Su desenlace por eso es inseguro. Un cambio fundamental de la sociedad colombiana como resultado de compromiso de las negociaciones no se puede esperar si previamente los adversarios no han desarrollado un proceso double loop-learning de la paz que sea innovativo y que cambie las preferencias. Hacer pronósticos es difícil especialmente cuando se refieren al futuro, dijo alguna vez Mark Twain. Sin embargo se puede arriesgar aquí un pronóstico, a pesar de que en este artículo se favoreciera el error: si estas negociaciones van a tener un éxito –y eso sería lo deseable- lo serán entonces según el modelo del M-19 y no del FMLN. Eso significa que las negociaciones terminarían sin la fijación contractual de una transformación fundamental de la sociedad colombiana, porque aquellas no han sido preparadas a través de un double loop-learning. Se podría entonces decir que las FARC-EP fueron una guerrilla que quiso cambiar sustancialmente a Colombia pero que no lo pudo hacer, no tanto porque no podía triunfar sino porque ella, cuando era el tiempo justo, no fue capaz de un proceso de double loop en el aprendizaje de paz. BIBLIOGRAFÍA

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EL MULTICULTURALISMO EN CUESTION: REFLEXIONES ALREDEDOR DEL CASO AFROCOLOMBIANO

Andrés Arley Salazar Salazar

Andrés Arley Salazar Salazar*

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EL MULTICULTURALISMO EN CUESTION: REFLEXIONES ALREDEDOR DEL CASO AFROCOLOMBIANO

RESUMEN El artículo se cuestiona sobre las razones que han generado la perdida de espacios de visibilidad y representación política de los afrocolombianos como grupo étnico, en un país que se reconoce como multicultural. Ofrecemos aquí una respuesta tentativa que cuestiona el multiculturalismo colombiano a través de la articulación de tres elementos explicativos: 1) la fragilidad del Movimiento Afrocolombiano como actor político; 2) la problemática definición esencializadora de la identidad étnica afrocolombiana y su instrumentalización política y; 3) los límites del multiculturalismo frente al complejo caso afrocolombiano. Terminamos con una crítica al multiculturalismo colombiano y una consideración sobre cuál es el reto a enfrentar actualmente. Palabras clave: Multiculturalismo, Movimiento Afrocolombiano, identidad, etnicidad.

MULTICULTURALISM IN QUESTION: THOUGHTS AROUND THE AFRO COLOMBIAN CASE SUMMARY This paper seeks to address the reasons which have generated the lost of visibility and political representation of Afro-Colombians as an ethnic group, in a country which sees itself as being multicultural. Here we offer a tentative answer that questions the Colombian multiculturalism by the articulation of three explanatory elements: 1) the Afro-Colombian movement’s fragility as a political actor; 2) the problematic essentialist definition of the afroColombian ethnic identity and its political use and; 3) the limits of the multiculturalism model when confronted with the complex Afro-Colombian case. We conclude with a criticism of the Colombian multiculturalism model and a consideration about what its present challenge is. Keywords: Multiculturalism, Afro-Colombian Movement, identity, ethnicity.

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Fecha de Recepción: 12/11/2013 Fecha de Aprobación: 15/03/2013

* Politólogo de la Universidad del Cauca, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia y Magister en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. Email: andresar_salazar@hotmail.com

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INTRODUCCIÓN En los últimos tres años se ha hecho evidente la pérdida de espacios de visibilidad y representación política para las comunidades afrocolombianas. Un informe de Naciones Unidas señala las notables desventajas socioeconómicas que enfrenta la población afrocolombiana con relación al resto de la población (UNDP, 2010: 8); mientras que otro informe, del Ministerio de Cultura y la Universidad de los Andes, sugiere que los líderes afrocolombianos no han sido capaces de promover acciones que superen la desigualdad que padece la población que representan (2009: 13). Lo anterior, no deja de ser inquietante en un país que desde 1991 se ha reconocido como pluriétnico y multicultural, obligándolo a adoptar políticas encaminadas al respeto, protección y promoción de su diversidad1. Pareciera entonces que dichas políticas no se corresponden con las necesidades de la población afrocolombiana. Esto nos lleva a cuestionarnos sobre las razones que han generado la perdida de dichos espacios, a pesar de la existencia de un proyecto multicultural. Encontrar estas razones no es tarea fácil, mucho menos ante una abundante y compleja diversidad étnica. Sin embargo, queremos proponer aquí tres elementos que, en su conjunto, ofrecen una respuesta tentativa que pone en cuestión el multiculturalismo colombiano.

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En primer lugar, nos referiremos al Movimiento Afrocolombiano. En este punto intentaremos demostrar como la coyuntura constitucional colombiana de 1991 impactó la experiencia organizativa de las comunidades afros y como estas a su vez aprovecharon la apertura institucional que aquella representaba para emerger como actor político. Este proceso de disputas y mediaciones no fue fácil en un contexto político cambiante, lo cual fue determinante para la reconfiguración de las relaciones sociales. En segundo lugar, abordaremos el concepto de identidad étnica. Aquí nos centraremos en su utilización e instrumentalización política por los actores concernidos, teniendo en cuenta que justamente su construcción ha sido tanto procesual como esencialista, dando como resultado una interpretación particular de la identidad étnica bajo la cual se han establecido las políticas de reconocimiento del multiculturalismo colombiano. Esta interpretación ha terminado por resultar problemática para la comprensión de la realidad étnica colombiana. El tercer elemento en cuestión realizará una aproximación al multiculturalismo. Se tomará como punto de partida el debate teórico - político entre liberales y comunitaristas y como el caso del Movimiento Afrocolombiano plantea interesantes desafíos y evidencia los límites actuales del multiculturalismo frente a identidades étnicas complejas. En este punto se tomarán como referencia algunos elementos de los planteamientos de Will Kymlicka y Charles Taylor, planteamientos teóricos que han influido notablemente en la discusión. Por último, el análisis de estos tres factores dejará abierta, a modo de conclusión, una reflexión sobre el rumbo del multiculturalismo colombiano, desde el replanteamiento de conceptos básicos,

Para el caso afrocolombiano encontramos la Ley 70 de 1993 y el Decreto 2249 de 1995. Ambos instrumentos jurídicos desarrollan mecanismos de reconocimiento, protección y promoción de las comunidades afrocolombianas como grupo étnico. Así podemos encontrar por ejemplo el derecho de la propiedad colectiva de la tierra, la creación de la cátedra de estudios afrocolombianos, la circunscri pción especial que otorga dos espacios en la Cámara de Representantes, la creación de la Dirección de asuntos para las comunidades negras en el Ministerio de Gobierno (hoy del interior y justicia), entre otros.

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la necesidad de repensar nuestra plurietnicidad nacional y la consideración sobre cuál es el reto a enfrentar actualmente en vista de promover un diálogo intercultural. MOVIMIENTO AFROCOLOMBIANO: UN ACTOR POLÍTICO EMERGENTE Los años ochenta y noventa del siglo XX se constituyeron en un periodo de llamativas reformas constitucionales, de relativa intensidad, en América Latina. Uno de sus puntos característicos fue la adopción del multiculturalismo, en el sentido de reconocer institucionalmente la diversidad cultural y étnica que integra las naciones de la región, impulsadas por las reivindicaciones colectivas de la diferencia y de la identidad lideradas por grupos heterogéneos, entre ellos los indígenas y afrodescendientes. Estas décadas se constituyeron así en un momento relevante porque representó la posibilidad de participación de grupos en tanto sujetos colectivos, hasta el momento excluidos, en la definición de acuerdos políticos a nivel regional. Colombia no fue ajena a este escenario regional de transformaciones y aunque en cada caso las nuevas constituciones fueron el resultado de profundas crisis estructurales, su punto articulador fue el quiebre, al menos simbólico, con un ideal de nación culturalmente homogénea y unitaria, sustentado bajo los principios igualitarios y universalistas del liberalismo. En efecto, la constitución colombiana fue el resultado de un acuerdo elaborado por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) donde participaron actores sociales antes excluidos e invisibilizados de los espacios de decisión política. Este fue el caso de los indígenas, los cuales tuvieron dos representantes: Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry, quienes impulsaron en la nueva Constitución los espacios de participación política para las minorías étnicas, así como el carácter pluriétnico y multicultural de la nación2. Igualmente, 19 de los constituyentes elegidos pertenecían a la Alianza Democrática M-19, cuyo origen tenía lugar en el recién desmovilizado grupo guerrillero del mismo nombre. Uno de ellos, Antonio Navarro Wolf, presidió la ANC.

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La Constitución de 1991 puede interpretarse, desde este escenario, como el inicio de un proceso social y político, que desborda las dimensiones jurídicas e institucionales, de recomposición de la relaciones entre Estado y Sociedad Civil. Esto significó la apertura del sistema político a nuevos actores que vieron en ella la oportunidad de reivindicar sus intereses colectivos. Sin embargo, esta oportunidad no se tradujo en un cambio automático de las condiciones objetivas en que se encontraban los grupos étnicos, ni mucho menos en una transformación inmediata de las prácticas discriminatorias de la cultura hegemónica. La oportunidad que brindó la apertura del sistema político a través de la construcción de una nueva constitución se tradujo en un intenso proceso de negociación, donde los nuevos actores políticos proponían la construcción de una nueva membresía a la comunidad política nacional desde la diferencia, una ciudadanía que respetara y valorara la identidad colectiva de los grupos étnicos. Es en este escenario de apertura política que emerge el Movimiento Afrocolombiano como actor. Las organizaciones afrocolombianas vieron en la nueva constitución las condiciones adecuadas que, sumadas a su experiencia organizativa, brindaban la oportunidad de hacer valer sus intereses colectivos con altas expectativas de éxito. De esta manera su aparición en el escenario político, 2

Quizás el reflejo más llamativo de esto sean los artículos que hacen mención tácita a la diversidad cultural. Ponemos aquí dos ejemplos, artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; articulo 8: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. Así siguen artículos como el 10, 13, el 63, el 68, el 286, entre otros.

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en este momento, no fue coincidencia, anterior a la creación de la Constitución de 1991 ya existía un proceso organizativo afrocolombiano. Dicho esto, aunque no es nuestro interés aquí realizar un recuento exhaustivo de los antecedentes del movimiento afrocolombiano y su camino durante el proceso constitucional, es necesario mencionar brevemente algunos aspectos claves para la comprensión de los logros y limitaciones posteriores a la Constitución. Es difícil señalar con exactitud el origen de las experiencias organizativas de las comunidades afrocolombianas, debido a su disímil recorrido histórico en el país. Pese a esta dificultad, podríamos decir que las primeras expresiones organizativas visibles se remontan a fines de la década de los 70’s. Estas se dieron en un clima internacional marcado por las acciones colectivas que desarrollaba el movimiento por los derechos civiles de los afro-estadounidenses y proceso de descolonización africano (Agudelo, 2005: 172), así como por la aparición a nivel nacional de estudios e investigaciones, principalmente desde la antropología, que se orientaban a la cultura afrocolombiana 3.

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De lo anterior, podemos nombrar aquí algunas organizaciones como: el Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Negra, CIDCUN, (1975); el Círculo de Estudios Soweto (1976), que luego se convirtió en el «Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Negras en Colombia - Cimarrón» encabezado por Juan de Dios Mosquera; la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas, el Centro de Estudios Afrocolombianos, dirigidos por Manuel Zapata Olivella y el Centro de Estudios Franz Fanon, dirigido por Sancy Mosquera (Agudelo, 2005: 172). También es de destacar la creación, en 1979, de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), organización campesina afrocolombiana cuya reivindicación fundamental era el reconocimiento de la propiedad colectiva del territorio que habitan y donde desarrollan sus actividades productivas, las cuales reivindicaban como ecológicamente apropiadas y en correspondencia con una tradición cultural propia en tanto que grupo de ascendencia africana. La ACIA constituía así, por primera vez en Colombia, la definición de la población afrocolombiana como grupo étnico (Restrepo, 2005: 144). Fueron estas organizaciones, entre otras, las que sentaron los precedentes a nivel nacional de lo que sería el Movimiento Afrocolombiano, que hasta ese momento no era más que un puñado de organizaciones locales, con intereses particulares y desarticuladas entre sí. En otras palabras, las comunidades afrocolombianas se encontraban en un proceso de etnización (Restrepo, 2005: 143), de construcción de una frontera social que los diferenciaba de otros grupos sociales, de una identidad colectiva que buscaba ser reconocida, más que en un proceso de consolidación de un Movimiento Social con los recursos necesarios para hacer frente a las disputas y mediaciones políticas que debían enfrentar más adelante. Con estos precedentes organizativos llega otro de los aspectos a resaltar, el periodo constitucional a inicio de la década de los 90’s. Este periodo termina por convertirse en un catalizador organizativo del Movimiento Afrocolombiano, lo que significa que justamente durante este momento podemos hablar propiamente de un movimiento social. La afirmación anterior se sustenta en la conceptualización de la teoría de los movimientos sociales, haciendo especial énfasis en el componente organizacional de estos. No desconocemos, como ya lo

Para una revisión bibliográfica de la producción académica sobre los afrocolombianos ver: Eduardo Restrepo (2008).

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hemos mencionado, la existencia de experiencias organizativas de la comunidad afrocolombiana previas al proceso constitucional. Sin embargo, estas organizaciones no alcanzan el carácter de Movimiento Social sino una vez se articulan definiendo metas comunes, priorizando estrategias de acción colectiva, disponiendo de mecanismos de movilización de recursos, contando con líderes permanentes, entre otros, que permitan el logro de los objetivos planteados. Lo anterior significa que el Movimiento Afrocolombiano, como movimiento social, no puede existir sin que exista una organización previa (Bonamusa, 1994: 65). Con esto, asumimos que un movimiento social puede ser definido como una colectividad de actores que se organizan para alcanzar sus objetivos comunes, a través de un proceso de mediación con otros actores que, en palabras de Tarrow (1997), pueden ser antagónicos o aliados influyentes.

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En esta definición designamos no solo individuos sino también grupos de protesta que usualmente no se constituyen en movimientos sociales (Opp, 2009: 40). Con esto queremos decir que un grupo de protesta, si bien es una colectividad de actores con objetivos comunes, este busca alcanzar sus metas influenciando las decisiones de terceros. Por el contrario un Movimiento Social si bien comparte las mismas características de un grupo de protesta, se diferencia a su vez porque busca alcanzar sus metas a través de la negociación directa en el escenario político de toma de decisiones4. De esta manera la diferencia entre grupos de protesta y movimientos sociales no se definiría únicamente por su grado formal de organización y su tamaño, dos elementos muy discutidos en la teoría de los movimientos sociales (Opp, 2009: 41), sino también por su modo de operación. Siguiendo esta línea argumentativa, podríamos afirmar que el salto cualitativo de organizaciones locales a un Movimiento Social Afrocolombiano se dio justamente gracias a la confluencia de dos elementos: (1) las experiencias organizativas previas de las comunidades afrocolombianas que le permitieron al Movimiento contar con los recursos suficientes que, incentivados por (2) la apertura de la estructura de oportunidades políticas, elevaron las expectativas de éxito respecto de la reivindicación de sus demandas de reconocimiento, en un plano de disputas y mediaciones con los otros actores políticos en juego.

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Dicho lo anterior, la etapa constitucional fue un momento de cohesión de las organizaciones de base del Movimiento Afrocolombiano. El trabajo alrededor de la nueva constitución, que consistió en la creación de espacios de encuentro, discusión y coordinación entre las diferentes organizaciones locales y regionales, permitió la definición de intereses y metas comunes con el objetivo de aprovechar un espacio político antes vedado para los grupos sociales con un status “minoritario”. Un ejemplo de esto se dio durante la convocatoria para la elección de los miembros de la ANC. En julio de 1990, en Cali, se crea la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras (CNCN), un espacio donde confluyó diversidad de actores y que pretendía ser un mecanismo de cohesión y centralización de los proyectos y propuestas de las diferentes organizaciones y de la población afrocolombiana. A pesar del gran paso que supuso la creación de la CNCN para la consolidación de un Movimiento Afrocolombiano, esto no se tradujo en un favorable resultado electoral. Ninguno de los candidatos afrocolombianos se destacaba lo suficiente para unir en torno a él al electorado afro, lo cual los 4

Aunque no hacemos referencia a los avances teóricos del campo de los movimientos sociales, el concepto propuesto aquí parte de las herramientas brindadas princi palmente en los trabajos de: McCarthy y Zald (1977), Sidney Tarrow (1994) y Doug McAdam, Charles Tilly y Sidney Tarrow (2005). Sin embargo, aclaramos que no nos restringimos exclusivamente a una de ellas.

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dejó por fuera de la ANC. La inexperiencia frente al uso de espacios políticos de representación, nuevos para ellos, los llevó a profundas disputas al interior del movimiento sobre cómo y quienes debían aprovechar estos espacios, además de tener que enfrentarse a las prácticas partidistas tradicionales a las cuales los afrocolombianos estaban, o están, estrechamente vinculados por su histórica filiación partidista liberal. La posibilidad de participar en la ANC se presentó entonces de manera indirecta. Fue el constituyente indígena Francisco Rojas Birry, apoyado por organizaciones afrocolombianas del Chocó y contando además con afrocolombianos entre sus asesores, quien sirvió de mediador y aliado para la representación de los intereses de las poblaciones negras del Chocó (Hurtado, 2000: 35). No obstante el fracaso electoral en la ANC, la dinámica organizativa afrocolombiana se volvió más intensa. El repertorio de la acción colectiva de la CNCN, se basó en mesas de discusión, participación y organización de reuniones, acciones de presión como el llamado “telegrama negro5” y la ocupación de la catedral de Quibdó y de la embajada de Haití por integrantes de las organizaciones. Estas acciones buscaban principalmente la exigencia del derecho al territorio para las poblaciones negras del Pacífico, tomando como ejemplo la organización indígena chocoana debido a la influencia que en las relaciones interétnicas ejercían los indígenas que vivían en el mismo territorio chocoano que los afrocolombianos.

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El resultado de esta dinámica organizativa dio como resultado la inclusión del artículo transitorio 55. Este artículo obligaba a la creación de una ley que reconociera a las comunidades negras como grupo étnico, estableciendo así mecanismos de protección. Ley que en 1993 sería promulgada como la Ley 70. A pesar de este logro constitucional, las diferencias internas seguían pesando. Así pues, las discusiones alrededor de la Ley 70, sobre cómo debían ser reconocidos y protegidos los afrocolombianos causaron una irreparable fractura en la CNCN. La división de la CNCN se dio en dos grandes bloques: el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y las organizaciones chocoanas. Esta fractura reflejaba las diferencias entre las organizaciones, principalmente entre las de Buenaventura (pacífico sur: Nariño, Cauca y Valle) y las de Quibdó (Chocó), acerca de quienes debían representar el Movimiento y cuales debían ser las estrategias de lucha (Hurtado, 2001: 98). Evidentemente, la falta de acuerdo perjudicó un mayor alcance de las reivindicaciones identitarias, privilegiando finalmente la titulación colectiva de territorios afrocolombianos para regiones del pacífico chocoano, demostrando así la fortaleza de las organizaciones rurales de esta región. Los aspectos mencionados anteriormente, podrían interpretarse en dos sentidos, como un avance significativo del Movimiento Afrocolombiano en la defensa, respeto y protección de su diferencia cultural, y como su declive en un contexto político que cambiaba. La división de la CNCN afectó su capacidad negociadora frente al Estado y en el reacomodo de las relaciones de poder salieron desfavorecidos, cerrándose así la estructura de oportunidad una vez creada la nueva constitución.

A través de este mecanismo se pedía a toda la población nacional que dirigiera telegramas a la ANC pidiendo « la inclusión de los negros, como realidad étnica, dentro de la reforma constitucional » (llegaron 25.000).

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Sin duda el interés común que cohesionó las diversas organizaciones afrocolombianas fue el ser reconocidas como grupo étnico. Sin embargo, nunca hubo acuerdo al profundizar sobre el cómo debían ser reconocidos, lo cual generó una desarticulación de las organizaciones de base del Movimiento, retornando así a la priorización de sus metas particulares, a nivel territorial, en un nuevo marco institucional que ofrecía a primera vista condiciones más ventajosas para sus posibilidades de éxito a nivel micro. Esta fractura interna del Movimiento evidencia dos elementos: las organizaciones de base afrocolombianas contaban con la capacidad para generar sus propios recursos y mantener sus actividades de protesta a nivel regional y local, especialmente las organizaciones del Chocó; en un Movimiento cuyo componente organizacional se caracterizaba por su descentralización, es decir, con múltiples centros de poder donde el liderazgo se desarrollaba a nivel local, no se tenía una clara división del trabajo y primaba el peso e influencia de las organizaciones locales en la mesa de trabajo. Lo que en un contexto político de apertura institucional fue su fortaleza, se convirtió en su debilidad cuando dicho contexto se cerró.

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La ausencia de un Movimiento que, posterior a la etapa constitucional, mantuviera la defensa de unos intereses comunes a nivel nacional y canalizara sus acciones colectivas jugó en detrimento de su visibilidad política. Un ejemplo claro de ello es la circunscripción electoral especial para los afrocolombianos, uno de los pilares del multiculturalismo colombiano. La circunscripción especial fruto de la ley 70, en materia de derechos políticos, fue concebida como un mecanismo que garantiza la representación política de las minorías étnicas, quizá el único con acceso directo al principal escenario de toma de decisiones políticas: el congreso. Quisiéramos abordar aquí brevemente este tema. ];9_ A pesar de las buenas intenciones de la circunscripción, esta no ha tenido un verdadero peso político, la presencia de afrocolombianos no ha necesariamente significado su representatividad. En las primeras elecciones, en 1994, de la circunscripción especial se presentaron 12 candidatos, con un total de 131.207 votos. Los elegidos en esa ocasión fueron Zulia Mena García, con 39.109 votos, equivalentes al 30% del total de la votación por la circunscripción especial, líder de la Organización de Barrios Populares de Quibdó (OBAPO) y Agustín Valencia, con 13.935 votos, abogado y profesor universitario chocoano radicado en la ciudad de Cali, ambos líderes pertenecientes a organizaciones del pacífico colombiano. A pesar de ser la primera vez que se aplicaba esta herramienta y el interés que podría suscitar su novedad, sus resultados dejaron mucho que desear. Si revisamos las cifras tan solo en el pacífico, donde podríamos suponer que se daría la más alta participación electoral dada la fortaleza de las organizaciones comunitarias, el 12% del electorado votó por los candidatos de las comunidades negras, mientras el 88% lo hizo mayoritariamente por candidatos del partido liberal6, tendencia histórica que les ha permitido la participación en el congreso por circunscripción ordinaria desde muchos años antes e incluso la dirección misma de este partido en alguna ocasión. En general, las elecciones seguían representando para los afrocolombianos, formas de intercambio de bienes inmediatos, lejos del compromiso étnico que pudieran representar. Además el total de la votación contrasta con los resultados que podrían esperarse de un espacio político propio, para 6

Hay que tener en cuenta que en la circunscri pción especial de comunidades negras, como en la de los indígenas, pueden partici par como electores la totalidad de colombianos en condiciones de votar, pertenezcan o no a algún grupo étnico.

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una población que según el último censo realizado cuenta con un poco más de 4 millones, es decir el 10%, de la población colombiana (DANE, 2006: 34). Sumado a lo anterior, la circunscripción fue suspendida, en 1996, por la Corte Constitucional debido a vicios de forma, por un periodo de 4 años (1998-2002), reactivándose de nuevo en el 2002. Era claro que la circunscripción especial no había ganado la legitimidad necesaria como espacio de representatividad. La pérdida de este espacio político, el más importante a nivel nacional, reflejó la indiferencia afrocolombiana. Si la circunscripción hubiera tenido un fuerte significado de representación política entre las organizaciones afrocolombianas estas seguramente se hubieran movilizado en defensa de su espacio político, como sucedió durante el proceso constitucional, pero no fue así (Agudelo, 2000: 123). Con la reactivación en 2002 de la circunscripción especial las cosas no cambiaron, incluso podríamos decir que se agravaron. En esta ocasión se presentaron 21 candidatos, casi el doble de los candidatos presentados en 1994, quienes alcanzaron un total de 154.320 votos, lo que significó un aumento de un poco más de 20.000 votos en el total nacional de la circunscripción con relación a la elección de 1994. Los electos fueron María Isabel Urrutia con 40.968 votos y Wellington Ortiz con 30.926 votos, ambos personas reconocidas en el ámbito deportivo más no como líderes comprometidos con la causa afrocolombiana. Lo anterior evidencia un proceso de deterioro y marginación del discurso político, frente al estereotipo asociado al afrocolombiano, así como un electorado indiferente frente a la dimensión identitaria7.

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Para 2006 el panorama no fue diferente, teniendo en cuenta la reforma política de 2003 donde se impulsa el sistema de lista única por partido y voto preferente, se presentaron 29 listas de candidatos con un total de 187.455 votos. Urrutia, con 7.700 votos, fue reelegida junto con Silfredo Morales, con 3.100 votos, las listas de ambos apenas alcanzaron más de 10.000 votos, un 5% del total de la votación, lo cual muestra una reducción sustancial de votos en los dos candidatos elegidos, en comparación con las elecciones de 2002. Lógicamente la relación listas de candidatos – votos es inversamente proporcional, entre más listas de candidatos en disputa menos votos obtenidos, además el aumento de la votación total por la circunscripción se ve jalonado no por un criterio étnico que lleva a las comunidades afro a las urnas, sino más bien por una cantidad mayor de candidatos que traen sus maquinarias electorales con ellos. A este punto resulta ya evidente la ausencia de un liderazgo afrocolombiano que canalice los objetivos de las organizaciones y un “voto étnico” transformado en atractivo electoral para aspirantes ajenos a la dinámica de las organizaciones afrocolombianas. Así, las elecciones de 2010 son la última etapa de un proceso de deterioro. En estas se presentaron 67 listas con 170 candidatos, es decir 85 por curul, que disputaron un poco más de 400.000 votos, más del doble de la votación total obtenida en 2006, lo cual no sorprende con la cantidad de candidatos en disputa. Los electos: Yahir Acuña y Heriberto Arrechea, ambos congresistas alejados del Movimiento Afrocolombiano y sus intereses, criticados por ser cuotas de personajes controvertidos en el escenario político colombiano como lo son Enilse López “La gata” en Sucre y Juan Carlos Martínez en el Valle respectivamente (Mera, 2010: 2). Las explicaciones a este fenómeno encuentran un lugar común en dos elementos. Por una parte, la facilidad de obtener el reconocimiento por parte de la Dirección de Asuntos Afrocolombianos 7

Un interesante trabajo alrededor de estas elecciones y la cuestión étnica es el de Elisabeth Cunin (2003).

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del Ministerio del Interior, entidad responsable de avalar las organizaciones que pueden competir en los comicios y; por otra, el atractivo que representa para muchos candidatos “no-afros” ganar una curul con un número de votos inferior al de la circunscripción ordinaria. Sin embargo, más allá de estos dos elementos existen otros que aportan luz a este fenómeno. Evidentemente tampoco se puede dejar por fuera, como variables explicativas, el impacto del conflicto armado, debido a que los territorios donde se encuentran la mayoría de habitantes afrocolombianos son territorios estratégicos donde se llevan a cabo frecuentes enfrentamientos armados que han llevado al desplazamiento de las comunidades y la amenaza a sus líderes, así como un fuerte control electoral por parte de los grupos armados, tal es el caso de los Departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Sin contar además con el bajo nivel educativo y las miserables condiciones de vida en que se encuentra la población afrocolombiana en muchos de estos territorios. La crisis del Movimiento Afrocolombiano sumado a los elementos mostrados arriba explica el fracaso de la representación política afro. En un número reciente de la Revista Análisis Político, Yann Basset analiza las circunscripciones especiales y propone un debate al respecto de su pertinencia como instituciones representativas de la diferencia, cuando aborda el caso de la circunscripción especial afrocolombiana encuentra que el problema radica en un conflicto acerca de la existencia misma de un Movimiento Social Afrocolombiano representado por una minoría claramente delimitada y consciente. Así el Movimiento Afrocolombiano se encuentra atravesado por tensiones en cuanto a la misma definición del público a representar (Basset, 2011: 55). Con esto la eficacia de la circunscripción especial y el sentido de representación étnica inherente al mecanismo cuestiona la fortaleza y cohesión del Movimiento, en un contexto político donde las elites ya se han reacomodado cerrando los espacios de oportunidad que incentivarían nuevas acciones colectivas de las organizaciones afrocolombianas. Es aquí donde la identidad étnica y su instrumentalización política adquiere relevancia.

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LA IDENTIDAD ÉTNICA AFROCOLOMBIANA EN TENSIÓN Aunque la debilidad del Movimiento Afrocolombiano es un elemento explicativo importante alrededor de la cuestión sobre la perdida de espacios de visibilidad y representación política, por si solo no es suficiente para hallar una respuesta satisfactoria. Por esta razón introducimos aquí como un nuevo elemento de reflexión la identidad étnica, buscando complementar la aproximación previamente realizada. Existe una amplia literatura así como interpretaciones alrededor del concepto de identidad, las cuales tienen como punto de convergencia su construcción alrededor de un proceso relacional o de interacción donde se establece una frontera simbólica entre un “nosotros” y un “ellos”. Proceso que la sociología ha definido como el interaccionismo simbólico, término que se refiere a la manera en la cual las relaciones sociales, a través de sistemas simbólicos compartidos, forjan la conciencia que el individuo tiene de sí mismo (Halpern, 2009: 9). La identidad es entonces una interpretación que opera en dos sentidos, por un lado es la definición que hacemos de nosotros mismos, de quienes somos y cuáles son nuestras características definitorias propias fundamentales (Taylor, 1993: 43), y por el otro es también la interpretación que los demás, los “otros”, hacen de “nosotros”, lo que establece por consiguiente una identificación y una diferencia. En efecto, el rasgo decisivo de la vida humana es su carácter fundamentalmente dialógico, es análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 91 - 110

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decir, somos capaces de comprendernos a nosotros mismos y definir nuestra identidad mediante la adquisición de formas de expresión, lenguaje en el sentido más flexible, que adquirimos de nuestro intercambio con los demás (Taylor, 1993: 53). Siguiendo el argumento anterior, la identidad si bien parte como un proceso de interpretación individual este siempre va a estar inscrito dentro de un contexto determinado, en el cual se van a hallar identificaciones o características comunes con un grupo y diferencias con otros; identificaciones que van a construir un horizonte de sentido desde el cual se definen los propósitos de vida buena, es decir, el individuo no puede comprenderse como tal abstraído del marco desde el cual se construye dicho horizonte y dichos propósitos, o sea, la comunidad. Es aquí donde emprendemos un proceso de diálogo en donde adquirimos lenguajes comunes, fines colectivos y una concepción del bien compartida, la comunidad es la que establece esos marcos referenciales ineludibles que determinan nuestra postura acerca de lo que es el bien, o lo valioso (Taylor, 1993: 43).

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Desde esta concepción que aquí proponemos, podemos establecer un puente con el concepto de etnicidad, basándonos principalmente en los aportes que Frederik Barth hizo, los cuales representan un punto de quiebre definitivo con las definiciones esencialistas o culturalistas que dominaron gran parte del siglo XX. Barth afirma que los grupos étnicos son identificables por las fronteras que los separan de los otros grupos y no por el contenido cultural específico del grupo, por lo tanto estas fronteras son flexibles en tanto que son construidas socialmente. Los elementos que definen la identidad étnica, no son precisamente una “nebulosa” expresión de la cultura, que corre el riesgo de ser folclorizada, es una característica de la organización social de la diferencia cultural (Etxeberria, 1997: 83), basada en los roles, comportamientos y valores sociales que utilizan los miembros de un grupo étnico, para diferenciarse de los demás. La etnicidad entendida así no es un concepto ahistórico, abstracto y esencialista, que dependa del aislamiento social y geográfico para la conservación de la diversidad cultural (Barth, 1976: 9). A pesar de los aportes que ofrece Barth a la etnicidad, definir un grupo étnico en relación a las fronteras que se establecen con sus vecinos podría resultar reductor. La identidad colectiva que construyen los grupos étnicos se definen no solamente por relación a una alteridad desde afuera, sino también, por relación a una alteridad desde adentro. Esto significa considerar el punto de vista del sujeto de estudio, es decir, la opinión que los miembros del grupo étnico tienen sobre lo que son y lo que no son. Es pues la composición de estos dos elementos, la construcción social de una frontera y la definición que los sujetos hacen sobre si mismos, lo que brinda una aproximación pertinente. Lo anterior nos lleva a ser muy cuidadosos respecto al juicio que se haga del rol de la cultura en la definición étnica, pues si bien no es el único elemento definitorio tampoco se puede considerar un recurso inerte, ignorando los afectos, las normas y los valores transmitidos en el marco de un proceso de socialización que el individuo incorpora en el seno de su comunidad. Por lo tanto, un análisis sobre la etnicidad no puede negar que los miembros de un grupo étnico pueden llegar a considerarse portadores de una esencia cultural, de una virtud ideológica que motiva su pertenencia y su acción. Negar este aspecto sería negar el sentido del cual dota la comunidad a los fines del individuo, es decir el carácter fundamentalmente dialógico de la vida humana, de la cual se vale la construcción de la identidad. La etnicidad entonces podría ser definida, según lo anterior, como un proceso de construcción interna del grupo que, por medio de la interacción social, comparte las experiencias resultantes

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de este proceso con otros, lo cual termina por constituir su identidad étnica particular y, es precisamente desde ellas que se establecen las fronteras que lo constituyen como un grupo étnico. Las fronteras étnicas pueden ser, desde esta aproximación, porosas sin que ello afecte la integridad de los grupos en contacto. Si pensamos entonces la identidad afrocolombiana desde esta definición, la cuestión se vuelve bastante compleja a causa de los procesos históricos, dialógicamente heterogéneos, que han experimentado los afrocolombianos. Así empíricamente se puede constatar que la identidad afrocolombiana esta cruzada por estrategias de inclusión y exclusión que se desarrollan tanto en espacios urbanos como rurales. Podemos decir entonces que un grupo étnico que comparta unas mismas ideas y valores, puestos frente a las diferentes oportunidades ofrecidas por un medio que cambia de región a región, se verían obligados a adoptar distintos patrones de existencia y a institucionalizar diferentes formas de conducta, como estrategia de adaptación y sobrevivencia. Igualmente, no nos debe sorprender que estratégicamente un grupo étnico, disperso en un territorio con circunstancias contextuales variables, asuma una “única” adscripción identitaria que los distingue frente a otros como grupo, sin reflejar las diferencias que se desarrollan en su interior (Barth, 1976: 14). Esto sin embargo, es un aspecto del proceso extremamente complejo, donde es necesario precisar el nivel de referencia que se busca explorar, ya que los actores sociales no se identifican por relación a una categoría de atribución única, sino que se ponen en juego varias según las circunstancias. Ante este panorama, ¿cómo podríamos definir la identidad étnica afrocolombiana? ¿Cuáles son las características que comparten como grupo étnico una población dispersa por todo el territorio colombiano? Son preguntas que constituyen el núcleo de las críticas a la forma en que es reconocida la población afrocolombiana. Críticas que tienen como eje articulador el evidente “pacificocentrismo” o “ruralización” con el cual es definida la identidad afrocolombiana, haciendo alusión a las comunidades rurales que habitan las riberas de los ríos del pacífico colombiano (Agudelo, 2004: 179 y Restrepo, 2005: 135).

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No ponemos en duda aquí ni la existencia ni la legitimidad de una identidad étnica afrocolombiana, lo que ponemos en duda es su homogeneidad y esencialismo cultural, características bajo las cuales se ha interpretado en el multiculturalismo colombiano. Este cuestionamiento nos permite reflexionar sobre el contenido político de la identidad. En el contexto de las sociedades complejas actuales donde el reconocimiento de la diferencia ha venido adquiriendo relevancia, la identidad cobra importancia como instrumento reivindicativo en un escenario de profunda desigualdad social. En este tipo de contextos la etnicidad se convierte en referente para acceder a espacios de reconocimiento y protección de grupos históricamente marginados de los procesos políticos desde los cuales se toman las decisiones respecto de la justicia social. Desde dicha argumentación podríamos hablar entonces de la instrumentalización política de la identidad. En resumen, la identidad étnica es la composición de tres procesos entrelazados: uno relacional interno donde se elaboran los condicionamientos culturales, es decir donde los miembros del grupos se piensan como sujeto social; un proceso interactivo donde se construyen las fronteras sociales flexibles que diferencia al grupo de otros y; uno instrumental, donde la identidad deviene un recurso al servicio de las movilizaciones colectivas del grupo en búsqueda de ventajas económicas y políticas, es decir, intereses compartidos. Ninguno de estos elementos por si solo sería suficiente para explicar la identidad étnica.

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De lo anterior, los afrocolombianos viven su identidad étnica de forma particular a través de una experiencia heterogénea de cada uno de estos procesos. Las relaciones internas entre los miembros del grupo no están exentas de tensiones y disputas, en razón de las ya mencionadas diversas trayectorias históricas que han adoptado como estrategia de supervivencia. Sin embargo, las interacciones asimétricas donde la condición de ser afrocolombiano quedaba inferiorizada frente a la supuesta superioridad de la sociedad mestiza, el carácter de subordinación y negación identitaria, sirvió de base para establecer una frontera que demarca la diferencia del sujeto étnico afrocolombiano. Justamente, este referente fronterizo sirvió en un momento dado como plataforma para reivindicar el reconocimiento que les había sido negado por siglos. Volvemos aquí al principio de este punto cuando decíamos que la identidad étnica de los afrocolombianos complementa las aproximaciones previas. A pesar de las críticas y límites de una concepción esencialista de la identidad étnica, esta permitió articular las acciones colectivas desarrolladas por el Movimiento Afrocolombiano en la búsqueda por reivindicar su diferencia como grupo étnico. Así la identidad termina por convertirse en un incentivo selectivo del Movimiento, que si bien no eliminó los conflictos y diferencias en su interior, generó que sus acciones se tradujeran en ley, en un reconocimiento formal de su existencia como comunidad diferente, marginada y excluida de la construcción nacional.

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Sin duda, al tener la identidad un carácter dialógico la interpretación esencialista de la etnicidad afrocolombiana no fue solo un mero producto del cálculo de costos y beneficios del Movimiento Afrocolombiano, como podría justificarse desde una tesis instrumentalista, más bien fue el resultado de un proceso de disputas y negociaciones tanto entre los miembros de las organizaciones afrocolombianos como con otros actores políticos. Así, la identidad colectiva es afectada tanto por el Movimiento Afrocolombiano como por el contexto, la estructura de oportunidades políticas y los demás actores políticos en juego, solo por resaltar los factores más importantes. Según lo anterior, que el Estado colombiano vea en los afrocolombianos un grupo étnico que habita en las cercanías a los ríos de la zona pacífica, que desarrollan prácticas tradicionales de producción y que tienen un vínculo estrecho con el territorio, obedece también a sus propios intereses desde los cuales establece las políticas de reconocimiento. De esta manera, la construcción identitaria alrededor del “pacifico-centrismo” y la recomposición de las relaciones entre el Estado y el Movimiento Afrocolombiano corresponden al interés del primero sobre la biodiversidad de la región pacífica colombiana, particularmente el Chocó, y el uso de sus recursos naturales. Así que la delimitación de una identidad, un territorio y unos interlocutores sería más ventajosa para el Estado en el sentido de controlar las organizaciones de base afrocolombianas asegurándose un mayor margen de maniobrabilidad y éxito en futuras negociaciones (Wade, 2004: 262). Lo único claro actualmente es que la identidad afrocolombiana supone la existencia de múltiples identidades que cohabitan en su interior. Identidades que se construyen y reconstruyen, que se adaptan a los nuevos contextos, que cambian y que hibridan. Esto, lejos de deslegitimar su “estatus” de grupo étnico, enriquece el debate político y académico alrededor del multiculturalismo, a la vez que sugiere una autorreflexión a las organizaciones afrocolombianas alrededor de cómo viven su diferencia y como se produce su identidad.

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EL MULTICULTURALISMO Y LOS LÍMITES DEL PROYECTO COLOMBIANO En primer lugar, cuando se hace referencia al término multicultural evidentemente se está haciendo una constatación, esta es que las sociedades contemporáneas son heterogéneas. Con esto, la multiculturalidad es un hecho social que pone en evidencia la presencia de varias culturas y diferentes grupos étnicos en un mismo territorio. Hecho social que se ha visto acompañado durante las últimas décadas de un crecimiento de las reivindicaciones identitarias en el escenario político. Así pues, el multiculturalismo no es más que la respuesta política a la necesidad de encontrar los medios de hacer coexistir la diferencia.

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Quizás una de las maneras más claras de presentar aquí el concepto de multiculturalismo es que este es producto del álgido debate teórico – filosófico alrededor de la diversidad cultural entre liberales y comunitaristas. Este debate se convirtió en la plataforma de pensamiento para comprender las nuevas realidades y conflictos que plantean las complejas sociedades actuales, donde la reivindicación de la diferencia planteada por los grupos “minoritarios”, evidenciaban los límites de comprensión del paradigma político liberal que ha dominado el ordenamiento de las sociedades democráticas. Así el multiculturalismo está estrechamente ligado a las políticas de la identidad, de la diferencia y del reconocimiento comprometidas en la reivindicación de las identidades colectivas y el cambio de los patrones dominantes de representación y comunicación que marginalizaban ciertos grupos en razón de su estatus “minoritario”. Si bien el debate entre liberales y comunitaristas es bastante extenso y posee abundante bibliografía, nos limitaremos aquí por motivo de nuestro interés a señalar los aspectos relevantes de la discusión en cuanto a los desafíos planteados por las reivindicaciones identitarias colectivas de los movimientos sociales que intentan constituirse en un actor político. Por lo tanto el debate abordado aquí comprenderá solo una faceta de una amplia discusión que involucra muchas otras cuestiones.

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Básicamente la crítica comunitarista hacia el liberalismo se dirige hacia dos elementos fundamentales de su propuesta política. Por una parte, al individualismo ético, es decir a la primacía de los derechos y libertades individuales sobre la vida comunitaria y los bienes colectivos. Los individuos debe ser libres de escoger y perseguir sus propias concepciones de vida buena. Lo cual reduce la vida en comunidad y el valor de los bienes sociales a su contribución al bienestar individual. Por otra parte, la critica también se dirige a lo que podríamos llamar como deontología liberal, la cual significa el valor superior de la justicia entre los ideales políticos y morales. En una sociedad compuesta por una pluralidad de individuos donde cada uno posee distintas concepciones del bien (individualismo ético) no podría ordenarse por una en particular, ya que esto significaría imponer a los demás una concepción ajena y no aceptada del bien, negando así la libertad individual de promover las propias. Por el contrario los principios que ordenan la sociedad deben estar por encima de dichas concepciones particulares, es a estos principios ordenadores a lo que los liberales llaman justo, categoría moral que precede al bien y es independiente de este (Sandel, 2000: 13). La producción de estos principios, la producción de lo justo, solo puede darse entonces a través del sujeto de la razón práctica, un sujeto capaz de tener una voluntad autónoma, lo cual significa la capacidad de ser independiente de sus inclinaciones sociales y psicológicas (Sandel, 2000: 20), capaz de anteceder a sus fines particulares, a su propia concepción del bien. “Como lo justo es anterior a lo bueno, de ese modo el sujeto es anterior a sus fines” (Sandel, 2000: 20). Desde esta argumentación el liberalismo define su idea de igualdad, como la forma de no beneficiar análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 91 - 110

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ninguna concepción del bien y que todos los individuos se encuentren en las mismas condiciones de alcanzar sus fines particulares. Para los comunitaristas, estos dos elementos se traducen en la constitución de un sujeto independiente de sus relaciones sociales, atomizado y abstraído de sus lazos comunitarios. Es a esta concepción de un “yo” individualizado anticipadamente a lo que principalmente se oponen los críticos del liberalismo. Para los comunitaristas es absolutamente imposible deshacerse de los marcos referenciales, es decir, de los horizontes dentro de los cuales vivimos nuestras vidas y que les dan sentido (Taylor, 1996: 43), estos son inherentes de la acción humana y saltarse esos límites significaría omitir lo que realmente nos constituye, lo que nos identifica. En el liberalismo se excluye entonces la posibilidad de que la constitución del yo, es decir de su identidad, pueda darse dentro del marco de una comunidad que describe al sujeto, y no simplemente a los objetos, fines o concepciones del bien. Esto significa la negación del sentido comunitario en el que se desenvuelve un individuo, pues es en la comunidad donde el individuo crea sus concepciones de vida buena y su identidad. Es en la comunidad donde se constituye en sujeto.

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Igualmente para lo comunitaristas la participación en la construcción de unos principios de justicia equitativos se da desde este vínculo comunitario, del cual no puede abstraerse o aislarse el sujeto. Los límites de lo justo no están en la capacidad del individuo de ser independiente de sus relaciones sociales, de antecederse a sus fines, los límites de lo justo está señalado por el contexto cultural y comunitario donde los sujetos crean sus fines, sus concepciones individuales o colectivas del bien y, donde se conforman los acuerdos normativos básicos que hacen posible la vida comunitaria (Taylor, 1993: 73). Se entiende entonces de la afirmación anterior, la necesidad de crear unos derechos que permitan reconocer y promover las metas colectivas de ciertos grupos que no son parte de la sociedad hegemónica. Lo cual a su vez replantea la idea de igualdad liberal, dado que como no todos los grupos e individuos se encuentran en las mismas condiciones para alcanzar sus concepciones de vida buena, es necesario otorgar cierto tipo de derechos que garanticen la posibilidad de que los grupos que se encuentran en desventaja tengan la posibilidad de lograr sus metas colectivas. Por lo tanto la privatización e invisibilización a la cual el liberalismo había relegado la diferencia es reivindicada públicamente por los comunitaristas, como principio esencial para superar las desventajas económicas, políticas y sociales que ciertos grupos de población han sufrido como consecuencia de su marginalización. Fruto de lo anterior el multiculturalismo aparece como un puente articulador en este debate, ante un escenario donde ambos proyectos políticos parecen irreconciliables. Con esto, encontramos aquí tres elementos que justificarían el multiculturalismo: 1) El reconocimiento del valor de las comunidades en la construcción de las identidades colectivas bajo la cual el sujeto se constituye; 2) La manifiesta insuficiencia de los principios liberales de las sociedades democráticas para superar la discriminación sistemática de grupos que en razón de su identidad colectiva han sido marginados del proyecto de construcción nacional, y; 3) La deuda histórica estatal, particularmente en el contexto latinoamericano, frente a ciertas comunidades que han sido sometidos a procesos de exterminio e invisibilización en razón de criterios como la raza, la religión, la cultura, etc. Desde lo anterior, pese a las diferentes interpretaciones que existen alrededor del multiculturalismo, su punto común es la necesidad de articular la protección del individuo con el reconocimiento de formas de organización colectiva. Para Kymlicka, académico que ha desarrollado una de

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las propuestas más influyentes del multiculturalismo, aún es posible justificar un modelo liberal de justicia en una sociedad multicultural, lo que implicaría incluir en esta concepción además de los derechos y libertades individuales defendidos por el liberalismo, también unos derechos diferenciados de grupo. La propuesta de Kymlicka fundamentalmente es que los Estados democráticos deben reconocer y defender los derechos fundamentales de los individuos, pero también los derechos especiales para los grupos étnicos minoritarios. En este punto Kymlicka tiene afinidad con los comunitaristas como Taylor, cuando recurre a la idea de comunidades conformadoras de sentido. Así, la autonomía individual, el contar con un rango adecuado de opciones desde las cuales escoger una concepción de vida buena, solo es posible desde el marco cultural que la comunidad ofrece.

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Según el argumento anterior la supervivencia y florecimiento de los grupos étnicos es indispensable para la libertad e igualdad de los individuos, razón por la cual el Estado debe garantizar los derechos diferenciados en función del grupo. Para esto, Kymlicka establece tres categorías: los derechos especiales de representación, los derechos de autogobierno y los derechos poliétnicos (Kymlicka, 1996:35), a través de los cuales busca atender las diferentes necesidades y reclamos de las minorías étnicas. Sin embargo, estas categorías de derechos están construidas pensando a su vez en dos tipologías de grupos, los inmigrantes voluntarios, a los cuales Kymlicka llama grupos étnicos y las minorías nacionales, las cuales se refieren a los habitantes ancestrales de un determinado territorio, como en el caso de los indígenas. En ninguna de estas dos tipologías encaja el caso afrocolombiano. Sin ahondar mucho más en este tema, la tipologización de Kymlicka nos muestra la puerta de entrada al cuestionamiento de la suficiencia de las actuales herramientas teóricas. ]327_ No obstante el esfuerzo desarrollado por Kymlicka de una aproximación liberal del multiculturalismo, este no está exento de críticas. Aunque la propuesta de Kymlicka no es la única ni definitiva forma de gestionar la diferencia en las sociedades actuales, sus categorías de derechos han sido ampliamente acogidas, como en el caso colombiano8. Sin embargo, lo que deja entrever el debate, anteriormente mencionado, y la evidente necesidad que plantea el multiculturalismo, existen algunos elementos que, al ser contrastados con la realidad afrocolombiana, son susceptibles de crítica. En este ejercicio encontramos al menos dos: - la esencialización de la identidad afrocolombiana. Los grupos que busca reconocer el multiculturalismo hoy en día son el fruto de una constante y compleja interacción, el caso afrocolombiano no es la excepción. Los procesos migratorios, sociales, políticos y culturales que han experimentado los afrocolombianos históricamente constituyen una compleja hibridación identitaria que cuestiona las políticas del reconocimiento vigentes, donde la identidad afrocolombiana devendría en “identidades” las cuales tienen diversas expresiones, producto de procesos diferenciados de construcción (Agudelo, 2004: 177). No podemos entonces realizar una analogía de las poblaciones afrocolombianas del Caribe con las del Norte del Cauca, o las de Cali y Medellín con las de Guapi y el Charco. Desde este sentido el multiculturalismo se piensa desde un punto de vista problemático de la identidad y de la cultura. 8

Podemos encontrar en el caso colombiano por ejemplo: derechos de autogobierno, como es el caso de los consejos comunitarios de los territorios colectivos; derechos de representación, como la circunscri pción especial que otorga dos curules en la cámara de representantes, y; los derechos poliétnicos, que pueden verse plasmados es aspectos como la cátedra de estudios afrocolombianos o la reforma del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH.

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La interpretación rural de la identidad afrocolombiana es puesta en cuestión cuando vemos que la población afro habita todo el territorio nacional, con una gran presencia en centros urbanos, donde desarrollan múltiples formas de mestizaje y participación social (Agudelo, 2004: 179). El multiculturalismo parte entonces de un reconocimiento de la diversidad basada en un modelo esencialista, estático y culturalista de la etnicidad que basa su interpretación de la etnicidad negra en una matriz rural. Lo que nos muestra el caso colombiano es que los grupos étnicos no son comunidades “autenticas”, cerradas sobre sí mismas, replegadas y abstraídas de sus contextos, por el contrario están inmersas en las relaciones de poder que las determinan. Pero tampoco podemos negar aquí que los grupos étnicos echan mano del esencialismo cultural presente en su etnicidad para construir su identidad, para representarse a sí mismos, para reivindicar su diferencia, como un elemento que dota de sentido el horizonte comunitario pero que, sin embargo, posibilita a su vez el diálogo con los demás grupos. Desde esta perspectiva, el sujeto étnico cumple tanto con el papel de ser reproductores de la estructura social y la tradición, así como de abrir la posibilidad del disenso cultural y al cambio. Con esto, el multiculturalismo centra erróneamente sus esfuerzos en el reconocimiento de las formas de organización colectiva sin profundizar en ellas, lo cual crearía una profunda contradicción. Un multiculturalismo que concibe la diversidad cultural y étnica como inmutable y ahistórica es un multiculturalismo que niega todo aquello por lo cual es importante la comunidad, la identidad étnica y la movilización social, es un multiculturalismo que no valora la forma en como la diferencia se construye. Si no fuera por las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas a las que los grupos étnicos están expuestos no habría necesidad de una reivindicación identitaria. ]328_

Lo anterior, nos llevaría a afirmar que el principal logro de los Movimientos Étnicos ha sido el reconocimiento de la multiculturalidad, como fenómeno social en el plano político. Es decir, el reconocimiento del valor de su identidad y de sus aportes culturales, sin embargo la forma en cómo deben ser reconocidas dichas identidades étnicas es otro proceso que aún le falta mucho camino por recorrer. Reflejo de esto son algunas de las políticas del proyecto multicultural que han resultado poco efectivas, como la circunscripción especial a la cual nos referíamos anteriormente. Casos como el que hemos mencionado evidencian que las fronteras de la diferencia de los sujetos étnicos no son tan claras actualmente. Por lo tanto la puesta en marcha de políticas multiculturales que categorizan la etnicidad podría generar efectos adversos, acentuando fronteras inexistentes, llevándolas a replegarse sobre si mismas, cerrando a la interacción con otros públicos, con ese otro significativo desde el cual han afirmado su diferencia y gracias al cual han construido su identidad. La sociedad devendría entonces en el terreno de confrontación de intereses particulares, un nuevo individualismo liberal, cuando en realidad una aproximación multiculturalista debería convertir a la sociedad en el lugar de aprendizaje de la ciudadanía. - Reconocimiento sin redistribución. A la problemática de la esencialización de la identidad afrocolombiana podríamos sumar otra crítica al multiculturalismo, su enfoque en las políticas del reconocimiento descuidando la política de la redistribución, en términos de Nancy Fraser. La marginación y exclusión de los grupos étnicos en el país no ha sido producto únicamente del discurso y el ideario de una nación homogénea, ha sido también el resultado de una profunda desigualdad económica. A pesar de esta realidad tangible, la superación de la marginación de los

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grupos étnicos en Colombia va por el camino de un cambio simbólico y cultural, dejando intacta la estructura de desigualdad económica y de explotación a la cual son sometidos. No es coincidencia que muchas de las regiones donde más enfrentamientos armados se dan en el país o donde se presentan las condiciones de pobreza más graves sean aquellas donde habitan minorías étnicas. En este sentido, evidentemente la reproducción identitaria colectiva de los afrocolombianos no puede darse si no existen las condiciones materiales que se los permitan, de otra manera seguirán los afros siendo empujados por el conflicto armado y la miserables condiciones de vida a los centros urbanos, buscando caminos de supervivencia ajenos a su vinculación comunitaria.

