SEMINARIO POBREZA, DESARROLLO Y ODM, ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL. BOGOTÁ. 18 Y 19 DE JUNIO. 2009
Una mirada de la Sociedad Civil en el marco de la crisis global a la Pobreza, el Desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos Del Milenio. 1
I.
Pobreza y enfoque de Derechos Humanos.
La relación entre derechos humanos y pobreza, es de doble vía. Desde un enfoque de derechos humanos, la pobreza es un estado permanente de privación en el acceso a los bienes y servicios con los que se relaciona el disfrute de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, DESC: salud, trabajo, educación, alimentación, seguridad social en pensiones, vivienda, protección familiar, además de las libertades sindicales y colectivas, y las expresiones culturales y artísticas. Una perspectiva de derechos humanos no sólo se concentra en el análisis de las condiciones económicas y materiales que constituyen las causas de la pobreza, sino que da cuenta de las condiciones políticas, culturales y sociales, que dan lugar a las desigualdades, las inequidadades y las exclusiónes. La desigualdad no es monolítica, no se queda sólo en las brechas e inequidades en el ingreso, afectan a las personas en diversos escenarios de sus vidas. Las desigualdades en plural, implican inequidades por razón al género, discriminaciones sustentadas en absolutos raciales.étnicos o culturales, tratamientos vulneradores debido a la edad, exclusión por la identidad de género o la orientación sexual, por procedencia rural o urbana, por el credo o religión entre otras. Esta diferenciación, que parece una gran fragmentación de la realidad, deja de serlo cuando estas diversas desigualdades se leen a la luz de los derechos y se observa que imposibilitan la realización de los derechos políticos, civiles, sociales, culturales, económicos, colectivos, del ambiente, porque estos son interdependientes, indivisibles y universales sin ser homogéneos. Este documento ha sido elaborado por las organizaciones del la Alianza Social de Organizaciones Sociales y Afines,y discutido y retroalimentado por Participantes del Consenso de Cartagena como La Fundación Restrepo Barco, LA ANDI, LA Federación Colombiana de Municipios, LA Conferencia Nacional Episcopal. 1
La pobreza está relacionada con prácticas cotidianas, normas y valores presentes en las familias, las comunidades, los pueblos o el mercado y las políticas públicas, que desencadenan la exclusión de las mujeres, los grupos étnicos, los/as jóvenes al situarlos/as como ejemplo, en una condición de desventaja que se convierte en desigualdad. De esta manera, la realización integral de derechos en el marco de un Estado Social de Derecho, implica la obligación por parte del Estado de garantizar la igualdad material y le exige que lleve a cabo acciones para la garantía de los derechos de todas las personas. En este sentido, una sociedad en la que el 30% tenga sus derechos garantizados y al mismo tiempo el 70% tengan algunos o ninguno de ellos protegidos, evidencia que no se ha logrado la armonización de políticas y regulaciones para la realización integral de derechos de la población en el marco de la no discriminación y la equidad. La realización integral de derechos sólo se logra cuando las acciones perduran en el tiempo y posibilitan el goce estable, progresivo y efectivo de los derechos. 2 Para describir esta situación de condiciones y posiciones diversas vemos varias lecturas al respecto. La pobreza, desde las mujeres, se refiere a que hay condiciones objetivas en términos de derechos, desventajas y capacidades que interactúan para que vivan de manera particular la pobreza: tienen menores oportunidades para que el trabajo se vea traducido en ingresos, cuando perciben ingresos, enfrentan mayores obstáculos para convertirlos en capacidad para la toma de decisiones y cuando toman decisiones la mayoría de las veces éstas están enfocadas hacia el aumento del bienestar de otras personas”3. Todos estos aspectos llevan implícitas construcciones culturales, sociales e históricas de género que se entrecruzan y hacen que la problemática de la pobreza encierre algo que va más allá de la restricción de ingresos para resolver necesidades. Desde otro punto de vista de la diversidad, Los Pueblos Indígenas reclaman que los han llevado hacia la pobreza, la situación de sometimiento y discriminación, la profanación de sus templos, la ridiculización de sus creencias, al despojo de sus territorios con base en un modelo de desarrollo impuesto de forma autoritaria y hegemónica. Han tenido que desplazarse de sus territorios ancestrales, enfrentándose al conflicto armado, han tenido que enfrentar condiciones de desabastecimiento, a la falta de alimentos y a dificultades para el ejercicio de sus costumbres que vulneran sus formas de vida. Han sido tratados como retrogradas frente a las iniciativas del “PROGRESO”.
Por ejemplo, según estimaciones de la Fundación Restrepo Barco y el Consejo Gremial Nacional, cada 10 puntos de aumento de la tasa de homicidio implicaron, en el pasado, la reducción de un punto en el PIB, y cada incremento de 10 homicidios, por cada 100.000 habitantes, generaron una disminución del 4% en la inversión total. Es evidente, a juicio de esta fundación y de los gremios económicos, que si no existieran las acciones hostiles, el crecimiento de la economía en los últimos 20 años habría sido el doble del obtenido y el desempleo sería de la mitad, es decir, al menos, 1 ´000.000 de desempleados menos. 2
CHANT, Silvia (2003), Nuevas contribuciones al análisis de la pobreza: desafíos metodológicos y conceptuales para entender la pobreza desde una perspectiva de género. Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL, Chile. En: http://www.eclac.org/mujer/noticias/noticias/1/13021/serie47e.pdf. p.24 3
Es más, podemos ver como las comunidades afrodescendientes han sido sometidas a discriminaciones sistemáticas. Han tenido que enfrentar la no realización efectiva de casi todos sus derechos sociales lo cual se puede evidenciar así: la tasa de mortalidad infantil en estas comunidades es aproximadamente el doble de aquella de los/as colombianos/as en general. La incidencia del hambre es casi el doble de aquella de los/as mestizos/as. El acceso a los servicios de salud o a la vivienda es más precario que aquel del resto de los/as colombianos/as. Uno de los indicadores más alarmantes de esta discriminación es que la esperanza de vida de las mujeres afro es menor en 11 años que la del total de la población4. Desde una perspectiva territorial, la pobreza puede ser vista, cuando se aborda la existencia de asimetrías a nivel regional y al interior de los países. La desigualdad en las dotaciones de inicio con las que cuentan las regiones o localidades, no sólo en términos de recursos físicos, sino naturales, humanos, y de dinámicas comerciales, culturales y políticas, determina que algunos municipios gestionen sus procesos de desarrollo con más o menos instrumentos que otros, es decir en desigualdad de condiciones. Esto ha llevado a que se le haga frente a realidades heterogéneas, basándose en preceptos homogéneos, generando discriminación entre los territorios por su capacidad (contemplando esta capacidad no sólo la voluntad, sino como las herramientas dadas), e impactando negativamente en las condiciones de vida de su población. En este acápite es forzoso concluir que no resulta estimulante, ni aceptable, en términos de distribución de la riqueza y del otorgamiento de oportunidades de acceso a la propiedad -elementos que son propios de economías dinámicas, dirigidas a facilitar la movilidad social- , que el 64% del país rural esté en manos de 17.670 propietarios (cifras del Instituto Agustín Codazzi a Enero de 2008, en fincas con extensión superior a 500 hectáreas). La cifra evidencia una concentración inadmisible para el presente y futuro de miles de usuarios campesinos, de indígenas y afrodescendientes, de eventuales inversiones y de posibles nuevos propietarios que demandan este acceso a la propiedad y a las oportunidades con suma urgencia. El ordenamiento económico, la garantía y protección de los derechos humanos, la continuidad del conflicto armado y las desigualdades de Colombia han sido leídos de manera fragmentada. Se argumenta que se violan los derechos humanos porque hay conflicto armado, a veces se sostiene que la guerra es resultado de la pobreza y la inequidad social, al tiempo se dice que la guerra es la causa de la pobreza y las dificultades para el “desarrollo”. II.
