Cien días vistos por CINEP/PPP - Septiembre de 2012/ No 76

¿Avanzar, en qué dirección?

Contenido

Editorial

La locomotora de la ambigüedad: Sobre los rieles del reformismo social y la concentración capitalista................................. 4 Por Luis Guillermo Guerrero Guevara

Conflicto

El sargento llorón y la trastienda del problema...................................

Por Teófilo Vásquez, John Jairo Rincón García y Andrés Yepes

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“La histórica lucha por la paz del movimiento indígena caucano”...... 11 Por Fernanda Espinosa Moreno

Paz

El Marco Jurídico para la paz visto por Federico Andreu..................... 15 Entrevista Marco jurídico para la paz: ¿un marco estrecho?............................... 17 Por Magda Beatriz López

Justicia

Una mirada a lo que pudo haber sido y no fue de la Reforma a la Justicia .................................................... 21 Entrevista a Rodolfo Arango Reforma a la justicia Lecciones para la defensa de la Constitución de 1991... 22 Por Sergio Coronado Delgado

Desarrollo

La otra cara de la palma en María la Baja........................................... 25 Por Equipo Tierras y Víctimas del CINEP/ Programa por la Paz Plan de Desarrollo Bogotá Humana: entre el urbanismo y el humanismo ... 29 Por Andrés Mauricio Aunta Peña

Planes de desarrollo: ¿para dónde van las ciudades en estos 4

Competitividad

años?

Empleo

Vea la información detallada de esta infografía en www.cinep.org.co.

Las rutas de acción de los gobiernos de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga vistas desde las agendas

$774.265.463.807

Territorio y vivienda

$206.925.207.746

MED $163 mil 5 millones CAL $7 mil 654 millones BUC $36 mil 266 millones 207 mil 746

Gobernabilidad

$1.230.767.814.613

MED $ 960 mil 925 millones CAL $779 mil 493 millones BAR $409 mil millones BUC $338 mil 653 millones 116 mil 360 BOG $ 32 mil 131 millones 550 mil

$331.690.000.000

Deporte y recreación Espacio público

$1.329.137.000.000

MED $ 203 mil 827 millones 477 mil CAL $206 mil 419 millones BAR $127 mil millones BUC $590 mil 231 millones 337 mil 613 BOG $103 mil 290 millones

Participación ciudadana

$926.998.545.918

Planes de desarrollo: ¿para dónde van las ciudades en estos 4 años?.................................. 33 Por Equipo de Incidencia y Comunicación

MED $227 mil 189 millones BAR $258 mil 95 millones BOG $ 819 mil 805 millones

MED $ 990 millones 279 mil 619 CAL $143 mil 477 millones 100 mil BAR $566 mil 721 millones BUC $24 mil 139 millones 516 mil 299 BOG $191 mil 670.650.000

Salud

$200.483.372.115 Infancia y adolescencia

MED $12 mil 940 millones CAL $20 mil 229 millones

MED $ 44 mil 379 millones CAL $33 mil 141 millones BAR $63 mil millones BUC $25 mil 725 millones 463 mil 807 BOG $608 mil 20 millones

Convivencia

$ 2.520.202.666.360

Educación

Arte y Cultura

MED $165 mil 715 millones CAL $8 mil 421 millones BAR $14 mil 465 millones BUC $11 mil 882 millones 372 mil 115

$385.903.006.617

$652.749.836.000

Equidad

$2.091.822.995.982

MED $ $ 44 mil 379 millones CAL $1 mil 572 millones 665 mil BAR $ 1 mil 452 millones 948 mil BOG $ 14 mil 181 millones 223 mil

Medio ambiente MED $ 446 mil 793 millones BAR $250 mil 156 millones BOG $ 3 mil 814 millones 148 mil

$1.248.102.384.022 MED $ 171 mil 707 millones CAL $ 37 mil 843 millones BAR $ 38 mil 230 millones BUC $ 49 mil 459 millones 384 mil 022 BOG $ 819 mil 805 $950 mil 863 millones

$700.763.148.000

Derechos humanos

$958.873.093.000 MED $ 475 mil 93 millones CAL $115 mil 248 millones BAR $692 mil 359 millones BOG $150 mil 791 millones MED $108 mil 642 millones CAL $47 mil 809 millones BOG $ 523 mil 023 millones 907 mil

Seguridad

$2.091.822.995.982

Alimentación

Innovación y tecnología

Internacionalización

MED $227 mil 189 millones CAL $166 mil 243 millones BAR $258 mil 95 millones BOG $ 819 mil 805 millones

$1.471.332.000.000

$1.094.506.000.000

MED $791 mil 252 millones 691 mil CAL $1 billón 124 mil 587 millones BAR $45 mil 838 millones BUC $73 mil 939 millones 304 mil 982 BOG $ 56 mil 206 millones

MED $ 338 mil 1 millón BOG $756 mil 505 millones

MED $ 89 mil 740 millones CAL $ 331 mil 522 millones

$421.262.000.000

MED $ 194 mil 708 millones BUC $739 mil 280 millones 712 mil 308 BOG $95 mil 275 millones

$1.029.263.712.308

MED $ 327 mil 313 millones 886 mil BAR $1 mil 273 millones 119 mil BUC $354 mil 54 millones 849 mil 360 BOG $ 57 mil 316 millones

Movilidad

$1.808.603.656.000

MED $ 785 mil 379 millones CAL $1 mil 140 millones 184 mil BAR $1 billones 6 mil 557 millones BOG $15 mil 527 millones 472 mil

Medio ambiente

Río+20 Entre la comercialización de la naturaleza y el “buen vivir”................ 34 Por Luis Guillermo Guerrero Guevara

Movimientos sociales

“Cumpliremos porque empeñamos nuestra palabra” ¿En qué anda la defensa de la educación superior en Colombia?...... 39 Por Martha Cecilia García y Dairo Andrés Sánchez

Minería

Pequeña y gran minería: un solo problema ....................................... 45 Por Álvaro Delgado Precaución socioambiental Moratoria en la minería de la Amazonía.............................................................. 49 Por Ramón Laborde No a la desviación del cauce del río Ranchería ................................... 52 Por Margarita Granados y Liliana Múnera

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Director Alejandro Angulo Novoa, S.J. Comité Editorial Luis Guillermo Guerrero Guevara Fernán González González Martha Cecilia García Laura González Pérez Sergio Andrés Coronado Fernando Sarmiento Ana María Restrepo Teófilo Vásquez William Rozo Margareth Figueroa G. Colaboran en este número Luis Guillermo Guerrero Guevara Fernanda Espinosa Moreno Sergio Andrés Coronado John Jairo Rincón García Laura González Pérez Margareth Figueroa G. Martha Cecilia García Juan Sebastián Ortiz Margarita Granados Dairo Sánchez Teófilo Vásquez Andrés Yepes Álvaro Delgado Magda López Ramón Laborde Liliana Múnera Andrés Aunta Equipo Editorial Laura González Pérez Margareth Figueroa G. Álvaro Delgado Diseño y edición fotográfica Margareth Figueroa Garzón Impresol Ediciones Portada y diagramación Impresol Ediciones Ltda.

Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP) Carrera 5 No. 33B-02 Tel: 2456181 www.cinep.org.co comunicaciones@cinep.org.co Bogotá D.C., Colombia Septiembre - Noviembre 2012 ISSN: 0121-3385 No. 76 | Septiembre - Noviembre 2012 |

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Editorial

La locomotora de la ambigüedad: Sobre los rieles del reformismo social y la concentración capitalista Por Luis Guillermo Guerrero Guevara*

L

a vida política nacional muestra ac- les, si bien necesitan leyes que las hagan para gobernar. Cada gobierno de turno la tuaciones ambiguas del gobierno na- legítimas, igualmente reclaman una gran aplica con sus propios matices, pero en el cional. Por un lado, sanciona la Ley voluntad política y un alto grado de com- fondo es la misma. Por un lado, el reforde Víctimas y Restitución de Tierras (Ley petencia administrativa que las torne mismo social, que quiere mostrar que en la nación “todos y todas” cabemos y go1448, 2011), que busca abrir un camino efectivas y creíbles para la ciudadanía. complejo que puede resultar sinuoso a Al parecer, sucede lo contrario con zamos de derechos y garantías ciudadala hora de resolver uno de los proble- los procesos económicos de alta inver- nas, y, por otro lado, el Estado al servicio mas más graves que ha vivido Colombia: sión de capitales nacionales y extranje- de las grandes inversiones y usufructos el despojo de millones de hectáreas de ros: se trabaja la plataforma legal, la gran de capitales. Esto es lo que alimenta la tierras. Por otro lado, las baterías del mayoría de las veces sin que la opinión incoherencia ética, la inviabilidad econógobierno se han pública se entere, mica, la insostenibilidad ambiental y la encaminado a imse sancionan nue- segregación social que se ha venido conspulsar y garantiLa vida política nacional mues- vas leyes y decre- truyendo por muchas décadas en el país.

Comprenderíamos mejor los últizar un capitalis- tra actuaciones ambiguas del tos, se transforma mo arrollador y gobierno nacional. Por un lado, o debilita la ley mos acontecimientos ocurridos en el agresivo. Al calor sanciona la Ley de Víctimas y Res- ambiental anterior norte del Cauca, en el Putumayo, en el de la locomotora titución de Tierras y por el otro, las para garantizar el Huila, que afectan a los pueblos indígeminero-energética baterías se han encaminado a im- proceso inversio- nas y campesinos; los amañados y verpulsar y garantizar un capitalismo nista y, a su vez, gonzosos procesos que antecedieron a la se continúa expularrollador y agresivo . sando a poblacioel Estado hace un “reforma a la Justicia”; el complejo reto nes y presionando trabajo adminis- de construir un “Marco jurídico para la a favor de esos trativo y de seguri- paz” o los alcances que va teniendo la exfines el aprovechamiento de territorios dad, efectivo para proteger la inversión plotación minero-energética en el país, si colectivos y protegidos. Este modelo de económica. Esto se percibe claramente tuviéramos como guía de lectura de estos desarrollo sigue provocando segregación en la Ley 685 de 2001, a cuya luz se expi- hechos la manera como la clase dirigensocial, insostenibilidad ambiental, invia- dió el código de minas, y cuando obser- te, política y económica, ha venido manejando a la sociedad bilidad económica y contradicciones éti- vamos la marcha cas en la sociedad colombiana. de importantes deCada gobierno de turno aplica colombiana.

De la misma Tales ambigüedades del gobierno sarrollos mineros, la ambigüedad con sus propios mallevan a un verdadero “choque de trenes” como el de ferroní- tices pero en el fondo es la misma: manera, interpreentre las reformas sociales —con progra- quel en Cerro Ma- reformismo social por un lado y el taríamos mejor esmas como el de vivienda o el de empleo, toso, de Córdoba, Estado al servicio de las grandes in- tos acontecimienaún en etapas iniciales— y, de otra parte, o el de carbón en versiones y usufructos de capitales, tos si los leyéramos . por el otro a la luz de las lulas amplias garantías para las inversio- El Cerrejón, de La chas históricas de nes extranjeras minero-energéticas, ya Guajira. muy avanzadas. La opinión pública ha La ambigüedad que se expresa no es los movimientos sociales del país, si los detectado estas distancias. Las últimas nueva: prácticamente es una estrategia analizáramos teniendo como referente encuestas empiezan a mostrar la caída que los partidos y corrientes políticas la violación de los derechos humanos, de la popularidad del gobierno Santos, tradicionales colombianas han conver- del Derecho Internacional Humanitario lo cual confirma que las reformas socia- tido en una de sus fórmulas preferidas y de la violencia política que ha vivido

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Editorial

Colombia en medio de la conformación, a dilucidar. Muchos de estos problemas la confrontación y las complejas alianzas tienen que ver más con soluciones surgique se observan entre las estructuras pa- das de las políticas públicas sociales y de ramilitares, la guerrilla y el narcotráfico. voluntades políticas construidas entre el Pero esta complejidad de los hechos gobierno, las instancias legislativas y adno debe dar lugar a la confusión ni hacer- ministrativas y los ciudadanos.

Ciertos secle el juego a la amtores de la admibigüedad que han No todas las dificultades del país utilizado los diri- están atadas al conflicto armado nistración Santos gentes políticos interno. Muchos problemas tienen no escapan a esta de todo color, así que ver más con soluciones surgi- ambigua y distorcomo los funciona- das de las políticas públicas sociales sionada interpretarios de los gobier- y de voluntades políticas construi- ción y aplicación de nos de turno. Si das entre el gobierno, instancias acciones frente al bien es cierto que legislativas y administrativas y los conflicto armado. ciudadanos .

Hechos de controColombia continúa versia social como viviendo conflictos de diversa índole (armados, políticos, los ocurridos en las últimas semanas no se sociales, económicos y culturales), ellos pueden asimilar ni tratar como si fueran deben ser entendidos en sus contextos, un conflicto armado, y, por tanto, aplicaren su momento histórico, con los acto- les estrategias de seguridad militar. Ellos res implicados en ellos y bajo sus pro- son procesos sociales que la dirigencia política y económipios parámetros de contenido. UtiPuede ser que Santos, que mos- ca y la ciudadanía lizar la estrategia tró el atisbo de ir más allá de una colombiana no han de la ambigüedad política equívoca de reformismos sabido ni entender para asimilar, por sociales, logre romper el velo de la ni manejar ni resolejemplo, la protes- acostumbrada ambigüedad y se de- ver como conflicto ta social legítima cida a ser el Presidente de la paz en de segregación soColombia . cial, de desigualdad ante la insurgeneconómica y de cia armada es una desconocimiento acción perversa y en extremo peligrosa en nuestro país. de la plurietnicidad y pluriculturalidad Combinar esas dos formas de expresión del país, de que habla el artículo 7° de la al mismo tiempo, es distorsionar el legí- Constitución de 1991.

Por otra parte, si bien diversas expretimo ejercicio de reclamar los derechos por las vías de la participación social y siones políticas reconocen la autonomía indígena y ejercen un papel importante al política de la ciudadanía. visibilizar y construir una interpretación diferente de los hechos, otras se equivocan Mirar más ampliamente la

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dinámica de los conflictos

Los conflictos, sin duda, tienen vasos comunicantes, pero en Colombia estamos acostumbrados a mezclarlos de manera indebida, lo que nos hace perder la capacidad de comprender y, por tanto, de encontrar salidas pertinentes y sostenibles. Por eso, el país tiene que aprender a distinguir entre los problemas asociados al conflicto armado y los que no tienen que ver de manera causal o consecuencial con él. No todas las dificultades del país están atadas al conflicto armado interno, y eso lo tenemos que aprender 5

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al pretender crear un escenario político para sacar dividendos electorales, en tanto que los indígenas, en su real autonomía, quieren defender sus territorios y derechos constitucionalmente adquiridos, ser reconocidos a través de sus autoridades legítimas (arts. 246 y 330 de la CN, 1991), crear condiciones para llevar a cabo sus planes de vida y realizar su acción política asociada a la solución de sus verdaderos y graves problemas.

No hay duda de que ellos han sido ocasión para observar la emergencia de dos modelos de desarrollo en confrontación: por un lado, el indígena, el negro y el campesino, que conciben y construyen sus territorios a partir de sus identidades étnico-culturales; del otro lado, el modelo agroindustrial asociado a las nuevas lógicas y demandas de explotación irracional de los recursos naturales del país. Esta confrontación, sin solución a la vista y no pocas veces gestionada por el Estado de manera incierta y mal comprendida, ha servido incluso como oportunidad para sustentar la presencia de diversos grupos armados en el territorio.

Así las cosas, puede ser que el doctor Santos, que mostró el atisbo de ir más allá de una política equívoca de reformismos sociales a los que ya estamos habituados, después de haber sancionado la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” logre romper el velo de la acostumbrada ambigüedad y se decida a ser, como ya lo ha prometido, el Presidente de la paz en Colombia.

*Luis Guillermo Guerrero Guevara Director General del CINEP/PPP

Revista Cien Días en las redes sociales

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Conflicto

El sargento llorón y la trastienda del problema Análisis sobre los problemas relacionados con los pueblos indígenas en el departamento del Cauca desde el proceso de estructuración socio-espacial y las manifestaciones socioeconómicas en esta región.

Por Teófilo Vásquez, John Jairo Rincón García* y Andrés Yepes**

E

n las últimas semanas, a través de los medios de comunicación, los colombianos hemos hecho una aproximación mediática a los acontecimientos que se han presentado en el norte del departamento del Cauca, donde los protagonistas han sido funcionarios del Estado (civiles y militares), congresistas, guerrilleros, comunidades indígenas, sus autoridades y otras organizaciones. A través de imágenes televisadas y notas de prensa hemos visto, entre varios hechos, que los indígenas Nasa sacaron por la fuerza a los militares de sus trincheras. Ante lo cual el presidente de la república, el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares, entre otros, han hecho señalamientos y acusado a las autoridades y dirigentes indígenas de ser auxiliadores de las Farc 1.

No obstante la gravedad de estas sindicaciones, los medios de comunicación han reforzado esos señalamientos y presentado la problemática de los indígenas y del conflicto armado como un hecho coyuntural, a pesar de tratarse, sin la menor duda, de un problema de vieja data. Este artículo intenta, pues, alimentar el debate sobre algunos problemas relacionados con los pueblos indígenas y el departamento del Cauca y enfatiza en dos aspectos: el conflicto armado no es nuevo Tolima

Valle

Cauca Nariño

Huila

Los medios de comunicación han presentado la problemática de los indígenas y del conflicto armado como un hecho coyuntural a pesar de tratarse de un problema de vieja data

en la región y hace parte constitutiva de su proceso de estructuración socio-espacial; en segundo lugar, las manifestaciones socioeconómicas no han sido menos conflictivas y alimentan la inserción y la reproducción de los actores armados en el departamento.

El conflicto armado en el Cauca no es nuevo

N

Caquetá Putumayo

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El norte del Cauca, localizado entre las cordilleras Central y Occidental y colindante con los departamentos del Valle, Huila y Tolima, está conformado por los municipios de

Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribío. En ellos habitan indígenas Nasa y Guambianos, al igual que afrocolombianos y campesinos-mestizos. Históricamente, se ha caracterizado por ser una región de paso entre Cali y Popayán y estar estructurada según viejos y nuevos conflictos por la posesión de la tierra y el territorio.

Sobre el conflicto armado es pertinente recordar que en los años 60 el Cauca se convirtió en una de las zonas de refugio de las autodefensas comunistas que huían del acoso del Ejército | www.cinep.org.co |

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Conflicto

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y de los guerrilleros Más recienteEn la década de 2000 mientras en “limpios” o liberales, buena parte de la geografía nacional mente, en la década el conflicto armado disminuía su in- de 2000, y en partras la guerra que tensidad, en el Cauca aumentaba. De ticular durante los habían perdido en el acuerdo con el Banco de Datos de De- ocho años del “urisur del Tolima. Posrechos Humanos y Violencia Política bato”, el norte del teriormente, ya en del CINEP/PPP, en ese periodo, entre Cauca se convirtió en las circunstancias del un total de 1.085 víctimas, el 33% coFrente Nacional, las rrespondió a población indígena . uno de los focos de zonas de Marqueacción de la política talia y Riochiquito de Seguridad Demofueron objeto de la acción represiva y militar crática y en escenario destacado de la decisión del Estado, que las estigmatizó como repúblicas de ese gobierno de derrotar militarmente a las independientes y decidió bombardearlas, dando Farc. Esa situación no ha variado con el arribo a lugar al nacimiento de las Farc en 1964. la presidencia de Juan Manuel Santos. En estos A finales de los años setenta y ochenta a años, mientras en buena parte de la geografía esa guerrilla se sumaron el Movimiento 19 de nacional el conflicto armado disminuía su intenAbril (M-19), el Frente Ricardo Franco2 y el Ejér- sidad, en el Cauca aumentaba. De esa manera, cito de Liberación Nacional (ELN), además del lo que en otras regiones del país indicaba la reMovimiento Armado Quintín Lame (Maql)3. Este cuperación de la seguridad, en el Cauca, por el último, conformado en su mayoría por indígenas contrario, se transformó en incremento de la inNasas, se orientaría hacia la defensa de sus terri- seguridad ciudadana, expresada en una mayor torios y sus pobladores ante la presión ejercida violación de los derechos humanos. En el mispor grupos armados de derecha e izquierda. Al mo periodo, de acuerdo con el Banco de Datos finalizar la década del noventa, y proyectados de Derechos Humanos y Violencia Política del desde el Valle del Cauca, llegarían al Cauca los CINEP/PPP, entre un total de 1.085 víctimas, grupos paramilitares, que, de autodefensas el 33% correspondió a población indígena. Al creadas en función de intereses hacendatarios, diferenciar por tipo de victimización de la popasarían a conformar un ejército paramilitar de blación en general, se puede evidenciar la alta carácter ofensivo comprometido con la expan- participación de las amenazas, lesiones físicas y sión territorial del latifundio, el narcotráfico y la homicidios intencionales en desarrollo de accioeconomía agroindustrial (Vásquez et al., 2011, nes de guerrilleros, paramilitares y fuerza públi88-92). Las implicaciones de esta expansión se ca contra la población civil. Para los indígenas evidencian en las acciones violentas desatadas en particular, la mayoría de las víctimas fatales por los paramilitares contra indígenas, campesi- resultó de eventos relacionados con acciones nos y afrocolombianos, como fue patente en las indiscriminadas en desarrollo del conflicto armado, torturas y minas antipersona. masacres del Naya y Gualanday, en 2001.

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Cuadro No. 1

D eparta m ent o de l C a u ca . V icti m i z aci ó n de l a p o b l aci ó n civi l p o r vi o l aci o ne s de D dh H e in f racci o ne s a l D I H , 2 0 0 2 - 2 0 1 1

Víctimas totales

Víctimas indígenas

Amenaza

463

71

Heridas en acciones bélicas

92

16

Muerte por acciones bélicas

31

7

Empleo como escudo humano

7

0

Herida intencional a persona protegida

446

307

Herida por métodos y medios ilícitos

246

66

Homicidio intencional en persona protegida

359

75

3

2

Muerte por métodos y medios ilícitos

34

21

Tortura

103

24

Violencia sexual

13

7

1.805

596

Tipo de victimización

Mina ilícita/arma trampa

Total general

7

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La resistencia indígena En este contexto, la lucha indígena por su autonomía, por la tierra y su territorio ha estado afectada por las lógicas de la violencia y los intereses de diferentes actores sociales y económicos. Las temerarias acusaciones de la prensa, el Presidente y los militares en el sentido de que los Nasas y sus líderes son auxiliadores de las Farc suenan tan desproporcionadas, injustas y macartistas, que olvidan que esas organizaciones indígenas han venido realizando desde tiempo atrás múltiples acciones contra todos los grupos armados que operan en sus territorios.

En 1985 propusieron la Resolución de Vitoncó, en la cual, además del respeto a la autonomía indígena, exigían a los actores armados sacar la guerra de su territorio. En 1987 plantearon tres puntos para alcanzar la paz: la construcción de acuerdos entre las fuerzas sociales, la proposición y materialización de proyectos de desarrollo regional (ahora, de planes de vida) que cobijaran a indígenas, campesinos y afrocolombianos, y, finalmente, la desmilitarización de los espacios de las comunidades aborígenes por parte de los ejércitos regulares e irregulares. Tales iniciativas procuraban trascender un repertorio de acción reactivo y transitar hacia una posición política proactiva, sintetizada en lo que los indígenas denominaron la construcción directa de condiciones para la paz; en otras palabras, que en vez de seguir esperando la acción institucional del gobierno y de la insurgencia, era necesario crear las condiciones regionales para lograr la paz a partir de las organizaciones sociales indígenas.

La resolución de Jambaló (1999) ratificó la posición de los indígenas respecto de la guerra, el desarrollo y la paz, en un marco de resistencia civil, social y política. En el año 2000 dieron vida orgánica a la Guardia Indígena, con el objetivo de ejercer un control territorial. En noviembre de 2001, cuando efectivos de las Farc atacaban la estación de Policía de Caldono, el gobernador del cabildo local hizo un llamado a la comunidad y los guerrilleros fueron rodeados por decenas de indígenas, que estaban hartos de los atropellos cometidos por los grupos armados y exigían vivir en paz4. En 2004 se logró, mediante la movilización social, que la Fiscalía pusiera en libertad a dos líderes indígenas acusados de ser auxiliadores de la

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Conflicto

Foto Mauricio Archila

Las temerarias acusaciones de la prensa, el Presidente y los militares olvidan que las organizaciones indígenas han venido realizando, desde tiempo atrás, múltiples acciones contra todos los grupos armados que operan en sus territorios.

guerrilla, y en septiembre de ese mismo año nuestros bienes” (El Tiempo, 2006, 29 de sepuna comisión de indígenas se trasladó a San tiembre, 2-6).

En noviembre de 2008 la Guardia IndíVicente del Caguán para exigir la liberación del alcalde de Jambaló, secuestrado por las gena rescató a siete funcionarios de la alcaldía Farc (Villa y Hougton, 2005; Peñaranda, 2006 de Jambaló que presuntamente habían sido y Vásquez, et al., 2011). En septiembre de secuestrados por guerrilleros de las Farc5. En 2006, finalmente, desmontaron ocho trinche- su condición de representante de pueblos inras de la policía en protesta por la muerte de dígenas a escala nacional, la Organización Inun niño en el municipio de Toribío, ocasión dígena de Colombia (Onic) decidió denunciar en la cual la fuerza internacionalmente a pública fue señalalas Farc por el ataque da por su presunta hecho en el año 2009 La protesta indígena no sola- a las instalaciones del responsabilidad mente ha estado dirigida contra la colegio Manuel Quinen los hechos. Enguerra. También ha planteado la tín Lame, del corretonces exigieron necesidad de resolver las adversas gimiento de Tacueyó, nuevamente la sacondiciones socio-económicas de lida del territorio en el municipio de sus comunidades . indígena de todas Toribío6. las fuerzas miliA partir del año tares del Estado colombiano y asimismo de 2004 empezó a tomar forma la Minga Social las estructuras de las Farc, y manifestaron lo y Popular, que en 2006, 2008, 2009 y 2011 siguiente: desarrolló acciones en conjunto con pobla“La Policía nos utiliza como escudos hu- ción campesina, afrocolombiana y urbana manos en los cascos urbanos de Toribío y Jam- de distintas regiones del suroeste colombiabaló y en las zonas rurales. Invaden nuestros no para exigir el cumplimiento de acuerdos salones comunales. La fuerza pública usa a suscritos con el Estado, de acuerdos y sennuestras mujeres como objetos sexuales y sus tencias internacionales (como la referida a miembros traen a nuestro territorio el consu- la matanza del Nilo, en el caso indígena) y mo de marihuana y bazuco. Por su parte, la de los convenios firmados en 1999 entre el guerrilla también nos invade. Ataca con armas Estado y las comunidades como resultado no convencionales matándonos y destruyendo de la movilización de indígenas, campesi-

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nos y afrodescendientes que abarcó la totalidad del departamento7. En julio de 2012, en carta enviada a las Farc, cuestionaron a la guerrilla ante los señalamientos hechos a las organizaciones indígenas por el Comando Conjunto del Occidente, ratificaron su apuesta política por la paz y los invitaron a la reflexión y el diálogo8.

La protesta indígena no solamente ha estado dirigida contra la guerra. También ha planteado la necesidad de resolver las adversas condiciones socio- económicas de sus comunidades e insistido en que el problema de fondo en el Cauca es que allí están en disputa dos vías y dos formas de desarrollo sobre las cuales, valga decirlo, se inserta y se reproduce el conflicto armado interno del país: el modelo campesino e indígena y el modelo agroindustrial asociado a las nuevas expresiones y demandas de la explotación de recursos naturales.

Dinámicas socioeconómicas y conflicto armado

Conviene señalar que los recientes desenvolvimientos de carácter económico, político, social, cultural e incluso militar no están configurados de forma exclusiva en torno al departamento del Cauca, ni concentrados solamente en el norte del mismo. El proceso de expansión de la caña de azúcar y otros cultivos agroindustriales vivido en la década de 1960 condujo a la proletarización, el despojo y la marginalización de campesinos, negros e indígenas, tanto en el sur del Valle del Cauca como en el norte del Cauca.

