Cuadernos del Ciesal Nro. 17 – Enero-Diciembre 2018 by Cuadernos del Ciesal

ISSN 1853-8827

CUADERNOS del Ciesal

Revista de estudios multidisciplinarios sobre la cuestión social Año 15 / N° 17 / enero-diciembre 2018

ISSN 1853-8827

CUADERNOS del Ciesal

IESAL Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos

Dr. Ricardo Falcón

Revista de estudios multidisciplinarios sobre la cuestión social Año 15 / N° 17 / enero-diciembre 2018

ISSN 1853-8827

CUADERNOS del Ciesal

es una revista de periodicidad anual editada por el Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos con sede en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (ISSN 18538827). Indexada en las bases bibliográficas de Latindex y Clase (Unam). Tiene como objetivo principal la difusión de la producción académica en Ciencias Sociales y Humanidades, promoviendo la reflexión crítica e interdisciplinar sobre temas convergentes a través de la publicación de producciones académicas inéditas, seleccionadas por un Comité Editorial con la colaboración de árbitros externos convocados especialmente para tal fin. Cuadernos del CIESAL is a yearly published journal, edited by the Interdisciplinary Center for Argentine and Latin American Social Studies based in the Faculty of Political Science and International Relations at Rosario National University (ISSN 1853-8827). Its main objective is the dissemination of academic production in Social Sciences and Humanities, promoting interdisciplinary and critical thinking on converging issues through the edition of unpublished academic studies, selected by an Editorial Committee in collaboration with external referees. DIRECTOR Ricardo Falcón (1990 - 2010) Gabriela Benetti (2010 - ) CONSEJO EDITORIAL Mario Glück (UNER - UNR) Alicia Megías (UNR) Alejandra Monserrat (UNR) María Luisa Múgica (UNR) Agustina Prieto (UNR) María Pía Martín (UNR) Oscar Videla (UNR) Luciano Andrenacci (UNSAM) Daniel Lvovich (UNGS)

CONSEJO ASESOR Diego Armus (Swarthmore College) Dora Barrancos (UBA) Marcelo Cavarozzi (UNSAM) Fernando Falappa (UNGS) Hugo Quiroga (UNR) Enrique Masés (UNCOMA) María Celia Bravo (UNT) Ana María Rigotti (UNR)

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DISEÑO GRÁFICO Eugenia Reboiro (eugenia.reboiro@gmail.com) Enviar correspondencia a: Gabriela Benetti Universidad Nacional de Rosario CIESAL (Facultad de Ciencia Política y RR. II.) Riobamba y Berutti / Monoblock 1 / Ciudad universitaria 2000 Rosario E-mail: ciesalunr@gmail.com

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Editorial

ARTÍCULOS La Reforma en sus fuentes: las relecturas del Manifiesto Liminar en democracia (Universidad Nacional de Córdoba, 1983-2018) Rebeca Camaño Semprini

La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003 María Lourdes Lodi y Juan Bautista Lucca

Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿El Partido político de los Indignados españoles? Julio Belloni Gille

El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina Julián Zícari

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Editorial

En la presente edición de la Revista “Cuadernos del Ciesal” presentamos un conjunto de artículos que se vinculan globalmente con temas y dilemas vinculados a la representación política. Como sabemos, la tradición reformista inaugurada en 1918 ha sido reactualizada a lo largo del tiempo y su documento fundacional, el Manifiesto Liminar, ha sido retomado en diferentes momentos para repensar la idea democrática. El trabajo de Rebeca Camaño Semprini “La Reforma en sus fuentes: las relecturas del Manifiesto Liminar en democracia (Universidad Nacional de Córdoba, 1983-2018)”, vuelve a ese texto, revisando las fuentes que lo inspiraron y la vigencia de su relectura. El artículo de María Lourdes Lodi y Juan Lucca “La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003”, aborda la reconstrucción y el análisis de las agendas electorales que los principales candidatos a la presidencia de la Nación presentaron de cara a los comicios del 27 de abril de 2003 en Argentina. Esta reconstrucción, realizada a partir del relevamiento periodístico, apunta a indagar en diferentes tipos de motivaciones que la inspiraron dicha agenda: democratizantes, de mayor equidad, institucionales y económico-financieros y en las formas que adoptaron los discursos para presentarlas a un electorado crispado, indiferente e indeciso. El trabajo de Julio Belloni Gille “Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿El Partido político de los Indignados españoles?” se ubica con posterioridad a la crisis económica desencadenada en 2008 en los países centrales y analiza la emergencia de movimientos sociales, en particular el caso de los “Indignados” españoles, para luego avanzar en la constitución del partido político “Podemos”. A través del análisis de la plataforma electoral, el autor intenta indagar en la capacidad de ese actor político para institucionalizar los reclamos del movimiento social y para ubicarse como alternativa frente a una clase gobernante sindicada como responsable de la crisis. Por último, el texto de Julián Zícari “El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina”, tiene como objetivo indagar el contexto sociohistórico en el que se inscribe la Ley de Convertibilidad en la Argentina durante 1991, impulsada como mecanismo para estabilizar las turbulencias del mercado cambiario y favorecer las exportaciones con un dólar muy alto. El autor analiza cómo, a partir de los vaivenes de las diversas coyunturas, las pautas originales se fueron modificando y el 1 a 1 terminó siendo un rígido corset para lograr competitividad y un dilema político para su creador.

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Artículos

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La Reforma en sus fuentes: Privatizaciones. Rol Manifiesto del sindicalismo las relecturas del Caso analizado: Foetra Liminar en democracia (Universidad Nacional de Córdoba, 1983-2018) Raúl Irigaray Cátedra de Administración Pública Facultad de Ciencia Política y RR.II. Rebeca U.N.R. Camaño Semprini Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba / Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional de Río Cuarto / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas rebesemprini83@gmail.com

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Rebeca Camaño Semprini

Resumen

En distintos momentos históricos la tradición reformista inaugurada en 1918 ha sido reactualizada engarzando pasado y presente. Nos proponemos aquí analizar los modos en que su documento fundacional, el Manifiesto Liminar, fue releído desde el retorno a la democracia hasta nuestros días. Para ello, tomamos reediciones realizadas por la Universidad Nacional de Córdoba en momentos político-históricos clave: los años del retorno a la democracia, los ochenta y noventa años de la Reforma y los cuatrocientos años de la UNC. Palabras clave: Reforma – Manifiesto Liminar – tradición reformista

Abstract

At different historical moments, the reformist tradition inaugurated in 1918 has been updated by linking past and present. We propose here to analyze the ways in which its founding document, the Manifiesto Liminar, was reread from the return to democracy to the present day. For this, we took reissues made by the National University of Córdoba in key political-historical moments: the years of the return to democracy, the eighty and ninety years of the Reformation and the four hundred years of the UNC. Keywords: Reform – Manifiesto Liminar - reformist tradition

Rebeca Camaño Semprini, “La Reforma en sus fuentes: las relecturas del Manifiesto Liminar en democracia (Universidad Nacional de Córdoba, 1983-2018)”. Cuadernos del Ciesal. Año 15, número 17, enero-diciembre 2018, pp. 7-26.

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La Reforma en sus fuentes: las relecturas del Manifiesto Liminar en democracia (Universidad Nacional de Córdoba, 1983-2018) Introducción Lejos de diluirse sin dejar huellas, la tradición generada a partir de la Reforma Universitaria de 1918 forma parte de un magma cultural cuyos filones de pensamiento influyen y se resignifican en consonancia con renovados problemas. El acervo cultural del reformismo supone un conjunto de representaciones, prácticas e instituciones que constituyen un territorio de producción de lo político, que permite a los protagonistas del presente responder y legitimar sus posturas tomando como referencia reglas, símbolos y rituales que remitirían a la “actualidad de la reforma” (Tcach, 2008). Ciertos períodos históricos se han mostrado particularmente fértiles para el desarrollo de reflexiones en torno a la Reforma Universitaria, para su resignificación y/o apropiación de su tradición y uno de ellos ha sido el abierto con el retorno a la democracia en 1983. Desde entonces hasta la actualidad una vasta producción intelectual se ha focalizado en el estudio –desde diversas perspectivas– de la Reforma Universitaria.1 No es nuestro objetivo presentar una mirada alternativa de este movimiento ni realizar un recorrido pormenorizado por dichas investigaciones, sino analizar cómo la propia Universidad Nacional de Córdoba (UNC) la ha repensado en estos años a través de sus relecturas del Manifiesto Liminar. Sus sucesivas reediciones (1983, 1998 y 2013) y la de La Gaceta Universitaria donde se publicó originalmente (2008), remiten a una reactualización de la tradición inaugurada en 1918. En cada momento histórico, las palabras vertidas en aquel documento fundacional han sido reactualizadas, engarzando pasado y presente, para reorganizar las metas en consonancia con las transformaciones por las que ha atravesado la sociedad argentina. Probablemente su pervivencia pueda atribuirse a que con la Reforma de 1918 nació lo que fue entendido como uno de los mitos constitutivos de la identidad cordobesa contemporánea: el de la Córdoba rebelde, ciudadana y democrática; el cual se fue consolidando en las décadas siguientes (Tcach, 2004). Sobre estos escritos concentramos nuestra mirada, atendiendo a que los homenajes y conmemoraciones, como los que dieron origen a las reediciones analizadas, constituyen momentos privilegiados para observar la reescritura de la historia en la que los hechos y procesos del pasado son resignificados a la luz del presente (Philp, 2009).

El Manifiesto Liminar en clave refundacional En 1983 la Universidad Nacional de Córdoba, a través de su Secretaría de Extensión2 publicó una trascripción comentada del Manifiesto Liminar, bajo el título de La juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica. La elección de estas palabras que obviamente remitían al encabezado con que La Gaceta Universitaria publicó la declaración de los estudiantes cordobeses aquel 21 de junio de 1918 no implicaba meramente una reproducción sino que tenía un especial significado en el contexto de transición democrática en que se hallaba inmersa la sociedad argentina toda y la universidad en particular. 1. Sin ser exhaustivos, podemos mencionar: Ceballos, 1985; Ciria y Sanguinetti, 1987; Caldelari, 1998; Kohan, 1999; Ortega, 1999; Biagini, 2000; Cattáneo y Rodríguez, 2000; Chiroleu, 2000; Sanguinetti, 2003; Buchbinder, 2008; Tcach, 2012; Castro, 2016; Tantián, 2016; Albornoz y Crespo, 2017. 2. Por entonces se hallaba encabezada por el escribano Roberto Roqué Miró (Resolución rectoral 1354/1983).

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En efecto, la reinstauración del régimen democrático abrió un complejo y ambiguo proceso de consolidación institucional repleto de imperfecciones, en el que el afianzamiento del principio de legitimidad democrático –es decir, el apego mayoritario de los ciudadanos y los partidos políticos a las reglas de sucesión pacífica del poder– convivía con deficiencias institucionales y profundas desigualdades sociales que implicaban serios desafíos para la estabilidad de la democracia (Quiroga, 2005). Sin embargo, el entusiasmo en que se basó la reconstrucción democrática ocultó la magnitud de los problemas que debía enfrentar el gobierno de Alfonsín y este nuevo ciclo democrático comenzó con enormes expectativas, producto de la infinidad de reclamos de diverso orden que se habían ido acumulando durante la última dictadura militar (Romero, 2006). Con este horizonte de expectativas, Alfonsín diseñó una propuesta de modernización democrática en el que atacó varios frentes simultáneamente con el objetivo de batallar contra el atraso y el autoritarismo conjugando la democracia con la justicia social. Su propuesta implicaba reactivar la industria sustitutiva, democratizar a las Fuerzas Armadas y los sindicatos, reformar la Constitución Nacional, modernizar el Estado, la educación, la salud pública y la vida social y cultural, al tiempo que combatir el hambre y la exclusión (Quiroga, 2005; Novaro, 2009). Este optimismo, sintetizado en la frase “con la democracia se cura, se come, se educa” ha llevado a hablar de una “cuota de inconciencia” del gobierno radical, necesaria para afrontar el tortuoso camino a recorrer pero incapaz de evitar la catástrofe finalmente inevitable (Novaro, 2009: 25). Podríamos decir que esta ventajosa insensatez era compartida por la sociedad argentina en general y tuvo su traducción en el ámbito educativo en general y universitario en particular, los cuales también se vieron atravesados por las tensiones entre las fuertes expectativas generadas por la democracia y los condicionamientos heredados del pasado, especialmente de la dictadura militar. Si para el gobierno constituía uno de los pilares del proceso refundacional de la sociedad y la política argentina que encabezaba, también la propia universidad se sintió interpelada y asumió el desafío como propio. Como el resto de las universidades nacionales, para entonces (1983-86) la UNC, se hallaba intervenida y se encontraba en una etapa de normalización. En consustancia con el clima de época, los temas centrales de su agenda los de la democratización social y educativa. Entre otras cuestiones, esto implicaba ampliar los criterios restrictivos para el acceso de los estudiantes a la universidad impuestos durante la dictadura, renovar las estructuras de gobierno institucional a través de la participación de los distintos claustros en los órganos colegiados y ampliar el acceso a saberes que habían estado negados durante la dictadura (Abratte y Moyano, 2013). Entre otros procesos3 –como la normalización de las facultades, la reincorporación de docentes y estudiantes cesanteados, la sustanciación de concursos y la reforma de planes de estudio– comenzaron entonces a gestarse algunas iniciativas desde las secretarías rectorales (Académica, General, Estudiantil y Extensión) en pos de un modelo de “Democrática, Pública, Co-gobernada, y al servicio de los intereses de su pueblo”.4 3. Si bien estos procesos se consolidarían durante la primera gestión rectoral elegida democráticamente tras la dictadura, la del arquitecto Luis Rébora, los primeros pasos en este sentido fueron dados en la etapa normalizadora. 4. Disponible en: https://sociales.unc.edu.ar/content/jornada-homenaje-los-80-institucionalizaci-n-democr-tica-en-launc [último acceso: 10/11/2018].

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La Reforma en sus fuentes: las relecturas del Manifiesto Liminar en democracia (Universidad Nacional de Córdoba, 1983-2018) En este contexto, la tradición de la Reforma Universitaria fue reactualizada, dando lugar a una particular construcción de sentido en clave de refundación democrática. Así, la mencionada publicación de la UNC luego de reproducir el Manifiesto Liminar y realizar una breve síntesis de los sucesos de 1918, incluía un conjunto de frases de los protagonistas de la Reforma –no solo de Córdoba sino también de Latinoamérica– y una reflexión sobre ésta. Bajo el título de “Opiniones para siempre”, las palabras seleccionadas hacían hincapié en el carácter integral que debía revestir la reforma. En tal sentido, se recordaban las palabras de Luis Alberto Sánchez: “(…) para nosotros ser reformistas (…) supone una adhesión fundamental a ciertas normas de existencia y convivencia, tales como la libertad efectiva, la democracia creadora, la autonomía indudable, la vinculación fecunda con el pueblo, única fuente cierta de cultura sólida, de soberanía”.5 Se remarcaba también, en palabras de Germán Arciniegas y Arturo Orgaz, el carácter siempre inacabado de la Reforma. Del reformista colombiano se recuperaba: “La universidad, después de 1918, no fue lo que ha de ser, pero dejó de ser lo que había venido siendo, 1918 fue un paso inicial (…) solo aspiraríamos a que de nosotros se dijese lo que realizamos: abrir una ventana.”6 Del abogado cordobés, por su parte, se rescataba –además de lo inconcluso de la tarea realizada– la necesidad de continuar con la lucha, superando los escollos que la realidad deparaba: “Los que fuimos actores en aquella magna lucha del ideal colectivo, sabemos que no se ha realizado todo cuanto se pensó, que es menester persistir en el empeño inicial, que sería traición a la causa abrazada a la elevación cultural del país, abandonar la tarea en la mitad de la jornada con gesto de desencanto o renunciamiento”7

Resulta interesante también, atendiendo al momento en que se publicaba el folletín, que se retomaran las palabras de Gabriel del Mazo para hacer referencia al rol del radicalismo en el proceso reformista y a la confluencia entre uno y otro movimiento: “Doctrinariamente, el radicalismo y la Reforma Universitaria son en el país proposiciones complementarias. El radicalismo es una concepción ético política que responde a un ideal cultural. La Reforma Universitaria es una concepción cultural consciente de que está exigida de un programa ético político para su realización completa. La Reforma Universitaria es un profundo planteamiento de espiritualidad política, el primero en Sudamérica, en grado colectivo, en toda la era republicana. El radicalismo argentino es un profundo planteamiento sudamericano de política espiritual (…) De ahí que por sus relaciones recíprocas, sus afinidades de fondo, su desempeño histórico complementario, el radicalismo y la Reforma Universitaria sean manifestaciones autonómicas pero concurrentes”8 5. La Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica. Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria. 21 de junio de 1918. Universidad Nacional de Córdoba-Secretaría de Extensión Universitaria, 1983, p. 14. 6. La Juventud Argentina de Córdoba… p. 14. 7. La Juventud Argentina de Córdoba… p. 16. 8. La Juventud Argentina de Córdoba… p. 18.

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Finalmente, se incluía lo que entendemos el aporte más significativo de esta publicación, una reflexión sobre el presente bajo el título “Por la actualidad de la Reforma”.9 Se comenzaba allí por una reivindicación en clave actual del proceso de incorporación de las masas a la política nacional: “En las primeras décadas de este siglo se produjo un fenómeno de capital importancia para la interpretación de la Argentina presente: nuestro país se incorporó al grupo de naciones en las que logró adquirir vigencia y expresión política la masa popular (…) sobre el filo del centenario, se conquistó el instrumento que habría de hacer de ésta, la nación de todos: el ejercicio limpio e irrestricto del sufragio”10

En este proceso se asignaba un rol protagónico al radicalismo, lo que no puede dejar de leerse en vinculación con el presente del escrito, aun alborozado por el triunfo de Alfonsín y su asunción como presidente:11 “La ruptura de ese sistema de democracia casi simbólica que practicábamos –éramos democráticos nada más que por respeto a los países que queríamos imitar– demandó veinticinco años de desgaste, de denuncias y de sacrificios (…) En 1916 el gestor de esta larga maduración, Hipólito Yrigoyen, asume la Presidencia de la República”12

Aquí nuevamente se destaca el carácter integral de la Reforma, su búsqueda por trascender las paredes de la Universidad y transformar la sociedad toda: “Tomaron las facultades porque no podían concebir una sociedad abierta sin una universidad participativa, porque les hervía en la sangre el siglo nuevo, porque el orden, el soberano Orden que los encorseteaba [sic] tenía olor a naftalina y se revelaba incompatible con las brisas que animaban a la nación (…) la Reforma fue un intento de puesta al día con el reclamo de los tiempos”13

9. El escrito no fue firmado por algún docente o funcionario de la UNC en particular, sino presentado como expresión institucional, aunque al final de la publicación se agradeció la colaboración del ingeniero Ignacio Piré y del periodista Nilo Neder. Este último fue dirigente de Franja Morada, participó activamente en la campaña electoral de 1983 y se desempeñó como senador provincial por el radicalismo durante la gobernación de Eduardo Angeloz. 10. La Juventud Argentina de Córdoba… p. 21. 11. Tampoco puede omitirse la influencia de quienes colaboraron en la elaboración del escrito, estrechamente vinculados al radicalismo. 12. La Juventud Argentina de Córdoba… p. 21. 13. La Juventud Argentina de Córdoba… p. 22.

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La Reforma en sus fuentes: las relecturas del Manifiesto Liminar en democracia (Universidad Nacional de Córdoba, 1983-2018) También lo inconcluso de la Reforma era destacado: “Los relojes argentinos sin embargo han sido a menudo caprichosos, durante décadas se obstinaron en andar hora para adelante, hora para atrás han sabido también detenerse durante un tiempo lamentable”14

Justamente por ello se reivindicaba la actualidad de la Reforma: “Más de medio siglo después, la Reforma Universitaria no solo conserva vigencia, se ha vuelto urgente”.15 En este llamado se manifestaba aquella idea de estar en un momento clave de la historia, refundacional, al que ya hemos hecho referencia. Se miraba al pasado en dos sentidos. Por una parte, para buscar un espejo a través del cual mirar el presente reflejado en aquella primera apertura democrática durante el gobierno de Yrigoyen. Por otra parte, para hacer tabla rasa con la experiencia dictatorial que acababa de cerrarse. En el proyecto de sociedad que buscaba abrirse paso se le asignaba un lugar clave a la educación y, en particular, a la universidad: “Agotados ya todos los adjetivos calificativos sobre los años que acabamos de pasar, está maduro el momento para recordar que en política nada es casual; casi podría enunciarse como un axioma que los sistemas políticos tratan de instrumentar sistemas educativos a su imagen y semejanza. Por ello, en el clima de aquella primera democracia popular fue posible una Reforma, por ello, en el país del silencio fue preferible una universidad silenciosa. Por esto, hoy esta nueva democracia, casi fundacional, no puede menos que volver a hablar de Reforma. No puede menos que proponerse una Reforma y reivindicarla no como un dato histórico destinado a esclerosarse en el ritual anual del almanaque sino como algo todavía por hacer”16

Se miraba entonces al pasado pero también hacia el futuro, con los pies en el presente: “Se entenderá así que no hay nada de viejo en aquella patriada estudiantil de la época de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, porque la historia enseña que las verdades duran más que los hombres, y podría por supuesto discutirse la actualidad de tal o cual aspecto programático, podríamos por ejemplo argumentar sobre la manera de instrumentar la participación de los claustros para que la libertad comulgue con el orden, podríamos sonreír frente a la lectura de alguno de aquellos adjetivos que simplemente ya se usan poco, podríamos sacar toda la hojarasca sin que por ello pierda vigencia ni brillo aquella ambición de la muchachada, su deseo de educarse y crecer en libertad”17 14. La Juventud Argentina de Córdoba… p. 22. 15. La Juventud Argentina de Córdoba… p. 22. 16. La Juventud Argentina de Córdoba… pp. 22-23. 17. La Juventud Argentina de Córdoba… p. 23.

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Educarse y crecer en libertad. Con estas palabras se cerraba este folletín publicado en 1983, al calor del retorno a la democracia. Estos objetivos eran compartidos por el Proyecto Educativo Democrático impulsado por el gobierno alfonsinista, tendiente a revertir la situación heredada y a eliminar el autoritarismo. La educación era pensada, en este particular momento político, como una estrategia fundamental para la formación de ciudadanos comprometidos con los valores de la democracia representativa y republicana, por lo que la preocupación no era meramente pedagógica sino que remitía a un objetivo político (Wanschelbaum, 2013; 2014). Con ese horizonte de expectativas y con un vaciamiento científico y académico como puntos de partida, la política gubernamental tendió a la normalización institucional, con el legado reformista como trasfondo. Sin embargo, como otras líneas de acción propuestas en diversas áreas, las políticas universitarias implementadas por el gobierno alfonsinista –mucho más exitosas al reparar que al consolidar patrones alternativos– vieron limitadas sus posibilidades de dar respuesta a las demandas acumuladas en la sociedad durante los años de la dictadura e introducir cambios significativos en la universidad. En parte por los erráticos programas económicos y a la fuerte oposición de los sectores corporativos –Iglesia, militares, sindicatos, empresarios– que llevaron al naufragio de múltiples intentos modernizadores, entre ellos el de la universidad, pero también específicamente por una suerte de autolimitación estatal para intervenir sobre el sistema universitario (Quiroga, 2005; Suasnábar, 2011).

El Manifiesto Liminar en los años de neoliberalismo En 1998, año en que se cumplía el ochenta aniversario de la Reforma, la UNC editó nuevamente el Manifiesto Liminar.18 En esta oportunidad, se trataba de una carpeta dentro de la cual se incluían las hojas sueltas del documento sin más agregados que una cronología de tan solo dos carillas en la que se sintetizaban ceñidamente los sucesos de 1918. Llama la atención la modestia del homenaje y la ausencia de comentarios, que podrían remitirnos a la actualidad que tenía la Reforma en aquellos años menemistas. En particular, si tenemos en cuenta la fuerte oposición que provocó en la UNC–como en otras universidades argentinas– la sanción de la Ley Nº 24.521, Ley de Educación Superior (LES) en 1995. Esta normativa fue impulsada en el marco de una “agenda internacional de los sistemas educativos superiores” instalada desde mediados de los noventa en algunos países latinoamericanos y en el ex bloque soviético bajo el auspicio de agencias de crédito internacional como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además de la sanción de la LES, se buscaba lograr la disminución de los subsidios estatales destinados a la educación y la ciencia, un control selectivo del Estado en la distribución de los recursos financieros, la expansión de las instituciones privadas y de su matrícula y la creación de órganos o agentes centrales para evaluar y acreditar las instituciones universitarias, tales como la Secretaría de Políticas Universitarias y la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria (Mollis, 2008). 18. Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918. Edición homenaje al 80º aniversario de la Reforma 1918-1998. Universidad Nacional de Córdoba, 1998.

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La Reforma en sus fuentes: las relecturas del Manifiesto Liminar en democracia (Universidad Nacional de Córdoba, 1983-2018) La LES, promulgada en agosto de 1995, comprendía a las instituciones de formación superior, universitarias y no universitarias, nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como privadas, integrantes del Sistema Educativo Nacional. Sus ochenta y nueve artículos se hallaban agrupados en cuatro títulos subdivididos en capítulos y secciones, a través de los cuales los históricos conceptos de autonomía, financiamiento y gobierno universitario se vieron notoriamente modificados. Entre otras disposiciones, se autorizaba a las instituciones universitarias a establecer el régimen de acceso, permanencia y egreso de sus estudiantes en forma autónoma (lo que en las universidades con más de 50.000 estudiantes podía ser definido por cada facultad); cada universidad podía fijar su propio régimen salarial docente y de administración de personal, lo que les aseguraba el manejo descentralizado de los fondos por ellas generados; se las habilitaba para promover la constitución de “sociedades, fundaciones u otras formas de asociación civil” destinadas a apoyar la gestión financiera y a facilitar las relaciones de las universidades y /o facultades con el medio; a los órganos colegiados se les asignaban funciones de definición de políticas y de control, en tanto que a los unipersonales funciones ejecutivas; se modificaba la integración del claustro de profesores autorizando al conjunto de los docentes (incluyendo a los auxiliares) para ser elegidos como representantes de dicho claustro; y se vio aumentado el número de cuerpos representados en los órganos colegiados (Mollis, 2008). El rechazo que generó esta ley entre la comunidad académica argentina significó en el caso particular de Córdoba la irrupción de diversas fuerzas estudiantiles –principalmente de las facultades de ciencias humanas y sociales– en espacios amplios de discusión política como asambleas interfacultades, la presencia pública en movilizaciones callejeras y la articulación con actores políticos por fuera del sistema universitario. En este contexto y bajo el impulso conjunto de la Federación Universitaria de Córdoba y la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba fue organizada la Tercera Marcha Federal en Defensa de la Universidad Pública. Asimismo, en la Asamblea Nacional Universitaria estudiantes de las universidades de Córdoba, La Plata, Buenos Aires, Mar del Plata, Río Cuarto, Comahue, Patagonia, Jujuy, San Luis y Entre Ríos discutieron sobre el financiamiento, la autonomía, los derechos y deberes de los estudiantes y docentes, el régimen de títulos, el cogobierno y el sistema universitario nacional y privado. La importancia de esta reunión resulta insoslayable si se recuerda que fue el segundo encuentro político de estudiantes desde la normalización universitaria iniciada en 1983.19 Se coordinaron también algunas actividades conjuntas con sectores del sindicalismo provincial en medio de un clima de protesta masiva cuestionadora de los recortes presupuestarios y la demora en el pago de los salarios (Chabrando, 2016). Una vez aprobada la ley, la UNC –a través de la resolución 156/95 del Consejo Superior– se expidió en contra de la misma. Se hicieron presentes allí los principios de la Reforma de 1918, al discutir aquellos puntos que afectaban a la autarquía y autonomía de universitaria, los órganos de cogobierno y los planes de estudio. Por ello resulta llamativo que en la reedición de 1998 del Manifiesto Liminar no fueran retomados estos argumentos en clave actual.

19. La primera había sido en 1989 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires como rechazo al recorte presupuestario.

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Rebeca Camaño Semprini

Para entonces, estaba claro que la política universitaria impulsada por el gobierno nacional avanzaba en dos direcciones: 1) hacia un proceso de descentralización, que involucraba a las políticas salariales y laborales con respecto a sus docentes y no docentes; y 2) en dirección a una uniformización, a través de la incidencia en el desarrollo interno de las universidades por medio de mecanismos como el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad (FOMEC) o el Programa de Incentivos. Ambos programas, así como la política de evaluación estructurada en torno a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), fueron duramente cuestionados, por considerarlos instrumentos que afectaban la autonomía universitaria y permitían la injerencia del gobierno nacional en el funcionamiento interno de las casas de estudios (Buchbinder, 2010). Se ha planteado que en este contexto la UNC vio paulatinamente trasformada su identidad pública reformista por la contaminación neoliberal de los procesos de cambio institucional, identificando como principales referencias de esto al arancelamiento enmascarado en la llamada contribución voluntaria (establecida en 1990 y vigente hasta 2011) y la mercantilización de las funciones democratizadoras de la extensión universitaria, reorientada hacia los servicios y la transferencia (Mollis y Saur, 2013). Principios caros a la tradición reformista, como la autonomía universitaria y la vinculación con la comunidad en pos de la resolución conjunta de los problemas sociales a través de la extensión universitaria, se vieron afectados por las políticas impulsadas desde el gobierno nacional y adoptadas por la UNC. Cabe preguntarse si fue la consonancia de las autoridades universitarias del momento con estos procesos lo que impidió la formulación de propuestas alternativas a las diseñadas por el neoliberalismo y fundamentadas en el reformismo del ’18. Lo cierto es que en la reedición del Manifiesto Liminar realizada en 1998, durante el rectorado de Hugo Juri y con el apoyo económico de la Secretaría de Extensión de la UNC, se optó por guardar silencio respecto a la actualidad de la Reforma en la definición del papel de la universidad tanto como institución educativa y científico-cultural como en los procesos de transformación social.

El Manifiesto Liminar en tiempos de retorno del Estado Al cumplirse los 90 años de la Reforma Universitaria, en 2008, no fue reeditado el Manifiesto Liminar sino la colección completa –en formato facsimilar– de La Gaceta Universitaria, en cuyo ejemplar del 21 de junio de 1918 había sido publicado aquel documento. La UNC, conjuntamente con las universidades nacionales de La Plata, Tucumán, Buenos Aires y del Litoral se unieron en este proyecto editorial que incluía, además, una reflexión de cada uno de los rectores involucrados y tres estudios sobre la Reforma. Como un primer apartado, bajo el título de “Los ecos de la Reforma Universitaria” las autoridades de las universidades involucradas reflexionaron sobre la importancia de la Reforma para sus respectivas instituciones y la actualidad de la tradición reformista. La rectora de la UNC, Carolina Scotto,20 retomó 20. Profesora en Historia y Doctora en Filosofía. En 2006 fue elegida como la primera rectora de la UNC, cargo que ocupó hasta 2013. En octubre de ese año fue electa como diputada nacional por el Frente para la Victoria, cargo al que renunció en agosto de 2014.

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La Reforma en sus fuentes: las relecturas del Manifiesto Liminar en democracia (Universidad Nacional de Córdoba, 1983-2018) la idea de la Reforma Universitaria como el nacimiento del mito de una Córdoba rebelde, ciudadana y democrática. Se trataba de un legado –a diferencia de la sociedad en la que nació– no conservador, inspirado en los valores de la libertad de pensamiento y acción y en el desarrollo y autonomía de los pueblos. Desde esta perspectiva, su actualidad radicaba en concebir a la universidad bajo las premisas de su autonomía y el resguardo de su libertad de pensamiento y ejercicio crítico, como una institución social que debía contribuir activamente en la definición y ejecución de políticas públicas culturales, educativas, científicas, tecnológicas, etc. También implicaba pensarla como un bien público y una inversión social, por lo que debía devolvérsele a la universidad su gran misión social que era su verdadero sentido político. En este sentido, para Scotto las páginas de La Gaceta no representaban solamente el testimonio de “un pasado en el que todavía nos reconocemos, son también un buen motivo para avanzar decididamente hacia nuestras propias tareas pendientes”.21 Gustavo Aspiazu, rector de la Universidad Nacional de La Plata, reconoció a la Reforma Universitaria como uno de los puntos de inflexión –conjuntamente con el Mayo Francés– de la universidad del siglo XX y atribuyó la vigencia actual del pensamiento reformista al debate entre la educación como bien público o como bien comercial. Mientras –en clave reformista– la primera concepción remitía a una universidad que formaba tanto cultural como cívicamente al individuo, la segunda implicaba una formación específica, sin raíces sociales ni culturales propias. Los ideales de la Reforma seguían vigentes, entonces, en los principios que le daban a la universidad pública un sentido social, siendo fuente de progreso intelectual: “Una herramienta de movilidad social, en un ámbito de pensamiento innovador, creativo y emprendedor”.22 El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantard, remarcaba que además de los cambios producidos al interior de las universidades argentinas y latinoamericanas, la Reforma implicó una redefinición de las relaciones de éstas con la sociedad y el Estado. Para la casa de estudios que dirigía esto tuvo un especial significado, pues su creación en 1919 fue dispuesto de acuerdo con los principios de 1918, siendo la primera universidad nacional reformista desde su nacimiento. Si entonces la educación y la ciencia eran fundamentales en la configuración de la sociedad, Cantard remarcó la centralidad en el presente, en que “crecimiento económico, equidad y ciudadanía continúan siendo los tres objetivos clave de una estrategia de desarrollo sustentable, y la única política pública que actúa simultáneamente sobre todos ellos es la educación”.23 Juan Cerisola, rector de la Universidad Nacional de Tucumán, recordó que ésta había nacido en 1914 como una institución provincial, orientada –de acuerdo con las necesidades de la elite progresista que la impulsó– al desarrollo de la ciencia y la técnica, actividades centrales para la industria azucarera de la región. Fue en 1918 que el Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios se pronunció por la nacionalización, medida que se concretó en 1921. Esto le proporcionó una plataforma sólida a la universidad, tanto por la validez nacional de sus títulos como por el aporte presupuestario, lo 21. La Gaceta Universitaria 1918-1919. Una mirada sobre el movimiento reformista en las universidades nacionales. Buenos Aires: UNC-UNLP-UNL-UNT-UBA, 2008 p. 11. 22. La Gaceta Universitaria 1918-1919… p. 15. 23. La Gaceta Universitaria 1918-1919… p. 20.