La crisis financiera y económica y los ODM
La crisis financiera y económica actual tiene sus orígenes en los procesos de toma de decisiones por parte de los sucesivos Gobiernos de EE.UU., sumado a una cultura económica solventada en el consumo y el vivir el día a día, basándose en expectativas sobre ingresos futuros.
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Uprimny Rodrigo (2009), Ladiscriminación racial en Colombia. ElEspectador, 25 de mayo.
No tiene su origen únicamente en el sector de los créditos hipotecarios de mala calidad y sin respaldo; las interconexiones entre diversos sectores del sistema financiero y las prácticas irresponsables utilizadas por diferentes actores son las que explican la situación a la que hoy nos estamos enfrentando. La pobreza hoy en día es el fruto de un sistema que no provee las condiciones reales para la igualdad social, política y económica. Los países en desarrollo que aplicaron políticas reguladoras y macroeconómicas mucho mejores que las de los Estados Unidos, están ya sintiendo sus efectos5. Primero fue la gran volatilidad de los mercados financieros y la reducción de los precios de las materias primas, efectos que seguramente se profundizaran debido a la desaceleración de la actividad económica, la contracción en los niveles mundiales de demanda y la disminución de los flujos de capital. Todos estos hechos han suscitado un cuestionamiento frente a la creencia según la cual el mercado es eficiente, las economías de mercado son estables, los agentes deciden racionalmente, existe información suficiente y que el Estado no debe intervenir; pues sólo causa distorsiones, burocracia, ineficiencia y corrupción. Según la CEPAL6, el debilitamiento del mercado laboral de Estados Unidos, ha ocasionado que las remesas que envían los/as trabajadores/as a sus países de origen, se hayan reducido; impactando en el bienestar de las familias, quienes generalmente se encuentran en condición de pobreza. En países como Haití, Honduras, Jamaica, Salvador, Nicaragua y Guatemala, las remesas representan entre el 15% y el 40% del PIB.7 Aún así, la Fundación Restrepo Barco y el Consejo Gremial Nacional, anotan que en Colombia, la evolución de la tasa de desempleo fue notable, pues el total nacional pasó de 14,3%, registrado en agosto 2002, a 10,7% en el mismo mes de 2007. Según el DANE, el número de personas desocupadas en septiembre de 2006, sumaba 2,54 millones. Dos años más tarde se ubicó en 2,2 millones, lo que denota una importante reducción. Adicionalmente, según los gremios económicos y la FRB, el mejoramiento de la calidad del empleo se refleja en el crecimiento, desde 2002, de las afiliaciones a cajas de compensación (25,3%), así como al régimen contributivo (12,8%) y al sistema de riesgos profesionales (19,7%). Por ello, los logros en empleabilidad fueron también importantes: la población ocupada llegó a 18,35 millones en 2007. A juicio de estos entes, el crecimiento sostenido de la economía colombiana, por encima de 6%, en los primeros seis años de esta década, contribuyó a estos cometidos. No obstante, en Colombia, ya se ha evidenciado, a juicio de otras entidades, un estancamiento de la actividad económica y un incremento del desempleo. La producción y las ventas experimentaron 5
Stiglitz, Joseph (2009) Los países en desarrollo yla crisis mundial, En: ElEspectador,abril18.
CEPAL, (2009). La actual crisis financiera internacional y sus efectos en América Latina y el Caribe. En: http:// www.eclac.org/publicaciones/xml/0/35390/2009-25-Thecurrentinternationalfinancialcrisis_ESPANOL-WEB.PDF 6
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El Tiempo (2009), Caída de Remesas, golpe a 5 millones de familias. Mayo 10.
caídas superiores al 7 por ciento8. El DANE anunció que en marzo de este año, el desempleo llegó al 12%, es decir que la desocupación involucra a 2,4 millones de personas9. El Banco de la República, ha anunciado que la capacidad de pago de las familias colombianas ha venido disminuyendo con gran velocidad, hoy de cada $100 que reciben, destinan $24,70 para el pago de obligaciones”10. Incidiendo en la capacidad adquisitiva de quienes tienen menores niveles de ingreso. Los efectos de esta situación desde un enfoque diferencial y de género nos muestran que en la vida de las mujeres implican: incremento en los niveles de desempleo (que de por sí más son altos), el traslado de los costos asociados a este y el aumento en la carga del trabajo de cuidado11 a los hogares, con el consiguiente aumento de la ansiedad ante un futuro incierto. Por las construcciones culturales e históricas de género, al ser en ellas en quienes recae la administración de los recursos en las familias, una menor disponibilidad de ingresos, conlleva a solucionar la escasez monetaria por la vía del trabajo de cuidado no remunerado: preparación de alimentos en los hogares, destinación de tiempo a la búsqueda de precios más favorables, recorte de gastos de cuidado de niños y niñas o personas enfermas entre otras. Afectando de manera particular a los hogares en condición de pobreza. Adicionalmente, aquellas vinculadas al trabajo remunerado, se ubican en sectores que están siendo impactados negativamente por la crisis. La caída de la demanda de productos y servicios intensivos en mano de obra femenina como la industria textil, la agroindustria y el turismo, tendrán que insertarse en el trabajo informal12, lo que se constituye en una acentuación de las condiciones precarias de supervivencia a los que recurren las mujeres para garantizar su sobrevivencia . La crisis financiera y económica internacional reveló verdades que resultaron demoledoras para el modelo económico imperante en las últimas décadas, pues se sigue aplicando el “fundamentalismo de mercado” sin tener en cuenta que el Estado puede intervenir, como lo han hecho algunos países que se proclamaban como los más neoliberales; como si la intervención del Estado en la economía y 8
elnuevosiglo.com / economía, 18 de abril de 2009, Citado en CIASE, Boletín Coros Nº3.
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El Espectador/ economía 30 de abril de 2009, Citado en CIASE, Boletín Coros Nº3
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El Espectador/ economía, 22 de abril de 2009. Citado en CIASE, Boletín Coros Nº3
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semana.com / vida moderna, 18 de abril de 2009, Citado en CIASE, Boletín Coros Nº3.
