Participación política y negociaciones de paz

TIERRA, POLร TICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL EN EL HORIZONTE DE LA PAZ Documento II CINEP/ Programa por la Paz Diciembre 2012

Aportes a los Diรกlogos de paz CINEP/ Programa por la Paz

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PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y NEGOCIACIONES DE PAZ Una mirada en detalle a los alcances de la Participación Política en el marco de las negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC en La Habana1

Anteceden: EL HORIZONTE DEL PROCESO DE PAZ TIERRA, POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

1. INTRODUCCIÓN Una de las continuidades del discurso histórico de las FARC ha sido la denuncia del carácter cerrado del sistema político colombiano, al que han tildado una y otra vez de oligárquico y excluyente. En este sentido, lo que está en juego en la discusión sobre participación política en La Habana no es poca cosa.

Contrario a lo que han vaticinado varios analistas acerca de los beneficios para la agenda global de un posible acuerdo sobre el punto de tierras, lo cierto es que de la forma como se resuelva la posibilidad y el tipo de participación política de las FARC dependerá el margen de maniobra que podría tener este grupo para promover y adelantar reformas de tipo estructural en el marco de la legalidad que, como sabemos, son imposibles de resolver en la mesa de negociación.2 Por esta sencilla razón, acuerdos sobre este punto alimentarían la confianza entre las partes y reducirían el margen de incertidumbre en el que los actores se ven obligados a actuar.

Los signos positivos que se leen en la coyuntura llevan a pensar que el proceso de negociación de paz, a pesar de las dificultades por las que atraviesa el gobierno de Juan Manuel Santos, ofrece posibilidades reales para avanzar en esta materia. En efecto, la reciente visita de una comisión de congresistas a La Habana y las declaraciones de parte de la guerrilla de las FARC acerca de la necesidad de discutir los principales elementos del Marco Legal para la Paz, son indicios de que existe una base sólida sobre la cual entrar a discutir una posible participación política de esta guerrilla.

De cara a esta nueva realidad, el CINEP/PPP se muestra optimista y persiste en su esfuerzo por contribuir al debate público con análisis propositivos encaminados a pensar en posibles mecanismos y alternativas que ayuden a promover acuerdos y faciliten su implementación. Resultado de este 1 El presente documento es el resultado de una conversación moderada por el equipo de Estado y Conflicto de CINEP/PPP en la que participaron, además de investigadores del Centro, los profesores Alejo Vargas y Medófilo Medina y Omar Fernández de la Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia –Comosoc-, sucedida en las instalaciones de CINEP/PPP el 5 de febrero de 2013.

2 Con esto no se quiere decir que el tema de la participación política sea más importante que los demás puntos de la agenda, como aclaró Alejo Vargas en su intervención. Las agendas de negociación son complejas y no hay puntos más relevantes que otros. Sin embargo lo que se quiere poner en evidencia es que en una eventual negociación, las posibilidades de sostenibilidad dependerán de lo que se logre en materia política.

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esfuerzo presentamos algunas consideraciones que nos parecen relevantes de cara a este punto de la agenda.

2. ¿QUÉ ES LO NEGOCIABLE EN MATERIA POLÍTICA? Por obvio que parezca, un primer elemento de análisis que habría que tener en cuenta es que resulta altamente improbable que lo que se discuta en este punto sea la naturaleza misma del régimen político y mucho menos la posibilidad de una transición política en sentido estricto. Partir de estas exigencias, sería desconocer la legitimidad del sistema democrático colombiano que, al menos en el nivel nacional y a pesar de sus retrocesos recientes, cumpliría con los requisitos mínimos que se le exigen a cualquier democracia del mundo para ser reconocida como tal.3 Por este motivo, la discusión alrededor del tema de la participación política de las FARC se esperaría girara en torno a la necesidad de llegar a acuerdos sobre qué tipo de reformas institucionales del sistema democrático vigente son necesarias para generar confianza entre las partes a un nivel tal que los problemas de compromiso propios de una etapa de posconflicto se vieran atenuados.

Formulado de esta manera, el objeto de la negociación se clarifica y con él las posiciones que se esperaría podrían tomar tanto gobierno como guerrilla para facilitar la construcción de consensos en la mesa. Por un lado, un gobierno dispuesto a otorgarle cierto nivel de legitimidad al poder político que las FARC poseen de facto, sería un primer paso en el reconocimiento de esta organización armada como un agente efectivo en la gestión de asuntos públicos y no solamente como una organización narcoterrorista o una máquina de guerra.

