San Salvador, miércoles 4 de septiembre de 2019 Sres. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador Presente Reciban un saludo del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú-El Salvador. Los movimientos sociales, redes comunitarias y territoriales, organizaciones de la sociedad civil, academia y ciudadanía de El Salvador que conformamos el Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú en El Salvador, hacemos un urgente llamado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN) a detener de manera inmediata el proceso de construcción del Megaproyecto “Ciudad Valle El Ángel”, impulsado por la empresa Urbánica propiedad de la familia Dueñas. Como Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, hemos enviado una nota de alerta al Relator Especial sobre Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento de las Naciones Unidas, Léo Heller, para que él se pronuncie ante las amenazas de deterioro y depredación de los bienes hídricos que serían gravemente impactados por la ejecución del Proyecto Urbanístico “Ciudad Valle El Ángel”, donde está asentado uno de los acuíferos más importantes del país, como lo es el acuífero Nejapa-Quezaltepeque, que contribuye a garantizar el derecho humano al agua a miles de familias del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Como parte de la Consulta Pública que el MARN inició el día 22 de agosto de 2019 y que cierra el 4 de septiembre de 2019, tiempo estipulado para recibir observaciones y opiniones sobre el “Proyecto Urbanístico Ciudad Valle El Ángel” en el municipio de Apopa en la zona norte de San Salvador, muchas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, redes comunitarias y territoriales han expresado muestras de oposición ante el proyecto, por considerar que tendrá serias e irreparables repercusiones para la garantía del derecho humano al agua y provocará más sobreexplotación de ese importante y estratégico acuífero del país. Este acuífero ya se encuentra en una condición de sobreexplotación por la actividad industrial y desarrollo urbanístico de la zona, donde Industrias como La Constancia, filial de SABMiller en El Salvador, ha explotado el acuífero para la producción de bebidas embotelladas, incluida el agua purificada; paradójicamente las comunidades que residen en la zona no reciben el servicio, ni pueden acceder al vital liquido, sino es comprándolo en forma de agua embotellada. Según el informe del Estado de los bienes Hídricos de la Procuraduría para a Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) del año 2016, el desplazamiento de diversas industrias y proyectos económicos y urbanísticos, ha generado una condición de mayor presión y explotación en la extracción del agua del acuífero de Nejapa-Quezaltepeque,, el cual ya presenta una disminución, recurrente de sus niveles freáticos, experimentando, disminuciones promedio de un metro anual, en los últimos 3 años, tomando como referencia el pozo 6 de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), como parte del monitoreo de aguas que lleva a cabo el Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales (MARN), mismo ministerio que ha autorizado los permisos para las construcciones de proyectos urbanísticos en la zona. La VIII Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua realizada en El Salvador en el año 2016, en su veredicto del caso “Sobre explotación de Acuífero de Nejapa, San Salvador y sus impactos en la población”, indica que, según estudios realizados por el hidrólogo Julio Cesar Quiñonez sobre el acuífero de Nejapa-Quezaltepeque, que este se encuentra sobreexplotado y sólo tienen una capacidad de recarga de 18 millones de metros cúbicos al año; a este ritmo de extracción, el acuífero se acabará completamente en 27 años.
