LAS AURORAS Boletín informativo de la Red Departamental de Mujeres Victimas del Conflicto Armado. Santander, Diciembre de 2018 Boletín No 11.
Coordinación Red las Auroras: Silvia Romo Morales Nelly Amparo Benavides Ana Briceida Mantilla Ana Pastora Salguero
Comité editorial Las Auroras Provincia García Rovira: Florinda Alvarado Sandra Sequeda Provincia de Vélez: Anadelina Torres, Provincia Guanentina: Idaliet Milena Toro García Provincia de soto: Silvia Romo Morales Nelly Amparo Benavides Provincia de Mares: Ana Briceida Mantilla
Coautores Mercedes Castillo Ardila Defensora de DDHH Eduardo Ramirez Gomez Sociólogo Carolina Otero Castillo Abogada
Diseño y Diagramación Domingó
Apoya Corporación para el Desarrollo del Oriente COMPROMISO DIRECCION EJECUTIVA Nelly Sofia Ardila Valderrama. Unidad de procesos de Interacción Social Programa de Paz y Derechos Humanos Avenida González Valencia # 58-20 Bucaramanga. Santander Teléfono 6433901 www.corporacioncompromiso.org compromiso5820@gmail.com http://redlasauroras.wix.com/lasauroras redlasauroras.blogspot.com red.lasauroras@gmail.com
SALUDO FRATERNO DEL EQUIPO DE LA COORDINACIÓN RED LAS AURORAS En estas fechas tan especiales para algunos, un tanto triste para otros, la Red Las Auroras desea llegar a cada uno de sus hogares impregnando estas festividades de esperanza, recordando los pasos que se han avanzado con respecto a la inclusión de las mujeres en los diferentes espacios políticos interculturales y sociales. Este ha sido un año de inmersión para las mujeres víctimas de las diferentes provincias de Santander dentro de una sociedad inicialmente cegada al cambio, que hemos venido despertando y obteniendo nuestro lugar en la toma de decisiones en busca de la restitución de nuestros derechos para problemáticas contundentes como lo es la eliminación de la ley de víctimas y su actual aplicación real para los diferentes grupos, que esa luz navideña nos encienda el conocimiento y llene de fuerza para seguir gritando a viva voz la necesidad de prorrogar dicha ley para garantizar los derechos que tanto se necesitan dentro de la población víctima y que nos han sido violados. En el 2019 tenemos la obligación de mostrar la fuerza que sostiene a nuestra población víctima, el cambio que se quiere dar en nuestro país al alzar nuestras voces contra la corrupción que impide el progreso de las mujeres y demás población, es por esto que aprovechando el gran momento político que vamos a vivir debemos mirar y analizar muy bien a quienes vamos a elegir en los cargos públicos. De igual manera agradecemos a la Corporación Compromiso por el apoyo incondicional que nos han brindado desde la fundación de la Red hasta el momento y en la elaboración y publicación del boletín, ya que nunca nos han desamparado cuando necesitamos ahí están, GRACIAS CORPORACIÓN COMPROMISO El boletín las AURORAS ha sido un medio donde las mujeres de las diferentes provincias podemos dar a conocer los avances e inconvenientes que hemos tenido en los municipios en cada uno de los espacios en que participamos. Con esto despedimos este grandioso 2018 y damos paso a un 2019 mejor.
ยกFELIZ NAVIDAD! EN PIE DE LUCHA POR LA REIVINDICACION DE NUESTROS DERECHOS
Nelly Amparo Benavides Moreno Coordinaciรณn Red las Auroras
Tomada de Radio Nacional de Colombia
LEY DE VÍCTIMAS EN CUIDADOS INTENSIVOS Por: Mercedes Castillo Ardila Asesora y defensora de DDHH Corporación Compromiso
A pesar de que la ley 1448 de 2011 más conocida como ley de víctimas y restitución de tierras contempla un modelo de reparación muy elogiado por algunos países, se queda corto en su proceso de implementación, pues hacer que el presente corrija el daño sufrido por más de 50 años de conflicto armado con un resultado de más de 8 millones de víctimas, requiere de un proceso de sensibilización y una apuesta política seria y contundente para que nuestros gobernantes decidan apostarle en gestión e inversión de recursos y voluntad política a este tema que ha partido la historia de Colombia en dos: la guerra y el proceso de paz. Los colombianos nos encontramos ante un momento político de transición y toma de decisiones muy importantes; se nos quiere presentar el dilema de acabar con el conflicto armado y construir paz o continuar buscando la transformaciones a través de la lucha armada; por supuesto que la decisión del pueblo colombiano es incierta si la medimos por una consulta fallida ya que los resultados demostraron que gran parte de los Colombianos no estaban informados y preparados para este momento de transición, aunque la pregunta es ¿a quienes consultamos y en quienes se apoya la decisión del cambio? ¿En los que han vivido la guerra y han puesto las víctimas? ¿O los que gozan de condiciones favorables y solo ven el conflicto en televisión?, afortunadamente el gobierno del momento supo superar estas barreras y asumió el reto histórico y humanista, el cual puso a las víctimas como centro de un proceso de negociación y de los acuerdos. El punto cinco del acuerdo de paz pone a las víctimas en un nivel importante para el presente y futuro, en el presente para ser sujetos de reparación como
expresión simbólica de los vejámenes y atrocidades que sufrieron a causa de un conflicto perpetrado por los diferentes actores armados en el país, donde la más afectada resultó ser la sociedad civil y, para el futuro, como memoria sin olvido para garantizar la no repetición. A partir del surgimiento de la ley de víctimas y restitución de tierras se crean unas medidas para la atención integral a la población víctima como son: las medidas de asistencia y atención, prevención y protección, reparación integral, verdad y justicia. Tomaremos en el análisis algunos temas que han sido un punto de quiebre frente al balance positivo en la implementación de la política pública de victimas en el departamento de Santander: Según la Unidad de atención a las víctimas, la atención integral es una responsabilidad del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV – el cual está constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas. Tienen como propósito garantizar la participación en la formulación e implementación de la política integral de atención, asistencia y reparación de que trata esta ley; adoptar las medidas de atención que faciliten el acceso y cualifiquen el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas; adoptar