Observatorio de Derechos de Propiedad
INFORME 2 VIOLACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA Y AL DEBIDO PROCESO EN LAS INTERVENCIONES A COMERCIOS (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013) O LA POLÍTICA DEL “DAKAZO” “Anaqueles vacíos o el desprecio a la propiedad privada”
Luis A. Herrera Orellana Abogado, Profesor de Derecho UCV Investigador Observatorio de Derechos de Propiedad y Observatorio Económico-Legislativo CEDICE
Caracas, Diciembre 2013
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Con base en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Ley del INDEPABIS), así como el Decreto-Ley de Costos y Precios Justos (LDCPJ), el Presidente de la República, a través de cadenas de radio y televisión, y sin acto formal previo, ordenó en noviembre de 2013 a diferentes organismos del Ejecutivo Nacional, inspeccionar, ocupar y fijar los precios máximos de venta al público de los bienes ofrecidos por cientos de establecimientos comerciales, en todo el territorio nacional, afirmando que el sector privado de la economía nacional, en especial el sector comercio, había declarado al Gobierno y al “pueblo” una guerra económica (explicación orwelliana del Gobierno nacional al problema de la escasez, la inflación, el desabastecimiento y la proliferación de mercados negros y contrabando), frente a la cual se imponía entonces responder con una “ofensiva económica revolucionaria”. Dichas acciones sobre el sector comercio fueron ejecutadas, principalmente, por funcionarios acti-
vos de la Fuerza Armada Nacional, lo que profundizó la ya notable “militarización” de la economía en el país. Esta política, que llegó a conocerse como el “Dakazo” (debido al nombre “DAKA” del primer local comercial que fue intervenido por el Gobierno y cuyos anaqueles fueron vaciados), se ejecutó con base en diversos actos regulatorios. A continuación, una breve síntesis de dichos actos (contrarios a la libertad de empresa y a la propiedad privada en la generalidad de los casos) dictados por el Gobierno Nacional (y alguno por el Parlamento, eludiendo con ello su deber de control político) en esta materia, durante la “ofensiva económica” contra los comercios privados: 1) Resolución mediante la cual se resolvió instruir y encomendar a la SUNDECOP, órgano desconcentrado de este Ministerio, a participar activamente en operativos de fiscalización de útiles escolares. Gaceta Oficial No. 40.238 de 28.08.2013; 2) Resolución mediante la cual se autoriza las acciones de ocupación establecidas en el
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“Los inspectores sólo tomaron en cuenta la tasa oficial de Bs 6,30 por dólar como referencia para los
productos importados y el precio neto en el caso de los bienes nacionales” ANGIE CONTRERAS, EL UNIVERSAL
área que en ella se indica, que se encuentran afectadas por el Decreto N° 1.578, de fecha 27 de mayo de 1987. Gaceta Oficial No. 40.267 de 08.10.2013; 3) Acuerdo en Respaldo a las Acciones Implementadas por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, contra la Guerra Económica y en Defensa de las Garantías Sociales del Pueblo Venezolano. Gaceta Oficial No. 40.292 de 12.11.2013; y 4) Resolución mediante la cual se ordena al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios dictar Medida Preventiva de Ocupación y Operatividad Temporal a las empresas que en ella se indican. Gaceta Oficial No. 40.301 de 25.11.2013. Tal y como en informes previos y análisis costobeneficios lo advirtió y denunció CEDICE (Sobre la Ley del INDEPABIS ver: http://cedice.org.ve/? p=2770; por su parte, sobre el DLCPJ ver: http:// cedice.org.ve/?p=3667), la Ley del INDEPABIS y el LDCPJ contienen normas que atribuyen, más que potestades discrecionales, verdaderos poderes ilimitados de control y sanción a los organismos encarga-
dos de su aplicación (a saber, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios –INDEPABIS-y la Superintendencia Nacional de Costos y Precios –SUNDECOP-, que actúan junto organismos para-policiales y para-militares como los consejos comunales y las milicias - Ver: http:// goo.gl/c7rZOu), gracias a los cuales, y debido a la inexistencia de control judicial en Venezuela, dichos organismos actúan frente a la libertad económica y la propiedad privada como si éstos no fueran derechos constitucionales inviolables. Es el caso que, actuando bajo la premisa, expuesta por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de que las asociaciones empresariales FEDECAMARAS, CONSECOMERCIO y VENAMCHAM están ejecutando una “guerra económica contra el país” (que consistiría en la supuesta decisión de la totalidad o de la gran mayoría de los comerciantes de, en forma concertada, cometer todos los ilícitos administrativos y delitos previstos en las legislaciones mencionadas y en otras más, con el deliberado objetivo de perjudicar al Gobierno Nacional y a los consumidores y usuarios, Ver: http://goo.gl/ ED1K12). De este modo, a través de una “operación cívico militar para la protección de los precios” se aplicaron medidas contra tiendas de electrodomésticos, donde funcionarios de diversos organismos obligaron a rebajar los precios de los productos: “Funcionarios del INDEPABIS, SENIAT, CADIVI, SUNDECOP, SENCAMER, del ministerio para el Despacho de la Presidencia, la Guardia Nacional y la milicia estuvieron en las sucursales Daka y Pablo Electrónica en Caracas, así como en otros comercios del ramo, revisando facturas y órdenes de compras, para
