SITUACIÓN DE LIDERESAS Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 2016-2019 by casmujer

SITUACIÃ&#x201C;N DE LIDERESAS Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 2016-2019

SERIE DOCUMENTOS | Situación de las personas líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia 2016-2019

Introducción

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno colombiano y las FARC-EP (en adelante Acuerdo Final), trajo consigo la disminución de muertes en combate entre miembros de la Fuerza Pública y dicha guerrilla. Sin embargo, también marcó un alarmante recrudecimiento de la violencia dirigida a personas que ejercen liderazgos políticos y sociales. En particular, llama la atención que quienes desde los territorios han defendido el Acuerdo Final e impulsado su implementación se han visto especialmente afectados/as.

Este documento incluye algunas reflexiones con respecto a los hallazgos derivados de la revisión documental de los informes que se han publicado sobre la situación de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, en el período 2016-2019. En primer lugar, se presentará un panorama general de las cifras de hechos de violencia, amenazas y asesinatos de personas que ejercían labores de liderazgo social o defensa de derechos humanos. En segundo lugar, se evidencian algunos patrones asociados a riesgos que se encontraron a lo largo de los informes. Posteriormente, se analizan los descubrimientos con respecto a los puntos de divergencia encontrados. Finalmente, se concluirá con las reflexiones alrededor del análisis de los hechos de violencia contra lideresas, líderes, defensores y defensoras de derechos humanos.

1. Panorama

general

Desde la firma del Acuerdo Final, organizaciones de la sociedad civil, órganos de control del gobierno y organismos internacionales1 han desarrollado espacios de seguimiento a los hechos de violencia que se han dirigido a personas que efectúan labores de liderazgo social y defensa de los derechos humanos. Estos hechos abarcan asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, hostigamiento, entre otros. 1. Las organizaciones de la sociedad civil que se tuvieron en cuenta para la elaboración del presente documento analítico son el Programa Somos Defensores, Cumbre Agraria Campesina, étnica y popular, Marcha Patriótica, Indepaz, Verdad Abierta, CINEP/PPP, Asociación Campesina del Catatumbo, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, la Confederación Nacional de Acción Comunal y la Misión de Observación Electoral. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta órganos de control del gobierno, como lo es la Defensoría del Pueblo, y organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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Resumen de los hechos de violencia considerados en el presente informe.

HECHOS DE VIOLENCIA

2016

2017

2018

2019

481 (Programa Somos Defensores, 2018)

560

805 (Programa Somos Defensores, 2019)

591

(Programa Somos Defensores, 2018)

441

ataques (Alto Comisionado Naciones Unidas, 02 de marzo de 2018)

ASESINATOS

AMENAZAS

Somos 2019a)2

(Programa Defensores,

(Programa Somos Defensores, 2018)

106 (Programa Somos Defensores, 2018)

155

(Programa Somos Defensores, 2019)

59 (Programa Somos Defensores, 2019a)

21 (Cumbre Agraria et al., 2019a)3

208 (Cumbre Agraria et al., 2019a)

282 (Cumbre Agraria et al., 2019a)

112 (Cumbre Agraria et al., 2019a)5

[Excombatientes4: 2 (Cumbre Agraria et al., 2019a)]

[Excombatientes: 28 (Cumbre Agraria et al., 2019a)]

[Excombatientes: 65 (Cumbre Agraria et al., 2019a)]

[Excombatientes: 32 (Cumbre Agraria et al., 2019a)]

126

(Defensoría del Pueblo, 2018)

110 (Alto Comisiona-

370

583

317 (Programa Somos Defensores, 2018)

(Programa Somos Defensores, 2018)

do Naciones Unidas, 02 de marzo de 2018) (Programa Somos Defensores, 2019)

480

(Defensoría del Pueblo, 2018)

477

Somos 2019a)

(Programa Defensores,

213 (Alto Comisiona-

do Naciones Unidas, 02 de marzo de 2018)

ATENTADOS

49 (Programa Somos Defensores, 2018)

50 (Programa Somos Defensores, 2018)

34 (Programa Somos Defensores, 2019)

27 (Programa Somos Defensores, 2019a)

41 (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018) 26 (Defensoría del Pueblo, 2018)

2. Este informe abarca desde enero hasta junio de 2019 3. Este dato abarca desde la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 hasta el final del mismo año. 4. Para fines de la tabla, todos los datos de excombatientes hacen referencia a excombatientes de las FARC-EP. 5. Este informe abarca desde enero hasta el 26 de julio de 2019.

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D E T E N C I O N E S 17 (Programa Somos 23 (Programa Somos 4 (Programa Somos De- 22 (Programa Somos Defensores, 2018) Defensores, 2018) fensores, 2019) Defensores, 2019a) ARBITRARIAS

DESAPARICIONES 2

(Programa Somos Defensores, 2018)

0 (Programa Somos Defensores, 2018)

4 (Programa Somos Defensores, 2019)

0 (Programa Somos Defensores, 2019a)

4 (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018) 4

(Defensoría del Pueblo, 2018)

JUDICIALIZACIONES ARBITRARIAS

9 (Programa Somos De- 9 (Programa Somos De- 19 fensores, 2018)

fensores, 2018)

(Programa Somos Defensores, 2019)

0 (Programa Somos Defensores, 2019a)

VIOLACIONES DE 6 (Programa Somos De- 2 (Programa Somos De- 6 (Programa Somos De- 6 (Programa Somos Defensores, 2018) fensores, 2019) fensores, 2019a) DERECHOS A LA fensores, 2018) INTIMIDAD Y LA 61 (Alto Comisionado PROPIEDAD6 de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018)

