Financiado por:
FOS-Colombia- Fondo para la Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia. Iniciado por Asdi, y administrado por Forum Syd
Presidencia Ejecutiva - CIASE Rosa Emilia Salamanca González Transcripción de textos Myriam Lucy Niño Muñoz Martha Carolina Dávila Díaz Ángel Eduardo Gamboa Prada Traducción Iván Pérez Manzanares Ilustración de portada e interiores Diana García Salamanca Realización de videos Rosa Emilia Salamanca González Christian Moreno Sarmiento José Luis Palacios López Animación Christian Moreno Sarmiento Realización audios José Luis Palacios López Diagramación e impresión Unión Gráfica ISBN XXXXXXXX
Financiado por: Fondo para la Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia - FOS Colombia en el marco del proyecto Intercambio Colombia - Filipinas de Conciliations Resources
I N T R O D U C C I Ó N
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ablar de “mujeres, paz y seguridad” en un contexto de conflicto armado como el colombiano resulta no sólo pertinente sino sin duda necesario, máxime cuando, como se verá a lo largo de estas presentaciones, el rol de las mujeres en una sociedad en conflicto se ha transformado y así, ya no pueden entenderse únicamente como víctimas de las violaciones perpetradas por los diferentes grupos armados legales e ilegales, sino que, además, se han convertido en agentes de la búsqueda de la paz. Es por este motivo que muchas organizaciones de la sociedad civil y particularmente organizaciones de mujeres, interesadas en aportar a un proceso de construcción de paz, han enfocado sus esfuerzos en analizar y debatir en torno a estos asuntos, convirtiéndolos en una de sus prioridades y enriqueciendo el debate desde diversas perspectivas. En este sentido, y en el marco de un proceso de intercambio que viene desarrollándose de tiempo atrás, la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – CIASE en alianza con Conciliation Resources y con diversas organizaciones de la sociedad civil promovió el foro “mujeres, paz y seguridad”, realizado el día 8 de agosto de 2011 en la ciudad de Bogotá, con el propósito de generar un espacio de encuentro para compartir experiencias, propiciar escenarios de discusión, de construcción de saberes, de socialización de posturas y de diferentes procesos que han venido adelantando las mujeres en torno a la construcción de paz tanto en Colombia como en Filipinas. Finalmente, es preciso recordar que este foro constituye sólo una actividad más que pretende fortalecer y enriquecer el proceso de seguimiento y análisis sobre la implementación de la Resolución 1325 y conexas. Así mismo, este material producto del trabajo efectuado en dicho foro, que se complementa con los archivos de audio y los videos incluidos en estas memorias, busca ser una ayuda informativa y pedagógica que deberá completarse con trabajos posteriores y con el seguimiento al proceso de implementación de las resoluciones.
I N S T A L A C I Ó N
Conciliation Resources Kristian Herbolzheimer Conciliation Resources es una organización no gubernamental registrada en el Reino Unido, trabaja principalmente en el Cáucaso, Uganda y África occidental en asociación con organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales y con sus gobiernos. Dentro de las líneas de trabajo de esta organización sobresalen aquellas que buscan prevenir la violencia, promover la justicia y transformar el conflicto en oportunidades de desarrollo. De igual manera, está a cargo de la publicación de la serie Accord: an international review of peace iniciatives y participa en proyectos en Colombia, Islas Fiji y Filipinas. Se financia con subvenciones de gobiernos, instituciones independientes y fundaciones. Kristian Herbolzheimer - Director de los programas de Colombia y Filipinas para Conciliation Resources
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urante muchos años y aún en los procesos de paz más o menos recientes ha imperado la cultura de la guerra, de la violencia, vemos publicidad e información todos los días donde los héroes de guerra están en las calles, existen días feriados para celebrar fiestas bélicas. Es en el siglo pasado, después de las guerras mundiales, que se cambia la perspectiva y se inicia un trabajo en torno a la paz como objetivo estructural y no es sino hasta hace once años que se expide la Resolución 1325. Ahora bien, con estas perspectivas históricas se generan más preguntas que respuestas.
Las perspectivas de paz han sido abordadas cuando las respuestas militares fallan o cuando tocan techo, es en ese momento cuando las iniciativas se centran en los diálogos, la construcción de paz, de confianzas y de reconciliación. Con este nuevo enfoque y pese a las dificultades que encarna, los conflictos armados se han reducido de 55 que existían al final de la guerra fría a 35 en la actualidad, además, casi en todos los conflictos armados del mundo existen diálogos de paz en marcha o incipientes. Se podría insinuar entonces que ha habido un avance cuantitativo en dicha construcción de paz. El reto es pasar de avances cuantitativos a avances cualitativos. En esta nueva búsqueda de la construcción de paz cada vez es más importante la participación de las mujeres, pues el feminismo coincide con las posturas de construcción de paz en el empeño de deconstruir los imaginarios, desenmascarar los intereses y cambiar las estructuras de poder que justifican la violencia, la opresión y la injusticia. La organizaciones que trabajan en la construcción de paz están en un proceso encaminado a cambiar sus propios imaginarios inspirados en estas prácticas feministas y tienen el reto de incorporar en su trabajo el
enfoque diferencial y de género, de pasar de las amnistías a la rendición de cuentas, a reconocer las tradiciones y particularidades en lo local y a tener en cuenta a las víctimas como agentes de transformación del conflicto, reconfigurando estas negociaciones que hasta el momento han estado basadas en una concepción de seguridad cerrada y masculina. El presente intercambio entre Colombia y Filipinas, lejos geográficamente pero con muchas cosas en común: más de cuatro décadas de conflicto armado, una amplia experiencia en procesos de paz, países de renta media, democracias en proceso de fortalecimiento, una sociedad civil creativa y comprometida a pesar de los riesgos que conlleva ese compromiso. Retos similares aunque con procesos diferentes. Todo ello hace que se puedan compartir y aprender los éxitos pero también las dificultades, para que se sigan fortaleciendo mediante la participación los procesos de paz y la promoción y protección de los Derechos Humanos.
ONU MUJERES Programa Paz y Seguridad Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer Margarita Bueso Fiallos
El Programa Mujeres Paz y Seguridad en América Latina se estableció en el Marco de Financiación Multianual 2004-2007 del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer en la Región Andina, UNIFEM RA, cuyas prioridades son las establecidas en la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer “CEDAW", la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM. Los objetivos del programa se centran en el fortalecimiento de redes de mujeres para la exigibilidad de sus derechos; justicia de género; movilidad, migración y desplazamiento por el conflicto y su vinculación con el VIH/SIDA, desde una perspectiva de género; seguridad y derechos económicos, con énfasis en pobreza, acceso a la tierra y violencia; mecanismos de prevención y protección para mujeres en el contexto del conflicto; estrategias de prevención de los diversos tipos de violencia de género, y protección en casos de violencia doméstica, sexual, social y política y su impacto sobre las mujeres y la promoción de la participación política de las mujeres. Margarita Bueso Fiallos - Coordinadora para Colombia del programa mujeres, paz y seguridad de UNIFEM Región Andina.
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iempre es importante referirse a la Resolución 1325 como el primer instrumento de la ONU que reconoce a las mujeres su participación en los procesos de construcción de paz que se adelantan en países en conflicto, sus afectaciones y necesidades específicas.