Por otro lado, una guerrilla que replantee su discurso histórico de cara a la realidad actual y reconozca al régimen político colombiano como el juego legítimo para tramitar sus demandas sería una muestra de superación de viejas formas de concebir la democracia colombiana. En efecto, la realidad política actual dista mucho de aquella en la que surgieron las FARC. Desde luego que todavía persisten enormes problemas y serias limitaciones en el régimen actual, basta mirar fenómenos como la parapolítica o la creciente desinstitucionalización que generó Álvaro Uribe Vélez durante sus dos períodos presidenciales, pero resulta conveniente tener en cuenta también los avances democratizadores que ha experimentado el país en las últimas décadas: el papel que ha cumplido la Corte Suprema de Justicia al investigar y juzgar a los parapolíticos o la relevancia y prestigio político que tuvo un partido como el Polo Democráticos son signos de cambio que mal se haría en desconocer.

Ahora bien, ¿qué posibilidades reales existen para que las partes se sintonicen en la mesa de cara al punto de participación política y estén dispuestas a asumir posiciones como las sugeridas? Aunque no existe una respuesta definitiva a esta pregunta, el CINEP/PPP, sobre la base de un diagnóstico previo que identifica las principales limitaciones de una eventual participación de las FARC en la política legal, propone algunas recomendaciones que esperamos alimenten el debate y contribuyan a la formulación de políticas pro paz a nivel de gobierno en aras de la estabilización de escenarios de posconflicto.

3 Esto no implica desconocer que el conflicto armado y la violación a los derechos humanos son los elementos que quizá con mayor grado distorsionan el desempeño de la democracia colombiana. Lo que queremos señalar es que si bien el cierre del sistema político del Frente Nacional fue, en efecto, una de las causas del origen de las FARC, resulta equivocado ignorar los procesos de apertura política que ha experimentado el país en décadas recientes. Lo que se evidencia desde la irrupción de la violencia es que ésta ha interactuado de distintas y complejas formas con la democracia del país sin que necesariamente haya afectado la estabilidad del sistema a nivel macro. Ver: Nasi, Carlo (2012) “Instituciones Políticas para el Posconflicto” En: Rettberg, Angelika (comp.) (2012) Construcción de Paz en Colombia. Bogotá: Universidad de Los Andes. Pp. 51-88; Gutiérrez, Francisco (2011) “La Constitución de 1991 como pacto de paz. Discutiendo las anomalías” En: Estudios Socio-Jurídicos. Vol. 13, (1): 419-447.

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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Como cualquier ejercicio propositivo lo requiere, consideramos pertinente señalar cuál es el contexto en el que se desarrolla la discusión sobre una eventual participación política de las FARC con el ánimo de identificar los retos y las oportunidades que se vislumbran desde la perspectiva de los principales actores involucrados: la sociedad en general, las FARC y la sociedad política.

3.1. Una cultura política adversa a los acuerdos de paz Desde la perspectiva de la sociedad en general, una de las principales preocupaciones que tiene el CINEP/PPP es la persistencia en varios sectores de la sociedad colombiana de una concepción maniquea de la política. Esta concepción asume la política como un juego de suma cero donde queda muy poco espacio para el adversario y, por lo tanto, lo que busca es la eliminación del enemigo. Así ha quedado en evidencia en los distintos pronunciamientos no sólo de las partes en conflicto, sino también de diversos medios de comunicación y sectores de la opinión pública que han magnificado y reproducido estos mensajes. Fenómenos coyunturales que son, finalmente, la expresión de una cultura política que se ha configurado históricamente en el país.

El modelo de negociación que se eligió (diálogo en el exterior con conflicto en el interior) ha conllevado a que la mesa y el país tengan ritmos totalmente distintos: en la mesa la discusión política y la decisión de no levantarse, priorizando los 5 puntos pactados; este escenario contrasta con la “crisis interna del país” y la polarización promovida por los medios de comunicación. ¿El resultado? Unos diálogos de paz que muy pocos se atreven a defender y que deben resistir los embates de múltiples opositores cuyos mensajes encuentran eco en los grandes medios de comunicación.

