Cien días vistos por CINEP/PPP - Agosto de 2010/ No 70

Agosto 2010 / No 70

Política Economía Política Social Paz

Comunicación Conflicto Armado Derechos Humanos Movilizaciones Sociales

BALANCE GOBIERNOURIBE 2002-2010

Contenido Editorial El nuevo gobierno: ¿ventana de oportunidad para la paz?

Por Mauricio García Durán S.J. Derechos Humanos Derechos, Uribato, Bicentenario Por Alejandro Angulo Novoa S.J. Las amenazas en el gobierno Uribe Por Carlos Fernández Conflicto Armado La seguridad democrática de Uribe (2002-2010) Por Teófilo Vásquez Algunos interrogantes sobre la política de seguridad democrática Por Diego Quiroga Política “Gracias, general Uribe, por salvar la patria” Por Fernán González S.J. Los avatares de la coalición Uribista

Por María Clara Torres y Víctor Barrera Paz Víctimas en el cálculo politico Por Fernando Sarmiento Movilización por la paz: el papel de las víctimas (2002-2008) Por Vladimir Caraballo Movilizaciones Sociales “Que se mueran los feos” Por Álvaro Delgado, Ana María Restrepo y Martha Cecilia García

Economía Más inversión, más pobreza y más desigualdad Por Jorge Iván González

Comunicación Uribe Tevé Por Lucía Camargo Rojas Libertad de prensa (2002-2010) Por Lucía Camargo Rojas Política Social Política Social (2002-2010) Pocos avances, grandes interrogantes Por Sergio Coronado

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Consejo Editorial Mauricio García Durán S.J. Camilo Borrero Teófilo Vásquez Lucía Camargo Rojas Coordinación Editorial Camilo Borrero Lucía Camargo Rojas Colaboran en este número Alejandro Angulo S.J. Carlos Fernández Teófilo Vásquez Diego Quiroga Fernán González S.J. María Clara Torres Víctor Barrera Álvaro Delgado Ana María Restrepo Martha Cecilia García Fernando Sarmiento Vladimir Caraballo Jorge Iván González Sergio Coronado Lucía Camargo Rojas Diseño y edición fotográfica Margareth Figueroa Lucía Camargo Rojas Diagramación Margareth Figueroa Ilustración y diseño de portada Felipe Camargo Rojas Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP) Carrera 5a. No. 33A-08 Tel: 2456181 web: www.cinep.org.co e-mail: comunicaciones@cinep.org.co Bogotá D.C., Colombia Agosto - noviembre de 2010

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Editorial

El nuevo gobierno: ¿ventana de oportunidad para la paz?

Por Mauricio García Durán S.J.*

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n las últimas semanas se han venido realizando distintos tipos de balances de los ocho años de la administración Uribe, tanto desde la orilla del gobierno como de la oposición y de los centros de investigación y medios de comunicación. Nosotros también lo estamos haciendo en este número de Cien días. Las perspectivas varían en tanto algunos buscan enfatizar sus logros y otros llamar la atención sobre los problemas que nos dejan estos ocho años. Ahora bien, lo importante de estos balances, políticamente hablando, son los retos que se plantean en los mismos para el gobierno que se inaugura, el de Juan Manuel Santos.

No obstante haber sido elegido como la continuidad del ‘Uribismo’, queda claro en las declaraciones que ha hecho y en los nombramientos que ha anunciado que su gobierno implicará un cambio de estilo y perspectiva con relación a la era Uribe que acaba esta semana. Aunque falta conocer más detalles de lo que será la política de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, las noticias conocidas hasta el momento parecen indicar que se puede abrir una ventana de oportunidad para la paz en el país. Las declaraciones de Angelino Garzón, vicepresidente electo, así lo atestiguan.

“

Las noticias conocidas hasta el momento parecen indicar que se puede abrir una ventana de oportunidad para la paz en el país .

”

Uno de los resultados de la política de seguridad democrática es haber cambiado la correlación de fuerzas en la confrontación armada con las guerrillas, en particular con las FARC. Ahora bien, no obstante ocho años de una persistente política militar contra la insurgencia, es necesario decir que la guerrilla puede estar golpeada, pero no está derrotada.

Tampoco pudo la seguridad democrática acabar con el paramilitarismo ni el narcotráfico.

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Ello vuelve a poner de presente que se necesita una propuesta de carácter más integral, que sin desconocer la necesidad de una fortaleza militar de parte del Estado, pueda al mismo tiempo desarrollar una estrategia integral de construcción de paz. Una negociación con la insurgencia aparece necesaria como instrumento para poner fin al conflicto armado prolongado y degradado, tal y como se ha visto en otros países que han vivido conflictos semejantes o incluso más complicados que el nuestro.

El nuevo gobierno tiene el capital político para hacer un viraje de esta naturaleza y reemprender la búsqueda de una salida negociada del conflicto armado. Ahora bien, tiene el reto de aprender de los errores que se han cometido en el pasado, particularmente en el proceso en el Caguán con las FARC y en Ralito con los paramilitares. Sería imperdonable no construir una estrategia de paz sobre las lecciones que dejan más de 25 años de procesos de paz y una extendida experiencia internacional al respecto. Pero para hacerlo se requiere articular un modelo que pueda retomar con humildad y apertura estas lecciones.

Ahora bien, no son pocos los retos que una apuesta política por una solución negociada tendrá que afrontar. Por mencionar sólo algunos: En primer lugar, debería revertir una opinión pública favorable a una salida militar y, subsecuentemente, escéptica frente a una negociación de paz. Y para lograrlo tendría que cambiar el énfasis del discurso oficial que ha imperado en estos ocho años, por ejemplo, promoviendo mecanismos que permitan participar a las organizaciones de la sociedad civil.

En segundo lugar, debería ser un modelo de solución negociada que tenga en cuenta todos los factores de violencia. No basta negociar con la insurgencia, también hay que hacerlo con los paramilitares y, ante todo, con los factores de poder regional que los respaldan.

Incluso, hay temas que deberían “negociarse”

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Sería imperdonable no construir una estrategia de paz sobre las lecciones que dejan más de 25 años de procesos de paz y una extendida experiencia internacional al respecto

”

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con la sociedad, como es el caso del problema agrario y de tenencia de la tierra. Al mismo tiempo es necesario plantear alguna solución eficaz al narcotráfico, problema que alimenta la guerra.

En tercer lugar, debería contarse positivamente con el apoyo de la comunidad internacional, la cual podría jugar un rol importante para desatar algunos de los nudos gordianos que nos separan de la paz. Una política internacional que restablezca las relaciones con nuestros vecinos y fortalezca la conexión con América Latina es un componente imprescindible en este esfuerzo hacia la paz. Además, la cercanía con Estados Unidos debería traducirse en un compromiso efectivo para avanzar en esta dirección.

Por último, y no menos importante, debería ser un modelo de negociación que tenga en el centro de las soluciones planteadas a las numerosas víctimas del conflicto armado que hemos vivido por más de 40 años. Sin una respuesta adecuada a sus demandas no se estaría dando verdadero cierre a dicho conflicto, antes bien poniendo las bases de una nueva generación de violentos, como ya lo hemos experimentado en los últimos 60 años.

*Mauricio García Durán S.J. Director General CINEP/ Programa por la Paz

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Derechos Humanos

Derechos, Uribato, Bicentenario Las violaciones a los derechos humanos disminuyeron en los ocho años del gobierno Uribe, pero la situación de los derechos humanos empeoró durante este tiempo.

Por Alejandro Angulo S.J.*

P

arece una antinomia: las violaciones a los derechos humanos disminuyeron en los ocho años del ‘Uribato’, pero la situación de los derechos humanos empeoró durante ese tiempo.

En realidad, las dos afirmaciones son posibles. Y la razón es muy sencilla: mientras la intensidad del conflicto armado bajó por razones obvias, el sistema de derechos sufrió un deterioro significativo. Veamos cómo.

El sistema se desequilibra

Las violaciones de los derechos humanos tales como el asesinato, la tortura, la detención arbitraria se hacen, en general, menos numerosas con la mal llamada “seguridad democrática”:

Violaciones

2002 2009

Asesinatos 1.133 547 Torturas 135 102 Detención arbitraria 1.077 190

Parecería que, en efecto, se puede verificar una disminución de la brutalidad cruenta porque las bandas paramilitares bajan su perfil, a raíz de las conversaciones con el Presidente. No así sus amenazas, las cuales aunque también acusan alguna baja numérica, muestran un aumento considerable en los ocho años y hoy mantienen su persistencia en las cifras altas.

O sea que la brutalidad en la política, como la energía en la termodinámica, no se aniquila sino que se transforma. En el estudio de las tendencias generales ambiguas los analistas llegaron a la hipótesis explicativa de ‘reacomodamiento’ de los actores armados | www.cinep.org.co |

(Vargas A. R. y Restrepo J. 2009) y, sobre todo del paramilitarismo (Banco de Datos, 2010), que adquiere carta de ciudadanía gracias a la mal llamada Ley de Justicia y Paz.

Años

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Amenazas 495 421 528 501 566 603 599 575

Y esa legitimación del paramilitarismo es razón del deterioro de los derechos humanos: aceptar el paramilitarismo so capa de construir la paz es una ilusión óptica. Es una de las prestidigitaciones en las que la dirigencia colombiana es gran especialista. No hacía falta reinsertar a los paramilitares porque ellos están insertados en nuestro sistema social

desde hace doscientos años.

Ellos, como todos los colombianos, están celebrando el bicentenario. Suficientes críticas se han levantado a la Ley de Justicia y Paz como ineficaz en sus dos términos: ni la reparación de las víctimas está siendo una realidad de justicia, ni el fin del conflicto social armado se avizora todavía como signo de paz.

En la raíz del conflicto social armado está el ‘problema agrario’ que consiste en la acumulación del suelo en pocas manos. El credo del paramilitarismo es que la repartición exageradamente desigual de dicho suelo es el camino del progreso económico, único indicador aceptable del bienestar de los pueblos. Este enfoque favorable a la inequidad social fue privilegiado también por el régimen Uribe y puesto en práctica con la brutalidad paramilitar que llega a adoptar como su símbolo la motosierra no para derribar los bosques sino para talar “la oposición política”.

“

Ese enfoque favorable a la inequidad social fue privilegiado también por el régimen Uribe y puesto en prática con la brutalidad paramilitar .

”

Y es gracias a esa manera de ver el problema que los derechos de propiedad de más de tres millones de colombianos han sido flagrante e impunemente violados, sin que se advierta una intención genuina de remediar tan situación por parte de la aplastante mayoría del ‘establecimiento’, como lo acaban de demostrar las elecciones presidenciales.

Aunque no poseemos una cifra exacta, la estimación de la tierra rodaba por los paramiNo. 70 | agosto - noviembre 2010 |

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Derechos Humanos

“

Entre el problema agrario y el del empleo se llega a un deterioro de otros derechos humanos básicos que constituyen la condición indispensable para salvaguardar la supervivencia

”

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La vida digna es la sustancia de los derechos humanos y, por consiguiente, el credo paramilitar, que la considera prescindible en aras de una acumulación de riqueza rápida para unos pocos, es el mayor atentado contra todos los derechos humanos sociales y económicos.

No es, pues, posible aseverar una mejora de la situación de los derechos humanos cuando se deja intacta la motivación para violarlos. La culebra de la codicia sigue viva y su mordedura inocula la injusticia que conduce a la guerra. Podrán detectarse oscilaciones en la frecuencia y la modalidad de las violaciones, pero si el hecho fundamental del respeto a la dignidad humana no se coloca en el centro del debate y no se toman las medidas necesarias para garantizar y defender esa dignidad de todas las personas, en todos los casos y todos los días, el sistema de derechos tiene una falla intrínseca que le impide dar resultados definitivos.

Las grietas abiertas del sistema

Otra razón por la que se deterioró el sistema de derechos fueron los atentados que el Uribato perpetró contra el mecanismo de la justicia. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y las Cortes, dada la popularidad del

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Imagen: larevolucionvive.org.co

litares llega a cuatro millones de hectáreas.

Y en consonancia con esa resolución violenta del problema agrario, está también el impulso a un sector ‘industrial’ que no da trabajo a la población de las ciudades. Lo que se ofrece al observador es, entonces, un panorama de violación implícita del derecho al trabajo. Esta violencia implícita segrega, a su vez, otra violencia clandestina que sigue ocupando el panorama nacional e internacional y cuya dimensión de fuerza se ha denunciado como “la violencia contra los sindicalistas”. El número de sindicalistas asesinados entre 2002 y 2009 es de 699.

Así entre problema agrario y el problema del empleo se llega a un deterioro de otros derechos que, si no son el derecho literal a la vida, sí son derechos humanos básicos y, además, constituyen la condición indispensable para salvaguardar la supervivencia.

Preslogró hacer mella en el sistema de derechos al impedir su funcionamiento expedito en algunas ocasiones. Y si, a pesar de estos atentados contra la independencia de los poderes, los jueces lograron hacer algún avance hacia frenar el paramilitarismo, hay que advertir también que la conducta del Gobierno logró echarle arena a los engranajes del aparato judicial.

El juego de la extradición de los “capos” a los Estados Unidos es lo suficientemente ambiguo como para infundir sospechas de que hay mar de fondo. Y las escaramuzas presidenciales para salvar a sus partidarios, convictos pero no confesos de paramilitarismo, no hace sino aumentar las sospechas y los temores de que ese mar de fondo arrastre demasiadas relaciones no santas y traicioneras.

Esta sola conducta inapropiada del Ejecutivo frente al Judicial bastaría para dejar maltrecha la justicia. Pero si, además, se suma la desvergüenza del Legislativo en lo tocante a prácticas paramilitares, es del todo innegable que la totalidad del sistema de derechos se agrieta porque pierde su función de garantizar que la impunidad de los poderosos no se vuelva la regla general.

“Cuando el narcoparamilitar Salvatore Mancuso dijo, en marzo del 2002, que los políticos amigos de su organización se quedarían con el 35 por ciento de las curules en el Congreso, sus declaraciones fueron calificadas como un desafío a la democracia colombiana. Sin embargo, ocho años después, los llamados herederos políticos de dirigentes involucrados o condenados por sus nexos con las AUC están a punto de reconquistar buena parte de las cerca de 80 curules perdidas en procesos penales o en renuncias voluntarias.

“

Ocho años después, los llamados herederos políticos de dirigentes involucrados o condenados por sus nexos con las AUC están a punto de reconquistar buena parte de las curules perdidas .

”

Los politólogos Alejo Vargas y Ariel Ávila estiman que de las 268 curules que hoy están en juego —en Cámara y en Senado—, las llamadas fichas de los parapolíticos podrían reconquistar 70 de ellas.

Esa cifra representa casi el 30 por ciento del Congreso” (El Tiempo, 2010). El estado de derecho es un sistema complejo en el que se vinculan tres servomecanismos, o sea, tres aparatos que sólo pueden funcionar si están coordinados y sincronizados para el servicio público, o con un término anticuado, ordenados para el bien común. Estos mecanismos son los famosos tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Si el Congreso se corrompe más allá de las famosas “justas proporciones”, legislar se convierte en una fuente de injusticia. Toda la representatividad nacional de los padres de la patria se diluye en un vulgar servilismo a los intereses creados del mejor postor, o del respectivo señor feudal que, con frecuencia, se representa a sí mismo en el templo de las leyes, convirtiéndolo en guarida de ladrones. Los congresistas partidarios del Presidente parece que no estuvieron más allá de toda sospecha y parece que sí profanaron sus investiduras.

Si el Ejecutivo olvida su representatividad nacional y se consagra a complacer a sus cómplices, el gobierno deja de ser el mediador

Salvatore Mancuso dijo, en marzo del 2002, que los políticos amigos de su organización se quedarían con el 35 por ciento de las curules en el Congreso.

de los conflictos sociales y puede convertirse en el alimentador de tales conflictos. Hoy por hoy ese conflicto social en Colombia tiene víctimas de dos tipos: las viudas y huérfanos de la guerra por una parte, y las víctimas del robo de tierras, a las que denominamos con el eufemismo de ‘los desplazados’. El término preciso para designar a esa multitud errante sería más bien ‘los que han sido robados’. | www.cinep.org.co |

Derechos Humanos

El descuido de estos dos grupos, creados por el conflicto social armado es una falla grave. Pero el país ‘que cuenta’ los ignora con olímpica soberbia porque ‘su’ Ejecutivo no toca esos temas, ni les da la prioridad que se merecen. La ‘preocupación nacional’ no es cuidar su población, sino atraer la inversión extranjera. Esta es uno de ‘los tres huevitos’ del Señor Uribe Vélez y para ponerlo se necesitó y se sigue necesitando ‘hacerle nido’, abrirle el campo, mientras los robados se hacinan en las periferias urbanas y deambulan por las calles en un dramático rebusque alumbrado con la despreciada luz de los semáforos.

Un sistema social que no le garantiza a la décima parte de su población el derecho a un pedazo de tierra donde vivir es un estado de hecho, y de hechos que invocan y requieren las armas, porque cuando el estado de derecho no garantiza la justicia, los pueblos se la toman en sus propias manos. El Uribato no contribuyó particularmente a sincronizar los tres poderes en pro de un estado de derecho, ni a nacionalizar el Estado colombiano, sino que avanzó por el camino real de la privatización del espacio público en beneficio de sus allegados.

El sistema está pasando aceite

Por esas troneras del sistema, que en los términos incoloros de los economistas se denominan el 60% de pobres y el 20% de indigentes, se le escapan al invisible estado de derecho colombiano los derechos a la alimentación, al techo digno, a la salud, a la educación y, desde luego, el sagrado derecho de propiedad que con tanta pasión defiende el Ejecutivo cuandose trata de sus bienes personales y de los de sus compinches (“Colombia es pasión”), pero que no existe para los pequeños campesinos, los indígenas, los negros, ni para los demás integrantes de ese 60% y de ese 20% al que se le dio el pomposo nombre de Objetivos del Milenio (“Colombia es una pobre pasión”).

No se puede perder de vista, que el objetivo final de los derechos humanos no es defender al pueblo de sus gobernantes sino propugnar la vida digna de todos los ciudadanos, mediante la garantía de que sus instituciones se mantengan al servicio de esa dignidad universal de la población.

“

El objetivo final de los derechos humanos no es defender al pueblo de sus gobernantes sino propugnar la vida digna de todos los ciudadanos .

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”

La defensa del derecho a la vida es el paso inicial de ese proceso de institucionalización de los servidores públicos como tales.

Durante el Uribato los defensores de los derechos humanos fueron declarados objetivo militar.

El segundo paso es que los servidores públicos garanticen el respeto a todos los derechos económicos y sociales. Para eso se los elige por el voto, que es la institucionalización del deseo de todos los ciudadanos. Y el nivel sumo de ese deseo público es el referendo, cuando el Ejecutivo, consciente y responsable del bienestar de todos sus compatriotas, les consulta algún asunto importante para orientar su decisión en bien de todos.

Como se ha ido comprobando a lo largo de los últimos años, la reelección del Señor Uribe Vélez y su intento de prolongar aún más el Uribato mediante referendo, es la muestra palmaria de sus intenciones de minar las instituciones políticas colombianas, mediante sobornos y mentiras, para lucrarse con el botín burocrático. Pura y sucia autodeslegitimación.

Desde luego, el presidente Uribe Vélez, al llegar a Palacio, no encontró unas instituciones más allá de toda sospecha. Ninguna oligarquía se construye sobre la justicia, todas se mantienen gracias al abuso del poder.

En eso consiste su fuerza y su debilidad. Por eso ‘nuestra’ oligarquía celebra su bicentenario. Pero esaoligarquía de nuestro país no tiene sus manos limpias de sangre, como lo refrenda medio siglo (un cuarto de bicentenario) de la ya mundialmente famosa “violencia colombiana”.

La gran diferencia entre los poderosos colombianos y la soberana que describió Shakespeare como la fría y principesca asesina del Rey de Escocia, es que a Lady Macbeth no la dejaban dormir sus remordimientos, pero nuestros dirigentes sí duermen tranquilos y organizan sus francachelas encima de las mismas fosas comunes que posibilitan su enriquecimiento.

En la ambigua desinstitucionalización patriótica del Uribato, un aspecto positivo es que la ley de Justicia y Paz haya facilitado el hallazgo de las fosas comunes. Al menos no ha habido que buscarlas con perros de caza ni dejarlas a la suerte de las hienas. Pero eso no ha significado que la reparación exigida por la misma ley se haya cumplido. Al Señor Uribe Vélez tuvo que obligarlo a pedir perdón la Justicia Internacional y lo hizo a regañadientes y esquivando su su responsabilidad.

En la ambigua desinstitucionalización patriótica del Uribato, un aspecto positivo es que la Ley de Justicia y Paz haya facilitado el hallazgo de fosas comunes.

No cabe duda de que el Uribato dejó al sistema de derecho colombiano pasando aceite, ¡para celebrar su bicentenario!

Referencias • Banco de Datos, 2010, “Los derechos humanos en la era Uribe Vélez”.

En Cien días vistos por CINEP/PPP, no.69, Bogotá, CINEP/PPP. Disponible en: www.cinep.org.co/node/863 • Unidad investigativa, 2010, “ Sombra de parapolítica amenaza al Congreso colombiano”. En El Tiempo. Disponible en: http://www. eltiempo.com/elecciones2010/ parlamentarias/elecciones-en-colombia-2010_7404575-1 • Vargas A., y Restrepo J., 2009, “¿Reelección de la seguridad democrática?”. En Controversia no. 192, CINEP/PPP, Bogotá junio, pp.11-40.

*Alejandro Angulo S.J. Director del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política CINEP/ Programa por la Paz

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Derechos Humanos

Las amenazas en el gobierno Uribe Las amenazas por intolerancia social y persecución política fueron unas de las acciones más comunes en la violación de los derechos humanos en los dos mandatos de Uribe.

Por Carlos Fernández*

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En 2009 se registraron 104 amenazas por intolerancia social y 225 casos de amenazas por persecusión política .

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En este tipo de intimidaciones se pueden identificar diversos motivos según los sectores de población contra los cuales fueron dirigidas predominantemente: Líderes sociales y políticos críticos del establecimiento que han promo-vido movilizaciones y protestas frente a los abusos

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de la fuerza pública y los grupos armados ilegales.

Campesinos que se resisten al desplazamiento forzado y a las presiones de grupos económicos y mafiosos que buscan despojarlos de tierras. De igual manera, comunidades que buscan retornar a las regiones de donde fueron expulsadas.

Líderes y organizaciones de derechos humanos que han denunciado y seguido graves violaciones de DDHH por grupos armados ilegales y miembros de la fuerza pública.

Periodistas que han investigado casos relacionados con dichas violaciones y con hechos de corrupción y ‘parapolítica’.

Organizaciones de víctimas, familiares de las víctimas y testigos que reclaman justicia ante el Estado colombiano, en el marco de la llamada Ley de Justicia y Paz.

Magistrados, jueces, fiscales y cuerpo técnico que han seguido procesos a violadores, militares, paramilitares y a figuras de la política y la ‘parapolítica’.

De acuerdo con el informe del CINEP/ Programa por la Paz, en el 2009 la práctica de la amenaza por persecución política se incrementó respecto al 2008 y se dio en 25 departamentos, principalmente en Antioquia, Meta, Chocó y Santander. Los sectores afectados durante el 2009 fueron el campesino (35,6%), el indígena (17,3%), los habitantes (11,6%), los trabajadores (11,1%), los defensores de derechos humanos (10,7%), los líderes sociales o políticos (4,4%), los estudiantes (3,1%),los jóvenes (0,9%) y los paramilitares desmovilizados (0,4%).