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que constituyó el punto de partida para su expansión. Si aquí radicaba para Cerisola el legado más consistente del movimiento reformista en la Universidad Nacional de Tucumán, más ampliamente la Reforma había dejado en la universidad argentina la “bandera de la libertad de oportunidades como horizonte social, componente indispensable para construir una sociedad más justa e igualitaria”.24 Para el rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú, celebrar los noventa años de la reforma significaba no solamente rendir el merecido homenaje a los autores del Manifiesto Liminar, sino fundamentalmente puntualizar el carácter estratégico de la autonomía como institución imprescindible en la configuración republicana del Estado, en la vida democrática de los pueblos latinoamericanos y como garante de los principios de la Reforma. Por ello, afirmaba que al legislar en materia de educación superior debía imperar una mirada integradora que, reconociendo su carácter estratégico, le garantizara la inversión presupuestaria. Para dar fuerza a sus argumentos, recordaba que “toda vez que se ha presentado a la inversión superior como un gasto y a la autonomía como un abuso, se ha desplazado el debate de su eje legítimo y se ha propuesto a la sociedad una falsa confrontación, como si cada peso asignado al presupuesto universitario fue restado de otras políticas sociales igualmente justas o de otras inversiones igualmente estratégicas”.25 Como puede observarse, las reflexiones de los rectores tendían a la construcción de una visión de la universidad alternativa a la que había imperado en los largos años noventa. Entonces –bajo la regulación de la LES– fueron creadas nuevas universidades públicas y privadas con un modelo organizacional diferenciado y hasta contrapuesto al de la cultura reformista, cambiando criterios clave de funcionamiento. El tradicional gobierno universitario fue reemplazado por un órgano de gestión comprometido con la obtención de recursos alternativos, el ingreso irrestricto por un ingreso selectivo, la gratuidad por el arancelamiento, los docentes auxiliares por profesores temporarios por contrato, profesores con dedicación simple por profesores con máxima dedicación a la enseñanza e investigación y responsabilidad tutorial (seguimiento de estudiantes, horarios de oficina para atención de consultas), salarios diferenciados, carreras cortas con salida laboral, diplomas intermedios, carreras a distancia y aplicación de tecnologías virtuales, orientación profesionalizante y poca o ninguna oferta en las áreas de ciencias básicas o aplicadas (Mollis, 2008). Frente a este pasado inmediato, cuyos sedimentos estaban aún presentes al cumplirse los noventa años de la Reforma, los rectores reivindicaban sus valores, en particular la autonomía y el carácter social de la universidad, pero también y fundamentalmente el rol transformador de la educación y la necesidad de concebirla como una inversión y no un gasto. Luego de estas reflexiones de las autoridades universitarias, se incluyó un segundo apartado, titulado “La Reforma Universitaria: 90 años después”, en el que tres investigadores analizaron al movimiento de 1918 desde diversas perspectivas. María Caldelari encontraba en la publicación de La Gaceta la oportunidad para preguntarse por la perdurabilidad de una tradición y su capacidad para generar respuestas para el tiempo presente y horizontes futuros. Afirmaba que durante noventa años la Reforma inspiró proyectos democratizadores y de modernización, convocó a la oposición a modelos 24. La Gaceta Universitaria 1918-1919… p. 25. 25. La Gaceta Universitaria 1918-1919… p. 28.

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La Reforma en sus fuentes: las relecturas del Manifiesto Liminar en democracia (Universidad Nacional de Córdoba, 1983-2018) de universidad ajenos a la tradición liberal y abonó la resistencia tanto al avance del oscurantismo cultural como del autoritarismo y la represión. Consecuentemente, luego de hacer un recorrido por la universidad argentina del siglo XX concluyó su escrito con la siguiente invitación: “Consolidada la democracia, quizás valga la pena la relectura de los textos de la Reforma para aprehender lo que hubo de sensibilidad en la mirada frente a los cambios del siglo, como uno de los caminos posibles para que la Reforma no quede reducida a cristalizadas consignas” (Caldelari, 2008: 42). María Celia Bravo reconstruyó el ya referido proceso de nacionalización de la Universidad de Tucumán para luego dar cuenta de otro momento de modernización de la casa de estudios: la aprobación en 1924 de los nuevos estatutos inspirados en los postulados reformistas. Afirmaba que aunque constituyó un paso importante, no cumplió enteramente con las expectativas crecientes de un estudiantado cada vez más politizado y exigente. En 1929, luego que una serie de incidentes suscitados por el incumplimiento del Estatuto reformista en el gobierno de la universidad generara conflictos entre el rector y los estudiantes, la Federación Universitaria de Tucumán declaró una huelga que culminó con la renuncia del primero. Se abría así una nueva etapa de institucionalización de los principios reformistas, en la que el nuevo rector, Julio Prebisch, apostaba a un estudiantado involucrado en la conducción de la universidad. A pesar de la radicalización del discurso de una juventud opuesta a todas las dictaduras y que buscaba transformar el ideario reformista en un instrumento de redención social, la revolución invocada no fue realizada. Es que el reformismo tucumano llevó a cabo su obra en el marco de hostilidades poderosas, ahogos financieros y en un clima de incertidumbre política poco propicio para la acción fecunda (Bravo, 2008). En su introducción a La Gaceta Universitaria César Tcach consideraba la publicación como una suerte de pacto constitutivo del movimiento reformista marcado por el respeto a la diversidad ideológica y política, bajo un fondo cultural común. Este pacto, que inicialmente obedeció al imperativo de romper la hegemonía clerical conservadora en la universidad y la sociedad cordobesa distó de ser –afirmaba el historiador– coyuntural. La tradición generada en 1918 aspiró a pervivir engarzando pasado y presente, actualizando sus metas en consonancia con los cambios históricos por los que atravesaba la sociedad argentina. La gran impugnación reformista se forjó en un arco iris de filones de pensamiento cuyas vetas heterogéneas iluminaban un liberalismo abierto a la transformación radical de la sociedad y de la cultura. El universo cultural de la reforma tendió así un puente de plata entre liberalismo, democracia y socialismo. En la coexistencia en la diversidad que supuso el mundo cultural de la Reforma, en su tesón por constituir un universo contrahegemónico advirtió Tcach la importancia decisiva asignada a la cultura como motor de transformación. Entendía, finalmente, que “las cinco universidades nacionales que 90 años después de la Reforma ponen a disposición del lector, por primera vez, la edición original de La Gaceta Universitaria no son ajenas a ese legado” (Tcach, 2008: 58). La publicación concluía, como adelantamos, con ciento sesenta y siete páginas en las que se reproducían los facsímiles de La Gaceta Universitaria. Se trató de un aporte fundamental tendiente a la democratización del acceso a este documento fundacional del movimiento reformista y, con él, a los principios que impulsaron a los jóvenes de 1918. Puede observarse en esta decisión editorial, así como en los escritos de los investigadores citados, la intención de problematizar la actualidad de la Reforma, de no sustraerla de los dilemas actuales de la educación universitaria dentro de los cuales

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se destacaba el hecho de que, pese a los cambios de rumbo introducidos por el kirchnerismo en las políticas estatales –y en particular en lo referido a la ciencia, la tecnología y la educación– aún no se había avanzado en una nueva normativa para las universidades argentinas. Con el mismo norte, en 2013 y como parte de la celebración de los cuatrocientos años de la UNC, fue reproducido una vez más el Manifiesto Liminar, con el subtítulo Legados y debates contemporáneos.26 Con una presentación mucho más elaborada que las anteriores reediciones de 1983 y 1998, en esta oportunidad se incluyó un prólogo a cargo de la entonces rectora, Carolina Scotto, una reflexión del Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni y los análisis de destacados investigadores argentinos agrupados en cuatro grandes ejes: Universidad, juventud y política, Universidad y proyecto de país, Universidad y ciencia y Dilemas y desafíos actuales en torno a los principios reformistas. Dado el objetivo que nos propusimos en el presente escrito, nos concentramos en el último eje. En los párrafos que le sirvieron de presentación se hizo hincapié en que la Reforma no solo modificó a la universidad sino también los modos en que ésta fue pensada. A partir de allí, al hablar de universidad nadie pudo sustraerse a considerar y posicionarse frente a principios como autonomía, extensión o cogobierno. El Manifiesto Liminar, se afirmaba, “nos interpela todavía hoy para seguir interrogándonos sobre estos principios y darles contenidos concretos, aquí y ahora”.27 A esta tarea se abocaron el historiador Luis Alberto Romero, los filósofos Eduardo Rinesi y Francisco Naishtat. En “La Reforma Universitaria y la democracia” Romero comenzó afirmando que tanto la Ley Sáenz Peña como la Reforma Universitaria remitían a un proceso social y cultural mayor, caracterizado por la democratización de una sociedad en expansión, integrativa y móvil. A partir de allí, afirmaba, la democracia y el reformismo universitario vivieron circunstancias parecidas. Mientras la primera tomó un rumbo escasamente republicano y más bien plebiscitario y fuertemente faccioso, las universidades no lograron constituir la comunidad autogobernada imaginada por el reformismo. Con el retorno a la democracia la universidad canalizó muchos de los anhelos de la sociedad. De ella se esperó excelencia, compromiso e inclusión, tres valores fundamentales de la Reforma Universitaria. Pero pronto, sostenía Romero, la crisis social y estatal hizo que aquellos principios comenzaran a resultar insuficientes, contradictorios y hasta limitativos para solucionar los nuevos problemas, aun cuando no perdieran su virtud. Entre ellos, el historiador se centró en dos. En primer lugar, el ingreso irrestricto, que remitía a los principios de la Reforma, planteaba dos dilemas: la capacidad de los ingresantes para afrontar estudios universitarios y la capacidad de la universidad para recibir a todos los que deseaban intentarlo. En segundo lugar, el cogobierno tripartito, que concretaba uno de los postulados de la Reforma, presentaba problemas no muy distintos de los Estado nacional, en particular por el peso de los intereses sectoriales, que encontraban su forma de expresión en el sistema de claustros. En síntesis, según Romero el ideal de gobierno democrático podía chocar con el de la excelencia académica y la lógica del número no siempre concurría con la del mérito y el saber. La universidad de la democracia, como 26. En esa oportunidad, también fueron editados, bajo la coordinación de Daniel Saur y Alicia Servetto, dos tomos sobre la historia de la UNC. 27. El Manifiesto Liminar. Legado y debates contemporáneos. Universidad Nacional de Córdoba, 2013, p. 88.

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La Reforma en sus fuentes: las relecturas del Manifiesto Liminar en democracia (Universidad Nacional de Córdoba, 1983-2018) esta misma, mostraba luces y sombras. Reflexionar sobre el legado de la Reforma implicaría pensar también en los problemas de la democracia (Romero, 2013). En “Jóvenes de ayer, jóvenes de hoy”, el por entonces rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Eduardo Rinesi,28 afirmaba que en el Manifiesto Liminar se hallaban presentes un conjunto de preocupaciones que –más allá de los profundos cambios producidos desde 1918– integraban el campo actual de preocupaciones sobre la universidad y eran los que le daban al documento una parte importante del interés que aún despertaba. La primera cuestión que rescató fue la insistencia en desnaturalizar el modo de funcionamiento que presentaba la universidad contra la que fue escrito el documento. Si bien ya no existía aquella especie de “derecho divino del profesorado universitario” seguía siendo indispensable mantener en las universidades la vigilia frente a cualquier forma de naturalización de su tarea, a cualquier tentación de dejar de examinar críticamente el tipo de conocimiento que produce y que hace circular, así como cualquier impulso que llevara a consentir formas dogmáticas de autoridad. Ello también remitía al principio de la autonomía, no siempre ni necesariamente respecto al Estado, dado que encontraba peores acechanzas a un pensamiento soberano. La segunda cuestión que destacó fue su fuerte tono latinoamericanista, pues el presente era para el filósofo también una “hora americana”; pero no ya impulsada por sectores de la militancia estudiantil universitaria o de los ámbitos de la vida intelectual, sino por los propios gobiernos de la región. Una tercera cuestión relevante para el autor era la crítica a la idea de una universidad incontaminada y alejada de los problemas de su tiempo. Para Rinesi, la universidad debía ser pensada políticamente, como parte de un pensamiento mayor sobre la polis: sobre la ciudad, sobre Córdoba, sobre el país, sobre América. Por último, retomó la idea de la juventud, su reivindicación como protagonista de los inexorables cambios que terminarían por derribar las camarillas, los privilegios y las tiranías. En vinculación con esto, Rinesi finalizó haciendo alusión al momento de democratización que se vivía entonces a partir del crecimiento del número de universidades públicas, la instauración de la enseñanza secundaria obligatoria y la fuerza de un conjunto de políticas públicas (como la Asignación Universal por Hijo) tendientes a facilitar a las familias el cumplimiento de esa obligación legal. El resultado, entonces visible y que se esperaba aumentara en los siguientes años, era que muchos más de esos jóvenes pudieran llegar a la universidad, “un destino que ciertamente sus padres no pudieron abrazar y sus abuelos ni siquiera imaginar” (Rinesi, 2013: 98). Finalmente, en “(In)actualidad del Manifiesto liminar como polaridad del Centenario largo”, Naishtat argumentó que dicho documento presentaba una faz objetivable, en términos de estatuto reformista, y una faz utópica que la trascendía y desbordaba política y culturalmente. Sin esa doble inscripción, afirmaba, el Manifiesto perdería su naturaleza como disparo inicial de un movimiento juvenil de vasto alcance que marcó políticamente la historia continental del primer cuarto de la centuria y la historia universitaria latinoamericana de todo el siglo XX. Naishtat se centró precisamente en esta segunda faz, dentro de la cual incluía dos paradojas. En primer lugar, al afirmar el demos universitario, 28. Licenciado en Ciencia Política y Doctor en Filosofía. Se desempeñó como rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre 2010 y 2014. Fue miembro del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Al igual que la de Carolina Scotto, su propuesta de universidad se articulaba con las políticas públicas de los gobiernos kirchneristas.

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el Manifiesto Liminar juntaba dos expresiones de raíces históricas y filológicas diferentes y hasta contrapuestas. La audacia de unir el demos –de raíz griega, procedente de la polis clásica, matriz de las ideas republicanas– y la universitas –medieval, cargada por la tradición de la auctoritas latina y la impronta jerárquica que la acompañó siempre– se reforzaba al hacer reposar dicho demos en el claustro estudiantil. La comunidad universitaria era, entonces, una comunidad de estudio para docentes y estudiantes, contenía el germen de una concepción intelectualmente creativa de la ciudadanía que anticipaba la tan mentada sociedad del conocimiento. En segundo lugar, resaltó en el Manifiesto Liminar la escisión entre la autoría y la firma: redactado por Deodoro Roca, no estaba sin embargo firmado por el autor sino por quince figuras de la insurrección universitaria. Este juego fue explicado por Naishtat pragmáticamente: se trataba de una intervención en una coyuntura política excepcional, el de la huelga universitaria indefinida frente a la proclamación como rector de un eminente miembro de la Corda Frates, por lo que constituía una intervención política estudiantil como respuesta a una provocación. El Manifiesto Liminar era, así, “el cruce heterológico entre la intervención de un creador y la efectividad política de un movimiento” (Naishtat, 2013: 106). En estos análisis los dilemas abiertos por el reformismo fueron reactualizados en torno a los problemas que acuciaban a la universidad hacia 2013. Vemos cómo en treinta años de democracia se profundizaron las tensiones entre la educación como inversión y la educación como un gasto, el rol de la universidad como formadora de ciudadanos comprometidos u orientada a la satisfacción del mercado laboral, el dilema entre el número y la calidad o, en última instancia entre la democracia y la meritocracia. Esto puede atribuirse a que la universidad argentina del siglo XXI fue incapaz de superar la inercia de las políticas implementadas durante los años de neoliberalismo explícito. Los gobiernos kirchneristas propusieron –en el marco de un contexto internacional favorable– la construcción de un proyecto alternativo al de la década precedente. Los logros económicos fueron entonces acompañados por una política de fortalecimiento del Estado y de expansión de las políticas sociales de gran alcance orientadas a satisfacer las necesidades de los sectores menos favorecidos. En este contexto, se produjeron logros importantes en el campo educativo, como la Ley de Educación Técnica (2005), la Ley de Financiamiento Educativo (2006) y la Ley de Educación Nacional (2006). En materia universitaria, hubo un aumento sostenido del presupuesto, se dio continuidad a los programas de incentivos a la investigación, se aumentaron las partidas para Ciencia y Técnica y se conformó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; todo lo cual marcó un avance respecto del período anterior (Chiroleu, Marquina y Rinesi, 2012; Suasnábar, 2011). No obstante, el campo de las políticas universitarias acusó la ausencia de una planificación estratégica capaz de orientar una oferta universitaria heterogénea. En este sentido, una de las grandes deudas de la política educativa kirchnerista fue la sanción de una nueva Ley de Educación Superior. Postergada reiteradamente, gran parte del debate giró más sobre acciones o medidas “correctivas” que en la definición de nuevos ejes orientadores de las políticas universitarias (Suasnábar, 2011). Así, en octubre de 2015 fueron modificados algunos artículos de la LES. Se introdujo el reconocimiento del carácter de bien público y derecho humano personal y social a la educación y el conocimiento, incluyendo la educación superior universitaria y no universitaria. Se estableció de manera explícita que el Estado nacional era el responsable de proveer financiamiento, supervisión y fiscalización de las

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La Reforma en sus fuentes: las relecturas del Manifiesto Liminar en democracia (Universidad Nacional de Córdoba, 1983-2018) universidades públicas y supervisar y fiscalizar a las privadas. Se le asignó también la responsabilidad indelegable de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso, la permanencia y la graduación. Finalmente, se implantó el acceso a la universidad como libre e irrestricto para todas las personas que aprobaran la educación secundaria y se señaló la inconveniencia de exámenes eliminatorios u otros mecanismos de exclusión.29 Estas modificaciones no lograron superar, empero, el hecho de que el sistema universitario seguía regido por una ley de 1995 que contrastaba y entraba en contradicción con la democratización del acceso a la educación superior promovida por los gobiernos kirchneristas. El no haber reemplazado de raíz a la LES por una nueva normativa estructurada en torno a una formulación alternativa sobre las funciones educativas, culturales, científicas y sociales de la universidad que estuviera en consonancia con las políticas de inclusión social y de ampliación de derechos que impulsaba el Estado y el no lograr construir un consenso ciudadano en torno al rol social de la universidad, es quizás lo que permite la actual política de ajuste y reducción presupuestaria sostenida por el gobierno de Cambiemos.

Conclusiones Desde 1983 a la actualidad, el Manifiesto Liminar fue reeditado en tres oportunidades: al calor del retorno a la democracia, al cumplirse ochenta años de la Reforma y en el cuarto centenario de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, en el noventa aniversario fue publicada por primera vez La Gaceta Universitaria. Cada uno de estos momentos le imprimió una particularidad a los comentarios y reflexiones que acompañaron (o no) al documento: las esperanzas refundacionales de 1983, el silencio de 1998, los retos que aún atravesaban a la democracia en 2008 y 2013. A partir de su creación en 2007, la editorial de la UNC ha dado un fuerte impulso a las obras relacionadas con el reformismo y sus protagonistas y en 2018 incluso abrió una Colección Reforma. Sin embargo, no se decidió reeditar el Manifiesto Liminar al cumplirse el centenario de este movimiento. Sería interesante revisar la actualidad de este documento en momentos en que tanto las políticas impulsadas por el gobierno nacional como los discursos de quienes rigen los destinos del país atentan contra la universidad y su rol transformador. El ajuste, la reducción presupuestaria y el constante deterioro de los salarios docentes se ven acompañados por los dichos de un presidente de la Nación que critica “la terrible inequidad entre los que pueden ir a la escuela privada aquel que tiene que caer en la escuela pública” y de la gobernadora de una de las principales provincias que afirma: “nadie que nace en la pobreza en Argentina hoy llega a la universidad”. Entendemos que la condición de posibilidad de estos dichos y las medidas concretas que los acompañan están dadas por la ausencia de un consenso fuera de su propio ámbito en torno a la importancia de la universidad como generadora de conocimiento y transformación social. El centenario de la Reforma encontró a las universidades nacionales en paro por la contracción del salario real, la demora en el envío de las partidas mensuales del presupuesto universitario y la injerencia del FMI en el diagrama de las políticas universitarias en pos de la mercantilización y privatización de la enseñanza 29. Boletín Oficial de la República Argentina. Ley 27.204. Sancionada el 28/10/2015 y promulgada el 09/11/2015.

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superior. Si bien hubo un fuerte apoyo a los docentes y en defensa de la universidad pública, no debe soslayarse que una parte importante de la sociedad argentina criticó las medidas de protesta y reintrodujo la concepción de la educación como un gasto, al tiempo que cuestionó la conveniencia de destinarle dinero que podría estar utilizándose para otros destinos supuestamente más redituables. Aquel destino que los padres de muchos estudiantes no pudieron abrazar y que sus abuelos ni siquiera imaginar del que hablaba Rinesi en 2013 y que entonces se vislumbraba en el horizonte y se esperaba consolidar, hoy se halla en peligro. Los cien años de la Reforma Universitaria nos encuentran así en una coyuntura especialmente propicia para reactualizar los ideales de la universidad democrática y la educación superior como un bien público y un derecho social inalienable.

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Rebeca Camaño Semprini

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La agenda electoral en la campaña Privatizaciones. Rol delde sindicalismo presidencial argentina 2003 Caso analizado: Foetra María Lourdes Lodi

Doctora en Ciencia Política por la UNR y Master in Democracy, Politics & Governance (Merit Award) por la Universidad de Londres. Docente e investigador Raúl Irigaray de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR) Argentina Cátedra de Administración Pública lourdeslodi@yahoo.com Facultad de Ciencia Política y RR.II. U.N.R. Juan Bautista Lucca Doctor en Ciencias Sociales por FLACSO Argentina y Master en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca (España). Docente e investigador de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR) y CONICET (Argentina) juanlucca@hotmail.com

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Julián María Zícari Lourdes Lodi y Juan Bautista Lucca

Resumen

El presente artículo se focaliza en la reconstrucción y el análisis de las agendas electorales que los principales candidatos a la presidencia de la Nación presentaron de cara a los comicios del 27 de abril de 2003 en Argentina. Esta reconstrucción se realizó a partir del relevamiento de diarios La Nación, Clarín y Página 12 desde el 15 de febrero al día de las elecciones. Esta información fue ordenada en relación a tres dimensiones de análisis: motivaciones democratizantes y del aumento de la equidad, motivaciones administrativo-institucionales y motivaciones económico-financieras Las principales conclusiones a las que se arriba es que la agenda electoral estuvo condicionada principalmente por tres factores: que la lógica utilizada en la definición de la agenda estuvo condicionada la fragmentación partidaria; que la forma en se daban a conocer los temas de agenda estuvo fijada por la necesidad de adaptar los discursos a un amplio electorado indiferente e indeciso; y que el contenido de las agendas estuvo determinado por la aguda crisis, o “estado de necesidad” que afectaba tanto a la economía, como al sistema político y a la propia sociedad argentina. Palabras clave: Agenda electoral, elecciones 2003, Argentina, Presidente

Abstract

This paper focuses on the reconstruction and analysis of electoral agendas of the candidates for president in the elections of April 27, 2003, in Argentina. This reconstruction was performed by collecting the newspapers La Nación, Clarín and Página/12 from February 15 to Election Day. This information was analyzed in three dimensions: democratizing and equity motivations, administrative and institutional motivations and economic-financial motivations. The main conclusions we reached in this paper is that the electoral agenda was conditioned by three factors: party fragmentation, indifferent and undecided voters and the acute crisis that affected both the economy and the political system and society itself Argentina. Keywords: Electoral Agenda, elections 2003, Argentina, President

María Lourdes Lodi y Juan Bautista Lucca, “La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003”. Cuadernos del Ciesal. Año 15, número 17, enero-diciembre 2018, pp. 27-49.

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003 de convertibilidad en la Argentina 1.

Introducción

Luego de la profunda crisis política desatada en el 2001, los comicios del 27 de abril de 2003 en Argentina aparecían, a los ojos de la ciudadanía, como el espacio de la ilusión después de la catarsis; a los ojos de los candidatos, como la prueba de fuego en la definición de un nuevo proyecto de país y como el momento de las oportunidades. Por ello, nos propusimos como objetivo del presente trabajo la reconstrucción y el análisis de las agendas electorales que presentaron los principales candidatos1 a la presidencia de la Nación, a partir del relevamiento de sus declaraciones, discursos y propuestas durante los tres meses previos en los diarios La Nación, Clarín y Página 12. Entendemos por agenda al conjunto de problemas, temas y demandas que requieren la atención del gobierno y que, de algún modo, buscan o pretenden ser objeto de política pública. Para que un asunto tenga acceso a la agenda necesita cumplir tres requisitos: que sea objeto de atención amplia o al menos de amplio conocimiento del público, que una buena parte del público considere que se requiere algún tipo de acción, y que a los ojos de los miembros de la comunidad la acción sea competencia de alguna entidad gubernamental (Aguilar Villanueva, 1993: 34). Esta definición del concepto de agenda nos obliga a aclarar que, metodológicamente, suelen distinguirse tres niveles de agenda. En primer lugar encontramos a la agenda sistémica (también llamada pública o no gubernamental) que refleja los problemas, prioridades y preocupaciones de la sociedad en general, y que usualmente se manifiesta en movilizaciones o hechos que logran sensibilizar a amplios sectores de la opinión pública. En segundo lugar se ubica la agenda gubernamental, (también denominada institucional o formal) que es el conjunto de problemas y demandas percibidos, definidos y considerados por parte de los agentes del gobierno. Por último, está la agenda decisoria compuesta por el conjunto de temas y problemáticas que finalmente son objeto de decisión y acción (o decisión de no acción) del gobierno. Sin embargo, dentro de esta clásica categorización de las agendas, es posible anexar un cuarto tipo, que bien podría ubicarse entre la sistémica y la gubernamental, pero que tiene una naturaleza y dinámica propia: la agenda electoral. Esta se constituye por aquellos temas, problemas, propuestas y proyectos a los que los distintos candidatos hacen referencia durante la campaña electoral y que, de algún modo, preanuncian cuales serían sus acciones de gobierno en caso de obtener el cargo al que aspiran. En este sentido, la electoral es aquella que, para ser en el futuro agenda de gobierno, mira en el presente a la agenda sistémica e intenta sensibilizarse ante ella. La agenda electoral tiene, en este sentido, la facultad de representar el “deber ser”, de ser idealista y optimista, y, en muchas ocasiones, todopoderosa. Los períodos preelectorales son, además, tiempos de apertura de la agenda para la introducción de 1. Quienes de entre los 19 aspirantes a la Presidencia de la Nación tenían, según todos los sondeos de opinión, posibilidades reales de disputar la segunda vuelta electoral del 18 de mayo fueron Carlos Menem, por la Alianza Frente por la Lealtad; Néstor Kirchner, candidato de la Alianza Frente para la Victoria; Adolfo Rodríguez Saá, representando a la Alianza Frente Movimiento Popular; Elisa Carrió por Afirmación para una República Igualitaria (ARI); y Ricardo López Murphy, candidato del Movimiento Federal Recrear (MFR).

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nuevos temas o para la redefinición de problemas ya existentes, son el momento de la búsqueda de apoyos y de la elaboración de consensos, la etapa de la promesa y el convencimiento, la fase inicial en la construcción del liderazgo y la legitimación del poder. Por todo esto, es que junto con el “deber ser” entra en juego otro verbo común en política al que Maquiavelo ya nos hacía referencia en El Príncipe: el “parecer” (Maquiavelo, 1995: 121). En tiempos de campaña la apariencia suele generar más adeptos que el “ser”, y es por esto que la imagen, la persuasión y la creatividad pasan a formar parte de la agenda electoral como marco y complemento de las propuestas de los candidatos. Por momentos, la competencia entre ideas y proyectos se vuelve una competencia entre eficiencias de los mecanismos publicitarios. Ya no interesan tanto los contenidos de la oferta como las formas en que se ofrece. En consecuencia, tanto los medios de comunicación masiva como las encuestas electorales resultan hoy un componente esencial de la tecnología de las campañas y sirven no sólo para informar y examinar a la opinión pública, sino también para influirla y moldearla. De hecho, son los medios de comunicación quienes generalmente se encargan de convertir cuestiones en problemas de agenda, obligando a los candidatos a pronunciarse a favor o en contra de un determinado tema, o bien, operando como “disparadores” frente algún acontecimiento social. Puntualmente, lo que queremos remarcar, es que la formación de la agenda electoral no es un proceso aséptico ni neutral, y, aún menos, impersonal. Es un proceso en el que participan actores (candidatos, partidos políticos, grupos económicos, organismos financieros, organizaciones civiles, ciudadanía, entre otros) que ponen en juego sus recursos, presiones e influencias para sacar el mayor beneficio posible en la elaboración y potencial implementación de la agenda electoral. Ahora bien, a fin de hacer más comprensible y asimilable el contenido de la agenda electoral para las elecciones presidenciales del 27 de abril de 2003, recurrimos a una serie de parámetros señalados por Sonia Draibe (1992), aunque reformulando y adaptando sus indicadores a los requerimientos del presente trabajo. En primer lugar tenemos los parámetros de mayor eficiencia de los programas vistos desde el ángulo de las motivaciones económico-financieras. Dentro de los mismos se utilizan las siguientes categorías: a.

La deuda externa y el FMI

Política monetaria y cambiaria

Políticas de empleo

Políticas orientadas al desarrollo económico

Servicios Públicos

En segundo lugar encontramos los parámetros de mayor eficiencia de los servicios públicos vistos desde el ángulo de las motivaciones administrativo-institucionales. Respecto a los mismos la clasificación propuesta es:

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003 de convertibilidad en la Argentina a.

La Corte Suprema y la reforma del Poder Judicial

La Reestructuración del Congreso y la reforma del sistema electoral

Reforma política: promesas de austeridad, transparencia y eficiencia

Política interior: relación de la Nación con las Provincias y los Municipios

Política Exterior e Integración Internacional

Por último, Draibe presenta los parámetros de la mayor eficiencia de los programas y servicios públicos vistos desde el ángulo de las motivaciones democratizantes y del aumento de la equidad. Considerando la naturaleza de estas categorías se estableció la siguiente categorización: a.

Planes Sociales

Problemática “Piquetera”

Políticas contra la Pobreza

Políticas de Seguridad

Políticas Sanitarias

La agenda electoral de los candidatos en las elecciones de 2003

Parámetro económico-financiero

Los candidatos sabían que, en caso de ganar, deberían enfrentar grandes desafíos, especialmente resolver la herencia económica. En este marco, el acuerdo con el FMI sería el primer test para la nueva gestión, puesto que en menos de tres meses el presidente electo debería definir los pagos o la renegociación de los vencimientos que nuestro país tenía con los organismos financieros internacionales. De hecho, el acuerdo con el FMI se entrecruzaba con otras cuestiones problemáticas que hicieron de la agenda económica el eje más complejo, nutrido y polémico del debate entre los candidatos. Entre esas cuestiones se presentaba como urgente la compensación al sector financiero por la salida del corralón, la pesificación asimétrica, los amparos y la redolarización de los depósitos. Asimismo, se imponía la necesidad de rever la política cambiaria, de realizar un fuerte ajuste fiscal capaz de sanear las cuentas públicas y de reformar la coparticipación federal. Otro problema ligado a la negociación con el FMI era el del aumento de las tarifas de los servicios públicos y la revisión de los contratos de las empresas privatizadas. Sumado a esto los candidatos no podían hacer caso omiso de los reclamos de un mercado de trabajo que padecía el más alto nivel de desempleo de la historia. Por ello, quienes buscaban acceder al sillón presidencial debían dar respuesta a esta demanda social que se postulaba como prioritaria a los ojos de la ciudadanía.

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Y así como la agenda económica fue la más densa en contenido, también fue la que generó mayores distancias y confrontación en casi todos los temas. Las propuestas iban desde un liberalismo aliado con los Estados Unidos, a un keynesianismo nacionalista centrado en la producción, el trabajo y una dinámica participación del Estado en la economía.

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La deuda externa y el FMI

El acuerdo con el FMI se había convertido en el punto hacia el cual se dirigían todas las miradas y los 5 candidatos coincidían en que el agravamiento de la deuda pública era un escollo serio. Sin embargo, también fue uno de los principales motivos de discordia y división. Frente al escenario de default, el menemismo sostuvo que el cuadro sería “insostenible” con vencimientos muy pesados al corto plazo, por lo cual se debía renegociar rápidamente porque consideraban se había perdido más de un año y medio de inacción. Según Carlos Menem, la Argentina debería proponer una fuerte disminución de los intereses de la deuda y en una reprogramación de los vencimientos, los cuales deberían postergarse al menos 5 años. Además sugirió que si llegaba al gobierno el país podría recibir entre 15 y 20 millones de dólares de parte de los organismos de crédito internacional. Por su parte, Néstor Kirchner enfatizó la necesidad de llevar adelante una reprogramación seria de la deuda externa. Su propuesta era la negociación de una quita de capital y de intereses, y el otorgamiento de una espera que permitiese la reestructuración del gasto interno y la obtención de un superávit primario que garantice el cumplimiento de los compromisos. Su entonces vocero en lo económico, Oscar Tangelson, sostuvo que se identificarían las situaciones de acreedores de organismo multilaterales, bilaterales, instituciones privadas y acreedores individuales y se les ofrecería un menú de opciones que incluirían plazos, tasas de interés, quitas, programas de reinversión, entre otros aspectos. Ricardo López Murphy expresó que la deuda con los organismos internacionales sería honrada en las condiciones más aceptables posibles. Este candidato no proponía quita alguna sino que los intereses fuesen drásticamente reducidos. En cuanto a la deuda pública con inversionistas privados planteó que sería reestructurada a largo plazo con muy baja tasa de interés. Sin embargo aclaró que no aceptaría que para negociar una deuda “haya que arrodillarse”. La candidata del ARI, Elisa Carrió, al igual que el santacruceño sí buscaba quitas de capital. Su plan consistía en una reprogramación de los bonos a 30 años, un período de gracia mínimo de 3 años, mayores plazos de vencimiento y reducción de las tasas de interés. Un punto novedoso incluido por Carrió en relación a esta problemática fue su proclamación a favor de una participación activa en foros de arbitraje internacional y en la revisión de las condiciones en que se acumuló la deuda. Adolfo Rodríguez Saá también expresó su deseo de indagar sobre la legitimidad de la deuda pública, y sostuvo que se negociaría con los organismos internacionales sobre la base de un programa sustentable que respetase el derecho al progreso de los argentinos.

