Revista Controversia No 187 Diciembre 2006

ÍNDICE

Jenny Pearce Universidad de Bradford, Inglaterra Tercera etapa · No. 187 · Diciembre de 2006

Corporación Región Escuela Nacional Sindical (ENS) Instituto Popular de Capacitación (IPC) Foro Nacional por Colombia Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) DIRECTOR GENERAL Alejandro Angulo Novoa, S.J. Cinep EDITOR ESPECIAL NÚMERO 187 Rubén Fernández Corporación Región COMITÉ ASESOR Guillermo Correa (ENS) María Soledad Betancur (IPC) Fabio Velásquez C. (Foro Nacional por Colombia) Mauricio Archila N. (Cinep) COMITÉ CIENTÍFICO Alejandro Grimson Instituto Nacional de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional San Martín, Argentina Ángela Stienen Universidad de Berna, Suiza Carlos Figueroa Ibarra Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México Clara Inés García Instituto de Estudios Regionales (Iner), Colombia David Recondo Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas, Francia Francisco Leal Buitrago Universidad de los Andes, Colombia Guillermo Hoyos Instituto Pensar, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Margarita López Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central, Venezuela

Presentación Por Rubén Fernández

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Pilar Riaño Alcalá University of British Columbia, Canadá Rodolfo Arango Rivadeneira Universidad Nacional, Colombia COLABORAN EN ESTE NÚMERO Marta Inés Villa Sergio Andrés Coronado Delgado Julio Puig Farrás Patricia Madariaga Jorge Iván Bonilla Vélez Camilo Andrés Tamayo Gómez Adrián Marín Echavarría Orlando Luján

CONFLICTO Y REGIÓN Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía.

Por Marta Inés Villa

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El territorio: derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes en Colombia.

Por Sergio Andrés Coronado Delgado

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COORDINACIÓN EDITORIAL Helena Gardeazábal Garzón ASISTENCIA EDITORIAL Jorge A. Cote R. DIAGRAMACIÓN María Teresa Suárez Ramírez

MOVIMIENTOS SOCIALES El actor sindical en la transformación del sistema financiero.

Por Julio Puig Farrás

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FOTOGRAFÍA DE CARÁTULA Leo Carreño IMPRESIÓN Ediciones Antropos Ltda.

ISSN: 0120-4165 Tarifa postal reducida No. 1092 Carrera 5 No. 33A-08 Teléfono: 2456181 http://www.cinep.org.co/controversia.htm controversia@cinep.org.co Bogotá, D.C. Colombia Revista indexada en Publindex en categoría C de Colciencias

GÉNERO “Yo estaba perdida y en el EME me encontré”. Apuntes sobre comunidad, identidad y género en el M-19.

Por Patricia Madariaga

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VIOLENCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Medios de comunicación y violencias en América Latina: preocupaciones, rutas y sentidos.

Por Jorge Iván Bonilla Vélez y Camilo Andrés Tamayo Gómez

135

ECONOMÍA Y DESARROLLO El costo de la canasta educativa, un obstáculo para el pleno disfrute del derecho a la educación.

Por Adrián Marín Echavarría y Orlando Luján

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CRÍTICA DE LIBROS Historias de la lucha por la paz. A propósito del libro Movimiento por la Paz en Colombia 1978-2003 de Mauricio García Durán, S.J. Por Fernando Sarmiento Santander

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Hacia la consolidación de la participación ciudadana. A propósito del libro Encuentros con el futuro, cuarto ejercicio de planeación participativa en Bogotá 2004 de Esperanza González Rodríguez y Fabio Velásquez Carrillo.

Por Margareth Flórez

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Presentación La revista Controversia inicia con este número una nueva fase. Hasta hoy fue una publicación del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep en la que se vertían los frutos investigativos del centro y de otros investigadores de la cuestión social, cultural y política del país. En adelante será fruto del trabajo mancomunado de cinco organizaciones no gubernamentales del país que mantienen una labor investigativa permanente como parte de sus planes de acción: Cinep, Foro Nacional por Colombia, Escuela Nacional Sindical, Instituto Popular de Capacitación y Corporación Región.

Este número ha sido considerado de transición y en él se han compilado una serie de artículos sobre diferentes temas y enfoques. En adelante, cada edición tendrá un tema central que será editado por una de las instituciones socias de este acuerdo, sobre un aspecto en el cual hayan desarrollado procesos investigativos recientes.

La actual edición contiene seis ensayos.

Presentación 7

El artículo de Julio Puig, investigador de la Escuela Nacional Sindical, “El actor sindical en la transformación del sistema financiero”, es resultado de una investigación enfocada a demostrar cómo las transformaciones empresariales en el país se han llevado a cabo en detrimento de las organizaciones de los trabajadores.

Marta Inés Villa, investigadora de la Corporación Región de Medellín, hace un recorrido por las políticas públicas sobre desplazamiento forzado en Colombia y sobre la manera como las representaciones sociales inciden en la elaboración, implementación y valoración de dichas políticas. Este artículo es resultado del proceso de investigación trans-nacional en Canadá (Vancouver), Ecuador (Quito) y Colombia (Medellín) sobre desplazamiento forzado y movilidad humana que viene realizando la Corporación en convenio con las universidades British Columbia y Flacso.

En “El Territorio: derecho fundamental de las comunidades afro-descendientes en Colombia”, Sergio Coronado, abogado investigador del Cinep, aborda el tema de los derechos constitucionales reconocidos a las comunidades afrodescendientes, en especial el derecho al territorio, además evalúa su situación actual y contribuye con una amplia panorámica teórica a su comprensión conceptual y teórica.

los resultados de una segunda parte de su investigación, en la que hacen una evaluación crítica de 102 estudios y publicaciones sobre el tema en América Latina. Colombia ocupa un lugar central como origen y como tema de estos trabajos. El texto, “Medios de comunicación y violencias en América Latina” se constituye en un referente de mucha utilidad para quienes se encuentran inmersos en indagaciones sobre la comunicación.

Adrián Echavarría y Orlando Luján, investigadores de la Corporación Región de Medellín, exponen los resultados de un estudio hecho sobre familias de población desplazada en la Zona Centro Oriental de esta ciudad, en el que demuestran el peso que tienen para las familias, los costos directos e indirectos de tener a sus hijos estudiando en instituciones oficiales y cómo, en la práctica, estas erogaciones cotidianas se convierten en obstáculos, insalvables a veces, para la garantía del derecho constitucional a estar estudiando que todo niño y niña en este país debe tener.

Encontrará también el lector en este número un par de reseñas: una escrita por Fernando Sarmiento, investigador del Cinep, a propósito del libro Movimiento por la paz en Colombia; y otra, de Margareth Florez, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia acerca del libro Encuentros con el futuro, cuarto ejercicio de planeación participativa en Bogotá.

Como es bien sabido, la pregunta por los procesos de conformación de las identidades es un acuciante tema de interés para las ciencias sociales y humanas contemporáneas y, en sentido estricto, para los hombres y mujeres que hoy habitan este planeta. El artículo de Patricia Madariaga “Yo estaba perdida y en el EME me encontré”, se adentra en la manera como se conforman las identidades individuales y colectivas desde la experiencia de la militancia en un grupo guerrillero, el M19, y es una ventana innovadora para mirar tanto el conflicto colombiano y sus actores, como la construcción de identidades en contextos complejos.

Nos complace mucho este acuerdo de trabajo y esperamos que redunde en una publicación que gane en calidad y sostenibilidad y, especialmente, en utilidad para todos aquellos que actúan sobre la compleja realidad colombiana. ¡La claridad es una necesidad nacional urgente! En la tarea de ver más claro y más allá, las herramientas de la investigación juiciosa y la reflexión reposada son insustituibles. Controversia será un espacio para que estos dos valores se viertan sobre el papel y estén al servicio del público interesado.

Inscritos en un ya largo proceso de investigación sobre la violencia y los medios masivos de comunicación, Camilo Tamayo, investigador del Cinep, y Jorge Iván Bonilla, profesor asociado de la Universidad Eafit de Medellín, exponen

Editor especial del Número 187 - Revista Controversia

RUBÉN FERNÁNDEZ

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Medellín, diciembre de 2006

Presentación 9

CONFLICTO Y REGIÓN

Desplazamiento forzado en Colombia El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía* Por Marta Inés Villa **

* Artículo recibido en octubre de 2006.

Artículo aprobado en noviembre de 2006. ** Historiadora e investigadora de la Corporación Región.

Interno Forzado (Acnur, 1998). Partiendo de la constatación de la gravedad y magnitud del fenómeno (alrededor de 25 millones de personas desplazadas en el mundo) y del vacío en la legislación internacional para abocarlo, la Acnur propone éste como un documento que, si bien no tiene un carácter vinculante, pretende orientar la acción en este campo y construir un acuerdo entre los Estados sobre la manera de abordar un fenómeno de estas magnitudes2. Según estos principios, las personas desplazadas son aquellos individuos o grupos que:

Introducción1 El Desplazamiento Forzado Interno es la manera como internacionalmente se ha nombrado una forma particular de éxodo: aquella que ocurre dentro de las fronteras del territorio nacional y que está motivada por desastres naturales o por diversas formas de persecución, amenaza o agresiones que atentan contra la integridad de las personas. A pesar de que es un fenómeno mundial ligado desde hace décadas especialmente a conflictos internos y guerras civiles, sólo desde 1997 se cuenta con un instrumento internacional que nombra su especificidad con respecto a otros tipos de migraciones y propone unos principios básicos para la atención, protección y restablecimiento de las personas que se encuentran en esta situación: los Principios Rectores sobre el Desplazamiento 1.

Este artículo retoma el trabajo de investigación realizado conjuntamente con Ana María Jaramillo y Luz Amparo Sánchez y cuyos resultados fueron publicados en el libro Miedo y Desplazamiento (Jaramillo, Villa y Sánchez, 2004). También se alimenta de algunos de los avances de la investigación que actualmente realizamos en coordinación con Pilar Riaño de la Universidad British Columbia sobre la migración forzada de colombianos en Colombia, Ecuador y Canadá. Una versión inicial fue presentada a la reunión del grupo de trabajo sobre migraciones de Flacso realizada en diciembre de 2005 en el Instituto de Estudios Políticos de Perú.

“Se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida” (Acnur, 1998).

Dos años antes de la promulgación de este documento comenzó a saberse en Colombia de la existencia de un significativo y silencioso éxodo que para 1995 pasaba del medio millón de personas, la mayoría de ellos campesinos que por diverso tipo de hostigamientos, en su mayoría asociados al conflicto armado, habían tenido que abandonar sus hogares. En respuesta a esta evidencia y a la presión de diversos organismos nacionales e internacionales, y teniendo en cuenta precisamente el postulado de los Principios Rectores, en 1997 el Estado reconoce el éxodo forzado como una problemática relevante que exige acciones de política pública y se aprueba la primera Ley para la Atención de la Población Desplazada (Ley 387/97) que habla de la necesidad de prevenir el fenómeno, atender a la población y realizar acciones para su restablecimiento. A pesar de que nacional e internacionalmente se han reconocidos los aciertos de esta ley en cuanto a su enfoque y su potencialidad para restaurar los derechos de la 2.

La atención internacional desde mediados de siglo había estado centrada en el refugio. El “refugiado”, según los parámetros internacionales, es “aquella persona que se encuentra fuera de su país de origen y no puede retornar a causa de un temor bien fundado de persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social” (Convención de los refugiados, 1967).

Desplazamiento forzado en Colombia 13

población desplazada, su impacto en procesos reales de restablecimiento y en evitar que el desplazamiento forzado se siga produciendo es bastante precario (Acnur, 2004). Hoy se calcula que alrededor de tres millones de personas viven en esta situación, lo que ubica a Colombia en el segundo lugar de los países con desplazamiento interno en el mundo, después de Sudán. Tres millones de personas que se encuentran, la mayoría de ellas, en condiciones de extrema pobreza, incluso de indigencia (Ibáñez y Moya, 2006), lo cual cuestiona, además de la vigencia de un Estado Social de Derecho, la indolencia con el que el resto de colombianos y la comunidad internacional hemos visto engrosar, año tras año, estas cifras3.

El presente artículo se centra en esta forma particular de migración forzada en Colombia y en la reflexión sobre lo que, a mi modo de ver, constituye una mediación central tanto en la experiencia del desarraigo como en las posibilidades de inserción y restablecimiento de esta población: el miedo. En primer lugar, y para efectos especialmente de la comparación con otras formas migratorias en América Latina, me detengo en las diversas modalidades de éxodo forzado que configuran lo que se ha denominado el “Desplazamiento Forzado Interno”. En segundo, bajo la hipótesis de que el desplazamiento forzado es una estrategia de guerra, analizo el peso que tienen la construcción y el uso intencionado de los miedos. En tercero, entendiendo que el desplazamiento es una repuesta al miedo, exploro las continuidades y variaciones que a lo largo del proceso de desplazamiento tiene esta relación. En cuarto y último lugar, planteo algunas derivaciones de esta relación en términos de la reflexión sobre la ciudadanía y la democracia.

3.

Se ha dado un fuerte debate en el país a propósito de las “cifras reales” del desplazamiento. La agencia gubernamental Acción Social, el Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Consultoría para los Derechos Humanos, Codhes, son los tres organismos que en el país suministran información sobre las cifras del desplazamiento forzado. Mientras la Pastoral Social y Codhes hablan de 3.662.842 personas desplazadas desde 1985, el reporte del gobierno es el de 1.716.662 contando a partir de 1997. Entre ellas no hay coincidencia en las unidades de medición y tampoco en los resultados.

No obstante todos coinciden en señalar que hay un subregistro en las cifras puesto que no todas las personas que se desplazan declaran su situación y no todas las que lo hacen son reconocidas por los organismos oficiales como tal. A propósito de este debate, ver: Codhes (2005b)

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El desplazamiento forzado en Colombia: ni derecho a quedarse, ni derecho a marcharse El derecho a no migrar es, a pesar de que parezca contradictorio, el primer derecho que tienen las personas con respecto a las migraciones (Marmora, 2002, 112); se trata de la posibilidad de quedarse en condiciones de seguridad y dignidad en el lugar donde se ha nacido o el que se ha elegido estar y en el que es posible acceder a toda la gama de derechos conquistados o construidos a lo largo de la historia por la sociedad. Es en razón de este derecho que los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Forzado sustentan la obligación de los Estados a la “protección de las personas contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual” y por tanto plantean la prohibición explícita de los desplazamientos arbitrarios4.

Sin embargo, como lo ha advertido Acnur, “el derecho a vivir con seguridad es, en última instancia, más importante que el derecho a permanecer en la propia comunidad o país” (Acnur, 1995; citado por Mármora, 2002, 267). Es en estas circunstancias de limitación o falta de acceso a los derechos enunciados, donde resulta relevante y constitutivo también de los derechos de toda persona el derecho a la libre movilidad, que reivindica la libertad de toda persona a trasladarse de un lugar a otro, lo que incluye la posibilidad de atravesar las fronteras y de buscar protección de otros Estados.

En Colombia la violación del derecho a no migrar y del derecho a la movilidad son expresiones de la crisis humanitaria que se vive en el país y cuestionan de manera directa la vigencia de los derechos de los migrantes. El desplazamiento al interior de las regiones o entre ellas, dentro de las ciudades y también el 4.

Se especifican como situaciones que pueden propiciar el desplazamiento forzado a: las políticas de apartheid, “limpieza étnica” o prácticas similares cuyo objeto o resultado sea la alteración de la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada; los conflictos armados, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles; las razones militares imperiosas; los proyectos de desarrollo en gran escala que no estén justificados por un interés público superior o primordial; los casos de desastres, a menos que la seguridad y la salud de las personas afectadas requieran su evacuación; y, al desplazamiento como castigo colectivo (Principio 6, Acnur, 1998)

Desplazamiento forzado en Colombia 15

encerramiento de comunidades enteras en pequeños territorios hacen parte del mismo fenómeno. La confrontación entre diversos grupos armados por el dominio de territorios estratégicos, el narcotráfico, el desarrollo de proyectos macroeconómicos, la debilidad del Estado colombiano para proteger a su población, entre otras, se ubican como parte del contexto explicativo.

Esto quiere decir que si bien es cierto los grupos armados (paramilitares, guerrilla y fuerzas armadas) son los que aparecen en primer renglón como autores del desplazamiento forzado en Colombia5, es necesario interpretarlos en el contexto de una guerra que conjuga todos estos factores, que tiene particularidades regionales y también dimensiones internacionales y en el que el desplazamiento forzado, más que su efecto, es parte constitutiva de sus estrategias y dinámicas (Zulúaga, 2004).