Los presuntos responsables por persecución

Imágenes de: nwesmatic.e-pol.com.ar, www.laopinion.cl, www.papi.ning.co

n Colombia durante los últimos ocho años las amenazas de muerte se han convertido en una de las acciones más comunes usadas en la violación de derechos humanos. En general, se pueden clasificar fácilmente dos tipos: por intolerancia social y por persecución política.

Según el último informe del CINEP/Programa por la Paz ‘Falsos positivos, amenazas colectivas e intolerancia social’, en 2009 se registraron un total de 104 amenazas por intolerancia social, dirigidas principalmente a sectores sociales considerados como problemáticos o disfuncionales: ladrones, prostitutas, expendedores y consumidores de drogas, habitantes de la calle y, particularmente, grupos de población joven.

Los principales actores responsables por esta práctica en 2009 fueron los paramilitares en un 90,4% y las acciones compartidas entre la policía y los paramilitares en un 2,9%. También se encontró que los “Grupos de Limpieza Social” y la Policía Nacional tuvieron responsabilidad en las amenazas en un 1,9%.

Por otra parte, las amenazas por persecución política suman para el mismo año 225 casos y estuvieron dirigidas en contra de grupos que buscan reivindicar sus derechos.

política son los paramilitares en un 45,3%. En segundo lugar se encuentra el Ejército Nacional (20,9%). A continuación vienen las FARC (14,2%), Policía Nacional (4,9%), Estado Colombiano (4,0%), combatientes (3,6%), Ejército-Paramilitares (2,7), ELN (1,8%), Fuerza Pública-Paramilitares (1,8%), DAS (0,4%) y Policía-Paramilitares (0,4%).

El contraste entre los principales autores, los casos específicos y los motivos, sugiere que las amenazas están ligadas a la acción ilegal y mafiosa de grupos de poder que, con la participación de organismos del Estado, buscan imponer sus intereses y proyectos | www.cinep.org.co |

Derechos Humanos Amenaza contra Javier Giraldo S.J., investigador del CINEP/PPP

Referencias

económicos y políticos. Por eso los sectores que reciben la mayoría de las amenazas son aquellos que se resisten al despojo de tierras, a la impunidad y a la continuidad de la violación de derechos humanos (campesinos, organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas que reclaman, organismos de justicia).

Es necesario preguntarse por la responsabilidad del Estado en esta práctica, en la medida en que la operación de las amenazas ha resultado sistemática y, en muchos casos, en colaboración con grupos ilegales. Pero, sobre todo, esa responsabilidad es un efecto

• CINEP/Programa por la Paz, 2010, ‘Falsos positivos’, amenazas colectivase intolerancia social - Balance del segundo semestre de 2009. Informe especial, Bogotá, abril.

efecto inmediato de los señalamientos que durante sus ocho años de gobierno hizo el ex-presidente Uribe a líderes y organizaciones de derechos humanos, lo que los convirtió en blanco directo de intimidaciones.

Un efecto a largo plazo de las amenazas, cuando están legitimadas o auspiciadas por el Estado, es que terminan siendo aceptadas socialmente como recurso eficaz en el logro de fines. Eso repercute en consecuencias colateralescomo la propensión al armamentismo, el aumento de la polarización, la desconfianza y, finalmente, más violencia sociopolítica.

*Carlos Fernández Coordinador del proeycto Inversión para la Paz CINEP/ Programa por la Paz

CINEP/ Programa por la Paz es un proyecto social de la Compañía de Jesús que trabaja por la construcción de una sociedad más justa, sostenible y en paz.

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Desarrolla propuestas de educación popular para el fortalecimiento del tejido social.

Actualiza permanentemente una base de documentación sobre derechos humanos, paz y movimientos sociales.

- Nuestro propósito es consolidar propuestas y visibilizar temas asociados con la paz, el desarrollo, las luchas sociales y la protección de los Derechos Humanos Integrales

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Conflicto Armado

La seguridad democrática de Uribe (2002 - 2010) Balance de la efectividad de las implicaciones de la política de seguridad democrática a la luz de la disminución de la intensidad del conflicto y la relación de las trasformaciones militares y territoriales con el contexto político y económico.

Por Teófilo Vásquez*

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ras ocho años de gobierno del presidente saliente es necesario un balance del eje central de su gestión que fue, sin lugar a dudas, la política de defensa y seguridad democrática y su segunda etapa, la política de consolidación de la misma. Las dos tenían como objetivo (en líneas generales): recuperar el control de territorio por parte del Estado para garantizar la vigencia del Estado de derecho; combatir el narcotráfico y otras formas de crimen organizado y promover la seguridad y la ciudadanía1.

Hay consenso sobre la disminución de la intensidad del conflicto y la baja tanto de los homicidios en general como de los indicadores más directamente asociados al conflicto amado2. Las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) disminuyeron en un 48% y las acciones bélicas en un 81% (Ver gráfico 1) al igual que los homicidios que pasaron de 28.897 en 2002 a 16.296 en 2009 (43% menos). Además, los homicidios

políticos se redujeron en un 69% y los muertos en combate en un 75% (Ver gráfico 2).

Pero un balance de la efectividad y de las implicaciones de esta política para el país no se puede reducir al ámbito militar medido estadísticamente. Lo anterior porque, por obvio

“

Un balance de la efectividad y de las implicaciones de la política de defensa y seguridad democrática no se puede reducir al ámbito militar .

Gráfico 1 Comparativo de HECHOS de Acciones Bélicas e infracciones al DIH 2002 - 2009 3000

2000 1500 1000 500

Acciones Bélicas

Gráfico 2 Comparativo del Número de Homicidios Comunes con el Número de Homicidios Políticos y Muertos en Acciones Bélicas 2002 - 2009 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1622 1183 898 629 693 869 464 306

Infracciones al DIH 2570 2573 2177 1725 1443 1582 1361 1326 Fuente: ODECOFI, CINEP/Programa por la Paz

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Desde el gobierno de Pastrana se logró conjurar el objetivo de las FARC de pasar a una nueva etapa de la guerra, que consistía en romper el empate militar que durante años mantuvo con el Estado. Ese propósito se logró en medio de las negociaciones del Caguán y, en buena medida, gracias a la ayuda militar de los EE.UU que se concretó a través del Plan Colombia (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2008).

Lo anterior se ha profundizado en estos ocho años: lo que era antes un empate militar es actualmente un balance negativo en los aspectos tácticos y estratégicos para las FARC. Como nunca antes la Fuerza Pública retomó y mantuvo la iniciativa militar contra esta organización guerrillera y es evidente la disminución de su accionar y de su presencia territorial (Observatorio de Derechos Humanos, 2008).

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

2500

0

”

que parezca, la guerra y la paz son también un asunto estrechamente relacionado con aspectos políticos, económicos y sociales. Por eso, este artículo analizará las trasformaciones militares y territoriales del conflicto armado y su relación con el contexto político y económico, examinando los cambios de la confrontación entre el Estado y las FARC y las mutaciones del fenómeno paramilitar.

Un nuevo escenario estratégico de la guerra

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HOMICIDIOS COMUNES (eje 1) HOMICIDIOS POLITICOS Y MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS (eje 2) Fuente: ODECOFI, CINEP/Programa por la Paz

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Conflicto Armado

En estos años han sido contundentes los golpes militares del Estado contra las FARC, es evidente su aislamiento internacional y el rechazo que concita en importantes sectores de la opinión pública, situaciones que el gobierno, hábilmente, puso a su favor en el terreno político.

Sin embargo, las FARC han dado muestras de una gran capacidad de reacomodamiento (Granada y Restrepo, 2009, pp. 27124) e incluso reactivación militar (Ávila, 2009). Lo anterior es evidente en los siguientes escenarios regionales: en el Caguán, a pesar del despliegue de tropas del Plan Colombia3, los resultados de la Fuerza Pública no han sido tan exitosos. Además las FARC lograron consolidar las fronteras como nuevas retaguardias estratégicas políticas y militares, así como fortalecerse en la Amazonía oriental y el pacífico nariñense y caucano gracias a la colonización cocalera. Por último, se han logrado mantener a la ofensiva en las zonas circundantes al macizo del nevado del Huila,

Al fondo: “Iván Ríos”, “Negro Acacio”, “Raúl Reyes” y “Tiro Fijo” los grandes golpes propinados por el gobierno Uribe a las FARC. Al frente: “Iván Márquez”, “Alfonso Cano” y “Grannobles” miembros de la cúpula de la guerrilla que ha dado muestras de su gran capacidad de reacomodamiento y reactivación militar.

seguridad en las regiones económicas más importantes del país y los nodos viales que las comunican, en donde la acción de la guerrilla ha sido repelida (Granada y Restrepo, 2009) y donde la Fuerza Pública desarrolla grandes operativos en una lógica de reconquista. El resultado es que la recuperación del territorio ha tenido efectos heterogéneos en las diversas regiones del país: lo que es alborozo y seguridad para las regiones integradas y sus respectivas élites es zozobra e inseguridad para los campesinos y colonos de las regiones de presencia histórica de la guerrilla.

patria” en esta misma edición); el retroceso en las condiciones socioeconómicas de los colombianos pobres que tiene una de sus expresiones más nítidas en la grave crisis del sistema de salud y la galopante corrupción que rodea a las altas esferas del gobierno y a la contratación pública con particulares cercanos al ejecutivo. Y, por su parte, las FARC no dan señales de cesar en su empecinamiento bélico. Al contrario, se puede afirmar, conociendo su dogmatismo político, que para esta guerrilla su alzamiento armado está más que justificado en medio de ocho años de un gobierno de derecha.

En relación con la paz el balance fue negativo. En primer lugar, no fue posible ni siquiera el intercambio humanitario y las dos partes no Lo que es alborozo y cedieron en sus propóseguridad para las regiones in- sitos políticos y militategradas y sus respectivas élites res. Es más, el retroceso es zozobra e inseguridad para fue innegable ya que el los campesinos y colonos de las gobierno decidió desregiones de presencia histórica conocer que estamos de la guerrilla en medio de un conflicto armado, a partir de En el terreno denominar a las FARC como una amenaza tepolítico los cambios rrorista contra la democracia colombiana. Y no son ni drásticos las FARC, por las razones que ya indicamos, ni alentadores, aun no parecen haber sido permeadas políticaa pesar de la nueva mente a pesar del retroceso militar y de su situación militar. De poca legitimidad nacional e internacional. un lado, la lucha contra las FARC y los El paramilitarismo: éxitos en materia de entre la negociación y el rearme seguridad han sido utilizados por el go- Sin solución de continuidad el país pasó de bierno para eludir las discusiones sobre la negociación con las discusiones centra- extintas AUC a las preocupaciones por la reacles como: la crisis tivación del fenómeno paramilitar. En efecto, institucional que se cuando todavía son inciertos los resultados produjo por causa de la Ley de Justicia y Paz en relación con del estilo caudillista la verdad y la reparación de las víctimas, el y mesiánico de Álva- ejecutivo no termina por encontrar el diseño ro Uribe (ver artícu- apropiado para ejecutar una política de deslo “Gracias, general movilización y reinserción de los paramilitaUribe por salrvar la res rasos (Observatorio de Derechos Humanos

“

”

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.

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Conflicto Armado

“

Hasta el mismo gobierno está alarmado por la violencia generada por las denominadas bandas criminales .

”

Entre 2002 y 2009 estos grupos no dan señales del mismo retroceso en su accionar violento que las guerrillas ya que las infracciones al DIH de las que son responsables sólo disminuyeron en un 23%, frente al 82% de las acciones de las FARC (Ver gráfico 3). Es más, como en el pasado, su accionar estuvo dirigido contra la población civil, por lo que fueron responsables del 42% de las infracciones al DIH entre el 2002 y 2009, en comparación con el 34% de la Fuerza Publica, el 19% de las FARC y tan sólo el 2% del ELN (Ver gráfico 4).

El paramilitarismo no ha reducido su presencia territorial, ni el control de la actividades económicas (legales e ilegales) y de la vida social y política de importantes centros urbanos como Medellín y zonas rurales como Urabá, el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, el Bajo y medio Ariari y las sabanas del Vichada en los Llanos Orientales, así como tampoco en la costa Pacifica en Nariño y Cauca.

Pero esa presencia y control se hace con una diferencia importante en comparación con la etapa de las AUC: ya no se trata del precario equilibrio de grupos federados en un objetivo contraguerrillero. En la actualidad, son una amalgama de grupos, redes y franquicias que se disputan o hacen alianzas, incluso con las guerrillas, para mantener sus dominios territoriales (Ver Mapa enla página anterior).

En relación con el ámbito político, el fracaso del gobierno por desmontar el fenómeno paramilitar por la vía de la negociación se enfrentó a un contexto nacional e internacional que tanto el ejecutivo como los jefes paramilitares se empecinaron en desconocer: una comunidad internacional y una opinión publica nacional cada vez menos tolerante con los crímenes de las autodefensas y sus relaciones con el narcotráfico.

Con respecto a los problemas estructurales y de mediano plazo, las fallidas negociaciones y el actual rearme se explican porque ni en la agenda de negociación, ni en las prioridades

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de gobierno estuvo presente tomar medidas y acciones para enfrentar tres problemas que, a nuestro juicio, reproducen el fenómeno paramilitar y, por consiguiente, la violencia en general: el problema agrario, es decir, la distribución más equitativa de la tierra y la devolución de las tierras a los campesinos

o se eludieron. En primer lugar, la política agraria favoreció abiertamente a los grandes empresarios agrícolas y a las elites rurales. El narcotráfico, es decir, el cultivo de coca, la producción y la exportación de cocaína persiste o su reducción es mínima: se mantiene lo que los expertos denominan el efecto de traslado de

Gráfico 3 Infracciones al DIH por Actores Armados Años 2002-2009 1200 1000

Infracciones al DIH

y DIH, 2009) y el problema de la “parapolítica” aún perdura. Hasta el mismo gobierno está alarmado por la violencia generada por las denominadas bandas criminales4 (El Tiempo, 2010, pp.1-2) o fenómeno neoparamilitar (Romero y Arias, 2010; Granada, Restrepo y Tobón, 2009, pp. 467-502).

800 600 400 200 0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ELN

162

57

26

12

12

13

14

25

FARC

1092

362

296

204

125

168

58

202

FUERZA PÚBLICA

470

379

580

752

686

758

316

417

OTRAS GUERRILLAS 171

52

23

22

39

12

3

3

1144

849

649

358

510

430

671

PARAMILITARES

875

Gráfico 4 Distribución de Infracciones al DIH según Actores Armados 2002 - 2009 ELN 2% PARAMILITARES 42%

FARC 19%

FUERZA PÚBLICA 34%

OTRAS GUERRILLAS 3%

despojados y desplazados5, etc.; el empoderamiento de las élites emergentes relacionadas con el narcotráfico6 y, finalmente, un tercero, en el que convergen los anteriores, la democratización de la política regional y local.

Al contrario, diversos aspectos permiten concluir que estos tres ejes se profundizaron

los cultivos tanto a nivel internacional como al interior del país. En efecto, mientras que en Colombia el cultivo en área sembrada disminuyó en un 16% entre 2004 y 2009, en Perú aumentó en un 19% y en Bolivia en un 12%. Y las diferencias por departamentos en Colombia son aún mayores ya que en Nariño, Córdoba y Cauca aumentaron en un 16%, 81% y | www.cinep.org.co |

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385%, respectivamente, en muchos casos siguiendo las transformaciones geográficas del conflicto (UNODOC, 2009, PP. 14-17)7.

En segundo lugar, las expresiones políticas del narcotráfico y el paramilitarismo no fueron frontalmente atacadas. Es más, como en el caso de los “parapolíticos”, recibieron el apoyo abierto o soterrado del gobierno a tal grado que gran parte de las colisiones entre el poder judicial y el ejecutivo giraron alrededor de estos escándalos. Y, finalmente, ni qué decir del deterioro de la calidad de la democracia local y regional, ya no sólo por cuenta de la presión de los grupos armados sino por el remozamiento del clientelismo y las graves fallas institucionales del sistema electoral.

El balance con respecto a los paramilitares es negativo para el gobierno, ya que su tentativa de negociar (para sólo legalizar la contrarreforma agraria y los órdenes político-locales y regionales que las AUC construyeron a través del terror entre los años 1997 y 2002) fracasó y el rearme es irreversible.

En síntesis, los ocho años del gobierno Álvaro Uribe en materia de paz y guerra se pueden resumir así: guerra con las FARC, negociación con las AUC y pasividad con el rearme paramilitar. En efecto, el esfuerzo bélico y la estrategia militar se han enderezado a la derrota de las FARC, lo que contrasta con la defensa del fallido proceso de negociación con las AUC y la falta de resultados más efectivos ante el rearme paramilitar.

Notas

1 Ver www.mindefensa.gov.co 2 En esa opinión coinciden tanto las agencias gubernamentales como las organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento estadístico al conflicto armado en Colombia: Vicepresidencia, Ministerio de Defensa, Fundación Seguridad y Democracia, CERAC y CINEP/PPP. 3 Para un examen de los detalles del Plan Patriota, ver: Bedoya, Jineth, 2008, En las Trincheras del Plan Patriota, Bogotá, Intermedio.

4 El pasado 9 de julio el gobierno anuncio la conformación de un bloque de búsqueda para combatir a estos grupos. Ver El Tiempo, julio 9, p. 1-2.

5 Para un análisis regional del proceso de despojo, ver: Reyes, Alejandro, 2009, Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia, Bogotá, Norma.

6 Para un análisis de este fenómeno, ver: Duncan, Gustavo, 2006, Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en

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El ejecutivo y los jefes paramilitares se empecinaron en desconocer una opinión pública cada vez menos tolerante con las autodefensas.

Imagen de http://zapateando.files.wordpress.com

mafiosos y autodefensas en Colombia, Bogotá, Editorial Planeta Colombia.

7 Datos tomados de UNODOC (2009) Colombia: monitoreo de cultivos de coca 2009, Bogotá, UNODOC-Gobierno de Colombia, pp.

14-17 y procesados por CINEP/PPP.

Referencias • Ávila, Ariel, 2009, “La guerra de las Farc y la guerra contra las Farc” en Revista Arcanos No. 15.

• El Tiempo, 2010, “En marcha la ofensiva contra los miembros de 6 bandas emergentes”, Bogotá, julio 9, pp. 1-2.

• Granada, Restrepo y Tobón, 2009, “Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano”, en Restrepo, Jorge A. y Aponte, David (eds.), Guerra y Violencias en Colombia Herramientas e Interpretaciones, pp.

467-502, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, CERAC. • Granada, Soledad, Restrepo, Jorge A y Vargas, Andrés R, 2009, “El agotamiento de la política de seguridad: evolución y transformaciones recientes en el conflicto armado colombiano”, en Restrepo, Jorge A. y Aponte, David (eds.) Guerra y Violencias en Colombia Herramientas e Interpretaciones, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, CERAC. • Observatorio de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República, 2008, Impacto de la Política de Seguridad Democrática: sobre la conformación armada, el narcotráfico y los derechos humanos.

• Observatorio de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República, 2009,

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: una mirada cruzada sobre Centroamérica.

• Presidencia de la República, Política de Defensa y Seguridad Democrática. Ministerio de defensa Nacional e informes al Congreso sobre la Seguridad Democrática.

• Romero y Arias, 2010, “Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines: crecen sus acciones ¿qué dice el gobierno?”, en Revista Arcanos, No. 15.

• UNODOC (2009) Colombia: monitoreo de cultivos de coca 2009, Bogotá, UNODOC-Gobierno de Colombia.

*Teófilo Vásquez Investigador de ODECOFICINEP/ Programa por la Paz

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Conflicto Armado

Algunos interrogantes sobre la política de seguridad democrática Primeros acercamientos sobre algunas cifras de desmovilizaciones y crecimiento de la Fuerza Pública, en comparación con la efectividad de los actores armados, que plantean ciertos interrogantes a la política de seguridad democrática.

Por Diego Quiroga* “Los guerrilleros ganan la guerra si no la pierden y los que luchan contra ellos pierden la guerra si no la ganan”1 Raymond Aron2

A

pocos días de que el nuevo Presidente asuma funciones, su antecesor parece no estar dispuesto a desprenderse del poder sin que el avance de la política belicista quede clavado en la retina de los colombianos y sin que deje para la posteridad la imagen de “estadista” que logró dejar moribunda a la serpiente del terrorismo, es decir, las FARC. Sin lugar a dudas, las operaciones de inteligencia militar y golpes de mano, como son: Fénix, Jaque y Camaleón han sido fuertes golpes a esta guerrilla. Sin embargo, tras ocho años de continuidad de la política de seguridad democrática (en adelante PDSD) sus resultados operacionales no son tan grandes como lo reclama el gobierno, pero tampoco tan desdeñables como lo reclama la oposición.

Varios datos permiten concluir que es necesario un análisis ponderado y menos ideologizado de la PDSD. Aquí se presentan tan sólo algunas cifras representativas sobre desmovilizaciones y crecimiento de la Fuerza Pública, en comparación con la efectividad operacional de los actores armados para plantear algunos interrogantes al respecto.

Según cálculos ponderados, para el año 2002 el número de guerrilleros de las FARC y el ELN sumaban alrededor de 20.600 combatientes. De acuerdo con el Ministro de Defensa Gabriel Silva, a julio de 2010 son menos de 10.000 miembros. Sin embargo, la suma total de guerrilleros reinsertados, capturados y dados de baja según el mismo Ministerio de Defensa, entre enero de 2002 y junio de 2010, sumó un total de 69.273 personas3. Esta cifra suscita diversos interrogantes y dudas. De ser

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Tras ocho años de la copolítica de seguridad democrática sus resultados operacionales no son tan grandes como lo reclama el gobierno, pero tampoco tan desdeñables como lo reclama la oposición.

cierta, o las FARC y el ELN fueron exterminados tres veces, o la guerrilla cuenta con una capacidad de regeneración sin precedentes.

“

De ser cierta la cifra del Ministerio de Defensa, o las FARC y el ELN fueron exterminados tres veces, o la guerrilla cuenta con una capacidad de regeneración sin precentes .

”

Y aunque la cifra de reinsertados y y dados de baja es bastante alta (18.821), —aun restando los 1.013 casos de víctimas de ‘falsos positivos’ conocidos—, los datos con que el gobierno pretende mostrar los resultados de la política parecen problemáticos.

La pregunta aquí tiene que ver con la exactitud y confiabilidad de las cifras presentadas por el Ministerio de Defensa ¿Acaso se puede afirmar que todos los capturados y dados de baja han sido miembros de grupos subversivos —y sean presentados como logros

de la PDSD—, aún a sabiendas de los múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias presentadas durante este largo gobierno?

Por otro lado, la PDSD también deja interrogantes en cuanto a la efectividad de algunos de sus resultados operacionales con relación al monumental presupuesto destinado a este sector y al crecimiento del pie de fuerza. El gasto en defensa y seguridad se incrementó en un 80% en el año 2009 (U$10.055 millones) con respecto al año 2002 (U$5.588 millones)4, lo que equivale al 5.2% del PIB de la nación5. Gran parte de estos recursos han dado como resultado, para junio de 2010, que el número de efectivos de la Fuerza Pública se incrementara en un 41% con respecto al año 2002, lo que en números gruesos equivale a un total de 441.828 miembros, de los cuales sólo las Fuerzas Militares suman un total de 283.004 efectivos.