La Resolución 1325 hace un llamado a aumentar la representación de las mujeres en los procesos de construcción de paz, insta a la implementación de mecanismos de protección de mujeres y niñas, solicita la inclusión de la perspectiva de género, exige el respeto de los Derechos Humanos haciendo énfasis en las afectaciones hacia las mujeres y niñas y recuerda a los estados poner fin a estos graves crímenes. Esto se ha complementado con otras resoluciones, con los indicadores de cumplimiento, etc. Todos estos son instrumentos fundamentales en Colombia donde las mujeres son las sobrevivientes del conflicto, son víctimas de violencia sexual y ejercen liderazgo en la exigencia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En este escenario, Naciones Unidas trabaja en la implementación de la Resolución 1325 desde el 2005. Posteriormente, en el 2009 se dio un primer paso hacia la concertación y construcción en un plan de acción con la Misión de Alto Nivel hacia la implementación de la 1325: Retos para la participación de las mujeres colombianas para la paz y la seguridad.
En el año 2010 con motivo de los 10 años de la expedición de la resolución se estableció una línea de trabajo para lograr su implementación, con participación de la mesa de trabajo de género y de cooperación. En el marco de esta línea de trabajo se realizaron diez eventos nacionales con tres propósitos: 1. Difundir la resolución, 2. Contribuir a identificar la situación de las mujeres en los asuntos de paz y seguridad y 3. Realizar análisis conjuntos para la implementación de la Resolución. Los primeros avances en estos propósitos fueron la creación de una plataforma para el seguimiento a la resolución, la incorporación de medidas específicas para mujeres en la Ley de Víctimas, la formulación de una Política Pública para las mujeres con enfoque de Derechos Humanos, la Mesa de Garantías para las mujeres. Pese a los avances, existen retos pendientes y estratégicos, como hacer seguimiento a las medidas adoptadas, máxime si tenemos en cuenta que las mujeres siguen siendo víctimas de amenazas, continúan los asesinatos de lideresas y el hostigamiento y la violencia sexual. Un reto frente a esto último consiste en seguir luchando por conocer el origen de las amenazas y exigir que los asesinatos y violaciones se esclarezcan porque todo ello es parte del cumplimiento de la Resolución 1325. Así mismo, deben establecerse programas de protección a fin de garantizar la vida y seguridad de las víctimas y de las organizaciones sociales.
Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM) Ana Paola Tinoco
La Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM) fue ratificada por el presidente Juan Manuel Santos Calderón, a través del Decreto3445 del 17 de septiembre de 2010. Entre sus principales funciones están: Asistir al Presidente y al Gobierno Nacional, en el diseño de las políticas gubernamentales, destinadas a promover la equidad entre mujeres y hombres. Ana Paola Tinoco es abogada titulada de la Pontificia Universidad Javeriana (2001) , Magíster en Historia (2005) con estudios de Maestría en Cooperación Internación para el Desarrollo y Acción Humanitarias (2000). Actualmente trabaja en la ACPEM coordinando el programa de prevención del impacto de género desproporcionado del desplazamiento y prestando asistencia técnica para incorporar la perspectiva de género en diversos temas.
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a iniciativa de intercambio entre las mujeres colombianas y filipinas en la construcción de paz y seguridad beneficia a la sociedad civil, al sector empresarial y al gobierno y comienza a dar sus frutos desde ya, porque en las zonas del país de donde provienen las participantes, se están tejiendo lazos de amistad.
Además, el gobierno actual está comprometido con los mandatos de la Resolución 1325 y de ello dará cuenta la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, en general, con sus estrategias en materia de protección y el Ministerio del Interior con el programa que se encarga de garantizar las medidas de protección para las mujeres. En este gobierno se han abierto importantes espacios y se han creado instrumentos para avanzar en los retos que plantea la Resolución. Uno de ellos es precisamente la apuesta central de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en el diseño participativo de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres. Así, con un grupo de apoyo de la sociedad civil, cooperación internacional y el gobierno, se ha definido como uno de los ejes de trabajo, la construcción de paz y se harán consultas regionales en todo el país a fin de identificar elementos para trabajar de una forma ordenada y articulada en la política nacional para obtener resultados contundentes en la consecución de la paz y la seguridad para las mujeres. La Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer ha promovido la inclusión de la Resolución 1325 en instrumentos tan importantes como la Ley de Víctimas, el Plan Nacional de Desarrollo y en las discusiones sobre protección de las mujeres en el marco del conflicto armado. Por último, esperamos que este evento de intercambios de experiencias entre el Gobierno Nacional, la Sociedad Civil y la Cooperación Internacional y sus pares filipinos nos permita aprender unas de otras y encontrar caminos para aportar en el cumplimiento de la Resolución 1325 y conexas.
Marco internacional, Resolución 1325 y conexas Julissa Mantilla Naciones Unidas
Julissa Mantilla Falcón es profesora en derecho internacional de los derechos humanos en la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú, en la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), y en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Facultad de Derecho de la American University (Washington, D.C.). Es especialista en justicia de género en la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). Fue coordinadora de la Línea de Género y abogada integrante de la División Legal de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú (CVR Perú).
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ntes de hacer referencia al marco internacional y en particular a la Resolución 1325 y conexas, es necesario hablar de la Carta de Naciones Unidas, documento que da inicio a la organización de Naciones Unidas y es el presupuesto de los tratados internacionales que se firmarán con posterioridad. Esta Carta tiene dentro de sus propósitos dos que son fundamentales para los asuntos que nos convocan en este foro, sostiene que la organización de las Naciones Unidas se crea para mantener 1. La paz y la seguridad y 2. El respeto y desarrollo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Es importante señalar esto porque cuando se habla de la obligatoriedad de las resoluciones expedidas por sus órganos se olvidan estos dos aspectos.
Cuando inició el sistema de Naciones Unidas se creó el Consejo de Seguridad cuya función fundamental es mantener la paz y la seguridad. Así, el artículo 25 de la Carta sostiene que los Estados miembros de Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones de este órgano. En lo que hace a las resoluciones cuyo contenido se refiere al rol de las mujeres en los conflictos armados y en el mantenimiento de la paz, las mismas pueden dividirse en dos grupos: 1.
Las que tienen que ver con mujeres y procesos de paz (Resoluciones 1325 de 2000 y 1889 de 2009).
2.
Las que se refieren a las mujeres y la violencia sexual en los conflictos armados (Resoluciones 1820 de 2008, 1888 de 2009 y 1960 de 2010). Estas resoluciones datan de no más allá del 2000, lo que deja en evidencia que la propia organización de Naciones Unidas ha demorado en el reconocimiento de la participación de las mujeres en los procesos de paz y de la afectación en la paz y la seguridad de las mujeres a causa de la violencia sexual.
De acuerdo con las resoluciones citadas anteriormente, la incorporación o visibilización de las mujeres debe darse desde dos ámbitos 1. El reconocimiento de las mujeres que han sido víctimas y han tenido afectaciones específicas en los conflictos y 2. El reconocimiento de las mujeres como agentes de cambio, como agentes en la construcción de la paz.
