Cien días vistos por CINEP/PPP - Abril de de 2011/ No 72

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Contenido Editorial Ley de víctimas: ¿Un paso hacia la paz? .................................... 2 Por Mauricio García Durán S.J.

Seguridad y política ¿Qué tan nuevas son las bandas criminales? ............................ 3 Por Diego Quiroga Futuro incierto para “bacrimpolítica” en elecciones ................. 8 Por Víctor Barrera Del paraíso al infierno ............................................................... 12 Por Dagoberto Muñoz Erazo

Paz Las herencias de Uribe, trabas para la paz de Santos ............... 15 Por Fernando Sarmiento Santander Termómetro de Paz ................................................................... 18 Por Lucía Camargo Rojas y Margareth Figueroa

Derechos Humanos Cavilaciones sobre derechos humanos ..................................... 25 Por Alejandro Angulo Novoa S.J. Auto 092 en aprietos ................................................................. 28 Por Vera Samudio

Movimientos Sociales Quítate de la vía Perico... .......................................................... 32 Por Martha Cecilia García

Constitución La Constitución en re-construcción ........................................... 37 Por Ana María Restrepo

Consejo Editorial Mauricio García Durán S.J. Teófilo Vásquez Ana María Restrepo Lucía Camargo Rojas Colaboran en este número Diego Quiroga Víctor Barrera Dagoberto Muñoz Fernando Sarmiento Alejandro Angulo S.J. Vera Samudio Martha Cecilia García Ana María Restrepo Juana Yunis Margareth Figueroa Lucía Camargo Rojas Coordinación Editorial Lucía Camargo Rojas comunicaciones@cinep.org.co Diseño y edición fotográfica Margareth Figueroa Lucía Camargo Rojas Diagramación Natalie Galindo Margareth Figueroa Ilustración y diseño de portada Felipe Camargo Rojas caradefelipe@hotmail.com Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP) Carrera 5a. No. 33A-08 Tel: 2456181 web: www.cinep.org.co e-mail: comunicaciones@cinep.org.co Bogotá D.C., Colombia Abril - Julio 2011

Internacional El despertar del pueblo árabe ................................................... 41 Por Juana Yunis | www.cinep.org.co |

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Editorial

Ley de víctimas: ¿Un paso hacia la paz? Por Mauricio García Durán S.J.*

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l pasado 13 de abril se hicieron públi- el restablecimiento de los derechos de las cas las conclusiones de la primera gran víctimas que, creemos, no han sido lo sufiencuesta nacional sobre las percepcio- cientemente recogidos por el legislativo. nes de paz y derechos humanos en nuestro Por supuesto, los debates planteados país. Los resultados parecerían indicar que por las organizaciones de víctimas son múlla opinión pública colombiana comienza a tiples; cada uno de ellos válido en sus arguinclinarse otra vez hacia la paz, luego del res- mentos y fundamentación. Sin embargo, dos paldo que dio durante los años de Uribe Vélez llaman particularmente la atención: por un a una solución que ponía el énlado, la falta de espacios de fasis en la derrota militar de la participación para las víctiLlama la atención mas, tanto en la construcción insurgencia. Llama la atención que el 88% de los colombianos que el 88% de los co- y debate del proyecto como en considere que seguimos en una lombianos considere la implementación, seguimiensituación de conflicto armado, que seguimos en una to y evaluación de la ley. Y, de situación de conflicto otro, un desconocimiento del ante la cual se hace poco (el armado, ante el cual 82% de la población considese hace poco (el 82% legislativo de algunos elemenra que no hace nada concreto de la población con- tos que la Corte Constitucional a favor de la paz). Por tanto, la sidera que no hace considera fundamentales en construcción de la paz deman- nada concreto a favor el desarrollo de la atención a daría una respuesta que va más víctimas de la violencia, como de la paz allá de la mera confrontación la situación de vulnerabilidad militar de guerrillas, paramilitares y bandas de las mujeres víctimas de desplazamiento criminales. Se requiere, entre otras cosas, forzado (Auto 092 de 2008) y una adecuada responder a las demandas de sectores afec- atención psicosocial a víctimas de la violentados por el conflicto, como puede verse en la cia (sentencia T-045 de 2010) que aunque alta opinión favorable (97%) a que las vícti- son enunciados superficialmente, no parecen mas reclamen sus derechos. verse reflejados en el proyecto. Los resultados de esta encuesta nos reEl que ni la voz de las víctimas esté sienmiten a uno de los retos que enfrenta la ad- do escuchada en los debates del Congreso, ni ministración Santos con relación al tema de las palabras de la Corte Constitucional estén la paz y que consiste en revisar hasta dónde siendo recogidas en el articulado, puede ser la ley sobre reparación a víctimas de la vio- una señal poco halagüeña del devenir de esta lencia en Colombia y de restitución de tierras, iniciativa de ley. Eso no significa que deban próxima a aprobarse en el Congreso, resuelve desconocerse los pasos adelantados en el los requerimientos de una clara política de reconocimiento de algunos derechos de las atención a las víctimas como condición para víctimas, pero es importante mantener las consolidar una paz justa y sostenible. alarmas encendidas durante el proceso de Si bien el proyecto de ley es muestra del implementación de esta nueva normatividad, ambiente positivo que existe hoy en Colom- tal y como lo ha hecho la Corte Constitucional bia para el reconocimiento de la tragedia que con respecto a los autos mencionados. están viviendo muchos colombianos a causa La voluntad de paz del actual gobierno de la guerra, es menester tener presente al- encontrará un gran test en su capacidad para gunos elementos indispensables en el cami- implementar la ley de forma que sea una sono hacia la superación de la impunidad y en lución real a las demandas de las víctimas, en

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El que ni la voz de las víctimas esté siendo escuchada en los debates del Congreso, ni las palabras de la Corte Constitucional estén siendo recogidas en el artículado, puede ser una señal poco halagueña del devenir de esta iniciativa de ley .

contraste con la pobre respuesta del anterior gobierno a las necesidades de atención de la población desplazada. Una adecuada implementación de estas políticas concretaría las esperanzas de algunos sectores en que la actual administración realmente se diferencie de la precedente. Esto es algo que está por verse y dependerá, en gran medida, de que el gobierno muestre la voluntad para hacerlas realidad, aún a costa de enfrentarse a los poderosos intereses de quienes se oponen a que se ejecuten.

*Mauricio García Durán S.J. Director General CINEP/ Programa por la Paz

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Seguridad y política

¿Qué tan nuevas son las bandas criminales? Impacto que han tenido los grupos neoparamiliares a nivel regional y análisis de las limitaciones del Estado colombiano a la hora de afrontar este viejo fenómeno violento revestido con nuevos matices. Por Diego Quiroga*

La trágica desaparición de dos estudiantes universitarios de Bogotá en el departamento de Córdoba en enero del año en curso es una triste muestra de que todo lo anunciado por empresarios, ganaderos, políticos y militares acerca del triunfo de la seguridad democrática –ahora también llamada prosperidad democrática– no ha sido tan exitoso .

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Gráfico 2

dinámica del conflicto a r m a d o e n c o l o mb i a Hechos de infracciones al DIH Grupos Paramilitares. Años 1990-2010

dinámica del conflicto a r m a d o e n c o l o mb i a Asesinatos Políticos Grupos Paramilitares. Años 1990-2010

1600

1800

1400

1600 1400

1200

1200

1000

1000

800

800

600

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400

400

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1990

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2005

2010

Imagen de septimadivision.mil.co

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n los últimos meses, la violencia ha vuelto a ser tema de la agenda nacional. Esta vez no sólo se ha abordado la guerra contra las Farc, sino la lucha contra un enemigo que muchos daban por terminado, aunque se le denomine de manera distinta: las bandas criminales. La trágica desaparición de dos estudiantes universitarios de Bogotá en el departamento de Córdoba en enero del año en curso es una triste muestra de que todo lo anunciado por empresarios, ganaderos, políticos y militares acerca del triunfo de la seguridad democrática –ahora también llamada prosperidad democrática– no ha sido tan exitoso, por lo menos no para los campesinos víctimas del despojo de tierras, las organizaciones sociales y la oposición política a nivel regional y local (Ver Gráficos No. 1 y 2). Este artículo tiene como principales objetivos presentar el impacto de los grupos llamados neoparamilitares contra la población civil a nivel regional, que se ha venido incrementando después del fin del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y plantear unos puntos a tener en cuenta para analizar las limitaciones del Estado colombiano a la hora de afrontar este viejo fenómeno violento revestido con nuevos matices.

Gráfico 1

Las bandas criminales, como “Los Rastrojos”, son un viejo fenómeno violento revestido con nuevos matices.

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Imagen de surimages.com

Seguridad y política

El balance de la desmovilización de grupos como el Frente Sur del Putumayo del Bloque Central Bolívar, en el suroccidente del país, no es alentador.

Balance regional de la presencia neoparamilitar Los grupos neoparamilitares no han renunciado a mantener sus históricos nichos de violencia contrainsurgente: el Caribe colombiano y el Magdalena Medio son una triste muestra de ello. El fenómeno continúa cobrando un alto número de víctimas en la Costa pacífica, a la vez que en el nororiente del país el panorama no mejora. Mientras persiste la guerra contra las Farc, las bases de las AUC han venido consolidando su presencia en gran parte del territorio nacional1 , y su influencia parece extenderse más allá de la economía del narcotráfico. En síntesis, las “bandas criminales” se ubican de la siguiente manera: En el suroccidente del país, compuesto por los departamentos de Caquetá, Putumayo, Cauca y sur del Huila, en donde las Farc aún conservan un innegable nivel de influencia, el balance después de la desmovilización de los Bloques Libertadores del Sur, los Frentes Próceres del Caguán, Héroes de los Andaquíes, Héroes de Florencia y Frente Sur del Putumayo del Bloque Central Bolívar, no es alentador. La continuidad e incremento de los cultivos ilícitos han incentivado la disputa o las alianzas entre antiguos enemigos con el fin de dominar las fases de la cadena productiva de la coca (Vásquez, 2009, 141). En el departamento de Nariño se reorganizaron algunos de los primeros grupos, principalmente en los municipios de Cumbitara, Policarpa y Sotomayor tras la apari-

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ción de las Autodefensas Campesinas Nueva En el nororiente del país, el neoparamiGeneración, al mando de John Jairo García, litarismo se ha reacomodado respondiendo alias “nene”, y la inserción del grupo arma- tanto a viejos como nuevos contextos. Desde do del cartel del norte del Valle conocido mediados de los años ochenta se considera como “Los Rastrojos”. Actualmente se ubi- al municipio de Puerto Boyacá como la cuna can, principalmente, entre los municipios del paramilitarismo en Colombia, proceso de Barbacoas y Tumaco. Las últimas inda- en el cual confluyeron élites locales, fuergaciones acerca de la Organización Nueva za pública y narcotráfico (Medina, 1990). Generación indicarían que ésta vendería De manera tardía, hacia finales de los años su poder y dominio al grupo de alias Jabón noventa, producto de la conformación de (Verdad Abierta.com, 2010). las AUC se crearon nuevos grupos paramiLas comunidades más afectadas han litares que entraron a disputar la histórica sido sin duda la etnia Awá2 y las comunida- hegemonía del ELN y las Farc, quienes desde des negras (Ver Tablas 2 y 3) que han teni- finales de los años setenta hacían presencia en la en la región. do que adaptarse o Sin haberse desplazarse ante la La continuidad e incremento de los dado por concluidas llegada de los actores armados. La dis- cultivos ilícitos han incentivado la dis- las ceremonias de puta o las alianzas entre antiguos ene- entregas de armas, puta político-militar migos con el fin de dominar las fases actualmente se libra de la cadena productiva de la coca . en la región del Catatumbo, Norte de entre los frentes 29 Santander, en el año en Nariño; 32 y la Columna Móvil Francisco Matallana en el 2006 se dio a conocer el grupo paramilitar departamento de Putumayo, y los Frentes 6 denominado Águilas Negras. Para el 2007 y 8 de las Farc en el departamento del Cau- se le sumó la presencia de las Autodefensas ca contra “Los Rastrojos”, quienes también Gaitanistas, las Águilas Doradas y “Los Rasejercen influencia sobre la ciudad de Cali y trojos” (MAPP-OEA, 2007, 9). El principal objetivo de estos grupos ha sido continuar con el sur del Valle del Cauca. Llama la atención el alto número de víc- el control del contrabando de gasolina, las rutimas totales en el departamento del Cauca, tas para el tráfico de droga, e incluso una gran seguido por Nariño, donde aún hay un fuerte variedad de productos del sector servicios accionar de las Farc (Ver Tabla No. 1). Lo an- provenientes de la vecina República Bolivaterior indica que persisten las acciones anti- riana de Venezuela. Tanto en Santander como subversivas en las zonas de mayor presencia en Norte de Santander el número de víctimas guerrillera. En el último año “Los Rastrojos” civiles ha aumentado vertiginosamente en han logrado establecer su hegemonía. Su éxi- los últimos años (Ver Tabla No. 2). Alias “Cuchillo”, recientemente dado de to se debe, en gran parte, a que han evitado la confrontación directa con las Farc a cambio baja, y Jesús Pirabán Garnica, “Jorge Pirata”, de librar la guerra a través de la victimización se desmovilizaron el 11 de abril de 2006, a través de acuerdos que tuvieron lugar por de la población civil.

Tabla No. 1 N Ú M ERO D E V Í C TI M A S C I V I L E S P OR G R U P O S P ARA M I L ITARE S

Departamento CAQUETÁ CAUCA HUILA NARIÑO PUTUMAYO SANTANDER

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 17 128 18 67 18 100

13 180 9 71 16 340

18 164 19 29 11 161

3 48 102 21 5 263

1 37 33 16 40 126

11 30 38 26 38 77

2 25 4 35 16 134

2 39 2 60 0 171

3 102 4 64 1 221

1 93 11 66 4 300

0 31 0 91 3 115

Fuente: Sistema de Información General CINEP/PPP.

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Seguridad y política

Tabla No. 2 N Ú M ERO D E V Í C TI M A S C I V I L E S P OR G R U P O S P ARA M I L ITARE S

Departamento

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ARAUCA CASANARE GUAVIARE META NORTE DE SANTANDER SANTANDER

9 11 0 28 130 100

12 19 4 45 140 340

45 6 3 148 104 161

108 16 50 204 315 263

97 27 45 92 80 126

76 6 12 125 17 77

17 1 4 71 11 134

3 2 0 26 18 171

11 0 0 32 31 221

4 5 7 43 104 300

0 0 1 15 109 115

Fuente: Sistema de Información General CINEP/PPP.

fuera de las negociaciones que la cúpula paramilitar adelantaba en Santa Fe de Ralito (El País, 2006, A10). Actualmente el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) ejerce su dominio en el oriente del Meta, Vichada y Casanare (Human Rights Watch, 2010, 38), antiguas zonas de influencia del Bloque Centauros (Ver Tabla No. 2). Por su parte, en el Caribe colombiano, después de que los grupos paramilitares aseguraran un importante nivel de influencia en la política local y regional que llegó a impactar a la rama legislativa (por no mencionar a la Fiscalía, el DAS, entre otras instituciones estatales) a nivel central, las acciones paramilitares cumplirían con su función de control en la región, lo que condujo a un progresivo debilitamiento de la capacidad bélica de las guerrillas. Para el año 2003, la disputa entre los actores armados se resolvió a favor de los grupos paramilitares: Chengue, El Salado, Pivijay, Pechelín, María Angola, Bahía Portete, y muchas otras masacres cumplirían con su función intimidatoria frente las comunidades (Ver al respecto los casos emblemáticos del Grupo de Memoria Histórica sobre El Salado, 2009 y Bahía Portete, 2010). Aunque las AUC proyectaban un mando unificado que nunca lograron consolidar, aprovecharon la experiencia de grupos delincuenciales locales para mejorar su información sobre las zonas de expansión y consolidar su inserción en muchas zonas del

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país. En ese sentido, ya sea por coerción o cohesión la presencia de un actor dominante terminó por resolver las disputas sobre diversos negocios a favor de las AUC, claro está, a costa de un gran número de víctimas (Ver Gráfico No. 1). Sin embargo, tras la pérdida de influencia de los jefes paramilitares, producto de su reclusión y posterior extradición, la región se convirtió en el principal eje de la disputa de los grupos locales, ya que éstos continuaron regulando, de manera descentralizada, negocios como el chance, el paga diario3 , el contrabando, el control de los centros de expendio de narcóticos y la prostitución. La experiencia previa de los desmovilizados, narcos y disidentes del proceso de paz en el control de economías ilegales abrió una ventana de oportunidad para los profesionales de la violencia en “paro”. Las regiones más afectadas por estos grupos son: la alta Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Alto Sinú y San Jorge en Córdoba, el Magdalena Medio y el medio Atrato en el departamento del Chocó (Ver al respecto Mapa No. 1 y Tabla No. 1). Su accionar se concentró en el asesinato selectivo, por encima incluso de las amenazas reportadas, pero cabe anotar que el recurso de las masacres no desapareció aun después del proceso de paz (Ver Mapa No 1 sobre masacres neoparamilitares).

Tabla No. 3 N Ú M ERO D E V Í C TI M A S C I V I L E S P OR G R U P O S P ARA M I L ITARE S

Departamento ATLÁNTICO BOLÍVAR CESAR CÓRDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SUCRE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 7 145 115 27 19 68 49

10 157 86 48 5 64 12

23 59 36 16 47 46 23

102 201 102 85 26 301 41

66 105 49 59 31 45 29

71 35 21 12 21 43 18

12 24 17 7 7 4 12

12 67 83 72 15 24 18

15 34 113 100 25 11 8

12 12 12 12 12 12 12

5 20 2 117 9 8 11

Fuente: Sistema de Información General CINEP/PPP.

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Actualmente la disputa tanto por el control de los mercados legales como ilegales se libra así: “Los Rastrojos”, “Los Paisas” (El Heraldo, 2009, 3A), el “Frente Antisubversivo Wayuú” y las “Águilas Negras” hacen presencia en los municipios del norte y el occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Guajira; en Barranquilla se encuentran Los Paisas y las Águilas Negras; en el departamento de Bolívar se han venido armando nuevos grupos sobre el Golfo de Morrosquillo y Los Paisas se localizan en los principales municipios del centro del departamento. Finalmente, en Córdoba todos los grupos mencionados se encuentran disputando los recursos de más de quince años de monopolio paramilitar.

Desafíos del gobierno central: discontinuidades entre el poder central y el poder regional

Imagen de altermediamundo.blogia.com

Sin duda, el mayor logro de Uribe fue dejar sin piso el discurso contrainsurgente de las AUC, que justificaba su existencia ante la incapacidad del Estado de defender el derecho a la propiedad ante el asedio guerrillero. Pero llama la atención que el fenómeno neo paramilitar4 siga floreciendo en regiones donde hace años no hay guerrilla ni tampoco un número importante de cultivos ilícitos. Sin duda, los grupos rearmados se encuentran estrechamente vinculados a varios eslabones de la cadena productiva de la coca –ya sea en la promoción y compra de la hoja o de la Pasta de PVC, su conversión en cocaína, o su exportación a nivel internacional– y han asegurado la continuidad del negocio que a san-

Los grupos rearmados se encuentran vinculados a varios eslabones de la cadena productiva de la coca y han asegurado la continuidad del negocio.

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Seguridad y política

El Ministerio del Interior y de Justicia se ha negado a trasladar a la cárcel de Máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, a alrededor de 1100 personas incriminadas en estos grupos neoparamilitares.

gre y fuego consolidó cada uno de los grupos confederados de las extintas AUC. Pero, a la vez, las amenazas y acciones contra la oposición política y las organizaciones sociales a nivel regional continúan, lo que da muestras de que sus intereses van mucho más allá de una guerra por la depredación de recursos. Pretender que este fenómeno implicó una ruptura con el modelo paramilitar que accedió a desmovilizarse es un craso error. La lectura moral del fenómeno que hacen tanto académicos como políticos no deja de llamar la atención: ya sea por buscar desproveer al paramilitarismo de su “discurso político” o de cubrirle la espalda a la política de seguridad (o prosperidad) democrática, lo cierto es que lo cierto es que aislar lo político de lo económico al analizar este fenómeno oculta la complejidad del mismo, y evidencia que hacer tal separación va más allá de un asunto meramente metodológico y trasciende al campo político. Luchar contra esta lectura maniquea que termina definiendo el horizonte de la política contra estos grupos es uno de los primeros retos con los que se encuentra el gobierno de Santos. La búsqueda de control de la política local en lo que se ha bautizado por los medios de comunicación como “bacrimpolítica” (Ver “Futuro incierto para ‘Bacrimpolítica’ en elecciones” en esta misma edición) ya deja mucho que desear de dicha denominación. Sin duda, los miembros de estos grupos requieren ase-

Pretender que este fenómeno implicó una ruptura con el modelo paramilitar que accedió a desmovilizarse es un craso error. Aislar lo político de lo económico al analizar este fenómeno oculta la complejidad del mismo, y evidencia que hacer tal separación va más allá de un asunto meramente metodológico y trasciende al campo . político

gurar un margen de influencia sobre la política local para tener acceso a los flujos de información de las entidades de control, conocer de cerca a las organizaciones de víctimas que reclaman la restitución de bienes, saber de antemano operativos de la fuerza pública, y mantener a raya a la oposición política. La “Bacrimpolítica” muestra que hay más continuidades que rupturas con el modelo paramilitar anterior. Una muestra del nivel de influencia del legado de las AUC en las regiones ha sido la reciente decisión del Ministerio del Interior y de Justicia de trasladar a la cárcel de Máxima seguridad de Cómbita en Boyacá a alrededor de 1100 personas5 incriminadas en estos nuevos grupos, ante la imposibilidad de contrarrestar sus acciones desde las cárceles en distintas regiones del país. Dejar únicamente en manos de la policía el combate a estos grupos indica una lectura superficial

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Seguridad y política

El paramilitarismo que se ha venido reconfigurando en las regiones de Colombia, aunque está lejos de querer optar por imponerse a nivel nacional, tiene en el escenario local y regional un lugar seguro de reproducción.

del fenómeno, como si se tratara de simples estructuras criminales. Queda en evidencia que una cosa es la política del Estado a nivel central y otra su acción a través de la burocracia y la intermediación política local y regional que cobija a cada una de las ramas del poder público. Tal escenario muestra que las aparentes buenas intenciones en términos de política de restitución de tierras y víctimas por parte del gobierno (intenciones que aún están por verse después del proyecto de reforma a la Ley 30 de educación superior), tienen un panorama poco alentador al aplicar dichas decisiones en el ámbito local. El nuevo “embrujo progresista” santista debe ser leído con objetividad, pues si bien el estilo del actual mandatario difiere mucho del estirpe gamonalista del uribato, no hay que olvidar la habilidad camaleónica de Santos –exministro de conservadores, liberales y de Uribe–. Para finalizar, es importante señalar que el paramilitarismo que se ha venido reconfigurando en las regiones de Colombia, aunque está lejos de querer optar por imponerse a nivel nacional, tiene en el escenario local un lugar seguro de reproducción. Permanecer en las regiones le permite ejercer dominio, sea alto o bajo, sobre la política, la economía y las comunidades, con pocos riesgos, pues no constituye una amenaza para el Estado central y, al contrario, se convertía en un aliado estratégico para apuntalar apoyos políticos en el nivel central. Este es el escenario que aún está por estudiarse a profundidad.