El desplazamiento forzado en Colombia nos habla del uso de estrategias de terror empleadas de manera indiferenciada por parte de los actores armados para expulsar a la población y controlar territorios estratégicos: masacres, persecución y asesinatos selectivos de personas acusadas de ser auxiliadores de la guerrilla o de los paramilitares, tomas armadas de pequeñas poblaciones, retenes y control de acceso a víveres, prohibición de la circulación y de la práctica de determinadas actividades económicas o ejercicios profesionales, reclutamiento forzado de hombres y jóvenes para los diversos ejércitos, violación de mujeres, entre otros, son algunas de las situaciones que han “motivado” estos desplazamientos forzados. El desplazamiento, antes que un suceso intempestivo e inesperado, es el resultado de un proceso de exacerbación de un ambiente de terror, de miedos acumulados, de una ya larga historia de control de la población por parte de los grupos armados (Castillejo, 2000); sólo que ahora ese control ejercido por uno de ellos y asumido en muchos casos como parte de la cotidianidad de poblaciones enteras, pasa a hacer parte de una disputa en la que se incluyen las fuerzas armadas estatales como un actor más6. Es ahí cuando para la población civil parece imposible sustraerse de las lógicas y las dinámicas de la guerra y 5.

Según el balance realizado por la Conferencia Episcopal y Codhes sobre el desplazamiento forzado entre 1995-2005, la guerrilla aparece como el principal actor expulsor (43% a 52%); los grupos paramilitares ocupan el segundo lugar (41,6%) y las Fuerzas armadas el tercero (entre 1,1% y 4,8%) (Conferencia Episcopal, Codhes, 2006, 77)

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cuando la huida parece ser el último recurso de protección con el que cuentan.

Sólo que, como veremos, para algunos tampoco la huida es posible, lo que obliga a ampliar el horizonte explicativo de desplazamiento forzado interno en Colombia incorporando tanto la obligación de migrar, como el impedimento para hacerlo como parte del mismo fenómeno.

El desplazamiento de personas que generalmente habitan en zonas rurales hacia los pueblos (cabeceras municipales) o ciudades intermedias y, de manera mayoritaria, hacia las principales ciudades capitales, constituye la principal tipología de desplazamiento forzado interno en lo que se ha conocido como desplazamiento intrarregional o “migración a corta distancia”. Esto ocurre, bien sea a través de éxodos masivos de comunidades enteras ante eventos de alta visibilidad como tomas de pueblos, combates de alta intensidad o masacres, o a través de lo que se ha conocido como desplazamiento individual o “gota a gota”, un éxodo silencioso, la mayoría de las veces imperceptible tanto en los sitios de expulsión como en los de recepción7.

Es importante recalcar cómo a través de estas formas diversas de migración forzada, se ha producido una verdadera reconfiguración del territorio colombiano: mientras el 87% de los municipios han registrado expulsión de la población, el 71% han sido receptores; además, se calcula que alrededor de 4,8 millones de hectáreas han sido forzosamente abandonadas (Conferencia Episcopal, 6.

Entender estas disputas por el control de territorios, de poblaciones y, más allá de eso, por la imposición de determinados órdenes sociales y políticos –lo que la investigadora María Teresa Uribe define como Soberanías en Vilo (Uribe, 1999)–, es central para la comprensión del conflicto colombiano. El Estado aparece como otro actor que hace parte de la disputa y no como un tercero que ordena y regula lo cual explica por qué también es nombrado en muchos casos como un agente expulsor, responsable de los desplazamientos forzados junto con la guerrilla y los paramilitares.

7.

Como lo ha planteado la Defensoría del Pueblo, sería necesario leer estas topologías de desplazamiento en relación con las políticas públicas. La preponderancia del desplazamiento individual o “gota a gota” explica en parte la poca visibilidad del fenómeno ante la opinión pública nacional e internacional e incide en el subregistro de las cifras dado que muchas de estas personas no acceden a los mecanismos de reconocimiento oficial de su situación. Si bien se ha avanzado en la atención humanitaria de eventos masivos de desplazamiento, una gran parte de las personas que se desplazan de manera individual no acceden a este tipo de recursos (Acnur, 2004 y Defensoría, 2004).

Desplazamiento forzado en Colombia 17

Codhes, 2006, 142), con lo cual puede decirse que es un fenómeno que, aunque con diferencias regionales, ha afectado todo el territorio colombiano: a la vez que se produce una mayor densificación de pequeños localidades y grandes centros urbanos que son receptores, lo que ha venido ocurriendo es el desalojo de zonas enteras que se han convertido en verdaderos “pueblos fantasmas”8. Si bien hay un espectro cada vez más amplio de población en el que caben trabajadores agrícolas, pequeños agricultores, comerciantes, maestros, profesionales, entre otros, es claro que la tendencia mayoritaria es la de campesinos pobres, entre ellos población afrocolombiana e indígena, la mayoría de las veces con condiciones previas de existencia que hablan de la marginalidad y la exclusión, personas que habitaban lugares también excluidos y que sólo se han hecho visibles para la sociedad colombiana gracias al conflicto armado (Bello, 2004).

En los últimos años se ha reconocido, además, el desplazamiento intraurbano como una tipología de desplazamiento interno ligado a lo que se ha conocido como urbanización de la guerra, esto es, el traslado de la confrontación armada que antes parecía exclusiva del campo a la ciudad, especialmente en los principales centros urbanos como Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali, lo cual se expresa, de manera específica, en la disputa de paramilitares y guerrilla por el dominio de vastos sectores, en el intento del Estado por tomar el control militar de estos territorios y, de manera especial, en la estrategia empleada por todos ellos de crear una situación de terror y control de la población civil (Villa, 2004). Aquí, como en el campo, el desplazamiento es una estrategia explícita de los actores armados para lograr el control territorial y una respuesta de la población frente al miedo, las amenazas y el ambiente de terror generado por la confrontación armada y una forma de proteger la vida9. Varios de los casos de desplazamiento intraurbano ocurren en asentamientos de personas que han llegado a la ciudad en 8.

En muchos municipios es posible encontrar veredas totalmente despobladas. La expresión “pueblos fantasmas” o “allá hasta espantan” es empleada con frecuencia por la gente para describir la última imagen que guardan de sus lugares de origen. Muchas de estas tierras han sido apropiadas por grupos armados y otras hacen parte ya de grandes macroproyectos, de donde se deduce que el desplazamiento, más que un mero efecto de la guerra, es también una estrategia explícita encaminada al control y apropiación de tierras.

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condición de desplazadas, lo que hace que pueda hablarse de re-desplazamientos o re-asentamientos. Sin embargo, no es un fenómeno exclusivo de estos sectores; también se presentan casos de familias de sectores medios y altos que se ven afectadas por situaciones de violencia cuyo riesgo y exposición permanente los obliga a huir. Esta situación ha obligado a reinterpretar la definición de las situaciones y los sujetos que viven el desplazamiento forzado, pues si bien según la ley una persona puede ser considerada como desplazada cuando “se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia”, desde algunas interpretaciones y especialmente para efectos de acceso a programas estatales específicos para esta población, esta movilidad no contemplaba el desplazamiento dentro de la ciudad. Recientemente a raíz de un caso presentado en la ciudad de Medellín, se produjo un importante fallo de la Corte Constitucional en el que se define que lo sustancial en el desplazamiento forzado es que se trata de una migración involuntaria y no la localidad o la distancia existente desde el lugar de origen y el de llegada10.

Hasta ahora nos hemos referido a expresiones de la violación del derecho a no ser desplazado. Ahora hablemos de la violación del derecho a migrar.

Como parte del mismo espectro de conflicto armado y disputa por el control de territorios encontramos el confinamiento referido a 9.

A pesar de la dificultad de contabilizar estos procesos, pues muchos de ellos se desarrollan de forma silenciosa e individual, la Unidad Permanente de los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, registra 5.006 personas que han tenido que abandonar su lugar de residencia dentro de la ciudad. Como en el desplazamiento rural-urbano, el principal motivo de expulsión es el miedo, en este caso es 42%, seguido de amenazas (33%), violencia (11%), muertes (6%), asesinatos (4%) y atentados (4%) (Personería de Medellín, 2005).

10.

Se hace referencia de manera particular a lo ocurrido en una localidad de Medellín. La Comuna 13 fue epicentro de un conflicto armado entre milicias, grupos insurgentes, los paramilitares y la fuerza pública. En la disputa por el control del territorio se provocó el incendio de las viviendas de un sector. Los habitantes salieron huyendo y se refugiaron en el colegio del sector más cercano. La Red de Solidaridad Social (hoy Acción Social) entidad encargada de atender a la población desplazada, le negó el registro y la atención integral a 65 familias, alegando que dicho caso no correspondía a un desplazamiento forzado fuera de la localidad, ante lo cual la Defensoría del Pueblo instauró una Acción de Tutela con el fin de proteger los derechos fundamentales de estas familias. Solamente a partir de la sentencia T-268 de la Corte Constitucional se reconoció que existen personas desplazadas dentro de un mismo municipio que deben ser inscritas en el Registro Único de Población Desplazada y en consecuencia deben ser atendidas como las demás personas en esta situación.

Desplazamiento forzado en Colombia 19

“la existencia de amplios grupos de personas (masivo) que, desde el punto de vista territorial se encuentran inmovilizados (permanecen en su áreas) voluntariamente, como expresión de resistencia al conflicto, o involuntariamente por presión de los grupos armados, por presión y bloqueo directo o por confrontaciones armadas” (Defensoría del Pueblo, 2004, 21).

En la disputa por el control territorial, poblacional y de recursos, los diversos grupos armados han impuesto una serie de medidas entre las que se incluyen la prohibición de salir del lugar, el control sobre las otras personas o instituciones externas que ingresan, la vigilancia sobre el abastecimiento de alimentos y la siembra de minas antipersona que rodean las localidades11. Vale anotar que también las Fuerzas Armadas colombianas contribuyen a la situación de confinamiento a través de acciones militares sustentadas en el intento por recuperar el control sobre determinadas zonas señaladas especialmente como de dominio guerrillero12. Aunque a primera vista este tipo de control es el mismo que genera el desplazamiento forzado, en este caso, el uso de las poblaciones como escudos humanos, el impedimento de la delación o de la visibilización del conflicto allí presente e incluso el trabajo forzoso parecen ser los elementos diferenciadores. Éstas, que son formas explícitas de violación del derecho a migrar, se articulan con los contextos explicativos del desplazamiento y nos revela otras sentidos del desarraigo que pasan más que por el traslado o el abandono físico del lugar, por la enajenación con respecto a los usos del territorio y a la imposibilidad de decidir libremente sobre la vida de cada quien.

11.

Según datos de la Presidencia de Colombia, entre 1990 y 2005 han ocurrido 2.175 “accidentes” por minas antipersona y 7.129 “incidentes” (www.vicepresidencia.gov.co).

12.

Un ejemplo representativo de esta situación es lo ocurrido con la vereda Aquitania perteneciente al municipio de San Francisco en el oriente antioqueño. En su historia se encuentran factores como le presencia guerrillera, de narcotraficantes y paramilitares, situación que se ha agudizado con la siembra de minas antipersona por parte de la guerrilla de las Farc como una forma de avanzar en el control de cultivos de coca. La población ha vivido largos periodos de encierro y hambruna, situación que ha desatado algunas expresiones de solidaridad y protesta. De igual modo, se encuentran varios casos de comunidades indígenas en el occidente del país, algunas de ellas confinadas por años en sus localidades y de comunidades negras del Pacífico en donde se combinan, para producir el mismo resultado, acciones de los grupos armados ilegales y del ejército.

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Estas diferentes modalidades de desplazamiento y confinamiento dan cuenta de la complejidad del fenómeno, de la hondura de la crisis humanitaria y de la manera como se imbrican la violación de los derechos de los migrantes en el mismo fenómeno. Al lado de las personas desplazadas internas se encuentran aquellas que, por situaciones similares, han atravesado la frontera en busca de protección internacional. Según Acnur, entre 1999 y 2004, más de 90 mil colombianos han presentado solicitudes de asilo tanto en países de frontera como hacia otros continentes13. La encuesta mundial de Refugiados de EE.UU por su parte, reporta, para el 2004, un total de 233.600 refugiados y un poco mas de 300 mil solicitantes de refugio no reconocidos (US Committee for Refugees, 2004)14. Aunque también en este tema hay diferencias considerables en cuanto a las cifras, las metodologías y las categorías empleadas para su construcción, lo que es irrefutable es la visibilidad de los colombianos en el concierto internacional como solicitantes de protección humanitaria. El caso particular del éxodo de colombianos hacia las fronteras es preocupante.

Países como Venezuela, Ecuador y Panamá reconocen impactos directos de la regionalización del conflicto armado colombiano o, como algunos lo plantean, de sus impactos humanitarios15.

Los múltiples impactos del conflicto armado entre la población civil, la percepción de incertidumbre económica y la inseguridad, son componentes de un contexto que genera el éxodo de colombianos independiente del tipo de frontera que se atraviese. Resultados parciales del censo de población realizado en el 2005 arroja un total de 3’300.000 colombianos por fuera del país en 13.

Los principales países receptores de estas solicitudes son: Ecuador: 28.742 personas; Estados Unidos: 18.967; Costa Rica: 12.802; Canadá: 10.844, España: 5.142; Reino Unido: 3.631; Venezuela: 1.739; Panamá: 853, y otros países: 8.167 personas (Acnur, 2005).

14.

Entre los países receptores de población colombiana refugiada están: Canadá: 6.700; Costa Rica: 8.300; Ecuador:16.300 y Estados Unidos: 180.000 Las cifras concernientes a refugiados no reconocidos corresponden, por países a: Ecuador: 75.000; Costa Rica: 70.000; EEUU: 150.000 y Panamá: 20.000 15.

Hay una discusión muy interesante sobre estas dos lecturas: si lo que se está regionalizando es efectivamente el conflicto armado, lo que incluye presencia de actores armados en las fronteras, o más bien lo que se expande son los efectos humanitarios de este conflicto que sigue teniendo como epicentro a Colombia. La primera mirada justifica una repuesta de confrontación militar; la segunda, una ampliación de los regimenes humanitarios y de la cooperación económica y social de los países.

Desplazamiento forzado en Colombia 21

la ultima década16. No se sabe a ciencia cierta cuántos de estos son migrantes económicos o refugiados, cuántos están legalizados o indocumentados y en que condiciones viven. Lo cierto es que esto sumado a los tres millones de desplazados internos nos hablan del profundo drama humanitario que se vive en Colombia; un drama que a pesar de sus magnitudes no ha sido lo suficientemente reconocido ni por el Estado ni por la sociedad colombianas y tampoco por la comunidad internacional, incluyendo la región latinoamericana. Esto nos invita a repensar las categorías con las que se han nombrado los distintos tipos de migración en función de las diferencias, pero también desde las continuidades que están presentes desde el punto de vista de la experiencia de los sujetos y de las políticas que se han construido para responder desde los estados y las sociedades receptoras. El miedo como componente central de la experiencia de despojo y desarraigo, nos habla de una de esas formas de continuidad.

Los usos del miedo como estrategia de terror El miedo juega un papel central en los éxodos, independiente de la forma que estos tomen; se trata de un sentimiento que se genera ante la percepción de un peligro real, supuesto o anticipado y que motiva respuestas diferentes, ya sea de aquietamiento, acción o huida (Delumeau, 1989 y Mannoni, 1984). Así, podemos decir en principio que el desplazamiento se inscribe en las respuestas de huida: es una forma de evitar un peligro real o latente; se huye para salvar la vida. Las amenazas, los asesinatos, las torturas, la persecución, la extorsión, el secuestro, son las situaciones que las personas que se han desplazado describen para explicar su huida. Pero no todas estas “motivaciones” son tangibles y Ver al respecto las memorias del seminario realizado por la Defensoría del Pueblo y Acnur sobre desplazamiento forzado y refugio en fronteras (Defensoría del Pueblo, 2006) y, especialmente, el articulo de Ricardo Soberon (2006).

16.

Los países de destino son: EE.UU (35,4%), España (23,3%), Venezuela (18,5%), Ecuador (2,4%) y Canadá (2,2%) son los principales países de destino. Sin embargo, el mismo Dane considera que puede haber un subregistro pues esta cifra no considera ni el desplazamiento hacia las fronteras, ni los hijos de colombianos nacidos en el exterior y que tienen doble nacionalidad. Ver: Dane, Censo General, Capítulo: Migración Internacional Colombia (2005) y Boletín julio (2006).