En este punto es importante señalar que las resoluciones a las que nos venimos refiriendo, están fundadas en el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial. Esto adquiere relevancia porque el mensaje que se da con la expedición de las mismas es: Si las mujeres no son incorporadas en los procesos de paz y solución de conflictos, no son sólo sus derechos los que se ven afectados, se afecta la paz y la seguridad internacional. Otro aspecto que es indispensable abordar con respecto a estas resoluciones es que las expedidas con posterioridad hacen llamados a las resoluciones anteriores, lo que obliga a entenderlas de manera progresiva y a aplicarlas de acuerdo con la interpretación más favorable. Finalmente, existen unos puntos importantes que es oportuno resaltar en un foro como este, en primer lugar, en cumplimiento de la Resolución 1888 de 2009, el secretario general de Naciones Unidas, en el año 2010 presentó un informe que incluye siete compromisos básicos, consideramos que este informe debe ser difundido en la sociedad civil, ya que enfatiza en la necesidad de incrementar la participación de las mujeres en los procesos de paz y en las medidas que se adopten para el post-conflicto. De otra parte, frente a la violencia sexual, es de vital importancia que se insista en la tolerancia cero frente a estos actos especialmente en lo que hace a los miembros de las fuerzas armadas, esto debe ir más allá de las expedición de directivas e implica revisar antecedentes de los miembros de las fuerzas armadas, exclusión de la violencia sexual de la amnistía y de la justicia penal militar, entre otras.
Avances globales frente a la Resolución 1325 María Victoria Cabrera Global Network of Women Peacebuilders – GNWP
María Victoria Cabrera-Balleza, Filipinas, Coordinadora Internacional de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz. Responsable de la coordinación general y la ejecución de proyectos y programas desarrollados a través de consultas directas con los miembros de GNWP. Miembro del Grupo de supervisión de la política de divulgación de información del PNUD. Tiene una maestría en Investigación en Comunicación con énfasis en estudio de mujeres.
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l trabajo de los miembros de GNWP es amplio, ya sea desde la provisión o mantenimiento de la protección a sobrevivientes de violencia a causa conflicto, asistencia legal, servicios médicos y de conciliación psicosocial, el uso de los medios para la sensibilización y la movilización, para el avance de la agenda de paz y seguridad para las mujeres, pero una cosa que unifica todo nuestro trabajo es el uso de la Resolución 1325 y todas las resoluciones de apoyo como marco para la formulación de políticas públicas.
Para comenzar, intentaré reforzar algunos aspectos clave de las resoluciones frente a la paz y seguridad de las mujeres. Sobre la Resolución 1325 sabemos que los aspectos clave son los llamados the three Ps: 1.
Participación.
2.
Articulación de prevención y protección.
3.
Promoción de la igualdad de género. Una cosa que quisiera resaltar de la resolución citada es su elemento transformador: de las mujeres consideradas víctimas a las mujeres consideradas agentes de cambio, constructoras de paz y tomadoras de decisiones.
La Resolución 1820 de 2008 tiene como rasgo más notable su respuesta a la violencia sexual en el conflicto armado. Por primera vez, el consejo de seguridad de Naciones Unidas reconoce que la violación y otras formas de violencia sexual no son solamente un daño colateral sino que son un arma y una táctica de guerra. La Resolución 1880 busca que las niñas y mujeres jóvenes afectadas por violencia sexual en el marco del conflicto armado se sientan más seguras, reportando los abusos a mujeres que formen parte de los cuerpos de seguridad. Si otras resoluciones son más recomendatorias la 1880 es instruccional: aporta instrucciones específicas, particularmente a las Naciones Unidas, para responder concretamente a las violencias sexuales. La Resolución 1889 de 2009 desarrolla una serie de indicadores para monitorear la implementación global de la Resolución 1325.
La Resolución 1960 de 2010 establece acuerdos de monitoreo, análisis y reporte sobre las violencias sexuales; esto sumado a un listado anual de grupos armados que conciben a las mujeres como objetivos sistemáticos de abuso sexual. Ahora bien ¿qué significan todas estas resoluciones? En primer lugar representan un cambio de paradigma en la aproximación de la ONU al problema de la paz y la seguridad de las mujeres. Además, en conjunto, estos instrumentos fortalecen los estándares normativos para la protección de los derechos de mujeres y niñas durante y después del conflicto y convocan a los/as mandatarios/as y hacedores/as de políticas públicas a satisfacer las necesidades específicas de mujeres y niñas en un periodo de recuperación y construcción de paz. En lo que se refiere particularmente a la Resolución 1325, hay que resaltar el cambio en el discurso acerca de las mujeres en el conflicto armado, al reconocer que las mujeres son afectadas de forma diferencial a causa de su status social. ¿Dónde estamos a nivel global frente a la implementación de la Resolución 1325? Hasta ahora existen 25 planes de acción nacional, hecho que plantea una reflexión acerca de la gran desconexión que existe entre las políticas puestas en el papel y la práctica actual en los escenarios políticos reales. Existen planes regionales de acción, políticas regionales como la aproximación comprensiva de la Unión Europea para la implementación de las Resoluciones 1325 y 1820 y las acciones de la Unión Africana para la implementación de la igualdad de género en África. Los indicadores para el uso, implementación y monitoreo global de la Resolución 1325 han sido desarrollados por un grupo técnico de trabajo formado por UNIFEM, ahora UN-Women. Sin embargo, los países miembros ven con cautela los indicadores por dos razones: 1) Temen que se convierta en un ejercicio de señalamiento y escarnio, y 2) Ven en los indicadores requerimientos adicionales a los reportes que deben entregar a las Naciones Unidas. La sociedad civil ha desarrollado sus propios indicadores y mecanismos de monitoreo, la red global de mujeres constructoras de paz lo hizo en el 2010 y espera continuar haciéndolo cada año.
Plan Nacional de Acción y Experiencias Locales Lourdes Rallonza
Profesora Asistente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Ateneo Manila. Feminista. Investiga sobre mujeres en política, Derechos Humanos de las mujeres en situaciones de conflicto armado, movimientos transnacionales de mujeres y normas internacionales sobre violencia contra mujeres. Dicta clases en la Universidad de Paz de Costa Rica sobre intervenciones humanitarias, mantenimiento de paz y responsabilidad de proteger. Es artista.
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l referirnos a la implementación de las resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad, es necesario hablar de las conexiones políticas que se puedan establecer entre lo global, lo regional y lo local. Con el fin de encontrar las relaciones en estos diferentes ámbitos es preciso acudir al concepto de “internalización”, que indica que todos los acuerdos e instrumentos que surjan a nivel internacional deben aterrizan en lo local pues de lo contrario no harán una diferencia en la vida de las personas que son víctimas de las situaciones de conflicto armado.
El plan nacional de acción de Filipinas frente a la Resolución 1325 es un ejercicio para asegurar la implementación nacional en el proceso de integrar los ámbitos políticos antes mencionados, pero además para contextualizar esta resolución en la realidad filipina. En Filipinas, como seguramente en todas las situaciones de conflicto, las mujeres son directamente afectadas. Sin embargo, no hay suficientes estudios que cuenten con datos desagregados por sexo. Los datos sobre el impacto diferencial del conflicto son incluidos de manera genérica y descriptiva. De hecho, el último estudio que cubrió el periodo 2001-2005 revela que en las situaciones de conflicto en Filipinas uno de los temas principales debería ser la violencia contra las mujeres, especialmente la violación y el acoso sexual. El estado filipino ratificó la CEDAW y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos, las leyes nacionales que consagran los Derechos Humanos de las mujeres son la carta magna de las mujeres, la ley anti violencia contra las mujeres, niños, y niñas, la ley contra el tráfico de personas, la ley contra la violación, la ley de protección y asistencia a las víctimas, la iniciativa para el desarrollo desde las mujeres, el plan nacional de igualdad de género de filipinas y la ley marco sobre mujeres. Esto permite implementar la Resolución 1325 en un escenario que facilita su adecuación y localización mediante la promulgación de un plan nacional de acción, este plan incluye dentro de sus áreas temáticas la prevención y protección, el empoderamiento, la participación, la promoción de la transversalidad de género, desarrollo de competencias, monitoreo y reporte.