*Diego Quiroga Joven investigador del equipo ODECOFI del CINEP/PPP

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Notas S egún Indepaz, los grupos narcoparamilitares hacen presencia en 360 municipios (Indepaz, 2010). Tan sólo en el año 2009 se registraron 2 masacres, con 15 y 12 víctimas respectivamente, contra esta comunidad indígena, que ha quedado en medio de la disputa entre las Farc, la fuerza pública y las mal llamadas “bandas criminales”. 3 Préstamo inmediato de dinero con la condición de pagar intereses diarios. 4 Granada, Restrepo y Tobón (2009, 495-497) proponen que si bien hay continuidad con el modelo paramilitar de las AUC también hay nuevas dinámicas propias de una nueva etapa de la violencia en Colombia. 5 Intervención del Ministro del interior y de Justicia Germán Vargas Lleras en panel Los desafíos del Estado frente a las Bandas Criminales, organizado por la Corporación Nuevo Arco Iris, el 1 de abril del 2011. 1

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Referencias • El País, 2006, “’Héroes’ de las AUC dejaron las armas”. en El País, Cali, 12 de abril • Granada, Restrepo y Tobón, 2009, “Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano” en Jorge Restrepo y David Aponte editores, Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, pp 468-483. Disponible en: http://www.cerac.org.co/libro/10_Neoparamilitarismo_en_Colombia.pdf • De la Hoz, Alexandra y Ferro, Gerardo, 2009, “Zar prende las alarmas: Enilse López, ¿la única con chance?” en El Heraldo.com.co, Bogotá, enero 22. Disponible en: http://www.anticorrupcion.gov.co/ noticias/2009/enero/090122b.asp • Human Rights Watch, 2010, Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia. Disponible en: http://www.hrw.org/node/88065 • Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 2010, V Informe sobre Narcoparamilitares en 2010. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/attachments/586_V%20Informe%202010%20INDEPAZ%2015-03-2011.pdf •M APP-OEA, 2007, Octavo informe trimestral del Secretario general al Consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia. Disponible en: http://www.colectivodeabogados.org/ OCTAVO-INFORME-TRIMESTRAL-DEL •M edina, Carlos, 1990, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: Origen, desarrollo y consolidación. El caso de Puerto Boyacá, Editorial Documentos periodísticos, Bogotá. •V ásquez, Teófilo, 2009, “El problema agrario, la economía cocalera y el conflicto armado” en Revista Controversia, No. 192, CINEP/PPP. Bogotá. • Verdad abierta.com, 2008, “El vuelo de las Águilas Negras (Semana)” en Verdadabierta.com, Bogotá, agosto 26. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/conflicto-hoy/50-rearmados/170-el-vuelo-de-las-aguilas-negras-

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Seguridad y política

Futuro incierto para “bacrimpolítica” en elecciones Reflexión sobre el papel que podrían desempeñar las denominadas bandas criminales en las elecciones de octubre a partir de un análisis de lo que fue la influencia paramilitar en los espacios políticos regionales y nacionales. Por Víctor Barrera* extraer algunos elementos de análisis que permitan vislumbrar de mejor forma cuál sería el papel que las denominadas bandas criminales podrían desempeñar en las elecciones de octubre.

Balance de la parapolítica

Hace un poco más de cuatro años que estalló el escándalo de la parapolítica luego que Mi-

Las elecciones de octubre probablemente sean un laboratorio en el que las bandas criminales probarán nuevos mecanismos de infiltración en la institucionalidad política colombiana.

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Imagen de The New York Times

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lgunas organizaciones advierten una nueva etapa de infiltración de los grupos armados ilegales en la institucionalidad política del país a través del fenómeno que los medios de comunicación han denominado como el capítulo de la “bacrimpolítica”. De cara a esta nueva realidad es necesario reflexionar sobre lo que fue la influencia paramilitar en los espacios políticos regionales y nacionales para de ahí

guel Alfonso de La Espriella, presionado por Salvatore Mancuso, hiciera público la existencia del pacto de Ralito (El Tiempo, 2006), y todavía hoy se siguen conociendo resultados judiciales que permiten clarificar, cada vez mejor, la influencia política que alcanzaron los grupos paramilitares en varias regiones del país. Las condenas de Mario Uribe, ex senador antioqueño, y de Enilse López, alias “La Gata”, así como los avances en el caso que se adelanta en contra de Luís Alberto Gil, miembro del partido Convergencia Ciudadana, y la reapertura de otros como el del ex gobernador del Cauca y ex embajador en República Dominicana Juan José Chaux o el del cacique liberal antioqueño César Pérez, a quien se le investiga por su participación en la masacre de Segovia (1988), ratifican el compromiso que han asumido las entidades judiciales por reconstruir lo sucedido y castigar a los responsables. Aunque las cifras de congresistas involucrados en la parapolítica ilustran el nivel de influencia que alcanzó el paramilitarismo en el orden nacional (Ver tabla), los estimados que se manejan sobre el número de políticos y funcionarios locales que colaboraron con el grupo armado son indicadores mucho más acertados sobre el grado de control político que logró en los niveles local y regional. En octubre de 2007, cuando apenas se iniciaban muchas de las investigaciones sobre parapolítica, un artículo de prensa estimaba que, tan sólo en la Costa Caribe, durante los comicios de 2002 y de 2006, los paramilitares contribuyeron en la elección de 221 alcaldes, 4000 concejales y 9 gobernadores (El Heraldo, 2007). | www.cinep.org.co |


Seguridad y política

Período 2002-2006

Cargo Senado

Cámara de Representantes

Número procesados Convergencia Ciudadana 1 Convergencia Popular 2 Partido Liberal 2 Cambio Radical 5 Partido Liberal 4 Partido Conservador 1 Movimiento Popular Unido 1 Convergencia Popular Cívica 1 Movimiento Integración Popular 1 Partido político

Total congresistas procesados

Total procesados 5

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18 Período 2006-2010

Cargo

Senado

Cámara de Representantes

Total congresistas procesados

Partido político Partido de la U Cambio Radical Convergencia Ciudadana Partido Conservador Colombia Democrática Alas-equipo Colombia Colombia Viva Partido Liberal Partido de la U Partido Liberal Apertura Liberal Partido Conservador Cambio Radical Convergencia Ciudadana Colombia Democrática Otros movimientos**

Número procesados 8 8 5 7 4 3 4 5 4 8 6 6 4 2 2 6

Total procesados

44

38

82

Fuente: Datos Corporación Nuevo Arco Iris y Prensa.   * Se tienen en cuenta todos los congresistas vinculados a procesos judiciales relacionados con la parapolítica sin distinguir por estado del proceso. ** O tros movimientos: Movimiento Nacional Progresista; MORAL; Alas-Equipo Colombia; Movimiento Popular Unido; Partido Acción Social; Movimiento Huila Nuevo

De izquierda a derecha: Mario Uribe, ex senador antioqueño, Enilse López, alias “La Gata”, Luis Alberto Gil, Convergencia Ciudadana, Juan José Chaux, ex gobernador del Cauca y César Pérez, partido liberal. | www.cinep.org.co |

A pesar del debate político y jurídico que ha suscitado la parapolítica en estos cuatros años, las interpretaciones del fenómeno siguen siendo ambiguas y pocas veces se reconocen las transformaciones históricas que favorecieron su expresión y los condicionamientos estructurales dentro de los que actuaron políticos y agentes armados. Así, la naturaleza de la parapolítica ha estado más referida a factores coyunturales donde prima una mirada moralista. Esta visión ignora que, lejos de ser una convergencia natural, la parapolítica es producto de un sinnúmero de transacciones e incesantes negociaciones en las que los contextos regionales influyeron sobre la interacción entre políticos y paramilitares. Imagen de AFP

Congresistas implicados en la parapolítica*

Dos claves en la lectura de la parapolítica

La manifestación y evolución de la parapolítica debe comprenderse como una combinación de dos factores: (1) las transformaciones estructurales del Estado colombiano y las tensiones territoriales propias de su proceso de formación, y (2) las decisiones estratégicas de agentes armados y políticos dentro de un escenario de confrontación armada. El primer factor explica cómo durante las últimas cuatro décadas nuestro país ha presenciado un progresivo desequilibrio en el balance de poder entre el centro político nacional y las regiones que le otorgó un mayor margen de maniobra a estas últimas al transformar los mecanismos de intermediación, fomentando la participación en política de los grupos armados. Aunque tradicionalmente fueron los partidos políticos liberal y conservador, en tanto confederaciones de redes de poder regional y local, la forma institucional que conectó el centro y las regiones durante gran parte de nuestra vida republicana, para finales de 1970 este mecanismo de intermediación bipartidista dio muestras de inviabilidad. Transformaciones como la nueva base económica agroexportadora (vocación minera y cocalera) que asumió el país y el ascenso de políticos profesionales con una fuerte raigambre regional y local en detrimento de las figuras nacionales más “civilistas” y “democráticas” explican este hecho. Así, según Francisco Gutiérrez y Paula Zuluaga: No. 72 | Abril - Julio 2011 |

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Seguridad y política “Al volverse Colombia un país minero y cocalero, se produjo una fractura entre las regiones andinas densamente pobladas y los nuevos centros de producción minera y cocalera […] que generó de ese modo un nuevo modelo de dominio indirecto en el que ya no hay correas de transmisión [como lo eran los partidos políticos tradicionales], sino una coordinación por parte del centro de diferentes alianzas regionales involucradas en la distribución de rentas a través de redes de agentes políticos, privados e ilegales” (2010).

Para entender el segundo factor que influyó en la manifestación y evolución de la parapolítica es necesario comprender, como sostienen María del Pilar Castillo y Boris Salazar, que toda guerra territorial contempla no sólo el plano militar, sino también la lucha entre bandos opuestos que buscan controlar la población, generar arreglos sociales favorables a sus proyectos de expansión y construir relaciones de poder que garanticen su consolidación (Castillo y Salazar, 2007, 76). En esta vía, la parapolítica es una consecuencia de la evolución de una confrontación armada de larga data que ha terminado por convertirse en un elemento fundamental del proceso de configuración de algunas regiones del país donde los paramilitares no sólo buscaban la captura de rentas y recursos, sino también la puesta en marcha de un nuevo proyecto social y su reconocimiento político a través de una negociación con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que les permitiera insertarse en la sociedad colombiana.

Los acuerdos parapolíticos: contexto y dinámicas de interacción

La nueva base económica agroexportadora (vocación minera y cocalera) que asumió el país contribuyó a dar mayor margen de maniobra a las regiones.

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cebidos por algunos sectores políticos como actores legítimos que debían ser tenidos en cuenta (parapolítica).

La “bacrimpolítica”: ¿nuevo contexto, nuevas interacciones?

Con base en la experiencia de la parapolítica algunos medios de comunicación vaticinan la repetición de esta historia para las próximas elecciones locales y departamentales de octubre. La reciente captura de Bladimir LonGran parte de los acuerdos parapolíticos se dieron bajo el marco de la expansión de las AUC doño, alcalde del municipio de San José de y como reacción a los diálogos con la guerrilla. Uré (Córdoba), sindicado de haber desviado 8.000 millones de pesos del sector salud que Gran parte de los acuerdos parapolíticos se fueron a parar a las arcas de una banda cridieron bajo el marco de la expansión y con- minal, ha sido calificada como el inicio de la solidación de las AUC y como reacción a los “bacrimpolítica” (Semana, 2011). Ante este diálogos de paz con la guerrilla. Lo anterior, hecho las agencias y organismos de control sumado a un sistema de partidos atomiza- del Estado prendieron las alarmas y reconodos que favorecía enormemente el poder cieron la existencia del fenómeno. Aunque el individual de los políticos, sirvió de base ministro del interior, Germán Vargas Lleras, para que políticos y paramilitares conver- dijo que eran 64 los municipios que podían gieran en varias regiones del país. A esto resultar afectados, el Registrador Nacional, se le añade que aunque la reforma política Carlos Ariel Sánchez, es menos conservador y estima que puede 2003 pretendió den ser un poco más generar un sistema de incentivos que El contexto político y militar en de 300 (El Heraldo, buscó reagrupar los el que tuvieron lugar estas relaciones 2011). Sin embargo, a movimientos polí- hizo que los acuerdos entre paramilipesar de que se recotares y políticos se facilitaran ticos en pocas pero noce la existencia de sólidas organizaciones políticas, fomentó la creación de grupos este riesgo, poco se ha dicho sobre las posibialtamente criminalizados como Colombia lidades y el margen de maniobra con el que Viva, Colombia Democrática o Convergencia cuentan estas organizaciones para vincularse con la política institucional. Factores como el Ciudadana. Con todo, lo que aquí se quiere destacar nuevo contexto político nacional, las caractees que el contexto político y militar en el que rísticas organizacionales de estas estructuras tuvieron lugar estas relaciones hizo que los armadas y los intereses que tendrían los poacuerdos entre paramilitares y políticos se líticos en aliarse con ellas llevan a pensar que facilitaran pues tanto los márgenes de incer- aunque las denominadas “Bacrim” se harán sentir en la próximas elecciones, su influentidumbre como los riesgos eran menores. En ese sentido, el nivel de organización cia será mucho menor que la que tuvo el paque alcanzaron los bloques y frentes para- ramilitarismo o, por lo menos, tendrá caracmilitares –que aunque funcionaban bajo una terísticas diferentes. En primer lugar, a pesar de que aún estructura federada contaban con cabezas visibles y responsables– su discurso políti- existen factores estructurales que hacen de co, su énfasis en la lucha contrainsurgente, y muchas regiones entornos favorables para el proceso de negociación que iniciaron con que prosperen ofertas de seguridad y proel gobierno de Álvaro Uribe, no sólo los ubi- tección alternativas a las del Estado –más có en una posición mucho menos ambigua cuando algunas elites regionales estarían frente a la legalidad, sino que también les dispuestas a frenar a sangre y fuego los indio una suerte de matiz político que, suma- tentos reformistas que abandera el gobierdo al poder de facto que ejercían en varias no de Juan Manuel Santos– la calificación regiones del país, llevaron a que fueran con- que éste ha hecho de estas organizaciones

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como meras expresiones del crimen organizado (El Universal, 2011, febrero 7) mina sus posibilidades de presentarse como grupos que poseen alguna legitimidad y las sume en una posición mucho más confrontacional y menos ambigua frente a la legalidad de la que tuvo el paramilitarismo tipo AUC. El descrédito y la condena desde el nivel central, exacerbados luego del crimen de los dos estudiantes de la Universidad de Los Andes que “nacionalizó” el problema de seguridad de muchas regiones, se traduce en una reducción del margen de maniobra que estos grupos armados puedan tener en la política local y regional. En segundo lugar, estos grupos se caracterizan por no tener muchas cabezas visibles y sí frecuentes relevos de sus cabecillas, y por una estructura mucho más proclive a la descentralización del mando.

Bladimir Londoño, alcalde del municipio de San José de Uré (Córdoba), sindicado de haber desviado 8.000 millones de pesos del sector salud.

Estos factores probablemente puedan afectar el márgen de maniobra que las “Bacrim” tendrían para negociar pues los políticos no estarían dispuestos a entablar acuerdos duraderos con actores armados que no cuentan con la capacidad de garantizar el cumplimiento de los pactos. Por último, y en relación con lo anterior, habría que preguntarse si la clase política

La reciente captura de Bladimir Londoño, alcalde del municipio de San José de Uré (Córdoba), sindicado de haber desviado 8.000 millones de pesos del sector salud que fueron a parar a las arcas de una banda criminal, ha sido calificada como el inicio de la ‘ba. crimpolítica’

estaría interesada en pactar con estas organizaciones. No sólo porque los riesgos de ser judicializados son mayores, tal y como lo han demostrado los procesos relacionados con la parapolítica, sino también porque en esta nueva etapa los políticos regionales están más interesados en mantener la vigencia de los órdenes sociales que conformaron en el pasado y en asegurar su permanencia en el poder, que en fomentar nuevos órdenes a través del uso de las armas. Mirados en conjunto, estos tres factores permiten considerar que aunque se mantienen los incentivos para que converjan sectores políticos y organización armada, los costos de transacción, esto es, los riesgos

Santos ha calificado a las “Bacrim” como meras expresiones del crimen organizado.

asociados a establecer una relación de intercambio entre ambos, resultan mucho más altos que los que caracterizaron los acuerdos parapolíticos. Por ello, se puede prever que la naturaleza de los mismos se transforme hacia nuevos acuerdos más efímeros y contingentes guiados por una lógica instrumental, por ejemplo, al buscar la exclusión violenta de oponentes o individuos “incómodos”. A pesar de las dificultades mencionadas, las elecciones de octubre deben considerarse como un laboratorio en el que estas organizaciones armadas probarán nuevos mecanismos de infiltración de la institucionalidad política y buscarán aprender de esa experiencia para intentar fortalecerse políticamente en un futuro no muy lejano.

*Víctor Barrera Investigador junior del equipo ODECOFI del CINEP/PPP

Referencias • Castillo, María del Pilar y Salazar, Boris, 2007, “Alianzas y política: un juego entre agentes civiles y armados” en Lecturas de Economía, No. 67, Universidad de Antioquia, Medellín, julio-diciembre, pp. 71-98. Disponible en: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/ view/2021/1670 • El Heraldo, 2011, “Las bacrim, en guerra por los votos para las elecciones” en El Heraldo, Barranquilla, marzo 31. Disponjble en: http://www.elheraldo.co/nacional/las-bacrim-en-guerra-por-los-votos-para-las-elecciones-9809 • El Heraldo, 2007, “Paramilitarismo en la Costa: ¿una contrarreforma política?” en El Heraldo, Barranquilla, octubre 7, 4A. Disponible en: http://www.elheraldo.co/local/paramilitarismo-en-la-costa-una-contrarreforma-politica • El Tiempo, 2006, “ 40 congresistas firmaron compromiso político con Autodefensas, reconoce Miguel de la Espriella” en El Tiempo, noviembre 25. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3340795 • El Universal, 2011, “Asesinados estudiantes de Uniandes en playa de Córdoba” en El Universal, enero 12. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/asesinados-estudiantes-de-uniandes-en-playa-de-c%C3%B3rdoba-3829 • El Universal, 2011, “’Las Bacrim no son grupos armados ilegales’: Presidente Santos” en El Universal, Cartagena, febrero 7. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/%E2%80%9Clas-bacrim-no-son-grupos-armados-ilegales%E2%80%9D-presidente-santos-8057 • Gutiérrez, Francisco y Zuluaga, Paula, 2011, “Hacia un país minero: retos para el sistema político y el Estado” en Razón Pública, Bogotá, febrero 20. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1817:hacia-un-pais-minero-retos-para-el-sistema-politico-y-el-estado-1&catid= 26:recomendados&Itemid=356 • Semana.com, 2011, “¿Comienza el capítulo de la ‘bacrimpolítica’?” en Semana.com, Bogotá, marzo 30. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-nacion/comienza-capitulo-bacrimpolitica/154222.aspx • Revista Semana, 2008, “Baby-parapolíticos” en Revista Semana, Bogotá, agosto 16. Disponible en: http://semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=114552 | www.cinep.org.co |

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Del paraíso al infierno En Puerto Tejada, Cauca, la tasa de homicidios y la inseguridad han aumentado por causa del pandillismo. Recorrido de un periodista de Reporteros de Colombia por la región.

Imagen de Dagoberto Muñoz-Reporteros de Colombia

Por Dagoberto Muñoz Erazo*

A finales de los noventa Puerto Tejada empezó a ser invadido por pandillas, en su mayoría procedentes de barrios periféricos. La primera pandilla conocida fue la de los ‘Mechas’.