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nombrables; también se aduce un “otros” entre los que el miedo ocupa un lugar relevante17. En este sentido la Corte Constitucional colombiana, en respuesta a quienes rechazan las solicitudes de protección presentadas por personas que han sido forzosamente desplazadas por no presentar razones objetivas y verificables, ha propuesto entender por “personas desplazadas” no sólo a quienes han huido por una acción específica sino “en razón del riesgo que observan para su vida e integridad personal, peligro que se deriva de las amenazas directas que le son formuladas o de la percepción que desarrollan por los múltiples actos de violencia que tienen lugar en sus sitios de residencia” (Corte Constitucional, Sentencia SU 1150). En ambientes fuertemente marcados por el terror es entendible que el miedo sea un motivo de peso para justificar la huida.

Ahora bien, en el contexto del desplazamiento forzado es necesario entender que el miedo es parte constitutiva de las estrategias de terror empleados por los grupos armados para el control de la población. El miedo no sólo se siente, se usa como mecanismo de poder y subyugación de la población. En el encuentro que hemos tenido con población desplazada hemos podido constatar el peso del miedo en sus vidas y la forma como estos sentimientos va tomando forma a través de diversos rostros18. El miedo a la muerte, el miedo al “Otro” e incluso el miedo a si mismo, a la propia palabra, a la memoria, resultan relevantes.

Las masacres ocupan un lugar central en las narrativas y en la memoria de las personas como un evento que, más allá de activar ese miedo histórico a la muerte, revela la vulnerabilidad y desprotección a la que han sido sometidas comunidades enteras en nuestro país. A esto se suma la muerte selectiva de familiares, amigos y vecinos con las que se anuncia también la proximidad 17.

Según el informe del Comité Internacional de Cruz Roja de las personas asistidas, el 40% se desplazaron por amenazas de muerte, el 13 % por enfrentamientos entre actores armados, el 10% por ejecuciones, el 5% por la existencia de campos minados, el 5% por amenaza de reclutamiento forzado, el 3% por restricciones, el 3% por masacres, el 2% por desapariciones, el 6%, por otras razones (Cicr, 2004). Esta gama de “motivos” da buena cuenta del complejo ambiente de miedo y terror en el que se desenvuelve la vida de gran parte de la población en nuestro país.

18.

Tanto en la investigación sobre miedo y desplazamiento como en la que desarrollamos actualmente hemos construido diversos instrumentos metodológicos que pasan por la observación etnográfica, la realización de entrevistas y la realización de los talleres de memoria. Para estos últimos hemos

Desplazamiento forzado en Colombia 23

del peligro. Muchas de las personas que han vivido el desplazamiento forzado han incorporado a sus recuerdos de vida no sólo la narración de eventos como estos sino, en suma, toda una memoria que nos habla de una casi inevitable proximidad de la muerte, de que ”la muerte siempre nos ha perseguido”. El testimonio de Nury es bastante ilustrador. Ella es una mujer que llega como desplazada a Medellín proveniente de la región de Urabá en donde fue testigo de varios de los hechos más cruentos del conflicto armado en el país. Entre su memoria está la masacre ocurrido en la finca La Chinita19, donde ella vivía y de la que fue “testigo”. Era un día de fiesta “donde nadie iba a pensar que algo malo pudiera ocurrir”. No hacía mucho que había empezado el baile cuando a la tienda de su propiedad “fueron llegando ocho hombres muy raros, de poncho y pidieron ocho cervezas y luego arrancaron por la misma cuadra derecho”. Al rato empezó a escuchar una “plomera”. Después de terminada la balacera, volvieron a pasar por su tienda los hombres de poncho y pidieron unas cervezas. Le preguntaron que si había escuchado algo, pero ella se limitó a decirles que “no ha habido nada particular”. Pero apenas se marcharon, ella salió corriendo al lugar del baile para ver qué había pasado.

“Yo llegué y eso no se veía sino sangre por toda parte, yo nunca en los años que tengo había visto una multitud de muertos así, yo me metía por acá por este callejoncito y aquí habían por ahí siete, en una sola banca había dos así de pa’ trás, vea, ¡despedazados! y les pegaban en el pecho, eso era como un hueco, horrible, horrible, horrible, pero no me daba temor de nada sino de estar como viendo. Mire que a las ocho de la mañana empezó el levantamiento y eran las cuatro de la tarde y no habían acabado, como sería la cantidad de gente, eso había mejor dicho ley de toda parte, y yo me vine de allá, y los pelaítos: mamá, mamá, vámonos de por aquí” (Entrevista a Nury, Corporación Región, 2003). retomado básicamente las propuestas construidas e implementadas por Pilar Riaño a lo largo de su trayectoria investigativa en los temas de memoria y violencia (Riaño, 2004) 19.

La Chinita fue una invasión promovida por el EPL en Apartadó a comienzos de la década de 1990, en un momento de auge de movimientos de recuperadores de tierra y pobladores en Apartadó, Chigorodó y Turbo (Romero, 2003, 174)

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Crear un espacio de la muerte donde ésta sea sentida y presentida no sólo como hecho fisiológico sino como hecho social, es una de las principales estrategias de una cultura del terror (Taussing, 2002). Nos hemos encontrado con muchos testimonios, como el de Nury, en el que pueden variar los autores o las circunstancias pero el impacto en sus vidas es muy similar. En el contexto de esta guerra, los grupos armados han hecho de la muerte, además de la mejor vía de confrontación del enemigo, una estrategia comunicativa del terror. Lo que se transmite con un asesinato a los demás, a los que están alrededor, a los familiares y vecinos, a los que miran a través de las puertas y ventanas o de la pantalla del televisor, es su proximidad. “Lo que le podría pasar también a ellos”. Este es el sentido y el propósito de las masacres realizadas por parte de guerrillas y autodefensas: generar “un terror paralizante duradero” que garantice el sometimiento de las poblaciones (Lair, 1999, 71).

El miedo al “Otro”, también milenario, adquiere potencia en los mismos contextos. No hay guerra sin enemigos –reales o imaginarios– por lo que es necesario, si no existen, crearlos. Y una vez definidos alrededor de la amenaza que representan y se concretan en personas o grupos enteros, la promesa de su eliminación es alimentada y se constituye en elemento central de todas aquellas prácticas que hacen del miedo al “Otro” su condición de perpetuación. Pues bien, otro de los factores que motivan el desplazamiento forzado tiene que ver con lo que en términos generales se denominan “amenazas”, cuando esto se ve con más detalle se encuentra que muchas de estas tienen que ver con identidades imputadas por parte de los actores armados a personas o poblaciones enteras, al ser calificadas de simpatizantes o colaboradoras del enemigo, ya sea guerrilla, paramilitares o el mismo ejército. Abelardo, un hombre que ha tenido como oficio desde niño la arriería, le tocó huir de su pequeña finca en el oriente antioqueño pues no aguantó las presiones y amenazas de los diferentes grupos armados. Para él es imposible hoy, en el campo colombiano, sustraerse a algún tipo de relación con los actores armados “Es que ir a buscar una persona que porque un guerrillero pasó por su casa y le dieron agua o porque hizo una reunión en su casa, cuando el campesino lo que está allí es como quien dice atemorizado; llegue el que llegue, no le Desplazamiento forzado en Colombia 25

importa el que llegue, desde que lo vio con un arma está a la orden porque ya tengo miedo que me van a matar, y entonces les dice: ‘hagan lo que quieran, cómanse lo que quieran con tal de que no me maten’; no les preguntan ni siquiera ¿y ustedes de qué grupo son?” (Entrevista a Abelardo, Corporación

Región, 2003).

Estas sindicaciones ocurren en un contexto en el que, además, prevalecen algunos rasgos de una impronta cultural campesina como es la hospitalidad con el forastero (“dar de comer y beber al que pase o que llegue sin detenerse a averiguar quién es”) y en el que la posibilidad de identificar y diferenciar a los grupos armados no sólo por la similitud de sus discursos y prácticas sino por la movilidad de sus integrantes se ha hecho cada vez más borrosas; como lo dice Rosa: “Si de pronto entró una persona y le pidió agua, uno no le pone cuidado quién es, sino que ahí hay un tanque y le dice: vea una tacita pa’ que bogue, porque por allá abundan mucho las canecas y unas mangueras largas; entonces esas canecas se mantienen así, afuera en el patio y uno mantiene una tasa ahí, porque como ese es el camino real y es en el campo… entonces allá uno no puede saber quién es el bueno, ni quién es el malo” (Entrevista a Rosa.

Corporación Región, 2003).

El ejemplo de miembros de la guerrilla, muchas veces del mismo pueblo o vereda, que pasan a hacer parte de las filas de los paramilitares y desde esta nueva situación denuncian a quienes “colaboraron” con ésta es bastante frecuente. Esta situación saca a relucir otro elemento que hace parte del mismo ambiente en que hay unos usos del miedo frente al “Otro” y es el tema de la delación empleada como recurso no sólo por parte de los actores armados sino por la población en general: ante cualquier conflicto personal, basta informarlos ante guerrilleros, paramilitares o ejército para deshacerse de ellos. Varios de los testimonios que hemos escuchado coinciden en explicar el origen de estas amenazas en un conflicto familiar o vecinal en el que se “aprovechan” los contactos con cualquiera de los grupos armados para hacer acusaciones “falsas” que terminan en persecución. De este modo se expande la semilla de la desconfianza y la tendencia a ver enemigos por todas partes. Tal 26

como afirma Todorov, la eficacia del terror se revela en la creencia generalizada en que la calidad del enemigo es una especie de enfermedad o maldición que se transmite de generación en generación, entre los amigos, la esposa o el marido de los enemigos (1998, 39). En este ambiente, cualquiera puede adquirir el rostro de enemigo y lo que prevalece es una mirada de todo “Otro” como amenazante, peligroso y portador del mal.

El efecto más evidente de este miedo centrado en el “Otro” es la desconfianza y, más temprano que tarde, la desestructuración del tejido social y el aislamiento.

Este aislamiento no es únicamente efecto sino propósito del ejercicio del terror. Y basta conversar un par de minutos con personas que han vivido el desplazamiento para entender cómo esta guerra ha tocado las subjetividades y la vida colectiva: voces bajas, frases inconclusas, nerviosismo ante la mirada de cualquier conocido o desconocido, llantos de muerte reprimidos, desconfianza como consecuencia de que “las paredes oyen”, “los árboles escuchan” o de que “ver, oír y callar” es la única forma de garantizar, al menos, la sobrevivencia. El miedo a la palabra, a expresar lo que se siente, lo que se oye, lo que se ve, lo que se recuerda, lo que se piensa, es una de las implicaciones subjetivas y sociales más profundas y la que de mejor manera expresa la existencia de un ambiente de miedo que encuentra en el acto de comunicar y comunicarse con otros una amenaza directa a la vida. El silencio a la vez que es un mecanismo de defensa y conservación, se convierte en el principal mecanismo de propagación de la cultura del miedo (Taussing, 2002, 30). El terror produce individuos aislados entre sí o sólo unidos por la fuerza de las pasiones que, como el miedo, los aíslan, dificultando toda confianza y solidaridad (Bodei, 1995, 356).

Pero a pesar de la preponderancia del control y del terror, siempre quedan pequeños intersticios para responder, pequeños márgenes donde la gente lucha para no “morir de miedo”. A nuestro modo de ver, el desplazamiento, en tanto huida, es una forma de responder al miedo, un recurso último del que se hace uso como única forma de proteger la vida y en cierto sentido también como una forma de resistir a la guerra. Son muchos los testimonios que hemos encontrado de mujeres que si bien reconocen no haber recibido amenazas directas contra la vida, sustentan su decisión de marcharse ante la Desplazamiento forzado en Colombia 27

presión que los diversos grupos armados ejercían para reclutar forzosamente a sus hijos; de jóvenes que por negarse a ese reclutamiento fueron convertidos en objetivo militar y por eso huyen; de hombres que se resisten a aceptar que su único destino posible fuera la subyugación a la voluntad de los armados. Tal y como lo expresa uno de los hombres asistentes a un taller: “Nosotros nos desplazamos del campo a la ciudad porque no amamos la guerra, si amáramos la guerra habíamos podido lanzarnos a un grupo de esos, pero porque no amamos la guerra nos desplazamos” O de María, quien reconoce no haberse desplazado, no por una amenaza directa sino por temor al reclutamiento de sus hijos “Tengo seis hijos varones, y a mí me decía un comandante: seis hijos varones ¡uf! Buena gallada, tres para la guerra y tres para que la mantengan a usted.

Yo decía: yo para la guerra no tuve ni uno, todos los tengo es para el bien, no para el mal”.

El desplazamiento forzado es también entonces una forma de resistencia a la guerra. Esto es importante recalcarlo en el sentido de que si bien ciertamente estamos ante víctimas del conflicto armado, no son personas desprovistas de capacidades y de agencia, el desplazamiento también pasa por su decisión, lo que obliga a distanciarnos de miradas que ponen a la población que ha vivido el desplazamiento en una situación de minusvalía individual, social y política desde la que se niega justamente cualquier posibilidad de ejercicio de la ciudadanía. Sobre esto ahondaremos en el siguiente punto.

El miedo, compañero de viaje Decíamos en un comienzo que cuando hablamos de desplazamiento forzado hacemos referencia, no a un evento intempestivo sino a un proceso que va tomando formas y sentidos diferentes a través del tiempo. Si bien el desplazamiento es una respuesta al miedo no por ello este desaparece con la 28

huida. Por el contrario, el miedo acompaña los trayectos que siguen para estas personas en lo que constituye un largo peregrinaje por hacerse, nuevamente, a un lugar en la sociedad. A su lado encontramos una serie de respuestas individuales y colectivas que nos permiten entender, entre otras cosas, los lugares por los que pasa para esta población, su reconocimiento social y político como ciudadanos.

Aunque muchos de los lugares de expulsión de la población son territorios con un alto valor económico y estratégico, la mayoría de estas personas provienen de una situación en la que predomina la exclusión, la pobreza y en muchos casos la miseria, en otras palabras, una vivencia de no ciudadanía y de estar al margen de la nación; además, muchos han pasado ya, en medio de la guerra que ha estado presente en el país por otros desplazamientos previos.

Esto quiere decir que si bien el desplazamiento forzado se experimenta como una dolorosa experiencia de pérdida (de seres queridos, pertenencias, arraigos, reconocimiento, hábitos, lazos sociales, entre otros), desde el punto de vista de la inclusión social y la ciudadanía, es para muchos un evento que sencillamente profundiza una ya la larga historia de violencias, exclusión, marginalidad y discriminación. Para otros sin embargo, es precisamente esta vivencia previa lo que hace que el desplazamiento signifique, con todo y la precariedad en la que viven, una oportunidad de participar de los supuestos beneficios del progreso (energía, teléfono, transporte público) o del acceso algunos servicios sociales (salud, educación) de los que carecen muchas regiones del campo colombiano.

En cualquier caso se trata de una nueva experiencia en la que se ponen a prueba recursos individuales y colectivos con los que se intenta, unas veces de manera más afortunada que otras, ya sea recuperar lo que se tenía antes del desplazamiento o tener lo que nunca antes se había tenido; en otras palabras, rehacer la vida y hacer parte, como tantos otros, de la sociedad.

Después de un largo viaje desde sus lugares de origen, cargadas de dolor, incertidumbre y miedo, estas personas arriban generalmente a las ciudades muchas veces sin tener claro a dónde llegar y otras con algunas señas de familiares o amigos que habían llegado previamente, la mayoría de las veces en condiciones similares y que ahora engrosan las filas de los más pobres entre Desplazamiento forzado en Colombia 29

los pobres en la periferia urbana. Los relatos que estas personas realizan sobre este primer momento, que de alguna forma constituye una marca fundacional en ese punto del trayecto, dejan ver por un lado el dolor y el sufrimiento por lo que se ha dejado y por otro un miedo preponderante: el miedo a enfrentar ese mundo desconocido, al que se llega no sólo en una situación de absoluto despojo sino, la mayoría de las veces, sin ningún conocimiento. Es ahí cuando para adultos, niños y jóvenes, aparecen las imágenes de ese gran espacio inundado de luces, carros, gente y donde los peligros que parecieran propios del espacio urbano (según sus percepciones el raponeo, la drogadicción, la prostitución, la mendicidad) resultan avasallantes. Esto mismo explica por qué con el paso del tiempo, para las personas que logran tener un conocimiento básico de la ciudad, que aprenden a orientarse en ella (incluso a través de la práctica de la mendicidad) y a enfrentar los “peligros propios”, ésta resulta ser una de las más grandes conquistas20. Por el contrario, quienes no logran este aprestamiento, la sensación de estancamiento y de no pertenencia es cada vez mayor y este miedo persiste21.

Por eso, mientras para unos la memoria de ese hito del inicio está ligado a la calle, a la soledad, a la mendicidad, a la sensación de estar perdidos, para otros lo que prevalece es el recuerdo de la solidaridad de amigos y parientes que, aun en condiciones precarias, les ofrecieron orientación, techo, comida, en fin, todo un acervo de recomendaciones y saberes necesarios –que van desde los lugares y recorridos más productivos para la mendicidad hasta la gestión de 20.