Este tipo de reacciones coyunturales expresan una cultura política que se ha consolidado al calor de nuestra historia conflictiva y que deriva en que prácticas democráticas como el ejercicio de la oposición, el respeto por la separación de poderes o la tolerancia política sean poco valoradas. Según las mediciones del último Barómetro de las Américas para Colombia, el porcentaje de ciudadanos que muestran actitudes favorables a la democracia estable en 2012 ha sido el más bajo que ha experimentado el país en los últimos ocho años.4 Por su parte, en lo que se refiere a un posible escenario de posconflicto la situación aunque parece arrojar resultados más positivos no es del todo satisfactoria pues, según las cifras de este mismo informe, persisten dificultades actitudinales para tolerar este tipo de situaciones. Si bien tres de cada cinco colombianos dijeron no tener problema con aceptar a un desmovilizado como vecino, preocupa que una gran parte de quienes se mostraron adversos a este tipo de tolerancia sean los sectores más educados y urbanos del país.5 3.2. El trauma de la Unión Patriótica y las escasas probabilidades de éxito electoral de la guerrilla en el sistema político actual.

Desde la perspectiva del actor armado, se vislumbran al menos dos potenciales limitaciones que 4 Apenas el 27% de los ciudadanos encuestados mostraron alguna actitud de apoyo, una cifra preocupante que si bien no debe llamar a fatalismos sí indica cierta predisposición a respaldar, en situaciones excepcionales, alternativas que no necesariamente encarnan valores democráticos. Ver: Rodríguez-Raga, Juan Carlos y Seligson, Mitchel (2013) Cultura Política de la Democracia en Colombia y las Américas. Universidad de Los Andes-USAID. Pp. 126.

5 Ibíd.,pp. 206.

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dificultarían la construcción de consensos alrededor del punto de participación política. La primera de ellas tiene que ver con la experiencia traumática que experimentó esta guerrilla cuando intentó participar en la política legal a través de la Unión Patriótica a finales de la década de 1980 y comienzo de 1990. Aunque el argumento de la “combinación de todas las formas de lucha” ha terminado por convertirse en la explicación dominante del genocidio de este movimiento, atribuyéndole al grupo armado la culpa de su trágico fracaso político, lo cierto es que éste fue más bien el resultado de la imposibilidad del Estado de garantizar las condiciones de seguridad necesarias y frenar la arremetida armada de distintos sectores de las elites regionales que vieron en la nueva fuerza política una amenaza real para el statu quo.

Una segunda limitación está relacionada con la dificultad que tendrían las FARC para desempeñarse electoralmente en el actual sistema político. Contrario a las esperanzas y aires de cambio que generó la Unión Patriótica en un contexto nacional donde las FARC no tenían un nivel de desprestigio generalizado, el gran reto de la discusión de este punto en la mesa de negociación es cómo lidiar entre la animadversión que despierta en diversos sectores de la sociedad y la legitimidad y poder político que por las vías de hecho ha logrado construir en varias regiones del país. Un poder político que, por paradójico que parezca, es su mayor debilidad pues la consolidación de una base social materializada en los colonos, al ser una categoría social en transición, tenderá a desaparecer conforme se vaya cerrando la frontera agraria del país.6 En este sentido, de la disposición de las FARC de compaginar política y organizacionalmente con nuevas expresiones, como Marcha Patriótica7, más allá de sus plataformas políticas como el PC3 o el Movimiento Bolivariano dependerá el capital político necesario para ingresar a la arena política legal.

3.3. Posiciones ambiguas del presidente Juan Manuel Santos frente a los grupos que se oponen al proceso de paz Desde la perspectiva de la sociedad política del país, si bien existe un claro empeño del presidente Juan Manuel Santos por sacar adelante la negociación con las FARC, la simultaneidad del proceso de paz con una eventual campaña política reeleccionista afectaría el margen de maniobra y la capacidad del presidente para ceder en aspectos que si bien pudieran resultar inconvenientes para sus intereses inmediatos no lo serían tanto para un país que necesita imaginar nuevas formas y mecanismos para reducir la violencia asociada al conflicto armado, siendo la participación política de las FARC una de las principales medidas a implementar.