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se quita y pone nerviosamente. Al recordar su historia no oculta una que otra lágrima y, aunque hay tristeza en su rostro, se marca una leve sonrisa al recordar que, cuando llegó al municipio hace 47 años, esta tierra era Imagen de Dagoberto Muñoz-Reporteros de Colombia

¡Mami, mami, mataron a Armado, mataron a mi hermanito!”… Esta vez la dura novedad es traída por Lucía, la pequeña hija de Rosa Helena González y quien, a pesar de sus escasos doce años, ya sabe que este tipo de noticia se ha repetido cinco veces en su familia. El hecho sucedió el 30 de enero de 2010 en Puerto Tejada, un pequeño municipio de 50.000 habitantes asentado en el norte del departamento del Cauca, a 15 minutos de la ciudad de Cali y a unos 90 de Popayán, la capital del departamento. Rosa Helena es una mujer de raza negra, de unos 55 años de edad, pero por el sufrimiento que ha padecido aparenta tener muchos más. Aunque su ropa es vieja, luce muy limpia para esta ocasión. Lleva una blusa blanca y una falda floreada que llega unos quince centímetros abajo de sus rodillas y calza chanclas adelgazadas por el uso, que

un paraíso donde daba gusto vivir y pensar en procrear una familia. Era una tierra donde nadie se metía con nadie, donde nadie robaba y mucho menos mataba. Ever Vásquez Peña, ex Secretario de Gobierno del municipio, nativo y conocedor de la historia del lugar, sostiene que hasta el final de la década de los sesenta Puerto Tejada fue un municipio rico, un paraíso, uno de los principales productores y exportadores de cacao. “Podemos decir, aunque suene raro, que Puerto Tejada fue damnificado por la revolución cubana,” cuenta Vásquez. “Cuba era el principal proveedor de azúcar de Estados Unidos. Con el embargo económico a la isla, el país norteamericano se quedó sin este importante material y se dio a la tarea de buscar tierras fértiles para la caña, y las encontró en esta región. Entonces el campesinado del norte del Cauca empezó a ser despojado de sus terrenos. Aparecieron los primeros ingenios azucareros, la tierra se fue quedando en manos de unos cuantos industriales y una gran cantidad de trabajadores de la Costa Pacífica y de Nariño se asentaron en los barrios de oriente”.

Llegó la violencia

Ever Vásquez Peña - ex secretario de gobierno de Puerto Tejada

La primera vez que doña Rosa Helena escuchó la trágica noticia de la muerte de un ser querido fue hace más de una década, cuando su pequeña hija Martha, de cinco años, se encontraba jugando en la calle y murió en medio de una de las balaceras entre pandillas rivales que se vivían, y aún se viven, en algunos barrios de Puerto Tejada. Según Vázquez Peña, al año siguiente (2000), los paramilitares llegaron al municipio y empezaron a

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Rosa Helena González, habitante de Puerto Tejada, ha sufrido la muerte de cinco de sus hijos.

“Mis muchachos eran muy trabajadores”, afirma Rosa Helena con estoicismo. “Les gustaban las fiestas y la rumba pero trabajaban para darse sus gustos. Puedo decir que crié a mis hijos enseñándoles el valor del trabajo. Colaboraban con los gastos de la casa y nunca estuvieron de vagos”. A finales de los noventa el municipio empezó a ser invadido por pandillas, en su mayoría procedentes de barrios periféricos. Los pobladores, cansados de tanto robo, atraco y asesinato, comenzaron a pedir acciones de justicia por mano propia, llamada por la gente “limpieza social”. Así, según Ever Vásquez Peña, entre los años 2000 y 2005 fueron asesinados más de 1.500 jóvenes a manos de grupos que operaban al margen de la ley, supuestamente paramilitares, con el apoyo económico de algunos comerciantes. Después de cumplido este propósito, los mismos intereses comerciales y políticos que facilitaron el ingreso y accionar de los grupos armados, propiciaron su salida de Puerto Tejada. La primera pandilla conocida fue la de los ‘Mechas’ que, de acuerdo con Vásquez, surgió de causas sociales como padres ausentes, hacinamiento y falta de inversión estatal en las comunidades marginales y, a finales

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de la década de los noventa, alcanzó alguna notoriedad con hechos que regaron la semilla de lo que ahora se vive en el municipio. Hoy todos los barrios de Puerto Tejada están permeados por este problema.

Mis muchachos eran muy trabajadores”, afirma Rosa Helena con estoicismo. “Les gustaban las fiestas y la rumba pero trabajaban para darse sus gustos. Puedo decir que crié a mis hijos enseñándoles el valor del trabajo. Colaboraban con los gastos de la casa y nunca estuvieron de vagos .

La cuarta vez que Rosa Helena perdió un hijo ocurrió hace cuatro años. Yimmy, de 19, fue asesinado cuando cobraba una suma de dinero en la salida del municipio de Padilla y hace solo doce meses, por quinta vez, le notificaron que habían acabado con la vida de su hijo Armando, de 30. Aunque esta madre siente miedo de aventurarse a señalar culpables de la muerte de sus familiares, quienes conocen de cerca la historia, como Julián Vallecilla, ex concejal del municipio, apuntan como una de las causas el que los muchachos no quisieran vincularse a estos grupos juveniles.

“Yo no paraba de llorar”, confiesa Rosa Helena. “Ya no salgo de la casa. Siento mucho miedo. Tengo otro hijo1, de 16, y me tocó enviarlo donde un hermano, en el departamento de Nariño, pues no quiero que le pase lo mismo. Mataron a la mitad de mi familia: de mis doce hijos, hoy sólo vivo con dos pequeños y mi marido. La plata no alcanza y mi ranchito está a punto de caerse”. La señora González continúa esperando la ayuda del gobierno, pues, según ella, sigue sin conocer lo que es verdad, justicia y reparación.

Pandillismo

Julián Vallecilla, ex concejal del municipio y residente en un barrio del oriente, se queja de los problemas que enfrenta la gente para transitar entre los diferentes barrios de ese sector, el más azotado por el pandillismo. “Hoy hay muchos niños de once y doce años que pertenecen a pandillas y ya no sienten respeto por personas mayores ni autoridades. En algunos sectores, quienes no se involucran con estos grupos no pueden salir de su casa porque si lo hacen son asesinados. El caso más aberrante es el de algunas niñas de trece y catorce años que viven la misma situa Imagen de Alex Aguirre

Imagen de Dagoberto Muñoz-Reporteros de Colombia

matar a los pandilleros. Ese año, la señora González fue sorprendida por la noticia de la muerte de otro de sus hijos, Orlinso, un joven de 18 que trabajaba como carguero en un camión ladrillero. En 2005 el turno fue para Harby, de 16, quien fue encontrado muerto en el sector El Escape, al oriente del municipio. Algunas fuentes afirman que estos asesinatos, como otros tantos, se dieron por no cumplir los toques de queda impuestos por los paramilitares.

Actualmente todos los barrios de Puerto Tejada están permeados por el problema del pandillismo.

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Julián Vallecilla, ex concejal del municipio, se queja de los problemas que enfrenta la gente para transitar entre los diferentes barrios.

ción, pero que a esa edad ya son madres de uno o dos niños, en su mayoría producto de violaciones de muchachos pandilleros”. Larry Fabián Castillo, actual director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Puerto Tejada, cree que pertenecer a una pandilla ha llegado a tener tintes psicosociales pues los niños consideran que quienes están cometiendo los delitos son héroes a los que deben seguir, porque los están protegiendo de la inseguridad que hay en el barrio. A esta situación se le llama el fenómeno Robín Hood. Según Ever Vásquez, este fenómeno ayuda a explicar el hecho de que ex alcaldes, secretarios, médicos, profesores y otros profesionales o trabajadores tienen hoy familiares dentro de las pandillas. A la vez estos jóvenes, de barrios menos marginales, se involucran en los grupos porque está de moda y, además, encuentran dinero para satisfacer sus gustos. En parte por esta situación, el pandillismo no ha sido enfrentado de forma drástica. A esto se le añaden factores como las altas tasas de natalidad, falta de inversión social, particularmente en temas de niñez, y padres permisivos con sus hijos, que, de acuerdo con Tania Mulato, miembro de la Fundación Nace una Nueva Esperanza, contribuyen a acrecentar el pandillismo en Puerto Tejada. Las cifras demuestran cómo el problema se ha recrudecido. De acuerdo con el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, en 2010, la tasa de homicidios en Puerto Tejada (115,73), estaba por encima del promedio del departamento del Cauca (43,75) y mucho más del promedio nacional (33,97), por cada 100.000 habitantes, tendencia que se ha mantenido en la última década.

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paramilitar entre los años 2000 y 2005 y del hastío de sangre que vivió y vive el municipio, al escuchar los corrillos callejeros y al hablar con los pobladores sobre una posible solución al problema de violencia e inseguridad, se vuelve a escuchar algo que podría sonar impensable: “Necesitamos una limpieza social”.

El actual alcalde, Elver Marino Montaño, habla de un máximo de trece bandas delictivas. Según él, “se aumentó el pie de fuerza y se está ganando la guerra a las pandillas”. Pero habitantes consultados manifiestan que el número que más se acerca a la realidad es 36, y puede estar aumentando. Incluso, para José Ferney Vargas, funcionario de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uafroc) de Puerto Tejada, aumentar el pie de fuerza no es la solución sino que se debería hacer inversión social en educación, salud, vivienda y fomentar una cultura por la vida. Lo paradójico es que, después de lo sucedido en el pasado a raíz de la incursión

Lucía se acerca y acaricia el cabello de su madre, que llora al recordar los tiempos en que todos sus hijos estaban vivos, cuando todos trabajaban y contribuían a los gastos del hogar, cuando sobraba la comida y hacían fiestas. Ahora solo hay necesidades, tristeza, ropa vieja y su casa a punto de caer. Lucía sigue al lado de su madre y con una sonrisa infantil le hace la que, según ella, es la mejor propuesta: “No llore, mami. Cambiémonos de barrio. Yo voy a estudiar, voy a ser doctora y voy a sacarlos adelante a usted, a mi papá y a mis hermanitos. Cambiémonos de barrio y verá que todo va a cambiar”.

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Larry Fabián Castillo, actual director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Puerto Tejada, cree que pertenecer a una pandilla ha llegado a tener tintes psicosociales pues los niños consideran que quienes están cometiendo los delitos son héroes a los que deben seguir, porque los están protegiendo de la inseguridad que hay en el barrio .

“Cambiémonos de barrio”

*Dagoberto Muñoz Erazo Periodista del proyecto Medios, Violencias y Paz del CINEP/PPP.

José Ferney Vargas, funcionario de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uafroc) de Puerto Tejada, considera que aumentar el pie de fuerza no es la solución.

Notas 1

ías antes de la publicación de esta crónica, el autor viajó al municipio de Puerto Tejada y se encontró con D una trágica noticia: Francisco, el hijo de 16 años que la señora Rosa Helena envió donde un hermano en el departamento de Nariño, para que no corriera la misma suerte de los otros cinco, regresó a Puerto Tejada y el pasado 11 de abril fue asesinado en circunstancias que aún son motivo de investigación.

Este reportaje se hizo en el marco de la red de periodistas Reporteros de Colombia y se publicó en el diario El País de Cali, disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/mujer-en-puerto-tejada-hasepultado-mitad-sus-hijos

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Paz

Las herencias de Uribe, trabas para la paz de Santos Una opinión pública escéptica a un posible proceso de paz, las bandas criminales, la parapolítica y el desplazamiento forzado, despojo de tierras y aniquilamiento de organizaciones sociales y líderes, son las herencias políticas de Uribe que, sin duda, tendrán que ser tenidas en cuenta por el gobierno Santos a la hora de un posible diálogo de paz con las guerrillas. Por Fernando Sarmiento Santander*

L

os hechos dados durante los primeros meses del período de Santos (20102014) abrieron en la opinión pública nuevas expectativas frente a la negociación con las dos guerrillas aún existentes en el país (FARC y ELN). Diez años atrás esta posibilidad se había visto frustrada en El Caguán y hace veinte, las negociaciones con el M-19, EPL, PRT y Quintín Lame alentaron la esperanza nacional. En agosto de 2010, el electorado nacional puso como sucesor en la presidencia a Juan Manuel Santos, uno de los personajes más representativos de la política de seguridad democrática de Uribe Vélez. Para sorpresa de la opinión, tras ocho años de estar cerrada la puerta de un posible diálogo, el nuevo presidente manifestó en su discurso de posesión voluntad de negociar con las guerrillas, aunque sujeta a estrictas condiciones1: renuncia a las armas, al secuestro, a la extorsión y a la intimidación. Es decir, básicamente su desmovilización inmediata. Esa posibilidad que parece haber abierto Santos ha reactivado el debate de opinión en torno a la paz y alertado a la clase política, económica y social respecto a sus repercusiones en Colombia.

La posibilidad de un diálogo de paz que parece haber abierto Santos ha reactivado el debate de opinión en torno a la paz y alertado a la clase política, económica y social respecto a sus repercusiones en Colombia .

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Entre 2002-2010, durante Uribe Vélez, el país experimentó una de las facetas más radicales en la relación guerra y política, al estar el Gobierno más decidido a aniquilar o doblegar a las guerrillas. Ni siquiera la política de Guerra Integral, durante el período Gaviria (1990-1994), fue tan sostenida. La política de seguridad democrática ha sido calificada por sus críticos (nacionales e internacionales) como política militarista. La inversión en Fuerzas Armadas da cuenta del énfasis militar, que durante esos ocho años llegó a ser de los más altos en América Latina2. Pareciera ésta una faceta sacada de entre las ideas del ideólogo militar de finales del Siglo XIX, Clausewitz:

“Cuanto más intensos y poderosos sean los motivos y las tensiones que justifiquen la guerra, más estrecha relación guardará ésta con su concepción abstracta. Cuanto más encaminada se halle en la destrucción del enemigo, tanto más coincidirán el propósito militar y el objetivo político, y la guerra aparecerá más como puramente militar y menos como política” (No. 25). El escenario actual cambia el tono y da cabida a la negociación. Pero antes de darle vuelo a expectativas optimistas a esta posibilidad de diálogo con la insurgencia armada, se requiere poner en consideración algunos aspectos de la política establecidos durante los dos períodos presidenciales anteriores. No. 72 | Abril - Julio 2011 |

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Es decir, las posibilidades para que el go- parte que la insurgencia se mueva o no hacia permitirá la disputa del poder en la arena de bierno Santos pueda avanzar en un proceso un proceso de desmovilización y desarme. la democracia. La parapolítica, o los parapolíde negociación están sujetas a las condicio- Obviamente la existencia de estas bandas, ticos, son un escollo, una traba al proceso de nes políticas creadas durante Uribe Vélez. En como de otro tipo de amenazas semejantes, inserción de la insurgencia a la política civil, otras palabras, el modo como esta adminis- incrementarían una muy posible sensación por decirlo de algún modo, no tanto porque tración resuelva las herencias políticas deja- de zozobra entre los guerrilleros dispuestos la parapolítica haga su ejercicio electoral – das por su antecesor abrirá o no posibilida- a la desmovilización. Hasta ahora el Gobierno tramposo o no– sino porque su ejercicio lo ha manifestado que las “Bacrim” deben so- sigan operando a través de la amenaza de las des para la paz. armas a la vida de líderes u opositores La primera herencia política es políticos en general. Esta situación sosuna amplia opinión pública escéptiene el cierre al margen de oposición tica a que se lleve a cabo un procepolítica, acentuado durante Uribe Vélez. so de paz con la insurgencia. Uribe La restricción a la democracia es parte Vélez logró conformar un amplio de la herencia recibida por Santos. En el conjunto social que respaldaba su campo político, a mayores posibilidades política de guerra contra las guerride oposición, esto es, oportunidad de llas, casi que un odio visceral contra jugar con otras ideas, mayores posibililas Farc. En este sentido acentuó su dades de lograr la paz (en política esto desprestigio ante la opinión, dados no es una paradoja). los secuestros y acciones terroristas, enfatizó el fracaso en El Caguán, dando a entender que la vía negociada no era la salida, y sostuvo el La restricción a la democonvencimiento de que el triunfo cracia es parte de la herencia recibida por Santos. En el cammilitar era un hecho: “el fin del fin”. po político, a mayores posibiTal margen de opinión juega hoy día lidades de oposición, esto es, un papel fundamental en los costos oportunidad de jugar con otras políticos que le puede representar a ideas, mayores posibilidades Santos dar pasos hacia una negociaImagen de an54.com de lograr la paz ción. Puede interpretarse, como de La primera herencia política de Uribe es una amplia opinión pública hecho ha sucedido, de debilidad o escéptica a que se lleve a cabo un proceso de paz con la insurgencia. Por otro lado, no hay que olvidar de cesión de terreno que ya se había que los hechos de desplazamiento forconquistado3. zado, despojo de tierras y aniquilamienUna segunda herencia política es la reconfiguración del paramilitarismo en meterse a la justicia, para lo cual estarían dis- to de la organización social y de sus líderes, lo que se han denominado las “Bacrim” (ban- puestos a “interlocutar”. Este mensaje no deja además de responder a intereses económidas criminales). “La herencia que nos deja el de tener un halo de ambigüedad frente a gru- cos, se fraguaron en lógicas políticas de conpresidente Uribe son las Bacrim”, en palabras pos conformados por paramilitares desmovi- trol territorial. Así, el modo como se resuelva el tema de las víctimas será un indicador del expresidente Andrés Pastrana (El Nuevo lizados que reincidieron en la delincuencia4. Una tercera herencia es la parapolíti- sustancial de si existen o no condiciones para Siglo, 2011, 5 de febrero). Tal es el resultado de un proceso fallido de desmovilización ca. Este factor resulta determinante para un una paz duradera. El tema central, en este y sometimiento a la justicia de los paramili- proceso de negociación, pues es de suyo que caso, es el de la restitución a los campesinos tares en el marco de la Ley de Justicia y Paz. uno de los puntos de la agenda será el mar- de los millones de hectáreas despojadas y de El tratamiento que el Gobierno dé al fenóme- gen de participación política de ex guerrille- los bienes muebles e inmuebles, en el caso no de las “Bacrim” va a determinar en buena ros, en tanto es uno de los mecanismos que del desplazamiento urbano, acompañada de condiciones de seguridad para el retorno y la permanencia en los lugares de origen. De darse un proceso en este sentido tendrá repercusiones en la esfera política y social que, El tratamiento que el Gobierno Santos dé al fenómeno de las ‘Baademás de exigir sanar los odios, requerirá crim’ (la segunda herencia de Uribe), de maduración política frente al juego de va a determinar en buena parte que oposición de las ideas y los programas políla insurgencia se mueva o no hacia ticos. un proceso de desmovilización y Al menos una breve retrospectiva histódesarme rica puede ayudar a determinar este tipo de Imagen de elsalmonurbano.blogspot.com condicionamientos, y a ubicar los distintos

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escenarios para avanzar o no en negociaciones con las guerrillas. No se trata de la simple voluntad de las partes sino de factores políticos que escapan al control de los actores. No es fácil para Santos jugar en el escenario de la negociación arrastrando las herencias mencionadas aquí –y seguramente otras que se tendrían que incluir–. Mucho menos cuando, hasta el momento, el gobierno no ha planteado una política de paz que establezca el debate abierto ante la opinión, apenas han sido sugerencias y tanteos ambiguos y no un marco institucional que abra reales posibilidades para la negociación con las guerrillas, que parta de los condicionamientos políticos existentes. El actual gobierno deberá tener en cuenta que ninguna negociación arrojará resultados inmediatos y favorables a la paz mientras se sostenga al menos una de estas tres herencias; sería una negociación en el vacío. Superar las trabas para la paz que imponen las herencias de Uribe Vélez, requerirá de una gran habilidad política e institucional del gobierno Santos: ganar la opinión pública para que apoye la gestión de la paz sin que haga mella a su imagen como gobernante; poner en cintura a las Bacrim, reos ausentes de la Ley de Justicia y Paz; romper la restricción democrática, cumpliendo y haciendo cumplir las promesas de respeto a la oposición

política; resolver el problema de las víctimas, devolver sus tierras y establecer las garantías para que los campesinos permanezcan en sus territorios.

El actual gobierno deberá tener en cuenta que ninguna negociación arrojará resultados inmediatos y favorables a la paz mientras se sostenga al menos una de estas tres herencias: sería una negociación en el vacío .

Y no sólo eso. También habría que crear condiciones para que, en el mediano plazo, las guerrillas estén dispuestas a dar cumplimiento a lo requerido con tanto énfasis por Santos. La primera de éstas es la disponibilidad a la negociación por parte del gobierno y no simplemente exigir la desmovilización. Tal disposición debe asumir que se trata de negociar con actores que operan en lógica de guerra, de la que el gobierno también es partícipe; guerra que enmarca y sostiene eventos como el secuestro, la extorsión, la intimidación y el narcotráfico. Esas son las condiciones impuestas por la guerra, justamente las que se requieren superar en un proceso de negociación.