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003 de convertibilidad en la Argentina •

Política monetaria y cambiaria

El fin de la convertibilidad y un país plagado de cuasi monedas devaluadas hicieron de la política cambiaria y monetaria otra de las cuestiones objeto de definición por parte de los candidatos. Para el candidato del Frente para la Victoria, era necesario mantener la flotación del dólar, vinculado a las necesidades del sistema productivo para que permitiese promover las exportaciones y lograr una sustitución eficiente de las importaciones. Kirchner no desaprovechó oportunidad alguna de descalificar a Menem, al aducir que la debacle económica y monetaria que vivió el país debe ser atribuida a la paridad peso-dólar, y de ahí su posición contraria a la convertibilidad. El candidato del Movimiento Federal Recrear se proclamó a favor de la flotación libre con solo mínimas y ocasionales intervenciones del Banco Central. Prometió una moneda estable, propia y única que flotaría respecto del dólar y de otras monedas en el marco de un equilibrio fiscal y dentro de un mínimo control monetario. Del mismo modo expresó su voluntad de eliminar todos los bonos provinciales y cuasi monedas en circulación. En cambio, Rubén lo Vuolo, referente económico del ARI, sostuvo que así como no sería conveniente un mercado de cambio fijo tampoco lo sería uno de flotación libre. Su objetivo sería estabilizar un tipo de cambio competitivo y compatible con el crecimiento sostenible a través de múltiples medidas tales como valores de referencia, liquidación de divisas con base en una canasta de monedas, aumento y diversificación de las exportaciones y control del movimiento de capitales. Por su parte, Rodríguez Saá marcó que el tipo de cambio real sería el que equilibrase la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual se obtiene con un mercado libre pero con controles que eviten movimientos especulativos. Al igual que Kirchner, Rodríguez Saá manifestó que establecer un dólar bajo, similar al del período de la convertibilidad, supone la destrucción de la industria interna y la profundización del desempleo. Sin embargo, aclaró que tampoco le parecía correcto el valor actual que condujo a la inflación de precios y la pulverización del salario real. El único candidato que se opuso a la libre flotación del dólar fue Carlos Menem, que manifestó su voluntad de volver a la convertibilidad y lograr un acuerdo monetario con los EEUU ligado a su plan de dolarización de la economía. Sin embargo, en el andar de la campaña, estas ideas recibieron fuertes críticas que llevaron al ex Presidente a modificar su posición, al punto de proponer finalmente dejar “flotar” libremente el dólar en el marco de un régimen monetario que comprendiese la independencia del Banco Central y la prohibición de que se emitiese moneda para financiar el déficit público.

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Políticas de empleo

El país que recibiría el presidente electo sería uno con el más alto índice de desocupación de su historia (22,3%), de ahí que todos los candidatos tuviesen esta cuestión entre las prioridades de su agenda, aunque con enfoques diversos.

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Julián María Zícari Lourdes Lodi y Juan Bautista Lucca

En relación a la generación de empleo, Elisa Carrió buscaría promoverlo tanto en el sector privado como a través de programas de obras públicas intensivos en mano de obra. En el ámbito privado el énfasis estaría puesto en el apoyo a las Pymes, que deberían asociarse en sistemas productivos locales (tales como programas específicos de vivienda social, de extensión de redes de agua potable y cloacas, de refacción y ampliación de escuelas, de caminos rurales y de forestación) y a las que se les facilitaría el crédito vinculado a la generación de empleo. Por el contrario, Rodríguez Saá veía sólo en la obra pública el motor de la generación de empleo. Sería el Estado el encargado de crear y proveer 3 millones de puestos de trabajo a partir de un programa de construcción de 150.000 viviendas en un período de 6 meses que daría trabajo a 900.000 personas. Otros programas que absorberían mano de obra desocupada serían la canalización del río Bermejo, las obras que se realizasen contra las inundaciones en la pampa húmeda, un programa de forestación, y también la creación de dos empresas nacionales (petrolera y ferroviaria). Con el mismo fin pero con muy diferentes medios, Ricardo López Murphy remarcó la importancia del derecho al trabajo; en consecuencia instaló entre sus propuestas la necesidad de bajar impuestos para generar trabajo formal. Como se ve, su visión del mercado de trabajo era más cercana a la de los tiempos de la flexibilización laboral y el neoliberalismo, donde el trabajo sería generado por la propia lógica del mercado y por la recuperación de la confianza y la seguridad jurídica que darían lugar nuevamente al acceso al crédito y la inversión. Carlos Menem, quien esta vez se comprometió a impulsar un “trabajazo” y a bajar la desocupación al 10%, también planteó la necesidad de eliminar impuestos al trabajo para facilitar la contratación de mano de obra en el sector privado. En cuanto al empleo público, dijo que pretendía crear 500.000 puestos de trabajo a partir de un plan de emergencia ocupacional. Por último, el gobernador santacruceño propuso un plan neokeynesiano de obras públicas que consistiría en la construcción de 3 millones de viviendas para generar 5 millones de puestos de trabajo. También lanzó, como Carrió, un plan de trabajo orientado a microemprendimientos y al estímulo de las Pymes. Según Kirchner la inversión pública y la profundización de la sustitución de importaciones fomentarían la generación de empleos en zonas específicas, ya que resultaba necesario focalizar el desarrollo productivo y el empleo en determinadas regiones.

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Políticas orientadas al desarrollo económico

Dentro de este eje de la agenda electoral encontramos diversas cuestiones dirigidas a promover el desarrollo económico y productivo del país. Vale la pena destacar cómo para algunos candidatos esta sección de la agenda se destacó por su contenido minucioso, bien estructurado y por una clara definición ideológica en cuanto al papel del Estado en el desarrollo económico; mientras que para otros quedaron muchos temas sin definición o dejados a la “libre interpretación”. Así, vemos como el candidato del Frente Nacional Popular, Rodríguez Saá expuso una propuesta bastante abarcativa: expresó que se dictaría una Ley de desarrollo económico que promocionaría la ac-

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003 de convertibilidad en la Argentina tividad y traería beneficios a cada una de las provincias. En cuanto a la industria manifestó que con un tipo de cambio equilibrado la industria nacional podría crecer y competir adecuadamente. En sí, su proyecto de desarrollo económico estaba centrado en un rol activo del Estado en la inversión en obras públicas. En cuanto a políticas productivas, Carlos Menem contempló la necesidad de poner en funcionamiento un sistema de generación de ahorro a largo plazo con destino a la financiación de viviendas y otras obras de infraestructura con estímulos fiscales para los ahorristas; sin embargo, la prioridad seguiría siendo para él la inversión privada. En cuanto a las exportaciones, el ex presidente propuso la creación de un Ministerio de Comercio Exterior para aumentarlas. López Murphy hizo referencia especialmente a la necesidad de promover las inversiones apoyándose en la reducción de las tasas de interés, en la recuperación de la seguridad jurídica y en la estabilidad de las normas tributarias. Julio Piekars, economista de Recrear, explicó la propuesta de este partido se orientaba también a acentuar la competitividad de las economías regionales para la cual prometían mejorar los servicios de transporte y comunicaciones a todas las regiones del país, desarrollar el turismo, y dar continuidad a las exportaciones agroindustriales. El aumento del comercio exterior se lograría, para ellos, actuando agresivamente en la remoción de los obstáculos para-arancelarios. Por su parte, el tercer candidato del PJ, Néstor Kirchner criticó al modelo neoliberal representado por Carlos Menem y Ricardo López Murphy y se postuló en defensa de “lo nacional” y en contra de los que se inclinan por los grupos financieros y la economía concentrada. En este sentido, Kirchner expresó su deseo de alcanzar un mayor desarrollo de la industria local, para lo cual sería necesario protegerla frente a los productos de países desarrollados y mejorar el tipo de cambio. Tangelson, referente económico de Kirchner, se refirió a la importancia de la difusión de tecnología, integración de sistemas de información sobre mercados y productos, acceso al mercado de capitales, capacitación de los trabajadores y mejoramiento de la capacidad gerencial como complementos adecuados para la creación y consolidación del sector productivo. En este sentido, Kirchner explicó que es preciso recurrir al Estado no para remplazar al sector privado sino para impulsarlo con el efecto multiplicador keynesiano. Asimismo Roberto Lavagna, su potencial Ministro de Economía en caso de ganar las elecciones, dijo que era primordial garantizar e incrementar el consumo de la población, puesto que esa es la única manera de mantener un crecimiento sustentable de entre el 4 y 4,5 % anual en un periodo de tiempo prolongado. En relación al comercio exterior, Kirchner planteó que la competitividad en las nuevas condiciones internacionales se basaría en la diversidad de productos, la calidad, el diseño, el conocimiento de los mercados y el aprovechamiento de ventajas comparativas. Para el santacruceño las exportaciones eran cruciales, ya que de allí saldrían las divisas para pagar la deuda y comprar los insumos necesarios para realizar las inversiones y aumentar el consumo. Por último, Elisa Carrió sostuvo que los instrumentos de promoción de la inversión serían múltiples: entre ellos habría preferencia impositiva para las ganancias reinvertidas; una nueva legislación antimonopólica, la creación de una agencia técnica de promoción de inversiones estratégicas, y la aplicación del régimen de “compre argentino” así como incentivos de acceso de las Pymes a capital de riesgo. Su exponente económico, Rubén Lo Vuolo, planteó la creación de un Fondo Nacional de Desa-

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rrollo Local, destinado al desarrollo de las economías regionales y motorizado por las esas pequeñas y medianas empresas. En cuanto a la promoción industrial y comercio exterior expresó que la estructura arancelaria debería favorecer un cambio en el patrón de especialización industrial y de exportaciones, mejorando la protección efectiva de los sectores productivos que elaboran bienes más diferenciados, con mayor valor agregado, mayor incorporación de progreso técnico y/o de mano de obra.

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Servicios Públicos

En relación a la problemática de los servicios públicos pueden distinguirse distintas cuestiones a las que los candidatos presidenciales tuvieron que ofrecer alguna respuesta, como por ejemplo, el de las tarifas, la calidad de los servicios públicos, el rol de los entes reguladores, la renegociación de los contratos entre el Estado y las empresas privatizadas, entro otros aspectos. La candidata presidencial Elisa Carrió sostuvo que revisarían integralmente todos los contratos (caso por caso) y que la discusión de las tarifas se haría considerando informes técnicos independientes sobre todo el proceso de privatización y teniendo en cuenta la adopción de subsidios cruzados que incorporasen una tarifa social. Según ella la prioridad sería la de insertar el sistema de servicios públicos en la estrategia de crecimiento económico basado en una mejor distribución del ingreso, y en una intervención activa de los entes de regulación. El líder del Movimiento Nacional y Popular, al igual que Carrió, prometió revisar todos los contratos de las empresas privatizadas y concesionadas. Sostuvo que los contratos serían auditados y se controlarían las cláusulas contractuales y, de ser necesario se adoptarían las medidas correctivas pertinentes sin afectar derechos adquiridos. A esto agregó que se analizaría la calidad de los servicios a la hora de renegociación de las tarifas. El puntano se refirió también al mejoramiento de los ferrocarriles y al deseo de construir moderno tren bala hasta la ciudad de Mar del Plata y la voluntad de crear una empresa nacional de hidrocarburos que retome el control sobre el petróleo y deje en manos de Estado las principales decisiones en torno de este recurso. Por su parte, Kirchner prometió que revisaría las privatizaciones y que no habría subas fuertes en las tarifas. En general su plan consistía en analizar los contenidos y compromisos asumidos por los concesionarios, en el marco de la recuperación de la función reguladora del Estado, entendida como la responsabilidad y facultad de fijar las reglas y velar para que se cumplan, equilibrando los derechos de los prestadores y usuarios de servicios. En referencia a los servicios públicos privatizados, López Murphy sostuvo que renegociaría los contratos así como también los marcos regulatorios introduciendo competencia en la mayor medida posible. También planteó que buscarían evitar la reestatización de los servicios y que, en cuanto al aumento de las tarifas este sería gradual y acompañado por la recomposición de salarios y jubilaciones. Cuando se le preguntó a Menem qué haría con los servicios públicos privatizados, contestó que los contratos que requiriesen ser renegociados lo serían en el marco del derecho de la propiedad y en base al interés de los usuarios: aquellas empresas que no hubiesen satisfecho sus obligaciones serían

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003 de convertibilidad en la Argentina sancionadas e incluso podrían darse de baja sus contratos. En cuanto a la recomposición tarifaria por la que presionaban las empresas y el FMI, Menem sostuvo que debería hacerse de la mano de la recomposición del poder adquisitivo de los salarios ya que sin ellos sería imposible readecuar las tarifas públicas. Asimismo, añadió que era preciso garantizar el mantenimiento de la calidad de los servicios privatizados y que propondría una ley de marco regulatorio general de servicios públicos.

Parámetro administrativo-institucional

En un clima de instituciones cuestionadas, donde el “que se vayan todos” había dejado expresado el reclamo de la ciudadanía hacia la clase política, con un fuerte descrédito del Congreso y una Corte Suprema de Justicia ubicada en el ojo de la tormenta, la reforma política emergió como un imperativo en la agenda de los candidatos presidenciales. Esta reforma debía dar respuesta a distintos problemas, entre ellos, la demanda social de la reducción del llamado “costo de la política”, con sus gastos espurios, jubilaciones de privilegio y nichos de corrupción; la modificación del sistema electoral con sus tan criticadas “listas sábana”; la ineficiencia de la administración pública en sus diferentes niveles; y la recuperación de la seguridad jurídica con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la participación ciudadana. Además de esta reforma política para la reconstrucción institucional que, para algunos, suponía una reforma constitucional, otro aspecto por resolver era si la prioridad en cuanto a integración internacional sería alinearse con el MERCOSUR o con el ALCA.

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La Corte Suprema y la reforma del Poder Judicial

En los últimos días previos a las elecciones, el futuro de los nueve integrantes del máximo tribunal ocupó un lugar medular en la campaña proselitista por el dictamen de la Corte respecto a la redolarización de los depósitos bancarios. Ahora bien, en la voluminosa lista de acciones previstas para el sistema judicial, los candidatos difirieron de manera llamativa en cuanto a la futura integración del Consejo de la Magistratura y en el destino de los cuestionados jueces federales. En cambio, coincidieron en las propuestas de descentralizar e informatizar la administración de justicia, de mejorar la capacitación de los magistrados, de reducir la injerencia política en la designación de jueces, y de acelerar la ocupación de los juzgados vacantes. Por ejemplo, Kirchner manifestó durante un acto de campaña en Gualeguaychú que con la vieja Corte Suprema de Justicia no se podría fundar una nueva nación y que por lo tanto emprendería reformas en la justicia. En este sentido prometió estudiar en detalle los casos particulares de mal desempeño de los jueces y se expresó a favor del análisis y eventual juzgamiento político de todos los miembros de la Corte por los mecanismos previstos por la Constitución. En esto último coincidía Adolfo Rodríguez Saá, quien conjuntamente exponía la necesidad de convocar a un plebiscito para definir si los jueces de la Corte Suprema debían seguir en sus cargos. Por su parte, la candidata de ARI dedicó un lugar de privilegio en su plataforma a la promesa de hacer cesar en el ejercicio de sus funciones a los nueve ministros, a partir de una reforma constitucional, ya que,

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denunció, “siguen siendo el reaseguro de la impunidad del pasado”. Asimismo prometió una reformulación del Consejo de la Magistratura y la creación de una Escuela Judicial para mejorar la selección y formación de los jueces. Por otro lado, la idea de los equipos de López Murphy coincidía en cuanto a la necesidad investigar la conducta de los jueces de la Corte, pero no al cuerpo en su conjunto, sino a cada uno de sus miembros en particular. El punto en el que difirió con el resto de los candidatos fue en la integración del máximo tribunal ya que López Murphy sostenía una vuelta a la composición original de 5 miembros. Además planteó la necesidad de reducir la participación de diputados y senadores en el Consejo de la Magistratura. Carlos Menem difícilmente podía ponerse en contra de una Corte diseñada en parte por él. Por ende, sin demasiadas declaraciones al respecto, rechazó la posibilidad de realizar juicios colectivos y propuso eliminar el Consejo de la Magistratura en una futura reforma constitucional para devolverles a los magistrados el gobierno el poder Judicial.

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La Reestructuración del Congreso y la reforma del sistema electoral

El Parlamento fue durante el año 2002 el principal objeto del reclamo ciudadano de renovación de la clase dirigente en el marco de una profunda crisis de representación y de desprestigio de los partidos políticos. Sumado a las denuncias de los escándalos de corrupción en esta institución, se encontraban las acusaciones de ser un organismo costoso y sobredimensionado. En este sentido, los cinco candidatos revelaron un inusual nivel de coincidencias en reflotar las viejas promesas de una nueva política planteando, por ejemplo, la eliminación de la llamada “lista sábana”, un mayor control del financiamiento de los partidos políticos y la permisión de ingreso de independientes en el Parlamento. Fue Elisa Carrió quien, antes que nadie, levantó las banderas de una reforma constitucional para producir la caducidad de mandatos porque, según ella, la gobernabilidad propuesta por el Congreso “cautivo de las mafias” era “vía sobornos”. Además advirtió que en caso de llegar a la Casa Rosada su gobierno no se iba a someter a los acuerdos oligárquicos con el Congreso y que por ello gobernarían con la consulta popular. En cuanto al constante crecimiento de la planta legislativa, la líder del ARI propuso crear un cuerpo permanente de asesores externos para evitar que se aumenten los costos. Para reducir costos el candidato de Recrear, Ricardo López Murphy, imaginaba rebajar casi a la mitad la cantidad de bancas de diputados al hacer cumplir el piso mínimo de dos legisladores por provincia que establecía la Constitución Nacional. Además de promover un ajuste en el número de asesores y comisiones pensaba en una reforma constitucional a futuro en la que podría reducirse el tamaño del Senado permitiendo solo dos representantes por provincia. Carlos Menem acordaba con López Murphy en la necesidad de encarar una fuerte reforma institucional que redujese a la mitad el número de legisladores nacionales. Sin embargo en los últimos días de campaña comenzó a promocionar un cambio de magnitud tal vez mayor: prometió eliminar una cámara del Congreso y crear un Parlamento formado por cinco representantes de cada distrito. Asimis-

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003 de convertibilidad en la Argentina mo insistió en un plan de regionalización del país de modo que solo queden 6 gobiernos distritales con el consiguiente cierre de 18 legislaturas. Oponiéndose a Menem, Néstor Kirchner consideró “demencial” la idea de cerrar una cámara y dijo que “no necesitamos gestos demagógicos que desvirtúen el sistema republicano, sino transparencia y control efectivo de las malas prácticas que desprestigiaron al Congreso”. También prometió llevar adelante una reforma que consistiría en la eliminación de las listas sábanas, la transparencia del financiamiento de los partidos políticos y menores requisitos para la formación de nuevas agrupaciones políticas. Por último Rodríguez Saá tampoco creyó en las reducciones inmediatas del número de bancas aunque sí tras una reforma constitucional a largo plazo. En principio proponía otorgar un presupuesto a cada legislador sin gastos reservados para eliminar la posibilidad del despilfarro de fondos.

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Reforma política: promesas de austeridad, transparencia y eficiencia

Los enunciados de todos los candidatos se repetían al hablar de una política más austera y transparente; aunque lo que cambiaba eran claramente los argumentos para llevar adelante este objetivo. Por ejemplo, López Murphy sostuvo la necesidad de llevar adelante una reconstrucción institucional que permitiese la recuperación de la seguridad jurídica, que era un prerrequisito para el despegue y normal funcionamiento de la economía. Asimismo, se proclamó a favor de una reforma administrativa nacional, que reduciría niveles administrativos del aparato estatal, eliminando superposiciones y redimensionando organismos con criterios de eficiencia, que combatiría también el clientelismo y el despilfarro de las finanzas públicas. Respecto a la oficina anticorrupción, sostuvo que ella debería ocuparse de proyectar normas de control y controlar las declaraciones juradas de todos los funcionarios y agregó que no debería estar en el Ministerio de Justicia sino ser independiente. Néstor Kirchner, en cambio, pensaba mantener la oficina anticorrupción en el Ministerio de Justicia, y fortalecer sus funciones, ya que la lucha contra la corrupción era uno de los ejes principales de su discurso. Por su parte Rodríguez Saá presentó un plan de austeridad estatal que establecía, entre otras cosas, que ningún funcionario podría ganar más de $3000, la derogación de las jubilaciones de privilegio, la eliminación de la totalidad del parque automotor y aeronáutico del Estado, y la supresión de los fondos reservados y del uso de teléfonos celulares en la administración pública. Según él, la Oficina Anticorrupción debía actuar mano a mano con las autoridades para ejercer un control permanente. Elisa Carrió acordó con el sanluiseño en darle a la Oficina Anticorrupción más poder e independencia del Poder Ejecutivo. Entre sus slogans de campaña aparecían “El ARI es un compromiso moral”, “qué bueno es luchar con las manos limpias”, “Apelo al voto ético”, “la causa contra el régimen”. En esta búsqueda de transparencia y legitimidad, la líder del ARI otorgó un lugar primordial a la apertura de nuevos canales de participación ciudadana y a la necesidad de dar a publicidad las agendas de los

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funcionarios para que la población pudiese tener acceso a la información. En cuanto a la reducción del aparato del Estado y la mejora en su funcionamiento, Lilita propuso una reforma sin despidos, pero con ascenso y descenso por concurso de los funcionarios públicos. En caso de llegar al gobierno, Carlos Menem prometió garantizar el cumplimiento de la ley y recuperar la seguridad jurídica. Una de sus “medidas de impacto” (como las llamaba en la intimidad) sería la convocatoria a un plebiscito para reformar la constitución. La reforma incluiría la eliminación del voto obligatorio, la vuelta al colegio electoral en las elecciones presidenciales, y el agregado del sistema de enmiendas para la Carta Magna. En cuanto a la Oficina Anticorrupción, se distanció de los demás candidatos y propuso eliminarla, en su lugar pondría a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

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Política interior: relación de la Nación con las Provincias y los Municipios

En este apartado de la agenda electoral nos referimos a aquellas propuestas de los candidatos referentes a cambios a realizar en las provincias y en el régimen de coparticipación federal, y a los planteos sobre regionalización o descentralización de los servicios públicos. Vemos aquí, entonces, como López Murphy planteó la importancia de lograr la integración del interior del país de modo tal que no hubiese regiones que se sintiesen aisladas. Para ello manifestó que realizaría una reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos para lograr la plena correspondencia fiscal y que otorgaría incentivos para que cada provincia o municipio equilibrara sus cuentas públicas Siguiendo con la coparticipación federal, Néstor Kirchner prometió restituir parte de la misma ya que, explicaba, “sé de las injusticias que sufrieron nuestras provincias, en especial la de Buenos Aires. Deben restituirle los 8 puntos de coparticipación federal que le quitaron en 1986…”. Asimismo planteó que la reforma del Estado que deseaba llevar a cabo incluía la municipalización de las políticas públicas y de la recaudación tributaria para dar mayor poder a los municipios. Como expusimos anteriormente, Carlos Menem también insistió en un plan de regionalización del país, pero este proyecto suponía cambios institucionales de gran magnitud. El riojano quería que solo quedasen seis gobiernos regionales lo que conllevaría el cierre de 18 legislaturas. Este plan, explicó, se fundamentaba en la reducción del gasto público y era un objetivo “a largo plazo”. En cuanto a política fiscal, una de sus ideas era la de coparticipar directamente a los municipios desde el gobierno nacional. Sin hacer alusión ni a la coparticipación ni la regionalización, Rodríguez Saá introdujo una cuestión que ya había sido objeto de controversias en épocas de Alfonsín: la del traslado de la Capital Federal. No ya a Viedma, sino a alguna ciudad del interior de la provincia de Córdoba.

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003 de convertibilidad en la Argentina •

Política Exterior e Integración Internacional

El futuro presidente de la Argentina estaría más apremiado que otros recién llegados al poder por conciliar la agenda interna con la externa, en especial, por demoras en definiciones relativas al posicionamiento del país en el mundo y por sucesos sobre los cuales, más allá de palabras, aún no se vislumbraban políticas de Estado como, por ejemplo, la seguridad frente al terrorismo internacional, la guerra de EEUU contra Irak, la definición de la relación del país con Brasil y EEUU, la opción entre ALCA y Mercosur. En este contexto internacional sombrío, la figura de Carlos Menem se volvió el centro de las diatribas. Su negativa a condenar el ataque norteamericano a Irak le otorgó a sus rivales la posibilidad de criticarlo y exponerlo como un defensor de la guerra que rechazaba más del 90% de la población. Inclusive Carlos Menem proponía recrear una sólida alianza estratégica con el país del norte, por lo cual el ALCA, y en especial con una alianza con los EEUU, era la vía de reinserción internacional del país. En cuanto Mercosur, indicó que intentaría profundizar la relación con los “países hermanos”, colocando como prioridad la convergencia de las políticas macroeconómicas de la Argentina y Brasil y la estabilización del tipo de cambio entre las dos monedas. Por el contrario, la candidata del ARI propuso un relanzamiento del Mercosur en el que impulsaría una institucionalizaron mayor, y buscaría la coordinación macroeconómica y nuevos proyectos de infraestructura y servicios conjuntos; e inclusive colocó al Mercosur como la plataforma de las negociaciones con el ALCA. En cuanto a la guerra la líder del ARI condenó la invasión a Irak y calificó de “escandalosa” la postura del gobierno frente al conflicto en Oriente Medio. En sintonía con las críticas de Carrió, Néstor Kirchner también se distanció del caudillo riojano cuando habló de la postura de Menem favorable a los EEUU y a la guerra y, al igual que la chaqueña dijo que, de ganar Menem “se acabaría el Mercosur”. Su propuesta consistía en una política exterior seria, estable y abierta al mundo en la que el Mercosur sería el instrumento idóneo para integrar la región. Como Carrió, sostuvo que la participación en el ALCA debería definirse en el marco del proyecto de integración económico, política cultural y social que expresa el Mercosur. Además expresó su deseo en promover una activa relación con la Unión Europea y el Sudeste Asiático. También Ricardo López Murphy expresó la necesidad de mejorar la solidez del Mercosur introduciendo mecanismos de coordinación de las políticas cambiarias y fiscal de los países miembros. Asimismo, como Kirchner y Carrió sugirió que la Argentina debería negociar su ingreso al ALCA en forma conjunta con los demás países del Mercosur, pero aclaró que en su opinión, el ALCA y el Mercosur no son proyectos antagónicos sino complementarios. Para este candidato la política exterior debía estar al servicio del sector productivo, por lo cual transformaría la cancillería en un instrumento plenamente comprometido con ese objetivo. Por último, Adolfo Rodríguez Saá manifestó su intención de refundar el Mercosur, para lo cual proponía convocar a una reunión cumbre de presidentes en la que se hablaría de instituir una moneda común y de crear a un Banco Central del Mercosur. En referencia al conflicto en Irak, Rodríguez Saá afirmó que “Argentina no va a ir a ninguna guerra, el que quiera la guerra que vote a Menem”.

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Parámetro de motivaciones democratizantes y aumento de la equidad

Si bien la agenda social no ocupó un espacio central en el debate electoral hubo ciertas problemáticas propias de la agenda sistémica a las que los candidatos no pudieron hacer caso omiso. Los indicadores sociales relacionados con la pobreza, la indigencia, y el desempleo revelaban una realidad alarmante que impelía a pensar en la recomposición del tejido social. A su vez, las estadísticas asociadas a la salud, la nutrición y el nivel educativo mostraban una dramaticidad considerable, mientras que los atrasos en el pago a los docentes de varias provincias mantenían a miles de chicos sin asistir a clases. Sumado a esto, los niveles de delincuencia y la sensación de inseguridad en los principales centros urbanos eran inéditos. En este contexto, la continuidad de los planes Jefes y Jefas de Hogar, la asistencia alimentaria, la actividad piquetera, la lucha contra el delito, y el retorno a clases en las provincias de paro, aparecían como desafíos claves para el nuevo gobierno.

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Planes Sociales

Controversial desde su instrumentación, el “Plan Jefas y Jefes de Hogar” -que otorgaba 150 Lecop a 2 millones de desocupados- generó grandes polémicas entre los principales candidatos. Todos, menos el representante del Frente para la Victoria, cuestionaron la modalidad de la política social del gobierno y acusaron al duhaldismo de utilizar políticamente la distribución de los subsidios. Excepto en el caso de Rodríguez Saá y de López Murphy que planteaban su reemplazo, los otros postulantes sostuvieron que mantendrían, en principio, estos planes sociales. Néstor Kirchner, aliado de saliente presidente Duhalde, sostuvo que respetaría el esquema de inscripción de los desocupados en los municipios y el control de los consejos consultivos. Una de las participaciones más cuestionadas dentro de estos consejos era la de las organizaciones de piqueteros, allí inscriptas como ONGs. A pesar de ello, Kirchner consideró adecuadas esas reglas de juego y, respondió que en su eventual gestión el diálogo con autoridad sería la base de sustentación de las políticas gubernamentales, como una manera de demostrar que no harían lo que quisieran con él. Análogamente, Carrió dijo que seguiría con los planes de empleo y el plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados, y que no se tocarían hasta que no se lograse la reinserción laboral de los beneficiarios porque, explicó, quitarle a la gente ese único ingreso no es dignificarla sino dejarla en la más absoluta miseria. Más allá de esta coincidencia con Kirchner, Elisa Carrió denunció el manejo corrupto de esos planes de empleo en una dura crítica a Duhalde. Menem también prometió mantener y profundizar los planes sociales, pero que se instrumentaría una reconversión del sistema de modo que existiese una contraprestación efectiva. Inclusive, en un acto en Formosa, aludiendo al plan Jefas y Jefes de hogar desocupados manifestó que “muchos creen que es un invento de Duhalde, pero se trata de la continuidad de nuestros planes trabajar”. Ricardo López Murphy se oponía a la continuidad de los planes para Jefes y Jefas de Hogar; en consecuencia expresó que se asignarían fondos a empresas para que contratasen personal desocupado, de modo de evitar el clientelismo y el mercado laboral en negro. Sin embargo, reconoció que los cam-

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003 de convertibilidad en la Argentina bios deberían ser graduales, ya que “nadie en su sano juicio puede dejar sin ayuda social a 2.500.000 familias de la noche a la mañana”. Una de las modificaciones iniciales sería la instrumentación de una tarjeta social en reemplazo del pago en efectivo. Rodríguez Sáa también era partidario de poner fin a los planes para Jefes y Jefas de hogar e implementar su “Plan Nacional de Empleo”, con el cual reemplazaría a los subsidios gracia a la creación de 3 millones de puestos de trabajo genuinos con los que cada beneficiario cobraría 300 pesos y tendría una tarea a cargo. Al igual que los demás candidatos Rodríguez Saá reprochó a Duhalde el uso de planes sociales con fines electorales en beneficio de Kirchner.

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Problemática “Piquetera”

La problemática piquetera no fue una cuestión menor de la agenda electora, especialmente si consideramos que, de algún modo, las elecciones se adelantaron seis meses porque dos militantes sociales fueron asesinados durante la represión policial del 26 de junio de 2002 por un corte en el puente Pueyrredón. Por su parte Carlos Menem, decidido a transformar a los piquetes en bandera de campaña, señalando que “aplicando la Constitución vamos a hacer que la paz retorne. Se acabarán los piquetes pese a que algunos los quieran justificar; el derecho a reclamar se acaba cuando empieza el de la persona que pretende circular para ir a trabajar, y vamos a hacer cumplir la ley”. Con estas palabras Menem buscaba captar el reclamo de quienes llegaban a tarde al trabajo o perdían premios de presentismos por el corte de caminos. Inclusive, hasta tuvo la astucia de encargar un aviso radial que decía: “Con Menem va a haber orden. No le van a cortar más la calle” que fue estrenado en la última semana de campaña. Ricardo López Murphy fue otro “duro” en lo relativo a las protestas piqueteras. Aunque sostuvo que admitiría el derecho a la protesta aclaró que no toleraría el avance sobre el derecho de los demás. En este sentido prometió terminar con el accionar impune de los piqueteros en el contexto de la ley pero aseguró que reprimiría si fuese necesario. Además expresó refiriéndose a las agrupaciones piqueteras que “se terminará en la misma madrugada que asuma el financiamiento a organizaciones sediciosas para que conspiren para voltear a las instituciones” Por su parte, Kirchner planteó, respecto a los piqueteros, que era necesario que funcionase un sistema de premios y castigos y que, logrado eso, sería posible aislar a los violentos y dejarlos en evidencia como paso previo a la represión estatal. En cambio, Rodríguez Saá y Elisa Carrió coincidían en que este problema no se resolvía con violencia sino con mejoras en la asistencia social y con generación de empleo genuino.

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Políticas contra la Pobreza

La lucha contra el hambre y la pobreza se impuso como un deber social, dado que en las últimas estimaciones del INDEC antes de las elecciones ubicaban al 57,7 % de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, y al 27,7 % subsumido en la indigencia. Frente a este panorama las posiciones de los candidatos fueron las siguientes: Para Lo Vuolo, referente económico del ARI, “la pobreza no es un problema de programas sociales y no se soluciona de un día para otro”; sin embargo, Elisa Carrió propuso implementar el “Ingreso Ciudadano para la Niñez y la Vejez”, que consistía en el equivalente a $100 por niño que serían cobrados por las madres. Su idea era que fueran “repartidos sin distinciones y sin clientelismos”. Además, la líder del ARI indicó que su partido impulsaba políticas sociales universales y no focalizadas, prometiendo la implementación de una política de seguridad alimentaria así como también una política especial para el norte del país. López Murphy expresó que pondría en marcha programas tendientes a erradicar la pobreza y la desnutrición infantil. Al igual que Carrió, favoreció la alternativa de ayudar directamente a niños y ancianos, planteando la universalización del sistema de asignaciones familiares para todos los niños, condicionado a la asistencia escolar donde el subsidio se sostendría independientemente de la suerte laboral de los padres. Crítico del asistencialismo político, el candidato de Recrear sostuvo que la población asistida debería recibir sus beneficios a través de los bancos, única forma de impedir la evasión fiscal y las prácticas clientelísticas. Rodríguez Saá puso también el énfasis en la minoridad y la ancianidad. En cuanto al hambre, prometió aplicar un plan de “Hambre Cero”, similar al impulsado por el Presidente Lula da Silva en Brasil. Asimismo, planteó la necesidad de descentralizar la ejecución de los programas alimentarios y sociales y de duplicar el gasto social del Estado Por su parte, Néstor Kirchner manifestó que la aplicación de políticas contra la pobreza se haría por regiones y no globalmente ya que, de esta manera, se podrían planificar acciones sociales que respondan a necesidades particulares. Otro punto al que hizo referencia en cuanto a la pobreza fue a la creación de un Gabinete Social Federal para concentrar todos los planes sociales. Por último, Carlos Menem prometió que su gobierno liquidaría la pobreza. En este sentido declaró que daría prioridad al combate del hambre otorgando alimentos gratis a los pobres e instalando en las zonas más necesitadas. Dijo también que promovería la instrumentación de una tarifa social en todos los servicios destinada a asegurar el acceso y la prestación del servicio a todas las familias de bajos ingresos.