Fuente: Casa de la Mujer

Adicionalmente, las organizaciones Verdad Abierta et al. (2018) y Cumbre Agraria et al. (2019) elaboraron informes con registros acumulados desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016, los cuales registraron los siguientes hechos de violencia: Al 31 de julio de 2018, habían ocurrido 257 violaciones del derecho a la vida, incluyendo 4 desapariciones forzadas (Verdad Abierta, 2018). Asimismo, se registraron 100 atentados, en 44 de los cuales las víctimas resultaron heridas. Al 26 de julio de 2019, la Cumbre Agraria (2019) reportó un conteo de 623 asesinatos. Adicionalmente, se realiza la mención de los asesinatos de los excombatientes de las FARC-EP, que desde la firma del Acuerdo Final y hasta el 26 de septiembre del 2019, se registran 147 casos, así como 12 desapariciones.

6. El Programa Somos Defensores (2018; 2019; 2019a) solo hace referencia a los robos de información, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018) incluye estos hechos, además de la toma no solicitada de fotografías y otros que no se especifican.

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Localización de los asesinatos

Los informes del Programa Somos Defensores (2018; 2019; 2019a), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018; 2019) y la Defensoría del Pueblo (2018) realizaron una revisión de la extensión y concentración geográficas de los asesinatos de personas que ejercen liderazgos sociales y labores de defensa de los derechos humanos. A continuación, se presenta un resumen de los datos analizados en dichos informes.

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ASESINATOS

2016

2017

2018

2019

24 de los 32 departa- 26 de los 32 departa- 20 de los 32 departamentos del país (Progra- mentos del país (Progra- mentos del país (Programa Somos Defensores, ma Somos Defensores, ma Somos Defensores, 2018) 2019) 2019a)7 24

de los 32 departamentos del país (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019)

CONCENTRACIÓN 87,5% (Programa So- 72% (Programa Somos 66,4% (Programa Somos Defensores, 2019) DE LOS ASESINA- mos Defensores, 2018) Defensores, 2018) TOS EN TERRITO56% (Defensoría del RIOS RURALES 8

Pueblo, 2018)

62% (Alto Comisionado Naciones Unidas, 2018) TERRITORIOS CON MAYOR NÚMERO DE ASESINATOS

Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba y Chocó (Programa Somos Defensores, 2018)

Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Caquetá (Programa Somos Defensores, 2019)

Cauca, Urabá, Antioquia y Norte de Santander (Defensoría del Pueblo, 2018)

Antioquia, Cauca y Norte de Santander (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019)

Antioquia y Cauca (Alto Comisionado Naciones Unidas, 2018)

Cauca, Antioquia, Arauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca (Programa Somos Defensores, 2019a)

Fuente: Casa de la Mujer

7.Este informe abarca desde enero hasta junio de 2019. 8. Este informe abarca todo el año 2017, y hasta el 27 de febrero de 2018, en el caso de asesinatos.

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Con respecto a las organizaciones que realizaron un registro acumulativo de la localización de los asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016 se encontró que: Verdad Abierta et al. (2018) señaló que, hasta el 31 de julio de 2018, se presentaron violaciones al derecho a la vida (que incluyen asesinatos y desapariciones forzadas) en 27 de los 32 departamentos del país. Los departamentos con mayor número de asesinatos fueron Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Córdoba, Putumayo, Nariño y Chocó. El informe también señala que, de los 142 municipios afectados, 67 están priorizados para PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Por otro lado, la Cumbre Agraria et al. (2019a), señala que hasta el 26 de julio del 2019, se presentaron asesinatos en 28 de 32 departamentos, y que los más afectados son Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca.

Situación de las mujeres lideresas sociales y defensoras de derechos humanos

De acuerdo con los informes presentados por el Programa Somos Defensores (2018; 2019; 2019a), las mujeres representaron el 26% de las agresiones en el 2017, y el 29% en el 2018 y el primer semestre de 2019. Con respecto a los asesinatos, el registro del año 2017 varía entre 11,57% (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018), 15% (Programa Somos Defensores, 2018) y 18,25% (Defensoría del Pueblo, 2018). En el del 2018, es de entre 8,18% (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019) y 10% (Programa Somos Defensores, 2019). Finalmente, en el primer semestre de 2019, el registro es de 17% (Programa Somos Defensores, informe semestral, 2019). El informe publicado por Verdad Abierta et al. (2018), que registra las violaciones al derecho a la vida (incluyendo hechos de desaparición forzada) desde la firma del acuerdo y hasta el 31 de julio de 2018, sitúa la proporción en 14,78%. Los informes consultados coinciden en que, si bien las mujeres constituyen una menor proporción de las víctimas de los casos de asesinatos, agresiones y otros hechos de violencia registrados, sus casos presentan grados particulares de violencia. En primer lugar, las mujeres que ejercen liderazgos sociales y labores de defensa de derechos humanos tienen un riesgo especial de sufrir violencia sexual y sevicia. De acuerdo con los informes anuales publicados por el Programa Somos Defensores, en los años 2017 y 2018, el 25% y 33,33% de los asesinatos de mujeres líderes, respectivamente, presentaron violencia sexual tortura y ensañamiento. La Defensoría del Pueblo sitúa el registro del 2017 en una menor ocurrencia, con un 13% de casos que presentaron violencia sexual y un 8% de casos que presentaron tortura. Finalmente, el informe de Verdad Abierta et al. (2018), que realiza un registro acumulado desde la firma del Acuerdo Final y hasta el 31 de julio de 2018,