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No queremos decir aquí que los grupos étnicos sean los únicos, entre la población colombiana, que padecen la estructural desigualdad distributiva, lo que buscamos resaltar es que para el caso de los grupos étnicos existe una afectación particular que debilita la experiencia organizativa y la identidad colectiva, en un país que ha proclamado, en su constitución, como una de sus riquezas la diversidad étnica y cultural. A MODO DE CONCLUSIÓN Durante el transcurso de las páginas precedentes hemos cuestionado el multiculturalismo colombiano desde una reflexión sobre el caso afro como grupo étnico. Tres elementos han sido fundamentales para este cuestionamiento, la existencia y recorrido del Movimiento Afrocolombiano y su entrada en escena como actor político; la concepción de identidad étnica desde una aproximación procesual y sistémica y; el multiculturalismo como respuesta política a las exigencias de las heterogéneas sociedades contemporáneas. El resultado ha sido pues una crítica a la esencialización del concepto de identidad multiculturalista, que por ende privilegia el reconocimiento en el plano simbólico omitiendo las demandas, que en el plano material, se dirigen hacia una justicia redistributiva.

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El multiculturalismo colombiano es insuficiente y sus políticas de acción afirmativa no se ajustan a la realidad nacional. No puede ser de otro modo cuando vemos que pasadas casi dos décadas de que Colombia se reconozca como nación pluriétnica y multicultural, aún sea necesaria la expedición de leyes que penalizan las prácticas discriminatorias y que aún representantes políticos utilicen lenguaje inapropiado que perpetúan el estereotipo y la marginalización de la población afrocolombiana. Estos hechos pueden llevar a la consideración que el multiculturalismo promueve una “etnización” de ciertos grupos poblacionales que corren el riesgo de convertirse en “guetos culturales”, o peor aún de “folclorizarse”, acentuando las interpretaciones negativas de la sociedad mestiza que definen los grupos étnicos como obstáculos a la integración nacional, al desarrollo económico y a una idea occidental de progreso y modernidad. Dado que en las sociedades contemporáneas es innegable e inevitable la interrelación entre los distintos grupos sociales, es esto justamente lo que debería proveer el proyecto multicultural. Es decir, facilitar el diálogo e interrelación entre grupos, pues es justamente esta dinámica la que permite y enriquece la construcción identitaria y el sentido comunitario, de lo contrario, promover su abstracción y encerramiento llevaría a conflictos y marginalización iguales o más agudos de los que ya se han vivido históricamente. Además la diversidad étnica y cultural no se reduce a lo indígena y afrocolombiano, hoy en día los espacios urbanos se han venido transformando en lugares de hibridación cultural, donde nuevas comunidades se forman, conforman y reforman en análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 91 - 110

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contextos determinados. Así pretender que existen identidades inmóviles y ahistóricas es negar el contenido inherente de la identidad. El multiculturalismo tiene el reto ahora de proponer un nuevo aprendizaje democrático en el que sea posible la interculturalidad. Es decir, un proyecto social político dirigido a la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas, que transforme radicalmente la estructuración social en la cual se basa el carácter monocultural, hegemónico y colonial del Estado (Walsh, 2008: 141). Esto implicaría más que un reconocimiento unilateral de los grupos étnicos por parte del resto de la sociedad, un reconocimiento mutuo de las identidades que cohabitan en el imaginario nacional, favoreciendo la movilidad y el intercambio entre grupos. Esto en el marco de unas condiciones adecuadas, en las cuales sea posible no solo la gestión y producción de la diferencia sino su valoración como apuesta política a la transformación de la estructura establecida. Finalmente, también valdría la pena retomar aquí un llamado que no es nuevo, promover los estudios que centren su interés en comprender las dinámicas histórico-culturales de las poblaciones negras urbanas en el país. Tal vez, este puede ser un paso para transformar el proyecto multiculturalista colombiano hacia uno que comprenda las dinámicas intra e inter étnicas, desde una interpretación flexible y contextual de las identidades colectivas. Con esto queremos reafirmar que no buscamos en ningún momento en este artículo deslegitimar los logros de las luchas afrocolombianas, por el contrario buscamos que lo presentado aquí se interprete como una invitación a la autocrítica.

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EL MULTICULTURALISMO EN CUESTION: REFLEXIONES ALREDEDOR DEL CASO AFROCOLOMBIANO

Andrés Arley Salazar Salazar

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LA GUERRA COMO NEGOCIO Y LOS NEGOCIOS DE LA GUERRA CIVIL DE 1851

Juan Carlos Jurado Jurado

Juan Carlos Jurado Jurado*

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LA GUERRA COMO NEGOCIO Y LOS NEGOCIOS DE LA GUERRA CIVIL DE 1851

RESUMEN Tradicionalmente las guerras civiles hispanoamericanas han significado un importante factor de inestabilidad política e inseguridad económica,a las que se les ha endilgado hasta la exageración el atraso y el subdesarrollo nacional durante el siglo XIX. Sin embargo,estas representaciones han sido construidas con muchos prejuicios y poco estudio,por parte de extranjeros y observadores internacionales. Nuevas investigaciones han logrado precisar el significado político y económico de las guerras, y en este sentido, el presente artículo ofrece un panorama de la Guerra Civil de 1851 desde sus costos económicos y sociales,el problema financiero y de administración que implicó para el Estado neogranadino, sus nefastos efectos sobre el gasto público y la forma como trastocó los ritmos del trabajo y la producción nacional. Sin embargo,esta contienda,como toda situación apremiante asumida por el Estado decimonónico, también indujo a sus dependencias y burócratas a desempeñarse con eficiencia y racionalidad, con sensibilidad por la “cosa pública” y a fungir como ente de administración y control sobre la población y el territorio. En todo caso y a pesar de sus temidos efectos,la guerra no fue un total desastre para la economía nacional,aunque estimuló un cuestionado escenario para negociantes,especuladores y contratistas que pretendían acceder a los recursos públicos,en un contexto económico bastante restringido. Palabras clave: guerra civil,costos de la guerra,negocios de la guerra,desarrollo nacional

WAR AS A BUSINESS AND THE CIVIL WAR BUSINESSES IN 1851 ]333_ SUMMARY Hispano-American civil wars traditionally have been an important factor of political instability and economic insecurity. They had been pointed out as an important cause of national backwardness and underdevelopment in the nineteenth century. However, these representations have been built with many prejudices and little study, by foreigners and international observers. New research has succeeded in clarifying the political and economic significance of the wars, and in this sense, this article provides an overview of the Civil War of 1851 from its economic and social costs,the financial and management problems involving the State of New Granada,its harmful effects on public spending and how it disrupted the rhythms of work and domestic production. Even so, this conflict,like every plight assumed by the nineteenth-century state,also led to its agencies and bureaucrats to work efficiently and rationality,with sensitivity to public matters,and serve as a body for the management and control over the population and the territory. In any case, despite its feared effects, the war was not a total disaster for the economy. It stimulated a questionable scenario for traders,speculators and contractors who sought access to public resources in a rather restricted economic context. Keywords: civil war,cost of war,war businesses,national development Fecha de Recepción: 12/08/2012 Fecha de Aprobación: 15/03/2013

* Profesor de la Universidad EAFIT. Doctor en Historia Universidad de Huelva,España. Historiador y Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Email: jjurado@eafit.edu.co análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 111 - 140

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Entre mayo y septiembre de 1851, tuvo lugar en la Nueva Granada una guerra civil en la que el partido Conservador se levantó en armas contra las reformas progresistas del Gobierno del liberal José Hilario López (1849-1853). Éste lideró una serie de políticas de modernización en ruptura con el persistente pasado colonial, denominadas en la historiografía colombiana como las “Reformas Liberales”. Se trataba de poner el país a tono con las exigencias de la economía mundial, y de darle a la sociedad un carácter más democrático y laico, lo que suponía quebrantar los viejos sistemas de dominio social y cultural de la aristocracia colonial y de la Iglesia Católica. No obstante que la Guerra Civil de 1851 tuvo muy poca duración –132 días–, su impacto en la vida política nacional se ubica en todo el quiebre de mitad del siglo XIX. Dado que su contenido político e ideológico fueron las Reformas Liberales, adquiere un significado complejo y amplio referido a los procesos de construcción de la nación y el Estado, durante tal centuria1.

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La Guerra Civil de 1851 fue la más corta del siglo XIX, y como tal duró entre el 1 mayo –con los levantamientos de los terratenientes y esclavistas conservadores Julio Arboleda y Manuel Ibáñez en las provincias del Sur–occidente–, y el 10 de septiembre, con la derrota del general caleño Eusebio Borrero en la antigua provincia de Antioquia, en la localidad de Rionegro, iniciada el 1 de julio. Entre estos dos hechos se sucedieron dos levantamientos regionales más, los principales en las provincias de Mariquita y Neiva planeados para el 20 de julio, por el coronel y hacendado Mateo Viana, Francisco de Paula Diago y el general José Vargas Paris, así como los hermanos Francisco y Domingo Caicedo y sus peones y labriegos reclutados en sus haciendas. En el movimiento insurgente del centro Oriente los rebeldes también fueron importantes hacendados del hinterland dominado por la capital de la República, entre los que se destacó el popular terrateniente José María Ardila, dueño de la hacienda Corito en Facatativa, Pastor Ospina (hermano de Mariano Ospina Rodríguez, líder nacional de la oposición al Gobierno), quien se levantó en la localidad de Guasca, con gran influjo político en las localidades de Guatavita, Sopó y Gachetá donde reclutó tropas de campesinos y propietarios con las que armó guerrillas. Por último, Juan Nepomuceno Neira, experimentado político regional, afamado abogado y profesor de Derecho, representante ante el Congreso por la ciudad de Tunja. Son muchos los aspectos y problemas para indagar que dan cuenta del significado de la contienda en cuanto a la construcción del orden nacional, lo que implica reconocer las motivaciones y determinantes políticos, económicos y sociales de la misma, los mecanismos militares, políticos e ideológicos de participación y movilización de los sectores populares2 , del clero y las elites3, que fueron claves en la configuración de los partidos políticos y las regiones4, procesos que fueron 1

Sobre la Guerra de 1851 existen varios trabajos de diverso orden: HELGUERA, J. León, “Antecedentes sociales de la revolución de 1851 en el Sur de Colombia (1848-1849”, Anuario de Historia Social y de la Cultura, número 5. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1970, pp. 53-63. ORTIZ MESA, Luis Javier, El Federalismo en Antioquia. Aspectos políticos, 1850-1880, Bogotá, Editorial Gente Nueva, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 1985. VALENCIA LLANO, Alonso, “La guerra de 1851 en el Cauca”, Memoria de la II Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado”. Las guerras desde 1830 y su proyección en el siglo XX. Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 1998, pp. 37-57; y Dentro de la ley. Fuera de la ley. Resistencias sociales y políticas en el Valle del Cauca. 1830-1855, Cali, Centro de Estudios Regionales Región y Universidad del Valle, 2008. URIBE, María Teresa y LÓPEZ, Liliana, Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia, Medellín, La Carreta, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia y Corporación Región, 2006. GONZÁLEZ, Fernán, Partidos, guerras e Iglesia en la construcción del Estado Nación en Colombia (1830-1900), La Carreta Editores, Medellín, 2006, pp. 36-57. JURADO, Juan Carlos, “La partici pación del pueblo liberal en la Guerra Civil de 1851: la ciudadanía en armas”, en Estudios Políticos, IEPRI. No 71, enero-abril de 2011, pp. 3-28. JURADO, Juan Carlos, “Reinventar la nación a partir de la fe católica. De la religión el clero y la política en la Guerra civil de 1851”, en Historia y Sociedad, Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín, No 15, julio-diciembre de 2008, pp. 43-88. JURADO, Juan Carlos, “La división de la provincia de Antioquia en medio de la Guerra Civil de 1851”, en Historia y Sociedad, Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín, No 17, julio-diciembre de 2009, pp. 121-158.

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más nítidos en la coyuntura de mitad de siglo. Entre los múltiples temas de interés que suscita la Guerra Civil de 1851, y que constituye el objeto de este artículo, me interesa indagar la manera como la guerra comprometió el funcionamiento del Estado como sistema de administración y poder, los costos de la misma y los problemas administrativos y financieros que suscitó, la manera como afectó la vida cotidiana y la economía con los ritmos del trabajo y la producción nacional, y la forma como se constituyó en un invaluable escenario los negocios por para oportunistas empresarios, especuladores, contratistas del Estado y un mecanismo de ascenso social.

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I. PRECARIEDAD DEL ESTADO Y COSTOS DE LA GUERRA No es posible comprender la guerra sin sus efectos económicos, sus costos, los negocios que suscitó y el clima de inestabilidad que generaba. Este tema, así como la inseguridad, no son nuevos para explicar el retraso y la falta de desarrollo de los países hispanoamericanos pero, inspirados por el neo–institucionalismo (Summerhill, North, Weinsgat), parecen reactivarse como una “nueva leyenda negra” sobre los procesos políticos y las instituciones decimonónicas; una tesis equivocada según el historiador Malcolm Deas5. La inestabilidad política en Hispanoamérica se hizo más evidente después de la Independencia y entrado el siglo XIX, con la instauración de una tradición constitucional que daba lugar al cambio permanente de reglas y normas políticas con la finalidad de que personas y partidos se perpetuaran en el poder. Se trataba de un sistema político poco seguro y especificado en cuanto a los derechos económicos y políticos que aseguraran un compromiso creíble, lo cual era un factor fundamental para el desarrollo de mercados eficientes. Salomón Kalmanovitz indica que la inestabilidad se afincaba en conflictos político regionales o en los cambios radicales de reglas de juego constitucionales, que: “(…) generaban un sistema inestable donde los derechos políticos de unos quedaban extinguidos cuando los otros alcanzaban el poder, y sus bienes podían ser expropiados, ya fuera en la forma de préstamos forzosos o de confiscaciones de bienes para atender las necesidades de los grupos en armas. Más aún, derechos, favores y concesiones económicas concedidos por un Gobierno eran anulados cuando era desplazado por el partido opositor, mientras que cambiaron también las atribuciones tributarias y legales de las circunscripciones regionales (…)”6.

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No obstante la importancia del tema, para Deas, desorden e inseguridad no sólo no son equivalentes, sino que no fueron determinantes en los bajos índices de desarrollo alcanzado por los países del hemisferio durante el siglo XIX: “es probable que no ayudaran al progreso del país, pero no fueron unos estorbos muy grandes”, es decir, que el impacto del desorden y la inseguridad pudo ser marginal en el crecimiento económico, lo que no significa que no importaran, en un sentido más amplio7.

DEAS, Malcolm, “Inseguridad y desarrollo económico en Colombia en el primer siglo de vida republicana independiente: unas consideraciones preliminares”, en MEISEL ROCA, Adolfo y RAMÍREZ, María Teresa (eds.), Economía colombiana del siglo XIX, Fondo de Cultura Económica y Banco de la República, Bogotá, 2010, p. 675. KALMANOVITZ, Salomón, “Constituciones y crecimiento económico en la Colombia del siglo XIX”, en MEISEL ROCA, Adolfo y RAMÍREZ, María Teresa (eds.), Economía colombiana del siglo XIX, Fondo de Cultura Económica y Banco de la República, Bogotá, 2010, p. 582. DEAS, Malcolm, “Inseguridad y desarrollo económico en Colombia en el primer siglo de vida republicana independiente (…)”, pp. 675-676.

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Para desvirtuar tales señalamientos Deas argumenta que los críticos no discriminan en sus estadísticas impresionistas golpes, revueltas y cambios de gobierno, con lo cual confunden inseguridad con inestabilidad y sobredimensionan la magnitud del problema y por ende, discriminan a Hispanoamérica por su violencia en comparación con lo sucedido en otros países como los Estados Unidos y Francia. Finalmente, y de forma errónea, se tiende a asumir que la causalidad va del desorden a la falta de desarrollo y no al revés, sin considerar que las recesiones económicas, que con frecuencia se originaron por fuera de la Nueva Granada, “aumentaron la proclividad a la guerra civil, con el debilitamiento de los Gobiernos y la mayor disponibilidad de la gente a guerrear”8. Deas enfatiza que es necesario matizar el asunto, cuando insiste que sin duda “las guerras civiles fueron bajo muchos aspectos dañinas”, lo que no implica negar “la influencia por lo general negativa del desorden, sino fijar su debida proporción, hacer un examen crítico del argumento de que el desorden es la razón principal del pobre desempeño de la economía colombiana a lo largo del siglo XIX”9. En cuanto a los nefastos efectos de las guerras para el sistema económico, Kalmanovitz, sin los matices de Deas, es más directo al destacar su papel como freno a la inversión, el trastocamiento de iniciativas empresariales, el bloqueo de obras de infraestructura y del sistema financiero mismo. El autor sostiene que los conflictos electorales y las guerras civiles causaban pérdidas físicas y deprimían la escasa demanda agregada de un sistema económico débil, necesitado de reglas de juego claras y consistentes para consolidarse y, parece acogerse a la tesis de la historiografía conservadora, que adjudicó inestabilidad política y jurídica al proceso federalista de mediados del siglo XIX seguido de la centralización a la fuerza de la Regeneración. Él, sí cree que el desorden político y constitucional malograron, a largo plazo, “las condiciones necesarias para el desarrollo económico” de Colombia10. ]336_ Para valorar mejor los costos económicos de la Guerra Civil de 1851, es necesario referir las condiciones estructurales del Estado en la primera mitad del siglo XIX, caracterizado por un permanente deterioro fiscal heredado de la Independencia y las magnas deudas externas para sostener las guerras y sus ejércitos. Tal déficit se financió con endeudamiento público debido a la flaqueza del sistema tributario que no logró captar un importante caudal de rentas de la población, de manera que el Estado se vio agobiado por la deuda interior que fue necesario adquirir con la finalidad de financiar su gasto militar y su funcionamiento, que no pudo sostenerse con la carga fiscal que se redujo gradualmente a lo largo de la centuria11. Para explicar la compleja situación de la institucionalidad colombiana en la época, la economista Ángela Rojas plantea que es necesario considerar las guerras, las crisis productivas, la legislación monetaria inadecuada, las políticas fiscales laxas y políticas monetarias contracíclicas que impedían la adopción del patrón metálico puro, y por ello: “(…) se conformó un sistema monetario híbrido en el que circularon monedas metálicas, notas de deuda pública con características de papel moneda y billetes de bancos privados que expandieron irregularmente la masa monetaria”12. Todo lo anterior explica que la adopción de un “patrón metálico impuro” expresara las limitaciones 8 9 10 11

Ibídem, p. 680. Ibídem, p. 686. KALMANOVITZ, Salomón, “Constituciones y crecimiento económico en la Colombia del siglo XIX”, pp. 610-611. JUNGUITO, Roberto, “Las finanzas públicas en el siglo XIX”, en MEISEL ROCA, Adolfo y RAMÍREZ, María Teresa (eds.), Economía colombiana del siglo XIX, Fondo de Cultura Económica y Banco de la República, Bogotá, 2010, p. 126. ROJAS, Ángela Milena, “Deuda pública interna, patrón metálico y guerras civiles: interconexiones institucionales, la Colombia del siglo XIX”, en Lecturas de Economía, No 67, julio-diciembre de 2007, Universidad de Antioquia, pp. 205-206.

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estructurales de las instituciones nacionales lo cual se debía, además, a la falta de acuerdos políticos, la baja integración del mercado interno y el cierre del crédito internacional, de modo que en la condiciones de la época fue lo más conveniente para facilitar “cierto grado de actividad productiva y comercial en el corto plazo”13. Acorde con la bibliografía citada, en la coyuntura de mediados del siglo XIX asociada a la Guerra Civil de 1851, se manifiesta la penuria económica del Estado debida a sus precarias condiciones fiscales y al desangre económico que significaban sus ingentes gastos14. Según críticos como el conservador y líder rebelde Manuel Ibáñez, en ello influían las mismas Reformas Liberales, que dieron por resultado el recorte de rentas del Estado central provenientes de capitales a censos y la falta de créditos y recursos del Tesoro público y por la cesión de rentas centrales a las provincias como los estancos de aguardiente, diezmos, quintos, derechos de fundición, peajes provinciales y derechos y registros15. Como consecuencia, se dio el cierre de colegios nacionales y establecimientos de beneficencia, lo que también afectó la administración del culto católico que se sustentaba con dichas rentas16. De igual forma argumentó, que las rentas municipales se encontraban en franco deterioro, puesto que la ley de Descentralización de Rentas (1850) las habían cargado de asfixiantes gastos que antes asumía la Administración nacional, por lo que se encontraban estancadas las inversiones en caminos, cárceles, cementerios, puentes y demás obras públicas locales. En igual sentido, el intelectual conservador Manuel José Restrepo afirmó de manera tendenciosa que tal ley no era más que el traslado del déficit de la nación a las provincias17. La precariedad administrativa del Estado central a mediados del siglo XIX, se comprende mejor si se sabe que al finalizar la contienda, la Secretaría de Guerra no podía ofrecer informes concluyentes sobre sus costos, y ello estaba muy relacionado con la fragmentación de los aparatos estatales de las provincias y la heterogeneidad de sus procedimientos administrativos18. En su informe al Congreso de la República, en marzo de 1852, el secretario de Guerra, Valerio F. Barriga, respondió al respecto: “Pidiéronse en circular de este despacho (…) todas las noticias necesarias i al efecto, pero de mui pocas provincias se ha obtenido lo que se deseaba (…)”19. De

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Ibídem, p. 217. Acerca de los costos de la guerra y el desorden de la administración militar: Biblioteca Nacional de Colombia (B.N.C). Fondo: Pineda. BARRIGA, Valerio F. Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1851, Colombia. (República de Nueva Granada, 1832-1858). Secretaría de Guerra, Bogotá, 1851, pp. 3-23. BARRIGA, Valerio F. Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1852. Secretaría de Guerra, Bogotá, 1852 y, RETREPO,José Manuel,Historia de la Nueva Granada,Tomo II, Editorial El Catolicismo, Bogotá, 1963, pp. 145, 207, 214, 217 y 234-235. Sólo se mantuvieron como rentas nacionales las aduanas, correos, amonedación, salinas, arrendamiento de baldíos, multas, arrendamientos, ingresos de capital y arrendamiento de vías nacionales. JUNGUITO, Roberto, “Las finanzas públicas en el siglo XIX”, p. 62. Archivo General de la Nación (A.G.N.). Sección: República. Fondo: Folletería. IBÁÑEZ, Manuel, Nuevas observaciones sobre la Administración del General José Hilario López en la Nueva Granada, Lima, 24 de abril de 1853, pp. 25-26. RETREPO, José Manuel, Historia de la Nueva Granada, Tomo II, Editorial El Catolicismo, Bogotá, 1963, pp. 141-142. A contrapelo de lo afirmado por Restrepo, en 1850 se habían cedido rentas de la nación a las provincias, estimadas en $500.000 anuales, derivadas de aguardientes y diezmos. “Esto unido al establecimiento del impuesto único directo a nivel de las provincias, fortaleció sus fiscos. Con base en las cifras disponibles se puede estimar que entre 1851 y 1870 el aumento de las rentas de los estados fue de 165%. Por su parte, el aumento de las rentas de la nación entre 1851 y 1870 fue de 118%”; posteriormente se reversaron las tendencias. JUNGUITO, Roberto, “Las finanzas públicas en el siglo XIX”, p. 112. El Estado puede ser considerado como “La organización constitucional y la jerarquía de las normas jurídicas, los poderes públicos y los aparatos administrativos que le permiten actuar en calidad de tales”. LEMPÉRIÉRE, Annick, “La historiografía del Estado en Hispanoamérica. Algunas reflexiones”, en PALACIOS, Guillermo (coord.), Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, S. XIX, El Colegio de México, México, 2007, p. 52. B.N.C. Fondo: Pineda. BARRIGA, Valerio F. Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1852. Secretaría de Guerra, Bogotá, 1852, p. 47.

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ahí que el conocimiento sobre los costos de la guerra provenga de cálculos aproximados de particulares o de algunos juiciosos funcionarios, como se expondrá más adelante. Así las cosas, durante y después de la contienda, fue visible la imagen del Estado como aparato administrativo precario y débil en su fisco y en sus finanzas, en medio de una aporreada economía nacional, ya por la acuciante deuda extranjera e interna de principios del siglo, la reducción de los impuestos y la falta de recursos en general. Esta situación fue vista de forma acertada por críticos como Restrepo, como el resultado de la nefasta gestión de los Gobiernos y los administradores de las oficinas estatales, los causantes de los desangres económicos agravados con las guerras y revoluciones. Este fue el sentido de su irónica intervención en marzo de 1852, frente a las desacertadas acciones del secretario Manuel Murillo Toro: “La posición rentística de la Nueva Granada era, pues, muy triste, y se aproximaba a una bancarrota. A pesar de esto Murillo nada proponía para aumentar los productos de las rentas públicas, y su proyecto era vivir el porvenir cubriendo el déficit con el arbitrio de admitir las redenciones de censos, sobre el Tesoro, y contratando empréstitos ruinosos dentro y fuera del país. ´Él decía que confiaba en los principios democráticos y en las mejoras que el tiempo y las riquezas de los ciudadanos introducirían en las rentas de la Nueva Granada´, sin embargo, de que bajo la administración del 7 de marzo era un delito ser ricos y se les perseguía como agiotistas y monopolistas. Las esperanzas de Murillo eran verdaderas y tardías ilusiones, que podían no realizarse en un país tan expuesto a revoluciones como el granadino”20.

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De la cita anterior vale resaltar lo que han mostrado las investigaciones sobre la economía granadina durante el siglo XIX, que ante las evidentes restricciones fiscales, los funcionarios estatales optaron por el crédito interno (deuda pública) para financiar el déficit fiscal, es decir, el desbalance entre ingresos y gastos, mecanismo que fue muy recurrido antes de 1880, cuando la emisión de dinero se implementó como alternativa al financiamiento fiscal. De allí que, según lo indica Ángela Rojas, la deuda interna aumentara en coincidencia con las guerras civiles y por ello los gastos se ejecutaban contra los ingresos futuros, pues los corrientes habían sido pignorados por cuenta de la precedente contienda21. Se dimensiona mejor la gravedad de la situación denunciada por Restrepo, pues antes de la guerra misma de 1851 la Nueva Granada vivía una gravosa situación de estancamiento económico y de ello hacían parte las obligaciones de la deuda existente hacia 1850, cuyo servicio comprometía alrededor del 50% de los ingresos corrientes nacionales asimilados a las exportaciones22. Así las cosas, la guerra venía a agravar la endeble situación fiscal ya existente, pero la misma situación fiscal expresaba condiciones de inestabilidad política ligadas, en parte, a la precedente contienda, la Guerra de Los Supremos (1839-1842). En particular, Restrepo fue reiterativo en su crónica acerca de la responsabilidad que cabía al Gobierno de José Hilario López y a la Guerra Civil de 1851, respecto de la situación económica 20 21

RESTREPO, José Manuel, Historia de la Nueva Granada, Tomo II, p. 217; también pp. 209-217. Las cursivas son mías. ROJAS, Ángela Milena, “Deuda pública interna, patrón metálico y guerras civiles (…)”, p. 199. El mecanismo es perverso “(…) cuando los gobiernos se endeudan sistemáticamente sin preocuparse por el pago futuro y aumentan sus obligaciones contratando nuevos préstamos para cancelar el servicio de los existentes. El examen detallado de los balances de crédito público y las Memorias de Hacienda y del Tesoro revela que éste último fue el caso de Colombia. Por supuesto, la frecuencia de las guerras civiles (…) explica este comportamiento”; p. 200. Ibídem, p. 202.

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del país. En distintos apartes de su texto, la nación granadina aparecía como sujeto político cuyo devenir estaba inserta la tragedia de las revoluciones periódicas tan propias de Hispanoamérica, ella era su víctima y principal afectada, con lo cual la causalidad iba de la guerra hacia el desorden y el atraso nacional. Al citar la preocupante deuda externa de 1850, Restrepo decía: “Esta suma debía crecer año por año, y conducirnos a la bancarrota; aun sin contar con las revoluciones periódicas, y con los daños y perjuicios que ellas causan a la nación”. Respecto de la rebaja del impuesto a la sal “que hiciera imprudentemente el Gobierno”, la tildó de populista e indiscreta, pues “Obaldía y Murillo no consideraban que se disminuía una renta de las más pingues, y que por esto se causaba un grave perjuicio a la Nación que no tenía con que satisfacer los gastos civiles y militares de su administración”. Al referirse a los altos costos militares de la larga guerra que el Gobierno tuvo que asumir con las guerrillas de Pasto hasta entrado el año de 1852, Restrepo indicó que éstos se debían a la prolongada permanencia de las tropas en el Sur del país, al mando de los generales José María Obando y Manuel María Franco, y a lo poco que pudo hacer el primero para “(…) restablecer la tranquilidad en aquel país [Ecuador] que consumía improductivamente la sustancia y las rentas de la Nueva Granada”23. Todo lo cual estaba asociado al desorden general en que se hallaba la Administración pública:

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“Estos ahorros eran absolutamente necesarios por el estado lamentable en que se hallaba la hacienda pública (…) he aquí los resultados de la guerra que el Gobierno de López quiso hacer en el Sur subrogándose una intervención impolítica y ruinosa en los negocios internos del Ecuador y los efectos que producían las doctrinas disolventes de la Administración del 7 de marzo, con las cuales decían los rojos que iban a fundar la verdadera República en la Nueva Granada. En lugar de esto causaron la ruina y el desorden en casi todos los ramos administrativos”24. ]339_ De igual forma, en febrero de 1852, Restrepo aludió al balance fiscal, es decir, al estado de las Rentas y Gastos Públicos, correspondiente al año económico 1851/1852, para señalar que: “Las primeras ascendieron en el último año económico a 20.000.000 reales y los gastos a 28.591.516 reales, dando por consiguiente un déficit de 8.591.516 debido en su mayor parte a la guerra de rebelión que por desgracia se suscitara”25. Con ello, la guerra fue representada por Restrepo y muchos de sus contemporáneos como un problema económico de orden nacional, en medio del cual el Gobierno liberal aparecía como ilegítimo debido a su impericia política y administrativa. De otro lado el liberal Salvador Camacho Roldán hizo un balance económico de la guerra, muy útil para tener una mirada global de la misma en materia financiera, debido a la precariedad de fuentes oficiales que permitan hacerlo. En su informe, subestimó la persistencia de un orden premoderno en la Nueva Granada representado en la cultura política de los hacendados, esclavistas 23 24

RETREPO, José Manuel, Historia de la Nueva Granada, Tomo II, p. 217; también p. 207. Ibídem, pp. 234-235. El apoyo de López al liberal José María Urbina en Ecuador para evitar la invasión de Flóres implicó el envío de Manuel Ancízar, del General Thomás Herrera y de tropas cuyo costo subió a los $ 5.000 pesos semanales para mantenerlas, mientras el salario de cada uno de estos empleados civiles por semana ascendía a $16.0 pesos; Ibídem, p. 235. RETREPO, José Manuel, Historia de la Nueva Granada, Tomo II, p. 214. También pp. 207 y 217. “El balance fiscal de la nación fue negativo en los años cincuenta como resultado de las reformas introducidas por el Radicalismo. A fines de los años cincuenta y durante los sesenta se registraron varios años de déficit. No obstante, durante la primera mitad de los años setenta se lograron equilibrar las finanzas públicas y aun registrar superávit”. JUNGUITO, Roberto, “Las finanzas públicas en el siglo XIX”, p. 119. De igual forma Junguito señala que: “Con la descentralización fiscal promovida por el Radicalismo durante los años cincuenta, el gasto público a cargo de la nación se vio reducido y se mantuvo alrededor de los dos millones anuales. Luego de la reducción forzada del gasto a fines de los cincuenta, éste se incrementó durante los sesenta y aún más durante los setenta por decisión política deliberada de estimular la inversión pública en ferrocarriles y otras obras de fomento”; p. 113. Las cursivas son mías.

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y de la Iglesia Católica, al decir que la insurrección conservadora había quedado completamente vencida, y que aunque no tuvo una causa importante, “sí ocasionó una notable pérdida de vidas, un gasto inútil de más de dos millones de pesos al Tesoro nacional, desmoralización y rencores profundos”. Indicó que una vez se inició la revuelta, el pie de fuerza nacional comenzó a elevarse, desde el mes de marzo de 1851 cuando se presentaron los primeros alzamientos en la provincia de Túquerres, y subió de manera sucesiva a los 10.000 hombres permitidos como máximo por la ley. Ésta fue una fuerza bastante considerable, pues el máximo para tiempos de paz estaba limitado a sólo 1.500. Hay que recordar que al iniciar la administración del presidente López, el ejército sumó una fuerza de 2.500 hombres, pero mediante la Ley de 5 de mayo de 1849, se ordenó fuese de 1.500 hombres el pie de fuerza en tiempos de paz. En caso de guerra civil podría elevarse a 10.000 hombres y de invasión exterior, al doble26.Según la información suministrada por Camacho Roldán, el pie de fuerza aproximado por provincia durante la guerra fue el siguiente: Cuadro 1. Pie de fuerza de las provincias. 1851. PROVINCIAS

PIE DE FUERZA

Pasto y Túquerres

2.500

Popayán, Buenaventura y Cauca

2.500

Mariquita y Neiva

1.500

Antioquia (sin las tropas procedentes del Cauca)

800

Bogotá

1.500

Guarniciones resto de la República

1.200

Total nacional

10.000

Fuente: CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memorias, 2 tomos, Editorial ABC, Biblioteca

]33:_

Popular de Cultura Colombiana, Bogotá, 1946, tomo II, pp. 89-90.

En cuanto al gasto por soldado, Camacho Roldán lo estimó en no menos de un peso diario por cabeza, si se tiene en cuenta “(…) el pré del soldado, municiones, correaje, vestuario, traslación de sus diversos acantonamientos, marchas, hospitales, etc. (…) sobre todo teniendo en cuenta que en esas épocas de desorden sube de proporción el número de jefes y oficiales”27. En definitiva, estimaba el costo total de la contienda en una suma de $ 2.000.000 de pesos, si se consideran los $ 10.000 diarios para un período de seis meses28. Si se relacionan esta cifras con las aportadas por Roberto Junguito, se tiene que los costos de la guerra fueron equivalentes al gasto púbico anual a cargo de la nación durante la década de los años de 1850, que era de alrededor de $ 2.000.000 de pesos, lo que significaba un ingente esfuerzo financiero para un Estado enclenque29. 26

B.N.C. Fondo: Pineda. BARRIGA, Valerio F. Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1851, Colombia. (República de Nueva Granada, 1832-1858). Secretaría de Guerra, Bogotá, 1851, p. 2. B.N.C. Fondo: Pineda. BARRIGA, Valerio F. Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1852. Secretaría de Guerra, Bogotá, 1852, pp. 3, 4, 30-31. Desde junio de 1850 se buscó elevar el pie de fuerza, según el “Cuadro del contingente de hombres con que deben contribuir las provincias de la República en el próximo año económico [se refiere a 1851]”, bajo la Ley de 1 de julio de 1850. A.G.N. Gaceta Oficial. No 1137. 14 de julio de 1850, p. 339. A.G.N. Sección: República. Fondo: Secretaría de Guerra y Marina. Tomo 799, fols. 107, 122-124. Los hospitales se denominaban “hospitales de sangre”, y usualmente fueron atendidos por un médico cirujano en cada localidad, capital de provincia o batallón. Sobre la precariedad del vestuario de los soldados, véanse varios informes en el documento citado, fols. 102-110. Al respeto dice Roberto Junguito: “Uno de los resultados más interesantes que se desprenden de este trabajo es la incidencia que tuvieron las guerras civiles en las finanzas públicas y, particularmente, en el monto y composición del gasto público. Es claro que los gastos militares, incluyendo remuneraciones al ejército y armamentos y provisiones, fueron los princi pales responsables de las necesidades de endeudamiento externo luego de la Independencia”. JUNGUITO, Roberto, “Las finanzas públicas en el siglo XIX”, pp. 115-116. Ibídem, p. 113.

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Así las cosas, era claro que inevitablemente la guerra afectaba la composición del gasto público, con la finalidad de ampliar la capacidad del Estado para la financiación de todo lo relativo al ejército y otras fuerzas armadas dirigidas desde la Secretaría de Estado del Despacho de Guerra y Marina 30. En este sentido, indagaciones sobre el tema apuntan en la misma dirección, y es que la deuda interna a cargo del Estado: “(…) reflejó los costos de las guerras civiles y el déficit operacional de la administración pública. Estos costos comprendían suministro de particulares a los ejércitos (ganado, armas, municiones, bienes raíces, etc.), empréstitos voluntarios y contribuciones forzosas. El déficit primario incluía obligaciones de Tesorería por cubrir, como salarios, pensiones, pagos por servicios administrativos, contratos y adjudicaciones, así como los intereses generados por la misma deuda interna. Gran parte de esta deuda fueron compromisos de carácter compulsivo y ex post y sólo una parte pequeña, un porcentaje bajo de la deuda flotante), constituyó un verdadero endeudamiento, en cuyo caso, quienes proporcionaban dinero al gobierno lo hacían libremente exigiendo una alta tasa de interés que compensara el riesgo de la operación y una recuperación casi inmediata de los fondos cedidos”31.

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Es importante estimar las dimensiones económicas de esta institución, pues los costos aumentaban y los ingresos disminuían en tiempos de guerra, gastos que era incapaz de solventar el Estado por su excesivo peso dentro del gasto público nacional, de modo que al decir de Frank Safford, entre 1832 y 1845 la organización castrense absorbió cerca de la mitad del presupuesto nacional, mientras que después de 1845 este rubro descendió a un cuarto y a finales de la década de 1850, al 12%, como resultado de la disminución efectuada por el Radicalismo sobre el ejército nacional dentro de su concepción del “Estado mínimo”33. ]33;_ Es posible estimar mejor la situación y concepción del ejército granadino, respecto a sus costos y su lugar dentro de la institucionalidad nacional, si se considera que para el caso de México, Fernando Escalante Gonzalbo sugiere que además de los grandes costos para el precario erario público, la reducción del ejército puede explicarse porque era visto más como una institución frente al Estado que podía hacerle contrapeso, más que como una institución del Estado, o un digno representante del pueblo y la democracia. Con ello se sugiere que la soberanía popular y el ejército podían ser dos polos antagónicos33. Situación que no parece haberse presentado con 30

Gasto que para los años de 1842-1843, que cubría la Guerra Los Supremos, ascendió al 60% del total y una vez terminada, descendió al 38%. JUNGUITO, Roberto, “Las finanzas públicas en el siglo XIX”, p. 116. ROJAS, Ángela Milena, “Deuda pública interna, patrón metálico y guerras civiles (…)”, pp. 203-204. Vale la pena aclarar que la “deuda flotante” era aquella definida por los pagos más urgentes a corto plazo, mientras que la “consolidada” implicaba obligaciones y pagos de capital a largo plazo. SAFFORD, Frank, El ideal de lo práctico: el desafío de formar una elite técnica y empresarial en Colombia, Universidad Nacional de Colombia-El Áncora Editores, Bogotá, 1989, p. 70. Según Escalante Gonzalbo, en el México del siglo XIX, el ejército fue visto con recelo y odio y como una amenaza para la población rural, debido a las levas tan resistidas por los labradores y trabajadores del campo; a ello se suman las arbitrariedades, la dureza de la vida militar y lo deshonroso que era pertenecer al ejército, pues la condición social y cultural de los reclutados estaba asociada con los vagos y delincuentes. Pertenecer al ejército era un castigo y como no había suficientes soldados para los regimientos, las poblaciones ponían de manera forzosa el resto, de allí que “pocos eran los que sentían que el ejército fuese suyo, o los que pudieran imaginar un nexo entre los derechos de ciudadanía y la partici pación en la fuerza armada. Con las milicias era algo distinto (…)”. ESCALANTE GONZALBO, Fernando, Ciudadanos imaginarios, México, El Colegio de México, 2009, p. 177; “Los crímenes de la patria. Las guerras de construcción nacional en México (Siglo XIX)”, en Metapolítica. Volumen 2, No 5, enero-marzo de 1998, pp. 30 y 37. De forma similar al caso mexicano, para el argentino, Hilda Sabato dice que desde muy temprano las milicias se ganaron el reconocimiento en el discurso patriótico nacional, con los regimientos coloniales de Buenos Aires que actuaron contra los ingleses y luego en la Revolución de Mayo, y con ello conquistaron un lugar mítico en la historia republicana. La pertenencia a la virtuosa milicia y más tarde a la Guardia era a la vez un derecho, un deber y un privilegio, y la población lo distinguía con respecto al rol del soldado de

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la Guardia Nacional Auxiliar, que por el contrario, generó en varios países de Hispanoamérica la representación de la nación en armas y un espacio para la práctica cívica de la ciudadanía, el patriotismo y la inclusión política por parte de sectores medios y bajos34. Un mes después de finalizada la guerra, el 22 de septiembre, el gobernador de la Provincia de Medellín, Sebastián J. Amador impuso el empréstito forzoso de $50.000 para subsidiar los gastos de regreso de las tropas, en su mayoría oriundas de otras provincias, que sometieron a los sublevados en Antioquia. Como era de esperarse, recayó sobre los individuos “acomodados” que participaron en la insurrección y sobre los conservadores que permanecieron indiferentes durante la contienda. Se repartió de forma tal que el cantón de Medellín aportara $35.000, el de Amagá $10.000 y el del Nordeste $5.00035. El autor del volante denunció que: “En los diversos cantones se conformaron ´Juntas repartidoras del empréstito forzoso´ que manejaron a su antojo las cuotas impuestas a los opositores, excluyendo a sus familiares o favoreciendo a sus adineradas clientelas de poder: ´para saciar con ella raquíticas i miserables venganzas de pueblo, degradándose hasta el extremo de bajar al campo de la más vil e infamante parcialidad”36.

]342_

La medida levantó las más enconadas resistencias y evasivas, pues muchos conservadores de las jurisdicciones de Amalfi y Medellín, escaparon de sus localidades o pretendieron pasar por liberales, ante lo que las autoridades argumentaron con ironía: “ya dizque no hay ni un solo conservador y todos se dicen liberales”37. Sobre los empréstitos forzosos hay que tener en cuenta que no fueron impuestos solamente a los rebeldes o a sus colaboradores, pues sucedía que algunos liberales, en medio de la contienda, se negaron a prestar sus servicios al Gobierno, con lo cual se hicieron acreedores a las sanciones correspondientes. Este parecer ser el caso del sargento mayor, Clemente Jaramillo, quien durante la guerra se negó varias veces a apoyar al gobernador de la provincia de Medellín con la ocupación de cargos militares, según Miguel Díaz Granados, jefe político encargado en Medellín, por lo que se le impusieron cuatro multas de $50 mil pesos cada una y el respectivo sumario38. Debido los excesivos costos de la contienda, el secretario de Hacienda, Murillo, declaró la necesidad de imponer algunos empréstitos. Legalizó el que impusiera la gobernación de la

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línea, asociado con mercenarios y pobres que se alistaban por falta de medios para vivir o con los delincuentes destinados a la fuerza por las autoridades. SABATO, Hilda, Buenos Aires en armas. La revolución de 1880, Argentina, Siglo XXI Editores Argentina S. A., 2008, p. 51. El ejército regular como institución reclutadora de vagos, miserables y delincuentes es de herencia colonial y le confirió a la misma un carácter de penalidad correctiva que “tergiversó” su identidad profesional de ejército profesional. JURADO JURADO, Juan Carlos, Vagos, pobres y mendigos. Contribución a la historia social colombiana, 1750-1850, Medellín, Editorial La Carreta, 2004, pp. 114-121. Así lo manifiestan varios casos: JURADO JURADO, Juan Carlos, “La partici pación del pueblo liberal en la Guerra Civil de 1851: la ciudadanía en armas”, en Estudios Políticos, IEPRI. No 71, enero-abril de 2011, pp. 3-28. SABATO, Hilda. “El ciudadano en armas: violencia política en Buenos Aires (1852-1890), en Entrepasados,Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, N 23, 2003, pp. 150-151. SABATO, Hilda. Buenos Aires en armas. La revolución de 1880. Argentina, Siglo XXI Editores Argentina S. A., 2008. IRUROZQUI VICTORIANO, Marta, La ciudadanía en debate en América Latina. Discusiones historiográficas y una propuesta teórica sobre el valor público de la infracción electoral, Lima, Instituto de Estudios Peruanos-IEP, 2004. Documento de trabajo No 139. Serie Historia, 26. CHUTS, Manuel y MARCHENA, Juan (eds.), Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), Madrid, Iberoamericana, 2007. La Estrella del Occidente 28 de septiembre de 1851, N° 257 Trimestre XXI. Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Hojas Sueltas. ARISTIPO, “Sufrimiento del partido conservador”, Medellín, Imprenta de Jacobo Faciolince, 1851. Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Hojas Sueltas. CARDONA, José María (et. all.), “Hay Siegres en Amalfi”, Medellín, 4 de octubre de 1852, Imprenta de Jacobo F. Lince. Archivo Histórico de Antioquia (A.H.A.). Medellín, República. 1851. Gobierno, Tomo 1653. ORTIZ, Luis Javier, El Federalismo en Antioquia, p. 34.

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provincia de Medellín, por $ 50.000 pesos el 22 de septiembre, e impuso uno más por $ 100.000, “para auxiliar el tesoro nacional, que por la causa expresada se halla en un estado de lamentable penuria”39. Como lo he sugerido, entre los mecanismos de “venganza económica” implementados por el Gobierno liberal, estaban los empréstitos forzosos, cuya imposición tenía lugar en medio de un inestable equilibrio entre la retaliación legítima del Estado por medio de la imposición de exacciones económicas a sus opositores, y la no exacerbación a los vencidos para lograr la restauración de la paz. Se trataba de un “recurso fiscal de emergencia” cuyo fin también apuntaba a la apremiante consecución de recursos económicos. Fue muy común que en medio de los afanes propios de la guerra, el Gobierno tuviera que conceder a descuentos a quienes pagaran prontamente los empréstitos forzosos e hiciera arreglos “bajo la mesa” con miras a conseguir capitales de los que dependían urgentes decisiones. Ya indiqué antes que los más recalcitrantes a pagar los empréstitos buscaron todo tipo de artimañas para resistirlos, cuando no huían de sus vecindarios y localidades, casos en los que el Gobierno amenazaba con rematar sus propiedades o ponerlos presos.

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Coherente con estas medidas, el 8 de noviembre el vicepresidente de la República, Obaldía, expidió un decreto que complementaba el del 2 de octubre sobre indulto, y en él legitimó los empréstitos impuestos por los diferentes gobernadores en sus respectivas provincias. El punto 8 de tal decreto rezaba: Art. 8° Exonérese de toda responsabilidad hacia la República a título de daños y perjuicios causados por la rebelión en las tres provincias de la antigua Antioquia responsabilidad que se dejó vigente en decreto de 2 de octubre ya citado, a todos los individuos sometidos a ella, y cuyas fortunas no excedan de ochenta mil reales. Los de una fortuna mayor sólo serán eximidos de tal responsabilidad a condición de entregar en las cajas nacionales las sumas que les asignaron los respectivos gobernadores, con el carácter de empréstito sin interés, pagadero en el término de tres años […]40.

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En el punto opuesto de las víctimas de los empréstitos forzosos estaban los afectos al Gobierno, que lo apoyaron con suministros, todo tipo de recursos y “empréstitos voluntarios” que recibieron manejo preferencial para ser pagados, una vez finalizada la contienda41. Como los costos de toda guerra también se miden con la cantidad de hombres y mujeres sacrificados, Camacho Roldán calculó los muertos sobre un máximo de 300, lo que es una cifra creíble, si se coteja con lo expuesto en las memorias consultadas y los informes oficiales del Gobierno sobre magnitudes de los ejércitos y de los combates. Pero en total, dijo que la cifra final de víctimas ascendió a más de 1.500, debido a las enfermedades, las heridas y las marchas forzadas. Estas cifras son apenas indicadores de tendencias generales, pues no es fácil tener cifras confiables por razones de la misma guerra y de la precariedad de los organismos administrativos de la época para aportar información al respecto. Fernando Gaitán y Malcolm Deas ofrecen la cifra aproximada de 1.000 muertos efectivos, lo que implica que la Guerra Civil de 1851 fue la menos impactante en términos de cifras en comparación con las más representativas del siglo

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A.G.N. Sección: República. Fondo: Copiadores. Tomo 1649. Correspondencia dirigida por Murillo al gobernador de la provincia de Medellín, el 11 de octubre de 1851, fols. 54r-55. La Democracia, 23 de noviembre de 1851, Nº 101 Trimestre 9°. DEAS, Malcolm, “Inseguridad y desarrollo económico en Colombia en el primer siglo de vida republicana independiente (…)”, p. 688.

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XIX: Guerra de los Supremos, 3.366 muertos; Guerra de 1860, 6.000 y Guerra de Los Mil Días, 80.00042. El aumento definitivo en la cantidad de víctimas puede explicarse debido a la precariedad de la atención médica de los heridos, lo que generaba infecciones, mutilaciones y muertes, pasadas unas horas o días de haber sido heridos en combate. Al respecto es importante agregar que durante las guerras civiles del siglo XIX, la alta mortalidad de soldados y reclutas estuvo bastante relacionada con el tipo de armas usadas en los combates, pues mientras más precarias, menos letales fueron para causar la muerte, pero más posibilidades existían para la proliferación de heridas con efectos letales. Como lo testimonia la documentación investigada, tanto entre las fuerzas del Gobierno pero, sobre todo, entre las de los rebeldes, debido a que no disponían de los parques de armas oficiales, proliferaron armas muy precarias como cuchillos, bayoneta calada, machetes, lanzas, palos y piedras. Éstas, en comparación con fusiles y carabinas, escasos por su alto costo pero más frecuentes entre las tropas gobiernistas, suelen ser menos efectivas para causar la muerte inmediata. El tema no es superfluo dentro de la guerra y por el contrario, el tipo de armas no sólo refleja el tipo de guerra, sino también el tipo de sociedad que las usa, en este caso una sociedad profundamente campesina y agraria, con muy precario desarrollo tecnológico para emprender la guerra, pues se solía convertir las herramientas del trabajo agrícola en armas de ataque, como fue corriente durante el siglo XIX.

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A las heridas como factores letales, se agregan las enfermedades propias de climas tropicales húmedos sobre las cuales no he hallado referencias documentales, debido tal vez a la brevedad de la contienda. Las enfermedades solían diezmar rápidamente una tropa mal alimentada y agotada y fueron comúnmente la viruela, fiebre amarilla, paludismo, tifo (negro o amarillo), disentería, fiebres infecciosas y el mismo cólera que asoló algunas regiones de la Nueva Granada, desde 1849, y cuya presencia mortífera se conjugó con la contienda. No obstante la precariedad de la atención médica, generalmente las tropas gobiernistas contaron con mejores posibilidades de sobrevivir, debido a la provisión de recursos, la infraestructura oficial del Estado y a la disposición de hospitales fijos y de campaña43. Más allá de las pérdidas económicas, los costos de la guerra también fueron estimados en la época por el liberal Juan de Dios Restrepo, con el viejo axioma de que, finalmente, en ellas, “todos pierden”: los ricos sus propiedades, tranquilidad y placeres, y los pobres su economía, su penoso trabajo y la esperanza del porvenir44. Para el autor: “Los sufrimientos en los hogares abandonados son superiores a toda ponderación” económica, tema que ha sido recurrente en la literatura del siglo XIX, donde se recreaba la crudeza de la guerra, su impacto en la psicología de los individuos, así como su papel desestructurante de los hogares y de la trama de vínculos sociales. En consecuencia, fue muy común durante el siglo XIX colombiano e hispanoamericano la publicación de crónicas, novelas y cuentos donde militares, intelectuales y literatos narraban con vivacidad y dramatismo aspectos de la guerra, en los que la figura central eran los reclutas

DEAS, Malcolm y GAITÁN, Fernando, Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1995, pp. 201-202. SOTOMAYOR TRIBIN, Hugo Armando, Guerras, enfermedades y médicos en Colombia, Escuela de Medicina Juan N. Corpas, Santafé de Bogotá, 1997. GAITÁN CRUZ, María Cecilia, La enfermería en Colombia. Orígenes de audacia y compromiso,Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 1999. El Neogranadino 22 de agosto de 1851. Nº 170. KASTOS, Emiro, “No hay que desesperar”, en Artículos escogidos, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1972, p. 75.

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de los ejércitos45. Esta producción literaria fue “directamente proporcional” a la duración, importancia y crueldad de las diferentes guerras46. En este sentido la guerra fue asumida como un drama nacional, lo que contribuye a construir representaciones de una comunidad imaginada con una tragedia compartida y un devenir político tormentoso y accidentado por la persistencia de los conflictos y las revoluciones civiles, asociadas a la incipiente modernidad de la época, vista como atraso (falta de “civilización”), y que hoy denominamos “subdesarrollo”. En cuanto al ritmo de la economía y el trabajo, Camacho Roldán consideró que sus efectos negativos no fueron nada despreciables, pues “La paralización de las empresas y trabajos, por consecuencia de la inseguridad, vale algunos millones”. Pero lo peor lo estimó con los odios heredados que nutrieron la identidad de los nacientes partidos de acuerdo con lo expresado en la siguiente cita:

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“Lo peor de todo es el odio feroz que se alimenta con esas escenas de sangre, con las violencias y brutalidades que acompañan a la marcha de los ejércitos, al ejercicio de autoridad sin freno, de que se encarga a los peores caracteres en todos los pueblos. Esa saña inexplicable que se traduce luego en oposición a todo y en aplauso a los sentimientos brutales y pasiones salvajes, es lo que se denomina ‘espíritu de partido”47. Todo lo anterior lleva a preguntarnos por el significado que pudo tener la guerra para la mayoría de la población granadina, en su mayor parte campesinos y trabajadores, hombres y mujeres de las clases bajas, los sectores plebeyos o el “pueblo llano”, el que finalmente acarreaba con los mayores costos y sufrimientos de la misma. Como lo indica Alonso Valencia Llano, la pregunta sobrepasa nuestras capacidades, pues no es nada simple, y apenas permite aportar las respuestas de los contemporáneos48. Los testimonios del periódico liberal El Neogranadino expresan la desestructuración de la vida social y económica que significaba la guerra para los campesinos e inocentes labriegos, ubicados en el centro del torbellino social que era aquella, con el consecuente abandono de sus trabajos y labores productivas, la desarticulación de sus familias y entornos vitales y las embestidas del hambre y la enfermedad de que eran objeto:

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“(…) empiezan las levas y reclutamientos, los pacíficos labradores tienen que abandonar sus familias, sus labranzas y ocupaciones y huir a los montes; paran los trabajos de la agricultura y la minería, pierden sus cosechas enteras, y arruinan sus costosas y lucrativas empresas; [se reúnen] las ingentes sumas que representan el trabajo productivo de tantos hombres laboriosos reducidos a la pobreza por la violencia, son pérdidas para la riqueza y prosperidad de la nación. “Las tropelías, vejaciones y ultrajes que a pretexto del reclutamiento se prodigan a las desgraciadas familias de aquellos hombres inocentes y pacíficos, apenas son creíbles para 45

JURADO JURADO, Juan Carlos, “Reclutas, pobres y soldados en las guerras civiles colombianas”, en Revista de Indias. Volumen LXIV, número 232 de 2004, pp. 673-696. Son conocidas dos obras literarias que tienen por motivo la Guerra Civil de 1851, la segunda de ellas también trata la Guerra de 1854: “El Rejo de enlazar” de Eugenio Díaz y “Amores en Guerra: Amor y codicia” de Martín Restrepo Mejía. ESPAÑA, Gonzalo, et. al., Narrativa de las guerras civiles. Guerra civiles colombianas. Volumen 6. 1851-1854, Ediciones Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2008. Según la historiadora Estela Córdoba, las novelas escritas con motivo de la Guerra Civil de 1851 son: “Amelia y Laura” de Juan José Molina y “Amor y codicia” de Martín Restrepo. CORDOBA, Estela María, Antioquia –salto, sobre-salto: Un siglo de literatura, guerra y violencia. 1839-1949, Medellín, 2003, pp. 55-56. CAMACHO ROLDÁM, Salvador, Memorias, dos tomos, Editorial ABC, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Bogotá, 1946, tomo II, p. 90. VALENCIA LLANO, Alonso, Dentro de la ley. Fuera de la ley. Resistencias sociales y políticas en el Valle del Cauca. 1830-1855, Cali, Centro de Estudios Regionales Región y Universidad del Valle, 2008, pp. 205-206.