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Políticas de Seguridad

Más allá de que los medios de comunicación podían magnificar la percepción social de la inseguridad, existían datos estadísticos que revelaban que este problema era más que una sensación genera-

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003 de convertibilidad en la Argentina lizada del inconsciente colectivo. En los últimos años se había triplicado la tasa de delitos y duplicado la tasa de homicidios a nivel nacional, y estas cifras se potenciaban en los grandes centros urbanos, en especial en el conurbano bonaerense. Con semejante panorama, las políticas que los candidatos presentasen con el fin de revertir esta tendencia delictiva y de asegurar cierta tranquilidad social aparecían como esenciales a los ojos de los electores. Con el pragmatismo que lo caracteriza, el ex presidente Menem enarboló la lucha contra el delito como bandera de campaña. La idea fuerza de su plataforma frente a este problema era emplear Fuerzas Armadas en el control de la seguridad y el combate del delito. Siguiendo esta lógica, prometió aplicar una política que aumentaría la cantidad de policías y demás fuerzas de seguridad en las calles, por lo que, anunció, en un plazo de un mes crearía el ambiente de paz necesario para el normal desarrollo de la vida en comunidad. No perdiendo oportunidad para confrontar con Menem, tanto Elisa Carrió, como López Murphy, y Rodríguez Saá (cada uno a su modo) mostraron su oposición al plan menemista de usar a las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad urbana. Para la legisladora chaqueña con el ejército en la calle solo se generaría más violencia, y por eso propuso la creación de un Consejo Nacional de Prevención del Delito que coordinase políticas a nivel nacional, provincial y municipal. López Murphy, en cambio, marcó la necesidad de reorganizar las fuerzas policiales y de seguridad y, paralelamente, llevar adelante una modernización del sistema penitenciario para responder con eficacia al incremento del delito Rodríguez Saá, quien argumentó que las FFAA no tienen ningún papel en la seguridad interior, pero que si asumiera el gobierno nuevamente buscaría coordinar los esfuerzos de las fuerzas provinciales y nacionales para prevenir y dar combate integral a la delincuencia. El santacruceño Néstor Kirchner por su parte, presentó un programa integral de seguridad a largo plazo, que abarcaba cuestiones preventivas y normativas. Un punto original de este programa consistía en lograr un cambio en la formación académica de las fuerzas de seguridad, para procurar una policía ágil, honesta y moderna que estuviese a la altura de las exigencias del momento.

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Políticas Sanitarias

En general relegadas a un plano secundario, las propuestas programáticas en el área de salud constituyeron, sin embargo, un aspecto relevante de los planes de gobierno de los diferentes candidatos a la presidencia. Aunque discrepando en los modos de instrumentación, los principales aspirantes a la Casa Rosada compartían un mismo objetivo básico: que todos los habitantes del país accediesen a una cobertura eficiente y de calidad. Una de las principales diferencias, en cambio, se presentaba en las posiciones respecto a los métodos anticonceptivos. En caso de triunfar en los comicios el ARI unificaría las carteras de Salud y Desarrollo Social e instrumentaría un “Plan de inclusión social y atención primaria” conjuntamente con la elevación del presupuesto del área. Al mismo tiempo, Carrió hizo referencia a un plan de “Control de Salud Materno

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Julián María Zícari Lourdes Lodi y Juan Bautista Lucca

Infantil” y sostuvo que aumentaría la producción estatal y distribución gratuita de medicamentos genéricos, lo cual contribuiría a regular los precios. En materia de salud sexual, esta candidata enfatizó la necesidad de garantizar el acceso a anticonceptivos pero aclaró que no impulsaría la legalización del aborto. A diferencia de Carrió, Rodríguez Saá puso a la salud reproductiva como uno de los pilares de su programa, y, en ese sentido, promovió la despenalización del aborto. También él pondría énfasis en la atención primaria y la prevención, así como una reforma de la educación universitaria de los médicos. La propuesta de política sanitaria de López Murphy consistía, en el corto plazo, en la transformación de los hospitales públicos y los universitarios en centros de atención para personas sin cobertura médica. En cuanto al mediano y largo, haría obligatorio un seguro de salud cubierto por un Programa Médico Obligatorio. De igual forma propuso desregular las obras sociales, estudiar una ley de genéricos, y actuar para revertir la superpoblación de médicos y el déficit de enfermeras. Por su parte, Carlos Menem buscaría unificar los planes de salud para reducir estructuras superpuestas y haría que las obras sociales fuesen la “columna vertebral del sistema de salud”. Respecto a los anticonceptivos se oponía al reparto de los mismos por considerar esto una “intromisión del Estado en la Esfera privada”. Finalmente, debemos decir que Kirchner no ofreció demasiados detalles sobre su plan de salud, tal vez porque la supuesta continuidad de Ginés González García en este ministerio limitaba su posibilidad de innovar demasiado en la cuestión; aunque sí se pronunció, por ejemplo, a favor del mantenimiento de la política de medicamentos genéricos.

Consideraciones Finales

Luego de dar cuenta de las propuestas de los diferentes, podríamos alegar que la agenda electoral correspondiente a los comicios del 27 de abril de 2003 estuvo condicionada principalmente por tres factores: la fragmentación del sistema de partidos, la apatía del electorado, y la profunda crisis política y económica por la que atravesaba el país. Los dos partidos que tradicionalmente habían competido por el sillón presidencial perdieron fuerza y fisonomía al ser incapaces de resolver sus conflictos domésticos. Así, el justicialismo, que había eludido sus elecciones internas, presentaba tres candidatos, trasladando sus contiendas internas a la palestra nacional. Kirchner, Rodríguez Saá y Menem competían individualmente disputándose la histórica masa de votos del PJ apelando a un mismo “peronismo” que quedaba desdibujado entre discursos que iban desde la alianza pro-yanqui planteada por Carlos Menem, pasando por el keynesianismo nacionalista de Kirchner, hasta el populismo voluntarista de Rodríguez Saá. Sin embargo, más allá de sus divergencias en cuanto a propuestas los tres apelaban a una misma matriz del hacer político: la maquinaria del poder del Estado puesta al servicio de la contienda electoral, como ser, el apoyo hegemónico de tres pequeñas provincias, a lo que en el caso de Kirchner se sumaba el patrocinio del propio Presidente y del pesado aparato duhaldista en la provincia de Buenos Aires. En

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003 de convertibilidad en la Argentina términos de recursos, esto ponía al oficialismo en amplia ventaja respecto a los menguados caudales de la oposición que competía en inferioridad de condiciones. Los otros dos candidatos con posibilidades equivalentes de acceder a la presidencia eran originarios de la Unión Cívica Radical, partido que había quedado desarticulado y abatido después de la crisis del 2001 a causa de la ineptitud y renuncia de Fernando De la Rúa. Sin embargo, las diferencias entre Ricardo López Murphy y Elisa Carrió eran hondas y motivo de frecuentes diatribas. Si bien Carrió encarnaba un regeneracionismo dirigido a la centroizquierda y López Murphy representaba un reformismo desde la centroderecha, ambos disputaban los votos no peronistas, es decir, aquella masa electoral que había quedado huérfana del radicalismo y el Frepaso y que estaba lista a suscribirse al mejor postor. En síntesis, lo que queremos reflejar con lo anterior es que la lógica utilizada en la definición de la agenda electoral estuvo condicionada en estos comicios por el fin del bipartidismo y por la multiplicidad de candidatos con posibilidades equivalentes de triunfar. En otras palabras: la fragmentación partidaria incidió sobre el repertorio de opciones que se presentaban ante el elector, y la situación de paridad que mostraban las encuestas era motivo de duros enfrentamientos para a entrar en el ballotage. En la competencia por atraer votos la agenda se vio connotada por discursos agresivos y descalificadores, por la construcción de enemigo, por la búsqueda de presentarse como “el cambio” diferenciándose del resto, intentando ser originales, pretendiendo tener tanto la primera palabra como la última en diversas cuestiones. A causa de esto los argentinos nos empezábamos a asomar a una nueva táctica de antagonismo en elecciones ejecutivas: esta vez el debate cruzaba en diagonal a los viejos partidos y, por momentos, hacía caso omiso de izquierdas o derechas y aunaba los discursos dirigidos a un electorado escéptico y decepcionado. Había que recuperar la confianza de la sociedad en la clase política, era necesario fortalecer la idea de representación y regenerar las esperanzas. En este sentido, la forma en que los candidatos daban a conocer sus agendas estuvo condicionada por el intento de recuperar el protagonismo y la atención, adaptando sus discursos a un amplio electorado indiferente e indeciso. Es decir, la debilidad de las creencias, la volatilidad que reflejaban las encuestas, y la existencia de grandes contingentes de votos no cautivos influyeron en los modos en que se presentaron las agendas electorales, así como también en la generalidad, abstracción y multiplicidad de temas tratados en ellas. Por lo tanto, si bien la de 2003 no fue una campaña que pueda caracterizarse por la originalidad de su publicidad, de sus slogans, anuncios o propagandas televisivas, sí puede distinguirse por la búsqueda de un acercamiento a la ciudadanía en actos, caminatas, charlas y viajes por todo el país: el objetivo era poder transmitir personalmente sus propuestas de gobierno. La causa, en algunos casos, fue también la escasez de recursos, en otros, la pretensión de hacer marketing del “no marketing”, y, en general, la intención de denotar austeridad frente a una sociedad cansada del despilfarro de los políticos. Por último, el contenido de la agenda electoral estuvo determinado por la aguda crisis que afectaba tanto a la economía, como al sistema político y a la propia sociedad argentina. Esta vez a la oportunidad electoral se le sumó la oportunidad de cambio que toda crisis trae consigo en la búsqueda de una salida a flote. Pero si bien por un lado la crisis dio lugar a la introducción de temas y planteos que

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tal vez no hubiesen sido aceptados en tiempos “normales”, por otro debe reconocerse que también limitó la capacidad de opción de políticas entre los candidatos a quienes, más bien, se les impusieron problemas que eran ineludibles. En sí, la agenda electoral daba cuenta del estado de necesidad que aquejaba al país, o sea, trataba de dar respuesta a cuestiones estructurales aún no resueltas y a problemas nuevos, propios de la coyuntura electoral, que se imponían por su propia magnitud, o bien, por la relevancia que los medios de comunicación le conferían. Cómo terminó esta competencia, quiénes fueron los vencedores y quiénes los vencidos, el porqué de la renuncia de Menem a la segunda vuelta, el análisis de cuán demagógicas o cuán sinceras fueron las promesas de Kirchner y de qué nivel de legitimidad y continuidad gozan actualmente sus políticas de gobierno, son cuestiones que merecen ser analizadas en sintonía con la información hasta aquí registrada, especialmente para ver cómo (y cuánto) de la agenda electoral se volvió agenda de gobierno, porque como dijo Maquiavelo (1995: 57): “Los hombres son incrédulos, no creen realmente en las cosas nuevas hasta que no estén firmemente respaldadas por la experiencia”.

Bibliografía

AA.VV. 2003. Cambio Institucional y Agenda Pública: La Provincia de Santa Fe en los años noventa. Rosario: UNR Editora. Aguilar Villanueva, Luis. 1993. “Estudio introductorio”, en Aguilar Villanueva, Luis. Problemas públicos y agenda de gobierno. México: Ed. Porrúa. Draibe, Sonia. 1992. “La reforma del Estado en América Latina: observaciones sobre el caso brasileño”, en Perfiles Latinoamericanos, n° 1, México: FLACSO. Elder, Charles y Cobb, Roger. 1993. “Formación de la agenda. El caso de la política de ancianos”, en Aguilar Villanueva, Luis. Problemas públicos y agenda de gobierno”. México: Ed. Porrúa. Grindle, Merilee y Thomas, John. 1989. “Policy makers, policy choices, and policy outcomes: The political economy of reform in developing countries”, en Policy Sciences, Volume 22, Issue 3, pp 213– 248. Maquiavelo, Nicolás. 1995. El Príncipe. Madrid: Ed. Planeta D`Agostini. May, Peter. 1993. “Claves para diseñar opciones de política,” en Aguilar Villanueva, Luis. Problemas públicos y agenda de gobierno”. México: Ed. Porrúa. Moore, Mark. 1993. “Anatomía del problema de la heroína: un ejercicio de definición de problemas,” en Aguilar Villanueva, Luis. Problemas públicos y agenda de gobierno”. México: Ed. Porrúa. Nelson, Barbara. 1993. “La formación de una agenda,” en Aguilar Villanueva, Luis. Problemas públicos y agenda de gobierno”. México: Ed. Porrúa.

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003 de convertibilidad en la Argentina 5.

Fuentes Hemerográficas:

Diario Clarín (del 15 de febrero al 27 de abril de 2003) Diario La Nación (del 15 de febrero al 27 de abril de 2003) Diario Página/12 (del 15 de febrero al 27 de abril de 2003)

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Democracia y actores Privatizaciones. Rol del sindicalismo no institucionalizados. Caso analizado: Foetrapolítico Podemos, ¿el partido de los Indignados españoles? Raúl Irigaray Cátedra de Administración Pública Julio Belloni Facultad de Gille Ciencia Política y RR.II. Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario U.N.R. juliobellonigille@gmail.com

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Julio Belloni Gille

Resumen

El siguiente trabajo toma como marco la emergencia de movimientos sociales en los países centrales, con posterioridad a la crisis económica desencadenada en 2008. Más concretamente, nos proponemos estudiar el caso de los “Indignados españoles”, con el objetivo de indagar sobre su origen y sus reclamos contra las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno de José Luis Zapatero (2008-2011). Partiendo de dicho análisis, se avanzará sobre la emergencia del partido político “Podemos” y su plataforma política, buscando analizar su capacidad para institucionalizar los reclamos del movimiento “Indignados” y, la posibilidad de mostrarse y ubicarse como una alternativa a la “casta” gobernante, la cual era visualizada como responsable de la crisis mencionada.

Palabras clave: Democracia, España, Movimientos Sociales, Indignados, Podemos

Abstract

The following article takes the emergency of social movements after the crisis of 2008, in the central countries. Moreover, we propose to study the case of spanish Indiganados, its origin and its claims against the economic policies carry on by Jose Luis Zapatero(2008-2011). Due to this analysis, we will study the emergence of the political party called Podemos and its program, looking for its capacity to institucionalize the claims of Indignados and the posibilitie to show itself as an alternative to the establishment, which was seen as responsible of the crisis.

Keywords: Democracy, Spain, Social Movements, Indignados, Podemos

Julio Belloni Gille, “Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles?”. Cuadernos del Ciesal. Año 15, número 17, enerodiciembre 2018, pp. 50-79.

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? Introducción: Contexto histórico Inicios Hasta el año 2008, las crisis del sistema capitalista parecían ser fenómenos propios de los países en desarrollo. Estas habían sido atribuidas a desavenencias en el manejo de las economías nacionales, déficits en los saldos de cuenta corriente o a la vulnerabilidad externa provocada por el alto nivel de endeudamiento. Desde la imposibilidad del pago de la deuda de los países latinoamericanos en lo que se denominó “la década perdida” de 1980, hasta el efecto “tequila”, “tango” o la crisis en Brasil, los quiebres en las economías de los países periféricos se sucedieron a causa de la irresponsabilidad crediticia, financiera y el inmanejable déficit fiscal de los mismos. Por otro lado, los países centrales vivían una etapa de auge impulsada por el aumento del comercio mundial, el triunfo del “mercado” y los procesos de integración regional y zonas de libre comercio. El triunfo del sistema capitalista, post caída del muro de Berlín, había abierto una etapa de crecimiento en la cual las políticas neoliberales, acompañadas por la globalización, parecían ser el motor del desarrollo global. La liberalización financiera y el exceso de liquidez global por los fondos provenientes de los países emergentes, sumados a la baja tasa de interés, permitieron darle impulso a la economía mundial y sostener el crecimiento. Esto produjo un exceso en el gasto y en el endeudamiento, principalmente de los estadounidenses, quienes direccionaron su crédito hacia la compra de inmuebles, muchas veces por encima de sus posibilidades de pago. “El exceso de ahorro en las economías emergentes (sobre todo en China y los países exportadores de petróleo) y su escasez en Norteamérica incrementó los flujos de capital hacia EEUU, alimentando su déficit por cuenta corriente, y con él los desequilibrios macroeconómicos globales” (Steinberg, 2008:4)

En este contexto, muchos créditos hipotecarios fueron otorgados sin respaldo, sosteniendo la baja del ahorro en el estadounidense promedio y financiando su consumo. Aprovechando la poca regulación, los bancos se “volvieron cada vez más creativos para elevar su rentabilidad, desarrollando nuevos instrumentos financieros y métodos para relajar los requisitos a la hora de otorgar préstamos, particularmente hipotecarios, y mantener el riesgo contingente fuera de sus balances” (Zurita Gonzáles, 2009:18). Sin embargo, hacia el año 2004, a causa de la inflación, la reserva federal decidió subir progresivamente la tasa de interés, desde el 1%, el punto más bajo desde los años 50, hasta el 5,25% en 2006, provocando las primeras fracturas en el auge inmobiliario. En el año 2005 y 2006 el mayor costo del crédito produjo una disminución en la construcción de las casas y la reducción de los precios de los inmuebles. Las carteras de crédito comenzaron a vencerse al no poder ser afrontadas por los deudores y la desconfianza invadió el sistema. El rumor de un quiebre en toda la cadena de pagos, generó la desconfianza sobre el boom que se había edificado en base a la compra y venta de paquetes de

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Julio Belloni Gille

deuda e hipotecas. La burbuja explotó y con ella arrastró a instituciones financieras y bancos y se expandió hacia la economía real, afectando a todos los países en conjunto. Al igual que la crisis de 1930, este nuevo quiebre en la economía mundial se originó en el centro financiero de los Estados Unidos y luego se trasladó a Europa, a través de sus instituciones financieras, afectando el empleo, la producción y las finanzas públicas, principalmente en aquellos países ubicados al sur del continente.

Panorama Europeo El modelo de crecimiento que había garantizado el auge de las economías del norte, en especial la norteamericana y las europeas, pareció tambalear. La lógica por la cual toda actividad económica dependía del costo del activo financiero llegó a un fin predecible debido a un patrón de acumulación centrado en el consumo y en el endeudamiento para sostenerlo. La inviabilidad de este proceso, llevó a la creación de burbujas tras burbujas, apoyándose en capital externo para sostener el endeudamiento, provocando una estrepitosa caída al agotarse la confianza en los acreedores. Si bien, en primera instancia, la crisis en Europa se produjo como efecto contagio por las relaciones interdependientes entre las instituciones financieras y empresas promotoras inmobiliarias que actuaban allí y en los Estados Unidos, las consecuencias se vieron agravadas por las medidas austeras de los gobiernos que repercutirían negativamente en el empleo y la actividad, alcanzando niveles de deuda pública y desempleo insostenibles. Ante ello, Castells reconoce algunas particularidades que lo llevaron a considerar la crisis como política, y no sólo económica. En primer lugar, en el caso de la Comunidad Europea, los gobiernos habían llevado a cabo políticas neoliberales de desmantelamiento del Estado de Bienestar a partir de 1980, lo que facilitaría la especulación, la falta de regulación y la pérdida de competitividad industrial. La utopía monetaria europeísta no permitiría la aplicación de políticas macroeconómicas nacionales, relegando el rol estatal a la posibilidad de recortes sociales y contener salarios. En segundo lugar, podría ser considerada política por las medidas tomadas luego de la crisis, donde, influenciados por las mismas instituciones que habían apoyado y sugerido la desregulación, los gobiernos reflotaron el sistema bancario y financiero con fondos públicos, transfiriendo a los contribuyentes el peso de la crisis. Una tercera oleada de políticas terminó de agravar la situación, cuando se pasó a controlar drásticamente el gasto, reduciendo el presupuesto de las prestaciones estatales, achicando el empleo público y produciendo un crecimiento del desempleo.

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? Capítulo 1: España, su crisis y los Indignados El caso español, sería un fiel reflejo de las consecuencias de un crecimiento centrado en una burbuja inmobiliaria alimentada por la disponibilidad de crédito y el endeudamiento, tanto de actores privados como de organismos públicos, con el objetivo de financiar el consumo. Esta prosperidad no fue sedimentada con una mejora de la productividad y la competitividad de los productos españoles con respecto a otros países, sino que se sostuvo por el empuje de la construcción. A este crecimiento se sumó la expansión de la industria automotriz y el turismo tanto interno como internacional. Todo esto fue rápidamente capitalizado por la banca, quien prestaría el dinero para las hipotecas, y financiaría empleo público y favores políticos con sus ganancias. Sin embargo, esta dependencia se convirtió en vulnerabilidad una vez que los créditos se restringieron, los precios de los inmuebles se desplomaron y la burbuja explotó. La crisis comenzó a evidenciarse a principios de 2008 con una caída en las ventas, el menor pedido de hipotecas y la caída sustancial en el precio de las viviendas. Como consecuencia de la alta sensibilidad de la economía con respecto al sector inmobiliario, la crisis tomó particularidades distintas al resto del continente. A la vulnerabilidad se le sumó la connivencia entre muchos bancos y la casta1 política, posteriormente denunciada por Indignados y Podemos, que llevó al quiebre de las cajas de Ahorro. Estas habían tenido gran participación en el otorgamiento de préstamos hipotecarios y fueron las principales beneficiarias del salvataje. “La mayoría de las Cajas en España estaban gobernadas por consejos de administración nombrados por los gobiernos autonómicos y los principales partidos políticos, que los utilizaron como instrumento de financiación de sus políticas y, en buena medida, para repartir recursos y empleo entre sus dirigentes y personas afines” (Castells, 2013:6).

Con los salvatajes, las primeras medidas post crisis parecieron estar relacionado más a cuestiones clientelares y corrupción, que al bienestar del Estado y sus funciones políticas. A la crisis, se le sumarían la malversación de los fondos por parte de las autoridades y el excesivo gasto político sin rendición de cuentas. Luego de dos años de políticas que parecían ser insuficientes para la salida de la crisis el gobierno tomó una nueva orientación en sus medidas. Con un déficit que alcanzaba el 11,2% y un desempleo del 20%, el giro austero se vio influenciado por la crisis de deuda soberana que España y otros países enfrentaron a partir de abril de 2010. Con el objetivo de no sufrir la intervención de su economía, como había sucedido en Grecia y Portugal, los españoles decidieron llevar a cabo un proceso de ajuste y reducción del déficit a los fines de cumplir con sus compromisos internacionales. 1. La «casta» es una amalgama de políticos, grandes empresas, medios de comunicación, especuladores y otros grupos privilegiados. Se trata de una categoría difusa –un significante flotante– a la que cualquiera, desde quienes poseen una cierta conciencia de clase hasta los que abrazan la antipolítica, puede recurrir para expresar su indignación con el establishment. (Rendueles y Sola, 2015: 37)

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Julio Belloni Gille

Para el año 2011, el programa se profundizó luego del rescate del BCE y la compra de la deuda pública de Italia y España para la cual, a cambio, se debía avanzar en una serie de reformas tales como, la desvinculación entre el salario y la inflación, la profundización de la reforma laboral y la suba de impuestos entre otros. El objetivo era alcanzar un déficit de 0,4% para 2020. Estas medidas no hicieron más que profundizar la crisis, el desempleo aumentó, acompañado por la caída del consumo y la producción disminuyó. Las hipotecas se convirtieron en impagables y los desahucios se repitieron a lo largo del país. Con un paro que rondaba el 22%, el descontento social aumentaba a medida que se recortaba presupuesto en salud, educación y servicios sociales con el objetivo de recibir la ayuda necesaria para recapitalizar a la banca y mantener a España dentro de la eurozona. En este contexto, las demandas sociales parecían no ser representadas por ningún partido político. Inclusive los sindicatos se mostraban obsoletos para llevar adelante los reclamos de la ciudadanía. Por otro lado, los diversos casos de corrupción que involucraron a políticos llevaron a la desconfianza sobre la “casta”. La sensación de que ya no eran los representantes elegidos por el pueblo quienes ejercían el poder sino aquellos elegidos por las cajas y bancos quienes lo hacían, llevó a la deslegitimación de la política y la participación institucional. “En España, como en otros países europeos, la crisis económica generó una crisis orgánica, concretada en términos políticos en lo que nosotros llamamos una crisis de régimen, esto es, el agotamiento de modelo político y social surgido del proceso de transición a la democracia acaecido tras la muerte de Franco en 1975” (Iglesias, 2015a:16).

El paro en aumento y el descontento social extendido en gran parte de la sociedad, provocarían movilizaciones que rápidamente derivarían en una crisis política que cuestionaría no sólo el plan económico, sino también los cimientos del proceso de acumulación español de los últimos años. El 15 de mayo, a semanas de las elecciones municipales previstas para el 22 de ese mes, un grupo de personas, convocadas a través de Internet, se reunirían en Madrid, Barcelona y otras 50 ciudades. Tras el eslogan, “Democracia Real Ya: Toma la calle, no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, los asistentes y convocantes utilizarían el ejemplo del movimiento popular en Islandia y las protestas de la Primavera Árabe para denunciar la connivencia entre los partidos políticos tradicionales y la banca, junto al alejamiento de los intereses de la población de la política. Estas protestas serían en primera instancia denominadas bajo el nombre de 15-M, por la fecha en que todo comenzó. Luego, los medios comenzaron a denominarlos Indignados, tomando como referencia las pancartas sostenidas por los presentes en alusión al panfleto “Indignez-vous” de Stephen Hessel, publicado unos meses antes. Efectivamente, era indignación el sentimiento latente en esas personas. Una sociedad harta de no ser escuchada, y con ánimos de mostrar que todavía era parte de la escena, secuestrada por las elites. Un pueblo, o parte de él, se mostraba vivo ante años de bipartidismo, de avance neoliberal, de perdida de soberanía estatal y de crisis económica y social, entre otros.

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? La toma del espacio público era un símbolo de lo que estaba en juego. Aquellos relegados retomaban su lugar en la escena para decir basta, “basta de gobierno de unos pocos”, “queremos participar, nos corresponde estar presentes y ser escuchados”, “no queremos más negocios y corrupción en detrimento del pueblo”. Las nuevas tecnologías serían esenciales en esta nueva corriente. Las redes sociales e Internet permitieron el diálogo constante y la concertación en reuniones que muchas veces terminarían en masivas protestas. Entre los objetivos de los movilizados se destacaban, el cambio político, social y económico de forma pacífica. Se manifestaban frente a las medidas llevadas adelante por el entonces presidente Rodríguez Zapatero, las cuales apuntaban a sanear la economía, de acuerdo a los designios neoliberales de la Troika.

Las demandas del Movimiento Las demandas del movimiento eran amplias. En primer lugar, el conjunto de personas se manifestaba esencialmente contra los políticos, banqueros y especuladores, quienes eran considerados responsables de la crisis financiera y por lo tanto, los que debían pagar sus consecuencias. La desilusión ante las medidas adoptadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero, transformaron a un gobierno de carácter progresista, en uno sometido a las órdenes provenientes de los organismos internacionales. La sensación de injusticia reinaba entre aquellos que veían recortar presupuestos en salud y educación con el objetivo de salvar a los bancos. Siguiendo lo sucedido en Islandia, se reclamaba que estas instituciones fueran nacionalizados y los financistas juzgados como defraudadores, a la vez que se impulsaba el cobro de mayores impuestos sobre los ricos y las transacciones financieras. En segundo lugar, se denunció el paro que la crisis había provocado. Durante esos años España había pasado a tener el nivel más alto de desempleo de la Unión Europea, alcanzando al 20% de su población económicamente activa (4.6 millones de personas), y un desempleo juvenil que llegaba a casi el 44%, entre una generación considerada como la mejor preparada de la historia del país. En tercer lugar, según declaraba Juan Carlos Monedero, el 15-M apelaría a dos cuestiones. Por un lado, criticaría el sistema de partidos y la ley electoral provenientes de los Pactos de la Moncloa de 1978, criticando a quienes estaban en el poder por no representar los intereses de la población. Por el otro, se instalaba la idea de “No ser mercancía”, alejarse de los designios neoliberales de políticos y banqueros y defender los derechos laborales que sufrían un nuevo embate con las políticas llevadas adelante durante el 2010. (La Tuerka, 15/05/2013) Además de estos puntos, existía la necesidad de defender los derechos básicos, dispuestos en la constitución, como eran: derecho a una vivienda digna (articulando una reforma de la ley hipotecaria), sanidad pública, gratuita y universal, libre circulación de personas y educación pública y laica.

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A pesar de esta diversidad de reclamos, Manuel Castells destacaría el objetivo político como el principal del movimiento, en consonancia por lo expuesto por Monedero. A través de sus observaciones, el autor llegaría a la conclusión de que el primer detonante que incentivó a las protestas era el pedido de democracia real ya. “Sí, la crisis era una manifestación del sistema capitalista, y los bancos eran los culpables. Pero políticos de cualquier filiación eran cómplices de los banqueros, cuyos intereses defendían por encima del de los ciudadanos a los que representaban” (Castells, 2012:128) Por ello mismo, uno de los lemas más utilizados por aquellos que se encontraban en las plazas era el “no nos representan”, mostrando el descontento por la perduración en el poder de los dos partidos tradicionales y sus lazos con los bancos y las instituciones financieras. El rechazo hacia los gobernantes abarcaba todos los poderes del Estado, incluyendo el judicial, al que se denunciaba por estar politizado y ser cómplice en la protección a los políticos y banqueros. Lo que sucedía era un cambio en la cultura política planteada desde 1978.

Organización Desilusionado por los mecanismos institucionalizados, el movimiento recurrió a la implementación de modelos de democracia deliberativa, con el objetivo de demostrar su factibilidad y contraponerlo con las instituciones. Conciente de los tiempos que esto demandaría, el 15-M buscaría posicionarse a largo plazo como un foco de presión y participación que permitiera una organización alternativa de proyectos, más allá de reivindicaciones concretas. La horizontalidad y la autonomía del movimiento requirieron de una estructuración que las defendiera frente a los enemigos externos y las complicaciones internas. Por ello rápidamente se organizaron comisiones, divididas en grupos y subgrupos de trabajo que se encargaban de proponer planes de acción en diversas temáticas. Las asambleas sin líderes eran las que daban el ejemplo de la nueva forma de democracia que el movimiento pregonaba. Al no existir un portavoz reconocido al cual pudiera atribuirse la potestad de representar el movimiento, ante por ejemplo, los medios de comunicación, estos últimos carecían de una cara que les permitiera personificar el movimiento a la hora de la cobertura. La fuente de este principio era la horizontalidad, heredada de los lazos construidos mediante Internet, donde todos eran iguales y las funciones de coordinación se podían realizar en la red, a través de la interacción de los distintos nodos. De esta manera, la red se convirtió en sujeto protagónico del rechazo y la desestimación a la constitución de lideres, marcados por una profunda desconfianza en vista de lo sucedido con los políticos. El movimiento creó una seria de estructuras que se relacionaban entre ellas en forma de red, promoviendo la igualdad y la ausencia de líderes. El concepto era muy similar al de “Multitud” de Hardt y Negri (2004), al sostener la necesidad de una organización en red que permitiera a sus elementos interactuar pluralmente, sin un centro determinado, coordinados por la palabra y el consenso, bajo principios de democracia y libertad de autorepresentación como forma constante en la constitución

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? del movimiento. De esta manera, “no sólo se buscaría ser medios para lograr una sociedad más democrática sino también crear relaciones democráticas dentro de su propia estructura” (Hardt y Negri, 2004:18-19). “El consenso formó parte de la discusión permanente del 15M, como si fuera la clave de su constitución política, de su potencial impacto y de sus límites” (Marzolf, Ganuza, 2015:93). Mediante distintas acciones, como la presencia de moderadores que tomaban nota al tiempo que se discutían las temáticas, la eliminación de jerarquías y la igualación en los tiempos de intervención, se garantizaba el respeto mutuo y la argumentación de las distintas opiniones. Esto no sólo eliminaba toda representación sino que marcaba el rumbo que el movimiento proponía. El consenso era el “símbolo de una acción política orientada al entendimiento, a la preocupación por lo común” (Marzolf, Ganuza, 2015:93). Lo que se rediscutía era el concepto mismo de la “política”, buscando acercarla al conflicto sobre el espacio común (Ranciere, 2010), frente a aquella otra manejada por negociaciones invisibles, como una caja negra autónoma respecto a los ciudadanos. Estas movilizaciones fueron la demostración de las frustraciones que no encontraron expresión política. Lo que hicieron fue mostrar las carencias tradicionales de aquellos dirigentes que no entendían la posibilidad de construir el escenario político fuera de la lógica izquierda-derecha. El reclamo iba más allá. La “spanish revolution” hizo que personas comunes volvieran a hablar de política después de muchos años. “Aunque se sigue criticando su falta de eficacia política, el impacto del 15M no será sólo simbólico, sino que creó un nuevo horizonte político asociado a la lucha contra la desigualdad y la injusticia” (Marzolf, Ganuza, 2015:95). Permitió que aquellos que no tenían voz pudieran dar a conocer sus problemáticas y fueran escuchados. Se creó un “espíritu del sol” donde la población recordaría haber encontrado un lugar en el que no existía el miedo a salir a la calle, a protestar y a retomar el espacio público. Lo que se daría en última instancia sería, la creación de un nuevo sentido, de una subjetividad novedosa, la “multitud” en su capacidad de producir biopolítica, como forma de enfrentarse y resistir frente al “Imperio” (Hardt y Negri, 2002), luchando contra la pobreza, acompañada del constante anhelo de democracia. La lucha no se daba por métodos tradicionales sino mediante acciones colectivas que aseguraban la participación del conjunto. De esta manera, se aseguraba dar pie al accionar de la organización en red, basada en la pluralidad constante de sus elementos y sus redes de comunicación. El sujeto se mostraba responsable del cambio como un demos que se encontraba en el centro del tablero y se negaba a ser el conector tradicional entre la sociedad y las elites. Este buscaba intervenir y refundar el espacio público al margen de las identidades establecidas. Al igual que la multitud, el demos del 15-M no hacia referencia a una clase social, al pueblo o a la masa misma. Era una comunidad política conformada por aquellos que no tenían derechos o acceso a legitimarse para gobernar. “Eso en palabras de Castoriadis (1990), es la disrupción democrática, cuando los ciudadanos se arrojan el derecho a cuestionar las normas vigentes e imaginan alternativas entre ellos. La utopia en un mundo plural sólo puede significar que todo el mundo participa en las decisiones que dan forma concreta a ese mundo” (Marzolf &Ganuza, 2015:97).

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Lo que los Indignados hicieron fue plantear la necesidad de cuestionar las normas establecidas, mediante el advenimiento de la igualdad, buscando resignificar la política. Por ello más que cerrarse a ella, lo que se buscó fue democratizarla, comenzando por la sociedad civil, para luego transmitirla a las instituciones. El consenso era el método de este cambio. Aún si fueron pocas las propuestas que se concretaron, su influencia fue notoria si se tiene en cuenta su contribución a la perdida de legitimidad del PSOE, ya incapaz de mostrarse como defensor de las clases populares. Esto no sólo diezmaría al socialismo, sino que también contribuiría al minado del bipartidismo instalado en España desde hacía 30 años.