las medidas de asistencia que contribuyan a restablecer los derechos de las víctimas brindando condiciones para llevar una vida digna; adoptar los planes y programas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada atención integral y garantía de los derechos humanos y de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario que les asiste a las víctimas; garantizar la coordinación interinstitucional, la articulación de su oferta y programas, al igual que la programación de recursos, asignación, focalización y ejecución de manera integral y articulada, la provisión de bienes y servicios públicos prestados de acuerdo con las soluciones brindadas; apoyar los esfuerzos de las Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañan y hacen seguimiento al proceso de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas; garantizar la adecuada coordinación entre la nación y las entidades territoriales y entre estas, para el ejercicio de sus competencias y funciones al interior del Sistema, de acuerdo con los principios constitucionales
y legales de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y de delegación. Siendo esta medida una de las más significativas para la población víctima, los avances son muy pobres. En Colombia las victimas hoy reclaman sus derechos pero no existe una respuesta positiva, ven un panorama poco esperanzador debido a la lentitud con la que se está implementando la política pública. Según la Comisión de Seguimiento y Monitoreo, es escaso el avance notándose especialmente en las víctimas que tienen el derecho a una indemnización administrativa. De acuerdo con cifras oficiales que maneja la Unidad de Víctimas, el Estado ha invertido más de $3,1 billones para indemnizar a 503.716 víctimas. Sin embargo, según cifras de la Comisión, todavía hace falta que el 93% de los afectados reciban este recurso. Los observadores de la ley dijeron, además que todavía es incipiente la aplicación de criterios para darles prioridad a adultos mayores, a quienes sufren discapacidad por cuenta del conflicto o enfermedades catastróficas. Según el registro nacional de información en Santander la cifra de víctimas es de 273.410 de las cuales solo han sido indemnizadas 35.321 en los 7 años de vigencia de la ley, lo cual no sobrepasa el 13% de la población víctima en el departamento, situación que es preocupante pues a 3 años de terminación del periodo de vigencia de la ley, se cree que muy difícilmente se logre cumplir la meta del 100% lo cual requiere que se realice una ampliación en la vigencia de la ley. Por otro lado la desarticulación de las entidades que conforman el sistema nacional para la atención y reparación integral a las víctimas -SNARIV, hacen que la política pública no se concrete en procesos que generen los impactos esperados, en la implementación de la ley, cada ente desarrolla sus apuestas de forma aislada y basada en los escasos recursos que le asignan, lo cual no permite avanzar de manera significativa, tal como lo manifiesta Orlando Burgos Coordinador de la Mesa Departamental de Victimas de Santander: ”El tema es que la reparación no es integral, se habla de reparación porque se accede a una indemnización pero el sistema no funciona, no hay un solo caso de reparación integral en Santander, la ley está desfinanciada y el Congreso ha sido negligente en poner los recursos necesarios al tema, no hay una ruta clara de la reparación integral, la Unidad es parte del sistema pero no tiene toda la responsabilidad la cual también recae sobre el territorio pero ahí no hay claridad y el problema de la coordinación nación - territorio, la poca voluntad de los gobiernos y la
equivocación del Congreso cuando hizo ley la 1448 pensándose sobre las estadísticas sobre 3 millones de víctimas en el año 2011”.
QUE DICEN LAS VICTIMAS SOBRE EL TEMA… Las siguientes son las apreciaciones de líderes y lideresas víctimas del conflicto armado de las diferentes provincias del departamento de Santander (García Rovira, Vélez, Magdalena medio y Soto) algunos de los acá entrevistados hacen parte de las mesas de participación de víctimas del conflicto armado y han sido entrevistadas por el observatorio de derechos humanos, derecho internacional humanitario y paz de la Corporación Compromiso con el fin de conocer su percepción acerca de la vigencia de la ley de víctimas y restitución de tierras , su implementación a nivel departamental y la participación en los espacios creados por la ley. Atendiendo a la gran importancia del tema se transcribirán textualmente lo que las victimas relataron acerca de este tema. “El sistema de atención y reparación creado para atender a las víctimas en el país se encuentra desarticulado, cada instancia hace lo que le parece, realmente no hay una apuesta conjunta y como proceso, las acciones se evalúan desde una tabla donde se contemplan tareas que los entes territoriales deben cumplir como contar con un enlace, tener un plan de acción, realizar 4 reuniones al año del Comité de Justicia Transicional, reuniones de la Mesa de participación de víctimas y dar cuenta de algunas acciones en materia de garantía de derechos en el acceso a la educación e iniciativas de generación de ingresos para unos pocos, con lo que alcancen los limitados recursos que aprueba el Consejo Municipal o la Asamblea Departamental, estos recursos oscilan entre 5 millones y el que más tiene 300 millones, realmente no se hace un balance serio y objetivo frente al cumplimiento en la implementación de la ley.” “A las víctimas se nos están vulnerando los derechos, no se tienen en cuenta las propuestas que realizamos para la construcción de la Política pública, ni en los planes de desarrollo, no hay reales garantías Para funcionar en las Mesas de Participación” “La política pública se ha quedado corta, para avanzar en el cumplimiento a la implementación de la ley 1448 de 2011, realmente las victimas nos sentimos desprotegidas por el Estado, es una falta grave no reconocer los derechos, las víctimas somos discriminadas no se nos garantiza el restablecimiento de derechos, no hay garantía para ejercer los liderazgos”. “Se ha quedado corta la implementación no se ha logrado avanzar nada, no se reconoce el derecho de las víctimas a la educación, vivienda, recreación, reparación en síntesis a una vida en condiciones dignas”.