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los que han tenido ocasión de observarlos. Muchos de esos infelices expuestos sin abrigo a la inclemencia del tiempo, acosados del hambre y de la miseria en los bosques y en los páramos donde huyen, contraen enfermedades penosas que los invalidan por toda su vida. No hay nada más capaz de citar una profunda indignación contra los que promueven el desorden y fomentan las revoluciones, que el espectáculo que ofrecen en el campo de las privaciones, la angustia, el desamparo y el dolor que oprime a tantos centenares de familias desdichadas, cuya subsistencia dependía del trabajo de su padre, de su hijo o de un hermano, que huyendo de la persecución han abandonado la tierra, o lo que es más común, que arrastrado como un criminal, sin otro delito que ser inocente y desvalido, ha ido a perecer a un campo de batalla o bajo la influencia de un clima enemigo para [satisfacer] la ambición o defender las depravaciones del actual demagogo, que lleva su descaro hasta llamarse defensor de derechos del pueblo”49.

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Como lo expresan citas de este tenor, la guerra es un escenario privilegiado, que por su carácter desestabilizador, hace visibles las valoraciones y los ideales sociales centrados en el orden social de los “hombres laboriosos y honrados”, del trabajo y las empresas productivas, necesarios para “la riqueza y la prosperidad de la nación”. De manera que al realzar los ideales de estabilidad, paz y prosperidad a los que se asociaba el destino de la comunidad política, la guerra misma era significada como inseguridad e inestabilidad dentro del proceso de “civilización”; un accidentado evento de odios y antagonismos heredados, que alimentaron la idea que de ella deriva, finalmente, el destino de la nación. En este sentido, la guerra implicaba persistentes imágenes e imaginarios de oposición y violencia en que se debatió el espacio nacional de la vida en común, de allí que los partidos, definidos en la lógica de amigo–enemigo, fueran incapaces de generar “universos simbólicos de cohesión y de identidad” nacional. Según lo planteara María teresa Uribe, por ser tan fuertes en comparación con la nación, los partidos políticos fueron los que crearon los vínculos de pertenencia y representación a los sujetos, a las localidades y a las regiones con un sentido de nación recortada, pues se confundió la pertenencia a la nación con la pertenencia a una de estas colectividades políticas50. Esta profunda escisión entre los partidos que atravesó la vida nacional, fue planteada de manera dramática y temprana por Manuel Joaquín Bosh en 1855, quien asoció la resolución del conflicto partidista con las posibilidades reales de progreso del país: “Por último, que realice el Gobierno el gran problema político de hermanar el órden con la libertad, escrito siempre i nunca resuelto por desgracia, pues hemos visto que cuando ha mandado el partido conservador ha habido órden, pero no ha habido libertad, i cuando ha mandado el partido liberal ha habido libertad, pero no ha habido órden. Que se trabaje, pues, necesariamente porque marchen unidos i compactos estos dos grandes principios, únicos que pueden salvar i hacer feliz la sociedad, i que los gobiernos, sean cuales fueren, tengan siempre presente que: orden sin libertad es tiranía, i libertad sin orden es, anarquía. “Estos medios, unidos con otros tantos que le son consiguientes, muchos de los cuales ya se han puesto en planta, alejarán de nosotros los odios, las divisiones sistemáticas i hasta las denominaciones de partido, que tanto influyen en nuestro devenir; i la nación tendrá un verdadero progreso que traerá consigo el órden, la libertad y la paz, fuentes inagotables de dicha i de ventura.”51 49 50

Citado en Ibidem, pp. 206-207. Las cursivas son mías. URIBE, María Teresa, “De la ética en los tiempos modernos o del retorno de las virtudes públicas”, Nación, ciudadano y soberano, Corporación Región, Medellín, 2001, pp. 167-173. B.N.C. Fondo: Pineda. BOSH, Manuel Joaquín, Reseña histórica de los princi pales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali, desde el

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La cita referida a las levas y reclutamientos se constituía en una denuncia de los liberales contra las nefastas consecuencias de la guerra para el mismo “pueblo” que decían representar y defender los rebeldes conservadores, sin embargo, el Gobierno tampoco se sustrajo a tales señalamientos, como actor político responsable, según el siguiente testimonio de igual fuente: “El gobierno se ve forzado a levantar ejércitos para sostener el orden y establecer las leyes y la seguridad; necesita también hacer reclutamientos, y aquellos enormes males se duplican. La voz sola de reclutamiento derrama en los campos la alarma y la desolación: las calamidades más duras, las epidemias más devastadoras son menos sensibles para los agricultores que un reclutamiento; (…) A los reclutamientos síguense las campañas, es decir las incursiones de las hordas indisciplinadas que arrasan todo lo que invaden. Como las sumas arrebatadas de las oficinas de rentas y arrancadas por la violencia a los ciudadanos pasan por lo general al pecunio de los que figuran como jefes, las montoneras que estos conducen tienen que ser alimentadas a costa de los agricultores. Los víveres, los ganados, las caballerías están a merced de un enjambre de bandidos que usan de estos bienes como de un legítimo botín de guerra, creyéndose tanto más autorizados por apropiárselo cuanto más honrado y patriota sea su dueño. Las personas de algún valimento suelen por medio de amaños para con los jefes salvar en parte sus haciendas; pero para los desvalidos labradores no hay arrimo; las pocas cabezas de ganado, y las caballerías que poseían su capital, y que han sido el fruto del trabajo de toda la vida son arrebatadas en un día; y desgraciados de ellos si se atreven a reclamarlos. Pero son aquellos bienes los únicos objetos de la rapiña, con frecuencia se ha visto a esos hombres asaltar las casas de los ciudadanos y entregarse al saqueo de un pueblo entero: la capital de la república estuvo amenazada de este azote. Al verse los rebeldes forzados por la autoridad pública destinada a sujetarlos, uno de sus recursos de defensa es destruir los medios de subsistencia y de movilidad; es decir arrebatar o destruir las propiedades de los agricultores, cegar los caminos, arruinar los puentes. Las hordas nacionales atravesando pueblos que tienen que subsistir; las reservas públicas agotadas no pueden suministrar góndolas bastantes para sacar los víveres y las caballerías necesarias; y es forzoso tomarlos donde primero se hallan, con la obligación de pagarlos cuando sea posible; el préstamos de usarlos, necesario e irremediable son al mismo grado riesgosos para cada agricultor; porque ellos recaen las más veces sobre personas infelices que con la perdida de algunas reses quedan reducidos a la miseria. No faltan tampoco los hombres perversos que a pretexto de sostener el orden público y de procurar [conservar] sus ejércitos, llegan a los pueblos y cometen depravaciones y ultrajes, que en medio del tumulto y del desorden en que entran todas las cosas no es posible ni impedir, ni remediar.”52

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Como puede verse, el significado y las consecuencias de la guerra para el pueblo, implicaba una vorágine hecha de reclutamientos forzosos, saqueos, violaciones, robos, pillaje, defraudación del erario público, la corrupción de los ejércitos que lograba más que el cumplimiento de las leyes, ultrajes y expropiaciones a poblaciones y desplazamientos de campesinos y trabajadores hacia zonas inhóspitas, donde se sometían al hambre, el abandono de sus familias y la enfermedad, por huir de las levas de las facciones y de los entes gubernamentales. La guerra era un remolino de destrucción a la que poco escapaba, sobre todo si se trataba de los más débiles, nombrados reiteradamente como “infelices” y “desvalidos”. Sin embargo, este tipo de testimonios tienen

año de 1848 hasta el de 1855,inclusive, Cali, 1856, p. 117. Las cursivas son del texto original. No sobra advertir que el actual escudo de Colombia, tiene por leyenda estas dos palabras -libertad y orden- que sintetizan la tradicional escisión de la nación entre los partidos. Citado por VALENCIA LLANO, Alonso, Dentro de la ley. Fuera de la ley, pp. 207-208.

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el tono dramático derivado de haber sido producidos al calor del momento, de modo que es necesario decir que a pesar de todas sus afecciones, la guerra no era un desastre completo pues la vida cotidiana y la economía no quedaban totalmente afectadas ni interrumpidas y, de igual forma, no afectó de la misma manera a una familia, localidad o región que a otras. II. LOS NEGOCIOS DE LA GUERRA

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Hablar de los costos de la guerra nos lleva a hablar de ésta como una excepcional oportunidad para hacer muy buenos negocios; unos y otros, parecen las dos caras de la misma moneda. Como lo dice Escalante Gonzalbo, lo que salta a la vista con las guerras decimonónicas es que se trataba de un negocio para unos cuantos, pues la inmensa mayoría de la sociedad permanecía al margen de las contiendas políticas. Ello se explica en gran medida por las constantes sospechas que recayeron sobre la política como un negocio de aspirantes oportunistas y arribistas. Con un pronunciamiento, cualquiera que fuese el resultado, todos menos los líderes principales, quedaban confirmados en sus cargos y los militares de ambos partidos, por ser tan necesarios, generalmente fueron ascendidos y mejorados sus sueldos y prebendas. Después de pronunciarse, generalmente los rebeldes se hacían a los mejores recursos del Estado y de los particulares del partido opuesto, con préstamos forzosos, confiscaciones, multas y medidas de fuerza de diverso orden en las que no fue posible diferenciar con nitidez la guerra del bandolerismo, y la venganza política del saqueo y el robo53. Congruente con ello y según Bosh, al referirse a las acciones rebeldes de Manuel Ibáñez y Julio Arboleda en las provincias del Sur: “Aquellos fanáticos, naturalmente belicosos i enemigos jurados de todo gobierno, sea cual fuere, no tuvieron embarazo para ponerse en armas prontamente, i con tanto más gusto, cuanto que están acostumbrados a especular con las revoluciones, porque entonces el gobierno manda ejércitos que derraman sobre ellos mismos fuertes sumas de dinero”54. Así las cosas, las negociaciones políticas se confundían con las transacciones económicas, y los ingentes costos de la contienda para el Estado y la sociedad fueron la otra cara de la guerra como una gran oportunidad económica para algunos particulares. Entre ellos comerciantes, prestamistas, proveedores del ejército y del Gobierno, y los variados oportunistas que medraron en medio de oscuras transacciones y pescaron en el río revuelto de las revoluciones. Al respecto no ha sido posible aclarar el papel del comerciante antioqueño Marcelino Restrepo, pues pareciera que apoyó la rebelión conservadora al vender armas a los facciosos, al tiempo se prestaba para ser enviado por el rebelde de Antioquia, Pedro Antonio Restrepo Escovar, como negociador con los gobernadores liberales de las provincias de Córdoba y Antioquia para su rendición ante el rebelde Borrero55. De modo que detrás del patriótico fervor de muchos combatientes, lo que en verdad hubo fue el afán calculador de un buen negocio, de manera que algunos empresarios supieron trasladar su pragmatismo al campo de las transacciones y las intermediaciones políticas. Según el general Braulio Henao, los rebeldes contaban con el apoyo financiero de los principales capitalistas conservadores de Medellín, José María Uribe y Pedro Vásquez cuyas fortunas “se dice que pasan de un millón de pesos, estaban a disposición nuestra”. Vásquez compró unas escopetas 53

ESCALANTE GONZALBO, Fernando, “Los crímenes de la patria. Las guerras de construcción nacional en México (Siglo XIX)”, pp. 28, 32. CARO BAROJA, Julio, Realidad y fantasía en el mundo criminal, CSIC, Madrid, 1986, p. 17. B.N.C. Fondo: Pineda. BOSH, Manuel Joaquín, Reseña histórica de los princi pales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali, desde el año de 1848 hasta el de 1855, inclusive, Cali, 1856, p. 40. CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memorias, tomo II, p. 78. La Estrella del Occidente 20 de julio de 1851, N° 254 Trimestre XVI. El Neogranadino 10 de octubre de 1851, N° 177 Año IV.

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en el almacén del ya mencionado comerciante Restrepo, por encargo de Rafael María Giraldo, lo que indica que el conflicto era una inigualable oportunidad para estimular un mercado de bienes de alto costo56. Será necesario indagar con mayor detalle el papel de comerciantes y empresarios, sus prácticas de acceso a los recursos públicos y la forma como “el manejo de las autoridades locales, los sobornos y las evasiones fiscales, el contrabando y hasta los golpes de Estado eran una forma de hacer negocios en un mercado inestable e intervenido por la política”57.

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Respecto de estos temas, habría que decir que, compleja, como fenómeno de desorden general para la vida económica y social, la guerra también dio inesperadas oportunidades a quienes pretendieran resolver una crisis económica, como se decía del líder rebelde de la provincia de Mariquita, Mateo Viana. Éste fue uno de los más importantes propietarios de tierras, cultivador de cacao y ganadero de los cálidos valles del Alto Magdalena 58. Según se decía, Viana, tenía una gran fortuna y pasaba por una grave situación económica, quien arrastró a la guerra a algunos de sus deudores, según correspondencia de un liberal de la Villa de Honda: “Viana tiene un motivo poderoso para rebelarse i ese motivo es un dilema mui significativo para él –´o triunfa la revolución i mi situación se mejora, o sucumbe i entonces mi quiebra aparece como efecto de la persecución´: a Viana no quedaba otro sendero que el que ha tomado”59. Tal versión se sustentó en un informe de la misma fuente: “Mateo Viana tiene ingentes deudas, i no pudiendo cubrirlas, busca en la rebelión un saldo para ellas. –Diago, engañado lo ha seguido, i decimos engañado, porque [sic] no lo creemos tan bajo, tan miserable que turbase la paz pública de su país por el interés particular de un perdulario”60. Este tipo de citas refiere algo muy importante respecto de las motivaciones de las guerras civiles por parte de las elites del siglo XIX, y es que se acudía a ellas como forma de resolver un diferendo político, pero también porque existía la expectativa de acceder a recursos económicos. Pero, para emprenderlas, se requerían importantes recursos económicos de forma que la expectativa de acceder a medios que aseguraran su sostenibilidad económica fue muy importante para que integrantes de las elites se decidieran a comprometerse en ellas. Los caudillos y gamonales que lideraron la Guerra Civil de 1851, como otras tantas, requerían de dinero, disponer de ganados, armas y hombres de sus haciendas y redes de poder para sostener las tropas, inversiones que podían recuperarse asegurando el acceso al Tesoro público. Tal expectativa de control sobre los recursos del Estado garantizaba la disposición y fijación de reglas sobre recursos en especie como terrenos baldíos y concesiones, o la expedición de notas de deuda interna, garantizadas en aduanas, a favor de los acreedores públicos que no eran más que prestamistas y agiotistas61. Como lo indica Ángela Rojas:

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“La existencia de un medio para financiar la guerra civil y reducir sus costos monetarios hace que la confrontación armada sea sostenible como salida al conflicto político. 56 57 58

59 60

B.N.C. Fondo: Pineda. HENAO, Braulio, A mis conciudadanos, Bogotá, 20 de junio de 1852, p. 7. ESCALANTE GONZALBO, Fernando, Ciudadanos imaginarios, México, El Colegio de México, 2009, p. 218. El Neogranadino 22 de agosto de 1851, N° 170 Año IV. A.G.N. Sección: República. Fondo: Hojas de Servicios. Tomo 14, Hoja de Servicios del Coronel Diago, fols. 63-192. El Neogranadino 1 de agosto de 1851, N° 167 Año IV. El Neogranadino 1 de agosto de 1851, N° 167 Año IV. Entre los princi pales acreedores de Viana se encontraba el presbítero Juan Nepomuceno Duque, con quien tenía un largo litigio desde 1848 por deudas en dinero y 750 cargas de cacao. Entre sus propiedades embargadas estaba la hacienda La Unión. A.G.N Sección: República. Fondo: Curas y Obispos. Tomo 50. Documento 10: En cualquier parte del mundo que haya leyes i derechos. Bogotá, 1848. El señor Enrique Berbeo como apoderado de Juan N. Duque denuncia las violaciones de las leyes cometidas por el juez de Honda, en el juicio ejecutivo seguido por Mateo Viana como deudor del señor Duque. ROJAS, Ángela Milena, “Deuda pública interna, patrón metálico y guerras civiles (…)”, p. 218.

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Consecuentemente, la causalidad entre guerras civiles y crecimiento de la deuda pública no se presenta en un único sentido. La deuda crece porque hay guerras, pero las guerras tienen lugar en parte, porque será posible financiarla a través de la emisión de deuda. Debido a que las reglas fiscales para servir esta deuda difícilmente podían ser neutrales con los acreedores, esta deuda aportó incentivos adicionales para lanzarse a la siguiente guerra civil”62.

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Pero no sólo las clases altas encontraron en la guerra una oportunidad para acceder a los recursos del organismo estatal, hacer un buen negocio o para resolver una crisis económica (con lo que jugar a la política resultaba ser el negocio más rentable), pues las clases bajas también podían buscar en ella la manera de medrar y ascender social y económicamente, lo que fue posible mediante los tan comunes ascensos militares a que dio lugar su destacada participación en milicias y tropas, el robo y el pillaje. De forma que muchos usaron de este afán arribista del populacho, para cautivar de entre ellos a los más audaces y ambiciosos reclutas y soldados. El general Eusebio Borrero denunció que el comandante liberal Miguel Alzate había llegado a las localidades de Neira y Salamina con 150 hombres, “casi desnudos, armados de unos pocos fusiles, sin oficiales. Que allí logró aumentar su jente con algunos perdidos de aquel distrito i con algunos infelices a quienes alucinó ofreciéndoles terrenos, que han cometido mil atrocidades (…)”63. El texto manifiesta que en aquella zona de frontera, al Sur de Antioquia, de activa colonización y movilización de campesinos colonizadores de tierra, esta pudo ser una forma de movilización popular utilizada por los grandes propietarios. De igual forma, fue usual durante las contiendas decimonónicas, impregnadas de ilusiones “revolucionarias”, que muchos pobres y miserables esperaran con ellas, saldar las viejas deudas con un orden social de desigualdades e injusticias, por medio de la repartición de las riquezas de los ricos64. Tales rumores de igualación social que encendían la imaginación y las fantasías por la liberación popular, parecen un certero indicio de las extremas condiciones de pobreza y subordinación del campesinado, con lo cual la guerra parecía darles lo que la política y las instituciones les negaban en la vida diaria. Todo ello manifiesta que la guerra podía ser una inmejorable oportunidad para hacerse a atractivos recursos económicos (ganado, cosechas, metales preciosos, armas, mercancías, etcétera) por medios extraeconómicos, es decir, por la violencia, característica común a toda sociedad precapitalista, como nos lo han enseñado Max Weber. Esa inquietante expectativa de las clases bajas sobre la guerra como escenario de inversión de las jerarquías sociales y económicas, sugiere que esta podía ser representada como “revolución” en el sentido contemporáneo de la palabra, es decir, como una prometedora transformación política “dignificada”, pues, al decir de Gonzalo Sánchez, trae la promesa de “algo que se realiza en beneficio colectivo” a diferencia de la guerra civil que de entrada, está asociada con la disolución del cuerpo social65. Pero se trataba sólo de eso, de una exacerbación idealista del populacho y sus esperanzas económicas en la guerra, pues 62

Ibídem, pp. 218-219. Según la autora, a pesar de que el asunto de las ganancias y las pérdidas económicas de las guerras sigue abierta, debido a la falta de fuentes que ofrezcan cifras confiables, sus costos monetarios no parece que fueran muy altos, debido a la relativa facilidad de organizar una masa de campesinos pobremente armados, lo cual fue más común entre hacendados y comerciantes; pp. 218-219, nota 9. A.H.A. Sección: República. Fondo: Copiadores. Tomos 1661. Carta de Eusebio Borrero desde Aguadas, al gobernador de la provincia de Córdova, el 16 de agosto de 1851, fols. 102-103. En medio de la Guerra de Los Supremos María Martínez de Nisser comentó que el partido Ministerial (posteriormente llamado Conservador) estaba conformado por la “gente decente”, mientras que la plebe pertenecía a “la facción”, es decir, al bando sublevado, a virtud de que han trabajado mucho diciendo: […] que Córdova y su partido se han armado para defender la religión; que los bienes de los ricos serán distribuidos entre los pobres, y que sus jornales serían aumentados y mejor pagados, razón por la cual toda esa gente ignorante ha abrazado ciegamente ese odioso partido”. TISNÉZ JIMÉNBEZ, Roberto, María Martínez de Nisser y la revolución de Los Supremos, Bogotá, Biblioteca del Banco Popular, 1983, p. 324. SÁNCHEZ, Gonzalo, Guerras, memoria e historia, La Carreta Editores, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2006, p. 48.

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acá vale el señalamiento de Malcolm Deas para las guerras civiles de la centuria, en el sentido de que con ellas no hubo nada como una gran clase de gente enriquecida ni una arruinada66. Se concluye, entonces que las motivaciones para ir a la guerra no siempre fueran políticas o ideológicas, sino también económicas. Todo ello le hacía decir a finales del siglo XIX a un testigo de excepción de la vida republicana, José María Cordovéz Moure, que una vez pasadas las guerras, la multitud de reclamos al Estado causadas por acciones legales o de hecho de sus militares y funcionarios civiles, daban lugar a la proliferación de agencias especializadas en entablar litigios para reclamarle al Estado los consecuentes pagos e indemnizaciones:

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“(…) más los gajes que los beligerantes de uno y otro bando pescan en el río revuelto, con otras menudencias, que, por sabidas, se callan, y el lector convendrá con nosotros en que no hay razón para escandalizarse con las numerosas revoluciones que nos han sumido [se refería a todo el siglo XIX] en la sima sin salida donde yacemos, desde el momento en que ellas se hallan elevadas a la categoría de negocio productivo para los corifeos, a costa de los hombres pacíficos y trabajadores”67. Tales agencias especializadas en vivir a costa de la política, las revoluciones y la cosa pública, sugieren la existencia de larga data de un tipo de empresario hispanoamericano, surgido a partir de la Independencia, dirigido al manejo de créditos, concesiones, contratos, privilegios, préstamos de usura, maniobras de especulación con bonos de deuda pública y demandas de indemnizaciones68. Los más llamativos de estos fueron los denominados usureros o agiotistas, que se hacían a “notas de deuda pública” con alta liquidez expedidas por el Tesoro y cuyo respaldo eran los ingresos fiscales corrientes. Aquellas se pagaban en moneda metálica al modo de un billete o un vale expedido por un banco o una casa comercial de manera que tenían atributos monetarios y expandía la disposición de capitales líquidos en un medio de severas restricciones de capital, debido al ya mentado predominio del “patrón metálico impuro”. Como lo indica Ángela Rojas, tales “notas” fueron muy comunes a mediados del siglo XIX, y expresan los desesperos del Tesoro público por acceder rápidamente a capitales que se hacían impagables, debido a que sobrepasaban la capacidad fiscal del Estado:

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“Las notas son un medio de transacción para un círculo reducido de comerciantes, agiotistas y banqueros. Para el acreedor original, pequeño y común, el valor de las notas era muy incierto y cobrarlas implicaba muchos costos de transacción. En consecuencia, estos acreedores pronto cedían sus derechos por una parte del valor primitivo a otros dispuestos a exigirlos en su lugar. En los centros urbanos como Bogotá y Medellín y en las ciudades cercanas a los puertos como Cartagena y Barranquilla, surgen los intermediarios especializados en comprar estas notas al público general en la década de 1850. Posteriormente, los bancos comerciales también demandarán vales de deuda pública; ya sea porque sostienen operaciones con el gobierno, o representan a comerciantes dedicados a la importación y exportación”69. 66

68 69

DEAS, Malcolm, “Inseguridad y desarrollo económico en Colombia en el primer siglo de vida republicana independiente (…)”, p. 689, nota 31. CORDOVÉZ MOURE, José María, Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, Fundación para la Investigación y la Cultura-FICA, Cali, 1997, pp. 1394-1395. ESCALANTE GONZALBO, Fernando, Ciudadanos imaginarios, p. 226. ROJAS, Ángela Milena, “Deuda pública interna, patrón metálico y guerras civiles (…)”, pp. 208-209. “Antes de la década de 1860 un grupo reducido de agiotistas y comerciantes aseguraron una existencia mínima, aunque costosa, al gobierno nacional. En la década de 1860 las organizaciones de intermediarios dinamizaron el mercado financiero y monetario”; p. 217.

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Este sistema implicó el poder estratégico de los intermediarios para la provisión de capitales, dada la comodidad que representaban para el Estado contar con medios de pagos menos restrictivos que el impuesto por el patrón metálico. En países de la región, muchos logreros empresarios, que hicieron de vicios virtudes, no se conformaron con prestarle una parte de sus capitales al gobierno establecido, sino que también empeñaron parte de ellos con el gobierno futuro, de modo que se cobraban sendos réditos a los políticos y presidentes caídos y a los rebeldes en ascenso. Así las cosas, lo mejor que podía sucederle a los agiotistas era la prolongación de las guerras y, una vez terminadas, era claro que de todas formas habían ganado influencia política y económica como “intermediarios”, finalmente los más beneficiados del conflicto. Con ello queda claro que la violencia política podía ser funcional a ciertas empresas y negocios, de modo que aquella no era sólo un simple obstáculo para la economía. Al respecto, agrega Escalante: “En varias oportunidades he dicho que los agiotistas –por darles un nombre– lucraban con el crédito del Estado. Pero eso puede resultar engañoso. En realidad, lucraban con el descrédito del Estado. Lo mismo que los intermediarios políticos ganaban influencia por falta de legitimidad del Estado, por su debilidad, por su ineficiencia, y eran causa a su vez de esa debilidad y de esa ineficacia, también esos intermediarios económicos podían lucrar por la bancarrota hacendaria, por la penuria y la inestabilidad. Y en su interés estuvo, por bastante tiempo, que las cosas no cambiaran mucho”70.

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No obstante el papel benéfico que jugaron los intermediarios en el sistema económico que implicó el patrón metálico imperante con la provisión de capitales en un sistema sumamente restrictivo en el que ellos asumieron los riesgos financieros, había que contar con los efectos negativos de la inestabilidad política71. En este sentido, los mismos intermediarios hicieron parte de las inestables alianzas que incentivaron el manejo privatizado de los fondos públicos72. Cabe señalar que los usureros no se conformaron con proporcionar oportunos créditos al Estado y, como se expondrá más adelante, estuvieron atentos a hacerse a buenos contratos para proveerlo de todo cuanto fuera necesario durante la Guerra Civil de 1851. Como ésta fuera un río revuelto muy propicio para la ganancia de oportunistas, donde no era fácil aclarar el destino de los fondos públicos, autoridades y altos funcionarios del Estado trataron de proteger el erario público, pero ello no fue suficiente para un aparato burocrático de escaso profesionalismo, y tan débil ante la inmensidad de gastos y gestiones que demandaba la contienda. De modo que hacia mediados de julio de 1851, en medio de aquella, el secretario de Hacienda, Murillo Toro, dictaminó que ningún deudor de la Hacienda pública consignara a nombre de las autoridades de las provincias insurreccionadas y que los auxilios que se prestaran en defensa del Gobierno, serían reconocidos por él, como deuda de empréstito voluntario, con sus consiguientes intereses, una vez terminada73. También decretó sostener los gastos de la guerra con los bienes de los insurrectos, ocupar sus 70

ESCALANTE GONZALBO, Fernando, Ciudadanos imaginarios, p. 231. ROJAS, Ángela Milena, “Deuda pública interna, patrón metálico y guerras civiles (…)”, pp. 217-218. “Dondequiera que el Estado comprometía su crédito, había oportunidad para lucrar. Si, en un caso, el gobierno no podía pagar la nómina de sus empleados en metálico, entregaba a cambio papales de adeudo que los agiotistas compraban (con descuento) para revenderlo al Estado o para usarlo en nuevos préstamos. 72 “Pero la forma habitual de hacer dinero era prestarle al gobierno. La precaria situación de los más de ellos los obligaba a aceptar intereses exagerados y condiciones poco menos que humillantes. Pero no era fácil salir de ahí: por lo común, los gobiernos no podían pagar sus adeudos en efectivo, por lo cual sólo un pequeño grupo de prestamistas disponía de fondos para aceptar moratorias y prestar nuevamente.” ESCALANTE GONZALBO, Fernando, Ciudadanos imaginarios, p. 227. 73 A.H.A. Sección: República. Fondo: Copiadores. Tomo 1649. Resoluciones comunicadas por el secretario Murillo al gobernador de la provincia de Medellín, el 14 de julio fols. 44-45, y el 24 de julio, fols. 47-51. 71

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propiedades para establecer cuarteles en sus casas y haciendas, y tomar sus ganados y bienes para el sostenimiento de las tropas del Gobierno. Estos aspectos refieren los mecanismos financieros de la guerra, la violencia económica dirigida a la población combatiente, consistente en los “préstamos voluntarios” dirigidos hacia los simpatizantes del Gobierno, y los “préstamos forzosos”, que fueron realmente confiscaciones, con las que solía castigarse a los desafectos al Gobierno, definidos con un alto grado de subjetividad por funcionarios civiles y militares74. Sobre el particular, es pertinente indagar con más juicio hasta dónde fueron afectados los derechos de propiedad de los particulares, algo sobre lo cual los investigadores (y los documentos consultados) han descartado para las guerras civiles colombianas. Como era bastante difícil que los ejércitos oficiales se sostuvieran con los dineros y recursos provistos por el Estado, militares y combatientes recurrieron con frecuencia a las confiscaciones efectuadas en el campo de batalla y a los empréstitos forzosos, cuando no al pillaje. Fue así como Obando y las autoridades locales dispusieron de las encomiendas de barras y onzas de oro confiscadas a las tropas del rebelde Manuel Ibáñez en Pasto, provenientes de la Administración de Correos, que se cargaron a los gastos de la Gobernación de Barbacoas. La suma ascendió a $ 6.000 pesos y “fue invertida en raciones i en otros suministros indispensables al soldado que de todo carecía”. Las tropas también fueron dotadas con las 350 bestias que se tomaron en Pasto y Túquerres a varios particulares. Según la versión de sus hombres, Obando fletó caballerías en Pasto para sus propias tropas “pagadas de su propio peculio porque no se le dio auxilio alguno para su marcha i no faltó oficial que viniese de a pie”75. Éste, como otros tantos testimonios, nos recuerda que la relación de los caudillos decimonónicos respecto de los ejércitos, tenía un sentido patrimonialista, en un contexto en que la dotación y disposición personalista de aquellos, se debía a que eran un importante “recurso político” y la escasez de medios y la fragmentación geográfica lo facilitaba: “Los jefes manejaban las tropas como ejércitos patrimoniales, de los cuales solían disponer al margen de las instituciones jurídicas y de las autoridades civiles”76.

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Capturar fondos de oficinas nacionales o locales para sostener las tropas fue una práctica recurrente entre los actores combatientes, sin embargo, el problema posterior era hacerle el seguimiento a los dineros públicos y asegurar procedimientos burocráticos formales, cuando la informalidad era la norma. Por ello, una vez pasada la guerra o en medio de ella, muchos funcionarios civiles y militares fueron objeto de sospecha y señalamiento público o enfrentaron procesos disciplinarios y judiciales para dar cuenta del uso de tales recursos. Todo lo cual expresa que existía una consideración especial y respeto por la “cosa pública”, valor cívico fundamental para la construcción del orden estatal. Este fue el caso de Obando, acusado de corrupción y malos manejos de fondos y recursos de oficinas estatales según el folleto de su opositor, el General Manuel María Franco, titulado “A la Nación y al Gobierno”, el cual fue contestado por el mismo Obando o por un simpatizante suyo, bajo el seudónimo de “Fénix”77. No obstante que el asunto estaba motivado en gran medida por rencillas personales entre los generales, lo importante es que el referente imaginario de las mismas, fuera el respeto y salvaguarda de la Res–pública.

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AGUILERA PEÑA, M: “El delincuente político y la legislación irregular”, en SÁNCHEZ, G. y AGUILERA, M. (Ed.): Memoria de un país en guerra: los Mil Días. 1899-1902, Planeta, Bogotá, 2001, pp. 307-314. B.N.C. Fondo: Pineda. FENIX, Contestación al folleto del General Franco titulado “A la nación y al gobierno”, Popayán 26 de junio de 1852, p. 3. ESCALANTE GONZALBO, Fernando. Ciudadanos imaginarios, p. 166. B.N.C. Fondo: Pineda. FENIX, Contestación al folleto del General Franco titulado “A la nación y al gobierno”, Popayán 26 de junio de 1852. El folleto de la autoría de Franco no se ha podido hallar en archivos históricos colombianos.

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El caso de Obando es apenas un leve indicio de variadas y complejas situaciones que sí pudieron ser más graves y oscuras, e indica que las guerras “(…) hacían de las finanzas públicas un río revuelto: unos y otros tomaban los recursos donde los había, y los empleaban sin mucho cuidado por las formas administrativas. Mucho era lógico e inevitable, y mucho habría también de confusión voluntaria y malintencionada. Es difícil medirlo”78. Un ejemplo más de la sensibilidad y cuidado por los recursos públicos, lo ofrece el pronunciamiento de uno de los más destacados intelectuales y políticos liberales antioqueños, Camilo Antonio Echeverri, en medio del debate que se suscitó al finalizar la guerra sobre si se aplicaba a los derrotados conservadores medidas draconianas o lenitivas. Echeverri, sugirió que los costos de la guerra fueran asumidos por los derrotados, que era necesario “asegurar el triunfo de los principios democráticos en las provincias de la antigua Antioquia”, ahorrar al tesoro público la mayor parte posible de los “gastos que la rebelión pasada haya causado”, y arbitrar los medios de satisfacer al tesoro público o a los particulares tales recursos79. Frente a quienes proponían que el partido Conservador de Antioquia pagara los gastos de la guerra con el argumento de que fue hecha por la oposición de allí, propuso establecer diferencias entre los opositores, con el fin de no medir con el mismo rasero a todos los conservadores. Sugirió mantener el principio de la “oposición” y aplicar lo que la ley penal prescribía: “(…) que las satisfacciones pecuniarias por resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios, corran de manera mancomunada i solidariamente, a cargo de los autores, cómplices, auxiliadores o encubridores del delito: todos los individuos, que se encuentren en cualesquiera de estas circunstancias, han concedido pues, i querido conceder al fisco i a los perjudicados una hipoteca tácita o legal sobre la masa de sus bienes”80. ]354_ A pesar de haberse dictaminado indulto para los facciosos, el 20 de septiembre apareció en Medellín un texto firmado por “un amante de la paz” en que solicitaba al general Herrera que emitiera un indulto general, excluyendo sólo a los caudillos principales y exigiendo a los oficiales una fianza de su futura conducta. Para ello se argumentaba la necesidad de finalizar “los males que esta provincia ha sufrido con la revolución”, males que serían mayores si no cesaba “la persecución contra los individuos comprometidos; los cuales se hallan actualmente ocultos y fugitivos por los montes, estando por esto paralizados la industria y el comercio, que son las fuentes principales del progreso y civilización de los pueblos”81. De esta forma se imponía otro de los mecanismos de exacción económica a los vencidos, las fianzas, muchas de ellas pagadas por prohombres del partido conservador no involucrados en la contienda, y que por ello se constituían en garantía del acatamiento y subordinación de los antiguos sublevados, al gobierno legítimo. Se supone que este tipo de multas implicaría el derecho a residir en la Nueva Granada y, por lo tanto, la suspensión de un posible destierro del país, pero no era así, como lo evidencia el caso del cabecilla de la rebelión nacional, Borrero, a quien el 8 de noviembre de 1851 Obaldía decretó ocho años de destierro. Éste se presentó en diciembre a las autoridades de Medellín y pagó una fianza de 32.000 reales, salió

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ESCALANTE GONZALBO, Fernando, Ciudadanos imaginarios, p. 249. Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Hojas Sueltas. ECHEVERRI, Camilo Antonio, “La transformación”, Medellín, 17 de septiembre de 1851, Imprenta de Jacobo F. Lince. Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Hojas Sueltas. ECHEVERRI, Camilo Antonio, “La transformación”, Medellín, 17 de septiembre de 1851, Imprenta de Jacobo F. Lince. Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Hojas Sueltas. Un amante de la paz. “C. General Tomás Herrera”, Medellín, 20 de septiembre de 1851, Imprenta de Jacobo F. Lince, 1851.

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para Jamaica a finales del año en una goleta de nombre “Desengaño” y murió en el extranjero el 26 de marzo de 1853 82. Los testimonios documentales indican que definitivamente la guerra implicaba una generalizada y profunda afectación a la propiedad, tanto de los rebeldes mismos como del Estado y los particulares. Pero definitivamente los derrotados, por definición, podían ser los más afectados. Así lo expresa uno de los líderes rebeldes Manuel Ibáñez, en un folleto publicado en 1853 desde la ciudad de Lima, donde hacía un balance general de la administración del presidente José Hilario López 83 . Allí, Ibáñez estableció una línea de continuidad entre los Retozos Democráticos, con su destrucción de cercas, sementares, ganados y propiedades de los conservadores, con los empréstitos y confiscaciones hechas por las autoridades liberales en medio de la guerra. Para él, se trataba de un “vasto plan de expolición” de la plebe liberal, potencializado por la contienda: “Hasta entonces el gobierno no había intervenido de un modo ostensible y directo en la persecución de la propiedad, limitándose a dejar que las democráticas obrasen libremente; más sobrevino la revolución de mayo de 1851, y ya entró el poder supremo a desempeñar el papel que se había reservado en el vasto plan de expolición. Las contribuciones se sucedían unas a otras, impuestas ya por el gobierno, ya por sus agentes civiles o militares, recayendo únicamente, como es de suponerse, sobre las personas y familias que pertenecían al partido conservador. En Popayán fueron embargados todos los bienes de los señores Julio y Sergio Arboleda, coronel Jacinto Córdoba, capitán Pedro Córdova, Manuel María Luna; en Pasto tomó el general Franco todas las mercancías existentes en los almacenes de los señores Zaramas, y fueron destruidas o vendidas por la autoridad militar y en general se tomaron autoritariamente de las haciendas de los conservadores las caballerías, los ganados para montar y mantener la tropa, sin asegurar la indemnización, sin guardar en ello igualdad, ni orden, ni economía, y sin reparar en que destruyendo así los haberes de una partido destruían la pública riqueza”84.

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El texto contiene la denuncia al supuesto atentado contra algo que parece significarse casi como sagrado desde las valoraciones burguesas y del régimen republicano: los derechos de propiedad. Los embargos, confiscaciones y contribuciones forzosas hacían emerger la imagen, no tanto política de la nación, sino económica: “su riqueza”, que asimilaba la de los particulares. Con la finalidad de lograr el indulto del presidente López a los principales cabecillas rebeldes (Sergio Arboleda, Julio Arboleda, Jacinto Córdova, Antonio José Chávez, José María Ardila y el mismo Ibáñez), éste apeló al carácter humanitario con que los conservadores del Sur lideraron la guerra, su acogida al derecho de gentes y el respeto a la propiedad: “En la reacciones y consiguientes campaña de pasto y de Túquerres, en que figuramos los señores Arboleda, Chávez y yo, hubo la más severa moralidad: no corrió otra sangre que la 82

RESTREPO, Jorge Antonio, Retrato de un patriarca antioqueño. Pedro Antonio Restrepo Escobar, 1815-1899, Banco de la República, Bogotá, 1992, p. 121, nota 23. La Estrella de Occidente 14 de diciembre de 1851. Nº 266. Ejemplo de una fianza es la impuesta al sacerdote Manuel de Posada Ochoa de Medellín, quien debía pagar y devolver 41.283 reales y 25 céntimos que giró contra las cajas nacionales de Medellín y responder por otros empréstitos. ORTIZ MESA, Luis Javier, El federalismo en Antioquia, p. 38. A.G.N. Sección: República. Fondo: Folletería. IBÁNEZ, Manuel. Nuevas observaciones sobre la Administración del General José Hilario López en la Nueva Granada. Lima, 24 de abril de 1853. A.G.N. Sección: República. Fondo: Folletería. IBÁNEZ, Manuel, Nuevas observaciones sobre la Administración del General José Hilario López en la Nueva Granada, Lima, 24 de abril de 1853, pp. 8-9.

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derramada en los combates: los prisioneros fueron tratados con la mayor consideración, y la propiedad [ilegible] respetada. El mismo Obando a su regreso de Pasto para el Norte, dijo en Popayán la regularidad con que los conservadores hacían la guerra”85. A renglón seguido, Ibáñez enfatizó la importancia que las propiedades de los rebeldes tenían en la resolución y financiación de la guerra por parte del Gobierno (más allá de la propiedad raíz), en medio de una mitología de conspiración muy propia de tales denuncias: “La historia presentará a su tiempo una carta del Presidente López, dirigida a un gobernador de provincia, en la cual le dice en sustancia lo siguiente: ´Obre U. con energía que tenemos todo lo necesario para matar una revolución si la hacen: lo único que nos falta es dinero, pero la expropiación nos lo dará´. Existe esta carta en poder de una persona respetable de Bogotá. El Gobierno y los rojos negaron constantemente estos cargos y el mismo general Herrera a quien he citado negó (…) que los señores Arboledas hubiesen sido despojados de sus propiedades, y esto que él debía saberlo porque acababa de transitar por la provincia de Popayán teatro de aquellos hechos. Yo voy a demostrar ahora que la persecución a la propiedad llegó hasta el estreno de restablecer e imponer arbitrariamente la pena de confiscación, pena borrada de todos los códigos del mundo civilizado como injusta y bárbara, y mi demostración consistirá nada menos que en un documento oficial auténtico; pero antes de trascribirlo citaré algunos principios de nuestra constitución política para que mejor se comprenda la magnitud del atentado”86.

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Descartada la falsedad o veracidad de lo argumentado por Ibáñez basado en la legislación, lo fundamental que la cita pone de manifiesto es la importancia que tenía, aun para el Gobierno, la expectativa de disponer de medios (en este caso, las propiedades de los rebeles) para decidirse a la guerra. De igual modo, se pone de manifiesto la naturaleza estratégica de los derechos de propiedad en el balance político entre derrotados y triunfadores, un tema que los trascendía a ambos, pues hablaba de la estabilidad del sistema en general y de la seguridad de tales derechos en medio y a pesar de los conflictos nacionales. Los derechos de propiedad definen la propiedad privada y establecen las limitaciones a la expropiación por parte del Estado y son los que hacen posible que el Estado pueda proteger a los particulares de las acciones oportunistas de terceros. Como puede verse, este asunto comprometía la confiabilidad del sistema jurídico político de la Nueva Granada, tanto para nacionales como para extranjeros, fueran personas, empresarios o empresas. En todo caso se trata de una variable económica que no hay que desestimar, para evaluar el sentido económico y político de las guerras. Al respecto, las evidencias muestran que durante la Guerra Civil de 1851 (como en las de Independencia y en la de Los Supremos), hubo robos y expropiaciones, como fue normal durante la centuria, no obstante que había límites para no afectar la propiedad raíz, toda la demás, sí, como lo ilustra Deas: “En relación con los ´poperty rights´, como en todas las guerras, hubo expropiaciones y robos. Pero en el caso de las expropiaciones había límites. Las expropiaciones típicas eran de semovientes, de ganado y de bestias, para el mantenimiento de la tropa y su movilización. Esa práctica era notoria: ´¡Viva la guerra, muera el ganado!´ Era tan acostumbrada que no 85

A.G.N. Sección: República. Fondo: Folletería. IBÁNEZ, Manuel, Nuevas observaciones sobre la Administración del General José Hilario López en la Nueva Granada, Lima, 24 de abril de 1853, pp. 23-24. A.G.N. Sección: República. Fondo: Folletería. IBÁNEZ, Manuel, Nuevas observaciones sobre la Administración del General José Hilario López en la Nueva Granada, Lima, 24 de abril de 1853, pp. 9-10. Las cursivas son mías.

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suscitaba ninguna sorpresa, y los hacendados y otros dueños de semovientes trataban de esconder sus animales, como también trataban de proteger a sus peones de ser reclutados. Todas las guerras sin duda redujeron el stok, a veces y en ciertas partes de de una manera drástica (…) La práctica era reglamentada, y figura en los Códigos Militares. Los expropiadores debían expedir vales, que en teoría se pagaban después de la victoria del Gobierno. Vales que valían poco, pero poco era mejor que nada.

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“Sin embargo, el detalle tiene su significado en relación con los derechos de propiedad. En la era republicana no era ni lícita ni común la expropiación de la propiedad raíz. Hubo expropiaciones de propiedades de españoles en el curso de las guerras de independencia, pero no era la costumbre en las guerras civiles”87. Documentos consultados sobre la Guerra Civil de 1851 indican que no se presentaron las tan indeseadas expropiaciones de propiedades rurales o urbanas a los vencidos conservadores de parte del Gobierno liberal, pues este tipo de medidas no contaba con aceptación dentro de las reglas del juego entre las elites. Con ello y con la lenidad que tuvieron finalmente con los derrotados para impartirles indultos y amnistías hasta bien entrado el año de 1852, los liberales se ajustaron a un patrón de conducta de realismo y pragmatismo político indicado por Deas: “En un país de política tan inestable, no era aconsejable exagerar el castigo del enemigo. Todo el mundo en las altas y medianas esferas de la política, sabía que el ganador de hoy podría ser el perdedor de mañana, y esa sabiduría resultó en cierto grado de prudencia”88. Los liberales no vieron conveniente someter a los conservadores a las tan indeseadas “medidas de seguridad” y fusilamientos, con que habían sido tratados en la Guerra de Los Supremos, y que tanto habían denunciado, lo cual además no parecía compatible con su modernista ideología de derechos y libertades89. ]357_ Contextualizada como parte de la vida nacional, y según lo expresado por algunos protagonistas de la guerra, ésta se encontraba signada en relación de oposición con el trabajo productivo (y lo que hoy llamaríamos el tan ansiado “desarrollo económico”), con lo que se revelaba su capacidad para accidentar el curso de la nación hacia “la civilización”, como se decía en la época. En otro sentido, la fórmula implicaba relacionarla con un legendario tema republicano, la vagancia y la ociosidad (lo que hoy denominaríamos falta de oportunidades económicas y desempleo), pues con suspicacia se suponía que las contiendas nacían y eran lideradas por quienes estaban ociosos y sin ocupación. La asociación entre la disposición para la guerra y la falta de ocupación se halla con reiteración en la documentación histórica de la época y era todo un imaginario de gran extensión social, con lo que asistimos a otras de las dimensiones económicas de la guerra. Si bien el tema tenía un matiz moral, sobre todo entre los conservadores, allí había condiciones objetivas que 87

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DEAS, Malcolm, “Inseguridad y desarrollo económico en Colombia en el primer siglo de vida republicana independiente (…)”, pp. 686-687. Ibídem, p. 687. Los mismos conservadores reconocieron que la guerra no había generado ninguna discontinuidad en el programa liberal que se venía desarrollando y a ello pudo contribuir su desprestigio temporal y el inmediato clima de persecuciones y castigos que los hizo resignarse y aceptar el cambio, pero finalmente la continuidad de las reformas se facilitó por la lenidad con que fueron tratados los rebeldes, como lo expresa el siguiente texto de la autoría de un conservador: “Ellos [se refiere a los conservadores rebeldes] creían seguro su triunfo, olvidados de sus propios princi pios; ellos eran ahora los que tenían en contra el princi pio de legitimidad; y como la metalización y el egoísmo habían cundido rápidamente, fueron abandonados por sus copartidarios y tuvieron pronto que sucumbir. No se levantaron patíbulos, es verdad: la patria no tuvo que llorar sobre los restos ensangrentados de sus hijos, sino en los campos de batalla; pero, como era natural, el vencedor marchó entonces más seguro por la misma senda que había emprendido”. ORTIZ, Venancio, Historia de la Revolución del 17 de abril de 1854, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1972, p. 30. Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Hojas Sueltas. Echeverri, Camilo Antonio, La Transformación, Imprenta de Jacobo F. Lince, Medellín, 17 de septiembre de 1851.

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los contemporáneos supieron leer de manera acertada al relacionarla con la decadente situación económica que acusaban las provincias del Sur–occidente, particularmente las localidades circunvecinas a Pasto y Popayán, y las inmediaciones de la ciudad de Tunja, desde finales de la época colonial. Al tratar de explicar la participación de los sacerdotes, mujeres y jóvenes de la ciudad de Tunja en el conflicto bélico, la prensa liberal la asoció con la proliferación de bienes de manos muertas en poder de la Iglesia y el preponderante clericalismo, que actuaba como un verdadero antídoto contra la modernidad. Con ello se aludía a la decadencia y quietismo (atraso) económico de la región, como lo ilustra la siguiente cita: “Pero no es de extrañar este orden de cosas, en un lugar donde la producción se halla tan atrasada por ser de manos muertas una gran parte de las propiedades territoriales, i hallarse una multitud de personas de ambos sexos, sin oficio alguno. La ociosidad, engendra todos los vicios, i prepara la imaginación para criminales combinaciones”90. De esta manera la inseguridad y la falta de empleo implicaban la guerra misma 91. Acá se asiste a otra vertiente económica de la guerra, y es que ésta no era representada como causante del atraso económico, sino como su consecuencia.

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Como se mencionó anteriormente, en medio de la Guerra Civil de 1851, las diferentes dependencias del Estado, y particularmente la Secretaría de Guerra, debieron proveer a sus cuerpos armados de los recursos necesarios con el máximo de economías posibles, por lo que se vieron forzadas a responder con una sorprendente capacidad administrativa y de gestión, lo que contribuyó al funcionamiento del Estado como órgano centralizado de poder. Ello implicaba la elaboración de diligentes y enormes contratos con particulares, que pudieron hacer jugoso negocios como proveedores del Estado, lo cual se concluye del informe de la Secretaría de Guerra al Congreso de 1852, donde se registró la gestión de dicha dependencia durante el año previo de 185192. El informe refiere los contratos con proveedores nacionales y extranjeros para dotar a los cuerpos de veteranos y a los guardias nacionales de los más diversos implementos para su desempeño: vestuario y uniformes, armamento, correajes, el arrendamiento y adecuación de edificios y, por supuesto las raciones de comida, la organización y paga de hospitales y medicinas, y el transporte de personal, correos y víveres. Para dar una idea de los cuantiosos gastos que esta amplia variedad de implementos suponía, el secretario de Guerra mencionaba que en sólo las provincias de Bogotá, Popayán, Córdova y Medellín, la cifra pagada por vestuario, a diciembre 31 de 1851, ascendía a casi $ 552.000 pesos, lo que parecía corresponder a un cuarto del gasto público anual, según los estimados citados anteriormente. Mientras que las armas, fornituras, medicinas y otras tantas dotaciones en otras provincias ascendieron a un costo de $ 353.000 pesos. El documento refiere que en semejante situación tan crítica se había comprado a un comerciante extranjero 2.000 fusiles, 300 carabinas, 300 rifles de percusión y 400 sables. Como clara muestra de que estas adquisiciones significaban excepcionales y jugosos negocios para algunos intermediarios y comerciantes, decía el funcionario: 90 91

El Neogranadino 8 de agosto de 1851, N° 168 Año IV, “Conspiración de Tunja. Historia”. Se consideraba que el trabajo (mediado por la propiedad privada) tenía efectos moralizantes sobre el individuo, ayudaba a su dignificación, a la riqueza nacional y a la estabilidad política del Estado, de allí que se adujera reiteradamente, y no sin razón, que la ociosidad y la vagancia eran causas de las guerras civiles, como lo indica un informe oficial de 1838: “No hai otra medida conocida de la población que los medios de existencia, ni mejor garantía de orden i estabilidad, que la riqueza acumulada. La pobreza es inquieta i movediza de ordinario, i el que tiene una heredad i la cultiva, une su suerte a la del Estado que le da protección i seguridad, adquieren la virtud que el hábito del trabajo inspira i el sentimiento de su propia fuerza i dignidad, que le hará oponerse a las agresiones externas i a las conmociones del interior”. Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Folletos Misceláneos. No 112, doc. 42. B.N.C. Fondo: Pineda. BARRIGA, Valerio F., Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1852. Secretaría de Guerra, Bogotá, 1852, pp. 33-40, y 28-29.

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“El no haber llegado a tiempo los vestuarios, ha hecho necesario hacer contratas para proveer del cuartel a los cuerpos veteranos, i como no se había calculado, sino el necesario para el píe de fuerza en tiempo de paz [o sea la cifra de 1.500], ha sido indispensable contratar para las guardias nacionales que tan importantes servicios han prestado a la República. Las contratas se han celebrado con la urgencia que lo exigía por que no podía ser de otra manera, i aunque el interés privado, procurase como siempre sacar en su favor todas las ventajas posibles, puede asegurarse que jamás contratas de esta clase se han hecho en esta tierra con más economía”93.