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denuncia que el 18,42% de las mujeres víctimas de asesinato presentaban deformaciones, signos de violencia sexual y sevicia en sus cuerpos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (01 de octubre de 2019) señala que las mujeres excombatientes de las FARC-EP tienen también una exposición a estos hechos de violencia sexual. Sin embargo, el informe no profundiza en este riesgo. En segundo lugar, se han presentado incrementos preocupantes de hechos violencia contra las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. En el 2017, la Defensoría del Pueblo registró un aumento de las amenazas dirigidas hacia mujeres. Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló un aumento de los asesinatos, ataques y amenazas contra las mujeres en el primer trimestre del 2019, incluyendo hechos de violencia sexual, los cuales son un factor que contribuye al desplazamiento forzado. Lo anterior coincide con el Programa Somos Defensores, que señala un aumento de las agresiones contra las lideresas y defensoras de derechos humanos en el primer semestre del 2019, en comparación con el mismo período del año anterior. Finalmente, la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 026-18, ha señalado que las amenazas dirigidas a las mujeres suelen contener lenguaje sexista, alusiones al cuerpo de las mujeres y comentarios sexuales. Además, evidencian que las amenazas dirigidas a mujeres suelen extender las amenazas hacia sus hijos e hijas. Por otro lado, es necesario considerar las intersecciones identitarias que se hacen particularmente relevantes en tanto que una alta proporción de las lideresas sociales asesinadas ejercían liderazgos étnicos indígenas y afro (22%, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 2018)

Situación de las personas LGBTI

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2018), durante el 2017 y hasta 27 de febrero de 2018, se ha registrado el asesinato de 2 mujeres trans, 1 hombre trans y 1 hombre gay. Es importante señalar que una de estas mujeres trans fue además víctima de violencia sexual. Durante el mismo período, la Defensoría del Pueblo (2018) registró 10 amenazas dirigidas hacia personas LGBTI las cuales se caracterizaron por contener lenguaje despectivo sobre la orientación sexual o identidad de género de las personas a las que iban dirigidas. En su informe anual del 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos (2019) expresó preocupación por los defensores y defensoras de derechos humanos LGBTI+ debida a la intersección entre el riesgo que enfrentan por su labor y las prácticas discriminatorias arraigadas en la sociedad colombiana. Durante el período reportado en este informe, se registraron 2 asesinatos y 6 amenazas dirigidas a esta población.

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Situación de los grupos étnicos

Entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018, la Defensoría del Pueblo (2018) registró el asesinato de 29 líderes, lideresas indígenas y 19 líderes, lideresas afrocolombianas. En el 2018, el 27% de los asesinatos registrados tuvieron como víctimas a personas pertenecientes a pueblos indígenas (18 casos) y a comunidades afro (12 casos), lo cual refleja el riesgo en que se encuentran estas comunidades (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019). El Programa Somos Defensores (2019) presenta una cifra más alta para los defensores y defensoras indígenas, con 24 casos, que representaron un incremento del 100% con respecto al año anterior. En el primer semestre de 2019, los liderazgos indígenas fueron el tipo de liderazgo con el registro más alto de agresiones, con 148 casos (Programa Somos Defensores, 2019a). Lo anterior refleja una tendencia creciente de los hechos de violencia dirigidos a personas indígenas que ejercen liderazgos sociales y labores de defensa de derechos humanos, lo cual demanda acciones por parte del Estado que garanticen su protección. Con respecto a los liderazgos afrocolombianos, en el primer semestre del 2019, las agresiones contra liderazgos afrocolombianos registraron 54 casos (Programa Somos Defensores, 2019a).

Situación de los diferentes tipos de liderazgo

A lo largo de los años, los informes de las diferentes organizaciones coinciden en que los liderazgos comunales, campesinos, comunitarios, indígenas y afrocolombianos son los más afectados por las agresiones, asesinatos y amenazas que se han registrado desde la firma del Acuerdo de Paz (Programa Somos Defensores, 2018; Defensoría del Pueblo, 2018; Verdad Abierta et al., 2018; Cumbre Agraria et al., 2019). De acuerdo con el Programa Somos Defensores (2018), las personas que ejercían estos tipos de liderazgo fueron víctimas del 78% de los casos de homicidio registrados en el 2017. En este mismo año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018) señaló que los liderazgos comunitarios, indígenas, campesinos, afrocolombianos y sindicales fueron los más afectados por los atentados. En el año 2018, el Programa Somos Defensores (2019) señaló que los directivos de Juntas de Acción Comunal (JAC) fueron las principales víctimas de asesinatos, con un total de 63 casos, que representan un aumento del 117,2%, en comparación con los registros del 2017. Los asesinatos de personas que ejercían liderazgos indígenas y campesinos también aumentaron en ese año (Programa Somos Defensores, 2019). En revisión realizada desde la firma del Acuerdo Final, y hasta el 31 de julio de 2018, Verdad Abierta et al. (2018), señaló que el tipo de liderazgo con el registro más alto de asesinato son las Juntas de Acción Comunal, con 61 asesinatos, de los cuales 37 eran presidentes; el segundo es el cívico comunal, con 52 casos, seguido por los líderes, lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos de pueblos étnicos, con 31 asesinatos de líderes, lideresas

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indígenas, y los liderazgos y organizaciones afro, con 24 casos. También fueron asesinados 7 líderes y lideresas que llevaban a cabo oposición a actividades mineras. Por otro lado, desde la posesión presidencial de Iván Duque, y hasta el 23 de mayo de 2019, se registraron 154 casos de asesinatos de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos que hacían parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales. El 79,79% de los homicidios están relacionados con conflictos agrarios por la tierra, el territorio y los recursos naturales (Cumbre Agraria et al., 2019).