Es posible reconstruir en este sentido una serie de “manuales”, que son construidos con base en las experiencias propias y de los saberes transmitidos por otras personas sobre las formas de enfrentar las amenazas y los miedos: recorrer la ciudad con atención para aprenderla, salir acompañado de otras personas que ya conocen la ciudad, evitar pasar por lugares, calles y barrios señalados como peligrosos o con una clara presencia de actores armados, nunca ir a un lugar donde no haya alguien que lo conozca. (Gómez, Vélez y Fernández, 2004 y Jaramillo, Villa y Sánchez, 2004) 21.

Es importante tener presente que se trata de tendencias que adquieren pesos específicos de acuerdo con la edad, el género e incluso la procedencia. En este caso por ejemplo, es para las mujeres más jóvenes, para los chicos y las chicas, que la ciudad aparece como una posibilidad de conquista.

Por el contrario, para los hombres y mujeres mayores el miedo a no saber orientarse, a perderse, a no conocer la gente ni ser conocido es preponderante y ocasiona una especie de confinamiento en los asentamientos donde viven.

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recursos con instituciones públicas y privadas y la exigencia política y jurídica de sus derechos– para aprehender no sólo su espacio sino, ante todo, las leyes implícitas de sobrevivencia urbana.

Muchas de estas personas pasan a ser ocupantes de hecho de ranchos que, a pesar de sus precarias condiciones, son un primer paso para hacerse a un lugar en la ciudad22. Para que esto ocurra, es necesario la mediación de familiares, vecinos, líderes sociales o políticos, muchas veces también entremezclados con poderes armados, que venden lotes piratas, ceden terrenos antes invadidos o animan la toma de hecho de terrenos baldíos, algo muy similar a lo ocurrido en los años sesenta en ésta y otras ciudades de América Latina. Ahora como antes tener un rancho así sea en la periferia y ser parte de una colectividad (barrio, asentamiento) constituye un motivo de lucha por hacerse visible y tener algún tipo de existencia social. Si bien las políticas públicas sobre desplazamiento forzado hablan de la reubicación en una nueva localidad como alternativa para el restablecimiento de la población, lo que ocurre en realidad es que, ante la inoperancia de estas políticas, las personas optan por esta reubicación, la mayoría de veces sin mediación institucional y fuertemente motivados por los lazos familiares o de compadrazgo que se constituyen en el principal recurso con que cuentan. Se trata pues, de una medida de hecho y mediante la cual podría hablarse, como en los años sesenta, de una nueva colonización urbana (Naranjo, 2002 y 2004).

Es allí, en los asentamientos periféricos, donde se actualiza un miedo ya conocido: el temor a que se repitan las historias de muerte y persecución que los acompañan, a que sea imposible huir de la sombra de la guerra. Contrario a lo ocurrido en los años sesenta cuando la ciudad se convirtió en refugio de una oleada de inmigrantes que llegaron huyendo de otra violencia, aquella desatada por una confrontación entre los partidos políticos tradicionales 22.

En una encuesta realizada por la Red de Solidaridad Social en el 2003 con una muestra de 2.041 personas desplazadas sobre su situación de vivienda se encontró que el 24% eran ocupantes de hecho, el 17% eran propietarios, el 11% vivían en casa de un familiar, el 34% en arriendo, el 8% habitaban en casa de un amigo, el 5% en albergue temporal y el 1% en usufructo. En ciudades como Medellín la cifra de ocupantes de hecho sin embargo asciende al 66% de una muestra de 284 personas (Red de Solidaridad Social, 2003).

Desplazamiento forzado en Colombia 31

(Liberal y Conservador) y cuyo escenario principal también fue el campo colombiano, ahora, en esta nueva forma de migración forzada, la ciudad ya no representa un lugar de refugio y protección para buena parte de esta población (Pecaut, 1999). Como hemos dicho, es ya larga la historia de conflictividad armada en muchas de las ciudades colombianas, de las que han participado de manera indiferenciada bandas ligadas al narcotráfico, bandas de delincuencia organizada, milicias independientes, milicias ligadas a organizaciones guerrilleras, paramilitares y pequeñas agrupaciones de autodefensa barrial, entre otros, con un claro componente de control territorial. En los últimos años este elemento se ha acentuado gracias a la disputa de grupos armados ilegales, guerrilla y paramilitares, por el control de sectores estratégicos de la ciudad. Aunque en ciudades como Medellín esta confrontación ha tenido lugar en vastos sectores de la ciudad, entre los que se ubican sectores populares pero también sectores de clase media, lo más común es que esto ocurra en barrios populares y en sectores periféricos, donde justamente llega a asentarse la población desplazada, provocando en algunos casos nuevos desplazamientos. Así, esa historia de control, de persecución y de muerte que se creía haber dejado atrás vuelve a actualizarse cuestionando, desde la vivencia de algunos, un viejo dicho fundante de la teoría de la ciudad y lo urbano: la ciudad te hace libre. En este caso, si bien tener un lugar de vivienda es fundamental para el arraigo y la pertenencia también representa, para algunos, otras amenazas.

De nuevo aquí encontramos matices dados por el género: si bien hombres y mujeres comparten el miedo a un nuevo desplazamiento y en cierto sentido reconocen que la “sombra de la guerra” los acompaña también en la ciudad, este temor se acentúa entre los hombres, quienes viven con el temor de ser señalados o reclutados por los actores armados, en virtud de lo cual se sienten más desprotegidos y de alguna manera limitados para la reconstrucción de sus proyectos de vida. Para las mujeres, los miedos se ubican más en el mundo doméstico, y están relacionados con los abusos que vecinos o personas desconocidas puedan cometer contra sus hijos, con su reclutamiento por los actores armados presentes en los asentamientos, la pérdida de sus viviendas, o la desintegración de la familia 32

Ante esta situación una respuesta ya probada es huir nuevamente, ya sea dentro de la ciudad, hacia otras localidades, o incluso a sus lugares de origen muy a pesar del riesgo que supone, pues la mayoría de las veces las condiciones que generaron la expulsión siguen intactas. Aunque no existen cifras en este sentido, hemos podido constatar en nuestro trabajo que hay un alto nivel de movilidad de esta población con lo que podríamos deducir que el peregrinaje generado por el desplazamiento rara vez tiene fin.

Otra respuesta es la del ocultamiento, la de aprovechar el anonimato que ofrece la ciudad y no revelar de ningún modo ni la procedencia ni las circunstancias que provocaron su llegada a la ciudad. Ser, simplemente, otro pobre más. Esto tiene sentido como una forma de protegerse de los actores armados y también de los estigmas construidos por la sociedad sobre esta población, relacionados en buena medida, con la forma como su presencia ha activado miedos que van desde su papel en la detonación de la guerra en un lugar que se creía distante de ella (la ciudad) hasta la exacerbación de los problemas ya existentes: la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la prostitución. En efecto, las sociedades receptoras resaltan de la población que ha llegado a la ciudad en situación de desplazamiento su peligrosidad o bien su condición de víctimas en el sentido de minusvalía social; en uno y otro caso, características que la hacen un “otro”, que no hace parte del “nosotros ciudad”, “nosotros incluidos”, “nosotros ciudadanos”. Esto explica por qué para una parte de la población desplazada su ideal de reconocimiento e inclusión es que “no nos discriminen por ser desplazados”, “que no nos traten mal por lo que hemos vivido”, “que nos traten como ciudadanos y no como desplazados”; por el contrario otros ven en este reconocimiento como “desplazados” una clara reivindicación social y política.

En contextos de extrema pobreza en los que por lo general se inserta esta población, los temores relacionados simplemente con no poder sobrevivir acompañan el día a día: no tener empleo, alimentos básicos, acceso a los servicios primarios de salud, una vivienda digna o recursos con qué garantizar la educación de los hijos son motivo de gran angustia. Y en este caso la estrategia de ocultamiento ya no sirve. Por el contrario, es necesario hacerse visibles, ya sea conmoviendo la solidaridad o la caridad Desplazamiento forzado en Colombia 33

o mediante acciones reivindicativas orientadas al reclamo de derechos. Esto se hace dentro de ciertos marcos institucionales y sociales, veamos: Desde la constatación de que las personas que han vivido el desplazamiento no son una comunidad homogénea, esto es, son una población que comparte el dolor, la pérdida, el desarraigo y quizás los temores y la incertidumbre, pero no un origen, una cultura, una creencia religiosa o una adscripción política, tendríamos que referirnos al desplazamiento como una situación y no como una identidad. Es decir, el desplazamiento no es lo que las personas son, es la situación en la que se encuentran, una situación que alude al origen forzado e involuntario de la migración, a las múltiples pérdidas y a sus efectos en cuanto a unas condiciones materiales, sociales y subjetivas.

Por tanto, como situación, puede y debe superarse. Sin embargo, para las personas que han vivido el desplazamiento el uso de esta identidad se ha convertido en otra de las estrategias de sobrevivencia y se corresponde con los requerimientos sociales e institucionales que se les ha planteado para poder ser reconocidos en su situación.

Según la Ley 388, una persona desplazada es la que: “Se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que pueden alterar o alteran drásticamente el orden público” (Colombia, Congreso de la República, Ley 387 de 1997).

Esta Ley ha creado una serie de medidas encaminadas a prevenir la ocurrencia de estos fenómenos, a atender humanitariamente esta población y a procurar su restablecimiento ya sea retornando a su lugar de origen o en una nueva localidad. Para que esto sea posible, se ha creado el Sistema Nacional de 34

Atención a la Población Desplazada (Snapd) que inicia con un procedimiento aparentemente simple pero con hondas implicaciones para la población: incluirla en el Sistema Único de Registro (SUR) para lo cual las personas deben declarar ante un organismo público lo que les ha sucedido; después de esto un funcionario de Acción Social, que es quien coordina todo el Sistema de atención, evalúa su declaración y decide si efectivamente su testimonio se adapta a los parámetros planteados por el sistema y entonces puede ser reconocido como “desplazado” y puede acceder al sistema de protección; o si no los cumple, entonces desde el Estado no tiene tal reconocimiento23.

Para las personas en situación de desplazamiento forzado “estar en el registro” es casi el único instrumento con el que cuentan para acceder a programas que ha creado el Estado colombiano para la atención de esta población; por eso, dicen ellos: “en algunos casos es más importante que la cédula de ciudadanía”. De ahí que, aunque no sea el espíritu de la ley, en este primer momento de la declaración, no se trata sólo de contar lo que les ha sucedido sino de convencer al funcionario que lo que dice corresponde con “la verdad”. En nuestro acercamiento a las percepciones que los funcionarios tienen con respecto a esta población, encontramos que aquí se presenta uno de los puntos más críticos de lo que han denominado “la ruta de acceso” al Sistema de Atención, puesto que depende casi en su totalidad de la valoración subjetiva que el funcionario haga de la declaración y posteriormente, de las interpretaciones que los demás hacen de su situación, incluso cuando ya han sido formalmente incluidos en el Registro Único24.

Por tanto, asumirse como desplazados es, al mismo tiempo, la descripción de una situación límite que habla de la expulsión y de los múltiples despojos a los que han sido sometidos, la adopción de una identidad que hace parte central de las estrategias de sobrevivencia y la lucha por el acceso a los más elementales 23.

El Sistema Único de Registro estipula las clasificaciones de Incluido, No incluido, Cesado o Excluido para la valoración de las declaraciones que deben ser presentadas ante un ente público (RSS, 2004, 2-3). Esto es importante en el sentido de que las estadísticas que producen los organismos oficiales se hacen sobre la base de la población “incluida” lo que pasa por una valoración del funcionario y no estrictamente por la vivencia del fenómeno. El promedio de personas excluidas gira en torno al 27% y en algunas zonas como el Chocó alcanza el 80% (Codhes, 2004, 16)

Desplazamiento forzado en Colombia 35

derechos como víctimas del desplazamiento forzado, pero sobre todo, como ciudadanos. En otras palabras identificarse como “desplazado”, y no como hombre, mujer, joven, negro, indígena, creyente, habitante de una localidad o militante de tal o cual causa, entre otros, como suelen ser los motivos de agregación y construcción de identidades sociales y colectivas para otros sujetos y grupos humanos, constituye la principal y casi única carta de presentación y representación en la sociedad. Se trata entonces de recursos empleados de acuerdo con las circunstancias: identificarse como desplazado para acceder a una serie de recursos institucionales o para movilizar la solidaridad social, ocultar esta condición, por temor a seguir siendo perseguidos por los grupos armados que produjeron su expulsión o a la estigmatización de la sociedad receptora.

Finalmente, y aunque la lista de los miedos que cotidianamente enfrenta esta población en su lucha diaria por hacerse a un lugar en la ciudad, podría ser larga, quiero referirme a la preponderancia de un sentimiento que si bien no constituye un miedo concreto, hace parte de este “clima de miedos” que resulta de la suma y superposición de todos ellos: la incertidumbre. Como lo ha señalado Norbert Lechner (1986: 76)), la incertidumbre nace de la toma de conciencia sobre la discontinuidad entre el presente y el futuro; de la imposibilidad de prever, desde lo familiar, cotidiano y conocido, lo que puede ser el mañana. Si bien en la ruptura del hilo que une pasado-presente-futuro se sitúan gran parte de los miedos sociales característicos de nuestra época, en el caso de la población desplazada adquiere un matiz radical: se trata, en primer lugar, de la conciencia de la pérdida de control sobre la vida ejemplificado en un pasado en el que la decisión de huir no fue voluntaria y en un presente en el que, para simplemente sobrevivir, se depende casi totalmente de las ayudas de otros (ya sea bajo la forma de solidaridad social, de apoyo institucional o de fuerzas divinas) y no del propio autosostenimiento, en suma, un presente marcado por la exclusión, el no reconocimiento y la no autodeterminación; 24.

La representación de las personas desplazadas bajo el vértice de “los verdaderos” o “los falsos desplazados” es una de las más recurrentes tanto entre los funcionarios como entre la sociedad receptora. Algo similar hemos encontrado en Ecuador y Canadá relacionado con la aplicación y uso del sistema de refugio.

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y, segundo, de la pérdida de sentido e inteligibilidad sobre su historia a partir del desplazamiento forzado: no hay claridad sobre lo ocurrido, sobre los responsables de su situación y por eso también el pasado inspira temor, de él afloran dolores, culpas y silencios que no han sido reconocidos aun como parte de una narrativa social y de la memoria colectiva. No sólo entonces incertidumbre sobre el futuro, también sobre el hoy y el ayer; el trayecto y el proyecto de la vida requieren ser resignificados.

Miedos y ciudadanías Si bien todas las estrategias antes descritas nos hablan de la manera como en la práctica y casi siempre de manera silenciosa, estos nuevos pobladores pugnan en una suerte de otro largo peregrinaje por colonizar a su modo la ciudad, desde el punto de vista de la sociedad y el Estado, estos no los hace merecedores de ella, pues para ellos vivir en la ciudad no es, como para el resto de la población, un derecho “connatural”, “coextensivo” a la condición de ciudadano (Osklak, 1991). De hecho y a pesar de que un poco más del 80% de la población desplazada en el país plantea la intención de no retornar a sus lugares de origen, ya sea porque las causas que generaron su desplazamiento siguen intactas, porque el Estado no ofrece condiciones dignas de retorno o por las oportunidades que ofrece la ciudad, gran parte de las políticas públicas y de la opinión ciudadana propugna por el retorno como la alternativa más viable y legítima. A la población desplazada se le exige, para ser reconocida en su condición de ciudadanía, que se organice, que consulte sobre la validez o no de vivir en este o aquel lugar, que ejerza presión reivindicativa, que aprenda a hacer y gestionar proyectos, que conozca las instituciones del Estado y sus funciones, que aprenda a usar las leyes que le favorecen, en fin, que se articule en torno al poder unificador del nombre “desplazado” que es la forma como se ha clasificado y legitimado su existencia social. Como dice Bourdieu: “La presencia o la ausencia de un grupo en el enclasamiento oficial depende de su actitud para hacerse reconocer, para hacerse percibir y para hacerse admitir, y por consiguiente para obtener, lo más a menudo a viva fuerza, Desplazamiento forzado en Colombia 37

un lugar en el orden social, y para escapar así de la existencia bastarda de las “profesiones u oficios sin nombre” (...) o las actividades ilegítimas (...). Los grupos dependen de las palabras que los designan: en efecto, el poder de imponer el reconocimiento depende de la actitud de movilizarse alrededor de un nombre (...) y por consiguiente para apropiarse de un nombre común y comulgar con un nombre propio, y para movilizar así la fuerza que hace a la unión, la que crea el poder unificador del nombre, de la consigna”. (Bourdieu 1988, 491, citado por Carman, 2005).