De otra parte, me referiré a la responsabilidad frente a la protección. ¿En qué consiste la responsabilidad de proteger? Consiste en enfocarse en la seguridad humana desde tres pilares: 1.
La responsabilidad del Estado de proteger a la población de actos atroces masivos.
2.
La asistencia de la comunidad internacional para que los Estados cumplan sus obligaciones.
3.
Las decisiones clave, porque la responsabilidad de proteger parece contradecirse con otro elemento importante que es la soberanía del Estado.
En 2005 se produjeron algunos documentos de las Naciones Unidas que incluían la eliminación de todas las formas de violencia y el aseguramiento de la protección de las mujeres en situaciones de conflicto armado, este documento contiene el R2P que potencialmente se conecta con la Resolución 1325. Los temas centrales del R2P son la construcción de capacidades, las alertas tempranas, la respuesta oportuna y decisiva, y la colaboración colaboración regional y sub-regional. Para terminar resaltaré la importancia del diálogo entre la sociedad civil y el gobierno y la capacidad de construir sobre instrumentos y leyes existentes, ya que partimos de un lenguaje institucional validado y aceptado y construimos a partir de éste adaptando los discursos internacionales al contexto nacional. Finalmente, insistiré en el impacto diferenciado del conflicto en las mujeres, al igual que una resolución del conflicto que las incluya, sin olvidar que hay un debate entre entender a las mujeres como víctimas o como agentes de cambio. No podemos cambiar el mundo si la mitad de la población de un país está siendo marginada.
Desarrollos frente a la Resolución 1325 Luz Alba Vanegas Ministerio de Relaciones Exteriores
Luz Alba Vanegas: Coordinadora de Asuntos Sociales Multilaterales de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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l abordar el tema de los conflictos armados debe destacarse que los civiles y particularmente las mujeres y los niños, constituyen la inmensa mayoría de los que se ven perjudicados por los conflictos armados, incluso en calidad de refugiados y personas desplazadas forzosamente.
Frente a la implementación de las resoluciones promulgadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 1325 y conexas, estos son algunos de los aspectos en los que se ha avanzado institucionalmente: 1. El Estado colombiano está comprometido en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, en especial frente a la violencia sexual. 2. Mediante el Decreto 164 del 25 de enero de 2010, se creó una Comisión Intersectorial denominada “Mesa Interinstitucional para erradicar la violencia contra la Mujeres” cuyo propósito es aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación entre las entidades en la atención integral, diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia. 3. Se ha desarrollado un “bloque de acciones” para la prevención y erradicación de la violencia contra la Mujer. 4. Se han adelantado esfuerzos de las entidades públicas para prevenir la violencia sexual, como el programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía; un proyecto que pretende incluir la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos en los niveles de educación formal de preescolar, básica y media. 5. Se expidió la Directiva No. 11 del 21 de julio de 2010 del Ministro de Defensa Nacional, conocida como “Cero tolerancia frente a la violencia sexual” donde se reitera el cumplimiento por parte de la Fuerza Pública de su obligación de prevenir, en ejercicio de su función, todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, especialmente los actos sexuales violentos. 6. La Fiscalía General de la Nación ha diseñado y ejecutado un plan integral de acción específico para casos de violencia sexual mediante el cual busca adoptar todas las medidas conducentes a lograr el esclarecimiento de los hechos, la individualización y sanción de los responsables y la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
7. Definición de un manual en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para abordar la temática de la Violencia Sexual y de Género entre los funcionarios, donde se incluye sensibilización, formación y capacitación en esta área y una cartilla de prevención de la Violencia de Género como ruta de atención, especialmente en violencia sexual en el marco de la violencia exacerbada por los grupos al margen de la ley. 8. Avances en la definición de indicadores a partir de estándares internacionales en un proceso conjunto de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el DANE, así como en la construcción de un protocolo para mejorar la coordinación interinstitucional.
Investigación – Resolución 1325 de 2000 Cecilia Barraza Corporación Humanas
La Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género-, es un centro de estudios y acción política feminista, cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario y la justicia de género en Colombia y Latinoamérica. Está conformada por un grupo de mujeres de diversas profesiones de las ciencias sociales, especialmente el derecho, la antropología, las ciencias políticas y la comunicación que buscan contribuir a la promoción, difusión, defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y de la Justicia de Género, así como la promoción y realización de iniciativas que contribuyan a comprender la situación de las mujeres en diferentes contextos y superar las desigualdades de género en los ámbitos político, jurídico, económico, social y cultural. Cecilia Barraza: Feminista, Historiadora con Master en Ciencias Políticas y Especialista en Gestión del Desarrollo. Directora de la Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Colombia
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a Corporación Humanas a partir del año 2009 ha realizado un trabajo en torno a la Resolución 1325; el primer paso consistió en definir el estado del arte, pretendiendo identificar cuáles habían sido los avances conseguidos y los obstáculos encontrados en el proceso de implementación de la resolución en Colombia tanto por la sociedad civil como por el Estado y los órganos de Naciones Unidas. A partir de esos resultados se concluyó que una de las principales problemáticas consistía en la incertidumbre sobre la obligatoriedad de la resolución. Hoy esta duda no existe y nadie niega dicha obligatoriedad, pero esto deja en evidencia otro problema ¿Cuáles son las posibilidades reales para exigir el cumplimiento de la resolución en Colombia? puesto que una cosa es el carácter de obligatoriedad y otra los mecanismos para hacer exigible esa obligación.