En el primer semestre de 2010, el total de guerrilleros abatidos por la Fuerza Pública | www.cinep.org.co |

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sumó 297, y desde el año 2002 a la fecha el total de subversivos dados de baja es de 13.007, lo que equivale a un nivel de letalidad en términos de bajas del 8%. Teniendo en cuenta lo anterior, y si se acepta que el número total de guerrilleros actualmente es de aproximadamente 10.0000 combatientes, encontramos que por cada guerrillero hay 28 soldados y, sin embargo, los golpes de la guerrilla llevaron a que la Fuerza Pública recibiera un total de 204 muertos y 1.043 heridos en los últimos seis meses.

Notas 1 Raymond Aron, Der permanente Krieg, Francfort.

1953, p.48.

2 Filósofo, sociólogo y comentarista político francés, quien afirmara que el marxismo es el opio de los intelectuales.

3 Las cifras que utiliza el Ministerio de Defensa para ese total de 69.273 agrupa a FARC, ELN, ERG, EPL, ERP y JBC. Ministerio de Defensa, 2010, Logros de la política de seguridad democrática, pp.

52. Vale aclarar que las capturas masivas ocurridas durante la vigencia de las Zonas de Rehabilitación 2003-2004 distorsionan la cifra.

4 Millones de dólares constantes al año 2008. Ver al respecto: Military expenditure of Colombia - SIPRI, Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

5 Ver al respecto el documento Cálculo del Gasto en Defensa y Seguridad – GSD. 6 Vale la pena aclarar que el siguiente artículo hace parte de un trabajo de mayor amplitud que se encuentra en curso para una publicación futura del equipo ODECOFI del CINEP/PPP.

Referencias El total de guerrilleros abatidos por la Fuerza Pública en el 1er semestre de 2010 fue de 297

Desde el año 2002 las bajas de miembros de la Fuerza Pública suman 4.699, lo que equivale a un nivel de letalidad por parte de la guerrilla del 47% —como es típico en las guerras, guste o no, la efectividad y los resultados son medidos contabilizando las bajas producidas al “enemigo”—. Aquí no se trata de mostrar con los números quién está ganado la guerra y quién no, la pregunta gira en torno a la proporción de los ejércitos regulares e irregulares y su nivel de letalidad ¿El incremento en el presupuesto de defensa y el aumento en el pie de fuerza ha merecido el nivel de letalidad y efectividad bélica alcanzado por parte de la Fuerza Pública?

En síntesis, las cifras que se acaban de presentar permiten preguntarse si los resultados son tan positivos como se augura. Cabe preguntarse también si el país debe seguir costeando una guerra que no parece tener solución y, finalmente, si el epígrafe con el cual inicia este artículo debe prestársele mayor atención6.

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• Raymond Aron, Der permanente Krieg, Francfort.

1953, p.48.

• El Espectador.com, 2010, “Farc y ELN tienen menos de 10.000 integrantes, dice el Gobierno”. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/ politica/articulo-215214-farc-y-eln-tienen-menos-de10000-integrantes-dice-el-gobierno • Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Military expenditure of Colombia - SIPRI. • Isaza Delgado, José Fernando y Campos Romero Diógenes, 2007, Algunas consideraciones cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto en Colombia, Bogotá.

• Ministerio de Defensa, 2010, Logros de la política de seguridad democrática.

• CINEP/Programa por la Paz, 2010, ‘Falsos Positivos’, amenazas colectivas e intolerancia social: balance del segundo semestre de 2009, Bogotá. Disponible en: http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org. co/files/Informe%20Especial%20Cinep-PPP%20_Falsos%20Positivos,%20AC_IS2010[1].pdf • Ministerio de Defensa, Cálculo del Gasto en Defensa y Seguridad – GSD. Disponible en: http://www. mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/ Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/ Notas%20de%20Investigacion/Calculo%20Gasto%20 Defensa%20Seguridad%20Actualizado.pdf

*Diego Quiroga Joven Investigador de ODECOFI CINEP/ Programa por la Paz

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Política

“Gracias, General Uribe, por salvar la patria” ¿Cómo se explica el éxito político de Uribe? ¿A qué se debe su alta popularidad durante ocho años?

Análisis de las prácticas políticas de Uribe durante sus dos mandatos presidenciales: caudillismo, neopopulismo y clientelismo.

Por Fernán González S.J.*

“G

racias, general Uribe, por salvar la patria” decía en una de las pancartas de las 5000 personas que salieron en Medellín a felicitar al presidente Uribe en su quincuagésimo octavo cumpleaños y agradecerle también por las realizaciones de su gobierno en materia de seguridad.

La leyenda refleja bastante bien la percepción de buena parte de la población colombiana frente a sus logros. E igualmente la concepción de paz y democracia y el endurecimiento de buena parte de la opinión pública frente a cualquier salida negociada al conflicto.

En ese sentido, el gobierno de Uribe marca una ruptura fundamental frente a la política de gobiernos anteriores con relación a la lucha armada y a la actividad política tradicional, pues terminó por copar todos los espacios de la vida política del país. De ahí la importancia de analizar las características de ruptura y continuidad que representa la trayectoria política de Uribe en el contexto de la historia política de Colombia.

La excepcionalidad de Uribe en la historia colombiana

Para contrastar el significado de Uribe en la historia colombiana, conviene recordar que nuestro país había estado exento tanto de los gobiernos de corte populista del Sur del continente y de los consiguientes golpes militares que los confrontaron como de la concentración del poder político en un caudillo mesiánico u hombre providencial (Pécaut, 2000; Palacios, 2001). Esta excepcionalidad colombiana se vio reflejada en una historia electoral casi ininterrumpida de dos siglos (Posada Carbó, 2006, pp.149-208): con la excepción de dos cortos gobiernos militares (en

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1854 y 1953-1957) y una revolución triunfante (en 1861), la transición de los partidos en el poder se realizó en forma pacífica, por la vía electoral.

Obviamente, estas transiciones electorales pacíficas no excluyen el hecho de que los procesos políticos fueran altamente conflictivos, como lo atestiguan ocho o nueve guerras

Imagen de http://noticias.latino.msn

civiles de carácter nacional e innumerables conflictos armados dentro de las regiones y localidades (González, 2006).

También hay que reconocer que esta historia electoral estuvo siempre lejos de ser democrática: los partidos como confederación de elites u oligarquías, regionales y locales, incorporaban de manera subordinada a las masas populares por mecanismos de corte clientelista logrando siempre neutralizar las tendencias de los caudillos o líderes políticos cuando ellos intentaban concentrar el poder en sus personas.

“

La historia electoral estuvo siempre lejos de ser democrática: los partidos incorporaban a las masas populares por mecanismos clientelistas logrando neutralizar las tendencias de los caudillos o líderes políticos

”

.

En ese sentido, los partidos jugaron, informalmente, el papel de contrapesos y equilibrios que debería haber representado, en teoría, la clásica división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial (Pécaut, 2008).

En ese sentido, la concentración personalista del poder en Uribe Vélez representa una ruptura con la anterior historia política del país, aunque con con algunos rasgos de continuidad con el pasado.

Según nuestro parecer, su éxito político se explica porque responde a procesos de mediana y corta duración como la expansión guerrillera hacia zonas centrales del país y la crisis de representación de los partidos tradicionales, así como el consiguiente endurecimiento de la opinión pública frente a los procesos de negociación con la guerrilla, particularmente por los abusos presentados en la zona de desmilitarización en El Caguán.

Además, estos procesos de mediana y corta duración se enmarcan en el contexto de larga duración de la no resolución del conflicto agrario en el caso colombiano y en el de la crisis de los mecanismos de la democracia representativa en el nivel mundial. Estos contextos explican, en buena parte, algunos de los desarrollos de la reforma constitucional de 1991, que termina, de alguna manera, profundizando estas crisis, por paradójico que parezca.

En esa combinación de contextos, el punto de quiebre está marcado por el fracaso de las negociaciones de El Caguán: los abusos de la guerrilla en torno a la zona de despeje y la falta de una estrategia clara de negociación por parte del gobierno de Pastrana produjeron el endurecimiento de la opinión pública frente a una salida negociada del conflicto armado y a la negación de sus aspectos políticos, sociales, económicos e ideológicos. | www.cinep.org.co |

Política El fracaso de las negociaciones de El Caguán produjo el endurecimiento de la opinión pública frente a una salida negociada del conflicto armado.

Este reduccionismo, que interpretaba el conflicto actual meramente como un ataque de narcoterroristas contra un Estado plenamente legítimo, condujo a privilegiar la dimensión militar y represiva y a bloquear cualquier intento de reformas sociales y económicas encaminadas a la solución integral del conflicto. Por otra parte, estas tendencias son congruentes con un modelo de desarrollo agrario sin campesinado. Y se han visto fortalecidas por los avances de la seguridad democrática en las zonas más integradas del país rural y el consiguiente repliegue de las fuerzas guerrilleras hacia la periferia selvática y las zonas fronterizas del país.

“

El reduccionismo que interpretaba el conflicto actual como un ataque de narcoterroristas contra un Estado legítimo, priviliegió la dimensión militar y represiva y bloqueó cualquier intento de reformas encaminadas a la solución integral del conflicto .

”

Sin embargo, estos relativos avances han estado acompañados de abusos, como ejecuciones extrajudiciales, “falsos positivos” y hostigamiento a grupos disidentes y opositores. Todo ello, además, ha producido una subordinación de la política internacional a la lucha contrainsurgente, con las evidentes consecuencias para las relaciones con Ecuador y Venezuela. Y lo mismo ha ocurrido con las políticas sociales, las relaciones con la oposición, el manejo del desplazamiento forzado y los derechos humanos, que se han pensado siempre en relación con la dinámica contrainsurgente. Sin embargo, a pesar de estos problemas, el presidente Uribe termina sus dos períodos de gobierno con un aura de popularidad inusitada en la historia política colombiana.

Una política “antipolítica”: maniqueísmo y mesianismo

Además de los innegables éxitos de la seguridad pública, esta popularidad refleja mucha sintonía con los hábitos de pensamiento que predominan en la sociedad colombiana y reflejan un estilo moralista y antipolítico de cultura política, que combina diversas conceptualizaciones de la vida política: vestigios de la idea escolástica de la política como búsqueda del bien común en conformidad con un | www.cinep.org.co |

orden preestablecido, de orden natural o racional, que refleja el orden divino; rastros del llamado del republicanismo a la política virtuosa al estilo de Mockus y Fajardo; y enfoques tomados de la Guerra fría, que muestran la coincidencia de las políticas de la seguridad democrática con la lucha de Bush contra el terrorismo islámico y las confrontaciones con el sentimiento antiimperialista de Chávez, Evo Morales y Correa, que renuevan la mirada desde las perspectivas de la Guerra fría.

Esta combinación conduce a pensar la vida política como el enfrentamiento maniqueo entre el bien y el mal (Lechner, 1992) lo que abre el camino a la aceptación de líderes mesiánicos y populistas, autoproclamados como verdaderos representantes del pueblo y encarnación del bien común. Esto lleva a veces a la descalificación del adversario como encarnación del mal que hay que eliminar y a deslegitimar la actividad política como búsqueda colectiva para la construcción de soluciones a los problemas, ya que se considera que esas negociaciones políticas son esencialmente corruptas: los políticos profesionales son vistos como dedicados exclusivamente a promover sus intereses egoístas y asegurar

su propia reducción, muy lejanos de los intereses de los grupos y personas que dicen representar. De ahí que se rechace

todo intento organizado de actividad política y se busque elegir como representantes a personajes sin ninguna vinculación política partidista, apelando a su carácter “independiente” o “cívico”: se contrapone así la sociedad política concreta a una incontaminada “sociedad civil”, sede de todas las “virtudes públicas”, por encima de los intereses egoístas de los grupos de presión.

Las relaciones de Uribe con la política tradicional

Este contexto cultural explica la acogida de la opinión pública a la propuesta de Uribe frente a la insurgencia guerrillera, descalificada por sus abusos en El Caguán, su recurso a la extorsión y al secuestro y su creciente involucramiento en las actividades relacionadas con el cultivo y el comercio de drogas de uso ilícito.

Sin embargo, otro de los componentes de la política de Uribe terminaría por evidenciar un aspecto no considerado de la carencia del monopolio estatal de la fuerza: la reinserción política y económica de los grupos paramilitares, centrada en la negociación de las penas de los delitos que confesaran individualmente, dejaba de lado el problema político de las relaciones de estos grupos con el narcotráfico, con los grupos locales y regionales de poder

Las coincidencias de las políticas de Bush y Uribe y su confrontación con las de Chávez Morales y Correa demuestran que el concepto de Guerra Fría hace parte de la cultura política actual.

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Política

y los grupos de interés. Sin embargo, la sentencia de la Corte Constitucional y las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia encarecieron los costos de esta negociación y condujeron al gobierno de Uribe a la sin salida de la llamada ‘parapolítica’.

Estas relaciones entre paramilitares y poderes locales y regionales evidenciaban los problemas que la política realmente existente planteaba a los intentos del ejecutivo. Esas tensiones se habían iniciado de tiempo atrás, en la primera campaña presidencial de Uribe, que mostraba una postura muy moralizante y descalificadora de la clase política como corrupta y clientelista, concretada en sus propuestas como la revocatoria del mandato y el sistema unicameral (Gutiérrez, 2006, pp.

109-110). Pero la derrota de Uribe en el primer referendo lo obligó a modificar su actitud (Ver artículo “Los avatares de la coalición uribista” en esta misma edición) para empezar a negociar con la clase política tradicional de donde había surgido, casi exactamente en

“

En Colombia no se presenta una erosión total de los partidos sino el debilitamiento gradual de su influencia en el nivel nacional .

”

Esa autonomía de los poderes regionales y locales y su dependencia frente a la burocracia y el gasto público del Estado central, es aprovechada por Uribe para profundizar la crisis que se venía gestando dentro de los partidos, especialmente en el liberal. La relación de Uribe con la clase política tradicional hizo evidente que los partidos tradicionales eran, en realidad, dos confederaciones de facciones y grupos regionales y locales de poder, con relaciones muy diferenciadas frente al ejecutivo central. El endurecimiento de los jefes locales y regionales frente a la insurgencia y a las salidas negociadas al conflicto coadyuvó para que la propuesta de Uribe produjera una ruptura de la frágil coalición de las tendencias nacionales, facciones y grupos regionales de poder, que se agrupaban bajo el paraguas común del partido liberal. Y, después de distanciarse de su original posición antipolítica, Uribe aprovechó muy hábilmente la reforma política impulsada por sectores de la oposición liberal en 2003 para obligar a sus parlamentarios a agruparse en pocos grupos Imagen de www.semana.com mucho más cohesionados y discipliDe izquierda a derecha: Álvaro García, Muriel Benito Renados, como el Partido de la U y el vollo, Eric Morris, Salvador Arana y Jairo Merlano, políticos partido conservador. detenidos en 2006 por sus vínculos con paramilitares.

Sin embargo, esas agrupaciones los mismos términos de la política normal del representan prácticamente a la misma clase país, de tal manera que pudiera conseguir su política tradicional pero agrupada de otra apoyo a cambio de favores burocráticos (Pé- manera, más descentralizada pero menos aucaut, 2006, pp 477-485). tónoma frente al ejecutivo nacional, de cuyas Esta evolución marca una diferencia prebendas burocráticas depende totalmente, importante con otros líderes, igualmente me- como se ha visto en el caso de la “Yidispolítisiánicos del continente: a diferencia con los ca” y la feria de las notarías. Por eso, paradópopulismos de primera generación (Perón, jicamente, el resultado de esta rearticulación Getulio Vargas, Haya de la Torre, Ibáñez del de poderes regionales y locales y de la fusión Campo) y de los neopopulismos de la segun- de estilos políticos, ha sido una concentrada generación (Fujimori, Menem, Chávez y ción del poder en manos del presidente, nunCorrea) (Mackinnon, 1999, pp. 47-48; Junco, ca antes vista en la historia política del país.

1994, pp. 11-20), en Colombia no se presenta una erosión total de lospartidos sino el debiLas nuevas agrupaciones litamiento gradual de su influencia en el nivel políticas representan la misma ponacional acompañado por una creciente aulítica tradicional pero agrupada de tonomía de los jefes regionales y locales frenmanera diferente, más decentralite a las directivas nacionales de los partidos zada pero menos autónoma fren(González, 2008). te al ejecutivo nacional

“

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”

.

Pero la consecuencia perversa de este cambio es la alianza de Uribe con los grupos más corruptos, opuestos a las reformas sociales y económicas y más cercanos a narcotraficantes y paramilitares, como se evidencia en las investigaciones y juicios de la llamada ‘parapolítica’.

¿Es Uribe neopopulista?

Esas alianzas con la clase política tradicional distancian a Uribe de populistas y neopopulistas, con los cuales comparte la apelación directa al pueblo, no convocado por medio de los partidos sino mediante la reunión de los llamados consejos comunales y el otorgamiento selectivo de subsidios a sectores marginados de corte clientelista como “familias en acción” y “familias guardabosques” y la ampliación de los cupos del SENA. Estos auxilios locales y regionales son presentados como resultado de la benevolencia del ejecutivo y de su cercanía a los problemas cotidianos de la población, para compensar, en un estilo muy similar al neopopulismo del presidente Fujimori en el Perú, a políticas de flexibilización laboral y de exenciones tributarias favorables a los grandes capitales.

Esta caracterización de las políticas del presidente Uribe como neopopulista (de la Torre, 2005, 37) se basa en su estilo de búsqueda de relación directa con la población, no mediada por los partidos ni por los funcionarios estatales: su hábil manejo de los medios masivos de comunicación (ver artículo “Uribe Tevé” en esta misma edición), combinado con los diálogos con grupos específicos de pobladores se hacen evidentes en los consejos comunales, que se convierten, prácticamente, en el escenario privilegiado de los encuentros entre el poder y el pueblo, a semejanza con fenómenos como el programa “Aló Presidente”, de Hugo Chávez. | www.cinep.org.co |

Imagen de www.eldiario.com.co

Política

Según José Obdulio Gaviria (2004, 213; 2006, pp. 69-72 y 213216; Uribe, 2002), consejero del régimen, se trataría de mecanismos de una especie de democracia directa en la que el gobernante se encuentra con la comunidad en vivo y en directo: se presenta así una idea de un Estado que trata de romper la barrera entre lo público y lo privado, para que la comunidad participe presentando directamente sus problemas al mandatario. Para este autor, esas asambleas comunitarias representan una superación de la oposición entre la democracia participativa y representativa, que no se agotan en la mediación de los partidos, a la cual complementan.

A esta combinación entre guerrerismo, populismo y clientelismo, hay que añadir el éxito de un estilo político y administrativo, de corte microgerencial y muy personalista, que no pasa por los partidos ni por los funcionarios del propio gobierno, que son presentados como los responsables de las fallas administrativas pero no de sus éxitos, que se muestran como resultado directo de la administración del presidente Uribe. Por otra parte, estos éxitos son amplificados por un excelente manejo mediático, que hace un uso inmediato de la radio y la televisión para salir constantemente al aire y proyectar la imagen de un presidente dispuesto siempre a ponerle la cara a los problemas.

El éxito de la política de Uribe: la adecuación a la presencia diferenciada del Estado

En resumen, las estrategias políticas del presidente Álvaro Uribe Vélez muestran una hábil combinación de distintos lenguajes, estilos políticos y lógicas de actividad, que corresponden a la manera diversa a como funcionan las instituciones estatales: conjuga la negociación clientelista más tradicional frente a la clase política tradicional representada en el Congreso, como una interlocución más directa con los gremios empresariales de tipo más moderno, a los que concede exenciones muy generosas en el sistema tributario y grandes subsidios como los de Agro Ingreso Seguro a favor de losterratenientes eventualmente afectados por el posible TLC. Al tiempo se presenta, ante el electorado independiente, como un gobernante eficaz ajeno a los tejemanejes de la clase política tradicional, corrupta y clientelista. Y para los sectores populares, muestra una faceta de | www.cinep.org.co |

benefactor con sus políticas de corte paternalista. Estos estilos políticos son reforzados por maniobras de corte populista, que pretenden presentarse como una interlocución directa de la persona del presidente con el pueblo. Todo esto es amplificado y divulgado por un hábil manejo de los medios masivos de comunicación (González, 2008).

En contraste con la mirada homogénea de la política, el estilo político del presidente Uribe Vélez responde a la diversidad de tipos de legitimidad política que coexisten en el contexto político colombiano mostrando cómo las prácticas modernas y tradicionales, o ciudadanas y clientelistas de hacer política no son tan incompatibles (Escalante, 1995).

Sin embargo, esa combinación de estilos políticos no está exenta de tensiones, que pueden terminar por hacer inviable el modelo. Es claro que la articulación de Uribe con la política realmente existente en regiones y localidades produjo el grave problema de cómo rearticular y reintegrar los poderes locales y regionales afectados o producidos por el impacto del conflicto armado, poderes apoyados por los señores de la guerra de los grupos paramilitares, algunos de ellos pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, de manera que puedan a la vez garantizar la vida democrática y el desarrollo de las regiones al tiempo que fortalecen las instituciones del Estado. Las investigaciones de la fiscalía general y de la Corte Suprema contra sus funcionarios y aliados están mostrando claramente esas contradicciones.

• Gaviria, José Obdulio, 2006, A Uribe lo que es de Uribe, Bogotá, Editorial Planeta Colombiano.

• González, Fernán, 2006, Partidos, guerras e Iglesia en la construcción del Estado-Nación en Colombia, Medellín, La Carreta editores.

• González, Fernán, 2008, “El retorno de los caudillos en Iberoamérica” en Adolfo Chaparro, Carolina Galindo y Ana María Sallenave, editores, Bogotá, Estado, democracia y populismo en América Latina, Universidad del Rosario y CLACSO. • Gutiérrez, Francisco, 2006, “Estrenando sistema de partidos”, en Análisis Político, # 57, mayo-agosto de 2006, pp. 109-110.

• Junco, José Álvarez , 1994, “El populismo como problema”, en José Álvarez Junco y Ricardo González Leandri, compiladores, El Populismo en España y América, Madrid, Editorial Catriel.

• Lechner,, Norbert, 1992, “¿La Política puede y debe representar a lo social?” en Mario Dos Santos, coordinador, ¿Qué queda de la representación política?, Caracas, CLACSO y Nueva Sociedad.

• Mackinnon, María Moira, 1999, “Introducción.

Los complejos de la Cenicienta” en María Moira Mackinnon y Mario Alberto Petrone, compiladores, 1999, Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la Cenicienta, Buenos Aires, Eudeba, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

• Palacios, Marco, 2001, “Presencia y ausencia de populismo: para un contrapunteo colombo-venezolano”, en Marco Palacios, 2001, De Populistas, mandarines y violencias. Luchas por el poder, Bogotá, Editorial Planeta Colombiano.

• Pécaut, Daniel, 2000, “Populismo imposible y Violencia”, reproducido en 2001, Guerra contra la Sociedad, Bogotá, Editorial Planeta Colombiano.

• Pécaut, Daniel, 2006, “El presidente Uribe y el referendo”, en Daniel Pécaut, 2006, Crónica de cuatro décadas de política colombiana, Bogotá, Grupo editorial Norma, pp. 477-485.

• Pécaut, Daniel 2008, “Ciudadanía e instituciones en situaciones de conflicto” en Fernán E. González, editor, Hacia la reconstrucción del país. Desarrollo, política y territorio en regiones afectadas por el conflicto armado, Bogotá, ODECOFI, CINEP y COLCIENCIAS, Bogotá.