Desde una lectura de los impactos sociales del miedo decimos que, también en este caso, el miedo separa y junta; genera desconfianza y al mismo tiempo nuevas solidaridades (Beck, 1998, 56). Esto puede leerse desde el momento mismo de la huida en la que se hace uso de todo tipo de apoyos vecinales y familiares que permitan efectivamente escapar, y también en el lugar de llegada, en prácticas que hacen uso de relaciones familiares, parentales y vecinales para el aprendizaje de estrategias que acuden a la solidaridad de los habitantes de la ciudad, y en menor medida, de las instituciones sociales y públicas, para sobrevivir. Es a través de estos vínculos y prácticas que puede hablarse de la construcción de unos lazos sociales que, aunque precarios, ayudan a soportar el diario vivir y dan un tenue sentido de pertenencia.

Ahora bien, si estas junturas son analizadas desde el parámetro de la organización social reivindicativa, lo que encontramos es que si bien hay algunas experiencias significativas, en general es uno de los aspectos más frágiles en la lucha por el reconocimiento social de esta población. En realidad, muchos de los intentos por construir organización social de la población desplazada han fracasado. Y en esto pueden leerse también impactos diferenciados de los miedos hasta ahora enunciados: la urgencia de lo cotidiano, de la sobrevivencia que no da espera ni lugar para construir un camino colectivo; la dificultad para reconocer los lazos que unen a ese “nosotros” en torno a la situación de desplazamiento; la desconfianza aprendida en contextos de guerra pues en el fondo, la pregunta por quién es quién, especialmente quién fue el responsable de su desplazamiento, si la guerrilla o los paramilitares, está siempre presente, marcando la distancia; la desesperanza aprendida tras toda una vida de abandono del Estado y de no 38

ser reconocidos como ciudadanos; y, finalmente, el temor por el estigma y la persecución de que han sido objeto algunos de los líderes que han realizado acciones reivindicativas de hecho (tomas de instituciones públicas, de iglesias, bloqueos de calles, huelgas de hambre) por lo cual han sido acusados de manera directa de ser portadores de intereses de actores armados e incluso algunos de ellos encarcelados o asesinados25. Todo esto incide en que esa fuerza reivindicativa por el reconocimiento y los derechos sociales económicos y políticos de los que habla la Ley y que se supone debería generar el hecho de que existan hoy alrededor de tres millones de desarraigados en Colombia, se vea reducida a su más mínima expresión. A pesar de que, como dijimos, el uso de la identidad como “desplazados” hace parte de una estrategia de supervivencia, ello no ha constituido un motivo de agregación social significativa y mucho menos ha sido objeto de una gran movilización social por parte de la sociedad. En otras palabras, se ha creado “la palabra que los designa” pero no “el lugar social” que los reconoce como ciudadanos que hacen parte del cuerpo social.

El Desplazamiento Forzado Interno está en la frontera de otras formas de éxodo presentes en Colombia y en el mundo. Algunos investigadores (Pécaut 1999 y Secretariado Nacional de Pastoral Social, 2001) han traído por ejemplo a colación, a propósito de este fenómeno, la figura de los apátridas a la que hiciera referencia Hannah Arendt en el marco de la Segunda Guerra Mundial, para señalar aquellos personajes que, habiendo sido expulsados de su territorio quedaban por fuera de la protección del Estado y de la Ley26 .Si bien los desplazados colombianos no son estrictamente apátridas en tanto teóricamente siguen siendo miembros de una comunidad política, comportan algunas de sus características: como ellos, han sido amenazados y perseguidos no porque sean abiertamente opositores de la institucionalidad o porque tengan una determinada creencia religiosa, sino porque viven en un lugar X, sobre el que se posan intereses geopolíticos y económicos movilizados por actores armados por 25.

Un ejemplo de esta situación es lo ocurrido con dos asentamientos formados en la ciudad de Medellín a través de invasiones colectivas por personas desplazadas: La Honda y La Cruz. Algunos de sus pobladores participaron de una toma a una iglesia y a una institución educativa. Hoy, la mayoría de ellos están encarcelados sindicados de pertenecer a la guerrilla y otros fueron asesinados.

Desplazamiento forzado en Colombia 39

lo que son inculpados de supuestas adhesiones a ellos, es decir, son perseguidos no por lo que hacen, sino por lo que se dice que son; los desplazados, como los apátridas, son desarraigados, obligados a abandonar su lugar de residencia que es morada, sociabilidad, identidad; y aunque teóricamente no están por fuera de la ley, es claro que se encuentran en un estado de liminalidad en el que le ha sido vulnerado, no sólo el derecho a no ser desplazado sino, incluso, el derecho a serlo o a poder elegir libremente el lugar de residencia, así como los demás derechos propios de la ciudadanía; liminalidad a la que contribuyen de manera directa representaciones sociales que otorgan a las personas desplazadas atributos “peligrosistas”, que los confinan al lugar de otros –extraños– ajenos a la sociedad incluida. Como vimos, el papel de los miedos sociales, los que acompañan a esta población y los que construye la sociedad frente a los fenómenos del desplazamiento y a las personas desplazadas, es preponderante a la hora de explicar esta situación.

democracia significa más que solamente la tolerancia. Significa reconocer al otro como partícipe de la producción de un futuro común... visto así, la libertad del otro, su incalculabilidad, deja de ser una amenaza a la propia identidad; es la condición de su despliegue”. (1986, 107)

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“No hay una real democratización si no nos hacemos cargo de los miedos” nos dijo Lechner hace un tiempo a propósito de su reflexión sobre los retos que planteaba para la democracia abocar la dimensión subjetiva de la vida y de la política (1986). Desde le reflexión sobre la migración y los migrantes, este llamado toma fuerza en el sentido de que no es posible avanzar en su reconocimiento social y político, si no se emprenden procesos reflexivos colectivos que permitan efectivamente desentrañar los miedos que rondan, a través de ellos, en la construcción de la alteridad. En este caso puede ser un desplazado, un inmigrante, un indocumentado, un refugiado, la figura que permite ponerle rostro al miedo. Pero en su lugar podrían estar muchos “otros”. Es en relación con estos sentidos de alteridad mediados por los miedos que requerimos hoy abocar la reflexión sobre las ciudadanías. Se trataría, para finalizar, como dice Lechner

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26.

Acnur asocia esta categoría con la declaración de los derechos humanos en la que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Haría referencia entonces a la carencia de este derecho. Reporta 951.00 personas protegidas bajo esta categoría.

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Desplazamiento forzado en Colombia 45

CONFLICTO Y REGIÓN

El territorio: derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes en Colombia* Por Sergio Andrés Coronado Delgado**

* Artículo recibido en agosto de 2006 Artículo aprobado en en octubre de 2006 ** Abogado e investigador del Cinep.

cimiento de derechos especiales en cabeza de los afrocolombianos. En general se han concedido dos tipos de derechos: unos derechos de participación, con la creación de una circunscripción especial para que las comunidades negras elijan un representante en el Congreso de la República. El otro tipo de derechos son los territoriales, derivados del artículo 55 transitorio de la Constitución Política.

Introducción1 En Colombia, el reconocimiento de la población afrodescendiente como sujeto colectivo de derechos, es un proceso que encuentra en la Constitución Política de 1991 uno de sus momentos más significativos. El constituyente definió, en diferentes disposiciones, el reconocimiento de derechos especiales en cabeza de los descendientes de africanos en Colombia.

El Estado colombiano se encontraba en mora de tomar medidas tendientes a generar espacios de integración y afirmación para la población afrodescendiente. Antes de la Constitución de 1991 no existía un esfuerzo por reconocer la subjetividad de este grupo social y atender sus demandas.

Colombia es el tercer país de América con mayor cantidad de población negra. Según datos del Dane, entre el 18% y el 22% de la población total del país es afrodescendiente; hacen parte de ésta cerca de 8.500.000 colombianos (Agudelo, 2005, 14). Esta situación ha generado el recono-

Todo el paquete de derechos reconocido desde la Constitución de 1991 hace parte de la política de acción afirmativa que el Estado colombiano ha reconocido para la población afrodescendiente. Estas acciones se encuentran destinadas a desarrollar el principio de igualdad, frente a los sujetos que se han encontrado en situaciones especiales de discriminación y que ha limitado el acceso de estos sujetos a las oportunidades de desarrollo económico, social y cultural (ibíd., 16).

El Departamento Nacional de Planeación, ha recogido en el documento Conpes 3310, una serie de propuestas para desarrollar dentro de una política de acción afirmativa dirigida a la población negra; entre ellas se encuentran la reducción de analfabetismo, ampliación de la cobertura en el sistema de salud, entre otros2.

Aunque las políticas de acción afirmativa generan una serie de derechos para la población afrocolombiana, en el presente artículo, trataremos la discusión alrededor del paquete de derechos derivados del artículo transitorio 55 de la Constitución, en donde se establece la titularidad de derechos por la relación que tenga una comunidad negra con su territorio.

El propósito es sustentar la fundamentalidad del derecho al territorio de las comunidades negras, además de avanzar en la definición de su contenido y sus características. Para ello se abordará el tema desde la doctrina, la normatividad y la jurisprudencia.

2.

1.

Versión modificada del trabajo de grado para optar por el título de Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia

En el año 2005 dentro del Censo general de población, se incluyó una pregunta destinada a determinar el número de colombianos que se identificaban como afrodescendientes (Documento Conpes 3310, Bogotá, septiembre de 2004, p. 12).

El territorio: derecho fundamental 49

Este artículo trabaja, en primer lugar, el debate teórico sobre los derechos culturales y los derechos de las minorías, con el objetivo de observar las diferentes posiciones que desde la academia se han asumido sobre el tema de los derechos culturales y asumir una que fundamente la existencia del derecho al territorio. En segundo lugar, observaremos los antecedentes y la actualidad de la normativa relativa al derecho al territorio de las comunidades negras en Colombia. En este punto realizamos una propuesta de definición del contenido y las características de este derecho.

Posteriormente, se abordará el debate sobre la naturaleza del derecho al territorio, con el fin de introducir una categoría para el estudio de este derecho.

Finalmente observaremos la situación actual de la garantía del derecho al territorio, teniendo en cuenta su desarrollo normativo, el tratamiento jurisprudencial y las posiciones de diversos autores sobre el tema.

El reconocimiento del derecho fundamental al territorio de las comunidades negras en Colombia, significa una poderosa herramienta para los miembros de este grupo social en el ánimo de generar condiciones óptimas para su garantía, debido a que permite que los titulares tengan argumentos para demandar la tutela directa del derecho frente al principal responsable de su garantía: el Estado. Este trabajo tiene el propósito de contribuir a los procesos de exigibilidad del derecho al territorio, además de abonar terreno para generar una discusión académica sobre este tema, que se torna trascendental para la situación actual del país.

Importancia de la protección de los derechos culturales en sociedades diversas Si se considera el derecho al territorio como un derecho cultural que posibilita la realización de derechos sociales, civiles y políticos, así como de derechos sociales –asumiéndolos como derechos colectivos–, es necesario ubicar diferentes argumentos teóricos que permitan abordar dicha problemática. Por lo tanto, se considera que dos posturas, pueden ofrecer elementos importantes 50

para sustentar las tesis que se manejan. En primer lugar, la teoría de los derechos de las minorías, sustentada principalmente por Kymlicka. En segundo lugar observaremos, la fundamentación filosófica y jurídica de los derechos sociales y los derechos culturales, con el objeto de encontrar los puntos de encuentro en ambas definiciones.

El trabajo de Kymlicka constituye uno de los esfuerzos teóricos más importantes para la construcción una teoría de los derechos de las minorías, ya que defiende la tesis de la ciudadanía multicultural, y explica la necesidad de que en las democracias liberales de occidente haya reconocimiento de derechos de estos grupos.

Partiendo de la defensa del multiculturalismo, Kymlicka, ubica la discusión en el escenario de la construcción nacional. Se aleja del binomio teórico que sustentaba el debate liberalismo-comunitarismo y ubica cada vez más la discusión de los derechos de las minorías dentro del mismo liberalismo, y su reconocimiento en el seno de las instituciones liberales como el Derecho, los Tribunales, los órganos de participación política, entre otras. (Kymlicka, 2003, 31-33).

La defensa de los derechos de las minorías se explica en la medida en que la construcción nacional estatal ha amenazado la existencia de estos grupos (bien sea étnicos, culturales o de inmigrantes). En este sentido, los derechos de las minorías se convierten en mecanismos para protegerlas de las posibles injusticias que pueda cometer el Estado Nacional en su proceso de consolidación.

Igualmente el autor es crítico de las concepciones que observan a los derechos de las minorías como privilegios o exenciones y se arriesga a afirmar que el reconocimiento de derechos a las minorías hace parte de la legitimidad misma del Estado Nacional, en la medida en que la limitación de la cultura hegemónica permite agregar a más grupos dentro de una misma categoría nacional (ibíd., 57).

Igualmente, sostiene que frente a las necesidades de las minorías (que en nuestros días tienden a multiplicarse), cualquier Estado que defienda principios democráticos, está en la obligación de reconocer derechos a estos grupos. Sin El territorio: derecho fundamental 51

embargo, las medidas de afirmación positiva (que se presentan como generadoras de derechos para las minorías), no son suficientes para lograr el reconocimiento de una ciudadanía plena para minorías que han sido tradicionalmente excluidas, ya que éstas son acciones temporales que buscan igualar los grupos sociales, y no hacer una diferenciación que parte de las particularidades de los grupos y reconoce derechos permanentes (Kymlicka, 1996, 57-59).

En este sentido el autor expone una problemática que intenta ubicar el debate, dentro de los mismos postulados democráticos que defiende todo Estado liberal contemporáneo, haciendo énfasis en la contradicción que encuentra entre el discurso que defiende los derechos de las minorías y el discurso que defiende los derechos humanos. Según Kymlicka, la lógica de los derechos humanos individuales no aporta ninguna respuesta a los problemas de los derechos de las minorías. Y propone complementar los principios tradicionales de los derechos con la teoría de los derechos de la minoría. Este puede ser un intento por construir una dogmática de los derechos colectivos de las minorías.

Otro de los acercamientos teóricos válidos para abordar el problema es la teoría de los derechos sociales. En este sentido el aporte de Abramovich nos acerca a la fundamentación de los derechos sociales. El autor parte de la crítica a la diferenciación que se realiza de la exigibilidad de los derechos civiles frente a la exigibilidad de los derechos sociales, haciendo énfasis en que ambas categorías de derechos son de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados y que no puede haber excusa en la no-realización de los derechos sociales por considerarlos declaraciones políticas de los Estados.

Los derechos civiles se encuentran dentro del paradigma del Derecho privado clásico, de la tradición contractual clásica del derecho anglosajón, en donde la unidad de análisis primaria es la acción humana individual. Los derechos sociales se encuentran en un paradigma que no sustituye completamente el modelo de los derechos civiles y por lo tanto no tienen una fundamentación satisfactoria en esta lógica. En este sentido, los derechos sociales superan el paradigma del mercado como criterio de repartición de recursos e introducen los conceptos de equidad e igualdad en este proceso (Abramovich, 2002, 47-56).

52

La clasificación de estos derechos se explica en los grupos que demandan su cumplimento (Ewald, 1985, Libro IV, citado por Abramovich). En la medida en que existan estos derechos dentro de un Estado providencia, existe la posibilidad de los individuos de sustentar su posición de sujetos de derechos en cuanto pertenezcan a un grupo.

Así, se explican los derechos desiguales, ya que se constituyen en criterios de reparación frente a los grupos que han sido discriminados. Para Ewald, la fundamentación de los derechos sociales requiere un giro en la orientación filosófica moral que fundamentan los derechos civiles, ya que ésta es una fundamentación que parte de la individualidad de los sujetos. Al momento de comprender la fundamentación de los derechos sociales, este autor propone una orientación sociológica, que dé cuenta de la acción de los grupos humanos en el reconocimiento y realización de los derechos sociales.

Partiendo de este acumulado teórico, se posibilita la construcción de una argumentación de la defensa del derecho al territorio de sujetos colectivos, sustentada desde la teoría de los derechos de las minorías, o asumiéndolo como un derecho cultural, que tiene tanto dimensiones políticas como sociales. Estas dos propuestas nos permiten reconocer diferentes dimensiones del derecho al territorio, sobre las cuales se realizará el análisis sobre la naturaleza del mismo.

Para el caso del derecho colectivo al territorio de las comunidades afrodescendientes, el reconocimiento de la afroamericanidad es un proceso bastante complejo, ya que debe tener en cuenta las particularidades de las expresiones locales en cada uno de los espacios de América en donde se define el componente cultural afro. La inclusión de los afrodescendientes a los proyectos de construcción nacional de América Latina, contenidos en las Constituciones políticas de sus países, se configura como un elemento común a las realidades de los afrodescendientes en diferentes países de la región (García, 2001).