En los años ochenta tuvo lugar un nuevo episodio expansionista de la agroindustria sobre el valle del río Cauca, al sur de Cali y al norte de Popayán, mientras en las zonas de ladera se configuraban otras novedades: la ampliación, a lo largo de la Cordillera Occidental y hacia el norte, de las plantaciones de pino y la crisis de las economías minifundistas campesinas en esos parajes. Adicionalmente, la construcción de la represa de La Salvajina en Suárez (Cauca) derivaba en una serie de conflictos socioambientales que comprometían a comunidades afrocolombianas y campesinas. Y, más grave aún, desde los años ochenta los narcotraficantes se sumaron a la demanda de tierras e incrementaron la presión sobre estas zonas. | www.cinep.org.co |

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En el decenio de 1990, y a raíz de la ca- forme de Desarrollo Humano del Pnud (2011), rídica sobre la prevalencia de los derechos tástrofe natural provocada por la avalancha presenta un índice Gini de concentración de la de los pueblos indígenas consignados en la del río Páez (1994), propiedad del 0,84. Constitución Política de 1991. la zona fue declaraEn síntesis, se está Por eso, más allá de la discusión conEl proceso de expansión de imponiendo da en emergencia y un ceptual y jurídica, insistimos en abordar la la caña de azúcar y otros cultivos modelo en el cual discusión en el campo político. La lucha de el gobierno nacional agroindustriales vivido en la déca- la tierra es para indígenas y negros no es un simple pasaaprobó la Ley 218 de da de 1960 condujo a la proleta- la explotación de je de nuestra historia: se ha desarrollado 1995 (Ley Páez) con rización, el despojo y la margina- agrocombustibles para que la sociedad y el Estado reconozel objetivo de promolización de campesinos, negros e ver la reconstrucción indígenas, tanto en el sur del Va- y la minería, el agua can sus derechos como minorías étnicas. social y económica lle del Cauca como en el norte del se destina a satis- Pero las cosas no han parado allí. Se trade la región. Esta inifacer las demandas ta, sobre todo, de una lucha política que Cauca . ciativa fue aprovechade la agroindustria tiene dos objetivos principales: negociar da por empresarios y de las empresas mejores condiciones para cuestionar el industriales y agroindustriales del Valle del generadoras de energía, y el presupuesto de in- modelo de desarrollo y potencialmente Cauca y del país para establecer en el sur del versión pública se encamina a la construcción insertarse en él, y, simultáneamente, ser Valle y el norte del Cauca una serie de com- de grandes obras de infraestructura que, en su parte activa como sujetos de la política y plejos agroindustriales y productivos que conjunto, se convierten en objeto de disputa. de las decisiones públicas. Todo esto, deshoy se disputan la mano de obra y los recurde luego, bajo el criterio de que el desasos productivos de esas áreas, uno de ellos la Conclusión rrollo de estas objetivos políticos no debe tierra, con lo cual se puso en marcha un reorpromover la aparición o agudización de denamiento territorial profundo y la agudiLos problemas de departamento del conflictos sociales y políticos entre los zación de conflictos agrarios de viejo cuño. Cauca en general, y de la población indíge- pueblos indígenas, las comunidades afro y Empresas agroindustriales, metalmecánicas, na en particular, deberían trascender las otros sectores poblacionales, como el camde empaques, plásticos, productos químicos posiciones coyunturalistas y la discusión ju- pesinado. y farmacéuticos, entre otras, se establecieron principalmente en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Villarrica, Miranda y Puerto Tejada. De los beneficios que supuestamente traería la Ley poco saben los indígenas, y todavía menos los de la jurisdicción de Tierradentro, donde ocurrió la tragedia9.

En la actualidad, a partir de la extensión de los beneficios otorgados por la Ley Paéz a los empresarios, así como de la creciente demanda de tierra para destinarla a agrocombustibles y producción de azúcar, los requerimientos y la presión social que ha despertado la compra de tierras parecerían haberse extendido a zonas habitadas por afrocolombianos e indígenas, hasta el punto de que la agroindustria cañera ya ocupa zonas de ladera que llegan a 900 metros sobre el nivel del mar. A Foto Steve Cagan esto se han sumado las expectativas de exploración y explotación La lucha de indígenas y negros no es un simple pasaje de nuestra historia: se ha desarrollado para que la sociedad y el minera. Y se trata de fenómenos Estado reconozcan sus derechos como minorías étnicas, para cuestionar el modelo de desarrollo e insertarse en él, y, que se desarrollan en un deparsimultáneamente, ser parte activa como sujetos de la política y de las decisiones públicas. tamento que, según cifras del In-

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Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (2012, 23 de julio). ¡No queremos más balas, no queremos más mentiras, lo que sí necesitamos es la solidaridad de los pueblos! Disponible [en línea]: http://www.nasaacin. org/nuestra-palabra-kueta-susuza/4419-ino-queremos-mas-balasno-queremos-mas-mentiras-lo-que-si-necesitamos-es-la-solidaridad-delos-pueblos (última entrada: 26 de julio de 2012).El Colombiano, 2008, 18 de octubre, p. 12-A. “Las Farc alientan a indígenas del Cauca”.El Espectador (2008, 19 de octubre, p. 18-19). “La resistencia indígena”.

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El Tiempo (2006, 29 de septiembre, p. 2-6). “Tumban ocho trincheras por muerte de un niño”.

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9, 10 y 11 de octubre II Foro Nacional de Educación en Derechos Humanos Antiguo Teatro México - Auditorio Jorge Enrique Molina carrera 5 No 21-38, Bogotá, D.C.

Informes: www.escueladdhh-cinep.org.co. Teléfono: 2456181

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El Tiempo (2008, 27 de octubre, p. 1-4). “Fracasó reunión de Uribe con indígenas”.

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Santos, J. M. (2012, 20 de julio). Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la instalación de la legislatura del Congreso de la República, 2012-2013.

Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Julio/Paginas/20120720_12.aspx (última entrada: 23 de julio de 2012).

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Notas Uno de estos pronunciamientos puede ser visto en la siguiente dirección: http://www.canalrcnmsn.com/noticias/comandante_del_ej%C3%A9rcito_ se%C3%B1ala_l%C3%ADder_ind%C3%ADgena_del_cauca_de_ cumplir_%C3%B3rdenes_de_las_Farc 2 Disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

3 Desmovilizado en los primeros años de la década del 90.

7 En esa época el general Óscar Naranjo, apoyado supuestamente en vídeos e interceptaciones, aseguró que en la protesta indígena había infiltrados del Frente 6 de las Farc y éstos estarían alentando y coordinando acciones con los manifestantes. El concepto fue rechazado por los indígenas, quienes exigieron que se les mostrara las pruebas. El año siguiente organizaron una nueva minga en protesta en protesta por el incumplimiento del compromiso al que habían llegado en Bogotá para el cumplimiento de los acuerdos (El Colombiano, 2008, 18 de octubre, 12-A; El Nuevo Siglo, 2008, 18 de octubre, B1; El Espectador, 2008, 19 de octubre, 18-19; El Tiempo, 2008, 27 de octubre, 1-4).

8 En la misiva se recuerda a las Farc que la Acin está esperando respuesta sobre el diálogo potencial que podrían establecer en torno a cuatro puntos: “No reclutar menores; no utilizar la violencia sexual contra las mujeres como arma política; no utilizar armas de efecto indiscriminado (tales como los tatucos y minas antipersonales), y respetar la autonomía plena de los gobiernos y organizaciones indígenas”.

9 El exabrupto de esta ley llega a tal grado, que el desastre ocurrido en la zona oriental del departamento del Cauca (Tierradentro), ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera Central, fue aprovechado para favorecer los intereses de los empresarios de la zona plana del Valle del Cauca, ubicada precisamente en el flanco occidental de la misma cordillera.

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*Teófilo Vásquez y John Jairo Rincón García **Andrés Yepes * Investigadores de ODECOFI - CINEP/PPP ** Miembro del equipo de Incidencia y Comunicación del CINEP/PPP | www.cinep.org.co |

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Conflicto

“La histórica lucha por la paz del movimiento indígena caucano” Ante la agudización de las acciones bélicas de los últimos meses en el departamento del Cauca, cabe preguntarse cuáles son las razones para la concentración del conflicto en ese departamento. Un análisis inicial nos lleva a encontrar cinco explicaciones fundamentales.1 Por Fernanda Espinosa Moreno*

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a primera estriba en el hecho de que el Cauca es parte de un corredor estratégico de movilidad de armas y droga, que comunica a los departamentos del Cauca, Tolima y Valle del Cauca. La segunda es la puesta en marcha allí de megaproyectos como la minería, la zona franca y el monocultivo de caña, que a la vez coincide con una mayor presencia de actores armados ilegales y legales. Actualmente hay más de 1.200 solicitudes de títulos de exploración minera en ese departamento. Una tercera razón es la posición geopolítica del Cauca, que, debido a su cercanía a Cali y a ser un corredor estratégico, se vincula a los procesos de integración económica del Pacífico.

Un cuarto factor es la presencia histórica de la insurgencia: en el pasado, en el Cauca han actuado todos los grupos guerrilleros, y actualmente siguen ahí las Farc y el ELN. A esto se suma la presencia de bandas paramilitares, ayer y hoy. La quinta razón se refiere a la resistencia histórica del movimiento social caucano, en particular de las comunidades indígenas del norte del Cauca. Sobre este último factor desarrollamos el presente artículo, haciendo énfasis en las luchas y propuestas del movimiento indígena, que en los últimos años se han desenvuelto en dos niveles: la construcción de propuestas de resistencia y alternativas al modelo de desarrollo imperante, y las propuestas y hechos de paz.

Antecedentes: declaración de Vitoncó y resolución de Jambaló

Las propuestas sociopolíticas del movimiento indígena caucano no son nuevas.

Tienen una larga tradición que se remonta a

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Foto Fernanda Espinosa

Resguardo La María en Piendamó, Cauca, abril de 2012

Manuel Quintín Lame, a principios del siglo actores armados de sus territorios podemos XX, y aun a la cacica Gaitana, en los tiempos resaltar dos hechos, la Declaración de Vitoncoloniales. Desde la creación del Consejo Re- có (1985) y la Resolución de Jambaló (1999), gional Indígena del Cauca (Cric), nacido en emitidas en el marco de asambleas indígenas, 1971 en Toribío, la lucha por la existencia de especialmente del pueblo nasa. La primera es los resguardos y la propiedad colectiva de la básicamente un llamado a la autonomía, en el cual los indígetierra han estado nas hacen críticas presentes y han propuesto una relación Desde la creación del CRIC la lucha a la Iglesia católica distinta con el terripor la existencia de los los resguardos y piden que cese el torio. El Cric incluye y la propiedad colectiva de la tierra han aculturamiento y se estado presentes y han propuesto una respeten sus creenen sus banderas el relación distinta en el territorio . cias y raíces, así reconocimiento de como su concepción los derechos indígereligiosa y espiritual nas y las reivindicaciones culturales, como la defensa de la histo- del mundo. Asimismo expresan su autonomía ria, la lengua y las costumbres. Más adelante, frente a los actores armados y exigen que su en 1994, se creó la Asociación de Cabildos territorio sea respetado y que no los involuIndígenas del Norte del Cauca (Acin), vocero cren en el conflicto armado interno del país.

La Resolución de Jambaló reiteró una de los resguardos de esa región.

Como antecedentes en materia de lucha posición de autonomía frente a los actores por la autonomía indígena y la salida de los armados y propuso tempranamente asuntos

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decisivos que hoy siguen planteando las comunidades del norte caucano. En primer lugar, se opone al reclutamiento forzado de jóvenes indígenas por cualquier grupo armado y reitera que el control territorial deben ejercerlo únicamente las autoridades indígenas. Toda persona extraña que esté presente en el resguardo debe estar sujeta al control del Cabildo y de la comunidad.

Por último, se prohíben los cultivos ilícitos en el territorio. Los pronunciamientos y las actuaciones del movimiento indígena en la actualidad no son, pues, cosa nueva sino una determinación histórica del pueblo nasa.

Construcción de resistencia y alternativa

Foto Fernanda Espinosa

Los pronunciamientos y actuaciones recientes del movimiento indígena no son cosa nueva sino una determinación histórica del pueblo nasa

En los últimos años el Cauca se ha des- los municipios de Toribío, Jambaló, Caldono, tacado por ser uno de los departamentos de Silvia, Páez e Inzá, de mayoría indígena, con mayor movilización y resistencia social del el apoyo de campesinos, comerciantes locales país. Las movilizaciones impulsadas por el y el resto de población realizaron la consulmovimiento indígena caucano, distinguidas ta, que fue atendida por un gran número de por aglutinar al conjunto de los movimien- votantes y dio como resultado el rechazo del tos sociales del país, proliferaron entre 2004 TLC por el 98% de los mismos. Fue muy imy 2011. Punto de partida de este proceso de portante para el movimiento el “proceso de movilizaciones conjuntas fue la Cumbre Na- liberación de la madre tierra”, especialmente cional de Organizaciones Sociales, realizada la toma de las haciendas “La Emperatriz” y “Jaen septiembre de 2004 y con motivo de la cual pio”, también en 2005. Tales tierras, ancestralindígenas y campesinos marcharon pacífica- mente pertenecientes a los indígenas y ahora mente hacia Cali. Allí se estableció el Congreso en manos de terratenientes, les habían sido Indígena y Popular, que emitió un mandato de prometidas por el Estado en compensación cuatro puntos: a) la defensa de la vida y el re- por la masacre paramilitar de El Nilo (1991). chazo a las políticas de guerra y de “seguridad Por lo demás, en los espacios de la Cumbre Nademocrática”; b) el respeto de los avances al- cional de Organizaciones Sociales (2006) y el canzados en la Constitución Política de 1991 Parlamento Indígena (2007) se construyeron y la oposición al paquete de reformas cons- propuestas alternativas.

En la articulación nacional de los movititucionales propuesto por el gobierno; c) la mientos sociales coexigencia de somelombianos resultater la negociación y la firma de tratados Las movilizaciones impulsadas ron fundamentales de libre comercio a por el movimiento indígena caucano, la Minga de resistenla decisión democrádistinguidas por aglutinar al conjunto cia social y comunide los movimientos sociales del país, taria y el Congreso tica e informada de proliferaron entre 2004 y 2011 . de los pueblos. La los pueblos; y d) una Minga se inició el convocatoria popu12 de octubre de lar para la construcción y consolidación de mecanismos democrá- 2008 con una marcha entre diversos puntos del Cauca y la capital del país, y en ella conticos de soberanía, paz y convivencia.

En ese lapso se destacó la consulta popu- fluyó un sonado paro laboral de los corteros lar sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) de caña del Valle del Cauca. La formidable con Estados Unidos, adelantada por las orga- movilización consiguió posicionar un debate nizaciones indígenas y campesinas caucanas público en torno a las políticas del presidente en febrero de 20052. El 6 de marzo de 2005 Uribe. Por lo demás, en el año 2010, dentro

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del proceso del Congreso de los pueblos, se presentó una nueva movilización hacia Bogotá, compuesta por cerca de 12.000 personas.

En este marco de actividad tuvo lugar asimismo un encuentro nacional sobre tierras, territorios y soberanías (2011), que reunió en Cali a unos 15.000 participantes. En él se discutieron los problemas de distintos sectores sociales y se proclamaron mandatos populares.

Con ocasión de este tipo de despliegues públicos el movimiento indígena caucano ha planteado sus propuestas y sus acciones en materia de resistencia al modelo económico imperante en el país y a los tratados internacionales de comercio, considerados lesivos en materia de cultura y soberanía alimentaria, y asimismo se ha pronunciado contra la “legislación del despojo” que se implementa para favorecer a grandes inversionistas agroindustriales, en detrimento del ambiente y de la autonomía indígena y campesina. En estos eventos encontramos la apuesta por un sistema económico alternativo que no destruya la naturaleza y el ambiente y que propicie una sociedad en armonía, en la idea del buen vivir. Con estos hechos el movimiento indígena caucano repudió el modelo de desarrollo imperante y ganó reconocimiento popular.

Construcción de hechos de paz

En los últimos años se destacan igualmente las movilizaciones y propuestas ligadas a la lucha por la paz en el país, que aunque también habían ocurrido antes, se | www.cinep.org.co |

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gales e ilegales, violaban la autonomía de los territorios indígenas y el Derecho Internacional Humanitario. El 10 de mayo, en Caloto, se realizó el evento de instalación de la Minga y en la tarde sesionaron diez comisiones, cuyos participantes plantearon sus opiniones sobre la forma como creían que debía construirse la paz. En el parque de Caloto, a la sombra de sus grandes árboles, se situó la comisión de niños y niñas, quienes dibujaron su definición de paz. A las cinco de la tarde de ese día arrancó la caminata de tres horas entre Caloto y Santander de Quilichao. El tercer día, 11 Foto Fernanda Espinosa de mayo, tuvo lugar una caminata de cinco horas entre el casco urbano de Santander y Minga por el derecho a la vida, el territorio y la paz, realizada del 8 al 11 de mayo del 2012 Villarrica, a lo largo de la Carretera Panamericana. Allí se dio lectura a las declaraciones finales de la Minga y se ratificó el comprobío, que reitera la exigencia de diálogos huvisibilizaron recientemente. Ejemplo de ello son la Declaración de Toribío (2011), las car- manitarios y la solución política del conflicto miso de todas las personas participantes de tas dirigidas a las Farc, la Minga por la paz, armado y dispone asimismo profundizar el decirle no a la guerra.

Por lo demás, en tiempos recientes la la vida y el territorio y el fortalecimiento de control del territorio y las acciones destinadas a presionar por Acin ha enviado a las Farc tres importantes la Guardia Indígena. la desmilitarización cartas, en las cuales le plantean su propuesTodas esas acciones de las comunida- ta de solución política del conflicto armado aparecen ligadas a La Declaración de Toribío, las car- des aborígenes. Las interno y su exigencia de que las guerrillas la construcción de tas a las Farc, la Minga por la paz, la dirigencias indíge- abandonen los territorios indígenas. Las mila autonomía del vida y el territorio y el fortalecimiento nas se propusieron sivas incluyen un reclamo a las Farc por pomovimiento indígede la Guardia Indígena son acciones adelantar nuevas ner en riesgo a la población civil, en particuna, que rechaza por de lucha por la paz, de autonomía del acciones para exigir lar por la presencia de grupos de milicianos, igual la presencia movimiento indígena y rechazo a la de actores armados presencia de actores armados en sus el retiro efectivo de así como las amenazas hechas a los líderes los actores armados de la Acin y el Cric. La primera de las cartas ilegales y legales y territorios . de sus territorios. tiene fecha de 7 de marzo de 2009 y está dipide la salida de sus La Declaración de rigida al comandante de las Farc (entonces territorios de la PoToribío se cierra con Alfonso Cano) y al resto de miembros del Selicía, el Ejército, los una frase que puede resumir su contenido: cretariado. La respuesta de Cano a la Acin fue paramilitares y la guerrilla.

El 9 de julio de 2011 explotó una chiva- “Cuenten con nosotros para la paz, nunca conocida en abril de 2009; por cierto, esta es la única carta de los indígenas del norte del bomba en el puesto de Policía de Toribío, a para la guerra”.

Entre el 9 y el 11 de mayo de 2012 tuvo Cauca que ha sido respondida públicamente tiempo que fue activado otro explosivo. La detonación destruyó varias casas y las es- lugar la Minga por la paz, la vida y el territo- por las Farc.

La mencionada respuesta de las Farc sequirlas alcanzaron a algunas personas de los rio, en escenarios de Caloto, Santander de alrededores. El saldo de esos hechos fue de Quilichao y Villarrica, tres de los municipios ñala “desencuentros y dificultades puntuales” de la insurgencia 480 familias damnificadas por daños en sus más afectados por con las comunidaviviendas, tres civiles y un militar muertos y el conflicto armado 128 personas heridas (entre ellas, 17 niños y del norte del Cauca.

Recientemente la Acin ha enviado des del nortecaucaniñas). Los sucesos de Toribío, junto a otros Cerca de 8.000 pera las Farc tres importantes cartas, en nas, aunque reconoataques ocurridos en esas mismas semanas sonas se dieron cita las cuales le plantean su propuesta de ce la “organización en Corinto, Caldono, Jambaló y el resguardo allí para movilizarse solución política del conflicto arma- autónoma de las de San Andrés de Pisimbalá, así como la de- en favor de la paz, do interno y su exigencia de que las comunidades indíguerrillas abandonen los territorios genas, sus cabildos, cisión unilateral e inconsulta del gobierno resaltándose la parindígenas . su vida, su cultura, nacional de copar militarmente los territo- ticipación de indígesu lengua propia y rios indígenas, obligaron al Cric, el 20 de julio nas, afrocolombiasu organización inde 2011, a plantear una Minga de resistencia nos y campesinos, por la autonomía y armonía territorial y por el así como la presencia de jóvenes y mujeres de terna”. Infortunadamente, como lo plantea la cese de la guerra. De ella surgió un documen- la región. Los participantes del encuentro de- Acin en su segunda carta, estas expresiones to que se conoce como Declaración de Tori- nunciaron que todos los actores armados, le- no cambiaron las prácticas de la insurgencia

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armada en esos territorios. En la nueva misiva nasa, fechada el 20 de abril de 2012 y dirigida a Timoleón Jiménez, comandante de las Farc, la Acin señala que no ha habido cambios en las “dificultades”, tanto por la persistencia de las acciones armadas como por las amenazas a la misma Acin. Además, cuestiona la necesidad y utilidad actuales de la guerra.

La tercera carta, del 15 de julio de 2012, explica los hechos de las últimas semanas, cuando se presentó la destrucción de las trincheras de la Policía y del Ejército que se encontraban en medio de las viviendas de Toribío y la exigencia de la salida del Ejército del cerro El Berlín, al tiempo que presiona a la guerrilla para que abandone esos territorios y se realiLa guardia indígena se constituye como una estrategia de construcción de paz, que defiende la autonomía ce un juicio comunitario a los guerrilleros que territorial indígena, y de formación en el marco de la cultura propia fueron encontrados dentro de los mismos. La Acin señala que sus actos siempre se realizan para proteger a la comunidad, cuidando de no Los guardias indígenas, elegidos por la Asam- rritorio, de mayo de 2012. Las actividades de dar ventaja militar a ninguno de los actores blea y que portan el bastón de mando como control territorial y destrucción de trincheras armados, tal como ordena el Derecho Interna- símbolo de autoridad, defienden los derechos y campamentos del Ejército y la guerrilla han sido lideradas por la Guardia Indígena, bajo cional Humanitario. Alega asimismo que la or- y la vida de la comunidad.

En su política de paz, el movimiento in- su precepto de protección a la comunidad. ganización indígena no pretende agredir a naEn estas circunstancias, la determinadie, pero que utiliza la fuerza de la comunidad dígena del Cauca ha expresado su inconforreunida, de la palabra y de sus derechos para midad frente a la Seguridad Democrática, que ción del pueblo nasa de sacar de sus terrirecuperar sus territorios. En la misiva la Acin estima como expresión de una política auto- torios a todos los grupos armados es releritaria y guerrerista. vante y se destaca como un gran ejemplo de confirma su prograTambién se ha pro- resistencia pacífica del pueblo. El conflicto ma de construcción de la paz y la neceEn su política de paz, el movimien- nunciado frente a la arroja anualmente cientos de muertos entre sidad del fin de la to indígena del Cauca ha expresado su agresión de los gru- militares, guerrilleros y, especialmente, civiguerra en Colombia, inconformidad frente a la Seguridad pos insurgentes que les. Construir un escenario de paz y diálogo como lo establece la Democrática pero también se ha pro- hacen presencia en seguramente será más rentable para la socieprimera carta: “No nunciado frente a la agresión de los sus territorios. Pero dad colombiana. Y en eso los indígenas caugrupos insurgentes que hacen presen- los actores armados canos nos llevan mucho camino de ventaja. habrá paz para los cia en sus territorios . observan una concolombianos y las ducta totalmente colombianas si no Fernanda Espinosa Moreno* contraria a las exihay paz para los inHistoriadora-Estudiante de la dígenas, y no habrá paz para los indígenas si gencias de autonomía y paz de los pueblos Maestría en Estudios Políticos, indígenas: la guerrilla incrementa su presenno hay paz para todos los colombianos”.

Universidad Nacional. Investigadora Factor importante de la política de paz cia y recluta mayor número de jóvenes, mienAsociación MINGA de la Acin es la Guardia Indígena. Se trata de tras al tiempo se nota una mayor penetración una forma milenaria de protección de los pue- del pie de fuerza del Ejército y la Policía y la blos originarios, cuyo mandato es la defensa creación de batallones de alta montaña en los Nota de la vida. La guardia, que siempre existió en- territorios indígenas.

1 Para un análisis de estas cinco razones del conLos sustentos de lo que los colombiatre los nasa, se oficializó para hacerse visible flicto en el Cauca se puede ver: http://www. en 2001. Dados los altos niveles de impacto de nos vieron en los meses anteriores a separcoiris.com.co /2012/07/las-razones-detrasla confrontación armada en las comunidades, tiembre de 2012 se venían gestando desde del-conflicto-en-el-cauca / sus asambleas decidieron instalar guardias hacía varios años. El mandato de autonomía permanentes. La Guardia es una estrategia de territorial y exigencia de salida de los actores Referencia construcción de paz, porque evita que los jóve- armados estaba en la Declaración de Vitoncó 2 nes sean reclutados por cualquiera de los ac- (1985), la Resolución de Jambaló (1999) y la El Tiempo, 2005, “Lanzan consulta sobre el TLC”, en El Tiempo, Bogotá, febrero 10. Distores armados, defiende la autonomía territo- Declaración de Toribio (2011). Los indígenas ponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/ rial indígena y se constituye en una estrategia han adelantado varias movilizaciones por la documento/ MAM-1639892 de formación en el marco de la cultura propia. paz, como la Minga por la Paz, la vida y el te-

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Paz

El Marco Jurídico para la paz visto por Federico Andreu Federico Andreu, subdirector de litigio y protección jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas explica su concepto sobre el Marco Jurídico para la Paz.

lando el derecho a la verdad y a la justicia el derecho internacional consuetudinario.

En efecto, bajo el Derecho internacional, que tienen las víctimas.

Cd: ¿Cuáles son sus principales nove- los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra no pueden ser objeto dades y aportes?

F.A: El reconocimiento expreso de la de amnistías, indultos o medidas similares existencia del conflicto armado colombia- que sustraigan a los autores de estos crímenes de la investigano –lo cual tampoción, juzgamiento y co es exactamente una novedad, pues El Derecho internacional es claro: castigo. El Derecho la Ley 1448, “Ley de el Estado no puede renunciar a inves- internacional es clavíctimas”, ya lo ha- tigar y juzgar a los autores de críme- ro en esta materia: bía hecho– y la po- nes de lesa humanidad, de genocidio el Estado no puede sibilidad de estable- o de crímenes de guerra. Esto tam- renunciar a invescer una Comisión de bién viola el derecho de las víctimas tigar y juzgar a los a la verdad . autores de crímenes la Verdad son elede lesa humanidad, mentos importande genocidio o de tes. En particular, el crímenes de guerra. establecimiento de una Comisión de la Verdad podría ser de Esto también viola el derecho de las víctigran importancia, pero todo depende del mas a la verdad.

El derecho a la verdad –tal como está marco legal y del mandato en el que ésta sea creada. La experiencia histórica en nu- consagrado hoy día por el Derecho internamerosas regiones del mundo nos enseña cional y como lo señala el Conjunto de princique muchas veces estas comisiones son uti- pios actualizado para la protección y la prolizadas, no para contribuir a la lucha contra moción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, emanado de las la impunidad sino como cortina de humo.

Cd: ¿Cuál es su criterio sobre el marco Naciones Unidas y la jurisprudencia interfrente a los derechos humanos, la impuni- nacional,1 implica conocer la verdad comdad y las víctimas? pleta y total en relación con los hechos, sus F.A: El Marco Jurídico para la Paz facul- circunstancias específicas y la identidad de ta al Congreso, previa iniciativa del poder los responsables y partícipes, así como sus ejecutivo, para ordenar la renuncia a la per- motivaciones. Esta tarea le incumbe exclusisecución penal en los casos de “delitos que vamente a la Justicia. Si bien el Marco Juríadquieran la connotación de crímenes de dico para la Paz habla del ‘esclarecimiento lesa humanidad, genocidio o crímenes de extrajudicial de la verdad’ y de la creación guerra cometidos de manera sistemática”. de una ‘Comisión de la Verdad’, estos mecaEsto es totalmente contrario a las obliga- nismos no pueden suplantar la acción de la ciones internacionales que tiene el Estado Justicia. En este aspecto, el Marco Jurídico colombiano, tanto bajo tratados como bajo para la Paz es totalmente contrario a la obli-

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Cd: ¿Cuáles son los elementos más relevantes del Marco Jurídico para la Paz en relación con el futuro de Colombia?