Actuación no institucional Al renunciar a toda idea de actuar bajo los parámetros de la política tradicional, como se vio reflejado en las elecciones de noviembre de 2011, el movimiento se limitaba a acciones en el plano no institucional, recurriendo a movilizaciones callejeras, el bloqueo de los desahucios, la desobediencia civil y las manifestaciones frente a edificios gubernamentales. La idea era concientizar a la población y a los participantes de los problemas generados por la crisis y sobre los verdaderos culpables de la misma. Lejos de ser un medio para alcanzar un fin, las asambleas se convertían en un fin en si mismo, constituyéndose como un espacio en común donde compartir sentimientos, ideas entre personas que por primera vez veían la posibilidad de intervenir activamente en política y ser escuchados por los otros. El debate acerca de los medios a utilizar era constante. La cuestión de como influir en la sociedad de forma pacífica y no institucional generaba rispidez al enfrentarse a un poder que respondía con desdén y muchas veces con violencia a los reclamos y las ocupaciones. A pesar de constantes incitaciones a la violencia por parte de la policía, el 15-M mantuvo la idea de la no violencia y la protesta pacífica. La desobediencia civil era positiva, siempre y cuando no se actuase violentamente, ya que alejaría a la población que había apoyado en su gran mayoría al movimiento. Acompañando el reclamo de mayor democracia en el sistema político, los Indignados propusieron una serie de medidas que favorecerían la participación popular en el proceso de toma de decisiones. Uno de los tema fue la reforma electoral, pero también se propusieron instancias como referéndums obligatorios, tanto por Internet como por consulta, control de la corrupción, límites en el mandato de los cargos electos y topes salariales con el objetivo de hacer más limpio e inclusivo el sistema. Estas propuestas eran más un ejercicio para transmitir los intereses que reinaban entre los que protestaban que cuestiones a ser llevadas a la práctica. En ningún momento se pensó crear un partido político que participe en instancias electorales. Al ser estas manipuladas por los partidos tradicionales se buscaba demostrar que otro camino era posible por fuera de los límites impuestos por la representación. Frente a esta situación, el desenlace de las elecciones de 2011 y el triunfo del Partido Popular, parecieron contradecir el espíritu progresista de las acampadas. Los conservadores y los medios profundamente arraigados al PP, buscaron crear la idea de que la actuación de la población era un rechazo al movimiento por parte de los votantes. Sin embargo, un análisis más profundo, muestra que lo

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? sucedido fue una derrota estrepitosa y una gran fuga de votos del PSOE hacia otras expresiones y no un crecimiento del voto conservador. Con sus resultados, las elecciones dieron muestra de las dificultades existentes en un movimiento que rechazaba la participación política. Al no comprometerse en su actuación, se le cuestionaría su impacto real en la vida de aquellos que decía representar. La victoria del PP traería cierta desilusión si se consideraba que, según estadísticas, cerca del 10% de la población afirmaban haber participado en alguna de las actividades organizadas por el 15M y casi el 80% de ella apoyaba las protestas.

Capítulo 2: La irrupción de Podemos A pesar del gran apoyo logrado por el movimiento, su lógica comenzó a agotarse cuando quienes lo componían no vieron los efectos deseados, empeñados en su posición de alcanzar el cambio social por fuera de la política. Cuando el Partido Popular ganó las elecciones y el plan de austeridad se acentuó, parte de sus simpatizantes entendieron la necesidad de articular aquellas demandas, brotadas desde la sociedad civil, y canalizarlas mediante un discurso que permitiera la representación de un nuevo sentido común antioligárquico Es por ello, que el surgimiento de Podemos en las elecciones europeas de 2014 intentaría darle voz a los Indignados. Para Errejón (2015), sin ser un representante del 15-M, lo que el partido buscaría era leer el movimiento y construir un discurso transversal que articulara los distintos reclamos presentes en la sociedad. La crisis había generado las condiciones para un nuevo discurso capaz de construir un sujeto nacional y popular frente a las elites y eso era algo que Podemos no dejaría pasar. (Brieger, 2015)

El régimen del 78 Para entender lo que entró en juego en la política ibérica con el surgimiento de Podemos como partido político, es necesario dar un breve vistazo a la historia del sistema de partidos español previo a su aparición. El régimen del 78, como se nombró al sistema político español vigente tras la Constitución de 1978, fue el resultado de un proceso denominado la Transición, en el cual las fuerzas dictatoriales pactaron con los líderes democráticos para acercar a España a los estándares de la democracia occidental. Según afirma Pablo Iglesias (2015a) en ese período existió una “correlación de debilidades”, utilizando el término de Vázquez Montalbán, donde las elites que se encontraban en el poder carecían de legitimidad mientras quienes formaban parte de la oposición democrática contaban con el apoyo de la población. El legado más fuerte de este período sería la Ley para la Reforma Política, cuestionada por el 15-M por la desigualdad de su sistema electoral y el voto, junto a la constitución de 1978 o los Pactos de la Moncloa. Este orden abriría una nueva etapa de estabilidad que culminaría con el posterior ingreso español a la Unión Europea y la OTAN.

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Como en muchos lugares, el transcurrir del régimen del 78 se vio caracterizado por la creación de instituciones que legitimarían el orden existente. Los medios de comunicación tuvieron un rol importante como aparatos ideológicos (Althusser, 1984), convenciendo e influyendo en cada uno de los hogares españoles. Los diarios y canales tradicionales, controlados por los partidos políticos, cumplirían una destacable tarea como formadores de opinión, permitiendo un apoyo sin precedentes que garantizaría la estabilidad y permanencia del sistema. En términos de Gramsci, lo que sucedió fue una revolución pasiva. Las élites dirigentes, concientes de la imposibilidad de mantenerse en el poder sin realizar cambios drásticos y atentos a las necesidades de la población, emprendieron una transición controlada hacia un régimen más democrático. A partir de la incorporación de demandas, fundamentalmente vecinales, obreras y estudiantiles, se lograrían canalizar los distintos discursos presentes en la sociedad, disminuyendo sus márgenes para una ruptura democrática. Lo que se hizo fue restaurar hegemonía, incorporando y subordinando a otros grupos sociales al bloque de poder imperante (Errejón y Mouffe, 2015:20-21). El régimen impulsaría una modernización económica basada en el suministro de fondos por parte del continente a cambio de medidas para acoplar a España al resto de Europa. Los sectores populares mejorarían su situación económica hasta tornarse clase media, gracias a las nuevas condiciones de vida y la extensión de los servicios públicos a grandes estratos de la sociedad. A pesar de ello, el desmantelamiento del tejido industrial y el papel subalterno delegado a España, crearía las condiciones para un crecimiento sustentado en la inestabilidad y el crédito. Las consecuencias de este modelo se verían con el devenir de la crisis, cuando la pérdida de potestades soberanas y la poca capacidad productiva mostrarían la fragilidad de un crecimiento centrado en el turismo y la construcción. La recesión en la que entró España, dio lugar a críticas, no sólo al sistema económico, sino también al régimen político. A partir del año 2008, una crisis orgánica, originaría que la ciudadanía denunciara, ya no al PP o al PSOE de manera separada, sino el conjunto de los actores que intervenían en la política. Las instituciones del consenso se resquebrajarían al mostrarse obsoletas e insuficientes a la hora de canalizar las nuevas discursividades como las de los Indignados.

Una construcción contra hegemónica: Podemos El movimiento de los Indignados despertó distintas reflexiones desde el punto de vista teórico. Por un lado, se encontraban los estudiosos de la multitud y sus máximos exponentes como Michael Hardt y Antonio Negri, quienes sostenían la posibilidad de alcanzar el cambio en la sociedad centrados en lo social e independientemente de lo político, considerando a ambos como campos autónomos entre sí. Por otro lado, el éxito que implicó del movimiento sería observado como una posibilidad para aunar distintas voces, articular reclamos, y encaminar el espíritu del 15-M hacia una “democracia radical parlamentaria”, en referencia a lo conceptualizado por Chantal Mouffe años antes. La victoria del PP, pondría en consideración la necesidad de articular las demandas de la sociedad civil tras un partido político que pudiera reflejar parte del sentimiento que corría en las plazas. La irrup-

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? ción de Podemos en las elecciones europeas de 2014, marcaría la aparición de una organización que intentaría canalizar el descontento y el espíritu de cambio presente en la población. Analizando este nuevo fenómeno de la política española, sería imposible pensar a Podemos sin hacer un análisis sobre sus lideres y sus antecedentes previos. La propia conformación partidaria y su forma de relacionarse con el 15-M, serían consecuencia directa de las influencias de teorías previas sobre sus fundadores. Teóricos de la hegemonía, como Chantal Mouffe o Ernesto Laclau, servirían de sustento para construir un partido que utilizaría la política para alcanzar el poder, mediante articulación de los diferentes reclamos de la sociedad. Según Laclau y Mouffe, la articulación entre las demandas presentes en la sociedad, desde la lógica de la diferencia o la equivalencia, permitiría trasladarlas al escenario político. La derrota de un proyecto hegemónico entonces, consistiría en implementar un discurso contra-hegemónico, mediante una cadena de equivalencias que aglutinara los distintos significados de la lucha (mayores derechos sociales, protección de la vivienda única, pacifismo, feminismo) sobre un significante vacío, construido como rechazo al status quo. Esto derivaría en la conformación de identidades populares, respetuosas de las diferencias, con el horizonte de tomar el poder y propiciar los cambios perseguidos. Basado en esta concepción, la hipótesis Podemos (Iglesias, 2015a) permitiría utilizar la brecha creada por el movimiento en el imaginario político, a partir de la cual tejer una nueva narrativa contra-hegemónica, en clave de pueblo por contraposición a las elites o “casta”. Al institucionalizarse se “potenciaría el impacto político de los movimientos sociales, al redefinir las formas de participación, los mecanismos de representación y los dispositivos de legitimación que conforman una comunidad política” (Natalucci, 2011:17). La noción de sociedad civil como otro espacio de “lo político” permite legitimar a un partido político que capitalice el descontento de la sociedad, y construya una identidad alrededor de símbolos y líderes nuevos, dándole un nuevo impulso a un movimiento que, por entonces, se encontraba diezmado. Es necesario destacar entonces que Podemos surgiría cimentado en las experiencias previas de un grupo de docentes de la Universidad Complutense de Madrid. Éstos se habían desempeñado como asesores de gobiernos de izquierda latinoamericanos durante la primera década del siglo XXI. Desde sus inicios Podemos no intentaría ser un representante del 15-M., sino que buscó canalizar e interpretar los ánimos presentes en una sociedad movilizada en contra del sistema político, y los políticos sobre todo, y transformar las distintas identidades tras un discurso articulador. Según evaluaría Errejón, existían reivindicaciones que cruzaban transversalmente la sociedad, que si bien había votado al PP en 2011, debían ser reencauzadas tras un nuevo significante que articulase una nueva mayoría política progresista. La idea inicial era ganar, para luego construir, era la premisa de la hipótesis Podemos. “Lo político construye también lo social, y a veces en torno a la competencia electoral se construyen identidades políticas y populares muy fuertes” (Brieger, 2015:164). Un significante vacío permitiría arbitrar las equivalencias entre las identidades sociales fragmentadas y sus reclamos. Para ello, los cuadros del partido recientemente creado tendrían un agregado. No sólo [Podemos] se sustentaba en intelectuales y ex militantes de izquierda, sino también en una figura conocida en los medios de comunicación, Pablo Iglesias, quien pasaría a representar la cara del partido

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“convirtiéndose en un significante parcialmente vacío, que produjo identificación con sus palabras y pasó a representar un rol colectivo” (Errejón, 2014:39) Así, el partido se convirtió en un lugar de encuentro de los reclamos. En él se buscaría, mediante organización y liderazgo, adquirir presencia en las instituciones para enfrentarse a un enemigo común, identificado como “la casta”. La representación política pasaría a ser un medio para alcanzar la democracia radical, permitiendo proyectar en las instituciones los cambios demandados desde abajo, en lugar de crear una brecha entre la ciudadanía y el Estado, como teorizaban Hardt y Negri. (Marzolf y Ganuza, 2015:101) Si bien su aparición está directamente relacionada al clima que el 15-M generó, lo cierto es que no existe relación orgánica entre ambos. Errejón dirá que “no es posible explicar Podemos si se concibe como la traducción electoral del 15M. Ni sus votos provienen de los sectores simpatizantes o participantes del 15M, ni el sentido que moviliza es exactamente el mismo” (Errejón, 2014:37). Lo que si existe es una relación entre el clima de transformación que se dio en la sociedad y el surgimiento del partido. Sin la puesta en común de las problemáticas presentes en la sociedad, la politización de los “dolores privados” (Errejón y Mouffe, 2015:62), Podemos no hubiera surgido como articulador de una nueva mayoría política, como un consenso en torno a un nuevo sentido común que cruzaría transversalmente la sociedad, sin reivindicaciones de izquierda o derecha. Ejemplo de ello, es el lanzamiento del partido el 17 de enero, el cual se daría sin consultas previas o discusiones en las asambleas o con los Indignados. A diferencia de lo sostenido por el movimiento, el nuevo partido se centraría en la noción del Estado como campo de luchas. Entenderlo como un terreno de disputa presente en todas las sociedades modernas, excepto pequeñas salvedades, apoyaría la necesidad de involucrarse en él para transformarlo profundamente, y así ponerlo al servicio de las fuerzas populares. En lugar de promover el cambio desde abajo, Podemos impulsaría el cambio desde las esferas gubernamentales. No se buscará construir “desde el pueblo” sino, alcanzar el poder para “reconstruir al pueblo” que lucharía por sus derechos. En entrevista, Errejón comentará: “Nos decían que estábamos construyendo la casa por el tejado, porque íbamos a elecciones antes de construir la fuerza social para hacerlo” (Brieger, 2015:164). La hipótesis Podemos tendría como objetivo alterar el tablero político. Mediante una nueva configuración, un “populismo de izquierda”, se buscó generar discursivamente una identidad popular politizable electoralmente. Para ello se agregarían las demandas derivadas de la crisis, en torno a un liderazgo mediático capaz de dicotomizar el espacio político. Este modo de articulación crearía una cadena de equivalencias entre las demandas, originando un “pueblo”, por contraposición a la “elite” que se había apoderado de las instituciones. La posibilidad de impugnar el dominio del establishment o “la casta” abriría la posibilidad de ampliar y constituir una unidad popular, una nueva mayoría, por encima de las lealtades existentes. Podemos no se mostraría como un partido posible de ser encuadrado de izquierda o derecha, sino como una discursividad que trascendería esta división no natural de la sociedad para alcanzar una nueva frontera, más pertinente a lo que sucedió en España desde 1978, como la de ciudadanía/privilegiados. “El

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? secuestro oligárquico de la democracia” (Errejón, 2015:107) que se produjo en el país ibérico, y en el resto de Europa por la aplicación del neoliberalismo, dio lugar a una división insalvable entre representantes y representados. La pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales hizo que la política de izquierda, representada por el PSOE, disminuyera su capacidad de hegemonizar las discursividades presentes en la sociedad y sufriera la crisis orgánica en la que se encontraba el escenario político español, tal como afirmaba Iglesias. La noción de “construir pueblo” iría más allá de los significantes presentes, con el objetivo de crear un nuevo sujeto que impulsara el cambio en la sociedad. El “pueblo” de Podemos sin embargo, debía ser constituido con un carácter progresista y democrático, al leerse como una identificación popular adversaria a quienes se situaban en el poder. “Sus propuestas, desde la auditoría y reestructuración de la deuda externa hasta la reforma fiscal o la intervención progresista del Estado en la economía, forman parte del acervo del populismo de izquierda” (Rendueles y Sola, 2015: 37). Esto le permitiría distinguirse de otras construcciones como la de Marine Le Pen en Francia, donde el pueblo se construiría bajo discursividades distintas a las de Podemos, tras un populismo de derecha.

El salto electoral Las elecciones de 2014 fueron tomadas como un primer paso para la toma final del poder. Podemos se situó como cuarta fuerza a nivel nacional tras el PP, el PSOE y UI. A pesar del entusiasmo generado, la dirigencia declararía que habían perdido las elecciones. “Era un buen resultado, pero que no alcanzaba”“Vamos a construir una mayoría popular que consiga el gobierno de España” (Brieger, 2015:164). ¿Qué fue lo que generó tales declaraciones? Según Teresa Rodríguez, se buscó mostrar la imagen de una fuerza ganadora, salir del complejo de la izquierda tradicional y los movimientos sociales. Pablo Iglesias sería clave en ese discurso ya que era una imagen que permitía construir un discurso ganador alrededor de un líder carismático. (Brieger, 2015:179) El puntapié inicial provocaría un efecto multiplicador en la imagen del partido2 y su lanzamiento definitivo ante los medios masivos de comunicación. Si bien el Parlamento europeo no contaba con gran atención entre los españoles, la presencia de Podemos mostró que un partido constituido hacía poco tiempo podía ganarse un lugar entre los votantes con la idea de construir una nueva mayoría. Con los resultados puestos, Podemos comenzaría a tener un espacio institucionalizado donde desenvolverse y apoyar o rechazar determinado tipo de medidas, lo que le permitiría ser identificado por la población. A través de un discurso contra hegemónico y la presencia institucional, la nueva aparición avanzaría hacía la construcción de una dirección política formal acompañada por estructuras territoriales y sectoriales organizadas junto a mecanismos formales de toma de decisiones. El camino para constituir un populismo de izquierda había comenzado.

2. Notorio fue el crecimiento del partido en las redes sociales alcanzando y superando al PP y al PSOE en número de seguidores en Facebook y Twitter en la semana posterior a las elecciones.(Perez Aguiar, 2015)

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Los momentos de Podemos: Sus inicios y la máquina electoral Basándonos en lo teorizado por Marzolf y Ganuza (2015) reconoceremos dos momentos del partido político Podemos. El primero, en el que construiría su imagen a partir del imaginario indignado, basándose en la participación de la ciudadanía mediante círculos, en lugar de la toma de la plaza como metodología de protesta, y cuya duración se extendería hasta octubre de 2014. El segundo momento, a partir de la asamblea de Vistalegre de octubre y noviembre de ese año, en la cual se lo dotaría de una estructura jerárquica y un fuerte liderazgo con el objetivo de participar de las instituciones de forma eficiente. La conformación de círculos sería elemental para acercar a Podemos al imaginario indignado. El origen de los círculos se remontaría a febrero de 2014, cuando se llamó a su constitución semanas después del surgimiento del partido. En los comienzos tuvieron un rol trascendental al permitir articular la presencia partidaria a toda la extensión del Estado. Los círculos estaban formados por cualquier persona que lo deseara, los ciudadanos sólo debían manifestar su intención en la cuenta de Podemos y, a partir de allí, articular virtual y físicamente una comunidad de personas alrededor de distintos reclamos y englobarlos entorno a ellos. Estos eran tan diversos que tocaban temas como feminismo o filosofía, como así también se encargaban de articular espacios geográficos, tales como el círculo de los barrios de la ciudad de Córdoba. Para los dirigentes del partido, los círculos eran espacios de participación y empoderamiento popular “sustentados en los principios de respeto por la democracia, la dignidad personal, los derechos humanos y el servicio a la ciudadanía” (Podemos, 2015:62), donde podían autoorganizarse e incidir sobre las decisiones que los afectarían. Con ello, los círculos lograban hacer identificar al partido con los ideales de participación de la sociedad civil y democracia asamblearia del 15-M, sólo que en un ámbito político formal, garantizando la eficiencia del movimiento de círculos. “La clave no es que los círculos corran detrás de nosotros, sino que nosotros corramos detrás de los círculos”, diría Pablo Iglesias al mes de fundar el partido en entrevista al Huffington Post (Machuca, 16/02/2014). En esa primera instancia, Podemos se constituiría como un gran movimiento ciudadano, reflejado en la proliferación de círculos por todo el país. Los mismos eran elementales si se piensa en la estructura inicial del partido, donde la asamblea ciudadana nacional, foco de la toma de decisiones importantes, era considerada como el gran círculo que contenía a todos los demás. Junto a ellos, la posterior posibilidad de intervenir en la asamblea general de octubre por fuera de los círculos y mediante el accionar en Internet, lograría tender “los puentes entre el 15M irrepresentable y Podemos, el partido que representará la indignación en la contienda electoral; entre el poder constituyente de uno y el poder constituido del otro” (Marzolf y Ganuza, 2015:102). Con respecto al objetivo de los círculos, se buscaba que estos fueran abiertos a todo tipo de sensibilidades y preferencias. Así, permitirían relacionarse con colectivos sociales, culturales, sindicatos y partidos políticos locales mediante debates, de manera tal de alimentar Podemos con las realidades latentes en el territorio. Con estos actores, se trabajaría conjuntamente para constituir un mapa con los problemas de cada sitio o sector, facilitando que los ciudadanos tengan la posibilidad de explicar

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? sus demandas y propuestas. La preponderancia que tuvieron en ese momento hizo que su creación se traslade al exterior, contabilizándose más de 130 círculos entre España, Alemania, Francia, Argentina y Chile. A pesar del éxito de la estructura que había permitido al partido posicionarse electoralmente y atraer parte del apoyo de la población que se había identificado con el 15-M, la necesidad de continuar su crecimiento lo obligaría a avanzar hacia formas más tradicionales de decisión. Recurriendo al voto asambleario por medio del ágora virtual de Podemos, se llevaría a cabo, entre el 12 y el 13 de junio, la elección interna del equipo que debería liderar la Asamblea Constituyente de otoño, en la cual triunfaría el grupo liderado por Iglesias. Con el complicado panorama electoral por venir, Podemos comenzaría un proceso mediante el cual se construiría como máquina electoral. Entre el 15 de septiembre de 2014 y el 15 de noviembre de ese año, la Asamblea Ciudadana “Si se puede” o “Vistalegre 1”3 se encargaría de darle forma al partido a partir de la discusión de un documento organizativo, ético y político. “En aquella asamblea, que representó un hito histórico de participación, Podemos dejó de ser un movimiento ciudadano con proyección electoral, para convertirse en una organización política con órganos directivos, sistemas internos de garantías, unas líneas políticas y estratégicas precisas y una clara vocación de eficacia organizativa” (Iglesias, 2015a:26)

El equipo promotor, entre los que se destacaban Iglesias, Monedero y Errejón, lideraría un proceso cuyo principal (y casi único) interés, sería “ganar”. En Vistalegre esta consigna se sobrepondría a cualquier intento por parte de los otros grupos de constituir una alternativa más horizontal y forjada a partir del consenso. Con el ágora virtual del partido como campo de debate, se intercambiarían opiniones acerca de cual forma de organización sería la mejor para impulsar los cambios y llevar a las instituciones el imaginario indignado. Sin olvidar sus raíces, se buscaría adaptar a Podemos al nuevo escenario político y garantizar la consolidación de la fuerza. Frente a la idea de estructurar el partido en torno al consenso, el proyecto hegemónico del partido se terminaría edificando en torno a un líder fuerte, un enemigo visibilizado públicamente y secretarías organizadas y muy fuertes en sus funciones. “Aquella asamblea constituyente de Podemos y los procesos autonómicos y locales que la sucedieron han concretado el esqueleto de una organización política que aspira a ganar las elecciones generales” (Iglesias: 2015ª,26). Con esta conformación, la apuesta de Podemos por ganar y su construcción hegemónica nos darán la pauta, no sólo de su diferenciación en cuanto a la estrategia que impulsaba el movimiento Indignados, sino también su conformación como “un proyecto de remodelación de las estrategias políticas de la izquierda tradicional, abatida por mucho tiempo por el neoliberalismo” (Marzolf y Ganuza, 2015:105).

3. Posteriormente se realizaría Vistalegre 2 en el año 2015

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Julio Belloni Gille

El Podemos de Vistalegre 1 Tras la Asamblea Constituyente, Podemos lograría articular una organización fuerte que aún mantenía su capacidad para vincular a los sectores más preparados de la sociedad civil con un movimiento que buscaba el cambio político. Con el objetivo de mantener el impulso democrático inicial y devolver las instituciones a su verdadero dueño, el pueblo, se trabajó para proveer de mayor organización al movimiento popular. De esta manera, con la premisa de que mayor organización suponía mayor empoderamiento ciudadano y, consecuentemente, una democratización real de la participación política, se avanzaría hacia un proyecto político sostenido y articulado en la acción social colectiva, comprometido con la participación, el debate público, la transparencia y la rendición de cuentas como ejes de los procesos políticos democráticos. Del documento allí emitido se resaltaría la participación ciudadana como esencial en la constitución de Podemos. Según la concepción partidaria, el político se convertiría en agente de la participación de la ciudadanía, permitiendo el empoderamiento progresivo de esta última. Se rescata el rol de la comunidad virtual “Plaza Podemos” como espacio de discusión y debate, junto a las aplicaciones como appgree para construir consensos de forma rápida y segura. En segundo lugar, en cuanto a la transparencia y las cuentas claras, se buscó diferenciar al partido del secretismo y la corrupción de los partidos gobernantes desde la Transición del 78. Ya desde sus comienzos, previo a las elecciones europeas de 2014, el partido se basaba en el crowdfunding para financiar la campaña sin recurrir a los bancos y mantener su independencia. Para evitar la dependencia política que generaban los préstamos, se le encargó al Equipo de Financiación coordinar, junto a las personas involucradas en la economía de los círculos, un Protocolo de Financiación y Cuentas Claras que formaría parte del documento organizativo y que sería publicado en https://podemos.info/ financiacion/.

En cuanto al control democrático, se aspiró a controlar a los elegidos para el parlamento europeo mediante el fácil acceso y la visualización de la ciudadanía de los actos y decisiones de los funcionarios, así como su retribución económica y su patrimonio. En el sitio Web transparencia.podemos.info, estarían incluidas no sólo las intervenciones y las votaciones, sino también el salario y el destino de las donaciones de sueldo junto al uso de asignaciones públicas. Además de estos lineamientos, el estatuto establecía la posibilidad de que todos tengan derecho a votar acerca de quienes llevaran adelante los designios de la organización, como así también a ser elegidos para participar de los cargos. Las instituciones del organigrama tendrían relación directa con los círculos. Los mismos serían rescatados como unidad básica de la organización por promover la participación, el debate y la relación activa con la sociedad. Según el estatuto, “Los círculos tienen entre sus obligaciones la tarea de mantener un contacto fluido y permanente con los distintos actores de la sociedad civil, así como la de crear tejido social, y participar e impulsar los distintos movimientos que, en el ámbito de actuación correspondiente, estén en sintonía con los planteamientos de PODEMOS”. (Estatuto organizativo, 2015:35-36)

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? Tras Vistalegre, Podemos buscó constituir una máquina de guerra electoral al mismo tiempo que alimentaba la noción de partido-movimiento para conectar con el descontento proveniente del 15M. La necesidad de un centralismo y la utilización de conceptos como participación o sociedad civil recordarían a un “leninismo amable” como el propio Juan Carlos Monedero lo llamaría. Vistalegre 1 no estuvo privada de errores sin embargo, la permanencia del poder en los ciudadanos y los círculos, permitiría que los inscritos participen en los momentos de mayor tensión mediante diversas consultas4, garantizando una organización plural en momentos de batalla política-electoral.

Diciembre 2015 El éxito de Podemos ayudaría a enviar un mensaje de renovación política bastante similar a lo que se reclamaba en el imaginario Indignado. En enero de 2015, la marcha del cambio sería una demostración de fuerza política “vinculada a la visibilización pública de la voluntad que asume Podemos de presentarse como instrumento fundamental para el cambio político en nuestro país” (Iglesias, 2017:12). Con ella se rompió la disociación entre movilización y política, provocando un salto cualitativo al mostrar la nueva fuerza que emprendería el ajetreado ciclo electoral del 2015. (Errejón, 2015: 86) Como muestra de su éxito, sólo haría falta ver la respuesta de la casta y la serie de ataques que esta demostración tuvo, llegando al punto de ser comparada con la Marcha sobre Roma de Mussolini. Sin embargo, esto no sería un caso aislado. El miedo al avance del pueblo por parte de las elites, estaría presente en las campañas de descrédito del PP, el PSOE y los medios de comunicación que se intensificaría a lo largo del 2015 en vistas de las elecciones autonómicas y generales. La evolución de Podemos en las encuestas de ese año provocaría la preocupación de la dirigencia política. El resto de los actores políticos comenzaron un proceso de deslegitimación y crítica hacia el partido, el cual fue acompañado por el poder financiero, el cual alertaba sobre la inquietud que su ascenso generaría en las inversiones. Durante los primeros meses de 2015, muchos de los argumentos el PP y el PSOE provocarían el efecto contrario al deseado. Sus críticas se convertirían en apoyos a Podemos al permitir a su dirigencia manejarse hábilmente entre los argumentos sostenidos en los medios de comunicación. Mientras que partidos como el PSOE tuvieron que emprender un proceso de renovación interna profundo, desde las filas del régimen del 78 brotaría una reacción aún más destacada. La aparición a nivel nacional de Ciudadanos, provocaría un nuevo sismo en el escenario político al dotar a la derecha de un partido crítico a la vieja política, aunque con el apoyo de esta y del poder financiero. Siendo “una especie de Podemos de derechas”, como lo llamó el presidente del Banco Sabadell (El Periódico, 25/6/2014), Ciudadanos, provendría de la política catalana y se posicionaría como cuarta fuerza, tomando parte del imaginario Indignado, distinguiéndose de su adversario [Podemos] por su moderación, con la consigna del cambio sensato y viable.

4. Desde su constitución Podemos ha concretado 8 consultas acerca del accionar a seguir en determinados aspectos. https://podemos.info/consultasciudadanas/

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La consecuencia más importante de la aparición de este nuevo actor no sería quitarle votos a Podemos sino, “desafiar nuestra posición como opción de regeneración y nuestro espacio en los medios de comunicación. Ahora existe otro partido de «cambio», que presenta características muy diferentes” (Iglesias, 2015b:34).. De cara a las elecciones de diciembre, Podemos no llegaría a las elecciones como un partido más. Dispuestos a dar el salto definitivo y tomar el poder se presentarían a las elecciones de diciembre con Pablo Iglesias a la cabeza. Siendo la primera vez que se participaba de las mismas, el resultado superaría ampliamente las expectativas de las encuestas que, desde septiembre lo situaban como cuarta fuerza, a veces por debajo del 14% de los votos. Sin embargo los resultados superaron el 20,5% y se mejorarían los resultados de todas las autonomías excepto Aragón. En Comú Podem (ECP) fue la primera fuerza política en Cataluña y lo mismo sucedió en el país vasco donde se ganó con el 26% de los votos. Los 69 diputados obtenidos frente a los 90 del PSOE y los 40 de ciudadanos posicionarían a Podemos en un lugar trascendente a la hora de armar el nuevo gobierno. El ganador de las elecciones, el PP obtuvo 123 bancadas, 60 menos que en 2011, siendo sus peores resultados desde 1989, mientras que el PSOE obtuvo su peor resultado desde la Transición (22%) y Ciudadanos, que había llegado encabezar las encuestas, no llegó al 14%.(Iglesias, 2017: 13)

Capítulo 3: Podemos en acción: la propuesta electoral y “el bloqueo” El 15-M había dado el puntapié inicial para que distintos reclamos latentes en la sociedad cobraran relevancia pública. Entre ellos se destacarían, las mareas en defensa de la educación y la sanidad pública, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y las Marchas de la Dignidad5. Sin embargo, la limitada recepción de un contexto institucional poco dispuesto a articular los discursos provenientes de las plazas, terminaría dando lugar a una crisis orgánica que pondría en discusión el modelo heredado de los pactos de la Transición. En ese contexto, la agrupación liderada por el docente universitario devenido en conductor televisivo, Pablo Iglesias, aparecería con un discurso articulador, cuyo objetivo sería construir una nueva mayoría que discutiera el predominio político del PSOE y el PP. El veloz crecimiento de esta construcción hegemónica, provocaría un “bloqueo institucional”, debido a que ninguna fuerza lograría la mayoría para conformar gobierno tras las elecciones generales de diciembre de 2015. En dichos comicios, la pérdida de votos de los dos partidos tradicionales, con respecto a las elecciones de 2011, provocaría una situación de inmovilismo gubernamental, solo destrabada un año más tarde tras una repetición del proceso electoral. En vistas de nuestro trabajo, será de vital importancia analizar el desempeño de la fuerza política liderada por Pablo Iglesias durante el período que durarían las conversaciones en el parlamento (el bloqueo). 5. Las mareas blancas, verdes y rojas son los nombres de los colectivos ciudadanos y movilizaciones organizadas en España a partir del año 2011 ante los recortes en los ámbitos de sanidad, educación e investigación, impulsados por el gobierno nacional.

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? Ante el electorado, Podemos se mostraría como la fuerza del “cambio”. Este se caracterizaría por apostar a una política económica más soberana, redistributiva y crítica con el modelo alemán, mientras se apuntaba a recuperar derechos sociales básicos que los españoles reclamaban. A su vez, impulsaba una reforma del sistema electoral, la protección del medio ambiente, la igualdad de género y el respeto por el carácter plurinacional español. Estas propuestas podían verse en el documento presentado de cara a las elecciones del 20 de diciembre, donde la agrupación enunciaría los pilares de su plan de gobierno (Podemos, 2015). En él se retomarían los principales reclamos de los Indignados, buscando alcanzar una real democracia, no sólo política, sino también ciudadana, económica, social e internacional. El cambio emprendido por Podemos buscaba articular a todas aquellas personas interpeladas por el 15-M, como así también a los desilusionados por otras fuerzas. A pesar de los buenos resultados electorales, donde Podemos se ubicaría tercera a nivel nacional, la distribución de las fuerzas no permitiría el esperado empate entre quienes sostenían el cambio y aquellos partidarios de la restauración. La imposibilidad de alcanzar el poder por sus propios medios, haría que Iglesias se acerque al PSOE con el objetivo de conformar gobierno junto a otras agrupaciones progresistas. El acuerdo debía llevarse a cabo siempre y cuando se relegara a Ciudadanos, con el cual el PSOE había consensuado, tiempo antes, el accionar conjunto en el parlamento6. En el documento “20 PROPUESTAS para desbloquear la situación política y posibilitar un Gobierno de cambio” (Podemos, 2016, Anexo N°1) se rechazaba suscribir el pacto firmado entre el PSOE y Ciudadanos y se presentaba a ambos una contraoferta que dinamitaría la negociación. Entre los apartados, Podemos incluía “la aceptación del derecho a decidir en aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad” (Podemos, 2016:14), lo que se interpretaba como un guiño al referéndum en Cataluña (contrario al nacionalismo español de Ciudadanos) y la conformación de un Gobierno de coalición entre distintas fuerzas de izquierda, apartando deliberadamente al partido de Albert Rivera7. Luego de la presentación de dicho documento, las reacciones por parte de los representantes de los dos partidos no se harían esperar. Tanto Pedro Sánchez (PSOE), como el portavoz de C´s, declararían la imposibilidad de llevar adelante los aspectos solicitados por Iglesias, incompatibles con el pacto firmado entre ambas fuerzas.8 Por su parte, la dirigencia de Podemos, con el objetivo de lograr el apoyo interno necesario para rechazar el pacto tripartito (también llamado de los 199 por la cantidad de parlamentarios que terminaría componiéndolo en caso de alcanzarse un acuerdo) convocaría a consulta interna para decidir acerca de la posibilidad de conformar gobierno en base al pacto RiveraSánchez. Las bases de Podemos apoyarían en el referéndum la postura de su partido en el proceso de investidura. El 88% de los inscritos optarían por el “no”, dando asidero a la presentación de Iglesias días antes. En la misma consulta a su vez, se avalaría con el 91% de los votos la formula dispuesta en 6. Con la firma del Pacto Rivera-Sanchéz de febrero de 2016, el partido Ciudadanos se comprometía a apoyar la investidura de un candidato del PSOE, con el objetivo de alejar del poder a Mariano Rajoy, quien había obtenido, con su partido el PP, el primer lugar en las elecciones generales de 2016, pero sin alcanzar la mayoría para conformar gobierno. 7. Jurista y político español, presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía desde su fundación. 8. Mediante Twitter Rivera manifestaría: “Podemos confirmar lo que se esperaba: quería dinamitar el #AcuerdoReformas y vuelve a pedir la mitad del Gobierno con apoyo de separatistas” (Carvajal, 07/04/2016).