Situación de líderes y lideresas que impulsan la implementación del Acuerdo Final en sus territorios

En el 2017, el 51% de los casos de homicidio de líderes y lideresas comunales, campesinos, comunitarios, indígenas y afro tuvo como víctimas a personas que trabajaban en la implementación de alguno de los puntos del Acuerdo Final (Programa Somos Defensores, 2018). En el 2018, se registraron 19 casos de homicidio de líderes y lideresas campesinos y comunales, relacionados con la vinculación a procesos de sustitución de cultivos ilícitos. Asimismo, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2019), el 66% de asesinatos registrados estuvieron motivados por la denuncia u oposición a acciones criminales, efectos de la violencia endémica y apoyo a la implementación del acuerdo, particularmente en la sustitución de cultivos ilícitos. Verdad Abierta et al. (2018) reporta un total de 27 líderes y lidereas que trabajaban en estos procesos, entre la fecha de la firma del Acuerdo Final y el 31 de julio de 2018. Teniendo en cuenta estos patrones, la Defensoría del Pueblo advierte sobre la instrumentalización de la violencia por parte de actores diferentes a los grupos armados al margen de la ley, tales como agentes privados con intereses económicos que se ven amenazados por los procesos de restitución de tierras, por la oposición a proyectos extractivos de hidrocarburos y minería, y por la denuncia de abusos contra comunidades y personas particulares (Defensoría del Pueblo, 2018).

Disminución de violencia producto de los enfrentamientos entre las FARC-EP y el ejército

De acuerdo con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (27 de diciembre de 2017), Verdad Abierta et al. (2018), el Programa Somos Defensores (2018) y la Defensoría del Pueblo (2018), la firma del Acuerdo Final tuvo como consecuencia una tendencia generalizada de disminución del número de víctimas mortales que eran producto de los enfrentamientos entre fuerza pública y FARC-EP. El Programa Somos Defensores (2018) se refiere a una disminución en la tasa de homicidios, la cual alcanzó el nivel más bajo en 30 años, mientras que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas menciona una disminución de los indicaTodos los derechos reservados.® Corporación Casa de la Mujer.

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dores nacionales de violencia, pero no especifica cuáles. Lo anterior plantea un panorama paradójico, pues esta disminución generalizada ha ocurrido a la par con un recrudecimiento de la violencia dirigida contra personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos.

2018, el año más violento para las y los líderes sociales

De acuerdo con el Programa Somos Defensores (2019; 2019a), y como evidencian los indicadores presentados previamente, el año 2018 fue el año más violento para las personas que ejercen labores de liderazgo y defensa de los derechos civiles. Concretamente, este año culminó con el registro más alto de agresiones en un año desde la creación del Sistema de Información sobre Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, SIADDHH. Al analizar la información disponible de lo corrido del año 2019, es posible concluir que, lejos de disminuir, los hechos de violencia van en aumento. El informe semestral del Programa Somos Defensores (2019a) encontró que el primer semestre del 2019 también presentó un récord en agresiones, esta vez en cuanto a períodos examinados. Esta información plantea un panorama problemático, puesto que la misma institución había planteado previamente que los niveles de homicidios del 2017 habían sido superiores a los del 2016, lo cual muestra una tendencia de crecimiento de estos hechos violentos dirigidos a personas líderes y defensoras.

Picos en épocas electorales

Los informes del Programa Somos Defensores (2019) y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (20 de julio de 2018), los cuales cubren las elecciones legislativas y presidenciales del 2018, coinciden en que los períodos electorales y preelectorales constituyen los picos más altos en cuanto a hechos de violencia dirigida a las personas líderes y defensoras de derechos humanos. De acuerdo con el Programa Somos Defensores (2019), en el año 2018, los meses que registraron el mayor número de agresiones a personas líderes y defensoras fueron mayo, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, junio, cuando se realizó la segunda vuelta, y julio y agosto, con la toma de posesión de la presidencia de Iván Duque Márquez. El Programa Somos Defensores (2019) reportó que, a la fecha del inicio del nuevo gobierno el 7 de agosto de 2018, habían sido reportados 591 casos de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, entre los cuales se cuentan 97 asesinatos. Estos altos niveles de violencia están relacionados con la polarización política que caracterizó las campañas electorales (Programa Somos Defensores, 2019a). Esta tendencia también parece encontrarse en el período de elecciones locales del 2019,

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como lo señala el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (01 de octubre de 2019). Citando a la Misión de Observación Electoral (16 de septiembre de 2018), el informe reportó que, desde el cierre de la inscripción de candidatos y candidatas el 27 de julio, hasta el 16 de septiembre, se habían registrado 54 incidentes de violencia hacia candidatos y candidatas, incluyendo 7 asesinatos, 5 atentados, 2 secuestros y 40 amenazas. De las víctimas de estos hechos, se cuenta 1 mujer asesinada, 1 mujer víctima de atentados y 5 mujeres amenazadas. El incremento de la violencia durante las épocas electorales también afecta de manera particular a personas excombatientes de las FARC-EP y a miembros del partido FARC. A lo largo del 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2019) registró el asesinato de tres miembros del partido FARC en la época electoral y un asesinato en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en el Cauca. Asimismo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas señaló que, en el primer trimestre del 2018, durante el período de campaña, se registraron 17 ataques en contra del partido FARC, incluyendo 3 ataques en sedes regionales. Las tendencias descritas anteriormente reflejan el riesgo que representa el ejercicio de la política, particularmente en épocas electorales. Es notable mencionar que, de acuerdo con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (01 de octubre de 2019), el incremento en las amenazas se presentó hacia candidatos de todo el espectro político.