Referencias

• Andrés Felipe Arias, 2011, “Cero diálogo” en El Colombiano, Medellín, 12 de febrero. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cero_dialogo/cero_dialogo.asp Área de Memoria Histórica. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Línea de Investigación Tierra y Conflicto, 2009, El Despojo de Tierras y Territorios. Aproximación conceptual, Bogotá. • Clausewitz, Carl Von, 1832, De la Guerra. Disponible en: http://biblioteca.sivec.espe.edu.ec/upload/de_la_guerra_clausewitz.pdf • El Colombiano, 2011, “6 meses: ¿avance o retroceso?” en El Colombiano, Medellín, 5 de febrero. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/6/6_meses_%C2%BFavance_o_retroceso/6_meses_%C2%BFavance_o_retroceso.asp • El Espectador.com, 2008, “Gasto militar en Colombia, el más grande del continente” en El Espectador.com, Bogotá, 15 de abril. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo-gasto-militar-colombia-el-mas-altodel-continente • El Nuevo Siglo, 2011, “Pastrana: Bacrim son herencia de Uribe” en El Nuevo Siglo, Bogotá, 5 de febrero. Disponible en: http://elnuevosiglo.com.co/politica/politica-nacional/29781-pastrana-bacrim-son-herencia-de-uribe. html#comment-8365 • El Nuevo Siglo, 2011, “Santos: interlocución sólo para sometimiento de Bacrim” en El Nuevo Siglo, Bogotá, 12 de febrero. Disponible en: http://elnuevosiglo.com.co/nacion/orden-publico/30232-santos-interlocucion-solo-para-sometimiento-debacrim.html • Presidencia.gov.co, 2010, “Discurso de posesión del Presidente Juan Manuel Santos Calderón” en presidencia.gov.co, Bogotá, 7 de agosto. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Agosto/Paginas/20100807_15.aspx

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Notas 1 Discurso de posesión del Presidente Juan Manuel Santos Calderón: “A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Eso sí –insisto– sobre premisas inalterables: la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación. No es la exigencia caprichosa de un gobernante de turno. ¡Es el clamor de una Nación! Pero mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan cometiendo actos terroristas, mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, mientras sigan minando y contaminando los campos colombianos, seguiremos enfrentando a todos los violentos, sin excepción, con todo lo que esté a nuestro alcance” (Presidencia.gov.co, 2010) 2 “La Contraloría General reveló que el gasto militar en Colombia entre 2001 y 2007 representó en promedio el 4,7 por ciento del PIB, cifra muy por encima del promedio del continente, que en el mismo periodo de tiempo se ubicó en 1,6 por ciento”. Fragmento de noticia titulada “Gasto militar en Colombia, el más alto del continente” y publicada en El Espectador.com el 15 de abril de 2008. 3 “Seis meses son pocos para evaluar una gestión presidencial, pero constituyen un buen tiempo para reflexionar en torno a la necesidad de avanzar en esa seguridad y confianza que habíamos recuperado y sentimos que empezamos a perder”. Fragmento de noticia titulada “6 meses: ¿avance o retroceso?” y publicada en El Colombiano el 5 de febrero de 2011. “Así de simple. Con las Farc no debe haber diálogo. A esos criminales lo único que les procede es el peso y la presión de la Fuerza Pública legítima hasta que sean inclinados, derrotados y sometidos a la justicia”. Columna de Andrés Felipe Airas titulada “Cero diálogo” publicada el 12 de febrero de 2011 en El Colombiano. 4 “No hay negociación, hay interlocución para ver en qué términos y en qué condiciones se realiza ese sometimiento a la justicia por parte de estas bandas criminales’ afirmó desde Montería (Córdoba) el Jefe de Estado”. Fragmento de noticia titulada “Santos: interlocución sólo para sometimiento de Bacrim” y publicada el 12 de febrero de 2011 en El Nuevo Siglo.

*Fernando Sarmiento Santander Coordinador del equipo Inicitivas de Paz del CINEP/PPP

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Termómetro de Paz El gobierno Santos ha declarado en varias ocasiones que tiene la llave para abrir la puerta de la paz con los grupos armados. ¿Entramos en una época más proclive a la paz? Cien días entrevistó a cinco analistas de distintas corrientes de pensamiento para medir si, según los expertos, nos acercamos o nos alejamos a una posibilidad real en materia de diálogo. Por Lucía Camargo Rojas y Margareth Figueroa* Alfredo Rangel Analista de conflicto

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¿Cree que la opinión pública ha cambiado su percepción acerca de un posible diálogo con los grupos armados en este último año? ¿Cree que la opinión pública está lista para ver un diálogo de paz con los grupos armados? ¿Considera usted que luego de ocho años de seguridad democrática nos encontramos en un nuevo escenario del equilibrio de Fuerzas Militares y Políticas? ¿Qué implicaciones tiene eso en las condiciones de un nuevo diálogo con las FARC y el ELN? ¿Cree que las FARC y el ELN estarían dispuestos a establecer un diálogo de paz? ¿En qué condiciones? ¿Por qué?

Carlos Lozano Guillén Director Semanario Voz

María Victoria Llorente Directora Fundación Ideas para la Paz

Además de la ley de víctimas y tierras, ¿qué otras reformas considera usted necesarias para “aclimatar” un posible diálogo con los grupos armados?

Álvaro Leyva Durán

¿Cree que la ley de víctimas y tierras que está promoviendo el gobierno Santos le apuntan finalmente a la posibilidad de paz con los grupos armados, especialmente con las guerrillas? ¿Nota algún cambio en materia de paz y negociación con los grupos armados, especialmente con las guerrillas, en gobierno Santos con respecto a gobierno Uribe?

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Miembro del partido conservador

Carlos Medina Gallego Profesor asociado Universidad Nacional de Colombia

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Alfredo Rangel: Creo que en política de paz hay más continuidad que cambio entre Uribe y Santos. Considero que ha sido una política de Estado que ha permanecido intacta. Los dos mandatarios han dejado la puerta de los diálogos abierta para la guerrilla y han exigido las mismas condiciones para que los diálogos se ejecuten: cese unilateral de hostilidades, declaración inequívoca de su voluntad de abandonar la lucha armada, cese del secuestro y abandono del narcotráfico.

Álvaro Leyva Durán: Hay un cambio fundamental. En la administración Uribe se negó el conflicto interno, mientras que el gobierno Santos no lo ha hecho. Incluso, José Obdulio Gaviria escribió un libro dedicado a demostrar que en Colombia no había conflicto interno. Al negarlo, se evitó la aplicación del DIH y eso trajo todas las consecuencias propias de una confrontación sin reglas de juego como, por ejemplo, que se haya cometido tanta barbaridad so pretexto de que lo que había era exclusivamente terrorismo y delincuencia común. En cambio en el actual gobierno hay un mayor respeto por los derechos humanos y una intención de aplicar el DIH en la medida de lo posible, hechos que denotan la existencia de un conflicto interno. Eso implica que ya se están abriendo espacios a una solución distinta a la de las armas y, por lo tanto, que hay una puerta abierta antes inexistente. Ojalá se pueda hacer uso de ella. De hecho, para mí, desde que Uribe no gobierna todos los días son una posibilidad de diálogo.

Carlos Lozano Guillén: No existe ningún cambio de fondo, tal vez sí de forma, pero en lo fundamental Santos continúa la línea de guerra de la seguridad democrática. Su lenguaje es más prudente, a la vez que anuncia que tiene en la mano la llave de la paz para abrir la puerta cuando lo considere conveniente. Pero insiste en las mismas condiciones y exigencias a la guerrilla, cuando buena parte de la degradación del conflicto es atriCarlos Medina: Santos ha sido cuidadoso buible al Estado, cuya naturaleza ¿Nota algún en el manejo del tema de la paz. Sabe que tiene violenta es evidente. La salida cambio en materia de que tomar distancia de la postura radical del ex política negociada exige gestos paz y negociación con los presidente Uribe sin erosionar el nivel de legitirecíprocos y voluntad de ambas grupos armados, especialmidad con el que llegó al poder. Es consciente de partes. No es suficiente que el mente con las guerrillas, en que tiene detrás de sí importantes sectores de la presidente tenga una actitud más gobierno Santos con oposición de la extrema derecha que aspiran a que decente que la de su predecesor, respecto a gobierno no se produzcan diálogos con la guerrilla y a que se tiene que romper las ataduras a las Uribe? mantenga la estrategia de guerra que fue implemenpresiones uribistas y militaristas y la taba a través de la política de la seguridad democrática. herencia de los últimos ocho años. Pero creo que podría estar interesado en un proceso de paz si encuentra que hay voluntad explícita de María Victoria Llorente: No hay cambios fundamentalos grupos insurgentes, en particular de les en términos de las condiciones. Se mantiene el disla guerrilla de las Farc, para adelantar curso de Uribe en cuanto a que la guerrilla tiene que un diálogo que pueda llevarse a femostrar hechos. En eso Santos mantiene la misma liz término y que no genere falsas lógica. Pero sí ha habido un cambio muy imporexpectativas que posteriormente tante porque se ha des-radicalizado el ambientenga que pagar políticamente te. Además, hay una diferencia grande, y es que cuando, imagino, aspire a la el presidente aclaró que si va a haber un tema reelección. Por esa razón conde la paz, que yo todavía no lo veo muy claro, lo sidero que va a ser cauteloso y manejará él. Es decir, será una gestión exclusique va ir creando los consenva del presidente, distinto a como se manejó en sos y los acuerdos internos en el gobierno anterior. Eso permitirá no generarle el bloque de la Unidad Nacional ruido a los procesos, ni tantos intereses y persoque le permitan tomar decisiones nas con agendas propias que puedan interferir en al respecto de un posible proceso de cualquier eventualidad. paz.

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Álvaro Leyva Durán: No creo que esa haya sido la intención en el diseño. La ley de víctimas tiene que ver con el proceso de Uribe en torno a las llamadas fuerzas paramilitares y se desprende de la de Justicia y Paz. De tal manera que no corresponde a una visión dirigida a la solución con la guerrilla. Por su parte, la ley de tierras es una necesidad sentida con o sin guerrilla, con o sin paramilitares: devolver las tierras a sus dueños. En ese sentido, tampoco obedece directamente a una Carlos Lozano Guillén: La ley de víctimas y la ley de tiepolítica dirigida en el logro rras son parte de las reformas que generan condiciones de la paz. Esto no significa de salida política del conflicto, pero a pesar de ser paque no sea un instrumensos positivos, son insuficientes. La ley de tierras elude to útil, porque en el fonlo fundamental, que es la reforma agraria. Cualquier ¿Cree que la ley de do está aproximándose solución al problema de la tierra pasa por “tocar” víctimas y tierras que está a una de los puntos neula tenencia y la concentración de su propiedad. La promoviendo el gobierno rálgicos del conflicto: teexistencia del latifundio es una deuda histórica del Santos le apuntan finalmente nencia y uso de la tierra. capitalismo en Colombia con el campo y el conflicto a la posibilidad de paz con los De tal manera que si no armado. Y es precisamente lo que elude la llamada ley grupos armados, especialfue diseñada con el prode tierras con todo lo importante que significa quitarle mente con las guerrillas? pósito de lograr caminos las tierras a las mafias y devolverlas a sus dueños que hacia la paz no deja de ser un fueron víctimas del despojo. Por su parte, la ley de víctimas tema central que habrá que teafronta varios obstáculos que le impiden lograr sus objetivos: nerse en cuenta en el momento de la falta de garantías sociales y de seguridad para el retorno, el una posible negociación. no reconocimiento de los estándares internacionales en materia de reparación integral, la limitación en el universo de las víctimas, la auCarlos Medina: La ley de víctimas y la de tierras no contribuyen sencia de la consulta previa y de medidas que garanticen el acceso a a aclimatar el proceso de paz con las guerrillas. Por el contrario, van la verdad y la justicia, y la ley de sostenibilidad fiscal. a ser tomadas por los grupos armados como una razón más para deMaría Victoria Llorente: La ley de víctimas no se puede entender sarrollar sus guerras o como una bandera para adelantar procesos de como una ley para hacer la paz con los grupos armados. Se hace por- paz que busquen la mayor integralidad de las leyes y una profundidad que este país tiene una enorme cantide las mismas en la atención a las víctimas y a la distribución de la dad de víctimas con las que el propiedad de la tierra en el país. país tiene una deuda muy Estas dos leyes son un proceso de ajuste y de legitimación de grande. Creo que esa dos fenómenos que se produjeron en el desarrollo de la es una iniciativa de guerra paramilitar en los últimos años. La política de justicia social que restitución de tierras apenas devolverá dos millones pasa por encima de hectáreas de las 10 millones que fueron exprode la agenda de piadas a campesinos y medianos propietarios. Espaz con los grutos terrenos, además, van a ser difíciles de ocupar pos armados. porque van a contar con presiones de sus ex proEsa iniciativa no pietarios, que las adquirieron por la vía del testanecesariamente ferrato cualificado y de la guerra. Así, esta ley no va afecta la negociaa resolver ningún problema en materia de tierras y ción con los grupos. va a demandar a futuro una reforma agraria integral, Es más, no veo al país que sigue siendo bandera de los grupos insurgentes tanmuy inclinado a aceptar to de las Farc como el ELN. Por otro lado, aunque la ley de que el gobierno se siente a nevíctimas también busca en un proceso de reparación de la poblagociar una ley de víctimas con las Farc. ción que fue víctima de la violencia, tiene una gran discusión sobre los topes económicos y fiscales con que se puede llegar a la reparación, sobre la fecha a partir de la cual se reconoce la condición de víctima y sobre la misma condición de víctima que aún debe ser clarificada. Frente a los actores armados estas leyes no resuelven el problema sino que lo profundizan. Sin embargo, En ese sentido, frente a los actores armados estas leyes no rede alguna manera sanan una situación ante la opinión suelven el problema sino que lo profundizan. Sin embargo, de alguna pública manera sanan una situación ante la opinión pública. Alfredo Rangel: La ley de víctimas es una iniciativa del Estado colombiano para reparar el daño que los grupos armados irregulares han realizado contra la población civil. Esa ley de víctimas es una iniciativa que, a nivel internacional, no tiene ningún antecedente en la historia de los conflictos armados internos de las últimas décadas. Que se ejecute es independiente de la posibilidad de realizar diálogos con las guerrillas.

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Álvaro Leyva Durán: No creo que para poder solucionar el conflicto sea necesario “aclimatar”. La solución debe ser de carácter político con o sin secuestros y con o sin ley dirigida a favorecer a las víctimas. Pienso que es casi una equivocación pretender que para llegar a la paz hay que crear un ambiente distinto de la guerra. Lo Carlos Lozano Guillén: Se reAdemás de la ley de vícque hay que hacer, si uno quiere, es buscar la paz. quieren reformas políticas importimas y tierras, ¿qué otras ¿Cómo? Las circunstancias lo señalan. ¿Difícil? Difitantes, incluyendo el estatuto de reformas considera usted cilísimo pero esa es la obligación del Estado: lograr la oposición, es decir, las plenas necesarias para “aclimala paz y no mantenerse en pie de guerra. Y para logarantías para que los partidos tar” un posible diálogo grarla hay que lanzarse y buscarla y allanar los camiactúen en el escenario político en con los grupos nos. Esperar a que se den las condiciones subjetivas y igualdad de condiciones. Otras reforarmados? objetivas es una quimera. Pretender que para hablar de mas indispensables para lograr el Estapaz se requiera que no haya confrontación ni guerra es un do Social de Derecho son la participación contrasentido, porciudadana y la concertación, letra muerta en la que precisamente carta política de 1991. La obligación del Estado es lograr la paz y no mantenerse en pie de de lo que se trata María Victoria Llorente: En esas negociaciones hay dos agendas. guerra. Y para lograrla hay que lanzarse es de crear escenaUna es la de las reformas y la otra es la de los intereses individuales y buscarla y allanar los caminos. Esperar rios que eviten esa de quienes se están desmovilizando. Entonces, en esa agenda públi- a que se den las condiciones subjetivas y confrontación y esa ca hay varias consideraciones que no son solamente la de las reforguerra. objetivas es un quimera mas que el país requiere y los reclamos históricos de la guerrilla sino qué está dispuesta la sociedad a aceptar como agenda. Y eso pasa, Carlos Medina: No sé qué tipo de reformas podrían darse para obviamente, por qué tan legítimos son esos grupos para la sociedad. que se facilite un proceso, pero tendrían que ser el resultado de proActualmente en el ámbito nacional las Farc presentan una crisis de le- cesos de diálogo amplio de las comunidades afectadas, de la sociedad gitimidad. Entonces esa es una pregunta que no es fácil de responder civil y en general de la sociedad colombiana con el gobierno nacional. ni yo veo muy claro cuál sería esa agenda que el país aceptaría. Quizás En ese caso el gobierno debería hacer explícita su voluntad política el gobierno tendría que empeñarse en tratar de dilucidar cuál sería la de recoger las inquietudes de la población, actores armados y otros agenda posible. sectores de la sociedad para llegar a acuerdos consensuados. Alfredo Rangel: La oferta que ha hecho el gobierno es suficiente. Si la guerrilla está decidida a dejar las armas optará por la paz.

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Alfredo Rangel: Por lo pronto no hay ningún hecho que dé a entender que las Farc y el ELN estén dispuestos a aceptar las condiciones que pide el gobierno para poder asumir ese diálogo. Esta actitud de los grupos guerrilleros no es promisoria en el corto plazo. Mientras no se convenzan de que su debilitamiento es irreversible –y que además va a aumentar a medida que pase el tiempo– van a insistir en el camino de la fuerza y eso les va a restar posibilidades de llegar a una negociación fructífera.

Álvaro Leyva Durán: Estoy absolutamente convencido de que eso es así. Lo que pasa es que hay que buscar las condiciones y no anticiparlas. Naturalmente cada momento de la guerra lleva a una condición diferente a la que pudo haberse dado para adelantar unos diálogos hace un año. Lo que sí creo es que sin diálogo no hay paz. Y no veo cómo se pueda entrar a conversar si no se lanza uno a buscar el mecanismo para hacerlo. Por lo tanto, las circunstancias tienen que ver con el modo y los lugares. Llega un momento en que con una vocación de decisión desde el Estado, se buscarán los instrumentos propicios. Por eso hay que conversar. Si no hay una primera conversación todo lo demás es especulación.

Carlos Medina: Las Farc y el ELN han hecho explícito su interés de marchar hacia un proceso de paz que de una solución política del conflicto armado. Sin embargo, Carlos Lozano Guillén: No tienen alternativa. Pero como investigador, me preocupa identificar es indispensable que sea un verdadero diálogo en si esa voluntad explícita es real o si, por el donde ambas partes aseguren el pleno conocicontrario, constituye una herramienta miento del Derecho Internacional Humanitario de la lucha política pero no una salida al (DIH) a través de acciones iniciales como la conflicto. Las fuerzas insurgentes deben disminución de la intensidad del conflicto y ¿Cree que las FARC y el tomar la decisión explícita, en su interior, acuerdos humanitarios. El diálogo debe ser ELN estarían dispuestos de marchar hacia un proceso de paz que útil, constructivo y sin condiciones. El gobiera establecer un diálogo comprometa realmente a la organización no no debe exigir que el diálogo esté precedido de paz? ¿En qué condien la transformación de sus formas hacia de la desmovilización y otros inamovibles ni inciones? ¿Por qué? la lucha institucional y democrática en un sistir en que es la paz de los vencidos. abandono de la lucha armada y de la guerra. María Victoria Llorente: La lógica de que sentarse Creo que ese proceso no se ha dado al interior a negociar a cualquier precio se perdió después del Cade las organizaciones y que, por el contrario, todaguán. Aquí no volverá a haber ese escenario para la guerrilla. Ni vía tienen en alta estima la vía armada como instrumento el escenario de las negociaciones que se hicieron con las guerrillas a de la confrontación política. Por lo tanto, creo que ellos mantendrán principios de los 90 en los que se dio favorabilidad jurídica y políti- durante muchos años el discurso de la solución política negociada sin ca. El problema es cómo lograr encontrar unos incentivos políticos y que hayan tomado la decisión del abandono de las armas y que esos jurídicos adecuados, o que sean aceptables para estos grupos y para procesos de paz tendrían unas características específicas. el país, y una agenda política de interés para las Farc. Me parece que es muy difícil pero no imposible. Soy una convencida de que esa sigue siendo la salida por la cual tenemos que trabajar pero sin romanticismos, porque esto no es solamente una cosa de voluntades.

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Ahora el CINEP/ Programa por la Paz ofrece a los investigadores, estudiosos o interesados en temáticas de las Ciencias Sociales un archivo digital de prensa que recopila información sobre política, gobierno, derechos humanos, narcotráfico y sociedad y cultura. Quienes se suscriben al archivo pueden realizar búsquedas avanzadas por temas, lugares y periodos de tiempo y además, hacer análisis comparativos de 10 publicaciones colombianas recopiladas desde 1994 hasta la fecha. Para información general del sistema, costos y subscripciones comuníquese con el Sistema de Información General del CINEP, en el correo electrónico sig@cinep.org.co.

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Alfredo Rangel: Después de ocho años de seguridad democrática Álvaro Leyva Durán: No creo que haya un nuevo escenario del la correlación de fuerzas ha cambiado a favor del Estado y en contra equilibrio de Fuerzas Militares y políticas. Aquí lo que hay es un rede la guerrilla, situación que en este nuevo gobierno va a continuar. greso a la guerra de guerrillas clásica. Mientras que hay unos acomoEso coloca en manos del gobierno la posibilidad de realizar un diálogo damientos y unos desgastes. Esa es la guerra de baja intensidad de la en sus condiciones y no en las de la guerrilla. Así que la única que se hablaba antiguamente y que causa muertes, desorden, vioposibilidad que tienen los grupos armados es aceptar laciones de los derechos y el tránsito de los guerrilleros las condiciones puestas por el gobierno (en una y los alzados por todo el territorio nacional. agenda muy recortada con respecto a la del Ese desgaste no implica que se termine Caguán). Además, la guerrilla deberá acoel conflicto. Puede que se esté en otra fase, plarse a la exigencia del gobierno a abrir pero es el mismo conflicto y hay que recompromisos de verdad, justicia y repasolverlo no importa en qué fase se esté. ración que son ineludibles. Incluso, ciertos logros que se exhiben ¿Considera usted que luego como avances en seguridad tienen de ocho años de seguridad implicaciones en la manera como la democrática nos encontramos Después de ocho años guerrilla continúa. Por ejemplo, si en un nuevo escenario del equide seguridad democrática hoy las guerrillas secuestran menos librio de Fuerzas Militares y la correlación de fuerzas ha es porque tienen otros ingresos por el Políticas? ¿Qué implicaciones cambiado a favor del Estado y narcotráfico que, para mí, hoy es el nútiene eso en las condiciones en contra de la guerrilla, situacleo esencial del problema. El día en que de un nuevo diálogo con ción que en ese gobierno va a realmente se logre un diálogo real y se tolas FARC y el ELN? continuar. Eso coloca en manos del que el tema del narcotráfico se cambiaría la gobierno la posibilidad de realizar un correlación ya no de fuerzas sino de argumendiálogo en sus condiciones y no en las de la guerrila tos y discursos de toda esta confrontación armada.

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Carlos Lozano Guillén: Estamos en una nueva etapa del conflicto en la cual las causas siguen siendo las mismas y, como no se modificaron, el conflicto persiste. Lo que sí es evidente es que el marco del conflicto cambió porque ahora la iniciativa o la ofensiva la tiene el Gobierno. En ese sentido, la seguridad democrática le propinó duros golpes a la guerrilla, a pesar de que no logró su objetivo declarado de aplastarla.