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Hay que considerar la racionalidad y eficiencia de la burocracia estatal como significante de modernidad, sin embargo, muchos contratos no eran tan claros y transparentes, de forma que predominaban los intereses de un grupo de particulares, generalmente comerciantes y especuladores con estratégicos contactos en las oficinas del Estado, que practicaban la corrupción: “una forma de influencia informal de los grupos de dominio económico” sobre los agentes públicos94. Sin embargo, antes de condenar estas prácticas, es necesario saber que se desarrollaban en el contexto de la estrechez de la demanda y de la formación de una economía de mercado, donde la inseguridad y la desconfianza hacía, como sucedía en el México del siglo XIX, que las élites empresariales buscaran el amparo de políticos y funcionarios para reducir la incertidumbre, asegurar “negocios protegidos” y lograr de los entes estatales las sustanciales demandas de artículos que no generaba un restringido mercado95. En consecuencia, se traficaban capitales, hombres, armas, mercancías, pasiones políticas y oscuros intereses, que se ensañaban en un Estado famélico y un fisco paupérrimo, mientras los negociantes “se lucraban con el descrédito del Estado”. Todo ello expresa que definitivamente “la política era la clave de incontables negocios”96 y que la corrupción podía ser un sustituto de la representación97. ]359_ Será necesario indagar con más detalle por los protagonistas y las voces que, en medio del torbellino social de la guerra, hicieron llamados de atención hacia lo que pudiera llamarse una conciencia de la importancia de la paz como elemento fundamental para la modernidad y el desarrollo nacional. Sentimiento de realismo político que tomó forma de manera más evidente hacia principios del siglo XX, después de la más cruenta guerra civil del país, la Guerra de los Mil Días (1899-1902). De igual modo, la identidad ciudadana con el Estado y el desarrollo de una burocracia más moderna y profesional, ayudaron a construir una representación de la naturaleza pública de los recursos del Estado. III. CONSIDERACIONES FINALES A modo de síntesis sobre lo expuesto en este artículo, puede decirse que en el corto plazo, la Guerra Civil de 1851 afectó las condiciones del desarrollo nacional, en cuanto significó un evento más del deterioro financiero del Estado central, mientras que debido a su corta duración y su localización en algunas regiones, sus efectos en la economía y las actividades productivas pudo ser ínfimo en comparación con los generalizados y nefastos efectos de las clásicas guerras del siglo XIX, la de 93

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B.N.C. Fondo: Pineda. BARRIGA, Valerio F., Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1852. Secretaría de Guerra, Bogotá, 1852, pp. 33-34. ESCALANTE GONZALBO, Fernando, Ciudadanos imaginarios, p. 224. Ibídem, p. 224. Ibídem, p. 256. BENDIX, Reinhard, Trabajo y autoridad en la industria. Las ideologías de la dirección en el curso de la industrialización, Buenos Aires, EUDEBA, 1966, p. 159, nota 64.

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1860 y la de Los Mil Días. En este sentido la guerra implicó un deterioro del gasto público del Estado dirigido al sostenimiento de las tropas y ejércitos, rublo que llegó a pesar entre la mitad y un cuarto del presupuesto nacional, lo que agravó la crisis fiscal que ya era preocupante desde la época de la Independencia, el aumento de la deuda interna y puso de manifiesto la debilidad política del Estado por su falta de recursos y de disposiciones administrativas unificadas. A pesar de que la guerra fue un conjunto de rebeliones desarticuladas y fue muy corta, no debe subestimarse lo que significó para localizadas poblaciones en cuanto a la pérdida de vidas, el trastocamiento de los ritmos de trabajo y de la producción con los saqueos y reclutamientos de trabajadores, la pérdida de ganados, cosechas y capitales, y el deterioro de haciendas y fincas, principalmente de los derrotados, más no la afectación de los derechos de propiedad. A estos efectos de desorden sobre la vida social y la economía, deben agregarse los odios heredados que toda contienda significa, principalmente de los frustrados conservadores y de los sectores recalcitrantes de la Iglesia, cuyo sentimiento religioso quedó bastante exacerbado a pesar del triunfo militar del partido Liberal. Todos estos efectos, que no son más que la guerra misma, la posicionaron como un espacio político que permitía hacer visible el destino deseable para la nación como de progreso, riqueza y prosperidad, ideales que pueden sintetizarse en la anhelada “civilización”, como se decía entonces. De modo que la guerra fue representada por algunos de sus actores, como una más de las revoluciones que obstaculizaron la “civilización” de la nación.

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No obstante sus efectos desestabilizadores, o precisamente por ello mismo, la guerra fue una extraordinaria oportunidad para que algunos particulares, prestamistas, agiotistas y comerciantes nacionales y extranjeros, hicieran jugosos negocios a costa del crédito del Estado, lo que implicó la debilidad fiscal del mismo y el posicionamiento de fortalecidos intermediarios. En este sentido la guerra estuvo asociada con una serie de actividades cuestionadas como negocio, lucro privado, corrupción, fraude al erario público y oportunismo para ascender en medio del torbellino social y político. Esta amplia gama de asuntos se explican como parte de la debilidad del Estado y la falta de profesionalismo de la clase burócrata que lo administraba A pesar de los escasos testimonios documentales sobre el tema, existen indicios de que la contienda fue un escenario para que fluyeran las transacciones políticas y económicas, para medrar y pretender acceder por las vías de lo político–militar, a capitales y recursos que no ofrecía la restringida economía. De igual forma, hay indicios que confirman lo sugerido por algunas investigaciones previas, en el sentido de que la guerra tenía lugar por los conflictos políticos que requerían ser resueltos por la vía armada, pero ella misma era posible, precisamente, porque existía la expectativa de acceder al control de recursos públicos (o privados) para financiarla, lo que implicaba el deterioro de los mismos recursos del Estado, por la vía de la deuda pública, principalmente. No obstante que es necesario acopiar más elementos para ponderar las dimensiones y el impacto económico de esta guerra en comparación con las grandes guerras del siglo XIX, es posible sugerir que la Guerra Civil de 1851 fue de corta duración, de mediana proporciones en cuanto a sus desestabilizadores efectos en la sociedad, que implicó una modesta movilización de recursos económicos y que no tuvo efectos catastróficos en la demografía regional o nacional de entonces, como si sucedió con las guerras magnas de 1860 o la de Los Mil Días.

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BIBLIOGRAFÍA Archivo Histórico de Antioquia: Sección: Copiadores, República e Impresos Archivo General de la Nación: Sección República. Fondos: Ministerio de lo Interior y Relaciones Exteriores, Secretaría de Guerra y Marina y Curas y Obispos. Archivo Central del Cauca: Correspondencia, Archivo Muerto, Asuntos Militares y Correos Gobierno.

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Carolina Blanco Alvarado

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RESUMEN La Globalización ha ampliado el ámbito de responsabilidad de la sociedad civil; por ello se considera que es necesario otorgar un grado mayor de partici pación a los ciudadanos en todos los ámbitos decisorios. Es en este sentido, que en el marco del proceso andino de integración resulta de interés analizar la legitimidad del mismo. El presente documento es una aproximación a la legitimidad del proceso andino de integración. Para el efecto, se considera que dicho proceso evidencia crisis en su legitimidad, motivo por el cual se pretende ofrecer algunas propuestas de solución a la referenciada crisis en las que el Parlamento Andino ha de funcionar con papel protagónico. Este documento es producto de una investigación exploratoria y descri ptiva en razón a que su objetivo fue examinar un tema poco estudiado y a la intención de especificar las princi pales propiedades que orientan a la legitimidad del proceso andino de integración. Palabras clave: Legitimidad, Integración Andina, Parlamento Andino, Ciudadanía Andina, Partici pación, Educación para la Partici pación.

SOME PROPOSALS ABOUT THE CRISIS OF LEGITIMATE ANDEAN COMMUNITY

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SUMMARY Globalization has expanded the scope of responsibility of civil society, which is why it is considered necessary to provide a greater degree of citizen partici pation in all decision-making levels. It is in this connection that under the Andean integration process is of interest to analyze the legitimacy. This document is an approach to the legitimacy of the Andean integration process. For this purpose,it is considered evidence that the process legitimacy crisis, which is why we try to offer some proposals for resolving the crisis in which referenced the Andean Parliament has to function role. This document is the result of an exploratory and descri ptive on the ground that its purpose was to examine a little-studied and intended to specify the main properties that guide the legitimacy of the Andean integration process. Keywords: Legitimacy, Andean Integration, the Andean Parliament, the Andean Citizenshi p, P artici pation, Education for Partici pation. Fecha de Recepción: 12/11/2013 Fecha de Aprobación: 15/03/2013 * El presente artículo es producción académica del Proyecto de Investigación: “Perspectiva Jurídico – Andina del Territorio Colombiano”, en el marco del Grupo de Investigación: “Estado, Derecho y Territorio”, realizado con el apoyo estructural y financiero de la Universidad Libre, Sede Bogotá,Colombia. ** Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Doctoranda de la Universidad Santo Tomas – Bogotá. Magister en Derechos Fundamentales – Universidad Carlos III de Madrid, España. Especialista en Derecho Constitucional- Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Especialista en Derecho Administrativo – Universidad del Rosario – Bogotá, Colombia. Docente de la Universidad Libre – Bogotá. Docente de la Universidad Santo Tomas – Bogotá. Docente de la Universidad Católica – Bogotá. Email: carolinablancoalvarado@hotmail.com análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 141 - 155

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INTRODUCCION Hoy por hoy la interacción de los Estados en el escenario internacional obedece a nuevos parámetros donde la cooperación en todos los ámbitos no solo es necesaria, sino que resulta fundamental para enfrentar exitosamente los retos que se dan en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales; lo que hace que ese concepto de soberanía clásico, en el cual los Estados están concebidos de las fronteras hacia adentro resulte fuera de contexto e incluso perjudicial. Hoy en día la soberanía debe darse con un nuevo entendimiento en el cual los Estados, sin desconocer sus límites políticos y jurídicos de interacción en la Comunidad internacional, aprendan a relacionarse de las fronteras hacia fuera y sus estructuras internas aprendan a concientizarse y a contextualizarse con ello (Montero, 2009). Lo anterior supone para los Estados acomodarse y enfrentar las consecuencias del fenómeno de la globalización. Para el efecto, se considera que la única posibilidad de hacerle frente a la globalización es a través de un Estado que encuadre sus políticas dentro de un campo jurídico transnacional o global, ya que hasta el momento el derecho internacional ha sido insuficiente para lograr compaginar las exigencias de la actual sociedad internacional (Fariñas, 2004), dicha propuesta implica, en criterio de quien suscribe las presentes líneas, el fortalecimiento de los procesos de integración.

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El fenómeno de la Globalización ha modificado y está modificando las funciones históricas del Estado Nación; pero ello no implica su perdida de soberanía de manera total. El Estado, aunque ya no es el único ámbito de decisión y poder, sigue manteniendo un papel muy relevante en el control y la regulación de la vida social (Ibarra 2001). Los Estados de ser los únicos sujetos soberanos han pasado a ser actores estratégicos inmiscuidos en diferentes redes de poder; redes en las que mantienen gran centralidad, pero a las que se han incorporado otros agentes: instituciones multilaterales, élites tecnócratas, élites financieras, multinacionales, etc. En consecuencia, los Estados han podido perder poder, pero no influencia decisoria y en ese sentido no son agentes pasivos o secundarios del proceso de globalización, sino motores de este proceso (Martínez, 2008). Ahora bien, lo que sí parece evidente es que los cambios en las relaciones de dominio y de ejercicio del poder, tanto entre los Estados como en las instancias situadas fuera de la soberanía del Estado, han agravado la crisis democrática (Martínez, 2008), ello en razón a que cada vez más agentes no elegidos directamente por el pueblo, toman más decisiones; lo cual genera que la ciudadanía este menos identificada con los centros de decisión, empeorándose las condiciones para el ejercicio de los derechos políticos, y como consecuencia de ello, dando inicio a un proceso de des-democratización (Campuzano, 2010). Es en este sentido en el que resulta procedente afirmar que la globalización hace emerger nuevas fuentes de normatividad que no evidencian legitimidad alguna. Es por lo anterior que se considera que el proceso de integración andino debe recobrar toda su importancia, al ser el proceso que podría permitir matizar los efectos del fenómeno de la Globalización al interior de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN). En consecuencia, el fenómeno de la globalización ha generado un cambio de organización política y jurídica en la figura del Estado Nación de los países andinos, sin que dicha modificación presente elementos institucionales que garanticen una transición pacífica, equilibrada, legítima y justa. Es en el citado contexto en el que resulta necesario fortalecer el proceso andino de integración a pesar de la crisis que ha evidenciado su legitimidad. El proceso de integración andina, podría

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ser un instrumento de jaque al fenómeno de la Globalización en la medida que fortalezca el ejercicio de los derechos políticos, esto es, en la medida en que encuentre las herramientas e instrumentos que logren la verdadera participación del pueblo andino; lo cual, adicionalmente, permitiría superar las limitaciones de la democracia preexistente en los espacios nacional y local de los países andinos (Prieto, 2008). LEGITIMIDAD Y PARTICIPACIÓN: El poder, y más específicamente el poder político, requiere siempre de algún modo de argumentación o de reconocimiento que lo legitime o lo justifique, ante sí mismo y ante aquellos sobre los que se ejerce; todo ello con el fin y pretensión ultima de asegurarse, por la persuasión o la amenaza de la fuerza o de la coacción, la obediencia y el acatamiento (Gil, 2002). En este sentido, si se quisiera una aproximación al concepto de la legitimidad, se podría afirmar que es el poder dominante reconocido, es decir, admitido, aceptado y justificado (Moreno & Ramírez, 2006); y que comporta tres elementos: La existencia de unas normas y valores compartidos entre el pueblo y sus gobernantes; el hecho de que .esas normas generen unas reglas de juego que deben ser respetadas por el gobierno y el hecho de que dicha legitimidad, basada en compartir normas y respetarlas, se expresan con el consentimiento de los ciudadanos (Villoria, 2005).

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La creencia de los ciudadanos y de los individuos, es el primer paso para reconocer la legitimidad del poder y de esta manera, el mantenimiento o estabilidad del mismo. De ahí, que la legitimación sea una cuestión íntimamente relacionada con los mecanismos de mantenimiento del poder, es decir, con aquellos valores y normas que socialmente poseen un reconocimiento y como consecuencia de ello, eficaces en el grupo, convirtiendo al poder en un poder aceptable. (Marcos, 2004). ]365_ Por regla general, las actuaciones del poder se justifican por la presunción de legitimidad que les asiste, sin que su aquiescencia nazca de una convicción íntimamente sicológica por parte de los destinatarios (Zorrilla, 2005). Lo anterior de una u otra manera quiebra la noción sociológica de la legitimidad, esto es, la cohesión e integración espiritual en el seno de la comunidad estatal. Es por lo anterior que resulta necesario el fortalecimiento de la participación, entendiéndola como el mecanismo que permite a los ciudadanos comprender la lógica de los desafíos de la gestión pública, mirando más allá de sus intereses inmediatos o particulares, adoptando una cultura basada en propuestas y no estancada en la mera reivindicación (Sintomer, 2008) y comprendiendo que en las nuevas formas de participación, el individuo participa no en su condición genérica de ciudadano, como ser que busca el interés general, sino en una faceta o dimensión especifica de su vida que viene determinada por su pertenencia a un grupo particular para la defensa o protección de sus derechos o intereses concretos (Pérez, 2008). Sin lugar a equívocos, son los ciudadanos o los individuos, los que en última instancia legitiman la actuación del poder, principalmente mediante mecanismos de participación; para lo cual es necesario transformar la cultura cívica de los ciudadanos y de esta manera modificar las relaciones entre los ciudadanos y el sistema político (Sintomer, 2008). Para lo anterior es necesario educar a los ciudadanos e individuos, en aras de que se puedan orientar, espontáneamente, dentro del espacio social y puedan reaccionar adaptativamente a los eventos y a las situaciones enfrentadas. “Lo anterior supone una acción pedagógica multiforme, cuyo efecto es la adquisición de los saberes indispensables para una inserción correcta dentro de las relaciones sociales.” (Moreno & Ramírez, 2006, pp. 18 y 23).

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LA PRESUNTA LEGITIMIDAD DE LA INTEGRACIÓN ANDINA: Desde el surgimiento del Pacto Andino, hoy Comunidad Andina, “se ha identificado una ausencia de participación de la sociedad civil” (Sánchez, 2007, p.44). Esta situación ha generado que la legitimidad del proceso de integración andina este en crisis. En la práctica son casi inexistentes las demandas por parte de los actores del nivel nacional sobre la democratización del proceso de integración andino, lo que se explica, en parte, por “la escases de espacios institucionales de participación en el nivel de la Subregión” (Prieto, 2008, p. 20).Es bajo la citada contextualización, en la que el Parlamento Andino, como órgano comunitario, plural y democrático del proceso andino de integración, recobra todo su papel de importancia, como quiera que es éste, el espacio obligado para el debate democrático en el contexto de la supranacionalidad andina, en razón a que es la instancia de encuentro de los intereses nacionales y subregionales, en el marco de la discusión democrática (Cárdenas, 2004). No se puede pretender afirmar que la integración por si sola sea una ideología lo suficientemente fuerte para legitimar los procesos de integración; “necesariamente se debe acudir a los actores políticos, a los actores sociales y culturales, para que mediante su participación en los procesos de integración, se adquiera una verdadera legitimidad” (Barros, 1989, p. 68). Es por lo anterior que la participación de la ciudadanía en el proceso de integración es un factor de legitimidad y una condición de éxito: “si solo participan los gobiernos, el proceso se estanca y fracasa” (Vacchino, 1990, p. 9)

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A pesar de lo dispuesto anteriormente se observa que los actuales procesos de integración adolecen de un déficit democrático de grandes dimensiones, causado principalmente por la limitada participación o marginalización de la ciudadanía y por el protagonismo excluyente de los actores gubernamentales de la integración en la formulación de la direccionalidad, orientación y liderazgo (Grandi, 1997). Lo anterior no resulta extraño al proceso de integración andino, cuya legitimidad está seriamente cuestionada por el Déficit Democrático que dicho proceso evidencia, esto es, por la incapacidad del proceso de integración andino para integrar a la sociedad civil. Es por lo anterior que es necesaria la involución del proceso, esto es, “que lo que nació en principio como una iniciativa de gobierno, de arriba hacia abajo y cargado de alta voluntad política, se transforme posteriormente en una iniciativa sentida por la sociedad” (Universidad San Buenaventura, 2009, p. 297). Principales Causas del Déficit Democrático en la Integración Andina Si se quisieran sintetizar las principales causas del déficit democrático de la Comunidad Andina, se podrían mencionar las siguientes: a.- Existencia, en los países andinos, de regímenes presidenciales con fuertes poderes del Ejecutivo, lo cual ha generado que dichos poderes jueguen un rol determinante en el proceso de integración andina, dando lugar a que los Ejecutivos de los Estados Andinos, absorban todas las atribuciones de gestión del proceso de integración andino, ejerciéndolas en virtud de su competencia de manejar las relaciones internacionales. Dicha circunstancia, da lugar al desconocimiento de Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos por los países andinos, como el Acuerdo de Cartagena, por el cual se prevé la existencia de organismos internacionales como el Parlamento Andino, quien de conformidad con el artículo 43 del citado Acuerdo, es el órgano comunitario encargado de participar en la promoción y orientación del proceso de la integración subregional andina y de examinar la marcha del proceso de la integración subregional andina y el cumplimiento de sus

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objetivos, requiriendo para ello información periódica a los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). b.- El proceso de integración andino se constituye como una decisión de política exterior que opera sin consulta de la ciudadanía; lo que implica que la transferencia de poder que lleva este proceso, se efectúa sin participación ciudadana. Lo anterior obedece a que se ha considerado que los procesos de integración son procesos políticos y como consecuencia de ello, se desarrollan, se estacan o se revierten por decisión de los gobiernos. Es en el citado contexto que se ha afirmado que la integración “es un conjunto de decisiones políticas realizadas por aquellos que tienen autoridad para obligar a los Estados; esto es, en elites estratégicas nacionales, que cambian en la medida en que cambien los gobiernos” (Guerra, 1997: 109 y 124). Al respecto, si bien es evidente que la política exterior es un campo de acción exclusivo de los gobiernos de cada Estado; en el proceso de integración andino, es primordial dar respuesta a la necesidad de creación de espacios institucionales de participación democrática que acompañen la cesión de poder soberano de decisión de los Estados; de lo contrario dicho proceso no producirá los efectos deseados.

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CUAL HA SIDO EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO ANDINO DE INTEGRACIÓN? Las políticas de participación ciudadana en la Comunidad Andina, se enmarcan en el eje de participación de la sociedad civil, incluido como línea de acción de la Agenda social andina y el cual se manifiesta a través de la formulación y presentación de las opiniones o puntos de vista de los Consejos Consultivos Empresarial y Laboral Andinos y mediante el dialogo y la concertación de los intereses de los pueblos indígenas. Se aboga también por la participación de los consumidores y los municipios (Instituto de Altos Estudios, 2010).Lo anterior obedece a que el Acuerdo de Cartagena en el literal c) del artículo 129, prevé que “los países miembros emprenderán acciones de cooperación conjunta destinados a contribuir al logro de los siguientes objetivos de desarrollo social de la población andina: (…) Participación plena del habitante de la subregión en el proceso de integración”.

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La Comunidad Andina, ha intentado impulsar y canalizar la inclusión de la sociedad civil en el proceso de integración subregional andino a través del desarrollo de tres ejes fundamentales: El primer eje se ha proyectado mediante la labor de los Consejos Consultivo Empresarial y Laboral Andinos. El segundo eje esta compuesto por la participación de actores no gubernamentales en la definición de algunos programas como: la estrategia regional de la biodiversidad, el Plan Integrado de Desarrollo Social, la Estrategia Andina para la prevención y Atención de Desastres, entre otras. El ultimo gran campo de trabajo son las instancias consultivas, como la Mesa de Trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas, la cual no se ha puesto en vigor debido a que aun no se han asignado y acreditado los representantes de cada nación; la Mesa Andina de Participación de la Sociedad Civil para la defensa de los derechos del consumidor, instancia que aun no está en funcionamiento y el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales, que se ha reunido en muy pocas ocasiones. Con el anterior diagnostico, podemos concluir que el tipo de participación implementado en el proceso subregional andino es formal y/o instrumental, el cual enfatiza en las formas y en el cumplimiento de las normas, pero no en el verdadero proceso de participación ciudadana. Lo anterior ha generado que sus políticas se basen en meras declaraciones programáticas, lo cual ha dado respuestas tardías y claramente insuficientes a los problemas de los ciudadanos andinos. Esta clase de participación concebida como un proceso formal, desarrollada con el único propósito de cumplir exigencias normativas y legitimar decisiones tomadas con antelación, ha lesionado análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 141 - 155

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considerablemente la participación democrática de la sociedad civil organizada en la Comunidad Andina, “evitando que los protocolos de relación sean más transparentes y democráticos y limitando la capacidad de interlocución y concertación de los actores sociales con las autoridades comunitarias, haciéndolo un proceso de integración excluyente y deslegitimizado” (Sánchez, 2007, p. 45). Es necesaria la participación del pueblo andino en la integración, la cual ha de tener como directriz la consolidación y evaluación de proyectos en curso para incorporar nuevas experiencias y proyectos de participación de la sociedad civil; y la institucionalización del dialogo periódico de alto nivel de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (Instituto de Altos Estudios, 2010). Para lograr lo referenciado anteriormente, en primer lugar, es necesario que el Parlamento Andino asuma el conocimiento de los proyectos ejecutados y/o coordinados por la Secretaria General de la Comunidad Andina, vinculados con la participación de la sociedad civil. Lo anterior en razón a su calidad de órgano de control del Sistema Andino de Integración (SAI) y de ser quien verifica la marcha del proceso andino de integración, de conformidad con el art 43 del Acuerdo de Cartagena, para lo cual puede y debe requerir información periódica de los órganos del sistema. En segundo lugar es prioritario que el Parlamento Andino establezca relaciones más estrechas de dialogo, coordinación y cooperación, con los Consejos Consultivos Laboral y Empresarial; así como con las demás instancias consultivas creadas en el marco del proceso andino de integración. Para esto se sugiere fortalecer el trabajo de de los Consejos e Instancias consultivas con las labores parlamentarias de las Comisiones Permanentes del Parlamento Andino. EL PARLAMENTO ANDINO DESDE LA PRESUNTA LEGITIMIDAD DE LA INTEGRACION ANDINA

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En los procesos de integración existen instancias que tienen por principio constitutivo la representación ciudadana, como es el caso de los Parlamentos; en ellos se concentra el principio de delegación (representación) de la voluntad popular de cara a la elaboración de políticas comunes a todos los Estados que ceden el ejercicio de parte de la soberanía frente a un esquema de integración. Para efectos del proceso andino de integración existe el Parlamento Andino, Organización internacional conformada por parlamentarios designados por elección popular por Colombia, Ecuador y Perú; sin que Bolivia presente a la fecha elección popular de parlamentarios, y como consecuencia de ello, sean 5 congresistas bolivianos, quienes desempeñen las funciones de Parlamentarios Andinos por éste país. El Parlamento Andino debe contribuir a fortalecer la democracia y a propiciar el debate democrático en nuestros países. El artículo 12 del Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, muy claramente responsabilizo el Parlamento Andino en la tarea de sustentar en la Subregión Andina, el pleno imperio de la libertad, de la justicia social y de la democracia en su más amplio ejercicio participativo. Es por ello, que el Parlamento Andino debe ser un celoso vigilante de la democracia al interior de los países miembros (Sánchez, 2007, p. 39). Debemos considerar la enorme diferencia que para la democracia implica que el parlamento regional sea o no sea de carácter supranacional. Así si el órgano parlamentario se establece como un foro en el que cada integrante está llamado a representar los intereses de los ciudadanos nacionales del país al que pertenece, tendremos una representación democracita nacional dentro de un esquema regional que, si bien puede servir para defender los intereses de los diferentes grupos al interior de los países miembros, difícilmente podrá conciliar la defensa de intereses comunes de las diferentes sociedades nacionales que se verán afectadas con frecuencia de manera similar por los desarrollos del proceso de integración. Por contraste si el órgano parlamentario

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recibe el mandato de actuar como un organismo supranacional, en representación del conjunto de sociedades nacionales y no de los individuos de uno u otro Estado, la democracia puede verse fortalecida en el nivel regional, en la medida en que los parlamentos podrán articular de manera más fácil los intereses afines de diferentes sectores sociales de los diferentes países, pues su mandato supranacional los obliga a consultar las realidades del conjunto de Estados y no de uno solo (Prieto G & Otro, 2008, p.37). Para efectos del proceso andino de integración, el Parlamento Andino, en la actualidad es un foro en el que sus integrantes representan los intereses nacionales de los Estados al que pertenecen. Lo anterior obedece fundamentalmente a dos circunstancias:

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a.- Inexistencia de un Régimen Electoral Uniforme dentro del proceso de integración andino: De conformidad con el Tratado de Elecciones Directas Universales de Parlamentarios Andinos, es obligación de los Estados integrantes de la Comunidad, gestionar un Régimen Electoral Uniforme, para lo cual mientras se establezca el referenciado régimen, el sistema de elección de los Representantes ante el Parlamento Andino se regirá de acuerdo con la legislación electoral interna de cada Estado. A la fecha no se ha expedido dicho Régimen, motivo cual los Parlamentarios Andinos, son elegidos por cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina. b.- No consolidación definitiva de la elección directa de parlamentarios andinos en Bolivia. Si bien el artículo 267 de la Constitución Política boliviana de 2009, prevé que la designación de los miembros del Parlamento Andino se hará por vía de elección directa, a la fecha no se ha procedido con la reglamentación legal a dicha norma constitucional, esto es, no existen los procedimientos que determinen las reglas de juego para participar en la contienda electoral de designación de parlamentarios andinos bolivianos.

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De conformidad con lo dispuesto anteriormente resulta procedente afirmar que el Parlamento Andino debe cumplir su función de representante de la voluntad popular, la cual es en esencia la fuente de donde proviene su legitimidad; sin embargo, esta es una de las grandes dificultades que enfrenta dicha institución, quien muchas veces no se encuentra dotada de las competencias adecuadas para el ejercicio eficaz de esa representación. Es en el citado contexto, en el que resulta procedente afirmar que el Parlamento Andino carece de una legitimidad democrática por cuanto en la práctica, no está debidamente garantizada su participación en el Sistema Andino de Integración (SAI); adicionalmente porque tampoco se encuentra garantizada la participación del pueblo andino en el desarrollo del proceso andino de integración, puesto que carece de una ciudadanía común y de reglas uniformes de elección directa a los parlamentarios andinos. Todo lo anterior se reafirma en la inexistencia de un vínculo jurídico de pertenencia del pueblo andino frente a la Comunidad Andina (Insignares, 2009). COMO SUPERAR LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DEL PROCESO ANDINO DE INTEGRACION? La integración no es suficiente en sí misma para declarar su legitimidad, “son los actores políticos y sociales quienes a través de la participación en estos procesos, otorgan la legitimidad, pues es la creencia popular lo más importante para alcanzar este objetivo” (Barros, 1989, p. 17-18) En aras de aproximarse a una posible solución a la crisis de legitimidad del proceso andino de integración, es necesario en primer lugar, romper el aislamiento de las instituciones encargadas de promover la integración andina con la población de los países miembros, identificando en análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 141 - 155

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forma conjunta metas, estrategias y levantando una agenda que responda a las necesidades de los pueblos. La efectividad de la citada propuesta depende de la consolidación jurídica y política en cada uno de los Estados que conforman a la Comunidad Andina (CAN) de la elección directa de parlamentarios andinos, de la concientización de la necesidad de la integración andina y de la creación de una ciudadanía andina. Consolidación de la Elección Directa de Parlamentarios Andinos La realización de cualquier proyecto de integración reclama la estructuración y puesta en funcionamiento de una organización administrativa y técnica, y determina la creación de autoridades comunitarias, con específicas competencias, y del mismo modo, la formulación de un sistema normativo con el vigor y la eficacia requeridos para que aquéllas puedan regular directamente las cuestiones atinentes en materia de integración y la conducta de los países comprometidos y de sus habitantes, sin tener que recurrir a los procedimientos ordinarios del derecho interno de cada país (Tremps, 1994) . En este contexto, fue creado el Parlamento Andino como el órgano comunitario deliberante de la Comunidad Andina, de conformidad con las atribuciones asignadas por el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena.

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El Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, el cual entró en vigor en el año de 1984, luego de ser ratificado por todos los Estados Partes; prevé en el artículo 2° que el Parlamento Andino estaría constituido por representantes de los Estados Parte, los cuales serían elegidos por sufragio universal y directo, de conformidad con el procedimiento que los Estados Miembros adoptarán mediante Protocolo Adicional; y para suplir el período en que tardaría en aprobarse y en entrar en vigencia el mencionado Protocolo Adicional, el articulo 3° dispuso que, en el entretanto, el Parlamento Andino estaría constituido por cinco representantes elegidos por los respectivos órganos legislativos de las Partes Contratantes, según el procedimiento que cada uno de aquellos adopte para el efecto. Lo dispuesto en el Tratado constitutivo con relación a la elección directa de Parlamentarios Andinos esta reiterado en el Protocolo de Trujillo, el cual entró en vigor en el año 1997. Es de relevancia anotar que dicho Protocolo previo en la disposición transitoria séptima que las elecciones por sufragio universal y directo de los representantes ante el Parlamento Andino deberán realizarse dentro de un plazo de hasta cinco años. En el año 1997, los Gobiernos de los Países Miembros aprobaron el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo del Parlamento Andino sobre Elecciones Directas y Universales de sus Representantes, el cual prevé los procedimientos que se deben adelantar en cada Estado Miembro para la elección mediante sufragio universal, directo y secreto de los parlamentarios andinos. Allí se insiste, en su artículo 1º, que la elección popular de estos parlamentarios debe realizarse dentro un plazo máximo de cinco años. Este último Tratado prevé en los artículos 3º y 4º que cada país elegirá cinco representantes al Parlamento Andino y que hasta que no se establezca un régimen electoral uniforme el sistema de elección se regirá por la legislación interna de cada país. Después de 13 años de suscrito el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo del Parlamento Andino sobre Elecciones Directas y Universales, los gobiernos de los Estados Miembros de la CAN han dado cumplimiento al mandato supranacional de reglamentar lo correspondiente a las elecciones directas y universales de sus representantes ante el órgano deliberante de la Comunidad Andina. En este sentido, las Cartas Políticas de los Estados Andinos, consagran las directrices

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constitucionales sobre el tema en particular. Para el efecto, la Constitución Boliviana, prevé en el articulo 267 que “las representantes y los representantes de Bolivia ante organismos parlamentarios supraestatales emergentes de los procesos de integración se elegirán mediante sufragio universal”. La Constitución colombiana prevé en el artículo 227, que “La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino…”, para lo cual mediante la ley estatutaria No. 1157 de 2007, se aprobó y reglamento internamente la elección directa de Parlamentarios Andinos para el año 2010. Colombia, Ecuador y Perú, aprobaron por vía legal, la elección directa de Parlamentarios Andinos, lo cual ha permitido que a la fecha los Parlamentarios por los citados Estados sean elegidos por vía de elección popular y no por designación de los Congresos Nacionales, como a la fecha sucede con Bolivia (Blanco, 2010).

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A pesar de la normatividad referenciada, se observa en primera instancia que a la fecha tan solo el 75% de los parlamentarios andinos son elegidos por elección popular, ya que los parlamentarios andinos bolivianos no son elegidos por elección popular y en segunda instancia, que las reglas de juego de las contiendas electorales para la designación de la totalidad de los parlamentarios andinos son emitidas por cada uno de los países miembros respecto de los cuales son nacionales y no por un Régimen Electoral Uniforme. Esto último obedece a que a pesar de que el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo del Parlamento Andino sobre Elecciones Directas y Universales de sus Representantes, suscrito por los países miembros en el año de 1997, prevé la obligación a los Estados andinos de adelantar la elaboración de un régimen electoral uniforme para la elección de parlamentarios andinos; el mismo aun no ha sido proferido. Es por lo anterior que resulta imperioso que Bolivia inicie el proceso legal y político para la elección popular de parlamentarios andinos y que los Gobiernos de los Estados miembros procedan con la elaboración del Régimen Electoral Uniforme de Elección de Parlamentarios Andinos. Sin dicho Régimen, el Parlamento Andino continuara funcionando como Foro Político y no como un Parlamento Regional de carácter supranacional, con las nobles consecuencias jurídicas y políticas que ello implicaría en el proceso de integración andino.

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Es pertinente anotar que la elección directa y universal de parlamentarios andinos es una necesidad para todos y de cada uno de los Estados Andinos y una demostración de la voluntad de cumplimiento de compromisos y obligaciones internacionales, que en materia de integración andina tienen su fundamento en el Acuerdo de Cartagena de 1973, Tratado Constitutivo del Parlamento Andino de 1984, Protocolo de Trujillo de 1997 y el Protocolo de elección directa de Parlamentarios Andinos de 1997 (Blanco, 2010); y que si bien el Parlamento Andino atraviesa por una serie de inconvenientes que le impiden cumplir su papel como órgano fundamental e institución promotora de la integración andina; las elecciones directas son una herramienta para que el Parlamento Andino se convierta en un pilar a nivel de las instituciones comunitarias andinas, lo cual permitiría reforzar el concepto de ciudadanía andina, así como la participación política de los pueblos de los Estados miembros, para que no continúen de espaldas al proceso unificador andino (Insignares S, 2009). Concientización de la Necesidad de la Integración Andina La Educación para la Participación se impone como respuesta ante la necesidad de generar una nueva cultura de la participación que permita ayudar a la formación de personas que puedan ser protagonistas activos del poder político y de esta manera, puedan ser capaces de ejercer y defender plenamente sus derechos ciudadanos. ( Jablkowsk, 2008). Para lo anterior, es necesario trabajar en análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 141 - 155

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favor de que los ciudadanos internalicen el valor de las instituciones democráticas, en aras evitar que obren solamente como espectadores pasivos. Para efectos del proceso de integración andina y atendiendo lo dispuesto anteriormente, es necesario contribuir a la producción de un cambio de mentalidad, a la construcción de una mentalidad democrática que comprenda y valorice el proceso de integración andino, lo cual supone la enseñanza de la integración andina. La integración andina es un proceso largo, que, por necesidad, habrá de comprometer las voluntades de algunas generaciones. “Por ello es fundamental que los jóvenes que hoy cursan sus estudios escolares conozcan y valoren el reto que significa construir una comunidad de naciones y la urgencia de hacerlo para enfrentar los enormes desafíos de la globalización” (Secretaria General de la CAN, 2006, p. 7); todo ello con la finalidad de que la gente sienta común el proceso andino y se sienta parte de él. “Los procesos de integración demandan una base social que los sustente. La educación es un elemento clave en el desarrollo de esa base social” (Ayala, 2007, p. 15), es por lo anterior que una de las principales preocupaciones de los Órganos Comunitarios Andinos, debería ser el fomento de la enseñanza de integración en los países andinos. Un proceso de integración sin un fuerte y sistemático esfuerzo educativo que lo acompañe y lo refuerce, no es sostenible. Es por ello que se considera que los compromisos de los países en el campo de la integración económica y política solo se cristalizaran en el largo plazo, cuando estos sean acompañados de un esfuerzo por desarrollar una cultura integracionista.

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Uno de los problemas más evidentes del proceso de integración andino es el escaso reconocimiento con el que cuenta el proceso al interior de los ciudadanos de la subregión. A pesar de que lleva casi 40 años de existencia sólo unos pocos sectores en la sociedad tienen conocimiento de lo que significa realmente la Comunidad Andina, sus características, alcances y potencialidades, acentuándose de manera preocupante la percepción de que la integración andina ha sido creada bajo parámetros estrictamente comerciales con el objeto de generar beneficios al sector productivo y limitando su análisis a las esfera comercial o económica. En concordancia con lo dispuesto anteriormente, la integración andina, en las universidades y colegios, no es tema central, lo que da lugar a que los estudios sobre integración sean escasos y poco articulados en los países miembros de la Comunidad Andina. De hecho, se ha considerado que “la educación de los países andinos aprecia un énfasis en historia y cívica, en la consolidación de los estado – nación, sin una perspectiva comunitaria, y sin una verdadera contextualización de los países andinos ante el fenómeno de la Globalización” (Ayala, 2007, p.38). La Comunidad Andina, ha intentado consolidar el programa “Educación para la Integración”, cuyo propósito es impulsar una cultura de la integración de la que derive gradualmente nuestra identidad como ciudadanos de una comunidad supranacional andina. Para ello “se propuso incorporar contenidos de integración en los planes y programas de educación básica, a fin de introducir en la conciencia de los educandos, desde la más temprana edad, valores y capacidades que coadyuven al desarrollo de una cultura de paz y de cooperación entre nuestros países” (Ayala E, 2007, p.12). Lo anterior genero la creación de la “cátedra de integración”, institucionalizada mediante Decisión 594 del 2004, la cual estipula introducir esta cátedra en el currículo de educación básica en los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de planes de acción y programas de trabajo, desarrollados por la Secretaria General de la Comunidad Andina, los Ministros de Educación y Cultura, el Convenio Andrés Bello y la Universidad Andina Simón Bolívar. La propuesta principal de este documento,

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hace referencia a que la cátedra de integración sea considerada como un eje transversal en todos los planes educativos, especialmente en las asignaturas de historia y geografía. A pesar de las bondades de la Decisión 594, la misma no ha logrado el impacto deseado en Colombia, como quiera que a la fecha la cátedra de integración no es asumida con carácter obligatorio por parte de los colegios y escuelas colombianos, entre otras razones, por los obstáculos de efectividad de las normas comunitarias andinas y por la ausencia de una propuesta de armonización legislativa que regule el tema en particular, tarea que debe ser liderada por el Parlamento Andino de conformidad con el artículo 43 del Acuerdo de Cartagena y que hasta la fecha no ha sido gestionada por dicho Órgano Internacional.

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Ciudadanía Andina En la filosofía jurídico-política contemporánea se habla de «ciudadanía» en varios sentidos diferentes, pero el que aquí interesa es el que tiene que ver con la idea de pertenencia a una comunidad política que se autogobierna, es decir, de formar parte de un cuerpo político cuyos miembros tienen derecho a participar como iguales, directamente o a través de representantes, en la toma de las decisiones públicas (Bayon, 2007) El proceso de integración andino requiere el reconocimiento de una ciudadanía andina activa, basada en la participación política y cívica, y que vele por el conjunto de libertades, derechos y garantías que se sumen y confieran un valor añadido a las ciudadanías nacionales. Sin perjuicio del papel que hayan de desempeñar los gobiernos andinos, se considera que el reconocimiento jurídico y político de la ciudadanía andina ha de ser liderado por el Parlamento Andino, en razón a que de conformidad con el articulo 43 del Acuerdo de Cartagena, dicho Órgano internacional es el encargado de sustentar en la Comunidad Andina el pleno imperio de la democracia en los países miembros.

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La ciudadanía andina asegura sentido de pertenencia a la Comunidad y afianzamiento de una identidad andina, basada en el reconocimiento de valores democráticos e interculturales, en el respeto de los derechos humanos, en la no discriminación por razón de la nacionalidad y en un conjunto de libertades y derechos sociales, ambientales, culturales y económicos, que los nacionales de los países miembros de la Comunidad pueden ejercer en un territorio integrado (Universidad San Buenaventura, 2009, p.310). Algunas de las características que podrían tipificar la noción de la ciudadanía andina son: 1.- La ciudadanía andina la adquiere toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. 2.- La ciudadanía andina es complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional, ya que no la elimina. La ciudadanía andina coexiste y presupone la ciudadanía de un Estado miembro, es decir la nacionalidad de un Estado miembro es condición sine qua non para ser ciudadano de la Comunidad Andina. 3.- La ciudadanía andina significa que las personas no pueden ser objeto de discriminaciones en el ejercicio de sus derechos ni por las autoridades públicas (administrativa o judicial) ni por otros particulares en cualquier Estado miembro. 4.- La ciudadanía andina supone el derecho de todo ciudadano de la Comunidad Andina que resida en un Estado miembro del que no sea nacional a elegir y ser elegido en las elecciones al análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 141 - 155

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Parlamento Andino en el Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. 5.- La ciudadanía andina supone el derecho a todo ciudadano de la Comunidad Andina de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las disposiciones adoptadas para su aplicación. Es pertinente anotar que el éxito de la ciudadanía andina está íntimamente ligado a la labor de reforzar y potenciar la identidad andina, haciendo que los ciudadanos se sientan partícipes y actores del proceso de integración comunitaria; de esta manera se crea así una ciudadanía supranacional, que congrega a las diversas ciudadanías estatales en un proyecto político común (Campuzano, 2004). Lo anterior evidencia los siguientes obstáculos en su materialización: 1.- La fragmentación de la noción de ciudadanía andina: A pesar de que la ciudadanía andina se debe caracterizar por su alcance supranacional, su aliento global y su esfuerzo integrador, no consigue escapar, sin embargo, a la paradoja de la fragmentación, cuya repercusión en este ámbito resulta particularmente perniciosa. Para el efecto, hablar de una identidad andina implica la expresión de rasgos comunes que hacen a los habitantes de la región participes de un mismo espacio cultural, que más que estar determinado por el lugar físico –que lo está– ha sido especificado como un lugar simbólico de encuentro e interacción entre culturas. Esta afirmación nos remite a la disyuntiva subyacente en todos los procesos de globalización e integración actualmente existentes: cómo podremos unir desde lo diverso, cómo ha de ser posible no reconocer la explosión de diversidad de nuestros pueblos, y al mismo tiempo, acompañarla por una tendencia necesaria a la uniformidad de los rasgos centrales de todo proceso político (Bursese & Barrios, 2010). ]374_

Es por lo anterior que resulta necesario establecer mecanismos de integración que permitan una unidad en la diferencia, preservando la igualdad de derechos de los ciudadanos (Campuzano, 2004) 2.- La ausencia de propuestas de armonización legislativa en la consolidación de la noción de ciudadanía andina: Al quedar la legislación sobre esta materia bajo la competencia exclusiva de los Estados nacionales sin que se contemple la promulgación de una normativa que unifique criterios, la condición de ciudadano andino queda inmersa en la misma problemática que plantea al status de ciudadano nacional. Para el efecto, es pertinente anotar que la existencia de diferentes regulaciones jurídicas para la adquisición de la nacionalidad a nivel interno de cada Estado, provoca severas disfunciones ya que las condiciones de acceso a la ciudadanía andina varían de un país a otro. Es por lo anterior que frente al tema en particular el Parlamento Andino nuevamente recobra la importancia debida, en el sentido en que debe iniciar con el procedimiento de formulación de una propuesta de armonización legislativa que permita la consolidación unificada en los países miembros de lo que ha de ser el contexto de la ciudadanía andina.

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CONCLUSIONES La integración andina puede ser considerada hoy una utopía, pero si se aplicase una matriz de reconocimiento de la necesidad del cambio, es indudable que resulta el ideal hacia el cual debemos dirigirnos. Por esa razón la estrategia en estos momentos es lograr hacerla más convergente. La integración andina es el mecanismo pertinente para hacer jaque al proceso de globalización. En otras palabras, la integración andina es un mecanismo que permite a los Estados andinos matizar los efectos del fenómeno de la globalización.

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La integración andina requiere de participación del pueblo andino para cumplir con sus objetivos y de esta manera lograr su consolidación. La ausencia de participación del pueblo andino en el proceso andino de integración, ha dado lugar a que el mismo se lidere a un nivel gubernamental. En aras de superar la crisis de legitimidad que evidencia el proceso andino de integración es pertinente la consolidación de la elección directa y universal de parlamentarios andinos en la región, el reconocimiento jurídico y político de la ciudadanía andina y la enseñanza de la integración andina en la educación básica. Dichas tareas suponen un papel protagónico por parte del Parlamento Andino. El fenómeno de la globalización ha producido una des democratización al interior de los Estados y en especial de los Estados Andinos. Es bajo el citado contexto, en el que el proceso de integración andina recobra toda su importancia.

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La integración andina evidencia crisis en su legitimidad, lo cual obedece, principalmente, al déficit democrático de la subregión andina. El Parlamento Andino, como órgano plural y democrático de la Subregión, es quien prioritariamente debe gestionar todas las actividades necesarias para lograr la legitimidad de la integración andina. La ruta para llegar al objetivo final de la integración andina, puede ser corta o larga; ello depende de la existencia de una verdadera participación en el proceso de integración del pueblo andino.

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LA EROSIÓN CONTEMPORÁNEA DEL PODER ESTADOUNIDENSE: ELEMENTOS PARA UN ORDENAMIENTO TEÓRICO Y UN PRINCIPIO DE ANÁLISIS

Santiago Cataldo

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LA EROSIÓN CONTEMPORÁNEA DEL PODER ESTADOUNIDENSE: ELEMENTOS PARA UN ORDENAMIENTO TEÓRICO Y UN PRINCIPIO DE ANÁLISIS Santiago Cataldo* RESUMEN El debate sobre la “declinación” de Estados Unidos se reeditó en los años recientes. El gran problema del mismo, sin embargo, radica en la relativa falta de claridad conceptual con que los autores estudian el fenómeno. Este estudio problematizará la idea de declinación y propondrá reemplazar dicha noción por una más básica: la de erosión de poder. Se detallarán las virtudes de este enfoque, se definirá el concepto y finalmente se propondrá una ti pología de las formas que puede adoptar este. Luego se describirá la metodología a seguir para seleccionar autores de alto impacto académico con fines a estudiar el caso particular de la erosión de poder de Estados Unidos entre 2003 y 2011. Seguidamente se desarrollarán los argumentos de cada uno de dichos autores, haciendo especial énfasis en a qué ti po de erosión de poder se refieren, a qué causas se debe y las variaciones del tema a lo largo del período. Finalmente, se presentarán las conclusiones de este estudio. Palabras clave: declinación, Estados Unidos, erosión, poder

EROSION CONTEMPORARY OF U.S. POWER: ELEMENTS FOR A THEORETICAL ORDERING AND AN ANALYSIS PRINCIPLE

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SUMMARY The debate on the “decline” of the United States was reissued in recent years. The big issue of it, however, lies in the relative lack of conceptual clarity with which the authors study the phenomenon. This study problematize the idea of decline and propose to replace this notion by a more basic one: the erosion of power. Detailing the virtues of this approach, we define the concept and finally propose a typology of the ways you can take this. Then describe the methodology for selecting high-impact academic authors purpose to study the particular case of the erosion of U.S. power between 2003 and 2011. Arguments are then developed for each of these authors, with special emphasis on what kind of erosion can relate to what causes must theme and variations throughout the period. Finally, we present the conclusions of this study. Keywords: decline, United States, erosion, power Fecha de Recepción: 12/11/2013 Fecha de Aprobación: 15/03/2013

* Internacionalista, Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires, Argentina).

análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 157 - 197

LA EROSIÓN CONTEMPORÁNEA DEL PODER ESTADOUNIDENSE: ELEMENTOS PARA UN ORDENAMIENTO TEÓRICO Y UN PRINCIPIO DE ANÁLISIS

Santiago Cataldo

“Si Esparta y Roma perecieron, ¿qué Estado puede tener la esperanza de durar siempre?” (Rousseau, 2005, p 142) Los últimos tiempos no han sido benignos con Estados Unidos, o por lo menos así lo creen sus habitantes. El pesimismo sobre la suerte de la nación se ha instalado en la psicología colectiva. Las encuestas dan cuenta de ello: promediando el 2010, un 62% de la población consideraba que el país, “como civilización”, está en declinación, mientras que sólo un 26% atinó a responder que se encontraba en ascenso (Blanton, 2010). Asimismo, a finales de 2011, realizada la pregunta “¿está Estados Unidos en declinación?” ante probables votantes, un 69% respondió afirmativamente y un mero 15% se mencionó negativamente. Como es lógico pensar, estos resultados se traducen a su vez en preocupaciones sobre el futuro del país: un 83% se considera entre “muy” y “algo preocupado” por el porvenir, a la vez que el 16% se mostró “no muy preocupado” o “en absoluto preocupado” (Pulse Opinion Research, 2011).

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No es sólo la opinión pública la que percibe malos augurios sobre la posición y el poder de Estados Unidos. Como señala el último informe del National Intelligence Council (2008), su principal diferencia con el reporte anterior es el supuesto de que el futuro se vislumbra multipolar. Estados Unidos ya no dominará el sistema, sino que se tendrá que adecuar a un rol de primus inter pares. Asimismo, una encuesta hecha a académicos especializados en relaciones internacionales parecería estar de acuerdo con esta burocracia. Si el 0 indicara ninguna influencia sobre el mundo y el 10, máxima, entonces una tercera parte de los encuestados respondieron que Estados Unidos en 2010 contaba con una influencia ponderada entre 8 y 10 puntos. Cuando se les hizo la misma pregunta pero evaluando el 2020, la cifra de quienes ubican a dicho país en lo más alto de la escala se reduce a la mitad. Esta tendencia tendría su correlato en un aumento de la influencia china en el globo (Long et al, 2012), pronóstico que a su vez se condice con la creciente (y ahora mayoritaria) percepción de la opinión pública de 18 países de que la potencia sínica ha desplazado o desplazará a Estados Unidos en el futuro (Wike, 2011). ¿Nos encontramos frente a un fenómeno novedoso? Al respecto, Arthur Herman (2009) sostiene que, a lo largo de toda la historia estadounidense, cada vez que las condiciones económicas son adversas, resurgen los mismos pronósticos sombríos. Así, hubo lúgubres predicciones en 1873, 1893, 1929 y en los setentas. Pero desde que se ganó el mote de superpotencia, los especialistas en relaciones internacionales llevan otras cuentas. Samuel Huntington (1988) había contabilizado cinco “olas de declinismo” hasta finales de los ochenta (p 94). La primera se produjo entre 1957 y 1958, como producto del lanzamiento del Sputnik por parte de los soviéticos, lo que generó la percepción de superioridad tecnológica del modelo rival. La segunda se expresó en el anuncio del fin del orden bipolar por parte de Richard Nixon y Henry Kissinger y el advenimiento de la multipolaridad a finales de los sesenta, con Europa, Japón y China como los otros vértices del “pentágono de poder”. En 1973, el embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) afectaría profundamente la psique de Occidente en general y de Estados Unidos en particular, configurando una nueva ola. La cuarta, difusamente ubicada a fines de los setenta y antes de la llegada de Reagan al poder en 1981, se puso de manifiesto nuevamente en la percepción de que la Unión Soviética estaba tomando la delantera en la Guerra Fría, aunque incluyó cuestiones diversas como la derrota en Vietnam, el avance comunista en Angola, un nuevo shock petrolero y Watergate. La economía dictaría el ritmo de la quinta ola (que se hace más severa a finales de los ochenta), producto del temor estadounidense a los crecientes déficits comercial y fiscal y al modelo nipón. Y si obviamos su estruendoso pase al campo declinista con El choque de civilizaciones, por ser ciertamente excepcional en un momento histórico más marcado

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por el triunfalismo de Francis Fukuyama (1992) y Charles Krauthammer (1990), entonces la actual ola vendría a ser la sexta. Por su parte, Josef Joffe (2012) cuenta hasta la actualidad cinco, mientras que Fareed Zakaria (2006) entiende que se dieron “al menos cuatro” (pág. 14). Parecería ser que el famoso “destino manifiesto” de los Estados Unidos no es otro que el de la declinación. Independientemente del conteo que se lleve, es relevante enmarcar el presente debate dentro de un contexto histórico más amplio. Este mismo recurso ha sido utilizado por los “renovacionistas” (quienes rebaten a los declinistas) justamente para destacar la enorme cantidad de veces que los pronósticos sombríos sobre Estados Unidos han sido erróneos en el pasado, como forma de levantar una barrera de sano escepticismo frente a los cíclicos agoreros. Los argumentos declinistas en realidad nunca son idénticos, sino que se van reciclando y, de generación en generación, también pueden aprender de sus errores (Dumbrell, 2010). Surgieron del debate clichés como “ustedes ya se equivocaron en el pasado”, a lo que se ha respondido con un “pero esta vez es real” (Layne, 2012). Además, también apareció una curiosa tendencia entre los renovacionistas a encontrarle el lado positivo al declinismo. Así, este fenómeno le serviría a Estados Unidos para darse cuenta de los errores cometidos y corregir lo que se considere necesario. De acuerdo con esta lógica, las mismas predicciones declinistas sembrarían las semillas de sus propios errores (Huntington, 1988, 1989, Zakaria, 2006), configurando entonces el declinismo una “profecía autofallida”. Desde luego, no todos coinciden al respecto, y algunos alertan sobre los peligros de abrazar prematuramente este tipo de pronósticos (Herman, 2009). Por último, no faltan quienes desacreditan al declinismo tildándolo de “ideología por otros medios” (Lieber, 2008) Sea como fuere, en vista de todos los clichés y metaargumentos, resulta evidente que el debate ha alcanzado un alto grado de madurez. Sin embargo, no menos cierto es que existe una crónica falta de claridad a la hora de abordarlo. La incomodidad de algunos autores al insertarse en este se pone en evidencia, por ejemplo, en Walt (2011), dadas las diferentes variantes que se le pueden encontrar al mismo fenómeno observado. Otros (Nye, 1989, 2004) se sienten forzados a comenzar a definir gran cantidad de términos para evitar confusiones.