La Corporación Humanas creó en 2011 un observatorio llamado “mujeres, paz y seguridad” cuyo objetivo es hacer seguimiento a la implementación de la Resolución 1325, para ello se conformó un sistema de indicadores a partir de procesos adelantados por la sociedad civil en Colombia y el mundo. Estos indicadores con fuentes de información secundaria (especialmente monitoreo de medios), fuentes de carácter cuantitativo (datos oficiales suministrados por el Estado a nivel nacional y local) y una serie de investigaciones a profundidad que se están haciendo en los lugares en donde se está aplicando el sistema de seguimiento, es decir, en los municipios de la costa atlántica. También quiero referirme a algunos elementos del contexto colombiano que surgieron en la investigación y que fueron muy importantes para entender la dimensión de la resolución con respecto a los actores involucrados. En primer lugar, el conflicto armado precede la expedición de la Resolución 1325, esto es importante, porque el Estado
ya había generado respuestas antes de la existencia de la resolución, y al tiempo la sociedad civil venía exigiendo el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. Otro punto relevante es que esta resolución nace en un momento en que en Colombia en que se está dando por fracasado el proceso de paz con las Farc, es decir, en un contexto que profundizaba la guerra y se alejaba de una salida negociada del conflicto. En cuanto a su aplicación, debemos indicar que la Resolución 1325 se aplicó mayoritariamente durante el mandato de Alvaro Uribe, en ese periodo hubo desencuentros importantes entre la sociedad civil y el gobierno, especialmente en el marco del proceso de justicia y paz con los grupos paramilitares, que intentó ser un proceso de justicia transicional donde el balance que se tiene hoy es de muy poco impacto y, en general, una tendencia a la impunidad. Por lo tanto, había en ese momento en que nace la resolución un déficit de conocimiento y apropiación de la misma. Volviendo a los resultados de la investigación es preciso señalar que se identificaron tres aspectos importantes: 1. El generalizado desconocimiento de la Resolución 1325 por parte de todos los actores: sociedad civil, Naciones Unidas y Estado. 2. La idea de que la resolución se aplica en el post conflicto y no en el conflicto, cuando realmente aplica en los dos, en este punto es importante saber cuáles son las medidas de implementación que pueden llevarse a cabo en el contexto colombiano para dar respuesta a lo consagrado en la Resolución 1325 y conexas. 3. Se evidenció que en Colombia existe un importante corpus normativo en materia de derechos de las mujeres. Incluso se reconoce constitucionalmente el derecho a la paz, se han suscrito múltiples tratados internacionales. Sin embargo, hay una gran distancia entre el reconocimiento de derechos que tenemos las mujeres y el ejercicio real de derechos que alcanzamos y ahí está fundamentalmente el problema en torno a la Resolución 1325. El desafío para las organizaciones es entender que esta resolución es ante todo un instrumento de implementación de política pública, más que de exigibilidad de normativas.
Mujeres y paz en Filipinas Joeven Reyes Sulong Carhrihl
Directora Ejecutiva, Sulong CARHRIHL (Red de verificación del acuerdo de DH y DIH entre gobierno y guerrilla comunista en Filipinas). 18 años de trabajo en Derechos Humanos, mujeres, paz: Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, Movimiento Filipino para el No-Asesinato, Madres Contra Asesinatos. Capacitadora en Derechos Humanos, mujeres paz y seguridad, DIH, construcción de paz y Resoluciones 1325 y 1820. Cabildeo ante el Congreso y varios Grupos de Trabajo de la ONU.
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s una constante en todas las situaciones de conflicto que las mujeres se involucren o terminen involucradas de diferentes maneras en el mismo. Hay mujeres que son combatientes, que han sido reclutadas para ser combatientes, en Filipinas las llamamos amazonas, cargan armas y están directamente relacionadas con el conflicto armado.
Pero también podemos hablar de las mujeres como víctimas indirectas cuando nos encontramos frente a actos como: 1. La violencia cultural contra las mujeres y sus familias. 2. El alto presupuesto gubernamental en gasto militar y modernización y el bajo presupuesto para el ámbito social, por supuesto las mujeres no son las únicas afectadas aquí, pero todos/as los/as filipinos/as saben que en el presupuesto se está dando más atención a la militarización, lo que implica el recorte en los servicios sociales. ¿Cuál es la contribución de las mujeres a la construcción de paz? Para responder esta pregunta me referiré al ámbito local, a cómo las mujeres desde ahí participan en el debate nacional. Así, en el nivel comunitario, como respuesta al conflicto, las mujeres solventan las necesidades de las familias, las mujeres consiguen la comida en tiempo de conflicto, cuidan a las familias, llevan a cabo mediaciones entre agentes armados durante el conflicto y a veces específicamente durante los combates. Las mujeres se desempeñan como paraconsejeras, haciendo sesiones psico-sociales de cura para víctimas del conflicto armado, este es un rol muy importante, pues prestan ayuda a niños/as, a otras mujeres para que puedan superar las situaciones que vivieron durante el conflicto armado. Las mujeres también están involucradas activamente en la protección a civiles, esto se hace mediante un trabajo de coordinación, monitoreo del cumplimiento de los Derechos Humanos y de las faltas al Derecho Internacional Humanitario, están reportando, y haciendo incidencia frente a la protección de civiles. También debe hacerse énfasis en el trabajo de las mujeres que pertenecen a las comunidades indígenas, su rol ha sido muy importante ya que son una fuente de información para sus comunidades. Además, son indispensables en la toma de decisiones, actúan como mediadoras de conflictos que surgen al interior de la comunidad.
Otras actividades en el nivel local realizadas por mujeres: 1. Propician espacios donde se generen diálogos entre mujeres, familias, diferentes grupos religiosos, para compartir sus necesidades, sus semejanzas, lo que pueden hacer para contribuir en la prevención del conflicto y la construcción de paz. 2. Promueven una cultura de paz. 3. Desarrollan y llevan a cabo nuevas prácticas en situaciones de conflicto. 4. Hacen un constante llamado al cese al fuego. 5. Participan en los procesos de reparación a víctimas del conflicto. En el ámbito provincial, regional y nacional, las mujeres han ocupado puestos importantes. En la mesa de negociación hay dos mujeres por parte del gobierno, la persona encargada de la secretaría de paz de la Presidencia es una mujer. En medio del acuerdo firmado en 1998 entre el gobierno y un grupo armado como parte de las conversaciones de paz, los grupos rebeldes han contado con mujeres como representantes en la mesa nacional de negociación. Las mujeres también incidieron en la aprobación de la Carta Magna de las Mujeres en Filipinas, han trabajado en la construcción del plan de acción nacional para la implementación de las Resoluciones 1325 y 1820 y ahora enfrentan el reto de cómo relacionar las iniciativas comunitarias de las mujeres con las resoluciones de la ONU. Finalmente, las mujeres también están activas en los ámbitos legislativos, algunos de los proyectos legislativos que estudia el congreso, incorporan temas como la exigencia de una paz de larga duración, oportunidades y retos para la paz y el desarrollo, y el establecimiento de una comisión de paz.
Mujeres y Paz en Colombia Gloria Tobón Olarte Red Nacional de Mujeres
La Red Nacional de Mujeres es una apuesta feminista por la realización integral de los Derechos Humanos de la mujeres desde un enfoque de reconocimiento a la diversidad para la transformación política y cultural de la sociedad. Gloria Tobón Olarte: Coordinadora de la Comisión de Paz de la Red Nacional de Mujeres de Colombia
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n primer término, compartiré en esta presentación algunas consideraciones sobre la guerra. En los últimos 20 años, los actores de la guerra se han diversificado y multiplicado haciendo más difícil la vida de los habitantes en los territorios. El conflicto colombiano, que se cataloga como un conflicto político, (no es étnico, ni racial, ni religioso) por el control del poder -recursos, territorio y poblaciones- ha generado graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, donde las principales expresiones de violencia son: 1. Homicidios y masacres con mayores cifras en la región de la Costa Atlántica, los departamentos de la Costa Pacífica, con más frecuencia en los municipios de Buenaventura y Tumaco. En la zona Suroriental, principalmente los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. La región de Catatumbo y Arauca, y en las zonas urbanas de ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Cúcuta, Montería, Cartagena, Neiva y Villavicencio. Entre enero y junio de 2011 se registraron 7.297 homicidios, con un fuerte incremento de homicidios de alcaldes, ex alcaldes e indígenas. En cuanto a las masacres, en el año 2011 se registraron 22 con un resultado de 101 víctimas. Según Codhes, entre 2001 a 2011 han sido asesinados(as) 50 líderes(as) desplazados/as de los(as) cuales 11 son mujeres en el marco de su lucha por la restitución de tierras. 2. Amenazas, estas conductas buscan frenar, suspender o romper cualquier iniciativa de organización social a nivel local que sea soporte y fortalezca los procesos sociales como la implementación de Ley de Víctimas y Tierras. 3. Desplazamiento forzado, en el año 2010 fueron desplazadas un total aproximado de 280.041 personas (alrededor de 56.000 hogares). 4. Violencia sexual, crimen perpetrado por todos los actores armados incluida la fuerza pública. Presuntamente el 83% de las violaciones ocurridas en el año 2010 son atribuidas a la Fuerza Pública, el 7% a los grupos paramilitares y el 9% a los grupos guerrilleros.