• Uribe, Álvaro, 2002, Del escritorio de Uribe, Medellín, Libros del IELA, passim.

Referencias

• De la Torre, Cristina, 2005, Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia, Medellín, Ediciones La Carreta.

• Escalante, Fernando, 1993, Ciudadanos Imaginarios, El Colegio de México, México y 1995, “Clientelismo y Ciudadanía en México”, en Análisis Político # 26, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, diciembre de 1995.

• Fernán E. González, 2008, “El retorno de los caudillos en Iberoamérica” en Adolfo Chaparro, Carolina Galindo y Ana María Sallenave, editores, Estado, democracia y populismo en América Latina, Bogotá, Universidad del Rosario y CLACSO. • Gaviria, José Obdulio, 2004, Reelección. Que el pueblo decida, Bogotá, Ed. Planeta Colombiano.

*Fernán González Director de ODECOFICINEP/ Programa por la Paz

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Política

Política

Los avatares de la coalición Uribista

3

Aunque suele pensarse que Álvaro Uribe gobernó durante dos períodos junto a un legislativo subordinado a las directrices del ejecutivo, se presentan cinco coyunturas a la luz de las cuales el mandatario debió trenzar densas negociaciones con las fuerzas políticas, lo cual demuestra que el uribismo no expresó tanto una unidad homogénea de partidos y líderes, sino que constituyó una coalición conflictiva y en permanente construcción.

La composición de la coalición oficialista varió significativamente y el Presidente adoptó tonos diferentes con respecto a la clase política en los ocho años de gobierno.

1

Luego de haber presentado el proyecto de alternatividad penal en 2003, por el cual se dictaban las disposiciones para la reincorporación de los grupos armados al margen de la ley con altas dosis de impunidad y bajos niveles de reparación, y después de haber intentado conciliar con el Congreso la presentación de un proyecto de ley común, el Gobierno debió encarar la oposición de varios congresistas de su coalición sobre la aprobación de una ley que respaldara jurídicamente el proceso de negociación con los paramilitares.

En 2005, se presentaron un total de nueve proyectos de ley al Congreso, indicador bastante elocuente de las divergencias que existían respecto al tema. Al final, se estudiaron dos ponencias paralelas: una presentada por el gobierno cuyo ponente fue Mario Uribe (primo del Presidente ahora investigado por reunirse con Salvatore Mancuso), y otra por Rafael Pardo y Gina Parody. Aunque se aprobó el proyecto de ley del gobierno, que incluía los controvertidos artículos 61, sobre la no extradición de los paramilitares, y 64, que consideraba el paramilitarismo como delito político (ambos, posteriormente, declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional), el trámite le reportó altos costos políticos al ejecutivo con el distanciamiento de importantes figuras de la coalición como Parody y Pardo.

La segunda reelección.

Por María Clara Torres y Victor Barrera*

Durante la primera campaña presidencial, Álvaro Uribe Vélez buscó posicionarse como un anti-político divorciado de los partidos tradicionales. Amenazó incluso con revocar el Congreso de la República, por considerarlo un foco de corrupción. Sin lugar a dudas, la estrategia de la antipolítica resultó fundamental para diferenciarse de su principal contendor, Horacio Serpa, quien llevaba a cuestas el descrédito del Partido Liberal. Empero, después del fracaso del referendo de 2003 y del trámite exitoso de la reforma política del mismo año, Uribe bajó su tono desafiante y desistió rápidamente de su ademán retador, cuando necesitó el respaldo de los congresistas para aprobar iniciativas de suma importancia, como el Plan de Desarrollo y las reformas tributaria, pensional y laboral.

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La reforma política de 2009.

Ante tal resquebrajamiento de la coalición el ejecutivo impulsó, por medio del Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, una reforma política que, en vez de establecer los mecanismos necesarios para castigar a los parapolíticos por medio de medidas como la silla vacía, promovió el reacomodamiento de las mayorías uribistas al permitir, por espacio de dos meses, el transfuguismo político.

A pesar de este esfuerzo, la debilidad de la coalición se hizo aún más evidente en la elección de las mesas directivas del Congreso en julio de 2009, cuando estalló una rebelión política de parte del partido de La U al considerar que el gobierno, específicamente Valencia Cossio, no había hecho lo suficiente para mantener la unidad uribista. Luís Carlos Restrepo, el entonces presidente de la colectividad, dijo que la coalición estaba rota, contrario a lo que expresaba el Ministro del Interior, refiriéndose al incumplimiento de parte de Cambio Radical de los acuerdos que se habían establecido con los demás partidos que la componían.

Y parapolítica.

Pese a esta inicial actitud bravucona, Uribe tenía una sintonía vital con una porción significativa de la clase política colombiana. Su propuesta de seguridad democrática captaba muy bien la resistencia de la dirigencia política frente a los diálogos con la guerrilla. Las campañas al Congreso y a la Presidencia del año 2001 y 2002 se desarrollaron en medio de prolíficas reacciones de la clase política regional contra los diálogos de paz del Caguán y a favor de una salida política.

Dichas aspiraciones de los políticos regionales se cristalizaron en una decena de pactos con jefes paramilitares de los cuatro rincones del país. Como lo evidenciaron las investigaciones periodísticas y judiciales sobre la parapolítica, los acuerdos firmados entre 2001 y 2002 en Puerto Berrío, Chivolo, Pivijay, San Ángel, Necoclí y en el Nudo de Paramillo se configuraron en verdaderos tratados de mecánica política entre caciques regionales, narcos y paras. Los pactos trazaban potentes estrategias para configurar una mayoría en el Congreso de la República y respaldar una candidatura presidencial. Así las cosas, la sintonía del discurso antinsurgente de Uribe con la resistencia de la clase política a los diálogos de paz con las FARC, resultó fundamental a la hora de construir el mapa de sus aliados en el Congreso de la República.

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4

La discusión sobre la posibilidad de una segunda reelección del presidente Uribe constituyó otro elemento que resquebrajó la coalición uribista, sobre todo por las aspiraciones presidenciales de miembros de la coalición como Germán Vargas Lleras —que se tradujo en el distanciamiento del partido político que la encabezaba: Cambio Radical.

Vargas Lleras que en 2002 había abandonado la campaña de Horacio Serpa para apoyar la aspiración de Álvaro Uribe y que había respaldado, a regañadientes, el trámite de la primera reelección—expresó abiertamente, en enero de 2009, sus aspiraciones presidenciales y la inconveniencia de un tercer período de Álvaro Uribe. Al respecto afirmó que no se sentía comprometido con una nueva reelección, pues le parecía inconveniente para el país y para el propio presidente. Igualmente, la entonces congresista Gina Parody, una de las más leales colaboradoras del presidente, anunció su renuncia senatorial precisamente por desavenencias con el gobierno en el tema de la reelección.

De antipolítica.

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La Ley de Justicia y Paz.

*María Clara Torres y Víctor Barrera Investigadores de ODECOFICINEP/ Programa por la Paz

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Paz

Víctimas en el cálculo político Legislar de espaldas a las víctimas y no dar el debate político ante los principales afectados del conflicto armado colombiano y sus defensores fue la característica constante del gobierno de Uribe en sus ocho años de permanencia en el poder. Así, los derechos de las víctimas se fueron internando en un limbo, mientras el Ejecutivo presentaba las normas diseñadas como un éxito y modelo digno de imitar a nivel mundial.

Por Fernando Sarmiento*

E

l controvertido Eduardo Pizarro fue nombrado como miembro de la Junta Directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional en noviembre de 2009. En sus declaraciones a la prensa dijo: “Es un reconocimiento hecho a Colombia y a la política de reparación a las víctimas, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación como una experiencia valiosa a nivel internacional y me parece de enorme importancia que Colombia tenga presencia en estos espacios para aprender con humildad de otras experiencias internacionales y para aportar su propia experiencia donde hay un proceso de victimización y poca capacidad institucional como ocurre en muchas naciones de África” (Semana.com, 2009).

Las víctimas y el conjunto de las organizaciones sociales se sorprendieron con este nombramiento, pues para ellas era inconcebible semejante reconocimiento, mientras que la normatividad establecida presentaba serias restricciones económicas, administrativas y políticas para acercarse a los estándares de reparación integral establecidos en las instancias internacionales de derechos humanos y, menos aún, que este modelo de reparación fuera replicado en otros países como exitoso y digno de imitar.

Este hecho, entre muchos otros semejantes, da cuenta de la configuración de un campo de tensión en la opinión pública en torno al tratamiento normativo de la situación de las víctimas del conflicto armado en el que participaron parlamentarios, funcionarios de gobierno, organizaciones defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación, organizaciones de víctimas y miembros de organismos internacionales a lo largo de los períodos de Uribe Vélez (20022006, 2006-2010).

Se pueden identificar, al menos, tres líneas de tensión: la primera —y quizá la más amplia y compleja— es la pugna política que se dio entre una tendencia al reconocimiento amplio de los derechos de las víctimas y la que

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Legislar de espaldas a las víctimas y no dar el debate político ante los principales afectados del conflicto armado colombiano fue la característica constante del gobierno de Álvaro Uribe.

prefería la imposición de restricciones bajo el argumento fiscal y de suficiencia legislativa.

La segunda tensión está referida a los mecanismos de visibilización y reconocimiento de las víctimas: una amplia movilización ciudadana contra las FARC y en abierto rechazo a la práctica del secuestro, frente a una movilización reivindicativa de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.

Finalmente, la tensión que representa el asunto de la paz y la reconciliación frente a los procesos de justicia, en un contexto que no da cuenta clara del desmonte de estructuras paramilitares, del triunfo definitivo sobre las guerrillas de las FARC y el ELN y del control de prácticas ilegales de organismos de seguridad y de la fuerza pública estatal.

El costeo político de la normatividad

En junio del año 2009 el Congreso de la República decidió hundir el proyecto de Ley de Víctimas que durante dos años hizo trámite legislativo. La orden procedía directamente del Ejecutivo nacional. El comunicado del 18 de junio de la Secretaría de Información y Prensa Presidencial (SP) registra: “El Gobierno Nacional, en reunión con algunos proponentes del Proyecto de Ley de Víctimas, ha pedido que no se apruebe el Acta de Conciliación porque un costo superior

a los $80 billones crearía un trauma irreparable a las finanas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento (Caracol radio, 2009).

Las declaraciones públicas del mismo Presidente en esos días calificaban a la ley de víctimas como un golpe a la política de seguridad democrática por igualar a policías y soldados con los terroristas (Presidencia, 2009).

“

Las declaraciones públicas del Presidente calificaban a la ley de víctimas como un golpe a la política de seguridad democrática por igualar a policías y soldados con los terroristas

”

.

Las reacciones de los proponentes del proyecto no se hicieron esperar. El senador liberal Juan Fernando Cristo afirmó a la prensa que “El Gobierno está demostrando que le interesan más los victimarios que las víctimas; y esto se ve en que se aprueba el principio de oportunidad1 para beneficiar a los paramilitares desmovilizados pero no se hizo lo mismo con la ley que resarcía a las víctimas”.

Cuatro años atrás, en junio de 2005, el legislativo había promulgado la Ley 975 con el objeto de “facilitar los procesos de | www.cinep.org.co |

Paz Izquierda: Senador Juan Fernando Cristo. Derecha: Uribe Vélez en un consejo en Mompós, en el que afirmó que la ley de víctimas era impagable.

paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” (Diario oficial 45.980, 2005).

“

En julio de 2005, el legislativo promulgó la Ley 975 para faciltar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación

”

.

Esta ley, más conocida como Ley de Justicia y Paz, contiene en su objeto la garantía de los derechos de las víctimas. Los artículos 4 a 8 presentan tanto la definición de víctima como la de cada uno de sus derechos. En el marco de esta ley, a tres años de su vigencia, se emitió en abril de 2008 el decreto 1290 con el que se establecieron las medidas para la reparación individual por vía administrativa de las víctimas de grupos armados al margen de la ley.

Estos dos documentos han sido los referentes centrales en materia de atención a víctimas en el país, no obstante la existencia de otros textos emitidos por este gobierno y relacionados con los temas del desplazamiento (Sentencia T-25 de 2004), desaparición forzada (Conpes 3590 de junio de 2009), tierras y restitución de bienes (Decreto 176 de 2008 y Estatuto de Desarrollo Rural –EDR o Ley 1150 de 2007), por mencionar algunos.

La cuestión, para el presente análisis, no se centra tanto en el escenario de la normatividad, sino en el escenario político desatado a raíz de la normatividad misma. La puja entre los sectores sociales y políticos fue —y sigue siendo— por el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Por un lado, las organizaciones de víctimas y ONG manifestaron de forma constante la necesidad y obligatoriedad del Estado al reconocimiento pleno de los derechos. Esta postura fue reforzada por la comunidad internacional mediante la apelación a la normatividad internacional en la materia. Por otro lado, el gobierno nacional buscó una normatividad restringida de los | www.cinep.org.co |

derechos, bajo el argumento de su viabilidad fiscal y administrativa.

El partido liberal, principal abanderado del tema en el Congreso de la República, tendió por su parte hacia una postura intermedia entre las dos extremas. Los parlamentarios liberales sumaron a la motivación de reconocer los derechos el compromiso político con sectores sociales regionales, sectoriales y partidistas de respaldar la causa de las víctimas del conflicto armado, más aún cuando se trataba del partido en oposición más importante del momento, lo que incrementaba el interés político de debatir un tema sensible para el gobierno.

Por el lado del gobierno, los cálculos para la reparación a las víctimas resultaban onerosos. Más cuando la inversión de sus recursos se orientó a sostener los costos de la

desmovilización paramilitar y la política de persuasión a la deserción de la insurgencia y la continuidad y fortalecimiento del esquema de contención militar de la guerrilla, lo que ha acarreado, por supuesto, un altísimo gravamen por el pie de fuerza oficial. La pregunta que todo el mundo se ha hecho es cómo se coteja este argumento oficial con lo dispuesto en el Fondo para la Reparación de las Víctimas manejado por Acción Social. Cuál es el balance de las cuentas y cuál es a ciencia cierta el saldo financiero de responsabilidad estatal, contemplado en el decreto 1290.

Según las fuentes oficiales, un total de 281.661 víctimas se han registrado como tal ante la Fiscalía General de la Nación. Esta misma fuente informa que a finales de 2010 se habrá girado a las víctimas un total de $500.000 millones de pesos por reparación administrativa. Es decir, a razón de $1´775.183,64 por víctima, si fuera de repartirse por igual a cada persona como en una fila, para caricaturizar

absurda realidad que las víctimas enfrentan.

El Fondo de Reparación ha logrado recaudar 35.326´556.773,00 (Alto Comisionado para la Paz, 2010), representados en bienes muebles e inmuebles, semovientes, automotores, aeronaves, embarcaciones, sociedades, algo de efectivo, etc. Es decir, poco o nada. Así las cuentas, el Estado requeriría entre 40 o 50 años para reparar a las víctimas del país. Las 281.661 víctimas son las registradas en la Fiscalía, pero las organizaciones sociales y las entidades oficiales coinciden en una cifra de 4 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, dato que aún se queda corto si sólo los desplazados por la violencia superan este número.

“

Las organizaciones sociales y las entidades oficiales coinciden en una cifra de 4 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia .

”

Así las cosas, el asunto no es meramente fiscal sino también de orden administrativo, político y social. El Gobierno en Colombia se preparó durante los últimos diez años para hacer la guerra, pero no para asumir los costos sociales y económicos de sus efectos. Se nomina en el discurso normativo, impreso con claridad en el papel, los derechos de las víctimas y la garantía de su cumplimiento, pero no existen las condiciones institucionales, en los distintos ámbitos territoriales, para llevarlo a cabo. El costo político de la normatividad hasta ahora emitida consiste en sacrificar a los millones de víctimas existentes, a pesar de los requerimientos internacionales, a cambio de darle sostenibilidad a la política de seguridad que probablemente demandará

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Paz

la concentración de los esfuerzos del Estado por muchos años más.

De este modo, la tensión de las opiniones parece trenzarse en un asunto que no se resolverá administrativamente en el corto o mediano plazo. El reconocimiento de los derechos de las víctimas de forma amplia e integral tendrá que esperar muchos años más. Mientras tanto, se impone por la vía de la administración una fórmula restrictiva fundamentada en la apuesta de la política del uribismo, que se extiende en el tiempo.

Entre tanto, como está dicho, la campaña gubernamental que pretende presentar ante el mundo la política de atención a víctimas en Colombia como única y exitosa refuerza la justificación del gobierno de aplazar una verdadera resolución del problema en el corto plazo.

El valor simbólico de la movilización

Dada esa situación, adquiere especial importancia este segundo aspecto en el balance. El recurso del que tanto víctimas como familiares disponen para hacer visible su realidad es el de la movilización. En tanto el Ejecutivo y sus delegados en el Congreso legislaban sin dar el debate con las víctimas respecto a sus requerimientos, las calles y los recintos se saturaban de carteles y arengas exigiendo verdad, justicia, reparación y protección de la vida frente a las constantes amenazas y homicidios que se cometían (que aún se cometen)2.

Las bases de datos del CINEP/Programa por la Paz registraron durante los últimos diez años un incremento importante en el país de la movilización de las víctimas y sus organizaciones de apoyo (CINEP/Programa por la Paz, 2009)3. Sus demandas se han orientado a la defensa de la vida, el rechazo a las distintas formas de violencia y exigencias directas al Estado para que garantice el cumplimiento integral de sus derechos, entre los que se contabilizan exigencias por despojo de tierras, violación al DIH y a los derechos fundamentales, etc.

“

El recurso que tanto víctimas como familiares disponen para hacer visible su realidad es el de la movilización. Sus demandas se han orietado a la defensa de la vida, el rechazo a las distintas formas de violencia y exigencias directas al Estado .

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A su vez, tal movilización se ha dado también en torno a la búsqueda de alternativas a la violencia, construcción de planes de vida, procesos de dignificación de las víctimas, recuperación de la identidad, procesos organizativos y de articulación y reconstrucción del tejido social. Diversos sectores sociales han sido victimizados: mujeres, indígenas, negritudes, campesinos, sindicalistas, empresarios, comerciantes, LGBT, funcionarios públicos, defensores de DDHH. Gente de todas las edades y estratos sociales que han sido víctimas de homicidios, desapariciones, masacres, secuestros, extorsiones, amenazas, desplazamiento forzado, minas antipersonales, “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales), despojo de tierras y de bienes, violaciones, agresiones, etc. en una lista que desborda el límite de las atrocidades humanas.

Pero, a su vez, esta movilización de las víctimas y de los sectores que las apoyan presenta en su interior, además de gran variedad de sectores y formas de victimización, diversidad de opiniones que se expresan en la plaza pública. Durante el gobierno de Uribe se han presentado dos principales formas de la movilización: manifestaciones en contra del secuestro —que han sido a su vez una forma de rechazo a las FARC— y acciones que exigen los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, además de las demandas de protección de la vida. La gráfica (abajo) muestra la proporcionalidad de motivos de las movilizaciones (Un análisis más detallado de estos procesos se hace en el artículo Movilización por

la paz: el papel de las víctimas en esta misma edición).

Las marchas del 4 de febrero y la del 6 de marzo del año 2008 son representativas de esas dos formas de movilización. La primera expresa el sentir de la ciudadanía frente al secuestro y su principal perpetrador, las FARC. La segunda recoge las expresiones de los sectores sociales afectados por otros motivos de la violencia. Las manifestaciones en torno al secuestro se han concentrado en las principales ciudades y capitales del país, mientras que las movilizaciones por los derechos en general proceden de las regiones y los municipios, en la mayoría de los casos de zonas afectadas por la violencia.

En el conjunto de la opinión pública se ha venido dando un proceso de polarización social, al que se han integrado las dos formas de movilización comentadas. Las manifestaciones contra las FARC se relacionaron al discurso oficial de desprestigio de la guerrilla, mientras que las reivindicaciones por los derechos fueron asimiladas al discurso de la oposición, incluso al de los “terroristas”. Por su parte, la prensa favoreció el discurso oficial, dándole mayor despliegue al tema del secuestro y reforzando el desprestigio de la guerrilla, provocando con ello la marginalidad ante la opinión pública del conjunto de las demandas sociales sobre los efectos de la violencia que, como lo muestra la gráfica, es de importantes proporciones.

Con ello se ha provocado que las movilizaciones sociales también hagan parte del campo de disputa política para la opinión

Motivos de paz negativa en la movilización social en Colombia ACP 2002 - 2008

30 25 20 15 10 5 0

2002

2003

2004

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2006

2007

2008

Asesinatos, masacres y desapariciones

Ataques a población y/o bienes civiles

Inseguridad y violencia generalizada

Secuestros y retenciones

Fuente: DATAPAZ, CINEP/ Programa por la Paz

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pública, escenario en el que 2009). El proceso de rese han reforzado las posiconciliación en Colombia ciones de legitimación de parece poner como conlas políticas oficiales y el dición avanzar en el escladescrédito de las opiniones recimiento de la verdad y adversas, lo que redunda la aplicación de la justicia. negativamente en el reconoLos sectores más radicales cimiento y visibilización de tienden a este postulado, la realidad de las víctimas mientras las esferas ofidel conflicto armado y sus ciales insisten en las vías derechos. No obstante, la pragmáticas para resolver movilización sigue siendo el asunto de la reconciliael recurso disponible de las ción, aunque en ello se envíctimas y sus organizaciofrente a grandes dilemas nes para poner en la opinión éticos, como lo expresa el La marcha del 4 de febrero de 2008 expresó el sentir de la ciudadanía frente al secuestro y su su situación. En este sentido mismo Comisionado de principal perpetrador, las FARC y se concentró en las principales ciudades del país. aún hay trecho por recorrer Paz: “Hacemos esto por en Colombia, donde la situaun bien superior que es la ción de violencia persiste y el conflicto arma- resultados obtenidos por la Ley de Justicia y paz. Estos temas de política pública no son Paz en términos de conocimiento de verdad fáciles porque presentan dilemas éticos en su do sigue siendo noticia de cada día. dejan grandes dudas. concepción y en su ejecución y por eso hay En el marco de la Ley se desmovilizaron que tener muy claro que trabajamos para los El saldo social de la reconciliación y a julio de este año 31.671 hombres y mujeres ciudadanos y por los bienes superiores, como la paz de las AUC, de un total de 53.037 militantes en este caso, la paz” (Alto Comisionado para de grupos ilegales, entre los que se cuentan la Paz, 2010).

Para sectores como la Iglesia católiEl balance hasta el momento va arro- las guerrillas (CINEP/Programa por la Paz, jando dos conclusiones importantes: en pri- 2009). De ese total, tan sólo 4.346 fueron ca, la paz no es posible sin la reconciliación, mer lugar la ausencia de una normatividad postulados a la Ley de Justicia y Paz, de los por ello se hace necesario avanzar en ambos favorable al reconocimiento pleno e integral cuales 352 pertenecen a grupos distintos a sentidos de forma unificada en la sociedad: de los derechos de las víctimas y una insti- las AUC. Tan sólo 1.514 de los 4.346 han ter- “El Acuerdo Nacional por la Paz y la Recontucionalidad que la promueva y la sostenga. minado de dar versiones libres y 429 se en- ciliación busca que se suscriba un consenso En este sentido, está en vilo lo que pueda cuentran en distintas etapas procesales ante- por parte de las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, en el que se convengan suceder con el nuevo Congreso instalado el riores a la sentencia condenatoria.