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En función de la falta de claridad conceptual y la polisemia reinante, este estudio se pretende, en primer lugar, ordenar el debate sobre la declinación de Estados Unidos. Fundamental resulta para ello reservar el concepto de declinación para otro fenómeno (que será oportunamente explicado), a la vez que utilizar un más genérico “erosión de poder”. A partir de esta reconceptualización es que se dará cuenta de la diversidad de matices y enfoques observados por quienes estudian el tema, y como forma de lograrlo se propondrá una tipología de la erosión de poder elaborada a partir de sus características definitorias. En segundo lugar, el otro propósito del presente trabajo de investigación es estudiar la erosión de poder estadounidense en el transcurso de los últimos años. Ante la imposibilidad de dar cuenta de todas y cada una de las voces que se expresan sobre la pérdida de preeminencia, influencia o poder estadounidense en el mundo, este estudio deberá necesariamente recortar de alguna forma el universo de juicios. Por ello, se centrará específicamente en los autores que hayan tratado el tema en cuestión en los últimos años y que gocen de mayor impacto o repercusión en el ámbito académico. Se desentrañarán los argumentos que estos presenten a la hora de explicar la erosión del poder de Estados Unidos y se identificará la forma que adopta el fenómeno, así como las causas a las que obedece, para cada caso en particular. Será relevante considerar las variaciones, en caso de que las hubiera, que adopta el tema conforme transcurren los años y se suceden distintos hechos de relevancia. análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 157 - 197

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Llegado este punto es menester delimitar temporalmente el dominio del estudio. Concretamente, los años a considerar serán los comprendidos entre el 2003 y el 2011, inclusive. El año de inicio de este lapso temporal queda marcado por una maniobra muy controversial y onerosa para Estados Unidos: la Guerra de Irak. A partir de allí resurgen debates en el ámbito de las relaciones internacionales y se vuelve a mencionar la posibilidad de que Estados Unidos esté sufriendo una erosión de poder. Por ello es más relevante tomar este año y no el 2001, cuando dicho país fue golpeado en su propio suelo por Al Qaeda. El año de cierre, 2011, por el contrario, no es digno de especial consideración en sí mismo, pero lógicamente es necesario para darle una forma definida al período a estudiar. El debate sobre la erosión del poder estadounidense prosiguió en 2012 y posiblemente acompañe a la disciplina por varios años más. Para las relaciones internacionales, el estudio de la erosión de poder de Estados Unidos es sin duda alguna fundamental. Políticamente, lo cierto es que una transformación semejante no podría sino afectar al mundo entero, directa o indirectamente. Esto es especialmente cierto porque la presencia militar de Estados Unidos tiene alcance global y su gravitación política y económica no tiene parangón, al punto de que resulta un cliché comparar el poder que detenta este país en la actualidad con el de las potencias de antaño. Al respecto, Paul Kennedy (2002) abdica en su afán por encontrar alguna experiencia histórica que logre compararse con la situación política y militar de Estados Unidos por entonces. Siendo Estados Unidos la economía más importante del mundo con anterioridad al inicio del siglo XX, potencia política reconocida internacionalmente desde 1898 y superpotencia a partir de la Segunda Guerra Mundial, además de creador de un orden internacional que perdura hoy en día, y “potencia solitaria” o “nación indispensable” desde que cayó la Unión Soviética, las consecuencias de este suceso tendrían largo alcance e implicarían una amplia transformación del mundo tal como lo conocemos. ]382_ Pero para comprender la naturaleza de los potenciales cambios resulta necesario recurrir a la teoría de las relaciones internacionales. Desde esta otra óptica, este debate se ha caracterizado por ser uno de los más ricos y por haber engendrado una serie de conceptos que pasaron a constituirse en las herramientas analíticas fundamentales de cualquier estudioso de la disciplina. “Soft power”, “choque de civilizaciones”, “sobreexpansión imperial”, por mencionar algunos ejemplos, tuvieron su origen en la literatura sobre este tópico. Pero además, la erosión del poder estadounidense potencialmente significaría la transformación sistémica de la rara avis unipolar en una más “normal”1. En caso de que esto ocurriera, distintas teorías nos sugieren que una serie de variables podrían verse afectadas, como la provisión de bienes públicos, la justicia y el orden internacional y la gobernanza global (Kindleberger, 1986; Gilpin, 1981). Especial vigencia tendría la pregunta que ha desvelado a los teóricos de las relaciones internacionales desde sus orígenes: ¿qué es lo que determina la existencia o no de la guerra? Varios académicos avizoran distintos escenarios en función de una (super)potencia cuyo poder se erosiona: desde titánicas guerras preventivas y de transición (Gilpin, 1981; Levy, 1987; Tammen et al, 2000) hasta potenciales escenarios más bien ordenados y calmos (Macdonald y Parent, 2011a), pasando por conflagraciones regionales (Brzezinski, 2012). Este estudio prosigue como se detalla a continuación. En la siguiente sección se problematizará la idea de declinación y propondrá reemplazar dicha noción por una más básica: la de erosión de poder. Se detallarán las virtudes de este enfoque, se definirá el concepto y finalmente se 1

Acontecimientos prematura pero acertadamente expresados por Kenneth Waltz (1993) y Christopher Layne (1993) al inicio de la “era uni polar”.

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propondrá una tipología de las formas que puede adoptar este. Luego se describirá la metodología a seguir para seleccionar autores de alto impacto académico con fines a estudiar el caso particular de la erosión de poder de Estados Unidos entre 2003 y 2011. Seguidamente se desarrollarán los argumentos de cada uno de dichos autores, haciendo especial énfasis en a qué tipo de erosión de poder se refieren, a qué causas se debe y las variaciones del tema a lo largo del período. Finalmente, se presentarán las conclusiones de este estudio. CONCEPTO Y TIPOLOGÍA DE LA EROSIÓN DE PODER “El poder de un hombre (considerado universalmente) viene determinado por sus medios actuales para obtener algún bien futuro aparente” (Hobbes, 2007, p 100, énfasis en el original)

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“Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 1992, p 43) Antes de empezar siquiera a analizar la actual coyuntura política estadounidense, es menester definir algunos términos. Como se mencionó en la introducción, el concepto de declinación (a veces apellidada “relativa”) no termina por dar cuenta la pluralidad de enfoques con que se observa un la pérdida de poder de Estados Unidos. Diversos autores han destacado la necesidad de analizar el mismo fenómeno desde otra óptica (Walt, 2011, Nye, 1989). Después de todo, ¿de qué se trata la declinación? En referencia a la economía de las naciones, Carlo Cipolla (Cipolla et al, 1989) define a la “decadencia” (decline) como “grosso modo una pérdida de preeminencia” (p 14). La definición es expresamente lata por que, por un lado, intenta no quedar atrapada en la estrechez de una declinación absoluta, pero, por el otro, una declinación relativa padece del defecto inverso: es casi universal. Es decir, si las sociedades crecen a ritmos desiguales, entonces, a nivel macro, siempre todas menos una están declinando relativamente. Reducir el espectro que se contempla no está exento de riesgos analíticos tampoco. Comparar las tasas de crecimiento de China y de Estados Unidos bien puede servir para indicar que existe una declinación bilateral en relación al segundo país, pero no menos cierto es que se pierde de vista así numerosas economías grandes y medianas que también están creciendo a pasos acelerados. Lógicamente, el lente con que se observe el fenómeno siempre es propiedad del investigador.

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Por otra parte, el concepto de declinación en la disciplina de las relaciones internacionales es utilizado para referirse a un poder político menguante. ¿Pero cuál es la relación entre una declinación entendida en términos económicos (sobre la que normalmente descansa la idea de declinación) y otra de corte político? La pregunta no es tan simple como parece, ya que existen ejemplos históricos de naciones con grandes economías que no pudieron convertir sus recursos en un mayor peso político2. Asimismo, los países con mayores activos económicos y militares no siempre han logrado su cometido3. Por otra parte, como señala Nye (1989), ¿cuánto sentido tiene hablar de declinación en un mundo en que los recursos tradicionales de poder adquieren menor relevancia? El despreocupado uso del término “declinación” puede conllevar entonces desorientadoras implicancias analíticas para el estudio de las relaciones internacionales.

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Japón es el ejemplo moderno prototípico de este fenómeno. En este punto, el involucramiento estadounidense en Vietnam (1965-1973) o el soviético en Afganistán (1979-1989) son casos paradigmáticos.

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Llegado este punto, resulta conveniente hacer a un lado momentáneamente el concepto de “declinación” para remplazarlo por el de “erosión de poder”. Las ventajas de utilizar este último derivan de que, por un lado, explícitamente elude a la naturaleza política del fenómeno observado (que es, después de todo, lo que nos interesa aquí). La declinación, por el contrario, está lo bastante emparentada al mundo de la economía (aunque no sólo a esta) como para ser de utilidad en este punto. Por otro lado, la erosión de poder como concepto analítico resulta tan lato que posee la capacidad de contener el marco conceptual de quienquiera que reflexione sobre la menor gravitación política de una potencia. Pero aquí no se trata simplemente de remplazar un término por otro. No debemos condenar a la declinación al ostracismo teórico, puesto que su uso en la literatura de las relaciones internacionales está bastante difundido, además de poseer elementos analíticos valiosos. Por el contrario, el procedimiento conceptual a realizar puede pensarse en los términos descritos por Giovanni Sartori (1987). Según el autor, para hacer un concepto más abarcativo (o aumentar su extensión) se debe disminuir el número de propiedades que se le asignan a este (o reducir su intensión). Es decir, de ahora en más, la declinación será entendida como una de las formas que puede adoptar la erosión de poder, siendo el primero un concepto de mayor densidad semántica que el segundo. Habiendo remplazado el concepto de declinación por el de erosión de poder como fenómeno general, pero a la vez situando a ambos en distintos niveles de abstracción, queda todavía especificar la naturaleza de los mismos. Para ello, primero se debe empezar por el más genérico.

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En esencia, la erosión de poder no es más que una pérdida del mismo. Lo verdaderamente complejo de definir, como es natural, es el concepto de poder per se, puesto que sobre este se ha reflexionado desde que existe la teoría política. Como bien sentencia Robert Gilpin (1975, citado en Baldwin, 2002), “el número y variedad de definiciones [de poder] debería ser motivo de vergüenza para los cientistas políticos” (p 24)4. Sin embargo, numerosos han sido los intentos por dotar de cierta estructura y ordenamiento al universo de las definiciones de poder. En el presente estudio se adoptará una clasificación bipartita que dará cuenta de la que quizás sea la mejor forma de dividir aguas en la literatura de las relaciones internacionales (Baldwin, 2002)5. Este criterio fue seleccionado por ser uno de los que más relevancia tiene para el desarrollo teórico de la disciplina, puesto que distintas escuelas y académicos, de forma más o menos clara, fueron adoptando uno u otro en cada una de sus trayectorias. En primer lugar, es posible identificar una forma de entender el poder centrada en una serie de recursos. Es la disponibilidad de los mismos en el inventario de un actor determinado la que le confiere a este el poder, aunque lógicamente queda aún por resolver la cuestión de qué recursos son los especialmente valorados cuándo. Controlar minas de oro o disponer de unidades de caballería ya no son tan importantes como tener la capacidad de imprimir los billetes que el resto del mundo aceptará gustosamente o un arsenal nuclear. Pero más allá de cómo varía su ponderación en el tiempo, es la misma disponibilidad lo que le confiere poder a un actor en particular. Su estudio, por consiguiente, se dedica a analizar cómo están distribuidos dichos recursos dentro de un universo de actores, quiénes los poseen, en qué grado, y quiénes no. Para esta tradición, 4 5

La Traducción es propia. Desde luego que existen otras formas de clasificar las definiciones de poder. Para enfoques tri partitos, ver Hart (1976), Tellis et al (2000).

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el poder es un atributo de cada actor en particular y es factible calcularlo a través del conteo de recursos de los que se dispone. Sin embargo, es necesario hacer hincapié en un matiz importante: los recursos, considerados aisladamente, poco le sirven a esta tradición. En realidad, es la distribución relativa de los mismos lo que verdaderamente importa a varios estudiosos del poder: más recursos implican más poder en la medida en que los demás actores no se aprovisionen en mayor cantidad que el primer actor. Así, las nociones de escasez y de suma cero quedan simbióticamente unidas a la de poder. Por otra parte, los recursos de los que los actores disponen (y que les confieren poder) se agregan normalmente de forma unidimensional, no pudiendo equipararse a quienes son poderosos en materia económica pero no disponen de recursos militares con quienes detentan poder en el ámbito militar y resultan económicamente débiles. Es decir, los recursos no son sustituibles o intercambiables entre sí a la hora de pensar el poder. En este sentido, Kenneth Waltz (1988) sostiene:

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Las capacidades económicas, militares, etc., de las naciones no pueden ser sectorizadas y evaluadas por separado. Los Estados no se hallan en la jerarquía más alta porque sobresalgan de una u otra manera. Su rango depende del modo en que se sitúen en todos los aspectos (…) (pp. 193-194, énfasis en el original). Esta forma de entender el poder tiende a la analizarlo, como se dijo, a través de la medición de los diversos recursos disponibles para todos los actores. Una vez hecho esto, y como forma de expresar quiénes son los actores más poderosos en un contexto espacio-temporal determinado, lo típico de esta tradición es confeccionar rankings en los que se posicione a todos los actores pertinentes. De esta forma es que nacen las nociones de “superpotencia”, “gran potencia”, “potencia intermedia”, “potencia de segundo orden”, etcétera, según cómo los actores se ubiquen en la escala. Si bien en algunos casos este ordenamiento puede estar cruzado por una dimensión geográfica (como en el caso de “potencia regional”), lo cierto es que el análisis del poder tiende a ser normalmente universal.

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Por otra parte, la posesión de grandes cantidades de recursos en términos relativos es vista como una condición le confiere a un actor la capacidad de obtener los resultados que se propone. Cuando esto no ocurre, esta tradición tiende a pensar en la subutilización de los recursos disponibles: esto es, por falta de voluntad, negligencia, etcétera, es que el actor poderoso no logró alcanzar sus metas. Estamos frente a lo que David Baldwin (1979) llama “la paradoja del poder no realizado”. Las relaciones internacionales por mucho tiempo se han nutrido de este enfoque centrado en los recursos. Contemporáneamente, Hans Morgenthau (1993) podría ser su referente más cercano. Si bien su definición de poder comprende “el control del hombre sobre las mentes y las acciones de otros hombres”, con lo que se aleja de la tradición hobbesiana, su preocupación central radica en la distribución de los elementos de poder en el sistema interestatal. Queda aún por resolver una cuestión: ¿cuáles son los recursos a considerar? La literatura normalmente distingue entre recursos materiales y no materiales (Nye, 1989). Entre los primeros se encuentran los vinculados a lo militar, la economía, la tecnología, la geografía y la población. En general, es relativamente fácil cuantificarlos y agregarlos. Por su parte, los recursos no materiales suelen referirse a la moral, la cohesión nacional, el nacionalismo, el “carácter nacional” y la “calidad del gobierno” (Morgenthau, 1993), una cultura universal (Chua, 2007) y la atracción análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 157 - 197

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generada por un país (Nye, 1989, 2004), el liderazgo y la “voluntad política”, etcétera. Por lo general, ambos tipos de recursos tienden a ser ponderados, ya que su complementariedad es evidente. Pero la variedad de los recursos intangibles, sumada al hecho de que resulta más dificultosa su cuantificación, complejizan la parsimonia de un análisis centrado en los recursos tangibles. Pese a lo anterior, la distinción entre unos y otros no pierde sentido, ya que no pocos estudiosos de las relaciones internacionales tienden a primar a unos sobre otros y, porque como se verá en las páginas siguientes, resulta plausible realizar esta distinción para evaluar las diferentes formas que puede adoptar la erosión de poder como fenómeno general.

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La segunda forma de concebir el poder es pensarlo como un fenómeno social. Dentro de una relación igualmente social es que emergerían relaciones de poder entre diversos actores, y no de la posesión de recursos de variada índole in abstracto por parte de cada uno de ellos. Por ello es que para esta segunda tradición, el poder no resultaría aprehensible, ya que no se trataría de un objeto a acumular para eventualmente hacer uso. ¿Pero qué es exactamente el poder? Las definiciones varían, pero ontológicamente tienen una matriz común: el comportamiento (entendido de manera amplia) de un actor como causa del cambio en el del otro (Baldwin, 2002). Pero a partir de esta esquelética noción es que se pueden añadir otros componentes. Por ejemplo, un subgrupo dentro de esta tradición tiende a poner de manifiesto la necesidad de que el primer actor “(imponga) la propia voluntad” (Weber, 1992, p 43). Otro elemento que potencialmente puede ser adjuntado a la definición básica de poder es el de la falta de voluntad por parte del segundo actor (sobre el cual el poder se ejerce) para cambiar su comportamiento. De este modo, Robert Dahl (1957) especifica que el cambio del comportamiento del segundo actor debe compararse contrafácticamente con su comportamiento sin que medie la relación con el primero de los actores (el que ejerce el poder). Weber (1992) lo lleva más allá cuando menciona que la voluntad del actor poderoso debe cumplirse “aun contra toda resistencia” (p 43). La segunda familia de reflexiones acerca del poder posibilita un análisis multidimensional del poder, con eventuales trade-offs entre las distintas dimensiones, que la primera tradición no permitía (Baldwin, 2002). Unos de los pioneros en este enfoque son Harold Lasswell y Abraham Kaplan (1950), que identifican tres dimensiones: el ámbito temático o esfera en la que se ejerce el poder, el dominio (en referencia a las personas sobre las que se tiene poder) y el “peso” (o cantidad de individuos que participan del proceso de toma de decisiones). A esta tríada se pueden agregar los costos y los medios a considerar a la hora de evaluar el ejercicio del poder (Baldwin, 2002)6. En otras palabras, esta tradición entiende que para analizar las relaciones de poder se deben hacer primeramente una serie de preguntas centradas en la situación o contexto: ¿quiénes ejercen el poder sobre quiénes? ¿En qué ámbitos temáticos? ¿Qué tan probable es que un actor tenga éxito en su empresa? ¿Con qué medios y a qué costo? En este sentido, nada podría ser más distinto que una parsimoniosa ecuación que calcule el “poder total” de cada una de las naciones y las ordene en un ranking. La conexión existente entre el poder entendido como una relación social anteriormente descrito y los resultados, como se adelantó, es mucho más explícita que en la anterior tradición. Los setentas le dieron a Rosenau (1976) sugestivos ejemplos al respecto, al evidenciar la imposibilidad 6

Resulta desafortunado que Baldwin no haya considerado cambiar el nombre que le asigna a la probabilidad de que el comportamiento del segundo actor sea o pueda ser cambiado por el primer actor, ya que cuando utiliza para definir a esta dimensión la palabra “weight” (peso) se presta a confusión con lo que Lasswell y Kaplan definen como tal, cuando en realidad todos se están refiriendo a lo que Baldwin (2002) llama “dimensiones del poder” (pp 178-179).

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estadounidense de ganar la Guerra de Vietnam contra un adversario inexcusablemente más débil (en términos de recursos) o bien el éxito de la OPEP al imponer a Occidente un embargo. Así, el poder entendido como relación social tiene una vinculación efectiva con los resultados, y no meramente potencial, como así lo comprenden quienes ven al poder como la posesión agregada de recursos. Las dos tradiciones en realidad no deben entenderse como si fueran irreconciliablemente excluyentes. En realidad, la primera reconoce la importancia de obtener los resultados que se persiguen, y explícitamente admite la disfunción existente entre estos y los recursos poseídos considerados analíticamente valiosos (Mearsheimer, 2003). Asimismo, la segunda nunca desatiende el stock de recursos como una de las variables a considerar dentro de casi cualquier relación de poder, aunque advierte que en realidad esa única ponderación puede prestarse a confusión en el análisis del poder. La metáfora que utiliza Joseph Nye (1989, 2004) en este sentido es la de un partido de póker: se puede tener las mejores cartas y no sacar provecho de ellas si los demás saben que deben irse al mazo. Podría parecer a primera vista que existe una mayor afinidad entre el poder entendido como relación social y los recursos no materiales. En efecto, estos últimos son más compatibles que aquellos más “duros”, como las capacidades militares o la economía, con un entendimiento relacional del poder, ya que nociones como la atracción generada por un país sobre otros están dando cuenta de que existe algo más que una mera comparación de recursos entre dos países. Sin embargo, esto dependerá de la forma de pensar a los recursos no materiales. Como normalmente se tiende a concebir a los mismos como un stock (un mayor o menor nivel de nacionalismo en una sociedad, una cultura más o menos universal, una mayor o menor cohesión nacional, etcétera) y no como una relación social más contextual, resulta más apropiado en términos analíticos respetar la distinción hecha entre poder como recurso y poder como relación social.

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Las características más salientes de ambas nociones del poder se encuentran resumidas en el Cuadro 1. Cuadro I: Características definitorias de las dos nociones de poder Origen

Disponibilidad de recursos

Relación social

Manifestación

Desigualdad en la distribución de los recursos

Cambio de conducta en el actor sobre el cual el poder se ejerce como consecuencia de un cambio de conducta en el actor que ejerce el poder

Cantidad de dimensiones

Normalmente única, con una ponderación de diversos recursos disponibles

Potencialmente varias: “peso”, alcance, dominio, etcétera

Análisis

Universal: tendencia a la confección de rankings de actores poderosos

Situacional: es imposible comprender el poder sin antes especificar las dimensiones

Posibilidad de aprehensión

Sí

Relación con los resultados

Potencial

Efectiva

Una vez realizada la distinción entre las dos formas básicas en que la teoría de las relaciones internacionales entiende el poder, se debe completar el significado del concepto de erosión de poder. Se mencionó con anterioridad que este se refería simplemente a una pérdida de poder en sentido lato, pero ahora es necesario hacer una distinción más. La erosión bien puede concebirse como un desgaste en términos absolutos, esto es, considerando únicamente al objeto de análisis en cuestión. Sin embargo, también es posible entender la noción de erosión en términos relativos, análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 157 - 197

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considerando además de quien la sufre también a otros actores que están intrínsecamente involucrados en el proceso de alguna forma u otra. La noción más básica de las dos variantes puede entender que mientras que la erosión absoluta de poder es una pérdida vertical del mismo (de suma negativa), la relativa está vinculada a una redistribución horizontal del poder (de suma cero, ya que lo que pierde un actor lo gana otro). Si bien no existe otra forma de entender la idea de erosión absoluta, sí existen algunas alternativas respecto a la erosión relativa, por lo que preferimos en este estudio definirlas simplemente como “en relación a sí mismo” para la absoluta y “en relación a otros” para la relativa. La distinción entre la erosión de poder relativa y absoluta no sólo es analíticamente posible, sino que además podría conllevar algunas consecuencias a la hora de entender la reacción de los estadistas que se enfrentan al fenómeno. Una lenta y progresiva erosión relativa del poder de un Estado frente a numerosos actores es probable que sea percibida de forma distinta que una erosión absoluta, especialmente cuando esta última se da de forma acelerada, lo que plausiblemente podría transmitir una mayor sensación de urgencia y probablemente una mayor preocupación por cuestiones domésticas. De todas maneras, estas ideas en esta ocasión quedan reservadas para el campo de lo especulativo y podrían ser objeto de futuras investigaciones.

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Ahora bien, con vistas a crear una tipología de las formas que puede adoptar la erosión de poder es preciso cruzar los conceptos discutidos con anterioridad. Por un lado, el poder entendido como la posesión de recursos (subdividido a su vez en recursos materiales y no materiales) y como surgido de una relación social. Por otro lado, la idea de erosión, bien sea entendida en forma absoluta o bien en forma relativa. La tipología de la erosión de poder queda conformada de acuerdo a la intersección de estos dos elementos (ver Cuadro II). Es necesario llegado este punto hacer dos aclaraciones. Por un lado, se debe comprender a la mencionada tipología como una alternativa para ordenar y categorizar las formas que puede adoptar la erosión de poder, por lo que no se deben buscar aquí las causas del fenómeno. Por otro lado, la tipología tiene como punto de referencia a Estados Unidos en el siglo XXI, por lo que fenómenos que podrían ser analizados desde otras perspectivas sólo serán considerados en función de este objeto de estudio. Si se entiende al poder como la posesión de recursos materiales y se observa la erosión como la pérdida de los mismos en relación a otros, entonces se está frente al fenómeno de la declinación. Las virtudes de considerarla dentro de este marco (y no cómo el fenómeno general de erosión de poder) son de diversa índole. En primer lugar, resulta coherente con la noción implícita dentro de la idea de declinación en las relaciones internacionales de que se trata de una experiencia que enfrenta un actor en relación a un tercero o terceros, razón por la cual es frecuente encontrar en la literatura y en boca de académicos la expresión “declinación relativa”. En segundo lugar, esta categorización bien se acopla a la sección de la biblioteca que quizás sea la que mayor énfasis hace en el concepto de declinación. Este tipo de teóricos normalmente describen la historia, y especialmente la historia moderna, como una sucesión de potencias que ascienden en virtud de sus crecientes recursos económicos, demográficos, territoriales y, sobre todo, militares, y que posteriormente descienden debido a su debilitamiento relativo frente a rivales que los logran acumular con mayor velocidad (Kennedy, 2009). En tercer lugar, si la adecuación del término como aquí se propone a la literatura existente es una de las virtudes a la hora de considerarlo bajo estos parámetros analíticos, no menos provechoso resulta así tratarlo por su inadecuación respecto a otro tipo de literatura. En efecto, ¿qué sentido tiene para el análisis de la política internacional contar recursos de poder menguantes en un mundo temeroso de la guerra nuclear, menos dispuesto a guerrear y de mayor interdependencia económica y ecológica (Nye, 1989)? Para

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quienes entienden que el poder no es sinónimo de posesión de recursos materiales, la importancia relativa de este tipo de indicadores es notablemente menor. Cuadro II: Tipología de la erosión de poder. Erosión

Poder

Recursos Relación social

Relativa

Absoluta

Materiales

Declinación

Caida

No materiales

Deslegitimación

Decadencia

Inconvertibilidad

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Las experiencias históricas que puedan entenderse como declinaciones posiblemente sean las más numerosas, aunque quizás la más conocida sea la británica desde finales del siglo XIX. Un imperio vasto como pocos experimentó la frustrante experiencia de la declinación económica, tecnológica y militar frente a diversos y poderosos rivales en ascenso: Estados Unidos, Rusia y, posteriormente, Alemania. Lógicamente, las alteraciones fundamentales del statu quo en este período encontraron a Gran Bretaña como la gran perdedora en términos relativos, puesto que se trataba la gran potencia que gozaba de una mejor posición frente a las demás (Kennedy, 2009). En el caso de Estados Unidos, un claro ejemplo de declinación estuvo asociado al pesimismo de la década de los ochenta, cuando Japón parecía ser el modelo económico que desplazaría al anglosajón y que transformarían a este país en la primera economía mundial. El concepto de caída7, entendido en el marco de la historia de los imperios y las potencias, ha desvelado a los estudiosos del tema desde mucho antes que Gibbon publicara su opus magna. Para el caso romano, hasta parecería natural pensar que cuando la diferencia de poder es demasiado grande entre fuerzas rivales, para que los bárbaros pudieran finalmente destruir el Imperio era necesario algún tipo de debilitamiento de la misma Roma. Pero en términos generales, es necesario distinguir entre las distintas formas que puede adoptar una caída. En primer lugar, se encuentra un fenómeno que se podría denominar decaimiento. Este da cuenta de una menor disponibilidad de recursos (y de poder) de un actor a lo largo del tiempo, que puede tener orígenes de lo más diversos, desde una guerra desgastante hasta una crisis económica severa o incluso algún tipo de desastre ecológico o demográfico. En segundo lugar, encontramos varias alternativas vinculadas a la descomposición territorial de un país. Sin duda alguna el caso más drástico es la desaparición de una entidad política, como ocurrió con tantos imperios prewestfalianos, pero también pueden existir divisiones (como la alemana luego de la Segunda Guerra Mundial), desmembramientos y descolonización. La descomposición territorial bien puede ser entendida como una manifestación de la erosión de poder porque conlleva no sólo menor extensión geográfica, sino también una menor población y recursos económicos y hasta militares, en la medida en que no implique una lisa y llana desaparición de la entidad política en cuestión.

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Los ejemplos históricos suelen ser más complejos de lo que parece, puesto que en realidad suelen distanciarse de esta serie de tipos ideales. Así, el Imperio Romano pudo no haber colapsado si se entiende, como lo hizo Gibbon, que tuvo su sucesor en el Imperio Bizantino. En este caso estaríamos frente a un severo desmembramiento. Lo mismo podría decirse de la Unión Soviética, que como entidad política fue heredada por la Federación Rusa, o bien del Imperio Otomano y Turquía. 7

La literatura clásica al respecto ha usado el término cadere desde al menos el siglo VIII D.C (Rehm, 1939, citado en Starn, 1975)

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En este artículo se rehabilitará el concepto de decadencia en el contexto de las relaciones internacionales. Para algunos autores, dicha idea implica un juicio de valor (Aron, 1979), una agenda conservadora que reivindica normas tradicionales en retirada (Winthrop, 1971) o incluso una teoría sobre el sentido de la historia (no distinta por otra parte a la que se asume detrás del uso alternativo de “declinación”) (Morley, 2004). Si bien es cierto que la polisemia no contribuye en este punto, no menos cierto es que se ha utilizado el término de forma tal que se lo puede vincular al fenómeno del que se intenta dar cuenta: la erosión de poder.

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En efecto, existe una tradición clásica de pensamiento que vincula concretamente a la decadencia con la caída de los imperios, que es la forma más característica que adopta la erosión de poder con anterioridad a la Paz de Westfalia (Burke, 1976). Los autores preocupados por la decadencia suelen, en primer lugar, hacer una comparación entre el presente y el pasado, o bien comparan tiempos pretéritos con otros más lejanos. Lo cierto es quienes observan el fenómeno de la decadencia no lo hacen sobre la base de un análisis entre dos unidades análogas contemporáneas (imperios, Estados, etcétera), que es típica de la declinación. Esta última forma de erosión de poder, además, puede observar tanto tendencias que llegan desde el pasado hasta el presente como proyectarlas sobre el futuro. La pregunta más característica de quienes ven la erosión de poder en términos de declinación es “¿en qué año la economía China superará a la de Estados Unidos?”. Los preocupados por la decadencia difícilmente tengan tantas certezas sobre trayectorias que penetran en el porvenir con la precisión que pretenden los declinistas (a menos, claro está, que se trate de una teoría cíclica de la historia). Esto se debe a la segunda característica de quienes observan la decadencia: sus objetos de estudio suelen ser no materiales. Los tópicos más recurrentes son la moral y el carácter de la sociedad, la forma de gobierno y el estado de las libertades, la cohesión del edificio social, la religiosidad (o la falta de ella), entre otros. Si bien este conjunto de cuestiones pueden englobarse dentro del universo de las grandes preocupaciones reaccionarias como el orden, las tradiciones y culturas telúricas, temas tan liberales como la corrupción de las repúblicas también están presentes. La relación entre una menor cantidad o peor calidad de determinados recursos no materiales con los que cuenta una sociedad y el poder del que esta goce lógicamente dependerá del criterio de cada autor en particular. Un ejemplo clásico sería Edward Gibbon, quien, siguiendo la tradición de Nicolás Maquiavelo, entiende que la riqueza generó el ablandamiento del carácter romano, el fin de la milicia cívica y la corrupción de las legiones, lo que, junto con el cristianismo, habrían hundido al Imperio Romano (Pocock, 1976). Más contemporáneamente, en su célebre estudio sobre los imperios Michael Doyle (1986), señala en relación a la dinámica entre la metrópoli imperial y la periferia: La debilidad de la periferia, que permitió que fuera conquistada y de hecho estimuló la agresión de la metrópoli, es el producto primario de su organización social. (...) La debilidad periférica surge principalmente de su comportamiento social, asociado a diferentes formas de organización social, especialmente la diferenciación social y la integración (p. 131).8 A diferencia de los anteriores conceptos, que fácilmente pueden concebirse en abstracto para cualquier potencia de la historia, para entender la deslegitimación resulta útil el marco teórico provisto por una concepción coxiana-gramsciana de la hegemonía del orden global aplicado al contexto específico de la temprana posguerra fría. 8

La traducción es propia.

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Hegemonía es una estructura de valores y formas de entender la naturaleza del orden que impregna a todo un sistema de actores estatales y no estatales. En un orden hegemónico estos valores y formas de entender son relativamente estables y no cuestionados. A la mayoría de los actores le parece como el orden natural. Dicha estructura de significados está sostenida por una estructura de poder, en la que un estado es dominante pero cuya dominación no es suficiente para crear una hegemonía. Esta deriva de los estratos sociales dominantes de los Estados dominantes e implican la aquiescencia de los estratos dominantes en otros Estados respecto de los modos de pensar y hacer de los primeros. (Cox, 1990, citado en Gill, 1993, p 42, la cursiva no es original)9 Algunos comentarios merecen hacerse al respecto. Como la deslegitimación, según la tipología propuesta, implica una merma de los recursos no tangibles poseídos en relación a los demás, también se la puede entender como un proceso de erosión de la hegemonía en estos términos concebida. En efecto, si bien para crearla se necesita normalmente de un Estado materialmente poderoso (en términos de recursos), en realidad esta se expresa en el plano de las ideas. Lo que Karl Marx desestimaría como “superestructural” aquí es visto por Robert Cox como un activo del hegemón para naturalizar un sistema por este controlado y que sirve a sus intereses y valores. La naturalización de un determinado sistema internacional resulta especialmente importante para el actor o los actores que dictan el contenido específico de la hegemonía. Esto se debe a que ellos son los que, se asume, se encuentran en una posición muy ventajosa para la realización de sus objetivos de índole material y no material vis-à-vis el resto de los actores del sistema, por lo que tienen un especial interés en que estos últimos no intenten subvertir el orden por ellos creado. La posesión o la falta de recursos no materiales es la que dictará, en última instancia, la posibilidad de que los actores desfavorecidos por el statu quo lo acaben por aceptar como “natural”. Esto, a su vez, reduce enormemente los costos de mantenimiento del orden imperante por parte del hegemón, que ya no debe recurrir a costosos incentivos y desincentivos de índole material para lograr la aquiescencia del resto.

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La referencia a las clases sociales dentro de los Estados en realidad son propias de una perspectiva marxista, pero bien se puede entender a una hegemonía como una expresión de la nación en su conjunto, o bien de un sistema político particular, una determinada cultura política, una particular concepción burocrática del “interés nacional”, etcétera. Es decir, el análisis de la hegemonía puede depender tanto de las clases sociales (vinculadas a una específica forma de producción) como a otros grupos sociales o a determinadas estructuras no vinculadas al campo socio-económico. Para poner un ejemplo claro, bien se podría entender que la naturalización del libre comercio en el sistema internacional brota del interés de las “clases dominantes” del Primer Mundo, pero ya resulta mucho más oblicuo y esquivo pensar que el régimen universalmente aceptado de la no proliferación nuclear emana directamente de las clases capitalistas trasnacionales10. Habría en principio varios motivos por los cuales se podría producir una deslegitimación. Una merma en el soft power califica por definición como una de las causas, puesto que las demás sociedades ya no se sentirían irracionalmente atraídas y hasta podrían también irracionalmente resistirse a cooperar con el hegemón (Nye, 2004). Si los demás actores aumentaran su propio soft power, entonces también podría haber un resquebrajamiento del orden hegemónico. Pero existen 9 10

La traducción es propia. El concepto de deslegitimación no se acaba con el resquebrajamiento de una hegemonía coxiana-gramsciana, de todas formas. Por ejemplo, esta puede producirse por el empeoramiento de la imagen que un país proyecta sobre el resto del mundo, sin que esto necesariamente conlleve el status de hegemón por parte de quien era visto benignamente.

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formas más indirectas también de asistir a un proceso de deslegitimación, como pueden ser un mayor nacionalismo y cohesión social, mejor liderazgo y voluntad política en la periferia, etcétera. Por último, todo análisis del poder que tenga por objeto de estudio la interacción entre distintos actores o el uso que hacen de sus recursos disponibles de acuerdo a sus estrategias adoptadas, entonces claramente entenderá al poder como el producto de una relación social, y no como el de una mera posesión de recursos. La inconvertibilidad debe ser pensada entonces como la menor capacidad de traducir recursos disponibles en resultados (deseados). El fenómeno está relacionado con el concepto de infungibilidad, pero no se acaba allí, ya que este último implica la incapacidad para convertir los activos específicos de un área con que cuentan los actores en activos de otra área. Más adecuada resulta la idea de infructuosidad para dar cuenta de la inconvertibilidad. En efecto, la disponibilidad de recursos no produciría “frutos”, es decir, el control sobre los resultados, dejando al actor verdaderamente impotente en un determinado contexto.

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Es menester destacar que es justamente esta disparidad entre una nutrida posesión de los recursos y la incapacidad de convertirlos en resultados (deseados) lo que más llamó históricamente la atención a la tradición que entiende al poder como una relación social, por lo que los ejemplos a los que esta recurre son más claros en tanto y en cuanto se maximice la distancia entre recursos y resultados, como son los casos citados por Rosenau (1976). Inversamente, los ejemplos históricos serán menos nítidos cuando la inconvertibilidad esté dada por un actor débil (en términos de recursos) que no sea capaz de modificar un resultado (que desea), puesto que nunca faltará quien pueda adjudicar el fracaso del actor con pocos recursos a esta condición. Para el caso de Estados Unidos en el período 2003-2011 claramente se asume que esta última forma en que puede adoptar la inconvertibilidad no es pertinente, puesto que se encuentra excepcionalmente bien dotado de todo tipo de recursos. De todas formas, la inconvertibilidad puede manifestarse de una infinidad de formas, desde la manipulación de una relación de interdepedencia (como el embargo petrolero de la OPEP) hasta una menor influencia sobre los demás, el fracaso de un determinado plan de acción (como la derrota estadounidense en Vietnam). Otros ejemplos tienden a resaltar la inadecuación del uso de un tipo de recurso en un determinado contexto. Estas cuestiones ponen de manifiesto el carácter multidimensional y situacional del poder entendido como una relación social, que en definitiva constituyen una de las formas en que puede adoptar la inconvertibilidad. LA EROSIÓN DEL PODER ESTADOUNIDENSE (2003-2011): LOS AUTORES Como se mencionó en la introducción, la erosión de poder vuelve a estar en el centro de la escena y muchos autores parecen ser arrastrados por esa combinación de fuerzas centrípetas que son los debates temáticos de la disciplina de las relaciones internacionales, el discurso político y la psicología colectiva estadounidenses. Por otra parte, en el apartado anterior se dio cuenta de las diversas formas en que los estudiosos de la política han definido la idea de poder y se formuló una clasificación de la erosión de poder en función de la cruza de los dos elementos que componen dicho concepto. Ahora bien, con el objeto de poder analizar las distintas perspectivas desde las cuales se observa empíricamente el fenómeno para el caso de Estados Unidos entre los años 2003 y 2011, es necesario primeramente hacer algún tipo de selección bibliográfica. En el presente estudio se privilegiarán a aquellos autores que hayan logrado una mayor repercusión en el mundo académico. Para ello se utilizará el programa Publish or Perish, que arroja, entre otros

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datos, la cantidad de veces que fue citada cada una de las publicaciones (libros, artículos, papers, etcétera) de un autor en particular para un período determinado. En el presente se limitarán las búsquedas a los nueve años comprendidos entre 2003 y 2011, inclusive. El criterio básico de selección bibliográfica comprenderá a los diez autores que hayan tratado el tema en cuestión en el mencionado período y que hayan tenido el mayor impacto en el mundo académico. Este proceso metodológico excede las capacidades del programa, puesto que los autores normalmente escribieron sobre una diversidad de temas entre 2003 y 2011 y sólo algunas de sus obras nos competen aquí. Esta selección de autores requerirá, por consiguiente, una aproximación indirecta: es a través de las publicaciones relevantes con mayor repercusión en el mundo académico que se logrará dar con los autores.

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Se le prestará especial atención a la variación en el pensamiento de cada autor en particular. Para ello, se analizarán tres obras de cada uno de ellos publicadas entre 2003 y 2011 que sean temáticamente pertinentes. Con ello no sólo se busca encontrar eventuales cambios de perspectivas y matices de cada uno de los autores, sino que además permitirá una evaluación general de cuáles fueron los sucesos fácticos que más llamaron su atención a la hora de explicar la erosión del poder estadounidense. La esencia de la selección bibliográfica quedará configurada como sigue. Primeramente, se fijará en el programa Publish or Perish el lapso de tiempo en cuestión. Seguidamente se introducirán la mayor cantidad de nombres de autores posible, que serán correspondidas con todas las publicaciones que el programa detecte, con su correspondiente número de citas. En función de los resultados obtenidos, se filtrarán a aquellos autores cuyas obras aparecidas en el período tratado no sean pertinentes. Quienes, por el contrario, efectivamente hayan analizado el fenómeno de la erosión de poder de Estados Unidos serán incluidos en una tabla y ordenados según el número de citas que lograra su obra temáticamente relevante de mayor impacto académico.

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Pero es necesario que las publicaciones de los autores en cuestión pasen por una serie de filtros cualitativos que depuren la muestra y la alisten para seleccionar a los diez más citados y confeccionar una tabla con los mismos. Antes de mencionarlos es menester aclarar que fueron excluidas todas las obras de índole económica, militar, o de alguna otra área específica que no tengan un explícito correlato político. El primer criterio se refiere a la fecha de publicación: las obras serán consideradas únicamente cuando la primera edición esté comprendida entre 2003 y 2011. El segundo excluye a todas aquellas publicaciones en las que no pueda identificarse claramente a Estados Unidos como el actor cuyo poder se erosiona. Así, por ejemplo, referencias a Occidente son válidas, dado el lugar preponderante que Estados Unidos ocupa dentro de este espacio, pero no lo serían las que aludan a los países capitalistas, puesto que se trata hoy en día de un universo demasiado extendido El tercer criterio excluye a todos aquellos autores institucionales o múltiples, puesto que necesariamente dificultan la selección de los autores individuales más citados. El cuarto y último implica descartar a quienes no hayan tratado el tema de la erosión de poder estadounidense más allá de en una única publicación, dado que ello imposibilitaría la añadidura de dos obras más por autor. Una vez concluida la confección de la tabla, es necesario seleccionar efectivamente a los diez autores en cuestión. Llegado este punto, nos encontramos con un problema: como sería lógico de esperar, las obras más antiguas tienen, ceteris paribus, mayores probabilidades de ser también las más citadas, por el simple hecho de que el paso del tiempo habría producido mayor difusión, análisis y comentarios por parte de otros académicos. Esto nos llevaría a sesgar en alguna análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 157 - 197

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medida la muestra hacia los primeros momentos del período, con lo que se estaría prestando una desproporcionadamente mayor atención a sucesos como la Guerra de Irak, comenzada en 2003, y una infravaloración de otros episodios como la crisis financiera de 2008 en adelante. Ciertamente, este eventual sesgo quedaría de algún modo amainado por la posterior selección de otras dos obras de cada autor, que tenderían a descomprimir la atención sobre los comienzos del período. Otra forma de lidiar con el problema del sesgo sería dividir la cantidad de citas totales de la obra pertinente de mayor impacto de cada autor por el número de años transcurridos entre su publicación y el 2011 y ordenar a los autores y las publicaciones según este otro criterio. Verbigracia, si el autor A publicó la obra M en 2004 y fue citada 800 veces, mientras que el autor B hizo lo propio con N en 2011 y alcanzó las 120 citas; entonces es B quien se antepondría en la tabla a A, puesto que 800 citas/8 años es igual a 100 citas por año para M, contra las 120 citas por año que alcanza N. Como se ve en el ejemplo, resultaría igualmente sesgada una muestra que sólo considerara las citas por año.

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Como forma de salir de esta situación que parece dejarnos entre Escila y Caribdis, optamos por una resolución ecléctica del dilema. En primer lugar, se ordenarán las publicaciones (con sus respectivos autores) según el número de citas totales por estas alcanzadas, colocándole el puesto nº1 a aquella con mayor impacto, el nº2 a la segunda y así sucesivamente. En segundo lugar, se hará lo mismo según el criterio de citas por año. En tercer lugar, como forma de balancear los sesgos entre sí, se realizará un tercer ordenamiento de acuerdo a la semisuma de las posiciones ordinales de cada una de las publicaciones en cada una de las categorías (citas totales y citas por año). Esto es, si la publicación M de 2004 obtuvo 800 citas y quedó en el puesto nº6 en la lista que pondera únicamente las citas totales y nº15 en la de las citas por año, mientras que la publicación N de 2011 fue citada 120 veces y escaló al puesto nº20 en citas totales y al nº4 en citas por año; entonces la semisuma de ambas posiciones le dará 10,5 a M y 12 a N, por lo que a fin de cuentas tendrá prioridad M (y el autor A) por sobre N (y el autor B). El efecto de la semisuma de ambas posiciones ordinales, al ponderar por igual a las citas totales y a las citas por año, debería reflejar una selección con menor sesgo, proceso al que se le añadiría el efecto compensador de incluir en la lista bibliográfica a más publicaciones por cada autor. Los resultados obtenidos pueden verse en el cuadro III11. Resulta importante destacar el hecho de que siete de los diez autores (Nye, Huntington, Johnson, Zakaria, Ferguson, Bacevich y Phillips) coinciden en aparecer dentro de los diez más citados tanto en términos de citas totales como de citas por año, por lo que puede entenderse que este es el “núcleo duro” de esta selección, los que indiscutiblemente merecerían ser considerados por su alto impacto. En algún punto este resultado era previsible, puesto que las citas por año deberían guardar una gran correlación con las citas totales en la medida en que se traten de obras con cientos y hasta miles de citas. De los tres restantes, dos fueron incluidos por su peso relativo en términos de citas totales (Walt y Pape) y uno por sus citas por año (Mahbubani).

La tabla definitiva fue confeccionada con los valores arrojados por Publish or Perish para el día 17 de enero de 2012.

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Cuadro III: Selección de autores según su obra más con más impacto (semisuma de citas totales y citas por año). Autor

Publicación más citada

Año pub.

Citas totales

Posición c.totales

Citas/ año

Posición c./año

Semisuma

2004

2264

283

Nye

Soft Power

Huntington

Who are We?

2004

1281

160,1

Johnson

The Sorrows of Empire

2004

797

99,6

3,5

Zakaria

The Post-American World

2008

548

137

Ferguson

Colossus

2004

733

91,6

4,5

Bacevich

The New American Militarism

2005

365

52,1

6,5

Phillips

American Theocracy

2006

321

53,5

6,5

Walt

Taming American Power

2005

309

44,1

10,5

Mahbubani

The New Asian Hemisphere

2008

205

51,3

11,5

Pape

Soft Balancing against the US

2005

290

41,4

Como se mencionó con anterioridad, serán tres las obras escogidas por autor que darán cuenta de su particular análisis de la erosión de poder estadounidense. La primera fue seleccionada según el criterio descripto recientemente. En función de los autores de los mismos es que quedarán establecidos los diez nombres a analizar, cuyas dos obras restantes por cada uno serán consideradas según criterios de disponibilidad e intentando cubrir lo más posible el período 2003-201112. Las tres obras por autor serán, a priori, igualmente consideradas para el análisis de las perspectivas de los mismos, aunque esto dependerá en última instancia de la extensión de las mismas y su complejidad argumental. Asimismo, los diez autores seleccionados tendrán igual peso en el análisis de sus obras, independientemente de si hubieran resultado más o menos citados.

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Las dos obras complementarias por autor son las mencionadas a continuación: U.S Power and Strategy After Iraq (2003) y The Future of American Power (2010) de Nye; America in the World (2003) y The Threat of White Nativism (2004) de Huntington; Nemesis (2007) y Dismantling the Empire (2008) de Johnson; How long will America lead the World? (2006) y Are America’s Best Days Behind Us? (2011) de Zakaria; Empire at Risk (2009) y Civilization (2011) de Ferguson; The Limits of Power (2008) y An End of Empire (2011) de Bacevich; How Wealth Defines Power (2003) y Bad Money (2008) de Phillips; The economic crisis and its implications (2009) y The End of the American Era (2011) de Walt; Beyond the Age of Innocence (2005) y Asia Rises (2011) de Mahbubani y, por último, The world pushes back (2003) y Empire Falls (2009) de Pape. LA EROSIÓN DEL PODER ESTADOUNIDENSE (2003-2011): CAUSAS, ARGUMENTOS Y MANIFESTACIONES En el presente apartado se buscará trazar las principales líneas argumentales de cada uno de los autores a lo largo del período en lo referente a la erosión del poder estadounidense. Como se vio en secciones anteriores, este concepto puede adoptar formas diversas según la óptica considerada y los sucesos y datos analizados, que a su vez dependerán de los factores a los que se le adjudique causalidad. Las preguntas centrales entonces serán: ¿de qué se trata la erosión de poder? ¿Cuáles son las analogías históricas, de haberlas, que hacen los autores? Cuando el concepto de erosión 12

Únicamente los casos de Samuel Huntington y Chalmers Johnson no podrán abarcar el período en su totalidad, dados sus decesos en 2008 y 2010, respectivamente.

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de poder no resulta bien descripto, este tipo de comparaciones con experiencias pasadas podrían iluminar respecto a la forma en que adopta el fenómeno observado. Otras preguntas incluyen: ¿se trae a colación a factores explicativos más políticos, sociales, económicos o militares? ¿Son causas de índole interna, externa o hace a la forma en que el mundo se relaciona con Estados Unidos y viceversa? ¿Se trata de un proceso estructural y relativamente certero o de problemas contingentemente solucionables mediante una serie de políticas acertadas? Es importante dar cuenta de la variación, si la hubiera, de las respuestas a todas estas preguntas. También será pertinente descubrir cuáles son las nuevas herramientas analíticas y conceptos surgidos de este debate en particular. Joseph Nye Jr posiblemente sea el autor de los seleccionados que más explícitamente haya tratado la cuestión del poder estadounidense, incursión que data de la publicación de Bound to Lead en 1991. Su participación en el debate actual sobre la erosión de poder viene a ser una reafirmación de la óptica adoptada a finales de los ochenta, aunque lógicamente adaptada a tiempos cambiantes y con algunos conceptos más refinados.

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Nye (2004) entiende al poder típicamente como una relación social: “el poder es la habilidad de de influenciar el comportamiento de otros para obtener los resultados que uno desea” (p 2)13. En este sentido, el poder puede adoptar distintas formas, bien pudiendo ser “duro” en caso de que el actor poderoso haga cambiar de posición a los demás a través de “palos y zanahorias”, o bien puede ser “blando” cuando los demás desean voluntariamente emular y seguir el ejemplo de quien detenta poder, surgiendo este de la atracción generada por recursos tales como la cultura, los ideales políticos y las políticas públicas de un determinado país14. Asimismo, Nye concibe a la política internacional una partida de ajedrez tridimensional compuesta por tres tableros: el militar, que Estados Unidos claramente domina por sí mismo; el económico, que se configura multipolar, y el trasnacional, en el que existe una gran difusión del poder entre una muy amplia diversidad de actores. Si bien Nye le adjudica gran importancia a los tres tableros, no menos cierto es que percibe que existe una serie de tendencias globales que progresivamente disminuyen la importancia de los recursos militares, dados los mayores costos del uso de la fuerza (producto a su vez de cambios en la tecnología bélica), los mayores costos políticos del uso de la fuerza en democracias postindustriales, la paz democrática y la interdependencia económica. A su vez, la globalización y la revolución informática son dos procesos que le deparan un rol cada vez más relevante al soft power (Nye, 2004). En función de lo antedicho, Nye (2004) observa que con el correr de los años, los países que atraigan más fuertemente a las poblaciones del resto del mundo (y Estados Unidos es el principal faro mundial en este sentido) serán los más beneficiados. Sin embargo, la Guerra de Irak de 2003 demuestra cómo la estrategia de la Administración Bush para combatir al terrorismo y la proliferación nuclear excesivamente centrada en lo militar, unilateral y displicente respecto a las instituciones internacionales puede socavar la atracción que Estados Unidos goza en el mundo (Nye, 2003, 2004). El resto del mundo, incluyendo a los más tradicionales aliados, tenderá a rechazar el accionar de la única superpotencia del mundo si las considera ilegítimas. A su vez, los estadounidenses como pueblo históricamente no han poseído la voluntad imperial necesaria 13 14

La traducción es propia. Aquí claramente se puede observar una mayor precisión teórica sobre las fuentes del soft power en relación a su producción anterior.

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para montar un imperio más allá de sus fronteras, lo que el autor denomina domestic underreach, por contraposición al imperial overstretch de Paul Kennedy (Nye, 2003, 2004, 2010). Así es como se llega a lo que Nye llama, parafraseando a David Baldwin, “la paradoja del poder estadounidense”: cómo una potencia militarmente sin parangón no puede alcanzar sus objetivos más elementales si no es con la cooperación voluntaria de la población civil y los gobiernos extranjeros. Para el final del período, Nye (2010), en vista del resurgimiento del debate en torno a la declinación de Estados Unidos, vuelve a retomar perspectivas y argumentos utilizados a finales de los ochenta: la desorientadora comparación entre la declinación británica y la que estaría experimentando Estados Unidos, la falsa noción de que Estados Unidos era todopoderoso a finales de la Segunda Guerra Mundial, entre otros. El autor ve con escepticismo los augurios del ascenso económico chino, ya que, al margen de todas las contradicciones que este plantea, en definitiva sólo se trataría de uno de los tableros de ajedrez, siendo muy superior Estados Unidos en términos militares (y con especial énfasis en la debilidad geopolítica china y el sistema de alianzas estadounidense que podría contener a una China asertiva y revisionista) y de soft power (Nye, 2010). Por ello es que menciona que el país asiático no logrará el estatus de la mayor potencia global en la primera mitad del siglo XXI. Nye (2010) se mantiene igualmente escéptico respecto del pesimismo fundado en la erosión de poder absoluta y doméstica que hace hincapié en los problemas económicos y sociales que enfrenta el país. Si bien reconoce que algunos son severos (como el endeudamiento, la educación secundaria y la parálisis del sistema político), sólo son cuestiones puntuales que no deberían afectar un panorama más general. Lo que más le preocupa a Nye no tiene que ver tanto con los recursos, sino con su uso en forma de estrategias y conductas. Llama la atención especialmente sobre la posibilidad de que el país sobrerreaccione a la amenaza terrorista cerrándose al mundo y la inmigración, una de sus mayores fortalezas (Nye, 2010). Además, postulando una vez más la distinción entre recursos y control sobre resultados, Nye concluye que incluso una gran concentración de recursos puede llevar a adoptar estrategias equivocadas (exclusivamente militaristas y unilaterales), que no lo ayudarán a sortear los desafíos trasnacionales del siglo XXI. La respuesta entonces radica en el smart power, estrategias que combinen el uso de recursos duros y blandos (Nye, 2010)15.