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INFORME 2 cotejar si los precios exhibidos estaban ‘justificados’. Los inspectores sólo tomaron en cuenta la tasa oficial de Bs 6,30 por dólar como referencia para los productos importados y el precio neto en el caso de los bienes nacionales. Una de las fiscales dijo que el porcentaje máximo de ganancia que consideraron para fijar "los precios justos" no debe exceder de 30%, que es lo que han determinado el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Comercio, argumentó. Aquellos casos que superen el porcentaje establecido por el Gobierno, deberá ser justificado, de lo contrario será rebajado” (Ver: http://goo.gl/sNgm1K). Para el 23 de diciembre de 2013, el Mayor General Hebert García Plaza, el responsable del Órgano Su-
perior para la Defensa de la Economía Popular, informó que se habían realizado “3.250 inspecciones, 850 supervisiones y abierto 161 expedientes” en todo el territorio nacional, con “notificaciones” al Ministerio Público, por la supuesta comisión de los delitos de especulación, usura y remarcaje de precios, entre otros. Asimismo, anunció que 57 personas fueron privadas de libertad por los delitos antes mencionados, y pidió a los comerciantes y empresarios “no seguir atentando contra el pueblo con precios especulativos”. Indicó que “lamentablemente hoy tenemos que informar que esa cifra ya va en el orden de las 57 personas detenidas (…) después de 4 meses (de ofensiva económica) no hay excusas para seguir viendo márgenes de especulación en el país”1.
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Ver: http://goo.gl/tZB8qo; http://goo.gl/YHF1He; y http://goo.gl/3RdmCs. Emblemático es el caso del señor Hakim Riffai, uno de los comerciantes privado de libertad por la supuesta comisión de delitos económicos. Así reseñó su caso la prensa nacional: “Otro día de colas y desespero se vivió en los municipios Simón Rodríguez, Guanipa y Anaco, donde las personas se mantenían ‘mosca’ y haciendo guardia frente a los negocios, a la espera de comprar electrodomésticos y ropa a menor costo. En El Tigre, la mayor tensión se presentó en los alrededores del comercio Los 777, ubicado en la avenida Miranda. Allí, desde el sábado, la Guardia Nacional Bolivariana [ente militar en funciones administrativas civiles] tomó las instalaciones. Después de cuatro días, ayer los efectivos militares, junto con funcionarios del INDEPABIS y SUNDECOP, SENIAT y Comisión Presidencial ordenaron, a las 12:00 del día, abrir las puertas del negocio, mientras socios, familiares y trabajadores protagonizaron escenas de llanto y dolor. ‘Yo prefiero que la gente entre y nos saquee, nos sale más barato. ¡Por Dios, esto es un irrespeto, es nuestro dinero. No me dejen sin nada!’, expresó el hermano del dueño de la tienda, Hakim Riffai, entre lágrimas y gritos. El hombre de origen árabe estaba desesperado porque las autoridades, después de la revisión que realizaron, habrían detectado que los electrodomésticos tenían 260% de aumento de precio. Riffai manifestó, en su poco fluido español, que era primera vez que le pasaba algo así: ‘¿Por qué ahora? Nunca había pasado antes. Yo compré a 60 mil bolívares (se refería a la última mercancía que le llegó). No puedo venderlo a seis’. En medio de la conmoción, el comerciante fue sacado del establecimiento por efectivos de la GNB y llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) [policía política del Gobierno Nacional], donde permanecerá retenido preventiva-mente. Quedó a la orden del Ministerio Público. Carmen de Marín, una de las trabajadoras del negocio, dijo que lleva 10 años laborando y aseguró que los propietarios trabajan día y noche sin ‘quitarle nada a nadie. Tenemos factura de todo. No es posible que se venda lo que se compró caro a precios viejos’. Después de realizar la inspección las autoridades acordaron darle 70% de descuento a todos los electrodomésticos, pese al rechazo de los dueños y trabajadores del comercio quienes decían que la mercancía recién adquirida no podía venderse a un precio tan bajo. Estaban de acuerdo que se ofertara las que eran de vieja existencia. En las afueras del establecimiento, Jesús