2. Divergencias

entre los informes

Cifras. Como se observa en el panorama general, existe una alta variabilidad entre las cifras de hechos de violencia reportados por las diferentes organizaciones que se analizaron en este documento. Por ejemplo, en el caso de los asesinatos, la diferencia entre los datos reportados por los informes consultados está en 102 para el 2017, 172 para el 2018, y 53 para el primer semestre del 2019. Existen diversos factores que resultan en esta divergencia en las cifras. En primer lugar, las organizaciones tienen distintas definiciones de lo que constituye a una persona como líder social o defensora de derechos humanos. Esto significa que un mismo hecho de violencia puede entrar en el registro de unos organismos y no clasificar en el registro de otros, pues la persona que fue víctima del hecho no es considerada como un líder social para estos últimos. Con respecto a esta divergencia, el informe elaborado por Verdad Abierta et al. (2018) recopila algunas de las definiciones empleadas por organizaciones a nivel nacional e internacional. En segundo lugar, la metodología utilizada en la elaboración de los informes, que abarca

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métodos de registro y de verificación, genera una variabilidad en los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones en la elaboración del conteo (Verdad Abierta et al., 2018). Por ejemplo, en el caso del Programa Somos Defensores (2019), el registro de asesinatos es confirmado con las fuentes directas, organizaciones aliadas en las regiones, y con la verificación en terreno. Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018; 2019) reporta haber realizado una labor de monitoreo a partir de misiones a terreno por cuenta del equipo de la OACNUDH. Lo anterior implica que las dentro de las organizaciones aliadas, los territorios visitados, entre otros factores, pueden marcar diferencias en el conteo entre las organizaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, algunos de los informes reconocen la existencia de un registro de casos inferior a la situación real (Verdad Abierta, 2018; Programa Somos Defensores, 2019). El Programa Somos Defensores (2019) parte de la existencia de un subregistro en sus informes, lo cual implica que la ocurrencia real de hechos violentos es mucho mayor, pero estos no llegan a ser registrados por falta de condiciones para denunciarlos o hacerlos públicos. La variabilidad de las cifras presentada da cuenta de la diversidad de organizaciones de la sociedad civil, sumadas a órganos de control del gobierno y organismos internacionales, que están realizando ejercicios de análisis de la situación de las personas líderes y defensoras de derechos humanos. Este panorama, en que la sociedad civil ha tomado como labor el enunciar la violencia de la que son objeto de las personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, así como el demandar acciones para su protección (Programa Somos Defensores, 2018), es el resultado de la inoperancia del gobierno para dar una solución efectiva a la situación. Sin embargo, de acuerdo con el Programa Somos Defensores (2018), la falta de concordancia de las cifras desemboca en dificultades para interpretar la situación real de las personas líderes y defensoras de derechos humanos, y sirve al gobierno para ignorar las dimensiones del problema. Para advertir sobre esta situación, el Programa Somos Defensores (2018) llama la atención sobre el análisis de cifras del año 2016, cuando el gobierno solamente reconoció las cifras de la OACNUDH, que reportaba 64 casos de homicidio, en comparación con otros informes con cifras más altas9. Partiendo de lo anterior, es importante tener en cuenta que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil no reemplaza la labor que debe realizar el gobierno. Por el contrario, la veeduría de estas organizaciones es fundamental para exigir la protección efectiva de las personas que se encuentran en riesgo, así como para exigir el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz.

9. Para el mismo período, el Programa Somos Defensores reportó 80 homicidios, Indepaz - Marcha Patriótica reportó 117 homicidios, y la Defensoría del Pueblo más de 120 homicidios (Programa Somos Defensores, 2018).

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3. Análisis

de la situación

Localización. Teniendo en cuenta la información analizada sobre la ubicación geográfica de los asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos es posible realizar el siguiente análisis. En primer lugar, permite evidenciar que los casos de asesinatos han ocurrido en entre el 62,5% y el 87,5% de los departamentos del país. Si bien este rango es amplio, en todo caso permite reconocer que más de la mitad del territorio colombiano se ha visto afectado por los asesinatos de personas líderes sociales desde la firma del Acuerdo Final. Al observar cómo esta cifra ha cambiado a lo largo de los años, se hace imposible establecer una tendencia. Pues bien, si se consideran las cifras del Programa Somos Defensores, se encuentra que en el 2018 ocurrieron asesinatos en 2 departamentos más que en el 2017, pero en el 2019 estos se registraron en 6 departamentos menos que en el año pasado. Lo anterior parece indicar que no existe una relación entre la extensión geográfica y el tiempo. Sin embargo, las cifras del 2019 solo representan los casos ocurridos en el primer semestre del año. En este sentido, y teniendo en cuenta la tendencia creciente de los niveles de violencia desde la firma del Acuerdo, al igual que los picos de violencia en épocas electorales, es posible que esta cifra se extienda hacia finales del año. Asimismo, al investigar la extensión de los hechos de violencia en general, se encuentra que estos se presentaron en 28 de los 32 departamentos (Programa Somos Defensores (2019a). Lo anterior llama la atención sobre el hecho de que, si bien las cifras de asesinato pueden disminuir, existen otras situaciones que afectan a las regiones, y que es necesario atender.