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Si bien no se trata de un libro esencialmente sobre relaciones internacionales, como sí lo fue El choque de civilizaciones, ¿Quiénes somos? bien puede ser entendido a la luz de algunos de los conceptos anteriormente tratados por Samuel Huntington. Así, el autor entiende que la Civilización Occidental se encuentra en una situación contradictoria: por un lado, Occidente (con Estados Unidos a la cabeza) luego de la Guerra Fría emerge como la entidad indiscutiblemente de mayor poder, única por el alcance de sus intereses, su control de la agenda internacional y capacidad de afectación de resultados. Por el otro lado, la tendencia es a la baja: decae su poder político, económico y militar, así como su peso demográfico, vis-á-vis las otras civilizaciones y su cultura y ambiciones son crecientemente resistidas por el resto del mundo (Huntington, 1997). Es justamente el temor a la disolución de Estados Unidos uno de los factores que preocupó a Huntington para el momento en que escribió El choque de civilizaciones, al punto que debió escribir otro libro para concentrarse en este “desafío a la identidad nacional estadounidense”, como reza 15

Casos como el de Nye son los que mejor reflejan la necesidad de dejar de referirnos a la declinación y de pasar a hablar sobre la erosión de poder de Estados Unidos. Tras décadas de rebatir los argumentos de quienes auguran el declive, y siendo además uno de los más reconocidos antideclinistas en el ámbito de este debate temático, el autor sin embargo cuadra perfectamente dentro del marco más general de la erosión de poder.

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el título de ¿Quiénes somos? Considerando que el autor concibe al poder como “la capacidad de una persona o un grupo de cambiar la conducta de otra persona o grupo” (Huntington, 1997, p 98), pero que a su vez entiende que este se encuentra en función de la posesión de recursos económicos, militares, institucionales, políticos, tecnológicos, sociales y demográficos, no se puede dejar de pensar en ¿Quiénes somos? como un libro que versa sobre una faceta de la erosión del poder estadounidense16.

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Para el momento en que Huntington escribe dicho libro, ve a la caída, decadencia y desintegración social como el destino de cualquier nación. Sin embargo, desconfía de la linealidad de la historia, ya que los pueblos pueden, en principio, volver a sus raíces culturales ancestrales, renovar su identidad nacional y posponer así su colapso (2004a). El autor entiende que el cemento social está fundamentado por una serie de factores de variada índole que constituyen la “identidad nacional” de un pueblo: la raza, la religión, el idioma, la etnia, la política y el hobbesiano temor a la muerte violenta17. Estas fuentes de identidad van cambiando a lo largo del tiempo, y en el libro se trazan las trayectorias de cada una de estas. En una sociedad cada vez más populosa, diversa, moderna e inclusiva, la tendencia es a que cada uno de estos componentes vaya perdiéndose en la historia. Para mediados del siglo XX sólo quedan en pie la cultura angloprotestante (que incluye al idioma), el credo estadounidense y la amenaza comunista. Dos significativos problemas para la identidad nacional quedan configurados por los períodos de paz en los que Estados Unidos no pueda unirse en torno a enemigos ideológica y culturalmente extraños (como ocurrió en los ’90 y como ocurriría si el país no sufriera muy a menudo ataques terroristas) y por la fragilidad del credo estadounidense. En verdad, Huntington (2004a) entiende que “un credo por sí solo no hace una nación” (p 384) y recuerda la precariedad del cemento social soviético y yugoslavo, ambos Estados unidos únicamente por la ideología, a la vez que entiende que el credo americano existirá siempre en función de la cultura típicamente estadounidense. Por ello es que el mayor de los desafíos a la identidad nacional estadounidense está dado por el asedio a la cultura angloprotestante (y al idioma inglés). Los factores que contribuyen a desintegrar a la nación son de diverso tipo. En primer lugar, la inmigración latinoamericana (y particularmente mexicana) resulta demasiado diferente a otras oleadas de inmigrantes, por lo que se debe pensarla como una amenaza, ya que implicarían inéditos problemas de asimilación, dando lugar a una reacción blanca antiinmigratoria (Huntington, 2004a, 2004b) y hasta posibilitando la división del país en dos, una mitad angloparlante y la otra hispanoparlante (2004a)18 19 . En segundo lugar, el surgimiento durante los ’60 y ’70 de un movimiento deconstruccionista (identificado con numerosas élites y grupos de interés), que prima a las identidades raciales, étnicas o de género

Una dimensión de este fenómeno, la inmigración y la potencialidad de que Estados Unidos se escinda, sería tratado en El choque de civilizaciones (Huntington, 1997). Este último en realidad nunca es postulado a la par de los demás porque se aleja del patrón antropológico que más le interesa a Huntington. Estas características son la contigüidad de los países de origen, la inmensidad y persistencia del flujo, la ilegalidad, la concentración regional y la presencia histórica de los mexicanos en el sur de Estados Unidos, lo que alimenta la posibilidad de un conflicto territorial. En realidad, Huntington no ve únicamente perjuicios en la inmigración, ya que les atribuye la posibilidad de revitalizar demográfica y económicamente un país, y con ello, el mantenimiento de la influencia y el poder en el escenario internacional. Sin embargo, plantea un interesante trade-off entre estos recursos tangibles de poder y el malestar social y la polarización política. Sobre estos aspectos es que escribió The Threat of White Nativism (2004b). La posición de Huntington respecto a la inmigración cambió con el correr de los años. En The U.S. –Decline or Renewal? (1988) irreconociblemente la considera como una de las grandes ventajas que ponen a Estados Unidos por sobre las demás potencias a la hora de renovar su poder. La cuestión inmigratoria aparece como una amenaza para Occidente en el pensamiento de Huntington recién con la publicación del libro El choque de civilizaciones (1997), puesto que en el artículo homónimo (1993) no existen referencias a ello.

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e intenta socavar todos y cada uno de los componentes de la identidad nacional, empresa que es resistida por la población en general. En tercer lugar, la merma de la ciudadanía exclusivista, producto del auge de las dobles ciudadanías de inmigrantes que se ven atraídos ya no por la cultura y el credo, sino por los programas de bienestar social y acción afirmativa. En cuarto lugar, la desnacionalización de las élites estadounidenses y su abrazo al cosmpolitanismo, empezando primeramente por las multinacionales y los intelectuales, lo que conspira contra la unidad de la población, ya que el resto del pueblo es nacionalista (Huntington, 2004a). En America in the World, los argumentos son similares a los que aparecen en El choque de civilizaciones y The Lonely Superpower, y nuevamente se menciona la ambigua posición en la que se encuentra Occidente, al ser la civilización más poderosa del planeta pero al mismo tiempo estar en declinación demográfica frente al mundo islámico y económica frente al sínico. Nuevamente, la modernización del mundo no hace converger a las civilizaciones, sino que reafirma la identidad cultural y religiosa de los pueblos no occidentales y ofrecerán una cada vez mayor resistencia (Huntington, 2003) El pensamiento de Chalmers Johnson se inscribe dentro de una matriz inconfundiblemente jeffersoniana. Su primera obra a analizar, The Sorrows of Empire (2004), intersecta las dos grandes preguntas de las relaciones internacionales en torno al poder estadounidense en los albores del siglo XXI. La primera gira en torno a si Estados Unidos es realmente un imperio, un hegemón, o simplemente el único polo del sistema internacional. La respuesta que nos provee el autor es rotunda: estamos frente a un fenómeno tan imperial como cualquier otro, aunque con el matiz de que se trata de un “imperio de bases” que dominan militarmente al globo (por contraposición a los imperios de antaño que anexaban formalmente territorios). Se trata de un imperio que se consideró victorioso luego de la Guerra Fría, y por lo tanto con derechos a extenderse todavía más y con cada vez menos razones de existir de no ser por la simple voluntad de conquista. La búsqueda de mantener la supremacía militar mundial nunca cesa, puesto que siempre existiría un rincón del mundo (o incluso del espacio exterior) al que se debe tener bajo control para que no peligre todo el resto del imperio20.

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La segunda de las preguntas sobre las que versa el libro se refiere, como su título lo indica, a la que es más pertinente para este estudio. Johnson se mantiene muy constante en su línea original a lo largo del período, aunque varía en el grado de urgencia y el foco de su atención de cada manifestación de la erosión del poder en particular. Mortui vivos docent y los imperios de antaño21 nos revelan dos enseñanzas de la historia, cuya desatención corre a riesgo de los emperadores y pueblos a los que estos comandan. En primer lugar, alcanzado un punto crítico22 , los imperios deben elegir entre profundizar la alternativa de la dominación militar del mundo o bien preservar su sistema republicano de gobierno, no existiendo una fórmula conciliadora posible. Y es que el imperialismo y el militarismo crecientemente dominan la política exterior e interna de Estados Unidos, creando una cultura belicista y un sistema de propaganda y desinformación que atentan contra la transparencia pública. Lo que es más importante, un país en constante guerra y expansión

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Este es el razonamiento clásico del los imperios. Los británicos buscaron dominar Suez para asegurar sus posiciones en la India, por lo que se vieron a su vez impulsados a dominar el bajo curso del Nilo, para luego tener que expandir sus dominios hasta el resto de Egi pto y Sudán (Robinson y Gallagher, 1981, citado en Zakaria, 2000) Su analogía histórica más recurrente es la del Imperio Romano. Johnson (2010) entiende que este momento fue en 1991, cuando desapareció la Unión Soviética y, con ella, la necesidad de una presencia militar mundial.

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marginalizan al Congreso en favor del Poder Ejecutivo que, como principal, depende cada vez más fuertemente del agente (el Pentágono y las burocracias ligadas a la seguridad nacional) ( Johnson, 2004)23. Para Johnson (2007, 2010), a medida que transcurre el tiempo, la posibilidad de escapar a la trampa en la que sucumbió la República Romana se hace cada vez más remota, a la vez que optar por la voluntaria renuncia del imperio para salvar la democracia, como lo hizo Gran Bretaña luego de la Segunda Guerra Mundial, se torna cada vez más difícil24.

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Johnson jamás se preocupa por distinguir entre la corrupción de la forma de gobierno republicana y la erosión del poder de Estados Unidos, por lo que la primera bien podría entenderse dentro del contexto más general de la segunda. En efecto, y esta es la segunda enseñanza de los muertos a los vivos, los imperios no duran mucho tiempo, y sus finales suelen ser dolorosos ( Johnson, 2004). Las causas son vistas como leyes universales que se aplican a todos los imperios e incluyen sobreexpansión imperial, instituciones económicas rígidas e incapacidad para reformar. Sobre la primera es que Johnson dedica numerosos artículos y libros y el fenómeno contemporáneo en sí mismo descansa básicamente sobre la lógica de que Estados Unidos está gastando demasiado dinero en sus aventuras militares en el exterior ( Johnson, 2004, 2007, 2010), el desarrollo de nuevas e innecesarias tecnologías militares ( Johnson, 2010) y en el mantenimiento de un imperio global de bases ( Johnson, 2004, 2007, 2010)25. Todo este “keynesianismo militar” es lo que produjo un desastre fiscal y la crisis de la deuda, dados los costos de oportunidad vinculados al estímulo de la industria manufacturera y la “infraestructura social” ( Johnson, 2010). La segunda de las causas, las instituciones económicas rígidas, nunca es desarrollada. Si bien este concepto se remite a Mancur Olson (1986), por momentos el autor menciona la dependencia económica de la importación de petróleo y los déficits fiscales y de cuenta corriente, nunca especificando exactamente de qué se trata. La incapacidad de reformar, la tercera de las causas, se encuentra en función del creciente peso económico y político del complejo industrial-militar en la sociedad estadounidense ( Johnson, 2010). Se entiende, sin embargo, que la causa subyacente a todos las “penas” (la bancarrota, el aparato de propaganda y la falta de transparencia gubernamental, el deterioro de las libertades civiles y el fin de la república y un estado de guerra perpetua) es la explosiva combinación entre militarismo e imperialismo. Son estos los que producen, en definitiva, un creciente imperio de bases y presupuesto militar, por un lado, y, por el otro, la expansión del poder de las burocracias y el Poder Ejecutivo en detrimento del Legislativo. “Este no es un libro sobre la declinación de Estados Unidos –comienza Fareed Zakaria (2008) en The Post-American World— pero sí sobre el ascenso de todo el resto del mundo” (p1)26. El ascenso del resto (y no sólo de Asia) vendría a configurar el tercer gran power shift de la historia moderna, luego de la emergencia de Occidente y de Estados Unidos. Aquí muy claramente

“Si George Bush y sus fanáticos –sentencia Johnson—pueden cambiar el régimen de toda una serie de países es un interrogante que queda abierto, pero ciertamente parecen estar en proceso de hacerlo dentro de Estados Unidos” (2004, p 291). La traducción es propia. Para 2004, Johnson creía en que un movimiento “desde abajo” desmantele el imperio, pero luego reconocerá que resulta improbable, así como también lo es una reacción del Poder Legislativo. También escépticamente observa los proyectos de la Administración Obama al respecto (Johnson, 2010). Curiosamente, el autor jamás hace referencia a la medida original, que es a su vez muy básica y precisa, con que se mide el imperial overstretch: la relación gasto militar / Producto Bruto Interno. Por el contrario, considera que las astronómicas cifras que maneja el Pentágono son indicio suficiente de que la economía sufre por las mismas. La traducción es propia.

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Zakaria está rechazando un enfoque absoluto del poder. Lo que resulta llamativo es que reniegue del término decline, cuando en realidad una considerable sección de la biblioteca de las relaciones internacionales que estudia este tipo de temas típicamente lo entiende más bien como un tipo de erosión de poder en términos relativos (que es sobre la que versa el autor). Sin embargo, posteriormente, Zakaria (2008) mencionará: “mientras el resto del mundo asciende, en términos puramente económicos, Estados Unidos experimentará una declinación relativa” (pp. 44-45, la cursiva no es original)27. Este es un claro ejemplo de cómo es que cierta ambigüedad en el uso de los términos puede prestarse a confusión. Pero volviendo al argumento, esta transformación tendría como gran perdedor a los Estados, cuyos recursos de poder económicos y militares serían menos efectivos y que verían erosionar su poder frente a todo tipo de otros actores. En el tablero militar, todavía el mundo se mantiene unipolar, pero en cualquier otra dimensión el poder se encuentra cada vez más distribuido entre diferentes actores y continentes28 (Zakaria, 2008, 2011).

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El crecimiento económico producirá un mayor orgullo nacional y nacionalismo alrededor del mundo. Los países emergentes se integrarán al mundo, pero sólo bajo sus términos. Asimismo, estarán cada vez más centrados en sí mismos y menos en Occidente y Estados Unidos. Estaremos entrando entonces en un mundo postamericano (Zakaria, 2008). Respecto al ascenso del poderío chino, la perspectiva que se adopta es similar a la de Nye (2010): China no remplazará a Estados Unidos como la superpotencia global. Es improbable que lo supere en cualquier dimensión –militar, política o económica— por décadas, por no mencionar el dominio sobre todas las áreas. Pero en cuestión tras cuestión se convirtió en el segundo país más importante del mundo, adicionando un elemento totalmente nuevo al sistema internacional (Zakaria, 2008: 92-93)29. ]39;_ El autor entiende que las similitudes entre la experiencia británica y la estadounidense son notables, como lo son las que existen entre la Guerra de los Bóers y la de Irak. Aunque también existen importantes diferencias: “En Gran Bretaña, mientras trató de mantener su status de superpotencia, el mayor desafío era económico en vez que político. En Estados Unidos se da al revés” (2008, p 169)30. Puesto de otra manera, Gran Bretaña gozó del estatus de una gran potencia por mucho tiempo a pesar de la debilidad relativa de su economía y gracias a estrategias acertadas y una buena diplomacia, mientras que Estados Unidos se mantiene como la única superpotencia gracias a su fortaleza económica y tecnológica y a pesar de su sistema político. Padre de una de las variantes del realismo neoclásico llamado “realismo centrado en el Estado”31, Zakaria (2000) postula que lo que la fortaleza o debilidad del aparato institucional del Estado, por contraposición a la nación in toto (que incluye a la sociedad civil), es fundamental para entender el poder internacional de los mismos. En el caso de Estados Unidos, existen algunos problemas económicos que bien pueden ser solucionados si se adoptaran determinadas políticas. Sin embargo, los grupos de interés, los flujos de dinero y una prensa sensacionalista, sumadas a la creciente polarización política, provocan la obsolescencia y tullidez del sistema político estadounidense, incapaz entonces de alcanzar compromisos, hacer sacrificios en el corto plazo para ganar en el largo o implementar políticas que solucionen los problemas de la economía (Zakaria, 2008). El temor a la “declinación” (entendida 27 28 29 30 31

La traducción es propia. Varios de estos puntos recuerdan a Nye (2003, 2004, 2011) La traducción es propia. La traducción es propia. Una interesante compilación de las distintas variantes del realismo neoclásico puede encontrarse en Lobell, Ri psman y Taliaferro (eds.) (2009).

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como lo hace el autor, en términos absolutos) en el pasado logró estimular las necesarias reformas que le permitieron al país mantener su posición en el mundo. Un sistema político olsonianamente esclerótico conspira contra esta posibilidad en la actualidad (Zakaria, 2006, 2008, 2011). Para ajustarse a un mundo en cambio, especial énfasis hace Zakaria (2008) en no cometer más errores derivados del terror estadounidense a las fuerzas trasnacionales. Si las más grandes fortalezas para Estados Unidos provienen de su apertura al mundo, entonces los riesgos más grandes también están vinculados al terror que se apodera del país cuando se encuentra con fuerzas trasnacionales, como la inmigración y la competencia económica 32. El temor para Zakaria tiene entonces un carácter dual: puede prevenir la caída de Estados Unidos si se dirige internamente, así como puede provocarla si se centra en lo externo. Como Zakaria (2008), Niall Ferguson (2004) no resiste la tentación de comparar el caso británico con el estadounidense. En una suerte de lógica neovictoriana, el autor tiende a atribuir el caos, la corrupción, la guerra, las falencias del estado de derecho y el consecuente subdesarrollo económico y social al autogobierno de muchas de las naciones del mundo. En vista de que el Tercer Mundo no ha sabido insertarse en un sistema económico global y gozar de sus beneficios, es responsabilidad de la potencias imperiales el deber de imponer un orden político, social y legal lo suficientemente estable como para que las fuerzas de la globalización se encarguen de la prosperidad material. “Se debe pensar entonces en el imperio liberal como la contraparte política de la globalización económica” sentencia Ferguson (2004, p 183)33.

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En su análisis de los posibles rivales, Ferguson (2004) descree que tanto la Unión Europea como China puedan poner en riesgo al imperio estadounidense. Por el contrario, las verdades amenazas están dadas por constreñimientos internos, como en la Roma de Gibbon. En primer lugar, los programas de asistencia social, el consumismo y la dependencia del capital externo para financiar el rojo de la balanza de pagos configuran un gran déficit económico34. En segundo lugar, Estados Unidos, a diferencia de pares anglosajones, es social y culturalmente renuente a embarcarse en proyectos imperiales en distantes y hostiles latitudes, por lo que configura así un déficit de manpower. En tercer lugar, los numerosos ciclos electorales locales, estaduales y nacionales vuelven a Estados Unidos un imperio centrado en sí mismo, a la vez que estructuralmente reclama resultados inmediatos y demasiado ambiciosos en sus frentes externos. Además, la negación de su condición imperial desfinancia aspectos no militares de cualquier saludable arquitectura colonial. Estos dos factores conjugados producen un déficit de atención que atenta contra la misión imperial estadounidense35. Si Estados Unidos se niega a ejercer su rol, y al ser improbable que la Unión Europea o China hagan lo propio, el autor vislumbra un futuro escenario “apolar” en el que ningún actor quiere o puede llenar el vacío de poder internacional36. 32 33 34

Otra notable similitud con el pensamiento de Nye (2011). La traducción es propia. Resulta notable la diferencia entre Ferguson (2004) y Johnson (2004), pese a ser obras publicadas en el mismo año. Ambas ven unos recursos económicos menguantes, pero le atribuyen distintas causas: la manteca en el primer caso, y los cañones en el segundo. Presumiblemente sus visiones del imperio se encuentran en las antípodas: es benéfico para el mundo, Estados Unidos y el liberalismo y debe ser extendido para Ferguson; mientras que para Johnson se trata de una aberración que esparce la guerra por fuera y destruye a la república por dentro y que debe ser desmantelado. Nye (2011) tomará la noción de que Estados Unidos es poco proclive a embarcarse en aventuras militares en el exterior, aunque, a diferencia de Ferguson (2004), no sólo no considera al país un imperio, sino que además percibe que su errónea catalogación como tal puede incentivar un ti po de comportamiento unilateral y belicista como el demostrado en torno a la Guerra de Irak, mientras que el historiador británico entiende que lo problemático es un menor involucramiento imperial, producto de renegar su condición. Richard Haass (2008) vislumbra un escenario al que le asigna un nombre similar (nonpolarity), pero que difiere en cuanto a sus características.

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En algunos aspectos el autor (2011) cambia de perspectiva con Civilization. En efecto, ahora el foco de su atención está sobre seis killer apps (la competencia política y económica, la ciencia y la tecnología militar, los derechos de propiedad y el gobierno representativo, la medicina moderna, el consumismo y la revolución industrial, y la ética de trabajo) que le permitieron a Occidente lograr la supremacía global durante siglos. Ahora, por contraposición, el mundo se está volviendo a equilibrar, ya que cada una de esas seis instituciones sociales, políticas y económicas está siendo difundida hacia los restantes pueblos del orbe. Esto está produciendo la declinación de Occidente frente a los demás en una multiplicidad de cuestiones, desde el crecimiento demográfico africano hasta la pujanza de la economía china (Ferguson, 2006, 2011). Pero los problemas que debe afrontar el mundo noratlántico también tienen que ver con sus propias debilidades: una sociedad de consumo devenida en banal y materialista y una desregulación financiera que decantaron en una crisis económica colosal, que a su vez se traduce en menores recursos de poder militares para Estados Unidos (2009, 2011). Sin embargo, en sus conclusiones Ferguson (2011) relativiza un tanto el cuadro, ya que la difusión de las instituciones que están equilibrando las capacidades de todas las civilizaciones sólo se está realizando de manera incompleta. Lo que es todavía más importante, es la pérdida de confianza en sí mismo de la que sufre Occidente en la actualidad. La cuestión de la voluntad y la autopercepción vuelven a estar así presentes en las líneas argumentales de Ferguson. Introduciendo conceptos propios de Jared Diamond, el autor además explica cómo es que sistemas complejos37, que se mantienen estables durante largo tiempo, pueden colapsar totalmente de manera brusca. Tanto las crisis financieras como las guerras suelen ser los determinantes de la súbita caída de los imperios38. Andrew Bacevich transita los infrecuentes rumbos del paleoconservadurismo y del realismo estadounidense. En The New American Militarism (2005), identifica al militarismo como un rasgo primordial de la identidad estadounidense contemporánea, al que se suma una concentración de recursos bélicos y tecnológicos sin parangón. Por otra parte, los líderes políticos intentan moldear al resto del mundo de acuerdo a los intereses egoístas de Estados Unidos y su particular sistema de valores, creyendo que estos son universales. Así lo expresa el autor: “El maridaje de la metafísica militar con una ambición escatológica es espurio, contrario a los intereses de largo plazo de tanto el pueblo estadounidense como del mundo más allá de nuestras fronteras” (p 7)39.

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¿Cómo se llegó a este punto? Bacevich (2005) acertadamente se rehúsa a explicar el fenómeno reduciéndolo a la primera imagen, como acostumbran a hacer no pocos autores, y concentrando las culpas en la Administración Bush y los neocons40. En cambio, se trata de un proyecto bipartidista que hecha raíces en diversos grupos de la sociedad y la política nacionales (desde intelectuales neoconservadores hasta el movimiento evangelista, pasando por la élite encargada de la seguridad nacional, entre otros) que, cada uno actuando por su cuenta, le dieron forma al nuevo militarismo estadounidense. El punto de partida son los ’70. Luego de que Nixon aboliera el servicio militar obligatorio en 1973, se quebró la tradición estadounidense del soldado-ciudadano, y con ello surgió

39 40

Caracterizados por “la interacción de agentes dispersos, la falta de un control centralizado, múlti ples niveles de organización, adaptación continua, creación incesante de nuevos nichos de mercado y la falta de un equilibrio general” (Waldrop, 1992; citado por Ferguson 2011, p 301). La Traducción es propia. Las comparaciones a las que alude Ferguson (2011) son varias, incluyendo al los imperios romano, inca, Ming, francés, otomano, ni pón, británico y soviético. Para el autor, todas estas sociedades colapsaron en un breve período de tiempo, luego de prolongados momentos de estabilidad. La Traducción es propia. En lo que concierne al militarismo estadounidense, Obama no vendría a representar algo distinto a Bush, a excepción de que se debe desenvolver en un contexto nacional de mayor frugalidad.

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una profunda brecha social entre la población civil y las Fuerzas Armadas. El gobierno pudo así disponer del uso de la fuerza con menores costos políticos, así como se habilitó a la sociedad entera a convertirse en cómodos chicken hawks, con lo que el wilsonianismo pudo enamorarse de la fuerza armada (especialmente luego de que desapareció el efecto equilibrante de la Unión Soviética). Además, los militares buscaron recuperar su estatus y autonomía profesional perdidos luego de la debacle de Vietnam. En tercer lugar, la traumática experiencia política que conllevó la aventura en el Sudeste Asiático hizo que surgiera un grupo de intelectuales neoconservadores que procuraron reconciliar el poder con los ideales estadounidenses primero y, posteriormente, usar el primero para expandir los segundos luego de la Guerra Fría. El cuarto de los grupos fue el evangelismo, cuyo maniqueísmo entendió a las Fuerzas Armadas en particular, y a Estados Unidos en general, como valuarte moral frente a la corrupción moral de los ’70, el comunismo y más tarde el islamismo. Finalmente, la élite de seguridad nacional y la academia especializada serían quienes, luego del revés en Vietnam, promovieron la búsqueda constante de superioridad tecnológica en el campo militar, lo que hizo de las armas más “inteligentes” y precisas, disminuyendo los costos políticos de un uso de la fuerza “quirúrgico” (Bacevich, 2005). Dos factores sociales contribuirían además: una cultura popular que idealiza la violencia y las aventuras imperiales y una sociedad cuyo concepto de libertad resulta indistinguible de un mayor consumismo, lo que disparó la dependencia estadounidense del petróleo importado de Medio Oriente y convirtió a esta región en una prioridad geopolítica para los gobiernos de Jimmy Carter en adelante (Bacevich, 2005).

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Posteriormente, Bacevich (2008) prosigue con la misma línea argumental, pero esta vez profundiza en algunas causas del militarismo y detalla las formas que adopta la erosión del poder estadounidense41. Pero en cuanto a las primeras, se hace un mucho mayor hincapié en los motivos “altruistas” (un arrogante excepcionalismo ideológico) y egoístas (una concepción posmoderna de la libertad basada fundamentalmente en un individualismo narcisista y un consumismo voraz) por los cuales Estados Unidos se embarca en una ciclópea aventura imperial, siendo el 11 de septiembre un mero detonante. En este contexto es que se producen tres crisis. La primera bien podría haber sido definida en los términos económicos por cualquier estudioso del tema, pero Bacevich la entiende como una “crisis del despilfarro”, dotándola de un matiz menos aritmético y cuantitativo y más cultural y cualitativo, y definida como una brecha creciente entre necesidades en aumento y recursos menguantes para satisfacer una política exterior rapaz42. Reelaborando a Johnson (2004, 2007) y a toda la tradición clásica, si antes el imperialismo cercenaba la libertad, ahora es su prerrequisito. Por su parte, Bush intenta pelear la Guerra contra el Terrorismo como Lyndon Johnson la de Vietnam: sin preparar la economía para la guerra43. La segunda crisis es política. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se forjó una “ideología de la seguridad nacional” que une inextricablemente las cuestiones vinculadas al poder y la seguridad con el excepcionalismo wilsoniano y que es mantenida por demócratas y republicanos por igual. Esta 41

Bacevich (2005) apenas si había mencionado estas características (entre las cuales citó la degradación de la democracia, la bancarrota financiera y moral, la oposición del resto del mundo), pero en ningún momento da mayores especificaciones al respecto. Ferguson (2004, 2011), en cambio, se limitaría a mencionar el excesivo consumismo y a enfatizar más el costado económico del problema. Para Bacevich (2008) esto está dado por los recortes de impuestos y los enormes costos de Medicare y Social Security. Años antes, Huntington (2004) justamente defendía esta aparente contradicción de la Administración Bush en nombre de la unidad nacional y el apoyo local a la Guerra contra el Terrorismo. La preocupación de este segundo autor claramente era distinta a la de Bacevich, pero parecería ser que la percepción de que esta política resulta insostenible aumenta conforme pasan los años. Pese a este detalle, las similitudes entre ambos autores resultan obvias: los dos señalan a los ’60 y los ’70 como las décadas en que comienza la decadencia estadounidense, entendida como una pérdida del sentido de comunidad y la identidad compartida. Mientras que Huntington (2004) pone el acento sobre el multiculturalismo y la ideología de la diversidad, Bacevich (2008) apunta contra el individualismo narcisista de la Me Decade típicamente señalado por Christopher Lasch (1991).

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sirve al Poder Ejecutivo para convertirse en imperial, relegar al Congreso y la opinión pública de la formulación de la política exterior. La tercera y última crisis es militar, entendida como la diferencia entre lo que la política le demanda a las Fuerzas Armadas y lo que estas pueden ofrecer. Las razones son múltiples. La American Way of War, con todo su desarrollo tecnológico, no es capaz de vencer frente a amenazas asimétricas. Por su parte, la Doctrina Weinberger-Powell, diseñada para prevenir otro Vietnam, progresivamente cede ante las presiones de civiles cada vez más belicistas. Además, la sociedad rechaza compromisos vinculantes en materia militar y se rehúsa a contribuir con el esfuerzo bélico44. Hacia el final del período, Bacevich (2011) se mantendrá en las mismas líneas argumentales. Así, rotulará al período iniciado luego de la Guerra Fría como “la era de la fantasía ideológica” (par 10), en la que se inició una campaña imperial en 2001 que terminó por disparar un déficit federal enorme y empantanar a Estados Unidos en la Guerra de Afganistán.

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El análisis de Kevin Phillips (2006, 2008) está claramente enmarcado dentro del estudio nomotético de la historia de las grandes potencias. La cuestión del poder en materia internacional es producto de un trinomio consistente en la vitalidad energética de las naciones, su salud político-social y su fortaleza económica. Por ello es que resulta una curiosa sinécdoque el título de su libro: American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed Money. El autor rastrea cuatro experiencias en particular: Roma, España, Holanda y Gran Bretaña, intentando extraer las lecciones de la historia que le puedan servir a los Estados Unidos en el siglo XXI. En su análisis, sin embargo, se resiente la sistematicidad en la medida en que no somete al mismo tipo de escrutinio a todos los casos. Para el caso del primer determinante del poder de los países, Phillips (2006, 2008) sostiene que el ascenso y la caída de las grandes potencias en la historia moderna estuvieron signados por la capacidad de las naciones de explotar fuentes de energía. Una revolución tecnológica es la que dispara la fase ascendente de todas estas potencias modernas, mientras que la incapacidad para adaptarse al siguiente ciclo energético, sumada a la dependencia de la industria nacional de la menguante fuente de energía son las que sellan el destino cíclico de las grandes potencias. Entrado en el siglo XXI, Estados Unidos se encuentra en esta etapa, ya no tanto porque una revolución tecnológica en otras latitudes esté desarrollando nuevas energías45, sino porque las reservas globales de petróleo, la sangre de la economía estadounidense, están en vías de extinción, llegando al peak-oil para 2025-2035. El país no se encontraría preparado para afrontar esta nueva etapa mundial, ya que la coalición política de Bush incluye a la industria petrolera, automovilística, a los poseedores de más grandes automóviles poco eficientes en su consumo de combustible de la small-town America y a evangelistas que no tienen en su agenda la cuestión energética. Por si fuera poco, la adicción estadounidense al petróleo ha llevado a la nación a la depredación económica en el campo externo, como lo evidencia la Guerra de Irak.

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El segundo de los determinantes del poder nacional es lo que se podría denominar su “salud político-social”. Este concepto está vinculado a la no afectación de la política por ciertas tendencias

En otro tono, este punto es similar al hecho por Ferguson (2004). Además, ciertamente son parecidas sus líneas argumentales: mientras que el historiador británico describe tres déficits (uno económico, otro de manpower y un tercero de atención política), Bacevich (2008) percibe tres crisis (la del despilfarro, la militar y la política). Philli ps (2006) especula con que alguna potencia asiática, posiblemente China, pueda reinar gracias a algún ti po de energía postpetrolífera, pero nunca llega a ahondar más en el tema.

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peligrosas que algunas sociedades desarrollan. En American Theocracy, en verdad, estas tendencias adoptan la forma, como es de esperar, de la radicalización del cristianismo. Las sectas sureñas colonizaron grandes regiones del país, a la vez que un sistema político tradicionalmente poliárquico que equilibraba a las distintas congregaciones en una competencia bipartidista dejó paso al alineamiento confesional detrás del Gran Old Party. Las historias de las pretéritas potencias (y ahora se incluyen a Roma y a España), de acuerdo con el autor (2006), nos indican que el fundamentalismo religioso se encuentra dentro de la causa de la caída de las mismas. El problema, según lo entiende, radica en que los exégetas de los textos sagrados no suelen ser buenos formuladores de política exterior, ni racionales ordenadores de la sociedad. Ejemplos de ello una larga historia de quijotescas cruzadas se cierne sobre varias de estas potencias46, así como la obstrucción del pensamiento científico y la invasión a todos los aspectos de la vida de una sociedad, llevándolas normalmente a la ruina. Para el caso que nos compete, la Guerra de Irak es otra demostración de cómo la escatología cristiana, cuando pasa a ser parte de la agenda gubernamental por la conformación de constituency republicana, es capaz de ver en Saddam Hussein a un nuevo Nabudoconosor y a Bagdad como la Nueva Babilonia. Luego, Phillips (2008) afirmará que las elecciones de medio término del segundo gobierno de Bush le habrían asestado un golpe decisivo a la religión como factor de la decadencia nacional. Si la hierocracia es una manifestación de la falta de salud político-social, no lo es menos la plutocracia. En efecto, Phillips (2003, 2006, 2008) advierte sobre los peligros de que las élites económicas y las dinastías subviertan la democracia y la horizontalidad de la sociedad estadounidense a través de su desmedida influencia material.

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En cuanto a las razones económicas de las caídas de las grandes potencias, Phillips (2006, 2008) aduce que la desregulación de los mercados de capital, producto de décadas de progresivo avance desde Reagan, finalmente logró que los servicios financieros superaran a la industria y las actividades agropecuarias como porcentaje del Producto Bruto Interno. Aquí, el ejemplo hispánico es el que más pertinente resulta, claro está, pero también lo son Holanda y Gran Bretaña. El ludocapitalismo es culpado, lógicamente, por el estallido de las burbujas financieras de principios de siglo XXI. Además, la deuda que acumula Estados Unidos como nación (y especialmente relevante acá es la deuda de las familias y los privados) se torna progresivamente insostenible, otra de las pesadas mochilas con las que debieron cargar las potencias predecesoras. Luego de la Guerra Fría, Estados Unidos se embarcó en una política exterior tendiente a expandir su particular cosmovisión y sus intereses de seguridad por todo el mundo bajo el rótulo de la estrategia de “primacía estadounidense”. En este punto existe una gran continuidad entre las administraciones de Bush (padre), Clinton y Bush (hijo). El gran problema – continúa Stephen Walt (2005) — fue que, mientras los primeros dos presidentes de la posguerra fueron conservadores en relación a las herramientas utilizadas para esta tarea, el último de estos se vio tentado a recurrir a un unilateralismo muscular. Ante esta situación, el resto del globo se vio en una encrucijada: ¿qué hacer frente a una única superpotencia, imbalanceable en términos convencionales, cuya conducta afecta la propia seguridad e intereses? El argumento desarrollado es una aplicación de su teoría del balance de amenazas (que se contrapone al crudo balance de poder) al dilema global de la unipolaridad.

Se destaca que la Guerra contra el Terrorismo podría ser lo que la Guerra de los Treinta Años para España, las guerras entre 1688 y 1713 para Holanda y las dos guerras mundiales para Gran Bretaña (Philli ps, 2008).

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Cada país del mundo, ante una estrategia estadounidense de primacía unilateral y muscular, tenderá a adoptar una política exterior acorde a su posición, necesidades y temores. Entre las que más relevancia tienen para el presente estudio, relativamente descartada queda una alternativa de alianzas contrahegemónicas o external balancing, mientras que resulta mucho más frecuente la implementación del soft balancing –término acuñado por Robert Pape (2005), como se verá más adelante—. Walt (2005) define a este como “la coordinación consciente de maniobras diplomáticas con fines a obtener resultados contrarios a las preferencias de Estados Unidos –resultados que no podrían ser obtenidos si los que ejercen el balance no se dieran unos a otros algún grado de apoyo mutuo” (p 126)47, inconfundiblemente inscribiéndose el autor en una análisis del poder de tipo relacional y conductista. Si bien advierte que el soft balancing tiene un alcance limitado, no menos cierto es que resulta menos costoso en la medida en que más Estados desarrollen este tipo de estrategias, que eventualmente podrían generar el surgimiento de una alianza formal. Pero Estados Unidos también deberá lidiar con internal balancing, o el aprovisionamiento de armas y la adopción de estrategias militares para disuadir y hacer frente al despliegue del hardware estadounidense. Otras conductas desarrolladas por los Estados incluyen intentos por atar a Estados Unidos a instituciones internacionales, el chantaje y la no cooperación para mejorar la posición negociadora, así como la deslegitimación48.

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En un reciente ensayo, Walt (2011) reafirma su pertenencia a los estudiosos del poder como fenómeno relacional: Pese a toda la tinta gastada en la durabilidad de la primacía estadounidense, los prot a gon i st a s mayormente han hecho la pregunta equivocada. El asunto nunca fue si Estados Unidos estaba por imitar la caída de Gran Bretaña de la posición de gran potencia o sufrir alguna forma de declinación catastrófica. La verdadera pregunta siempre fue si lo que uno podría llamar “Era Estadounidense” estaba acercándose a su fin. Específicamente, ¿Estados Unidos se mantendría como la potencia global más fuerte pero sería incapaz de ejercer el mismo nivel de influencia de la que alguna vez gozó? (p 7)49

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En efecto, la explícita evasión del tratamiento de la erosión del poder estadounidense bajo los términos de una “declinación” y su remplazo por American Era da cuenta de la necesidad conceptual de un ordenamiento del debate como el que este estudio propone. Pero volviendo al argumento, Walt (2011) menciona que el apogeo de la American Era llegó con el colapso de la Unión Soviética, pero que la emergencia económica de nuevas potencias (especialmente China, pero también actores regionales en ascenso como Brasil, Turquía e India) se traducirá en políticas exteriores más independientes y hasta desafiantes respecto a Estados Unidos50. La estructura 47 48

49 50

La Traducción es propia. Algunas similitudes entre Walt (2005) y Nye (2004) son notables, pese a que ambos provienen de tradiciones distintas. En primer lugar, entienden el poder explícitamente como una cuestión que tiene que ver más con una relación social entre actores y menos como una propiedad de un único actor dotado de una serie de recursos. En segundo lugar, y vinculado a lo anterior, ambos dedican apartados a explicar cómo el resentimiento hacia Estados Unidos no depende de las propiedades ontológicas de dicha nación, tan en boga por la popularidad Huntington (1993, 1997) y la adopción de dicho relato por parte de la Administración Bush, sino más bien de del desprecio armado al multilateralismo y las instituciones internacionales, en el marco de una política exterior arrogante. Sin embargo, Nye se centra más bien en cómo se alienaron los corazones del mundo (siendo el soft power un concepto que echa raíces en los aspectos psicológicos e irracionales de las naciones y los gobernantes), mientras que el universo de Walt hace énfasis en las diversas formas en las que las mentes de los estadistas cambiaron su percepción del poder estadounidense y actúan racionalmente en consecuencia. La Traducción es propia. En verdad, Walt (2011) sigue a Mearsheimer (2001) cuando menciona que, por una cuestión de tamaño y celeridad del ascenso económico y militar, China buscará conformar su propia esfera de influencia regional. El destino de los demás emergentes sería mucho más frugal.

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del sistema internacional finalmente devendrá bi o multipolar. Asimismo, también confluyen en este escenario las onerosas derrotas de Afganistán e Irak, que enseñaron los límites del poder estadounidense y de la estrategia de la primacía (iniciada luego de 1991). Otra característica queda constituida por la pérdida del soft power, que Walt lo vincula a la incompetencia y corrupción financiera y a la crisis del Consenso de Washington. Vinculado con esta última cuestión, el autor (2009, 2011) le atribuye a la crisis económica que atraviesa Estados Unidos una menor capacidad para volcar recursos en la política exterior. Refuerza este punto cuando en su ensayo (2011) concluye que es en verdad la morbidez de la economía la que presenta el mayor desafío a la nación, en tránsito a un mundo en el que pasará a no ser más (ni menos) que el primus inter pares del sistema internacional.

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Curiosamente se puede entender a Mahbubani (2005) como alguien profundamente afectado a nivel personal por el soft power de Estados Unidos en el mundo. De hecho, considera que es una nación que más ha transformado positivamente al mundo, recalcando la expansión de su ethos horizontal y moderno, su vocación libertadora, el orden internacional por esta creado y basado en normas, y su generosidad individual. El problema con Estados Unidos es que luego de la Guerra Fría no estuvo a su propia altura, al comportarse como un país corriente y no como el excepcional que siempre se jactó (con justicia) de ser. El mundo esperaba un liderazgo moral, pero la única superpotencia decidió volverse introspectiva y egoísta. Así lo habría evidenciado la reacción estadounidense ante la crisis financiera asiática de 1997. Además, la Guerra contra el Terrorismo y sus aristas más perversas, como Guantánamo, socavaron la legitimidad acumulada de Estados Unidos, a la que el autor le asigna una importancia determinante. Curiosamente, considera que el dilatado poder militar estadounidense en el mundo es más bien benigno, mientras que el poder económico y político es el más resentido, dados los daños colaterales que le generan al resto del mundo. Como Zakaria (2008), le atribuye al sistema político norteamericano la causa de los daños autoinflingidos, aunque en este caso se trata de un problema de legitimidad internacional y no de parálisis política. En un mundo cada vez más pequeño y necesitado de gobernanza global pero con una superpotencia que puede dañar involuntariamente al resto de los países, la insularidad del sistema político estadounidense no puede sino atentar contra su imagen en el exterior. Beyond the Age of Innocence concluye con la frase: “El tamaño total del poder estadounidense asegurará el dominio estadounidense del mundo en las décadas por venir” (Mahbubani, 2005, p 202)51. En algunos aspectos, esta obra pareciera ser irreconocible si se la comparase con de la siguiente, The New Asian Hemisphere (aunque ahora deja de hablar el autor de Estados Unidos en particular y comienza a describir al mundo en términos civilizacionales). En efecto, inscribiéndose en el tópico clásico de translatio imperii, el gran leitmotiv del libro es, como reza el subtítulo, la irresistible transferencia de poder hacia el Este52 y el fin de la dominación noratlántica del globo. ¿Cómo se explica el power shift y “marcha hacia la modernidad” de Asia? Mahbubani (2008) da una respuesta que guarda una enorme semejanza con la que posteriormente daría Ferguson (2011): la difusión institucional desde Occidente. Esta implica la economía de libre mercado, la ciencia y la tecnología, la meritocracia, la cultura de la paz, el Estado de Derecho, la educación y el pragmatismo. Será, además, ineluctable la desoccidentalización del mundo, el retorno de la historia, puesto que la crisis de legitimidad de la que adolece Occidente no se debe al antiamericanismo 51 52

La Traducción es propia. Mahbubani (2008) además le atribuye a este fenómeno beneficios éticos, puesto que incluye la salida de la pobreza de millones de personas y la democratización (social) del mundo.

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surgido en torno a la Administración Bush y su política exterior, sino que es producto de una reivindicación de lo vernáculo, como consecuencia del ascenso económico asiático. Por su parte, Occidente ahora es presentado como una civilización cuyos ideales colisionan contra sus intereses políticos y económicos, aun cuando no fueran a existir pérdidas absolutas, sino simplemente relativas. Además, Mahbubani (2008) lo percibe como una civilización cegada por la ideología en la forma en que se relaciona con el resto del mundo53, y así lo demuestra su incompetencia en varios temas de la agenda global, especialmente luego de la crisis económica comenzada en 2007 (Mahbubani, 2011). Asia, por su parte, haciéndole culto al pragmatismo sería capaz de resolver los problemas que asechan al mundo. Por ello, y especialmente por una simple dinámica de poder, el ascenso de Asia conllevará la necesidad de compartir el dominio de la política mundial (entendida como el control de las organizaciones internacionales que hacen a la gobernanza global), algo que Occidente, hasta ahora, se ha rehusado a ceder (Mahbubani, 2008). Nada más peligroso para la paz mundial que el cerrojo institucional que Occidente dispuso luego de la Segunda Guerra Mundial desarrollado por John G. Ikenberry (2001) y su renuencia a democratizar el sistema 54.

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La anomalía producida en el sistema internacional luego de la Guerra Fría en términos de balance de poder fue sin duda alguna un desafío para el neorrealismo waltziano. Un episodio seminal se dio cuando William Wohlforth (1999) le atribuyó a la unipolaridad la propiedad de mantenerse estable en el tiempo por los enormes desincentivos a los comportamientos balanceadores, lo que habilitaría a Estados Unidos a aprovechar, parafraseando a Edward H. Carr, la “oportunidad de los veinte años” (Brooks y Wohlforth, 2008). Las contribuciones de Robert Pape deben entenderse en este contexto de discusiones sobre los incentivos y la naturaleza de la estructura del sistema internacional. En efecto, primeramente el autor (2005) forja el concepto de soft balancing anteriormente mencionado, que es definido ahora como “maniobras que no desafían directamente la preponderancia militar de Estados Unidos, pero que usan herramientas no militares para retrasar, frustrar y socavar las políticas militares agresivas y unilaterales de Estados Unidos” (p 10)55 y que incluyen herramientas de política económica, diplomáticas e instituciones internacionales. Como en Walt (2005), aquí claramente se puede observar la adscripción a una idea de poder relacional, y será Estados Unidos el que verá sus empresas internacionales frustradas por la reacción del resto. Como se puede entrever en la definición, el motivo de la reacción global es la guerra preventiva lanzada por la Administración Bush (Pape, 2003, 2005). Esta, junto con una asertiva búsqueda de la primacía militar, habría producido el derrumbe de la imagen de Estados Unidos en el mundo como una superpotencia benigna y defensora del statu quo internacional.

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Las estrategias del soft balancing incluyen la negación al uso de territorios para que Estados Unidos no pueda proyectar sus fuerzas militares en ciertas regiones, esfuerzos diplomáticos en el marco 53

La benignidad de los ideales occidentales ahora se vuelven una preci pitada y arrogante empresa política. Para Mahbubani (2008), la democracia política que tanto desvela a Occidente es una forma de gobierno que surgirá sólo cuando los países estén lo suficientemente maduros. Se otorga una mucha mayor importancia a la “democratización del espíritu”, como la llama él, que es la que rompe los lazos sociales tradicionales que impidieron el progreso en Asia a lo largo de su historia. Nótese cómo es que, lejos de responsabilizar al revisionismo chino, o asiático en general, por eventuales conflictos con Occidente, Mahbubani entiende que la responsabilidad de evitar que ello suceda queda en Occidente, cuyos valores universalistas deberían darle la bienvenida al ascenso de Asia. La Traducción es propia.

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de las instituciones internacionales, el uso de herramientas comerciales por parte de los bloques regionales para debilitar a la economía estadounidense y señalar la voluntad de resistir en el futuro otras aventuras militares. Eventualmente, además, este tipo de maniobras podrían dar surgimiento a formas de hard balancing en el futuro (Pape, 2003, 2005).

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El panorama cambia radicalmente para cuando Pape escribe el ensayo Empire Falls. En efecto, para 2005 Estados Unidos era un país que intentaba asertivamente atravesar la delgada línea que divide la unipolaridad de la hegemonía 56 y de aprovechar la desigual distribución del poder para cambiar el statu quo. Pocos años después, sentenciará: “Estados Unidos se encuentra en una declinación inédita. (...) Si las tendencias actuales continúan, veremos hacia atrás a los años de la Administración Bush como la sentencia de muerte de la hegemonía estadounidense” (Pape, 2009, p 21)57. El primer y más obvio cambio es la situación de Estados Unidos, que ya no se dispone de un poder pletórico. El segundo tiene que ver con la idea de poder inherente a las dos líneas argumentales. Mientras que el primer Pape (2005) se centra en los costos que marginalmente representan para Estados Unidos las estrategias de soft balancing que adoptan las potencias de segundo orden, para el segundo Pape (2009) el poder del que goza un Estado está en función del tamaño relativo de su economía, que determina a su vez las capacidades militares con que puede contar. El gran problema para Estados Unidos ahora ya no pasa por la conducta de los actores, sino por las fuerzas estructurales de la economía, que año a año y de una manera acelerada inclinan la balanza material global. La declinación en verdad se entiende como un producto de tres factores: la debilidad económica estadounidense (al que le asigna un 25% de la responsabilidad), el excepcionalmente alto crecimiento sínico (con un 17%) y la difusión tecnológica y de capacidades productivas (con un 50%). Estos fenómenos empujan a la nación a una transición de poder frente a China. Si la guerra preventiva era vista como la causa de la erosión de poder estadounidense, dada la reacción del resto del globo, ahora es percibida como su potencial y peligroso corolario para un hegemón en declive. Además, la extraordinaria declinación económica de Estados Unidos posibilitará que el soft balancing de antaño devenga en una coalición contrahegemónica conformada por China, Rusia y cualquier otra potencia para el 201358. Pape (2009) también alerta sobre el riesgo de que la profecía de Paul Kennedy finalmente se materialice y que unos constantes compromisos militares de ultramar de Estados Unidos drenen sus cada vez más reducidas arcas. La historia volvería de la mano del fin de la unipolaridad y los sustitutos imperfectos del hard balancing, así como el resurgimiento de la sobreexpansión imperial y de posibles guerras hegemónicas de transición. Una vez revisadas todas las líneas argumentales de cada autor y cómo estas evolucionan a medida en que avanza el período en cuestión, es conveniente pensar en la actual erosión de poder de Estados Unidos en términos más parsimoniosos, centrándose efectivamente en los procesos y sucesos históricos que dan cuenta del fenómeno observado y dotarlos de algún tipo de orden. La alternativa propuesta aquí lo hace de forma tal que clasifica según el tipo de causas —militares, 56

57 58

La diferencia radica en que mientras que la uni polaridad pertenece a un sistema de balance de poder en el que, en teoría, las grandes potencias pueden aún conformar una coalición contrahegemónica contra el uni polo, en un sistema hegemónico esa posibilidad ya no es realizable. Para cuando se publica Soft Balancing against the United States (2005), las potencias de segundo orden (Rusia, China y hasta Europa) comienzan a resistir los intentos estadounidenses por construir una national missile defense y dejar sin efecto la capacidad disuasiva de los Estados poseedores de armas nucleares. Así es cómo alcanzaría la hegemonía global. La Traducción es propia. Aquí claramente se puede apreciar la relación de potencialidad que mantiene el poder entendido como la posesión de recursos con el mundo social. Para Pape (2009) es la declinación económica la que eventualmente podría producir una coalición contrahegemónica, señalando una condición necesaria mas no suficiente. Ya no existe la preocupación demostrada en Pape (2003, 2005) sobre la efectiva interacción entre actores, sino que el fenómeno sobre el que llama la atención ahora es el potencial comportamiento.

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políticas, sociales o económicas— y el origen de las mismas —de índole interno, externo o bien “relacional” cuando implican interacción entre ambos—. Así queda configurada una matriz lo bastante estándar y fácilmente aprehensible (ver Cuadro IV). Ahora bien, para dar cuenta de hacia dónde se dirige el debate es necesario complementar lo anterior con las manifestaciones de la erosión de poder. Para ello se han volcado las ideas al respecto de todos los autores en otro tipo de matriz, ahora según los criterios descriptos en la Sección II (ver Cuadro V). Los cuadros IV y V efectivamente se complementan, ya que describen dos facetas (causas y manifestaciones o formas que adopta) del mismo fenómeno (la erosión de poder). Sin embargo, es menester no extrapolar demasiado linealmente los dos cuadros, dado que no existe una clara correspondencia entre una categoría de causa con una categoría de manifestación de erosión de poder. Así, por ejemplo, una política exterior asertiva (causa militar y relacional) puede producir una caída (en forma de imperial overstretch), una decadencia (en forma de corrupción de la república), inconvertibilidad (en forma de soft balancing), deslegitimación (en forma de caída del soft power de un país) o bien una declinación militar (en forma de internal balancing).