En cuanto a los diálogos de paz y las conversaciones con grupos armados, desde 1981 se han hecho varios intentos de negociación de la paz, en algunos de ellos incluso se llegó a acuerdos parciales.
Finalmente señalaré algunos puntos que en mi parecer son indispensables para pensar y discutir en la búsqueda de una construcción de paz duradera. En primer lugar, deben adelantarse procesos de deslegitimación de la guerra y de los actores de la misma, deben ser tenidas en cuenta las iniciativas de paz de la sociedad civil, deben crear escenarios de participación e interlocución con la sociedad civil, utilizar instrumentos como el plan de desarrollo y las políticas públicas, abordar el tema de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, contemplar la posibilidad de nuevos escenarios para pensar y construir la paz desde lógicas distintas que puedan conducir a una solución del conflicto armado. Desde el feminismo también se han articulado propuestas para la construcción de paz. Las feministas hemos apostado, en el transcurso de las luchas civilistas, por la erradicación de la violencia en la vida de las mujeres y de la guerra como una vía política, reivindicamos el pacifismo y el desarme total, consideramos que es posible deconstruir los imaginarios de guerra y violencia. Las feministas y movimientos de mujeres, creemos y aportamos propuestas contra las violencias en todas sus expresiones, las violencias privadas, públicas, estructurales, culturales e institucionales basadas en el autoritarismo.
¿Cómo construyen paz las mujeres indígenas?
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Luz Mary Vanegas Representante del CRIC
a historia de los pueblos indígenas es milenaria y, por lo menos desde la época de la conquista, ha estado marcada por la necesidad de defender sus territorios. Actualmente la situación se ve agravada como consecuencia del conflicto armado que ha llegado hasta sus territorios. Frente a esto, las organizaciones indígenas y en particular las mujeres han manifestado enfáticamente que el conflicto armado es ajeno a los pueblos indígenas, no les pertenece y no quieren verse involucrados.
Dentro de las luchas y reivindicaciones de los grupos indígenas siempre han existido dinámicas de defensa de sus territorios, entendiendo por territorio tanto sus cuerpos como su hábitat y las riquezas del mismo. Han sido precisamente esas riquezas las que han hecho que los grupos armados (paramilitares, guerrilla y militares) no sólo pasen por sus resguardos, sino que además se asienten. Hoy en día hay una fuerte presencia militar en los territorios de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas han desarrollado mecanismos de resistencia que consisten en la recuperación de las costumbres indígenas, las tradiciones, en estos mecanismos las mujeres han tenido un papel muy relevante. También se han fortalecido las guardias indígenas, caracterizándose con una creciente participación de las mujeres. Retomando el tema del conflicto armado y la afectación que el mismo ha causado a los derechos de las mujeres indígenas, dicho conflicto ha venido dando un giro hacia la afectación de los derechos de las mujeres, se han incrementado los asesinatos, la vida de las mujeres se ve más amenazada, son víctimas de violencia sexual, son involucradas en el conflicto como informantes, sus hijos son reclutados ilegalmente por grupos armados y las lideresas de las comunidades son víctimas de amenazas e intimidación. Frente a estas circunstancias las mujeres ha decidido no desplazarse a las ciudades, permanecer en los territorios. Esta decisión también fue tomada en atención a que en los casos en los que se desplazaron, al retornar a sus territorios tiempo después, los encontraron totalmente militarizados. En cuanto al proceso de construcción de paz, el movimiento indígena y dentro de éste las mujeres, han manifestado que no existe nada que sus comunidades puedan conciliar, quienes deben negociar y conciliar son las partes en conflicto, no los miembros de la sociedad civil. Sin embargo, consideran que una verdadera construcción de paz debe incluir la voz y la participación de las mujeres. Finalmente, las comunidades y las mujeres indígenas exigen al Estado que les garantice el goce de su derecho a una vida digna, que incluye la necesaria armonía del hombre con la naturaleza, la sanación de la madre tierra. También exigen la prestación de los servicios de salud y educación acorde con sus tradiciones y prácticas milenarias, así como respeto a sus lugares sagrados, muchos de los cuales hoy están ocupados por grupos armados. Así mismo, afirman que la paz necesariamente debe tener un componente de justicia social. Reivindican la defensa de la tierra, el derecho al agua y la soberanía, la urgencia de pensar en estrategias internas para implementar sus propios modelos de alimentación y modelos económicos que les permitan hacer frente a las políticas nacionales de corte neoliberal y globalizante.
¿Cómo construyen paz las mujeres en Montes de María?
Beatriz Suárez Parejo Representante de la Sociedad Civil de Montes de María
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na de las organizaciones de mujeres de Montes de María es la Red de Mujeres “Narrar para vivir” cuyo trabajo se ha enfocado en las mujeres víctimas del conflicto armado y de toda clase de violencia, particularmente en lo que hace al acompañamiento psicosocial, aprender a superar el dolor causado por la violencia, este trabajo se realiza con las mujeres, las familias y su entorno, pues la violencia contra las mujeres afecta y permea a la familia.
Desde esta organización también se han realizado capacitaciones, sobre todo en lo que se refiere a la legislación que aborda los derechos de las mujeres, la violencia contra la mujer, mujeres y conflicto, todo lo relacionado con la Resolución 1325 y conexas, al igual que la normatividad interna, esto a fin de que las mujeres conozcan sus derechos y los mecanismos que tienen para hacerlos exigibles. Se han adelantado campañas de difusión de las normas antes mencionadas, a las que han sido invitados los funcionarios y funcionarias de las entidades que están encargados de su aplicación y cumplimiento (alcaldes de la región, gobernadores, procuraduría), pues se ha notado un déficit en el conocimiento de estos instrumentos legales. También se han realizado tres asambleas regionales de seguimiento a la Cedaw. Estas asambleas fueron evaluadas, llegando a la conclusión de que no se lograron avances significativos, por lo que en el año 2011 se construyó la ruta de atención para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Con esta ruta, en la que aparecen todas las entidades involucradas, se espera una mejor respuesta por parte de los funcionarios y funcionarias. Se han logrado también avances en cuanto a las denuncias de los casos de violencia contra las mujeres. Al principio los índices de denuncia eran muy bajos pero se han adelantado campañas de sensibilización para que las mujeres se acerquen a las autoridades y denuncien toda clase de actos de violencia de los que han sido víctimas. Las mujeres de la región están convencidas de que la paz no es una construcción legal. No puede fijarse por decreto. Actualmente en el Carmen de Bolívar hay un silenciamiento de las armas, pero las causas que dieron lugar al conflicto se mantienen, no hay oportunidades de trabajo, no hay servicios de educación superior, de salud, las vías están en mal estado. Además, creen firmemente que una paz duradera necesariamente involucra parámetros de verdad, justicia y reparación, así como soluciones en materia de restitución de tierras.