En segundo lugar, es posible evidenciar que, con el paso de los años, el porcentaje de concentración de los asesinatos en los territorios rurales ha disminuido. De acuerdo con el Programa Somos Defensores (2018), lo anterior es producto de una mayor concentración de la violencia en los territorios urbanos. Esto se refleja en que, si bien en el 2017 la mayoría de los asesinatos ocurrieron en municipios altamente rurales, Bogotá, Medellín y Cartagena se encontraron entre los 30 municipios más afectados (Programa Somos Defensores, 2018). Adicionalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018) señala que el 64% de los asesinatos en el 2017 ocurrieron en las ZOMAC (zonas más afectadas por el conflicto). En el informe del año 2018, el Alto Comisionado (2019) no reporta el porcentaje de concentración, pero reitera que la mayoría de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales y ZOMAC. Con respecto a los departamentos más afectados por los asesinatos, los informes coinciden en que Cauca y Antioquia ocupan los primeros lugares. Es importante señalar que, en el 2018, Cauca tuvo aumento del 55,5% en asesinatos de personas líderes en comparación

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con el año anterior, mientras que en Antioquia este aumento fue de 85,7% (Programa Somos Defensores, 2019). Estas cifras refuerzan el hallazgo de que el 2018 fue un año con un recrudecimiento significativo de la violencia. Otros departamentos con un nivel alto de asesinatos son Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca. Es importante mencionar que las zonas con mayor número de advertencias por parte de la Defensoría del Pueblo son las que registran un mayor número de asesinatos (Verdad Abierta et al., 2018). Lo anterior refuerza la necesidad de que las autoridades competentes contemplen medidas para proteger a las personas que ejercen liderazgos sociales y labores de defensa en estos territorios. Asimismo, es fundamental que los Informes de Riesgo, realizados por la Defensoría del Pueblo, puedan ser elevados a la categoría de Alerta Temprana por el Ministerio del Interior, y que sean dados a conocer a las autoridades locales a través de la Secretaría Técnica de la CIAT, para que estas puedan responder a los requerimientos de la Defensoría. Esta anotación se realiza teniendo en cuenta que el Informe de riesgo No. 01017 nunca fue elevado a la categoría de Alerta Temprana, lo cual dificulta la labor de prevención de los riesgos allí señalados (Defensoría del Pueblo, 2018).

La situación de las líderes y defensoras de derechos humanos

Con el fin de analizar la situación en la que se encuentran las lideresas sociales y defensoras, es importante considerar el rol que se les ha asignado a las mujeres en la sociedad colombiana. Estos roles son producto del sistema socio-sexual patriarcal y producen unas lógicas de dominación que se ven exacerbadas en el contexto de la violencia sociopolítica y el conflicto armado en Colombia. Lo anterior se refleja en el hecho de que la mayoría de los asesinatos de mujeres defensoras que se registraron en el 2018 ocurrieron en territorios con un alto índice de violencia hacia las mujeres, como señala el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2019). Al respecto de este hallazgo, el organismo anota que existe un riesgo producto de la convergencia de diversas manifestaciones de la violencia en contra de las mujeres (violencia sexual, violencia intrafamiliar, feminicidios) y la violencia asociada al conflicto armado. Otro elemento característico de la violencia hacia las lideresas sociales y defensoras es el control que pretenden realizar los actores armados sobre sus cuerpos. Este control se instaura desde el contenido de las amenazas que reciben las mujeres, las cuales contienen referencias constantes a sus cuerpos y a su sexualidad. En este sentido, es importante considerar que las prácticas de violencia sexual están relacionadas con una objetivación de los cuerpos de las mujeres, cuyo fin es el servicio a los deseos de los varones. La violencia sexual hacia los cuerpos de las mujeres también parte de la concepción del cuerpo de las mujeres como objeto de dominación, en que el atacar la pureza sexual de las mujeres es considerado como una victoria sobre el enemigo (Sánchez, s.f.). Así, la violencia

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sexual contra las mujeres que ejercen liderazgos en estos territorios simboliza una instauración del nuevo orden dominante a través del cuerpo de las mujeres. Asimismo, los desplazamientos forzados que ocurren como consecuencia de los hechos de violencia sexual implican para los actores armados una estrategia de control del territorio y del cuerpo de las mujeres que además busca trascender a los espacios a los que son desplazadas. De la misma manera, las prácticas de tortura y ensañamiento también buscan dejar unas marcas en los cuerpos de las mujeres como mecanismo de disuasión que reafirma la división sexual del espacio. Las mujeres que trascienden esta división y se configuran como sujetos activos en los liderazgos sociales y la defensa de los derechos humanos no sólo transgreden el orden del control armado ejercido en sus territorios, sino que transgreden el orden patriarcal, los cuales se fortalecen mutuamente.