De todo ello, finalizando el mes de junio unos Mínimos de Paz y Reconciliación que pasado 20 de julio y con el comportamiento del nuevo Presidente de la República, Juan de 2010, tras cumplirse cinco años de la Ley permitan superar los conflictos sociales y la Manuel Santos, en esta materia. En segundo de Justicia y Paz, el Tribunal Superior de Bo- confrontación armada que vive Colombia”.

De conjunto, para finalizar, en materia lugar, se cuenta con un proceso de fortaleci- gotá condenó los dos primeros paramilitares miento organizativo y de articulación de las por la masacre cometida en Mampuján, co- de víctimas, todavía es necesario recorrer el víctimas, que se expresa en la capacidad de rregimiento de María La Baja en Bolívar. Val- camino de la reconciliación y la paz, antes de movilización pública y la demanda de sus de- ga enunciarlos, los jefes paramilitares, ‘Diego cantar victoria con una normatividad y una rechos. El asunto es avanzar en la configura- Vecino’ y ‘Juancho Dique’ (Verdadabierta. política de atención al problema que ha mosción de una opinión pública favorable a la paz com, 2010). Dos de treinta y un mil. Es claro trado sus profundas carencias. Menos, prey al reconocimiento positivo de la situación que se han presentado avances en el esclare- tender que un esquema semejante sea aplicimiento de la verdad, por ejemplo, cuando cable a otros países que podrían encontrar de las víctimas. paramilitares en sus versiones han confesado mejores formas de resolver sus conflictos. hechos. A ello es necesario sumarle el trabajo El asunto es avanzar en la de Memoria Histórica de la Comisión Nacioconfiguración de una opinión nal de Reparación y Reconciliación. favorable a la paz y al reconociLas críticas de las organizaciones sociamiento positivo de la situación les sobre el diseño y aplicación de esta ley de las víctimas muestran el descontento. Su balance afirma El balance muestra que queda aún un que tras el quinquenio de la ley el país se ensaldo pendiente: el de la reconciliación y la cuentra aún sin justicia y sin paz (Movimiento paz, que se encuentra ligado a la deuda de jus- Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, ticia y a los requerimientos de verdad y reparación de las víctimas. La verdad y la justicia En el marco de la Ley de Justicia y Paz están en vilo. Dadas por contadas las limitase desmovilizaron a julio de este año ciones al acceso a la verdad con la extradición 31.671 hombres y mujeres de las AUC. de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos, los

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Notas 1 La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma al Principio de Oportunidad, con la cual se busca darle una salida jurídica a los 20 mil desmovilizados de las autodefensas que se encontraban en el limbo jurídico. El Principio de Oportunidad busca cesar investigaciones penales a personas que pertenecen a grupos criminales de medios y bajos mandos, pero no cobija a los cabecillas de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, como tampoco los delitos de lesa humanidad y terrorismo.

2 Desde el asesinato en el 2005 de Yolanda Izquierdo, la campesina que lideraba a los campesinos de Córdoba despojados por Carlos Castaño y su familia, el Ministerio del Interior contabiliza 1.471 solicitudes de protección a víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz. De ellas, 214 personas han sido cobijadas con medidas de protección especial luego de un estudio de la Policía encontrara que estaban en ’riesgo extraordinario’. Extracto de “Ya son 45 los líderes de víctimas asesinados por reclamar sus tierras; en 15 días murieron tres”, Junio 3 de 2010.

3 Este informe va al centro del conflicto a través del creciente proceso de visibilización de las víctimas. Desconocer su existencia y no atender la complejidad de sus demandas es insistir en la negación del conflicto colombiano. La guerra, que aún se libra, sus efectos y cifras aún alarmantes, es apenas el asomo de un conflicto más profundo, del que cada vez parecemos estar más lejos de afrontar y resolver.

Referencias • Alto Comisionado para la paz, 2010, “Avances en la ley de justicia y paz”, julio. Disponi-

ble en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/index.asp • Alto Comisionado para la paz, 2010, “La invitación es que nos unamos para transitar hacia la reconciliación: Frank Pearl”, 22 de julio. Disponible en:http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/noticias/2010/julio/julio_22_10a.html • Caracol radio, 2009, “El gobierno le pidió al Congreso hundir la ley de víctimas”, 19 de junio. Disponible en: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=831227 • CINEP/Programa por la Paz, 2009, Informe especial, “El reto de las víctimas: el reconocimiento de sus derechos”, diciembre. Disponible en: http://www.cinep.org.co/sites/ cinep.cinep.org.co/files/Informe%20Especial%20Cinep%20-%20PPP_%20Victimas.pdf • Diario oficial 45.980, 2005, “Ley 975 de 2005”. Disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/justicia_paz/documentos/Ley1_975.pdf • El Espectador, 2009, “Ley de víctimas se hunde ante presión del gobierno”, 18 de junio.

Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo146500-ley-devictimas-se-hunde-presion-del-gobierno • Ministerio del Interior y de Justicia, 2008, Decreto No 1290 de 22 de abril 2008, 22 de abril. Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6261.pdf • Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, 2009, Sin justicia y sin paz, octubre. Disponible en: http://www.movimientodevictimas.org/images/stories/proteccion/juridica_baja.pdf • Oficina del Alto Comisionado para la paz, 2010, “Buscando un equilibrio entre la justicia y la paz: avances y perspectivas de la Ley 975 de 2005”, junio. Disponible en: http://www. altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/publicaciones/buscando%20equilibrio/Buscando%20un%20equilibrio%20entre%20la%20Justicia%20y%20la%20Paz.pdf • Presidencia, 2009, “Ley de Víctimas era impagable y le daba un golpe a la Seguridad Democrática”, 20 de junio. Disponible en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/junio/20/01202009.html • Semana.com, 2009, “Eduardo Pizarro elegido en fondo de víctimas de la CPI”, 19 de noviembre. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-nacion/eduardo-pizarroelegido-fondo-victimas-cpi/131513.aspx • Verdadabierta.com, 2010, “Las víctimas de Mampuján apelan la primera sentencia de Justicia y Paz”, 30 de junio. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/justicia-ypaz/2530-ipor-que-las-victimas-apelaron-la-primera-sentencia-de-justicia-y-paz

*Fernado Sarmiento Coordinador del proyecto Iniciativas de Paz CINEP/ Programa por la Paz

Rompecabezas es un espacio radial de opinión pública, análisis, reflexión y discusión que con diferentes géneros periodísticos, voces y puntos de vista, enriquece las miradas sobre el país que construimos a diario.

Escúchenos en Bogotá todos los lunes de 6 a 7 p.m. por Javieriana Estéreo 91.9 FM y 1430 AM. Si está en Pasto puede escucharnos a través de Ecos de Pasto (740 AM) el domingo de 6 a 7pm; en Tierralta, Córdoba a través de la emisora Sergio Restrepo (105.0) los lunes de 7 a 8 am y en San Gil, Santander a través de la emisora La Cometa el jueves de 9 a 10 pm.

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Movilización por la paz: el papel de las víctimas (2002-2006) Las acciones de movilización por la paz durante el gobierno Uribe estuvieron marcadas por las reacciones contra los hechos violentos y la búsqueda de alternativas de paz, así como de un creciente acercamiento entre las víctimas y las entidades del Estado.

Por Vladimir Caraballo Acuña*

D

rante el 2002 y el 2008 se presentaron varias acciones de movilización por la paz de parte de las víctimas, que fueron registradas por la Base de datos de Acciones Colectivas por la Paz del CINEP/PPP. Este grupo de manifestaciones tuvo diferentes motivos que, en general, podrían clasificarse en dos grandes grupos. En el primero se encuentran las reacciones contra los hechos violentos: secuestros, asesinatos, masacres y desapariciones. En el segundo, en cambio, están las acciones que estuvieron más dirigidas a la construcción de la paz: búsqueda de alternativas para la paz, conmemoraciones de hechos de violencia y promoción de la paz.

En el gráfico 1 se observa la relevancia del papel de los secuestros: estas acciones representan el pico más alto de toda la movilización en el año 2004. Posteriormente tienen un

descenso importante para volver a recuperar el ascenso en 2008.

Esta relevancia de las acciones frente al secuestro tiene como correlato el aumento y sostenimiento por tres años de las reacciones ante los asesinatos, las masacres y las desapariciones. Por último, una vez aparecen en el panorama de la movilización las conmemoraciones de hechos de violencia, la promoción de la paz y la búsqueda de alternativas para la paz (en 2005 las dos primeras y durante el siguiente año la tercera), las tres mantienen un ascenso sostenido hasta el final del período.

Así, en el gráfico se observa cómo, al lado de las reacciones en contra del secuestro, los asesinatos, las masacres y las desapariciones, el año 2005 marcó el surgimiento de acciones más enfocadas a la construcción de paz, lo que

Gráfico 1 Motivos de la desmovilización de víctimas: hacia la paz positiva 25 20

Asesinatos, masacres y desapariciones

15

Búsqueda de alternativas para la paz

10

Conmemoraciones de hechos de violencia Promoción de la paz

5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: DATAPAZ, CINEP/ Programa por la Paz

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Secuestros y retenciones

implica que desde esa fecha la movilización de las víctimas ha vivido una inclusión de motivos menos reactivos y más enfocados en la construcción de paz positiva, en el sentido más amplio del término.

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Desde el año 2005 la movilización de las víctimas ha vivido una inclusión de motivos menos reactivos y más enfocados en la construcción de paz positiva .

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Actores de la movilización: aumento de las acciones conjuntas con el Estado El surgimiento de los motivos más enfocados a la construcción de paz ha estado acompañado por un creciente acercamiento entre las víctimas y las entidades del Estado, cuyas acciones conjuntas han presentado un aumento sostenido y exponencial desde el inicio hasta el final del periodo, tal y como se observa en el gráfico 2 en la siguiente página.

Según los criterios de registro de información de nuestra Base de Datos, se pueden distinguir tres posibles formas de relación entre quienes se movilizan, en este caso las víctimas en relación con las entidades del Estado, distinguiendo el papel de ‘convocante’ y de ‘participante’ (aunque existan otros matices más específicos que no se profundizarán acá): a) Estado convoca (sólo o acompañado) y las víctimas participan (EST-VICT); b) Víctimas convocan (solas o acompañadas) y el Estado participa (VICT-EST); c) Víctimas y Estado convocan y otros actores participan (VICT/EST-OTROS).

Como se observa en el gráfico 3, en la siguiente página, en el periodo fueron más No. 70 | agosto - noviembre 2010 |

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frecuentes las acciones en que el Estado convocó y las víctimas acudieron (EST-VICT), con un total de 48 manifestaciones. En segundo lugar se encuentran las 21 acciones en que las víctimas convocaron y el Estado participó (VICTEST). Y en tercer lugar están las 13 acciones que fueron convocadas tanto por el Estado como por las víctimas pero en las que participaron otros actores (VICT/EST-OTROS).

Tanto las dinámicas de los motivos como las de la relación con las entidades del Estado pueden ser explicadas, en parte, por la ventana de oportunidad abierta a través de la ley 975. Por un lado, no es casualidad que el surgimiento y mantenimiento de los motivos de paz positiva coincida justamente con el año en el que se sancionó la ley (2005) alrededor de la verdad, la justicia y la reparación como temas de debate público, como tampoco que la intensidad de la relación de las víctimas con el Estado (jalonada al parecer principalmente por éste) haya tenido un aumento tan evidente. Los debates jurídicos, políticos y sociales alrededor de la ley fueron aprovechados por las víctimas como una ventana de oportunidad política que les ha permitido, junto con otros elementos, un posicionamiento como actor con capacidad de incidencia política.

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Gráfico 2 Acciones conjuntas de víctimas y Estado (2002-2008)

20 18 16 14 12 10

Total

8 6 4 2 0 2002

2003

2004

2005

2006

2008

Fuente: DATAPAZ, CINEP/ Programa por la Paz

Gráfico 3 Tipo de relación Víctimas - Estado (2002-2008) 60 50 40 30 20 10 0 EST - VICT

VICT - EST

Fuente: DATAPAZ, CINEP/ Programa por la Paz Los debates jurídicos, políticos y sociales de la ley 975 fueron aprovechados por Son preguntas que el equipo de Iniciativas de las víctimas para posicionarse Paz del CINEP/PPP se encargará de realizar como un actor con capacidad de en futuras oportunidades. incidencia política .

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¿Por qué las acciones convocadas por el Estado superan en dos y cuatro veces a las convocadas por las víctimas y a las conjuntas respectivamente? ¿Qué otras dinámicas además de la apertura¿Qué sectores al interior de las víctimas se han mantenido alejados del Estado? ¿Cuál ha sido la relación entre éstos y los que han decidido acercarse?

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VICT/EST - OTROS

*Vladimir Caraballo Acuña Investigador del proyecto Iniciativas de Paz CINEP/ Programa por la Paz

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“Que se mueran los feos” Los defensores de derechos humanos, sindicatos, organizaciones campesinas, grupos étnicos y desplazados hacen parte del grupo de los “feos”: esos que incomodaron al presidente Uribe por criticarlo y demostrar que el Estado, muchas veces, no cumplió con sus obligaciones.

Por Álvaro Delgado, Ana María Restrepo y Martha Cecilia García*

E

ra lo que pretendía el doctor Shultz – personaje de la novela de Boris Vian que lleva este título-, quien se empeñó en mejorar a la humanidad hasta convertir a todos los habitantes del planeta en guapos y vigorosos individuos, y evoca las fobias públicas más acerbas del presidente Uribe que le llevaron a dividir a los colombianos entre “los buenos” (sus epígonos) y los feos que osaron criticarlo o manifestarle abierta oposición (a quienes metió en el mismo saco marcado con la etiqueta de “narcoterroristas”). Si alguien hiciera una gradación de las aversiones del presidente saliente no habría duda de que, después de ‘las far’, estarían los defensores de los derechos humanos, no sólo los miembros de ONG dedicados explícitamente a esta tarea, sino, también, todos aquellos que osaran exigir a los estamentos gubernamentales el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de un Estado social de derecho (sindicatos de trabajadores, organizaciones cívicas, campesinas, étnicas, de víctimas, periodistas, mujeres, estudiantes…).

Durante ocho años el discurso oficial insistió en la fealdad de los defensores de derechos humanos. Sujetos incómodos que pusieron en evidencia la persistencia de la violación de los derechos a la vida, la libertad y la integridad de buena parte de la población, así como el incumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación. Tales denuncias también quedaron plasmadas en las reivindicaciones planteadas por diversos actores en las luchas sociales que protagonizaron, como se muestra en la gráfica.

El 49% del total de las protestas durante los dos periodos de Uribe Vélez exigieron el respeto a los derechos integrales y cuestionaron políticas públicas. Dos motivos de la movilización social que fastidiaron al saliente presidente al punto de acusar a quienes permanentemente siguieron el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales sobre ambos aspectos, como “politiqueros al servicio del terrorismo” que usan la “bandera

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de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo, el espacio que la Fuerza Pública y la ciudadanía le han quitado”. Y a quienes intentó negarles la voz para referirse a las políticas públicas: “Y hablan los politiqueros de derechos humanos de política social. ¡Por Dios! Ellos y los terroristas que ellos defienden han producido el desplome social de la Nación” (El Tiempo, 2003). Este discurso presidencial fue respaldado, veinte días después, por el Bloque Central Bolívar de Autodefensas Unidas de Colombia, en el comunicado “¿Por qué ladran los perros?”.

Y dos días más tarde, la entonces Ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, declaró en Washington que “el Estado planea investigar el perfil y las actividades de miles de organizaciones de derechos humanos que operan en Colombia” (Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, 2003) , idea que ya había sido lanzada en marzo de 2003 por Pedro Juan Moreno, empresario y político antioqueño que acompañó a Uribe en su primera campaña presidencial: “A las ONG también hay que hacerles inteligencia, porque son las que se han tirado este país. Hay muchas que son de izquierda. Esos son mecanismos que se Motivos de las luchas sociales inventó la subversión 7 de agosto de 2002 - 30 de junio de 2009 y los violentos para poder posicionarse” (Revista Cromos, 2003). Lo que en efecto se hizo, y de manera ilegal, como ha comenzado a quedar en evidencia en el ‘escándalo de las chuzadas del DAS’.

En febrero de 2008, el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, señaló Fuente: CINEP/Programa por la Paz que la manifestación No. 70 | agosto - noviembre 2010 |

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promovida por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para el 6 de marzo, era “convocada por las FARC” (Entrevista en Caracol Radio el 10 de febrero de 2008). Un año después, el 7 de febrero de 2009, en un consejo comunitario que se realizó en Villavicencio, el presidente arremetió contra Colombianos y Colombianas por la Paz, grupo al que denominó “bloque intelectual de las Farc [que] lo que hace es decir en Europa, en Estados Unidos: ‘Cuidado, Uribe es paramilitar, no le aprueben a Colombia el TLC, que Uribe es paramilitar y violador de Derechos Humanos’... A toda hora viven hablando de Derechos Humanos, simplemente para atemorizar a nuestros soldados y policías… no podemos permitir es que ahora ellos, con el cuentito de su paz y con la acusación permanente a las Fuerzas Armadas, nos paralicen la política de seguridad democrática”.

No se salvaron de la andanada de epítetos e intimidaciones los organismos internacionales de derechos humanos: “Quiero recordarle al señor (José Miguel) Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal y que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato” dijo Uribe el 1 de noviembre de 2008 en otro consejo comunitario, esta vez desde Envigado. De hecho, el 16 de junio de 2004, en un discurso Uribe se refirió al informe difundido por Amnistía Internacional en mayo de ese año: “Daremos el debate aun ante Amnistía Internacional, por poderosa que aparente ser… Recorren las oficinas europeas como ratones de biblioteca, transmitiendo chismes en voz baja, desacreditando las instituciones colombianas, pidiéndole a los gobiernos que no apoyen a Colombia que porque Colombia ‘tiene un Estado terrorista’, como lo han hecho en las últimas semanas”.

Imagen de www.noticiasve.com

José Miguel Vivanco director de América Latina para la ONG internacional Human Right Watch

El informe presentado por Human Rights Watch en enero de 2010, “Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia”, fue tildado por el ministro del

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interior y de justicia en una entrevista en Caracol TV el 3 de febrero de 2010 como “sesgado y denota falta de información, de objetividad y de conocimiento del funcionamiento y trabajo conjunto de las instituciones Imagen de http://colombia.indymedia.org Durante el gobierno de Uribe el movimiento sindical también fue intimidado y del Estado colomtildado de terrorista. En los ocho años 557 sindicalistas fueron asesinados biano” y, según el ministro de defensa, sus conclusiones “tienen una orientación Acoso al sindicalismo política e ideológica que distorsiona la realidad y que tienen ante todo una intención dePero si las organizaciones de derechos liberada de afectar la reputación de la política humanos fueron intimidadas y tildadas de tede seguridad democrática”. rroristas, el movimiento sindical no se quedó Si el gobierno de Uribe ha estigmatiza- atrás. Al término de ocho años de retroceso do, seguido, chuzado (‘les ha hecho inteligen- del movimiento obrero, éste –según el presicia’) a los defensores de derechos humanos, dente Uribe– es el culpable de que su mayor los agentes de la guerra, cualquiera que sea proyecto internacional, el TLC con Estados su signo, los han amenazado de muerte y han Unidos, no haya cuajado. La opinión pública apretado el gatillo contra ellos. El programa no extranjera le está cobrando el hecho de que, pese a la disminución de la violencia, en los ocho años de su gobierno hubiesen sido aseSi el gobierno de Uribe ha sinados 557 sindicalistas –48 sólo en 2009 estigmatizado, seguido, chuzay 29 en lo que va corrido del presente año– do a los defensores de derechos (Declaración de la CSI, 99ª conferencia interhumanos, los agentes de la nacional de la OIT, 2010). guerra, los han amenazado de El botín cosechado por el rey de los muerte y han apretado el gatillo odios durante esos ocho años –adicional a contra ellos su deseo de eliminar a los “feos”- no es poca gubernamental de Protección a Defensores cosa: culminación de la reforma agraria narde Derechos Humanos ha documentado des- coparamilitar que expropió y sacó de sus tiede 2002 hasta 2009, un total de 1.057 agre- rras a alrededor de cuatro millones de camsiones contra estos activistas. De ellas, 138 pesinos y comunidades negras y, de paso, se cometieron en 2002, 184 en 2003, 96 en arrasó con las asociaciones de productores 2004, 111 en 2005, 74 en 2006, 110 en 2007, y proyectos cooperativos independientes; 170 en 2008, 177 en 2009. En mayo de 2010, ahondamiento de la desindustrialización del a tres meses de finalizar el segundo gobierno país, que acabó por extinguir o marchitar emUribe Vélez, siete defensores de derechos hu- presas emblemáticas que habían creado tramanos y líderes campesinos fueron asesina- bajo y progreso social desde su aparición en dos, “cuatro de ellos asociados a la denuncia la primera mitad del siglo XX; privatización del desplazamiento forzado y a las reclama- de la red hospitalaria del Sistema Nacional ciones para restitución de sus tierras”, según de Salud Pública y puesta en marcha del plan destinado a privatizar el conjunto de las emel Programa Somos Defensores.

Incluso, a pocos días de dejar la Casa de presas regionales de servicios públicos esenNariño, el presidente Uribe arremetió nue- ciales y de la principal empresa industrial del vamente contra los defensores de derechos país y, finalmente, la eliminación de la jornahumanos al tildar de “terroristas” a quienes da laboral de ocho horas y el golpe de gracia participaron en la delegación de la audien- a la contratación colectiva que, en conjunto, cia pública “Crisis humanitaria en los llanos abrieron las puertas a una mayor explotación Orientales” por destapar la existencia una de la fuerza de trabajo, al empleo informal y fosa común en el cementerio de la Macarena a la mayor degradación de los salarios y las condiciones de vida de los asalariados.

(Caracol TV, 2010).

La reforma laboral uribista dejó a los

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sindicatos sin su mayor soporte: la oferta de mejoras sociales, estabilidad del empleo y poder de negociación. La negociación colectiva cobijó apenas a 119.791 trabajadores en 2002, 72.264 en 2003 y 62.777 en 2004 (Correo de la CUT, 2005). En las empresas industriales y agroindustriales que habían logrado escapar de su desaparición por efecto de la reforma neoliberal, en los sectores de la salud, la red financiera y la seguridad privada, los sindicatos se convirtieron en “peligro a la vista” para las nuevas generaciones laborales que entraron a llenar vacantes dejadas por el despido masivo de trabajadores arrastrados por la marea de los “despidos voluntarios” que han caracterizado la nueva desocupación nacional iniciada en los años 80 y que ha elevado a Colombia al primer puesto entre las siete economías latinoamericanas más desarrolladas: 2,7 millones de desempleados en febrero de 2010, que representan una tasa de desocupación de 12,6% (El Nuevo Siglo, 2010, C3). El Dane relata el fracaso de la política de empleo en los últimos ocho años y añade que el subempleo pasó de 29,4% a 31,9% (casi nueve millones personas están hoy en el rebusque, dice). Los subempleados son casi 9 millones y los desocupados de Bogotá pasaron de 424.000 a 513.000.

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EL Dane relata el fracaso de la política de empleo en los últimos ocho años y añade que el subempleo pasó de 29,4% a 31,9% (casi nueve millones de personas están hoy en el rebusque, dice) .