Tomada Unidad de Victimas Elección Mesa Departamental de Victimas Santander periodo 20172019
En el tema de participación se ha avanzado en reconocer que la población victima tiene derecho a la participación para lo cual fueron creados espacios representados en las Mesas de Participación de victimas a nivel nacional, departamental y municipal, creadas mediante la Resolución 0388/13 . Para el presente periodo 2017 -2019 se eligieron 1.057 Mesas de víctimas en el país Organizaciones de Víctimas de todo el país participaron en el proceso democrático, en los que se eligieron representantes por todos los hechos victimizantes y enfoques diferenciales, de los que da cuenta el Protocolo de Participación efectiva de las Víctimas: representación de mujeres, jóvenes, población LGBTI, personas mayores, personas en condición de discapacidad y grupos étnicos; y para los segundos, por vida y libertad, desplazamiento forzado, violencia sexual e integridad física y psicológica, las cuales, a la fecha, han servido de punto de encuentro, discusión y en algunos casos incidencia de las víctimas ante las autoridades locales, regionales y nacionales en la formulación de los Planes de Acción Territorial PAT, planes de desarrollo en todos sus niveles y en componentes de la Política Pública, que contribuyan al goce efectivo de sus derechos.
Existe otro espacio de participación e incidencia como son los Comités de Justicia Transicional (CJT) donde se toman las decisiones para la implementación de la política pública a nivel nacional, departamental y municipal, espacio muy importante para incidir por ser este donde se sientan las instancias del SNARIV que oscilan entre 15 y 28 representantes de la institucionalidad en promedio y solo dos representantes de las víctimas, lo cual en su dinámica marca una participación desigual frente a la toma de decisiones, lo que implica en la mayoría de los casos que las víctimas se vean enfrentadas a las diferentes instancias ya que la forma como se toman estas decisiones se dan bajo el espíritu de la democracia(la mitad más uno) lo cual pone en desventaja las propuestas de las víctimas. Es importante resaltar que este fenómeno no se da en todos los municipios, existen algunos mandatarios sensibles al tema y proclives a cumplir con su responsabilidad aunque se quedan cortos en sus aspiraciones debido a los escasos recursos disponibles, sin embargo también hay que resaltar que existen grandes debilidades en la gestión para el cumplimiento de la ley y la implementación de la política pública de víctimas. Existen otros puntos débiles en la falta de garantías para la participación de las víctimas que se evidencian en la forma como se convocan de manera apresurada a los eventos y generalmente se abordan muchos temas, o como sucede en los ejercicios de ajustes a la ley, construcción de los PAT, ejercicios de rendición de cuentas, en estos eventos la participación es mínima circunscribiéndose más la participación con algunos representantes disponibles sin dar la oportunidad real de agendarse y disponer del tiempo para la efectiva participación, en términos generales los espacios están supeditados a los horarios y cronogramas de la institucionalidad, por otro lado las víctimas se quejan permanentemente de la pedagogía que se utiliza para desarrollar temas y ejercicios formativos que no facilitan la comprensión de estos temas, ya que una gran parte de ellas no cuentan con el nivel educativo de los profesionales para comprender y mantener una comunicación efectiva. “En el tema de participación estamos muy regular, se crearon unos espacios para que participáramos pero no nos dan todas las garantías y los debates y propuestas que allá se realizan no son tenidas en cuenta en la mayoría de las administraciones, por que terminan haciendo lo que dicen las instituciones y para lo que alcance la plata y si es en el Comité de Justicia Transicional estamos más graves por que las decisiones las toman los funcionarios porque ahí solo
tenemos 2 representantes frente a más de 20 funcionarios de las instituciones que son mayoría”. “En relación a la participación de los jóvenes, no tenemos garantías, estamos abandonados no nos incluyen, muchos desconocen que existe el espacio para participar y otros, los que estamos interesados en realizar acciones, construir nuestras propuestas, en ser escuchados y reconocidos, no podemos porque se limita la participación en los espacios de la Mesa y como esa tiene su propia dinámica que generalmente se reúnen en horarios y días laborales los que están preparados y tienen voluntad no pueden porque se les cruza con el estudio o trabajo, eso no es garantizar el derecho a participar y que no decir del tema de niñez, ese está más crudo todavía.” “A las víctimas se nos están vulnerando los derechos, no se tienen en cuenta las propuestas que realizamos las víctimas para la construcción de la política pública, ni en los planes de desarrollo, no hay reales garantías para funcionar en las Mesas de participación” “La política pública se ha quedado corta, para avanzar en el cumplimiento a la implementación de la ley 1448 de 2011, realmente las victimas nos sentimos desprotegidas por el Estado, es una falta grave no reconocer los derechos, las víctimas somos discriminadas no se nos garantiza el restablecimiento de derechos, no hay garantía para ejercer los liderazgos”
La atención psicosocial es otro componente importante en la reparación integral a las víctimas ya que son graves las secuelas que ha dejado el conflicto armado en Colombia con graves afectaciones en las personas, las familias y las comunidades. Desde diversas perspectivas se han adelantado acciones dirigidas a mitigar los impactos de la violencia por el conflicto armado en nuestro país, pero se ha constituido en otro aspecto crítico en la implementación de la ley de víctimas, al cual se le ha brindado poca importancia pues se elaboró un modelo de atención (PAPSIVI) que tiene un planteamiento técnico interesante que sugiere un equilibrio en la intervención a nivel individual, familiar y comunitario, el punto crítico se encuentra en la implementación pues partió de realizarse como plan piloto seleccionando inicialmente solo 5 municipios en el (Girón, Florida, Piedecuesta, Barrancabermeja y el Carmen) y con un equipo interdisciplinario (trabajadora social, psicóloga, enfermera y un promotor), recurso humano muy escasos para atender la demanda del tema en municipios
donde existen miles de víctimas, como es el caso de Girón que sobrepasan las 17 mil víctimas , además adolece de una articulación clara con las entidades prestadoras de servicios de salud quienes finalmente serían las responsables de asumir los procesos de atención a la población. De acuerdo a lo expresado por las víctimas se hace necesario realizar un ajuste a las estrategias de atención psicosocial, es necesario fortalecer y especializar la arquitectura institucional para la atención, articular las diferentes medidas de reparación integral, incorporar el enfoque psicosocial en cada una de las acciones realizadas en el marco de la asistencia y la reparación integral, así como garantizar recursos que permitan aunar esfuerzos para fortalecer las estrategias en este tema.