F.A: El Marco Jurídico para la Paz plantea básicamente la posibilidad de que el Estado renuncie a investigar crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra y a juzgar y sancionar a sus autores, y que se establezca una Comisión de la Verdad. El Marco Jurídico para la Paz podrá ser aplicado tanto a miembros de los grupos guerrilleros y de los grupos paramilitares que se desmovilicen como a agentes del Estado, esto es, funcionarios públicos y miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Así, el MJP puede abrir amplias posibilidades legales para consagrar la impunidad y para que se sigan vio-

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gación internacional que tiene el Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar estos crímenes.

Cd: La Fiscalía admitió recientemente que “es incapaz” de investigar todos los crímenes y que por eso hay que recurrir a la justicia transicional. ¿Ello contribuye a la justicia o a la impunidad? ¿Por qué?

F.A: Una cosa es la justicia transicional y otra la renuncia a investigar graves crímenes, como lo pretende el Marco Jurídico para la Paz. En este aspecto, tanto el Secretario General de las Naciones Unidas como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos han sido enfáticos. Justicia transicional no puede ser sinónimo de impunidad.

La cuestión de la impunidad no se resuelve renunciando a investigar estos crímenes. De hecho, en muchísimos casos de graves violaciones de lientemente han investigado graves crímenes derechos humanos las pruebas contra los autores están en los expedientes penales. y procesado a sus autores, se han visto obligaAsimismo en numerosos casos, a pesar existir dos a abandonar el país, han sido puestos en la picota pública por pruebas e indicios conel alto Gobierno o tra los responsables de Si bien el Marco habla del ‘esclare- han sido removiesos crímenes, éstos no son vinculados a las in- cimiento extrajudicial de la verdad’ y dos de sus cargos, vestigaciones. Las inves- de la creación de una ‘Comisión de la cuando no desVerdad’, estos mecanismos no pueden pedidos, como ha tigaciones son frecuensuplantar la acción de la Justicia . pasado en el caso temente desviadas o del Palacio de Jussimplemente se quedan en los escritorios de los operadores de justi- ticia. Lo ocurrido con Eduardo Umaña Mencia. En no pocos casos, jueces y fiscales que va- doza y Carlos Pizarro, la masacre de los 19

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Notas

comerciantes y del Palacio de Justicia, por citar solo algunos ejemplos, son una dramática ilustración de ello.

El problema de la impunidad ha radicado en varios factores: la ausencia de una genuina voluntad política del Estado de erradicar la impunidad, la ausencia de investigación criminal por parte de la Fiscalía General de la Nación en materia de este tipo de crímenes y los pocos recursos invertidos por el Estado en la administración de justicia, por citar tan solo algunos casos. Estos son los problemas que hay que resolver.

1 Ver, por ejemplo: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 37/00, 13 de abril de 2000, Caso No. 11.48, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (El Salvador), párrafo 148; Informe No. 136/99, 22 de diciembre de 1999, Caso No. 10.488, Ignacio Ellacuría S. J. y otros (El Salvador); e Informe No. 1/99, 27 de enero de 1999, Caso No. 10.480, Lucio Parada Cea y otros (El Salvador); Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Barrios Altos vs.

Perú, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C, No. 75; Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C, No. 101; Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C, No. 162; Caso Gelman vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C, No. 221; y Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Sentencia de 11 de mayo de 2007, Serie C, No. 163).

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Marco jurídico para la paz: ¿un marco estrecho?

Análisis de las motivaciones que tuvo el gobierno nacional para formular un marco jurídico para la paz, reflexiones sobre las distintas reacciones que su trámite y aprobación desataron en diferentes sectores sociales y de las posibilidades de su aplicación.

Por Magda Beatriz López*

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esde el pasado 19 de junio el solitario artículo de la Constitución Política que reza “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” estará acompañado por un nuevo Acto Legislativo. Esta reforma constitucional, conocida como “Marco jurídico para la paz”, establece que para “facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera” el gobierno colombiano podrá hacer uso excepcional de instrumentos de justicia transicional, dar un tratamiento diferenciado a las guerrillas y agentes del Estado involucrados en el conflicto armado y determinar criterios para la persecución penal de delitos contra de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario 1.

La aprobación del Acto ha levantado una polvareda de debates en distintos escenarios, e incluso hay quienes señalan que su aprobación significa “ensillar las bestias an- sociales. Al final se abordarán algunas retes de traerlas”, es decir, que la iniciativa es flexiones sobre las implicaciones y posibilidainfructuosa, ya que el asunto que está abor- des de poner en marcha el acto legislativo. dando es precisamente materia de negociación con las guerrillas 2.

Origen y aspiraciones del Sin embargo, hacer una discusión del marco jurídico para la paz Marco no deja de ser un ejercicio útil porque, aunque sea un acontecimiento de coyuntuLa iniciativa del marco jurídico, que emra, no pueden subestimarse sus efectos en pezó su curso en el Congreso desde 2011, busel escenario de una negociación de paz. Las ca “constitucionalizar” la justicia transicional presentes notas buscan considerar las moti- y el concepto de conflicto armado. El hecho vaciones que tuvo el de que se haya traactual gobierno para mitado como un adelantarse a formuActo Legislativo o Que el marco jurídico se haya tralar un marco jurídico mitado como un Acto Legislativo o re- reforma de la Conspara la paz, si se obforma constitucional pretende que lo titución pretende servan las distintas contemplado en la norma sea el refe- que lo contemplado reacciones que su rente superior de decisiones jurídicas en la norma sea el trámite y su aproo políticas en la materia y permite que referente superior el gobierno limite el grado de control de futuras decisiobación desataron en de las Cortes sobre la norma . diferentes sectores nes jurídicas o polí-

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ticas en la materia. Así mismo, al tramitarlo como un Acto Legislativo, el gobierno busca también limitar el grado de control de las Cortes sobre la norma, que en este caso no es automático sino que opera tras una demanda de inconstitucionalidad y revisa solamente los vicios de procedimiento encontrados en su formación 3.

La limitación del nivel de maniobra de las Cortes sobre la reforma es un aprendizaje que el actual gobierno extrajo de la administración de Uribe Vélez en su experiencia de desmovilización de los grupos paramilitares y que se tradujo en el trámite de la Ley de Justicia y Paz, la cual sufrió una inflexión no esperada por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional4. La decisión de las Cortes puso en aprietos al gobierno de Uribe porque se tradujo en un incumplimiento de lo pactado con los grupos paramilitares al momento de su desmovilización 5.

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Frente a esta última situación, los promotores del marco para la paz, encabezados por el senador Roy Barreras, expusieron como dificultades para el alcance de la paz tanto la continuación del conflicto armado como la debilidad y falta de coherencia de los instrumentos de justicia transicional vigentes.

Tales falencias, según los promotores de la iniciativa, se han expresado principalmente, por una parte, en las fallas de la Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz, y por otra en la tradición “maximalista” de las sentencias de la Corte Constitucional, que no ha logrado ponderar la paz y la no repetición como fines de la justicia transicional, con lo cual se disminuirían las posibilidades de negociación con las guerrillas por la vía jurídica. En virtud de esto, el marco jurídico para la paz plantea la necesidad de diferenciar el “sistema transicional” de la justicia ordinaria 6.

organizaciones como la Comisión Colombiana Acto Legislativo en el Congreso, el ex presidende Juristas y Human Rights Watch advirtieron te Uribe organizó un evento en homenaje al ex ministro Fernando que el marco puede Londoño, oportuniconvertirse en una “amnistía encubierPara los promotores del marco la dad en la cual llamó ta” y una puerta hacontinuación del conflicto armado y la a construir un frente cia la impunidad que debilidad y falta de coherencia de los contra el terrorismo se abre al impulso de instrumentos de justicia transicional y propuso la creavigentes son las principales dificulta- ción de la Coalición la desnaturalización des para alcanzar la paz . del Puro Centro Dedel delito político 7. mocrático. Al acto, En segundo luque tuvo lugar en gar, la propuesta y la aprobación del marco jurídico se constituye- las instalaciones del Club El Nogal, asistieron ron en un episodio de ruptura de Santos con varios allegados del ex mandatario, militares

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Reacciones frente al marco para la paz: impunidad, oportunidad o claudicación del Estado ante las guerrillas

Las reacciones más adversas al proyecto de acto legislativo surgieron paradójicamente de dos sectores antagónicos: por un lado, las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, y, por otro, la derecha, representada principalmente por algunos gremios económicos y militares en retiro, así como por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Dos consecuencias se desprenden de este episodio. La primera se refiere a que, pese a que el acto legislativo plantea como prioridad la garantía de los derechos de las víctimas, su verdadero acento está en que tras el cumplimiento de determinadas condiciones ajustadas a criterios de priorización y selección (casos más graves, con mayor número de víctimas y máximos responsables), el Estado podrá decidir sobre la renuncia a la persecución penal de responsables de delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Planteado este escenario de concesión de beneficios de disminución o renuncia a la persecución penal, el Estado podría incurrir en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de proteger los derechos fundamentales de las víctimas; además, al implementar los criterios de priorización y selección, podría violar el derecho de las víctimas a la justicia y la igualdad. En este sentido,

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Con la implementación de los criterios de priorización y selección del marco jurídico el Estado podría violar el derecho de las víctimas a la justicia y la igualdad.

su predecesor en el mando del Estado, cuyos retirados y representantes de gremios como antecedentes se remontan a la aceptación Fedegan, que se unieron alrededor de la dede la existencia de un conflicto armado en el claración de oposición al gobierno Santos y el interés de imprimir país, desprendida nombre propio a la de la aprobación de La Comisión Colombiana de Juris- contienda electoral la Ley de Víctimas y tas y Human Rights Watch advirtieron de 2014 8. la restitución de tieque el marco puede convertirse en rras usurpadas.

En los meses una “amnistía encubierta” y una puerTras la aprobaanteriores, José Féta hacia la impunidad que se abre al ción del marco para impulso de la desnaturalización del lix Lafaurie Rivera, la paz y luego de director ejecutivo de delito político . frustradas presiones Fedegan, había enhechas por conducto cabezado la lista de de sus aliados políticos durante el trámite del firmantes de un derecho de petición dirigido al

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La paz definida en el marco jurídico no evidencia la voluntad del gobierno de revivir temas de debate decisivos, como los inscritos en la agenda del Caguán .

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presidente Santos el Ni el rechazo de las organizaciones en diferentes sec1º de marzo de 2012 de víctimas, ni las objeciones del sec- tores presionaron y titulado “No al diátor de la derecha encabezada por Ál- ajustes del texto logo con terroristas, varo Uribe y un grupo de ex militares, final en asuntos ni un atentado terrorista ocurrido el espinosos, sí al fuero militar”, como mismo día de la votación final, frena- la inclusión de los en el que manifesron la aprobación del marco legal . agentes del Estado, taban su decepción por el retroceso de la exclusión de las la política de “segullamadas “bandas ridad democrática”. En este mismo sentido, criminales”, la participación en política o el las reservas activas de las Fuerzas Militares castigo de los máximos responsables por la (diferentes asociaciones de militares en re- totalidad de los delitos, todo lo cual se definitiro), en carta abierta al Presidente fechada rá realmente en las leyes estatutarias. el 11 de julio de 2012, afirmaron que el marSin embargo, lo que quedó claro fue que co para la paz entrañaba un favorecimiento ni el rechazo de las organizaciones de víctidel terrorismo, y rechazaron las recientes mas y de sus entidades defensoras, ni las obdeclaraciones del primer mandatario en el jeciones del sector de la derecha encabezada sentido de que algunos militares le temían por Álvaro Uribe y un grupo de ex militares, a la paz 9. ni un atentado terrorista ocurrido el mismo No obstante, algunos actores académi- día de la votación final,11 pudieron frenar la cos, ONG y la Iglesia católica se han mostrado aprobación del marco legal, cuya discusión más optimistas frente al marco jurídico. Por y trámite en el Congreso fueron más rápidas una parte, han planteado que el marco puede y menos complejas de lo que significará su favorecer el debate político y el acercamien- puesta en marcha en los territorios de Coto de las partes en torno de una salida nego- lombia directamente afectados por el conflicciada del conflicto armado, y, por otra, que la to armado, más allá de las discusiones políticonstitucionalización de la justicia transicio- cas de los escenarios bogotanos. nal puede ser una salida legítima más realista para desbloquear los procesos jurídicos alre- El escenario actual de la guerra y dedor de la negociación con los grupos arma- las posibilidades de la negociación dos ilegales10.

Finalmente, las fuertes críticas y rechaLa respuesta de las Farc al marco jurízos al proyecto de acto legislativo originadas dico para la paz ha sido más indiferente que

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explícita. Su primera manifestación frente a la cuestión se produjo tras el desmentido que se vieron precisadas a hacer de un mensaje apócrifo que circuló por varios medios de comunicación y en el cual esa guerrilla supuestamente se mostraba optimista ante el marco jurídico.

En un contexto en el que siguen demostrando amplia capacidad militar y desde antes de la apertura formal de los diálogos con el Gobierno nacional, la postura del grupo insurgente frente a la reforma constitucional refleja que no está convencido de que el marco aprobado sea una verdadera herramienta para negociar la paz, pues él estaría planteado en clave de su sometimiento y adhesión.

En su perspectiva, la paz definida en el marco jurídico no evidencia la voluntad del gobierno de revivir temas de debate decisivos, como los inscritos en la agenda del Caguán, asunto al que se refirió Timochenko en su carta de enero del presente año.

Además de esto, se debe tomar en consideración que el marco jurídico señala un conjunto de estrictas condiciones que debería cumplir la guerrilla en caso de pretender ser cobijada por éste: dejación de las armas, reconocimiento de su responsabilidad, contribución al esclarecimiento de la verdad, reparación de las víctimas, liberación de todas las personas secuestradas, devolución de menores de 18 años y vocería política solo para quienes hayan cometido delitos políticos (asonada, rebelión y conexos).

Al revisar estas condiciones puede observarse que las Farc solo han manifestado expresamente que no seguirán ejecutando “secuestros con fines extorsivos”; los demás problemas están por resolverse, con mayor razón cuando a la hora de la negociación los comandantes guerrilleros que han cometido algo más que delitos políticos querrían acceder a medidas de reducción o cesación de la persecución penal.

En este sentido, el marco jurídico para la paz y las condiciones puestas para sentarse a negociar pueden despertar una ardiente expectativa en la opinión pública, al fijar unos parámetros difíciles de modificar y que

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en “teoría” no serían materia de negociación, cosa que no es llamativa para las guerrillas.

Así pues, el escenario planteado no es fácil y tendrá además el concurso de actores claves como las Cortes, las víctimas, la justicia internacional, los paramilitares desmovilizados y los que aún siguen delinquiendo en las llamadas “bacrim”.

El gobierno de Santos, que se ha caracterizado por un discurso que ha oscilado entre el militarismo y las posibilidades de la salida negociada, seguirá interesado en mantener la imagen de la política de “seguridad democrática” para no parecer impopular ante no pocos de sus electores y aliados, aunque al mismo tiempo no dejará de lado las oportunidades del proceso de negociación que actualmente se abre, el cual tiene antecedentes en su naturaleza y su carrera política y que podrían brindarle ventajas en el escenario de su reelección y asegurarle un lugar en el protagonismo histórico.

Notas

El Acto Legislativo del Marco para la Paz es de Representantes el 6 de diciembre de el 01 de 2012. El artículo en mención de la 2011. En el mismo texto se plantea que los Constitución Política de 1991 es el número instrumentos de justicia transicional que se 22 y sirvió de marco para crear los transivienen aplicando en Colombia han originado torios 66 y 67, respectivamente referidos a tres tipos riesgos: impunidad, no esclarela constitucionalización de la justicia transicimiento de la verdad e imposibilidad de cional y la regulación de los conexos al delito evitar la repetición de hechos violentos.

7 político.

Al respecto, pueden consultarse los “co2 Los nuevos grupos paramilitares, denominamentarios al marco jurídico para la paz” dos por el gobierno “bandas criminales”, no dados a conocer el 4 de junio de 2012 serán cobijados por este marco jurídico. por la Comisión Colombiana de Juristas.

3 Ver al respecto el artículo 241 del Título VIII Disponible en: http://www.coljuristas.org/ de la Constitución Política sobre la reforma documentos/actuaciones_judiciales/comende la Constitución y el documento de la tarios_marco_juridico_2012-06-04.pdf y el Comisión Colombiana de Juristas titulado comunicado de prensa de Human Rights “Comentarios al proyecto de marco jurídico Watch del 12 de junio de 2012: http://www. para la paz”, sobre la ilusión de control de hrw.org/es/news/2012/06/12/colombialas Cortes, que fuera dado a conocer el 23 de debe-subsanar-falencias-del-proyectonoviembre de 2011. También debe tenerse sobre-justicia-transicional 8 en cuenta el argumento de que la Corte ConVer al respecto el discurso pronunciado stitucional podrá manifestarse en temas de en este evento por Álvaro Uribe, en el cual fondo en casos en los que la reforma busque plantea fuertes críticas al gobierno de sustituir la Constitución.

Santos.

4 10 Mediante la Sentencia C-370/2006 del 18 Al respecto puede consultarse el documento de mayo de 2007, la Corte Constitucional de Iván Orozco, “lineamientos de política declaró inexequible el artículo 71 de la Ley para la paz negociada y la justicia postde Justicia y Paz, que buscaba aplicar a los conflicto“. Fundación Ideas para la Paz. Serie *Magda Beatriz López paramilitares el delito de sedición.

Vorking papers No. 9, enero de 2012.

5 Investigadora del equipo Investigación 11 El ex comandante de las AUC, Iván Roberto El día de la votación final de este acto legislapara la Construcción de la Paz y el Duque, alias ‘Ernesto Báez’, en entrevista tivo, luego de recibir noticia del atentado a Caracol Radio hecha el 19 de mayo de terrorista contra Fernando Londoño, el Desarrollo del CINEP/PPP 2007 manifestó que la decisión de la Corte ministro del Interior, Federico Renjifo, y el Constitucional dejaba a los paramilitares en entonces presidente de la Cámara de Repreun “limbo jurídico”. En el mismo sentido, el sentantes, Simón Gaviria, afirmaron que el Referencias 25 de julio de 2007, en la conmemoración Congreso no se debía dejar intimidar y que del segundo aniversario de la Ley de Justicia la votación debía realizarse. Por el con9 de Oficiales en Retiromaterial dey tierras Paz, el entonces Uribe por parte del trario, el representante Alfredo Queda Asociación la preguntaColombiana de cómo articular la restitución con las presidente ExisteÁlvaro una tendencia gobierno, evidente enconservador el actual Plan de delas Fuerzas mineras Militares,que 2012, “Pronunmanifestó: de paz es del la producciónBocanegra Miguel Martínez, ampliasdeconcesiones el Estado ha otorgado en losVélez últimos años, “el proceso sarrollo, a asociar campesinaycon una Gómez producción lenta, del de poco ciamiento de las reservas activas de las Estado.

No es un capricho del Presidente.

Partido de la U, que era necesario y que planea continuar otorgando para impulsar su ‘locomotora minera’. crecimiento y queYrequiere ser transformada enplantearon una producción agroindustrial. fuerzas militares al pueblo colombiano”, en así como hay que obligar a los paramilitares a aplazarla. Para más detalles puede consulAsociación Colombiana de Oficiales en Retiro que cumplan con el proceso de paz, el Estado tarse http://m.elespectador.com/noticias/ de las Fuerzas Militares (Acore), junio 14. Distambién tiene que cumplir”. politica/articulo-346406-pese-atentado-termás eficiente deponenmejor do otorgará acceso yponible control las tierras y de sus pro- resulta especial protección para ciertos 6 en: de http://www.acore.org.co/index.

Exposición de motivos ydelatiende informe de rorista-gobierno-pide-aprobar-marco-paz php/medios-de-informacion/ demandas del mercado nacional y cesos productivos; reconocimiento y fomento formacialas grupos de la que tienen mayor para segundo debate hecha en la Cámara (recuperada elpoblación 31 de julio de 2012).

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Imagen de Víctor Barrera, CINEP/PPP

Ley de víctimas y restitución de tierras

a su participación como actor social, político mundial de productos agrícolas.

Esta es una interpretación alejada de y económico;anteriores valoración del campesinado Ediciones como el principal abastecedor de alimentos, la realidad. Diversos estudios (Rosset, 1999) No. 72 ambientales para el conjunEdición No.han 73 demostrado que la economía Edición No.campesina 74 aguaEdición y servicios to de la población nacional. En últimas, una puede ser más eficiente y producir más unipolítica agraria y rural orientada a la satisfac- dades de producción que las grandes exploción del derecho fundamental a la tierra y al taciones agroindustriales. La diversidad de la territorio de los pueblos campesinos. Si bien producción, el bajo uso de insumos energétila restitución de tierras no puede alcanzar cos, la intensidad de mano de obra utilizada, la conservación de por sí misma estas los suelos, la producambiciosas metas, La diversidad de la producción sí debe promover campesina, el bajo uso de insumos ción de servicios amescenarios que las energéticos, la intensidad de mano de bientales, la captura faciliten. obra utilizada, la producción de servi- de carbono y la proSin embargo, cios ambientales, la captura de carbo- tección de fuentes de la propuesta de de- no y la protección de fuentes de agua agua son ganancias sarrollo del actual son ganancias que usualmente no se que usualmente no gobierno contempla tienen en cuenta a la hora de analizar se tienen en cuenta No. 76 | Septiembre . sus|rendimientos a la hora de analizar intervenciones en la - Noviembre 2012 sus rendimientos. producción agrope-

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riesgo a las violaciones de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario.

También es necesario preguntarse por Ediciónreales No. 75de la restitución de las posibilidades tierras frente a los alcances de la política minera del actual gobierno. Si bien se pueden restituir derechos sobre el suelo, el Estado ha reservado para sí la propiedad del subsuelo y la posibilidad de concesionar su explotación a quien considere conveniente. ¿Cómo articular la restitución material de tierras con las amplias concesiones mineras que el Estado ha otorgado en los últimos años, y que planea continuar otorgando para impulsar su ‘locomotora minera’?

Lo que viene…

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Teniendo en cuenta este diseño legis-

Justicia

Una mirada a lo que pudo haber sido y no fue de la Reforma a la Justicia Rodolfo Arango, profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, columnista de El Espectador y ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, comparte su mirada sobre la reforma judicial.

R.A: El fuero militar, la tutela contra sentencia, el acceso a la justicia, la morosidad de los jueces al fallar, la incertidumbre de la jurisprudencia, en especial administrativa. Además, la financiación de la administración de justicia siempre será insuficiente ante los elevados niveles de criminalidad, incumplimiento y comportamiento ilegal.

Cd: La justicia en Colombia, por significar un tema estructural, además de una reforma normativa requiere otras acciones. ¿Por dónde empezar? ¿Quiénes deberían ser los invitados?

R.A: El acceso expedito a la justicia y la certeza en una justicia confiable. La formación de jueces y abogados es un factor crítico poco estudiado. ¿Cómo cambiar la cultura del engaño, la demora, la desconfianza, la tendencia a la leguleyada? Una reforma a la educación legal en Colombia es indispensable.

Cien días: ¿Qué fue lo que pasó?

Cd: ¿Puede una reforma a la justicia lleRodolfo Arango: El descrédito de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la promesa varnos a dar un paso adelante frente al prode desmontar la sala administrativa del Consejo blema de la impunidad? En caso de ser posiSuperior de la Judicatura, el choque de trenes ble, ¿qué características o elementos deberá entre las Cortes por la tutela contra sentencias contener?

R.A: La ineficacia del Estado es más noy el fuero militar, fueron temas que presionaron toria en materia de el trámite de la reforadministración de ma. Los congresistas justicia que en otros aprovecharon para Mientras la elevada inequidad, “vender” cara la refor- el desempleo y la ilegalidad impe- campos, por lo que la ma, el gobierno jugó a ren, no habrá reforma a la justicia falta de justicia pronta negociarla incluso con que sirva para contener o evitar la y segura significa para impunidad . las víctimas un delito. el pláceme de las altas En un contexto tan Cortes y todo se desmadró. De una reforma a favor del usuario y del degradado como el colombiano lo que se haga ciudadano se llegó a una distribución de poder siempre será insuficiente. Mientras la elevada inequidad, el desempleo y la ilegalidad impeentre las autoridades.

Cd: ¿Qué elementos considera como los ren, no habrá reforma a la justicia que sirva para contener o evitar la impunidad. más críticos de cara a una posible reforma?

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Justicia

Reforma a la justicia Lecciones para la defensa de la Constitución de 1991 La decisión del gobierno nacional de solicitar al Congreso de la República que retirara el proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia, que el mismo Presidente había promovido, deja una serie de lecciones que a corto plazo deben servir para el fortalecimiento democrático de la justicia en el país.

Por Sergio Coronado Delgado*

Y

a lo había dicho el mandatario en la el Congreso y la concampaña presidencial, dos años atrás: vocatoria a sesiones “Solo los imbéciles no cambian de opi- extraordinarias en nión cuando cambian las circunstancias”. A ambas cámaras para pesar de la contundencia de la frase, nadie se su posterior hundihabría imaginado que sería una de las máxi- miento, se presentó mas que orientarían la acción del gobierno una controversia en nacional. torno a los límites Esto puede explicar por qué el Ejecutivo y funciones de cada solicitó al Congreso retirar el recién aproba- uno de los poderes do proyecto de acto legislativo relativo a la públicos con relareforma de la justicia, ya que él mismo fue ción a la reforma de quien lo propuso en primera instancia. Debi- la Constitución Polído a este infortunado episodio el país se en- tica1. Si bien nuestro cuentra inmerso en una interesante reflexión ordenamiento juríen torno a la legitimidad del actual Congreso dico otorga al Conen su función de representación política del greso la posibilidad de proponer alteraciones conjunto de la sociedad, frente a los contro- parciales del texto original de la Constitución les que deben ejercerse desde las ramas del bajo unos procedimientos específicos —que poder para que funcione adecuadamente el tienen que ser cumplidos para evitar la consistema de pesos y contrapesos, frente a los sumación de vicios de forma—, este reciente riesgos del presiepisodio reafirma dencialismo y frente contundentemente Lo sucedido con la reforma judial hecho de que los cial confirma que la gran mayoría de una situación obacuerdos políticos las reformas constitucionales, intro- servada en la gran realizados entre los ducidas después de la Constituyente mayoría de las remiembros del estadel 91, han erosionado el espíritu de- formas constitucioblecimiento pueden mocrático de la Carta y los principios nales introducidas convertirse en deciconstitucionales democráticos del Es- después de la Asamtado Social de Derecho . siones que vulneran blea Constituyente los derechos de la de 1991: ellas han población. erosionado el espíEs importante llamar la atención sobre ritu democrático de la Carta y los principios los debates, que dan importantes lecciones constitucionales democráticos del Estado Soa la sociedad colombiana. Uno de ellos fue cial de Derecho. el constitucional. En el lapso comprendido De todas maneras, así el gobierno naentre la aprobación del acto legislativo por cional cambie hoy de opinión y “esconda la

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mano”, la sociedad colombiana no parece dispuesta a olvidar que fueron el presidente Santos y sus ministros Vargas y Esguerra quienes tiraron la primera piedra. El texto y el sentido de la propuesta original de reforma a la justicia, que surgió como iniciativa del Ejecutivo, se articulaba a aquellas reformas constitucionales que, como ocurre con la reelección presidencial, han transgredido el espíritu democrático de la Carta de 1991.

El importante debate sobre la jurisdicción penal militar permite corroborar el anterior argumento.

Una reforma acorde con un escenario de realización del Estado Social de Derecho tendría que haber solucionado, desde una perspectiva integral, los graves problemas que tiene la justicia penal militar en materia de impunidad y medidas de satisfacción y reparación de los derechos de las víctimas.

