Orden Ético/Jurídico en el Arbitraje Por: Guillermo Gorrín Falcón

ORDEN ÉTICO/JURÍDICO EN EL ARBITRAJE

Guillermo Gorrín Falcón Presidente del Comité de Arbitraje de Venamcham

La segunda edición 2020 de la Revista de Medios Alternativos de

Resolución de Conflictos (MARC) cuenta con la entrevista a una joven y exitosa abogada venezolana, con especial conocimiento y experiencias en arbitraje de inversión. Los artículos publicados en esta edición destacan por la difusión de la tendencia a un orden ético en todas las etapas del procedimiento arbitral, por un lado, y, por otra parte, al análisis de los efectos jurídicos, por tanto, vinculantes, que derivan de la estipulación del acuerdo arbitral. También encontramos en esta edición un artículo que permite identificar y diferenciar el ámbito del orden público adjetivo y el arbitraje, las ventajas y obstáculos del arbitraje online y un análisis de una interesante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.

La entrevistada en esta segunda edición 2020, es la abogada María Eugenia Salazar-Furiati, socia del despacho de abogados Baker & McKenzie en Caracas. Es egresada con honores de la Universidad Católica Andrés Bello (U.C.A.B.), tiene un LL.M por McGill University (2000), una especialización en derecho administrativo por la Universidad Central de Venezuela (2005) y se ha distinguido por su desempeño, principalmente, en arbitrajes internacionales de inversión ante el CIADI. Las respuestas y consejos de esta profesional del derecho serán de gran provecho para nuestros lectores.

Pedro Rengel Núñez, abogado egresado de la U.C.A.B. en 1982, profesor de derecho internacional privado en la Universidad Central de Venezuela (U.C.V.), con Master en Comparative Jurisprudence por New York University 1983 y socio de la firma Travieso Evans Arria Rengel & Paz en Caracas; miembro de la lista de árbitros y conciliadores del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y del Comité de Arbitraje de Venamcham; Presidente del Capítulo Venezolano del Club Español del Arbitraje y profesor del Programa de Estudios Avanzados de Arbitraje en la Universidad Monteávila; lleva a cabo un breve, pero integral desarrollo, sobre la parte general del “Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español del Arbitraje (CBPA)”.

plica, sumariamente, los principios de transparencia contenidos en el CBPA relativos a los deberes de los abogados de parte durante la conducción del procedimiento arbitral, donde sus actuaciones deben estar caracterizadas por la integridad y honestidad. En el artículo en cuestión se enlaza, y destaca coherentemente, la armonización existente entre el CBPA y las normas de nuestro Código de Procedimiento Civil, así como con las del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano.

Pedro Perera Riera, abogado egresado de la U.C.A.B. en 1983, con especialización obtenida en dicha casa de estudios en 1989, profesor de las cátedras de Derecho Mercantil y Derecho Civil (obligaciones) en la Universidad Metropolitana y de Prácticas de Drecho Procesal Civil y Mercantil en la U.C.A.B., socio del escritorio D’Empaire. Co-redactor del primer Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), miembro del Comité de Arbitraje de Venamcham y de la lista oficial de árbitros del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), presenta la parte relativa a los deberes de las instituciones de arbitraje en el “Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español de Arbitraje”.

El profesor Perera Riera, analiza los deberes de los centros y/o instituciones arbitrales, con especial referencia a la garantía de la transparencia, imparcialidad e independencia en todo lo relacionado al gobierno, estructura, funcionamiento y misión de las instituciones arbitrales. Desarrolla las previsiones contenidas en el CBPA respecto de los distintos órganos que conforman a las instituciones arbitrales, la Corte y el Secretario, la lista de árbitros y la publicidad de los laudos.

Jorge I. González Carvajal, abogado U.C.A.B. 2005, Especialista en Derecho Procesal y profesor de la cátedra de Derecho Civil IV de dicha universidad. Magíster Scientiarum en Derecho Procesal y doctorando en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Visiting scholar de Universidad de Padua, Italia. Profesor de Procedimiento Marítimo de la U.C.V., miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA), expone la “Responsabilidad derivada del incumplimiento del acuerdo arbitral”.

El profesor González Carvajal, analiza la naturaleza del acuerdo arbitral y su ubicación en la clasificación general de los contratos; la naturaleza de las obligaciones derivadas del acuerdo arbitral, con especial referencia al pago de los gastos de administración y honorarios de los árbitros; los posibles remedios al incumplimiento de esas obligaciones; la regulación convencional de la responsabilidad por incumplimiento del acuerdo de arbitraje; y, las medidas cautelares para asegurar el cumplimiento del acuerdo de arbitraje.

Fernando Sanquírico Pittevil, abogado de la Universidad Monteávila (UMA). Especialista en Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana. Abogado en InterJuris Abogados, S.C. Director del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias. Profesor de Derecho en las UMA, U.C.V. y U.C.A.B., miembro de la Junta Directiva de la AVA, miembro de la Lista de Árbitros del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (CACC). Director Académico del Programa de Estudios Avanzados en Arbitraje de la UMA, subdirector de Derecho y Sociedad, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMA, presenta un análisis sobre el “Orden Público Adjetivo y Arbitraje”.