María Victoria Llorente: Hoy en día las Fuerzas militares y de Policía sí están mucho mejor preparadas que hace quince años. Hay una ventaja muy grande e irreversible. El problema es que independiente de esa superioridad militar, que es absoluta y evidente, las Farc todavía tienen mucha capacidad de daño en muchas zonas del país. Pese al continuo asedio al que la organización está sometida, mantiene todavía una línea de mando que no es menor. Creería que si se termina de descomponer al secretariado la organización se dispersaría y probablemente se generaría un problema criminal grande. | www.cinep.org.co |

Carlos Medina: No. Creo que no hay un equilibrio de fuerzas militares y políticas sino una ventaja significativa del establecimiento, del gobierno y del Estado colombiano sobre la insurgencia y sobre otras fuerzas como resultado de los logros alcanzados por la política de seguridad democrática que aunque tiene todos los cuestionamientos del mundo, alcanzó éxitos significativos. Nadie va a desconocer que esta política fue una estrategia relativamente exitosa en la lucha contra el narcotráfico, la insurgencia y el paramilitarismo. Pero también generó nuevos fenómenos como la reingeniería de la guerrilla para poder enfrentar la nueva estrategia militar, el posconflicto paramilitar que se manifiesta a través de las bandas criminales y el surgimiento de un modelo neoparamilitar que se extiende por todo el país y que tiene mucha fuerza en las zonas donde el paramilitarismo fue muy fuerte. En ese sentido, creo que habrá necesidad de que se tomen en consideración esas circunstancias específicas del orden público para poder garantizar una atmósfera de diálogo en la cual las comunidades hagan explícita manifestación de las presiones que tienen de estos nuevos grupos. Además, creo es que es necesario construir un mapa de riesgos en términos de los grupos y bandas criminales y del neoparamilitarismo que esté articulado al mapa político nacional pero también al mapa de consolidación de los procesos de paz que se puedan ir construyendo. Áreas muy importantes del país deben contar con especial atención por parte de las instituciones de derechos humanos, los organismos internacionales y las brigadas de paz que ayuden a construir una atmósfera democrática de seguridad, de convivencia y de bienestar en las regiones para que sean centro de atención y desarrollo de procesos de paz. No. 72 | Abril - Julio 2011 |

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Paz

Alfredo Rangel: La opinión pública aceptaría hoy diálogos de paz siempre y cuando la guerrilla de pruebas indudables de que tiene la intención de abandonar la lucha armada y dejar la violencia para atacar a la sociedad civil y al Estado. Si diera ese paso creo que la opinión pública acogería con beneplácito la posibilidad de un diálogo de paz.

Álvaro Leyva Durán: Parte del problema nacional es que aquí se pone el termómetro a la opinión pública para establecer lo que hay que hacer, mientras que hay unas obligaciones de carácter moral y de certeza intelectual, en la medida en que uno tenga la seguridad de que se acerca al bien común, que tienen que estar más allá del termómetro de la opinión. Un hecho importante y lleno de jugosas noticias hace cambiar a la opinión pública, que es básicamente coyuntural. De tal manera que si se inician unas conversaciones secretas, por ejemplo, y llega un día en que aparecen todos los secuestrados, la opinión pública cambiaría de postura porque se le dio una buena noticia.

Carlos Lozano Guillén: Creo que sí. De hecho, hay sectores del establecimiento que se muestran proclives a los diálogos de paz pues son conscientes del fracaso de la seguridad democrática y reconocen la recomposición de las guerrillas, quienes han asimilado los golpes y aún tienen capacidad política y militar. Estos hechos contradicen la supuesta creación de un “Estado de opinión” belicista que se pro¿Cree que la opinión pública mueve a través ha cambiado su percepción de encuestas de acerca de un posible diálogo dudosa calidad con los grupos armados en científica. este último año? ¿Cree que

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Carlos Medina: La opinión pública no ha cambiado su percepción porque está atada a los medios de comunicación y sectores políticos que son absolutamente la opinión pública está lista contrarios a los para ver un diálogo de María Victoprocesos paz. La paz con los grupos ria Llorente: Creo opinión pública es armados? que hay dos niveles el ciudadano común y en cuanto a un posible corriente que se construye cambio de opinión. Uno es sobre el principio de la presión el nivel de los líderes de opinión. informativa de los medios y que no se ha Ahí se está empezando a hablar mucho de la negociación como una posible salida. Pero movido de la lógica de aversión a las Farc y a ese cambio no se da en la opinión pública ge- un posible proceso de paz. Creo que todavía neral. No hay nada que odien más los colom- pesan mucho los ocho años del gobierno del bianos que las Farc. En ese sentido, ha habido presidente Uribe en materia de opinión ciuun cambio en los líderes de opinión que no dadana frente al problema de los procesos de se refleja en la opinión generalizada. No creo paz. En ese sentido, hoy la opinión ciudadana que la opinión pública esté lista para ver un no vería con buenos ojos un proceso de diádiálogo de paz. Hay que hacer una tarea de logo. Para lograrlo, habría que hacer una pepreparación en la que los líderes de opinión dagogía de medios muy fuerte que retomara ayuden a empezar a generar la conciencia. el entusiasmo de la ciudadanía hacia un proTodavía está en el ambiente el modo uribista ceso de paz. Hay que educar a la opinión ciude catalogar a esas organizaciones y eso hay dadana, al ciudadano de a pie que todavía no está preparado para encontrarse con eso. que superarlo.

No creo que la opinión pública esté lista para ver un diálogo de paz. Hay que hacer una tarea de preparación en la que los líderes de opinión ayuden a empezar a generar conciencia. Todavía está en el ambiente el morbo uribista de catalogar a esas organizaciones y eso hay que superarlo .

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*Lucía Camargo Rojas y Margareth Figueroa Equipo de Comunicación del CINEP/PPP

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Derechos Humanos

Cavilaciones sobre Derechos Humanos El director del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP hace un recuento de los asesinatos a líderes por el tema de restitución de tierras y las amenazas que están en curso. Panorama desolador sobre la suerte de la ley de tierras y la reparación a las víctimas. Por Alejandro Angulo, S.J*

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Sabía usted que...

… el 24 de noviembre de 2010 Óscar Maussa, líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan), fue asesinado en la vereda Cañito (San Juan Nepomuceno, Bolívar). Óscar y otros miembros de Cootragroblan adelantaban acciones de reclamación de tierras. Hecho que se relaciona con el desplazamiento forzoso que sufrieron, entre 1996 y 1998, 12 familias socias de la misma cooperativa, junto con numerosos hogares del corregimiento de Blanquicet (Turbo, Antioquia). Los grupos paramilitares “Águilas Negras” y “Autodefensas Gaitanistas” se encargaron de sacarlos de la región con el fin de apropiarse de sus tierras... … el 30 de octubre de 2010 Elizabeth Silva Aguilar, líder y presidenta de la junta de acción comunal del asentamiento humano Villas de Girardot, Bucaramanga, fue asesinada por paramilitares. Era dirigente del Polo Democrático Alternativo. En el terreno de Villas de Girardot, que seis meses atrás era considerado como una reserva forestal y de protección para el medio ambiente de la ciudad y su área metropolitana, se asentaron decenas de familias desplazadas. El 22 de junio de 2010 fueron asesinados tres integrantes de la Coordinación Nacional de Desplazados, sede Bucaramanga. La prensa local reportó el crimen como un “encuentro entre bandas”… …el 11 de octubre de 2010 fue asesinada Ana María Moreno, representante legal del

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Consejo Comunitario Local de Astí (Acandí, Chocó) y miembro de la Junta Directiva del Consejo Mayor. Tenía marido y diez hijos. Ese mismo día se recibió una llamada telefónica en el Consejo, se escuchó el sonido de una motosierra y una voz que amenazaba con picar a los representantes legales negros de Acandí (Chocó). El resultado neto de las amenazas fue el desplazamiento de tres familias. Los demás hogares de los corregimientos aledaños están a la expectativa de la respuesta por parte del Estado a fin de saber si permanecen o también se tienen que desplazar… …el mismo día un grupo armado asesinó a José Omar Salazar, a su esposa Deisy y a su hijo de 16 años de edad, quienes eran desplazados del departamento del Cauca. La familia había recibido la tierra de manos del Instituto de Desarrollo Rural (Incoder) hacía

... el mismo día un grupo armado asesinó a José Omar Salazar, a su esposa Deisy y a su hijo de 16 años de edad, quienes eran desplazados del departamento del Cauca. La familia había recibido la tierra de manos del Incoder .

dos años, en la finca Pinares, vereda El Retiro, inspección de policía Albán (El Cairo, Norte del Valle)…

…el 27 de septiembre de 2010 un grupo armado asesinó a tiros al líder de comunidades desplazadas de Saravena, Édgar Bohorquez Palma, e hirieron a su hijo Edwin Eduardo de cuatro años de edad. Bohórquez, quien había recibido amenazas de muerte, presidía la Asociación de Desplazados Unidos del Sarare (Arauca)… No. 72 | Abril - Julio 2011 |

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Derechos Humanos

…el 17 de septiembre de 2010 Sara Rodríguez, líder de la invasión Torre de Molinos y desplazada por la violencia del departamento de Arauca desde hacía tres años, fue asesinada por un paramilitar cuando salía de su residencia, hacia las 8:20 a.m. Rodríguez había dado a conocer a la Fiscalía que estaba amenazada. Tenía tres hijos: uno de 19, otro 14 y otro de cinco años…

…el 28 de agosto de 2010 se encontraron los cadáveres del concejal Ramiro Inampuez, líder indígena de Guachucal (Nariño) y de su esposa María Elena Galindez. Las víctimas se hallaban desaparecidas desde el 26 de agosto. Inampuez, conocido como el “Taita Ramiro”, fue gobernador del Resguardo Guachucal, se había postulado al Senado por el Movimiento Alianza Social Indígena y se estaba preparando para negociar con el Gobierno Nacional la tenencia de tierras para los cabildos en esta región… Ramiro Imapuez Líder indígena asesinado en agosto de 2010

…el 19 de agosto de 2010, Beto Ufo, dirigente campesino de la organización de desplazados Nueva Florida (Cauca), fue asesinado. Aunque Ufo tenía medidas de protección desapareció desde el 17 de agosto. La última vez se lo vio salir de una finca ocupada por 10 familias desplazadas. Eran horas de la mañana e iba a realizar sus labores agrícolas… …el mismo día, los miembros de la subdirectiva de la Asociación Agraria de Santander (Asogras), seccional Sabana de Torres,

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Hernando Pérez Líder de la Asociación de Víctimas por la Restitución de tierras

Imagen de El Colombiano

… el 21 de septiembre de 2010 Hernando Pérez, líder de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes de Urabá, fue asesinado por paramilitares (Águilas Negras) en el corregimiento El Totumo (Turbo, Antioquia). Pérez pretendía la restitución de tierras que les habían sido robadas, en el año 1994, por el paramilitar Carlos Ardila. Pérez es el séptimo homicidio en ese latrocinio…

fueron amenazados, mediante un panfleto, por paramilitares de la Autodefensa Central Independiente del Sur de Bolívar…

… el 22 de julio de 2010 Alex Gonzáles y una persona que lo acompañaba fueron asesinados en la vereda El Tamboral, Consejo Comunitario de Mindala, municipio de Suárez (Cauca). Gonzáles buscaba evitar el desalojo de un pedazo del territorio del Consejo Comunitario en La Toma (Suárez). Varias familias iban a ser desplazadas del lugar porque se había aprobado que el terreno fuera usado para explotación minera.…

Alex Gonzáles buscaba evitar el desalojo de un pedazo del territorio del Consejo Comunitario en La Toma (Suárez). Varias familias iba a ser desplazadas del lugar porque se había aprobado que el terreno fuera usado para explotación minera .

…el 17 de julio de 2010 Jair Murillo, un activista afrocolombiano, miembro de la Fundación Integral Pacífico Nariñense (Fipan) y líder de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), fue asesinado por paramilitares. Murillo estaba coordinando la movilización de organizaciones de desplazados para participar en una marcha hacia Bogotá. A fines de mayo, las Águilas Negras señalaron a Fipan como una de las 16 organizaciones afrocolombianas “objetivos militares”…

…el 3 de julio 2010 Rigoberto Ramírez Hernández fue asesinado en el corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú. Eran las 6:30 pm y se encontraba en la puerta de su residencia, ubicada en un humilde rancho del

barrio La Divina Pastora, comuna 9. El hombre no tenía un oficio fijo y recibía el subsidio que el gobierno le otorgaba por su situación de desplazamiento. Según un familiar, Rigoberto tenía problemas por una parcela que adquirió en el corregimiento de Carmen de Tonchalá, donde había sembrado hortalizas para vender. En varias oportunidades personas de la región lo amenazaron con enviarle a los paramilitares con el fin de quitarle sus predios

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Se enteró, además, de que

…el 22 de diciembre de 2010 el líder campesino Rigoberto González Moreno fue amenazado de muerte. Gonzáles hace parte de un grupo de defensores de derechos humanos que ha sido víctima de hostigamiento permanente por parte de algunos militares y paramilitares…

…el 12 de noviembre de 2010, en el caserío Llano Rico (Carmen del Darién), un paramilitar se acercó a Guillermo Díaz, integrante del consejo menor comunitario y habitante de la Zona Humanitaria “Argenito Diaz”, para intimidarlo y advertirle “puede que esté rodeado de Ejército, pero cuando le toca, le toca”. El 21 de noviembre, el mayor Pérez, comandante de tareas de la brigada 15 con sede en Riosucio, Chocó, se comunicó con el campesino Guillermo Díaz y le notificó: “solo se le va a acompañar cuando vaya a reuniones y a trabajos comunitarios a Llano Rico, nada más, a otras vueltas, nada”…

…el 25 de octubre de 2010, en el barrio Obrero, paramilitares en motocicleta hirieron a bala a Fernando Enamorado, miembro de la junta directiva de la Asociación de Víc-

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timas para la Restitución de Tierras y Bienes en Urabá, Asovirestibi (Chocó). El líder adelantaba un proceso de reclamación de 70 hectáreas en el corregimiento Pueblo Nuevo de Necoclí. Los terrenos habían sido usurpados por paramilitares del bloque Élmer Cárdenas de las AUC y hoy están en manos de algunos terratenientes. Por este caso, Fernando Enamorado había denunciado amenazas y solicitado protección de las autoridades…

…el 25 de octubre de 2010 funcionarios del DAS detuvieron por dos días al dirigente campesino, Carlos Julio Delgado, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Aquenque y miembro de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, Aheramigua, (Santa Rosa del Sur, Bolívar). El campesino fue acusado de haber secuestrado y extorsionado en Bucaramanga, ciudad en donde él nunca había estado en su vida… Carlos Julio Delgado Dirigente campesino acusado y detenido arbitrariamente en 2010

…el 20 de septiembre de 2010 paramilitares amenazaron al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Camilo Daza (Cúcuta, Norte de Santander) quien debió salir del lugar para salvarse. Las amenazas llegaron cinco días después del asesinato de Sara Rodríguez (líder de la invasión Torre de Molinos)… …el 12 de septiembre 2010, cerca de 20 familias habitantes del corregimiento Santafé de Ralito, fueron amenazadas por paramilitares quienes las acusaron, sin más, de hechos de los cuales nunca fueron partícipes y les advirtieron que podrían salir ‘perjudicadas’. El abuso originó el desplazamiento forzado de las familias

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Sin lugar a dudas …la guerra colombiana es una guerra civil, porque se mantiene dentro de los límites del país y dentro de las regiones agrícolas… | www.cinep.org.co |

Foto: Oriol Segón

La guerra colombiana ha dejado, mal contados, 2.682 cadáveres de promedio anual durante los últimos 31 años, para un total aproximado de 83.150 muertos en combate o por homicidio cobarde y a sangre fría.

…es una lucha social agraria porque lo que está en disputa es la posesión de la tierra…

…ha sido negada como guerra, por la mitad de los colombianos… …tres quintas partes de la población no participan directamente en la matanza…

…es una contienda sangrienta de ricos armados contra pobres inermes, que ha dejado, mal contados, 2.682 cadáveres de promedio anual, durante los últimos 31 años, para un total aproximado de 83.150 muertos en combate o por homicidio cobarde y a sangre fría perpetrado por todos los pistoleros de distinto pelaje que están rapándose los enormes recursos del país… …el narcotráfico ha servido, entre otras cosas, para aceitar esa guerra, gracias a que muchos de nuestros dirigentes y sus compinches creyeron que se podían lucrar con ese negocio triple de cocaína, rifles y personas… …ese conflicto social armado y ese narcotráfico han puesto en jaque la eficacia y la confiabilidad del Ejército y la Policía, han acorralado y vencido a sectores amplios del sistema de justicia y han impregnado todas las capas de la política y de la economía…

…ese sistema de fechorías impunes está rindiendo jugosos dividendos a pequeños grupos del país, conectados con poderosos grupos del mundo, todos los cuales se valen de las debilidades de nuestras estructuras políticas para entrar a saco en las riquezas mineras y agrícolas de Colombia y de los demás países pobres… …la transformación de esa rapiña de tierras hoy como ayer ha seguido cosechando víctimas.

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No es, entonces, lícito preguntarse …

… ¿Cuál será la suerte de los pueblos desplazados? ¿Cuál será la suerte de la Ley de Tierras? ¿Cuál será la reparación real a las víctimas? ¿Cuál será la sanción ejemplar a los ladrones de tierras y a sus mandantes? ¿Colombia será viable algún día?

Referencias

• CINEP/PPP, Noche y niebla, No 42, julio-diciembre de 2010.

*Alejandro Angulo, S.J. Director del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP No. 72 | Abril - Julio 2011 |

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Derechos Humanos

Auto 092 en aprietos En 2008 la Corte Constitucional emitió el Auto 092 para reconocer a las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y crear programas para responder a sus necesidades particulares. Un estudio del CINEP/PPP y otras organizaciones analiza qué tanto se han cumplido las órdenes de la entidad judicial en el Oriente Antioqueño y concluye que las medidas no se están ejecutando de manera satisfactoria. Por Vera Samudio*

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n el año 2004, tras recibir numerosas tutelas de personas víctimas de desplazamiento forzado, la Corte Constitucional reconoció la situación de vulnerabilidad en la que miles de familias colombianas se encontraban luego de ser expulsadas de sus territorios de manera violenta. Mediante la Sentencia T-025, esta alta Corporación declaró un estado de cosas inconstitucional, y demandó la necesidad de crear unas políticas públicas adecuadas a la problemática. Esta sentencia proporcionó a las víctimas de desplazamiento en el país una esperanza para el mejoramiento de sus vidas y, además, ha sido periódicamente revisada por la Corte, entidad que de manera paulatina ha expedido diversos autos de seguimiento que procuran mantener una óptica diferencial capaz de atender cada uno de los problemas de quienes han padecido este flagelo. Mediante la expedición del Auto 092 de 2008 la Corte Constitucional no sólo reconoció que las mujeres víctimas de desplazamiento forzado tienen dificultades particulares sino que, además, ordenó la creación de dos presunciones constitucionales y la implementación de 13 programas para cu-

Se trata de uno de los asuntos más sensibles para las mujeres, quienes históricamente han debido sufrir dificultades para que sus bienes les sean reconocidos como propios .

brir tales afectaciones. A partir de este pronunciamiento se creó la Mesa Nacional de seguimiento al Auto 092, constituida por

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El entusiasmo de las mujeres fue disminuyendo cuando fue evidente que las medidas proporcionadas por el Auto 092 no se estaban implementando debidamente ni respondían a la altura de la problemática.

organizaciones sociales y de víctimas que no tardaron en realizar diversos ejercicios de seguimiento. Adicionalmente, mujeres y líderes de las regiones se encargaron de efectuar balances sobre las implicaciones y los efectos positivos de tales órdenes para la vida de las víctimas y sus familias. Sin embargo, con el paso del tiempo fue evidente que las medidas no se estaban ejecutando de manera satisfactoria. La realidad mostraba que pese a la intencionalidad de la Corte, Acción Social, como responsable de la implementación de estas disposiciones, no

respondía con la altura que merecía la problemática y, en ese sentido, el entusiasmo fue disminuyendo. En este contexto, el CINEP/ Programa por la Paz, junto con el Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Oriente y 10 asociaciones de víctimas del Oriente Antioqueño1, se dieron a la tarea de hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de este Auto en la región2, con el fin de enterar a la Corte sobre la realidad que viven las mujeres víctimas de desplazamiento forzado en sus propias comunidades, en relación a cuatro

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Las mujeres víctimas de desplazamiento tienen obstáculos en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno.

temas de los que la entidad judicial incluyó en su pronunciamiento y que por considerarse sensibles en el territorio merecían una atención especial: En primer lugar, la existencia de obstáculos en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno y reubicación. Se trata de uno de los asuntos más sensibles para las mujeres, quienes históricamente han debido sufrir dificultades para que sus bienes les sean reconocidos como propios. De acuerdo con la Corte esta situación se agrava de manera sustancial cuando son víctimas de desplazamiento forzado. En segundo lugar, la presencia de funcionarios no capacitados para atender a las mujeres desplazadas, o que son abiertamente hostiles e insensibles a su situación. En otras palabras, las dificultades que enfrentan diariamente las víctimas para acceder al sistema de atención del Estado, entre otras cosas, por la displicencia con la que son tratadas por los funcionarios que perciben en esta población cargas adicionales y molestias en su quehacer laboral. En tercer lugar, la existencia de problemas específicos con el tipo de acompañamiento psicosocial que implementa el Estado y del cual se espera, además de una atención de calidad, un esfuerzo por la reconstrucción del tejido social violentado por la guerra.