La propuesta original del gobierno pretendía | www.cinep.org.co |

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todo lo contrario, ya que una de sus cláusulas establecía que todas las conductas adoptadas por los militares se presumían como actos del servicio y por lo tanto debían ser investigadas por la Justicia Penal Militar. Este hecho llevaría a una transformación radical de las investigaciones y de los juicios que se adelantan contra los militares involucrados en violaciones de derechos humanos y pondría en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas.

Además, el arribo a la justicia penal militar de todos los procesos judiciales contra los militares por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante la vigencia de la política de Seguridad Democrática supondría un colapso de esa jurisdicción. La protesta de las organizaciones sociales y no gubernamentales de defensores de derechos humanos no se hizo esperar. Pero el hecho que determinó el cambio en el curso de la reforma en materia de justicia penal militar fue la presión del gobierno de los Estados Unidos, en su calidad de principal donante internacional de recursos para las Fuerzas Armadas colombianas. Así, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, solicitó al Congreso el proyecto de reforma a la justicia2 con la promesa de promover una reforma especial del fuero militar.

A pesar de haber reconocido el grave costo político que habría significado una insistencia en la ampliación de la justicia penal militar mediante una reforma constitucional, el gobierno nacional insistió en la negociación del proyecto de reforma a la justicia y de esa manera abrió un amplio margen a la negociación con el Congreso y las Altas Cortes.

Si bien dentro de estas corporaciones hubo quienes denunciaron la inconveniencia e inconstitucionalidad de este acto legislativo, no fueron debidamente escuchados y la reforma a la justicia siguió su curso.

Lo que ocurrió después es bien conocido: la negociación de la reforma se convirtió en un escenario para alcanzar prebendas y posiciones favorables. Al parecer, los altos magistrados avalaron el proyecto cuando se les ofreció ampliar su periodo laboral a doce años, en tanto que los congresistas involucrados en procesos criminales buscaron transformar la Constitución para conseguir un escenario que les fuera favorable para enfrentar los juicios que se adelantan en su contra, muchos de ellos por participación y vínculos con grupos paramilita-

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res. La reforma de la Justicia fue, en últimas, la perversión del sistema de pesos y contrapesos de los poderes públicos, ya que, en lugar de buscar fortalecer el control entre ellos, se llegó a una suerte de “pacto de no agresión”, en el cual los principales afectados son los ciudadanos en sus aspiraciones de acceso Foto CINEP/PPP a la justicia.

Una reforma acorde con el Estado Social de Derecho tendría que solucionar los Este hecho graves problemas que tiene la justicia penal militar en materia de impunidad y resulta espereparación de los derechos de las víctimas pero la propuesta original pretendía cialmente lesivo todo lo contrario. para el restablecimiento de los derechos y la reparación de las víctimas de ner esa reforma a la justicia, ahora escondió la violencia. Como es bien conocido, muchos la mano y responsabilizó al Congreso. Los congresistas tienen responsabilidades direc- congresistas señalaron que su actuación se tas e indirectas en dicho proceso de victimi- había ceñido a la propuesta del Ejecutivo y zación. La aprobación de la reforma política los magistrados de las altas cortes no han habría frenado las investigaciones adelanta- pronunciado palabra. Como era de esperar, la das por la Corte Suprema de Justicia contra oposición política recibió un espaldarazo a su setenta congresistas, muchos de ellos en ins- posición ética de parte de la opinión pública, trucción criminal por parapolítica.3 En este que se hizo manifiesto en su votación contra contexto, la negociación del acto legislativo el proyecto de acto legislativo 4. puede comprenderse como un indicador de Hoy, nuevos giros aparecen en el lenla degradación del sistema de representación guaje político. La designación de la nueva mipolítica del país, ya que el Congreso evadió los nistra de Justicia se puede comprender como debates sustanciales sobre las víctimas, sus una revalidación de la postura política que derechos de acceso a la justicia y las garan- facilitó el hundimiento de la reforma. En sus tías del debido proceso, entre otros, porque primeras declaraciones, la funcionaria señaló algunos de ellos no son simples espectadores que no hace falta un acto legislativo para prosino protagonistas mover una reforma —en calidad de vicde la justicia.

La reforma judicial fue la pervertimarios— de los Pero ella se sión del sistema de pesos y contrape- equivoca. Se reprocesos de versos de los poderes públicos. En lugar dad, justicia y repade buscar el control entre ellos, llegó quieren actos leración. a una suerte de ‘pacto de no agresión’ gislativos que, al Y así, después en el cual los principales afectados contrario de todos del escándalo vino aquellos que se han son los ciudadanos . el nuevo cambio de producido hasta el posición. Las acumomento, profundisaciones, las incriminaciones e incluso las cen el talante democrático de la Constitución cuestionables expresiones de sorpresa no se Política de 1991. La respuesta ciudadana que hicieron esperar. El gobierno nacional, que ha suscitado esta coyuntura tiene la oportuhabía lanzado la primera piedra al propo- nidad de promover este tipo de propuestas.

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elaboradas en diferentes escenarios. En lo pertinente a la política criminal, la reforma debe incluir las recomendaciones emitidas por la Comisión Asesora de Política Criminal, algunas de las cuales resultan útiles para identificar los límites entre la justicia penal militar y la jurisdicción ordinaria y permiten orientar la penalización del narcotráfico y superar problemas graves, como el exceso de población en las cárceles6.

Además, la reforma puede facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia mediante la promoción de la jurisdicción especial de paz, y, por qué no, propiciar un escenario Foto CINEP/PPP de reconocimiento de la justicia ancestral afrocolombiana.

En últimas, lo que está en juego es el Por ejemplo, un asunto que llama a una amplia reflexión de la sociedad colombiana es carácter democrático, diverso y participaqué hacer con la justicia penal militar. La jus- tivo de la Constitución Política de 1991. La ticia penal militar debe ser un mecanismo ex- defensa de la Carta Política requiere disposiciones normativas cepcional5; las cone interpretaciones ductas criminales La justicia penal militar debe ser jurídicas y políticas de la fuerza pública, un mecanismo excepcional; las consobre todo aquellas ductas criminales de la fuerza pública que enriquezcan que derivan en la deberían ser investigadas y juzgadas su carácter demovulneración de los con la imparcialidad y la independen- crático; no episoderechos humanos cia que la justicia penal militar no ha dios —como los del acto legislativo de de la población, depodido demostrar que posee . reforma a la justiberían ser investigacia— que traiciodas y juzgadas con la imparcialidad y la independencia que la nen los acuerdos políticos que ella consagra, justicia penal militar no ha podido demostrar entre los cuales figuran la independencia y la autonomía de la rama judicial.7 Si miraque posee.

La reforma de la justicia que el país ne- mos hacia el futuro, la novela de la reforma cesita debe materializar el Estado Social de judicial será el preámbulo del debate que Derecho en aquellos aspectos en los cuales debe abrirse en el país sobre la propuesta sus resultados aún que un sector del son lamentables: Lo que está en juego es el carác- e s t a b l e c i m i e n t o el aumento de la ter democrático, diverso y participati- hizo de promover calidad y de la covo de la Constitución Política de 1991 una Asamblea Nabertura de la eduy su defensa requiere disposiciones cional Constituyencación pública, la normativas e interpretaciones jurídi- te. Como es sabido, adaptación del siscas y políticas que enriquezcan su ca- la Constitución de rácter democrático; no episodios . 1991 incorporó en tema general de seguridad social a los su articulado varios principios de los deproyectos polítirechos humanos, la realización integral de la cos. Seguramente esa sugerencia intentará reforma agraria y rural y la incorporación del eliminar del marco constitucional aquellos derecho a la alimentación adecuada como de- elementos democráticos que han facilitado recho fundamental. Así, una buena reforma el ejercicio de la oposición política, la exigidebe ser progresiva frente a los alcances de bilidad de los derechos fundamentales y la la acción de tutela en la justiciabilidad de los limitación al ejercicio del poder por parte derechos humanos integrales. del ejecutivo. La sociedad colombiana en su De igual forma, la reforma de la justicia conjunto debe prepararse para asumir ese debe acoger demandas y recomendaciones futuro escenario.

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*Sergio Coronado Delgado Abogado, especialista en Derecho Constitucional. Investigador del CINEP/PPP

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Al respecto, ver: José Gregorio Hernández, “Reforma a la justicia: ¿freno tardío o lágrimas de cocodrilo?, en: Razón Pública, 24 de junio de 2012. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobiernotemas-27/3050-reforma-a-la-justicia-ifrenotardio-o-lagrimas-de-cocodrilo.html Entre los congresistas que votaron contra la reforma a la justicia se encuentran las bancadas del Polo Democrático, el Partido Verde y el Movimiento Mira, así como algunos congresistas del Partido Liberal e incluso del Partido de la U. El Espectador, “Los congresistas que votaron en contra de la reforma a la justicia”, Disponible en: http://www.elespectador.com/ noticias/politica/articulo-354464-los-congresistas-votaron-contra-de-reforma-justicia Al respecto, ver: Rodrigo Uprimny, 2011, “¿Ampliar la justicia militar?, en El Espectador, octubre 24. Disponible en: http://www. elespectador.com/impreso/opinion/columna307389-ampliar-justicia-militar Al respecto, consultar: Juanita León, “Las 10 recomendaciones-bomba de la Comisión Asesora de Política Criminal”, en: http://www. lasillavacia.com/historia/las-10-recomendaciones-bomba-de-la-comision-asesora-depolitica-criminal-35061

Referencias Juanita León, 2012, “Con fórmula sobre fuero militar, Santos cede a presión de los gringos sin ofender a los militares”, en La Silla Vacía, febrero 20. Disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/con-formula-sobre-fueromilitar-santos-cede-presion-de-los-gringos-sinofender-militares-31 Consultado el 8 de julio de 2012.

3 Alfredo Molano Jimeno y Juan David Laverde, 2012, “¿Los 70 congresistas que se beneficiarían de la reforma a la justicia”, en El Espectador, junio 4. Disponible en: http://www. elespectador.com/noticias/politica/articulo350826-los-70-congresistas-se-beneficiariande-reforma-justicia 7 Hernando Yepes, “Reforma a la justicia: traición a la Constitución”, en Razón Pública. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index. php/politica-y-gobierno-temas-27/2480-reforma-a-la-jum,sticia-traicion-a-la-constitucion. html 2

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La otra cara de la palma en María la Baja Un reportaje publicado en la edición virtual de la revista Semana del 11 de mayo de 2012, titulado “El aceite que resucitó a María la Baja1”,provocó la reacción de organizaciones de víctimas y no gubernamentales presentes en la región. Sus percepciones y reflexiones sobre el proyecto de la palma de aceite en este municipio de Montes de María se alejan de las presentadas en dicho reportaje.

Por Equipo Tierras y Víctimas del CINEP/ Programa por la Paz* Antes de la palma ya había gente, territorio y alimentos

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son conocidas por los espeluznantes eventos na de las ideas que existen sobre la ocurridos allí. Otras graves violaciones de los región de Montes de María afirma que derechos humanos afectaron particularmente allí se alojaba una de las despensas a la población del municipio de María la Baja. agrícolas más importantes de la costa Caribe, Según datos oficiales, para el año 2010, desidea que se construyó debido a que en la re- pués de la etapa de consolidación del paramiligión existió un fuerte movimiento campesino tarismo, habían sido desplazadas del municipio que durante decenios promovió los vínculos 17.680 personas, un número impresionante si de solidaridad y asociación de los productores se tiene en cuenta que la población del mismo rurales. El movimiento campesino montema- es de 45.000 habitantes.

Uno de los eventos más conocidos ocuriano fue tan importante, que en los años 70 y 80 del siglo pasado logró llamar la atención rridos en el municipio fue el desplazamiento de las instituciones del Estado para que imple- forzado de la comunidad de Mampuján, perpetrado entre el 10 y mentaran programas 11 de marzo del año de reforma agraria El movimiento campesino de 2000. Aunque el caso y de adecuación de tierras rurales, entre Montes de María fue tan importan- de esta comunidad otras acciones, me- te, que en los años 70 y 80 del siglo es emblemático, no pasado logró llamar la atención del fue el único en la lodiante la construcEstado para que implementaran proción de un distrito gramas de reforma agraria y de ade- calidad. Otras comunidades, como las de de riego. Gracias a la cuación de tierras rurales .

Playón, Matuya y El producción campesiNíspero, fueron víctina, los Montes de María se concebían como una región próspera. mas de la violencia, el abandono y el despojo, De igual forma, el acceso a las tierras, combi- y sus historias expresan asimismo la historia nado con sistemas asociativos de laboreo del reciente de Montes de María2. Así, la violencia campo, permitió que la población rural de la tuvo impactos profundos en el uso y el acceso región dispusiera de sistemas de producción de las tierras rurales del municipio de María viables y de organizaciones sociales sólidas. la Baja: según datos del Registro Único de Hoy la realidad es diferente: con el recrudeci- Predios y Territorios Abandonados (Rupta), miento del conflicto armado en la región, todo en esa localidad fueron abandonadas 21.785 cambió. hectáreas, cifra igualmente alarmante si se La expresión más cruda de la violencia en considera que el municipio cubre apenas Montes de María son las múltiples masacres de 54.700 hectáreas. que han sido víctimas sus pobladores: Chengue, El despojo y abandono de tierras produjo El Salado y Macayepo, entre otras localidades, daños irreparables en la cultura, la economía

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y particularmente su municipio, y las formas de vida campesina. fueron la despensa alimenCon la violencia se pusieron taria de la región. Para en grave riesgo los procesos ara el año numerosas víctimas del territoriales de las organi2010, después de la conflicto regional el zaciones campesinas, sus etapa de consolidación del paramilitarismo, proyecto de la palma sistemas productivos y habían sido desplazadas del aceitera se asocia de los conocimientos asomunicipio 17.680 personas, una forma más direcciados a ellos, así como un número impresionante si ta a la violencia que sus formas asociativas se tiene en cuenta que la a la reconciliación, y de organización polípoblación del mismo es más al desarraigo que tica ya mencionadas. En de 45.000 habitantes. al retorno y a la reparaeste sentido, el efecto más ción. Con estas transforvisible de la violencia es la maciones no solo se alteró transformación del paisaje en el empleo del suelo sino también Montes de María y, por supuesto, en el de los recursos públicos, los circuitos María la Baja.

Si se considera el establecimiento de cul- y redes alimentarias y los mercados locales, tivos en Montes de María entre 2002 y 2006, anteriormente estructurados en función de la se observa una disminución dramática de los producción campesina y las demantransitorios y un aumento de los permanentes, das regionales.

Quienes defienden principalmente de palma de aceite, aguacate, cacao y cítricos, ligado a un fuerte proceso de el proyecto de la palma ganaderización e incremento de las áreas aceitera en Montes de pastos3. En este “empuje empresarial” de María sostienen se destacan empresas como Colanta y que los productoalgunas de palma de aceite que son res que se vincupropiedad, entre otros, del exminis- len pueden obtetro de Agricultura Carlos Murgas. Los ner rendimientos defensores de derechos humanos han económicos más cuestionado estas inversiones, no solo altos que los sispor la compra masiva de tierras que temas tradicionaellas supusieron, sino también por los les de producción negocios presuntamente fraudulentos agroalimentaria del campesinado. Sin emmediante los cuales fueron adquiridas4.

El drástico cambio en el uso del suelo bargo, la opinión de Edilno solo implicó la transformación de las activi- berto Pérez, el productor entredades productivas de la zona sino asimismo el vistado por Semana, no representa la de aprovechamiento de la infraestructura pública todos los campesinos de María la Baja ni de la región. Sobre las tierras en las que para la producción de palma: los distriantes se construyeron próspetos de riego que antes servían a ros y diversos sistemas de los campesinos para siembras producción campesina de arroz y otros productos hoy avanza el proyecto ara numerosas están ahora dedicados al víctimas del conflicto de la palma aceitera. proyecto de la palma y regional el proyecto de Lo que marca el anno atienden a las necela palma aceitera se asocia tes y el después del sidades de los demás más con la violencia que proyecto de la palma productores del municon la reconciliación, más al es la violencia y la cipio. De esa manera se desarraigo que al retorno y victimización de los enajenaron la infraesa la reparación. pobladores de María tructura y los bienes púla Baja. Por lo tanto, este blicos. proyecto no existe a pesar Los campesinos de de la violencia de la región María la Baja no dudan en afirsino que se constituye en una de mar que, antes del recrudecimiento las múltiples consecuencias de la misma. de la violencia, la región de Montes de María,

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En medio del resurgimiento siguen las amenazas y la intimidación El contexto aún continúa siendo preocupante. A pesar de la desmovilización de algunas estructuras paramilitares, los hechos de violencia no han dejado de presentarse en el municipio: el riesgo para las víctimas, los reclamantes de tierras, las mujeres y los jóvenes continúa. Pero la violencia no es la única contingencia que enfrentan los campesinos del territorio; no pocos de ellos han enfrentado las amenazas y la acción de gentes interesadas en apoderarse de sus tierras. Durante el desplazamiento forzado numerosos campesinos, por obvias razones, dejaron de pagar sus créditos y obligaciones a los bancos. Sin embargo, esto no ha sido una limitación para que abogados y acreedores busquen a toda costa el pago de estas deudas, lo que significaría en muchas ocasiones la entrega de las tierras, que son el principal patrimonio de las familias campesinas. De igual manera, nuevamente y de manera pública resurgen las amenazas de los llamados ‘ejércitos antirrestitución’.

Desde hace varios años los campesinos de la zona hablan de los ‘patiamarillos’, en referencia a los desmovilizados y miembros activos de grupos paramilitares que están armados y cuidan las fincas y los cultivos de la región, entre ellos los de palma de aceite.

¿La profundización de un modelo de desarrollo rural antidemocrático y excluyente?

El proyecto de la palma no contribuye a resolver la demanda histórica de los campesinos y sus organizaciones regionales: el acceso y la seguridad de sus derechos a la tierra y al territorio. De hecho, en buena medida el proyecto se ha favorecido del proceso de reconcentración de las tierras que ha tenido lugar tanto por medios legales como por ilegales. Los campesinos que todavía conservan derechos sobre extensiones cobijadas por medidas de | www.cinep.org.co |

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protección que impiden las transacciones sobre las mismas son presionados para que soliciten su levantamiento con el fin de que puedan realizarse y registrarse los negocios de compra de los terrenos.

El informe del Pnud sobre desarrollo humano del año 2011, titulado “Colombia rural: razones para la esperanza”, permitió a la opinión pública acercarse a la sociedad y el sector rural del país de una forma más respetuosa, informada y reflexiva. Una de las conclusiones de este documento afirma que el modelo de desarrollo rural construido en Colombia “es altamente inequitativo y excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las diferencias entre los actores sociales y conduce a un uso inadecuado de los recursos naturales”. El proyecto de la palma en María la Baja se ajusta a las características de dicho modelo de desarrollo rural. Como lo han señalado los campesinos, “a nosotros nos parece una burla que utilicen el hecho de que una persona se haga un tratamiento de ortodoncia para decir que hay progreso en María La Baja y en la región; esos no deben ser los ejemplos para medir el desarrollo; esto se debe medir en la alimentación sana de la gente en general, en el acceso a los servicios públicos que no tenemos y en el mejoramiento de la educación y de las vías”5.

El proyecto de la palma aceitera en María la Baja es altamente excluyente, pues en él solamente pueden participar aquellos campesinos que tengan acceso y seguridad jurídica para ejercer los derechos de propie-

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en la comunidad negra de San Cristóbal o en La Suprema, en las cuales las plantaciones de palma han cercado a las comunidades, cerrado caminos y servidumbres comunales e impedido la libre movilización del campesinado. Entre los predios de economía campesina y los dedicados a la palma se han presentado conflictos relacionados con los linderos.

Los campesinos han denunciado que cuando sus animales cruzan las divisorias y pasan a las plantaciones, aparecen muertos o desaparecen y que, en otros casos, los palmicultores han cortado sus árboles con el pretexto de que ellos dad sobre las tierras, y ocurre que la gran daban sombra al cultivo de palma. Otros mayoría de los campesinos y trabajadores conflictos rurales que arroja el proyecto de rurales del municipio no son dueños del sue- la palma aceitera en Montes de María están lo donde viven. Esta situación se explica en relacionados con la compra masiva de tierras, buena medida como resultado del proceso de la “domesticación” de líderes sociales, las reconcentración de la propiedad rural como amenazas y presiones a los campesinos que resultado de la violencia. Además, el mode- se resisten a vender sus tierras y la precaria lo de desarrollo que favorece el cultivo de la garantía de los derechos laborales de los jorpalma excluye a quienes, teniendo acceso a naleros, entre otros.

Por otra parte, en el proyecto de la la tierra, deciden no involucrarse en ese negocio. El apoyo estatal a los productores, que palma aceitera se da trato similar a campese traduce en el otorgamiento de préstamos sinos y a empresarios inversionistas, desy asistencia técnica, está dirigido más que conociendo las evidentes diferencias sociales y laborales que todo a los productoexisten entre unos res de palma aceitera, grandes o pequePara numerosas víctimas del y otros. No debería ños, lo cual origina conflicto regional el proyecto de la exigirse que el rieslimitaciones para el palma aceitera se asocia más con la go del proyecto sea acceso a tales bienes violencia que con la reconciliación, asumido de forma y servicios por parte más al desarraigo que al retorno y a igual por ambos, ya la reparación . que la prenda de de quienes no degarantía que sustensean vincularse a ese ta la participación renglón. La exclusión también se expresa en el aprovechamiento campesina en tales proyectos son sus tiedel distrito de riego, sistema que debería sa- rras, es decir, su principal o único patrimotisfacer equitativamente la demanda de agua nio. En caso de pérdida, los campesinos ven de todos los productores pero que actual- esfumarse no solo su inversión sino también mente es utilizado casi exclusivamente para su principal fuente de subsistencia, sus vínculos territoriales y el espacio habitacional. las plantaciones de palma.

El proyecto de la palma se ha construido Por supuesto, un gran interrogante que asesobre la impunidad y el desconocimiento de dia a la población campesina hace referencia los derechos de la gran mayoría de las vícti- a qué tipo de seguridad tendrían los producmas de la violencia que pueblan el municipio. tores que se vinculan al proyecto cuando los Esta situación facilita el surgimiento de con- precios del mercado internacional varíen flictos rurales, como aquellos que se viven hacia la baja.

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Una política de reparación integral de En el proyecto de la palma de aceite existen serios cuestionamientos sobre el las víctimas debería buscar restablecer sus uso de los recursos naturales. El paisaje di- derechos y promover los proyectos de vida y verso que había caracterizado a la región se desarrollo económico que fueron truncados ha transformado en un escenario monótono por la acción de los violentos. El principal facdonde predominan las palmas, que ejercen tor que quebrantó la producción de alimentos del campesinauna mayor presión do mariabajeño fue sobre el consumo del agua, debido al El proyecto palmero no es el único la violencia; por lo incremento de su camino que lleva a la prosperidad eco- tanto, la reparación demanda, lo cual nómica de los campesinos de Montes debería promover facilita exclusiones de María y tampoco es el más apro- la reconstrucción de en su distribución. piado para sus contextos de violencia, esos sistemas provictimización y exclusión . ductivos, que no solo Además, hay duimplicarían la ganandas respecto de los daños que pueden derivarse del empleo cia de excedentes económicos por los camintensivo de agrotóxicos, y los campesinos pesinos sino que también acumularían un han denunciado que como consecuencia del conjunto más amplio de elementos políticos, mal manejo de los residuos, éstos terminan sociales y culturales, que no son aportados en las fuentes de agua de María la Baja, es- por el proyecto de la palma.

Los campesinos han demostrado ampecialmente en la ciénaga que abastece de pescado a toda la población. Señalan que pliamente que pueden asumir uno de los en Mahates, municipio vecino sobre el cual grandes retos de cara al país: alimentar a los ha avanzado el proyecto palmero, cortaron colombianos y conservar al mismo tiempo todo un bosque para sembrar palma. Y los los recursos naturales. Es necesario avanzar campesinos abrigan una preocupación adicional: la seguridad alimentaria de la región, en la medida en que los cultivos alimentaReferencias rios son cada vez menores y que los produc1 Disponible en http://www.semana.com/natos para el consumo diario tienen que ser cion/aceite-resucito-maria-baja/177044-3.aspx traídos de otras regiones.

3 Andrés Orlando Gómez López (2010). Palma Este tipo de cuestionamientos permide aceite y desarrollo local: implicaciones en un territorio complejo. Universidad de los te hacerse a una comprensión más amplia, Andes, Bogotá. que supera los cálculos económicos, de los 4 La Silla Vacía, 2011, “Así se concentró cambios que se vienen operando en María la tierra en los Montes de María”, en La la Baja a raíz de la implementación de las Silla Vacía, Bogotá, julio 4. Disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/asiplantaciones y del monocultivo de la palma se-concentro-la-tierra-en-los-montes-dede aceite. La prosperidad económica de los maria-25534 campesinos es un resultado deseable que la sociedad colombiana debe buscar en su conjunto, pero para el caso de Montes de María el proyecto palmero no es el único camino que lleva a lograr ese destino y, en los contextos de violencia, victimización y exclusión expuestos, definitivamente no es el más apropiado.

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en un debate regional y nacional sobre el fortalecimiento de la economía campesina como una alternativa mucho más viable que el monocultivo. La región de Montes de María, sobre la cual se están gestando varias iniciativas, necesita que se lleve a cabo este debate, en el cual un apoyo de la revisa Semana resultaría muy útil.

Notas

2 Verdad Abierta, 2010, “¿Cómo se fraguó la tragedia en los Montes de María?”, enm Verdad Abierta, septiembre 2. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/ nunca-mas/38-desplazados/2676-icomo-sefraguo-la-tragedia-de-los-montes-de-maria; y Verdad Abierta, 2010, “Montes de María: ¿tierra en riesgo?”, en Verdad Abierta, marzo 7. Disponible en: http://www. verdadabierta.com/paraeconomia/2267montes-de-maria-tierra-en-riesgo 5 Testimonio de los participantes en la Escuela de Ciudadanía de los Montes de María, espacio coordinado por CDS, en relación con el artículo publicado por la Revista Semana referenciado anteriormente. María La Baja, Bolívar, 10 de agosto de 2012.

* Equipo Memoria, Derecho a la Tierra y Luchas Sociales del CINEP/ Programa por la Paz Organizaciones de Población Desplazada (OPD) de María La Baja, Instituto Latinoamericano por un Derecho y una Sociedad Alternativos (Ilsa), Corporación para el Desarrollo Solidario (CDS), Observatorio de Territorios Étnicos de la Pontificia Universidad Javeriana y Equipo Tierras y Víctimas del CINEP/PPP

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Los campesinos han demostrado ampliamente que pueden asumir uno de los grandes retos de cara al país: alimentar a los colombianos y conservar al mismo tiempo los recursos naturales .

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Plan de Desarrollo Bogotá Humana: entre el urbanismo y el humanismo A la vez que el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) de Bogotá plantea interesantes reformas, se enfrenta a grandes tensiones. Análisis de los puntos neurálgicos y los retos que serán decisivos a la hora de evaluar la gestión de Bogotá Humana. ¿Provocará el Plan la transformación de la ciudad?

Por Andrés Mauricio Aunta Peña*

Foto CINEP/PPP

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os movimientos progresistas del mun- en su ejecución, como externos, a cargo de la do han oscilado siempre entre elevadas presión y la estigmatización. Por eso es reexpectativas populares y profundas levante realizar una aproximación a lo que frustraciones. Este sería sustantivo en interesante devenir este gobierno, a la El Plan de Desarrollo Distrital luz de lo planteado se refleja en el reto Bogotá Humana trata de sumarle en el PDD. de Bogotá frente a a la perspectiva de derechos indila administración Para empezar, viduales promovida por la pasada del alcalde Gustavo el modelo de ciuadministración, un nuevo modelo Petro y la puesta en de ciudad que recree la vida colec- dad propuesto en marcha de su Plan tiva a partir de los territorios . el PDD-Bogotá Hude Desarrollo Dismana tiene tres ejes trital (PDD), el cual, transversales: a) una mientras plantea interesantes reformas po- ciudad que supera la segregación y la discrimilíticas, económicas y administrativas, se en- nación; b) un territorio que enfrenta el cambio frenta a grandes tropiezos, tanto internos, climático y se ordena alrededor del agua, y c)

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una Bogotá que defiende y fortalece el ámbito público. Los tres están enmarcados en la perspectiva del desarrollo humano y tienen como objetivo central encontrar mecanismos que permitan que las personas puedan aportar a la ciudad todo su potencial, tanto individual como colectivo, y encontrar que en la regulación del suelo y en la correcta apropiación de los excedentes creados por él la capital guarda enormes fortalezas para garantizar el aumento de recursos propios en procura de su más equitativa distribución. Se trata de sumarle a la perspectiva de derechos individuales promovida por la pasada administración un nuevo modelo de ciudad que recree la vida colectiva a partir de los territorios (Bogotá, 2012).