Figuera, candidato oficialista a la Alcaldía de Simón Rodríguez, tomó la vocería de las autoridades presentes. Allí aseguró que en el comercio hallaron ‘ilícito cambiario, ilícito de remarcaje, gananciales desproporcionados, usura genérica por incremento de 260%, además de oferta engañosa’. Mostró una etiqueta en donde se apreciaba un costo de un TV Led Samsung 3D de 60 pulgadas, con un precio con tarjeta de crédito (Bs 124.299,89) y con efectivo (Bs 112.9889, 90). El oficialista dijo que los trabajadores no quedarán afectados, porque seguirán en sus labores, ya que no se trata de una expropiación. Informó que la tienda tenía en sus galpones 20 mil electrodomésticos que serían vendidos. El SENIAT se encargará del sistema de venta, ya que no permitirán que una persona compre más de un mismo artículo. La trabajadora Gregorina Suárez dijo que desde hace 7 años labora en Los 777 y que teme quedar sin su empleo. No cree que sea justa la forma cómo arremetieron contra los dueños. A partir de las 2:30 pm hubo intento de saqueo en el local”. Ver: http://goo.gl/APsT8e
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INFORME 2 Según testimonios de las víctimas, declaraciones de funcionarios autores de las medidas y reportajes publicados por medios de comunicación, las “inspecciones, supervisiones y fiscalizaciones” han consistido, en realidad, en la aplicación de sanciones, administrativas y penales, sin previo procedimiento que garantice el derecho a la defensa, ya que en el mismo acto en el que se efectúa la inspección, se adoptan las decisiones de fondo (rebaja de los precios, cierre del local, intervención del local, comiso de la mercancía, privación de libertad de gerentes y propietarios aunque en delitos económicos no cabe la flagrancia, etc.), todo ello por cuanto estas acciones presumen la culpabilidad y no la inocencia de los comerciantes, y que los bienes que comercializan no son de su propiedad, sino que lo son del Estado, por presumir también sin prueba de ello, que todos han sido importados con divisas oficiales otorgadas por CADIVI, aun cuando el Presidente de FEDECÁMARAS ha declarado que “solo el 2% de las empresas que hacen vida productiva reciben dólares de CADIVI” (Ver: http://goo.gl/ BoFefh).
viamente), no se dispone de una estadística oficial y definitiva sobre las intervenciones, supervisiones, inspecciones y fiscalizaciones a los comercios, sólo cabe presumir que pasan de las tres mil acciones, siendo los casos hasta la fecha más emblemáticos los de DAKA (Ver: http://goo.gl/eAmJli), DUNCAN y TITÁN (Ver: http://goo.gl/1oUubw) (únicos casos en los que el Gobierno Nacional, a través del INDEPABIS, dictó medidas formales de ocupación temporal), así como los de JVG (Ver: http://goo.gl/ WSzwgQ), Pablo Electrónica, General Import, BECO (Ver: http://goo.gl/A6NgkY), EPA (Ver: http:// goo.gl/Uxux25), Ferreterías y Agencias de Viajes (Ver: http://goo.gl/A6NgkY), Tiendas de celulares como Samsung, Centros Comerciales (Ver: http:// goo.gl/2zmnq), comercios del Hogar y de Ropa, como TRAKI, Nike, Timberland, El Tijerazo, Graffiti, diversas Jugueterías (Ver: http://goo.gl/6hK2oC) y comercios de ventas de repuestos de vehículos y autopartes (Ver: http://goo.gl/zB6R2g), entre otros
Tales medidas, por lo tanto, según lo demuestran estudios que han examinado los hechos de varios de estos casos, son violatorias de derechos como el debido procedimiento, la defensa, la libertad económica, la propiedad privada y hasta la libertad personal (Ver el análisis económico-legal elaborado por el economista Rafael González sobre las medidas aplicadas al sector comercio por el Gobierno Nacional en: http://goo.gl/AfZ0jd). Sin pretensión de exhaustividad, ya que más allá de lo declarado por el director del Órgano Superior para la Defensa de la Economía Popular (y citado pre-
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INFORME 2 tantos ramos comerciales que cabría mencionar, como las dedicadas a la ropa interior. Valga indicar, que no existe en Venezuela ninguna prohibición de adquirir en el extranjero bienes con divisas no oficiales, pues lo que prohíbe la Ley contra los Ilícitos Cambiarios (G.O. Extra. No. 5.975, de 17.05.10, artículos 5, 7, 9, 10 y 11) es la compra venta de divisas en el territorio nacional sin la intervención del BCV, no declarar al BCV la posesión de divisas por encima de los 10.000 dólares de EEUU obtenidas por exportación o el destinar divisas otorgadas por CADIVI para el pago de bienes distintos a los indicados en las solicitudes de autorización de adquisición de divisas. Asimismo, está prevista una sanción administrativa (multa) de 500 unidades tributarias para los comercios que vendan bienes adquiridos con divisas oficiales y no tengan exhibidos al público anuncios que indiquen qué bienes fueron adquiridos con tales divisas.