¿Cómo construyen paz las mujeres en el Magdalena Medio? Rosa Helena Mahecha Representante de la Sociedad Civil del Magdalena Medio
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l Magdalena Medio es una región que se ha caracterizado por ser el escenario en el que han surgido y se han fortalecido importantes movimientos y organizaciones sociales, se ha discutido sobre Derechos Humanos, se han planteado nuevas formas de resistir y se han escuchado las voces de las víctimas, pero se ha invisibilizado la violencia contra las mujeres ejercida por parte de los diferentes grupos armados incluyendo a los estatales.
Las preguntas entonces son ¿qué hacer con las voces que han sido calladas en medio del conflicto, las voces de las mujeres y los más pobres? ¿cómo construir paz en medio de este conflicto? ¿cuál es el papel de las mujeres? Las mujeres víctimas han hecho parte de un proceso organizativo llamado “Mujeres, paz, pan y vida”, su quehacer se relaciona con la reflexión acerca del goce de sus derechos y su poder real para decidir, su participación en los espacios de decisión. Todo este proceso ha estado mediado por ejercicios de auto-reconocimiento y auto-valoración. Las mujeres empezaron a desarrollar ideas que desde sus propios recursos garantizaban su seguridad alimentaria y han encontrado respuesta a la satisfacción de sus necesidades básicas. Desde ahí ha habido una relación con otras organizaciones de mujeres que llevan procesos de incidencia en lo público, organizaciones que luchan por los derechos civiles de las mujeres y el movimiento “Mujeres contra la guerra y por la paz”. También se han adelantado trabajos que buscan transformar las relaciones de poder, incidir desde las organizaciones de mujeres, desde la experiencia, y cómo atender las falencias que no permiten la garantía de los derechos a la salud, la educación y en general las condiciones de vida digna para las mujeres. En el camino de superar el conflicto y construir la paz se habla de paz y desarrollo, pero ¿qué entienden las mujeres por estos conceptos? A veces el desarrollo planteado desde el Estado no coincide con la noción de desarrollo de las comunidades. Así mismo, se habla de paz como silenciamiento de las armas, esta es una paz insuficiente. Dentro del proceso adelantado se ha pretendido crear un concepto de paz desde las mujeres, éste se refiere principalmente a contar con oportunidades de trabajo y de manutención de la familia en condiciones de dignidad.
Responsabilidad social y construcción de paz
María Tonelli Representante de Responsabilidad Social – ECOPETROL
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n este país, desde el sector privado se hacen importantes aportes a la construcción de paz, se adelantan programas para la conservación del medio ambiente y de las comunidades donde se hacen las intervenciones, estos proyectos son coordinados en cada empresa por el correspondiente departamento o dependencia de responsabilidad social empresarial.
Los programas de responsabilidad social empresarial de Ecopetrol están dirigidos a unos grupos de interés específicos: clientes, sociedad - comunidad, Estado, empleados y contratistas y buscan el fortalecimiento de cada uno de estos grupos para contribuir con el desarrollo del país en un marco de respeto por los Derechos Humanos. Desde el año 2009 los programas de responsabilidad social empresarial de Ecopetrol han tomado los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario como un enfoque para su trabajo, considerando que ésta debe ser la propuesta para que el sector privado y empresarial se vincule en la construcción de paz en el país, este enfoque se ha desarrollado mediante: 1.
La apertura de espacios de trabajo a mujeres de las comunidades en lugares que anteriormente eran territorio exclusivo de los hombres.
2.
La promoción del respeto a las comunidades étnicas.
3. La garantía de la seguridad, en términos de monitoreo y vigilancia (seguridad privada y pública en los lugares donde conviven la comunidad y la empresa). Las líneas de trabajo para manejar los impactos de la intervención se concentran en: 1. Educación y cultura (incluyendo los programas de salud sexual y reproductiva). 2. Competitividad regional. 3. Ciudadanía y democracia. Estas líneas estratégicas se aplican desde lo local, haciendo consenso con las comunidades para articular con los proyectos estratégicos regionales y con el Plan Nacional de Desarrollo.
Protección y seguridad de las mujeres
Liliana Guzmán Delegada del Ministerio del Interior
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n el año 1999 se creó el Programa de Prevención y Protección adscrito al Ministerio de Interior, en ese momento el programa se diseñó con el objetivo de brindar protección a trece grupos poblacionales (líderes de organizaciones sociales, sindicalistas, defensores de Derechos Humanos, etc.) en los que no aparecían de manera diferenciada las mujeres, es decir, no estaban consideradas como un grupo poblacional independiente.
A partir de lo consagrado en el Auto 092 de la Corte Constitucional, que se refirió específicamente a los peligros de seguridad por razones de género, la división de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha venido trabajando en temas relativos a la protección de los Derechos Humanos, en particular de las mujeres y en la prevención de la violencia en su contra. Dentro de este marco se creó en el año 2009 un programa de prevención de violencia contra las mujeres en situación de desplazamiento forzado, este programa se estructuró con la participación de las mujeres y se ha implementado en Cartagena, San José del Guaviare, Antioquia, Sucre, Bogotá, entre otros lugares. Al mismo tiempo Acción Social ha adelantado talleres de participación para mujeres. Actualmente se está realizando una revisión del Decreto 1740 de 2010, que regula el programa de protección, pues si bien dicho decreto tiene un enfoque diferencial, éste no ha podido ser implementado de manera efectiva, la revisión, entonces, se está haciendo no sólo a nivel normativo sino también operativo, puesto que el Ministerio del Interior tiene claro que el enfoque de género debe estar presente desde que se recibe la solicitud de protección y en todo el proceso de la ruta de protección.
Las mujeres y la Policía Nacional Filipina
Lina Sarmiento Generala de la Policía Nacional Filipina
Directora del Grupo de Seguridad y Protección de la Policía, con responsabilidad de proveer seguridad a cargos públicos y dignatarios extranjeros. Con anterioridad diseñó el Programa de Desarrollo Integral de Derechos Humanos de la Policía; dirigió el Grupo de Relaciones con la Comunidad; estuvo 3 años en el Comité de Seguimiento al proceso de paz con la guerrilla comunista; trabajó 7 años en la interdicción de estupefacientes; 10 años como Química Forense. Ponente en las reuniones bi-anuales de la Cumbre de Mujeres Policía. Impulsora de programas de equidad de género en la Policía.
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uisiera comenzar esta presentación contando la manera en que surgió la Policía Nacional en Filipinas, pues ésta institución nace como un grupo armado paramilitar denominado IP, cuyo propósito era combatir a los grupos insurgentes, este es el antecedente de las fuerzas armadas regularizadas. Luego de la revolución y la aprobación de la constitución de Filipinas, el 13 de diciembre de 1990, la Policía se convirtió en una institución de carácter nacional y civil. En febrero de 1998 mediante acto legislativo se suprimió la responsabilidad de la seguridad nacional a la policía dando esta potestad a las fuerzas armadas filipinas. Por medio de este acto la policía se convirtió en un servicio público y social compuesto por agentes que aseguran el cumplimiento de la ley.