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En el universo de los 33 programas contenidos en los tres ejes del Plan de Desarrollo intentamos centrarnos en aquellos que parecen suscitar las mayores tensiones, tanto en el seno de la administración distrital como entre otros actores y la opinión pública. En cada eje identificaremos puntos neurálgicos decisivos a la hora de evaluar la efectividad de la gestión de Bogotá Humana.

Para empezar, en relación con los temas del Eje Uno detectamos una primera tensión, que quizás será la más relevante, por cuanto se refiere a la categoría geográfica1 de segregación, ya que, con miras a su reducción, se plantea la mezcla de familias de diferentes estratos en un mismo espacio, para lo cual está proyectado el plan de “revitalización del centro ampliado” como un gran desafío que involucra un nuevo concepto de urbanismo. El mismo implicará cambios significativos en los parámetros de negociación con los empresarios de la construcción, que durante años han amaFoto CINEP/PPP sado grandes fortunas y seguramente no estarán de acuerdo con buena parte de esLa reducción de la segregación, gran desafío del gobierno de Petro, es una de las principales tensiones del Pan de Desarrollo Distrital porque implicará cambios en la negociación con empresarios de la construcción. tas negociaciones. Además, desde ahora, las Juntas de Acción Comunal y los propietarios involucrados advierten que en los planes parciales de revitalización debe asumirse sistema de salud universal reforzado con una buena parte estará destinada prioritariacorrectamente la figura de propiedad de sus banca para la economía popular que demo- mente a financiar estos proyectos.

Con respecto al segundo eje, relativo al predios, sin incurrir en estafas de interme- cratice los créditos para que estas familias diaros o de las grandes constructoras que puedan disponer de mayores recursos de in- ordenamiento del territorio, la coyuntura de versión. Esta lógica de desarrollo económico construcción del POT este año, y que estará los ejecutan.

Ligada a esa tensión estará presente endógeno (González, Cardozo, Rivas, Riuz, vigente durante los doce próximos, implicauna segunda, ya que el plan se propone una Castro y Galviz, 2011) tendrá que enfrentarse modernización tributaria que incluye cam- a una economía de mercado, que encuentra bios de estructura, principalmente en los en los TLC su más potente herramienta para desarticular tales impuestos predial e proyectos de forICA (Bogotá, 2012), La financiación de la atención talecimiento de la lo que significará integral a las víctimas del conflicto, economía popular. claramente la elevaa la primera infancia y a la mujer es Por último, la ción de los tributos otro de los puntos neurálgicos del atención integral del suelo, que en la Plan de Desarrollo de Bogotá . a las víctimas del negociación tocará conflicto, a la pria actores políticos, urbanizadores privados especializados en el mera infancia y a la mujer, como propósito mercado de tierras, intermediarios y, por su- encaminado a la creación de capacidades en poblaciones tradicionalmente excluidas puesto, a los ciudadanos de a pie.

Una tercera tensión surgirá del propó- y violentadas, será un reto importante que sito que tiene el Plan de liberar un porcen- entrará en tirantez en la medida en que tentaje mayor de los ingresos de las familias ga que discutirse la forma de financiar cada pertenecientes a los estratos más bajos, una de estas iniciativas populares. El Plan cosa que plantea la necesidad de otorgarles advierte que de la cantidad de recursos adisubsidios en el pago de las tarifas de servi- cionales que se logre recaudar como conseFoto CINEP/PPP cios públicos, así como estructurar un buen cuencia de la modernización tributaria, una

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Desarrollo

rá una pugna política compleja por anticipar el agua como componente central de la planeación urbana y por encontrar el mejor instrumento legal para integrar a Bogotá con la región. Lo anterior involucra procesos que tienen que ver con la negociación de modelos para los bordes de la ciudad, que contengan su expansión, por lo cual se prevén grandes tensiones entre la población que habita los cerros, el cuidado de la biodiversidad ambiental y los grandes negocios que se manejan en estos territorios, tales como la urbanización y la extracción minera.

Para lograr un avance significativo en la contención de la expansión urbana, el ordenamiento del territorio tiene que verse articulado por un eficiente sistema de movilidad; en consecuencia, el plan viabiliza el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), mediante el inicio de la construcción del metro pesado, la construcción total del Foto Andrés Aunta metro ligero, dos metrocables (uno en San Cristóbal y otro en Ciudad Bolívar) y la amEl éxito del SITP dependerá de la transparencia en la contratación de obras públicas, de una correcta negociación entre capital público y capitales privados, de la correcta pedagogía para su puesta en marcha y de pliación de la red troncal de Transmilenio. potenciar un transporte público digno y de calidad.

Sin embargo, el éxito de estos proyectos dependerá de la transparencia en la contratación de obras públicas, de una correcta negociación entre capital público y capitales pativa de las localidades y las Unidades de tándose los gigantes y paquidérmicos aparaprivados, de la correcta pedagogía para la Planeación Zonal (UPZ). Se plantea modificar tos estatales de antaño. puesta en marcha del Sitp sin mayores trau- los acuerdos 12 de 1994 y 13 de 2000, que Además del reto de una burocracia mimatismos y, finalmente, de la implementa- regulan la planeación local, con miras a que sional y comprometida, ella debe tener cación de un modelo que pasa por desestimu- los alcaldes de las localidades enfoquen más pacidad de articulación entre secretarías y lar el uso del automóvil privado y potenciar certeramente la inversión y logren mayores entidades para focalizar los proyectos de inal máximo un transporte público digno y de efectos. Sin embargo, la tensión reside en la versión. Este punto origina otra de las tensiocapacidad que ten- nes internas con las que se están enfrentando calidad. gan estos mandata- los funcionarios públicos de todo nivel, que Así mismo, implementar un Dos retos transversales del mode- rios para adminis- tendrán que resolver si quieren lograr una lo de ciudad propuesto para la capital: trar considerables gestión más eficiente y eficaz. instrumento regulograr que el ordenamiento territorial cantidades de relado de integración Con respecto a la participación ciudarepresente una distribución equitativa cursos del Fondo de dana y las organizaciones sociales, la adcon los municipios para todos los grupos socio-económi- Desarrollo Local2. vecinos es también ministración está movilizando fuertemente cos y reformar buena parte de las insticrucial para el proAsí como se procesos que llevan muchos años de trabajo tuciones distritales para que haya una exigirá capacidad a en los territorios, como ocurre con los grupósito de contener estructura administrativa sólida . la expansión. Aquí los alcaldes locales, pos ambientales de la cuenca del Tunjuelo se proyecta una el Plan de Desarro- o las importantes luchas del movimiento fuerte tensión en cuanto a los mecanismos de llo afirma que el fortalecimiento del área LGBTI, que hoy día parecen ser tenidas en armonización de los planes de ordenamiento pública debe pasar necesariamente por una cuenta. Esta conducta se enfrenta a la voterritorial, de carga tributaria y de oferta de modificación institucional del sistema de luntad de no permitir que las expresiones servicios públicos de Bogotá a la región (El contratación de la planta de trabajadores del de participación de nuevas ciudadanías se Espectador, 2012).

Distrito, de tal manera que su escogencia sea envuelvan en redes clientelistas y de interEl tercero y último eje, relativo al for- por méritos y por la relevancia de las funcio- mediaciones infortunadas que terminen por talecimiento del sector público, propone el nes según los objetivos misionales de cada privatizarlas en función de contratos como debate encaminado a profundizar los meca- una de las entidades. Las rigideces surgen garantía de derechos. El énfasis del soporte nismos de democracia directa y deliberativa aquí porque el ensanche del aparato burocrá- territorial en la planeación económica y somediante ejercicios de planeación partici- tico debe estimarse en su justa medida, evi- cial vuelca la participación a las localidades

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Desarrollo

al proponer una tensión sumamente pertinente, que planteará la discusión sobre la descentralización en la capital.

El anterior panorama de rigideces refleja una Bogotá que pretende conjugar un urbanismo vanguardista con una corriente humanista que imprima un carácter más equitativo en oportunidades a los habitantes de la capital. Por eso, y para concluir, vale advertir dos retos transversales del modelo de ciudad propuesto para la capital. El primero es lograr que el ordenamiento físico del territorio represente una distribución equitativa para todos los grupos socio-económicos en cuanto a los beneficios de habitar la ciudad, es decir, que en toda su geografía exista igual proporción de colegios, parques, andenes, vías de acceso, hospitales, fluido eléctrico, alcantarillado; en esencia, hablamos de una justicia espacial.

El segundo reto se refiere a reformar buena parte de las instituciones distritales, de tal manera que haya una estructura ad-

ministrativa sólida, tanto en el nivel central como en el local, que logre consolidar mecanismos de intervención más sensibles a las necesidades territoriales. Si el Plan de Desarrollo no logra impulsar un soporte institucional eficiente, articulado y transparente, podría estancarse y sumir a dichas instituciones y a la ciudad en la decepción y el caos. ¿Provocará el Plan la transformación de la ciudad?

Resolver las tensiones aquí mencionadas y responder a los desafíos planteados significará para Gustavo Petro y los Progresistas mantener las puertas abiertas del poder en la capital, así como acercarse a las puertas del gobierno nacional.

Revista

NOCHE Y NIEBLA

La edición no. 45 de la revista Noche y Niebla recopila casos de violaciones a los Derechos Humanos, registrados de enero a junio de 2012, con énfasis en Norte de Santander.

*Andrés Mauricio Aunta Peña Equipo Formación Ciudadana para la Paz y el Desarrollo del CINEP/PPP

Para más información consulte

www.nocheyniebla.org

Referencias • Bogotá, A. (2012). Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D. C., 2012-2016. Bogotá Humana.

Bogotá, Alcaldia Mayor de Bogotá, D. C. • El Espectador, 2012, “Petro definitivamente no venderá agua en bloque a Cundinamarca”, en El Espectador, Bogotá, junio 14. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/ bogota/articulo-353166-petro-definitivamenteno-vendera-agua-bloque-cundinamarca • González J., Cardozo M., Rivas, G., Riuz G., Castro C. y Galviz D., 2011, “Circuitos, centralidades y estándar de vida”, Bogotá, Odecofi.

• Musset, A., 2009, “¿Geohistoria o geoficción?

Ciudades vulnerables y justicia espacial”, Medellín , Universidad de Antioquia.

• Jorge, R., 2001, “Segregación residencial socioeconómica: ¿qué es?, ¿cómo se mide?, ¿qué esta pasando?, ¿importa?”, Santiado de Chile, Cepal-Eclac.

Notas 1

Foto CINEP/PPP

La administración está movilizando fuertemente procesos que llevan muchos años de trabajo en los territorios, como ocurre con los grupos ambientales de la cuenca del Tunjuelo o las importantes luchas del movimiento LGBTI.

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Desigualdad en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico (Jorge, 2001).

El monto estimado por el Plan de Desarrollo Distrital para el manejo del Fondo de Desarrollo Local es de 2,6 billones de pesos durante los cuatro años de gobierno.

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Planes de desarrollo: ¿para dónde van las ciudades en estos 4 años?

Competitividad Empleo

Vea la información detallada de esta infografía en www.cinep.org.co

Las rutas de acción de los gobiernos de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga vistas desde las agendas

$774.265.463.807

Territorio y vivienda

Convivencia

$206.925.207.746

MED $12 mil 940 millones CAL $20 mil 229 millones

MED $ 44 mil 379 millones CAL $33 mil 141 millones BAR $63 mil millones BUC $25 mil 725 millones 463 mil 807 BOG $608 mil 20 millones

$331.690.000.000

Deporte y recreación

$ 2.520.202.666.360 Espacio público

MED $163 mil 5 millones CAL $7 mil 654 millones BUC $36 mil 266 millones 207 mil 746

Gobernabilidad

$926.998.545.918

$1.230.767.814.613

MED CAL BAR BUC BOG

$ 960 mil 925 millones $779 mil 493 millones $409 mil millones $338 mil 653 millones 116 mil 360 $ 32 mil 131 millones 550 mil

Infancia y adolescencia

$1.329.137.000.000

MED $ 203 mil 827 millones 477 mil CAL $206 mil 419 millones BAR $127 mil millones BUC $590 mil 231 millones 337 mil 613 BOG $103 mil 290 millones

Participación ciudadana

MED $227 mil 189 millones BAR $258 mil 95 millones BOG $ 819 mil 805 millones

MED $ 990 millones 279 mil 619 CAL $143 mil 477 millones 100 mil BAR $566 mil 721 millones BUC $24 mil 139 millones 516 mil 299 BOG $191 mil 670.650.000

Salud

$200.483.372.115 MED CAL BAR BUC

Educación

Arte y Cultura

$165 mil 715 millones $8 mil 421 millones $14 mil 465 millones $11 mil 882 millones 372 mil 115

$385.903.006.617

$652.749.836.000

Equidad MED CAL BAR BOG

Medio ambiente MED $ 446 mil 793 millones BAR $250 mil 156 millones BOG $ 3 mil 814 millones 148 mil

$2.091.822.995.982

$ $ 44 mil 379 millones $1 mil 572 millones 665 mil $ 1 mil 452 millones 948 mil $ 14 mil 181 millones 223 mil

$1.248.102.384.022 MED CAL BAR BUC BOG

$700.763.148.000

$ 171 mil 707 millones $ 37 mil 843 millones $ 38 mil 230 millones $ 49 mil 459 millones 384 mil 022 $ 819 mil 805 $950 mil 863 millones

Derechos humanos

$958.873.093.000 MED $ 475 mil 93 millones CAL $115 mil 248 millones BAR $692 mil 359 millones BOG $150 mil 791 millones

MED $791 mil 252 millones 691 mil CAL $1 billón 124 mil 587 millones BAR $45 mil 838 millones BUC $73 mil 939 millones 304 mil 982 BOG $ 56 mil 206 millones

MED $108 mil 642 millones CAL $47 mil 809 millones BOG $ 523 mil 023 millones 907 mil

Seguridad

Movilidad

$2.091.822.995.982

Alimentación

Innovación y tecnología

$1.808.603.656.000

Internacionalización

MED CAL BAR BOG

$227 mil 189 millones $166 mil 243 millones $258 mil 95 millones $ 819 mil 805 millones

$1.471.332.000.000

$1.094.506.000.000

MED $ 338 mil 1 millón BOG $756 mil 505 millones

MED $ 89 mil 740 millones CAL $ 331 mil 522 millones

$421.262.000.000

MED $ 194 mil 708 millones BUC $739 mil 280 millones 712 mil 308 BOG $95 mil 275 millones

$1.029.263.712.308

MED $ 785 mil 379 millones CAL $1 mil 140 millones 184 mil BAR $1 billones 6 mil 557 millones BOG $15 mil 527 millones 472 mil

MED BAR BUC BOG

$ 327 mil 313 millones 886 mil $1 mil 273 millones 119 mil $354 mil 54 millones 849 mil 360 $ 57 mil 316 millones

Medio Ambiente

Río+20 Entre la comercialización de la naturaleza y el “buen vivir” A finales de junio de 2012 el Director General del CINEP/PPP, Dr. Luis Guillermo Guerrero, asistió en Río de Janeiro a la Cumbre de los Pueblos, evento paralelo a la Cumbre Río+20, sobre el “desarrollo sostenible” y la “economía verde”. A continuación sus reflexiones sobre el sentido y el alcance de los dos eventos.

Por Luis Guillermo Guerrero Guevara*

E

n junio de 2012, Río de Janeiro fue la sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable. El evento es más conocido como Río+20 porque se celebró veinte años después de la Cumbre de la Tierra, realizada en la misma ciudad en 1992.

Simultáneamente, a cuarenta kilómetros de Barra da Tijuca, lugar de la Conferencia de la ONU, ocurría un evento paralelo en el Aterro do Flamengo: la Cumbre de los Pueblos, organizada por movimientos sociales y ONG de diversos países del mundo, especialmente del Brasil.

El debate sobre el desarrollo sostenible estuvo marcado por dos visiones: la “economía verde” 1,por un lado, y la “defensa de los bienes comunes”, por el otro. La primera se fundamenta en la propuesta de un “capitalismo verde” y en la comercialización de la naturaleza, mientras que la segunda busca una economía basada en el respeto y la solidaridad con los patrimonios naturales para el “buen vivir”2 de la humanidad.

Según información de la ONU3, en la conferencia oficial participaron 10.047 representantes acreditados de 191 Estados, de organizaciones intergubernamentales y organismos especializados. Cerca de cien jefes de Estado y de gobierno estuvieron presentes. Sin embargo, fue significativa la ausencia del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y de los primeros ministros del Reino Unido, David Cameron, y Alemania, Ángela Merkel. Alrededor de la cumbre se realizaron eventos alternos con representantes de diversos estamentos de la sociedad civil, cuyo fin era participar del debate

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Foto Luis Guillermo Guerrero

Cerca de 50 mil participantes de la Cumbre de los Pueblos marcharon el 20 de junio en Río de Janeiro.

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En Río+20 el debate sobre el desarrollo sostenible estuvo marcado por dos visiones: la “economía verde” por un lado y la “defensa de los bienes comunes”, del otro .

”

sobre el desarrollo. Según cálculos oficiales, en la cumbre y sus eventos cercanos se reunieron alrededor de 45.000 personas.

La Cumbre de los Pueblos estuvo organizada por el Comité Facilitador de la Sociedad Civil Brasileña (CSC)4, creado en enero de 2011 durante el Foro Social Mundial de Dakar

(Senegal). En el encuentro de Río fue significativa la presencia activa de movimientos de mujeres y jóvenes, de la diversidad de género y de indígenas, afroamericanos, campesinos, sindicatos, iglesias y creencias, al lado de ambientalistas y activistas de reforma urbana, de consumidores y asociaciones de ONG. La marcha del miércoles 20 de junio convocó a cerca de 50.000 personas.

La Cumbre de los Pueblos respondió al compromiso de elaborar una crítica radical de los postulados de la “economía verde” y de los Estados, gobiernos e instituciones | www.cinep.org.co |

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Medio Ambiente

intergubernamentales por su falta de compromiso frente a los desafíos actuales del medio ambiente y su profunda relación con la desigualdad y la pobreza mundial.

¿Qué firmaron en la Conferencia oficial y qué propuso la Cumbre de los Pueblos?

El 19 de junio los negociadores representantes de los Estados llegaron al acuerdo final, que fue presentado a los jefes de Estado y de gobierno al día siguiente, en la cumbre oficial. El documento “El futuro que queremos” recoge en seis capítulos, 59 páginas y 283 párrafos las intenciones y acuerdos de los debates.

En el primer capítulo el texto confirma la misma visión común de hace veinte años, basada en la renovación del “compromiso en pro del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras”5.

Desde esta visión común el documento declara, en un segundo capítulo, la renovación del compromiso político bajo los principios de la Cumbre de la Tierra de Río 1992 (Agenda Siglo 21) y de la Declaración de Johannesburgo 20026. A la luz de ellos reconoce, sin mayor autocrítica y preocupación, que “en los 20 años transcurridos […] los avances han sido desiguales, incluso en lo que respecta al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”.

Frente a esta situación, la declaración hace su planteamiento central en el capítulo tercero, “La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”7, aunque no arriesga una explicación clara de lo que significa e implica la economía verde.

En el capítulo IV, el documento expone el marco institucional del desarrollo sostenible. Se habla de alentar el compromiso para “fortalecer la función del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) como principal autoridad ambiental mundial” de la ONU. Un saludo a la bandera, dado que para la realización de los compromisos asumidos se necesitaría elevar al Pnuma más allá de un programa y darle carácter de Agencia.

Posteriormente, en el capítulo V, el más extenso de todos,8 se establece un “marco

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Foto Luis Guillermo Guerrero

Para los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil la Cumbre de Río+20 no ofreció expectativas de cambios estructurales para la gravedad de las crisis global.

para la acción y el seguimiento” de la Decla- los países del G8 y el G20, la ONU (capturaración; sin embargo, su contenido no le hace da por las corporaciones) y la mayoría de los honor a su nombre. gobiernos han demostrado “su irresponsaEn un inconexo tratamiento de fenóme- bilidad con el futuro de la humanidad y del nos como la pobreza, la seguridad alimentaria, planeta”. Recuerda que “hace veinte años el el turismo, el transporte, los océanos y el con- Forum Global […] denunció los riesgos que tinente africano, el capítulo llama la atención corrían la humanidad y la naturaleza con la sobre realidades determinantes para la vida privatización y el neoliberalismo”. pero no formula propuestas estratégicas de El documento expresa que “la llamada transformaciones. economía verde es Al final del capíEl documento final de la Cumbre una de las expresiotulo V se mencionan de los Pueblos expresa que institu- nes de la actual fase los Objetivos de De- ciones financieras multilaterales, paí- del capitalismo, que sarrollo Sostenible9, ses del G8 y G20, la ONU y la mayoría utiliza viejos y nuetema impulsado por de los gobiernos han demostrado ‘su vos mecanismos” y irresponsabilidad con el futuro de la reconoce que “las el gobierno colomhumanidad y del planeta . alternativas están en biano en la cumbre nuestros pueblos”. Se y celebrado con euforia por nuestros representantes al quedar busca la construcción comunitaria de econoincluido en el documento final. Sin embargo, mías locales que impulsen la solidaridad y no lo único que esto quiere decir es que formu- sobrepasen la capacidad de los ecosistemas. lar unos objetivos de ese tipo podría ser útil.

Desde otra visión del desarrollo, el día ¿Qué reacciones viernes 22 de junio la Cumbre de los Pueblos y desafíos deja Río+20? también elaboró su declaración final, bajo el nombre “Cumbre de los Pueblos en la Río+20.

La distancia entre la concepción filosóPor Justicia Social y Ambiental, en defensa de fica, política y ética del desarrollo, expresada los bienes comunes, contra la mercantilización en la declaración “El futuro que queremos”, y la de la vida”10. Para esta declaración solo fueron que se expuso en el documento de la Cumbre de los Pueblos, fue tan grande como la difenecesarias escasas tres páginas y 21 párrafos.

El documento muestra las causas de rencia entre los hoteles de primera categoría la crisis del modelo y expresa que tanto las de las delegaciones gubernamentales y eminstituciones financieras multilaterales como presariales y los deprimentes campamentos

“

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Medio Ambiente

donde se instalaron los movimientos sociales durante Río+20.

Sin embargo, más allá de esta distancia, es importante indicar las reacciones que se presentaron entre las delegaciones estatales una vez firmado el documento oficial. Para algunos mandatarios, como los presidentes de Ecuador y Bolivia, el documento tiene un sabor agridulce con muchos tintes de fracaso.

El propio Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, dijo que los Estados no han estado a la altura de la medida del desafío. “Sé que algunos países esperaban un resultado más ambicioso. Yo también lo esperaba. El resultado fue el posible debido a los diferentes intereses de los países y tras unas muy difíciles y lentas negociaciones”11, manifestó.

A pesar de la categórica información elaborada por la ONU para confirmar que nuestras formas de vida, y en especial las de los países más ricos, nos conducen fatalmente hacia la profundización de la crisis ambiental y de la desigualdad social, los jefes de Estado no llegaron a compromisos jurídicamente vinculantes ni crearon nuevas instituciones, y menos aún se comprometieron a destinar los recursos necesarios12.

La “economía verde” se eleva como propuesta para alcanzar el desarrollo sostenible.

Pero ella no solo fue considerada por la Cumbre de los Pueblos como una falsa solución y una nueva forma de acumulación del capital, sino también criticada por algunos jefes de Estado, entre ellos el Presidente uruguayo, José Mujica13.

Por otra parte, posiciones optimistas, como la de Gilma Rousseff, presidenta de Brasil, y de otros de sus aliados, fueron desmentidas por el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, quien mostró su decepción por no poder “avanzar más”. También el presidente francés, François Hollande, criticó las deficiencias del texto, sobre todo las relativas a las dificultades de la ONU para fortalecer su actual programa medioambiental (Pnuma).

Otros dejaron claro que su prioridad es el beneficio económico14.

Al final de la Cumbre Oficial, en medio de esta compleja trama de posiciones estatales, lo paradójico es que todos los Estados firmaron un documento que los muestra alineados en la “economía verde” y afirma que ella regirá el “futuro que queremos”, por lo menos en el papel y durante una década. En otras declaraciones, Ban Ki Moon destacó que no

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obstante las carencias de la declaración oficial, ella es un punto de partida15.

Para los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, la cumbre oficial de Río+20 no satisfizo las expectativas de cambios estructurales que exige la gravedad de las crisis globales16.

Los desafíos que deja Río+20 a los Estados, a las organizaciones sociales y a la sociedad civil son enormes. Resulta urgente

tomarse en serio lo que el modelo de desarrollo capitalista tiene en sus manos, ya que, según las cifras del Pnuma17,no tenemos mucho tiempo para ello.

* Luis Guillermo Guerrero Guevara Director General del CINEP/Programa por la paz

Notas 1 Ver el Cuadro 1 al final de este texto.

8 Ver el Cuadro 2 al final de este texto.

3 El capítulo va del numeral 104 al 251, un total de 157 números que ocupan el 51% del documento 12 Paradojalmente, en días previos a esta Conferencia los jefes de estado del G-20 acordaron la destinación de un total de US$456 billones para que el Fondo Monetario Internacional aborde los problemas de la zona del euro. Al hacerlo priorizan la atención a la crisis de los países del sur de Europa, provocada en gran medida por el modelo económico que abrazan, sobre el enfrentamiento de la crítica realidad ambiental que hoy vivimos a escala planetaria como consecuencia del mismo modelo: http://www. elciudadano.cl/2012/06/28/54388/rio20-y-el-futuro-que-queremos/ 17 Ver el Cuadro 3 al final de este texto.