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Aunque no hay nada que pueda satisfacer a un obseso como el señor Presidente, debe sentirse complacido porque al término de su primer larguísimo mandato (porque vendrán seguramente otros, no tanto por su probada eficacia como porque parece no querer enfrentar a la Corte Penal Internacional, que le respira cerca) los resultados son acariciadores: una tasa de sindicalización de 4,2%, una de las más bajas del continente; virtual desaparición o marchitamiento de los sindicatos de las grandes empresas fabriles y agroindustriales (con excepción del banano), del transporte de toda clase, y dispersión paralizante de los sindicatos de sector estatal (con excepción del mayor de todos, Fecode).

Una forma de hacer desaparecer a los ‘feos”.

Ahora la organización y la lucha de los asalariados se concentran en el carbón, la exploración y explotación del petróleo y la | www.cinep.org.co |

bananera y con menor persistencia en el magisterio, la banca y sectores de la salud pública. Es ilustrativo el hecho de que en los últimos ocho años las huelgas de trabajadores sumaran apenas 318, un promedio anual de 40, que representa la cuarta parte del registrado en los años 80 y 90. De todas maneras, del total de 1.431.843 huelguistas que hubo en ese lapso, 817.527 (el 57%) se movilizaron en desaprobación de las políticas económicas y sociales del gobierno uribista. Esos capaces de criticarlo y hacerle oposición que tanto le incomodaron.

La incriminación de la protesta social, un viejo instrumento de represión perfeccionado por Álvaro Uribe, cubre el escenario. La decadencia del movimiento sindical colombiano es también producto de esa situación, extraña hoy a la mayor parte de nuestros países vecinos, donde, desde hace décadas, existe un movimiento sindical organizado por ramas industriales y no por sindicatos de empresa, muy numerosos y por lo mismo muy débiles. El sindicalismo colombiano independiente persigue esa tarea desde 1964 y no ha progresado mayormente en el intento. En Argentina –como en otros países del sur del continente– la conquista comenzó en los primeros años de la segunda posguerra mundial, y eso explica que allí exista un solo contrato colectivo nacional vigilado por los sindicatos y que cubre la totalidad de los asalariados: de contrato a término indefinido y fijo, temporales, de outsourcing y de cooperativas de trabajo asociado (se ruega no regar la noticia en sitios cercanos al señor Uribe, porque es capaz de nacionalizarse argentino).

La tierra de las inequidades

Por supuesto, para el gobierno Uribe hubo otros “feos”: esos que protestaron por su legítimo derecho de acceder a la tierra, por los inconvenientes de la seguridad democrática y por la falta de atención a las víctimas.

Campesinos, grupos étnicos y desplazados constituyen otro de los grupos que incomodó al presidente.

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Esos que protestaron por su legítimo derecho de acceder a la tierra, por los inconvenientes de la seguridad democrática y por la falta de atención a las víctimas, constituyen otro de los grupos que incomodó al presidente

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A pesar de que en su rendición de cuentas el Ministro de Agricultura habló de los éxitos de la política rural en cuanto a aumento de hectáreas cultivadas (de 4 millones a 5 millones), índices de reducción de desempleo rural (de 10.8 a 7.9), aprobación de 13 tratados de libre comercio y 89 protocolos sanitarios y fitosanitarios para la exportación, la verdad es que al repasar la movilización campesina, indígena, de afrocolombianos y desplazados, las cifras oficiales se desdibujan en el eterno problema de la tierra.

Invasiones y tomas de entidades por parte de desplazados, manifestaciones en contra de leyes como la de páramos o asignación de predios para cultivos de palma; movilizaciones como la del municipio El Retén (Magdalena) en julio de 2006, en la que los campesinos hicieron un mitin ante la gobernación para exigir al gobierno la entrega de más de 1000 hectáreas de tierras de las que se apoderaron narcotraficantes que, para colmo, cuando los campesinos pensaron que iban a recibirlas, estas fueron asignadas por el presidente a desmovilizados (El Heraldo, 2006); y acciones como la de 300 desplazados de diferentes partes del país que cansados de trámites legales para exigir la tierra prometida invadieron la finca La Camila en el corregimiento Guadualejo, del municipio de San Pedro, para hacer valer sus derechos por vías de hecho y llamar la atención sobre su difícil situación socioeconómica (El Tiempo, 2008). Son situaciones que resaltan este problema de larga duración, acentuado durante el gobierno Uribe1 y llevado a niveles de escándalo por el Agro Ingreso Seguro, los paraempresarios y

Ahora la organización y la lucha de los asalariados se concentran en el carbón, la exploración y explotación del petróleo y la agroindustria bananera.

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Movilizaciones Sociales

y la deslegitimación de las movilizaciones de campesinos.

Otro de los graves problemas es que muchas de las tierras entregadas son improductivas, mientras se mantiene la concentración de la propiedad: así, por ejemplo, el 18 de octubre de 2005, indígenas se tomaron la finca Fátima en Puracé, Cauca. La respuesta del gobernador del departamento, Mosquera Chaux, daba la idea de que los indígenas ya poseen grandes extensiones de tierra, que mantienen improductivas, a lo que respondió la Onic que gran parte de esas tierras se encuentran en zonas no fértiles y que las tierras fértiles pertenecen a los grandes latifundistas que las dedicaron a hatos de ganado (El País, 2005).

Así el panorama, las cifras de las que habla el Ministerio de Agricultura se quedan en el 35 y 40% de cumplimiento de lo presupuestado.

No es extraño entonces que muchas de las movilizaciones sean motivadas por el incumplimiento de acuerdos previos que, además de las dificultades con las tierras, respondieron también durante la era Uribe a los problemas de infraestructura vial.

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No es extraño que muchas de las movilizaciones sean motivadas por el incumplimiento de acuerdos previos que, además de las dificultades con las tierras, respondieron también durante la era Uribe, a los problemas de infraestructura vial .

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La movilización en contra de las fumigaciones y a favor de la erradicación, encontró un motivo constante por la afectación que cultivos como los de pancoger sufren con esta práctica de la política antidrogas. Movilizaciones en Tarazá y Valdivia en enero de 2009 son algunas de las más evidentes al respecto.

A estas demandas se suman las protestas contra la violación de derechos fundamentales: en algunos casos ya conocidos, indígenas y afrocolombianos protestaron contra los grupos armados, rechazaron el asesinato de sus líderes y el desalojo de sus tierras. En las mingas los indígenas insistieron en exigir el reconocimiento de sus territorios y el respeto a su cultura, mientras los afrocolombianos, en sus constantes protestas contra el concurso docente, pusieron en evidencia que éste hace parte de una serie de reformas a la legislación educativa que no reconoce las particularidades culturales y descalifica los saberes afro e indígenas. Los desplazados reiteradamente expresaron en espacios públicos sus

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precisamente la proclama fundamental del gobierno Uribe.

Notas

En el departamento del Tolima se han realizado varias marchas en contra de la seguridad democrática.

frustraciones por el incumplimiento de los compromisos del estado con ellos.

La marcha de junio del 2006 desarrollada en el Tolima contra la seguridad democrática (Voz, 2006) señala un punto de importancia en la protesta campesina contra políticas y planes estatales, que también se evidenció en las movilizaciones contra los bloqueos de alimentos causados por el ejército nacional y contra el programa de reclutamiento de campesinos para apoyar la fuerza pública (El Heraldo, 2002). Campesinos del Meta se concentraron durante cuatro días en Puerto Toledo y Florencia en septiembre de 2005, para protestar contra el Plan Patriota, las detenciones y malos tratos por parte de las FFAA, para denunciar los crímenes paramilitares y reclamar la presencia del gobierno nacional y departamental, las Naciones Unidas y ONG. Un mes antes en Bogotá se había realizado un foro con la presencia de campesinos de las regiones afectadas por el Plan Patriota en el cual se presentaron denuncias de atropellos y arbitrariedades de la Fuerza Pública (Voz, 2005). Otro tema que convocó la movilización de pobladores rurales fue la firma de tratados de libre comercio, en particular, el acordado con la Unión europea en mayo de 2010, fue recibido con protestas de lecheros.

Es necesario resaltar que siendo muchas de estas manifestaciones expresiones contra el conflicto, los señalamientos del gobierno a que las protestas respondieron a presiones de los grupos armados o a infiltraciones de los mismos representaron una deslegitimación de los procesos de movilización y marcaron de manera más contundente la distancia con el gobierno y las facultades para resolver estos problemas sociales. Otra manera de estigmatizar a los feos.

Así las cosas, un repaso por la movilización social durante los ocho años de gobierno de Uribe Vélez nos dice que entre los legados que nos dejan las antipatías gubernamentales está un constante rechazo a los “feos”, esos que son diferentes y que critican o rechazan la política gubernamental. Y que fueron incómodos para el gobierno porque en medio de sus reclamos no sólo demostraron que el Estado, en muchos casos, dejó de cumplir sus obligaciones sino que la equidad no fue

1 Un informe publicado en el diario El Tiempo, a un

mes del fin de gobierno, asegura que lo que resta de presupuesto para la compra de tierras este año, es igual al costo de un Black Hawk. (El Tiempo, 2010, pp. 1-2).

Referencias • Caracol Radio, 2008, “El gobierno descalifica la marcha del 6 de marzo”, 10 de febrero. Disponible en: http:// www.caracol.com.co/nota.aspx?id=546604 • Caracol TV, 2010, “Enérgico rechazo del Gobierno Uribe a informe de la Human Rights Watch”, 3 de febrero. Disponible en: http://www.caracoltv.com/noticias/ nacion/articulo167112-energico-rechazo-del-gobiernouribe-a-informe-de-la-human-rights-watch • Correo de la CUT, 2005, informe a la 37ª junta directiva nacional, 8 de abril.

• Correo de la CUT, 2010, Declaración de la CSI, 99ª conferencia internacional de la OIT, junio.

• El Espectador.com, 2009, “No vamos a permitir que el ‘bloque intelectual de las Farc’ nos desoriente”, 7 de febrero. Disponible en: http://www.elespectador.com/ noticias/politica/articulo115889-no-vamos-permitir-elbloque-intelectual-de-farc-nos-desoriente • El Espectador.com, 2008, “Uribe arremetió contra director de Human Rights Watch”, 11 de noviembre.

Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/ politica/articulo87407-uribe-arremetio-contra-directorde-human-rights-watch • El Heraldo, 2006, 25 de julio.

• El Heraldo, 2002, 31 de agosto.

• El Nuevo Siglo, 2010, cifras del DANE, Bogotá, 1 de abril, C3.

• El País, 2005, 19 de octubre.

• El Tiempo, 2003, “Fuerte réplica de Uribe a ONG”, Bogotá, 9 de septiembre.

• El Tiempo, 2008, 3 de enero.

• El Tiempo, 2010, “Tierras: presupuesto de este año es igual al costo de un Black Hawk”, julio 2, pp. 1-2.

• Human Rights Watch, 2010, Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia, enero de 2010. Disponible en: http://www.hrw.org/en/ reports/2010/02/03/herederos-de-los-paramilitares • Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, 2003, “Los paramilitares respaldan el discurso del Presidente Álvaro Uribe Vélez contra las ONG”, Ginebra, 2 de octubre.

• Programa Somos Defensores, 2010, “Mayo-de la alerta a la crisis: siete líderes ‘asesinados’ y 110 organizaciones de derechos humanos amenazadas”, 11 de junio.

Programa somos defensores, 2010, “Mayo-de la alerta a la crisis: siete líderes ‘asesinados’ y 110 organizaciones de derechos humanos amenazadas”, 11 de junio.

• Revista Cromos, 30 de marzo de 2003.

• Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), Informe 2009, Programa somos defensores, Informe 2009.

• Voz, 2006, 21 de junio.

*Álvaro Delgado, Ana María Restrepo y Martha Cecilia García Investigadores, Movimientos Sociales CINEP/ Programa por la Paz | www.cinep.org.co |

Economía

Más inversión, más pobreza y más desigualdad En el gobierno Uribe aumentó la inversión pero la industria no generó empleo. Además, la desigualdad se incrementó, el problema agrario se agravó y continuó la pobreza.

Por Jorge Iván González*

E

n el transcurso de los vivienda, que es un sector con últimos ocho años la múltiples encade-mientos. La economía colombiana vivienda estimula otras indusha tenido cambios importantrias (cemento, madera, adobe, tes. El balance final podría retransporte, muebles, manpostesumirse en esta frase: Uribe I y ría, etc.). Estos encadenamienII fortaleció la economía extractos hacen que, a diferencia de tiva y amplió la brecha urbano lo que sucede con la explotarural. El resultado no es positición petrolera, la inversión en vo. La primera parte de la afirvivienda sí genere mucho emmación describe lo que sucedió pleo. con la producción y la segunda con el ordenamiento territorial y, sobre todo, con la aguLa seguridad sí dización del problema agrario. generó inversión, pero Para realizar el análisis me la inversión no se ha voy a referir a los siguientes asmanifesado en dismipectos: crecimiento, inversión, Imagen de ideas4solutions.net nuciones similares de la empleo, pobreza y desigualdad. Durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez persistió la trampa de la pobreza tasa de desempleo Los avances que se han logrado son muy tíLa relación entre la inversión y el crecimiento midos. Durante este período no se ha pre- Inversión y crecimiento sin empleo es más clara que entre la inversión y el emsentado una transformación estructural de Entre 2002 y 2007 (último año para el pleo. La inversión favorece el crecimiento la economía colombiana. La industria no se consolidó, el empleo se hizo más informal, la que existe información consolidada de PIB), pero no necesariamente incentiva el empleo. inversión llevó a una reprimarización de la la inversión (formación bruta de capital fijo) La seguridad inversionista ha contribuido al actividad económica, la trampa de pobreza como porcentaje del PIB pasó de 17.16% del crecimiento del producto, sin impactos fapersiste, el problema agrario se ha agravado PIB a 24.33%. Este cambio que, sin duda, es vorables en la ocupación. El mayor aumento importante y positivo, no se reflejó en mayor del PIB se presentó en el 2007. Gran parte de y la desigualdad ha aumentado.

No es cierto como dice el Gobierno que la empleo. De acuerdo con los datos de la Mi- este comportamiento se explica por el auseguridad democrática haya sido la panacea sión para el Empalme de las Series de Em- mento del precio de bienes como el petróleo y la solución a todos los problemas naciona- pleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep), entre y el carbón. Es decir, se trata de un crecimienles. Se han exagerado sus alcances, creyendo el 2002 y el 2009 la tasa de desempleo se to fundado en procesos extractivos, de enclaque los avances en la seguridad son suficien- redujo de 17.6% a 13%. Esta disminución es ve, que no genera empleo.

Durante estos años (2002-2007) la partes para lograr el desarrollo económico auto- relativamente baja si se compara con el ritmo ticipación de la industria en el PIB ha sido, en de la inversión. sostenible. La seguridad no lo hace todo.

Siguiendo la argumentación de Uribe, y promedio, de 16.7%. En este periodo no se ha en gracia de la discusión, la seguridad sí gene- presentado un cambio significativo en esta Se han exagerado los ró inversión, pero la inversión no se ha mani- relación. Colombia no se ha industrializado. alcances de la seguridad demofestado en disminuciones similares de la tasa Cuando el crecimiento no está basado en la crática, creyendo que sus avan—ecode desempleo. Los cambios en la inversión no industria, dice Nicholas Kaldor ces son suficientes para lograr han ido en la misma dirección que el empleo nomista húngaro que fue profesor en Camel desarrollo económico auto(González, 2010, pp. 8-13). El petróleo que bridge—, no es sostenible. sostenible. La seguridad no La primera conclusión que se deriva de se exporta sin transformarción no causa círlo hace todo culos económicos virtuosos. La situación es este diagnóstico es que debe dársele priorimuy distinta en el caso de la construcción de dad a la inversión en actividades industriales.

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Economía

Para que el crecimiento esté acompañado de un mayor empleo se requiere incentivar la generación de valor agregado. Es necesario, entonces, superar la lógica extractiva, tratando de crear condiciones que permitan generar valor. Estos procesos se facilitan en la medida en que se consolide la demanda interna y se estimule el mercado doméstico. El mejoramiento de la infraestructura vial y de

ción al bien-estar de las personas. Los fracasos en la generación de empleo se reflejan en las condiciones de pobreza. Si la persona está desocupada o si el empleo es de mala calidad los ingresos son bajos.

Durante los años del gobierno Uribe (2002-2009) la incidencia de la pobreza se redujo de 53.7% a 45.5%. Aunque el porcentaje de personas pobres disminuyó, preocupa que el nivel absoluto continúe siendo tan alto. En 2009 el número de pobres se acercó a los 20 millones. Esta cifra muestra que Colombia todavía no supera la trampa de pobreza. Además, debe tenerse presente que el ritmo de disminución de la incidencia ha sido más lento que en el resto de los países latinoamericanos.

Imagen de radiosantafe.com

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comunicaciones es la condición básica para fortalecerlo. Ahora que se anuncia otra bonanza minero-energética es urgente diseñar mecanismos que eviten el despilfarro de la riqueza. No se puede repetir la mala historia de la bonanza de los 90s.

Pobreza sigue siendo preocupante

Las personas no están bien porque el PIB crezca o porque la inversión aumente.

Esta es la conclusión de la comisión que en febrero de 2008 nombró el presidente Nicholas Sarkozy con el fin de buscar indicadores más adecuados que el PIB. El estudio estuvo coordinado por Stiglitz, Sen y Fitoussi (2010). Los autores insisten en que el bien-estar (well being) tiene que ser evaluado a partir de los cambios en el ingreso y el consumo de los hogares, más que en términos de la producción agregada (PIB). En otras palabras, la economía va bien solamente si a la gente le va bien.

La economía no está bien porque los bancos ganan $5 billones. Los excedentes del sector financiero pueden ir a la par con un deterioro de las condiciones de las familias.

Las cifras de pobreza son una aproxima-

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En 2009 el número de pobres se acercó a los 20 millones. Esta cifra muestra que Colombia todavía no supera la trampa de pobreza .

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Es interesante observar que la brecha entre el campo y la ciudad se ha intensificado. Se ha presentado una profunda ruptura entre los procesos urbanos y rurales. Cuando se comparan las 13 áreas metropolitanas con la pobreza en el resto del país la situación es alarmante. En el “resto”, el porcentaje de pobres pasó de 69.3% a 64.3%. En las ciudades se redujo de 40.3% a 30.6%. Al cotejar la pobreza de las 13 áreas con las demás, se observa un progresivo aumento de la brecha.

La diferencia en 2002 era de 29 puntos (69.3 40.3=29) y en 2009 fue de 33.7 puntos (64.3 30.6=33.7).

Incidencia de la pobreza por línea de pobreza (LP) - 13 áreas metropolitanas, resto, total país (2002-2005, 2008-2009)

Bucaramanga Bogotá Villavicencio Ibagué Cali Cúcuta Cartagena Medellín Pasto Montería Barranquilla Pereira Manizales 13 áreas Resto Colombia

2002 2003 2004 2005 2008 39.9 39.3 36.7 39.2 24.7 35.7 35.5 32.5 31.2 22.5 36.5 36.2 32.3 37.8 29.2 40.2 40.8 43.6 43.7 34.4 33.3 33.8 31.7 32.7 30.1 45.8 48.7 47.4 49.0 32.2 43.2 35.4 34.2 31.5 35.8 49.7 46.9 43.3 45.1 38.5 42.3 42.9 41.5 43.7 35.8 47.1 49.9 48.7 47.8 41.7 41.6 46.6 40.9 41.3 40.8 41.1 42.1 39.7 42.1 40.3 54.8 54.7 56.1 55.6 44.7 40.3 40.0 37.2 37.4 30.7 69.3 65.5 68.2 67.0 65.2 53.7 51.2 51.0 50.3 46.0

2009 18.5 22.0 31.2 31.6 32.6 33.6 36.0 38.4 39.8 40.6 40.7 42.8 45.4 30.6 64.3 45.5

Las ciudades se han organizado, de menor a mayor, teniendo como criterio la incidencia de la pobreza en el 2009. Fuente: Mesep

Una de las consecuencias más dañinas del gobierno Uribe ha sido la falta de convergencia entre el campo y la ciudad. Tanto la caída de la producción agropecuaria como el deterioro del campo llevaron a una agudización del problema agrario. Una de las expresiones más dañinas de la mala situación del campo es la ganaderización de las tierras más fértiles de país, como las del departamento de Córdoba.

En la evaluación de la pobreza también debe tenerse presente la diversidad de situaciones que se presentan entre las ciudades.

La menor pobreza se observa en Bucaramanga (18.5%) y Bogotá (22%), y la mayor en Pereira (42.8%) y Manizales (45.4%). Las dos situaciones extremas son una invitación para reflexionar sobre los márgenes de maniobra que tienen las ciudades para luchar contra la pobreza. Todavía no contamos con los suficientes elementos de análisis para explicar el relativo éxito de Bucaramanga y Bogotá frente al fracaso de Pereira y y Manizales. La forma como las aglomeraciones han enfrentado la lucha contra la pobreza es muy diferente.

Habría que analizar las políticas que se han aplicado en cada circunstancia con el fin de determinar su impacto. En esta evaluación deben considerarse los factores covariantes (caída de remesas, crisis cafetera, etc.), que pudieron incidir en la situación de Pereira y Manizales.

El próximo gobierno debería estimular las potencialidades de los gobiernos urbanos.

En general, los análisis económicos han dejado de lado la dimensión espacial y la fuerza dinámica de la aglomeración. En este contexto los aspectos relacionados con la ciudadregión son sustantivos.

Desigualdad

Las administraciones Uribe I y II acentuaron la desigualdad, medida por ingresos y por activos. La brecha entre ricos y pobres se agudizó. La situación más alarmante se presentó en el campo, donde la concentración de la propiedad se intensificó. El Gini de la tierra superior a 0.8 es escandaloso. No puede ser positivo el balance de un gobierno que permite tal aumento de la desigualdad. La lucha contra la pobreza es efectiva si el crecimiento favorece a los pobres. O, en otras palabras, si el crecimiento avanza a la par con políticas distributivas. Sin transformaciones radicales en la distribución del ingreso y de la riqueza es imposible romper la trampa de la pobreza.

Mientras no se asuma de manera directa el tema distributivo, la reducción de la pobreza | www.cinep.org.co |

Economía

será muy tenue. La tributación es uno de los mecanismos que más puede ayudar a mejorar las condiciones distributivas. Los impuestos deben ser progresivos de tal manera que —como proporción de su ingreso— los pobres paguen menos que los ricos.

En lugar de administrar limosnas, decían, el gobierno debe incentivar la ocupación para que no haya pobres.

Retos para el próximo gobierno

1 2 3 4 5 6 Resumiendo, las tareas del nuevo gobierno son:

Estimular la generación de valor agregado. La economía de enclave propia de las actividades extractivas debe transformarse en procesos industriales que incrementen el componente de valor agregado. Desde esta perspectiva, por ejemplo, es importante ampliar la refinación.

Durante el gobierno Uribe la política tributaria fue muy favorable al capital. Las exenciones y la disminución del impuesto a la renta beneficiaron a los empresarios. Se esperaba que esta favorabilidad hacia el capital se reflejara en mayores empleos. Realmente no sucedió así. No hay ninguna garantía de que los benéficos tributarios al capital favorezcan la ocupación. Para que esta secuencia tenga lugar es indispensable condicionar la reducción de los impuestos a la creación efectiva de empleos.

