Boletin de Coyuntura Legislativa....A un año de la Ley de Costo

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Julio, 2012 Pág. 1

Coyuntura Legislativa Según las autoridades de la Sundecop la incorporación de Venezuela a Mercosur no frenará la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos. Así las cosas, los postulados, objetivos y principios del MERCOSUR, como lo son el fomento de un mercado ampliado y el libre comercio, así como su Protocolo de Defensa de la Competencia, constituirían, según el ente administrativo venezolano, una enorme farsa y un saludo a la bandera. En específico, según publica El Universal en su portal Web el viernes 20 de julio de 2012, la Superintendente Nacional de Costos y Precios habría asegurado que la entrada del país al bloque regional no afecta la legislación nacional en materia de precios diseñada por el Gobierno. Adicionalmente, la funcionaria habría dicho que los controles de precios seguirán con la entrada al Mercosur. Más allá, la Superintendente aseguró que la entrada al Mercosur “fortalecerá el tema de la estabilización de precios porque muchos de los productos (regulados) son importados desde Brasil”. Podríamos entender la declaración anterior como una confesión de que parte de los responsables en el nivel de precios de los productos es el Ejecutivo Nacional y las propias instancias públicas –como el Seniat- por los

A un año de la Ley de Costos, se evidencia la Política Destructiva

aranceles e impuestos (de hecho el precio de muchos productos podrían tener un componente impositivo de hasta 40%). Lo anterior resultó ser corroborado y aceptado por el propio Ejecutivo nacional en palabras del ministro de Industrias, quien también afirmó que una de las ventajas del Mercosur será el "abaratamiento" de las importaciones (El Universal, 20-07-2012)(se entiende por la reducción de impuestos o aranceles). Así las cosas, la sociedad venezolana debe exigir trato igualitario a los empresarios y oferentes domésticos, simplificación de trámites a favor de todos los oferentes, no solo a favor de los oferentes públicos, las importaciones públicas y las compras nacionales; de lo contrario se despliega una competencia desleal y se genera una lesión al interés público y al buen uso de los fondos y recursos públicos. En otro orden de ideas, vale destacar que el modelo económico del Socialismo del Siglo XXI consiste en un absoluto rentismo, basado en una

economía de puertos. Aun cuando el modelo propuesto por el actual alto Ejecutivo nacional fue entendido como insostenible desde la década de los 70s, el Gobierno de actual, como nunca antes, limita la capacidad compradora externa del país a los pocos dólares líquidos proveniente de la industria petrolera. SI bien en el pasado se intentó instrumentar una sustitución de importaciones por producción nacional, hoy el Gobierno sustituye la producción nacional por importaciones. Sin embargo, la capacidad generadora de dólares del país depende prácticamente, de forma exclusiva, de la renta petrolera (alrededor de 95 de cada 100 dólares exportados). Para peor de males, se pretende instaurar una economía de puertos administrada por medio de un capitalismo de Estado, a pesar de los limitados ingresos líquidos de las exportaciones petroleras –1.100 millones de barriles diarios sin considerar costos-. Siendo absolutamente insostenible este modelo, el Ejecutivo nacional apela al endeudamiento externo del país, que se estima podría cerrar en el 2012 alrededor de US$ 180.000 millones. El costo del modelo socialista oficialista no solo es hipotecar el país,

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Elaborado por Rafael González Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master in Competition and Market Regulation. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Transporte, Farmacia, Agua y Banca. Profesor universitario de Regulación Económica y Regulación de Competencia. Investigador del Observatorio Economico Legislativo de CEDICE


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