El profesor Sanquírico analiza la relación entre la autonomía de la voluntad y el acuerdo de arbitraje como convención de efectos procesales; la confluencia de derechos tales como los que rigen la capacidad de las partes en la celebración del acuerdo arbitral, al acuerdo arbitral y su ejecución, la existencia del tribunal arbitral y el procedimiento de arbitraje, y el fondo de la controversia; lo relativo a la elección del derecho o su determinación por el tribunal arbitral cuando las partes no lo hayan elegido; concluyendo con la trascendencia que la aplicación del derecho elegido o determinado tendría en cada caso, enfocándose en la Lex Arbitri. Es fundamental atender a la diferenciación que el profesor Sanquírico hace en relación a las leyes procesales del lugar donde tiene su sede el arbitraje y las reglas aplicables al procedimiento arbitral, marcando la disponibilidad que caracteriza al derecho aplicable a este último.

La bachiller Magdalena Maninat Lizarraga, estudiante de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMA, clase de 2020, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje 2019-2021 y Directora Editorial del Boletín “Principia” del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la UMA, formula algunas consideraciones sobre el Online Dispute Resolution (ODR), destacando que aun cuando su ámbito original es el E-commerce podría ser utilizado en disputas provenientes de fuente distinta.

La bachiller Maninat Lizarraga, plantea algunas de las dificultades propias de las ODR y las posibles soluciones a aplicar, formulando interesantes aportes en la materia.

Finalmente, Estefanía Vásquez, Analista Legal de Venamcham, analiza la sentencia Nº 156, dictada el 28 de marzo de 2019 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, contra la sentencia de un tribunal superior que acordó la nulidad de un laudo sin que los vicios que se le pretendieron imputar estuvieran comprendidos en las causales taxativamente previstas en la ley, para poder interponer el recurso de nulidad contra el laudo arbitral.

EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ARBITRALES DEL CLUB ESPAÑOL DEL ARBITRAJE (PARTE GENERAL)

Pedro Rengel Núñez

En el XIV Congreso Internacional del Club Español del Arbitraje (CEA), celebrado en junio de 2019, fue lanzado oficialmente el Código de Buenas Prácticas Arbitrales (CBPA), preparado por las comisiones designadas por el CEA y sometido a consulta a sus socios, a instituciones de fomento del arbitraje y a centros de arbitraje. El CBPA actualiza el preparado en el año 2005, que estaba destinado sólo a las instituciones arbitrales, y ahora se extiende a los árbitros, los abogados de parte, los peritos y los financiadores de arbitrajes. Como se expresa en su exposición de motivos, el CBPA tiene naturaleza de soft law y recopila las recomendaciones y sugerencias de mejores prácticas que hace el CEA a toda la comunidad arbitral, sin carácter vinculante pero con posibilidad de ser incorporado por las partes al procedimiento arbitral.

Tal como se resalta en su exposición de motivos, el CBPA constituye una innegable contribución a un mayor grado de transparencia en el arbitraje y refleja unos estándares deontológicos mínimos con los que se identifican los abogados en la gran mayoría de las jurisdicciones, a pesar de que, sobre todo en arbitrajes inter

nacionales, los abogados de parte pueden estar sujetos a reglas deontológicas diferentes, además de que pueden tener relevancia las reglas deontológicas propias de la sede o lugar del arbitraje, que por añadidura no suelen referirse específicamente al arbitraje. Adicionalmente, su valor deriva de que se apoya en fuentes legislativas, jurisprudenciales y doctrinales en derecho comparado, normas y recomendaciones de las principales instituciones arbitrales como la International Chamber of Commerce (ICC), American Arbitration Association (AAA), Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), de prestigiosas y respetadas instituciones como la International Bar Association (IBA), así como en los códigos deontológicos español y europeo de abogados.

Particularmente, voy a referirme a los principios generales y reglas del CBPA relativas a los deberes de los abogados de parte, resaltando que varios de ellos están incluso consagrados en la normativa deontológica vigente en el país, incluida en nuestro Código de Procedimiento Civil, así como en el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, emanado de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.

Es cardinal el principio general contenido en la Sección Cuarta del CBPA, de que los abogados habrán de actuar en todo momento con integridad y honestidad, procurando que el procedimiento arbitral se conduzca de manera expedita y eficaz en términos de tiempo y coste, sin perjuicio de la obligación de defender los intereses de sus mandantes con lealtad y de presentar el caso de la manera más efectiva. De este principio general de integridad y honestidad se derivan los deberes de probidad respecto de: (i) la veracidad de los hechos, que implica que el abogado deberá abstenerse de realizar, a sabiendas, afirmaciones de hecho falsas, tanto en sus escritos como en sus intervenciones orales; (ii) la razonabilidad de los fundamentos jurídicos, según la cual el abogado se abstendrá de citar, a sabien-

das, fundamentos jurídicos inexistentes o de tergiversar su verdadero sentido mediante citas incompletas o tendenciosas; y (iii) la veracidad de la prueba que impone que el abogado deberá abstenerse de colaborar o participar, directa o indirectamente, en la creación o aportación de pruebas falsas, así como abstenerse de aportar declaración testifical o informe pericial a sabiendas de que contienen información falsa. También se incluye el deber de no destruir u ocultar documentos relevantes para la disputa y el de entregar documentos ordenados por los árbitros.