Sin embargo, es tal la discrecionalidad, más bien, la incertidumbre y la falta de seguridad jurídica en esta materia, que durante las “inspecciones” a comercios el Ejecutivo Nacional “creó” de facto una nueva prohibición y sanción, no prevista en norma alguna, según la cual comprar bienes en el extranjero con divisas no vendidas por el BCV para su venta en Venezuela es un ilícito, se presume delito (es decir, que los fondos son ilegales por no provenir del BCV), y que debe ser castigado por el Gobierno aunque no esté previsto en la Ley. De allí que en algunos casos se afirmó: “otro delito es que el importador Full Time Ferreteras en 2012 obtuvo divisas, pero en 2013 dicen que no han adquirido artículos con divisas del Estado, sino con otras propias, por lo que se desconoce su procedencia. ‘Han querido darle un golpe a la moneda nuestra, desestabilizar la economía, la revolución y evidentemente que nuestro pueblo sea quien pague las consecuencias’, expresó el Ministro del Comercio Alejan-
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INFORME 2 dro Fleming” (Ver: http://goo.gl/HmJYGL). Para el 09 de enero de 2014, ya se habían ejecutado hasta 100 nuevas inspecciones en comercios, dirigidas en su mayoría por SENCAMER, ello, según informa este organismo, con el objeto “de hacer frente a la especulación y velar porque los productos, bienes y servicios ofrecidos sean de calidad”, señalando funcionarios de ese órgano que así “continúa su labor en la ofensiva implementada por el Gobierno revolucionario para contrarrestar la ejecución de delitos como usura, remarcaje de precios, acaparamiento y especulación (Ver: http:// goo.gl/gKjEnS). De este modo, las medidas de “inspección, fiscalización y supervisión” continuaron a inicios de 2014 en todo el territorio nacional, a pesar de no ser éste un año electoral en Venezuela, y se siguieron ejecutando sin previo aviso y sin debido procedimiento, ante lo cual surgieron voces de alerta sobre las consecuencias de tales acciones. Por ejemplo, el empresariado agrupado en FEDECAMARAS-ZULIA, señaló, a raíz de las declaraciones del Presidente de la República sobre la obligación de reembolso del dinero a aquellas personas que compraron con “sobreprecio”, que la medida “es inviable en estos momentos (…) Eso es completamente inviable e imposible, eso significaría para muchas personas una quiebra total de sus empresas, porque el gran problema de esto viene dado por la inflación, los costos de reposición en un país inflacionario son extremadamente necesarios para trabajar en estos momentos (…) el Ejecutivo está en el derecho de realizar cualquier inspección, lo importante es que éstas vayan ajustadas al debido
“(…) el Ejecutivo está en el derecho de realizar cualquier inspección, lo importante es que éstas vayan
ajustadas al debido proceso, como reza en las leyes vigentes y la Constitución,
y es muy importante dar el derecho a la defensa que tiene cada ciudadano y
cada una de esa empresas (…) Ninguna economía funciona con amenazas, ni con intimidación. Hay que inyectarle confianza para atraer inversiones” FEDECÁMARAS-ZULIA
proceso, como reza en las leyes vigentes y la Constitución, y es muy importante dar el derecho a la defensa que tiene cada ciudadano y cada una de esa empresas (…) los empresarios necesitamos materia prima, insumos y, materiales que nos permitan producir para los venezolanos. Ninguna economía funciona con amenazas, ni con intimidación. Hay que inyectarle confianza para atraer inversiones” (Ver: http://goo.gl/IRZ6D0). Por su parte, el presidente de FEDECÁMARAS-LARA, Alberto Gámez, afirmó que "lo peor se avecina para el 2014 en el primer trimestre del año, en relación a la economía del país y la falta de liquidez de di-
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visas para nacionalizar los productos que llegan del exterior”; recalcó que en ningún momento los pueden tildar de acaparadores; y que si alguna empresa está inmersa en cualquier delito similar, son execrados de inmediato de sus líneas (…) “El Gobierno nacional tiene que revelar las listas de los comercios que han incurrido en dichas acciones de especulación y acaparamiento”, recalcó Gámez, quien a su vez explicó que han realizado varias encuestas y el 82 por ciento de los comercios que han recibido divisas son conocidas como "empresas de maletín", la cual son afectas al Gobierno’ (…) De igual forma, Gámez, sostuvo que los comercios no pueden trabajar a pérdida, porque solo en gastos operativos como la luz, el agua y empleados, da un 42%, y si cuentan la ganancia de los productos entre el 15 al 18%, da un total del 60% y las fiscalizaciones se están realizando de un descuento del 30% sobre los productos que adquieren como minoristas, la cual no son comprados con dólares CADIVI. Por último, señaló que FEDECÁMARAS-LARA, reci-