La paz hace parte de nuestra misión institucional, la paz también hace parte de la visión de la institución, de igual manera en el plan a 2013 está contemplado que la Policía Nacional sea una entidad efectiva y confiable que trabaje de la mano con la comunidad, con el fin de crear un ambiente propicio para vivir, trabajar y hacer negocios. Ahora, acerca de los mecanismos para la protección y la seguridad de las mujeres, las acciones para la equidad de género de la policía han avanzado mucho, debido al activismo de las organizaciones de la sociedad civil y al trabajo adelantado por la comisión filipina sobre mujeres. Desde esta comisión se hizo un grupo focal y se aprobó un rubro presupuestario de 5% dentro del presupuesto de la policía para apoyar iniciativas hacia la equidad de género de manera conjunta con la sociedad civil. También se esta trabajando en una iniciativa que promueve que los ciudadanos y ciudadanas reporten los crímenes contra niños, niñas y mujeres, esta iniciativa consiste en el establecimiento de un sistema de mensajería instantánea llamado “señora policía” que cuenta con un número de teléfono exclusivo. En cuanto a la promoción y protección de los Derechos Humanos comenzaré hablando de niños, niñas y mujeres víctimas. He dicho antes que la Policía Nacional de Filipinas es considerada una organización paramilitar, pero hay
muchas iniciativas para profesionalizar a la policía, esto hace parte de las reformas que se llevan a cabo actualmente. En este momento estamos implementando el programa de transformación de la policía, aprobado en 2005, que cuenta con con 11 áreas claves, una de estas es la promoción de los Derechos Humanos, con ella se formalizará el desarrollo de nuestro programa de Derechos Humanos que tiene cuatro componentes: 1.
La consolidación institucional.
2.
El desarrollo de capacidades.
3.
La prevención y el control de la violación de los Derechos Humanos.
4.
La cooperación entre sectores y agencias. Todas nuestras acciones están basadas en los instructivos de la ONU frente al cumplimiento de la ley, por lo que tenemos lecturas desde un enfoque de Derechos Humanos en todos los niveles.
Frente a la violencia contra las mujeres hemos generado habilidades y competencias en los hombres, esto en Filipinas lo llamamos “mover a los hombres en contra de la violencia contra las mujeres”. Tenemos seminarios para los oficiales de policía y contamos con unas cartas sobre las normas básicas en materia de Derechos Humanos.
La institucionalidad para la seguridad de las mujeres Rosa Emilia Salamanca Directora Ejecutiva de CIASE
La corporación de investigación y acción social y económica – Ciase, es una organización que promueve la realización integral de los Derechos Humanos y su exigibilidad permanente, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales. Quiere así contribuir a la construcción de sociedades democráticas, solidarias, justas, equitativas y sostenibles en los cuales se reconozca la igualdad en la diferencia y los conflictos sean negociados en el marco de los derechos para todos y todas.
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s un hecho que para las mujeres el tema de la seguridad es difícil. Queremos seguridad pero la seguridad nos genera contradicciones internas, miedo, restricciones, ataduras morales y culturales, entre otras. Sin embargo se han dado algunos avances. El concepto de seguridad ha ido evolucionando, pasando de posiciones militaristas hacia enfoques más complejos que implican entender la seguridad no como protección del Estado frente a agresiones externas sino comprender que la seguridad está muy relacionada con la vida de las personas en su cotidianidad.
La seguridad es en síntesis la respuesta a una amenaza. Es entonces una tarea revisar el concepto de amenaza y recaracterizarlo. Las amenazas que se visibilizan hoy en día trascienden la protección de los Estados y se centran en asuntos como conflictos etno-políticos al interior de los países, exclusión, discriminación, pobreza, violencias hacia las mujeres, hacia los migrantes, degradación medioambiental. Esta perspectiva permite ver a los sujetos /as de la seguridad como personas de manera independiente a los Estados, abre la puerta al concepto de Seguridad Humana1, noción sistematizada por el PNUD, a partir de múltiples discusiones y aportes desde las organizaciones de la sociedad civil. No obstante los avances en el discurso, los hechos del 11 de septiembre de 2001 dieron lugar a la redefinición de los conceptos de enemigo y amenaza, poniendo en cuestión lo avanzado en cuanto a Seguridad Humana y andando por los viejos fueros militaristas, retomando de nuevo la definición patriarcal de la seguridad. Como resultado de esto, el discurso a nivel internacional se endurece, encarnando nuevamente un enfoque militarista que avala el monopolio del uso de la fuerza por parte de los Estados. Como respuesta, desde el feminismo, desde la resistencia a concebir que lo militar y la militarización de nuestros mentes y corazones, se plantea nuevamente la urgencia de una ampliación del contenido del concepto de seguridad volviendo a retomar la idea de modificar el sujeto Estado como prioridad de la seguridad, movilizándolo hacia el sujeto individuo, persona humana. 1
La seguridad humana se desarrolla como concepto integral de seguridad. Mientras la noción seguridad nacional apunta a la seguridad y defensa de un Estado o nación, la seguridad humana se centra en el usuario final de la seguridad, el ser humano. Por tanto, en el concepto de seguridad humana no basta con proteger al Estado para proteger al ser humano, es necesario también incorporar resguardos que protejan al ser humano de abusos por parte del estado. Declaración Seguridad Humana PNUD
Esta crítica desde el feminismo pone de presente que la noción militarista de la seguridad saca de plano la cotidianidad de las personas, que en particular afecta a las mujeres, pues es en la vida cotidiana y en lo privado donde radican el mayor número de violencias e inseguridades que las acechan. Los cambios políticos y la búsqueda de una nueva noción de seguridad Luego de la guerra fría y el avance en los procesos de consolidación de la democracia, el tema de la seguridad se sitúa nuevamente en que estas incipientes democracias deben responder a los procesos de inclusión social, no discriminación y resolución pacífica de los conflictos. Sin embargo, ante las dificultades en la redistribución y movilización social, los retos actuales, las economías ilegales hacen su aparición en los países y la seguridad vuelve al tema de la militarización. Como último punto quisiera hablar de la confianza desde la ciudadanía en las instituciones de seguridad del Estado y desde allí plantear que dado que el sujeto de la seguridad es el Estado y que fácilmente se ha llegado a que los y las ciudadanas son un peligro latente para él, este justifica que sus instituciones violen abiertamente la seguridad ciudadana, lo que ha degenerado en casos en Colombia como los del DAS o las Fuerzas Armadas que han violado sistemáticamente los Derechos Humanos de manera contundente, que han atentado contra la vida de sus habitantes y en consecuencia impiden que se establezcan entre ellas y los ciudadanos y ciudadanas relaciones basadas en la confianza. Por todo lo anterior, en la construcción de paz la discusión sobre las instituciones de seguridad es central. Esto ha pasado en Irlanda, por ejemplo. En Colombia no podemos pretender que con una imagen institucional se reconstruya la confianza, necesitamos avanzar hacia caminos mas contundentes de apertura democrática que se ven reflejados en la reconstrucción del concepto de la seguridad y de la institucionalidad que la acompaña. Podemos empezar entonces trazando un camino hacia una policía civil que transforme su paradigma de ganar la guerra en el paradigma de ganar la paz.