RESTITUCIÓN CAMPESINOS
DE
TIERRAS
UNA
DEUDA
CON
LOS
La ley 1448 de 2011 contempla dentro del proceso de reparación integral el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La ley de Víctimas no sólo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna. La restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas, por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición.
Tomada de la revista Semana foto: Daniel Reina Romero-Marcha de respaldo a la Ley de restitución de tierras.
Según el proceso desarrollado en Santander, La Unidad de Restitución de Tierras –Territorial Santander y Magdalena Medio -, manifestó que el avance en Santander ha sido satisfactorio si se tiene en cuenta que de los 87 municipios que lo conforman, en 85 de ellos ya han sido evacuadas aproximadamente el 75% de las reclamaciones de restitución, exceptuando las poblaciones de Suratá y Matanza, en las que la fuerza pública trabaja para erradicar los artefactos explosivos de sus zonas rurales, tal y como se desprende del informe presentado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en reunión sostenida con altos mandos de la Fuerza Pública “Santander ha tenido óptimas condiciones para la implementación del proceso de restitución de tierras. En la actualidad tenemos más de 2.800 hectáreas restituidas que le han permitido a casi 100 familias regresar al campo. Igualmente, la URT ha invertido cerca de 1.400 millones para el desarrollo de proyectos productivos que han hecho sostenible el retorno. En manos de los jueces se encuentran 86.690.659 hectáreas y se espera que para el 2019 quede evacuado todo lo que falta del sur del cesar y bolívar”, afirmó en su intervención Fabio Camargo Gualdrón, Director de la URT en Magdalena Medio y Santander. La ruta que debe seguir una víctima está determinada desde el momento que decide reclamar y el primer paso es acercarse a cualquier oficina del país de la Unidad de Restitución de Tierras y solicitar la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente del predio que perdieron como consecuencia del conflicto armado. En relación con la solicitud de inclusión de predios en el Registro, cabe señalar que las víctimas han comentado que cuando acuden a realizar su solicitud enfrentan varias dificultades, entre ellas, las siguientes: Destacan que muchos profesionales que los atienden los atemorizan porque les insisten en que si se llegan a equivocar en alguna información pueden ir a la cárcel y que deben probar cómo ocurrieron los hechos, cuando es bien sabido que la carga de la prueba no la tienen las victimas sino que recae en el opositor quien debe demostrar como adquirió el predio. Además de ello, parte de las solicitudes no llegan a etapa judicial porque La Unidad decide no incluir los predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, ello fundamentado en causales que deberían ser
analizadas exclusivamente por el Magistrado de Restitución de Tierras, cómo si se configuró o no un despojo forzado de tierras. En algunos casos, por ejemplo, les han dicho a las víctimas que No porque consideran que no se configuró un despojo forzado de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, y para ellos se cita como causal de exclusión que no existió un nexo causal, cuando no solo es evidente dicho nexo, sino que además se desconoce el concepto de despojo indirecto que han venido construyendo los Jueces de Restitución de Tierras. Frente al despojo indirecto, es preciso citar el siguiente pronunciamiento de la Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta: “(…) En el caso analizado considera la Sala que en la persona de la solicitante se materializó la figura jurídica de abandono y despojo indirecto, por virtud del cual esta se vio obligada a transferir y separarse del inmueble, siendo de esta manera privada arbitrariamente de la posesión que ejercía sobre el mismo, como consecuencia del desplazamiento forzado del que fue víctima, radicándose en ella la titularidad del derecho a incoar la acción de restitución, con fundamento en lo previsto en el art. 75 de la Ley 1448 de 2011(…)” Sumado a lo anterior, ha ocurrido que en algunos casos los solicitantes no son debidamente contactados por la Unidad luego de presentar la solicitud, de manera que deciden cerrar el caso mediante la figura del desistimiento tácito, de manera el caso no se resuelve de fondo. Respecto a esta situación se hace necesario que el estado encamine todos sus esfuerzos a proteger la vida e integridad de los reclamantes de tierras, de los funcionarios públicos, defensores de derechos de las víctimas y periodistas, dado que han sufrido amenazas sistemáticas con el propósito de minar el proceso. QUÉ DICEN LAS VICTIMAS SOBRE EL TEMA… “de la restitución de tierras ni hablar, ese sí que es un problema difícil de resolver porque hay tantos intereses ahí que no permite avanzar, la mayoría de las solicitudes no pasan, ósea no son registradas por que está a discreción de los funcionarios que nos atienden y como a ese tema no se le hace veeduría, pareciera ser punto aparte de la reparación y se suma a ese problema la inseguridad porque nos pusieron a enfrentarnos con los poseedores de las tierras y ya ha habido muertos y amenazas por ese tema ”.