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Cuadro IV: Causas de la erosión de poder estadounidense (2003-2011). Interna Militares

-Búsqueda de superioridad tecnológica (Bacevich, 2005) -Ruptura de la tradición soldado-ciudadano (Bacevich, 2005, 2008)

Relacional

Externa

-Política exterior de Bush: guerras, militarismo e imperialismo (Nye, 2003, 2004, 2010; Johnson, 2004, 2007, 2010; Bacevich, 2005, 2008, 2011; Walt, 2011; Pape, 2003, 2005) -Mantenimiento de un imperio de bases ( Johnson, 2004, 2007, 2010) -Abandono del off-shore balancing y adopción de la estrategia de primacía (Walt, 2005, 2011; Pape, 2003, 2005)

-Modernización producto de difusión tecnológica (Ferguson, 2011)

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Políticas

-Ascenso del PE imperial ( Johnson, 2004, 2007) -Sistema de propaganda estatal ( Johnson, 2004) -Sistema político obsoleto o ineficiente (Zakaria, 2006, 2008, 2011; Ferguson, 2004; Mahbubani, 2005, 2008) -Negación de la condición imperial (Ferguson, 2004) -Cultura política militarista (Bacevich, 2005) -Conformación de un partido político confesional (Phillips, 2006)

-Política exterior de Bush: unilateralismo (Nye, 2003, 2004, 2010; Walt, 2005) -Falta de enemigos (Huntington, 2004) -Excepcionalismo ideológico y arrogancia (Bacevich, 2008, 2011; Mahbubani, 2008)

-Modernización producto de difusión institucional (Mahbubani, 2004, 2008; Ferguson, 2011)

Sociales

-Movimiento deconstruccionista y merma de la ciudadanía exclusivista (Huntington, 2004a) -Cultura insular (Ferguson, 2004) -Falta de confianza en Occidente (Ferguson, 2011) -Consumismo e individualismo (Ferguson, 2004; Bacevich, 2005, 2008) -Ascenso de los intelectuales “neocon” (Bacevich, 2005) -Cultura popular belicista (Bacevich, 2005) -Auge del maniqueísmo religioso (Bacevich, 2005)

-Desnacionalización de las élites (Huntington, 2004a) -Inmigración latinoamericana (Huntington, 2004a, 2004b)

-Modernización producto de difusión institucional (Mahbubani, 2004, 2008; Ferguson, 2011)

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Interna Económicas -Mantenimiento de un elevado presupuesto militar y “keynesianismo militar” ( Johnson, 2004, 2007, 2010) -Programas de asistencia social (Ferguson, 2004) -Desregulación financiera (Phillips, 2003, 2006, 2008) -Crisis financiera y económica (Walt, 2009, 2011; Mahbubani, 2008, 2011; Pape, 2009) -Bajo crecimiento y otros (Pape, 2009)

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Relacional

Externa

-Dependencia del petróleo extranjero y peak oil ( Johnson, 2004; Bacevich, 2005, 2008; Phillips, 2006, 2008) -Dependencia del capital extranjero para financiar déficits (Ferguson, 2004) -Globalización (Huntington, 2004a; Zakaria, 2008) -Difusión tecnológica (Pape, 2009)

- Ascenso económico de China y el resto del mundo (Zakaria, 2008; Walt, 2011; Pape, 2009) -Modernización producto de difusión institucional (Mahbubani, 2004, 2008; Ferguson, 2011)

Cuadro V: Manifestaciones de la erosión de poder estadounidense (2003-2011)

Relación social

Poder

]3;2_

No materiales

Recursos

Materiales

Erosión Relativa

Absoluta

Declinación -Declinación económica, política y/o demográfica: frente a Asia (Mahbubani,2008, 2011); frente al resto de las civilizaciones (Ferguson, 2011; Huntington, 2003); frente a actores estatales y no estatales (Zakaria, 2008, 2011); frente a China y diversas potencias regionales (Walt, 2011) ¿frente a China? (Nye, 2010)

Caída -¿Colapso súbito de la Civilización Occidental? (Ferguson, 2011) -Incapacidad político-militar para ejercer funciones imperiales (Ferguson, 2004; Bacevich, 2008; Nye, 2003, 2004, 2011) -¿Fin del ciclo energético? (Phillips, 2006, 2008) -Crisis del derroche: deuda y déficits (Ferguson, 2004; Bacevich, 2008, 2011; Phillips, 2006, 2008) -Menores recursos para la política exterior (Ferguson, 2009, 2011; Walt, 2009, 2011) -Sobreexpansión imperial ( Johnson, 2004, 2007, 2010; Bacevich, 2011; Phillips, 2006, 2008; Pape, 2009) -¿División de Estados Unidos en dos? (Huntington, 2004a) -Desindustrialización y auge de las finanzas (Phillips, 2006, 2008)

Deslegitimación -Caída del soft power estadounidense (Nye, 2003, 2004; Mahbubani, 2005; Walt, 2011) -Desoccidentalización y mayor nacionalismo: en Asia (Mahbubani, 2008); en el mundo emergente (Zakaria, 2008)

Decadencia -Crisis de la identidad nacional (Huntington, 2004a) -¿Reacción racial blanca? (Huntington, 2004a, 2004b) -Esclerosis política e incapacidad de adaptación (Zakaria, 2006, 2008, 2011) -Degradación de la república y corrupción del sistema político ( Johnson, 2004, 2007, 2010; Bacevich, 2005, 2008; Phillips, 2003, 2006, 2008) -¿Temor político, económico y social a la apertura al mundo? (Zakaria, 2008; Nye, 2010) -Radicalización de la religión y “desilustración” (Phillips, 2006, 2008) -Sentimiento popular de decadencia nacional (Phillips, 2006, 2008)

Inconvertibilidad -¿Menor capacidad de obtener resultados deseados? (Nye, 2003, 2004, 2010) -Balance de poder contra Estados Unidos: soft balancing (Pape, 2003, 2005; Walt, 2005) ¿hard balancing? (Pape, 2009) -Menor influencia sobre los asuntos mundiales (Walt, 2011) -Estrategias de oposición a Estados Unidos de parte del resto (Walt, 2005) -Incapacidad occidental para solucionar los temas de agenda global (Mahbubani, 2008, 2011) -¿Guerra preventiva? (Pape, 2009)

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CONCLUSIONES Este estudio se ha ubicado en la intersección entre las milenarias reflexiones sobre la “declinación” de las civilizaciones, imperios y potencias y la coyuntura política, social, militar y económica estadounidense. Habiendo dado cuenta de que en verdad se trata de una cuestión incluso muy de larga data para esta relativamente joven nación, en el presente se ha buscado analizar únicamente del debate contemporáneo iniciado en 2003 y que se proyecta hasta el 2011 (pese a que continúa). La gran falencia de este debate (así como sus antecesores) está dada por su falta de claridad conceptual. La misma se pone de manifiesto cuando los autores utilizan diversos términos para explicar una misma realidad sin definirlos ni aclarar cómo se evidencian tales fenómenos. Si bien existen nociones básicas sobre qué se entiende por “declinación”, “decadencia” y “caída”, no menos cierto es que existe cierto margen polisémico que puede en algunos casos tornar confusos los argumentos. Algunos autores que tratan el tema se percatan de esta realidad y expresamente evaden el conceptual stretching inmanente a algunos de los términos más frecuentemente empleados (Walt, 2011), o bien extensamente se dedican a definir los términos a emplear en sus estudios (Nye, 1989, 2002, 2004). Por ello es que resultó necesario encontrar el “mínimo común denominador” de todos los estudiosos de este tema. Detrás de lo escrito al respecto, en el presente artículo se ha identificado en realidad al concepto de erosión de poder como la gran noción subyacente a todos los enfoques y autores. Siendo una idea demasiado abstracta y, por lo tanto, de poca utilidad para el análisis del caso que este estudio se pretende explorar, es preciso descomponerlo semánticamente. Por “erosión” no debe concebirse una idea mucho más compleja que la de “pérdida”, pudiendo ser esta relativa (en relación a los demás) o absoluta (en relación a uno mismo). El concepto de poder, en cambio, es en verdad uno de los más problemáticos de una disciplina que lo tiene por principal foco de atención y estudio. Sin embargo, una de las formas de lidiar parsimoniosamente frente a todo el universo de definiciones es considerarlo, o bien como la posesión de recursos materiales o no materiales por parte de un actor determinado, o bien como una relación social en la que un actor hace cambiar la conducta de otro. Al cruzarse, por un lado, las dos formas que puede adoptar la erosión y, por el otro, los dos tipos de recursos que los actores pueden poseer y el poder entendido en forma relacional, surgió entonces la tipología de la erosión de poder. La misma contiene las distintas formas en que se puede manifestar este fenómeno.

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]3;3_

Las ventajas analíticas de pensar en términos de “erosión de poder” según la tipología desarrollada en este estudio radican en su carácter omnicomprensivo y en la mayor claridad conceptual lograda una vez definidas las manifestaciones que este fenómeno puede adoptar. Si bien el presente no pretende regenerar todo el léxico usado por cada uno de los autores que tratan el tema, lo que busca es llamar la atención sobre la relativa falta de definiciones fundamentales con los que la mayoría de los autores estudia el mismo fenómeno. En función de ello es que este trabajo de investigación se propone como una alternativa posible a la hora de analizar las distintas teorías y perspectivas de cualquier autor en particular, o bien del debate en general. Así, frente a cada uno de los desarrollos teóricos se considera fundamental responder las siguientes preguntas: ¿qué forma adopta el poder en este autor o debate? En el caso de que se piense, como gran parte de la literatura hace, en el poder entendido como la posesión de recursos, ¿se trata entonces de recursos materiales o no materiales? ¿Cómo se piensa la erosión de poder de un actor, en relación a otros o en relación a sí mismo? Las respuestas a dichas preguntas situarán los argumentos en el ámbito de una u otra forma en que puede adoptar la erosión de poder. El ordenamiento conceptual análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 157 - 197

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sugerido en el presente sirve entonces para organizar y echar luz sobre el maduro pero aún así poco estructurado debate sobre la erosión de poder estadounidense. Como se mencionó en la introducción, este estudio se ha propuesto dos objetivos distintos. Para llegar desde el primero (lograr un ordenamiento conceptual para el debate) al segundo (analizar el debate en sí mismo), es necesario indagar en las diversas teorías de los autores que se adentren en la cuestión. Por ello es que se ha procedido a seleccionar a un puñado de estudiosos del más alto impacto en el mundo académico que analicen la erosión de poder de Estados Unidos para el período 2003-2011. La metodología empleada para elegir los textos a ser ponderados y especialmente la posterior inclusión de otros pertinentes ha tenido por propósito lograr una extendida cobertura del lapso temporal en cuestión que habilitase eventuales cambios de perspectivas, argumentos y nuevos sucesos. Finalmente, se ha desarrollado el pensamiento de cada autor en particular, haciendo hincapié en las causas a la que le atribuye la erosión de poder, cuáles son sus manifestaciones y qué forma adopta esta. Con estos datos fue que se lograron trazar algunas líneas generales sobre las que transitan los autores, a la vez que se confeccionaron los cuadros que de alguna forma sintetizan el estado de la cuestión en torno a la erosión de poder actual de Estados Unidos. Cuando se piensa en la evolución del debate contemporáneo, claramente hay algo que surge a la vista: los pronósticos negativos para dicho país aumentan en número y seriedad. Se puede entender que hubo un primer momento, que abarca aproximadamente la mitad del período estudiado, en el que los autores conciben la erosión del poder de forma relativamente menos severa, con posibles manifestaciones más distantes en el tiempo o más improbables. ]3;4_ Un claro ejemplo de este fenómeno está dado por el surgimiento del concepto de soft balancing luego de la Guerra de Irak. Quienes pensaban en que esta forma de erosión de poder (Pape, 2003, 2005; Walt, 2005) claramente se inscribían dentro de un marco en el que Estados Unidos era el actor más poderoso del sistema e intentaba cada vez más asertiva y unilateralmente expandir su estrategia de primacía. El resto del mundo, vulnerable e impotente ante una potencia irrefrenable en términos convencionales, debió encontrar sustitutos al balance de poder tradicional más opacos y de efectividad meramente marginal. Los que centraban su análisis en las formas de soft balancing en realidad gustaban ver, ya no en un vaso medio vacío, sino la parte sin agua de un vaso a punto de rebalsar. En realidad, era más un concepto propio del Estados Unidos imperial y cuasi omnipotente que el de un Estados Unidos en estado de consunción. Posteriormente, tanto Walt (2011) como Pape (2009) cambiarán sus pronósticos por unos más sombríos y económicamente más determinados, el primero proclamando el fin de la “Era Estadounidense” y el segundo alertando sobre una declinación “inédita”. Otro tanto puede decirse de Mahbubani. En un principio, el autor (2005) también transita los senderos de una única superpotencia demasiado poderosa para el resto del mundo. En efecto, los costos de la convivencia con tan incómodo vecino son claramente mayores para el resto de los países del globo, perdiendo Estados Unidos únicamente algo de su otrora bien cultivada reputación de magnanimidad. Como se mencionó con anterioridad, el libro concluye pronosticando la estabilidad del poder de la superpotencia. El panorama cambia radicalmente con The New Asian Hemisphere, donde la modernización de Asia hará declinar a un Occidente que tendrá que adaptarse a esta nueva situación. Se trata de fuerzas económicas, sociales y políticas “irresistibles” (Mahbubani, 2008). análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 157 - 197

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El estilo de Phillips (2003, 2006, 2008), Johnson (2004, 2007, 2010) y Bacevich (2005, 2008, 2011) es siempre bastante alarmista. De algún modo esto es entendible, puesto que son los de una sensibilidad más jeffersoniana y sienten que la república o el liberalismo de la sociedad es amenazado. Sin embargo, también se puede ver claramente cómo es que dicha conmoción es bastante más fuerte para las primeras de sus publicaciones y menos para las últimas, centradas más que nada en los peligros de las burbujas financieras y la deuda (Phillips 2008), los déficits y el imperial overstretch (Bacevich, 2011; Johnson, 2010)59. La gravedad del diagnóstico general no habría amainado, sino que estas cuestiones de índole material (económicas y militares) terminan primando

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Huntington no ha podido presenciar la crisis económica estadounidense, por lo que su seguimiento a través del período, como se mencionó, quedó trunco. Sin embargo, lo que sí llegó a publicar claramente se inscribe dentro de un marco de relativa tranquilidad para Estados Unidos. Por ejemplo, el autor (2003) menciona que Estados Unidos no tiene par en términos políticos y que Occidente será la civilización más poderosa por décadas, antes de que el ascenso de las otras civilizaciones lo alcancen. Huntington (2004a), por otra parte, centra su atención en un problema muy serio para él, pero cuyos problemas derivados no parecieran ser demasiado urgentes. Después de todo, Estados Unidos lidió con movimientos deconstruccionistas, inmigración latinoamericana y demás factores que afectaron su identidad nacional por décadas y las probabilidades de algún tipo de desmembramiento territorial el mismo autor las considera bajas en el corto plazo. Para el caso de Ferguson, no se puede hablar de que haya una mayor o menor ponderación de las cuestiones vinculadas a la economía, puesto que siempre están presentes en sus análisis, al igual que consideraciones de tipo no materiales. Pero lo verdaderamente notable es que mientras que, en un principio, Ferguson (2004) menciona en el título de su libro la caída del imperio estadounidense, queriendo indicar más bien la incapacidad militar, económica y especialmente política de replicar la experiencia imperial británica más allá de sus fronteras. Ahora bien, como en casi todos los demás autores, los síntomas se vuelven más acuciantes en lo económico y también más vinculados con el “ascenso del resto” conforme avanza el período (Ferguson, 2011). Pero si el elemento no material que produce la caída del imperio estadounidense en un principio era la falta de atención política, el mayor desafío no material que enfrenta toda la civilización occidental posteriormente (al punto de llevarla potencialmente al más dramático colapso) es la falta de confianza en sí misma. La gravedad del diagnóstico se dispara: de la incapacidad y/o falta de voluntad de ser omnipotente e imperial a la pusilanimidad y el derrumbe.

]3;5_

Las líneas argumentales de Zakaria y Nye se mantienen, por el contrario, relativamente estables, en parte quizás porque ambos tienden tempranamente a poner el acento sobre los grandes procesos que están transformando la naturaleza del mundo. De todas maneras, Nye, un histórico “antideclinista”, se mantiene mucho más optimista que Zakaria respecto a la suerte de Estados Unidos, quien progresivamente irá llamando la atención más fuertemente sobre los problemas que, según él, adolece Estados Unidos, como su esclerosis política (Zakaria, 2006, 2008, 2011). La evolución de las tendencias que muestran la mayor parte de los autores ponderados sugiere que, tras nueve años de iniciada la Guerra de Irak, y a menos que suceda algún hecho sorprendente que fuerce a cambiar los pronósticos, las discusiones acerca de la erosión de poder estadounidense han llegado para quedarse, aunque se irán transformando con el correr de los acontecimientos. Desde el interés para la teoría de las relaciones internacionales, sólo queda esperar que este debate esté a la altura de sus fructíferos predecesores. 59

Philli ps (2008) incluso nota una enorme aceleración del tempo de la historia en los dos años que median la publicación de cada uno de sus libros (2006-2008).

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Santiago Cataldo

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Alejandra Ripoll

WIKILEAKS SUBORDINADO: LA SUPREMACÍA ESTATAL EN EL SISTEMA INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO* Alejandra Ripoll**

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RESUMEN Este artículo pretende demostrar, a través del caso WikiLeaks, que el sistema de Estado es tan fuerte hoy como en la época del sistema internacional clásico, partiendo de la premisa que el Estado es racional, y es el único con posibilidades de lograr orden en el desorden. Además en momentos de crisis,por el enfrentamiento por la acumulación de poder es el que tiene la facultad de rehacer las reglas, a pesar de que los discursos globalistas, insistan en minimizar su papel en el sistema internacional contemporáneo. Palabras clave: Sistema de estado, racionalidad, anarquía, poder estatal

WIKILEAKS SUBORDINATE: SUPREMACY STATE IN THE SYSTEM INTERNATIONAL CONTEMPORARY SUMMARY This article tries to demonstrate, using as example the WikiLeaks case that the State system is as strong today as in the period of the International Classic system, starting with the premise that the State is rational and it is the only one with possibilities of achieving order in the face of disorder. In addition, in periods of crisis, due to clashes for the accumulation of power, it has the power to re-do the rules, despite the fact that the globalist speeches insist on minimizing its role in the contemporary international system. Keywords: State system, rationality, anarchy, State power

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Fecha de Recepción: 12/01/2013 Fecha de Aprobación: 15/03/2013

* Este ensayo es producto de la recopilación de las diferentes investigaciones que forman el material de la clase de Teoría de Relaciones Internacionales, impartidas por la autora entre enero de 2009 hasta la fecha, en el Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. La versión que aquí se presenta es un compendio de la propuesta del proyecto de investigación: La falacia del supranacionalismo, para la convocatoria 2012-2013 de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG). ** Docente investigadora de tiempo completo UMNG. Editora de la revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 199 - 210

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INTRODUCCIÓN En el sistema internacional (S.I.), espacio donde ocurren las interacciones entre los diversos actores, se reivindica hoy el concepto estatista y la anarquía como rector del funcionar de los Estados. Este artículo tiene como objetivo probar que los Estados actúan racionalmente y que son los tomadores de decisión por excelencia. Para alcanzarlo se hace una breve exposición sobre la dinámica del sistema internacional y el Estado desde la presunción pesimista que lo caracteriza como la inseguridad permanente de los Estados, en un entorno hostil donde se han diversificado las amenazas. Seguidamente, se examina el concepto de poder nacional, como el arma más importante para mantener y escalar posiciones en el sistema internacional. Después se presenta cómo ese ambiente inhibe la cooperación interestatal y constatar esta hipótesis a través del caso WikiLeaks, en que se involucra tres actores: un Estado débil, un Estado fuerte y un actor no estatal. A pesar de los discursos globalistas, que intentan minimizar su papel, se concluirá que los actores intergubernamentales y no estatales no rivalizan con el estado como último tomador de decisión ni vulnerarán la soberanía y ni el poder estatales. DINÁMICA DEL SISTEMA INTERNACIONAL Y EL ESTADO

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Analizar el sistema internacional radica en conocer no sólo la lógica del sistema de Estados, sino el comportamiento de los diversos actores del sistema y la dinámica que se genera entre ellos en el escenario mundial, donde emergen situaciones problemáticas financieras, ambientales, políticas etc. De modo que reconocer y erradicar los problemas dentro del mismo no es tarea fácil, porque los Estados están en constante pugna para mantener su puesto, que ha sido resultante de tales interacciones. Esencialmente, las relaciones internacionales son complejas y siempre variables (Sato, 1999, 67) y uno de los grandes problemas es que los cambios radicales y sus consecuencias en política son casi siempre imposibles de prever, anticipar y mucho menos predecir el impacto que tendrán en el S.I. y cómo afectará a la distribución de las partes en la estructura (Lebow y Risse 1996, p 1) Por eso, se debe actuar lo más rápido posible para permanecer en el mismo puesto o escalar. Este artículo no niega el carácter pluralista de las relaciones internaciones en cuanto a actores se refiere. Se pretende más bien resaltar el rol importante del Estado como tomador de decisiones y en cuanto a la distribución de poder, porque son los Estados los que finalmente conforman la política internacional. De hecho, si bien las organizaciones internacionales han sido importantes en ciertos asuntos y con un grado de penetración bastante alto, no han logrado rivalizar con la autoridad de los Estados. Ni siquiera los más recalcitrantes neoliberales podrían negar que la autoridad estatal en un momento dado sea la opción más viable para resolver o gestionar sus asuntos. Por otra parte, existen actores no estatales, que sin pretender derrumbar el sistema interestatal, intentan sin embargo cambiar el curso de la política exterior de un Estado (Ghotme, 2012,) como WikiLeaks. La pretensión de no cambiar el sistema de estados, se refuerza por el hecho de que si bien la distribución de poder está polarizada en lo económico y en lo político con diversos actores estatales y no estatales (Nye, 2010), no se puede afirmar que la configuración de poder en el S. I. contemporáneo esté atravesando por una era no-polar, dado que muchos estados continúan con

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poder para influenciar o determinar comportamientos de otros actores (Ghotme, 2011, 48). En lo económico y en lo político se puede verificar con la triada Asia Pacífico, Nafta y Unión Europea y en lo militar con la concentración del poder a la cabeza de Estados Unidos. Esta polaridad se establece como una política de acomodamiento que no es impuesta, sino que la misma anarquía y los intereses nacionales, les lleva a tomar ese camino y sólo los Estados en su esfera soberana lo deciden. Las razones para ese acomodamiento son diversas: discurso incluyente y convincente de ciertas potencias como Estados Unidos, permiten que algunos los siguen porque deciden voluntariamente hacerlo, la segunda razón porque hay identificación con respecto a intereses nacionales y la tercera por la incapacidad de algunas unidades para plantear o sortear situaciones por sí mismos. Esto se puede constatar con el apoyo que le da Suecia y Gran Bretaña a Estados Unidos para perseguir a Assange, creador de WikiLeaks, que destapa y cuestiona la política imperial de Estados Unidos, como la invasión angloamericana a Irak y Afganistán. Lo mismo cabe decir de la forma como se maltrataba a los hombres y mujeres de estado de diversos países. Por ejemplo las palabras que usaron para describir a Carl Bildt1 fueron “Un perro mediano con actitud de perro grande”.

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Si bien estas circunstancias limitan las actuaciones de los Estados, lo que se pretende recalcar es que la pretensión de los mismos no es aceptarlo, sino que les toca acomodarse a lo que los constriñe, porque es algo que surge espontáneamente. Sin embargo, enfilarán su poderío para romperlas individualmente o en cooperación con otros bajo la premisa cálculos-beneficios. La lucha por conservar la posición ganada y la falta de un ordenamiento mundial es lo que rige la conducta de los Estados, aunque desde la óptica liberal lo nieguen, al decir que hay un ajuste entre los Estados en cuanto a redistribución de poder y del mercado en el que éste pierde autonomía. (Zacher y Matthew, 1995, p 62-64).

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Braudel (1997, p 11) afirmó “puede ser que la globalización económica esté provocando nuevas conceptualizaciones de la identidad, bajo nuevas afiliaciones transnacionales y supranacionales [...] argumento que se desdibuja en la definición literal de supranacional, no solo porque no hay nada por encima del Estado en lo político, sino, por la falta de garantías debido a la ausencia de un gobierno mundial. En ese ambiente anárquico las acciones que cada uno emprenda van a determinar la permanencia o sitio dentro del conjunto de Estados. De hecho, aquellos con mayores recursos de poder lograrán más, que aquellos con menores recursos de poder, a pesar de la posibilidad de agruparse para defenderse o mantenerse. Cualquiera que sea la meta a alcanzar, hay un prerrequisito básico, la supervivencia del Estado (Waltz, 1979, 137), que es connatural a todos y que los legitima a hacer lo que crea conveniente. Por esa razón, se puede afirmar que las partes del S.I. se coordinan mas no se subordinan porque ninguna tiene la autoridad de hacerlo, ni las otras de obedecer (Waltz, 1979,139). En ese sentido, se confirma que hoy el estatismo cobra más importancia, de frente a la incapacidad que han demostrado las organizaciones internacionales de solucionar las controversias y ejercer coacción. Estados Unidos invadió a Irak en 2003, a pesar de la negativa del Consejo de Seguridad. 1

Ex Primer Ministro y entonces Ministro de Relaciones Exteriores sueco.

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De hecho, la administración del presidente George W. Bush puso en evidencia esa incapacidad que condujo, entre otras cosas, a recelar, entorpecer y esterilizar algunas instituciones en las que el multilateralismo es la razón de ser (Tokatlian, 2010). Lo anterior implica, que los Estados interactúan y se comportan, bajo la lógica de cálculos racionales en los que pueden obtener resultados positivos, porque se parte de la premisa que apuestan a ganar de acuerdo a sus recursos de poder. Los efectos del cálculo impactan directamente en el hacer de los Estados, así que se pueden generar algunas discordias o también uniones temporales e incipientes hasta tanto se logren los objetivos propuestos. En fin, los actores estatales actúan cómo deseen según sus capacidades u objetivos. Sin embargo, puede cambiar de actitud, en tanto cambien sus capacidades y objetivos. Es así que lo político se convierte en el reto mayor que deben enfrentar las unidades del S.I. porque deben intentar responder con orden en el desorden. Esta respuesta es a todas luces una extensión del sistema occidental que proporciona algo de orden temporal, pero no garantiza justicia. Por eso, se organizan focos de resistencia que no se pueden controlar; ni si quiera en el marco de la Unión Europea que a través de su proceso de integración que probablemente pondría fin a los conflictos de antaño entre ellos. (Castel, 2001, p 24). Este escenario, incide en definitiva en la estructura del sistema internacional, porque se pretende evitar que predomine una potencia. Sin embargo, Estados Unidos quiere mantener a toda costa su superioridad y bajo ninguna circunstancia le conviene que destapen sus desmanes, lo mismo Gran Bretaña y por eso se unen para minimizar los efectos de las indicaciones de WikiLeaks. ]424_ No se podría decir entonces que el cuadro del Sistema Internacional esté definido, por el contrario, está en constante evolución. Las razones son diversas: primero muchas e importantes unidades del sistema están en descomposición, en proceso de fragmentación o en crisis abierta (Peñas, 1997, p 227). Segundo, por el surgimiento de potencias emergentes. Tercero, por los acontecimientos del 11 de septiembre, que si bien no alteraron estructuralmente el sistema internacional, trajo consigo miedo y algunos ajustes en las agendas de los Estados, y produjeron acomodamiento de unas unidades con otras por conveniencia y por disidencia. Cuarto, “El número de jugadores activos se ha incrementado” (Hoffman, 1997), lo que lo hace menos predecible y para decir verdad es un laberinto en el que los caminos a tomar son confusos y en ningún caso seguros (Barbé, 1995, p 228) Este panorama obliga a los diferentes Estados a replantear el manejo de los temas de la agenda como: el narcotráfico, problemas medioambientales y los derechos humanos, entre otros. Del mismo modo, solo desde los diferentes Estados pueden adoptarse medidas que enfrenten desafíos como controlar la información de internet que se ha convertido en una amenaza de carácter global, para ciertas potencias y aliados de las mismas, como Gran Bretaña, Estados Unidos, Siria, involucrados en las revelaciones de WikiLeaks. Esto conduce a su vez a que se redefina el concepto de seguridad, porque los Estados tienen como objetivo mantener un balance de poder conveniente para sí, en ese sentido pueden incrementar su capacidad económica, militar y desarrollar estrategias inteligentes desde adentro o en el ámbito externo fortalecer las alianzas y debilitar la oposición (Ruggie, 1979, 136)

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En conclusión, a través de la historia se puede constatar que el Estado es aquel que proporciona formas esenciales de identidad política, alrededor de las cuales la gente se moviliza y hasta mata a otros. Es la organización política por excelencia y la principal unidad de análisis en las relaciones internacionales, a pesar que en el tiempo haya cambiado el concepto junto a soberanía y territorio. (Biersteker, 2001, p161-162) Por último, es quién decide su modus operandi en política exterior. LA INSEGURIDAD PERMANENTE Desde el realismo una de las características de las relaciones interestatales es su naturaleza peligrosa. Por eso cada Estado está vigilante para sobrevivir en lo territorial y mantener su autonomía para preservar sus capacidades decisorias como estado soberano, indistintamente del régimen o forma de gobierno. Todo esto con el fin de sentirse seguro.

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La vía más adecuada para lograr seguridad, es incrementar el poder dentro de un sistema sin garantías o anárquico. Según Raymond Aron, el que sobrevive es el más fuerte, entonces, cada Estado actuará egoístamente, porque entra en la lucha por el bien escaso, el poder, que es en últimas el que le garantizará la supervivencia. Si es necesario utilizará la fuerza para eliminar a sus competidores, aunque en algún tiempo hayan sido sus aliados como en el caso de las relaciones soviéticas - americanas 1917-1945. Todo debido a la desconfianza que siente hacia los demás que no les permite hacer alianzas permanentes. De hecho, sí logra superar a los demás la reputación del más fuerte, puede ser prenda de garantía. Con esta justificación, superará el instinto de supervivencia cualquier restricción que a los ojos de los demás sea inmoral. Entonces el uso de la fuerza, es una posibilidad permanente para la defensa y mantenimiento de la seguridad, y bajo ninguna circunstancia se renuncia a ejercerla, ni a aumentar la cuota de poder.

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Así mismo, sólo los Estados en forma legítima, a pesar de la anarquía, están facultados y tienen la habilidad, según su posición en el sistema internacional y recursos de poder, para amenazar o recompensar a otros (Brown y Ainley, 2009). Sin embargo, esas sanciones o premios generan tensión entre unos y otros y a la larga pueden provocar conflictos de tal magnitud en la que se podría usar la fuerza. Nadie pensó que el pedido de extradición por parte de las autoridades suecas a las británicas de Julian Assange, llevara a involucrar a un tercer actor estatal y que la situación escalaría al punto que los británicos amenazarán con ingresar a la fuerza a la embajada ecuatoriana en Londrés a sacar a Assange. No hay duda que hay reglas en el sistema internacional, plasmada en los tratados y propagadas por organizaciones intergubernamentales. Estos recogen la manifiesta intención de los Estados firmantes por una convivencia pacífica y son tomadas seriamente; pero surge un interrogante ¿qué tan vinculante son? Los británicos por ejemplo manifestaron que se basarán en el Acta de Premisas Consulares y Diplomáticas de 1987, para poder entrar a la embajada ecuatoriana, que les permite revocar el estatus diplomático de una embajada en territorio británico. Como se observa, desde la óptica del derecho internacional los acuerdos son tomados como arras desde el instante que cada uno de los Estados los firma y ratifica. Igualmente, por la vigencia del

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principio pacta sunt servanda, lo que ofrece cierta garantía, pero ¿quién le asegura a cada uno de los Estados que el otro va a cumplir? Siempre existe la posibilidad que uno de los firmantes anteponga sus propios intereses en un momento por circunstancias estructurales o coyunturales que lo inciten a un giro en la agenda y comportamiento internacional. Suecia ha dejado de lado su neutralidad, como veremos más adelante, con la respuesta positiva al pedido de extradición de Julian Assage, después de haberse difundido información confidencial proveniente de las diversas embajadas estadounidenses en el mundo, en las que comprometían seriamente a Hillary Clinton en la medida en que pedía colocar espías en la ONU. Entonces, la reglamentación internacional no avala un buen comportamiento ni la puesta en práctica del orden legal. Frente a esta situación, el camino que queda es el eventual uso de la fuerza que puede forjar cierto orden, por parte de Estados con gran capacidad militar. En resumen hay situaciones en las que se ha usado, se usa y podría usarse la fuerza para aplacar el miedo, minimizar las amenazas, proteger los valores y lograr objetivos nacionales porque nada ni nadie en el S.I. brinda avales para ello. EL PODER NACIONAL

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Es el recurso escaso que todos quieren poseer, mantener y aumentar en las relaciones internacionales. Partiendo del supuesto de que el poder internacional es capaz de transformarse y de generar desde elementos que aparentemente son imperceptibles y nuevas formas en las relaciones internacionales (Cancelado, 2010-36) es de vital importancia en un sistema anárquico. Las variadas formas de poder y el ejercicio del mismo van a depender de las circunstancias temporales, espaciales y de la posición de cada Estado en el sistema internacional. A la postre, las unidades que tienen una mayor cuota de poder promueven acciones encaminadas a conseguir que otros hagan algo que de otra manera no harían o a controlar los resultados (Keohane, p.25). Gran Bretaña y Ecuador, desde la óptica moral, tienen la obligación de defender y perseguir sus propios fines, utilizando el poder que tengan a su alcance. Eso les permite que sus actuaciones con respecto a WikiLeaks, sean universalmente aceptadas, en la medida que todos tienen el mismo derecho. La diferencia entre el primero y el segundo es que uno es potencia y el otro es un país débil y subdesarrollado; sin embargo, cada uno usa la cantidad de poder que tiene y lo moviliza a su favor, para obtener un buen puesto en el sistema internacional. El resultado es, a mayor cuota de poder, mejor posición y mejores resultados. En consecuencia, las relaciones de Gran Bretaña y Ecuador están bastante deterioradas. Un desacuerdo ha escalado a un conflicto mayor donde existe la posibilidad del uso de la fuerza por parte del poderoso mientras que al débil le favorece más el uso de los regímenes. Sin embargo, ambos actores deben estar preparados para usar la fuerza en un determinado momento, ya sea para repeler la agresión o para evitarla. Gran Bretaña anunció la posibilidad de entrar a la embajada ecuatoriana, aunque después se retractó y adujo que fue una mala interpretación.

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La respuesta al interrogante de cómo y cuándo la usen va a depender del grado de percepción de la amenaza y de las capacidades que tengan. Así, por lo que representa cada uno de estos actores las capacidades son asimétricas, en cuanto a despliegue y recursos. Lo anterior dificulta avanzar en un arreglo en términos de cooperación. Si bien el uso de la fuerza está proscrito en las relaciones internacionales, continúa siendo un mecanismo de política exterior que tiene como finalidad lograr objetivos nacionales y preservar la seguridad individual en un ambiente anárquico. No está prescrito sólo para las potencias, pero la realidad indica que aquellos que tienen una posición privilegiada en el sistema internacional, la usan más que los que no la tienen.

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En esa misma dirección, el poder internacional se puede ejercer con la formación y mantenimiento de instituciones (Baldwin, 2001, p. 187), que a pesar de que su función primaria, no sea estar al servicio de los Estados que las conforman, estos las pueden utilizar con fines estatistas. Por eso, Ecuador acudió a la OEA para buscar apoyo. Este país quedó satisfecho con el apoyo obtenido, pero lo importante de resaltar es que ese pronunciamiento es una reafirmación del principio de la no intervención más no de la política del poder. En efecto, en el plano del deber ser, los estados están en la obligación de movilizar todos los recursos de poder: desde la fuerza militar, la cultura, la ideología, la economía y otros recursos de poder suave, con el fin de garantizar su supervivencia y posición. Así es que el poder cumple con su función en la política internacional, donde los intereses del Estado predominan sobre todos otros intereses y valores (Donnelly, 2000 150-153). Sin embargo, no sólo las potencias sino cualquier Estado, para lograrlo debe activar los componentes mencionados, para homogenizar discursos que delineen las buenas prácticas en política exterior e imponer las reglas que se deben respetar en el quehacer de la política internacional. Por tanto, el estudio del poder nacional no puede ser abolido como premisa en el estudio de las relaciones internacionales.

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A pesar del pensamiento de algunos hiperglobalistas como Reich (1991, p 5) que afirman que hay una transferencia de la autoridad del Estado hacia otras instituciones y encumbran formas relativas de su poder; el Estado sigue siendo sin lugar a dudas el actor preponderante del sistema internacional; porque solo éste tiene el uso legítimo de la fuerza y puede luchar por anular o dominar escenarios que le sean adversos. El poder no solo hay que poseerlo, sino que hay que maximizarlo; por eso es, que los Estados actúan racionalmente. Esta característica no fue sobresaliente durante la guerra fría, por el estado de tensión permanente, ante el peligro de destrucción mutua y asegurada por la utilización de las armas nucleares” (Pereira, 2001, p 429), sino por la aparición de la era atómica y de las armas de destrucción masiva que tuvieron profundas consecuencias en la política mundial. (Mandelbaum, 1981, p. 314). Lo mismo, en el período de posguerra que se reafirmó por la incertidumbre que produjo el paso de un sistema bipolar a un sistema mixto2. Hoy sigue vigente, por las diversas fuentes de amenazas

Poder concentrado en lo económico y político en varios actores y en lo militar en un solo actor

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para los Estados y la interferencia de otros actores. Sin embargo, si los intereses de esos otros actores coinciden con los del Estado la situación no es gravosa, sobre todo en gobiernos pluralistas. Esa incertidumbre en consecuencia altera la actuación de los Estados y los forja a que todos quieran incrementar sus medios de defensa y a securitizar su discurso y su agenda. En esta época aún más con actores no estatales como WikiLeaks y Al Qaeda que amenazan la seguridad. Siguiendo la teoría realista los Estados como unidades racionales parten de su interés nacional y hacen cálculos con un doble propósito: uno para enfrentar los desafíos y amenazas que atenten contra ellos, y dos para maximizar sus intereses. Con el acontecimiento de WikiLeaks, Los actores estatales aprovecharán para sacar partido. Gran Bretaña tratará de mantener en reserva asuntos de su política exterior, que no quiere que sean reveladas, porque pueden poner al descubierto sus acciones imperialistas. Por su parte, Ecuador quiere ratificar su posición izquierdista para tener legitimación interna y ganar prestigio internacional y mantener los altos índices de popularidad con que cuenta en el momento. Igualmente, pretende demostrar que el gobierno ecuatoriano respeta el derecho a la libre expresión que quedó cuestionada después de que Carlos Pérez Barriga, director del diario El Universo, se asilara el pasado 17 de febrero de 2012, en la embajada de Panamá en Quito. Según Carlos de la Torre, “La guerra del presidente en contra de los medios ya no se limita a sus dueños, ahora presenta fotos de periodistas en sus sabatinas con la intención de horrorizarlos” (2012).

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Por tanto, esas circunstancias sistémicas, que son el resultado de las interacciones entre los diversos actores, tuvieron como resultado que las autoridades ecuatorianas dieran asilo a Assange. Esto representa un juego de poder que da prestigio al gobernante ecuatoriano, elemento preponderante en las relaciones internacionales. Según Eliot Engel3, “El motivo sería más o menos pasar al frente del grupo que pica los ojos a Estados Unidos”, refiriéndose a los países que integran el ALBA. La decisión del Estado ecuatoriano, fue absolutamente racional, mediante el análisis de las acciones promovidas por Gran Bretaña, Estados Unidos y Suecia. Ecuador actuó con plena conciencia y convencimiento de prever las consecuencias de su actuación, quedando claro que procedió movido por un interés nacional, que según Morghenthau (1948, p.13) se traduce en poder sin atender a intereses particulares de los otros actores. Contrario a lo que afirma Hedley Bull (1977, p. 118) la búsqueda del interés nacional responde a una acción racional y no a reacciones no meditadas frente a los acontecimientos. No implica esta afirmación que los Estados, tomen la decisión de retar las normas establecidas porque sí, ya que éstas han sido concertadas entre ellos mismos. Pero, si en una situación particular los intereses nacionales se ven seriamente afectados, los Estados se apartan de esa normatividad, en pro de responder al principio moral que los rige: defender su territorio, su nación y su autonomía. Como se dijo anteriormente, Gran Bretaña apeló a legislación interna. El Gobierno ecuatoriano hace alarde de que su decisión de otorgar el asilo a Assange tuvo una base legal. Apeló al artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este apego 3

Miembro importante en la subcomisión del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes federal de Estados Unidos.

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al derecho internacional es totalmente conveniente para el logro de los propósitos ecuatorianos, en caso contrario, seguramente hubiera desechado cualquier restricción legal. Es así que la falta de garantías frente a fuerzas naturales como el deseo de conquistar una mejor posición o mantenerla u obtener un beneficio de cada movimiento, predispone a Gran Bretaña y a Ecuador a una lucha permanente con los elementos de poder que posean, así sean asimétricos, y que puedan movilizar a su favor. En ese sentido, Gran Bretaña quiere reafirmar su poderío frente a un Estado débil, como Ecuador, porque no se puede dar el lujo de perder posición y prestigio. La experiencia histórica posterior a 1945, es irrepetible para los británicos.

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Entonces, las ganancias dependerán de cómo juegue cada uno y su posición en el sistema internacional; porque todo Estado racional es consciente de sus posibilidades. Lo racional no es únicamente el deseo, sino que incluye lo posible. LÍMITES DE LA COOPERACIÓN Después de la Guerra Fría se ha intentado elaborar una agenda colectiva de seguridad, partiendo de la evolución del concepto de seguridad frente a la desaparición de la amenaza del comunismo, lo que motiva la construcción de mecanismos colectivos para enfrentar los nuevos peligros a los que se ve expuesto el sistema internacional. Desde los años setenta las agendas internacionales de los diferentes países, en sus contenidos se refieren no sólo a la seguridad sino que incorporan temas como los económicos, medio ambiente, derechos humanos y otros, que demandan la necesidad de la participación multinacional para resolver los problemas comunes.

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El multilateralismo ha sido exitoso en muchos campos sobre todo en el económico, como se puede constatar con el modelo de la Unión Europea. También se ha evidenciado un buen papel en la resolución de conflictos internos, cuando éstos amenazan con la estabilidad regional o la seguridad hemisférica, “bajo principios básicos que guarden estricta correspondencia con la génesis de los intereses comunes y problemáticas predominantes en el relacionamiento mutuo” (Garay, 1998, p 39). A pesar del éxito del multilateralismo en las relaciones interestatales, éstas continúan siendo una competencia permanente, debido a los cálculos basados en intereses nacionales. Esto abre el debate sobre qué tipo de cooperación multinacional debe ser aceptada, que no viole la soberanía de los Estados ni sus legislaciones internas y mucho menos los principios del derecho internacional. Es así, que se aplica el sí-entonces. Si un aliado no coopera porque no comparte metas o por qué está en desacuerdo con el proponente automáticamente se convierte en rival o enemigo. Sin embrago, los Estados agotarán todas las vías de arreglo pacífico. Así es que ellos generan espacios multilaterales como intermediarios porque son consientes que si no respetan algunas reglas los costos políticos se desbordan. (Brown y Ainley, 2009: 34-36). Pero como se ha afirmado a lo largo del escrito, esto no es garantía para que algunas unidades se muestren disconformes con las reglas de juego imperantes, y socaven a regímenes e instituciones con acciones unilaterales como Estados Unidos (Tokatlián, 2010) que usa la fuerza militar como parte integral de la diplomacia.

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Se presupone que en la lucha por el poder es legítimo usar la fuerza como maniobra válida de política exterior, aunque los resultados no sean siempre los esperados. Esta actuación en política internacional está dada casi en forma exclusiva para aquellos que ostenta una posición privilegiada y son fuertes militarmente en el sistema internacional. Esto deja de lado o excluye estados y regiones con poco poder. Esta es la situación de Ecuador frente a Gran Bretaña que puede ser auxiliada por Estados Unidos, porque tiene el interés de callar a Assange, creador de WikiLeaks. Este panorama no permite que baje considerablemente la tensión, pero también es evidente que el uso de la fuerza es muy costoso políticamente, además de obstaculizar acuerdos de desarme y cooperación. Entonces, Gran Bretaña intentará movilizar otros recursos como los ideológicos para suscitar técnicas de dominación, con el fin de contrarrestar posibles ataques mediáticos o consecuencias negativas para sus intereses y estabilizar la situación. A pesar de ello, espera se concierta y se respetan unos términos motivados por la supervivencia con Ecuador. No obstante, el cumplimiento de lo pactado dependerá no sólo de las condiciones internacionales, sino también de las condiciones particulares de cada Estado, que pueden cambiar o incidir en el comportamiento de cada uno. En definitiva, esta situación obstaculiza el avance de la cooperación entre estos dos actores, y el ambiente anárquico inhibe el deseo de cooperar (Grieco, 1988, 116)

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Entonces, en esta situación que goza de buena posición y disposición busca conformar alianzas con Estados Unidos y Suecia para su propio beneficio. Lo mismo ocurre en las relaciones suecoestadounidenses, donde los suecos permiten el aterrizaje de aviones estadounidenses y que en su territorio se lleven a cabo interrogatorios a sospechosos de atentar contra los intereses norteamericanos. Se puede deducir que estas alianzas serán temporales e incipientes y se convierten en materia utilizable mientras que el objetivo sea alcanzado (Tokatlián, 2010). Otro aspecto que obstaculiza el avance de la cooperación son las nuevas relaciones internacionales, con sus realidades de poder político y económico y los estrechos vínculos sociales y culturales; porque a pesar de que hay cooperación, por el otro lado se mantiene la competencia entre los diversos actores, como se puede constatar en este caso, en el que está involucrados varios actores estatales, organizaciones intergubernamentales y un actor no estatal. Esto implica por un lado la reformulación teórica para explicar esas realidades y por otra, definir el tipo de relación entre los diferentes actores del sistema. En definitiva, la cooperación está presente en las relaciones interestatales dependiendo del momento y el asunto. Pero si se trata de relaciones estratégico-diplomáticas, como las de Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia y Ecuador en las que gravita un actor no estatal como WikiLeaks, el panorama se complica y se convierte en un disfraz el credo de un Nuevo Orden Internacional democrático y cooperativo.

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CONCLUSIONES El desarrollo del sistema internacional desde la fase clásica hasta el contemporáneo ha demostrado que el Estado es la unidad política por excelencia, que aglutina a la sociedad y forma una identidad fuerte que da nacimiento al nacionalismo. Dentro de él se ejercite el poder que da garantía de superveniencia, preocupación inherente al sistema de estados. Cuando se moviliza ya sea el poder duro como el militar, o el poder suave como el ideológico, se hace con la clara intensión de maximizarlo. Por eso, la racionalidad siempre será una característica propia de los estados para mantenerse o escalar posiciones en el sistema internacional. Eso hace que las relaciones internacionales sean dinámicas y en algunas ocasiones incomprensibles.

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El pluralismo es indudable en el sistema internacional, pero el actor estatal es el último tomador de decisiones. Si bien, las organizaciones internacionales y los actores no estatales como WikiLeaks, que pretendió por medio de sus revelaciones, no solo destapar los desmanes de la política exterior de las fuerzas de la coalición en Irak, como la muerte de civiles, casos de tortura y otros; sino también informar sobre el acontecer de la política internacional porque creen en el derecho a la información del ciudadano. Con todo, no han logrado rivalizar con la autoridad estatal, ni han incidido en que éstos cambien el curso de su política. En ese sentido, las organizaciones intergubernamentales y los actores no estatales se convierten en instrumento de política exterior de los Estados, como se puede contactar en la disputa entre Gran Bretaña, Ecuador y WikiLeast. La OEA y UNASUR, se pronunciaron a favor de Ecuador. Ese pronunciamiento no se debe interpretar a favor de Ecuador, sino como la manifestación conjunta de los estados parte que no se puede avalar el intervencionismo, como lo que pretendían en el siglo XIX, las potencias europeas. El mantenimiento de la autonomía es un interés nacional vital.

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En ese sentido, Gran Bretaña, Suecia, Ecuador y Estados Unidos movilizarán todos los recursos de poder a su alcance. El respeto a las normas internacionales será de carácter acomodaticio, si les conviene las observan y si no, acudirán a las normas internas que los faculten para defender sus intereses. Gran Bretaña apeló al Acta de Premisas Consulares y Diplomáticas de 1987, que le permite entrar a la embajada de Ecuador en Londres. Así, no tendrán restricciones de carácter moral, y hasta justificarían el uso de la fuerza para defender sus intereses. Sin embargo, intentará usar otros mecanismos teniendo en cuenta que el uso de la fuerza es muy costoso políticamente tanto a nivel nacional como internacional. La cooperación si bien existe entre los Estados, es temporal e incipiente y existen limitantes, que no permite que se avance mucho. Este panorama muestra que las relaciones interestatales prevalecen sobre los otros actores manteniendo un corte hobbesiano, en el que más fuerte se mantiene o escala. De hecho, las potencias siempre intentarán mantener un balance de poder conveniente en el que puedan incrementar su capacidad económica, militar y desarrollar estrategias inteligentes desde adentro o en el ámbito externo fortalecer las alianzas y debilitar la oposición para lograr la hegemonía. La razón de ser estriba en el interés nacional, y por tanto la supranacionalidad es una falacia que intenta distraer los focos de resistencia que se oponen a la hegemonía.

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UNA MIRADA A LAS ‘CIENCIAS MILITARES’ DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES*

Francisco Leal Buitrago

Francisco Leal Buitrago**

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INTRODUCCIÓN Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza de las actividades militares, en especial acerca de si son un arte o un conjunto de ciencias. Tal vez el campo de esa discusión que se aproxima más a la concepción de ciencia es el de la estrategia.1 Esta se refiere al planeamiento y ejecución de operaciones militares que tienen relación directa en sus causas y efectos con la política, es decir, con las relaciones de poder en las organizaciones sociales. Uno de los autores más citados al respecto es el militar prusiano Carl von Clausewitz (1780-1831), con su libro clásico De la Guerra. Sobre el particular, entre militares se repite su famosa frase que afirma que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Sin embargo, si se tiene en cuenta la larga evolución de las organizaciones sociales que desembocó en la formación del Estado moderno, en la época de Clausewitz esa evolución aún estaba en marcha. Ésta transcurrió entre la finalización de la Guerra de los 30 Años, con la Paz de Westfalia, en 1648, y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Lo más destacado en lo que se refiere a la variación en el tiempo de este axioma clausewitsiano proviene de la creación de Naciones Unidas, mediante la Carta de San Francisco, en 1945, una vez concluido el proceso de formación del Estado moderno, pues el principal objetivo de esa organización multilateral es el mantenimiento de la paz mundial y la prohibición del uso de la fuerza. Pese a las limitaciones de Naciones Unidas en el cumplimiento de este objetivo, en especial debido al anquilosamiento del Consejo de Seguridad y el poder de veto que tienen los países miembros permanentes frente a los cambios ocurridos desde su creación, la diplomacia –parte sustancial de la política– ha ocupado un espacio importante que antes era copado por la confrontación bélica. Además, esta situación ha sido reforzada por la importancia de las experiencias de integración comercial, económica y política entre países, puestas en marcha luego de la Segunda Guerra Mundial mediante acuerdos diplomáticos. De esta manera, hoy podría decirse que la guerra es una consecuencia del fracaso de la política, aunque en última instancia y a través de la guerra se defina o decante la política.

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Dentro de este contexto, este escrito muestra una visión general desde las ciencias sociales, en particular desde la historia, la ciencia política y la sociología, sobre la formación del Estado 1

Por ciencia se entiende la producción de un conocimiento exclusivo, a partir de la aplicación de normas definidas de investigación, con el apoyo de conocimientos teóricos sustentados en patrones de calidad con respecto a la objetividad de las interpretaciones de los problemas analizados, con el fin de que la influencia de las ideologías no desborde el rigor de los procesos de investigación.

* Ponencia presentada en el ‘Simposio Interamericano sobre Ciencias Militares’, Bogotá, Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, 28 al 30 de noviembre de 2012. ** Sociólogo, Ph.D., Profesor Honorario de las universidades Nacional de Colombia y de Los Andes. análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 211 - 219

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moderno y su principal resultado –en relación con al tema tratado– que es la desprivatización de las guerras y el realce de la estrategia mediante el uso de la política. Antes de entrar en materia, es necesario recordar algunas características inherentes a las sociedades, miradas éstas como organizaciones donde se establecen relaciones permanentes entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza. El punto de partida se refiere a que los seres humanos son sociales por naturaleza y, en medio de sus diferencias individuales y de las que se derivan de las organizaciones en las que se insertan, el conflicto es parte sobresaliente de las relaciones sociales. Sobre esta base, en todas las formas históricas de organización social que se conocen, desde la antigüedad hasta el presente, el manejo de esos conflictos ha sido en ellas un factor ineludible. En medio de las innumerables organizaciones sociales conocidas, la única que ha mostrado vocación y proyección universal es la denominada Estado-nación o Estado nacional, centrada en el Estado moderno. Esta característica, en realidad, no le es inherente per se, sino que se deriva de su inserción en el desarrollo del capitalismo como forma de producción económica, que es la que, por sus características, en especial por la de acumulación de capital, ostenta esa vocación universal.

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En este sentido, aunque se toma como referente el proceso de formación del Estado moderno, el trabajo hace énfasis en lo ocurrido desde su culminación, en 1945, hasta el presente. Los tres siglos transcurridos de ese proceso se inician con la formación de un nuevo orden internacional a partir de la Paz de Westfalia, hasta la formación de un nuevo orden mundial con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. EN BÚSQUEDA DE LA SOBERANÍA Quizás lo que más sobresale en la formación del Estado moderno es el desarrollo del concepto de soberanía, centrado en la formación de las naciones y la búsqueda de autonomía a través de una violenta y permanente competencia entre ellas. Este concepto llegó a su clímax cuando todas las instituciones públicas –entedidas como el conjunto de normas referidas al funcionamiento y objetivos del Estado, con sus ramificaciones y dependencias, y con tendencia a permanecer en el tiempo– se relacionaron de diversa manera con la autonomía con respecto a la de los demás Estados nacionales. El largo proceso de formación del Estado moderno pasó por diversas formas de organización. Estas transcurrieron desde la declinación de los reinos imperiales y sus colonialismos, la conformación de nuevos imperios que articulaban varias naciones –casi siempre una de ellas como dominante–, las revoluciones que impulsaron ese proceso –inglesa, en 1689, estadounidense, en 1776, y francesa, en 1789–, hasta el surgimiento de lo que el historiador británico Erik Hobsbawm (1917 – 2012) llamó el nuevo imperialismo, en la segunda mitad del siglo XIX. Éste fue motivado por el inicio de lo que puede denominarse la segunda etapa de industrialización capitalista. Tal fenómeno desató la necesidad de obtener nuevos recursos naturales para las industrias en los países donde se había consolidado la Revolución Industrial y que carecían de ellos. Esta revolución se caracterizó por la proyección del período mercantilista hacia formas emergentes de industrialización durante el siglo XVIII. Ese proceso de formación del Estado moderno se dio en medio de múltiples e intensas guerras entre los Estados en formación.