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No hay ninguna garantía de que los benéficos tributarios al capital favorezcan la ocupación. Para eso, es indipensable condicionar la reducción de los impuestos a la creación efectiva . de empleos

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La distribución también se puede mejorar por el lado del gasto. Uno de los programas más significativos de Uribe fue Familias en Acción (ver artículo Política social 20022010). El programa terminó siendo asistencialista y ahogó medidas más estructurales, asociadas a una política de empleo e ingreso.

Familias en Acción es la versión moderna de la ley de pobres inglesa, contra la que se rebelaron Marshall y Keynes —economistas británicos de la Universidad de Cambridge cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías económicas modernas—. | www.cinep.org.co |

En la misma dirección del punto anterior, debe tenerse presente que el crecimiento es sostenible si está anclado en la actividad industrial.

La solución del problema agrario debe fundarse en una mayor interacción con las ciudades. El aprovechamiento de su poder gravitacional de las ciudades debe realizarse de tal manera que haya convergencia entre las distintas ciudades y, sobre todo, entre el sector urbano y el rural. Este proceso es exitoso si se consolida el mercado interno.

La tributación debe favorecer la progresividad y eliminar las exenciones.

El predial rural efectivo es muy bajo (a duras penas llega al 2 por mil). Es indispensable aumentarlo por dos razones. La primera es de naturaleza fiscal. Y la segunda tiene que ver con la productividad. Prediales altos obligan a buscar tecnologías más eficientes.

Referencias •

González, Jorge Iván, 2010, “La Inversión No Es Intrínsecamente Buena”, Revista Javeriana, vol. 146, no. 765, Bogotá, junio, pp. 8-13.

•

Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), 2009, Bogotá, noviembre.

•

Stiglitz, Joseph, Sen Amartya y Fitoussi Jean Paul, 2010, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Paris, IEP. Disponible en: http://www.stiglitz-senfitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

*Jorge Iván González Ex director del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional CINEP/ Programa por la Paz

La trampa de pobreza se rompe mediante políticas distributivas.

Las potencialidades tributarias están en las rentas derivadas del suelo y de la dinámica de las aglomeraciones (por ejemplo, prediales urbanos y rurales, participación en plusvalías, etc.).

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Comunicación

Uribe Tevé De cómo Álvaro Uribe manejó la comunicación durante sus dos mandatos presidenciales.

Por Lucía Camargo Rojas*

“Y

o no leo los periódicos internacionales” dijo Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República de desde el año 2002 hasta el 2010, luego de que en una rueda de prensa le preguntaran por un artículo del Washington Post en el que se señalaban presuntos vínculos entre el paramilitarismo y el hermano del mandatario.

Y es que Uribe no sólo demostró poca simpatía por los medios de comunicación extranjeros durante sus dos mandatos presidenciales, sino que demostró su preferencia por la radio –y específicamente las emisoras regionales– antes que la prensa.

“A él no le gusta que lo editen” explica Mario Morales, director del campo de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana. Por eso se inclina por la radio, “un medio caliente en donde tiene oportunidad de exponer sus ideas y que le permite tener una comunicación más directa”, comenta César Mauricio Velásquez, secretario de prensa de la Casa de Nariño desde el año 2007.

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Y es que Uribe no sólo demostró poca simpatía por los medios de comunicación extranjeros, sino que demostró su preferencia por la radio -y específicamente las emisoras regionales- antes que la prensa

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De hecho, en la carrera política de Álvaro Uribe ha sido indispensable el contacto directo con los ciudadanos. En la década de los 80 comenzó unos diálogos con los habitantes de Medellín que se fueron perfeccionando hasta

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crear los consejos comunitarios cuando fue gobernador de Antioquia. Reuniones en las que escuchaba los problemas o reclamos de los pobladores de cada municipio y se comprometía a resolverlos. Con el correr de los años, y sus ocho años como cabeza del Gobierno, esta dinámica se convirtió en su herramienta comunicativa más eficaz.

minutos antes del consejo su edecán le entregaba un pequeño cuaderno de notas que coloquialmente se conoció como “copialina” −y que en la jerga gubernamental se llamaba “Balance Scord Card Paisa”− (Peña, 2008, 65) en donde se escondían las cifras oficiales sobre todo tipo de temas: salud, educación, seguridad, etc.

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Cinco minutos antes del consejo su edecán le entregaba un pequeño cuaderno de notas que coloquialmente se conoció como “copialina”, en donde se escondían las cifras oficiales de todo tipo de temas

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Los consejos comunitarios Todo empezaba con un grupo de funcionarios del gobierno que se dirigía al municipio en el que se realizaría el consejo. De acuerdo con Morales, ellos se encargaban de escuchar a los habitantes y conocer sus necesidades. Así, el presidente sabía previamente de qué se trataría la discusión y a la hora de recitar su discurso sorprendía a los asistentes porque tenía conocimiento de todos sus problemas.

En particular, según Velásquez, la Secretaría de Prensa se encargó de brindarle al presidente insumos para su discurso (como datos y hechos) que son los que pronunció a diestra y siniestra durante sus presentaciones. Cinco

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Una fugaz revisión de la “copialina” le permitió a Uribe tener las cifras en la cabeza y recitarlas a su antojo.

Datos y argumentos, mezclados con su conocimiento de los problemas de la población y su discurso directo, paternalista y cercano dieron como resultado una alocución que pocos se atrevieron a refutar.

Pero no sólo se trataba de recitar un discurso o el mismo estribillo que los colombianos oyeron una y otra vez durante ocho años y que parece haber quedado grabado en el inconsciente colectivo: “seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social”.

También se concibió el consejo como una puesta en escena en donde Uribe encarnaba al presentador de televisión y los asistentes se convirtieron en sus televidentes. Omar Rincón, docente de la especialización de periodismo de la Universidad de los Andes, afirma en su artículo ‘Cuando gobernar es una emoción televisiva’ que el primer mandatario logró

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Comunicación

Según Omar Rincón, en los consejos comunitarios Álvaro Uribe se convirtió en presentador de TV.

La estrategia comunicativa

convertirse en “el protagonista del drama que se llama Colombia”.

Así, Rincón asegura que en los consejos Uribe “dejó de ser presidente y se convirtió en presentador de TV, condujo el programa, dio la palabra, creó soluciones y delegó responsabilidades. Gobierno en vivo y en directo. El televidente-pueblo sintió que el conductor Uribe le estaba solucionando sus problemas y que gobernó para ellos y ellas.

Soluciones simbólicas y mágicas aparecieron para los problemas reales; no importaba que la solución real nunca llegara, simbólicamente el problema estaba resuelto”1 Y es que se logró crear la imagen de pertinencia de los consejos: ante una necesidad -que el gobierno conocía previamente- aparecía el responsable. “Si la gente quería un puente, se presentaba el ministro de transporte. Pero si necesitaban un puesto de salud, quien viajaba al municipio era el ministro de protección social”, explica Morales (Ver videos 1, 2 y 3).

Luego de la exposición del presidente hablaban los mandatarios locales, después los ministros y por último los asistentes, quienes hacían sus preguntas, comentarios, inquietudes o reclamos. Si ameritaba, como conclusión del encuentro se definía una tarea y, en un acta, se escribían los responsables.

Todo quedaba registrado en los medios porque se transmitía a través del canal institucional, sagradamente, cada sábado. Posteriormente la oficina de regiones de la presidencia les hacía seguimiento a las tareas. Según Velásquez, el gobierno finaliza con 70% de los compromisos cumplidos y los demás quedan en proceso para que los resuelva el próximo mandatario. “Nada de lo que se definió en un consejo comunitario quedó en el olvido”. Por eso asegura con orgullo que “el resultado de esos eventos es un éxito total”.

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Nada de lo que se definió en un consejo comunitario quedó en el olvido. Por eso el resultado de esos eventos es un éxito total

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Jaime Bermúdez, canciller desde el año 2008 y asesor de comunicaciones en el primer periodo del mandato de Uribe, explicó hace cinco años en una entrevista concedida a Juan Carlos Gómez, director del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana, que la estrategia comunicativa de ese entonces se resumía en tres momentos básicos. El primero, decirle siempre la verdad al país. El segundo, tolerancia absoluta con la crítica y el tercero, firmeza con la política de seguridad democrática. democrática (Gómez, 2005, 121).

De acuerdo con Velásquez, esa estrategia se transformó en el segundo mandato de Uribe. “Hay un principio que se mantuvo: el de comunicar la verdad. Los otros dos se fueron nutriendo de unos valores más apegados a la comunicación política que consisten en la responsabilidad del gobierno a la hora de informar y la comunicación directa con el ciudadano”.

A esto se le añade un objetivo claro de lograr un posicionamiento de la imagen positiva del presidente como aquel mandatario fuerte que vela por los intereses de los ciudadanos y quien está llamado a ser el guardián de la seguridad democrática. Tanto así que uno de los puntos claves que logró el gobierno Uribe a través de las comunicaciones internas fue el de conectar y estandarizar todas las entidades e instituciones del Estado en torno a un sólo objetivo: trabajar para consolidar la política de seguridad democrática (Peña, 2008, 101).

Las comunicaciones externas tuvieron el mismo propósito sólo que se enfocaron en dar a conocer las acciones del gobierno en el ámbito militar y político, mediante el uso de los medios masivos de comunicación. Ruedas de prensa, discursos televisivos, apariciones en radios regionales y, por supuesto, consejos comunitarios (Peña, 2008, 100).

En cuanto a las situaciones críticas, que podían empobrecer la imagen del primer mandatario, se manejó un protocolo mínimo que partió del comité de crisis (un equipo cercano al presidente). De acuerdo con Velásquez, se realizaban las consultas respectivas con los protagonistas, se analizaba la situación, se planteaban conclusiones y se verificaba cuál es la mejor oportunidad para comunicarlas. “Más que rápida, la respuesta debía ser completa, veraz y responsable”.

Una novedad en el gobierno Uribe consistió en que siempre tuvo la intención de enfrentar cualquier crisis comunicativa de manera personal y directa, lo cual, según Gómez, le produjo muchos réditos políticos.

Y junto con el lenguaje cercano, íntimo, que parecía hablar de igual a igual (en diminutivo, que conoce el nombre de cada uno de sus interlocutores, con poncho incluido en los consejos, etc.) se vio como un presidente que se preocupaba por satisfacer las necesidades de sus ciudadanos.

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Una novedad en el gobierno Uribe consistió en que siempre tuvo la intención de enfrentar cualquier crisis comunicativa de manera personal y directa, lo cual, le produjo muchos réditos polítcos

”

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Pero, además, como insistió de manera reiterativa en que hay un enemigo, el narcoterrorismo, y que él lo podía enfrentar, la audiencia se sintió protegida. Un elemento fundamental en el proceso comunicativo. Sin embargo, Gómez aclara que también se usó el enemigo de acuerdo con la conveniencia.

“A veces era muy fuerte y entonces necesitábamos a Uribe y a la seguridad democrática.

Pero otras ese agresor era débil, porque el presidente y las Fuerzas Armadas lo han golpeado”.

En fin, lo innegable es que durante ocho años el gobierno Uribe demostró tener un carácter metódico y operativo, lo que hizo que todas las acciones estuvieran estructuradas y nada ocurriera por casualidad. Sin resultados impredecibles (Peña, 2008, 65). Afirmación con la que concuerda Velásquez, quien explica cómo “logramos estar al ritmo nuestro y no al de los medios. Nunca improvisamos nada. Todo estaba estudiado y se analizaba”.

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Comunicación

Uribe es y produce el mensaje Pero lo más significativo del régimen de comunicación política de Uribe fue su facilidad no sólo de producir el mensaje sino también de serlo. Él “protagonizó los procesos comunicativos, estableció una interacción permanente con sus gobernados, se convirtió Uribe, en virtud de su estilo de gobierno, prefirió elimien el depositario permanente de la verdad, de nar intermediarios y asumir las funciones de periodista esa verdad que en otros tiempos –en aras de en los procesos de comunicación con sus gobernados. informar con objetividad- buscaban los periodistas. El Presidente Uribe, en virtud de su Rincón, los presidentes latinoamericanos estilo de gobierno, prefirió eliminar interme- no gobiernan sino que permanecen en camdiarios y asumir las funciones de periodista paña. Y como siempre estuvo en campaña en los procesos de comunicación con sus go- hizo uso de las artimañas publicitarias para bernados; indagar, entrevistar, buscar la ver- que su imagen y su política permanecieran. dad y presentar –su verdad- de la manera más “No existió oportunidad que el presidente no transparente posible para que sus audien- aprovechara para hacer publicidad de sus cocias se informaran, para que sus receptores metidos, sus logros y su política de seguridad creyeran, para que la opinión de sus gober- democrática” (Peña, 2008, 80). Incluso, es nados fuera favorable” (Gómez, 2005, 121). posible afirmar que en el gobierno Uribe se Resultado. Desapareció el papel del pe- hizo uso de los 11 principios de la propaganriodista. No sólo se contentó con ser el pro- da que usó Goebbles en el régimen de Hitler tagonista, el héroe o el presentador. También (Ver recuadro siguiente página). fue el encargado de decidir qué se pregunta.

Entre los rumores políticos, es conocida Y, por supuesto, qué se responde. Entonces, la obsesión de Uribe por los índices de pose produjeron los hechos, diseñados y estruc- pularidad. Según Gómez, “cuando en las meturados para que los medios hicieran eco de diciones caía su popularidad, el mandatario ellos con el objetivo claro de que la opinión produjo hechos mediáticos que le ayudaban pública los hiciera propios y reaccionara fa- a recuperar el terreno perdido” (2005, 118). vorablemente a los intereses del gobierno.

Sin embargo, Velásquez se apresura a Por eso el contacto directo. Para im- desmentir esta afirmación. “En primer lugar, pedir que los periodistas se convirtieran en el presidente nunca cayó significativamente intermediarios. No extraña, entonces, la afir- en ninguna encuesta. Así que uno no puede mación de Velásquez en el Manual de Estilo decir que haya coincidencias entre una cifra de la Presidencia: “El desarrollo de un Estado baja en popularidad y un hecho mediático.

Comunitario, promovido por el presidente Acá no tenemos cálculos de ese estilo”. No Uribe, también ha planteado nuevos desafíos obstante, el secretario de prensa confirmó comunicativos que van más allá del clásico que existió una oficina en presidencia enesquema de la relación Gobierno y goberna- cargada específicamente de hacer y analizar dos. Muchos y nuevos canales de comunica- esos sondeos de opinión. ción del Presidente con los ciudadanos han sido explorados. Hoy, la figura presidencial va ¡Bienvenida la crítica! de la mano con los ciudadanos, el Presidente es el mensaje y su cercanía con los colombiaCamila Zuluaga, periodista de la W, escrinos ha superado intermediarios” (Presiden- bió hace pocas semanas en twitter: “se tercia de la República, 2008, 12). minan ocho años de la era Uribe y ¡NUNCA logramos los periodistas que nos responda El desarrollo de un Estado las preguntas!”. Cuando los comunicadores comunitario, promovido por el le hicieron preguntas inquisidoras y trataron presidente Uribe, también ha de confrontarlo, Uribe se puso bravo, miraba planteado nuevos desafíos coa los ojos y lograba que los periodistas se intimunicativos más allá del clásico midaran y dudaran si preguntar o no, explica esquema de la relación GobierMorales. “Todos los periodistas le hicieron no y gobernados preguntas pero Uribe se preguntó y se contestó”. “Él dice las cosas directamente a los perioA esto se le añade que el mensaje se pro- distas y es frentero” —comenta Velásquez— dujo una y otra vez tal y como ocurre en cual- “pero nunca nos hizo tener que llamar a un quier campaña política. De hecho, según Omar medio a rectificar o eliminar una información.

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Es que no tuvo que hacerlo. Generalmente él era quien producía la chiva. Por eso también aparecía en pantalla mucho antes de que los medios lo registraran. Una estrategia de la propaganda política, según Morales: el que pega primero, pega dos veces. “Él aparecía primero y, antes de que respondiera la oposición, ya había cambiado de tema. Estaba con otra noticia más grande y distinta. De tal manera que cuando la oposición respondía parecía fuera de lugar, porque ya era una cosa del pasado”.

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Él aparecía primero y, antes de que respondiera la oposición, ya había cambiado de tema. Estaba con otra noticia más grande y distinta .

”

Así, Uribe se convirtió, tal vez, en uno de los mandatarios colombianos que mejor supo manejar las estrategias comunicativas a su favor. Escándalos como las chuzadas del DAS, la parapolítica, las violaciones a los derechos humanos, etc., se lograron apaciguar gracias a una estrategia montada para consolidar la marca Uribe y su política de seguridad democrática, y su habilidad para tener su propio ritmo antes que someterse al de los medios (por eso se ofuscó cuando le ganaron, como en el ya citado caso del Washington Post).

Le apostó a la comunicación directa, el discurso paternalista y el excesivo manejo de las cifras, lo que le ha permitido llegar a los ciudadanos antes que cualquier otro medio, conocer lo que querían y resolverlo de inmediato. Curas que le dieron votos y le impidieron bajar en popularidad pero que, a la hora del té, simplemente respondieron a una política de lo elemental. Se le daba a la gente su puente, su escuela o su puesto de salud (lo micro) pero no se resolvieron los problemas macro, entre otras razones, porque las grandes reformas no producen historias mediáticas ni votos.

Y lo más asombroso. La construcción de la realidad previa a cualquier medio de comunicación permitió que él fuera y produjera la noticia. Colombia lleva ocho años al son de la historia que ha querido crear Álvaro Uribe Vélez porque ni siquiera los medios llegaron antes que él y porque muy pocos periodistas atrevieron a confrontarlo, entre otras razones, porque quienes lo hicieron fueron tildados de “traidores a la patria”.

Por eso no extraña que, entre sus múltiples tareas como ex presidente, se encuentren la de ejercer el periodismo y montar un | www.cinep.org.co |

Comunicación

conglomerado de medios a favor de su política que, muy seguramente, estarán integrados por programas de radio y TV (ya se sabe su poca simpatía con la prensa). Uribe ha demostrado entender a cabalidad que la estrategia comunicativa es fundamental a la hora de hacer política y permanecer en campaña. La utilizó de manera eficaz durante ocho años.

Notas y referencias Referencias 1 Ver video especial Consejo Comunal No 300. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=agU1f3nz6eM 2 Ver videos de Consejos comunales en http://www.youtube.com/watch?v=4Mp5Y-oveI4, http://www.youtube.com/ watch?v=h2HbFXM79e0, http://www.youtube.com/watch?v=d17uWSmyC_Q. • Gómez, Juan Carlos, 2005, Del régimen de comunicación política en el gobierno del presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez: un estudio de caso, [tesis de maestría], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Estudios Políticos. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis14.pdf • Peña Preciado, Claudia Fernanda, 2008, Comunicación Política y Política de Comunicación Organizacional en la PSD del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, [trabajo de grado], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Comunicación Social. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis129.pdf • Presidencia de la República, Secretaría de Prensa, 2009, Manual de Estilo, Bogotá, Imprenta Nacional.

• Rincón, Omar, 2006, ‘Cuando gobernar es una emoción televisiva’, La insignia. Diario independiente Iberoamericano. Disponible en: http://www.lainsignia.org/2006/diciembre/cul_035.htm

LOS 11 PRINCIPIOS DE LA PROPAGANDA EN EL GOBIERNO URIBE VÉLEZ 2

1

Principio de la simplificación y del enemigo único Adoptar una idea única. Un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. | Las FARC se convirtieron en el mayo enemigo de la seguridad de los colombianos, según el presidente Uribe. Los denominó como “terroristas” y la comunidad internacional y la opinión pública lo siguieron. |

3

Principio del método de contagio Reunir diversos adversario en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. | El gobierno Uribe logró reunir a todos los grupos al margen de la ley en un mismo conjunto que ataca la seguridad de los ciudadanos. A pesar de que la política de seguridad democrática se refiere a las FARC en sus lineamientos, contempla también a quienes ejercen el narcotráfico y las estructuras de las organizaciones terroristas, que son aquellos grupos y organziaciones al margen de la ley que cometen actos que ponen en peligro a la sociedad. |

Principio de la transposición Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan”. | El gobierno publicó hechos concretos de casos exitosos de operaciones contra la guerrilla que apaciguaron los efectos de noticias o primicias que debilitaran la imagen del presidente Uribe y su política de gobierno. |

4 Principio de la exageración y la desfiguración Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenza grave. | Las FARC siempre han constituido para Colombia una amenaza grave, de manera que cualquier noticia que envuelva a este grupo es exaltada y considerada importante. En el gobierno de Uribe las FARC dejó de ser un grupo guerrillero para convertirse en un grupo “terrorista”. Idea que se circunscribió en el contexto mundial con fines de exageración, para lograr apoyo internacional y demás consideraciones de orden táctico y de imagen.|

Los 11 principios de la propaganda que usó Goebbles en el régimen de Hitler pueden ser aplicados al manejo de la comunicación que hizo el presidente Uribe en sus dos mandatos presidenciales.

6

8

Principio de renovación Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público ya esté interesado en otra cosa.

Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. |Una táctica que el gobierno utilizó todos los días de tal manera que la opinión pública siempre estuviera a su favor.|

Principio de la verosimilitud Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. | Los diversos los entes que participan en la política de seguridad democrática (Fuerza Pública, Militares, ministerios, entidades públicas, etc) y unifican sus fuerzas para la consecución de sus fines. Que todos ellos operen con la política de gobierno garantizó a los ciudadanos cierto tipo de credibilidad. |

5

Principio de vulgarización “Toda propaganda debe ser popular adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño debe ser esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de masas es limitada y su condición escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”. | Entre más compleja sea la transmisión de una noticia, más difícil es su comprensión por parte de los ciudadanos. Por eso el lenguaje de Uribe es entendible, corto, directo y receptivo.|

Fuente: Peña Preciado, Claudia Fernanda, 2008, Comunicación Política y Política de Comunicación Organizacional en la PSD del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, [trabajo de grado], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Comunicación Social, pp. 82-86.

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7

Principio de orquestación “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto.

Sin fisuras ni dudas”. | Bombardeo de cifras y éxitos de la seguridad democrátca una y otra vez.|

9

Principio de la silenciación Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. | En el gobierno Uribe se procuró que no salieran a la luz pública informaciones sobre las que no se tenían argumentos. |

10

Principio de la transfusión Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. | Los fracasos de negociación con las FARC en El Caguán son un hecho preexistente que dio pie para generar en la opinión pública un odio primitivo contras las FARC.|

11

Principio de unanimidad.

Llegar a converncer a mucha gente que piensa “como todo el mundo”, creando una falsa impresión de unanimidad. | Los sondeos favorables a Álvaro Uribe generaron en la masa la creencia de unanimidad de opinión en torno al presidente. |

*Lucía Camargo Rojas Periodista del Equipo de Comunicación CINEP/ Programa por la Paz

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Comunicación

Libertad de prensa (2002 - 2010)

A pesar de que el número de periodistas asesinados disminuyó en la era Uribe, se incrementaron las amenazas a los comunicadores por parte de organismos al margen de la ley, gobiernos nacionales y locales y las instituciones de seguridad del Estado.

Por Lucía Camargo Rojas*

A

pocos días de que el presidente Uribe dejara su puesto, aún se podía leer un cuadro en la sala de espera de la Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño que contenía las percepciones en materia de libertad de prensa del entonces primer mandatario: “Es nuestro deber proteger de manera eficaz la libertad y la vida de los periodistas (…). Nuestra patria ganó hace tiempo la batalla formal a favor de la libertad de prensa, pero fenómenos como la criminalidad se han constituido en obstáculos materiales para el ejercicio de esa libertad”.