UN PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS NO MUY CABAL
Eduardo Caballero Calderón en su novela Siervo sin tierra ambientada en los años cincuenta contaba la historia de Sirvo Joya un campesino que lucho 20 años por tener un pedazo de tierra y murió sin lograr su cometido, como Siervo hay miles caminando por las calles de las grandes ciudades esperanzados en que la unidad de restitución de tierras les devuelvan lo que el conflicto les quitó. Varias han sido las propuestas a la modificación de la ley 1448 de 2011 más conocida como la ley de víctimas y restitución de tierras la más difundida y mediática de esas propuestas ha sido la radicada por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal en ella se plantean varios cambios en materia de restitución de tierras uno de ellos se trata de la carga de la prueba y el principio de presunción de inocencia , lo que plantea la senadora del centro democrático es que toda persona que hubiese comprado tierras se presuma inocente (esto no se encuentra en la ley actualmente) además la persona que fue despojada deberá probar que lo fue (tampoco se encuentra en la ley) es decir le traslada la carga de la prueba al eslabón más débil de la cadena el campesino quien deberá probar que fue despojado de su predio. La reforma también pretende que los procesos de restitución de tierras cuenten con una segunda instancia hay que recordar que para estos procesos actualmente se cuenta con el recurso de revisión, recordemos que esta ley es transicional es decir es excepcional la Corte Constitucional ya se había pronunciado y zanjado este punto e indicó que por tratarse de Justicia Transicional era válido no incorporar la segunda instancia. 1
Sentencia 54001-22-21-002-2013-00004-00 de 12 de agosto de 2004. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta.
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Aporte realizado por un solicitante de restitución de Tierra a la Corporación Compromiso
Hasta la fecha se han entregado a sus poseedores iniciales trescientas cinco mil hectáreas, más de quinientas mil hectáreas están en despacho de jueces y magistrados próximos a sentencias y doscientos mil más pronto llegaran a esos despachos para ser resueltas de aprobarse este proyecto Colombia deberá salirse de todos los tratados que ha suscrito en materia de derechos humanos pues la obligación internacional en materia de restitución de tierras es devolver el patrimonio a todas las victimas que fueron despojadas producto del conflicto armado. CONCLUSIONES • Las víctimas no tienen certeza sobre cómo va ser la reparación en el marco del acuerdo de paz firmado con las Farc • No es solo en el tema de indemnización la mirada va más allá, la justicia y las garantías de no repetición son fundamentales en este proceso de reparación. • Debe haber un compromiso institucional para que las víctimas vuelvan a ser ciudadanos con derechos y en eso se ha comprometido el gobierno y la unidad de víctimas para ver cómo se adjudican las viviendas, cómo se regula la cobertura del sistema de salud, acompañamiento sicosocial y se generan proyectos productivos que permitan a las victimas su supervivencia. • Se requiere dar el manejo adecuado al tema de seguridad no invisibilizar lo que pasa con los líderes sociales y los excombatientes asesinados, se debe reconocer el problema y buscar la forma de resolver la situación. • Se debe garantizar la participación de las víctimas y las organizaciones acompañantes ODV, en la reforma a la ley. • La atención a las victimas debe estar orientada por profesionales expertos, sensibles y responsables. • Se debe dar mayor importancia al tema de memoria construida desde las víctimas para que se conozca la verdad sobre lo ocurrido en cada territorio porque hasta ahora es muy poco lo que se hace y es a lo que menos recursos se le apuesta.
ALGUNAS RECOMENDACIONES Se requiere voluntad política de los gobernantes: hay que responsabilizarse de la política pública, todos los funcionarios deben conocer la política de víctimas y ser sensibles al tema, se debe dar cumplimiento de los compromisos, darle a las victimas lo que les corresponde, el derecho a recuperar las tierras 1. Garantía de derechos como víctimas: dar cumplimiento a la ley 1448 de 2011, Falta compromiso con la norma, no se cumplen los estándares relacionados con el cumplimiento de reparación integral, aunque no hay cifras actualizadas ni consolidadas los proyectos productivos son mínimos y con muy escasos recursos que no logran su cometido que es mejorar la calidad de vida de las familias y superar la vulnerabilidad. Lo prioritario es realizar la coordinación nación territorio debido a esto no se ha podido avanzar, actualmente no se unifican las propuestas, esto no es nuevo viene desde la época en que solo hablábamos de la población desplazada y esto sigue siendo el talón de Aquiles, la descoordinación y falta de políticas, se requiere buscar salidas para desarrollar acciones que permitan avanzar en la implementación de la política de víctimas. 2. Hacer efectiva la corresponsabilidad, complementariedad y subsidiariedad: la atención no debe ser fraccionada por eso entregan cifras separadas de la ejecución y no se nota la atención integral, La política pública debe ser implementada por los entes territoriales, se debe buscar recursos para cumplir, en muchos municipios los funcionarios no conocen la norma, la ley y no se preocupan por capacitarse, los citan a encuentros, talleres y ellos no los aprovechan, no asisten, llegan a chatear, salen a hacer vueltas, no hay compromiso, ni veeduría, invierten unos recursos en ellos y a los planes de las victimas les recortan. 3. Seguimiento a la implementación: Se debe hacer una veeduría real a los entes territoriales desde los entes de control, Se debe evaluar el conocimiento de los funcionarios frente al tema de víctimas, incluidos los alcaldes, las victimas necesitan ser atendidas dignamente y en consonancia con la política pública porque no eligieron ser víctimas por descuido del estado y a causa del conflicto armado se convirtieron en víctimas.