Referencias 3 Organización de las Naciones Unidas, 2012, “Rio+20 em Números”, en Onu.org.br, junio 25. Disponible en: http://www.onu.org.br/rio20-em-numeros/ 4 Cúpula dos povos, 2012, “Quien organiza”, en Cupuladospovos.org.br, junio. Disponible en: http://cupuladospovos.org.br/es/quien-organiza/ 5 United Nations Conference on Sustainable Development, 2012, numerales 1, 2 y 4 de “El futuro que queremos”, en uncsd2012.org, junio 22. Disponible en: http://www.uncsd2012.org/content/ documents/778futurewewant_spanish.pdf 6 United Nations Conference on Sustainable Development, 2012, numerales 14 y 16 de “El futuro que queremos” en uncsd2012.org, junio 22. Disponible en: http://www.uncsd2012.org/content/ documents/778futurewewant_spanish.pdf 7 United Nations Conference on Sustainable Development, 2012, numerales 56 al 74 de “El futuro que queremos”, en uncsd2012.org, junio 22. Disponible en: http://www.uncsd2012.org/content/ documents/778futurewewant_spanish.pdf 9 United Nations Conference on Sustainable Development, 2012, numerales 245 al 248 de “El futuro que queremos”, en uncsd2012.org, junio 22. Disponible en: http://www.uncsd2012.org/content/ documents/778futurewewant_spanish.pdf 10 Portal Río+20 Construyendo la Cumbre de los Pueblos Río+20, 2012, “Declaración final de la Cumbre de los Pueblos en la Río+20”, en rio20.net, junio 28. Disponible en: http://rio20.net/propuestas/declaracion-final-de-la-cumbre-de-los-pueblos-en-la-rio20 11 Gara Euskal Herriaren Egunkaria, 2012, “Los jefes de Estado confirman los escasos compromisos en Río+20”, en gara.net, junio 22. Disponible en: http://www.gara.net/paperezkoa/20120622/348249/es/ Los-jefes-Estado-confirman-escasos-compromisos-Rio+20/ y El Espectador, 2012, “ONU admite que esperaba de Río+20 un documento más ambicioso”, en elespectador.com, junio 20. Disponible en: http:// www.elespectador.com/especiales/medio-ambiente/articulo-354233-onu-admite-esperaba-de-rio20un-documento-mas-ambicioso 13 Youtube, 2012, “Intervención Presidente Mujica en Río+20” en youtube.com, junio 20. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=3cQgONgTupo 14 Gara Euskal Herriaren Egunkaria, 2012, “Los jefes de Estado confirman los escasos compromisos en Río+20” en gara.net, junio 22. Disponible en: http://www.gara.net/paperezkoa/20120622/348249/es/ Los-jefes-Estado-confirman-escasos-compromisos-Rio+20/ 15 El Espectador, 2012: “ONU admite que esperaba de Río+20 un documento más ambicioso” en elespectador.com, junio 20. Disponible en: http://www.elespectador.com/especiales/medio-ambiente/articulo-354233-onu-admite-esperaba-de-rio20-un-documento-mas-ambicioso 16 El Ciudadano, 2012, “Río+20 y ‘el Futuro que queremos’” en elciudadano.cl, junio. Disponible en: http://www.elciudadano.cl/2012/06/28/54388/rio20-y-el-futuro-que-queremos/

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Medio Ambiente

Cuadro No. 1 ¿A qué se refiere la economía verde? 1 El elemento determinante de la economía verde es la va-

utilizar el bien, mientras que la persona que tiene nece-

lorización económica que hace transables los llamados

sidad pero no posee dinero no gozará de la posibilidad

“servicios ambientales” ofrecidos gratuitamente por la

de hacer eso.

naturaleza. Es decir, la asignación de precios monetarios

En esta lógica todo se transa, no hay bienes que puedan

a los bienes de la naturaleza para que ellos puedan ser

ser aprovechados por las personas simplemente por el

vendidos y comprados. Se refiere a la disponibilidad de

hecho de que ellas son seres humanos. Es decir, los bie-

agua, alimentos y plantas medicinales, la captura de car-

nes de mérito de los seres humanos no cuentan. Por eso

bono, la regulación climática, la prevención de desastres,

los empobrecidos, sin dinero, no pueden acceder a los

y hasta se han mencionado la cultura, los saberes y los

bienes, ni siquiera a los definidos como bienes de mé-

conocimientos de los pueblos indígenas. En un recien-

rito (alimento, vivienda, vestido, educación, salud, etc.).

te artículo, titulado “Se vende la Naturaleza”, el teólogo

Estos bienes que la naturaleza nos da a los humanos en

y escritor brasileño Frei Betto afirma que “en la lógica

su gratuidad, la economía verde los convierte en bienes

capitalista el valor de cambio (el precio) de un bien está

transables, con un valor de cambio (un precio) que la

por encima de su valor de uso (la necesidad)”. Por tanto,

dinámica del mercado les impone para ser comprados

quien posee el dinero es quien tiene la posibilidad de

y vendidos.

Foto CINEP/PPP

Cuadro No. 2 ¿Qué significa el buen vivir?2 Diversas comunidades indígenas latinoamericanas,

Latina. Recientemente Ecuador (2008) y Bolivia (2009)

mejor, a ese “buen convivir”.

basadas en su cosmovisión, exponen el concepto de

incluyeron en sus respectivas Constituciones naciona-

El “buen vivir” emerge como una alternativa frente a la

buen vivir, el “sumak kawsay” o el “suma qamaña”. Es

les la expresión, como objetivo social del Estado y de

crisis global del actual paradigma económico y político

una forma de ser y estar en el mundo, una manera más

toda la sociedad. En efecto, mientras la Constitución

del desarrollo. Nace en la periferia social del mundo

justa, más sostenible y más respetuosa que los seres

ecuatoriana afirma que “se reconoce el derecho de la

y busca diferenciarse al máximo de las limitaciones y

humanos tienen de relacionarse entre sí y de relacio-

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamen-

errores del desarrollo convencional. Por eso su plantea-

narse con la naturaleza. Mientras la acepción sumak

te equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen

miento no es una cuestión del “derecho al desarrollo”, o

kawsay (tomada del quichua ecuatoriano) expresa la

vivir, sumak kawsay”, la Constitución boliviana esta-

del principio desarrollista como guía de la actuación del

idea de una vida simplemente buena, la segunda, suma

blece que “el Estado asume y promueve como uno de

Estado. Ahora se trata del “buen vivir” de las personas

qamaña (del aymara boliviano) introduce el elemento

los principios ético-morales de la sociedad pluriétnica

en situaciones concretas, analizadas concretamente. La

comunitario, por lo que puede traducirse como “buen

suma qamaña (vivir bien), ñan-dereko (vida armonio-

idea proviene del vocabulario de pueblos otrora total-

convivir”, o sociedad buena para todos en suficiente

sa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y

mente marginados de la respetabilidad y cuya lengua

armonía interna.

qhapaj ñan (camino o vida noble)”. Desde esta perspec-

era considerada inferior, inculta, incapaz del pensa-

Desde una perspectiva política, el concepto “buen vi-

tiva, “suma qamaña” es simultáneamente un derecho

miento abstracto y primitiva. Ahora los excluidos son

vir” se abre camino con especial fuerza en América

y un principio ético-moral referidos al “buen vivir” o,

parte de la solución.

Foto CINEP/PPP

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No. 76 | Septiembre - Noviembre 2012 |

Medio Ambiente

Cuadro No. 3 Cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la crisis ambiental del planeta3 En los últimos veinte años la población de la Tierra ha

de acceso al agua; la biodiversidad a escala global ha

aumentado en un 26 por ciento (pasó de 5.500 millo-

disminuido un 12 por ciento, en tanto que en los tró-

nes a 7.000 millones). En el mismo periodo la pobla-

picos lo ha hecho en un 30 por ciento.

ción urbana creció en un 45 por ciento (de 2.400 millo-

De acuerdo con estudios de la ONU y la Comisión

nes a 3.500 millones) y hoy representa el 50 por ciento

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en

de la población del planeta. Dicha población consume

América Latina el deterioro ambiental es igualmente

el 75 por ciento de la energía mundial y produce el 80

grave. La Cepal da cuenta de que la población del con-

por ciento de las emisiones de carbono a escala glo-

tinente ha crecido en 150 millones de personas (pasó

bal. El número de ciudades de más de 10 millones de

de 440 a 590 millones), que los sectores que viven en

habitantes ha crecido de 10 en el año 1992 a 21 en el

pobreza alcanzan a 170 millones y que esta región

año 2012. En relación con la urbanización y el modelo

sigue siendo la que presenta la peor distribución del

de desarrollo vigentes, las emisiones de carbono han

ingreso por habitante en el mundo. En materia am-

subido en un 36 por ciento (pasaron de 22 millones

biental, la región contribuye con un tercio de la de-

a 30 millones de toneladas). El 80 por ciento de ellas

forestación global, al presentar hoy casi 100 millones

es producido por los 19 países de mayor desarrollo

de hectáreas de bosques menos que hace veinte años,

económico, y los sectores energético e industrial son

factor que ha incidido en la disminución de la disponi-

los responsables de casi la mitad de dichas emisiones.

bilidad de recursos hídricos y ha contribuido a incre-

Como consecuencia de eso, la temperatura promedio

mentar el efecto invernadero. En tanto, la demanda

del plantea ha subido 0,4 grados, un incremento que

energética ha crecido en un 76 por ciento, lo cual afec-

es mucho mayor en los polos, todo lo cual ha provo-

ta los cursos fluviales e incrementa las emisiones de

cado, entre otros fenómenos, el derretimiento ace-

gas invernadero. Relacionados con ello, los conflictos

lerado de los hielos y el incremento del nivel de los

socio-ambientales de la región se han intensificado y

océanos (en 2,5 milímetros por año).

llegan a constituir el 55 por ciento de los existentes en

En el mismo periodo la cobertura de los bosques ha

países como Perú. Muchos de tales conflictos afectan

disminuido en 300 millones de hectáreas, una superfi-

de manera especial a los sectores más vulnerables: in-

cie equivalente a la de Argentina. A la fecha existen en

dígenas, afrodescendientes, mujeres y niños.

Notas 1 Nota basada en el artículo “Río+20: entre el capitalismo verde y la defensa de los bienes comunes” de Eduardo Giesen. Disponible en: http://rio20.net/iniciativas/rio20-entre-elcapitalismo-verde-y-la-defensa-de-los-bienescomunes.

2 Nota basada en el texto “¿Qué es el buen vivir?” disponible en: http://www.ecologiablog.com/post/1482/que-es-el-buen-vivir y en el texto de “Sumak kawsay, Suma Qamaña, Buen Vivir” de José María Tortosa del Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, disponible en:http:// www.fundacioncarolina.es/es-S/nombrespropios/Documents/NPTortosa0908.pdf.

Referencia 3 El Ciudadano, 2012, “Río+20 y ‘el Futuro que queremos’” en elciudadano.cl, junio.

Disponible en: http://www.elciudadano. cl/2012/06/28/54388/rio20-y-el-futuro-quequeremos/

el planeta 2.500 millones de personas con dificultades

Seminario académico

Aportes del CINEP / Programa por la Paz a las Ciencias Sociales

CINEP/ Programa por la Paz: 40 años trabajando por una sociedad justa, sostenible y en paz

Lugar: Carrera 5 N° 33B - 02 Aula CINEP/PPP Bogotá, D.C. Fecha: 18 de octubre de 9 a.m. a 6:00 p.m.

19 de octubre de 8 a.m. a 6:30 p.m.

No. 76 | Septiembre - Noviembre 2012 |

Inscripciones: Entrada libre, previa inscripción Teléfono: 245 6181 ext. 720 E-mail: equipocomunicaciones@cinep.org.co Transmisión en vivo por Livestream www.cinep.org.co

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Movimientos sociales

“Cumpliremos porque empeñamos nuestra palabra”¿En qué anda la defensa de la educación superior en Colombia?

Estado actual del compromiso del movimiento estudiantil de entregar un proyecto alternativo de ley de la educación superior y percepción de estudiantes, docentes, trabajadores y empleados universitarios frente a la propuesta.

Por Martha Cecilia García y Dairo Andrés Sánchez*

D

urante 2011, estudiantes universitarios, de educación media e institutos técnicos y tecnológicos, acompañados por profesores, trabajadores y empleados de las universidades públicas, mantuvieron una continua e intensa movilización cuya pretensión fue unánime: rechazar el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992 presentado por el gobierno del presidente Santos, que busca modificar, de manera integral, la educación superior en Colombia2.

Aunque en los estertores del segundo mandato de Uribe Vélez su ministra de Educación radicó en el Congreso un proyecto mediante el cual se modificaba el esquema de financiación contenido en la Ley 30, y aunque la crisis de las universidades públicas venía siendo evidenciada por las comunidades universitarias de tiempo atrás, la pretensión de Santos de inyectar a la educación superior pública aportes de alianzas público-privadas para hacerla competitiva y crear instituciones con ánimo de lucro2 fue el detonante de masivas jornadas nacionales por la defensa de la educación pública estatal, durante las cuales se desplegó un amplio repertorio de acciones colectivas: foros, asambleas, abra-

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La pretensión de Santos de inyectar a la educación superior pública aportes de alianzas público-privadas y de crear instituciones con ánimo de lucro detonó masivas jornadas nacionales por la defensa de la educación pública estatal .

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Foto CINEP/PPP

El 10 de noviembre de 2011 estudiantes de varias universidades del país se movilizaron en Bogotá para protestar contra la reforma de la Ley 30 de 1992.

zos a los campus universitarios, cadenas de afecto por la vida, pupitrazos, marchas de antorchas, besatones, bloqueos de vías y un paro nacional universitario.

La insistencia del gobierno en que la posibilidad de que la educación pública superior tuviese fuentes de inversión privada no significaba privatizarla sino invertir en el mejoramiento de la calidad de la formación y la investigación, y el anuncio gubernamental,

hecho en agosto de 2011, de que aceptaba la demanda de retirar del proyecto el componente de inversión privada con ánimo de lucro en la educación superior, no bastaron para frenar el auge de la movilización que se adelantó entre marzo de ese año –cuando se presentó el proyecto de reforma– y noviembre, cuando el Presidente anunció que lo retiraría si se levantaba el paro y los estudiantes regresaban a clases.

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Movimientos sociales

Al finalizar 2011 la movilización había “Solos no podemos, empezado a rendir frutos: despertó la soli- solos no queremos estar”: daridad de la sociedad frente a los múltiples el lugar de los estudiantes organizados problemas que enfrentan las universidades públicas, el Ejecutivo retiró el proyecto de La Mane estableció una metodología reforma y se abrió un debate nacional alre- participativa para la construcción de la ley dedor de la idea de la educación superior que se desarrollaría a través de las Mesas como un derecho Amplias Locales (Maque compete no La movilización dio frutos: des- les), cuya primera fase solo a las comuni- pertó la solidaridad de la sociedad consideraría la fundades educativas frente a los problemas de las univer- damentación de prosino también a sidades públicas, el Ejecutivo retiró el puestas basadas en los toda la población proyecto de reforma y se abrió un de- acumulados del moen su conjunto. El bate nacional alrededor de la educa- vimiento estudiantil ción superior como un derecho . sobre temas centrales: 16 de noviembre de 2011, el moviqué universidad, qué miento estudiantil congregado en la Mesa educación quiere y necesita el país. Como el Ampliada Nacional Estudiantil (Mane)3 em- tiempo para la elaboración del proyecto de peñó su palabra ante la sociedad y el gobier- ley era limitado, participar en esa tarea exigió

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Foto CINEP/PPP

no: regresaría a clases y en el lapso de un año entregaría un proyecto de ley elaborado por las regiones, con la participación de múltiples actores sociales4. En este artículo se presenta el estado actual de dicho compromiso y la percepción que frente al mismo tienen estudiantes, docentes, trabajadores y empleados universitarios que han participado en la construcción de la propuesta alternativa de ley de la educación superior5.

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del estudiantado una labor permanente que lo alejaba de sus compromisos académicos inmediatos; muchos no pudieron sostener ese ritmo y otros se vieron obligados a cancelar el semestre para participar de lleno en el proceso.

Por eso mismo el carácter del Encuentro social y popular, evento convenido para realizarse entre el 8 y el 11 de junio de 2012 e inicialmente concebido como el escenario

donde se discutiría y sancionaría la exposición de motivos del proyecto de ley, tuvo que ser cambiado: la ratificación de los consensos logrados en la comunidad universitaria se postergó para dar paso a la construcción de los principios filosófico-políticos por parte del estudiantado y a la elaboración de un documento de trabajo que recogiera los planteamientos hechos durante el encuentro y los pocos ejercicios de sistematización regional y local que se habían adelantado hasta el momento6.Este documento de exposición de motivos de la ley sería discutido y ajustado en las regiones, escenarios de debate que la Mane considera fundamentales para definir una propuesta nacional de ley. Así mismo, se programaron cuatro seminarios multiestamentarios para discutir en ellos la exposición de motivos y llegar a acuerdos con diversos sectores de las comunidades universitarias.

Durante el Encuentro social y popular, y tras extensas y difíciles discusiones entre distintas expresiones organizadas del movimiento estudiantil7, se lograron consensos sobre los principios que, a consideración de los participantes, deben orientar una política de educación superior pública estatal en el país: concebir la educación superior como derecho fundamental, necesario para la realización de otros derechos y para dignificar la vida en lo material y lo simbólico, y que debe ser garantizado por el Estado; la educación superior como bien común, porque el conocimiento que se produzca en las universidades debe ser un bien del cual todos los colombianos puedan usufructuar, y la educación pública como servicio financiado por el Estado. También se llegó a acuerdos fundamentales, no sobre acciones sociales colectivas ni reivindicaciones específicas, sino sobre los cimientos de un programa político del movimiento estudiantil que, además de orientar la construcción de ley, le otorgue capacidad de movilización, articulación y diálogo con otros sectores sociales sobre la educación en el país, aspecto que, según la Mane, se constituye en una agenda política estratégica.

La idea-fuerza de esta propuesta permite reconocer colectivamente las contradicciones frente a Ley 30, así como recoger los acumulados de las luchas estudiantiles y las propuestas viables sobre la universidad y la educación pública que históricamente han venido construyendo diversos estamentos universitarios. Además, posibilitaría afian| www.cinep.org.co |

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Movimientos sociales

zar el diálogo del movimiento estudiantil con otros movimientos sociales que también han elaborado mandatos, entendidos como programas sociales y políticos de convergencia orientados a construir agendas de movilización y propuestas políticas de transformación social y no solo de exigencias al Estado.

Entre el 7 y el 9 de septiembre se reunió el V Plenario de la Mane en la Universidad Industrial de Santander, para sancionar la exposición de motivos, proyectar los objetivos de movilización del último trimestre de 2012 y continuar elaborando el articulado del proyecto, que deberá entregar el 12 de octubre en medio de una movilización social8. Así se proponen cumplir lo prometido9. Los integrantes de la Mesa saben que si no cumplen la palabra empeñada no tendrán la oportunidad de disputar con el gobierno una idea de educación superior democrática10. El 10 de Foto Presidencia de la República abril la Ministra María Fernanda Campo convocó a la Mane a un encuentro para acordar El 9 de noviembre de 2011, durante el Foro Nacional de la Calidad Educativa, Juan Manuel Santos respaldó a la ministra María Fernanda Campo y anunció que retiraría la reforma si el paro de estudiantes se levantaba. la metodología de construcción de la nueva reforma11. No obstante, tres meses después de esta invitación , el 24 de julio, la alta fun- Estudiantes Independientes, cuya propuesta Ejecutivo es, realmente, escuchar otras voces o cionaria se apresuró a rechazar “tajantemen- era continuar con la cesación hasta cuando si aquel pronunciamiento fue solo un recurso te” las propuestas de la Mane referidas a la los claustros fueran desmilitarizados y el retórico destinado a respaldar el proyecto ofiautonomía y el financiamiento12.Por su parte, Estado pagara la deuda acumulada con las cial de reforma de la Ley 30. el pasado 5 de septiembre la Mane convocó universidades públicas14. La Red ha planteaa un marcha “contra el conejo de Santos a la do que construirá su propia propuesta de ley, “No somos meros instrumentos Educaicón Superior”, acción colectiva con la pero reconoce que sus avances al respecto de la academia”: el lugar de los cual se buscaba denunciar el incumplimiento son incipientes y estima que en pos de la uni- empleados y trabajadores de algunas “garantías” que el gobierno había dad popular deben saldarse las diferencias asumido a finales de 2012 para la construc- que surgieron a propósito del levantamiento Algunos sindicatos de empleados y ción participativa de del paro, a fin de pre- trabajadores de las universidades públicas, la nueva propuesta13. sentar a la sociedad como Sintraunicol y Sintraunal, han partiSe ha cumplido la ‘pretensión’ una propuesta alter- cipado activamente, tanto en la masiva moSe avizora que el puldel gobierno: diferentes estamentos nativa de ley unifi- vilización contra el proyecto de reforma de so entre el gobierno de las comunidades universitarias Santos como en la construcción de la proy el movimiento eshan tomado en sus manos el ejercicio cada.

Los estudiantes puesta alternativa de ley, que conciben como tudiantil en torno a legislativo. Está por verse si la volunla ley será intenso tad política del gobierno es escuchar han declarado pú- un proceso de legislación desde abajo que ha “solos provocado un giro en la manera de actuar durante el último tri- otras voces o si su pronunciamiento blicamente: no podemos y solos de la izquierda colombiana: un tránsito de mestre del año. . fue solo una figura retórica no queremos estar”, la reacción a la afirmación política, al pasar La evaluación punto en el cual, des- de la oposición al proyecto gubernamental que hace la Mane de la movilización y del proceso de construcción de lugares políticos diferentes, coinciden con de reforma de la ley, a la cimentación de una del proyecto la lleva a afirmar que entre las el presidente Santos, quien afirmó: “no que- propuesta propia que obedezca a los intemayores ganancias obtenidas están la dispo- remos, ni podemos, hacer esta reforma solos. reses de los sectores populares y no a la insición al diálogo, la capacidad de escucha, el Queremos escuchar las voces de los rectores, fluencia prescriptiva de la banca multilateral.

Los trabajadores consideran que en debate entre diversos sectores del movimien- de los profesores, de los estudiantes y de los to estudiantil y la tramitación de sus conflic- padres de familia”. Finalmente se ha cumplido Colombia los sectores populares han sido tos. No obstante, la decisión de levantar el la “pretensión” del gobierno: los diferentes es- históricamente excluidos de los procesos paro que se desarrolló el año pasado provocó tamentos de las comunidades universitarias legislativos y que la movilización social ha una discusión táctica que separó de la Mane han tomado en sus manos el ejercicio legisla- dependido del ritmo de los propósitos legisa quienes se agrupan en la Red Nacional de tivo y está por verse si la voluntad política del lativos que imponen los gobiernos de turno.

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Por eso piensan que la singularidad de la construcción de esta propuesta alternativa de ley radica en que impone una agenda de producción jurídica a partir del compromiso ético-político que, como estamentos universitarios organizados, han asumido frente a la sociedad en su conjunto. El movimiento ha adoptado su propio orden del día, basado en consideraciones estratégicas enderezadas a construir y presentar a la sociedad una propuesta alternativa de ley.

Los sindicatos perciben al movimiento por la defensa de la universidad pública como producto del acumulado de luchas contra los diferentes intentos gubernamentales de intervenir el esquema de financiamiento a partir de la austeridad fiscal, y contra la reducción del gasto público destinado al sistema de educación superior. Piensan que la movilización estudiantil actual se alimenta de los procesos de organización y formación

Marcha realizada en Bogotá el 10 de mayo de 2007.

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política que vivieron los estudiantes de se- tipo de comunidad existente en las univercundaria en 2007 en la lucha contra la pro- sidades públicas: de comunidad académica a puesta del entonces presidente Álvaro Uribe comunidad educativa, con lo cual se reconoce de reformar el sistema de transferencias que el lugar político de los empleados y trabaafectaba sensiblemente el gasto público de jadores, así como su aporte sustancial a la Educación: en buena parte, esos estudiantes vida universitaria. El planteamiento sindical serían quienes hoy se orienta a resaltar enarbolan las bandeque ellos no son meras de la educación La Asociación de Profesores Uni- ros “instrumentos de pública estatal. versitarios (Aspu) ha sido evidente- la academia” sino, Los trabaja- mente activa en el movimiento de por el contrario, acdores y empleados defensa de la educación pública, y ha tores fundamentales universitarios sindi- aportado tanto conceptualizaciones de la vida universicalizados plantean como análisis técnicos sobre la situa- taria que tienen mución financiera y administrativa de la cho que aportar a la que la propuesta aluniversidad colombiana . ternativa de ley debe discusión sobre el incorporar dos eletipo de relación que mentos. El primero es un modelo de universi- debe haber entre la universidad y la sociedad dad que —a partir de una concepción amplia colombiana. Desde esta perspectiva vienen y multiestamentaria del bienestar universi- participando activamente en el debate sobre tario— garantice condiciones de estabilidad la propuesta alternativa de ley de educación laboral a empleados, superior. trabajadores y profesores y frene el pro- “No solo el Congreso, sino toda ceso de tercerización la sociedad debe construir la del trabajo en las política educativa”: el lugar de universidades pú- los profesores sindicalizados blicas estatales, que se traduce en una La Asociación de Profesores Universitadisminución de la rios (Aspu) ha sido evidentemente activa en calidad pedagógica el movimiento de defensa de la educación púy, soterradamente, blica, y ha aportado tanto conceptualizacioinduce a la desmo- nes como análisis técnicos sobre la situación vilización política de financiera y administrativa de la universidad los estamentos uni- colombiana. Ya en la discusión sostenida en versitarios. El segun- 1992 sobre la Ley 30, Aspu logró incorporar do plantea la necesi- a través de su lucha el componente de autoFoto CINEP/PPP dad de transformar nomía universitaria, entendida como autonola concepción del mía académica, financiera y administrativa.

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Movimientos sociales

Pieza publicitaria del encuentro organizado por la Mane, Sintraunal, Sintraunicol, Fenalprou y Aspu y realizado en junio de 2012.

No obstante, considera que la manera como ha sido asumida la autonomía en términos prácticos ha desconocido que el sujeto en el que aquella reside no son los consejos superiores sino la comunidad universitaria, interpretación que concuerda con la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto. Este énfasis en concebir los consejos superiores como sujetos de la autonomía ha beneficiado el clientelismo y ha frenado el ejercicio del derecho a la participación efectiva de los estamentos universitarios en la toma de decisiones sobre las universidades.

Todo ello en la medida en que la composición de los consejos superiores favorece, en términos relativos, las iniciativas e intereses del gobierno nacional y de actores externos a las universidades, y tiende a hacer de los representantes de las comunidades educativas figuras sin capacidad de incidencia efectiva sobre las decisiones que se adoptan en estas instancias del gobierno universitario.

En opinión de Aspu, a partir de la administración de Pastrana Arango los intentos de reformar la Ley 30 han estado orientados a limitar la autonomía universitaria y cambiar el esquema de financiación de las universidades públicas estatales, atándolo a indicadores de cobertura y calidad. Según

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Aspu, tales intentos parten de la errónea conAdemás, para Aspu, los proyectos incepción de la autonomía como capacidad de vestigativos de las universidades deben autofinanciamiento: se es una institución de estar orientados a contribuir a la comprencalidad en tanto que se ofrezcan servicios y se sión y solución de los problemas sociales tomen medidas administrativas que —como del país. Sin embargo, en la reforma proel aumento de las matrículas— reviertan en el puesta por María Fernanda Campo la decisostenimiento financiero de las universidades. sión sobre tales asuntos correspondería, no Frente a estas iniciativas de cuño neo- a las universidades sino a consejos regioliberal, que lanzan a las universidades a nales, con lo cual se corre el riesgo de que una disputa de competencias por la auto- aquéllos estén permeados, si no definidos, financiación en detrimento de los aportes por intereses clientelistas regionales y por del Estado, Aspu ha venido proponiendo las demandas investigativas y de innovacioque se traslade a las universidades recur- nes tecnológicas impulsadas por empresas sos del sistema nacional de regalías. En ese nacionales y transnacionales, lo cual lesiosentido, se vio con buenos ojos la búsqueda naría la libertad de investigación de las unipor incrementar la financiación propues- versidades, en otras palabras, su autonomía ta por la ministra María Cecilia Vélez en la académica. segunda administración de Uribe; sin emCon base en sus acumulados analítibargo, Aspu considera que aquella es una cos y jurídicos, Aspu elaboró un articulado reforma que no aborda el núcleo del pro- para la propuesta alternativa de ley que ha blema del sostenimiento económico de las aportado a la conceptualización del debate universidades.16 En primer lugar, porque multiestamentario.17 La sugerencia insiste destina a las universidades apenas un 10% en la necesidad de hacer efectiva y garande las regalías (Aspu propone que sea el tista la incorporación de la autonomía uni30%). En segundo lugar, porque el monto versitaria, así como en adoptar un modelo derivado de las rede gobierno univergalías se invertirá sitario que permita, en proyectos de inFrente a estas iniciativas de cuño a través de la modiversión de carácter neoliberal Aspu ha venido propo- ficación de los coninvestigativo, cuan- niendo que se traslade a las univer- sejos superiores y do la crisis de finan- sidades recursos del sistema nacio- los demás órganos nal de regalías . ciamiento de la unide gobierno univerversidad tiene que sitario, el ejercicio ver fundamentalmente con la falta de gasto del derecho a la participación que tienen los público para el funcionamiento de las uni- miembros de las comunidades universitaversidades, cuyo costo crece anualmente rias. Así mismo, considera que la nueva ley porque el índice de precios aI consumidor debe fortalecer el Sistema de Universidades (IPC) del sector educativo es más alto que Estatales (SUE), a fin de que desempeñe un el de otros sectores. Esto se explica por el papel central en el sistema educativo nacioaumento anual contemplado en el régimen nal. Estos elementos administrativos y de salarial de los docentes, producto de la pro- concepción del gobierno universitario han fesionalización de los mismos y que tiene sido los más destacados aportes de Aspu a que ver con las demandas de los procesos la construcción colectiva de la propuesta alde acreditación de los programas y con los ternativa de ley. recursos parafiscales que las universidades aportan a la salud y a las pensiones de los Si el río suena… docentes. Tal aumento se intensificó sustancialmente a partir de la ampliación de la El proceso de construcción de un procobertura impuesta a las universidades por yecto alternativo de ley exige un ejercicio la “Revolución Educativa” del gobierno de de diálogo, concertación y construcción de Uribe, la cual no se correspondió propor- acuerdos que es todo un laboratorio expericionalmente con un aporte presupuestal mental para las fuerzas sociales y políticas adicional a las universidades estatales que del país. El paso de una posición de rechazo les permitiera cumplir con la función social de la propuesta gubernamental a un proceque les compete. so de construcción de una legislación desde

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Movimientos sociales

abajo implica cambiar radicalmente el ejercicio político del movimiento de defensa de la educación pública estatal. Esto es así porque con dicho desplazamiento se posiciona el poder constituyente que los movimientos sociales pueden ejercer en la relación de fuerzas legislativas, a partir de su capacidad estratégica de instalar agendas políticas que se traduzcan en políticas públicas, pese a todas las dificultades tácticas que ello implica.