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Por último, el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por actores armados o de otro tipo de amenazas en un contexto de guerra que no cesa, y que mantiene expuestas a las familias víctimas de desplazamiento forzado. Para realizar el seguimiento, se implementaron 501 encuestas que permitieran inferir la percepción de la población sobre su situación actual y sobre la efectividad del gobierno nacional a la hora de implementar los programas. Además, las asesoras psicosociales del equipo del CINEP/Programa por la Paz, entrevistaron a varias mujeres en situación de desplazamiento. A partir de la recolección de esta información, fue posible conocer cómo perciben las mujeres víctimas su situación fáctica en estos campos y cómo evalúan el desempeño del gobierno en relación al cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional.

Los resultados

Se destacan dos hallazgos importantes dentro de este estudio. De un lado, las mujeres

afirmaron que el Estado no ha cumplido con las obligaciones impuestas por la Corte en los temas tratados. En primer lugar, la mayoría señalaron desconocer la existencia de los programas que implementa el gobierno. En cambio, quienes aseguraron haber escuchado por algún medio sobre proyectos que perseguían fines similares, sólo admitieron tener conocimiento de algunos procesos relacionados con la atención psicosocial y sobre el mejoramiento de la capacidad de los funcionarios para atenderlas. Sin embargo, no los identificaron como resultado de la ejecución de los programas exigidos por la entidad judicial, sino como producto de acciones localizadas por las administraciones municipales y la intervención de proyectos de organizaciones no gubernamentales. De otro lado, y lo que resulta más preocupante, las mujeres víctimas de desplazamiento forzado confirman que, para los cuatro temas indagados, la situación que planteó en 2008 la Corte Constitucional en términos de vulneración de derechos actualmente sigue viviéndose con inclemencia en estos municipios del Oriente Antioqueño, a pesar de que ya han pasado casi tres años de la creación del Auto 092. Imagen de CINEP/PPP

Imagen de diarioinfo.com

Derechos Humanos

Las mujeres afirmaron que el Estado no ha cumplido con las obligaciones impuestas por la Corte en cuanto al acceso a la tierra, el acompañamiento psicosocial y el reclutamiento de sus hijos.

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Derechos Humanos

Así, para el caso de tierras, el 54% de mujeres afirmaron que no poseían terrenos antes de que ocurriera el hecho violento. Mientras que del 43% que consideraron ser titulares de predios, sólo un 25% aseguraron haber sido beneficiadas por las medidas de protección de tierras abandonadas por el desplazamiento. Estos datos no sólo evidencian cómo las mujeres históricamente no han tenido un acceso adecuado a tierras sino cómo las que sí han sido titulares actualmente se encuentran desprotegidas en sus derechos.

Imagen de CINEP/PPP

No hay una respuesta del gobierno atinada a las necesidades de las mujeres víctimas de la población des. plazada

En cambio, las mujeres encuestadas dividieron sus apreciaciones en relación a la capacidad de los funcionarios públicos para El 98% de la población consultada en el estudio del CINEP/PPP junto con otras organizaciones, reconoce la brindar una adecuada atención a las vícpresencia de afectaciones psicosociales como consecuencia de la guerra. timas. El 50% consideró que el trato de los funcionarios es satisfactorio, el 17% se siente medianamente satisfecho y el 33% está com- programas de este tipo en su comunidad del riesgo que corren los hijos e hijas de pletamente insatisfecho. Así, aunque en un (38% del total) se muestra satisfecho. Aquí ser reclutados de manera forzada. En este principio se perciben algunas mejorías al res- también se evidencian grandes variaciones caso, el 12 % de las mujeres señalaron copecto, una vez se examinan los datos en cada entre los municipios estudiados. Sin embar- nocer casos de reclutamientos en su counidad local, se hace evidente que los aportes go, en este caso son más nítidos los factores munidad y el 20% siente temor de que ese a las cifras positivas vienen de pocos munici- intervinientes en estos porcentajes. Algunas hecho pueda ocurrirle a sus niños. Los dapios, por lo que no se trata de una evaluación acciones puntuales en salud mental con enfo- tos evidencian la existencia de un conflicto que comprometa proporcionalmente al grue- ques psicologistas, que han sido financiadas armado vigente y causante de nuevos desso de los funcionarios. Por eso se le preguntó desde las administraciones municipales, y la plazamientos, situación que ha sido negada a las organizaciones de víctimas participan- presencia de organizaciones no gubernamen- por la administración Uribe y desdibujada tes del estudio sobre estas variaciones. Las tales que hacen este tipo de acompañamien- con el no reconocimiento de los grupos pacolectividades explicaron que la apreciación to, permean la percepción de las mujeres ramilitares existentes, denominados por de las mujeres no se enfoca en analizar pro- permitiendo que se constituyan tales datos. el actual gobierno Santos como Bacrim gramas específicos Con todo lo anterior, (ver artículo “¿Qué tan nuevas son las banque tiendan a un menotando que se trata das criminales?”en esta misma edición). Los hijos e hijas de las mujeres de acciones no genejoramiento sino más bien, a la personali- corren el riesgo de ser reclutados de ralizables, con con- Reflexiones dad y el carisma que manera forzada. El 12 % de las en- tenidos y niveles de cuestadas señalaron conocer casos de cobertura dispares y Es posible señalar, entonces, que las órdenes proyectan algunos reclutamientos en su comunidad y el funcionarios y que 20% siente temor de que ese hecho que no atienden los emitidas por la Corte Constitucional para relas víctimas perciben criterios mínimos solver las problemáticas planteadas en cada pueda ocurrirle a sus niños satisfactoriamente. exigidos por la Cor- uno de los temas analizados, aún no han sido Un panorama te para cada uno de cumplidas en el Oriente Antioqueño. Al pasimilar se presenta al analizar la información estos programas, es posible señalar que no recer, actualmente las mujeres víctimas de sobre acompañamiento y atención psico- hay una respuesta del gobierno atinada a las desplazamiento forzado reciben del gobierno social. Mientras que el 98% de la población necesidades de las mujeres víctimas de la po- una serie de acciones poco coherentes entre consultada reconoce la presencia de afecta- blación desplazada. sí, desarticuladas, disímiles en el territorio y ciones psicosociales como consecuencia de El último tema analizado durante este que, en algunos casos, activan nuevas formas la guerra, el 78% de quienes dicen conocer estudio merece atención aparte. Se trata de victimización.

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Desde este reconocimiento del estado de las cosas, se hace urgente plantear la necesidad de hacer una revisión integral de las políticas implementadas para la atención a las mujeres víctimas de desplazamiento, de tal suerte que sea posible construir un camino que permita el goce efectivo de sus derechos. Si se realizara un análisis profundo de las acciones que ha desarrollado el Estado desde el reconocimiento de las realidades que vive diariamente esta población se podría ser más efectivo en la creación e implementación de mejores políticas públicas.

Desde este reconocimiento del estado de las cosas, se hace urgente plantear la necesidad de hacer una revisión integral de las políticas implementadas para la atención a las mujeres víctimas de desplazamiento, de tal suerte que sea posible construir un camino que permita el goce efectivo de sus derechos .

Frente a los temas planteados y los resultados obtenidos, urge crear mecanismos diferenciados en los planes de reubicación y retorno en los que se comprenda cómo estas mujeres están rehaciendo sus vidas y la de sus familias por lo que deben tener garantía de que el fruto de sus esfuerzos de hoy podrá ser mantenido a futuro. También se hace evidente la necesidad de que el sistema de atención que se implemente desde el Estado cuente con funcionarios con una preparación espe-

cializada, gran compromiso humano y una capacitación idónea para desempeñar su cargo. Adicionalmente, es necesario comprender que las afectaciones psicosociales causadas por la guerra no se solucionan con intervenciones psicológicas puntuales y aisladas. El resquebrajamiento de las redes sociales, comunitarias y familiares exige un proceso de acompañamiento que comprenda acciones de reconstrucción del tejido social, en un marco de realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Por último, la implementación de medidas efectivas de no repetición, centradas en el desmantelamiento de las estructuras paramilitares hoy existentes y en una debida observación por parte de la fuerza pública de las normas internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario disminuiría significativamente el riesgo de reclutamiento de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado. El análisis crítico de cada una de las políticas impuestas, el reconocimiento de los equívocos previos y la escucha permanente a las propuestas de las víctimas, son elementos indispensables para un encausamiento de la obligación del Estado por atender, proteger y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado colombiano. Solo un enfoque comprensivo e integral en la concepción de la atención a las mujeres víctimas, enmarcado en la realización plena de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral puede forjar caminos seguros para alcanzar una paz duradera.

Referencias • CINEP/PPP, 2011, Informe de seguimiento al cumplimiento del Auto 092 de 2008 – Oriente Antioqueño. Disponible en: http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org. co/files/Informe%20de%20Seguimiento%20 al%20Auto%20092%20de%202008.pdf • Corte Constitucional, Auto 092 de 2008. Disponible en: http://www.observatoriogenero.org/DDV/ Auto092.pdf • Corte Constitucional, Sentencia T025 de 2004. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/ relatoria/2004/t-025-04.htm

Notas sociaciones participantes: 1)Asociación de A Víctimas Renovando Huellas del municipio de San Vicente; 2) Asociación de Víctimas de San Rafael (ASOVIS); 3) Asociación de Víctimas de la Violencia del Municipio de Cocorná (AVVIC); 4) Asociación de Víctimas del Municipio de Granada (ASOVIDA) y Asociación de desplazados por la Violencia del Municipio de Granada; 5) Asociación De Víctimas Caminos de Esperanza del municipio de Argelia; 6) Asociación de Víctimas de La Violencia del Carmen de Viboral: Volviendo a vivir en la Esperanza por la Paz y la Verdad; 7) Asociación por el restablecimiento de la dignidad de las Víctimas del Municipio de El Santuario (ARPADIVISA); 8) Asociación de Víctimas de la Violencia del Municipio de La Unión Revivir una Nueva Esperanza; 9) Soñando por nuestro pueblo: Asociación de Víctimas del Municipio de Nariño y 10) Asociación de víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón. 2 Este estudio se realizó en el marco del Proyecto “Reconciliación y Subjetividades” desarrollado por el CINEP/ Programa por la Paz y fue financiado por la Unión Europea, Intermón Oxfam, Oxfam Novib y Broederlijk Denle en los municipios del Oriente Antioqueño: San Vicente, San Rafael, Cocorná, Granada, Argelia, Cármen de Viboral (Vereda La Esperanza), el Santuario, la Unión, Nariño y Sonsón. 1

*Vera Samudio Miembro del equipo Reconciliación y reconstrucción de subjetividades del CINEP/PPP

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Movimientos Sociales

Quítate de la vía Perico… Una mirada a algunas luchas emprendidas por pueblos indígenas que han puesto en cuestión los modos de explotación de los recursos naturales promovidos por planes nacionales de desarrollo. Las locomotoras que definirán el rumbo del país parecen desconocer cómo el sector minero energético ha arrasado territorios y culturas indígenas.

“Quítate de la vía Perico, fíjate que ahí viene el tren… y luego no vayas a decir que no te lo advirtieron… si yo llego a saber que Perico era sordo, paro el tren, y no mato a Perico...” Ismael Rivera

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egresa el tren como ícono del crecimiento económico, gracias al recurso metafórico del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno que nos habla de cinco locomotoras que definirán el rumbo de la economía del país en los próximos años. El cine sobre la conquista del lejano oeste norteamericano alabó, como ninguno, el ferrocarril como indicio de la llegada de la civilización y la modernidad a unas tierras de nadie, habitadas por aguerridos indígenas y plagadas de oro, donde se desplegó una feroz disputa por su apropiación. Fiebre del oro y ferrocarril corrieron parejas en una historia contada a retazos en la que la idea de progreso encubrió tanto la aniquilación de pueblos indígenas como su lucha por no permitirlo. En el último decenio hemos padecido en el país, no solo fiebre de oro, sino fiebre de convertir la extracción de recursos naturales en la vía hacia el desarrollo1, ofertando las “ventajas naturales” en el mercado internacional, tal como lo expresó el Plan de desarrollo minero, planteado por el gobierno de Uribe Vélez en 2006 (Ministerio de Minas y Energía, 2006). En ese documento se establecieron estrategias tales como “invitar a los inversionistas extranjeros a entrar más agresivamente al país” (Beltrán, 2006) y mejorar la competitividad, para convertir a Colombia en uno de los tres destinos latinoamericanos de preferencia de las inversiones mineras in-

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Imagen de The New York Times

Por Martha Cecilia García*

Las locomotoras que definirán el rumbo de Colombia parecen desconocer cómo el sector minero energético ha arrasado territorios y culturas indígenas en los cuatro puntos cardinales del país.

ternacionales, lo que implica cubrir el 75% del territorio con exploración geológica y mejorar la infraestructura de transporte para la exportación de productos mineros y la conectividad regional, nacional e internacional. Por los cuatro puntos cardinales, y junto a esta fiebre de desarrollo minero-energético que ha venido acompañada de historias de arrasamiento, ocurrieron estelas de movilizaciones sociales que tuvieron fuerza para poner en cuestión los modos de explotación de los recursos naturales –como el agua, los hidrocarburos y diversos minerales– y la mercantilización de la naturaleza. Estas protestas buscaron evidenciar la existencia de

concepciones contrapuestas alrededor de la relación entre seres humanos y naturaleza, y demandar del sistema judicial la defensa de derechos económicos, sociales, culturales y colectivos consagrados en la Constitución Nacional de 1991.

La armonía del mundo azul U’wa contra “la energía que el mundo necesita”

La lucha del pueblo U’wa (Arenas, 2004 y Serje, 2003), la gente que sí sabe hablar, canta sus mitos y preserva la armonía del mundo

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territorios ancestrales a través de la explotación de gas en el pozo Gibraltar 3, por parte de Ecopetrol y de dos megaproyectos que el Gobierno pretende implementar allí: la construcción de una carretera binacional que comunicará Colombia con Venezuela y atravesará el corazón del Resguardo indígena, y la propuesta de impulsar el ecoturismo en el Parque Nacional del Cocuy, iniciativa que desembocará en la invasión e irrespeto a sus sitios sagrados.

El canto a la unidad Grancolombiana contra los Wayúu

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azul contra la búsqueda “de la energía que referían a la consulta previa, la pervivencia de el mundo necesita”2 emprendida por la Oxy, los pueblos indígenas y el respeto a su autonoen sus territorios tradicionales, se inició en mía. En agosto de 1999, el gobierno entregó a 1995 y aún no termina. El argumento central los U’wa la resolución del Incora por la cual se de los U’wa para oponerse a la exploración ampliaba el resguardo y pocos meses después y explotación de hidrocarburos es que pro- otorgó a la Oxy una nueva licencia ambiental teger la Madre Tierra y lo que ella contiene para iniciar exploraciones en Gibraltar 1, que le da sentido a sus vidas, y sacarle la sangre está a menos de 700 metros del territorio indígena. Aunque en (el petróleo) es ma2001, el gobierno intarla y quedarse sin donde vivir. La Oxy, El argumento central de los U’wa formó pesaroso que por su parte, planteó para oponerse a la exploración y ex- no había encontrado que su proyecto era plotación de hidrocarburos es que petróleo sino gas, en la última opción que proteger la Madre Tierra y lo que ella 2003 Ecopetrol dio a tenía este pueblo in- contiene le da sentido a sus vidas, y conocer que el Blodígena para sobrevi- sacarle la sangre (el petróleo) es ma- que Samoré puede tarla y quedarse sin donde vivir . contener 2.500 mivir porque generaría llones de barriles de empleo y bienestar. petróleo, lo que siSu alegato es una muestra de la idea dominante de que la mo- guió haciendo del territorio indígena un lugar dernización –a través de la industrialización, muy atractivo para la explotación. En noviembre de 1999, la comunidad la venta de la fuerza laboral y el vínculo directo con el mercado–, es la única fuerza capaz ocupó de forma pacífica los terrenos de Gide destruir las supersticiones y relaciones ar- braltar para impedir el inicio de la exploracaicas, sin importar el costo social, cultural y ción, y en enero del 2000 fue desalojada por el Ejército. Diez años más tarde, en octubre político, como lo señala Arturo Escobar3. Durante más de una década intervinie- de 2009, la Asociación de Autoridades Traron en este conflicto organismos de control, dicionales y Cabildos U’wa convocó una molas altas cortes, la Comisión Interamericana vilización en Cubará, Boyacá, para reafirmar de Derechos Humanos, universidades nacio- su oposición a toda explotación de cualquier nales y extranjeras. Los temas debatidos se recurso natural y exigir que no se violen sus

En julio de 2006 los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe se comprometieron a construir en dos años el Gasoducto Antonio Ricaurte.

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En octubre de 2009 la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa convocó una movilización en Cubará, Boyacá, para reafirmar su oposición a toda explotación de cualquier recurso natural.

Los indígenas Wayúu han tenido que vérselas no con la explotación de petróleo sino con la “Siembra petrolera”4 y el canto a la unidad Grancolombiana: el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, proyecto adelantado por las petroleras estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Ecopetrol, tras el compromiso hecho, en julio de 2006, por los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez de construirlo en dos años, con una inversión de

En la noche del 26 de marzo de 2011, una explosión, en una finca ubicada a 7 km de la frontera con Venezuela, destruyó un tramo del gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte.

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300 millones de dólares. La petrolera venezolana prometió a las 33 comunidades indígenas Wayúu afectadas una inversión social y ambiental equivalente al 10% del costo total de la obra, que incluía reparación de vías, construcción de escuelas, centros de salud, acueductos rurales, proyectos agrícolas y ganaderos, y tendido de fibra óptica para ampliar y facilitar las comunicaciones entre los pueblos fronterizos.

En la segunda movilización los indígenas anunciaron que impedirían la terminación de las obras si no les entregaban el 70% de los dineros acordados como indemnización por la . afectación de su territorio

En enero de 2007, los indígenas bloquearon, durante cinco días, las obras de construcción del gasoducto binacional en Manaure y Maicao, y lo volvieron a hacer en septiembre del mismo año. En ambas ocasiones adujeron irregularidades en el proceso de concertación con los pobladores e incumplimiento de la inversión social prometida. En la segunda movilización, anunciaron que impedirían la terminación de las obras si no les entregaban el 70% de los dineros acordados como indemnización por la afectación de su territorio. Pero el progreso no da tregua: el 12 de octubre de 2007 los presidentes de Venezuela, Colombia y Ecuador asistieron a la fiesta de inauguración del gasoducto en Ballenas. Pocos días después, indígenas Wayuú permanecieron una semana ante la Defensoría del Pueblo en Riohacha y luego se tomaron las dependencias en protesta por el incumplimiento de la entrega del 50% de los ochocientos millones pactados entre PDVSA y las comunidades indígenas. Hubo nuevas promesas de atender los pactos y nuevos incumplimientos. En la noche del 26 de marzo de 2011, una explosión, en una finca ubicada a 7 km de la frontera con Venezuela, destruyó un tramo del gasoducto Transcaribeño. El gasoducto Antonio Ricaurte en átomos volando.

Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kamkuamo defienden el Corazón del Universo

Para las comunidades indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kamkuamo que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta el cerro Jukulwa es el

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La licencia ambiental que se le otorgó a Brisa S.A generó daños daños incalculables a los ecosistemas de la zona, y destruyó el cerro Jukulwa, sitio sagrado para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Los indígenas de la Sierra Nevada han marchado en varias oportunidades en contra del Puerto Multipropósito Brisa y la represa del Río Ranchería, que atentan contra su cultura y medio ambiente.

lugar “donde consultamos a las Madres y Padres Espirituales, es la base que sostiene los cerros de la Sierra, es la base del agua y de todos los animales que conocemos, por eso Mulkwaba dijo que no la podemos tocar, no se puede destruir, porque allí está lo que da la vida; todo lo que existe depende de este Sitio, es el principio del orden…es el Corazón del Mundo, allí está el oído, allí está la vista5 …” (Mamos Mayores, 2009). A Jukulwa se le abrió un boquete que lo partió en dos para dar paso a las obras de construcción del Puerto Multipropósito Brisa, en Dibulla, que ampliará la infraestructura

portuaria del país y promoverá el transporte intermodal de carga para responder a los requerimientos del TLC6. Impulso al desarrollo alabado por las élites guajiras. El otorgamiento en 2006 de la licencia ambiental a Brisa S.A. omitió el procedimiento de consulta previa con los cuatro pueblos, la construcción del puerto se inició violando las condiciones ambientales pactadas, generó daños incalculables a los ecosistemas de la zona, destruyó un sitio sagrado para los indígenas y les impidió el libre acceso al lugar. En abril de 2007, 400 indígenas de la Sierra Nevada llegaron a Mingueo para la-

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mentar la destrucción de Jukulwa, y protestar minera de la empresa estadounidense Muriel por el impacto del puerto sobre su territorio, Mining Corporation. Según los Emberá, abrir cultura y medio ambiente y por no haber sido las entrañas de Ellausakirandarra es liberar tenidos en cuenta para iniciar la obra. Volvie- los espíritus malignos que los Jaibana han exron a marchar un año después por idénticas pulsado, y poner en riesgo el bienestar físico razones, fueron agredidos por la policía y y espiritual sus pueblos. el gerente de Brisa En 2005, Ingeomanifestó su inconminas y la gobernaformidad con los reiEl otorgamiento en 2006 de la li- ción de Antioquia terados reclamos y cencia ambiental a Brisa S.A. omitió el concedieron a la Muprotestas indígenas, procedimiento de consulta previa con riel nueve permisos cuando el Ministe- los cuatro pueblos, la construcción del para la exploración, Según indígenas y afrodescendientes Muriel Mining Corporation consiguió los permisos de las rio del Interior ha- puerto se inició violando las condicio- explotación y cocomunidades de manera inapropiada, pues combía certificado que nes ambientales pactadas, generó mercialización, por pró a algunos dirigentes con comida, licor y dinero. daños incalculables a los ecosistemas 30 años, de diversos en esa propiedad no de la zona, destruyó un sitio sagrado existían sitios de papara los indígenas y les impidió el li- metales entre los gamento. municipios de Mu- y señalaron que la explotación atenta contra bre acceso al lugar . El 25 de julio rindó, Antioquia, y sus territorios, la preservación de los ecode 2007, 300 indígeCarmen del Darién, sistemas y la vida de las comunidades: “un nas de la Sierra marcharon desde Riohacha Chocó, dentro de territorios ocupados ances- pueblo sin agua, sin bosque, es un pueblo sin para protestar contra otro megaproyecto rea- tralmente por comunidades Embera y afro- cultura, sin espíritu, es un pueblo destruido”. lizado en sus territorios ancestrales: la repre- descendientes. La Onic, la OIA, Aso-Orewa, La empresa afirmó contar con el aval de la cosa del río Ranchería ubicada en San Juan del organizaciones afros, campesinas y ONG de- munidad del Carmen del Darién para iniciar Cesar. Esta obra, además de atentar contra el nunciaron la presencia inconsulta de la mul- la exploración, tras haber realizado el proceequilibrio ecológico de la región lo hizo con- tinacional en la zona desde finales de 2004, so de consulta previa, en marzo de 2006 (las tra su cultura al destruir otro de sus lugares sagrados, el cerro Sekumukui que fue volado con explosivos plásticos en abril del 2007 Los Emberá Katío y la represa de Urrá para dar paso a la construcción de la represa planteada como un proyecto bandera del go“Preguntamos a Karabí, nuestro Padre, qué delito hemos cometido los Embera para que debamos sufrir todo tipo de bierno de Uribe Vélez para dotar de agua a los violencias y de atropellos por parte de la gente Kapunía, con acueductos municipales de la región, irrigar sus obras de desarrollo, con sus armas de guerra o con sus 18.536 hectáreas y producir 7 megavatios de propios jueces. En qué hemos ofendido a la Madre Tierra, para energía eléctrica. Pero las autoridades indíque después de una lucha de varios años y de soportar cinco meses de intemperie en los jardines del Ministerio del Medio genas de la Sierra Nevada denunciaron que el Ambiente en Bogotá, no podamos tener un día de reposo o agua de esta represa se utilizará para generar dedicarnos a la reconstrucción de nuestro pueblo, sino que cultivos de palma africana y otras actividades aparecen nuevos gavilanes dispuestos a abalanzarse sobre asociadas al TLC (Consejo Territorial de Canosotros”. Estos fragmentos de un comunicado de los Cabildos bildos, 2007).