Y es que si uno vuelve al año 2002 y revisa cómo era el panorama en esa época para los periodistas observa que, en su momento, esas afirmaciones de Uribe tenían razón de ser. Según las cifras de la Fundación para la libertad de Prensa (FLIP), en la década del 90 Colombia tenía un promedio de asesinatos de seis comunicadores por año.

De hecho, en el año 2002, de acuerdo con la FLIP, fueron asesinados 10 periodistas. Sin embargo, la cifra fue reduciéndose a medida que Uribe avanzó en su gobierno y se llegó a uno en 2010 (ver recuadro abajo).

Por supuesto, el gobierno Uribe ha otorgado esta reducción a la política de seguridad democrática y las diferentes instituciones que monitorean el tema concuerdan en esa afirmación. Sin embargo, el Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana ha sido Año No. de periodistas asesinados

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

1 1 0 2 3 2 3 6 10

Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.

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conflictivas con varios periodistas que le han merecido, en repetidas ocasiones, llamados de atención a la cordura por parte de organizaciones como Human Rights Watch” (Gómez y Hernández, 2009, 31).

“

A diferencia de otros gobiernos, el presidente Álvaro Uribe se ha embarcado en situaciones conflictivas con varios periodistas que le han merecido, en repetiidas ocasiones llamados de atención a la cordura .

enfático en anunciar que se están presentando otros atentados a la libertad de prensa que también son alarmantes: las amenazas, que en 2000 fueron de 90%, en 2003 de 93% y en 2007 en 92%. De las cuales se destaca como alto grado de amenaza la acción intimidatoria de la libertad de prensa por parte de organizaciones al margen de la ley (ver recuadro).

2003

FARC Paramilitares Narcotraficantes

78% 74% 72%

2007 FARC Paramilitares Narcotraficantes

77% 72% 70%

Fuente: Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana.

Sin embargo, el Observatorio de la Sabana señala con preocupación que los comunicadores colombianos califican al Gobierno Nacional como una amenaza intermedia para la libertad de prensa. “Y es que, a diferencia de otros gobiernos, el presidente Álvaro Uribe Vélez se ha embarcado en situaciones

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Una de las más recordadas, es el reclamo en tono airado que Uribe le hizo al director de la revista Semana, Alejandro Santos, por la publicación de infiltraciones del paramilitarismo en el DAS. Luego de que se publicó la revista, el primer mandatario la calificó como “frívola y graciosa”1.

Además, el observatorio califica como una amenaza intermedia a los gobiernos nacionales y locales y los organismos de seguridad del Estado después de que en la encuesta que aplicó en 2007 se revelara que para los periodistas la Policía Nacional representaba el 55% de las amenazas, el Ejército Nacional el 52%, el DAS el 45%, la Armada Nacional el 41% y la Fuerza Aérea el 35%.

Incluso, en mayo de 2010, Reporteros sin fronteras describió en el informe “Chuzadas”. Las grandes orejas de inteligencia contra la prensa colombiana la “casería de brujas” que Uribe Vélez llevó a cabo en contra de 16 periodistas y una decena de medios de comunicación por sus críticas hacia el gobierno y su proyecto de “seguridad nacional”. El documento señala las denominadas “chuzadas del DAS” a los comunicadores, pero también espionaje, actos de sabotaje e intimidación, así como “propaganda negra” que estigmatizaba a esas voces opositoras como “Enemigos del Estado”. | www.cinep.org.co |

Comunicación El Observatorio de Medios de la Notas Universidad de la Sabana califica 1 Ver publicaciones de Semana (http://www. como una amenaza intermedia semana.com/noticias-on-line/uribe-no-puedea los gobiernos nacionales y los organismos de seguridad el Estado. estigmatizar-medios-ejercer-critica-fiscalizacion-alejandro-santos/93897.aspx) y Caracol (http://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:PgDdTD0kNvkJ:www.caracol.com. muy distantes a esa afirmaco/oir.aspx%3Fid%3D275376+rcn+11+abril+2006+ ción. Para ellos la libertad alejandro+santos&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co) al de prensa permanece en respecto.

A su vez, Reporteros sin fronteras, en su informe anual de 2009, introdujo, por primera vez, la cifra de periodistas obligados a abandonar su país, como consecuencia de amenazas, e incluyó a Colombia como uno de los lugares en que los comunicadores se ven forzados al exilio.

Sin embargo, César Mauricio Velásquez, secretario de prensa en el segundo mandato del gobierno Uribe, asegura que “en Colombia no hemos tenido en los últimos ocho años ningún régimen especial para condicionar la libertad de prensa. Todo lo que se ha hecho con la prensa es bajo el estado constitucional y bajo el estado institucional y ordinario. No se ha hecho ninguna medida extraordinaria que atente libertades y mucho menos la libertad de expresión, prensa y opinión”.

Las conclusiones del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana son

estado crítico y su evolución ha sido negativa en los últimos diez años. “Un alto porcentaje de periodistas está amenazado de muerte; a los tradicionales actores armados que amenazaban (guerrilla y paramilitares) se ha sumado, como factor de riesgo, organismos de seguridad del Estado; grupos ilegales se han asociado con políticos en alguna regiones para asesinar y amenazar al periodismo; y los gobiernos nacional, regional y locales a quienes se reclamaría absoluto respeto por la libertad de prensa, se convirtieron en factor desestabilizador del ejercicio periodístico por medio de presiones y sutiles manipulaciones” (Gómez y Hernández, 2009, 33).

Así, aunque la reducción de asesinatos ha sido significativa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez las amenazas a los periodistas continúan, no sólo desde los grupos al margen de la ley, sino también desde los organismos del Estado. Una situación preocupante que sigue sin dar garantías a los comunicadores para ejercer su profesión libremente.

Referencias • Gómez, Juan Carlos y Hernández-Rodríguez, Juan Camilo, 2009, ‘Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación’, en revista Palabra Clave, Vol. 12 No. 1, Bogotá, Facultad de Comunicación, Universidad de la Sabana. Disponible en: http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/ palabraclave/article/view/1450/1616 • Reporteros sin fronteras, 2009, Guerras y elecciones cuestionadas: temas de mayor peligro para los periodistas. Disponible en: http://files.reporterossinfronteras.webnode.es/200000119-6e2d56f27d/ BALANCE_ANUAL_2009.pdf • Reporteros sin fronteras, 2010, “Chuzadas”. Las grandes orejas de inteligencia contra la prensa colombiana, mayo. Disponible en: http://files. reporterossinfronteras.webnode.es/200000386-c8a06c99aa/RSF_COLOMBIA_Informe_Chuzadas.pdf

*Lucía Camargo Rojas Periodista del Equipo de Comunicación CINEP/ Programa por la Paz

La revista Controversia, de periodicidad semestral, agrupa artículos caracterizados por su rigor académico y por la originalidad de sus aportes a la construcción del conocimiento en las ciencias sociales colombianas. Además, busca presentar algunos debates teóricos y metodológicos frente temas económicos, sociales y culturales de América Latina.

Controversia es una publicación indexada en Colciencias, calificada en categoría C y hace parte de un esfuerzo interinstitucional de cinco ONG colombianas: CINEPPrograma por la Paz, Foro por Colombia, Escuela Nacional Sindical, Instituto Popular de Capacitación y Corporación Región.

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Política Social

Política social (2002 -2010)

Pocos avances, grandes interrogantes En el gobierno Uribe la política social se concentró en los programas de subsidio por medio de la transferencia de efectivo, lo que es contradictorio con la realización integral de los derechos humanos de los más pobres. Además, después de ocho años, no parecen haberse garantizado los derechos sociales del conjunto de la población.

Por Sergio Coronado*

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urante los últimos ocho años se presentaron una serie de acontecimientos que han demostrado la tendencia de la política social del gobierno de Uribe Vélez: en el campo colombiano se consolidó un modelo excluyente con la población más pobre (caso Agro Ingreso Seguro) y no se realizó una estrategia integral de reparación y restitución de las tierras a la población desplazada (caso Carimagua). De igual forma, se intentó frenar el colapso del sistema de salud por la crisis financiera mediante el incremento de los aportes económicos que los usuarios hacen del sistema, normativa que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional (Delgado y Paredes, 2010).

Situaciones como las anteriores se enmarcan en un contexto general en el cual la garantía integral de los derechos sociales de la población —uno de los fines primordiales del Estado Social de Derecho— pierde su importancia frente a otros temas de la agenda política del actual gobierno, como son la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la delicada situación de las relaciones internacionales.

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La garantía integral de los derechos sociales —uno de los fines primordiales del Estado Social de Derecho— pierde su importancia frente a otros temas de la agenda política .

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Colombia es uno de los países de América Latina que tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso: se calcula que el coeficiente de Gini para nuestro país en este tema es de 0,576. Además, un 27,7% de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2010, 6).

Ante esta situación, la política social del Estado

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debe encontrarse dirigida hacia la disminución de la brecha social y de la pobreza por medio de una estrategia integral que favorezca la realización de los derechos humanos del conjunto de la población. Tras ocho años de Gobierno esta situación no logró ser contenida y los programas que se diseñaron para este propósito se encuentran lejos de alcanzar este fin.

En la consolidación del Estado Comunitario las políticas sociales emergieron como programas complementarios a la implementación de los pilares del gobierno: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social (Gutiérrez, 2010).

Esta última se buscó principalmente con un modelo de subsidios en efectivo para enfrentar las situaciones de pobreza extrema que atraviesa la mayor parte de la población colombiana. En este sentido, en materia de política social, adquirió un gran protagonismo la Consejería Presidencial para la Acción Social.

Los programas de subsidio a la población más pobre se convirtieron en la bandera de este gobierno en cuanto a política social se refiere, con la consecuencia directa de que se realizó menor énfasis en otros programas ‘tradicionales’ como los de salud, educación y empleo, entre otros. Este artículo no pretende realizar una evaluación detallada del conjunto de las políticas sociales que se implementaron durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, sino mostrar cómo la concentración de la política social en los programas de subsidio por medio de la transferencia de efectivo es contradictoria con la realización integral de los derechos humanos de los más pobres. Además, busca señalar cómo después de ocho años el estado general de la garantía de los derechos sociales del conjunto de la población colombiana no reporta avances

significativos sino que, por el contrario, deja abiertos grandes interrogantes sobre la efectividad del gobierno Uribe en estas materias.

Focalización, subsidios y derechos humanos

Durante los dos últimos periodos de gobierno, la política social en nuestro país se ha concentrado en programas de subsidio condicionado o transferencia de efectivo a las familias pobres. El programa “Familias en Acción”, que fue creado durante el gobierno de Andrés Pastara, se presenta hoy como el principal logro en materia social, argumentando que logró reducir los índices de pobreza y mejoró la condición de las familias más pobres del país. En la reciente rendición de cuentas del actual gobierno se señaló que: “Familias en Acción ha sido un verdadero proceso de crecimiento de la Nación. Porque en la medida que se ha logrado que la base de la sociedad, la población más pobre y marginada, se mueva hacia el progreso, se ha comenzado a mover a toda la sociedad” (Aponte, 2010).

Familias en acción es un programa de transferencia de efectivo a las familias pobres que se encuentra condicionado por dos factores: escolaridad y asistencia a citas de control | www.cinep.org.co |

Política Social

de crecimiento. Tiene una ejecución centralizada desde la Consejería Presidencial para la Acción Social y una cobertura de 1.099 municipios en todo el país. Para el año 2010 el programa cubre a más de dos millones novecientas mil familias (Aponte, 2010). A pesar de los logros que se le atribuyen a la implementación y crecimiento durante el actual gobierno, como el incremento de la asistencia a controles de crecimiento, el aumento de la escolaridad y la disminución del trabajo infantil en los municipios en los cuales se ha implementado, su capacidad de enfrentar las causas esEntrega de tarjetas débido de Familias en Acción en Santa tructurales de la pobreza y de traducir esta Rosa de Cabal, Risaralda. situación en una ciudadanía plena sustentada en la garantía integral de los derechos humanos se encuentra aún en entredicho. transformar esta situación hacia una ciudadanía plena sustentada en la realización integral de los derechos humanos por diferentes A pesar de los logros que razones. se le atribuyen a la implemenEn primer lugar, si los programas de tación y crecimiento durante el transferencia de efectivo no tienen en cuenactual gobierno, su capacidad ta en su diseño los contenidos y obligaciones de enfrentar las causas estrucestatales definidos por las normas e instruturales de la pobreza se enmentos internacionales de derechos humacuentra aún en entredicho nos, difícilmente pueden ser herramientas En el año 2009, la experta independien- útiles para que los Estados puedan avanzar te de las Naciones Unidas sobre Derechos en el cumplimiento de las mismas. En segunHumanos y extrema pobreza, Magdalena Se- do lugar, estos programas deben realizarse púlveda, presentó un informe poco divulgado conjuntamente con otras políticas dirigidas sobre la capacidad que tienen los programas a la satisfacción integral de los derechos del de transferencia de efectivo a la población conjunto de la población, es decir, no pueden más vulnerable para la garantía de sus dere- substituir las demás políticas de bienestar chos. En el documento se reconoce que estos social, educación, salud y generación de emprogramas pueden ser útiles para que las pleo. Aplicarlos en un contexto en el cual no familias más pobres enfrenten situaciones se ejecute una política articulada de garantía cotidianas de extrema pobreza y mejoren y realización de los derechos sociales hace sus condiciones de vida, particularmente en que pierdan su capacidad de generar alterlo que respecta al vestido y a la alimentación. nativas para la superación de la pobreza exSin embargo, se cuestiona su capacidad de trema, destruye el principio de universalidad de los derechos humanos y limita el ejercicio de una ciudadanía plena para los más pobres.

Al realizar un análisis de Familias en Acción desde la perspectiva de los derechos humanos que propone Naciones Unidas, se reconoce que este programa padece de los defectos más importantes que ha señalado la experta idependiente en su informe, vamos por partes.

Hay que comenzar señalando que Familias en Acción es un programa que focaliza la acción del Estado hacia los La ONU cuestiona la capacidad de los programas de transsectores más vulnerables. Bajo esta preferencia para transformar la situación de pobreza hacia misa se podría justificar la ausencia de una ciudadanía plena sustentada en la realización integral la aplicación del principio de universade los Derechos Humanos. lidad de derechos humanos, ya que sólo

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accederían al mismo ciertos ciudadanos que cumplen con requisitos que, de acuerdo con la página web de Acción Social son: “familias pertenecientes al nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento registradas en el SIPOD y familias indígenas registradas en los censos indígenas avalados por el Ministerio del Interior y Justicia con menores de 18 años”.

Sin embargo la identificación de los beneficiarios no siempre ha obedecido a criterios técnicos o ajenos a intereses políticos. Por ejemplo el columnista de la revista Semana, Daniel Coronell denunció que un departamento como Chocó, que tiene los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas - NBI: 79,58%, cuenta con sólo 1.672 familias inscritas en el programa, en tanto que en Caldas, cuyo índice de NBI se encuentra 17,76%, hay 4.731 familias beneficiaras de Familias en Acción. La creación de programas de este tipo, sin consideración del principio de universalidad, ha sido señalada por las Naciones Unidas como uno de los problemas estructurales de los mismos.

El diseño del programa no tiene en cuenta ni el contenido de los derechos sociales señalado en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos reconocidos por Colombia, ni las obligaciones que el Estado ha asumido para su garantía. La condición de la entrega del dinero en efectivo a la asistencia escolar y a los controles de crecimiento no son criterios suficientes para sustentar que tiende a garantizar el derecho a la educación y a la alimentación de los niños y las niñas.

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La entrega del dinero en efectivo a la asistencia escolar y a los controles de crecimiento no son criterios suficientes para sustentar que se garantiza el derecho a la educación y a la alimentación .

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Estos requisitos sólo se refieren al acceso y no tienen en cuenta otros contenidos del derecho como la adaptabilidad, la asequibilidad o la aceptabilidad. Además, tiende a reducir la concepción de educación a escolaridad, entendida como el acceso a la escuela como un espacio físico, lo cual apunta únicamente a los mínimos de la garantía del derecho.

De igual forma sucede con la asistencia a controles de crecimiento y su pretendida relación con el derecho a la alimentación. Este puntual requisito no alcanza a dar cuenta de las múltiples obligaciones del Estado frente a este derecho como garantizar la disponibilidad

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de alimentos, eliminar las barreras físicas para su acceso y ejecutar políticas públicas destinadas al fortalecimiento de su producción en el país. Si los programas de transferencia de efectivo condicionados no se relacionan de forma integral con el conjunto de las políticas sociales, sus efectos en materia de realización de los derechos humanos resultan adversos.

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Si los programas de transferencia de efectivo condicionados no se relaciona de forma integral con le conjunto de las políticas sociales, sus efectos en materia de realización de los DDHH resultan adversos .

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Así mismo, la experta independiente señaló que: “La imposición de condiciones también es cuestionable atendiendo a los posibles efectos negativos de las condiciones, como la falta de inversión adecuada por parte de los proveedores de servicios públicos”.

Este precepto se refleja en la realidad colombiana ya que el condicionamiento de los subsidios de Familias en Acción no se encuentra necesariamente vinculado con la inversión pública para la garantía de los derechos a la educación, salud o alimentación.

No resulta coherente exigir la permanencia en las aulas o la asistencia a controles médicos si no se cuenta con la inversión de recursos necesaria para que estos derechos sean universales y de calidad. Colombia es el único país de Sudamérica en el cual la educación básica primaria aún no es gratuita. Carece de sentido condicionar el subsidio a la escolaridad cuando el Estado no ha cumplido su obligación más básica para la garantía de este derecho. En consecuencia, la imposición de condiciones para el acceso a los subsidios puede convertirse en un castigo adicional para los pobres, generando una barrera adicional, lo que produciría un efecto contrario a aquél que orientó la creación del programa.

Es importante señalar que el diseño

Chocó tiene 1672 familias inscritas al programa Familias en Acción, a pesar de ser uno de los departamentos con los índices más altos de necesidades insatisfechas.

institucional de Familias en Acción se encuentra lejos de vincularse de forma estructural al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos sociales.

La experta independiente señaló que “en la mayoría de los casos, los programas de transferencia de efectivo se basan únicamente en decretos presidenciales, declaraciones de política o, simplemente, en manuales y directrices de tipo operativo”. El programa se encuentra desvinculado del marco constitucional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no se relaciona con las obligaciones del Estado en esta materia y, por ser una iniciativa puntual de gobierno y no un programa de Estado puede ser utilizado incluso como botín electoral, tal como fue denunciado por múltiples medios durante la última campaña presidencial.

La ejecución de este tipo de programas debe realizarse de forma articulada e integral con el conjunto de las políticas sociales del Estado. Sin embargo, en Colombia la política social no ha registrado avances significativos en la garantía de los derechos sociales de la población. Por el contrario, tras ocho años de gobierno de Uribe los resultados son desalentadores:

- Derecho a la salud. Un sistema de salud que aún no se recupera de la crisis financiera. El modelo de intermediación definido por la política nacional es altamente costoso, la satisfacción de los usuarios del sistema es mínima y el acceso a los servicios se ve constantemente limitado por barreras económicas ya que, además de los aportes mensuales al sistema, se deben cubrir otro tipo de gastos como consultas, medicamentos y tratamientos. A esto se suma que desde el año 1993 más del 80% de la red pública hospitalaria del país ha sido cerrada o reestructurada por su baja viabilidad Colombia es el único país de Sudamérica en el cual la educación básica primaria aún no es gratuita. Carece de sentido condicionar el subsidio a la escolaridad cuando el Estado no ha cumplido con la garantía de este derecho.

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financiera (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2010, 8).

- Generación de empleo. (Ver artículo Más inversión, más pobreza y más desigualdad en esta misma edición). El deterioro de las condiciones laborales es inversamente proporcional al aumento de las Cooperativas de Trabajo Asociado, pues desde 2002 se han creado 1.923 cooperativas que tienen cerca de 350.000 empleados, en tanto que desde 1992 hasta el año 2006 se redujeron en un 40% el número de empleos permanentes en el sector industrial y los contratos temporales aumentaron en un 192% (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2010, 9).

- Derecho a la vivienda. “Los subsidios entregados por el Estado no logran incidir positivamente en la reducción del déficit de la vivienda: 14,7% en déficit cuantitativo, 29,6% con carencias de servicios públicos básicos, y 19% de las construcciones con precariedad de materiales” (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2010, 12). Los desalojos de viviendas se continúan realizando a pesar de que esta práctica ha sido prohibida por el derecho internacional. La vulneración de este derecho continúa siendo una realidad para buena parte de la población colombiana, particularmente los más pobres.

Después de ocho años de política social del gobierno de Uribe los resultados no son alentadores. Los programas de subsidio, aunque han permitido la mitigación de los efectos de la pobreza extrema en la población, se encuentran distantes de convertirse en herramientas útiles para la garantía de los derechos sociales. Las políticas de empleo, salud y educación no permiten la realización de los contenidos y obligaciones del Estado en la garantía de estos derechos. No existe una articulación entre las políticas de subsidio y las demás políticas sociales del gobierno. Los avances aparentes en la reducción de la pobreza son mínimos y seguimos siendo campeones en la brecha social y la desigualdad en | www.cinep.org.co |

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el continente. Si tuviéramos la oportunidad de evaluar a profundidad las políticas sociales del gobierno desde la perspectiva de los derechos humanos, los interrogantes serían aún mayores.

Queda demostrado que se necesita más que un programa de subsidios para lograr la garantía integral de los derechos sociales de los colombianos y colombianas. Si el próximo gobierno quiere mantener la política social del que termina su periodo, se enfrentará a una crisis de mayores magnitudes. Para que el Estado Social de Derecho sea una realidad tendrá que transformarse de forma estructural la política social que tras ocho años de ejecución deja un preocupante saldo en rojo.

Referencias

• Aponte, Diego, 2010, Rendición de Cuentas del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, mayo.16. Disponible en: http://www.accionsocial.gov.co/documentos/ Discurso%20Diego%20Molano%20Aponte.pdf • Coronell, Daniel, 2010, “Otra forma de fraude” en Revista Semana, 31 de mayo. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-opinion/otraforma-fraude/139519.aspx • Delgado, Luis Alejandro y Paredes, Natalia, 2010, “La salud en el debate electoral”, Cien Días vistos por CINEP/PPP, No 68. Disponible en: http://www. cinep.org.co/node/886 • Gutiérrez, Ricardo, 2010, “Transformamos la política social”, El Espectador, 24 de julio. Disponible en: http://www.elespectador.com/publicaciones/ especial/articulo-215097-transformamos-politicasocial • Naciones Unidas, 2009, Informe de la Experta independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda, Naciones Unidas, A/HRC/11/9, 27 de marzo. Disponible en: http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/126/57/PDF/ G0912657.pdf?OpenElement • Otero, Silvia y Barrera, Victor, 2009, “Agro Ingreso Seguro. Una nueva versión del conflicto entre el hacha y el papel sellado” en Cien Días vistos por CINEP/PPP, No 68, diciembre. Disponible en: http://www.cinep.org.co/node/786 • Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2010, “Informe alterno al quinto informe del Estado Colombiano ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E./C.12/COL/5)”. Bogotá. Disponible en: http:// www.justiciaporcolombia.org/sites/justiciaporcolombia.org/files/u2/Informe_Alterno_PCDHDD.pdf

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*Sergio Coronado Investigador del equipo DHESC CINEP/ Programa por la Paz

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