En síntesis, la metodología empleada en este proceso ha problematizado el sectarismo para privilegiar la construcción de acuerdos estratégicos. Los significativos avances que él ha experimentado esbozan una experiencia novedosa de construcción de unidad sobre la base de la diferencia y no sobre la pretensión monárquica de homogeneidad: aquí el conflicto se asume como dinamizador de la construcción de acuerdos y no como el pretexto para descalificar y fragmentar a las fuerzas sociales constituyentes. Esta es una de las razones por las cuales hay una amplia expectativa social frente al desenvolvimiento de las cosas en el segundo semestre de 2012. Porque, en cualquier caso, para estudiantes, docentes y trabajadores universitarios la propuesta alternativa de ley debe estar respaldada por una potente movilización social que permita desplegar la instauración de un modelo de educación superior diferente del que nos rige.

*Martha Cecilia García Dairo Andrés Sánchez Investigadores de la Escuela de Derechos Humanos y el equipo de Movimientos Sociales del CINEP/ Programa por la Paz

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Notas 2 Ver programa mínimo de la Mane que orientó la movilización en 2011 en http://manecolombia.blogspot.com/2011/10/ programa-minimo-del-movimiento.html 3 Palabras del presidente Santos durante el acto de presentación de los lineamientos de la propuesta de reforma integral de la educación superior, 10 de marzo de 2011. Consultar: http://www.mineducacion. gov.co/cvn/1665/w3-article-266619.html 4 La Mane se autodefine como “un espacio amplio, democrático, pluralista que reúne organizaciones y estudiantes de instituciones de educación superior y de educación técnica y tecnológica y se constituye como escenario de trabajo y lucha por la defensa de la educación como derecho fundamental”. Primera reunión de la Mane, 20 y 21 de agosto de 2011, Universidad Distrital.

5 Ver declaración política de la Mane: http://manecolombia.blogspot.com/2011/11/declaracion-politicamesa-amplia.html 6 Los autores agradecen a Paola Galindo, vocera de la Mane, a Gloria Arboleda y a Pedro Hernández, integrante y presidente de Aspu respectivamente; a Juan Carlos Arango (presidente) y Crisanto Gómez (miembro de la junta directiva) de Sintraunal; a Gonzalo Guerrero, presidente de Sintraunicol, y a Nataly López, dirigente de la Red Nacional de Estudiantes Independientes, quienes concedieron entrevistas para elaborar este artículo y comentaron una primera versión del mismo.

7 Ver documento de de exposición de motivos: http://manecolombia.blogspot.com/2012/07/propuestade-exposicion-de-motivos-de_5687.html 8 Este fue un escenario eminentemente estudiantil, por lo cual, después del encuentro, la comisión académica y la comisión nacional de voceros de la Mane emprendieron diálogos con representantes de profesores, trabajadores y padres de familia para socializar los documentos elaborados por las partes y crearon una comisión nacional interestamentaria destinada a sistematizar las relatorías del encuentro.

Con ello intentaron recoger, de manera fiel, las discusiones de cada mesa, los acuerdos y los disensos, y caracterizaron las posturas divergentes que, frente a temas específicos, tienen los diversos actores sociales y políticos que participan del proceso de construcción del proyecto de ley. Los elementos de consenso y de debate contribuirán a dinamizar la discusión sobre la propuesta de educación superior.

9 Ver sanción de Exposición de motivos http://www.youtube.com/watch?v=suV3-bGGun8 10 Al respecto ver http://www.semana.com/nacion/estudiantes-presentaran-su-propuesta-reforma-educacion-octubre-2012/169231-3.aspx 11 Sobre la discusión con el gobierno ver http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/152007-gobierno-respetara-metodologia-de-la-mane-para-reforma-a-la-educacion y http://www.elespectador.com/ noticias/educacion/articulo-337955-mane-un-actor-importante-no-el-unico 12 Ver http://www.semana.com/nacion/este-miercoles-reuniran-ministra-educacion-vocerosmane/175210-3.aspx 13 Declaración de María Fernanda Campo en http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/gobiernorechaza-propuesta-de-financiacion-de-la-educacion-superior-hecha-por-los-estudiantes/20120724/ nota/1728253.aspx 14 Ver Contra el conejo de Santos: Marcha del 5 de septiembre http://www.youtube.com/ watch?feature=player_embedded&v=IHe_DK2Sq9I#!

15 Respecto a esta escisión ver http://www.semana.com/nacion/pasa-mane-hablan-estudiantes/173464-3.aspx. La Red de Estudiantes Independientes expresa su postura en la declaración de su tercer encuentro, realizado en Medellín el 3 y 4 de marzo de 2012. Ver http://www.porlaedu.com/ index.php?option=com_content&view=article&id=615:declaracion-politica-de-la-red-de-estudiantes-in dependientes&catid=13:debate&Itemid=16 16 La ministra de Educación del gobierno Santos, María Fernanda Campo, recurrió a esta propuesta en la iniciativa de reforma integral de la educación superior y en la iniciativa de modificar la destinación de la inversión de las regalías.

17 Ver propuesta alternativa de ley de Aspu en http://aspucol.org/sitio/wp-content/uploads/2012/06/ propuesta-de-reforma-ley-30-7-de-junio.pdf

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Minería

Pequeña y gran minería: un solo problema En los últimos años numerosas comunidades que subsisten de la pequeña minería en el país padecen un drama a causa del limbo legal en la titulación minera y la concesión de la mayoría de las zonas a trasnacionales.

Esta situación se suma a las múltiples protestas ciudadanas contra los perjuicios generados por parte de las multinacionales del petróleo, el carbón, el oro y los metales estratégicos.

Por Álvaro Delgado*

L

as noticias sobre la suerte de la pequeña minería colombiana son cada día más alarmantes, aunque vienen de atrás. Ya en diciembre de 1995 había estallado en Istmina (Chocó) un paro cívico en protesta por la política de devastación ambiental adelantada por la Chocó Pacífico, que el gobierno y la fuerza pública locales se apresuraron a sofocar. Sin embargo, un comité de salvación pública con amplia representación de todos los sectores sociales y políticos convocó un cabildo abierto y grandes movilizaciones, que impusieron el compromiso gubernamental de tomar medidas contra los abusos de la compañía aurífera extranjera.

A fines del año siguiente los pequeños mineros del carbón de la cuenca del Sinifaná, en el suroccidente de Antioquia, protestaron ante el virtual cierre de las minas que no cumplieran con los procesos de legalización contemplados en la Ley 141 de 1994. De las 92 solicitudes de legalización presentadas a la Empresa Colombiana de Carbón (Ecocarbón), 27 habían sido resueltas en forma positiva y las restantes 55 habían entrado en orden de cierre1.

Por la misma época trabajadores del carbón de Norte de Santander amenazaban con tomarse el parque principal de Cúcuta si el gobierno no brindaba una salida a la crisis que afrontaban por la caída de la producción y venta del mineral. Unas 4.000 personas corrían el riesgo de quedarse sin trabajo como consecuencia del cierre definitivo de 60 de las 238 minas de ese departamento2.

Datos de Mindesarrollo establecieron que entre 1994 y 1998 en la región de Cucunubá, Sutatausa, Lenguazaque, Guachetá y Tausa se había cerrado “una importante

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Las noticias sobre la pequeña minería en Colombia son cada día más alarmantes aunque vienen de atrás.

cantidad de minas carboníferas por circuns- Estado en los últimos veinte años”. Convenios tancias económicas y de contaminación am- de Ingeominas, Fenalcarbón y Ecocarbón trabiental”3, y aún así, de acuerdo con Ecocar- taban apenas de “recuperar buena parte de los 5.000 empleos bón, a fines de 1998 directivos e indisubsistía un total rectos que dejó el de 358 minas, de En 1998, a pesar de explotar una cierre del 70% de las cuales 307 estade las diez minas más grandes del las minas de carbón ban en explotación4. mundo, Ecocarbón se consideró como en Cundinamarca”5.

Pero el manejo ofiuno de los pésimos negocios que hizo En el departamento cial era pésimo y “a el Estado en las últimas dos décadas pesar de explotar del Cesar, las muldel siglo XX . una de las diez mitinacionales Drumnas más grandes mond y Glencore, del mundo, con un carbón de buena calidad —conocidas de autos por su victimización de y con un mercado más o menos consolidado, sindicalistas— repetían entretanto las misla empresa carbonífera se ha convertido en mas prácticas de depredación del ambiente uno de los pésimos negocios que ha hecho el y desconocimiento de los derechos de los

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Foto Steve Cagan

Minería

trabajadores, con la gran diferencia de que en esta oportunidad éstos estaban organizados en un sindicato combativo, aliado a las comunidades campesinas del entorno y a la población del núcleo urbano (Jagua de Ibirico). En febrero de 2007 tuvo lugar allí un paro cívico de tres días en protesta contra Drummond y Glencore por contaminación ambiental, destrozo de vías por las tractomulas, desempleo, trabajo temporal y regalías controladas por

Fechas y acontecimientos 1995 En diciembre de 1995 estalló en Istmina, Chocó, un paro cívico en protesta por la polí ca de devastación ambiental adelantada por la compañía minera Chocó Pacífico.

1996 Los pequeños mineros del carbón de la cuenca del Sinifaná, en el suroccidente de An oquia, protestaron ante el virtual cierre de las minas que no cumplieran con los procesos de legalización contemplados en la Ley 141 de 1994.

1996 Trabajadores del carbón de Norte de Santander amenazaron con tomarse el parque principal de Cúcuta si el gobierno no brindaba una salida a la crisis que afrontaban por la caída de la producción y venta del mineral.

1994 - 1998

la corrupción. Hubo disturbios, los manifestantes fueron recibidos con disparos por la estación de Policía y ellos la incendiaron. Al presidente Uribe le tocó hacer a un lado la soberbia y acudir al escenario6.

En esa ocasión el entonces vicepresidente de la república, Francisco Santos, afirmó que la Jagua de Ibirico era “el municipio más corrupto del país” y los habitantes señalaron que las dos empresas se negaban a ofrecer trabajo a los locales, no hacían inversión social y fomentaban la inseguridad. “...aunque el pueblo recibió unos cien mil millones de pesos por regalías desde 1997 hasta 2003, aún no ha resuelto ninguna de sus necesidades básicas, ni acueducto ni alcantarillado. El 80% de la gente tiene agua pero no es potable”, afirmaron. De las cuatro últimas administraciones locales, solo la de Luis Antonio Hernández no aparecía sancionada por malos manejos, y Hernández “tuvo que salir de la zona por amenazas de muerte7”. Los demás habían sido condenados o estaban prófugos: “...el dinero que comenzó a circular atrajo a corruptos, guerrilla y paramilitares, y con ellos llegaron amenazas, atentados, extorsiones, secuestros y desplazamientos (...)

Muchos candidatos [a la alcaldía] fueron asesinados o amenazados y desterrados” 8.

De poco sirvieron, sin embargo, los aparatosos regaños lanzados al aire por los dos jefes de la funesta “política de seguridad democrática”. Para mayo de 2007, “La falta de agua potable, el mal estado de la carretera y

la descompensación ambiental por la explotación y tráfico del carbón en la zona siguen siendo los padecimientos de los habitantes de la Jagua de Ibirico diez meses después de que el propio presidente Alvaro Uribe Vélez se trasladara a esa localidad […] La Jagua está convertida en camino de herradura, sin resolver la problemática del acueducto, alcantarillado, basuras y matadero municipal” 9.

Aquí y allá todo es posible…

Sin embargo, fue a fines de 2008 cuando la protesta tomó las características que hoy reviste en los más disímiles parajes del país.

A principios de diciembre de 2008 la Compañía Minera de Caldas, filial de la canadiense Colombia Goldfields, se retiró de Marmato con el pretexto de que había terminado la primera fase de exploración aurífera en un territorio donde poseía 145 minas, todas ellas compradas a los mineros que las laboraban para subsistir. La CMC retiró cerca de 200 mineros pero a ellos y a los proveedores les quedó debiendo acreencias. La crisis social por esa situación fue tal, que un grupo de quienes habían vendido sus títulos a la compañía invadieron de nuevo las minas para sobrevivir.

“Compraron las minas, las cerraron mientras hacían las exploraciones y hoy setecientas personas están sin empleo y al municipio se le bajaron las regalías en 1.500 millones de pesos”, dijo la prensa en referencia a las mañas de la Goldfields10.

En la región de Cucunubá, Sutatausa, Lenguazaque, Guachetá y Tausa se cerró "una importante can dad de minas carboníferas por circunstancias económicas y de contaminación ambiental", según datos de Mindesarrollo.

2007 En el municipio de La Jagua de Ibirico, en el Cesar, tuvo lugar lugar un paro cívico de tres días en protesta contra Drummond y Glencore por contaminación ambiental, destrozo de vías por las tractomulas, desempleo, trabajo temporal y regalías controladas por la corrupción.

2008 A principios de diciembre de 2008 la Compañía Minera de Caldas (CMC), filial de la canadiense Colombia Goldfields se fue del municipio de Marmato y re ró cerca de 200 mineros pero a ellos y a los proveedores les quedó debiendo acreencias.

2011 En noviembre de 2011 asociaciones de indígenas y pequeños mineros volvieron a manifestarse y pidieron al Estado declarar la caducidad de los tulos de la compañía extranjera sobre las minas que dejó abandonadas y suspender los desalojos y amparos administra vos interpuestos por la compañía.

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Minería

En noviembre de 2011, asociaciones munidades indígenas y negras, el abandono de indígenas y pequeños mineros volvían del desastroso proyecto de minería a cielo a manfiestarse: “Exigimos continuar con abierto.

Mineros canuestra tradición nadienses que nos de pequeña minería y el respeto a nuesCanadá opera bajo una lógica de visitaron entre el tros trabajos digzona franca minera que permite a las 21 y el 24 de abril nos. Que se tenga en empresas con concesiones mineras de 2012 como parte realizar legalmente actividades de de una delegación cuenta que la tradiexploración en una propiedad priva- internacional encación de explotación da, incluso contra la voluntad de los minada a fomentar minera lleva más de propietarios . la solidaridad entre 500 años en el mulos movimientos nicipio y es propia que luchan conde nuestras culturas, territorios e identidades”, clamaron en tra las empresas mineras multinacionales comunicado del 25 de noviembre del Con- en América Latina y Canadá afirmaron que sejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y el sistema legal canadiense es tal, que las la Asociación de Pequeños Mineros de Mar- compañías no necesitan preocuparse de ser mato. Pidieron al Estado declarar la caduci- judicializadas en Canadá por delitos comedad de los títulos de la compañía extranjera tidos en el extranjero. “La mayoría de las sobre las minas que dejó abandonadas, tal empresas mineras del mundo mantienen como ordena el Código de Minas, así como sus dólares en cuentas extraterritoriales y la suspensión de los desalojos y de los am- aprovechan un marco legal en Canadá que paros administrativos interpuestos por la les permite trabajar por todo el mundo bajo compañía contra los pequeños mineros que la bandera canadiense sin tener que explitrabajan en las minas abandonadas como car sus acciones a nadie”11.Canadá opera único medio de supervivencia. Exigieron bajo una lógica de zona franca minera, en la que se prohíba a la compañía cumplir fun- cual las empresas con concesiones mineras ciones de policía mediante vigilantes arma- tienen el derecho legal de llevar a cabo acdos y agregaron más: la protección para los tividades de exploración en una propiedad líderes que se encuentran interviniendo en privada, incluso contra la voluntad de los la defensa de los derechos mineros, el resca- propietarios, y permite que el Estado deste ecológico del territorio, el trabajo digno y aloje gente de sus tierras si una compañía la pequeña minería, los derechos de las co- minera quiere construir allí una mina12.

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El 70% de los mineros artesanales no tiene título mientras que en el 90% de las zonas mineras ya se han otorgado las concesiones a multinacionales.

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La pequeña minería se defiende Siempre supimos que en el país había minería tradicional (indígena y de comunidades negras), artesanal (de pequeños propietarios), mediana (con alguna maquinaria), y la minería de grandes empresas. Eso era cierto hasta el año 2001, cuando el gobierno cambió el Código de Minas y estableció que toda explotación minera, por pequeña que sea, si quiere tener permiso de operar, debe cumplir las normas exigidas a las grandes mineras internacionales. Entonces comenzó la pasión y muerte de la pequeña minería colombiana.

Peace Brigades International (PBI), una agencia que hace el seguimiento de la minería en países sometidos al saqueo de sus riquezas por las multinacionales, afirma que en Colombia “existen al menos seis mil minas de la considerada pequeña minería. En el 44% de los municipios colombianos se hace pequeña y mediana minería y de ella viven alrededor de cinco millones de personas, entre indígenas, negros y campesinos”13.

La agencia señala que “Muchos mineros nunca supieron que desde 2002, para realizar la actividad que llevaban años practicando, tenían que obtener un título. Mientras tanto, las multinacionales llegaban al país y comenzaban a hacer solicitudes. Otros pequeños mineros no disponían de recursos económicos para adelantar los estudios y trámites exigidos y otros, cuando fueron a solicitar el título, encontraron que sus territorios ya habían sido otorgados a grandes empresas. Al Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), la autoridad minera encargada de adjudicar los títulos, llegaron 2.845 solicitudes de formalización y de estas solo 2.310 consiguieron legalizarse. En 2010 una reforma del Código Minero estableció un nuevo plazo de dos años para la legalización de la pequeña minería […] La ley explicitaba que si el área solicitada se encontraba concesionada, la autoridad minera mediaría entre las partes para llegar a un acuerdo, lo que en la práctica se traduce en que el pequeño minero tiene que vender o asociarse, y en todo caso salir del territorio”14.

El plazo final para legalizar las solicitudes venció el 3 de marzo de 2012. Ingeominas congeló la recepción de nuevas solicitudes, a la espera de que se resuelvan cerca de 20.000 acumuladas y se revoquen los títulos

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Minería

Notas

concedidos en zonas protegidas. La Corte Constitucional derogó la reforma del Código pero difirió el efecto de la sentencia para que en dos años el Congreso vuelva a presentar la ley. “Es decir, el plazo para legalizarse sigue vigente pero los mineros no pueden presentar sus solicitudes. La pequeña minería quedó así en un limbo legal que nadie sabe resolver; en la actualidad, el 70% de los mineros artesanales no tiene título mientras que en el 90% de las zonas mineras ya se han otorgado las concesiones a multinacionales. Según diferentes expertos, la orientación actual de la política minera consiste en que el Estado allane el camino para los grandes proyectos mineros de las trasnacionales, y, para éstos, uno de los mayores obstáculos es que en los lugares donde estas empresas pretenden hacer minería a cielo abierto hay pequeños y medianos mineros”15.

Es cierto que la pequeña minería arroja altísimos costos en materia ambiental, a causa de los procesos y las sustancias que se utilizan para la extracción de los recursos naturales; “de hecho, Colombia es el país más contaminado por mercurio del mundo, y Segovia, municipio minero tradicional, es la zona con más concentración de este elemento a nivel mundial, [pero] la contaminación generada por las grandes multinacionales para sus proyectos de minería a gran escala es aún mayor. [Además,] el Gobierno no diferencia entre minería

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Al drama de las comunidades de pequeña minería se le suman múltiples protestas ciudadanas contra la degradación de tierras, fuentes de agua, cultivos y zonas suburbanas por parte de las multinacionales del petróleo, el carbón, el oro y los metales estratégicos .

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ilegal y minería informal (la que no cuenta con título) sino que identifica la minería artesanal informal con la minería ilegal, y ésta con la guerrilla, para justificar la militarización de las zonas mineras”16.

Ese es el escenario del drama que en los últimos años vienen padeciendo numerosas comunidades de pequeña minería del país y que se suma a las múltiples protestas ciudadanas contra la degradación de tierras, fuentes de agua, cultivos y zonas suburbanas por parte de las multinacionales del petróleo, el carbón, el oro y los metales estratégicos que recorren el mundo del subdesarrollo en busca de ganancias rápidas a costa de la contaminación planetaria y la mayor miseria de las comunidades pobres. Mientras los capitales foráneos defraudan al Estado en materia de regalías, inventarios, ventas y compraventas falsas, a las familias mineras se las condena a la desaparición.

Al respecto, los mineros del extranjero nos han dado una lección. En agosto de 2011 entró en vigor el tratado de libre comercio entre Canadá y Colombia, que incluye fuertes protecciones de “los derechos de los inversores” que podrían hacer más fácil para las empresas canadienses demandar al gobierno colombiano por la pérdida de beneficios si se les niega permisos de explotación por cualquier motivo. Uno de los objetivos de la delegación solidaria que nos visitó el pasado abril fue planear estrategias sobre cómo los canadienses pueden construir una red diversa de grupos que se opongan a la minería en Canadá, parecida a la red Reclame de Colombia. Entonces se preguntó al jefe de la delegación: “¿Pueden ustedes levantarse contra una empresa de gran minería multinacional que está vinculada al gobierno?”, y el hombre respondió. “Sí, solo lleva tiempo. La gente no puede dejar de luchar”17.

1 El Tiempo, noviembre 27, 1996.

2 El Tiempo, 1998, “Sigue parálisis de carboneros” en El Tiempo, Bogotá, diciembre 13.

3 La República, febrero 5, 1999.

4 El Tiempo, 1996, “Mineros, sin luz al final del túnel” en El Tiempo, Bogotá, septiembre 13.

Disponible en: http://www.eltiempo.com/ archivo/documento/MAM-1521159 5 El Tiempo, 1998, “Carbocol tiene los meses contados” en El Tiempo, Bogotá, septiembre 14. Disponible en: http://www.eltiempo.com/ archivo/documento/MAM-818312 6 Voz, 2007, 4. “Los hechos y acuerdos de La Jagua” en Voz, febrero 21.

7 El Tiempo, 2007, “Violentos disturbios en La Jagua de Ibirico” en El Tiempo, Bogotá, febrero 11. Disponible en: http://www.eltiempo. com/archivo/documento/MAM-2385175 y El Tiempo, 2007, “Visita de Uribe calmó a La Jagua de Ibirico” en El Tiempo, Bogotá, febrero 12.

8 El Tiempo, 2007, “Violentos disturbios en La Jagua de Ibirico” en El Tiempo, Bogotá, febrero 11. Disponible en: http://www.eltiempo. com/archivo/documento/MAM-2385175 y El Tiempo, 2007, “Visita de Uribe calmó a La Jagua de Ibirico” en El Tiempo, Bogotá, febrero 12 9 El Tiempo, 2007, “El Gobierno llama ‘al orden’ a las carboneras” en El Tiempo, Bogotá, mayo 14. Disponible en: http://www.eltiempo.com/ archivo/documento/MAM-2494647 10 La República, 2008, “Invasión en las minas de la CMC” en La República, Bogotá, diciembre 9.

11 Periferia, Prensa Alternativa, junio 2012.

12 Ib. 13 Peace Brigades International (PBI). Boletín Informativo No. 18, noviembre, 2011. www. jonaswresh.com Consulta: julio 12, 2012.

14 Ib. 15 Ib. 16 Ib. 17 Periferia, Prensa Alternativa, junio 2012.

*Álvaro Delgado Investigador del equipo Memoria, Derecho a la Tierra y Luchas Sociales del CINEP/ Programa por la Paz

ARCHIVO DE PRENSA CINEP/PPP Toda la información que usted necesita como investigador en problemáticas sociales, en un sólo click.

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Minería

Precaución socioambiental Moratoria en la minería de la Amazonía Sorprendió el anuncio hecho por el presidente Santos en el marco de la pasada Cumbre de Río+20, respecto a la constitución de reservas mineras estratégicas en más de 17,6 millones de hectáreas, principalmente en la Amazonía y el Pacífico.

Por Ramón Laborde*

S

orprendió el anuncio hecho por el presidente Santos en el marco de la pasada Cumbre de Río+20 respecto a la constitución de reservas mineras estratégicas en más de 17,6 millones de hectáreas, principalmente en la Amazonía y el Pacífico. Se dijo que esta medida tendría como finalidad evitar la preocupante proliferación de solicitudes de concesión minera de recursos considerados estratégicos, como el oro y el coltán, entre otros, debido al aumento significativo de su demanda como consecuencia de los altos precios del mercado. Este control es uno de los componentes de la denominada “Locomotora Minera”.

Sectores ambientalistas y comunidades indígenas y negras venían promoviendo ante la opinión pública la idea de que el gobierno declarara una moratoria de la exploración Foto CINEP/PPP y explotación minera en regiones como la Más de 17 millones de hectáreas harían parte de las áreas estratégicas mineras que se crearán en la Amazonia y el Pacífico, debido a la falta de Amazonía y el Pacífico. información y conocimiento sobre las implicaciones socioambientales que acarrearía el sector con la titulación de los bloques mine- cieras específicas que le permitirán obtener hecho de adelantar este tipo de actividades ros que se asignarán, previa convocatoria es- un mayor margen de ganancia económica y la en tales ecosistemas, particularmente frági- tatal al mejor postor. Lo anterior no conlleva posibilidad de pactar exigencias adicionales les y que constituyen el hábitat de un signifi- la adopción de unos estándares que garanti- con la empresa contratista escogida mediancativo número de comunidades tradicionales. cen la protección de las riquezas culturales y te concurso público. Sin embargo, no es una Presentada ofiambientales allí pre- medida dirigida a la protección ambiental y cialmente como una sentes. cultural que se reclama para estas regiones; La creación de reservas mineras esaudaz medida de La determi- su finalidad es entregar el título minero a protección medioam- tratégicas fue presentada oficialmente nación de áreas es- quien brinde al Estado mayores beneficios biental a escala glo- como una audaz medida de protección tratégicas mineras económicos. Aunque tampoco se excluye bal, pasó a ser seña- medioambiental a escala global pero es concebida como que puedan pactarse mayores exigencias en lada por diferentes en la práctica favorecerá a las empre- una medida admi- relación con la protección que se reclama, sas más poderosas del sector . analistas como un ennistrativa mediante la medida ha sido valorada como una gran gaño y un acto de gran la cual el gobierno amenaza para la preservación de la región cinismo del gobierno. deja de estar obli- amazónica, por ser ésta el área que mayoriSi bien éste argumenta que la medida preten- gado a conceder el título minero a la prime- tariamente está cubriendo. Más allá de unas de ordenar la exploración y explotación de ra persona natural o jurídica que eleve la condiciones adicionales que puedan ser acorlos mencionados minerales, en la práctica se respectiva solicitud. Por el contrario, puede dadas con el beneficiario de una concesión de favorecerá a las empresas más poderosas del establecer unas condiciones técnicas y finan- este tipo, se requeriría un estudio y una pla-

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Minería

Áreas estratégicas mineras de la Agencia Nacional de Minería Zona Chocó y zona oriente

CESAR

CORDOBA

Área inicial: 22,3 millones Ha Área final: 17,6 millones Ha

BOLIVAR

ANTIOQUIA

(202 bloques - 15,4% del territorio nacional)

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

CHOCO

ARAUCA

BOYACA CALDAS

POTENCIAL MINERO

CASANARE CUNDINAMARCA

RISARALDA

Mineral de Uranio

QUINDIO

Mineral de Coltan

VALLE DEL CAUCA

VICHADA SANTA FE DE BOGOTA D. C.