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el punto 20 del documento mencionado, respaldando un gobierno de coalición con “En Comú” y “En marea”. De esta manera, la dirigencia se cubriría ante un futuro llamamiento a elecciones al mismo tiempo que se disponía a un nuevo objetivo: robarle votos al PSOE de cara a las nuevas generales y atraer a UI. El diagnostico, sin embargo, pareció errado. Si bien, como manifestaría Monedero (2016), la propuesta de Podemos era audaz y coherente al obligar a tomar decisiones para solventar los problemas de la gente y permitir el objetivo de alcanzar el gobierno mediante unidad popular9, la imposibilidad de las pautas planteadas a los otros partidos y, la incapacidad de su dirigencia, llevarían a una debacle que culminaría con la pérdida de votos en las elecciones venideras. El propio Iglesias reflexionaría con posterioridad: “durante ese periodo sufrimos un desgaste notable, cometimos fallos…entre ellos, no haber sabido comunicar bien nuestra propuesta o no haber sabido hacer entender que íbamos en serio cuando planteábamos gobernar junto al PSOE” (Podemos, 2017:16). El día 26 de junio de 2016, y a medio año del 20-D, se darían en España nuevos comicios. En estos, el PP alcanzaría nuevamente la victoria, al obtener parte de los votos de Ciudadanos y de otros tantos que se habían abstenido en primera instancia. Para la fórmula Unidos Podemos, la agrupación de Iglesias junto a IU, los resultados rozarían el fracaso. Esta fuerza obtendría un millón cien mil votos menos que los que sumaban conjuntamente en diciembre, difiriendo de las expectativas creadas por aquellas encuestas que preveían su posicionamiento como segunda fuerza. Frente a la disminución de los votos, tanto del PSOE como del Ciudadanos, resulta interesante analizar cómo se dio la perdida de electorado por parte de Podemos, como así también sus fallas en la comunicación de sus propuestas durante esos 6 meses. Esto nos permitirá dar un primer acercamiento para entender como esta fuerza, surgida con el objetivo de “asaltar el poder” y “ganarle al PP”, poco a poco iría alejándose de sus votantes, y por qué no, del imaginario Indignado.

Podemos: un partido político más Según es posible analizar, teniendo en cuenta lo reflejado en artículos y entrevistas a participantes del 15-M, es imposible estudiar los vaivenes del electorado de Podemos, sin tener en cuenta el origen del movimiento. A pesar de que la dirigencia del partido se mostraría orgullosa del trabajo realizado en coalición con otras fuerzas progresistas y de su firme posicionamiento ante el PSOE, es posible observar en estos episodios cierta esquizofrenia y egoísmos dirigenciales, más aún si se tiene en cuenta el acercamiento a parte de las fuerzas “de la restauración” y los conflictos internos entre su dirigencia. Según lo explicado en el capítulo anterior, el partido había crecido bajo los auspicios del cambio proveniente del 15-M. Su crítica se basaba en deslegitimar a los partidos tradicionales por no representar los intereses de la población y su programa estaba sustentado en muchos de los reclamos del movimiento. 9. Para la entrevista completa consultar: https://www.elespanol.com/espana/20160124/96990312_0.html

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? “El éxito de Podemos en sus primeros tiempos, cuando se declaraba como un partido “antipartido”, se debió a que fue un calco político del 15M, que se expandía según el mismo patrón de proliferación de asambleas locales (círculos) y de replicación en redes” (Rodríguez,2016:3)10.

Sin embargo, con el correr del tiempo, sería posible observar un proceso de oligarquización de la conducción, al estilo de lo enunciado por Robert Michels, la cual poco a poco, se alejaría de los círculos y las bases. Con la presión por conformar un gobierno distinto al del PP, el electorado que llamaba construir transversalmente Errejón, observaría en la dirigencia de Podemos una forma de hacer política más similar al método tradicional, con una profesionalización de la misma, y con discusiones internas acerca de quién tenía más poder y cuáles eran los caminos a seguir para alcanzar la investidura, relegando a un segundo plano a sus miembros. Los conflictos en torno a la distribución de cargos y el futuro de la organización, generarían discusiones entre los miembros de éste partido. Entre estas, se destacarían las diferencias entre Errejón e Iglesias y el temprano abandono de la agrupación por parte de Juan Carlos Monedero, lo que sacaría a relucir la guerra de personalismos y el caudillismo dentro de Podemos. Al respecto, un miembro de Democracia Real manifestaría: “Es una pelea (la de Errejón e Iglesias) de dos críos por un balón. Todas las luchas de poder son infantiles. La madurez está en conseguir un consenso, entablar un debate, dejar de tener miedo por perder el control porque es la inteligencia colectiva lo que funciona. La estructura de Podemos no está democratizada y no se ha abierto a la participación directa. ” (Terrasa, 14/02/2017)

Esto, a su vez, contrastaría con la organización en red, propia del 15-M, el cual huía de la construcción de liderazgos personales fuertes, defendía una política horizontal y amateur, y buscaba incluir al mayor número de gente común, siendo un fin en sí mismo la concientización de los problemas que preocupaban a la sociedad. La “traumática reconversión de Podemos desde un movimiento con ideales y principios del 15-M a un partido que ahora es rehén del juego electoral y de la obsesión con el poder” (Carvajal, 30/04/2015) también se había manifestado en Vistalegre 1. Como comentamos, en esta Asamblea se habían dado divergencias entre quienes sostenían un partido “como maquinaria electoral” y aquellos quienes, más identificados con movimientos sociales de izquierda, habían reclamado mayor injerencia de las bases y una división del poder de las secretarías. Para subsanar los conflictos heredados de la formación de Vistalegre, se elegiría en abril de 2016, a Pablo Echenique como nuevo Secretario de la Organización. 10. Emmanuel Rodríguez es historiador, sociólogo y ensayista. Es editor de Traficantes de Sueños y colaborador de la Fundación de los Comunes. Su último libro es ‘¿Por qué fracasó la democracia en España? La Transición y el régimen de 1978’

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Como recordamos, este había tenido una postura disidente a la conformación que el grupo de Pablo Iglesias implementaría y, condicionaría su elección, a la aprobación de un plan de reforma democratizadora de la secretaría. Si bien no se puede dejar de reconocer que Podemos había logrado constituirse como una alternativa real a la política tradicional, basado en la osadía de sus dirigentes para dar un paso adelante y organizar de la nada un partido, en el camino al 26-J, la formación perdería más de un millón de votos. Las propuestas y los acercamientos realizados durante esos seis meses, terminarían por desdibujar un partido que había logrado canalizar la fuerza imparable de la ciudadanía pero terminó por ahuyentarla con sus errores. La idea de Errejón y compañía de cautivar el electorado disconforme con el PSOE, terminaría chocando con aquellos que, para “socialdemocracia”, votaban a una ya conocida. En un intento esquizofrénico, se acercarían al PSOE, mientras que lo atacaban y provocaban por su pacto con Ciudadanos y la presencia interna de sectores más afines al PP. La propuesta presentada y los vaivenes durante esos 6 meses parecieron demostrar que las proclamas de Podemos, muchas de ellas retomadas del 15-M, podían ser utilizadas como moneda de cambio, siempre y cuando, estas sirvieran para atraer mayores votantes de la socialdemocracia o, le permitieran participar del proceso de investidura como Gobierno. De esta manera, el partido terminaría por alejarse de sus promesas electorales, a la vez que se endurecía en su postura y sus discursos, cuando lo que la gente buscaba era detener las imposiciones y poder participar más de las decisiones. Relegaría la movilización de la ciudadanía y la militancia social, ADN de la formación, al igual que las primarias, las cuales perdieron peso en momentos de gran alboroto social por los hechos de corrupción, los conflictos en torno a los refugiados y los problemas en la política europea. (Torres López, 2016) Podemos, “se equivocó no solo en la lectura de la situación sino también en el modo de transmitir su posición, al hacer una interpretación masculina, agresiva, competitiva y tacticista de la política […] quiso imponer a los demás su dinámica del cambio, sin darse cuenta de que la gente estaba harta de imposiciones y que en ese momento deseaba transigencia y negociación. Se equivocó en el modo de dialogar con la situación, con los demás partidos, le sobró radicalismo en la forma de hacer sus propuestas cuando las que hacía estaban más descafeinadas y eran menos radicales que nunca” (Torres López, 2016:5)

Chris Ealham, especialista en movimiento obrero y anarquismo español y catalán sostendría: “Veo el gran problema de Podemos en que, efectivamente, ha expuesto las críticas sobre la política actual y ahora están dentro del mismo sistema político de antes. Ahora está con Izquierda Unida. Podemos ha llegado a tener un pacto con una parte de la casta, o lo que era la casta de antes. Me parece que [Podemos] se está convirtiendo en otro partido político” (Martínez, 2016:9).

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? Podemos y sus propuestas Durante los acampes en La Puerta del Sol y Barracón, sería frecuente observar buzones de cartón donde los presentes colocaban sus ideas, sus reclamos y propuestas, acerca de lo que debería ser mejorado para que la población vuelva a sentirse representada por el sistema político y sus funcionarios. El objetivo era “transformar la indignación en propuestas”, mediante urnas en las cuales cada papel contaba con igual relevancia que el anterior, y no existía presión sobre que podía reclamarse y sobre que no. Las ideas serían trasladadas a un documento, presentado públicamente en la plataforma “Toma la plaza”. En el texto se encontraban propuestas de todo tipo. La mayoría apuntaban a cuestiones políticas, destacándose la eliminación de los privilegios para los funcionarios. En orden, le seguirían aspectos relacionados a la economía, el medioambiente, la educación, el bienestar social, la organización interna del propio movimiento y la cultura. A pesar de este trabajo, el documento no tendría gran trascendencia y los partidos tradicionales continuarían achacando la inexistencia de un proyecto que buscara llevar a cabo esas propuestas. La necesidad de trasladar todo lo sucedido allí a las instituciones, crearía la ilusión de que Podemos podía llegar a ser el partido político que 45 papeletas habían sugerido. Muchas eran las voces que alentaban esta teoría. La necesidad de un canalizador institucional de los reclamos de los Indignados, parecía haber encontrado su respuesta con la aparición del esta agrupación. Si bien, tanto Errejón como Iglesias, declararían la imposibilidad de la existencia de un partido del 15-M, y alentarían más la idea de una organización que tomaría parte del espíritu de cambio que él mismo representaba, el accionar y las propuestas de la nueva formación política pronto serían asemejadas a lo transcurrido en las plazas. En primer lugar, teniendo en cuenta que la mayoría de las papeletas hacían hincapié en la eliminación de los privilegios de los políticos, entre ellos el fin de los aforamientos, la reducción de salarios y los sueldos vitalicios, la aparición de un partido cuyo principal discurso sería la lucha frente a “la casta” acabaría por identificar a la formación liderada por Iglesias con el 15-M. Efectivamente, como mencionamos anteriormente, el surgir como un antipartido y antitodo lo que la política tradicional representaba, permitirían a Podemos obtener el éxito inicial. Una vez logrado el acceso a las instituciones en las elecciones europeas del 2014, Pablo Iglesias declararía que solo cobraría un salario correspondiente a tres veces el mínimo en España. Con respecto a los sueldos del resto de los funcionarios de Podemos, estos podrían ser cotejado en el portal público https://transparencia.podemos.info/cargos-publicos/ y se renunciaría a los privilegios parlamentarios de la Cámara Baja11, al igual que las ventajas en tribunales, las cuales serían avaladas solo en el caso en que estén relacionadas con la actividad política. (Podemos, 2015:177) En segundo lugar, en cuanto a responsabilidad política, 120 papeles reclamaban que los partidos se hagan cargo de cumplir lo que prometían en campaña. Cansados de los extensos programas (eran 11. http://www.expansion.com/economia/politica/2016/01/04/568a2e4a22601d58368b4588.html

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unas 1000 páginas entre todos los programas de los partidos en 2011), los Indignados reclamaban que lo propuesto tenga sentido. En el apartado “Democracia, transparencia y lucha contra la corrupción”, Podemos colocaría como primer punto los “Revocatorios por incumplimiento del programa electoral”, habilitando la posibilidad de que, en caso de incumplimiento del mismo, el Presidente del Gobierno llame nuevamente a elecciones. (Podemos, 2015:157) Con respecto al asunto de la corrupción, la trama de escándalos revelados, que involucraban tanto al PSOE como al PP, produjo el aumento considerable de la relevancia de esta temática en la opinión pública. Si bien al comienzo del proceso de indignación, la malversación de fondos y los favores políticos representaban solo el 5% de la elección de la ciudadanía como el gran problema español, hacía fines de 2014 este valor ascendería al 64%. En las plazas, casi como una premonición, e influenciados por las políticas de salvataje de los bancos que los políticos habían emprendidos, casi 500 propuestas harían referencia a la devolución del dinero robado, el mayor control sobre el financiamiento de los partidos, y la relación con las instituciones que habían llevado a la quiebra económica.12 En relación a ello, Podemos se financiaría, en sus primeras elecciones, mediante crowdfunding, a lo que sumaría la colaboración periódica, los microcréditos y la tienda online. (Podemos, 2015:170-175) Una cuestión de gran relevancia en la opinión pública, sería el caso de las denominadas “puertas giratorias”, aquella práctica denunciada por el 15-M, de que los políticos y los banqueros se turnaban en sus posiciones, siendo funcionario quién anteriormente se desempeñaba en el ámbito privado y viceversa, representando un claro conflicto de intereses. En su propuesta número 238, Podemos promete cerrarlas constitucionalmente, a la vez que se prohíbe por 10 años, el ingreso de un ex funcionario público a una empresa del sector en el que haya tenido responsabilidades y prohibir de por vida que cualquier ex alto cargo pueda sentarse en el consejo de administración de una empresa del Ibex35.13 En tercer lugar, entre los aspectos económicos desencadenantes de las protestas del 15-M, mencionamos al desempleo, y principalmente, al paro juvenil. Los Indignados modificarían el discurso de clases, con las plazas llenas de personas de distintos estratos, pero que se manifestaban frente a un sistema que los había confinado a la subsistencia y las pocas oportunidades. La posterior utilización de los conceptos de “gente” o “pueblo” frente a “la casta”, permitiría a Podemos aunar las voces de quienes veían a los de arriba como los culpables de la situación económica en la que se encontraban y le daba el impulso necesario para su construcción contra-hegemónica basada en las transversalidad. En su plataforma electoral, este partido se comprometería a llevar adelante una reindustrialización y una diversificación productiva, centrados en un aumento de la competitividad basada en la mejora de la calidad de los productos, gracias a mayor inversión en investigación y desarrollo. Para ello, se comprometería a derogar las reformas laborales del PP y el PSOE, que apuntaban a un abaratamiento de los costos por operario y habían producido el auge del empleo temporal en España. (Podemos, 2015:63) 12. “Ladrones, corruptos, esto es un insulto”, “Con corrupción la revolución” o “Político y banquero, reparte tu dinero”, eran las proclamas de la calle. 13. Propuesta presentada en septiembre de 2016, y mencionada en http://www.eldiario.es/politica/Podemos-puertasgiratorias-Pleno-Congreso_0_563443712.html

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? Por otro lado, en las “20 propuestas” presentadas al PSOE en el intento de acuerdo que se dio en el año 2016, Podemos hacía mención a una renta garantizada para todos los hogares que se encuentren por debajo del umbral de pobreza acompañado, a su vez, por una modificación en los valores del salario mínimo. Estos reclamos se habían repetido en 53 papeletas en las que los Indignados pedían el aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). En su plataforma electoral para el año 2015 Podemos se compromete a: “Incrementar de forma gradual el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, para asegurar posteriormente la convergencia con el 60% del salario medio que establece la Carta Social Europea. De este modo, al final de la legislatura dicho salario se situará en un mínimo de 950 euros al mes” (Podemos, 2015:62)

En base a ello, se propone una renta diferencial que permita alcanzar el umbral mínimo de pobreza, de acuerdo a los ingresos mensuales de la persona o la familia. En cuarto lugar, uno de los reclamos más significativos del 15-M, y de los colectivos que se encontraban dentro de él como la Plataforma Anti Hipotecas, era el de la suspensión de los desahucios. Estos serían la cara más visible de los créditos otorgados con cláusulas leoninas a los sectores de menores recursos por parte de los bancos, quienes además de ser salvados por el Gobierno, se disponían a echar a las personas de sus hogares, y aun así, reclamar el pago de la deuda. “Frenar los desahucios se convirtió en un reclamo social que se materializó en la que fue la propuesta más firme, auspiciada por la PAH: la dación en pago. La medida, que apareció un centenar de veces en los buzones de Sol y que recogen otras legislaciones europeas, supone que, en los casos de residencia habitual y deudores de buena fe, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la deuda queda liquidada” (Ruiz Castro, 2016)

A pesar del “derecho a la dación en pago”, presentado por Podemos (2015) en su documento pre electoral, y la posterior aprobación de la Ley de 25 de Emergencia Social en el Congreso por iniciativa de este partido, se le criticaría la incapacidad de esta fuerza para tratar el verdadero problema de fondo: la ilegalidad del desahucio y de los créditos hipotecarios otorgados bajo términos engañosos. En quinto lugar, en lo relativo a la salud y a la educación, el reclamo de los Indignados por sanidad e instrucción pública y gratuita se repetiría más de 200 veces en las urnas, respectivamente. Las posteriores mareas blanca y verde en defensa del Estado de Bienestar, mantendrían la vigencia de la lucha por los servicios públicos, identificados como fundamentales para la Democracia Social. A pesar de ello, el Real Decreto Ley de salud y la Ley Orgánica para la Mejora de Comunidad Educativa (LOMCE) aprobados por el Gobierno de Rajoy irían en contra de dicho movimiento, favoreciendo la privatización de los servicios. Frente a esta situación, Podemos se comprometería a derogar ambos, asegu-

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rando el acceso universal a la tarjeta sanitaria, y un aumento de los presupuestos destinados a estos sectores. (Podemos, 2015:75-77) Por último, y como sostendría Castells, “Si tuviéramos que identificar un objetivo unificador del movimiento, éste sería la transformación del proceso político democrático. Uno de los temas más populares era la reforma de la ley electoral” (Castells, 2012:140). La propuesta buscaba modificar diversos puntos de la situación vigente. Entre ellos se destacaban, la posibilidad de que los partidos menores obtengan mayor representación en el Congreso, la apertura del sistema de partidos y la mayor democratización del proceso de toma de decisiones a la ciudadanía. La aparición de Podemos, junto a la posterior irrupción de Ciudadanos, marcarían el fin del bipartidismo denunciado por gran parte de los presentes en la plaza. Efectivamente, tras la crisis y camino a las elecciones presidenciales de 2015, en España existirían 4 fuerzas que se disputarían el poder. Pasados los comicios, Pablo Iglesias sostendrá: “El régimen ha perdido una de sus condiciones ideológicas de posibilidad: el reparto simbólico de posiciones y de papeles entre un gran partido de centro-derecha y un gran partido de centro-izquierda. Cualquiera que siga los debates parlamentarios, sabe que quienes han ocupado de manera natural el espacio político de alternativa ideológica, cultural, programática y de Gobierno al PP han sido Unidos Podemos y las confluencias” (Iglesias, 2017:19)

En cuanto a la ley de reforma electoral, en las pasadas elecciones todos los partidos, excepto el PP, la tratarían en sus programas. En el caso de Podemos, se proponía la igualdad del peso del voto de todos los ciudadanos y crear una circunscripción autonómica para la elección de los Diputados, asegurando que abrirían el debate para discutir cualquier otro aspecto del sistema. (Podemos, 2015:159) Por su parte, en alusión a la participación ciudadana, los Indignados se habían cansado de ser “invitados a la fiesta solo una vez cada cuatro años”. Como sostendría el manifiesto de DRY: “Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo” (Plataforma Online Democracia Real Ya)14. Entre las propuestas presentadas al PSOE, Podemos daba pié a la realización de un referéndum para solucionar el asunto en Cataluña mientras que, proponía en su programa someter a consulta ciudadana la participación de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales. A su vez, proponía flexibilizar las condiciones para que se lleven adelante la Iniciativa Legislativa Popular, disminuyendo sus estrictas condiciones e incentivando otras formas como el ya mencionado referéndum revocatorio (propuesta 225), el escaño ciudadano (227) o los procesos deliberativos populares (226).

14. Durante el 2011, cuando en las plazas, el consenso y la reunión en asamblea resurgían la institución del referéndum, al interior del Parlamento se aprobaría modificar el artículo 135 de la Constitución sin consultar a la población.

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles? Conclusiones del partido-movimiento A pesar de los claros errores transcurridos desde su fundación, el partido liderado por Pablo Iglesias ha logrado posicionarse en la escena pública como aquel que lleva adelante parte de las propuestas de los Indignados, si bien no busca ser el partido de los mismos. Mientras que su defensa de los derechos básicos, la lucha contra la corrupción y la transparencia en la política, y la ruptura del bipartidismo han sido aspectos destacables del rol de este nuevo partido, los inconvenientes referidos a la perdida de horizontalidad al interior del mismo, la lucha de egos y personalismos y la poca flexibilidad de su dirigencia lo han llevado a ser catalogado como un partido más. Para entender la problemática en la que Podemos se encuentra, debemos entender que este se constituyó, según lo que sus mismos referentes declaran, en torno a la teoría de la hegemonía, mediante la cual buscó articular, tras un discurso innovador, una amplia mayoría que permitiera construir una realidad contra hegemónica al régimen vigente. “El éxito de la “hipótesis Podemos” no sólo se refleja en sus resultados electorales, sino en que ha cambiado ya gran parte de la disputa política en España, revitalizando la esfera pública, renovando el lenguaje y otorgando una importancia central a la batalla por el relato” (Errejón, 2016:3-4).

Desde su creación, la concepción partidaria mezclaría las nociones de partido-movimiento, de manera tal de configurarse como un catalizador de la energía social existente tras el 15-M, tomando las insatisfacciones presentes y convirtiéndolas en un cambio cultural y político. Para este nuevo relato, la formación apuntaría a una batalla que comenzaría con el salto a la escena pública en las elecciones europeas y continuaría con las elecciones municipales y generales de 2015, donde auguraban un rápido ascenso hacia el poder según las encuestas y los escritos de sus dirigentes. Con la “maquina electoral”, producto de Vistalegre 1, se lograrían resultados sorprendentes en ciudades como Barcelona o Madrid, a la vez que se constituiría como la principal fuerza opositora de los partidos tradicionales de cara a las presidenciales de finales de 2015. Tras ellas, a pesar de los intentos por alcanzar acuerdos con otras fuerzas y lograr la investidura de las “fuerzas del cambio”, sus propios errores, consecuencia de la inexperiencia y las rivalidades al interior del partido, terminarían por alejar a parte del electorado, que ya no se encontraba tan interesado y cautivado por sus propuestas, sino que buscaba un partido innovador y más democrático, algo de lo que Podemos cada vez se alejaba más. Si bien se buscaba canalizar las propuestas del 15-M, las actitudes a lo largo del proceso electoral de 2015 y 2016, despertarían ciertas críticas entre un parte de la población que había visto al partido liderado por Pablo Iglesias como una alternativa a la política tradicional. La conflictividad interna de este tipo de formaciones produciría que al momento de poder alcanzar la investidura, Podemos pierda apoyos entre sus votantes, relegándolo a un tercer puesto que lo alejaría de la posibilidad de ser la oposición del denominado “cambio”, frente a los partidos del régimen tradicional.

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Sin embargo, a pesar de este proceso, denominado “ley de hierro de la oligarquía”, encontramos ciertos instrumentos que permanecerían vigente en el programa de Podemos, como las consultas populares y las votaciones mediante las cuales sus miembros deciden acerca de cuestiones claves, que permiten ubicar a este partido como distinto al resto. Por otro lado, es necesario destacar el gran salto que la formación logró a nivel nacional, alcanzando el gobierno en ciudades muy importantes como Barcelona y Madrid, e inaugurando políticas progresistas en estos municipios denominados “ayuntamientos del cambio”. Una vez en el poder, se ha podido percibir como el resto de sus propuestas, como la transparencia, las rebajas y las donaciones de sueldo, o las políticas referidas a los desahucios y financiación de servicios sociales, han sido implementadas mediante acciones concretas. En este último punto es necesario, entonces, destacar la factibilidad de que Podemos haya trasladado a la arena política parte de los reclamos de los Indignados, en especial en cuanto a economía social y democracia política. De esta manera, la participación electoral de un partido atravesado permanentemente por la tensión entre organización política y movimiento ha permitido que parte de la sociedad se sienta representada por primera vez políticamente, hecho que despertaría nuevas esperanzas en la sociedad española.

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Democracia y actores no institucionalizados. Podemos, ¿el partido político de los Indignados españoles?

El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento Privatizaciones. Rol del sindicalismo del régimen de convertibilidad Caso analizado: Foetra en la Argentina Raúl Irigaray Cátedra de Administración Pública Facultad de Ciencia Política y RR.II. Julián Zícari U.N.R. Economista e historiador. Magíster en Historia Económica. Docente universitario. UNDAV - UBA - CONICET. sanlofas@hotmail.com

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Julián Zícari

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo indagar el contexto sociohistórico en el que se decidió dar nacimiento a la Ley de Convertibilidad en la Argentina durante 1991. Para hacer ello, primero se abordará el tramo final de la gestión económica de Erman González y el complejo contexto económico y político padecido. Luego, se abordará la situación política que encontró Domingo Cavallo al asumir el Ministerio de Economía y las opciones con las cuales contaba para estabilizar las turbulencias que afligían al mercado cambiario. A continuación se dará cuenta del contexto de recepción inmediato al lanzamiento de la Ley de convertibilidad. Finalmente, se cerrará el trabajo con algunas conclusiones al respecto. Palabras clave: Convertibilidad – Menemismo – Cavallo – Peronismo

Abstract

This study aims to investigate the sociohistorical context that allowed to give birth to the Convertibility Law in Argentina during 1991. To do this, first the final leg of the economic management of Erman Gonzalez will address the complex economical and political context suffered. Then the political situation Domingo Cavallo found to assume the Ministry of Economy and the choices which had to stabilize the turbulence afflicting the foreign exchange market will be addressed. Then you will notice immediately the context of the launch of the Convertibility Law reception. Finally, this work with some conclusions on the matter will be closed. Keywords: Corrency Board – Menemism – Cavallo – Peronism

Julián Zícari, “El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina”. Cuadernos del Ciesal. Año 15, número 17, enerodiciembre 2018, pp. 80-104.

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina Introducción. El lanzamiento de la convertibilidad como una decisión crucial El nacimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina fue un suceso de hondas consecuencias en la historia reciente del país, tanto por las implicancias económicas que produjo como por las políticas. La irrupción de dicha medida señaló un notorio cambio en las dinámicas previas y logró instaurar nuevas lógicas, permitiendo especialmente que la situación económica pudiera estabilizarse y el proceso inflacionario lograra ser controlado. En este sentido, vale la pena tener presente que tras el regreso del peronismo al gobierno en 1989, la situación interna del país era la de un virtual colapso, con una situación hiperinflacionaria sumamente violenta que provocaba un fuerte descontrol de las variables y en la que dicha crisis asolaba los ámbitos políticos, económicos e institucionales, como además encontraba frente a sí un Estado en franco retroceso y con debilidad en sus funciones, sobre todo en el ejercicio de autoridad. Empero, a pesar de los diferentes vaivenes sufridos inicialmente por el gobierno de Menem, tras el lanzamiento de la convertibilidad la situación pareció finalmente ser controlada y revertir el ciclo de expectativas pesadumbrosas y de incertidumbre hacia el futuro por uno nuevo de expectativas positivas. Es decir, la decisión de lanzar el régimen de convertibilidad fue un verdadero parteaguas del accionar gubernamental, algo que en el sentido del politólogo Norman Schofield puede llamarse una “decisión crucial”. En efecto, para Schofield (2006) frente a contextos turbulentos de crisis, en las cuales no se logran establecer puntos de equilibrios sociopolíticos capaces de estabilizar la dinámica de los procesos, los líderes políticos se enfrentan con diferentes tipos de dilemas determinados por los rasgos de las crisis que atraviesan y el contexto de su emergencia (alcance de los desequilibrios con vistas a los actores, esquemas, instituciones, opciones, riesgos, etc.). Así, frente a las situaciones inestables, con marcos de creencias y expectativas espiraladas o descontroladas, los líderes políticos cuentan con una serie de opciones y alternativas de distinto tipo para intentar cambiar las dinámicas previas y reencauzar las situaciones llevándolas a nuevos equilibrios sociopolíticos e institucionales: nuevos puntos de equilibrio que sean perdurables en el tiempo y capaces de estabilizar las creencias en las nuevas pautas surgidas de las decisiones cruciales tomadas –llamadas por Schofield creaciones de nuevos coures institucionales-. En este sentido, creemos que el contexto de surgimiento del régimen de convertibilidad parece adaptarse a estas pautas. Puesto que a la feroz crisis económica heredada por Menem tuvo varias características a destacar. Por un lado, porque el camino surcado inicialmente para sortear la crisis final de la década de los 80 fue sorpresivo, ya que la fórmula elegida para capear el temporal no fue retornar a los esquemas básicos del peronismo tradicional (con un programa económico mercadointernista apoyado políticamente en un modelo estatista), sino que más bien se tendió a abrazar el polo opuesto de su tradición: en lugar de realizar un viraje nacionalista, se sostuvieron los esquemas liberales a ultranza, que apuntaron tanto a abrir la economía y a privatizar las empresas del Estado como a reducir la intervención de éste. Por su parte, los protagonistas de esta transformación no fueron ni las masas ni los sindicatos como en otros tiempos, sino que aquí también existió un severo cambio de alianzas: los actores privilegiados de interlocución gubernamental pasaron a ser los grandes empresarios, los organismos financieros internacionales y el capital extranjero. Así, e igualmente a todo ello, una vez puesto en marcha el peronismo en su versión neoliberal el camino resultó mucho más costoso que lo inicialmente vislumbrado. Menem tras asumir en medio de un

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estallido hiperinflacionario, a los seis meses de haber comenzado su gobierno se encontraría con otro colapso económico que volvió a demostrar lo indómito que era el proceso, desatando un segundo episodio hiperinflacionario. A su vez, casi un año después de este segundo estallido, las turbulencias económicas volvieron a encender las señales de alarma al comenzar 1991, presagiando la llegada de un tercer brote hiperinflacionario. Es decir, a pesar del abrupto cambio de banderas y alianzas, y del alto costo político pagado por ello, Menem no había logrado hasta ese momento resolver el desafío capital de estabilizar la situación. Por ello, la situación sugería que el gobierno iba a perder su primer test electoral en septiembre de 1991 como además se vislumbraba también que no podría mantener al peronismo unido detrás de sí por mucho más tiempo. Sin embargo, con la llegada de Domingo Cavallo al ministerio de Economía durante esa misma coyuntura y el lanzamiento de la convertibilidad, la situación en muy poco tiempo se pudo revertir: El peronismo logró ganar a la postre las elecciones de ese año, el sistema de precios se estabilizó y el horizonte futuro se logró consolidar en vistas de las expectativas positivas que configuró la convertibilidad. Por lo que esta media se volvió una verdadera “decisión crucial” para el gobierno, representando un nuevo punto de equilibrio sociopolítico difícil de negar. En vistas a estas puntualizaciones, este trabajo intentará recomponer el contexto histórico-político del surgimiento del régimen de convertibilidad que nos permita entender por qué lanzar dicha medida fue una decisión crucial de acuerdo con la definición de Schofield. Para ello, primero abordaremos el tramo final de la gestión económica de Erman González al comenzar 1991. Luego, se dará cuenta de la llegada de Domingo Cavallo al ministerio de Economía, las opciones que éste tuvo, los diagnósticos y el plan de acción que representó establecer el tipo de cambio fijo de la convertibilidad. A continuación se reconstruirá el contexto inmediato del lanzamiento de la convertibilidad para evaluar cómo fue recibida la misma por muchos de los actores económicos y políticos. Finalmente, se cerrará el trabajo con algunas conclusiones al respecto.