En términos del discurso de Kymlicka, se observa que el caso de los afrodescendientes en América se aplica a las categorías de exclusión, desconocimiento El territorio: derecho fundamental 53

y rechazo. El reconocimiento de derechos especiales, no puede desconocer el bagaje y la particularidad de la cultura afroamericana.

El reconocimiento paulatino de derechos y garantías especiales a la población negra se explica por las movilizaciones sociales de estas organizaciones en la década de 1980 y 19903. Sin embargo, este reconocimiento es un proceso lento que aún se encuentra en mora de culminarse. Así, aunque en algunos países se han reconocido derechos territoriales, está pendiente el reconocimiento de la autonomía que permita la realización integral de los planes de vida de la población negra4. Sin embargo, gracias a los aportes teóricos señalados, la existencia y fundamentación de estos derechos obtiene argumentos más certeros.

El derecho al territorio de las comunidades negras en Colombia Para este artículo el estudio del derecho al territorio en Colombia se dividirá en dos partes, en primer momento se observará la situación de las comunidades negras frente a su territorio desde la legislación de tierras en Colombia, partiendo de la experiencia de las primeras décadas de la República hasta la expedición de la Constitución de 1991. Posteriormente realizará un análisis del derecho fundamental al territorio consagrado en la Constitución y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad5, así como de los conceptos de territorio que han desarrollado algunas experiencias organizativas de comunidades negras en Colombia. Estas dos lecturas nos permitirán ubicar finalmente un contenido óptimo de la protección del derecho al territorio.

3.

En Colombia, el proceso de organización nacional de las comunidades negras se hace visible a comienzos de la década de 1990 con la conformación de la Coordinadora Nacional de las Comunidades Negras, organización que precedió la conformación del Proceso de Comunidades Negras–PCN en el año 1993.

4.

Para las comunidades negras, el concepto de plan de vida también se ha asimilado al de etnodesarrollo.

5.

Un análisis sobre el concepto de bloque de constitucionalidad en Colombia se encuentra en Uprimny (2006).

54

Territorio y propiedad de las comunidades negras en Colombia El reconocimiento del derecho colectivo al territorio de las comunidades negras en Colombia es tardío. Sólo hasta la Constitución de 1991 y su posterior desarrollo normativo (Ley 70 de 1993) y reglamentario (Decreto 1122 de 1998) se considera esta necesidad como derecho. Se presenta a continuación un recorrido no exhaustivo de los antecedentes normativos de este derecho, que para el caso de Colombia se remontan a los primeros años de la Independencia.

Este apartado pretende recoger los puntos paradigmáticos de la evolución del derecho (Valencia, 2003, 285-330)6.

El recorrido por la historia de la regulación de la situación de los descendientes de africanos en Colombia se puede resumir como el recorrido por la invisibilización de las necesidades de este grupo social de cara a la construcción del país. Las primeras reivindicaciones de estos grupos parten de la necesidad de la garantía de la libertad, debido a que en los primeros años de la República el esclavismo se mantenía como medio de explotación.

En los primeros años de la República persistían las organizaciones de negros libertos, quienes bajo la figura del palenque reivindicaban al territorio como medio de reproducción de la vida y la libertad, como escenario de la organización comunitaria independiente de los esclavistas. Las organizaciones libres de negros bajo las figuras de palenques, rochelas y quilombos surgieron en varios lugares de América Latina, como respuesta a la necesidad del territorio y la libertad (Mena, 2004, 24-25).

Aunque en el nacimiento de la República se vivió un proceso de retribución a quienes habían participado de la gesta independentista, los afrodescendientes no fueron los beneficiarios de estas prebendas. Muchos fueron a la guerra bajo la promesa de la libertad, pero dicha promesa fue aplazada por más de 30 6.

El estudio a profundidad de este desarrollo, sobre el cual se fundamenta este análisis, lo realizó Carolina Valencia Vargas (2003).

El territorio: derecho fundamental 55

años por los gobernantes de la nueva república. Esta situación se repitió en las primeras guerras civiles decimonónicas.

convierte entonces en el marco legal para la regulación de los intereses de los afrodescendientes.

Fue así como en la Guerra de los Supremos (1839-1841) los afrodescendientes empuñaron las armas esperando conseguir tierras y libertad. Nuevamente sus esperanzas fueron desechadas por los vencedores de aquella contienda.

Tampoco fueron beneficiarios de las titulaciones de tierras, como sí lo fueron los ‘prohombres’ de la República. Es posible observar como se repartieron amplias cantidades de tierras entre los generales del ejército libertador, sin que se contaran dentro de ellos a algún descendiente africano.

Las reivindicaciones de los afrodescendientes frente al territorio cobraron mucho más sentido en ese momento de la historia. A pesar se sus limitaciones, la Ley de abolición de la esclavitud configura ciertos derechos en cabeza de los afrodescendientes. Esta nueva situación jurídica, reconoció la personalidad de los afrodescendientes, y significó el primer momento de igualdad formal de ellos en nuestro país.

La política de repartición de tierras en el siglo XIX fue bastante favorable a los intereses de blancos terratenientes, quienes podían fácilmente argumentar la posesión sobre los inmuebles y además tenían acceso a los medios para la legalización y titulación de la propiedad sobre las tierras. Al mismo tiempo esta política fue lesiva a los intereses de los afrodescendientes, quienes no contaban con dichas facilidades (Valencia, 2003, 296).

Lo que se escondía detrás de esta situación es la construcción de una mentalidad racista y discriminatoria frente a la población afrodescendiente en la nueva república.

Estas condiciones, presentes aún en nuestros días, han imposibilitado el desarrollo efectivo de una sociedad amplia y respetuosa de la diversidad. Antecedentes como los mencionados, retrasaron la expedición de la ley de abolición de la esclavitud, y retrasó gravemente el reconocimiento de la ciudadanía plena para los descendientes de los africanos en Colombia.

Aunque la ley de abolición de la esclavitud (24 de mayo de 1851) otorgó la libertad a los afrodescendientes esclavos, esta situación no resolvió la situación general de discriminación, ni brindó acciones especiales de reparación frente a los abusos de los cuales fueron víctimas y tampoco posicionó el tema de la garantía de derechos especiales para este grupo social. El debate que surgía entonces y que llena de validez el análisis de ahora en adelante es el del reconocimiento de la diferencia como punto de partida de la integración de los afrodescendientes a la ciudadanía colombiana. La invisibilización se 56

A mediados del siglo XIX, existía un interés por desarrollar zonas de explotación agrícola que produjeran cosechas de exportación. Estas zonas se ubicaron más allá de las fronteras agrícolas, un ejemplo de esta situación fue la colonización cafetera. Aunque el Pacífico colombiano era una zona de frontera agrícola, en esta región no se desarrolló una explotación agrícola dirigida a la explotación.

El Pacífico colombiano fue lentamente ocupado por colonos afrodescendientes, quienes se hicieron agricultores de subsistencia. Esta situación se incrementó con la ley de abolición de la esclavitud (LeGrand, 1988, 44). Los afrodescendientes manumitidos se ubicaron tanto en el Pacífico, como en la Costa Atlántica, generando todo tipo de relaciones con el territorio ocupado7. Sin embargo, en ese entonces, las relaciones de los afrodescendientes con su territorio no contaron con una protección especial por parte del Estado, ni siquiera del reconocimiento de su condición étnica o de unos derechos especiales.

Ejemplo de esta situación fue la Constitución de 1886, que no reconoció un estatuto especial para las minorías étnicas de la nación colombiana, tampoco se constituyó como un marco óptimo para una legislación de tierras tendiente a satisfacer las necesidades de territorio de estas comunidades, ni siquiera en el campo de la protección especial de las formas colectivas de la propiedad de la tierra.

7.

Sonia Torres ha desarrollado un importante estudio sobre el poblamiento de la Costa Atlántica por afrodescedientes en el siglo XVII, bajo la forma de rochelas y palenques. Cfr. Sonia Torres Rincón, (2003).

El territorio: derecho fundamental 57

Así, los primeras legislaciones de tierras que se expidieron durante el siglo XX, son el resultado de la invisibilización de las necesidades de los grupos étnicos en el texto constitucional; aunque el caso indígena8 resulta a todas luces menos preocupante que el de las comunidades afrodescendientes, no tuvo cabida el reconocimiento de los derechos sobre el territorio de unos y otros en la expedición de estas normas.

La situación explicada arriba no sólo se entiende mediante el análisis jurídico.

Arturo Escobar sostiene que Colombia ha sido una sociedad que no ha tenido la capacidad de reconocer las otredades (negra, indígena, de género, popular, etc.) que se encuentran presentes en ella (Escobar, 2005, 94). Esta situación ha generado conflictos de representación, en donde se incluye a los grupos excluidos con representaciones ideadas desde el discurso hegemónico.

La legislación de tierras de los primeros años del siglo XX tuvo como finalidad promover la exploración y la explotación de tierras ociosas y la colonización de territorios de frontera. Aunque en los primeros momentos se observan normas como la Ley 25 de 1908 en donde preveía la cesión de tierras baldías a cultivadores, el verdadero interés de esta norma eran los señalados anteriormente (Valencia, 2003, 305).

En la región pacífica, las normas agrarias estuvieron encaminadas al fomento de la explotación de los recursos naturales presentes allí, al fortalecimiento de la exploración y colonización de las zonas de frontera agrícola y a la protección de algunas zonas mediante la declaración de bosques nacionales no explotables a las selvas húmedas del Pacífico9. Según Carolina Valencia, la última disposición puso en especial riesgo los derechos que los afrodescendientes ejercían sobre estas tierras en calidad de colonos de las mismas. Así, la protección ambiental trajo consigo una situación de desprotección de las comunidades negras que habitaban estos territorios.

8.

Las Leyes 11 y 13 de 1821 mencionaron los derechos especiales de los grupos indígenas sobre los territorios que ocupaban desde la Colonia. Cfr. Valencia Vargas (2003, 294). Además, con la Ley 89 de 1890 (artículo 1 y 2) se reconoció autonomía a las comunidades indígenas “reducidas” sobre sus territorios.

9.

Al respecto se observan las Leyes 112 de 1903, 37 de 1924 y 100 de 1923.

58

Con la Ley 200 de 1936 se inicia el periodo de legislación de la reforma agraria en Colombia. La expedición de esta normativa trajo consigo la posibilidad de generar un escenario de mayor equidad social en el campo colombiano.

Sin embargo, las normas posteriores estuvieron encaminadas a desmontar los logros alcanzados por esta legislación, la reforma agraria en Colombia sufrió deterioros unos años después de su formulación10.

Las leyes de reforma agraria en Colombia no tuvieron especial interés en la protección de los derechos territoriales de las comunidades negras que habitaban la cuenca del Pacífico o cualquier otra región del país. Incluso las normas ambientales tuvieron una interpretación desfavorable para los intereses de los grupos afrodescendientes. La declaración de la zona de protección ambiental del Pacífico y de los parques nacionales naturales trajo consigo la imposibilidad del reconocimiento de la titularidad de los territorios en cabeza de las comunidades negras que habitan en ellos (Valencia, 2003, 311).

El dilema se presentaba entonces en términos de la contradicción entre la protección ambiental y los intereses de estas minorías étnicas; un falso dilema que justificaba el aplazamiento de la garantía de los derechos fundamentales de estos grupos humanos, máxime en el caso de los afrodescendientes.

Sólo hasta la Constitución de 1991 se escucharon las necesidades urgentes del pueblo afrocolombiano en cuanto al reconocimiento a su derecho fundamental al territorio. Con el artículo transitorio 55 y la posterior expedición de la Ley 70 de 1993 comenzó un proceso de reconocimiento, que de forma general, parece truncado por los intereses de agentes económicos y militares en las regiones donde habitan los afrodescendientes, los renacientes.

La Ley 70 de 1993, cuyo contenido se observará a continuación, significó la posibilidad de la conformación de consejos comunitarios de las comunidades negras con el fin de titular de forma colectiva las tierras que tradicionalmente 10.

Después de la Ley 200 de 1936 se expidió la Ley 100 de 1944 que reestableció el contrato de aparcería, con el cual se imposibilitaba la adquisición de dominio para el colono que trabajaba la tierra (Uribe, 2003, 353).

El territorio: derecho fundamental 59

habitaban. Sin embargo se señala que esta normativa ha tenido, incluso desde su formulación, dificultades significativas. Según algunas opiniones, la Ley 70 ha promovido la segregación racial en la sociedad colombiana y ha tenido poca aceptación entre la población negra colombiana11.

Según el Proceso de Comunidades Negras en Colombia, los logros de la Ley 70 de 1993 son muy limitados, a pesar de que reconociera la titularidad de derechos a la población afrodescendiente, como la identidad, la participación, el territorio, entre otros, sus impactos no han sido lo suficientemente amplios, teniendo en cuenta la situación de desprotección de la cual aún es víctima hoy la gran mayoría de la población afrodescendiente. Dentro de los logros de la normativa se destacan algunos avances en el campo de la etnoeducación y la titulación de cerca de seis millones de hectáreas en el Pacífico (Proceso de Comunidades Negras, 2004, 262).

A pesar de la realidad que viven algunas comunidades de afrodescendientes, en la actualidad el reconocimiento del derecho fundamental al territorio nos permite construir desde la perspectiva jurídica el contenido del mismo y hacer posible la realización del mismo por medio de los diferentes mecanismos de exigibilidad. Por tal razón, a continuación se presenta un intento de construcción del contenido del derecho fundamental al territorio de las comunidades afrodescendientes.

El derecho al territorio a partir de la Constitución de 1991 El derecho al territorio ha tenido una evolución significativa en el escenario constitucional desde la Carta de 1991. El otorgamiento de la categoría de derecho fundamental a una demanda de grupos étnicos minoritarios, por medio de la consagración de diferentes artículos que lo definen, se puede considerar uno de los grandes logros para el reconocimiento de las minorías étnicas en Colombia.

11.

Según datos de un estudio del Ministerio de Justicia y del Derecho realizado en el año 1995, la mayoría de líderes comunales de la zona del Pacífico no tenían una concepción favorable de la Ley 70 de 1993. Ver: Valencia Vargas (2003, 313).

60

La Constitución de 1991 y su posterior desarrollo jurisprudencial, han definido la fundamentalidad del derecho al territorio para las comunidades étnicas. Para el caso de las comunidades afrodescendientes, esta situación se materializa en la consagración del artículo transitorio 55. Según Libardo Herreño, esta definición supone la constitucionalización de las políticas de afirmación positiva y se evidencia en que “al encontrarse recurrentemente presentes en la Constitución y en numerosos instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia, poseen naturaleza de derechos subjetivos e imponen el deber de legislar y promover políticas tendientes a hacer efectiva la igualdad de trato y oportunidad respecto de las personas y los grupos vulnerables de la sociedad” (Herreño, 2003, 493).

La definición de Herreño sirve como punto de partida para encontrar alguna que concilie los conceptos de políticas de afirmación positiva y derechos subjetivos sin igualarlos. Si bien es cierto que el constituyente de 1991 deseó plasmar una serie de políticas de afirmación positiva frente a las comunidades afrodescendientes como medida de reparación histórica por la discriminación de la cual son objeto, podría afirmarse también que estos sujetos son titulares de un derecho fundamental a la ejecución de estas políticas. El reconocimiento de estas se dan a partir de la necesidad de los afrodescendientes de reivindicar un lugar en el orden constitucional colombiano.

Esta definición puede acercarse a lo que Amartya Sen contempla como metaderechos, es decir, el derecho a tener una política pública que posibilite la realización de los derechos sociales en contextos de dificultad económica (Sen, 2002).

Así, si entendemos un derecho social al territorio, también entenderíamos un metaderecho al territorio, que no sería otra cosa que la aplicación progresiva de políticas públicas tendientes a realizar el contenido del derecho.

Sin embargo, cuando afirmamos que el territorio es un derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes, la exigibilidad de políticas progresivas podría limitar la exigibilidad y la realización inmediata del contenido del derecho. Aunque la propuesta de Sen sea plausible para la realización El territorio: derecho fundamental 61

progresiva de derechos sociales fundamentales, su aplicación para el caso del derecho al territorio puede significar serias limitaciones.

Entonces se considera que la relación entre estos conceptos (derecho fundamentalacciones de afirmación positiva) se da en la medida en que el contenido de los derechos constitucionales subjetivos de las comunidades afrodescendientes, se encuentra definido por las mismas políticas de afirmación positiva consignadas en la Constitución. Así, las consecuencias de estas medidas son las que definen el contenido del derecho al territorio de los grupos afrodescendientes. La reivindicación de los afrodescendientes desde la Constitución, no se encaminaría a la formulación de políticas de afirmación positiva, sino a la garantía y realización inmediata del derecho fundamental al territorio.