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Entre las muchas guerras generadas durante esos tres siglos se destacan aquellas en las que hubo cambios cualitativos importantes en la estrategia, motivadas tanto por el genio político de estrategas, como por las innovaciones tecnológicas aplicadas al desarrollo de armamentos. Vale la pena mencionar al respecto la capacidad de innovación estratégica de Napoleón en sus campañas a comienzos del siglo XIX, los cambios derivados de la Guerra Francoprusiana en la segunda mitad del Siglo XIX –por ejemplo, el invento del fusil francés Gras, con cartucho metálico de 11 milímetros–, los desarrollos de la Primera Guerra Mundial (1914-1917) y sobre todo los de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tanto en estrategia como en tecnología, que provocaron el auge de la aviación militar y el ascenso continuado de la caballería mecanizada, en detrimento de la emblemática caballería convencional.

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Para efectos de los objetivos de este análisis, la consecuencia central de la formación del Estado moderno fue la des-privatización de las guerras. En efecto, estas pasaron de ser instrumento de intereses privados de señores feudales, príncipes y reyes, a ser producto de decisiones cada vez más relacionadas con los intereses políticos de los Estados en gestación. En otras palabras, las guerras se hicieron públicas, en términos de intereses que finalmente se identificaron como nacionales y soberanos. La culminación de este proceso –al menos en teoría– fue cuando los Estados nacionales alcanzaran el monopolio legítimo en el uso de la fuerza, es decir, con el consenso de la mayoría de la sociedad identificada de manera pública con el Estado. Esta característica central del Estado moderno fue la que permitió definirlo como tal por parte del sociólogo alemán Max Weber (1864–1920). La separación entre lo lo público y lo privado en las relaciones sociales se alcanzó con el desarrollo de la ideología liberal, que se convirtió en soporte formal del capitalismo, pese a contradicciones que se presentan al respecto. Las tres revoluciones mencionadas fueron las que propiciaron, mediante sus pensadores, la difusión de esta ideología. Dentro de este ambiente, la proyección del individuo como tal, de la esfera privada a la emergente y exclusiva esfera pública, lo convirtió en ciudadano, con iguales deberes y derechos a nivel formal entre sus congéneres. De esta manera, triunfó el individualismo liberal, que es favorable al desarrollo del capitalismo, dentro de su objetivo de acumulación de capital. Quedaron rezagadas y subordinadas, entonces, las múltiples formas de organización anteriores en las que comunidades, colectividades y grupos sociales constituyen el eje de su funcionamiento.

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Frente a este tipo ideal de Estado moderno –según la concepción weberiana– se presentan en la realidad diversas combinaciones de organizaciones que tienden al predominio de la ideología liberal y de las formas de producción capitalista. Pero lo más importante para el objetivo de este trabajo es la permanente búsqueda del ideal del monopolio legítimo del uso de la fuerza por parte de los Estados. El centro geográfico del largo proceso de formación del Estado moderno fue la Europa central, con proyecciones hacia otras latitudes, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. El subproducto principal de este contexto geopolítico con tendencia universal fueron las organizaciones sociales externas a tal núcleo geográfico, producto de los colonialismos y los imperialismos dinamizados por sus confrontaciones bélicas y sus relaciones de dominación. De esta forma, surgieron sociedades que con posterioridad llegaron a ser países, caracterizados por el atraso en términos de su desarrollo capitalista y problemas derivados de las distorsiones provocadas por las relaciones de dominación ejercidas por los países con industrialización temprana. Las diferencias entre estas organizaciones sociales y las que se derivaron del ejercicio de su dominación análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 211 - 219

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fuera de sus centros geográficos tienden a mantenerse, debido a la globalización actual –iniciada en firme luego de la crisis económica mundial que comenzó en 1973– y a las relaciones asimétricas entre estos dos grupos de países. Pero así como hay notorias diferencias políticas entre los países de industrialización temprana, las hay aún más entre los atrasados. CONTEXTO CONTEMPORÁNEO DESDE LA FINALIZACIÓN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Luego de culminar la Segunda Guerra Mundial emergió un mundo bipolarizado alrededor de Estados Unidos y la Unión Soviética. El primero representó el paradigma capitalista liberal y la segunda, el marxista leninista. Con este panorama de bipolaridad política e ideológica comenzó la Guerra Fría, tras la formulación, en Estados Unidos, de medidas que indujeron su dinámica.2 Ante el peligro que representaban las nuevas armas atómicas, la competencia por el control estratégico de áreas geográficas entre los dos ejes se desarrolló por medio de agrupaciones de países satélites alrededor de cada uno de ellos. La prueba de fuego al respecto fue la guerra de Corea, en la primera mitad de los años cincuenta, que terminó en tablas. La península coreana quedó dividida entonces en dos países antagónicos, sometidos a la influencia de cada una de las dos potencias mundiales, y también de China con respecto a Corea del Norte.

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Consecuencia destacada del nuevo orden mundial que surgió de la finalización de la magna contienda bélica fueron los procesos de descolonización en Asia y Africa, ya que en América Latina habían ocurrido durante la primera mitad del Siglo XIX. Estos procesos se dieron en medio de guerras, unas más intensas que otras, frente a los colonialismos europeos que resurgieron en la segunda mitad del Siglo XIX, con el ‘nuevo imperialismo’ mencionado. En medio del tira y afloje bélico, nacieron problemas en las antiguas colonias, derivados de los poderes de las naciones colonialistas y sus imposiciones. Al respecto, cabe destacar los límites arbitrarios entre países y la separación de pueblos con sus nacionalidades divididas por fronteras supuestamente soberanas. Varios de estos problemas aún subsisten y son objeto de tensiones permanentes y no pocas guerras intestinas y entre naciones. El caso quizás más dramático es el del Medio Oriente, agravado por la ‘resurrección’ del Estado de Israel, bajo el supuesto de que había existido –sólo que casi dos siglos antes– y en detrimento de territorios pertenecientes a la antigua Palestina. Con la proliferación de países y el crecimiento numérico de Naciones Unidas, al conjunto de los países más antiguos y de industrialización temprana se le llamó Primer Mundo, mientras que al grupo de aquellos atrasados, como los de América Latina, y los que se crearon con las guerras de descolonización se lo calificó de Tercer Mundo. Sin hacerlo explícito, el segundo mundo quedaba reservado a la Unión Soviética y sus satélites. Junto con este panorama se diseñaron las teorías 2

La rápida invasión militar y sometimiento político de los países de Europa Oriental por parte de la Unión Soviética, en la fase final de la Segunda Guerra, aceleró la reacción de Estados Unidos contra el comunismo. El Acta de Seguridad Nacional, promulgada en Estados Unidos en 1947, fue el princi pal instrumento legal para el desarrollo de la concepción del Estado de seguridad nacional. Esta ley dió al gobierno federal el poder para movilizar y racionalizar la economía nacional al involucrar a los militares en ella, preparándolos para la eventualidad de una guerra. Por medio de esa ley se crearon el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), instituciones que establecieron un nuevo patrón para el Estado y la sociedad, en virtud del papel dominante que asumía Estados Unidos en el concierto político mundial. Fue la ratificación formal de la Guerra Fría, que identificó a la Unión Soviética como el enemigo princi pal, a quien se consideraba responsable de las guerras anticoloniales y los procesos de cambio social del momento. Se determinó además que el medio fundamental para su control sería la aplicación del concepto de contención –formulado por George Kennan– frente a la Unión Soviética, mediante el cual se utilizaban los medios disponibles para evitar su expansión. Poco después apareció la concepción de guerra limitada –que excluye la confrontación atómica– como princi pio central del conflicto. La guerra de Corea fue la concreción inicial de este ti po de enfrentamiento.

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del desarrollo, en particular en Estados Unidos, que suponían que los países atrasados debían transitar los mismos caminos de los avanzados para lograr su desarrollo. De esta forma, los países del Tercer Mundo pasaron a llamarse también subdesarrollados, lo que aumentó la influencia y también la injerencia de los desarrollados sobre aquellos. Esto se dio en especial en América Latina con relación a Estados Unidos, único país que realmente ejerció una hegemonía en el mundo con respecto al continente americano. Tal vez el cambio más significativo derivado de la decantación de los Estados modernos fue el señalado sobre el realce de la diplomacia como instrumento central de las relaciones entre las naciones y la búsqueda de una paz universal, que sustituyó en gran medida a la competencia bélica entre naciones. Fundamento de esa diplomacia fue el derecho internacional, constituido en 1945 como alternativa frente al ‘derecho de la Guerra’, predominante en las relaciones entre naciones hasta la Segunda Guerra. Y el órgano judicial central que se derivó de la creación de Naciones Unidas fue la Corte Internacional de Justicia.

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Sin embargo, estos significativos logros quedaron alterados por la Guerra Fría y la bipolarización mundial. Tal alteración implicó que el concepto de soberanía siguiera aplicándose en varios casos como recurso de arbitrariedad e impunidad, amparado por la potencia a la que estaba adscrito el Estado o los Estados con problemas. Pese a la creación de la Corte Internacional mencionada, con sede en La Haya, predominó en varios casos el ambiente de la Guerra Fría. Por eso, el estatuto de 1978 de este organismo corrigió algunos problemas sobre el particular. Con la muerte del mariscal Tito, en 1980, volvió la inestabilidad en la Península de los Balcanes, recuperando así su vigencia el antiguo adjetivo de balcanización, equivalente a fragmentación en partes de una unidad, en especial geográfica. La concentración de etnias y naciones en esa península estratégica había provocado numerosos conflictos bélicos a lo largo de la historia. Regresaban entonces con la desaparición de la figura que había mantenido mediante la fuerza la unidad de la antigua Yugoslavia, dentro de la órbita de la Unión Soviética aunque con relativa independencia. Sin embargo, sólo hasta después de la Guerra Fría se verían las mayores consecuencias de su inestabilidad. Igual ocurrió, en 1994, con el genocidio de Ruanda, en África, en el intento de exterminio de la población minoritaria tutsi por parte de la mayoría hutu, ante la incapacidad de frenarla por parte de Naciones Unidas.

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Los nacionalismos desmedidos que alimentaron visiones patrioteras durante las competencias bélicas que desembocaron en la formación del Estado moderno permanecieron así en varias latitudes, opacando las tendencias de convivencia entre las naciones. Aparte de las guerras que produjeron impacto internacional por sus consecuencias poco sospechadas, como lo ocurrido con la de Vietnam, surgieron también las guerras bautizadas como de baja intensidad por la británica Mary Kaldor (1946), producto de las confrontaciones entre los peones del ajedrez de las dos grandes potencias. El modelo político estadounidense de la Guerra Fría se desarrolló sobre la base de la geopolítica clásica de origen alemán e inglés y se conjugó con la teoría realista de las relaciones internacionales. Ese modelo parte de considerar un mundo anárquico, en el cual cada Estado-nación es responsable de su propia supervivencia, al confiar sólo en sí mismo para protegerse de los demás. Plantea además la necesidad de mantener el statu quo como la situación más segura, tanto en el plano nacional como en el internacional. En este último plano, propende por el sostenimiento del orden jerárquico y las posturas hegemónicas. La tutela hegemónica se justifica al considerar que la análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 211 - 219

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democracia sólo es posible en los Estados modernos. Por eso, sobre la base del modelo, se creyó necesario proveer seguridad a los regímenes de los países atrasados frente a la influencia que sobre ellos pretendía la Unión Soviética. La guerra de Vietnam fue uno de esos casos, además de ser una lección importante para las confrontaciones futuras. La competencia entre las dos potencias mundiales, la derrota del ejército francés en Indochina –su colonia– en 1954, los conflictos surgidos entre dos de las repúblicas nacidas de esa ex-colonia francesa –República Democrática de Vietnam, apoyada por China y la Unión Soviética, y República de Vietnam, al sur–, indujeron a Estados Unidos a intervenir para impedir la unificación de las dos repúblicas bajo la influencia comunista. Tras complicarse la situación, Estados Unidos decidió, en 1964, apoyar militarmente a Vietnam del Sur. Este apoyo creció con el tiempo, involucrando cada vez más a ese país en la guerra, hasta el punto de llegar a contar con más de medio millón de efectivos militares en su territorio y sufrir miles de bajas. Al final, con la oposición creciente de la opinión pública norteamericana a esa guerra, Estados Unidos acordó, en 1973, retirarse de la contienda, decisión que cumplió sólo en 1975, tras la victoria militar del país del norte con la ocupación de Saigón y la unificación de los dos Estados.

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Esta fue la primera vez que Estados Unidos era derrotado en una guerra, que además de su prolongación, escalamiento, miles de muertes y destrucción de recursos naturales le implicó altos costos políticos y militares. La persistente guerra de guerrillas comunista minó toda clase de resistencias a la primera potencia militar del mundo. En el fondo, lo que se libró fue una guerra irregular que se enfrentó con la tecnología militar disponible en ese momento, excepto la de las armas atómicas. Esta confrontación asimétrica e irregular serviría de estímulo a confrontaciones posteriores mediante las mencionadas ‘nuevas guerras’. La distensión mundial en la segunda mitad de los años setenta se expresó en términos militares en una capacidad bélica altamente móvil y crecientemente tecnificada, factor que opacó a los ejércitos de los países atrasados, como los de América Latina. Ello obligó a un cambio de orientación estratégica en Estados Unidos. Pero, al final de los años setenta, el tema de la seguridad nacional reapareció en la agenda internacional debido a la reanudación de la Guerra Fría durante el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989). En los años ochenta se hizo obsoleta la guerra como medio de resolución de conflictos entre las potencias, en contraposición con su proliferación tanto interna como internacional en el mundo subdesarrollado y con mayor autonomía en sus causas y acompañamientos nacionales. Con el fin de la Guerra Fría desapareció el comunismo como enemigo universal, pero surgieron fenómenos que son considerados nuevos enemigos no obstante ser ajenos a la órbita militar. Los conflictos armados durante la Guerra Fría tenían con frecuencia justificaciones políticas e ideológicas de origen internacional, pero con la finalización de esta época se abrieron paso las convocatorias bélicas por razones de carácter regional, étnico, religioso o nacionalista, como se ha visto en países de Europa, Asia y África. En el caso de América Latina, durante la Guerra Fría hubo conflictos armados causados por problemas étnicos, agrarios y del narcotráfico en países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú y Colombia. Pero estas confrontaciones recibieron el estímulo de la política internacional. En muchos casos los opositores de los gobiernos fueron considerados como enemigos internos aliados del comunismo y la violencia desatada desbordó los mecanismos de control policivo, indujo intervenciones militares internas y militarizó a la policía.

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DINÁMICA DE LA POSGUERRA FRÍA Antes de que culminara la Guerra Fría ya había declinado la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional latinoamericana, a causa de la caída de las dictaduras militares y el inicio del llamado proceso de redemocratización. Aunque luego Estados Unidos dejó de preocuparse por la penetración del comunismo en la región, ello no implicó que se desentendiera de esta parte del continente. Por el contrario, su dominio se fortaleció. La pérdida de interés por Latinoamérica que implicó el derrumbe de la Unión Soviética, y la orientación de Japón, China y la Unión Europea hacia otras regiones, facilitó la nueva posición de Estados Unidos. Además, América Latina perdió valor estratégico debido a su escasez de recursos básicos para los países industrializados, su desempeño económico deficiente y su inestabilidad política. Por eso se convirtió en un actor internacional con pocas posibilidades de proyección, lo que hizo funcional la confirmación de su dependencia frente a Estados Unidos.

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Con la finalización de la Guerra Fría la sobredimensión de la seguridad nacional estadounidense entró en un declive progresivo. Surgieron modelos alternativos de seguridad que no requieren de la tutela de Estados Unidos en América Latina y menos en otras latitudes. El Estado dejó de ser el objeto central de la seguridad y fue reemplazado por diversas entidades, como comunidades de países y regiones, la sociedad, la ciudadanía o simplemente las personas, con modelos como la seguridad comunitaria, la seguridad regional y la seguridad ciudadana. Además, la amenaza principal de la seguridad nacional: los Estados rivales y el comunismo, fue sustituida por múltiples amenazas, la mayoría de ellas trasnacionales y difusas, como por ejemplo el narcotráfico. Con este panorama culminó el Siglo XX, ante una perspectiva idílica de funcionalidad de la diplomacia y grandes esperanzas para una paz duradera a nivel mundial. Algo así como la idea de ‘paz perpetua’ planteada por el filósofo prusiano Immanuel Kant (1724 – 1804). Además, la visibilidad de la globalización, iniciada tras la crisis económica de los años setenta pero opacada por la Guerra Fría, se fortaleció con la finalización de esta etapa del Siglo XX, ampliando los horizontes de cooperación entre naciones. El éxito de experimentos de integración, como el paradigmático de la Unión Europea, confirmaba tales esperanzas.

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Excepción destacada de este ambiente fue el despertar de los Balcanes con sus numerosos grupos étnicos. Entre 1996 y 1999, Kosovo fue el centro del conflicto debido a los esfuerzos de independencia de Serbia con el apoyo de la nueva Yugoslavia, amparados por la mayoría de población albanesa. En la región intervino la OTAN, en 1999, con miles de misiones de combate y la tragedia de una ‘limpieza étnica’. Fue tal el desastre bélico que obligó a crear el Tribunal Criminal Internacional para la antigua Yugoslavia con el fin de juzgar los responsables de la matanza, pero obtuvo pobres resultados. Otra excepción fue el genocidio de Ruanda, en el África subsahariana. El ambiente de esperanzas de una paz universal cambió radicalmente luego de los acontecimientos terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ya que el presidente George W. Bush (2001 – 2009) le declaró la ‘guerra universal’ al terrorismo –la más difusa de las nuevas amenazas– y proclamó el principio del ataque preventivo. Los Estados recuperaron entonces gran parte de su preeminencia y la seguridad tendió a centrarse nuevamente en ellos. Sobre esta base y con la credibilidad que despertó la tragedia de ese ataque terrorista, el gobierno de Estados Unidos cometió varias tropelías, algunas con altos costos como la declaración de guerra e invasión a Irak, bajo el falso argumento de que tenía armas de destrucción masiva. análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 211 - 219

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En estas circunstancias, no es por accidente que fuera en los países más alejados del modelo de democracia liberal donde resurgieron las antiguas guerras privadas, sobre todo luego de que con el fin de la Guerra Fría fueron liberados antiguos conflictos reprimidos de carácter étnico, religioso, nacionalista y regional. Sin embargo, estas situaciones no son tan sencillas de generalizar, pues con frecuencia tienen raíces más profundas y diversas que guardan relación con casos particulares que hacen más compleja la tendencia de generalización al calificar, de manera simple, como ‘nuevas guerras’ a la mayor parte de los conflictos bélicos con tendencia a la privatización. Además, con ellas adquirieron nuevas fuerzas los conflictos irregulares y asimétricos, donde la milenaria guerra de guerrillas continuó marcando su vigencia. Con este panorama, Estados Unidos y la administración de Barack Obama (2009 – 2017) no pudieron liberarse de los traumas heredados, aunque el esfuerzo sobre el particular no ha sido el mejor. A las guerras de Irak y Afganistan se sumó la primavera árabe y los esfuerzos de liberarse de las satrapías. Pocos países lo lograron, como en el caso de Libia, pero Siria –país clave en el medio oriente– no ha logrado hacerlo en buena medida por el respaldo recibido de Rusia y China, y el temor de Estados Unidos y los países europeos de arriesgar su seguridad. Turquía, su antiguo aliado, le retiró el apoyo y hace parte de las tensiones en el Medio Oriente. El programa nuclear de Irán ha sido un problema más en el ambiente crítico de esa región. Por su parte, la tensión entre Israel y los palestinos sigue vigente, bajo las continuas provocaciones y retaliaciones de Israel frente al movimiento de resistencia islámico, Hamás, y a la yihad Islámica con visos terroristas. La reciente inclusión de Palestina como país observador en Naciones Unidas fue un triunfo frente a la reiterada oposición de Israel y Estados Unidos, y el disimulado del gobierno colombiano.

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En este panorama sobresale el ascenso de China en el concierto mundial, pues ha llegado a ser la segunda economía del planeta bajo un proceso de modernización acelerado, en donde el régimen comunista sirve sólo de rótulo para mantener el autoritarismo de su manejo político antidemocrático. Pero su crecimiento económico sostenido ha servido para evitar mayores problemas en las economías de los países centrales en crisis, debido al tamaño de su economía y a sus relaciones comerciales con el resto del mundo, aunque éstas tienden a debilitarse. Por su parte, Rusia ha buscado recuperar el espacio que un día tuvo en el concierto mundial, pero aún le falta mucho para lograrlo. Ante la crisis económica generada a finales de la primera década del Siglo XXI, debido a manejos arbitrarios de los sistemas financieros por parte de banqueros inescrupulosos y a la disminución o la carencia de controles oficiales, la Comunidad Europea ha llevado la peor parte. Pero Estados Unidos se encuentra en la cuerda floja debido a su enorme déficit fiscal. Además, está en manos de China en la medida en que sus gigantescas reservas alcanzan más de tres billones de dólares, la mayor parte en bonos del Tesoro de ese país. Por su parte, por primera vez en su historia, los llamados países emergentes y varios del antiguo Tercer Mundo han salido relativamente bien librados de la crisis económica mundial. Toda esta situación marca posiblemente el inicio de una nueva etapa en el contexto de un nuevo orden a nivel mundial. POSIBILIDADES DE IDENTIFICACIÓN DE PERSPECTIVAS Durante este período de la pos-guerra fría, el proceso de innovación tecnológica en los armamentos ha sido relevante, así como las nuevas estrategias derivadas más del crecimiento de la población, las ciudades, la economía y la tecnología en general que de nuevos estrategas políticos. Así mismo, provienen de los significativos cambios derivados de la globalización y de la aplicación de la

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diplomacia y la gestión de los organismos multilaterales para la solución de los conflictos. El realce que tuvo el concepto político de soberanía y sus aplicaciones para la solución de los conflictos a través de confrontaciones bélicas se opacó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. Pero ello ocurrió más que todo con la finalización de la Guerra Fría y el auge de nuevas amenazas –diversas, difusas y trasnacionales– que no requieren necesariamente de acciones bélicas para su control. Este campo está lleno más de incertidumbres que de certezas. Sobre el particular, vale la pena señalar dos de los varios casos que podrían traerse a colación.

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Las guerras asimétricas, a las que se les llamó de cuarta generación en elaboraciones castrenses, incorporan factores diversos que solamente pocos de ellos exigen un manejo militar, en el sentido convencional del término.3 A esto se le suma la incorporación de alta tecnología de punta en el manejo subrepticio de nuevos conflictos, con el fin de conseguir información y dar golpes certeros, como es el caso de los denominados drones, o aviones no tripulados, cada vez más sofisticados.4 Con estas anotaciones finales como punto de partida para elaboraciones futuras, puede afirmarse –en esencia– que el mundo se encuentra en una situación de profundas transformaciones, con consecuencias importantes en el campo militar. Lo que se percibe ahora no permite sacar ninguna conclusión definitiva. Más bien induce a buscar de manera permanente información actualizada, con el fin de no cometer costosos errores si se sigue pensando y actuando con los criterios tradicionales que han regido por largo tiempo en el campo militar, sobre la base de decisiones tomadas en la política. Quizás sea tiempo ya de pasar del trajinado y abstracto enunciado de ‘ciencias militares’ al campo efectivo de su definición y de su práctica, no en términos de los sub-campos conocidos en la administración castrense, sino en el global de la investigación científica. Ésta tiene que contar con el rigor científico conocido y practicado desde hace al menos un siglo en el campo de las ciencias, y con mayor seguridad en el espacio particular de la estrategia. Para ello se requiere de la sistematización en las teorías elaboradas y articuladas de los diversos y numerosos conocimientos disponibles sobre el tema militar. Además, ese rigor debe proporcionarlo las reglas de metodologías científicas, que sirvan de guías para las interpretaciones de la realidad, apoyadas en las teorías que se decanten. Pero el campo de la ‘estrategia en acción’ no puede ser objeto de la ciencia, pues de lo que se trata allí es de buscar la victoria frente a un enemigo. Debe ser, por supuesto, la estrategia tomada como conocimiento histórico, pasado, presente y futuro.

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Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos, Universidad Militar Nueva Granada, “Guerras de cuarta generación”, UMNG – IEGAP # 108, Bogotá, 16 de agosto de 2011. Gabriel de Paula, “Operaciones aéreas con vehículos no tri pulados”, Centro de Estudios en Seguridad, Defensa y Asuntos Internacionales, CESDAI, Documento de Análisis Número 06, Bogotá, octubre 2012.

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Diego Silva Prada, Asociaciones campesinas en resistencia civil. Construcción de paz y desarrollo en el Magdalena Medio. Uniminuto-CEIIHS, Bogotá 2011.

Julie Massal

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Diego Silva Prada, Asociaciones campesinas en resistencia civil. Construcción de paz y desarrollo en el Magdalena Medio. Uniminuto-CEIIHS, Bogotá 2011.

Por: Julie Massal, Docente e investigadora del IEPRI

El libro que se presenta es la publicación de la investigación doctoral (Universidad de Buenos Aires). El tema central es el análisis de la acción colectiva y movilización social en Colombia, y más generalmente en contexto de conflicto armado. El análisis se ubica en un marco temporal desde los años ochenta hasta la actualidad. El autor plantea en este trabajo la necesidad de reflexionar sobre la forma como la población campesina responde a una situación de conflicto, ante la dificultad de posicionarse respecto a los actores armados, y como se promueve alternativas pacificas y proyectos productivos que no responden a las dinámicas del modelo del desarrollo agro-industrial. Después de contextualizar el conflicto en Colombia, partiendo del análisis de la zona del Magdalena medio, se hace énfasis en la historia regional y la formación de esa región en el imaginario nacional, en las principales características de la economía local, en la ausencia casi total de la presencia del estado y de su institucionalidad en muchas zonas alejadas; luego se examina el progresivo desarrollo del conflicto en esta región y el dominio de los actores armados. Se estudia en general las diferentes variables de la violencia económica y política, con mayor énfasis en la última, aunque ambas son descritas como estrechamente vinculadas.

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Me parece que el primer aporte y valor propio de un trabajo de estas características es justamente la investigación empírica minuciosa, desde un trabajo de campo (realizado en 2009) que combina varias practicas como entrevistas y relatos de vida, en aras a examinar dos estudios de caso: las asociaciones campesinas del Carare y del Cimitarra, que tienen una trayectoria de una década aproximadamente, con altibajos. Se examina su conformación, sus motivos y su repertorio de acción. Igualmente se hace un estudio de sus discursos frente al contexto de conflicto, a las propuestas de paz, y a la concepción del desarrollo. El autor parte de la hipótesis según la cual los ejercicios de la violencia política recaen en la población civil campesina, al mencionar: “Contrario a lo que la mirada militarista ha querido hacer ver, los actores centrales de esta guerra prolongada no son los ejércitos sino los campesinos, los pobladores rurales que han sido inscritos en las dinámicas de guerra pero que han respondido estratégicamente para construir la paz desde diversas alternativas económicas y políticas” (p. 18). Esa idea es el hilo conductor del trabajo en conjunto y particularmente del estudio de campo realizado. Otra idea de partida que se quiere demostrar es el cambio en la figura del campesinado, actor que se ha organizado y constituido en “sujeto politizado” en tanto actor “civil participante y constructor del bien común”, y eso mediante

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acciones colectivas que “tienden a la refundación de los circuitos comunitarios basados en la solidaridad y el cooperativismo” (p. 20). El autor propone así salir de una visión esencialista de los actores, proponer un nuevo acercamiento histórico y sociológico. También se propone cuestionar una visión rígida de lo que es “político”, y dar énfasis al análisis de discursos de actores cuyas divergencias con discursos oficiales (pero también académicos) no son pocas. Finalmente su eje teórico central es conceptualizar la resistencia civil desde los aprendizajes de los dos casos. En el capítulo de contextualización (cap. 2) se resaltan tres constantes históricas o elementos estructurales de la realidad social: la cultura política antidemocrática; las relaciones clientelares; el desarrollo insular de las regiones, que “son vigentes y hacen parte de la actual dinámica del conflicto” (p. 55). De allí, el autor insiste en que “todos los actores retoman los elementos estructurales para redefinirlos desde sus propios intereses y lógicas de acción, generando singulares dinámicas dentro de una guerra de baja intensidad y larga duración” (p. 59). Desde allí se plantea un análisis de las consecuencias de la debilidad estatal (tema de la justicia, falta de servicios de educación y salud y repercusiones sociales de la violencia política) y del difícil reconocimiento de la comunidad campesina.

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Se profundiza en el estudio desde tres ejes: a) La “Desterritorialización” (p. 92) que es “la falta de referencias institucionales donde los espacios comunitarios están abiertos a las fuerzas irruptoras de los actores armados. La delimitación del espacio de la comunidad se fractura por las continuas entradas y salidas de las fuerzas coactivas (..) en los lugares comunitarios”; b) La “Destemporalización” (p. 93) que “crea un tipo de experiencia del tiempo en el que las dimensiones del paso y futuro se estrechan en un presente que no va mas allá dl imperativo de las angustias por la supervivencia en un contexto de fuego cruzado”; c) la redefinición del espacio público /privado por la “falta de asidero institucional para resolver la conflictividad social” (p. 91) Luego se examinan las consecuencias de todo ello sobre la reorganización de los actores, su adaptación a las nuevas configuraciones de actores y de la violencia, evaluando cómo esto impacta sus repertorios de acción. De allí el examen de las estrategias y de los obstáculos a estas. Entre ellas se observan: 1) El pacifismo y la no-violencia activa; 2) La denuncia de cualquier forma de violencia cualquiera sea su perpetrador; y el reivindicar el derecho a la vida como valor, denunciando las violaciones a DH; 3) Afirmar la neutralidad: se observa dos posiciones diferentes en los actores estudiados; 4) Derecho al no involucramiento, Rechazo a ser tomado como blanco partidario, y rechazo a la entrada de las Fuerzas Armadas y actores armados ilegales a sus territorios. Pero también se observa 5) El abandono de la reivindicación de tierras así como el desarrollo de otra concepción del desarrollo agrario y proyectos productivos y 6) el desarrollo de alianzas con actores externos (ONG/cooperación internacional). Los obstáculos que enfrentan para desarrollar estas estrategias sin embargo siguen siendo poderosos: bloqueo económico (por el gobierno que impide la entrada de alimentos); Actores armados que rechazan la neutralidad, no creen en ella y/o adjudican los actores en un bando u otro; las divisiones internas de la población (diversidad de estatus nivel de vida, precariedad), y la ausencia de instituciones estatales. No obstante dichos obstáculos se puede observar la consolidación de procesos organizativos campesinos regionales. Entre sus principales logros se pueden destacar: 1) crear “espacios de institucionalización realizando una construcción de estado desde las bases sociales”; responder a las demandas no escuchados por Estado, “potencializando lo político y lo económico proponiendo una

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mayor participación en la toma de decisiones colectivas y creando proyectos viables que defiendan la eco campesina de subsistencia”; 2) “lograr un reforzamiento del tejido social popular y una universalización de sus exigencias mediante la reapropiación del discursos de los DH” (ambas citas: p. 128). Pero también se observan divergencias en ambas Asociaciones, que proponen una actitud diferente frente al tema de la neutralidad. La Asociación del Carare la asume claramente: incluso se declara abierta e incluyente, y dialoga con todos los grupos armados, pero mantiene su postura de no-violencia activa; empero, han tenido problemas pues han sido infiltrados o han tenido que enfrentar la forma en que los actores armados los ubican en el campo adversario a pesar de su anhelada neutralidad. Mientras la Asociación del Cimitarra no es tan clara en cuanto a la neutralidad política (partidista) e ideológica.

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Diego Silva Prada, Asociaciones campesinas en resistencia civil. Construcción de paz y desarrollo en el Magdalena Medio. Uniminuto-CEIIHS, Bogotá 2011.

Los repertorios de acción colectiva se examinan en detalle, y es un aporte fundamental del libro pues D. Silva realiza un pormenorizado examen de los discursos y de las estrategias asociadas. Debe destacarse aquí el análisis del concepto de Resistencia civil (cap. 4), y de sus diferentes modalidades concretas en ambos casos, sobre todo el del Carare. A pesar de sus debilidades intrínsecas, los actores del Carare logran mitigar la “intransigencia del conflicto” en el nivel de relaciones interpersonales y buscan la resolución pacífica de conflictos y convivencia. En el Cimitarra, las acciones tienen una tonalidad distinta, con mayor énfasis en acción humanitaria, el Campamento ecológico y la denuncia de los megaproyectos de minería o el reivindicar la biodiversidad, la protección de los Recursos naturales y del medioambiente para mitigar la pobreza, defender el nivel de vida campesina. En síntesis, el éxito mayor logrado con estas actividades es romper el bloqueo económico, y lograr “una apertura de la territorialidad campesina dirigida hacia el señalamiento de la extralimitación de la fuerza de los actores armados” (p. 137). A continuación, el autor propone un análisis de los proyectos productivos realizados en alianza con actores externos (ONG y organismos de la cooperación internacional que se involucran en proyectos de subsistencia y “reproducción de la vida campesina”); Todo ello en aras a elaborar un modelo de desarrollo sostenible no conforme al modelo agroindustrial, sino partiendo de pequeños proyectos de corto y mediano plazo con productos locales. Después del debilitamiento organizativo en los 1990 y principios de la década del 2000, se observa una renovación con el surgimiento de actores diversos (mujeres, desplazados) que también tienen fuertes debilidades pero que ayudan a poner en la agenda política “el derecho a la vida”.

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El cap. 4 presenta el mayor aporte teórico, en torno a la definición de resistencia civil, especificando en que se diferencia de la desobediencia civil (más de corte individual), a partir de los aportes de H.D. Thoreau y de sus reapropiaciones por movimientos y lideres como Gandhi o Martin Luther King. Se hace énfasis en la dimensión colectiva del proceso de resistencia civil, vista como la lucha política contra todas las expresiones de la dominación social. Se diferencia dos tipos genéricos de acciones (De no cooperación, y de Intervención) y compara como los actores recurren a uno u otro tipo. La Asociación del Carare tiende a recurrir a Acciones de no cooperación, mientras la del Cimitarra usa mas acciones de intervención. Esas últimas son a su vez o bien “disruptivas” o creativas”: entre las disruptivas están bloqueos de vías, paros y ocupación de tierras, y entre las creativas están acciones educativas de transmisión de valores, pedagogía y cursos en Derechos Humanos, formas de buscar el reconocimiento simbólico. La principal conclusión al respecto es que la A. del Cimitarra usa mas acciones disruptivas que la del Carare; pero también desarrolla acciones creativas de formación de ciudadanía y actividades pedagógicas, mientras la A. del Carare privilegia la opción de construir consenso con los Actores armados. Si bien no se explicita

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del todo el porqué de esa diferencia entre los dos actores, se da a entender que ello depende mucho de los distintos contextos en los que se ubican y la configuración de los actores armados así como experiencias de violencia local anteriores. En síntesis, ambas asociaciones “al trabajar por la consecución de una paz amplia y profunda con raíces económicas y sociales paz, han funcionado como instituciones políticas tendientes a la estabilización de las expectativas y a la creación de ordenes sociales y por lo tanto menos propensos a la confrontación bélica”. (p. 188). Más adelante insiste que son actores “reemplazantes de la institucionalidad estatal, y estructuras de defensa de las comunidades en los territorios en disputa” (p. 189). En fin, a contracorriente de una visión institucionalista y cerrada de lo “político”, se considera a estas asociaciones campesinos como actores políticos en la medida que cumplen cuatro roles fundamentales: 1) definir un territorio y lograr “una democratización” de los espacios gestados desde los proyectos campesinos; 2) Fomentar el aspecto participativo comunitario 3) Lograr la transformación y canalización del conflicto, 4) Lograra la ampliación de espacios públicos. Así mismo se resalta el rol que cumplen en la definición de proyectos de paz y desarrollo, y como sus visiones contrastan con las de actores oficiales que han rechazado la participación de la sociedad civil en los acuerdos de paz o procesos de negociación. Se resalta así que ven la paz estrechamente asociada al desarrollo, como un proceso y no un estado de cosas fijo y alcanzado, y se insiste también en la visión de una “imposible reconciliación” y el reto de la construcción de la “convivencia”. Esto merece un serio debate académico de cara al proceso de paz actualmente iniciado en Colombia y a la posibilidad de una mayor participación de la llamada sociedad civil en dicho proceso. ]446_

En las conclusiones se analizan sintéticamente las fortalezas y debilidades de los actores, sus aportes discursivos pero también las ambigüedades de ciertas posturas políticas (partidistas) y la dificultad de mantener la neutralidad. El autor ha presentado así un análisis empírico como los hay aun muy pocos, con rigor y precisión y con una capacidad de vincular estrechamente y hábilmente lo empírico y le teórico que es también una calidad rara en trabajos de investigación. Sin embargo, se podría esperar en futuros trabajos un mayor análisis de la relación con los actores externos. No está del todo desarrollado el acápite referido a las relaciones con ONG y la cooperación internacional, donde se menciona que “las críticas que se han hecho a los actores externos no son tan universales” como se creería (p. 182) sin explicitar la idea. Se entiende que no son del todo compartidas pero no se presenta una argumentación explicita al respecto. En las conclusiones hay más elementos pero falta ser mas explicito en este aspecto. Otros aspectos pueden también ser precisados, como el sistema de alianzas con actores internacionales que ha permitido “fortalecer un entramado de apoyo fundamental para el mantenimiento sostenido de la lucha social”, sin que se analice cómo funciona ese sistema de alianzas y cuáles son sus resultados. Igualmente, se habla de amplias alianzas con actores internacionales (entre ellos: organismos de cooperación y ONG), pero sin dar información para ilustrarlo del todo. Así mismo, se habla de una clara conexión entre lo local y lo global, conexión que yo no alcance a percibir, ni en su funcionamiento ni en sus impactos. Desarrollar más esas ideas permitiría contrastar las observaciones empíricas con la literatura teórica sobre el rol de las ONG. Sería útil examinar con dichas alianzas con ONG impactan o no sobre el poder “social y político de las asociaciones campesinas. De esta manera seria un aporte empírico clave para rebatir algunos de los debates teóricos en torno a la dependencia de organizaciones del sur hacia el norte.

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Otro aspecto me parece importante resaltar: la relativamente poca atención a los aportes de la teoría de la movilización social en un libro dedicado a la acción colectiva; lo que parecería demostrar una vez más la dificultad o la timidez (frecuente en la literatura sobre actores sociales en Colombia) para discutir de frente y analizar la pertinencia de este concepto de movilización social. Debería lograrse una justificación más clara del no uso de esta literatura, especialmente la que gira en torno al debate de la ciudadanía desde abajo, que merece ser discutido con más profundidad desde lo empírico; el estudio de caso comparado propuesto por D. Silva sería una buena oportunidad al respecto. También se podría retomar los aportes críticos que han realizado muchos movimientos sociales latinoamericanos sobre la dificultad de ejercer la ciudadanía en situación de desigualdad y pobreza, cuestionado los fundamentos de la ciudadanía liberal, aspectos que aquí no se analizan. Igualmente se podría haber analizado con más detalle las concepciones del “poder desde abajo” y la influencia que tuvieron en actores campesinos e indígenas en otros casos, para determinar si esto es o no pertinente en este caso.

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Diego Silva Prada, Asociaciones campesinas en resistencia civil. Construcción de paz y desarrollo en el Magdalena Medio. Uniminuto-CEIIHS, Bogotá 2011.

No obstante estos aspectos no del todo desarrollados, el libro de Diego Silva Prada representa un aporte sustancial en muchos debates fundamentales para Colombia, no solo para académicos sino también para los actores y la sociedad civil de cara al actual proceso de paz apenas iniciado, frente a la violencia y como esta se manifiesta y afecta la acción colectiva de poblaciones civiles. También lo es para saber más de la relación entre violencia y el poder. Es un trabajo riguroso, juicioso y detallado desde un estudio empírico en condiciones difíciles y con limitaciones fuertes para la investigación. Es contundente en muchos de sus aportes y conclusiones. Lo considero por ende una lectura ineludible para cualquier persona interesada en comprender más acerca de la acción colectiva y la violencia en Colombia. ]447_

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Liliana Estupiñán Achury. Desequilibrios Territoriales: Estudio sobre la descentralización y el ordenamiento territorial colombiano; Una mirada desde el nivel intermedio de gobierno. Bogotá, Universidad del Rosario, 2012, 416 págs.

Miguel Borja

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Por: Miguel Borja Catedrático de la Escuela Superior de Administración Pública. Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador del IEPRI

Cuando ya parecía agotada la polémica sobre el ordenamiento territorial del país, pues los autores presentaban síntomas de cansancio y se dedicaron darles vueltas a los mismos problemas y perspectivas, aparece como una estrella en el firmamento de las ciencias sociales y jurídicas el libro de Liliana Estupiñán titulado: Desequilibrios Territoriales: Estudio sobre la descentralización y el ordenamiento territorial colombiano; Una mirada desde el nivel intermedio de gobierno. Obra renovadora de las polémicas sobre el tema y que constituye un estudio mayor que se mueve a lo largo de la historia de la organización del espacio en la república de Colombia: su reflexión abarca desde los orígenes en la Colonia hasta nuestros días. Retrospectiva documentada sobre una de las cuestiones axiales para la sociedad y el Estado y que combina los tiempos históricos delineados por Fernand Braudel: las estructuras, las coyunturas y los acontecimientos. Dicho punto de partida permite superar el diletantismo y la vacuidad de la discusión desde las perspectivas del derecho como técnica jurídica. La orientación histórica del estudio permite buscar en nuestro pasado y en el de otras naciones, las variables centrales que definen los modelos de organización territorial del Estado y su impacto sobre las estructuras sociales y la gestión de los asuntos públicos que involucran, en forma directa o indirecta, las variables de las geografías político-administrativas.

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Al abordar el marco teórico, el lector se puede dar cuenta que la autora realiza un aporte que buena falta estaba haciendo en el país: investigaciones sociojurídicas y con el recurso de la ciencia política para mostrar de qué manera las naciones definen sus formaciones estatales y sus regímenes territoriales. Somete a consideración las experiencias de Francia, Portugal, Chile, Alemania e Inglaterra, con la meta de caracterizar los más significativos tipos de Estado en el escenario de Occidente: centralista, unitario, regional, federal y la experiencia inglesa conocida como ‘devolution’. Realiza una historia constitucional detallada de las variedades de Estado y de sus niveles intermedios en los ámbitos espaciales nombrados. De esta manera teje hilos a lo largo de la historia constitucional del Atlántico Norte, ampliando la literatura habitual sobre la organización territorial en nuestro medio. Busca demostrar una hipótesis medular: “que el modelo unitario, cargado del enfoque centralista, ha sido la constante de la relación entre territorio y poder en Colombia”. Dicha apuesta heurística le allana el camino para dilucidar la disyuntiva entre poder nacional y regional, y evidenciar que en el país la cultura política de las clases dominantes se rige por un centralismo obtuso. Esta característica de la acción gubernamental análisis político nº 78, Bogotá, mayo-agosto, 2013: págs. 227 - 231

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conduce a una consecuencia nefasta para quienes desean reordenar territorialmente el país: la de la deslegitimación y el abandono del nivel intermedio de gobierno. Colombia vive la paradoja de conformarse como una república que no parece necesitar las instancias intermedias de gobierno y administración pública, caso único en el mundo. Las clases dirigentes del orden nacional y regional exhiben un temor heredado al nivel intermedio de la organización territorial, llámese región o departamento. Parece que las regiones fueran el caldero del diablo donde se cocinan las revoluciones y los desórdenes sociales, cosmovisión heredada del principal problema de la República: la larga guerra civil que parte del año de 1812, atraviesa diversas etapas y aún subsiste. Esta cosmovisión del temor se renueva en los albores de la centenaria Constitución de 1886, cuando el bloque hegemónico liderado por Rafael Núñez, tomó el poder a partir de un golpe de estado contundente sobre la Constitución del año de 1863, corolario de la guerra civil de 1885. En el tema de la organización territorial en 1886 se pasó en forma definitiva y clara de la confederación al estado centralista, al conservadurismo social y político, desechando así el programa del Liberalismo Radical; no obstante, los nacientes departamentos heredaron la carga negativa de ser estigmatizados como los ámbitos territoriales de las formas federales de conformación del Estado, el espacio donde el poder nacional no podía colocar con firmeza sus pies, jurisdicciones en donde se podrían desatar las furias de Marte.

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La paz de 1886 era eminentemente una Pax Romana, como se comprobó durante la guerra de 1895, la de los Mil Días (1899-1902) y la larga República Conservadora. La Carta de 1886, al contrario de las otras constituciones, no fue una “Carta de Batalla”, no buscó incorporar a los vencidos; por el contrario, trató de arrojarlos para siempre del escenario del Estado. Pax Romana que llevó al mayor desmembramiento territorial del país: la pérdida de Panamá perpetrada por los Estados Unidos y sus áulicos en el Istmo. Una herida de la cual el país aún no se ha podido recuperar, pues ella marcó la tendencia andina de nuestros gobernantes, que han hecho de las costas unas periferias marginales. El mundo del Atlántico Norte por donde corre la vida económica desde el siglo XVI nos ha sido extraño a pesar de que poseemos una de las posiciones geopolíticas de la mayor importancia; pareciera que con Panamá se fueron los barcos y sus navegantes. Posteriormente, en el quinquenio de Rafael Reyes se trató de liquidar definitivamente cualquier rasgo o recuerdo del pasado federal a partir de un reordenamiento territorial que dividió a la nación en 34 departamentos, 95 provincias y un distrito capital, y que bien pronto tuvo que ser arrojado a la cesta de la basura, al igual que el régimen de Reyes. El problema de la organización territorial quedó, por ende, sin resolver y en este mar de oscuridad las clases dirigentes del bipartidismo nadaron a sus anchas: rediseñaron la cartografía política a partir de delimitar departamentos y municipios como espacios del clientelismo. Los dirigentes políticos han convertido a los departamentos y municipios en cotos de caza de recursos públicos y en mercados electorales. Por consiguiente, el departamento es la llave maestra que mantiene la dominación tradicional que sobre el país y sus territorios ejercen unas pocas familias, portavoces de una tardía Edad Media, que de modo contumaz se oponen a que la nación se enrute hacia la modernidad. De ahí que las clases dirigentes departamentales no estén interesadas en el ejercicio de la autonomía territorial, ni en la descentralización, ni en convertirse en líderes del desarrollo social y económico; navegan en las aguas tranquilas del poder tradicional, aquel cuya legitimidad se basa en la costumbre, en lo que es porque siempre ha sido así y no puede ser de otra manera.

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El papel pasivo del departamento como esfera de reproducción espacial del bipartidismo, indujo a que la nación y los municipios lo desbordaran en el entramado institucional. Con esta perspectiva, Liliana Estupiñán muestra de qué manera se otorgan amplios privilegios a la nación y al nivel local. En consecuencia, el departamento llegó a ser una entidad territorial que habría de terminar como un ‘Rey de Burlas’, un ‘Convidado de Piedra’. Distintos investigadores han señalado que el departamento continúa como uno de los muebles viejos de la geografía política del país, una entidad inocua: “Una estructura administrativa que condujo a la duplicidad de funciones y al incumplimiento de las labores de asistencia técnica a los municipios llevadas a cabo, según el plan de manera parcial y desarticulada”. (179) Uno de los centros de análisis del texto es precisamente el nivel intermedio de gobierno, el departamento. La autora enfatiza en lo sucedido con el tema en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que consagró un modelo territorial unitario levemente flexibilizado, esto es, pudo más la tradición centralista que las corrientes encaminadas a establecer formas descentralizadas y federales: “Sin duda, en la Asamblea Nacional Constituyente se reiteró el modelo territorial unitario marcadamente centralista muy a pesar de las minoritarias tendencias federalistas y regionalistas en juego”. (152) Igualmente, indica las vicisitudes que el departamento y las políticas públicas encaminadas a establecer la descentralización han tenido en el marco de los últimos 25 años, caracterizados por los esfuerzos de los gobiernos por imponer el paradigma neoliberal como horma del Estado y la economía, orientación que dio al traste con los rasgos del estado social de derecho que introdujo la escuela liberal en el mandato de Alfonso López Pumarejo entre 1934-1938, cuando se realizó el primer esfuerzo hacia la modernidad social y política. El análisis de políticas públicas como el ajuste estructural, el control fiscal y la seguridad democrática, el agotamiento de la descentralización y el manejo de corte centralista de las competencias de las entidades territoriales, le permite a Liliana Estupiñán revelar el declive de la figura departamental como región política y administrativa. Sin embargo, la paradoja mostrada es que el departamento a pesar de su status de inferioridad en el ordenamiento territorial es el único nivel intermedio de gobierno en Colombia, pues la región no ha pasado de ser una quimera cada vez más lejana, como se puede comprobar en la recientemente aprobada Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 1454 de 2011; ley que hace patente la falta de interés de gobernantes y legisladores por resolver los problemas urgentes de la República y que contribuye a aplazar las soluciones a la crisis de la disposición territorial de la nación; dilación que ahonda los problemas generados por los desequilibrios regionales, los límites arbitrarios y disfuncionales de los departamentos y municipios, el desconocimiento de las regiones, las geografías indígenas y los espacios de las comunidades negras y raizales, y los inconvenientes generados por el mundo de apariencias de la autonomía territorial y la descentralización. Con la ley 1454, otra vez las clases dirigentes echan por la borda una oportunidad para introducir modificaciones que abran campo para reformar el mapa oficial con el fin de adecuarlo a los cambios sociales y económicos del país y el contexto internacional. Las falsas élites de nuevo apostaron por el pasado, sin atreverse a enfrentar los desafíos del presente. Las consecuencias son claras: el subdesarrollo creciente de la nación y sus regiones, sujetas a los avatares de la economía internacional y a las dificultades generadas por una configuración política caduca del espacio, que no da respuesta a la necesidad de un buen uso y distribución del territorio, ni permite la gestión adecuada de los entornos geográficos, ni posibilita diseñar cartografías del poder para una auténtica democracia. En suma, es evidente la falta de una arquitectura territorial del Estado que lo vuelva contemporáneo de la modernidad y le permita asumir retos como el de la guerra y la paz, la internacionalización de la economía y la sociedad, y el desafío ecológico.

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La autora denuncia el abandono de las regiones y localidades por parte de las élites gobernantes, las cuales exhiben un temor histórico a una vuelta al federalismo, y optan por impulsar a Colombia como una nación andina que gire en la bipolaridad cartográfica del poder: los centros urbanos de Bogotá y Medellín, y sus semiperiferias y periferias territoriales. Esta bipolaridad de la dominación determina lo que sucede entre cielo y tierra en la nación; traza los núcleos y las fronteras del centralismo político y administrativo: “Sin duda, la perspectiva centralista marca la institucionalidad de los siglos XIX y XX en Colombia… Pequeñas excepciones federales se vieron en el primer siglo de vida republicana, por supuesto, avasalladas por la tendencia centralista que recorrió la mayoría de los Estados latinoamericanos… Todo el siglo XX estuvo determinado por la constitución regeneradora que apenas tuvo algunas reformas que aliviaron la carga centralista del modelo y el manejo exclusivo del centro y de Bogotá acerca de todos los asuntos periféricos” (302) Las clases dirigentes llenas de pavor frente a las iniciativas políticas y sociales que no surjan de sus cerrados círculos, ahogan las iniciativas de los ámbitos regionales y locales; así, la autonomía territorial y la descentralización no pasan de ser enunciados retóricos que ayudan a sustentar y maquillar la trivialidad de la acción gubernamental y de los discursos oficiales: “Unidad, autonomía y descentralización se convirtieron en los principios territoriales del modelo colombiano, eso sí, el primero desde una perspectiva jerárquica exhibida de forma contundente en las conservadoras interpretaciones que ha hecho la Corte Constitucional y las leyes que desarrollan la inacabada tarea del constituyente en materia territorial, en todo caso, los últimos veinte años se han identificado con el término de recentralización” (304)

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Con relación a la metodología seguida por Liliana Estupiñán, el texto abre vías innovadoras para la indagación sobre la organización territorial; en primer lugar, realiza un recorrido histórico por las constituciones de Colombia y algunos países del Atlántico Norte, con énfasis en el modo como se resuelven las relaciones entre Estado y territorio, con el objetivo de detallar las tendencias en el diseño de los perfiles territoriales y sus niveles intermedios de gobierno: departamentos, estados, lander, cantones, comunidades autónomas, regiones y provincias; en segunda instancia, reseña las principales orientaciones heurísticas de la discusión política sobre la conformación territorial del estado: la weberiana que busca delimitar la tipología ideal de las formas de estado, la que destaca el papel de las constituciones modelo o paradigmáticas en el tema territorial (norteamericana, española y francesa); y aquella que estudia las constituciones territoriales a partir de la tensión entre centralización y descentralización (estados federales con altos niveles de centralización y estados unitarios con grados considerables de descentralización). Asimismo, utiliza la autora el método por excelencia de las ciencias sociales, el comparativo. No se limita a equiparaciones superficiales, sino que retoma el espíritu de Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, para mostrar la manera cómo los pueblos definen sus constituciones y entramados legales de acuerdo con las características peculiares de cada medio social. Realiza importantes confrontaciones analíticas para dar cuenta de las teorías que tratan de comprender los diferentes formatos de Estado. El estudio comparado de los conceptos, bajo la dirección heurística de la sociología weberiana, se realiza al unísono con la revisión de los procesos organizadores del territorio en países como España, Portugal, Francia, Inglaterra, Chile y Colombia. Establece semejanzas y diferencias y extrae diversas lecciones sobre las tipologías estatales, los procesos de descentralización y centralización, y el papel de las unidades subnacionales. Por otro lado, utiliza herramientas propias de las ciencias sociales modernas como la entrevista a líderes políticos, gobernantes e intelectuales interesados en la discusión, y presenta un anexo legislativo en el que incluye la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y su decreto reglamentario, el 3680 del 4 de octubre de 2011 del Ministerio del Interior.

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El libro de Liliana Estupiñán da nuevos aires a los estudios sobre la organización territorial del país, le define otros senderos y abre perspectivas metodológicas innovadoras para su investigación. Rompe las barreras en que se gestaba la reflexión y la práctica política sobre el tema. Es una contribución importante al establecimiento de una historia de las formas jurídicas del Estado y su organización territorial en el marco de las principales sociedades que conforman el mundo de Occidente, y le da perspectivas novedosas a la indagación de la gestión pública del territorio de la nación y sus regiones.

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