CUANDO LA PAZ CUESTA LA VIDA POR: Carolina Otero Castillo Asesora jurídica Corporación Compromiso
Según el Sistema de Alertas Tempranas de la defensoría del pueblo fueron asesinados 311 líderes sociales , desde la firma del acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC hasta el mes de junio de 2018 , el último informe del programa Somos Defensores ‘’cuales son los patrones´´ elaborado conjuntamente con organizaciones sociales da muestra no solo del aumento de cifras sino también de la sistematicidad y patrones definidos para asesinar líderes sociales , aunque en la mayoría de los casos se desconoce al presunto autor, los asesinados son personas que compartían características comunes como líderes de organizaciones de víctimas , reclamantes de tierras , participaban en política o se oponían a actividades ilegales. Según el informe ‘’cuales son los patrones’’ el 12,5% de los asesinados era activista por los derechos de las víctimas y el 6,2% eran reclamantes de tierras lo anterior quiere decir que el 18,7% de los asesinados pertenecía a la población víctima del conflicto armado. Las Mesas de Víctimas son espacios de interlocución con la institucionalidad, pero también espacios donde las victimas pueden hacer denuncias públicas y abogar por los derechos de esta población, la ley 1448 de 2011 les permitió a las victimas estar cara a cara con la institucionalidad encargada de garantizar que los postulados de la ley se cumplan, dentro de los postulados más importantes de esta ley se encuentra garantizar la NO REPETICIÓN que además de ser uno de los principios generales de responsabilidad internacional de los Estados este se encuentra direccionado a toda la sociedad con la intención de que no se repitan , la no repetición cumple con dos funciones una de ella es la preventiva reflejada en el Plan Integral de Prevención , Protección y garantías de no repetición según respuesta de derecho de petición enviado por la Gobernación de Santander en el año 2013 fue aprobado dicho plan el cual no
ha sido actualizado en seis años esto quiere decir que Santander no cuenta con un diagnóstico actualizado que corresponda a las dinámicas Territoriales, dinámicas de violencia y población en riesgo , se desconocen cuáles son los actuales escenarios de riesgo que enfrenta el departamento de Santander, de ahí la importancia de este instrumento pues en él se busca mitigar y disminuir tanto las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario como el impacto de éste sobre la población civil. Según la Gobernación este instrumento será actualizado en el año 2019 lo que deja varias dudas acerca del compromiso y la voluntad política del gobierno departamental en este tema.
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, MÁS QUE UN NÚMERO Por: Eduardo Ramírez Gómez Coordinador Programa Paz y DDHH Corporación Compromiso
Hace aproximadamente tres semanas, dialogando con una señora en un barrio situado al norte de Bucaramanga, me enteré que ella es una víctima más del conflicto armado colombiano. Su nombre es Nubia, tiene dos hijas, una de 24 años y otra de 19. Su hijo mayor, que a la fecha tendía 28 años, fue asesinado hace 10 por un grupo armado, en ese mismo hecho, su hija mayor fue abusada por miembros del mismo grupo y quedó embarazada. Ella y sus dos hijas, en ese momento, menores de edad huyeron dejando lo poco que tenían en zona rural de un municipio santandereano relativamente cercano a Bucaramanga.
Llegaron como la mayoría de las víctimas de desplazamiento forzado, con el inmenso dolor causado por la pérdida violenta y absurda del hijo y hermano y con la necesidad de empezar de nuevo en una ciudad en la cual algunas personas son amables y hospitalarias y otras rechazan a las víctimas y las consideran un problema. Nubia empieza el recorrido por las instituciones, con mucho desconocimiento de lo que debía hacer para solicitar ayudas, con muy poco apoyo y casi ninguna asesoría de las personas funcionarias de instituciones creadas para atender de manera integral a las víctimas. Se encontró en esos primeros momentos que al llegar a una oficina, le decían que ahí no era donde atendían lo que ella necesitaba, que era en otra parte, pero no le decían con precisión a donde tenía que ir, ni le daban una remisión para que la atendieran; luego de largas colas, sin desayuno y al borde del desfallecimiento, se encontraba con este tipo de respuestas. En esas colas fue conociendo a otras víctimas que la orientaban y algo le ayudaban; las que ya conocían la “ruta de atención” le decían que debía hacer según su experiencia; sin embargo, Nubia, como la mayoría de las víctimas, también pasó por la revictimización del “Tour Institucional”. Después de un tiempo, dedicada al rebusque con sus dos hijas y un nieto, pidiendo monedas en los semáforos, recibiendo insultos, expuesta a las inclemencias del clima y a los riegos de la calle, Nubia consigue que la registren como víctimas y logra ser un número en el RUV, registro único de víctimas. Tiene que contar su historia más de 20 veces en diferentes instituciones y a muchos funcionarios, asiste a charlas de capacitación sobre sus derechos como víctima, una amiga la lleva a una ONG donde reciben algún apoyo, se inscribe en programas oficiales para proyectos productivos, recibe cinco cursos de manicure y pedicure y otros tres de bisutería, pero su vocación no es hacer uñas ni manillas. Ella sabe cultivar, trabajar en el campo, criar gallinas. Su hija mayor consigue trabajo de ayudante en un salón de belleza y recibe ingresos que ayudan a mejorar en algo la situación; a estas alturas, ellas saben lo que es pasar hambre, acostarse sin comer y levantarse al otro día a salir a la calle a ver que se consigue para comer. Hay días que Nubia se llena de tristeza y nostalgia, recuerda las buenas épocas del campo en donde no faltaba la comida ni la dormida y los vecinos eran buenos amigos, se hacían favores, eran solidarios.