Habiendo tomado partido sobre esta discusión, procedemos a delimitar el contenido del derecho fundamental al territorio de las comunidades afrocolombianas. Además el artículo transitorio 55, que sirvió de base para la expedición de la Ley 70 de 1993, existen diferentes disposiciones constitucionales y de instrumentos internacionales de derechos humanos, que permiten definir un contenido más amplio de este derecho fundamental.

El reconocimiento del Estado Social de Derecho (ESD), trajo consigo también el reconocimiento de la diversidad cultural como principio fundamental de la nación colombiana. Así, uno de los fines del ESD es la protección de las diferencias étnicas y culturales que conviven en el país. Según el artículo 7 de la Constitución de 1991, el Estado se compromete con el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Este reconocimiento trae consigo la definición de políticas duraderas tendientes a conservar este patrimonio colectivo de los colombianos, presente en las prácticas culturales de los grupos étnicos, entre ellos, las comunidades afrodescendientes.

En este sentido, la Constitución define una serie de obligaciones por parte del Estado para la defensa de la diversidad étnica y cultural de la nación. Aunque dichas obligaciones constitucionales se hacen explícitas frente a las comunidades indígenas, la interpretación sistemática de la Constitución nos permite afirmar 62

que las comunidades afrocolombianas también son objeto de estas obligaciones, en la medida en que éstas también hacen parte de la diversidad étnica y cultural protegida como principio fundamental del Estado colombiano.

Así nos encontramos con un catálogo de disposiciones que definen el contenido del derecho fundamental al territorio de las comunidades negras, entre ellas: • Protección de lenguas y dialectos de grupos étnicos (artículo 10).

• Imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios colectivos de las comunidades étnicas (artículo 329).

• Derecho de consulta previa para la explotación de recursos naturales sobre los territorios colectivos (artículo 329).

• Autonomía de las formas de gobierno, planeación y organización social (artículo 330).

En el derecho internacional de los derechos humanos, también se encuentran una serie de disposiciones significativas para la definición del derecho fundamental al territorio de las comunidades afrocolombianas.

En primer lugar, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra el derecho de libre determinación de los pueblos. Según este derecho se establece la autonomía en la determinación de la condición política y del desarrollo económico, social y cultural.

Posteriormente, el Convenio 169 de la OIT, sobre los pueblos indígenas y tribales, se aplica a los pueblos tribales en países independientes “cuyas condiciones sociales, culturales y económicas las distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial (Organización Internacional del Trabajo, 1989, Art. 1, literal a).

Este convenio aprobado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, resulta plenamente aplicable para las comunidades afrodescendientes, ya que su descripción se ajusta a la definición contenida en el mismo convenio. Allí se establecen las siguientes disposiciones: El territorio: derecho fundamental 63

• Consulta a los pueblos tribales, mediante procedimientos aprobados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (artículo 6).

• Establecimiento de los medios para el desarrollo de las instituciones e iniciativas de estos pueblos (artículo 6).

• Autonomía y control en la definición de prioridades en el proceso de desarrollo económico, social y cultural (artículo 7).

• Participación en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan afectarles directamente (artículo 7).

• Respeto de la importancia de la cultura y valores espirituales de estos pueblos en relación con su territorio (artículo 13).

• Reconocimiento y protección efectiva del derecho de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan (artículo 14).

• Consulta previa e indemnización por perjuicios causados por los proyectos de explotación de recursos naturales que se encuentren presentes en los territorios de grupos (artículo 15).

• Traslado y reubicación solo en casos que se consideren necesario, siempre y cuando se de un consentimiento libre y con pleno conocimiento de causa (artículo 16).

Además de todo lo mencionado, la garantía del derecho fundamental al territorio de las comunidades afrodescendientes significa la garantía y protección del derecho fundamental a la vida de estos grupos humanos.

En diferentes oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado la relación que existe entre estos derechos fundamentales. Así, ha afirmado que la garantía del derecho al territorio es la posibilidad material de ejercer los derechos de identidad cultural y autonomía de los grupos étnicos, ya que este es el espacio físico en el cual puede sobrevivir su cultura (Corte Constitucional, Sentencia T-380 de 1993). Y en una definición mucho más precisa de la relación entre vida y territorio, el mismo tribunal ha sostenido que “el derecho al territorio de los grupos étnicos representa la base material para su supervivencia y el desarrollo de sus culturas” (Corte Constitucional, Sentencia T-652 de 1998).

64

Pero no solo la Corte Constitucional afirma la relación intrínseca entre el derecho a la vida y al territorio de las comunidades afrodescendientes. Estos grupos también han hecho énfasis en las relaciones que existen entre estas dos garantías constitucionales.

Así, la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), sostiene que: “El territorio es y forma parte de nuestra vivencia social y cultural y jamás puede ser considerado como un inmueble de intercambio comercial. Él es para nosotros, los dueños y pobladores ancestrales, un espacio que acoge la vida de las Comunidades de manera integral, con pueblos, culturas y organizaciones sociales propias, y que nos proporciona los recursos naturales para la reproducción de la vida y la cultura. (…) Este es todo aquello que se puede ver y palpar con facilidad, es decir, los ríos, las ciénagas, los bosques los animales, la tierra para cultivar, los minerales, pero también incluye todo aquello que no se puede tocar con las manos y que hace parte de nuestra espiritualidad como pueblos afrodescendientes, esto es, las manifestaciones culturales propias, las tradiciones, las costumbres, las fuerzas sobrenaturales que rigen la naturaleza, los espíritus de nuestros ancestros que protegen el territorio, las formas propias de relacionarnos con la naturaleza y nuestro conocimiento ancestral” (Ascoba, 2005, 2).

El territorio se entiende entonces como un universo en el cual se hace posible la existencia misma de las comunidades afrodescendientes. Más allá de la relación del hombre con la tierra, el territorio recoge la esencia misma de la existencia de un grupo social, los pobladores hacen parte del territorio, así como la tierra, los ríos, los recursos y la vida12.

Esta visión la recogió la Ley 70 de 1993, que reglamentó el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991. Aunque presenta algunas limitaciones, la Ley 70 se convirtió en el marco normativo apropiado para el reconocimiento de los derechos ancestrales de las comunidades afrodescendientes en Colombia.

Dentro de los logros que señalan las comunidades afrodescendientes dentro de sus balances, siempre se resalta el proceso de titulación de tierras realizado de El territorio: derecho fundamental 65

acuerdo con la Ley 70. Según el Proceso de Comunidades Negras en Colombia, se han titulado más de cinco millones de hectáreas de forma colectiva a los grupos de afrodescendientes que históricamente han habitado estas tierras (Proceso de Comunidades Negras, 2004, 262). Actualmente, sólo en el municipio de Buenaventura seencuentran en proceso de titulación cerca de 19.000 hectáreas, en cabeza de Consejos Comunitarios constituidos en esta región.

Aunque se afirma frecuentemente que la Ley 70 ha encontrado bastantes limitaciones en su aplicación, el marco normativo que esta contempla contiene algunos elementos más que se deben tener en cuenta en la definición del derecho al territorio de las comunidades afrodescendientes en Colombia.

Entre ellos destacamos: • Propiedad colectiva sobre las áreas tradicionalmente ocupadas por las comunidades negras (artículo 4).

• Función social y ecológica de la propiedad colectiva (artículo 6).

• Garantía de un proceso educativo autónomo, de acuerdo a las aspiraciones etnoculturales de la comunidad (artículo 32).

Teniendo en cuenta el marco normativo y los conceptos de territorio de las comunidades afrodescendientes, podemos avanzar en la definición de una serie de características que comprende el derecho fundamental al territorio de las comunidades afrodescendientes. Entre ellas destacamos: • Autonomía: se refiere a la capacidad de la comunidad de tomar decisiones libres e independientes en la realización de sus proyectos de desarrollo social, cultural y económico. Esta autonomía implica también la no intervención de actores externos en los procesos de concertación al interior de las comunidades.

La interacción con otros actores debe realizarse de forma libre y con pleno 12.

La reivindicación del territorio por parte de las comunidades negras se entiende dentro de la lógica del conflicto cultural distributivo que propone Arturo Escobar. Estos son los que surgen de las diferencias de poder asociadas con valores y prácticas culturales específicas, que se enfrentan con valores y prácticas hegemónicas y que reclaman autonomía y alternatividad. Ver Escobar (2005, 100-102).

66

consentimiento. Dos de los usos más importantes de la autonomía se dan: 1) En el campo cultural, las comunidades afrodescendientes tienen la capacidad de ser autónomos en las definiciones de sus programas de protección y supervivencia de su cultura, en este sentido se explican la existencia de los programas de etnoeducación. 2) Las comunidades son autónomas en la definición de los proyectos de desarrollo económico que se realicen sobre su territorio, de allí se explica la existencia de los procedimientos de consulta previa frente a la explotación de recursos naturales dentro de su territorio.

• Autogobierno: la forma de organización política de la comunidad dentro de su territorio se realizará de acuerdo con las prácticas tradicionales de la misma.

La organización de los Consejos Comunitarios facilita la formalización de estas prácticas y permite la interlocución permanente con las instituciones del Estado. Ni la autonomía, ni el autogobierno implican un desconocimiento de la soberanía del Estado, en una situación ideal deberían ser los canales para una relación de armonía entre ambos poderes.

• Propiedad colectiva: los territorios de las comunidades negras son titulados de forma colectiva a nombre del Consejo Comunitario correspondiente. La titulación de tierras ancestrales no puede hacerse a nombre de un individuo o una familia, ya que esto significaría poner en riesgo el carácter comunitario de la tierra. Igualmente, la propiedad implica para las comunidades el cumplimiento de la función social y ecológica de la misma.

• Inembargabilidad: no se puede utilizar el derecho al territorio como prenda de garantía sobre deudas y por lo tanto no es susceptible de ser embargado (Proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada, 2005, 8).

• Imprescriptibilidad: el derecho al territorio no susceptible de prescribir en el tiempo, sobre los territorios protegidos no operan la prescripción adquisitiva de dominio.

• Inalienabilidad: el derecho al territorio es irrenunciable por parte de las comunidades afrodescendientes, no es posible enajenarlo por las formas ordinarias de tradición de la propiedad.

En este sentido se avanza en la definición del contenido óptimo del derecho al territorio en comunidades afrodescendientes. La Corte Constitucional ha utilizado varios elementos de este contenido en la construcción de los argumentos sobre los El territorio: derecho fundamental 67

cuales falló el caso del Consejo Comunitario del Cacarica contra Maderas del Darién, en la sentencia T-955 de 2003, con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis. Esta decisión judicial es la sentencia hito para la definición del derecho fundamental al territorio de las comunidades afrodescendientes.

Naturaleza del derecho al territorio Teniendo en cuenta el contenido y las características que se han expuesto sobre el derecho al territorio, resulta problemático ubicarlo en una de las “generaciones”13 o “tradiciones” con las que usualmente se ubican a los derechos humanos. Partimos de la base de comprender al territorio como un derecho cultural, que tiene en cuenta las condiciones específicas de existencia de los grupos que reclaman su titularidad. Sin embargo, frente a las obligaciones que este derecho significa para el Estado surgen unos interrogantes que intentaremos abordar.

No consideramos que el derecho al territorio sea exclusivamente un derecho civil, o un derecho político, porque dentro de su contenido, además de exigir al Estado inversión y prestaciones especiales para la protección de la cultura y la integridad de los miembros de una comunidad titular del derecho, su contenido se relaciona necesariamente con los derechos sociales.

Sin embargo, difícilmente se podría sostener que el derecho al territorio es un derecho prestacional, o un derecho económico y social. Es evidente, como lo mencionamos arriba, que el derecho al territorio tiene un contenido de inversión por parte del Estado, sin embargo también es evidente que para proteger la autonomía, el autogobierno y la cultura de las comunidades titulares del derecho al territorio, es importante que el Estado se abstenga de realizar acciones que puedan poner en riesgo el disfrute de este derecho. Además el derecho al territorio tiene un fuerte contenido político, frente a la participación de las comunidades y 13.

El término generaciones de derechos humanos se utiliza con una intención exclusivamente ilustrativa sobre las diferencias históricas que existen entre los diferentes derechos humanos, no con el ánimo de discriminar ciertos derechos frente a otros.

68

de los sujetos que las integran en la toma de las decisiones que definen el uso de los recursos naturales, las relaciones con los poderes públicos, entre otros.

Ante esta situación, es evidente que el derecho al territorio no puede clasificarse de plano como un derecho civil o político, o como derecho social o prestacional.

Es necesario entender el derecho al territorio como un derecho cultural, cuya titularidad depende de las condiciones culturales de los sujetos –individuales o colectivos–. Pero la naturaleza del derecho al territorio es mucho más compleja, porque es un derecho cultural que permite la garantía de otros derechos. El derecho al territorio hace parte, junto al derecho al desarrollo14, de una categoría especial de derechos fundamentales: los derechos vectores15.

Considerar al derecho al desarrollo y al derecho al territorio como derechos vectores, significa que la garantía de este tipo de derechos genera condiciones para la garantía de un catálogo más amplio y más ambicioso de derechos fundamentales. Esta afirmación se relaciona directamente con el concepto de integralidad e interdependencia de los derechos humanos, que define la existencia de relaciones intrínsecas entre los derechos fundamentales, hasta el punto de afirmar que la violación o vulneración de un derecho fundamental, acarrea necesariamente la violación o vulneración de otro derecho fundamental.

Sin embargo no se debe equiparar el concepto de derecho vector con los de integralidad e interdependencia de los derechos fundamentales. La garantía de un derecho vector es la generación de condiciones para el disfrute de otros 14.

La Organización de las Naciones Unidas ha definido que el derecho al desarrollo es un derecho humano. En la declaración sobre el derecho al desarrollo (1986), se afirma que éste es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.

15.

No es la primera vez que se entiende un derecho fundamental como un derecho que permita la realización de otros, Katarina Tomasevski sostiene que el derecho a la educación funciona como un multiplicador que aumenta el disfrute de otros derechos. Ver: Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, E/CN.4/2001/52. “Informe anual de la relatora especial del derecho a la educación”, p. 10.

El territorio: derecho fundamental 69

derechos. Tanto la garantía del derecho al desarrollo, como la garantía del derecho al territorio constituyen escenarios óptimos para la realización de derechos como la vida digna, el mínimo vital, la salud, la educación, el trabajo, entre otros. Sin la garantía de los derechos vectores, la posibilidad de que los seres humanos disfruten de estos derechos se limita significativamente.

Afirmar que el derecho al territorio es un derecho vector implica que la garantía de este derecho conlleva a la generación de condiciones óptimas para la garantía de otros derechos. Para el caso de las comunidades afrodescendientes en Colombia, la Corte Constitucional ha señalado que la garantía de este derecho hace posible la realización del derecho a la vida de estos grupos étnicos (Corte Constitucional, Sentencia T-955/03).

Pero no solo el derecho a la vida se puede garantizar por medio de la garantía del derecho al territorio. Dentro de los derechos políticos que se realizan mediante la garantía del derecho al territorio se encuentran los derechos de autonomía, autogobierno, participación y consulta sobre la explotación de los recursos naturales dentro del territorio.

También se garantiza un catálogo amplio de derechos sociales. El más significativo de ellos es el derecho a la educación, mediante la promoción y protección de un modelo educativo que proteja los intereses de estos grupos frente a la conservación de sus tradiciones y la reproducción de su cosmovisión. De igual forma, el derecho a la salud se garantiza mediante el respeto de las prácticas de medicina tradicional. Finalmente, vale la pena mencionar que gracias a la garantía del derecho al territorio, la realización del derecho a la vivienda se hace posible, teniendo en cuenta que el territorio es el escenario natural en el cual los miembros de las comunidades afrocolombianas habitan.

Finalmente, el derecho al medio ambiente sano, también encuentra condiciones óptimas para su garantía mediante la realización del derecho al territorio. En la medida en que se protege el derecho al territorio, se protegen también las relaciones que las comunidades afrodescendientes han sostenido con el entorno en el cual se ubican.

70

Sin embargo, el concepto de derecho vector es un concepto novedoso en la teoría de los derechos humanos. Se considera que ubicar al derecho al territorio como un derecho vector en el sentido que se ha explicado en este apartado, es una contribución significativa para la definición de la naturaleza de este derecho.

En Colombia, a pesar de la expedición de la Ley 70 de 1993, la protección del derecho al territorio de las comunidades afrodescendientes, ha tenido un desarrollo limitado tanto en la normatividad como en la jurisprudencia. A continuación, se presentará una evaluación sobre el estado de la garantía de este derecho en nuestro país.

