II NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Legislación aplicable: Constitución española de 1978, artículos 28 y 37. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto de los Trabajadores, en especial su Título III, artículos 82 a 92. Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, artículos 161 a 164. Ley de Igualdad 3/2007. Ley 43/2006, de 29 diciembre, de mejora de crecimiento y del empleo, artículo 12.
El sindicalismo de pacto y consenso permanente, representado en el estado español por CC.OO. y UGT, y a niveles europeos por la CES, ha asumido la lógica del capital y la retórica empresarial, sometiendo la vida a las reglas del mercado, poniendo como eje la competitividad y aceptando que el empleo y sus condiciones dependen de la ganancia empresarial. Desde 1997 vienen suscribiendo con la patronal (CEOE y CEPYME) sucesivos Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva (ANC), que orientan los criterios en la negociación de los convenios y que, conjuntamente con el Diálogo Social «permanente», tienen como único objetivo la multiplicación de los beneficios empresariales mientras que los salarios pierden peso en la renta nacional y el empleo se flexibiliza. El último firmado hasta el momento es el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010, 2011 y 2012 (firmado en febrero de 2010). El sindicalismo del «pacto social permanente», está convencido de que «el empleo y sus condiciones» dependen directamente de la tasa de ganancia empresarial El modelo de crecimiento de la economía española en pleno siglo xxi, viene precedido de las reestructuraciones y reconversiones de los sectores industrial, agrario, pesca y minería, a raíz de la entrada del estado español en la CEE —hoy, UE—, y el tipo de economía predominante, la de servicios1, y la apuesta decidida por la «liberalización», que incluye el repliegue de lo público y su progresivo desmantelamiento, ha generado las bases de gestión política y social desde el mercado, y por consiguiente, la búsqueda del beneficio privado, pretendiendo que así se garantizan nuestros salarios, nuestros empleos, nuestras pensiones, nuestras viviendas, nuestras movilidades, nuestras igualdades, etc. El Decreto de Normalización de Trabajadores inmigrantes y la Reforma Laboral 2006 para la mejora y crecimiento del empleo [se encuentra pendiente de publicación la Reforma de la Seguridad Social, sobre todo en materia de pensiones y jubilación anticipada], son los ejes que han 1. El peso económico en el PIB del sector servicios (incluida la construcción) se acerca al 70% y en términos de empleo supera ese porcentaje.
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