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IGTN (2009). Simposio Público de UNCTAD: La crisis económica mundial y el desarrollo - el camino por seguirBOLETIN Nº 14 Abril-Mayo. En: http://www.generoycomercio.org/latino.html
la asignación de los recursos fuese condenable en todos los casos y como si los mercados financieros internacionales pertenecieran a un orden distinto que garantizase una mejor coordinación y dirección de la economía. Esta crisis integral ha exacerbado aún más las desigualdades; para las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, ha significado profundizar las consecuencias de un modelo excluyente, acelerando los grandes proyectos de infraestructura y mega-proyectos que con el fin de activar la economía, impactando en la territorialidad de estas poblaciones. No fueron beneficiados con las teorías del crecimiento y ahora son sus territorios, convertidos en sitios de extracción de recursos naturales para la industria, los que pagarán los costos. La crisis por otro lado permite una excusa y simultáneamente una realidad, para el avance en el cumplimiento oportuno de los ODM antes de 2015 y la realización integral de los derechos humanos de toda la población. Ante lo cual no hay que hacer ajustes a las metas sobre parámetros más reducidos, ni manipular las cifras para mostrar resultados, tampoco incrementar, a través del crédito público las políticas asistencialistas que no buscan cambios estructurales al ordenamiento económico, social y político, o permitan forjar sociedades distintas, en países renovados sin exclusión de ninguna clase y en los que exista goce pleno de los derechos humanos para todas y todos. La crisis no puede convertirse en una justificación para reconfigurar el modelo económico imperante sin dar respuesta integral en bien-estar a la concentración del ingreso y de los recursos. Debe aprovecharse el momento para generar propuestas viables y hacer los cambios individuales y colectivos profundos, sustantivos y estructurales que nuestras sociedades necesitan. No obstante lo anterior, en relación al cumplimiento de los ODM en Colombia, es necesario tener en cuenta algunos avances, los desafíos y las dificultades que, en cada meta, se han presentado a la fecha, según el cuadro que se expone a continuación: Ver Recuadro archivo adjunto Objetivos de Desarrollo del Milenio Caso Colombia
III. Desde la evidencia III.1 Enfoque diferencial y perspectiva de género
La realidad laboral de las mujeres
De acuerdo a la información del DANE13 El 51.2% de la población en edad de trabajar está compuesta por mujeres Y ellas hacen parte del 40.8% de la Población Económicamente Activa La Tasa de ocupación femenina es de 39.4 y la masculina de 65.1 Información de la Encuesta Integrada de Hogares Trimestre Enero-marzo de 2009. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_sexo_ene09_mar09.pdf 13
La Tasa de Desempleo femenina se sitúa en 17 mientras que la masculina en 10
Según un estudio de la investigadora Ximena Peña14,
Las mujeres recién graduadas, de entre 18 y 25 años, son las que tienen una mayor brecha salarial con respecto a los hombres. Mientras que para ellas es del 17 por ciento, para el resto de generaciones es del 14 por ciento. La brecha es mayor entre las mujeres de menores ingresos y entre las que ostentan posiciones más altas.
Para el 85% de los/as colombianos/as, el salario constituye el único ingreso, debido a las condiciones estructurales del mercado laboral y a los ordenamientos de género existentes en la sociedad, las mujeres ante una situación de crisis como la actual, pueden experimentar la desmejora en su situación laboral y en la garantía a sus derechos laborales . Razones para el cambio de residencia15:
Según la información del Censo del 2005 del DANE, el 18,4 % de la población afrodescendiente identificó que la dificultad para conseguir trabajo, se constituía en la segunda causa en importancia, del cambio de residencia. Este porcentaje fue de 22,3% del total de la población indígena Para la población Rom fue de en 15,8%.
Para el total de la población colombiana, este valor es del 11%. Sobre los índices de dependencia16:
En la población afrocolombiana, de cada 100 personas en edades productivas hay 63 en edades no productivas; De cada 100 indígenas en edad productiva, hay 81 indígenas en edad dependiente. En el pueblo ROM la relación de dependencia es de 44
Para el total de la población nacional este indicador es de 59. Generación de Ingresos y Protección Social
Docente de la Universidad de los Andes. La reseña de la investigación están disponible en: Mujeres y Crisis, Revista Semana, Abril 18 de 2009. http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=122959. 14
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Fuente de los datos: DANE 2007, Colombia: una nación multicultural.
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Fuente: DANE 2007, Colombia: una nación multicultural
Según el último informe publicado por FEDESARROLLO17:
A diciembre de 2008, 19,8 millones de personas hacían parte de la Población Económicamente Activa, PEA A diciembre de 2008, 2,1 millones de personas estaban desocupadas. En el Sistema General de Pensiones, incluyendo tanto el Régimen de Prima Media RPM, como el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS, había para finales de 2008, cerca de 14,8 millones de afiliados/as, de los/as cuales sólo 5,8 millones aportaban efectivamente (3,8 millones en el RAIS y 2 millones en el RPM). Para diciembre de 2008, el 58% de los ocupados/as urbanos pertenecían al sector informal El 90% de quienes ganan el salario mínimo no tiene cobertura en pensión. 1 de cada 4 personas que está en edad de jubilación recibe una pensión
Estas cifras indican cómo el sistema de protección actual con los esquemas de cotización actuales, no garantiza aún las condiciones para acceder a una vejez en condiciones dignas y plantea un futuro incierto para las personas en la última etapa de su ciclo vital. Pese a lo anterior y a juicio de las cifras que la Fundación Restrepo Barco y del Consejo Gremial Nacional, existen, importantes logros, tales como:
A diciembre de 2008 se beneficiaron 23.6 millones de colombianos a través del régimen subsidiado de salud, lo que equivale a una cobertura de 90.6% y un incremento de 10.6%, en comparación con el dato registrado en el año 2007. En cuanto al régimen contributivo, a octubre de 2008, se reportaba un número de 17.7 millones de afiliados, en contraste con los 15.9 que se registraban en el 2006. En relación con el derecho a la educación, cabe anotar que en los niveles de educación básica, de transición hasta grado noveno, entre el 2002 y el 2007, se obtuvieron más de 1.4 millones de cupos escolares. En el 2008 se mantuvo la tasa de cobertura bruta para la educación básica (Grados de transición a noveno) en 108%, mientras que la tasa de deserción de estudiantes en educación básica y media oficial fue de 5.5%. De otra parte, en 2008, en educación superior se generaron 104.127 nuevos cupos, logrando un aumento en la tasa de cobertura al pasar de 31.8% en el 2007 a 33.6%. Adicionalmente, en 2008, aumentaron en 144.750 los alumnos en condición de desplazamiento atendidos en el sistema escolar, ubicándose en 415.849. Entre el 2002 y el 2007, 3.1 millones de colombianos y colombianas se constituyeron en nuevos beneficiarios del servicio de acueducto, en el marco del acceso al agua y al saneamiento básico.
Pobreza, desigualdad, desplazamiento y territorio Impactos económicos del desplazamiento forzado18 La reseña el informe se puede consultar en: http://www.semana.com/noticias-economia/fedesarrollo-proponeaumentar-edad-para-acceder-pension/124739.aspx., En: http://www.caracol.com.co/oir.aspx?id=824251 17
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Datos y análisis extractado de: GARAY (et al) Op. Cit. p.p. 11 y 12.
Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado:
Antes del desplazamiento un número aproximado de 49% de los grupos familiares generaba ingresos mensuales por encima de la línea de pobreza y el 68.2% superiores a la línea de indigencia. Después del desplazamiento, la situación es bien distinta, únicamente el 3.4% y el 19.3% genera ingresos por encima de las líneas de pobreza e indigencia El 55.5% de los grupos familiares tenía tierra (antes del desplazamiento), de los cuales a un 94% se les desposeyó o tuvieron que abandonarla El 78.9% de las personas poseía animales el 94,4% los perdió El total de hectáreas forzadas a dejar abandonadas durante los últimos 11 años fue de aproximadamente de 5.5 millones, es decir el 10.8% de la superficie agropecuaria del país El balance alude a que a raíz del desplazamiento interno, durante los últimos 11 años, se han dejado de cultivar una cantidad aproximada de 1.118.401 hectáreas, equivalentes al 25% del área cultivada del país.
