NOTA DE PRENSA La plataforma rural y la plataforma “no al expolio del Mundo Rural”, manifiestan su desacuerdo con la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que hoy se aprueba en el Congreso 1.‐Creemos que dicho proyecto va a producir un efecto devastador sobre las poblaciones y los territorios rurales de nuestro país convirtiéndose en una decisión estratégica equivocada y con muy graves consecuencias para las generaciones futuras. 2.‐La disminución de competencias a los ayuntamientos, vaciándolos de contenido, es la antesala de su supresión y en los últimos 40 años hemos visto cómo los pueblos que han perdido su ayuntamiento se han despoblado de modo irreversible. 3.‐El reforzamiento de las Diputaciones que se prevé forzará a la supresión de mancomunidades y consorcios municipales creados en la etapa democrática para prestar servicios varios ayuntamientos conjuntamente con una razonable eficacia y bajos costes. Concentrando las decisiones en estas instituciones provinciales, no elegidos sus representantes de forma directa por los ciudadanos, se privatizará la prestación de servicios alejando la generación de empleo de los pueblos, encareciendo los precios y facilitando la corrupción entre empresas y partidos gobernantes. 4.‐Bajo la apariencia de un ahorro si se suprimen ayuntamientos y la disminución de una deuda inexistente en la inmensa mayoría de los pequeños municipios, se pretende forzar la desaparición de la población de los territorios rurales. 5.‐Ofrecer la posibilidad a los Ayuntamientos de vender los terrenos comunales que gestionan las Entidades de Ámbito Inferior al Municipio, que son propiedad de los vecinos y no de las Corporaciones Locales, es un fraude y una privatización encubierta de casi 4 millones de hectáreas de patrimonio comunal que hunde sus raíces en la Alta Edad Media y que han permitido sobrevivir a multitud de generaciones. Entendemos que puede ser necesaria una reforma de la administración local para garantizar su sostenibilidad y la calidad de los servicios que presta, pero esta reforma deberá garantizar lo siguiente: 1.‐ Protección de los ayuntamientos con presupuestos acordes a la prestación de los servicios que ofrezcan. Procedentes bien de la Administración General del Estado, Como de las comunidades Autónomas 2.‐ Garantizar la participación en los ayuntamientos, de manera que no se disminuya el número de concejales, que por otro lado no generan gasto a las entidades. 3.‐ Garantizar la continuidad de las entidades locales menores, y su patrimonio, facilitando sus labores de gestión administrativa, así como de otras figuras, como las comunidades de Villa y Tierra, Comarcas,…que gestionan patrimonio común o servicios establecidos 4.‐ Potenciar las mancomunidades voluntarias de servicios que haya demostrado su buen funcionamiento.
5.‐ Eliminación de las Diputaciones provinciales, pasando su competencias, o bien a los ayuntamientos, o bien a las comunidades autónomas a las que pertenecen. 6.‐ Clarificar las competencias locales teniendo en cuenta la calidad, y el menor coste del servicio al ciudadano, desde la proximidad, por sus propios medios, o con el apoyo de entidades superiores cuando proceda. 7.‐ Establecer una política de repoblamiento y por tanto de reequilibrio territorial, de manera que favorezca a los pueblos pequeños, y que haga posible la vuelta al campo. Por las razones expuestas creemos firmemente que esta ley no aporta valor a la situación actual y sin embargo pone en gravísimo riesgo la supervivencia de miles de pueblos y colabora en la pérdida de oportunidad para muchos jóvenes que pueden iniciar proyectos de vida y autosuficiencia alimentaria. Es necesario iniciar otras estrategias sobre nuestro mundo rural que ayuden a conservar los recursos vitales y enfrentar así una situación de cambio climático que se augura muy dura para nuestro país. Más información: Mª Mar Martín : 921556218 Jerónimo Aguado: 979154219