bió un total de 108 llamadas de sus afiliados, la mayoría minoristas por el temor y hostigamiento que hay por parte de los compradores para adquirir la mercancía (…) Puntualizó que los costos de reposición no se están dando actualmente, por eso se observan los anaqueles vacíos” (Ver: http://goo.gl/ RmpuhR). Entre tanto, CONSECOMERCIO alertó sobre lo difícil que será lograr la reposición de inventarios a corto plazo, a través de su Presidente Mauricio Tancredin, quien aseguró que “ven difícil la reposición de inventarios a corto plazo, pues es un proceso que toma hasta 65 días, dado que los productos vienen de países lejanos. ‘A los comerciantes les convienen inspecciones serias, pero hay quejas en la forma en que se han efectuado’, sostuvo Tancredi. Dijo que los comerciantes están en contra de las especulaciones y los abusos, pero las inspecciones deben efectuarse en común acuerdo” (Ver: http:// goo.gl/ZYjAtj).
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INFORME 2 Incluso Mario Vargas Llosa dedicó una columna de su Piedra de Toque2, a advertir sobre las calamidades que tal medida acarrearía a la economía venezolana y a los habitantes de este malogrado país. De este modo, inseguridad, desabastecimiento, temor, criminalización y pérdidas aún por cuantificar, son las características que al momento de la elaboración de este informe presenta el sector comercio en Venezuela, el cual, debido a las complicaciones, falta de eficiencia, informaciones imprecisas y opacidad de los nuevos organismos cambiarios (CENCOEX y CORPOVEX, aunque algunos economistas consideran que el problema de fondo es la disminución acelerada de divisas), no ha podido recuperarse aún de las graves pérdidas sufridas a fines de 2013.
año en el cual se intentaron algunas demandas de nulidad tanto contra la Ley del INDEPABIS como contra el DLCPJ, e incluso en contra de las normas y actos de aplicación de esas leyes, en 2013 no hubo información de que los afectados por los actos formales y meras actuaciones de hecho adoptadas con base en aquéllas fueran objeto de reclamos judiciales o de otra naturaleza, es decir, que medidas como rebajas forzadas de precios, comisos de mercancías, sanciones administrativas como multas, cierres, ocupaciones e intervenciones, e incluso medidas privativas de libertad, hayan sido demandas en nulidad por inconstitucionales e ilegales, de modo que menos control jurisdiccional hubo a las actuaciones con poderes ilimitados del Gobierno Nacional. En lugar de ello, acaso por el temor a reclamar de-
Un dato a destacar es que, a diferencia de 2012,
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“En suma, pasada la ilusión que estas operaciones han creado en una opinión pública desesperada por la corrupción, el empobrecimiento y la anarquía creciente que vive Venezuela, el precio que el país tendrá que pagar por la demagogia irresponsable de estos días será muy alto. Sin duda, contrariamente a los cálculos del Gobierno, se traducirá en una nueva y más aplastante derrota del Gobierno en las próximas elecciones del 8 de diciembre, lo que obligará a aquél, al igual que en las presidenciales, a un nuevo fraude monumental a fin de mantenerse en el poder pese a su descrédito y a la ruina a la que precipita cada día más a su desdichado país. Venezuela nunca tuvo una agricultura floreciente, a la altura de las enormes posibilidades agrícolas con que cuenta; pero con el chavismo, sus expropiaciones e invasiones, las tomas arbitrarias de fincas y la asfixiante burocratización imperante, la producción agraria en ciertas regiones se redujo a mínimos y en otras simplemente desapareció. El resultado de todo ello es que el país debe importar casi el 95% de lo que consume, algo que en la época del apogeo del petróleo, apenas se advertía. Pero el control revolucionario implantado por Chávez y Maduro en la industria ha rebajado la producción petrolera venezolana de