No obstante, según el Consejo Gremial Nacional y la Fundación Restrepo Barco, en desarrollo del documento CONPES 3400, con el cual se fortaleció la política de asistencia integral de atención al desplazamiento, se avanzó en una armonización de la oferta institucional en tres frentes de acción: prevención y protección, atención humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica, como respuesta a las exigencias del fallo de sentencia T-025 de la Corte Constitucional, Prueba del incremento presupuestal en la materia son los $83.704 millones destinados a la estabilización socioeconómica de 30.000 familias, los $249.027 millones previstos para la Atención Humanitaria de Emergencia de 40 mil hogares y los $31.243 millones dirigidos para la atención a desplazados en unidades móviles. Sin embargo estas cifras frente a los requerimientos de restitución de derechos de la corte y sus costos que se consideran de la siguiente manera Restitución Patrimonial – Cuantificación Base de cálculo: • Universo de víctimas según registros oficiales* a la fecha: – 233.103 víctimas – 693.000 familias desplazadas por la violencia Siendo estas cifras mucho menores que las reportadas por instituciones como CODHES o el movimiento nacional de victimas. Considera Acción Social que: • El patrimonio a restituir únicamente bienes muebles: $12 millones por núcleo familiar • Y que el Impacto Fiscal Adicional $ 11.113.236.000.000 millones de pesos (once mil millones de millones de pesos) Esto finalmente pone sobe la mesa que los recursos no alcanzan, así haya alguna inversión, pues no se logra que se restituyan a una mínima parte de quienes han sido afectados por el conflicto armado. Asimetrías intraregionales:
Actualmente Colombia tiene 32 departamentos, y 1102 municipios, de los cuales el 90,3% son de categoría sexta, es decir que cuentan con una población igual o menor a 10.000 habitantes y con unos ingresos de 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El restante 9,7% de los municipios se encuentra dividido entre: 0,5% Categoría especial, 1,5% Categoría primera, 1,3% categoría segunda, 1,8% categoría tercera, 2,3% categoría cuarta y 2,3% categoría quinta. Esta realidad, muestra las grandes diferencias en términos de recursos y habitantes que tiene Colombia, siendo clara la prevalencia de municipios con mayores dificultades para cumplir con sus competencias con el reducido campo de acción que tienen en términos de recursos físicos y humanos. En la descripción básica de composición de las entidades territoriales colombianas, se pueden notar las asimetrías de desarrollo en términos de diferencia en dotaciones iníciales donde no sólo se representa en recursos físicos, sino también se le suman los naturales, humanos, y de dinámicas comerciales que permiten a unos municipios iniciar procesos de desarrollo con más o menos instrumentos que otros. En algunas entidades territoriales no se cuenta ni siquiera con dotaciones mínimas de infraestructura productiva, comercial, vial, medio de transporte, ni de servicios; no tienen dinámica económica, y por tanto no cuentan con capacidad fiscal. Además se unen a estas dificultades la dispersión poblacional, la ruralidad y la complejidad geográfica (topografía) que impiden economías de escala o de alcance para la prestación de servicios públicos domiciliarios y básicos que puedan suplir las necesidades de los ciudadanos y garantizar la realización de sus derechos. Si bien las condiciones o dotaciones iníciales son diferentes, las competencias para todos son iguales, lo que ha implicado manejar realidades heterogéneas, basados en preceptos homogéneos, generando así discriminación entre los territorios por su capacidad (contemplando esta capacidad no sólo la voluntad, sino igualmente las herramientas dadas), logrando ahondar con esto en muchos sentidos en la disminución de la calidad de vida de los ciudadanos y en la no realización de sus derechos. Por ejemplo, en el caso colombiano no es comparable la atención de una persona pobre en las regionales con capacidad de generación de riqueza y dotación de infraestructura de servicios, con lo que implica en esfuerzos y recursos atender a la población pobre en regiones deprimidas, y sin las mínimas dotaciones. Las diferencias entre municipios son claras, pero se ahondan aún más cuando se hace énfasis en la situación de dificultad que enfrentan las áreas rurales del país. La pobreza en estas áreas era del 62% para el 2006, mientras que para las urbanas era del 39,08%, en cuanto a la pobreza extrema era del 21,51% para las primeras y 8,68% para las segundas (estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad)19. Por su parte, la desnutrición crónica de niños/as en las áreas rurales es DNP (2006) Pobreza y Desigualdad. Resultados a 2006.En: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDS/Pobreza/En_Que_Vamos/Cifras_pobreza_2002_2 006.pdf 19
de 17,1% frente a 9,7% en las urbanas (ICBF, 2005) y el déficit habitacional de las zonas rurales es 40% mayor que el de la urbana (estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad). El proceso de descentralización ha tenido logros importantes, pero aún se necesita resolver problemas estructurales como el desequilibrio entre competencias entregadas al nivel subnacional y los recursos para atenderlas; el avance en coberturas de servicios básicos en condiciones no comparables de calidad; y la falta de capital humano, físico y social en zonas rurales y urbanas periféricas, y las profundas inequidades regionales. En estas condiciones hoy, los municipios se enfrentan a un gran reto en términos de analizar y encontrar alternativas para superar las profundas inequidades regionales y la pobreza. La estrategia entonces, debe contemplar que el éxito depende de los esfuerzos compartidos del gobierno nacional, los gobiernos municipales y departamentales, la sociedad civil en general, la iniciativa privada y otros agentes del desarrollo local como las Universidades. De igual forma, sería interesante analizar, la discusión que se teje alrededor de la actual categorización de los municipios, que no tiene en cuenta variables más allá de la población y los ingresos. Como se vio anteriormente, el desarrollo de los municipios se genera por aspectos y dinámicas más allá de sólo estas dos características que se tienen en cuenta actualmente. En este sentido, sería importante estudiar la viabilidad de tener en cuenta dentro de la categorización variables geográficas y demográficas como extensión geográfica, densidad y estructura poblacional (dentro de ella diferenciación por sexo y edad), distribución urbano rural, variación intercensal retroalimentada por el conflicto armado y los procesos de desplazamiento, elementos con lo que es muy probable que los recursos destinados en el Sistema General de Participaciones SGP pudieran ser más efectivos en términos de calidad, cobertura e incluso ayudar en la disminución de las desigualdades territoriales20 y garantizar la realización efectiva de los derechos humanos III. Las políticas Públicas actuales en Colombia: antipobreza y para enfrentar la crisis: La política pública para la superación de la pobreza está basada en programas de subsidio dirigidos a población considerada como vulnerable por encontrarse en situación de desventaja al enfrentar condiciones de pobreza en lógicas que buscan subsidiar las demandas de poblaciones específicas, y no de estrategias de universalización en el acceso a recursos y oportunidades que posibiliten la realización integral de derechos humanos. Con el fin de favorecer el acceso al sistema financiero formal y para contrarrestar la demanda de préstamos gota a gota, a las personas inscritas en el programa de Familias en Acción, particularmente mujeres que son madres; se les han facilitado las condiciones para acceder a los servicios financieros formales, los dineros que reciben mensualmente, podrán ser consignados en las cuentas del Banco Agrario21, sin complementar esto con programas de acceso a los servicios BADEL Rueda, Martha Elena. Tipología de los municipios colombianos: Primeras aproximaciones a partir del análisis de Variables geográficas y demográficas. Federación Colombiana de Municipios, documento de trabajo. 20
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larepublica.com/ macro, 16 de abril de 2009.