Aunque como lo dijo el mismo presidente Santos, el límite para llegar a acuerdos es noviembre de este año, de suerte que se supondría gran parte del acuerdo estaría convenido antes del inicio oficial de la campaña, varios problemas se perciben desde ahora, sobre todo en las posiciones ambiguas y las señales contradictorias que emite el presidente en sus pronunciamientos pues está en la obligación de hablarle a dos públicos totalmente diferentes, pero igualmente capitalizables en términos electorales: 6 Esta idea corresponde a la intervención del profesor Medófilo Medina.

7 Según Medófilo Medina, lo que se evidenció el 23 de abril de 2012, con el lanzamiento oficial del movimiento Marcha Patriótica, fue la irrupción de un nuevo movimiento político de izquierda que si bien dio cuenta del mundo rural colombiano y de sus problemáticas históricas, lo hizo a través de unas prácticas organizacionales distintas a las de la izquierda tradicional.

Primero, porque se ha estructurado bajo un esquema descentralizado que considera el más deseable: menos comité ejecutivo nacional y más fuerza regional, lo cual le permitiría generar anclajes sólidos. Segundo, porque es evidente en su composición un relevo generacional importante donde, si bien prevalece lo rural sobre lo urbano, las alianzas y vínculos con las universidades regionales y otras organizaciones y redes nacionales e internacionales, han ayudado a cerrar la brecha entre ambos espacios. Y, tercero, porque recurre a los nuevos medios de comunicación lo que ha facilitado la ampliación de redes con colectivos que antes no hubiera sido posible.

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el que está sentado en la mesa negociando y tratando de establecer acuerdos y a una gran cantidad de ciudadanos, muchos de ellos descreídos del proceso, que le exigen una postura “fuerte” e “intransigente”.

De lo anterior se deriva una situación complicada que tiene sus días contados pues el desarrollo de los diálogos eventualmente obligará al presidente Santos a tomar una de estas dos posiciones: o bien un apoyo irrestricto a la paz y los convenios que se establezcan en La Habana o bien una opción guerrerista en línea de continuidad con su antecesor. Sin embargo, al optar por la primera alternativa, Santos deberá ser consciente de la necesidad de construir coaliciones políticas pro paz lo suficientemente robustas que le permitan contrarrestar la coalición liderada por Álvaro Uribe y sus adalides quienes apoyan abiertamente la salida militar.

4. PROPUESTAS Frente a la situación descrita el CINEP/PPP propone varias iniciativas y recomendaciones que ayudarían a solventar algunos de los problemas y limitaciones identificadas.

4.1. La creación de un comité que elabore y socialice una información clara sobre lo que viene produciendo la mesa de negociación y que contribuya a la construcción de una cultura de paz Ante le existencia de una cultura política adversa a la paz, en gran parte como resultado de los mensajes fragmentados y falseados de los medios de comunicación que reproducen matrices discursivas que se sintonizan con una imagen maniquea de la política, el CINEP/PPP apoya la iniciativa del profesor Medófilo Medina quien propone la creación de un comité de carácter nacional integrado por periodistas independientes, líderes de opinión, académicos y sectores de la sociedad civil interesados en el tema de la paz, cuya función principal sería la de analizar los discursos y noticias que circulan sobre la mesa de negociación en aras de ofrecer una información mucho más ponderada y ecuánime; una información que muestre que hay dos partes en la mesa y que si bien la negociación se adelanta en medio del conflicto este hecho no la hace menos legítima sino que, al contrario, obliga a apoyar cualquier tipo de acuerdo cuyo fin último sea la reducción de la violencia en el país.

4.2. Recomendaciones para reformular los principios mismos del Estado y garantizar su presencia efectiva en los lugares donde operaba la guerrilla.

El CINEP/PPP es enfático en señalar la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad de los guerrilleros que decidan acogerse a un eventual acuerdo y de la población civil que habita en sus zonas de influencia. Responsabilidad que consideramos implica tener en cuenta la necesidad de promover algunos cambios en la infraestructura estatal y en la forma en que el Estado se relaciona con la sociedad.

Una reorientación del modelo de Estado. Históricamente la formación del Estado colombiano ha sido, en gran medida, el resultado de un esfuerzo por contener la amenaza de “enemigos internos” que le disputan el monopolio legítimo de la violencia, de suerte que la lógica militar ha prevalecido sobre la lógica social. Ante la actual coyuntura se requiere que los principios mismos del Estado se reformulen de cara a la paz y coincidan con una infraestructura que priorice los asuntos civiles sobre los militares.