manera radical, a la vez que la política de control de divisas, una de las fuentes más prósperas de la corrupción, ha convertido la obtención de dólares para los comerciantes y empresarios que necesitan importar materias primas y productos del extranjero en una verdadera pesadilla. Sólo los enchufados en el Gobierno consiguen divisas, o los que están dispuestos a pagar por ellas comisiones millonarias. Los otros deben obtener las divisas en el mercado negro, donde el dólar vale diez veces el precio oficial. Esa es la explicación de la subida desmedida de los precios y del desabastecimiento generalizado. Las valientes rebajas impuestas manu militari por Maduro sólo servirán para acelerar el desabastecimiento generalizado —los anaqueles se quedarán vacíos, en efecto—, y el mercado negro, que crecerá de manera elefantiásica, estará sólo al alcance de los privilegiados, es decir, los favorecidos por el régimen o por la vertiginosa corrupción generada por la política intervencionista en la economía. En otras palabras, la política del socialismo chavista habrá contribuido a agravar las diferencias económicas y sociales que se proponía abolir” (Ver ¡Vacíen los anaqueles!, en El País: http://goo.gl/8Kpzlm ).
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“Hay otras vías para evitar los abusos. El Estado tiene cómo resolver la situación, porque mucha gente que estaba en las colas no fue a comprar” ANTONIO ARMANDO, VICEPRESIDENTE DE FEDECÁMARAS
bido a la falta de división de Poderes e independencia judicial que se observa en Venezuela desde hace años, la estrategia de los sectores afectados ha sido la de “condenar la especulación y la usura”, acogiendo la nuevalengua oficialista (Sobre esta problemática en Venezuela ver: http://goo.gl/dQPWO2 y http://goo.gl/LErFJj), el intentar ajustarse a las exigencias del Gobierno (a pesar de su irracionalidad económica) y hasta colaborar en algunos casos con las medidas ordenadas por el Ejecutivo Nacional, y sólo en algunos casos el alertar y explicar al país no sólo lo arbitrario de las mismas, sino los graves perjuicios que éstas, en el corto plazo, causarán a los consumidores y usuarios en general.
Sólo en ciertos casos específicos se han rechazado las arbitrariedades descritas por los medios de comunicación independientes, y se ha exigido la aplicación del debido proceso, la intervención de las embajadas de países de los que son nacionales algunos de los comerciantes afectados, explicar que sólo un mínimo porcentaje de empresas privadas “recibieron”3 en 2013 divisas oficiales para importar y que las “inspecciones” se debían aplicar a través de los procedimientos previstos en las leyes, siendo algunos expertos en regulación económica los que han denunciado las violaciones jurídicas y graves efectos económicos que tendrán estas medidas en contra del sector comercio. Sobre lo anterior, el Vicepresidente de FEDECÁMARAS, Antonio Armando “criticó la forma en que el Gobierno nacional aplicó la regulación de precios en diferentes establecimientos de electrodomésticos. ‘Hay otras vías para evitar los abusos. El Estado tiene cómo resolver la situación, porque mucha gente que estaba en las colas no fue a comprar’. Exhortó al Ejecutivo a no crear anarquía en las calles del país, pues expresó que el ambiente está tenso, debido a los actos vandálicos. ‘Lo lógico es que el Gobierno haga sus inspecciones como se debe, porque así como lo están ejecutando están bien equivocados’. También instó a los dueños de comercios a establecer precios justos a los artículos
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Término empleado indebidamente en el caso de las divisas asignadas por CADIVI, ya que las empresas privadas que importan en Venezuela nunca “reciben” esas divisas (ni se las entrega la República en efectivo, ni se las deposita en una cuenta privada en el extranjero, esto último sólo ocurría en el caso del desaparecido SITME), sólo reciben una autorización para “adquirir” las divisas (esto es, para comprarlas y pagarlas al Banco Central de Venezuela) y una autorización para liquidarlas a favor de sus proveedores en el extranjero (es decir, para que el Banco Central ordene hacer el pago efectivamente), de modo que es la República, a través del Banco Central de Venezuela la que paga en el exterior al proveedor extranjero de la empresa privada venezolana que importa.