La situación de las personas LGBTI

Como señala el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2019), las personas LGBTI se enfrentan a prácticas discriminatorias que están profundamente arraigadas en la sociedad colombiana. Estas prácticas tienen su origen en imaginarios cis-heteronormativos, producto del mismo sistema de dominación socio-sexual patriarcal, y se exacerban en el contexto del conflicto armado. Allí, las prácticas de control de los cuerpos no normativos se enlazan con las prácticas de control territorial, que se intensificaron en los territorios previamente ocupados por las FARC-EP. En este sentido, los líderes, lideresas, defensores y defensoras LGBTI+ enfrentan riesgos que interactúan entre su labor y su orientación sexual o identidad de género. Adicional a la violencia que experimentan por parte de actores armados, es necesario reconocer la violencia simbólica que pueden ejercer las organizaciones que reportan estos hechos al perpetuar imaginarios perjudiciales con respecto a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Un ejemplo de esto se encuentra en los informes que agrupan a todas las personas LGBTI como un tercer género10. Si bien es necesario reconocer la existencia de géneros que trascienden el binario mujer-hombre, también es importante comprender que existen mujeres lesbianas, bisexuales y trans, así como hombres gays, bisexuales y trans, y que deben ser reconocidos como tal. El realizar esta agrupación desconoce la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género, y deslegitima las identidades de género de las personas. Adicionalmente, se encontró el caso de un informe que se refería a una lideresa trans por su nombre asignado al nacer y no por su nombre es10. Esto ocurrió en el informe Piedra en el zapato, del Programa Somos Defensores (2018), donde se señaló que “de los 106 asesinatos, el 82% correspondieron a hombres (87 casos), 15% a mujeres (16 casos) y 3% (3 casos) a la población LGBTI” (p.80). Asimismo, el informe de Verdad Abierta et al. (2018) señaló que “de [las] violaciones al derecho a la vida registradas en el periodo de Post Acuerdo, 215 (83.65%) pertenecían al género masculino, 38 (14.78%) pertenecían al género femenino y 4 (1.55%) eran población LGBT” (p.15).

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cogido11, acción que desconoce la identidad de género y autonomía de las personas trans.

La situación de los grupos étnicos

La revisión realizada en el presente documento permitió evidenciar una afectación particular hacia líderes y lideresas indígenas y afro. Dicha afectación parece intensificarse con el paso del tiempo, por lo cual demanda acción pronta y efectiva por parte del gobierno para la prevención de hechos de violencia y protección de las personas que se encuentran en riesgo, sin que esto impida el desarrollo de su labor. Es importante considerar que los liderazgos étnicos están profundamente relacionados con labores de defensa del territorio, que representan un obstáculo para los intereses de actores armados y actores privados. En este sentido, la explotación y mercantilización de la tierra, que ignora los significados ancestrales del territorio, termina por ejercer una violencia directa y además simbólica hacia los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas, negras y palenqueras. Lo anterior se evidencia en la toma de decisiones centralizada e impositiva por parte del gobierno, que no da lugar a visiones alternativas al desarrollo ni considera las condiciones contextuales de la población. De esta manera, las labores de defensa de los derechos humanos son menospreciadas e incluso estigmatizadas, y la falta de garantías para ejercer estas luchas desde los territorios pone a los líderes y lideresas en un riesgo particular.

Tipos de liderazgo

Como se señaló previamente, el análisis de los informes permite concluir que los liderazgos comunales, campesinos, comunitarios, indígenas y afrocolombianos son los que más han enfrentado diversos hechos de violencia (Programa Somos Defensores, 2018; Defensoría del Pueblo, 2018; Verdad Abierta et al., 2018; Cumbre Agraria et al., 2019). Como se profundizará más adelante, los territorios que han experimentado un mayor recrudecimiento de la violencia tras la firma del Acuerdo Final son aquellos que eran previamente dominados por las FARC-EP y que el Estado no ha ocupado de manera eficaz (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018). En este sentido, ante la falta de un gobierno que garantice el bienestar de la población, los liderazgos comunales, campesinos y comunitarios, las organizaciones civiles se convierten en entes que reivindican los derechos de los pobladores y se oponen al control por parte de los actores armados. Lo anterior estaría relacionado con el hecho de que los directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) fueron las principales víctimas de asesinatos en el 2018. Pues bien, la organización de liderazgos por parte de los pobladores dificulta el control que los actores armados

11. Lo anterior ocurrió en el informe Piedra en el Zapato del Programa Somos Defensores (2018), el cual realiza una reseña de líderes y lideresas asesinados, incluyendo a la lideresa trans Karla Torres.

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pretenden ejercer en los territorios para obtener el control de los recursos o de las rutas del narcotráfico. Partiendo de lo anterior, es fundamental que el Estado haga una presencia efectiva en estos territorios, a la vez que garantiza las condiciones para la organización social de la población y establece puentes de comunicación, que permitan restablecer los derechos de los que las personas no han podido gozar.

Es necesario que el Estado colombiano proteja a las líderes y defensoras de derechos humanos.

El Estado no ha implementado medidas adecuadas de cara a las condiciones de los territorios para garantizar la seguridad de las personas que participan en el proceso de implementación del Acuerdo Final a través de políticas efectivas (Verdad Abierta et al., 2018). Asimismo, la incapacidad del Estado de establecer presencia efectiva en los territorios previamente dominados por las FARC-EP causó que estos se volvieran objeto de disputas entre grupos armados ilegales y grupos criminales (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018). En consecuencia, el interés de los grupos por las tierras y las rutas del narcotráfico en estos territorios hacen que las personas que ejercen liderazgos para la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral se enfrenten a un riesgo particular. Por otro lado, las deficiencias en la habitabilidad de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, en que se concentraban excombatientes de las FARC-EP, pudo causar que algunas personas abandonaran las zonas (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018) y potencialmente se unieran a disidencias u otros grupos armados al margen de la ley. Es necesario tener en consideración que, desde antes de la firma del Acuerdo Final, la débil presencia del Estado ha generado contextos caracterizados por una dificultad para el acceso a derechos, niveles de pobreza multidimensional superiores al promedio nacional, tasas de homicidio superiores al nivel de violencia endémica y surgimiento de economías ilícitas, así como rutas del microtráfico (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018; 2019). Estos factores han sido determinantes para el riesgo de sufrir violencia por el ejercicio de labores de defensa de los derechos humanos, pues, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2019), el 93% de los asesinatos a personas líderes y defensoras han ocurrido en contextos de falta de acceso a derechos. En cuanto a los planes militares del gobierno del presidente Duque, es necesario señalar las directrices que recibieron las Fuerzas Militares de generar resultados (entendidos como altos números de bajas en combate) sin necesidad de tener una alta precisión (Verdad Abierta