Reformas referidas al ámbito funcional y territorial del Estado. En este sentido, se requiere una inversión significativa en la creación de un entramado burocrático autónomo que responda de forma ágil a las nuevas exigencias del posconflicto y que reconozca, desde su diseño mismo, las problemáticas regionales y locales a priorizar en cada uno de sus ámbitos de acción. Aunque se ha avanzado con la reestructuración del Estado que ha promovido el presidente Juan Manuel Santos, es necesario

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profundizar en esta materia a través de una socialización adecuada de esta nueva burocracia que asegure que sus preferencias como funcionarios se alineen con la orientación pro paz del gobierno, lo cual evitaría un comportamiento oportunista de este nuevo personal y, sobre todo, reduciría la probabilidad de que terminaran siendo influenciados a nivel local por intereses adversos a la paz. De igual forma, es urgente que el Estado replantee su estrategia militar de consolidación territorial en clave del diseño de nuevos mecanismos institucionales que permitan generar un vínculo realmente democrático entre el centro y las regiones que, a su vez, reduzca las disparidades territoriales en términos del respeto por la ley y la calidad de la democracia. Necesitamos un Estado que realmente provea bienes públicos en las regiones e impulse dinámicas de desarrollo que permitan superar las condiciones de exclusión, desigualdad y pobreza que alimentan el conflicto armado del país.

Un Estado que vea en la sociedad civil su aliado y no su competidor. En el marco del diseño de estas y otras reformas del Estado, es fundamental que se logren capitalizar las iniciativas civiles de paz que se han estructurado, con diferentes niveles de éxito, en las regiones del país. El acumulado de conocimiento que tienen estas organizaciones sobre los eventos violentos que han padecido diferentes comunidades, la confianza que en éstas han depositado los pobladores y la capacidad instalada que tienen son tres factores que las convierten en aliados estratégicos para cualquier intento del Estado por impulsar medidas encaminadas a la reconstrucción del país.

4.3. Posibles reformas políticas que promuevan una participación activa de las FARC en los asuntos públicos del país.

De cara a la dificultad que tendría la guerrilla para incorporarse al sistema político actual al prever el estruendoso fracaso de una eventual participación en la arena electoral, es necesario preguntarse por cuáles serían las reformas políticas que le garantizarían a las FARC la capacidad suficiente para incidir en decisiones políticas fundamentales relacionadas con sus principales reivindicaciones a pesar de haber dejado las armas, su principal recurso políticos durante décadas. Se trataría de una oportunidad que, de ser bien capitalizada, le permitiría a esta guerrilla construir una nueva imagen de cara al país sobre la base de su compromiso con la paz.

En este sentido, el Marco Legal para la Paz, constituye el instrumento jurídico que permitiría el diseño y la aprobación de este tipo de reformas. Con el ánimo de aprovechar esta oportunidad destacamos al menos tres tipos de iniciativas en esta materia que deberían sopesarse en el marco de diagnósticos más elaborados, de tal manera que permitieran pensar los efectos esperados y no esperados de este tipo de reformas.

Estas tres iniciativas son: i) Arreglos políticos de poder compartido en lo local.8 Dentro de la literatura sobre construcción de paz, los acuerdos compartidos de poder son los mecanismos que en mayor medida contribuyen a la estabilidad del posconflicto.9 Aunque se le suele tildar de poco democráticos y de postrar a sociedades enteras en el inmovilismo, lo cierto es que la experiencia ha demostrado, primero, que si bien va en 8 En sentido amplio, según Kathrin Heitz, los arreglos de poder compartido se entienden como “aquella situación en la que una de las partes renuncia a una porción de su poder para compartirla con otro grupo, de tal suerte que muchas más personas pueden opinar y decidir sobre asuntos públicos relevantes para una comunidad”. En: Heitz, Kathrin (2009) “Power-Sharing in the local arena” En: African Spectrum, vol. 3: 111.

9 Norris, Pipa (2008) Driving Democracy. Do Power-Sharing Institutions Work. Cambridge University Press; Hoodie, Matthew y Hartzell, Caroline (2003) “Civil War Settlements and the Implementation of Military Power-Sharing Arrangements” En: Journal of Peace Research, vol 40 (3): 303-320.