TOLIMA META

Mineral de Oro Mineral de Hierro CAUCA

GUAINIA

HUILA

Mineral de Platino

GUAVIARE NARIÑO

ACTIVIDAD MINERA Solicitudes Vigentes: millones de Ha)

961

(4,7

PUTUMAYO

VAUPES

CAQUETA

Títulos Mineros: 48 (81 mil Ha) AMAZONAS

Actualización catastro minero: 13 de junio de 2012

-

Áreas estratégicas mineras, títulos y solicitudes que existían antes y están por fuera de la reserva minera aprobada. Fuente: Agencia Nacional de Minería, julio de 2012.

nificación integral que determinen la viabili- cionales en relación con los derechos de la dad de actividades extractivas en este medio, Naturaleza y de los sujetos de especial proen atención a sus especiales particularidades tección, como las comunidades indígenas y negras. socioambientales.

Entre los derechos formalmente reEn la Amazonia y el Pacífico concurre una gran diversidad de figuras jurídicas en- conocidos en la Constitución y los tratados caminadas a la protección de las riquezas internacionales que favorecen a los pueblos culturales y biológicas, como parques nacio- indígenas y negros, y los derechos efectivanales, reservas forestales, resguardos indí- mente materializados en estos territorios, genas o territorios de comunidades negras. hay una brecha. Diferentes sectores de la Todas ellas se caracterizan por su incipiente sociedad civil han tratado de promover la desarrollo normativo e institucional. De cara adopción de medidas administrativas baa este escenario, deberían reforzarse las sal- sadas en el principio de precaución1, que vaguardas socioambientales, a fin de evitar señala la inconveniencia de adelantar actividaños irreparables dades mineras bajo provocados por las la escasa institucioactividades mineras.

Por no existir derechos absolutos, nalidad existente en El actual Códi- el desarrollo de la minería encuentra relación al control go Minero considera limitaciones constitucionales en rela- y la vigilancia soa la minería como ción con los derechos de la Naturaleza cioambientales de una actividad de y de los sujetos de especial protec- las regiones. Esta utilidad pública e ción, como las comunidades indíge- falta de control se nas y negras . interés social, lo cual refleja en la desborfaculta al gobierno dada minería ilegal, para realizar las exdenunciada por propiaciones que se requieran en relación diferentes sectores sociales y reconocida con la propiedad de los bienes inmuebles por las instituciones del Estado. y los derechos constituidos sobre los misEspecíficamente se buscó que el gobiermos, toda vez que ellos son necesarios para no declarara una moratoria de la actividad su ejercicio y su eficiente desarrollo. Por no minera en estas regiones, mientras se avanexistir derechos absolutos, el desarrollo de zaba en el fortalecimiento de la capacidad la minería encuentra limitaciones constitu- de control institucional ambiental y en el

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reconocimiento del derecho al autogobierno de los indígenas. Sobre ese presupuesto se constituyeron las Entidades Territoriales Indígenas, entre otras figuras. Sin embargo, el gobierno se abstuvo de adelantar alguna medida en ese sentido, por varias razones. En primer lugar, se juzgó inconveniente reconocer la inexistencia de la institucionalidad mínima que se requiere para garantizar un efectivo control y vigilancia sobre la minería, incluida la presencia de la fuerza pública; en segundo lugar, se desechó la posibilidad de constituir gobiernos indígenas locales sobre las áreas no municipalizadas2 de Amazonas, Vaupés y Guainía, tal vez por el temor de que otros indígenas del resto del país pudieran beneficiarse de esta reivindicación.

Esta era una legítima expectativa de las organizaciones indígenas tras más de veinte años de estar esperando la reglamentación de las Entidades Territoriales Indígenas, que el gobierno podría atender a través de las facultades constitucionales extraordinarias3. Ellas le permitirían legislar para poner en funcionamiento los Territorios Indígenas, si se tiene en cuenta que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, aprobada apenas en 2011, excluyó esa figura de gobierno local dispuesta para los indígenas.

El pleno reconocimiento de los indígenas como autoridades en sus territorios, y en particular de su autoridad ambiental, es interpretado en el ámbito institucional como una cesión de la soberanía y como un riesgo, como si eso implicara concederles facultades en la toma de decisiones frente al licenciamiento ambiental para la explotación minera.Sin embargo, esta discusión se ha adelantado en las instancias de con-

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Foto Steve Cagan

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Minería

certación de los pueblos indígenas y el goLa adopción de la medida que efectibierno, en las que se ha explicitado que el vamente permitiría una moratoria minera fundamento y el alcance que buscan los es la que finalmente tomó el Ministerio de indígenas se circunscriben a las facultades Ambiente y Desarrollo Sostenible para la reambientales dispuestas en el artículo 330 de gión amazónica, mediante la Resolución No. la Constitución. No 1518 de 2012, que estienen la facultad Por no existir derechos absolu- tableció una serie de de negar u otorgar tos, el desarrollo de la minería en- prerrequisitos que delicencias, permisos cuentra limitaciones constituciona- berán cumplirse antes o autorizaciones les en relación con los derechos de la de darle paso a la mipara la explotación Naturaleza y de los sujetos de espe- nería en cualquiera de de recursos natu- cial protección, como las comunida- sus formas. Resalta el des indígenas y negras . rales de cualquier referido al reconocitipo, aunque sí los miento y aplicación faculta para adoptar medidas administra- del principio de precaución contenido en la tivas enderezadas a proteger las riquezas Convención de Diversidad Biológica, con lo naturales de sus territorios, realizar la or- cual se honró la palabra del gobierno expredenación del suelo y, en general, ejercer sus sada en la cumbre de Río+20. funciones ambientales bajo el principio de Ahora el gobierno tendrá que establejerarquía normativa y de rigor subsidiario, cer mecanismos de participación amplia que como ocurre con toda autoridad local. permitan que la sociedad civil, instancias

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gubernamentales, sectores empresariales y pueblos indígenas, entre otros actores, puedan concertar y definir una política y una normatividad permanentes que garanticen la pervivencia de la diversidad socioambiental de la región amazónica.

Quedan pendientes de resolver otros aspectos de este asunto y la adopción de medidas similares para otras zonas de especial protección socioambiental, como la Sierra Nevada de Santa Marta y el Chocó biogeográfico, así como la implementación de medidas efectivas de control de la minería ilegal, entre otras. Por ahora es un buen comienzo.

Notas 2 Esta área corresponde a 18 millones de hectáreas y abarca en promedio más del 80% de los citados departamentos.

Referencias Ley 99 de 1993: Artículo 1º. Principios generales ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales […] 6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

3 Constitución Política, Artículo 56 transitorio.

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Foto Gabriela Díaz Montealegre

*Ramón Laborde Abogado, consultor del equipo Sierra Nevada de Santa Marta

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Minería

No a la desviación del cauce del río Ranchería El equipo Gestión Cultural y Territorial de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta del CINEP/PPP conversó con Felipe Rodríguez, miembro fundador del capítulo Guajira del Centro de Estudios del Carbón, sobre la reciente movilización en Riohacha con motivo de la desviación del río Ranchería. Apartes de la conversación y reflexiones sobre la situación socioambiental en La Guajira.

Por Margarita Granados y Liliana Múnera*

F

elipe Rodríguez es miembro fundador del capítulo Guajira del Centro de Estudios del Carbón, creado en Valledupar en 2008 por iniciativa del Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico del Carbón de la Universidad Popular del Cesar (Cidtec), algunos intelectuales independientes, la CUT del Cesar y la Asociación de Educadores del Cesar (Aducesar). Rodríguez es además presidente del Comité Cívico de La Guajira en Defensa del Río Ranchería, el Manantial de Cañaverales y las Regalías, constituido en 2011 y que el pasado 1º de agosto de 2012 convocó a una movilización regional en Riohacha contra de la minería expoliadora, simultáneamente con otras expresiones desplegadas en diferentes ciudades del país.

La protesta guajira denunció los proyectos de ampliación de la explotación carbonífera, en particular la que proyecta la empresa Colombian Coal X (CCX), filial del grupo empresarial brasileño Eike Batista X (EBX)1 ,a la cual le concesionaron 65.000 hectáreas y anunció el hallazgo de uno de los yacimientos más grandes del mundo2. Este proyecto implica la construcción de una línea férrea

Foto CINEP/PPP

Felipe Rodríguez, miembro fundador del capítulo Guajira del Centro de Estudios del Carbón.

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Foto CINEP/PPP

y un puerto en Dibulla, adicional al que está que todavía no está en trámite una solicitud siendo adelantado por la empresa Brisa S. A. de licencia para el desvío, de acuerdo con lo desde el año 2006 y al cual se han opuesto denunciado por diferentes analistas y lídelos indígenas de la Sierra Nevada mediante res políticos, El Cerrejón está adelantando consultas previas con diferentes mecalas comunidades sin nismos3. Sin emEl Cerrejón está adelantando presentar debidamenbargo, el mayor consultas previas con las comuni- te un informe sobre rechazo social lo dades sin presentar debidamente los impactos de todo despierta el proun informe sobre los impactos de orden que el proyecto yecto de expantodo orden que el proyecto puede puede descargar4. sión de Carbodescargar . nes El Cerrejón, Los siguientes puesto en marson apartes de la concha a finales de 2010 y que contempla la des- versación que el equipo Gestión Cultural y viación del río Ranchería en un tramo de 26 Territorial de los pueblos indígenas de la kilómetros, para la explotación adicional de Sierra Nevada de Santa Marta, del CINEP/ 530 millones de toneladas del mineral. Aun- Programa por la Paz, sostuvo con Felipe

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Minería Figura 1: Cerrejón en La Guajira

Cargue del carbón Puerto Bolívar Mar Caribe

Península de La Guajira

Colombia

Manaure

Uribia

Riohacha

N

Albania

Vía férrea

Campamento Mushaisa Hatonuevo Barrancas Distracción

Maicao Límite con la República Bolivariana de Venezuela

Río Ranchería Cuenca del río Ranchería Mina actual

Presa y embalse El Cercado

Fonseca San Juan del Cesar

0

Área de concesión minera

25 km

Cerrejón en La Guajira. Fuente: Proyecto de Expansión Iiwo’uyaa 2011

Rodríguez después de la movilización de Riohacha.

CINEP/PPP: ¿De qué manera se están compensando los daños ambientales ocasionados por la explotación del carbón?

Felipe Rodríguez: Primero señalemos que en treinta años aquí no se había hecho ninguna evaluación de tipo económico, social ni ambiental. Eso comienza a gestarse a partir del foro que tuvimos el 7 y 8 de junio pasado5, cuando trajimos a unos expertos y ante las comunidades dimos a conocer los estudios que nosotros, como Comité Cívico, habíamos hecho. Es ahí cuando comienza a prestársele atención, pero las externalidades nadie las ha medido; no ha habido preocupación por el área no recuperada de El Cerrejón. En treinta años El Cerrejón ha intervenido 12.000 hectáreas de bosque primario seco tropical y ha recuperado 3.000, o sea, el 25%. Eso no puede presentarse como una práctica de minería responsable. Ha sembrado alrededor de 1.300.000 árboles, y eso en valor económico puede equivaler al valor de la venta del carbón de un mes. Esa es la “hazaña” ecológica que ha hecho El Cerrejón. En treinta años no nos han recuperado el 75% del bosque, y eso es grave porque la concesión debe terminar en teoría en 2032. Entonces, ¿quién nos va a responder a nosotros por el daño ambiental que nos han causado?

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C/P: ¿Las regalías que la empresa debe transferir al Estado logran compensar esos daños?

F. R.: La compensación vendría por la vía de las regalías, pero primero habría que Proyecto de Expansión de Cerrejón señalar que los montos que las empresas mineras deberían pagar por regalías disminuyen, gracias a las exenciones tributarias que se les han concedido. Por ejemplo, las fundaciones de El Cerrejón no tienen ningún propósito filantrópico; las establecen con el fin de buscar descuentos tributarios; el impuesto de renta, que en este país es del 33% para cualquier empresa que obtenga utilidades, para El Cerrejón es del 15%. En segundo lugar, las empresas mineras también tienen exenciones por repatriación de utilidades: antes pagaban el 7% y el gobierno de Uribe les condonó ese impuesto. Entonces, las regalías han venido rebajándose para favorecer a la inversión extranjera dentro del contexto de la confianza inversionista. La renta minera colombiana es la más barata de toda América Latina.

“En La Guajira, la plata de la regalías ha sostenido programas de gratuidad de la educación primaria y secundaria y un programa de subsidio de la educación superior que cobijaba a alrededor de 18.000 estudiantes, 11.000 de la Universidad de La Guajira y el resto de otras universidades que tuvieran

asiento aquí. También se establecieron programas de nutrición para los niños hasta quinto grado, en convenio con el ICBF. Esos programas van a desaparecer. En el antiguo régimen los departamentos y municipios productores recibían alrededor del 80% de las regalías directas; el 20% restante lo percibía el Estado, que, a través del Fondo Nacional de Regalías, lo repartía entre municipios y departamentos no productores (como regalías indirectas). Pero ahora, con el nuevo régimen, se crearon una serie de fondos que se llevan el 52% de las regalías; del restante 48%, apenas el 20% es para las regalías directas. Entonces, en concreto, a los departamentos y municipios productores solo les queda el 9,2% del 80% que recibíamos antes.

Esto significa que todos esos programas de atención social se acaban. Va a llegar un momento en que el Departamento va a decirle a la Universidad de La Guajira que no puede seguir sosteniendo el subsidio. ¿De dónde van a sacar los alcaldes para pagar los programas de transporte escolar, de nutrición infantil?

Así podemos llegar a la inviabilidad financiera institucional de muchos municipios. La devastación social que nos dejó la apertura económica y el cambio de la orientación productiva por la minería extractiva ahora van a aparecer en su real magnitud, porque las regalías de alguna manera matizaban el problema. Las contradicciones sociales se van a agudizar y esto puede ser peor que lo del Cauca. Porque aquí la gente no tiene donde trabajar, no hay agricultura, se ha reducido el

Cuadro No. 1

Población Empleada por Industria en La Guajira

Felipe Rodríguez evidencia que el sector minero no constituye una fuente representativa de generación de empleo en la Guajira, frente a los demás sectores económicos: 1.

Servicios

34.2%

2.

Comercio

29.7%

3.

Agropecuario

17.6%

4.

Industria

11.1%

5.

Construcción

3.94%

6.

Minería

2.9%

7.

Electricidad, agua, gas

0.6%

Fuente: Encuesta continua hogares, Dane 2005 No. 76 | Septiembre - Noviembre 2012 |

2. Cerrejón Hoy

Minería Figura 5: Mina actual y expansiones propuestas para el año 2033

comercio, no hay industria. Aquí hay probleÁrea de rehabilitación actual Mina actual mas de cobertura educativa, problemas en Huella de mina a 2033 sin proyecto de expansión Tajos del río (proyecto de expansión minera) los servicios públicos, porque el 70% de los Botaderos Palmito (Proyecto de expansión minera) acueductos los dieron en concesión a operaMina Caypa (Otro operador) dores extranjeros y no han resuelto los problemas de cobertura, ni de calidad del agua, Infraestructura actual Cauce actual del río Nuevo cauce Cadena del carbón Ranchería propuesto para el ni de alcantarillado. río Ranchería Arroyo Arroyo Aguas C/P: ¿Cómo surge el Comité Cívico de La Paladines blancas Vía del carbón propuesta para la expansión Guajira en Defensa del Río Ranchería, el MaBotadero Patilla Vía férrea propuesta nantial de Cañaverales y las Regalías?

Tajo Patilla Vía del carbón actual F. R.: Después del desplazamiento de la Tajo Oreganal Vía férrea actual población de Tabaco6,organizaciones como Tajo Oeste Tajo Este Sintracarbón y algunas ONG comienzan a Río Ranchería Botadero Botadero plantearse el problema de esta gente que Palmito Sur Palmito Norte fue desplazada por la gran minería y empieTajo Comunidad zan a constituirse comités de pobladores.

Botadero Oreganal En 2010 se constituye la Federación de CoTajo Annex Infraestructura Arroyo Botaderos NAM Cadena del carbón Cerrejón Botadero Arroyo Arroyo munidades Desplazadas por la Gran Minería Tajos NAM Para la expansión Embalse Annex Tabaco Mapurito Arroyo Arroyo Palomino en La Guajira (Fecodemigua). Los indígenas Caurina Bruno propuesto comienzan a organizarse en el sur del departamento en la Asociación de Autoridades 1. Modelación. Cerrejón ha desarrollado su propio modelo monitoreo situadas alrededor de la mina. Miembros de de calidad de aire, basado en los procedimientos de la comunidad están contratados para estas funciones y Cabildos Indígenas Wayúu del Sur de La Mina actualdey expansiones propuestas de para el año 2033.deFuente: Proyecto de parte, Expansión 2011 la Agencia Protección Medioambiental Estado monitoreo y forman junto Iiwo’uyaa con Cerrejón, Unidos (US Environmental Protection Agency), para del Comité Supervisor de la Red de Seguimiento de Guajira (Aaciwasug)7,que reúne una poblaanalizar y predecir el impacto de la calidad de aire en Calidad de Aire, el cual se creó para proporcionar un ción de más de 15.000 indígenas. Entonces, las comunidades próximas a sus operaciones. Esta enlace de comunicación y una entidad de seguimiento herramienta se utiliza para la planifi cación anual y a entre la Empresa y las comunidades locales con el fin “En de las lascuestiones luchas por las regalías el rumor de que alcaldesdel y gobernadoSintracarbón, Fecodemigua, Reclame8 y el riegan largo plazo de la mina y los resultados modelo se de identifi carmedio y gestionar relacionadas compartido con las de comunidades el polvo. dos hechos importantes. Primero, sucedieron son una partida rateros.afectadas; Yo no digo que con Centro de Estudios del Carbón creamos lo reshan 2. Controles preventivos. Se utilizan sistemas activos El Cerrejón conocer de polvo en de todas las operaciones de Cerrejón también hadio sidoamuy proactivosu en proyecto la promociónde exhubo; este tipo contratos promueve que inicialmente se llamó el Comité Cívico nodelossupresión minería y de transporte (por ejemplo, camiones que de la sostenibilidad y del crecimiento socioeconómico de pansión: aumentar la producción 32 a 60 corrupción.

Pero otra cosa es que la mulDepartamental en Defensa de las Regalías la rocían diariamente las carreteras con un promedio de La Guajira, más allá del ámbito de la minería, a de través 17.000 m3 de agua); delmillones desarrollo yde la fitoneladas nanciación en por marcha de su reciente año, que incluye el tinacional diga que y comenzamos a 3. Monitoreo y reporte. La eficiencia del sistema de control sistema de ‘Cuatro Fundaciones’, descrito en la Sección y el cumplimiento de las normas de calidad de aire 9 de este documento. desvío del río en 26,2 kilómetros. Y, segundo, paga puntualmente dar algunas peleas se verifican a través de una red de 18 estaciones de de cierta trascenDe 1985 a 2009 El Cerrejón expor- las regalías y que si que CCX, en ese momento MPX Colombia9,dio tó 444 millones de toneladas, obtuvo la región está en si- a conocer que le concesionan 66.000 hectádencia que no se divisas por 18.400 millones de dólares tuaciones de atraso reas en La Guajira para explotar carbón. Ante habían presentado y le pagó a Colombia 1.300 millones es porque los polí- ese panorama, actuando como Comité de reen el departamenpor concepto de regalías, es decir, un ticos se han robado galías, decidimos continuar la lucha, ahora to: en noviembre de Proyecto de Expansión de Cerrejón 7 por ciento . la plata, cuando esa en defensa del río Ranchería, en defensa del 2010 hicimos una multinacionales se agua. Transformamos el Comité Departamarcha de una dos quedan con el 93% mental de las Regalías en el Comité Cívico de mil personas y la clase dirigente tradicional comenzó a salir y de las ganancias. Esto fue parte del debate y La Guajira en Defensa del Río Ranchería, el permitió graficar la magnitud del problema; Manantial de Cañaverales y las Regalías. Eso unirse a los sindicatos.

“Tuvimos que dar un debate dentro de los sindicatos y las organizaciones sociales sucedió el 1º de abril del año pasado en una los sindicatos para aceptar su participación fueron entendiendo y eso nos permitió irnos reunión que tuvimos en Barrancas con las auen el Comité o para hacer alianza con la clase unificando. toridades tradicionales de Aaciwasug y Sin“Luego, el 26 de mayo de 2011, a po- tracarbón, y sentamos las bases para la conspolítica del departamento para defender las regalías, porque era rechazada y se la tildaba cos días de la aprobación del proyecto del trucción del Comité Cívico. Inicialmente nos de corrupta. Explicar cómo es el negocio de régimen de regalías, realizamos el paro cívi- dedicamos a conocer el negocio del carbón, la minería: de 1985 a 2009 El Cerrejón ex- co departamental, que paralizó por un día El la producción, la renta minera, a través de portó 444 millones de toneladas, obtuvo divi- Cerrejón porque bloqueamos las entradas, las investigaciones que hicimos en el Centro sas por 18.400 millones de dólares y le pagó impidiendo el ingreso de los trabajadores. de Estudios del Carbón, que nos permitieron a Colombia 1.300 millones por concepto de La Guajira fue uno de los departamentos que interactuar con las comunidades, ayudarles a regalías, es decir, un 7%. Grafiquemos esto: más peleó en defensa de las regalías, gracias fortalecer sus procesos organizativos, sacar por cada cien toneladas de carbón a nosotros a unas estructuras organizativas que nos per- al sindicato de su lucha reivindicativa cennos quedan siete y las multinacionales se lle- mitieron coordinar de manera más eficaz las trada solamente en las condiciones laborales van 93. Entonces el gobierno nacional y las luchas que hemos venido dando, aunque ya y ponerlo en contacto con las comunidades multinacionales propietarias de El Cerrejón sabemos cómo terminaron las regalías. desplazadas por la minería”.

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C/P: ¿Cuáles son las perspectivas y los alcances proyectados por el Comité Cívico de La Impactos Ambientales de la Explotación de Guajira a corto y mediano plazo?

Cerrejón en La Guajira F. R.: El Comité Cívico se ha ganado el respeto del pueblo de La Guajira. Hoy nos miUsando los datos del resumen del Plan de Expanran con mucha atención porque hemos sido sión de El Cerrejón, Felipe Rodríguez explica que: serios y no andamos especulando. Al Foro • En 30 años El Cerrejón usado un área de trajimos los mejores expertos nacionales en 11.488 HA de cobertura boscosa y de suelos, minería: Julio Fierro, Álvaro Pardo, Aurelio de las cuales ha recuperado 2700 HA, que coSuárez, la gente de Santurbán y de El Quimrresponden a apenas un 10% del área interbo, para que nos comentaran sus experienvenida. Recuperación que ha implicado una cias. También trajimos a las comunidades. inversión económica equivalente a la venta de Eso nos permitió que el tema del río Ranchecarbón de un mes. ría tomara trascendencia nacional; pudimos • A medida que se van abriendo nuevos tajos en trasmitirlo en internet por la página web de 25 años han creado depósitos de suelo al aire la Universidad y eso hizo que mucha gente se libre con un volumen de 30 millones de pies enterara de él. cúbicos. Sus efectos sobre la población y las “Además, el Comité Cívico es muy signiaguas son múltiples. ficativo, porque es el ejercicio de unidad de mayor trascendencia en la historia de este C/P: ¿Qué balance hace de la moviliza- departamento. Comenzamos con el comité ción en contra de la explotación minera del de las regalías y se ha fortalecido con el anuncio del desvío del río Ranchería, que pudimos primero de agosto de 2012?

F. R.: En treinta años de explotación dar a conocer durante ese foro. Ya la gente de El Cerrejón nunca se había presentado dice: ‘Eso no vale y además no tenemos regauna manifestación en contra de esa empresa lías. ¿Para qué esa minería?’. Eso indica que el como la que se dio hoy, porque las del 26 de foro cumplió su objetivo.

“Del 16 al 20 de agosto pasado se reamayo de 2011 y el 9 de noviembre de 2010 fueron contra el cambio del régimen de rega- lizó una expedición a lo largo del tramo del río Ranchería que lías. Esto indica que pretende ser desaquí está pasando El Comité Cívico de La Guajira viado por El Cerrealgo. Y quiero resales el ejercicio de unidad de ma- jón. Se ha invitado tar un aspecto cualiyor trascendencia en la historia de a participar en esta tativo de la marcha este departamento, comenzó con causa a múltiples de hoy: la expresión el comité de las regalías y tras el organizaciones de de unidad. Hoy esanuncio del desvío del río Ranche- derechos humanos tuvieron presentes ría permitió que el tema tomara nacionales e interlos grupos políticos, . trascendencia nacional nacionales. “Ahora el Partido Liberal, el continuará el ciclo Conservador, Cambio Radical, Aico, el Partido Verde, el Polo, el de foros municipales y unas mesas de trabajo Partido de la U, es decir, todas las expresiones a las que convocaremos a distintos sectores políticas que tienen presencia en La Guajira. sociales, entre ellos los relacionados con la Estuvieron los indígenas, los estudiantes, los producción, la educación, la salud, la agriculmaestros, los trabajadores de El Cerrejón, la tura, el comercio, el turismo, para ir identifiintelectualidad, los trabajadores de la cultura, cando cuáles son las alternativas frente a la la Universidad de La Guajira, los campesinos, gran minería. Un ejercicio colectivo que nos el comité ganadero de Fedegan del municipio diga hacia dónde queremos ir. Así iremos de Fonseca, la Asociación de usuarios del río configurando un pliego departamental de peranchería (Asoranchería), los comerciantes ticiones del Comité Cívico, sobre las banderas de Maicao agrupados en la Federación de Im- de cada sector social, para discutirlo con el portadores de Licores (Findecol), el Concejo gobierno nacional. De tal manera, el Comité Municipal, la Asamblea Departamental. Esta Cívico va convirtiéndose en un Comité por la es una expresión de unidad que difícilmente dignidad o la salvación del departamento de La Guajira”. podíamos encontrar años atrás.

Cuadro No. 2

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Margarita Granados y Liliana Múnera Investigadoras del Equipo Gestión Cultural y Territorial de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta del CINEP/ Programa por la Paz

Notas 5

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7

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9

Foro “Impactos de la megaminería del carbón en La Guajira y la nación”. Universidad de La Guajira y Comité Cívico en Defensa del Río Ranchería. Riohacha, junio 7 y 8 de 2012.

Ver artículo de Natalia Paredes en Cien Días, Nº 55, junio-diciembre de 2004, “Me quitaron a Tabaco, mi pueblo…” Disponible en línea http://www.cinep.org.co/index. php?option=com_docman&task=cat_view& gid=35&Itemid=79&lang=es&limitstart=14, consulta en agosto 9 de 2012.

En Aaciwasug se reúnen autoridades de diez resguardos, distribuidos de la siguiente manera en los municipios del sur de La Guajira: tres de Barrancas, tres de Hatonuevo, uno de Fonseca, dos de Distracción y uno de Albania.

Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional.

MPX es la empresa de energía del grupo EBX (Eike Batista X).

Referencias 1

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3

4

La preferencia por la X en la sigla de las empresas tiene una explicación dada por el propio Eike: “la X representa la multiplicación” (traducción de las autoras) En: Vanessa Correia, 2009. Empresas X, de Eike, são grande aposta para o futuro. Brasil Económico, 14 de diciembre. Disponible en línea: http:// www.brasileconomico.com.br/noticias/ empresas-x-de-eike-sao-grande-aposta-para-ofuturo_73388.html Consultado en septiembre 12 de 2012.

Portafolio, 14 de mayo de 2012. La brasileña MPX anuncia reservas en La Guajira.

Disponible en línea: http://www.portafolio.co/ negocios/la-brasilena-mpx-anuncia-reservasla-guajira, consultado en agosto 9 de 2012.

Liliana Múnera. “A palabras sabias, oídos sordos”, en: Cien Días Vistos por CINEP/PPP, No. 61, agosto, 2009. Disponible en línea: http:// www.cinep.org.co/index.php?option=com_ docman&task=cat_view&gid=35&Itemid=79 &lang=es&limitstart=7, consultado en agosto 9 de 2012.

Alfredo Molano Bravo, 2012, “La Guajira despresada”, en El Espectador, junio 9. Disponible en línea: http://www.elespectador.com/ impreso/nacional/articulo-352210-guajiradespresada, consultado en junio 10 de 2012.

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Cien d铆as es la revista trimestral del CINEP/ Programa por la Paz en donde se analiza la coyuntura nacional desde la situaci贸n de derechos humanos, los movimientos sociales y otros temas abordados por la investigaci贸n social.

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