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INFORME 2 en veta, aunque considera que esto no puede lograrse si el empresario no tiene acceso al dólar oficial de Bs 6,30. ‘Si no tienen la divisa al precio que es, es imposible que el valor de los productos sea el mismo. Por supuesto serán más altos’. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Bachar Kobrosly, recordó que ‘muchos comerciantes trabajan con proveedores nacionales. No importan y por eso los precios son más altos’. Recordó que expender los artefactos con 70% de descuentos genera pérdidas a estos empresarios” (Ver: http://goo.gl/6cHlVJ).
y días recientes, las cuales solo dejarán en un plazo no muy lejano menos empleos disponibles para la población, menos oportunidades para que la gente pueda acceder a los bienes y servicios, mayor inestabilidad e incertidumbre (…) el gremio no apoya ni fomenta conductas empresariales al margen de la ley, pero tampoco se hace eco de atropellos al Estado de Derecho y al debido proceso que puedan lesionar, de forma grave, a ciudadanos, empresas y al principio mismo de la propiedad privada consagrado en la Constitución nacional” (Ver: http:// goo.gl/x1TpsV).
La Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, en cambio, “solicitó garantizar la integridad de las personas y los bienes de los comercios que están siendo acusados de ‘usureros’ y por ende sometidos al escarnio público. ‘En esta institución creemos que la buena fe se presume y la mala hay que demostrarla, por lo que exigimos se respete la Constitución que establece el debido proceso y la legitima defensa, el cual debe ser aplicado a todos quienes resulten involucrados en prácticas vedadas contra la dignidad y las buenas costumbres’, dicen en una nota de prensa. El representante de las comerciantes árabes ante esta institución, Fidel el Bonney, dijo que conversó con el embajador de Siria en Venezuela, con el objetivo de solicitar su intermediación ante las autoridades nacionales (…) Aclaran que no se oponen a las sanciones de algunos comerciantes que puedan resultar inmersos en hechos indebidos, pero rechazan la generalización como práctica común porque perjudica a quienes están establecidos y reconocidos como comerciantes honestos”. En paralelo, el directorio de FEDECÁMARAS alertó “sobre el enorme peligro que suponen prácticas como las que hemos presenciado en las horas
El presidente de CONSECOMERCIO, Mauricio Tancredi, enfatizó que esa instancia está dispuesta a colaborar con todas las visitas e inspecciones que emprenda el gobierno en los centros comerciales (…) aseveró que “todas estas reducciones de precios, todos estos aciertos deben ser hechos bajo el parámetro del acuerdo, no se pueden dictaminar cam-
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INFORME 2 bios en los precios en los productos sea bienes o servicio sin tener curso del afectado, sería en este caso los dueños de los locales comerciales” (…) “A su juicio, desde el Ejecutivo no se puede tomar una decisión generalizada y unitaria en todos los productos en un mismo margen, por el contrario se deben tomar en cuenta diferentes factores que varían según la circunstancia…” (Ver: http://goo.gl/ FWNa1A). Ante la permanente acusación de ventas con sobreprecio de bienes que habrían sido supuestamente adquiridos con divisas oficiales, de nuevo, el Presidente de FEDECÁMARAS desmintió las declaraciones del Gobierno nacional con respecto al otorgamiento justo de los dólares, argumentando que “no se le han repartido los dólares a quién se les tienen que repartir. Alguien tiene que responder por qué fue más importante importar un plasma de 70 pulgadas en vez de otorgar dólares a la industria far-
macéutica, que debido a eso, en estos momentos están falleciendo personas en los hospitales por la falta de medicamento”. En este sentido, dijo que los empresarios piden ‘transparencia’ y que se publique una lista de las instituciones que reciben dólares a través de CADIVI, así como por vía del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD). “Que se haga esto público para que todos los venezolanos tengamos acceso a cuál fue el criterio de asignación y a quién se le asignaron esos dólares”. Igualmente, indicó que la mayoría de los comerciantes no importa directamente, sino que ‘solo el 2% de las empresas que hacen vida productiva reciben dólares de CADIVI’ de las 8.000 que se benefician de esta administración pública” (Ver: http://goo.gl/nBso9g). Finalmente, cabe destacar que el Presidente de la asociación de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios ANAUCO, el abogado Roberto