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contravía de los principios democráticos el sacrificio es necesario en el entendido que es uno de los costos de la paz; segundo, el problema del inmovilismo se puede superar si existen límites de tiempo y garantías institucionales que hacen previsible que en efecto dichos límites van a ser respetados por quienes suscriban el acuerdo.

Para el caso colombiano podría pensarse en vías intermedias, variantes del mecanismo que permitiera su implementación a nivel local reconociendo que, en efecto, es a esta escala territorial donde la guerrilla ha construido un poder político significativo y desarrollado una capacidad impresionante para gestionar asuntos públicos, incluso mejor que el mismo Estado. En el plano político se podrían fomentar gobiernos locales de coalición temporales en aquellas zonas donde las FARC han tenido una presencia histórica.

En dichas coaliciones podrían participar únicamente aquellos ex combatientes que no hayan sido acusados de crímenes de lesa humanidad. Una decisión como ésta permitiría (i) que las FARC se adaptaran paulatinamente al juego político; (ii) iniciaran un proceso de construcción de poder reputacional que iría de lo local a lo nacional y (iii) se construyera confianza entre antiguos adversarios que han interactuado durante décadas hasta convertirse en “enemigos íntimos”.

Dado que una medida como ésta beneficiaría en principio a los altos mandos de la guerrilla, deberían implementarse de forma paralela arreglos de poder compartido en el plano militar que involucrara a los mandos medios y a los sectores de base de la organización armada. Se podría pensar en la posibilidad de que estos agentes armados, una vez cesaran su actividad ilegal, pudieran integrarse a una fuerza pública mixta. Esta medida no sólo ayudaría a asegurar las condiciones materiales de los desmovilizados al brindarles empleo sino que permitiría asegurar una aumento en el pie de fuerza que impidiera que el vacío de poder dejado por la guerrilla fuera copado por otro grupo armado o por bandas dedicadas al tráfico de drogas. ii) Reformas al sistema electoral. Otra de las posibilidades que debería contemplarse sería la creación de circunscripciones especiales que permitieran que los intereses de las FARC se vieran reflejados en el nivel nacional, de nuevo por un período limitado. Por ejemplo, Iván Márquez ha propuesto la creación de una circunscripción campesina. Aunque se trata de una medida más simbólica que efectiva, toda vez que una o dos curules adicionales en el Congreso no harían una diferencia significativa en el proceso de toma de decisión en esta corporación, resulta conveniente en el sentido que constituye un reconocimiento público al carácter político de la organización armada. Fuere cual fuere la justificación de esta medida, quienes la diseñen deberían partir de supuestos más ajustados a la realidad y tratar de comprender que no necesariamente la creación de una circunscripción especial implica un vínculo automático con los intereses que supone debe representar.10 Aún así, creemos es una iniciativa valiosa que se debe contemplar. iii) Apoyo estatal a las nuevas organizaciones políticas. Hacer política no es tarea fácil y requiere de una inversión significativa en términos de recursos logísticos, de infraestructura organizacional y comunicacional , técnicos, electorales y financieros. Por esta razón, el Estado debería contemplar entre el paquete de reformas una estrategia de financiación y acompañamiento a las nuevas organizaciones políticas que surgieran de la desmovilización de las FARC. Se podría pensar, por ejemplo, en medidas como el giro de recursos financieros que estuvieran atados o bien a la construcción de infraestructura organizacional del nuevo partido o bien a los gastos de campaña. Esto con el fin de evitar un uso 10 La experiencia de las circunscripciones indígenas y afros es una muestra de un diseño institucional muy bien intencionados que, al partir de supuestos y diagnósticos equivocados (por ejemplo, la existencia del voto étnico: el afro vota por afro y el indígena vota por indígena) derivó en una serie de efectos no esperados desastrosos para el problema que intentó resolver.

Ver: Escandón, Marcela (2011) Circunscripciones especiales indígenas y afro (1991-2010). Cuestionamientos a la representación identitaria en el Congreso de Colombia. Bogotá: Universidad de Los Andes

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discrecional del dinero que derivara en limitaciones para su planeación y ejecución, así como en posibles disputas internas.

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