Es de resaltar también lo contemplado en el CBPA acerca de que, si bien las partes tienen libertad para designar y destituir a sus abogados, se considera un menoscabo de la integridad del procedimiento si la parte que promueve cambios, actúa con ánimo dilatorio o en abuso del proceso, o si existe un conflicto de intereses entre el nuevo abogado y los árbitros. También se incluye el tema de las comunicaciones ex parte, contemplándose que el abogado no debe establecer comunicación secreta, oral o escrita, con los árbitros en relación con el caso.

Del principio general de integridad y honestidad se deriva el deber de confidencialidad contenido en el CBPA, que obliga al abogado a mantener la confidencialidad de la información que conozca a través de las actuaciones arbitrales, incluyendo los escritos de las partes, las pruebas aportadas, los acuerdos de las partes y las decisiones y el laudo que se produzcan.

Por último, el CBPA establece que, en caso de incumplimiento de los deberes de los abogados, los árbitros, tras oír a las partes y al abogado, podrán adoptar alguna de las siguientes medidas: a) amonestar al abogado por escrito o verbalmente; b) hacer inferencias negativas al valorar la prueba; c) tener en cuenta la conducta al imponer las costas; d) comunicar los hechos a los Colegios Profesionales en los que el abogado esté inscrito a fin de depurar responsabilidades deontológicas, y e) adoptar cualquier otra medida para preservar la integridad del procedimiento.

Queremos resaltar aquí que, nuestro Código de Procedimiento Civil (CPC), promulgado en 1987 e inspirado en el Código de Procedimiento Civil italiano de 1942, redactado por los ilustres juristas Carnelutti, Calamandrei y Redenti, incorporó normas sobre los deberes de lealtad, probidad, veracidad y buena fe como principios rectores de la debida conducta de las partes y sus apoderados en el proceso civil. En efecto, el artículo 170 del CPC dispone lo siguiente:

“Las partes y sus apoderados y abogados asistentes deberán actuar en el proceso con lealtad y probidad. En tal virtud deberán: 1° Exponer los hechos de acuerdo a la verdad 2° No interponer pretensiones ni alegar defensas ni promover incidentes cuando tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamentos 3° No promover pruebas ni realizar actos inútiles o innecesarios Parágrafo único.- Las partes y los terceros que actúen con temeridad o mala fe son responsables por los daños y perjuicios que causaren.

Se presume, salvo prueba en contrario, que la parte o el tercero ha actuado en el proceso con temeridad o mala fe cuando: 1° Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas principales o incidentales manifiestamente infundadas 2° Maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa 3° Obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso

Al igual que el CBPA, nuestro CPC también contiene una disposición referente al supuesto de incumplimiento de los deberes de los abogados y su sanción. En su artículo 17 dispone:

“El Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendientes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesales o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes”.

Vemos pues como nuestro CPC incorpora principios éticos de lealtad, probidad, veracidad, razonable fundamentación jurídica, incluso definiendo y censurando expresamente las actuaciones temerarias o de mala fe, y facultando al juez para tomar medidas para prevenir y sancionar las faltas a la ética profesional. Estos principios se encuentran claramente reflejados en el CBPA.

De igual manera, el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, que es un compendio de normas deontológicas con carácter de soft law, establece que son deberes del abogado actuar con probidad, honradez, discreción, eficiencia, desinterés, veracidad y lealtad y que la violación de los deberes establecidos en el Código, constituyen faltas disciplinarias sancionables conforme a la Ley de Abogados.

Estas normas legales y deontológicas venezolanas contienen principios perfectamente aplicables a la conducta de los abogados en el proceso arbitral, y están en perfecta sintonía con los principios y reglas presentes en el CBPA, pues, como dijimos más arriba, se trata de estándares deontológicos mínimos que existen en legislaciones internas y códigos de ética de muchos países.

No cabe duda entonces de que la normativa deontológica legal venezolana, tanto la referida al procedimiento civil como al procedimiento arbitral, contiene reglas que coinciden con las establecidas en el CBPA, especialmente las referidas a los deberes de los árbitros y de los abogados de parte, lo cual, estamos seguros, no ocurre solamente en el caso venezolano, sino que también debe ocurrir con las legislaciones internas de muchos otros países. Esto hace que sea muy fácil apoyarse en el CBPA como contentivo de principios deontológicos sistemáticamente ordenados, difíciles de desconocer o rechazar por su naturaleza de estándares éticos mínimos universalmente aceptados, y por su coincidencia con la normativa deontológica interna aplicable en numerosas jurisdicciones, entre las cuales Venezuela no es la excepción.