La fiebre de los metales contra comunidades Emberá y afrodescendientes

El 4 de enero de 2009, más de 600 indígenas Emberá, de los resguardos de Uradá, Jiguamiandó, Chageradó, Turriquitado y Río Murindó, y miembros de las comunidades negras del Consejo Mayor del Jiguamiandó, se reunieron en el cerro sagrado Ellausakirandarra (Careperro) y establecieron un asentamiento durante más de seis meses como estrategia de defensa territorial, para impedir la puesta en marcha del proyecto denominado Mandé Norte, de explotación

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Mayores Emberá emitido el 29 de mayo de 2001 dan cuenta de parte de la lucha que inició esa comunidad en 1994 en una manifestación masiva en la que se despidieron del río que fue represado por la hidroeléctrica Urrá. Su mito de origen está en el agua y el pescado es su principal alimento. Hoy ese recurso está prácticamente extinto. El mensaje de los Cabildos salió a la luz luego de que las AUC secuestraran a ocho indígenas Embera y que las Farc asesinaran a diez campesinos dentro del resguardo y poco antes del secuestro y asesinato de Kimmy Kimy Pernía encabezó, durante Pernía, lider que encabezó propuestas contra la hidroeléctrica. 10 años, las protestas contra la Cuatro movilizaciones más realizaron los Emberá, entre hidroeléctrica de Urrá. 2004 y 2005 para exigir al gobierno cumplir los pactos que permitieron levantar la toma de Minambiente (1999 y 2000): indemnizaciones, reubicación en tierras productivas y recuperación de la pesca. En enero de 2005, indígenas del país exigieron al gobierno cumplir la Sentencia T-652 de 1998 de la Corte Constitucional: respetar al pueblo Embera, defender su territorio y su cultura, amenazados por la construcción de la hidroeléctrica. Un mes después, los indígenas Embera del resguardo de Mistrató, Risaralda, manifestaron públicamente su solidaridad con sus hermanos cordobeses, quienes desde dos meses atrás estaban en Bogotá protestando ante el gobierno nacional.

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comunidades de Murindó no asistieron al sobrevivencia de algunos pueblos indígenas, proceso por lo cual éste se suspendió). Indí- han dejado en evidencia el desconocimiento genas y afrodescendientes afirmaron que la de la voluntad de esos pueblos, el rechazo a empresa consiguió los permisos de las comu- sus saberes y a sus modos de relación con el nidades de manera inapropiada, pues com- mundo, que no es otra cosa que la negación pró a algunos dirigentes con comida, licor y del derecho a sus propias opciones culturales y, con frecuencia, a la vida misma. Los dinero. conflictos que deveAunque en lan estas luchas han 2007, la Muriel MiNo hay regalías ni promesas de ning Corporation hainversión que compensen la destruc- traído “a la luz el bía manifestado que ción social y ambiental o la ocupación lado más oscuro de no tenía ningún inte- del territorio de las comunidades indí- la modernidad, el terror, la opresión y la rés en Careperro, en genas y afrodescendientes . destrucción a la que 2008, el Tribunal de han sido condenados los Pueblos, juzgó y condenó a esta multinacional por los proce- pueblos no europeos con el fin de pavimensos viciados de la consulta previa, atropello a tar la vía hacia la modernidad occidental” (De los derechos territoriales de los pueblos indí- Sousa Santos, 2001, 207). La locomotora minero energética ruge genas y comunidades afro colombianas. estruendosamente en el actual Plan Nacional de Desarrollo. Pero mientras el crecimiento *** Las luchas a las cuales se ha referido este económico desconozca la diversidad cultural artículo, se han dado a favor de la vida, de la del país, la travesía de esta locomotora por

los territorios ancestrales indígenas y afros continuará arrasando sus pobladores y la naturaleza y -como afirmó el Cric durante la movilización de febrero del 2010 al corazón del territorio de Juan Tama, el Páramo de Pisno, cuando denunció los intereses de la multinacional minera Anglo Gold Ashanti sobre estos territorios sagrados- no hay regalías ni promesas de inversión que compensen la destrucción social y ambiental o la ocupación del territorio de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y luego no vayas a decir que no te lo advirtieron…

*Martha Cecilia García Investigadora del proyecto Movimientos Sociales del CINEP/PPP

Notas E n 2010, el sector minero energético creció 12%, el sector agrícola alcanzó un crecimiento de 0%, después de dos años de decrecimiento, la brecha entre ricos y pobres aumentó y el nivel de indigencia marcó dos veces el promedio de América Latina. 2 “With its core oil and gas operations in the United States, Middle East and Latin America, Oxy is helping to meet the world’s energy needs”, es el lema de esta petroquímica, www.oxy.com. 3 Citado por Edgardo Lander en Progreso, conocimiento, naturaleza y pobreza: la búsqueda de opciones a la cosmovisión liberal, mimeo, s.f. 4 El proyecto del gasoducto hace parte del Plan Siembra Petrolera 2005-2030, que ejecuta PDVSA. Fernando Coronil afirma que fue Arturo Uslar Pietri quien acuñó a consigna “sembrar petróleo” y Acción Democrática la convirtió en principio rector de su programa económico, hacia 1946. La metáfora se refería a la conversión del dinero proveniente del petróleo en inversiones agrícolas e industriales productivas (Coronil, 2002, pág. 152). 5 “…Al destruir nuestros lugares sagrados se amenazan nuestras culturas, se atropellan nuestros derechos como pueblos indígenas y su realización sería otra terrible equivocación del hermano menor que alteraría irreversiblemente el equilibrio de las aguas y amenazaría la integridad de las culturas y la existencia misma de los indígenas de toda la Sierra Nevada” (Mamos Mayores, 2009). 6 En página web de Empresa Brisa S.A. 1

Referencias • Arenas, Luis Carlos 2004, “La lucha contra la explotación petrolera en Territorio U’wa: estudio de caso de una lucha local que se globalizó” en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (Eds.), Emancipación social y violencia en Colombia, Bogotá, Norma. • Beltrán, Harvey, 2006, “Gbno. Promueve sector minero con proyecto visión 2019” en Business News Americas, Santiago de Chile, mayo 29. Disponible en: http://www.bnamericas.com/news/mineria/Gbno,_promueve_sector_minero_con_proyecto_Vision_2019 • Cabildos Mayores Emberá Katío, 2001, La Corte Suprema de Justicia impide liquidar perjuicios a los indígenas Embera Katío por la construcción de la represa de Urrá y se rebela contra la Corte Constitucional (comunicado), Tierralta, mayo 29. • Consejo Territorial de Cabildos, 2007, Posición Indígena Frente a los Megaproyectos que Afectan la Sierra Nevada de Santa Marta, marzo 25. • Coronil, Fernando, 2002, El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Caracas, Nueva Sociedad. • Lander, Edgardo, Progreso, conocimiento, naturaleza y pobreza: la búsqueda de opciones a la cosmovisión liberal, s.f. • Mamos Mayores y Autoridades Tradicionales de la Sierra Nevada de Santa Marta, 2009, Mensaje de los Mamos Mayores y las autoridades tradicionales de la Sierra Nevada de Santa Marta a los altos jueces de la República. • Ministerio de Minas y Energía. Unidad de Planeación Minero Energética, 2006, Plan nacional para el desarrollo minero, visión al año 2019. Disponible en: http://www.upme.gov.co/Docs/PNDM_2019_Final.pdf • Serje, Margarita, 2003, “Ong, indios y petróleo: el caso U’wa a través de los mapas del territorio en disputa” en Boletín del Instituto de Estudios Andinos, vol. 32, N° 1, Instituto Francés de Estudios Andinos. Lima. Disponible en: http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/32(1)/101.pdf • De Sousa Santos, Boaventura, 2001, “El significado político y jurídico de la jurisdicción indígena”, en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas, El caleidoscopio de las justicias en Colombia, Tomo II, Siglo del Hombre, Bogotá.

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La Constitución en re-construcción Después de dos décadas de creación, la característica fundamental de la Constitución política de Colombia de 1991 es su reformitis. Análisis sobre cómo los continuos cambios en la Carta reflejan poca concordancia entre la norma y el país político. Por Ana María Restrepo*

A

tanto cambiaron esas condiciones con la nueva Carta? Da la impresión de que el país político no estuvo involucrado muy directamente con la redacción del nuevo libro de las leyes colombianas. En ese sentido, uno de los aspectos positivos consistió en que en su elaboración participaron muchos sectores ajenos y distantes de la política tradicional. Pero independientemente de si la Constitución fue hecha exclusivamente por abogados y otros sectores civiles, la pregunta sobre la efectividad de 20 años de la Carta

Da la impresión de que el país político no estuvo involucrado muy directamente con la redacción del nuevo libro de las leyes colombianas .

y reglamentar la Constitución. Las intenciones del país que reflexionó sobre la nueva carta (conformado en su mayoría por sectores más distantes de la vida política real como estudiantes y personajes públicos de la cultura, entre otros) tenían que ver con la reflexión sobre las necesidades del momento, pero éstas se quedaron en lo anecdótico de la lucha contra el narcotráfico, el asesinato de cuatro candidatos presidenciales y en que esos fenómenos eran una muestra de la alarmante crisis general del Estado (García, 2011, 6; Novoa, 2011, 10-11; El Espectador, enero 30 2011, 10-11). Sin embargo ¿qué

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Pero independientemente de si la Constitución fue hecha exclusivamente por abogados y otros sectores civiles, la pregunta sobre la efectividad de 20 años de la Carta tendría que pasar por cuestionarse sobre su conexión con el sistema político .

Dos décadas de vigencia proporcionan un balance no muy positivo de la estabilidad de la Constitución de los colombianos.

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20 años de la firma de la Constitución de 1991, los balances históricos apuntan a una característica fundamental de la Carta: la reformitis. No en vano, en los últimos días muchos han sido los proyectos de ley que han pasado a sanción presidencial (ver recuadro 1) y que no dejan de generar inquietud sobre los alcances de las facultades del presidente sobre la Carta y respecto al control que ejerce el Congreso sobre estos cambios. Dos décadas de vigencia proporcionan un balance no muy positivo de la estabilidad de la Constitución de los colombianos. Esta característica puede generar dos posturas: o la Carta está poco sustentada en el sistema político del país o el sistema político colombiano sobrepasa todo lo que pueda decir

El asesinato de cuatro candidatos presidenciales y la lucha del narcotráfico fueron algunas de necesidades que impulsaron la creación de la Constitución Política de Colombia de 1991.

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Constitución

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Recuadro 1: Reformas Constitución gobierno Santos No 19° de Senado 16 de “Derecho a la sostenibilidad fiscal” 2010 Cámara No 17° de 2010 Senado “Se adiciona el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política 90 de 2010 Cámara de Colombia No 18° de 2010 Senado

03 de Senado

“Por el cual se modifica la Constitución Política de Colombia, título 7° de la Rama Ejecutiva, capítulo 1° del Presidente de la República, artículo 189”

10 de Senado

“Figura de la reelección inmediata para Gobernadores y Alcaldes”.

05 de Senado

“Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política”.

06 de Senado

“Por el cual se reforma el artículo 99 de la Constitución Política”.

07 de Senado

“Por medio del cual se reforma el artículo 231 de la Constitución”.

Juan Manuel Charry, experto constitucionalista.

tendría que pasar por cuestionarse sobre su conexión con el sistema político. La reformitis es un indicio de las condiciones de esta relación. ¿Es un problema cultural? ¿De autoridad institucional? ¿De los aparatos institucionales? ¿Qué hacer con la sobreproducción legislativa? ¿Y con el incumplimiento? ¿El número de reformas es igual a la (in)coherencia de las políticas públicas? ¿Por qué creemos tan firmemente en que sólo lo que está en la Constitución tiene rango suficientemente importante? ¿La Constitución debe ser dinámica y/o coyuntural? Dice Juan Manuel Charry (2010, A6), que los colombianos sufrimos de un “fetichismo constitucional” pues consideramos que la norma es la solución para cada problema, o por lo menos eso se creemos, sin preguntarnos por cómo la inestabilidad del país puede ser un reflejo precisamente de los vaivenes legislativos que sobreproducen normas y no soluciones.

¿Es un problema cultural? ¿De autoridad institucional? ¿De los aparatos institucionales? ¿Qué hacer con la sobreproducción legislativa? ¿Y con el incumplimiento? ¿El número de reformas es igual a la (in)coherencia de las políticas públicas? .

El problema no es si hay reformitis o simplemente si el Congreso tiene legitimidad para dinamizar una Constitución “viva”, el problema es que este fenómeno plantea un cuestionamiento sobre la eficiencia de la Carta del 91: si era necesaria y si estuvo bien

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“Por medio del cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política”

25 Cámara

“Forma de elección del Fiscal General”

63 Cámara

“Derecho fundamental a la Salud”

64 Cámara

Elección de Alcaldes Locales.

69 Cámara

“Reelección inmediata de Gobernadores y Alcaldes”

76 Cámara

“Elección a Magistrados del Consejo Nacional Electoral”.

79 Cámara

“Representación en el Congreso de Colombianos residentes en el exterior”.

81 Cámara

“Derecho fundamental a no padecer de hambre”.

96 Cámara

“Concepto no vinculante de los nombramientos de Embajadores y Cónsules”.

Tomado de “Más de 20 reformas constitucionales pretenden cambiar la Carta Magna” en La República, noviembre 24 de 2010, p. 3.

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La reelección de Álvaro Uribe, es un ejemplo de cómo en nuestra historia política la constitución se arregla según la fuerza del momento.

determinada o si no ha sido más que un saludo a la bandera porque no se pensó en los instrumentos para llevar a cabo los grandes proyectos de reforma. La reelección de Álvaro Uribe, es un ejemplo de la reformitis que responde a las maquinarias: el ex presidente tuvo el poder

El problema no es si hay reformitis o simplemente si el Congreso tiene legitimidad para dinamizar una Constitución “viva”, el problema es que este fenómeno plantea un cuestionamiento sobre la eficiencia de la Carta del 91...

para cambiar la norma precisamente porque en nuestra historia política la constitución se arregla según la fuerza del momento. Todas las constituciones cambian cuando es necesario, pero es el país político el que ha determinado cuando ha ocurrido, así, en términos históricos y políticos, reelección o 20 proyectos de reforma actuales no son más que síntomas de la reformitis. De este sistema político “tan abierto a los cambios”, surgen también asuntos positivos reflejados en la carta constitucional: la visibilización de los derechos económicos, sociales y culturales, la representatividad ganada por las minorías y la creación de instituciones que legitiman a los ciudadanos son

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elementos destacables de la Carta del 91. En- uso de este recurso. Asimismo, la tutela ha tre estos factores, la tutela ha cobrado vital sido el instrumento por excelencia para que importancia porque se concibió como símbo- los gobernantes locales y regionales puedan lo de la inclusión. Sin embargo, lo positivo tie- bloquear las intervenciones de las altas corne un lado oscuro: el sistema político sobre- tes cuando se trata de pronunciamientos o pasa el ideal de la norma. La tutela es en este investigaciones sobre sus funciones1. En últimomento una de las cuestiones más críticas, mas, el problema no es de la ciudadanía, pues por el nivel de responsabilidad que ha tenido la tutela es un mecanismo excepcional: si los que asumir el Estado, incluidos los prejuicios ciudadanos no vieran vulnerados sus derefiscales, y la congestión en los despachos ju- chos, si el estado los garantizara, realmente rídicos que desestabiliza el orden judicial (El no tendrían que usarla. La herramienta no se Colombiano, 2011, 3A). habría convertido en la norma. Una de las causas de este desorden La pregunta finalmente tiene que ver administrativo judicial es que la Constitu- con la reformitis de la Carta Constitucional ción proporciona de 1991, con cómo la solución pero no esta refleja nuestro Larga o corta, la discusión por es- sistema político y si las herramientas para llevar a cabo tos días no es por la extensión de la es posible un camel proceso: nunca Carta, ni siquiera por su eficacia por- bio constitucional se tuvo en cuenta la que ésta depende de una pregunta radical cuando no se que tal vez no se hizo y era la de los transforma la cultudisponibilidad fiscal aparatos que la hicieran real y tampoco la poca ra política. De hecho, institucionalidad a el historiador Fernivel local y regional, de modo que la tutela se nán González plantea que muchos de los camha convertido en un arma de doble filo pues bios positivos de la Constitución se habrían tanto como defiende los derechos, puede le- podido llevar a cabo por medio de reformas gitimar los abusos si el aparato es corrupto. puntuales a la Carta de 1886, como había El problema es que no hay institucionalidad sucedido en 1910 y 1936, por lo que no era que funcione homogéneamente de lo regio- necesario un nuevo proceso de Constituyennal a lo nacional porque dicha institucionali- te. No importaba si ya éramos una sociedad dad está sujeta al juego político. Entonces, si diferente a la del siglo XIX porque, tal como la normatividad depende de la vida política sucedió con la Constitución norteamericana, no podrá producir sobre ella efectos inme- una enmienda que diera cuenta de la pluradiatos y mucho menos directos. Por ejemplo, lidad habría sido suficiente para cumplir con sabemos que en salud prácticamente nada los cambios que se pedían. Así es que en estos funciona sin la tutela, hecho que se relacio- 20 años se ha legitimado el papel de la Carta na con el problema institucional más que con pero no se desconoce que funciona dentro de la cultura de la sociedad civil que ha hecho la larga tradición jurista colombiana, que tiene que ver con la creencia en las normas y en cómo funcionan por sí mismas2. Larga o corta, la discusión por estos días no es por la extensión de la Carta, ni siquiera por su eficacia porque ésta depende de una pregunta que tal vez no se hizo y era la de los aparatos que la hicieran real. A 20 años, las cifras hablan de poco avance social (El Espectador, febrero 5 de 2011, 22), pero a 20 años podemos reconocer también que, además de la tutela, uno de los grandes aportes a la cultura política real de los colombianos es la comprensión de que el país es mucho Los gobernantes locales y regionales, como Omar Diazgranados, gobernador de Magdalena, han más que una lengua, una raza y una religión, bloqueado las intervenciones de las altas cortes idea que dominaba el siglo de las anteriores cuando se trata de pronunciamientos o investigacartas políticas. ciones sobre sus funciones.

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Imagen de: El Heraldo.com

Imagen de: infosurhoy.com

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Constitución

La conclusión es que tenemos un sistema político que no tiene mucho que ver con el constitucional. Sin embargo, no hay que cambiar la Carta para cambiar la realidad colombiana, hay que aplicarla eficientemente. Pero como es un círculo vicioso, sin los medios para su aplicación habría que ser más optimistas y pensar con Álvaro Forero Tascón que “la debilidad del estado colombiano es una constante histórica pero con ciclos de mayor debilitamiento y periodos de fortale-

cimiento. Estos últimos generalmente han coincidido con gobiernos que reformaron la Constitución, pues el criterio tradicional ha sostenido que el fortalecimiento estatal se hace por el camino de la modernización institucional, por oposición a las políticas coyunturales o personalistas que tienden a no perdurar en el tiempo” (2011, 29). En este punto habría que preguntarse por Santos, por Uribe y por los deslindes que en asuntos como la fusión ministerial separan los aportes de los

dos al sistema y régimen político. Así mismo, los recientes destapes de corrupción permiten (positivamente) pensar en que las reformas pueden modernizar no sólo el sistema sino también la cultura de los colombianos y la exigencia de sus derechos.