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INFORME 2 León Parilli, aseguró que “en casos como el de las tiendas de electrodomésticos, se debe seguir el ‘debido proceso’ y permitir el derecho a la defensa de los comercios implicados, pues en todo el conflicto el más perjudicado es el comprador. Dijo que ‘las vías que se tomaron no son las más propicias. ‘El camino es que las instituciones del Estado actúen como deben actuar, señalen al infractor, ni todos son malos ni todos son buenos’. Para el representante de Anauco debe respetarse ‘el derecho a la defensa, al debido proceso, a tener tranquilidad y a saber que uno tiene instituciones del Estado que están haciendo su trabajo y no que tiene uno que ir corriendo a buscar solución’. Parilli agregó que “no se debe generalizar a los que cometen infracciones, ‘más allá de agarrar a los que estén violando la Constitución, se puede generar un problema de anarquía y de violencia, más en vías a navidad o elecciones” (Ver: http://goo.gl/n3lyKB), mientras que expertos en regulación económica como Rafael González señalaron que se cometieron graves violaciones al debido proceso y presunción de inocencia (Ver: http://goo.gl/sXDv4n), al principio de tipicidad sancionatoria y que, en contra de lo afirmado por abogados del Gobierno como Herman Escarrá, se habían cometido claras confiscaciones basadas en criterios de desproporción económica usados por el Ejecutivo Nacional (Ver: http:// goo.gl/Zf3BMZ). Es el caso que, según testimonios de las víctimas, declaraciones de funcionarios autores de las medidas y reportajes publicados por medios de comunicación (varios de ellos antes citados), las “inspecciones, supervisiones y fiscalizaciones” han consistido, en realidad, en la aplicación de sanciones, administrativas y penales, sin previo procedi-
“(...) las vías que se tomaron no son las más propicias. El camino es que las instituciones del Estado actúen como deben actuar, señalen al infractor, ni todos son malos ni todos son buenos” LEÓN PARILLI, PRESIDENTE DE ANAUCO
miento que garantice el derecho a la defensa, ya que en el mismo acto en el que se efectúa la inspección, se adoptan las decisiones de fondo (rebaja de los precios, cierre del local, intervención del local, comiso de la mercancía, privación de libertad de gerentes y propietarios aunque en delitos económicos no cabe la flagrancia, etc.), todo ello por cuanto estas acciones presumen la culpabilidad y no la inocencia de los comerciantes, y que los bienes que comercializan no son de su propiedad, sino que lo son del Estado, por presumir también sin prueba de ello, que todos han sido importados con divisas oficiales otorgadas por CADIVI. Tales medidas, por tanto, fueron y son aún violatorias de los derechos al debido proceso y a la propiedad privada protegidos por los artículos 49 y 115 de la Constitución venezolana, 8, 21, 24 y 25 de la Convención Americana, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho Pacto Internacional, y de igual modo, de los derechos protegidos por los artículos II, XXIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Ver:
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INFORME 2 http://goo.gl/vdWBQU y http://goo.gl/TQUv0x). Valga añadir que esta política de la “ofensiva económica”, en una “segunda etapa”, ha continuado hasta el mes de junio de 2014, apoyada en órganos de investigación penal como el SEBIN y de funcionarios de organismos militares, con la misma orientación de criminalizar la actividad comercial, negar los perjuicios derivados de la planificación central de la economía y los controles intervencionistas y ocultar las causas de los graves problemas que afectan a los consumidores y usuarios sin distinción de preferencia política o militancia partidista. Este reportaje del diario El Mundo del 03.06.14 lo describe así: “La segunda fase de la "ofensiva económica" lleva 5.262 fiscalizaciones”, según informó
Elaborado por el Doctor Luis Alfonso Herrera para el Observatorio de Derechos de Propiedad. Para más información: observatoriopropiedad@gmail.com www.paisdepropietarios.com País de Propietarios
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este martes el intendente de Precios Justos, Roger Prepo García durante la inspección efectuada a la empresa de repuestos automotrices Venamerican. Detalló que el tercer sector con más inspecciones en el ámbito nacional corresponde al de autopartes, con aproximadamente 610 operaciones, en las que se han aplicado unas 90 medidas en diferentes formas por ‘especulación’ o acumulación’. Sobre la empresa Venamerican, señaló que detectaron márgenes especulativos de más de 200%. Resaltó que se ha establecido con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el Sistema de Exploración Popular, "que nos permitió dar con esta empresa que estaba practicando la actividad especulativa” (Ver: http://goo.gl/vpJh9V ).