El final de la gestión de Erman González. Un tiempo turbulento que presagiaba un futuro sombrío Erman González tomó el relevo de la cartera económica en diciembre de 1989. Esta llegada se produjo luego de que la gestión de Néstor Rapanelli, funcionario proveniente del grupo Bunge y Born, terminara en un evidente desastre económico, que derivó en una nueva disparada del dólar, corridas bancarias y otro pico hiperinflacionario que se prolongaría algunos meses más. De esta manera, se repetían las imágenes finales del gobierno de Alfonsín con un creciente desconcierto económico y un clima social enardecido que no dejó de lado tampoco –y una vez más- la realización de saqueos en el interior del país durante los meses de enero y de febrero de 1990. Bajo este panorama, la nueva gestión económica cambió de enfoque y decidió radicalizar las políticas liberales ortodoxas de forma cruda que ya había iniciado Rapanelli: liberalizó la mayoría de las variables (precios, tasas, dólar, etc.) y realizó duros ajustes a fin de que el convulsionado desorden económico desgastara toda su furia para lograr el más crudo “sinceramiento económico” posible, de modo de que a partir de ello se lograra comenzar un largo camino para estabilizar la situación. Luego de atravesar unos primeros meses su-

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina mamente adversos, la nueva gestión encontró sus primeros éxitos: el tipo de cambio se estabilizó, se logró un superávit externo y también fiscal y se apuntó a tener un estricto control de las cuentas del Estado, mientras que la inflación –si bien no se anuló- se redujo bastante (ver más adelante el gráfico 1). Con todo, ya a partir de la segunda mitad de 1990 y a pesar de la dureza de las medidas ortodoxas aplicadas por la gestión económica, el gobierno comenzó a encontrarse con algunas dificultades, sin lograr sortear un permanente círculo vicioso. En efecto, con su liberalización, el dólar se ubicó en niveles altos que permitieron un superávit externo y aportó dólares al país pese a que no se logró salir de la recesión, lo que generó dos efectos negativos que se reforzaron entre sí. Por un lado, el ahorro estatal se reportaba como insuficiente para comprar el excedente de dólares del mercado, y por otro, la escasa actividad económica empujaba hacia abajo a las importaciones. En ambos casos, se producía un descenso del dólar por falta de demanda, que al apreciarse perjudicaba a las exportaciones y sembraba especulaciones sobre su “atraso”, lo que hacía suponer en consecuencia que para solucionarlo tendría que producirse una devaluación. Además, la inflación inercial acumulada era otro factor que alimentaba la creencia de que el dólar subiría para no perder el valor de equilibrio logrado en el sistema de precios relativos, el cual se estaba distorsionando. Por último, también comenzaron a ser esperadas subas de impuestos o reactualización de tarifas de los servicios públicos para sostener el superávit operativo del Estado, cada vez más escaso. Así, ante cualquiera de los escenarios considerados (reajuste de precios, atraso cambiario, suba de impuestos o las expectativas de los mercados), la solución siempre despertaba la misma perspectiva: el dólar subiría y sería la variable de ajuste, la cual relanzaría la dinámica entre precios, salarios, déficits e inflación una vez más. Por lo cual, las medidas ortodoxas eran recesivas, aunque cuando intentaban recuperar el pulso de la actividad económica lo hacían al costo de sacrificar los esfuerzos fiscales que debían ser su piedra de toque, con lo que la gestión económica no encontraba salida ante este círculo. Por su parte, hasta diciembre de 1990 el Banco Central había logrado incrementar sus reservas empero las principales herramientas con las que había operado para apaciguar a los mercados fueron los contratos a futuro y los redescuentos, herramientas crecientemente onerosas para el fisco, lo que implicó que fuera abandonadas. Así, la abrupta suspensión de su uso llenó de intranquilidad a los mercados –sumada a las especulaciones sobre el atraso del dólar y algunos anuncios de González-, lo que dio por hecho que se produciría un nuevo ajuste vía dólar. Por todo ello durante diciembre las variables económicas comenzaron a ganar velocidad y encender las alarmas nuevamente. Desde el equipo económico se entendió que la situación no se volvería preocupante, porque según González “la inflación prácticamente se dominó y se alejaron todas las perspectivas de un nuevo rebrote inflacionario” (Ámbito Financiero 02/01/1991). Sin embargo, frente a la burbuja especulativa descripta, el dólar se disparó en enero un 30% y aumentó en febrero otro 37% más. Por lo que, de promediar los 4.500 australes en diciembre de 1990, la divisa pasó a tocar los diez mil australes a fin de enero, lo que nuevamente aceleró la inflación de golpe e hizo presagiar la llegada de otra híper1. Del mismo modo, 1. El presidente del Banco Central de aquél momento, Javier González Fraga, explicó: “Los hechos sucedieron así. Enero abrió con un mercado tranquilo, pero Erman anunció, para satisfacer a los exportadores, que sería bueno que se devaluara el austral a ₳6.000, lo que ocurrió espontáneamente, a pesar de mi posición respecto del mencionado anuncio. Después vinieron las dificultades de enero por las movidas de piso de [los ministros] Dromi y Cavallo, y la tercera semana ya era un secreto a voces que Eduardo Menem había dejado entrever que el próximo ministro de Economía era Cavallo, que haría

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la tensión en los precios, la suba del dólar y de las tasas de interés, sumados a la recaudación fiscal que evidenciaba ser menor a la esperada, dejaron al Estado con menores recursos todavía para enfrentar la coyuntura. En este contexto, la gestión de Erman González se dio por agotada y el ministro renunció, porque no deseaba tener una batalla con los mercados por el valor del dólar que implicaría sacrificar reservas para defender su credibilidad2. Así la economía quedó frente a un nuevo impasse. En este sentido, es preciso tener presente que al momento de realizarse las elecciones presidenciales en mayo de 1989 el dólar costaba cien australes. Cuando el grupo Bunge y Born dejó el gobierno en diciembre de ese año, el valor ya estaba por encima de los mil. Erman González comenzó sus días como ministro con un dólar que en poco tiempo se había multiplicado casi por cinco, aunque luego pudo calmarlo transitoriamente. Y sin embargo, para el momento de su salida del ministerio de Economía la divisa ya había tocado los diez mil australes. Esta historia señalaba muy bien la lógica económica perversa de stop and go suscitada, pero ya no en una clave de desarrollo industrial como había padecido la Argentina durante las décadas del 50 y el 60 del siglo XX, sino que ahora se refería a un ciclo cambiario y financiero que no sólo dictaminaba la coyuntura económica, reflejando “el ánimo de los mercados”, sino también terminaba por definir las relaciones políticas y la correlación de fuerzas existentes con los actores socioeconómicos, sin lograr establecer algún tipo de equilibrio entre las variables o generar el suficiente consenso político-económico. En ése momento el “termómetro del dólar” parecía ser mucho más que una simple variable cambiaria. Como vemos, hasta principios de 1991 el horizonte general del gobierno no se había consolidado, sino al contrario. A pesar de lo que después (y retroactivamente) pareció, en ésa coyuntura todavía parecía estar muy lejos de haber alcanzado la calma o siquiera la paz en los mercados. El episodio de un nuevo estallido en enero así lo demuestra. Este, vale la pena recordarlo, fue por un intento de corrida contra el gobierno, del que no se creía que pudiera controlar la situación, por lo que debería devaluar más allá de lo prudente. Así, sus zigzagueantes caminos entre prueba y error parecieron acercarlo a un nuevo desastre. Se habían implementado ajustes drásticos, despidos masivos, cambios de alianzas sociopolíticas fundamentales, aunque sin obtener resultados concretos: el estancamiento y los recurrentes picos hiperinflacionarios todavía subsistían. Ya se hablaba de un dólar próximo cercano a los veinte mil australes, a producirse en un mes, y que una dolarización total de la economía sería inevitable como alternativa final (Ámbito Financiero 31/01/1991)3.

que el dólar alcanzara a ₳ 10.000 y ahí empezó la corrida cambiaria”. Entrevista en Ledesma (2010, p. 254). 2. Erman González, en su último reportaje antes de fallecer, relató cómo le trasmitió su renuncia a Menem: “[C]uando llegaba el momento en que la presión del mercado hacía que el dólar aumentara, yo le dije al presidente que me iba a retirar. Él me preguntó ´¿por qué te vas a ir?’, a lo que respondí: ´yo tengo la posibilidad de torcerle el brazo a los especuladores porque hay reservas suficientes para ganarle la pulseada al mercado. Pero no voy a arriesgar el esfuerzo que ya hicimos para reunir divisas por una pulseada. Por eso me voy a retirar´. Ahí es cuando vino Cavallo”. Entrevista en Ledesma (2010, p. 252). 3. La propuesta de realizar una dolarización total de la economía además de ser propuesta en esa coyuntura, fue realizada por el CEMA un mes después de asumir Menem. Ver Almansi y Rodríguez (1989).

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina Era la tercera vez en menos de dos años que una corrida cambiaria empujaba a la economía frente a una inflación acelerada, en la cual muchos vieron llegar una nueva híper4. Si bien cada una de ellas fue menos severa que la anterior, lo cierto era que continuaban produciéndose. Además, hasta ése momento Menem había tenido que utilizar la gran mayoría de sus cartuchos políticos y económicos sin poder obtener grandes resultados. Los sucesos de enero mostraban, en cambio, que estaba lejos de tener asegurada la situación, por lo que comenzó a quedarse ya sin pólvora para resistir virtualmente a futuras embestidas. Un mes antes de la corrida había tenido que enfrentar el levantamiento carapintada, el cual entre otras cosas se había propuesto revertir el programa económico de Menem, amén que las listas menemistas habían perdido las elecciones internas en Mendoza, Formosa y Entre Ríos (Ámbito Financiero 11/12/1990). Cuando el dólar se disparó en enero, el gobierno estaba enviando sus tropas a Irak a luchar en la guerra del Golfo, sumando en simultaneo los escándalos mediáticos productos del Swiftgate y las denuncias de corrupción. Aún con todas las maniobras anteriores, la adopción de un programa a favor del capital concentrado y el riesgoso cambio de ideologías producido, nada había asegurado la calma. Desde el gobierno empezaron a comentar que en su primer test electoral de los meses siguientes esperaban que “no le fuera tan mal como a los radicales en 1987” (Clarín 10/02/1991)5. La falta de certezas y de control estaba arrastrando a Menem al aislamiento, a la par que en las encuestas el apoyo comenzaba a desmoronarse prediciendo una importante derrota electoral6. Por su parte, ante el descontrol en que parecían hundidos el frente electoral y la economía, el frente político resultaba aún más complejo, dado que la propia coalición de gobierno mostraba grietas: el vicepresidente Duhalde, que era el único candidato peronista con el que se podría disputar dignamente la provincia de Buenos Aires según las encuestas, parecía dispuesto a hacerlo pero sin descartar competir por fuera de la lista oficialista (o incluso, contra ella) (Clarín 10/03/1991), mientras que el PJ en su conjunto mostraba dirigirse a una fractura interna sin retorno, tanto por el abandono de las banderas históricas del partido como por la falta de resultados encontrados: apenas unos pocos meses antes, en septiembre de 1990, se había producido la ruptura oficial del bloque de diputados del peronismo, cuando se creó el “grupo de los 8”, en alusión a los ocho diputados peronistas que rompían con el oficialismo y el cual encumbraría a “Chacho” Álvarez como figura política, y que sugería que este quiebre no sería el último ni el más peligroso que se pudiera dar. Un periodista comentaba la situación de manera sombría: “El peronismo se desintegra siempre […] la experiencia demuestra que 4. El mismo Menem una semana después de la renuncia de González tuvo que salir a desmentir: “acá no hay ninguna posibilidad de volver a la hiperinflación” (Ámbito Financiero 05/02/1991). 5. La comparación entre las elecciones de los peronistas para 1991 con las que tuvieron los radicales en 1987 fue un tema recurrente en aquél contexto. Ver por ejemplo Ámbito Financiero (13/02/1991) y Clarín (14/03/1991). 6. Menem se excusaba ante lo que parecía proyectarse como una clara merma de sufragios próxima: “no tenemos la mira puesta en [las elecciones de] septiembre, sino más adelante […] [porque]en aproximadamente un año las cosas estarán sensiblemente mejor”, recordando que había pedido durante la campaña “entre dos años y medio y tres para que los argentinos pudieran vivir mejor y sólo llevamos un año y medio de este plazo”, aunque advertía “[las elecciones] no van a torcer el rumbo del plan de achicamiento del gasto público y reforma del Estado que impulsa[mos] […] no vamos a volver al Estado que conduce, dirige y protege. Ese Estado elefantiásico que privilegia a algunos sectores en detrimento de otros”, (Ámbito Financiero 05/02/1991). Poco después reiteró lo mismo: “Me tiene sin cuidado las encuestas y el número de votos en el proceso electoral” (Clarín 06/04/1991). Para un análisis de las encuestas de ése momento ver Clarín (10/03/1991).

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orden y peronismo son términos contradictorios” (La Prensa 23/01/1991)7. Es en este sentido que se comenzó a plantear formar una “liga de gobernadores” como base de apoyo al gobierno, que recurriría incluso a gobernadores radicales, reforzando los intentos de acercamiento como los ya ensayados con el radical Eduardo Angeloz en Córdoba, y recurrir a extrapartidarios como opción electoral. Menem se quejaba: “los peores enemigos del gobierno son nuestros compañeros” (Clarín 09/02/1991), “Necesito peronistas que apoyen este gobierno” (Clarín 17/03/1991). Mientras que el frente sindical parecía volver a recrudecer en lucha contra los ajustes y las privatizaciones. Varios gremios estaban en paros por tiempo indeterminado y paralizaban servicios básicos como los trenes desde hacía tiempo (Clarín 15/02/1991). Como vemos, la situación al comenzar 1991 era delicada y adversa, proyectando volverse peor hacia adelante, sin encontrar algún punto de equilibrio sociopolítico en el sentido de Schofield antes mencionado. Donde era imperioso introducir cambios a la dinámica de la situación existente: por ello se apostó a que con la designación de un nuevo ministro de economía (el cuarto en apenas un año y medio de la presidencia de Menem) se pudiera reconfigurar la situación y ofrecer alguna alternativa.

La llegada de Cavallo y de la convertibilidad La salida de Erman González de Economía a fin de enero le ofreció al gobierno la oportunidad de formar un nuevo gabinete para “lavarse la cara” y poder llevar el año electoral con cuadros menos desgastados, introduciendo así cambios en los esquemas previos. Sin embargo, al realizar este cambio el gobierno se encontró en la encrucijada de si debía conservar las pautas económicas y privilegiar la estabilidad frente al crecimiento económico (como había sido la estrategia de González hasta ése entonces) o bien darle mayor impulso al crecimiento para quebrar la recesión como una segunda opción, buscando que luego las variables se acomodaran sobre la marcha. La designación de Domingo Cavallo al ministerio de Economía pareció inclinar la balanza hacia esta última situación8. Por otra parte, las alternativas sobre qué curso de acción económica establecer sufrían a su vez no sólo los apremios que la situación política demarcaba, sino también un juego de presiones cruzadas en el interior del mundo empresarial. Esto se debía a que mientras los industriales de la Unión Industrial Argentina (UIA) –en especial el “Club de los exportadores”- veían en Cavallo un aliado que traería la reactivación, lucharía contra el atraso cambiario, pondría fin a las retenciones y aceleraría los pasos de la apertura y las privatizaciones9, el sector financiero veía en el recién designado ministro un viejo rival 7. Un hecho notorio en esta dirección fueron los debates en el Teatro Cervantes en marzo de 1991sobre una “Actualización Doctrinaria” que pusiera a tono al partido con “los nuevo tiempos”. La ausencia de importantes figuras, como A. Cafiero, J. Bordón, A. Rodríguez Saá, S. Ubaldini, J. De la Sota y C. Brown entre otros. parecieron anticipar un quiebre con el oficialismo (Clarín 16/03/1991). Las diferencias en el interior del PJ llegaron hasta tal punto que el gobierno tuvo que disponer la clausura de la revista peronista ortodoxa Línea en la cual en la tapa se burlaba de Menem (Clarín 21/03/1991). 8. Es significativo señalar que el gobierno, empero, más que realizar una renovación de caras hizo un triple enroque entre funcionarios: Cavallo dejó la Cancillería para ir a Economía, González abandonó Economía y recaló en Defensa, mientras que Di Tella le cedió su cartera a González para convertirse en canciller. 9. Erman González relató que dejó su puesto en parte por las operaciones de Cavallo (junto a algunos empresarios) contra él para imponer su estrategia del dólar alto: “Trabajar en equipo significa hacerlo en armonía y buscando el acuerdo.

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina que no temería usarlos como variable de ajuste, y que podría aplicar un desdoblamiento cambiario (como cuando fue presidente del Banco Central en 1982) o replicar su idea de incautar los depósitos bancarios (la cual aplicó González con el Bonex ´89, tras la sugerencia de Cavallo) (Ámbito Financiero 30/01/1991 y 01/02/1991)10. Por lo cual, para sortear estos enfrentamientos se ideó “compensar” a los bancos y llevarles tranquilidad al ofrecerle la presidencia del BCRA a Roberto Alemann, cercano al sector financiero, y que se suponía que iba a continuar la línea de Erman González desde la autoridad monetaria. Sin embargo, aquél rechazó el ofrecimiento, aclarando: “Cavallo es reactivación, pero yo soy estabilidad, no funcionaríamos” (Ámbito Financiero 31/01/1991). De esta manera, los cambios fueron por más, ya que igualmente se removió del Banco Central a Javier González Fraga –quien proponía mantener un dólar bajo “para ganar las elecciones” (Entrevista en Ledesma, 2010: p. 248-249)-, reemplazándolo por Roque Fernández, otro asiduo monetarista allegado al sector financiero como Alemann, y que era el ortodoxo presidente del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos). Un viejo dilema que habían atravesado los distintos equipos económicos de Menem hasta ése momento era con respecto a dos opciones, por una parte si convenía aplicar una flotación ortodoxa para estabilizar el sistema de precios, compensadas por una precisa disciplina fiscal (ortodoxos/fiscalistas), y por otra, una visión (bi)monetaria, con cierto anclaje cambiario, que prefería otorgar previsibilidad a través de lograr una referencia en el dólar que impulsaban anclar la divisa (heterodoxos/ monetaristas)11. Del mismo modo, el debate sobre instalar algún tipo de convertibilidad también había acompañado a todos los equipos económicos previos y sonó con más fuerza apenas asumió Erman González en diciembre de 1989, algo que se repitió durante varios momentos de su gestión como una forma de calmar la ansiedad frente a los vaivenes del dólar. Sin embargo, sistemáticamente Erman González se encargó de rechazar tal medida12. Empero, una vez que se conformó el nuevo equipo económico también en él aparecieron los mismos dilemas sobre qué tipo de fórmula aplicar frente a un escenario como el descripto. Así, cuando Cavallo asumió a fin de enero de 1991 el dólar tenía un valor promedio de 9.000 australes, aunque había tocado los diez mil. Por su parte, la suba de precios y su postura de promover un Vamos a usar una metáfora de fútbol: si usted forma parte de un equipo y dentro de ese equipo hay alguien que quiere ocupar su puesto, no van a trabajar en armonía. Su competidor no le dará el pase nunca para que usted haga el gol o va a hacer todo lo posible para que usted fracase […] le dije al presidente que me iba […] Ahí es cuando vino Cavallo. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, sí hubo influencias, él hablaba con los banqueros, con distintos grupos empresarios fuertes. Inclusive se sabe que Techint ya tenía sus influencias y buscaba el dólar alto, cosa que Cavallo les había prometido”. Entrevista en Ledesma (2010: p. 252). 10. Tras el nombramiento de Cavallo, y quizás como una muestra de la mala acogida que generó su designación por parte de los bancos y del sector financiero, un operador de la city comentó su desconfianza hacia él: “Es como si el que te violó una vez te dice, desnúdate y quédate agachado que me curé y no te violo más”. Sin embargo, reconoció: “Estamos dispuestos a darle la oportunidad de demostrar que ha cambiado y que el paso por la Cancillería lo ha serenado” (Ámbito Financiero 31/01/1991). 11. Se puede encontrar un relato de estos debates y posturas dentro del gabinete en Curia (1991, pp. 70-76 y 102-118). 12. Por ejemplo, Erman González explicó cómo tomó la propuesta de convertibilidad ofrecida por Eduardo Curia en diciembre de 1989: “[C]uando él [Curia] habló de convertibilidad yo me fui a la historia y divisé que ningún país había terminado bien en convertibilidad. Es decir, cuando la convertibilidad se termina ocurre lo que pasó aquí: caos y explosión […] Yo nunca estuve de acuerdo con la convertibilidad”. Entrevista en Ledesma (2010, p. 182 y 183).

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dólar “recontra alto” (Ámbito Financiero 29/01/1991) hacían parecer muy atrasado un valor por debajo de los ocho mil. Por lo que su primer desafío fue tratar de sortear los problemas heredados de la gestión de Erman González y el círculo vicioso en el cual había quedado la ortodoxia económica y reactualizar los valores de la divisa. Por este motivo primeramente se comprometió a sostener una banda de flotación entre los valores del mercado que encontró apenas asumió, fijando un piso y un techo que serían defendidos por el Central para otorgar previsibilidad. Con ello, se estableció como primera medida aplicar un sistema de bandas cambiarias por el cual el Banco Central compraría si el dólar bajaba de los ocho mil australes y vendería si superaba los diez mil, acompañando los movimientos y las oscilaciones del mercado dentro de ésa brecha cambiaria. De esta forma, se buscaba garantizar algún tipo de estabilidad y convergencia a partir del valor del dólar, dando respuesta así a algunos de los problemas que Erman González había tenido dificultades en resolver. De este modo, ahora al poner un techo al tipo de cambio se impidió también perder toda referencia que espiralara las expectativas, estableciendo un coto, consiguiendo parar la corrida contra la divisa sin sacrificar las reservas del Banco Central ni utilizar el superávit fiscal para sostener el precio del dólar, acompañando con esto al mercado en sus fluctuaciones. Una vez lograda cierta paz dentro de ésa brecha cambiaria, Cavallo se inclinó por abandonar la ortodoxia ultraliberal que había estado utilizando Erman González, porque consideraba que la liberalización total de las variables era una etapa agotada, dado que en adelante lo que se debía otorgar a los agentes económicos era previsibilidad para que todas las variables de la economía (tasas de interés, sistema de precios, nivel de inversión, expectativas, etc.) pudieran ordenarse a partir de una única referencia de confianza. La cual, indefectiblemente para Cavallo debía ser el dólar. Es decir, para el nuevo equipo económico construir un nuevo equilibrio de precios no debía apelar más a una estrategia de total libertad cambiaria sino a una moderación que desacelerara la incertidumbre. Si bien las aguas se habían aquietado durante su primer mes de gestión, a principios de marzo nuevamente la divisa volvió a ser objeto de ataques especulativos. El mismo Cavallo debió salir en público a acusar por esta situación a bancos y multinacionales cuando subió los encajes para contrarrestar una nueva corrida contra el dólar: “se pretendió crear una suerte de golpe de mercado impulsando el alza del dólar [pero yo sé quiénes fueron]” (Clarín 08/03/1991). Días antes, Cavallo ya había señalado lo mismo: “hubo un intento de golpe de mercado el viernes” (Clarín 06/03/1991)13. De este modo, ante un ambiente todavía hostil y turbulento, las opciones por las que se podría haber decidido Cavallo para lograr un esquema económico más certero eran varias. En primer lugar, podía apostar por sostener la brecha cambiaria dispuesta e ir actualizándola sucesivamente según variaran los precios, lo que en los hechos sería similar a un sistema de flotación sucia de bandas14. En segundo 13. Álvaro Alsogaray señaló por ese entonces: “A Cavallo no le puede ir bien, porque su esquema de pensamiento es erróneo […] Menem […] en medio del desorden tendrá que llamarnos a nosotros [ya que] se está en riesgo de caer en la hiperinflación” (Ámbito Financiero 06/02/1991). Para ver el interesante relato sobre cómo operaron los bancos impulsando el dólar para crear una nueva corrida, ver Cavallo (1997: pp. 175-177). Por su parte, en otro libro, Cavallo (2001: pp. 157158) confiesa que recurrió a la SIDE y los servicios de espionaje para frenar dicha corrida. 14. En sentido estricto esto fue lo que Cavallo parece haber aplicado durante sus dos primeros meses como ministro, ya que el valor del dólar entre bandas fue mutando: el 31/01/1991 cuando asumió, pautó una banda de ₳8.000-₳10.000, un día después se modificó a ₳ 9.000-10.000, diez días después (el 12/02/1991) sus valores se establecieron en ₳9.000-9.750,

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina lugar, podría haber intentado retrotraer sus pasos hasta retornar al esquema de liberalización total de la divisa, en el cual el control del dólar estuviera dado por las compras del Central a partir del ahorro estatal sin fijar ni piso ni techo. Sin embargo, Cavallo se decidió por una tercera opción, que extremaba aún más su propio planteo, anulando la brecha cambiaria y dejando fijo al dólar en un único valor. En efecto, la escalada inflacionaria de febrero y los riesgos de crear mayor incertidumbre parecieron decidir al equipo económico por establecer una paridad fija, esperando que al anclar el austral al dólar las previsiones se estabilizaran e hicieran lo mismo el resto de las variables, quebrando cualquier incertidumbre. En consecuencia, la brecha cambiaria fue dejada de lado como recurso de mediano o largo plazo, ya que las oscilaciones del dólar por pequeñas que pudieran ser todavía podían generar algún grado de inseguridad o volatilidad. A esa altura, un tipo de cambio fijo sonaba a una decisión perfectamente entendible. Ahora el Banco Central tenía con qué respaldar esto: su cantidad de reservas se lo permitía. Además, según el equipo económico, todas las economías del mundo que habían atravesado una hiperinflación terminaron tarde o temprano estabilizándose en algún tipo de anclaje cambiario. Los principales asesores de Cavallo, Juan Llach y Horacio Liendo (h), eran expertos estudiosos de las crisis inflacionarias15. A esa altura del proceso de estabilización, en donde se habían vivido en muy poco tiempo dos hiperinflaciones y que en esta coyuntura parecía presagiarse un tercer estallido, la necesidad de adoptar un severo cambio de régimen monetario bajo criterios rígidos y a través del instrumento cambiario parecía ser la única forma de orientar (y desacelerar) el proceso de formación de precios. A su vez, un esquema de tipo de cambio fijo cercano a un sistema de caja de conversión permitía controlar drásticamente el total de la masa monetaria y la emisión con su respaldo en las reservas internacionales, lo que permitía ganar al nuevo sistema un grado de credibilidad difícil de conquistar por medios alternativos. Por lo tanto, al quedar tomada la decisión de fijar el tipo de cambio, las preguntas restantes sólo concernían en decidir sobre otros dos problemas: (1) a qué valor debía fijarse la tasa de la divisa –si devaluar un poco más o no, si era preferible dejar apreciar la moneda, etc.- y (2) bajo qué procedimiento hacerlo (un decreto, una ley, una norma del Central, un anuncio informal, etc.). Con respecto al valor de la paridad, Cavallo propuso una tasa de diez mil australes por dólar, sosteniendo el valor techo de la brecha cambiaria existente hasta ese momento. Al sostener ése valor se evitaba hacer una nueva devaluación y se sostenía además, el compromiso previo de que el dólar no pasaría de los diez mil australes, asegurando así su propia credibilidad frente a los mercados financieros. Mientras que, por otra parte, y en contraposición, Llach entendía que ése valor era bajo dada la inflación existente, puesto que en su opinión, era inevitable que con la dinámica de precios del momento, el tipo de cambio terminara por apreciarse. Así, era indispensable para Llach ubicar un valor para cambiar el 26 de febrero los límites a ₳ 9.300 - 10.000. Finalmente el 19 de marzo pautó el quinto margen entre ₳ 9.700 y 10.000. 15. Juan Llach, el viceministro de Cavallo, a esa altura había escrito una larga serie de trabajos dedicados a ciclos inflacionarios. Por su parte, Liendo había realizado su tesis de doctorado sobre la convertibilidad lanzada por Pellegrini en 1890, la cual incluía análisis de las crisis de 1890, 1930 y 1980. La tesis fue defendida en 1983 y publicada, no casualmente, en 1990. Con respecto al resto de los integrantes del equipo económico, Cavallo señaló que fue la gran oportunidad del desembarco de la Fundación Mediterránea en el gobierno. Ver Cavallo (2001, pp. 151-160).

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más alto como “una especie de última devaluación”16. Sin embargo, según el relato de Liendo, Cavallo insistió, imponiendo su decisión: No importa el número que pongamos, si ponemos 11.000, los precios van a subir hasta llegar a 11.000, ponemos 15.000, va a subir hasta llegar a 15.000, ponemos 20.000… Lo único que va a ocurrir es que va a haber más inflación inercial y esa inflación cuanto mayor sea, más va a desacreditar nuestro instrumento, porque si la inflación sigue demasiado tiempo, la convertibilidad no va a funcionar. Ése era el argumento técnico de Cavallo. Juan [Llach] por su parte decía que no, que se iba a poder lograr alguna devaluación adicional para no quedar nada atrapado (Entrevista citada en Roig, 2007, pp. 16 y 17)17.

Lo importante parecía ser el “shock de confianza” que se pudiera lograr. Por eso se apostó a que la paridad fuera de diez mil australes por dólar18. Para Cavallo el dólar estaba “en la cabeza de la gente” (Cepal, 2003), ya que era éso lo que usaban las personas para calcular sus transacciones cotidianas. Por lo cual, para éste “la convertibilidad no fue ningún descubrimiento en abstracto [ó] una fórmula que alguien imaginó encerrado en un laboratorio. La convertibilidad fue una creación institucional a partir de observar la realidad” (Cavallo, 2001: p. 164). Porque “la hiperinflación del austral había llevado a una dolarización de hecho de la economía […] la gente recordaba más los precios en dólares que los precios en australes […] En este contexto, la idea de la convertibilidad surgía naturalmente. Era necesario introducir una moneda local que la gente llegara a considerar tan buena como el dólar” (Cavallo, 1997: p. 178). Llach señalaba lo mismo: “la convertibilidad fue transformar en ley el deseo de la gente” (Cepal, 2003). Según este parecer, con atar el austral al dólar las personas ganarían confianza dado que tendrían sus propias opciones, siendo esto una idea monetaria anti-estatal de matriz hayekiana que generaba libertad: “la de desmonopolizar las monedas y dejar que la gente tenga el derecho a elegir [qué moneda usar]” (Cavallo, 2001: p. 254). Con lo cual, en los hechos, la convertibilidad se volvía un sistema bimonetario que equiparaba al dólar con el austral, permitiendo perfectamente el reemplazo de uno por otro sin problemas. Una vez que el equipo económico se decidió por un esquema de convertibilidad de tipo de cambio fijo y a qué tasa de conversión hacerlo, sólo restaba ultimar cómo aplicar el sistema19. Dadas las op16. Llach relató: “Él [Cavallo] tenía en la cabeza la idea de sacarle los cuatro ceros y que quedara 1 a 1. Y yo le decía mirá Domingo, hay una gran inflación, esto va a generar problemas, va ha haber un atraso cambiario desde el principio, hay que hacer una especie de última devaluación que aunque parte se va a ir a los precios y parte no se va a ir a los precios y vamos a seguir con un tipo de cambio de convertibilidad más devaluado, no tan apreciado”. Entrevista citada en Roig (2007: pp. 16 y 17). 17. Dijo Llach al respecto, “Entonces ésa discusión la perdí, la perdí… Obviamente una vez que vos has tomado la decisión de acompañar un proceso, no te podés ir a los dos días, o sea, tratás de modificar las cosas desde adentro”. Entrevista citada en Roig (2007: pp. 16 y 17). Cavallo cuenta exactamente la misma situación en dos libros (1997: p. 180; 2001: p. 165). 18. Varios protagonistas señalan que también influyeron para establecer la paridad en ése valor los acuerdos previos de Cavallo con algunos grupos económicos. Ver por ejemplo nuestra nota 9. 19. Este paso demoró un poco más, porque según Cavallo: “Convenimos en mantenerla en secreto [a la idea de aplicar un sistema de convertibilidad] hasta que lográramos que, en un contexto de flotación relativamente libre, el dólar encontrara

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina ciones que se manejaban en ese momento, la decisión final fue certificar la nueva paridad a partir de una ley nacional votada por el Congreso, ya que con esto no sólo se esperaba que aumentaran el respaldo y la confianza, sino que también se comprometía a los legisladores a implicarse con la nueva política económica. Además, por su parte, el peronismo enviando el proyecto al Parlamento no corría mayores riesgos: contaba con mayoría relativa en ambas cámaras. Así, con un acuerdo con los partidos provinciales logró el conforme del Senado, mientras que con el apoyo del quórum radical pudo tratar la ley en Diputados (Heredia, 2007: p. 15). De todos modos, cuando Cavallo debió ir al Parlamento a defender su propuesta de ley estuvo muy lejos de presentarla como una panacea. Por un lado, su verborrea avasallante, plagada de tecnicismos crípticos para la mayoría, buscaron hacer hincapié más que nada en el voluntarismo para afrontar un paso más en la lucha contra la inflación. Así, la Convertibilidad era exhibida no ya como una solución salvadora, sino como un recurso extremo y severo, en el que se le pedía a la población hacer un esfuerzo más para lograr la estabilidad. De ahí la necesidad de la rigidez del programa (La Nación 17/03/1991; Clarín 24/03/1991). Menem apoyó esta postura afirmando: “ha llegado el momento en que tengamos que sufrir para dejar de sufrir toda la vida” (Clarín 11/03/1991). Los diarios de la época cubrieron las presentaciones de Cavallo en el Congreso como “Un curso de economía en el Senado” (Clarín 22/03/1991). De modo que, por ejemplo, algunos legisladores como la senadora Malharro de Torres señalaban con pudor que no lograban entender nada de lo que explicaba el ministro, terminando por preguntar simplemente si lo que decía era “bueno o malo para el país” (Heredia, 2007: p. 15). Por su parte, la exposición de Cavallo estuvo llena de alusiones a dar un salto de fe. Se hablaba de “Subirse a un avión sin paracaídas” y “Quemar las naves como Hernán Cortés”, mientras que algunos diarios representaban a Cavallo como un jinete que intenta domar a un caballo salvaje, imagen con la cual era figurada la inflación (Ib.). Por lo que la radicalidad de la medida se justificaba en pos de lo desesperado de la situación. La nueva ley fue debatida en el Congreso a fin de Marzo y entró en vigencia el primero de abril. En ella se establecían cuatro temas de vital importancia: 1) se pasaban a prohibir las indexaciones de todos los contratos, atacando las expectativas inflacionarias a futuro20; 2) con el tipo de cambio fijo, la cantidad de dinero pasó a estar respaldada en las reservas del Banco Central, lo que reforzaba la disciplina monetaria e impedía que hubiera emisión fiduciaria, recortando la capacidad del Banco Central de hacer política monetaria activa y convirtiendo a la autoridad monetaria en algo no muy lejano a una caja de conversión; 3) de esta manera, el Banco Central comenzó a garantizar con todas sus reservas a la nueva paridad, llevando a las mismas a ser la válvula de ajuste del sistema y reduciendo la posibiuna cotización susceptible de ser tomada como punto de partida del plan” (1997: P. 174). 20. Liendo señaló que el equipo económico entendía la importancia que representaba la desindexación como ruptura con el pasado: “Lo que sí se puede hacer, le digo [a Cavallo], es eliminar la indexación, es decir, como estamos en un nuevo régimen monetario, ese régimen tiene un naturaleza jurídica diferente del anterior, nosotros podemos decir que la indexación era propia del sistema de la inconvertibilidad y de la inflación, [que] es incompatible con una moneda convertible y estable […] Recuerdo que Cavallo estaba de pie en ese momento y cayó en un sillón y me dice, bueno, pero doblás la apuesta porque imaginate, estás en el medio de una hiperinflación, hemos tenido dos hiperinflaciones en un año y medio y vos me decís que prohibamos la indexación, o sea, es algo realmente muy agresivo, muy revolucionario”. Entrevista citada en Roig (1997: p. 14).