financieros traducidos en posibilidad de ahorro y acceso a activos articulados a iniciativas productivas creativas y sostenibles a largo plazo que les permita fortalecer su capacidad de generación de ingresos para avanzar hacia su autonomía económica, la recuperación del tejido social y el fortalecimiento organizativo, condiciones necesaria para poder enfrentar las situaciones de discriminación, inequidad, exclusión y violencia tan presentes en la realidad colombiana. Esta clase de programas deben complementarse con políticas que contrarresten las causas más estructurales de la pobreza. Para reactivar el mercado interno, es necesario incentivar la demanda devolviéndole la capacidad de gasto a los hogares, una vía para ello es la reducción de los precios de los combustibles, la disminución de las tasas de interés, el recorte de impuestos como el IVA y el impuesto a las transacciones financieras22, este último innecesario en un momento en que el sector financiero es el único que todavía percibe ganancias. Para la generación de empleo, se ha identificado la necesidad de adelantar programas de inversión en infraestructura, construcción y mantenimiento de obras públicas y vivienda social, incluso más allá de lo contenido en el Plan de Desarrollo, porque se requiere ampliar el alcance de las medidas. Frente a los programas de vivienda social, los/as analistas prenden las alarmas por cuanto si bien este tipo de iniciativas contribuyen a la rápida generación de empleos, se llama la atención sobre la falta de disponibilidad de tierras urbanas. Entre tanto, las Instituciones Financiera Internacionales, han otorgado nuevos créditos para los “países en desarrollo”, tanto el FMI como el BID han elogiado la forma como el Gobierno colombiano ha mantenido la confianza inversionista y la aplicación de políticas macroeconómicas que han impedido una mayor desaceleración. El BID este año le otorgó al país créditos por 1.340 millones de dólares, la CAF ofreció cerca de 400 millones de dólares para proyectos específicos. Adicionalmente, el Gobierno Nacional y el Banco de la República solicitaron un cupo de crédito flexible por 10.400 millones de dólares al FMI para contar con recursos en caso de agudizarse la crisis o de alguna eventualidad económica adversa. A diferencia de otros créditos concedidos por el FMI, éste no tiene ninguna condicionalidad respecto al destino de inversión del mismo; el dinero puede ser usado cuando se considere conveniente, con una tasa de interés de aproximadamente 2,5% entre 2 y 5 años. El que los recursos provenientes de este crédito puedan destinarse libremente, puede ser contraproducente, porque no habrá entonces un seguimiento al uso de estos recursos y su destinación puede hacerse hacia actividades que no estén relacionadas con contrarrestar los efectos de la crisis, incidiendo en el aumento en los costos y servicio de la deuda. En situaciones como la actual, en los que la coyuntura económica puede acentuar las condiciones de pobreza y exponer a mayor riesgo de exclusión a determinados grupos poblacionales, es indispensable recomponer los sistemas de protección y fortalecer la intervención del Estado en la
BONILLA, Ricardo (2009). Crisis global, resignificando el mundo del trabajo. Seminario de Coyuntura Económica y Laboral, Medellín, Antioquia, 27 de abril. 22
Economía, no sólo como quien regula sino también para restablecer los niveles de certidumbre en el futuro y en la vida de las personas. De otra parte, el Consejo Gremial Nacional y la Fundación Restrepo Barco, han señalado que es importante destacar que en materia de asignación de recursos para el año 2008, el gobierno del Presidente Uribe apropió $9,5 billones de pesos para la ejecución de la política social, lo que implica un 76,4% de la inversión total de ese año. El énfasis de dicha política, según estos entes, estuvo en las estrategias de Pobreza y Población Vulnerable e Inserción de las familias, representando un 70% de este presupuesto. En el marco de esta política social, las líneas de inversión que siguen corresponden a la estrategia de Ciudades Amables (15,3%), las relacionadas con la Infraestructura para el Desarrollo (13,4%), la Equidad en el Campo (0,98%) y las del Mercado y Relaciones Laborales (0,39%) Según la Fundación Restrepo Barco y el Consejo Gremial Nacional, existen programas oficiales que, en aras de la superación de la pobreza, deben ser relacionados en este documento y en este acápite, con sus logros y desafíos, así como en sus dificultades y limitaciones. En tal sentido, estos entes recuerdan que en el 2006, se atendían en el programa de Familias en Acción 699.391 hogares. En diciembre del 2008 este programa se incrementó en más de un 120% y llegó a beneficiar a 1.765.263 hogares del nivel 1 del Sisbén y en situación de desplazamiento. En estas familias se atendieron 4.052.817 niños y niñas con subsidios escolares y de nutrición condicionados al cumplimiento de ciertos compromisos por parte de sus familias, como lo estipula el programa en mención. De igual manera, anotan que el gobierno suministro mas de 1.1 millones de desayunos a niños entre 6 meses y 5 años de edad de los niveles 1 y 2 del Sisbén, cubriendo a 156.000 beneficiarios adicionales, al compararlo con datos de 2006. Además, el programa Restaurantes Escolares atendió a aproximadamente 3.9 millones de niños y niñas en edad escolar en el 2008, con un incremento de 500.000 beneficiarios al contratar la cifra del 2006, mediante la entrega de un alimento complementario que aporta entre el 20% y 30% de las calorías necesarias para el desarrollo de esta importante etapa vital, congruente con el fortalecimiento de los micronutrientes necesarios para un adecuado proceso cognoscitivo. Otro esfuerzo importante de destacar, a juicio del Consejo Gremial Nacional y la Fundación Restrepo Barco, es la Red de Protección Social para la Superación de la Extrema Pobreza – JUNTOS, creada en el Conpes 102 de 2006, encargada de articular las políticas y programas de los susbsistemas de Promoción Social, mediante la incorporación efectiva de los hogares más pobres del país a las redes sociales del Estado para asegurar la superación de su condición23.Esta estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad vinculó, a 31 de diciembre de 2009, a 641.581 familias con acompañamiento familiar en 30 de los 32 departamentos del país. El monto de los recursos desembolsados por la Estrategia Juntos, a 31 de mayo de 2009, asciende a 42.413 millones de pesos de los cuales el 85.9% corresponden a desembolsos de municipios y el 14% son desembolsos de gobernaciones Departamento Nacional de Planeación. De la asistencia a la promoción social. Hacia un sistema de Promoción Social, Sistema de Indicadores Sociodemográficos para Colombia SISD 35, Enero 2008, p. 9. 23
No obstante, las dificultades económicas del país para la sostenibilidad de los anteriores programas, criticados por su asistencialismo, es evidente. Según noticias de prensa, corroboradas por el Ministerio de Hacienda, “este año se estima que el déficit fiscal del Gobierno central puede terminar en más de 15 billones de pesos, un 3,7 por ciento del PIB. El equipo económico plantea sugerencias para, de alguna forma, tratar de tapar el faltante del año entrante. Es así como propone un recorte, o mejor, un aplazamiento de programas, que demandan varios miles de millones de pesos.Entre las sugerencias que están sobre la mesa, y que serán analizadas con el Presidente en los próximos días, está no ampliar el programa Familias en Acción a 3'000.000, como había ordenado el propio Uribe, sino dejarlo donde está, es decir, en las 2'600.000 familias que hay a la fecha.”24 Otra dificultad deriva en la medición del fenómeno de pobreza, pues las series se interrumpieron, a partir del cambio de metodología, en el 2006 y no han sido subsanadas con nuevos instrumentos de valoración. Por ello, según estadísticas oficiales, la reducción de la pobreza alcanzó, hasta su última medición, niveles importantes, pues pasó del 57 % en 2002 al 49 % en 2006. Así mismo, la línea de indigencia disminuyó 6 puntos, de 20.7% a 14.7%.25 en igual periodo. No obstante, como se ha dicho, no se han alimentado nuevas mediciones sobre la materia, lo que resulta imperativo para una cabal atención del fenómeno. IV. Crisis, cooperación pública y privada y transformación de paradigmas El proceso internacional de discusión, diálogo y concertación de acuerdos en torno a la financiación para el desarrollo, desde el año 2002 ha tenido un cambio fundamental en el discurso frente a la Financiación para el Desarrollo y la arquitectura internacional de la cooperación para el desarrollo. En el marco del seguimiento a lo Consensuado en Monterrey y la reestructuración de los esquemas de ayuda y financiación para el desarrollo que se dieron durante el proceso, las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación porque la Declaración de Paris se centre exclusivamente en las relaciones entre Estados y deje de lado el rol que tienen la ciudadanía, los movimientos y las organizaciones, entre ellas las que trabajan por los derechos de las comunidades afro descendientes, indígenas, campesinas y las mujeres, para el logro de las transformaciones que se requieren en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales si se quiere impactar en las situaciones de pobreza que experimentan ciertos grupos de población. Es en este sentido que se destaca el carácter más político que técnico que tiene este acuerdo. El seguimiento al cumplimiento de los ODM como herramienta para la erradicación de la pobreza debe ir más allá, hay que incluir el referente de las desigualdades, por lo que hay que redefinir la formulación y el alcance de los indicadores de monitoreo previstos, garantizando que estos procesos sean participativos convocando a representantes de las mujeres, las comunidades indígenas, afro descendientes, habitantes rurales y jóvenes. 24
El Tiempo. Sábado 13 de junio de 2009.