Afirmamos que existe evidencia suficiente para que el estado salvadoreño asegure obligaciones legales para la aplicación del Principio Precautorio (Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo), asegurando de esta manera la protección del acuífero NejapaQuezaltepeque y sectores aledaños. La ejecución del proyecto en mención constituiría una clara y deliberada violación al marco internacional de derechos humanos y muy en particular al Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Art. 9, 11 y 12), a la Constitución de la República de El Salvador en cuanto a la protección de los recursos naturales (Art. 117) y de la Ley de Medio Ambiente de El Salvador. En este contexto en donde el Estado de El Salvador no cuenta con un sistema y mecanismos de protección a personas defensoras de los bienes comunes naturales, se vuelve indispensable que el país proceda de pronta manera a la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, como una muestra de verdadera voluntad ética y política para el cuidado del ambiente y el acceso a la justicia ambiental. Los principios establecidos mediante el derecho internacional de PACTA SUNT SERVANDA, obligan a los Estados a cumplir con los compromisos internacionales suscritos, como lo son la Agenda 2030 y los Objetivos Desarrollo Sustentable (ODS), principalmente el ODS 6 vinculado al acceso universal al agua potable, segura y asequible para todos en 2030; el Acuerdo de París, un acuerdo histórico y vinculante que promueve una transición justa, ambiciosa y duradera y que establece el marco global de lucha contra el cambio climático, sus causas, efectos y manifestaciones; el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo mediante el eje temático de desigualdades territoriales y vulnerabilidad ambiental; el Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Nueva Agenda Urbana 20162036 que ha dado vida al Derecho a la Ciudad. Todos estos y otros acuerdos-convenios internacionales asumidos y adoptados por El Salvador, son compromisos de Estado y forman parte esencial del asidero de instrumentos de derechos humanos que deben ser traducidos a políticas públicas nacionales y locales para el bien del pueblo salvadoreño. La aprobación y ejecución de este tipo de proyectos, privilegia el acceso del agua para la actividad económica-industrial en detrimento del uso doméstico y el derecho para el consumo humano, provocando una ampliación y profundización de las desigualdades nacionales y territoriales, lo que representa un incumplimiento de los compromisos internacionales del Estado salvadoreño en materia de derechos humanos y del fundamento que nadie se quede atrás establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. En la visita realizada por el Relator Especial sobre Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento de las Naciones Unidas, Léo Heller, entre el 11 y 18 de mayo del año 2016, el Informe resultante indica en su numeral 72, que existe una situación crítica de sobreexplotación en el país sobre todo del acuífero ubicado entre los municipios de Quezaltepeque y Nejapa, donde hay una situación de conflicto por el uso del agua. El referido acuífero es clave para el suministro doméstico del 25% de la población del área metropolitana de la capital. Ante todos los argumentos y justificaciones de los impactos que el proyecto en mención provocaría, urgimos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a detener de pronta manera a ejecución del Megaproyecto “Ciudad Valle El Ángel” y realizar una revisión exhaustiva de proyectos urbanísticos y la actividad industrial en la zona del acuífero de Nejapa-Quezaltepeque, que establezca una moratoria para este tipo de proyectos y los de agricultura intensiva y monocultivos en todo el país, con especial atención al caso del Proyecto “Ciudad Valle El Ángel”, considerando que su construcción implicaría el incremento de la explotación del acuífero y su zona de recarga hídrica sería impactada fatalmente, provocando un proceso acelerado de desaparición del mismo y exacerbaría la conflictividad territorial por el
acceso al agua de las familias y comunidades de la zona, con el agravante del proceso de impactos y efectos acelerados del cambio climático que se viven en el país y la región. Finalmente reiteramos nuestro interés y compromiso de acompañar toda iniciativa que procure la defensa y el cuidado de los bienes comunes naturales y el bien común global como una contribución significativa para trabajar hacia la paz sustentable duradera de las presentes y venideras generaciones.
César Neftalí Artiga Cartagena, El Salvador Coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú-El Salvador Para información de seguimiento y respuesta, favor comunicarse con los siguientes datos de contacto: correo: cesarneftali@gmail.com, equipoimpulsorescazusv@gmail.com, teléfono: +503 7210-1221/+503 7318-8073
Adherentes de la carta y del llamado:
Organizaciones nacionales: Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú – El Salvador Movimiento Enlaces por la Sustentabilidad – El Salvador Grupo Impulsor Nacional de la Resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad – El Salvador Movimiento Siglo XXIII: Paz Sustentable – El Salvador Alianza de Ulúas, Lencas y Nonualcos – El Salvador
Redes y movimientos regionales y globales: Foro Latinoamericano y Caribeño de Juventudes (FLACJ) Llamado Global de Acción ante la Pobreza (GCAP) Latin America and the Caribbean Engagement Mechanism (LACEMOS)
Enlaces a noticias en línea sobre la oposición al proyecto: -
https://arpas.org.sv/2019/06/exigen-detener-proyecto-urbanistico-en-valle-el-angel/ http://forodelagua.org.sv/index.php/actividades/foro-del-agua-pide-detener-ciudadvalle-el-angel/ https://www.diariocolatino.com/comunidades-denuncian-proyectos-de-construccionen-apopa/ https://informatvx.com/organizaciones-se-oponen-a-proyecto-habitacional-valle-elangel-en-apopa/