*Ana María Restrepo Investigadora. Hace parte del equipo Sistema de Información General- Archivo de Prensa del CINEP/PPP

Referencias Notas El ejemplo más cercano es el del gobernador de Magdalena, Omar Díazgranados, quién a través de una tutela, recuperó el cargo del que había sido suspendido por el presidente de la República, tras una investigación por corrupción. 2 Esta condición resulta una ventaja también en la medida en que el sector judicial en Colombia es independiente del ejecutivo, lo que afirma el equilibrio de los poderes. 1

• Charry, Juan Manuel, 2010, “Constitución sufre de reformitis” en El País, Cali, noviembre 22 de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/constitucion-colombiana-sufre%E2%80%98reformitis%E2%80%99 • El Colombiano, 2011, “La tutela, 20 años” en El Colombiano, Medellín, febrero 22. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_tutela_20_anos_de_derechos_visibles/la_tutela_20_anos_de_derechos_visibles.asp • El Espectador, 2011, “Los 20 años de la Constituyente” en El Espectador, Bogotá, febrero 5. Disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-249074-los-20-anos-de-constituyente • El Espectador, 2011, “Memoria de una reforma” en El Espectador, Bogotá, enero 30. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-247774-memoria-de-una-reforma • Forero, Álvaro, 2011, “Cómo defender al Estado?”, en El Espectador, Bogotá, abril 11. • García, Hugo, 2011, “Lo único que justificaría otra constituyente sería la paz definitiva” Entrevista a Horacio Serpa en El Espectador, Bogotá, febrero 6. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-249142-unico-justificaria-otra-constituyenteseria-paz-definitiva • Novoa, Armando, 2011, “Renovar el consenso democrático” en El Espectador, Bogotá, febrero 5. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-249056-renovar-el-consensodemocratico • La República, 2010, “Más de 20 reformas constitucionales pretenden cambiar la Carta Magna” en La República, Bogotá, noviembre 24. Disponible en: http://www.larepublica.com.co/archivos/ASUNTOSLEGALES/2010-11-24/mas-de-20-reformas-constitucionales-pretenden-cambiar-la-carta-magna_115863.php

La revista Controversia, de periodicidad semestral, agrupa artículos caracterizados por su rigor académico y por la originalidad de sus aportes a la construcción del conocimiento en las ciencias sociales colombianas. Además, busca presentar algunos debates teóricos y metodológicos frente temas económicos, sociales y culturales de América Latina. Controversia es una publicación indexada en Colciencias, calificada en categoría C y hace parte de un esfuerzo interinstitucional de cinco ONG colombianas: CINEPPrograma por la Paz, Foro por Colombia, Escuela Nacional Sindical, Instituto Popular de Capacitación y Corporación Región. Para más información consulte www.cinep.org.co o escriba a controversia@cinep.org.co

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Internacional

El despertar del pueblo árabe Las movilizaciones recientes que han sacudido al mundo árabe son producto del derrumbe del miedo de un pueblo indignado por décadas de opresión. Análisis de las revueltas exitosas de Túnez y Egipto y los retos que le esperan a sociedades que están preguntándose por el significado de la democracia. Por Juana Yunis*

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Imagen de The New York Times

a serie de subleEn medio del vaciones que ha ruido de la perenne incendiado al premisa orientalista Norte de África y al según la cual los áraMedio Oriente desde bes son incapaces diciembre de 2010 de auto gobernarse ha derrocado a los sin caer en la bardéspotas de Túnez barie, resulta pertiy Egipto. Las calles nente entender las de pueblos y ciudasublevaciones exitodes de los reinos del sas de Túnez y Egipmundo árabe (Yeto (ver recuadros), men, Oman, Bahrain, protagonizadas por Arabia Saudita, Jormiles de árabes codania y Marruecos) y munes y corrientes las repúblicas domipreocupados por la nadas por autócradignidad y la libertas fieles al ‘Consentad que lograron so de Washington’, estremecer sistemas (Túnez y Egipto) o políticos hasta hace supuestos anti-colopoco aparentemente Las recientes revueltas demuestran que, tras décadas de apabullamiento bajo la represión y la marginalinialistas (Siria, Argeinamovibles. zación, el pueblo árabe ya no tiene miedo y está volviendo a sentirse digno. lia y Libia), también se han visto inundadas por manifestantes que exigen, o bien sus- años de letargo casi total, esta ola de rebelión Por qué y cómo: tanciales reformas políticas y económicas, o supone un histórico reto para unos ciudada- algunas conclusiones nos, movimientos sociales, partidos políticos la renuncia de sus mandatarios. La caída de líderes autoritarios no ga- e intelectuales que tienen que encontrar las Aunque las manifestaciones en el Norte de rantiza que en el mundo árabe se vayan a maneras de construir sociedades más demo- África comenzaron como protestas contra dar las transformaciones estructurales que cráticas, respetuosas de sus tradiciones cul- el desempleo que afecta particularmente a darían lugar a sociedades más justas y li- turales, y soberanas con respecto al sistema los jóvenes y las alzas en los precios de probres. Pero las recientes revueltas populares trasnacional liberal-capitalista. ductos básicos como el azúcar (English.aljaya se han constituido en un episodio profunzeera.net, 2011, enero 8), lo que está en el damente transformador, pues demuestran La serie de protestas que sucedie- fondo de las manifestaciones que se regaron que, tras décadas de apabullamiento bajo la ron a la inmolación de Mohammed por el mundo árabe es la frustración generarepresión y la marginalización, el pueblo ára- Bouazizi empezaron a derrumbar lizada con la falta de libertades individuales be ya no tiene miedo y está volviendo a sen- una cortina de miedo que décadas de que caracteriza a sus sociedades y con sistirse digno. Pero además del impacto en su despotismo habían instalado ante los temas políticos profundamente corruptos y ojos de sus pueblos psiquis, que ha despertado tras al menos 20 completamente cerrados a partidos disiden

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La frustración por la falta de libertades individuales, sistemas políticos corruptos, permanencia de regímenes represivos y cerrados a partidos dicidentes es especialmente fuerte entre los jóvenes.

Tan importante como estos nuevos recursos de comunicación fue uno milenario: el aprovechar el encuentro de miles de musulmanes en los rezos de la tarde del viernes para potenciar la acción colectiva .

Imagen de AFP

tes y a la posibilidad de que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, caracterizados por presidencias vitalicias y aparatos de seguridad supremamente represivos (Bamyeh, 2011). Estas son frustraciones especialmente fuertes entre los jóvenes que, aunque tengan una consciencia que podría llamarse anti-imperialista, están profundamente permeados por pilares de la cultura Occidental como la libertad de expresión y los derechos individuales. El mundo árabe se ha visto conmocionado por revueltas populares en los últimos cuatro meses porque la serie de protestas que sucedieron a la inmolación de Mohammed Bouazizi (ver recuadro 1) empezaron a derrumbar una cortina de miedo que décadas de despotismo habían instalado ante los ojos de sus pueblos. Bouazizi incendió a Túnez y la sublevación en este país incendió a otra gente del Norte de África y el Medio Oriente, porque demostró que un pueblo árabe podía rebelarse y exigir sus derechos. Un segundo punto importante es el ‘cómo’ de las sublevaciones exitosas de los dos países en cuestión. Las movilizaciones en Túnez y Egipto alcanzaron un nivel masivo uno, porque fueron espontáneas y originalmente impulsadas no por partidos políticos de oposición, sino por jóvenes que las convocaron a través de las nuevas redes

Imagen de AFP

Internacional

El encuentro de miles de musulmanes en los rezos de la tarde del viernes fue aprovechado para potenciar la acción colectiva. Tanto Ben Ali como Mubarabak renunciaron ese día de la semana.

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sociales virtuales y otros ciudadanos comunes y corrientes. Dos, como muchos medios han resaltado, herramientas como Facebook y Twitter, los mensajes de texto de la telefonía celular y la existencia de una cadena de televisión satelital como Al Jazeera que decidió apoyar las revueltas (Lynch, 2011), fueron esenciales a la hora de organizar las marchas y de permitirle a millones de árabes, a la opinión pública internacional y a los propios manifestantes enterarse de lo que ha sucedido en al menos 12 países árabes y los territorios palestinos. Pero tan importante como estos nuevos recursos de comunicación fue uno milenario: el aprovechar el encuentro de miles de musulmanes en los rezos de la tarde del viernes para potenciar la acción colectiva. No es fortuito que tanto Ben Ali como Mubarak hayan renunciado un viernes. Y tres, porque tanto en su versión inicial (no a la miseria y al desempleo) como en su versión más radical (“El pueblo quiere tumbar al sistema”), el llamado a movilizarse siempre tuvo una consigna concreta y clara, aunque los árabes muy bien sepan que los problemas de sus sociedades son muchos y muy de fondo. Ahora bien, aunque las revueltas en Túnez y Egipto se percibieran como manifestaciones protagonizadas por la juventud, y no por actores políticos anteriormente constituidos,

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Internacional

Recuadro 1: Túnez: La inmolación que rompió el miedo

Diciembre 17 de 2010

Diciembre 24 de 2010 enero 7 de 2011

Luego de que una agente de policía le confiscara las pesas que usaba en el mercado y le propinara una cachetada, Mohamed Bouazizi, vendedor de frutas y verduras de 26 años, cubrió su cuerpo con tíner y se prendió fuego en el pueblo de Sidi Bouzid, en el centro de Túnez. Ese mismo día, sus familiares y amigos salieron a la calle y difundieron la protesta a través de Facebook y Twitter. La cadena Al Jazeera dio a conocer estos videos a su poderosa audiencia en la región.

El bloqueo a la conexión de Internet en varios pueblos por parte del presidente, Zine El Abidine Ben Ali, y el arresto y la violencia contra los manifestantes perpetrada por agentes estatales contribuyeron a que protestas similares a las de Sidi Bouzid se regaran por el país, organizadas y/o diseminadas por actores sociales como el Sindicato General Tunecino y la Asociación Nacional de Abogados.

Enero 8 a 12 de 2011

Agentes especiales del aparato de seguridad estatal masacraron a más de 20 personas en los poblados de Kasserine y Thala. Las masacres, en las cuales el ejército se rehusó a participar, convirtieron las protestas masivas en un fenómeno nacional. En las calles, jóvenes y viejos, abogados, campesinos y mujeres, ya no se limitaban a vociferar contra el desempleo que azota a 30% de los jóvenes tunecinos y contra los altos precios del pan, sino que exigían la renuncia del presidente.

Enero 14 de 2011

Ben Ali, fiel implementador de las políticas de liberalización económica dictadas por el FMI y el Banco Mundial, huyó del país tras 23 años en el poder. Pese a haber auspiciado a Ben Ali durante años, Nicolás Sarkozy impidió que éste aterrizase en Francia.

Enero - marzo de 2011

Dada la incesante presión de los manifestantes, en el gobierno de transición no permanece ni un sólo ministro del antiguo régimen. El país se prepara para elegir una asamblea constituyente el 24 de julio del año en curso, mientras evidencia cómo su actual gobierno está compuesto por tecnócratas que constantemente están negociando su poder con el Ejército, el Sindicato General Tunecino, un partido Islamista progresista llamado Al Nahda (Renacer), y una serie de pequeños partidos de izquierda. Amenazando la transición se encuentran las élites empresariales que soportaban al antiguo régimen, mientras que vigilándola está una sociedad envuelta en una intensa discusión entre el ‘idealismo’ que clama por cambios radicales inmediatos y el ‘pragmatismo’ que privilegia la estabilidad política y económica.

Con información de english.aljazeera.net

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Internacional

Recuadro 2: Egipto: ¡El pueblo quiere tumbar al sistema!

Enero 18 de 2011

Asma Mahfouz, cofundadora del colectivo juvenil egipcio ‘6 de Abril’, anunció en su cuenta de Facebook que se dirigía a la plaza de Tahir en el Cairo para protestar en nombre de cuatro jóvenes que se incendiaron a sí mismos frente al Parlamento. Nadie, salvo tres compañeros de lucha, acudió a la citaLuego, Asma colgó un video en Facebook en el que retaba a los egipcios a salir a la calle el 25 de enero, en protesta contra la fiesta nacional en honor a la Policía.

Enero 25 de 2011

Para sorpresa de los organizadores, miles de egipcios inundaron la plaza de Tahrir. El llamado había sido apropiado por varios bloggers, periodistas, activistas y grupos de jóvenes frustrados con la situación del país ya constituidos en Facebook. La consigna fundamental: exigencia de una vida con libertad y dignidad.

Enero 28 de 2011

Los jóvenes retaron a los egipcios a hacerse sentir en un ‘Día de la Ira’, el 28 de enero. Horas antes de la prevista manifestación, el gobierno egipcio bloqueó Internet y los mensajes de texto. Ese día marcharon jóvenes y viejos, musulmanes y cristianos, islamistas y feministas, gritando: ‘’¡El pueblo quiere tumbar al sistema!’’ La gente vitoreó a las tropas del Ejército cuando éstas aparecieron en las calles garantizando que no violentarían a quienes protestaban. En respuesta a la manifestación, Mubarak despidió a su gabinete pero declaró que no dejaría el poder. Durante las siguientes dos semanas, intentó disuadir a los manifestantes a través de paliativos económicos y políticos.

Febrero 1 a 9 de 2011

En medio de la violenta respuesta del Estado, miles de egipcios del campo se unieron a los manifestantes de las ciudades. El 9 de febrero, varios sindicatos se unieron a la protesta y declararon un paro general a nivel nacional.

Febrero 11 de 2011

Mubarak exacerbó la ira de millones de egipcios que esperaban la renuncia del presidente al anunciar el 10 de febrero que no se iría hasta septiembre para salvar a Egipto del caos. Al día siguiente, el recién nombrado Vicepresidente anunció la renuncia de Mubarak, que llevaba dos de sus tres décadas en el poder siendo el segundo receptor de ayuda militar y financiera estadounidense en el mundo.

Marzo 19 de 2011

Luego de intensas discusiones y campañas, el 77% de 18 millones de egipcios que salieron a votar le dieron el ‘sí’ a un referendo que supone el fin de las presidencias eternas y da pie a unas elecciones parlamentarias en junio, parlamento que ha de elegir una Asamblea encargada de formular una nueva constitución y pondrá fin a la junta militar actualmente encargada del gobierno. Las mezquitas, cafés y plazas de los pueblos y las ciudades egipcias reverberan con el zumbido de ciudadanos que discuten si el referéndum realmente conllevará a un Egipto más democrático.

Con información de english.aljazeera.net

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Política social

el hecho de que hayan sido exitosas sí tiene de la miseria y la represión son transversaque ver con que en ambos casos, organizacio- les, sino porque la gente sintió que ‘el puenes sociales y políticas ya existentes jugaron blo árabe’ del que hacen parte, había sido un papel fundamental en su diseminación, en capaz de levantarse. Quizás lo más importante de la persoejercer la resistencia necesaria para aguantar la violencia del régimen y en no ceder al nalidad de las sublevaciones recientes es que reformismo antes de lograr la caída de sus quienes las han protagonizado no han caído dictadores respectivos. Es decir, en Túnez, en los dogmas que Occidente y muchos gobernantes y ciudadalos sindicatos y las nos árabes han usado asociaciones de Quizás lo más importante de la abogados a nivel personalidad de las sublevaciones re- durante décadas para nacional fueron in- cientes es que quienes las han prota- justificar la naturaledispensables para gonizado no han caído en los dogmas za anti-democrática que las protestas no que Occidente y muchos gobernantes de los regímenes de se quedaran en los y ciudadanos árabes han usado du- la región. Los sucepequeños pueblos rante décadas para justificar la natu- sos de los últimos del centro y el sur, y raleza anti-democrática de los regí- cuatro meses han menes de la región demostrado que se la movilización poequivocaban quienes pular fue inmediatamente respaldada por todos los partidos de justificaban los estados policiales de Mubarak oposición – desde los islamistas hasta los co- y Ben Ali aduciendo a que cualquier apertura munistas– (Bishara, 2011). En Egipto, aunque del sistema político le abriría la puerta al funlos Hermanos Musulmanes no auspiciaron el damentalismo islámico. Los actos de inmola‘Día de la Ira’ el 28 de enero, muchos testigos ción que se han presentado en Túnez, Egipto afirman que miles de egipcios que constitu- y otros países, y que encarnan la humillación yen la base social de este partido estuvieron que ha llevado a miles de árabes a la calle, no entre los más arduos defensores de Tahrir en han tenido nada que ver con los extremistas los momentos de resistencia más dura, y el islámicos. En Egipto, en donde los Hermanos paro nacional decretado dos días antes de la Musulmanes, partido de oposición perseguicaída de Mubarak fue decisivo para convencer do durante las últimas cinco décadas, gozan a la clase media egipcia de que la revuelta te- de una poderosa base social, no se escuchó nía que resolverse (Empire, 2011). En ambos países, la ruptura entre el aparato de seguridad controlado por el ejecutivo y los altos mandos del ejército, que decidieron no atacar a los manifestantes, fue determinante en el desarrollo de los acontecimientos (Kawakibi y Kodmani, 2011).

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‘El Islam es la solución’, sino ‘Túnez es la solución’ (Parvaz, 2011).

El espíritu de Tahrir

Es verdad que los pueblos árabes han sido víctimas de la discriminación y el intervencionismo de Occidente desde los tiempos de Julio Cesar. También que los estados modernos árabes se inventaron cuando Francia e Inglaterra dibujaron un mapa para repartirse el botín del Imperio Otomano. Sí, Estados Unidos financió a grupos islamistas como Hamas en Palestina en su esfuerzo por hundir el nacionalismo árabe laico, por el que se sentía amenazado. Y sí, mientras hablan de democracia y de derechos humanos, Estados Unidos y Europa han sido férreos aliados o socios económicos de varios gobiernos criminales en el mundo árabe. Pero este es el momento en el que los árabes comunes y corrientes, los sectores sociales organizados e intelectuales y los políticos de oposición deben hacerse a sí mismos responsables de construir sociedades que se parezcan a lo que los egipcios han descrito como el “espíritu de Tahrir” (ver recuadro 2) que los cambió para siempre: muchas mujeres que participaron en la caída de Mubarak cuentan que en los días y noches que pasaron en Tahrir por primera vez se sintieron tratadas como iguales (Naib, 2011). Testigos

El llamado a movilizarse siempre tuvo una consigna concreta y clara, aunque los árabes muy bien sepan que los problemas de sus sociedades son muchos y muy de fondo .

En tercer lugar, los sucesos de lo últimos cuatro meses han demostrado que, a pesar del diverso paisaje étnico, religioso y cultural que diferencia los distintos países del Norte de África y el Medio Oriente, la identificación como pueblo árabe, basada en el uso compartido de la lengua, sí tiene un gran peso. Las protestas de Túnez suscitaron réplicas no sólo porque los problemas

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Muchas mujeres que participaron en la caída de Mubarak cuentan que en los días y noches que pasaron en la plaza de Tahrir, en el Cairo, por primera vez se sintieron tratadas como iguales. No. 72 | Abril - Julio 2011 |

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Internacional

y televidentes recuerdan las estremecedoras escenas de musulmanes blindando iglesias con sus cuerpos y cristianos las mezquitas con los suyos para proteger al que oraba de los ataques de los matones del gobierno. Los jóvenes cibernéticos se refieren a las largas horas en la plaza en las que discutieron con viejos conservadores sobre el papel de la religión en la sociedad como la única democracia que han conocido (Parvaz, 2011).

El sentimiento de indignación generalizada y una tradición cultural que no condena la ira ni el uso de la fuerza a la hora de luchar contra lo injusto ayudaron al pueblo árabe ha vencer el miedo. Ahora son los partidos Islamistas como Al Nahda y los Hermanos Musulmanes los tienen que demostrar que el Islam político no es incompatible con un sistema político democrático. Ahora son actores como la recién formada Coalición de de Jóve-

nes Revolucionarios de Egipto los que tienen que pensar qué alianzas pueden hacer en sociedades en las que los que tienen propuestas económicas que se distancian de los modelos económicos que sólo benefician al capital transnacional (los diversos grupos tribales y los mismos Hermanos Musulmanes en Egipto) se alejan mucho del grito por la libertad de los individuos que los llevó a protagonizar las sublevaciones que han hecho temblar al Mundo Árabe.

*Juana Yunis Miembro del equipo Iniciativas de Paz del CINEP/PPP

Referencias • Bamyeh Mohammed, 2011, “The Tunisian Revolution: Initial reflections. Part 1” en Jadaliyya.com, Washington D.C, enero 17. Disponible en: http://www.jadaliyya.com/pages/index/464/the-tunisian-revolution_initial-reflections_part-1• Bishara, Marwan, 2011, “Three questions for Marwan Bishara” en Aljazeera.net, Doha, enero 16. Disponible en: http://english.aljazeera.net/indepth/2011/01/20111157937219109.html • Empire, 2011, “Pax Americana” en English.aljazeera.net, Doha, febrero 8. Disponible en: http://english.aljazeera.net/programmes/empire/2011/02/20112875931593543.html • English.aljazeera.net, 2011, “’Bring us sugar’” en English.aljazeera.net, Doha, enero 8. Disponible en: http://english.aljazeera.net/programmes/insidestory/2011/01/20111881741247678.html • Kawakibi, Salam y Kodmani, Bassma, 2011, “Le Monde Diplomatique. Informe Dipló II: Deseos y trampas de las revueltas árabes LOS EJÉRCITOS, EL PUEBLO Y LAS AUTOCRACIAS” en Taringa.eu, Paris, marzo 20. Disponible en: http://www.taringa.eu/le-monde-diplomatique-informe-diplo-ii-deseos-y-trampas-de-las-revueltas-arabes-los-ejercitos-el-pue • Lynch, Marc, 2011, “Tunisia and the New Arab Media Space” en Lynch.foreignpolicy.com, Washingtion D.C, enero 15. Disponible en: http://lynch.foreignpolicy.com/posts/2011/01/15/tunisia_and_the_new_arab_media_space?wpisrc=obnetwork • Naib, Fatma, 2011, “Women of the revolution” en English.aljazeera.net, Doha febrero 19. Disponible en: http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/02/2011217134411934738.html • Parvaz, D., 2011, “Islamists ready for their close-up?” en English.aljazeera.net, Doha, marzo 10. Disponible en: http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/02/2011223113653846953.html

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