SINERGIA, Departamento Nacional de Planeación. Balance de Resultados Plan Nacional de Desarrollo 2005 “Hacia un Estado Comunitario”. Serie de Evaluación No. 27, Febrero 2006. Pág. 115 25
Se debe cumplir con el compromiso por parte de los donantes, de incrementar la Ayuda Oficial para el Desarrollo AOD al 0.7% de su PNB; y esta debe estar separada de los procesos de discusión del pago de la deuda y ser suministrada a través de donaciones y no de préstamos. Igualmente, las condicionalidades de todo tipo a la ayuda deben desaparecer, ya que van en detrimento del Derecho al Desarrollo y la autodeterminación de los pueblos. Si bien la Declaración de París, no es un acuerdo vinculante, si lo es la Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW- la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial, el PIDESC, el Pacto de San Salvador, entre otros, imponen obligaciones a los gobiernos en cuestiones relativas al desarrollo equitativo e incluyente, la protección y garantía de los derechos humanos, la igualdad de género, la no discriminación por razón a la raza, la etnia, el credo religioso, la nacionalidad y la sostenibilidad ambiental. El marco normativo para el desarrollo deben ser los tratados internacionales adoptados por los gobiernos, en el caso Colombiano el bloque de constitucionalidad debe sumarse a las obligaciones del Estado, como Estado social de derechos, para lograr procesos de desarrollo que posibiliten la realización integral de los derechos humanos. Por lo anterior, la filosofía de intervención consignada en la Declaración de Paris debe ser armonizada con los objetivos de desarrollo que se han acordado a nivel internacional, particularmente según lo estipulado en el PIDESC, la CEDAW y la Plataforma de Acción de Beijing. El análisis desde una perspectiva diferencial y de género es fundamental a la hora de movilizar recursos financieros internacionales. Las políticas y las instituciones no son neutras con respecto al género: afectan a las mujeres y a los hombres de manera diferente. Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial pero controlan menos del 10% de los recursos y ganan menos que los hombres por igual trabajo. Deben hacerse análisis sobre las desigualdades en razón del género y las medidas que se deben tomar para contrarrestarlas. Si bien a partir de la Declaración del Milenio, los países se comprometieron a aunar esfuerzos para luchar contra la pobreza, y el logro de los ODM, estos constituyen un buen referente como indicadores y metas de desarrollo pero no son vinculantes en términos del cumplimiento de los DESC y se han constituido como acuerdos de mínimos para la supervivencia y no de máximos que posibiliten la realización integral de los derechos humanos. La apuesta de las organizaciones de la sociedad civil consiste en controvertir el seguimiento a los ODM, como estándares minimalistas que no garantizan la satisfacción de las condiciones de subsistencia de una persona, en términos de dignidad y libertad, como mínimos que se han convertido en metas de cumplimiento progresivo, diferidos de forma indefinida en el tiempo. Por el contrario, la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil radica en el posicionamiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), de los elementos que hacen parte de su contenido y de las obligaciones que imponen para las autoridades públicas concernidas (conforme a los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano), como criterios de evaluación de las políticas públicas implementadas para el desarrollo y la superación de la pobreza en Colombia”. Los ODM son mínimos que desde una perspectiva de DESC son de inmediato cumplimiento pero que se han convertido en el techo al cual se aspira llegar en la segunda década del Siglo XXI. Lo que debería ser el punto de partida se volvió el punto de llegada. Además de ser metas de progreso
pobres, desde ya se sabe que no se han cumplido y no se cumplirán, no por efecto de la crisis, sino por la falta de compromiso de los Estados. La apuesta de los Estados es sin duda que los evalúen en términos de ODM, que son criterios menos estrictos que los que se derivan de los DESC, pero igual no los están alcanzando. Todo lo anterior muestra cómo a partir de la Declaración de Paris, no sólo se replantean los términos bajo los cuales se determina e implementa la Ayuda Oficial para el Desarrollo AOD y otros esquemas de financiación, sino que toma distancia de los marcos de referencia anteriores, ya que se convierte en una mapa de ruta de la ayuda con metas e indicadores concretos. La Ayuda Oficial para el Desarrollo AOD, y otras formas de ayuda financiera internacional desempeñan un papel importante a la hora de definir los condicionamientos macroeconómicos y sus procesos derivados, así como los impactos que estos tienen en las comunidades y en la población femenina. Algunas estrategias que tienen el potencial de mejorar la coordinación entre donantes y la apropiación nacional de los modelos de desarrollo –Marcos de Desarrollo por País, Estrategias de Reducción de la Pobreza –PRSP, Canjes de Deuda –SWAP-, entre otros, no son neutros en términos de género y no cuentan con un enfoque diferencial. La experiencia ha mostrado que este tipo de programas pueden tener consecuencias negativas y efectos perversos, en particular para las mujeres. Estos no pueden aplicarse indiscriminadamente a todos los grupos de población, sin tener en cuenta sus particularidades por razón de procedencia, etnia y generación. La esfera del cuidado puede funcionar como un amortiguador frente a la inestabilidad financiera, por lo que es necesario estructurar un mejor marco institucional para los mercados financieros tanto para prevenir las crisis financieras como para contrarrestar el riesgo de sobrecargar la esfera del cuidado por los efectos que estas ocasionan. El reto entonces, consiste en cómo movilizar los recursos internacionales para el desarrollo, en un marco de políticas financieras y económicas que, desde un enfoque diferencial y de género, garanticen los derechos económicos sociales y culturales de las comunidades en razón de sus condiciones de etnia, procedencia y generación. Se hace un llamado a que la ayuda y las diferentes estrategias de Financiación para el Desarrollo, sean concebidas herramientas para la puesta en marcha de agendas de desarrollo incluyentes y respetuosas de la diversidad, que apunten hacia la redistribución equitativa de los recursos, la promoción del trabajo decente y el acceso a los sistemas de protección para todos y todas. Es ese sentido, la eficacia de la ayuda debe estar en línea con la eficacia del desarrollo, allí la equidad, el enfoque diferencial y de género son determinantes. Sin avances hacia el logro de la equidad entre mujeres y hombres, no hay incidencia real en la reducción de la pobreza o cumplimiento de lo estipulado en los ODM y la eliminación de toda forma de discriminación y desigualdad por razón a la raza, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género o la edad. V. Conclusiones y Propuestas de la sociedad civil
Las políticas públicas deben reconocer que si no se basan en lecturas derivadas de un enfoque diferencial y de género en derechos humanos, estas son reproductoras de realidades, situaciones y decisiones que discriminan y vulneran los derechos de la todas y todos. Es necesario que las políticas públicas tengan un enfoque transversal de género, complementado por una política de Estado en pro de la equidad y la realización integral y efectiva de los derechos de las mujeres,construida de manera participativa y que busque superar la división sexual del trabajo. Las políticas de lucha contra la pobreza no deben considerar que el ámbito de lo privado, de lo reproductivo debe ser el eje de las redes de seguridad social, porque ello implica no continuar imponiendo lógicas en las que las mujeres subsidian la responsabilidad del Estado y de la sociedad en general en cuanto a la garantía y realización de los derechos humanos. Se debe hacer efectiva la titulación colectiva de los territorios que solicitan las comunidades afrodescendientes y el Estado debe respetar estos territorios, aceptando que estos no están disponibles para satisfacer otros fines, ya sean militares, políticos o económicos. El Estado debe promover y propender por la construcción de planes alternativos de desarrollo, que posibiliten los proyectos de vida de las comunidades. Con este fin se deben garantizar mecanismos efectivos y permanentes de consulta y participación, que sean vinculantes. Es necesario llevar a cabo un proceso de debate público para el diseño participativo, vinculante e implementación de una política pública integral para poblaciones afrodescendientes, que sirva como marco de acción a largo plazo, dejando de lado los inmediatismos políticos. Dar condiciones para la recuperación de las tierras usurpadas, que son propiedad colectiva de los Resguardos Indígenas, logrando de su parte el control de sus recursos naturales.