Con el tiempo logró Nubia y sus hijas, hacer parte de un programa de vivienda y, como dice ella, gracias a Dios salió beneficiada con una casita, que ayuda tan importante, pudieron salir del cambuche construido con latas y tablas viejas, donde cada día vivían la zozobra que las asaltaran, pues al fin y al cabo eran tres mujeres solas y un niño. Los años pasan rápido a pesar de las necesidades, los recuerdos y la falta de soluciones reales, más allá de la casa, Nubia no ha tenido apoyo para un proyecto productivo, con algunos ahorros de ella y sus hijas, pone una pequeña tienda en el barrio y con eso más el trabajo de las hijas en salones de belleza, la más pequeña siguió el camino de la mayor, se mantienen. Desde hace 5 años Nubia espera la anhelada indemnización administrativa. Le ha tocado volver a contar la historia, demostrar que a su hijo efectivamente lo mataron, llevar recortes de periódicos, sacar fotocopias, poner derechos de petición, ir venir y volver a ir, así lleva los últimos cinco años y cada año le dicen que está en espera, que posiblemente este año si le toca….. bueno la esperanza es lo último que se pierde, dicen por ahí, aunque a Nubia parece que le queda poca esperanza, con buenas energías madruga a atender su tienda y a enviar a su nieto al colegio, la indemnización y la llamada atención integral de la que habla la ley 1448, a ella ya casi no le importa. Además ella no es líder, no hacer parte de los llamados espacios de participación, los miembros de las mesas, que ella no conoce, nunca van al barrio a darles información o asesoría, es ella, por sus propios medios, que de vez en cuando vuelva a la Unidad a averiguar para que le den la misma respuesta, está en lista de espera, ¿hasta cuándo? Parece que nadie sabe. Nubia es un número más en las cifras del Registro Nacional de Información, según el cual en Santander hay 273.410 víctimas de las cuales solo han sido indemnizadas 35.321 en los 7 años de vigencia de la ley 1448, lo cual no llega a ser el 13% de la población víctima en el departamento. El 87% restante, entre las cuales está Nubia, hacen cuentas porque solo quedan tres (3) años de vigencia de la ley y parece que el tiempo no da para que todas sean indemnizadas, pero Nubia y nosotros sabemos que no es solo cuestión de tiempo, también es cuestión de voluntad política de los gobiernos, a las víctimas se les toma el pelo, las instituciones no les cumplen, todo marcha despacio, los aparatos del Estado trabajan a ritmo de tortuga mientras las necesidades de las víctimas no esperan.
Nubia escucha que es necesario reclamar y exigir que se amplié el plazo de vigencia de la ley, pero también en el fondo sabe que por más plazos que haya, si no se les considera a ellas como personas de carne y hueso, ciudadanos y ciudadanas con derechos, que requieren vivir dignamente, que merecen que se restablezca en lo mejor posible su calidad de vida, que los funcionarios y funcionarias sean sensibles a su situación, que aprendan a tratar a las víctimas y no considerarlas un problema, que los líderes asuman realmente su papel; hasta que esto no ocurra, no habrá indemnización que valga.
LA PARTICIPACIÓN COMO UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y ENCUENTRO Las mujeres de la Red Dptal. “las Auroras” forman parte de varios espacios de participación de victimas de Santander, referenciamos algunos de ellos:
ESPACIO DE LA MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS -MUNICIPIO DE GIRÓN POR: SILVIA ROMO MORALES A siete años de trascurrida la vigencia de la ley nuestro futuro es incierto, en indemnización solo llevamos el 7% del total de más de 8 millones de víctimas de este país, lo cual queda a los líderes de victimas organizarnos para hacer exigibilidad en una sola voz frente a la ampliación de la ley, aparece la excusa de la Unidad la ausencia de recursos por que solo tuvieron en cuenta inicialmente las victimas de desplazamiento sin tener en cuenta los demás hechos victimizantes. La ley también trajo consigo la creación de las Mesas de participación como espacio para la reunificación de nuestros derechos. En el Municipio de girón tenemos un espacio de interlocución con la administración Municipal donde nuestras voces son escuchadas, la Mesa de participación formula las propuestas
y construye junto con la administraciĂłn el PAT donde se contemplan acciones con los diferentes grupos poblacionales y con enfoque diferencial, me permito compartirles algunas actividades realizadas durante el aĂąo:
Conociendo sobre la JEP
Los integrantes de la Mesa se acercan a otras víctimas del Municipio -Taller con la Unidad de restitución de tierras y Foro sobre Agenda de paz – Girón
Mujeres con capacidad de incidencia - Reunión Comité de Justicia Transicional –Girón
MESA DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER POR: FLORINDA ALVARADO
Asamblea General de Víctimas - Cerrito Santander
En el encuentro realizado el día 27 de Nov., de 2018 en el Cerrito Santander, se llevó a cabo la Asamblea general de victimas del Municipio contemplando los siguientes temas: rendición de cuentas sobre la vigencia 2018,estado de los proyectos productivos y mejoramiento de vivienda, informe sobre encuentro de jóvenes y asesoría por parte de la unidad de víctimas.