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lidad de un prestamista de última instancia; 4) al sancionar todo por medio de una ley se agregaban incentivos a su credibilidad, ya que de querer ser modificada y devaluar sería necesario obtener un alto consenso nacional, lo que impedía que un solo agente dictara su fin de forma abrupta o arbitrariamente. Es por esto que se descartó la opción de establecer la paridad a través de un decreto del Poder Ejecutivo o como un simple compromiso informal, ya que en ambas instancias se podría poner en duda la credibilidad de la medida, minando la confianza en ella y alentando virtualmente nuevos ataques especulativos. En este sentido, la adopción de un recurso que hacía un fuerte énfasis en lo monetario y cambiario, no representó un esquema ajeno a las principales concepciones neoliberales utilizadas en la Argentina desde los años 70 con respecto a la estabilidad y la irrupción del monetarismo, donde la “tablita” de Martínez de Hoz y el plan Austral de Sourrouille lucen como antecedentes innegables de la convertibilidad. Es decir, si la tablita había intentado el camino de la estabilización por medio de herramientas cambiarias y luego el plan Austral buscó combatir la inflación a través del ataque de las expectativas y del quiebre de la inercia inflacionaria, la convertibilidad recuperó el camino ya surcado por esos programas, pero ahora bajo un esquema mucho más rígido y, por ende, mucho más creíble. Ya que con esta última, se pasaba a invertir la matriz de ideas que reinaron durante la etapa de sustitución de importaciones, en la cual el crecimiento del producto industrial y del desarrollo debían subordinarse a cualquier otra cosa, para pasar ahora en cambio a considerar a la estabilidad como condición indispensable para cualquier éxito económico. En otras palabras, las preocupaciones dejaron de estar enfocadas en los sectores de la economía real (tales como los problemas implicados por el subdesarrollo, el progreso industrial, la primarización económica, los desequilibrios productivos o los cuellos de botellas) y cobraron mayor relevancia los aspectos financieros y monetarios, bajo una orientación general de cuño neoliberal que apostaba por la apertura económica, facilitar los flujos de capital y el desmantelamiento de los controles y mecanismos de intervención estatal (recordemos que apenas unos meses después a través de un decreto y de un plumazo se disolverían todas las Juntas y Direcciones Nacionales de regulación de mercados específicos y que eran antiguas joyas del control gubernamental, como la carne, los granos, el azúcar, etc.). Así, la política económica podría ser efectivamente “libre”, simple y con el predominio total del libre juego de la oferta y la demanda, lo que permitiría que los actores con mayor poder económico pudieran adueñarse de los mercados y de la situación con mayor facilidad. Por otra parte, vale la pena recordar que en paralelo al lanzamiento de plan de convertibilidad se tomaron cuatro medidas económicas más. Por un lado, se congelaron los salarios públicos, según se dijo “por lo menos hasta fin de año”, con el fin de asegurar el superávit fiscal; por otra parte, se eliminaron las retenciones agropecuarias, favoreciendo las exportaciones para facilitar el ingreso de divisas; en tercer lugar, se aplicó un decreto de desagio con el cual se dispuso la baja de las cuotas ya pactadas y de los contratos previos (en especial los alquileres) entre un 27 y 35% según cada caso (Clarín 23/03/1991). Por último, y en una dirección complementaria que tampoco fue menor, se terminó de radicalizar la apuesta iniciada desde el comienzo del gobierno de Menem en relación a la apertura económica. Así sobre fin de marzo terminó de conformarse la estructura arancelaria básica que duraría toda la década, con un arancel del 0 % para las materias primas, del 11 % para los insumos y de un 22 % para los bienes manufacturados finales, haciendo descender con esto al arancel promedio al 10%.

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina De esta manera, con la propuesta de la convertibilidad se intentó establecer una regla donde el gobierno quedara autolimitado (sobre todo en su mecanismo de emisión monetaria, en el esquema cambiario y en el manejo de las reservas), bajo un sistema claro y garantizado, que debía servir para ganar la confianza de los agentes económicos, algo que hasta ese momento se había dificultado enormemente, buscando establecer un nuevo coure institucional al estilo de Schofield. Los mecanismos de ajuste de la economía pasaron ahora a depender, ya no del Estado o alguna “arbitrariedad sorpresiva”, sino –como se dijo- de “las fuerzas del mercado”. Lo cual, se esperaba, debía traer mayor “transparencia y seguridad”, basándose en la lógica de la “paradoja de la soberanía” neoliberal. Allí, según esta concepción, para mejorar la credibilidad de los gobiernos con respecto a los mecanismos de mercado es mejor renunciar a ciertas herramientas, puesto que la confianza tiende a perderse cuando se utilizan muchos instrumentos económicos que complican la transparencia del mercado. Con lo cual, con menos Estado y menor intervención se podía hacer más. Según Cavallo, ahora se permitía que “los contratos dentro de la Argentina tuvieran que cumplirse en la moneda en que fueron originariamente pactados. Es decir, que la utilización del peso [austral] por parte de los argentinos no resultó una obligación establecida por el gobierno sino de una elección individual que se basaba naturalmente en la confianza” (Cavallo, 1997: p. 178-179). Con ello, la inercia inflacionaria tendría que quebrarse. Mientras que, gracias a la desindexación, también tendría que producirse un efecto de desagio. Finalmente, si la medida funcionaba correctamente, el resto de las variables se ajustarían entre sí, congelando cualquier expectativa inflacionaria o temor futuro, ya que la incertidumbre interna de la economía sería erradicada a partir de las garantías del tipo de cambio fijo, se podría establecer así un nuevo punto de equilibrio sociopolítico que condicionara las expectativas y le permitiera al gobierno por primera vez tener contralada la situación.

La recepción de la convertibilidad. De la desconfianza inicial al apoyo incuestionable Una vez sancionada la nueva ley, su recepción inmediata giró en torno a la moderación y el escepticismo, cuando no francamente al rechazo, sobre todo por parte de los especialistas. Por ejemplo, Roberto Alemann inmediatamente después de estar aprobada la ley consideró “imprudente” el tipo de cambio que se fijó (Clarín 24/03/1991). Carlos Rodríguez, por parte del CEMA y del diario Ámbito Financiero, se encargó de señalar las “puertitas de emergencia” de la convertibilidad, las cuales eran una verdadera “trampa”, y remarcó que en sus fundamentos la nueva ley no era muy distinta del Plan Austral (Ámbito Financiero, 22/03/1991 y 26/04/1991). La UIA, a través de su presidente, Gilberto Montagna, le dio sólo “su apoyo crítico” (Clarín, 27/04/1991). Desde el desarrollismo, Rogelio Frigerio señaló que con la ley únicamente podrían crearse “recesión y desempleo” (Clarín 24/06/1991). Mientras que seis de los diez diputados de la UCeDé, los cuales integraban la coalición gobernante, votaron en contra de ella en el Congreso, porque la misma no garantizaba “una genuina disciplina fiscal” (Clarín 28/03/1991 y La Nación 30/03/1991). Por su parte, el FMI y muchos empresarios de peso, no sólo no apoyaron la nueva norma, rechazándola abiertamente a través de declaraciones públicas, sino que su temor pasó a centrarse en que el gobierno utilizara los ingresos provenientes de las privatizaciones para sostener, ilusoriamente, “una paridad ficticia” que terminaría por apreciarse (Clarín, 26/04/1991).

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Asimismo, se rechazó por parte de estos sectores enfáticamente que se eliminaran las retenciones porque se afectaba así la disciplina fiscal21. Los opositores al gobierno acusaron a Cavallo de que con su medida se erosionaba aún más la soberanía nacional que con las privatizaciones, ya que al atar la moneda argentina al dólar se obligaba al Estado a renunciar al uso de sus genuinas herramientas monetarias. Además, acusaban al ministro de que con la convertibilidad se arriesgan las reservas del país “sólo para calmar a los mercados”. Varios sindicatos y representantes de las pequeñas y medianas empresas sacaron solicitadas contra la ley22. Mientras que el radicalismo, que era el principal partido opositor, también votó contra ella en el Congreso, existiendo en él diagnósticos encontrados sobre cómo convenía actuar. Por ejemplo, los economistas radicales cercanos a Alfonsín le habían recomendado que buscara retrasar los comicios legislativos de ése año, ya que la medida “no podría durar mucho” (Heredia, 2007: p. 14). En el debate en Diputados, Raúl Baglini dijo: “Se está pretendiendo desde una plataforma débil lanzar una medida que puede ser, sí, el lanzamiento sin paracaídas del que habló Menem” (Clarín 27/03/1991). Alfonsín, por su parte, buscó quitarse responsabilidad por la nueva ley: “Nosotros no haremos destruccionismo, porque no somos peronistas […] Menem lo tendrá [a su proyecto]. Nosotros marcaremos nuestras discrepancias y si explota será responsabilidad del peronismo” (Clarín 21/03/1991). Mientras que, desde el instituto económico CEDES, en el cual trabajaban varios especialistas que formaron parte de la gestión radical anterior, directamente pasaron a realizar apuestas sobre cuántas semanas podría durar la medida23. Tiempo después, el mismo Cavallo debió reconocer que el lanzamiento de la convertibilidad no sólo se hizo en un mar de escepticismo, sino incluso que haber dispuesto de una medida de ese tipo, más que ser una brillantes intelectual sólo posible de ser entendida verdaderamente por especialistas, fue una acción casi temeraria: Sé que muchos critican mi empecinamiento en la defensa de determinadas políticas. Pero el ejercicio del gobierno no es una acción para timoratos ni la lucha contra la inflación puede hacerse sin una gran decisión. Si en aquel momento de principios de 1991 nos hubiéramos plegado a las dudas del FMI o a las prevenciones que ponían muchos economistas profesionales, habríamos terminado como tantos otros que, con las mejores intenciones –y muchas veces gran capacidad académica-, dudaron a la hora de actuar (Cavallo, 1997: p. 179)24. 21. Ver las discusiones sobre esto último en Cavallo (1997: pp. 34-35; 2001: pp. 166-167). 22. Clarín (03/04/1991).Ver al respecto Heredia (2007: p. 14). 23. Ib. Por su parte, José Luis Manzano, quien era el Presidente del bloque del PJ de Diputados, se atajaba ante la falta de apoyo: “liberales que siempre estuvieron en contra de la emisión sin reservas se oponen a la ley [por la UceDé] y los dirigistas [por la UCR] se ponen en monetaristas” Clarín (28/03/1991). Por su parte, el diputado Luis Zamora, del MAS, sentenció en pleno debate: “todo esto es una fabulosa mentira […] Es el país de los ajustes y despidos del Banco Mundial, el del remate del patrimonio nacional” Clarín (28/03/1991). 24. Un importante funcionario del FMI, Claudio Loser, comentó: “El Fondo no estuvo de acuerdo con el tipo de cambio fijo cuando se implantó. [Después] Cavallo presumía porque lo había impuesto frente a nuestros consejos. Y tenía razón: así fue”. Entrevista citada en Tenembaum (2004: p. 114).

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina Con lo cual, es fácil advertir la dificultad que tuvo en sus inicios la convertibilidad y la laboriosidad con la que se debió actuar para obtener el éxito político y económico arrollador que después se le atribuyó: fue una verdadera decisión crucial no anticipable que quebró las dinámicas previas. De allí que fuera paradigmático el caso de quién ascendería como principal líder opositor del menemismo, Carlos “Chacho” Álvarez, por ésa época miembro del “grupo de los 8”, que votó contra la ley en el Congreso y tiempo después debió “retractarse públicamente” por ello dado el consenso social que terminó generando la medida (Clarín 08/09/1994). Empero, una vez aprobada la ley, el “shock estabilizador” operó relativamente rápido dejando atrás los ataques que se dieron entre diciembre y marzo. Con ello se anotó varios éxitos casi instantáneos: al haber logrado disminuir la incertidumbre inicial, la paridad fija produjo un fuerte proceso de remonetización, desmoronó las tasas de interés, acorraló a la inflación hasta finalmente liquidarla un año después, permitió el renacimiento del crédito comercial y bancario a gran escala y le dio recuperación al poder de compra, aumentando en términos reales los salarios durante los primeros años de la convertibilidad. De igual modo, todo el proceso se produjo con una notoria reactivación económica (en la cual se daría una expansión promedio del 7% durante varios años), en la cual los empresarios dejaron de actuar con la remarcación incesante de precios que tan común se había vuelto como mecanismo preventivo hasta entonces, puesto que el llamado “impuesto inflacionario” fue disminuyendo hasta desaparecer. De allí que en poco tiempo se combinara una situación inédita en la Argentina, en la cual un raudo crecimiento económico se diera con una inflación en retroceso, es decir, con una estabilidad que pareció quedar garantizada en muy poco tiempo: un nuevo cuore institucional había nacido tras la decisión crucial de lanzar la convertibilidad.

Gráfico 1: Variación de los precios contra el mes previo (ene 1989 – dic 1995)

Fuente: Elaboración propia en base datos Ministerio de Economía de la Nación.

En este sentido, debemos recordar la ruptura que implicó la instauración de la convertibilidad no fue sólo económica, sino que fue sobre todo política: logró invertir el esquema pesadumbroso existente

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y crear un nuevo ciclo de creencias positivas, que le permitieron al peronismo sostener una nueva arquitectura política a partir de allí. Porque hasta la llegada de la convertibilidad, Menem se encontraba con muchas dificultades, por lo que había comenzado a ensayar una estrategia electoral del tipo “defensiva” o, incluso, la posibilidad de formar “un nuevo espacio político” junto a algunos gobernadores y figuras del perfil ideológico liberal-conservador (como cuando se intentó el acercamiento a Angeloz), vislumbrando hasta la posibilidad de romper con el peronismo como ya mencionamos. Incluso se había llegado a amenazar con cerrar el Parlamento dada la poca colaboración que Menem estaba encontrando allí25. Sin embargo, como señala Novaro, “a partir de mayo [de 1991], con la inflación por primera vez bajo control y la economía en plena reactivación, el Ejecutivo abandonó esa posición defensiva y las alternativas asociadas, y se lanzó a hacer campaña para plebiscitar el plan de Cavallo. Para asegurarse un mayor aprovechamiento de su éxito, postergó los comicios para fin de octubre, aunque permitió que se realizaran en fechas más tempranas en algunas provincias donde tenía asegurado un buen resultado” (Novaro, 2009, p. 406)26. Así, y en forma paralela al lanzamiento de la convertibilidad, finalmente el oficialismo terminó de configurar su alianza de poder, reordenando sus relaciones internas con el peronismo. Esto le permitió sellar su pacto con Duhalde para competir por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires (Clarín 07/04/1991) y lanzar a dos extrapartidarios para ganar autonomía política, con Carlos Reutemann como candidato a gobernador en Santa Fe (Clarín 09/04/1991) y Ramón “Palito” Ortega en Tucumán (Clarín 10/04/1991). Estas tres fórmulas electorales no sólo se impondrían en sus distritos, que eran los más importantes del país –sólo faltando Córdoba-, sino que el resto mayoritario de las listas oficialistas también lo haría por casi todo el territorio, porque el electorado había comenzado a vislumbrar que la ruptura política que creó con el pasado la convertibilidad fue inmensa. Puesto que con ella la pesadilla de lo peor de la historia hiperinflacionaria pasó a quedar definitivamente atrás, construyéndose un nuevo horizonte, que se consolidaría progresivamente durante los años siguientes, por lo que la totalidad del éxito del programa de Menem se ató al ancla cambiaria27. Como señaló López Murphy (1995, p. 124) tiempo después: “se eligió un instrumento que generó inmediatamente una reacción de credibilidad: lo hizo al costo de prácticamente colocar al sistema económico, y básicamente a todo el proceso de estabilización, en una camisa de fuerza; en realidad en una camisa de fuerza cerrada por un candado cuya llave había sido arrojada”. Lo que tampoco fue menor es que en el reformateo del vértice gubernamental no sólo se reacomodó en su relación con el peronismo y los principales líderes de éste, sino que también llevó al 25. En febrero de 1990 desde el Poder Ejecutivo hicieron circular un decreto para cerrar el Congreso y gobernar por decreto como casi contemporáneamente intentaron Serrano en Guatemala y Fujimori en Perú. Ver al respecto Palermo y Novaro (1996: p. 264). 26. Por su parte, no es menor el hecho sobre cómo la convertibilidad elevó en poco tiempo el nivel de popularidad de Menem en las encuestas. Por ejemplo, tuvo picos de apoyo durante los primeros meses de su mandato (rondado en 75% de apoyo en septiembre de 1989), para rondar una aceptación de entre 35 y 50% durante su primer año y medio. Sin embargo, apenas un mes después de lanzarse la convertibilidad llegó a tocar su pico más bajo hasta entonces (24%), el cual lograría revertir de manera espectacular, justamente, por el lanzamiento del tipo de cambio fijo y sus primeros efectos (Novaro, 1994: p. 80). 27. Menem decía por aquella época que la convertibilidad “durará para siempre, o por lo menos hasta que dure mi mandato” Clarín (06/04/1991).

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina primer lugar de exposición política a Cavallo, quien se volvería una figura mediática arrolladora que combinaba dos importantes elementos: por un lado, tenía el manto de ser un “especialista” del terreno económico, que afirmaba la nueva lógica tecnocrática del discurso despolitizante del neoliberalismo, legitimando el curso de acción en una nueva clave de racionalidad administrativa pro-mercado. Por lo que hacia adelante, las alternativas al camino tomado parecían cerrarse en pos del rigor técnico y no ya más a partir de la discusión “ideológica”, implantando lo que comenzó a conocerse como un modelo político de “pensamiento único”. Es decir, si hasta ese momento las discusiones sobre el campo económico estaban subordinadas al campo político y al espacio de pertenencia partidaria (asumiendo siempre la posición parcial desde la cual se intervenía, ya sea como “desarrollista”, “liberal”, “peronista”, “sindicalista”, “radical” o “nacionalista”, sin existir jamás un lugar “neutral”), el esquema pasó a invertirse en pos de las necesidades que el terreno económico –y cuando no, “el mercado” o “los empresarios”- demandaran. Por otro lado, porque Cavallo también terminó de asegurar el apoyo del capital concentrado al gobierno, que vio en él una persona en la cual recostarse28. Siguiendo este punto, el peronismo bajo el signo del neoliberalismo, al tomar distancia de los sindicatos y restarle poder a estos para sumar autonomía frente a ellos –contrariamente a lo que históricamente había sucedido-, hizo un movimiento en el cual pasó a buscar el apoyo empresario como una nueva forma de ganar acumulación política al apropiarse totalmente de su discurso, para ajustar la balanza y el poder, ahora, más sobre el capital que sobre el trabajo. Es así que la nueva lógica gubernamental pasó a desarmar (e incluso intentar destruir) los ejes de las que habían funcionado como coaliciones distribucionistas, representantes de los sectores subalternos y encabezadas por los sindicatos, que tradicionalmente habían tenido un poder de veto fundamental en la dinámica política argentina. Un ejemplo interesante que ilustró bastante bien esto en aquella coyuntura fue lo ocurrido con el caso del paro por tiempo indeterminado de los ferroviarios al cual convocó el gremio a poco de asumir Cavallo, por el temor de una inminente privatización de la empresa (La Nación 15/02/1991). Allí el gobierno respondió sin piedad y sin otro objetivo que la subordinación total del sindicato a la nueva política económica: así, primero declaró ilegal la huelga por afectar a un servicio público (Ámbito Financiero 20/02/1991), luego realizó despidos masivos e inició un proceso de cesantías (Clarín 21/02/1991), intervino el sindicado (La Fraternidad) (La Nación 01/03/1991), comenzó a desmantelar talleres y a cerrar cuatro ramales (Clarín 04/03/1991) e hizo anuncios públicos sobre acelerar la privatización de los diferentes servicios (Clarín 25/03/1991). De allí que aplicara la consigna oficial para disciplinar a los trabajadores “ramal que para, ramal que cierra”. Aunque la huelga continuó hasta fin de marzo –fecha en la que se aprobó en el Congreso la ley de Convertibilidad- el motivo del reclamo cambió radicalmente: ahora el sindicato sólo pedía la reincorporación de los despedidos y el fin de las cesantías masivas, y no más detener las privatizaciones como había sido originalmente sino que ahora imploraba a lo sumo negociar la forma en que se realizarían (Clarín 30/03/1991).

28. Es interesante notar que el grueso del campo empresarial si bien acordaba con la dirección que estaba llevando adelante Menem, tardó muchos años en perder la desconfianza hacia él. Es por eso que hacia el futuro cada vez que circularan rumores sobre que Cavallo abandonaría el gobierno, las elites empresarias una y otra vez buscaron intervenir para impedir eso. Es decir, no terminaban de confiar en Menem y sólo la figura de Cavallo les daba la calma suficiente.

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De este modo, podemos decir que la política y la estrategia gubernamental terminó por quedar asegurada, ya que con el ascendiente de Cavallo y de la figura de “los economistas”, pasó a emerger un puente de plata entre grupos políticos y grupos empresarios que se transformó en la marca de que las reformas no se hacían tan sólo por “necesidad”, sino también ahora por “convicción”. Por lo cual, nada podría revertirlas y no habría vuelta atrás al viejo populismo. De este modo, pasaron a quedar sepultadas buena parte de las pautas a través de los cuales se habían dado los principales conflictos políticos y económicos en el país en su historia, consolidando la estrategia general del menemismo de aplicar el programa económico soñado largamente por capital concentrado y que hasta entonces había sido imposible de aplicar bajo gobiernos democráticos. De allí que de cara al futuro se volviera un clásico la disputa entre “políticos” y “técnicos”, como la rivalidad entre Menem y Cavallo por la “paternidad” del modelo y la apropiación de los frutos políticos que esto conllevaba. Precisamente, porque antes de la convertibilidad el gobierno no estaba en condiciones de ofrecer alguna fuente de legitimación lo suficientemente poderosa para revalidar su respaldo en las urnas. Más bien, hasta ése momento sólo había recurrido a medidas extremas: realizar ajustes descomunales del gasto estatal, despedir empleados públicos, privatizar empresas, dar el indulto a militares, reprimir huelgas, recibir denuncias de corrupción y cambiar severamente las banderas históricas del peronismo. Con todo, a pesar de la fuerza de movimientos políticos altamente osados, no habían logrado tener resultado alguno, ya que aún persistían la inflación y la incertidumbre económica. Esto hacía que hasta entonces el gobierno sólo hubiera pedido sacrificios y “paciencia” a la población sin poder dar nada a cambio. El descontrol y la penuria no parecían tener fin. Es por ello que la situación de Menem tendió a ser en el momento previo a la paridad fija sumamente frágil y vulnerable. Sin embargo, con la sanción de la convertibilidad la Argentina, el ciclo de expectativas negativas y el descontrol parecieron desaparecer, para instaurarse un nuevo cuore institucional con un nuevo equilibrio de creencias positivas. Así, la paridad cambiaria se convirtió en una reforma estructural más, del mismo modo en que lo fueron las privatizaciones o la apertura económica, y modificó de lleno el sistema cambiario y monetario. Fue una decisión crucial que, según Cavallo, permitió “crear un nuevo sistema monetario, la de resolver la inflación por el lado de las instituciones económicas” (2001: p. 163). A la postre, la convertibilidad terminaría también –un año después- por introducir un cambio de signo monetario, cuando el Austral (₳) fuera reemplazado por el Peso ($), quitándole a aquél cuatro ceros, y estableciendo el famoso “uno a uno”, por el cual un peso pasó a equivaler a un dólar y con la que la convertibilidad pasó a inscribirse en la historia.

Conclusión. Convertibilidad y creencias: un nuevo equilibrio político Mirada a la distancia, [la convertibilidad] se trata de una ley admirable porque en sólo catorce artículos cambió el sistema monetario de la Argentina y produjo transformaciones trascendentales y perdurables en la conducta de la población. Domingo Cavallo

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina A lo largo de este trabajo hemos intentado dar cuenta del sinuoso camino que debió surcarse antes de establecerse la ley de convertibilidad. Según vimos, la misma distó mucho de ser un “plan de laboratorio” preestablecido y/o impuesto desde el inicio o por las instituciones del capital concentrado, como la Fundación Mediterránea, el CEMA o, aún más absurdo, desde el FMI. En realidad, su creación, ideación y plasmación fue un producto más coyuntural –ocurrido en el momento preciso con las condiciones justas- que estructural (aunque posteriormente fuera registrado de manera inversa). Hasta ése momento el gobierno y la política argentina en general giraron en torno al desequilibrio que el proceso hiperinflacionario demarcaba. Es decir, estaban presos del deterioro de la previsibilidad y la inexistencia de reglas de juego claras como para obtener aunque sea un mínimo de confianza, y evitar que la situación no se menoscabara todavía más. De ese modo, al no lograr resolverse el caos político ni económico, se dejaba al gobierno en una posición de debilidad, volviéndolo vulnerable a diversos tipos de ataques especulativos e intentos de desestabilización, lo que reforzaba tanto el caos y la incertidumbre políticos como el descontrol económico, todo bajo expectativas crecientemente incondicionadas. Por ello la introducción de la convertibilidad puede ser caracterizada como una decisión crucial en el sentido de Schofield antes mencionado, con la cual lograr un nuevo equilibrio sociopolítico capaz de cambiar la dinámica del proceso y poder reencauzarlo: se obtuvo un nuevo cuore institucional que logró ser perdurable en el tiempo. En la Argentina, la furiosa reconversión ideológica del peronismo fue drástica dado el extremo de la situación vivida. Empero no fueron necesarios los casos extremos y contemporáneos de lo sucedido en otros países de Latinoamérica: Bolivia implantó sistemáticamente el Estado de sitio, en México el PRI debió sostenerse con fraude electoral, Venezuela debió reprimir duramente las movilizaciones del Caracazo, en Brasil el presidente perdió el apoyo político y fue destituido, mientras que Perú llegó incluso a disolver su Parlamento. Sino que la construcción del giro neoliberal en la Argentina fue una operación política extremadamente compleja, que logró apoyarse en el disciplinamiento social que la hiperinflación terminó por configurar. La población estaba sujeta a pagar prácticamente cualquier precio con tal de lograr alguna nueva forma de estabilidad y salir lo antes posible del caos. Sin embargo, el gobierno de Menem tardó mucho en encontrar una forma de hacerlo. En esta dirección, baste recordar que los aliados iniciales se fueron perdiendo o debilitando con el derrotero de la crisis: los carapintadas perdieron su fe en Menem (por lo que intentaron un nuevo alzamiento), Bunge y Born abandonó el gobierno en pocos meses, el apoyo de la UCeDé menguó cuando Alsogaray fue expulsado del ámbito decisorio, la embajada estadounidense comenzó a hacer públicas denuncias de corrupción con el caso Switf, el peronismo amenazó con tener más de una ruptura y hasta el apoyo en la encuestas se había desmoronado. Por su parte, las corridas contra el dólar del verano de 1991 no hicieron otra cosa que explicitar la desconfianza contra la capacidad de Cavallo de enderezar la situación. En igual sentido, no está de más tener presente que la convertibilidad no formó originariamente parte del programa de reformas estructurales, como tampoco fue una segunda opción. Sino que la misma resultó ser un auténtico “Plan C” para domar la situación. La cual sólo se introdujo una vez intentados y fracasados otros caminos, aunque sin ser la misma un radical cambio de rumbo del ya iniciado, sino tan sólo una reconfiguración de los instrumentos utilizados hasta entonces. Puesto que primeramente la formula inicial correspondió al plan gradualista de Bunge y Born,

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basado en una alianza táctica con los grupos de capital local que duró muy poco tiempo. Así, cuando este sendero se estrelló (diciembre de 1989), se debió cambiar de postura e intentar un nuevo giro. Se pasó así a aplicar con González shocks ortodoxos para estabilizar la situación a través del sistema de flotación del dólar y la liberalización total de las variables, sin mayores éxitos. Nuevamente, ante la falta de resultados y un nuevo naufragio del esquema, coronado con otra corrida cambiaria (enero de 1991), se decidió aplicar otro rumbo, el tercero. Esta vez sí heterodoxo, a partir de la paridad fija. La convertibilidad entonces, en principio, debía ser una fórmula que no sólo permitiera estabilizar los precios y reactivar la economía, sino que sobre todo apuntara a dinamizar la situación a través de favorecer las exportaciones con un dólar “recontra alto”, según la idea original de Di Tella-Cavallo. Sin embargo, los vaivenes de las diversas coyunturas modificaron varias de las pautas originales, sobre todo en lo referido a su valor para lograr competitividad y los problemas causados por su inflexibilidad. Con respecto a esto último, según los economistas del CEMA, Cavallo siempre consideró a la convertibilidad como “un régimen de transición”, y que fue recién luego del efecto Tequila en 1995 que se vio obligado a atarse con más fuerza a ella (Heredia, 2001: p. 188). El mismo Cavallo señaló que su idea original siempre había sido usar transitoriamente a la convertibilidad, y que lo ideal hubiera sido salir una vez dejado atrás lo peor del Tequila, a partir de 1997: Tan fuerte era el prestigio de nuestro ´Currency Board’ hacia 1998 que yo era criticado cuando reiteraba mi idea original, de considerarlo sólo un mecanismo transitorio, para dar lugar a la libre flotación del peso (en competencia con el dólar), cosa que podría haberse hecho en 1997, cuando se estaba produciendo una fuerte entrada de capitales de corto plazo. Incluso en 1999 cuando ya se había producido la devaluación del Real, mi propuesta de otorgar flexibilidad limitada al peso mediante la adopción, como tutor, de una cesta de monedas en lugar del dólar, también fue criticada (Citado en Cherny, 2009: p. 123)29.

Por lo cual, y como vemos, paradójicamente podríamos decir que el plan original de Cavallo fue siempre desprenderse de la criatura que más reputación política le dio. Sin embargo, fue tanto el prestigio y el apoyo social que recibió la convertibilidad que se volvió prácticamente inviable cualquier opción política o económica que planteara salir de ella. Siendo todavía más paradójico e incluso irónico el resultado final del proceso, cuando Cavallo devino una figura cercana al mitológico dios Kronos, que como un padre colérico devoraba a sus propios hijos, puesto que cuando en 2001 la convertibilidad parecía dirigirse hacia su inexorable autodestrucción, Cavallo fue convocado como el único capaz de salvarla y se decidió más que nunca ahora por apostar todo su capital político en pos de proteger su creación (cuando varias veces antes, según vimos, había querido que finalizara). No obstante, el resultado es conocido: la paridad fija terminó explotando y Cavallo en su apuesta de a todo o nada, se quedó esta vez definitivamente arruinado políticamente, sin nada más que el odio mayoritario. 29. Para un análisis de la evolución económica y sociopolítica posterior de la convertibilidad, ver (Zícari; 2014a, 2014b; 2016). Con respecto a los debates sobre su colapso, ver Zícari (2017; 2018).

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina La convertibilidad ratificó de manera extrema el recorte de funciones del gobierno y las formas de intervención del Estado en el mercado de cambios bajo un esquema rígido, apostando todas las reservas del Banco Central en ello. De esta manera, el gobierno en 1991 esperó poder calmar a los mercados, atando la divisa para evitar que los ataques especulativos espiralaran las expectativas. Con lo cual, con la convertibilidad se esperó otorgarle previsibilidad al tipo de cambio y así estabilizar el sistema de precios. Aunque sus costos no fueron menores: ahora el gobierno vería disminuida su capacidad de intervención, arriesgándose a apreciar la moneda (y perder competitividad y/o generar déficit externo), como a sacrificar las reservas internacionales del Banco Central. Además, de fracasar la medida (y de perder finalmente la puja con los mercados), se produciría un nuevo estallido hiperinflacionario que dejaría al Gobierno al borde del colapso, ya a ésa altura absoluto, porque no sólo se perderían las elecciones legislativas y algunas gobernaciones durante ése año, sino también incluso la posibilidad de la presidencia de Menem misma30. Sin embargo, una vez introducida la convertibilidad, las expectativas y la gran mayoría de las variables económicas se pudieron reconfigurar, obteniendo resultados positivos en todos los casos. La irrupción de la convertibilidad fue un verdadero parteaguas político: una decisión crucial en el sentido de Schofield. Como señaló un cronista en ése momento: “Los efectos más importantes de la convertibilidad son sobre las expectativas. Materialmente, la relación reservas-dinero no es mejor hoy que en el pasado” (Ámbito Financiero 23/07/1991). Porque no necesariamente los elementos de juicio se modificaron, sino la forma de establecerlos. Es decir, se logró una nueva impronta política: un nuevo equilibrio de creencias, otro coure institucional de original cuño. Y, a partir de esto, asegurar el escenario económico y que se generara un sistema de consenso que pudiera reducir los factores de veto o constreñimiento, sobre todo los ataques especulativos, disminuyendo el marco de imprevisibilidad. Así, se pasó de una situación inicial de debilidad y desconcierto, a una de mayor capacidad y orden. De aquí que al futuro Menem al haber podido domar el descontrol, pudiera presentarse como el único garante de sostener la situación y la estabilidad, señalando una polarización entre él y “el caos” como principal elemento político y electoral. Estrategia que hacia delante le rendiría jugosos frutos y le permitiría hegemonizar junto a la convertibilidad la escena política durante toda una década.

Bibliografía Almansi, Aquiles y Rodríguez, Carlos (1989) “Reforma monetaria y financiera en hiperinflación”. CEMA, Documento de trabajo, N° 67, agosto de 1989. Cavallo, Domingo (1997). El peso de la verdad. Un impulso a la transparencia en la Argentina de los 90. Buenos Aires: Planeta. 30. Todavía a comienzos de 1991 se hablaba de una renuncia anticipada de Menem a la presidencia, dado que la crisis era indómita y estaba acabando con su gobierno. Así tuvo que salir a despejar estos rumores en una conferencia de prensa dos semanas después de la llegada de Cavallo a Economía. Dijo el presidente: “Yo le digo que Menem llega a los seis años, e incluyo va a llegar a otros seis más” Clarín (16/02/1991).

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Julián Zícari

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El nacimiento del uno a uno. Menem, Cavallo y el surgimiento del régimen de convertibilidad en la Argentina Zícari, Julián (2016). “Las dos crisis de la convertibilidad y su dispar resolución. Una explicación sociopolítica”. Revista Espectros, n° 3. Zícari, Julián (2017). “Miradas sobre el colapso. Una revisión crítica de las explicaciones económicas y sociopolíticas de la crisis argentina de 2001”. Cuadernos del CENDES, Año 34, N° 95, mayo-agosto, pp. 1-38. Zícari, Julián (2018). Camino al colapso. Cómo llegamos los argentinos al 2001. Editorial El Continente, Buenos Aires.

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IESAL Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos

Dr. Ricardo Falcรณn

CUADERNOS del Ciesal es una publicaciรณn anual del Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos (CIESAL) de la Universidad Nacional de Rosario.