Posibilitar y apoyar, respetando la autonomía, a organizaciones económicas comunitarias.
Se hace necesario recuperar e impulsar la medicina tradicional y generar programas de salud acordes con las características sociales y culturales de las comunidades. Sumadas a lógicas educativas en las que se respeten y fomenten las tradiciones propias Los programas y estrategias de lucha contra la pobreza deben involucrar en sus procesos de diseño, puesta en marcha, evaluación y monitoreo a las comunidades, de forma que estos respondan y sean acordes y respetuosas de las cosmovisiones y tradiciones de los pueblos originarios. Se hacen necesarias políticas que busquen sistemas tributarios dentro de los criterios de justicia tributaria y equidad fiscal que posibiliten la generación de recursos nuevos y su redistribución, sumadas a políticas de distribución social que terminen con las situaciones de segregación.
Generar mecanismos de movilidad acordes con la capacidad de pago de quienes los usan y que posibiliten el bien-estar en los que se fomente la cultura ciudadana respetuosa de la diversidad y la diferencia. Se hace fundamental que las políticas públicas que buscan ser soluciones para la superación de la pobreza tengan en cuenta que la pobreza urbana no es homogénea y que incluso, cuando hay niveles más altos de ingresos en los centros urbanos, así mismo no hay redistribución. Se demandan estrategias en realización integral de derechos que contrarresten y erradiquen la segregación urbana A nivel rural, siguen siendo necesarios procesos de desconcentración de la tierra, modificación de las lógicas de producción basadas en los monocultivos. EL impulso sin reparo de los procesos participativos y vinculantes para la construcción de planes rurales de desarrollo, posibilitan la autonomía y realización de quienes habitan estos espacios. Desde el Estado, deben visibilizarse los aportes que en términos del bien-estar nacional, como la producción alimentaria, tienen su origen en el territorio rural. Para tener una mayor comprensión de la especificidad de la pobreza rural, es necesaria la creación de mediciones que tengan en cuenta las construcciones culturales de bien-estar y vida digna particulares de estos contextos y que no son compatibles con los parámetros urbanos usados como universales para entender las diferentes realidades. Desde el Estado se tomen medidas para que no se den procesos y se fomenten lógicas de estigmatización y criminalización de los/as jóvenes. Entender que en los enfoques de desarrollo deben visibilizarse territorios e interpretaciónes acordes a los intereses de los/as jóvenes. Ahondar las ventajas y limitaciones de las políticas rurales como lugar de trabajo, estudio y bien-estar o bien-vivir para ellos/as. Una concepción de desarrollo como un espacio de encuentro, de recreación, de cultura, y educación incluyente para los/as jóvenes Es indispensable y urgente disponer de información confiable y sistematizada, para formular políticas públicas destinadas a erradicar y prevenir la discriminación contra la población LGBT Son necesarias medidas urgentes para denunciar, sancionar y prevenir los crímenes de odio. La des-estigmatización dirigida hacia estos grupos de población, pasa entre otras cosas por la resignificación de los trabajos que pueden ejercer de acuerdo a las capacidades individuales e independientemente de la orientación sexual y la identidad de género de cada quien
Sumado a todo ello, para la superación de las condiciones de pobreza y la modificación de las realidades desiguales es fundamental:
La firma del protocolo facultativo del PIDESC por parte del Estado Colombiano.
Una reforma tributaria bajo los principios de progresividad, potencial redistributivo, eficiencia recaudatoria y equidad universal. Que el empleo debe dejar de ser concebido como un costo, se debe recuperar el valor social del trabajo en la generación de riqueza y bien-estar social. Por lo que debe ser reconocido como un derecho y garantizar los derechos asociados al mismo. En materia de tierras ociosas, distribución de la riqueza y acceso a oportunidades en este campo, parece pertinente seguir a Kalmanovitz cuando afirma, con base en el Instituto Agustín Codazzi, que los predios “con vocación de cultivo cubren el 19% de la superficie agropecuaria y de bosques, pero sólo el 4% tiene ese uso efectivo; el 13% de la superficie es de vocación ganadera, pero se utiliza el 36% de ella para pastorear el ganado, o sea, que tierras de mejor vocación son explotadas extensiva e improductivamente” “En el tema de derechos de propiedad, la situación es también confusa e impide que grandes capitales sean invertidos en el agro respetando la ley. El problema mayor reside en la proliferación del testaferrato por los señores de la guerra, ‘paras’ y las Farc, que introduce un manto de duda en todas las transacciones inmuebles rurales en el país y paraliza muchas de las operaciones de los buenos ciudadanos”. “Para agravar el problema, las leyes de protección a la pequeña propiedad aprobadas en 1994, y que impusieron límites a nuevas adquisiciones por cierto número de UAFS o unidades de explotación familiar, son transgredidas impunemente por empresarios violentos o terratenientes tradicionales. Tales leyes, sin embargo, deben ser respetadas por inversionistas nacionales y extranjeros que no van a exponer grandes capitales al riesgo de testaferros de mala clase, lo cual vuelve a probar que las medidas mejor intencionadas tienen unas consecuencias no pensadas y contrarias a la filosofía de sus gestores. Por esta razón, varios grandes proyectos productivos en palma, caucho y cacao han sido abortados, mientras el ministro de Agricultura mira para otro lado”. “Así las cosas, un aumento del impuesto predial a nivel rural y nacional, en el que se aumente la tarifa en proporción al tamaño del predio, acompañado de una actualización del valor catastral de todas las propiedades, introducirían unos incentivos óptimos para mejorar el uso de la tierra. Se reduciría también el precio y la renta del suelo y, con ello, podría aumentar la producción de alimentos y materias primas, abaratando el costo de vida y de producción. Se fortalecerían los fiscos de todos los municipios del país que podrían destinar recursos a su progreso económico y social, y complementar, si se requiere, el gasto en seguridad local”.26
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El Espectador. “El Impuesto a la Tierra”. Salomón Kalmanovitz. 22 de junio de 2008.