DESDE MÁLAGA… POR: LEIDY CHAPARRO Les compartimos fotos de un encuentro que hicimos la Mesa de Málaga con la de Capitanejo para compartir experiencias con la participación de la personería de los dos municipios, defensoría del pueblo y con la psicóloga de la alcaldía, se hicieron varias actividades y se compartieron experiencias Capitanejo EL 22 DE OCTUBRE DE 2018
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DE LA RED LAS AURORAS EN LOS ENCUENTROS DEPARTAMENTALES PROMOVIDOS POR LA MESA DPTAL DE VICTIMAS ENCUENTRO PROVINCIAL DE VICTIMAS DE GARCIA ROVIRA EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO
POR: SANDRA SEQUEDA
Con la participación de delegados de las Mesas de la provincia de García Rovira se llevó acabo el encuentro los días 17 y 18 de diciembre con el acompañamiento del coordinador de la Mesa Dptal, Orlando Burgos y funcionarios de JEP, defensoría del pueblo, unidad de víctimas. La jornada inicio con una reunión con el plenario de la Mesa de Capitanejo donde se expusieron las inquietudes y se brindó respaldo y orientación a los compañeros, además se se trabajó sobre las características de los líderes, como se ven las mesas de cada municipio apoyadas por la Dra. Sandra Mendez, de la JEP asistió el Dr. Cesar Villamizar dando a conocer sobre cómo y para que fue creada y sobre la participación de las víctimas en este proceso, de la Unidad de victimas de Málaga asistió la Dra. Marcela Y entrego un reporte de lo que se ha hecho desde el punto de víctimas. Alix de Málaga y Sandra como representantes de provincia dieron un reporte de lo que se ha hecho desde que se crearon las Mesas, Sandra Suarez entrego un reporte como delegada del enfoque de mujer de la Mesa Dptal y katerine santana comento sobre lo que se ha realizado como delegada de jóvenes La jornada fue muy activa y satisfactoria, creemos que se logró el objetivo.
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DE ADULTO MAYOR POR: ANA PASTORA SALGUERO
El primer encuentro de persona mayor se celebró en la ciudad de Cartagena, asistieron 30 delegados de los 32 departamentos del país, hicieron presencia varias entidades del estado como la unidad de víctimas, la defensoría, la procuraduría entre otras, fue un encuentro muy fructífero lo más importante es que la procuraduría presento la directiva 02 de 2017 para la defensa de los derechos humanos de la persona mayor víctima del conflicto.
Encuentro Dptal realizado en el Municipio de Girón
ENCUENTRO DPTAL DE MUJERES POR: NELLY BENAVIDES
Las mujeres que pertenecemos a las Mesas de participación, nos encontramos en un espacio de análisis convocado por la Mesa Dptal de víctimas, donde se habló sobre las acciones que deberíamos hacer como mujeres desde cada Municipio y en Bucaramanga se dijo que se deben promover acciones para el acceso a la adjudicación de tierras que están en extinción de dominio, además crear un mecanismo institucional que oriente la trasversalizacion de genero para promover la igualdad de posibilidades de vivienda y trabajo. Priorizar la educación para las mujeres víctimas sin rango de edad, divulgar las rutas de participación de víctimas en prevención, protección m, atención y reparación. Implementar estrategias de prevención de embarazos de las y los jóvenes en los espacios institucionales y comunitarios, además implementar escuelas de perdón y reconciliación. es importante anotar que las mujeres hemos levantado la voz por medio de marchas, movilizaciones , tutelas , proyectos y acciones populares pero que a pesar de esto no se ha logrado el total apoyo y respuesta por entidades del
estado, por el contrario se ha recibido maltrato , no hay igualdad y compromiso con la población de mujeres víctimas del conflicto.
La voz de los jóvenes…
Con respeto y admiración para nuestros lectores quiero compartir este tema, el cual es de mi autoría - MAICOL ESNEIDER PÉREZ ESCOBAR - en memoria del conflicto armado como víctimas de desplazamiento.
NO QUIERO OTRO LUGAR Esto va para el que hace parte del pueblo
y fue desterrado por el que se cree dueño a paso militar marcha la caravana de un ideal similar al de la muerte donde al no compatible quieren silenciar mentes doblan cuerpos ¡ oh mi Dios! tengo que contarlo veo hechos he pasado por momentos pensé que a mis padres no volvería a verlos también se de otros desaparecidos, traumados aun después de tanto siguen perseguidos error fatal escuchar, hablar, pensar no deben ni saber lo que está mal ¡oh el panorama cambia de unas montañas con linda vista verdes campos a una mañana fría en una gran ciudad
donde lo que antes bajabas de una rama ahora tienes que comprarlo y cuando saben de dónde vienen te miran como bicho raro solo somos lo que buscamos un nuevo comienzo no le guardo resentimiento al pasado pero lo que tengo tengo que gritarlo porque sigue pasando tal vez soy culpable por no hacerme más fuerte y lanzarme a clamar paz, paz, paz para mi gente. No quiero otro lugar aunque sienta dolor siento que amo a este pueblo no quiero otro lugar la guerra es lo único malo que tengo no quiero otro lugar
No sentía miedo
no sentía nada no sabía lo que pasaba pero a la casa llegaron trayendo noticias y razones sin entrar en discusiones o peros mis padres se despidieron de nosotros y emprendieron la fuga gracias a Dios mi madre no resentimientos con eso no se educa y si me escucha por la paz debe ser la lucha
Ve con la frente en lo alto y el puño bien arriba que cuando oigas el grito Colombia tu corazón se activa.
No quiero otro lugar yo soy colombiano yo no soy liberal ni conservador ni de izquierda ni de derecha ellos son mis hermanos
si somos al fin y al cabo de una misma tierra yo soy Cool May
ENCUENTRO DE JÓVENES MUNICIPIO DE GIRÓN En el Municipio de Girón la Mesa de participación organizo un encuentro de jóvenes víctimas del conflicto armado con proyección a la construcción de memoria.