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et al., 2018). Lo anterior implica un factor de riesgo para el aumento de “daños colaterales” en las operaciones militares, así como para la recurrencia de las ejecuciones extrajudiciales (Verdad Abierta et al., 2018; Programa Somos Defensores, 2019a). A lo anterior se suma el hecho de que no existen planes concretos para la prevención y protección de líderes y lideresas sociales, sino que la estrategia militar del gobierno se basa en atacar a los responsables, lo cual puede llevar al recrudecimiento de la violencia y pone en riesgo a las personas líderes (Verdad Abierta et al., 2018). Por último, es necesario mencionar la estigmatización de las personas que ejercen labores de liderazgo social o defensa de derechos humanos, sumada a la criminalización de la protesta social y el tratamiento militar a las movilizaciones, como factores que agudizan los conflictos sociales en los territorios (Cumbre Agraria et al., 2018). El Programa Somos Defensores (2018) señala que las campañas por el No que ocurrieron en el marco del Plebiscito del 2016 han tenido como consecuencia una fuerte estigmatización de las personas que trabajan en la implementación del Acuerdo Final. Lo anterior puede relacionarse con los registros de asesinatos de personas que trabajaban en los puntos de sustitución de cultivos o restitución de tierras, mencionados previamente (Programa Somos Defensores, 2018; Verdad Abierta et al., 2018).

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4. Conclusiones Desde la firma del Acuerdo Final el 24 de noviembre de 2016, Colombia se ha enfrentado a una situación paradójica. Mientras que se ha venido presentando una disminución de las muertes producto de los enfrentamientos entre las FARC-EP y las fuerzas armadas del Estado, se hace evidente el recrudecimiento de la violencia hacia las personas que ejercen labores de liderazgo social y defensa de derechos humanos en los territorios. El análisis de los hechos de violencia, elaborados por una variedad de organizaciones a nivel nacional e internacional, plantea un panorama preocupante, caracterizado por una tendencia de crecimiento de los diversos hechos de violencia. En particular, los liderazgos encabezados por mujeres, indígenas y afrocolombianos conforman un número cada vez mayor de asesinatos y agresiones. Asimismo, las personas cuyos liderazgos involucran defensa y trabajo en la implementación de alguno de los puntos del Acuerdo Final presentan un riesgo particular, pues se encuentran en el camino de intereses económicos de actores privados y grupos armados ilegales. Lo anterior está relacionado con la falta de acciones efectivas del Estado para tomar control de los territorios antes ocupados por las FARC-EP y garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas que habitan los territorios. Si bien es destacable el involucramiento cada vez mayor que tienen las organizaciones de la sociedad civil en el trabajo con liderazgos sociales y labores de defensa de los derechos, es necesario reconocer que este trabajo surge ante la inoperancia del gobierno para garantizar el control de la situación en los territorios. El trabajo de las organizaciones civiles de ninguna manera reemplaza la labor que debe desempeñar el gobierno, de quien se demanda una toma de acción pronta y efectiva.

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Referencias • Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (02 de marzo de 2018). Informe anual 2017. • Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (04 de febrero de 2019). Informe anual 2018. • Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (27 de diciembre de 2017). Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Informe del Secretario General. • Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (20 de julio de 2018). Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Informe del Secretario General. • Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (01 de octubre de 2019). Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Informe del Secretario General. • Cumbre Agraria Campesina, étnica y popular, Marcha Patriótica, Indepaz (2018). Informe de líderes y defensores de DDHH asesinados a mayo de 2018 • Cumbre Agraria Campesina, étnica y popular, Marcha Patriótica, Indepaz (2019). Todos los nombres, todos los rostros. Informe de derechos humanos sobre la situación de líderes/as y defensores de derechos humanos en los territorios. • Cumbre Agraria Campesina, étnica y popular, Marcha Patriótica, Indepaz (2019a). Informe de líderes y defensores de DDHH asesinados al 26 de julio de 2019. • Defensoría del Pueblo (28 de febrero de 2018). Alerta Temprana No. 026-18. • Misión de Observación Electoral (16 de septiembre de 2019). Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales - CNCSPE. • Programa Somos Defensores (2018). Piedra en el zapato. Informe Anual 2017. Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de DD.HH. en Colombia. • Programa Somos Defensores (marzo de 2019). La naranja mecánica. Informe Anual 2018. Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de

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DD.HH. en Colombia • Programa Somos Defensores (05 de octubre de 2019a). Defensores. ¿El juego final? Boletín semestral. Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de DD.HH. en Colombia. • Sánchez, O.A. (s.f.). La militarización de la vida cotidiana: estrategia del patriarcado. Encuentro nacional de mujeres contra la guerra. • Verdad Abierta, Comisión Colombiana de Juristas, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional, Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, Programa Somos Defensores, CINEP, Programa por la paz, Asociación Campesina del Catatumbo, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, Confederación Nacional de Acción Comunal (octubre de 2018). ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el Post Acuerdo.

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