Es necesario garantizar la gratuidad en el derecho a la educación. Según la Fundación Restrepo Barco, en materia de pobreza, uno de los problemas más complejo de resolver es el gasto en educación, que es inelástico con respecto al ingreso familiar y tiende a caer como proporción del gasto (o ingreso) total del hogar frente a un aumento de los recursos familiares, al punto que si las familias tienen libertad para elegir en qué gastan los ingresos adicionales, no lo van a gastar en educación de sus hijos, sino en otras necesidades más apremiantes, como alimentación, vivienda o vestuario. Por lo anterior, en Colombia debemos enfocar todos los esfuerzos para aumentar la inversión estatal en educación con recursos dirigidos al levantamiento gradual de los costos que se cargan a las familias del Sisben 1 como, por ejemplo, matrícula y pensión en algunos casos, y que explican, en cerca del 40%27[1], el nivel de deserción o abandono escolar. La situación en este punto es dramática: un aumento del 100% en el ingreso de los hogares pobres sólo conduciría, en zonas urbanas, a un incremento del 10.25% del gasto familiar destinado a la educación de sus hijos y, en zonas rurales, a un 7.95%. 28
De esta forma, con la gratuidad, se garantizaría el cumplimiento del derecho a la educación en consonancia con los tratados internacionales sobre este Derecho Fundamental debidamente ratificados por Colombia29[2].
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Con el objeto de explorar la incidencia de los gastos de las familias de extrema pobreza en la educación de sus hijos y de profundizar en torno a este fenómeno como causa de la deserción escolar, la Fundación Antonio Restrepo Barco realizó la investigación “Canasta Educativa”, basada en encuestas a familias pertenecientes al Sisbén 1 y residentes en zona urbana o rural de municipios de menos de cien mil habitantes. Para esta investigación, la Fundación Restrepo Barco se sirvió de la evaluación de los impactos del Programa Familias en Acción, ejecutado por la Red de Apoyo Social (RAS) de la Presidencia de la República, con base en una muestra de seguimiento levantada en el segundo semestre del año 2003. La Fundación Restrepo Barco investigó los llamados costos de bolsillo de las familias de niñas y niños de 7 a 17 años que asisten a las Instituciones Educativas. La muestra específica fue de 8.829 hogares distribuidos entre las zonas urbanas (50.7%) y rural (49.3%) de un total de 80 municipios de menos de 100.000 habitantes. En cuanto a asistencia escolar, la investigación verificó que la tasa de asistencia es mayor para niñas que para niños, en ambas zonas, lo cual muestra una menor inversión en capital humano en niños que en niñas, fenómeno que, penosamente, guarda relación con la entrada más temprana al mundo del trabajo de los primeros. La tasa de asistencia escolar por edades arroja un 90% en el rango de 7 a 11 años, que corresponde a asistencia en primaria, siendo incluso mayores en zona rural que en zona urbana. Entre las conclusiones obtenidas, sobresale el hecho de que a partir de los 12 años, la deserción escolar aumenta con la edad, llevando a tasas de asistencia escolar de sólo 48.9% para niños y niñas de 17 años; 53.3% en zona urbana y 45.1% en zona rural. Es decir, más de la mitad de los niños ha abandonado el sistema escolar a esta edad.Se concluyó, igualmente, que a pesar de que los hogares en extrema pobreza entienden la importancia y el valor de la educación, no están dispuestos a invertir dinero de sus recursos económicos escasos en aumentar la asistencia escolar de sus hijos en la secundaria sino en una proporción muy marginal de sus ingresos incrementales. La situación en este punto es dramática: un aumento del 100% en el ingreso de los hogares pobres sólo conduciría, en zonas urbanas, a un incremento del 10.25% del gasto familiar destinado a la educación de sus hijos y, en zonas rurales, a un 7.95%. Otras necesidades básicas como alimentos, vivienda y vestuario tienen una prioridad mayor. Además, como ha quedado demostrado, la falta de pertinencia del sistema educativo en el logro de una transformación efectiva de las eventuales y futuras condiciones laborales de los hijos, hace que los padres desestimen la vinculación educativa de niños y niñas. El problema de abandono escolar para esta población en condiciones de extrema pobreza ya no es tan grave a nivel de primaria, donde las tasas de asistencia son altas y ya existe una oferta suficiente y accesible de cupos escolares, incluso en zonas rurales. El problema serio continúa siendo a nivel de educación secundaria, especialmente en zonas rurales por ausencia de oferta de cupos, pero principalmente en ambas zonas por los altos costos incrementales en que tienen que incurrir las familias para enviar sus hijos a la escuela y por los costos de oportunidad del tiempo de los estudiantes, que tienden a ingresar tempranamente al mercado de trabajo, especialmente después de los 14 años.
En efecto, si la estimación de los costos de atención estatal de un niño en preescolar, primaria y secundaría señala que éstos son $900.000 por cada estudiante , el presupuesto adicional para incorporar a todos los niños y niñas que aún no están cubiertos por el sistema educativo colombiano –aproximadamente 1.1 millón- sería, estimativamente, de $ 990.000 millones de pesos, cifra que equivale a cerca de 0,47 del PIB.
La anterior cifra hace referencia a un escenario ideal, pues supone la atención total por parte del Estado frente a aquellos que carecen de este derecho fundamental. Por ello, si se toma únicamente el 45% de estos niños, niñas y jóvenes que, de acuerdo con las encuestas, no asisten debido a los altos costos de la educación, a la ausencia de pertinencia del sistema escolar o por la necesidad de trabajar, la suma necesaria para atenderlos equivaldría a cerca de $ 400.000 millones para los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria).
La forma de gasto puede tener varias alternativas: o un aumento de la oferta oficial de la educación con una cuidadosa focalización o la entrega de subsidios directos a las familias, como lo plantea el programa Familias en Acción o el mismo Distrito Capital.
Así mismo, “Canasta Educativa”, logra establecer que la madre, en los hogares pobres, tiene un papel más decisivo que el padre en materia de decisiones de educación de los hijos. Madres más educadas tienden a querer para sus hijos una mayor educación, cosa que no ocurre con los padres. En lo concerniente a gastos en educación por zonas, los datos reportados se refieren únicamente a los hogares que envían sus hijos a escuelas públicas. Los rubros de gastos de mayor frecuencia, tanto en zona urbana como rural, son útiles escolares, matrícula anual y uniformes; adicionalmente en zona urbana es frecuente el gasto en fotocopias y en zona rural es también de alta frecuencia el gasto en alimentación fuera del hogar.El gasto en útiles escolares es cerca del 76% más en zona urbana que en zona rural ($4141. vs. $3.347). En uniformes, el gasto promedio es de $6.636 en zona urbana y cerca de 7.3% más alto en zona rural. El gasto en textos representa un mayor porcentaje en zona urbana que en zona rural pero en ambas zonas es relativamente bajo. El gasto en transporte a la escuela sólo afecta al 5.6% de los estudiantes en zona urbana y al 7.6% en zona rural. Para muchos hogares hay imposibilidad de enviar a sus hijos a la escuela el día que no tienen para darles el transporte. La investigación constató que la familia también gasta en alimentación de los niños por fuera del hogar. La incidencia de este gasto es de 36.8% en zona urbana y 60.7% en zona rural. La alta incidencia de este rubro en zona rural, puede convertirse tanto en un obstáculo a la asistencia escolar, como en factor de reducción del rendimiento escolar del niño. Un factor importante que incide gravemente en la situación de las familias frente a la educación de sus hijos es el tamaño del hogar. Dentro de las familias analizadas, se concluyó que un hijo más en primaria aumenta en 23.5% el gasto en educación en la zona urbana y en 25.2% en la zona rural. Un hijo adicional en secundaria aumenta el gasto total en educación en un hogar pobre en un 60.4% para la zona urbana y en un 81.9% para la zona rural.
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