Garantía del derecho al territorio en Colombia16 Con el ánimo de brindar un marco general para el análisis de la situación del derecho al territorio de las comunidades afrodescendientes, comenzaremos por exponer el marco normativo sobre el cual se elabora el análisis, para observar la garantía del mismo en los desarrollos legales y jurisprudenciales. Sin embargo, el análisis jurisprudencial es bastante limitado, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional sólo ha conocido en instancia de revisión un caso de tutela del territorio como derecho fundamental de las comunidades negras.

La figura de la consulta previa, pareciera ser uno de los contenidos más resistentes del derecho al territorio, no solo de los grupos afrocolombianos, sino de todos los grupos étnicos en general. En la única sentencia de la Corte Constitucional relativa al derecho al territorio de las comunidades negras, (Corte Constitucional, Sentencia T-955/03), se revisa una decisión de tutela interpuesta por el Consejo Comunitario de la cuenca del río Cacarica contra Maderas del Darién S.A. y otros. El tribunal constitucional revocó los fallos de instancia en donde no se reconocieron los derechos fundamentales al territorio de los demandantes afrodescendientes, y ordenó el cese de la explotación maderera en los territorios colectivos hasta que no se desarrollaran los respectivos procesos de consulta.

16.

Este apartado se realizó con Milena Méndez.

El territorio: derecho fundamental 71

Sobre este punto la Corte señaló que los derechos colectivos al territorio de los grupos étnicos (indígenas y afrocolombianos), son derechos fundamentales que se derivan de los principios de protección de la diversidad étnica y cultural que consagra el Estado Social de Derecho.

Dentro de estas resoluciones, se encuentra la 1516 del 8 de agosto de 2005, que define las directrices para la participación de las comunidades de afrodescendientes en las alianzas comerciales para el desarrollo de proyectos productivos en los territorios adjudicados.

En la legislación interna tenemos el artículo transitorio 55 de la Constitución Política el cual consagra que dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma Ley.

Esta disposición normativa vulnera el contenido del derecho al territorio de las comunidades negras, en la medida en que obvió el paso de la consulta previa en la expedición de medidas administrativas que las involucren directamente, como es el caso de desarrollar proyectos productivos el desarrollo de monocultivos.

Así la Ley 70 de 1993 desarrolla esta disposición constitucional al reconocer el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades asentadas tradicionalmente con sus prácticas tradicionales de producción en las zonas rurales ribereñas de las cuencas del Pacífico.

La participación, considerada como uno de los principios orientadores de la Ley 70 de 1993, es limitada frente a la figura de la consulta previa prevista en el Convenio 169 de la OIT. La participación desconoce los requisitos, la fuerza vinculante y las características propias de la consulta, debido a que el concepto de participación puede implicar solo la publicidad de las decisiones administrativas. Este es el caso de la resolución 1516 de 2005 expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en la cual tan solo se invitó a las comunidades a adherirse a los efectos jurídicos de dicho acto administrativo.

Aunque en principio la reglamentación formal de la Ley 70 de 1993 se limita al Decreto 1122 de 1998, el Incoder ha expedido una serie de resoluciones que limitan significativamente la protección y el disfrute del derecho al territorio de las comunidades negras.

72

Estos proyectos pueden poner en peligro la subsistencia de la comunidad de una manera digna, pues la explotación de la tierra riñe con la posibilidad de autoabastecimiento por medio del cultivo de alimentos para las comunidades negras. Así, el contenido normativo del derecho colectivo al territorio se ve deteriorado por esta situación.

Además, iguala bajo la figura de alianzas comerciales a las comunidades afrodescendientes con las empresas de capital privado, pues cada una de ellas debe hacer aportes a dichas alianzas comerciales. Así, mientras los aportes son de capital para las empresas privadas, los aportes para las comunidades consisten en la explotación indiscriminada de los recursos naturales sobre los cuales tienen disponibilidad como son el bosque y el suelo. Esta situación pone en condiciones de inferioridad a las comunidades afrodescendientes frente a las empresas privadas (Ruiz, 2005, 19-20).

Las anteriores relaciones determinadas por los parámetros del derecho comercial dejando de lado la protección constitucional especial a las minorías étnicas y a la población vulnerable, y así reexpone a una igualdad contractual inexistente e imposible de conseguir en la práctica.

Además la Resolución 1516 de 2005 facilita la pérdida del derecho a la tierra por parte de las comunidades ya que se prevé un sistema de producción amplia y sostenida en el cual las comunidades exclusivamente se concentran en la El territorio: derecho fundamental 73

competitividad en el mercado y se convierten en mano de obra económica al servicio de los proyectos productivos impulsados por el mismo gobierno. Este es el caso de la palma aceitera.

Aunado a esto encontramos la Resolución 2038, de 3 de noviembre de 2005, expedida por el Incoder. Esta última fue resultado de la presión ejercida por miembros de las comunidades afrodescendientes en la toma a la Iglesia de San Francisco ubicada en el centro de Bogotá, en la cual el Incoder sustituyó en su totalidad la Resolución 1516 de 2005 por la resolución 2038 (Semana, 14 de noviembre de 2005, 82-83).

Aunque en principio se puede considerar que la Resolución 2038 es un avance en la garantía de los derechos constitucionales, ésta puede resultar más perjudicial para las comunidades afrodescendientes y su acceso al derecho al territorio, porque esta normativa vuelve sobre los algunos contenidos de la derogada resolución 1516, desconociendo nuevamente la fuerza de la figura de la consulta previa En conclusión, esta Resolución se encuentra en contradicción con la protección especial que la Constitución brindó al derecho al territorio. Al desfigurar la figura de la consulta previa se desconocen temas como la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, la tierra, los recursos naturales, entre otros.

Teniendo en cuenta este panorama de protección, presentamos un balance del derecho, teniendo en cuenta la información señalada en normas internacionales, la Constitución Política, la Ley 70 y las resoluciones que la reglamentan, así como de la Sentencia T-955 de 2003.

Se encuentra un punto alto de la garantía del derecho al territorio y a la tierra en las comunidades afrodescendientes. Esta garantía se encuentra consagrada tanto en el Convenio 169 de la OIT y en el artículo 55 transitorio de la Constitución Política de 1991. En ambas normas se definen contenidos amplios de protección y una serie de obligaciones claras del Estado frente a la realización integral de este derecho.

74

En un segundo punto nos encontramos con la Ley 70 de 1993 y con la Sentencia T-955/03. Tanto en la Ley como en la sentencia se reconoce la fundamentalidad del derecho colectivo al territorio. Sin embargo, pareciera que la fundamentalidad y la integralidad del contenido normativo del derecho al territorio, perdiera su peso de aplicación inmediata frente a una serie de procedimientos y agotamientos de vías gubernativas para poder consolidar el derecho. Así, muchas veces el ejercicio del derecho fundamental se ve sometido al cumplimento de una serie de procedimientos que dan la titularidad sobre el mismo.

Finalmente un punto bajo de la garantía del derecho fundamental al territorio colectivo de las comunidades afrocolombianas se encuentra en las resoluciones del Incoder, que regulan la participación de las comunidades en la explotación de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio colectivo. Estas resoluciones ponen en riesgo la garantía integral del derecho fundamental al territorio, ya erosiona la posibilidad de las comunidades de desarrollar formas propias de explotación sustentable de los recursos naturales de su territorio, sometiéndolas a la explotación que puede realizar una empresa privada sobre el mismo.

El resultado del ejercicio de tabulación es el cuadro de la página siguiente, que responde al interrogante: ¿Es el derecho al territorio de las comunidades afrocolombianas un derecho fundamental y ha sido protegido por la legislación y la jurisprudencia?

Este cuadro ilustra la garantía del derecho al territorio frente al óptimo de la protección y frente a los desarrollos normativos y jurisprudenciales que ha tenido este derecho. Si se comprende el derecho al territorio como un derecho de realización progresiva, el panorama no es muy alentador. Las acciones del Estado han significado un retroceso en la garantía del derecho al territorio; por ejemplo, en el año 2005 se registra una disminución de 10.000 hectáreas tituladas colectivamente a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, como resultado de una resolución del Incoder que permitió que este territorio se dedicara a la siembra de palma y a la ganadería extensiva (El Tiempo, 23 de octubre de 2005, 1-2).

El territorio: derecho fundamental 75

Balance de la garantía del derecho al territorio de las comunidades afrocombianas

significativos avances que ha tenido la garantía de este derecho. Sin embargo, el texto constitucional en sí mismo, puede resultar insuficiente para sustentar la fundamentalidad del mismo.

Una interpretación amplia de la Constitución, puede definir aspectos relevantes para la fundamentalidad de este derecho. Entre ellos encontramos la obligación del Estado de titular colectivamente las tierras a las comunidades negras, derivada del artículo transitorio 55.

Hasta hace algunos años en Colombia, el territorio como un derecho exigible al Estado, fue un asunto restringido para las comunidades indígenas, quienes se aprovecharon de esta situación para avanzar en un proceso de posicionamiento frente a la demanda de titulación y entrega de tierras, sustentado en el vínculo vital que sostienen estos pueblos con el territorio en el cual se desarrolla su cultura.

Para las comunidades negras, el ejercicio de argumentación de su condición de titulares del derecho al territorio no podía partir de la idea de compararlas con los pueblos indígenas, debido a que las diferencias en los procesos históricos de unas y otros son evidentes.

Sin embargo, existen argumentos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, que resultan bastante útiles para la protección del derecho al territorio.

A pesar de esto último, la garantía del derecho se encuentra alejada de los estándares internacionales consagrados en el Convenio 169 de la OIT.

Conclusiones El proceso de exigibilidad del derecho al territorio de las comunidades afrocolombianas es un largo proceso, que en Colombia comenzó a tener una dimensión jurídico-constitucional a partir de la Carta Política de 1991. Los elementos derivados de ella son de gran importancia para comprender los 76

Sin embargo, esta situación no podía convertirse en la razón de negar una titularidad especial de derechos para estos grupos étnicos. Hay dos razones que sustentan esta situación: en primer lugar, las tradiciones culturales de los grupos humanos no deben ser centenarias –o de larga duración en la historia– para que generen identidad dentro de los mismos grupos. Así, un grupo humano que haya generado tradiciones culturales vinculantes para los miembros de su comunidad, se encuentra en una situación diferenciada frente al resto de la sociedad. Esta especificidad cultural es la que genera diversidad dentro de las sociedades y de allí se derivan obligaciones especiales de los poderes para conservarlas y protegerlas.

En segundo lugar, la población afrodescendiente en Colombia se encontró sometida, durante un buen tiempo, a una fuerte exclusión y discriminación por parte de la sociedad en la que habitaba. El reconocimiento de derechos El territorio: derecho fundamental 77

especiales hace parte de la imperiosa necesidad de generar igualdad material dentro de los miembros de una misma sociedad. Esta situación comenzó a tomar fuerza a partir de la Constitución de 1991, debido a que el constituyente optó por visibilizar a estos grupos humanos.

Sin embargo, en el terreno jurídico dicha situación no tuvo un reconocimiento significativo. Como ya observamos, la Constitución de 1991 opera como marco normativo de referencia para la garantía de este derecho. En el plano jurisprudencial, fue la Corte Constitucional, en la sentencia T-955 de 2003, quien aportó elementos significativos para la fundamentalidad del derecho al territorio de las comunidades negras. En su fallo, vincula la vida de las comunidades negras a la estrecha relación que sostienen con el territorio en el cual habitan.

A pesar de esta situación, aparentemente progresista, la garantía y realización del derecho fundamental al territorio de las comunidades negras se encuentra en un proceso de deterioro progresivo. La política del Estado ha sido de desconocimiento de los derechos adquiridos por las comunidades negras.

En el Pacífico, el riesgo se evidencia ante el avance del cultivo de la palma aceitera, la explotación maderera y minera y la planeación de esta región como corredor comercial colombiano para la importación y exportación de recursos.

En otras zonas del país, la situación es más precaria, ya que el reconocimiento de derechos territoriales de las comunidades negras ha sido nulo.

Así, los retos que se presentan para el movimiento afrocolombiano son enormes. En primer lugar debe avanzar en el proceso de encontrar y desarrollar, más y mejores argumentos que sustenten su calidad de titulares del derecho fundamental al territorio. En segundo lugar, deben fortalecer su organización interna, coordinar sus acciones y diseñar estrategias de exigibilidad del derecho, que a la vez le permitan resistir ante las amenazas que, en los actuales momentos, son mayores. El presente artículo pretende colaborar en el primero de ellos.

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El territorio: derecho fundamental 81

MOVIMIENTOS SOCIALES

El actor sindical en la transformación del sistema financiero* Por Julio Puig Farrás**

* Artículo recibido en octubre de 2006 Artículo aprobado en noviembre de 2006 ** Doctor en sociología e investigador de la ENS.

y dos especializados (Asofondos e Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda), mientras el Estado está inmediatamente encarnado en el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Bancaria.

Además, el sindicalismo siempre ha afiliado a una minoría de trabajadores y su división organizativa se ha doblado con otra ideológica, mientras que la organización de las empresas reúne prácticamente el conjunto de las mismas, sin sufrir unas diferencias ideológicas comparables a las del sindicalismo.

Introducción1 El actor sindical en Colombia, en razón de su estructura y los escenarios de su función fundamental, la negociación colectiva, no ha sido ni es ni mucho menos homogéneo. Existen actualmente tres centrales que intervienen en interacciones tripartitas institucionalizadas si acaso una vez al año, e informalmente con el Estado o los actores gremiales ocasionalmente. Los sindicatos y federaciones de ramas son sin duda numerosos, pero casi todos ellos débiles, para no decir raquíticos en términos de afiliación, y privados de hecho de la función de negociación colectiva, la cual se realiza en el nivel de empresa, por parte de los sindicatos de empresa, o por las directivas de este ámbito de los sindicatos de rama.

En esta función de negociación que lo mantiene vivo, el actor sindical se desagrega, pues, en una multiplicidad de actores, apenas coordinados o asesorados, en algunos casos, por sindicatos de rama o por las centrales.

En el caso del sistema financiero, el actor colectivo empresarial se presenta mucho más unificado y fuerte: dos gremios generales (Asobancaria y Anif) 1.

Avance de investigación del proyecto de investigación CC/ ENS sobre construcción del mercado de trabajo en el sector financiero y el campo de la venta directa.

En estas condiciones generales, las transformaciones del sector financiero y bancario, dirigidas coordinadamente por los actores estatales y gremiales, no podían dejar de hacerse con la práctica exclusión del actor sindical y en desmedro del mismo.

Si bien este sindicalismo se ha debilitado, tal como lo expresan algunos indicadores, de resultas de este proceso de transformación, no obstante, allí donde se ha mantenido ha mitigado los efectos negativos de los cambios unilaterales instigados por las empresas en las condiciones y relaciones de trabajo, ha acumulado una experiencia de acción en las nuevas circunstancias y ha conservado una eficiencia y un capital de confianza apreciables.

Las transformaciones del sector financiero y de su mercado de trabajo A principios de los años noventa, con la apertura económica, y luego con sus profundizaciones efectivas o esperadas, las reglas y el funcionamiento de la economía fueron cambiando y los sectores productivos se transformaron.

El financiero fue uno de los que más rápida y radicalmente evolucionó en sus distintas dimensiones, a través de diferentes coyunturas2. He aquí las grandes líneas de este proceso accidentado.

2.

Los economistas de la Anif distinguen en el periodo (1990-2006) cinco etapas en la evolución del sector financiero: 1) 1990-1993: “Rediseño del sistema financiero y su recuperación (después

El actor sindical en la transformación del sistema financiero 85

Líneas de la transformación de la industria Multibanca, privatización, concentración, tecnología, productividad y eficiencia, y bancarización, son las palabras que cristalizan el sentido general de los cambios en el plano propiamente dicho del conjunto de este sector económico y el de su unidades productivas.

La multibanca, banca múltiple o banca universal, es un modelo de organización opuesto al de banca especializada. “Todos los servicios financieros bajo el mismo techo” es una expresión cliché, pero muy gráfica y que ahorra explicaciones. El ideal que se ha perseguido en este periodo, y que se está muy cerca de alcanzar, es pues el de firmas que pueden ofrecer a sus clientes todos los productos financieros existentes en un momento dado en el mercado. A raíz de la gran depresión de principios de los años treinta del pasado siglo, y por el papel de “contagio” de la crisis económica que desempeñaron los bancos “universales”, en muchos países del mundo se desarrolló un esquema de banca especializada, dentro del cual las principales funciones bancarias o financieras eran realizadas por entidades independientes. A finales de los ochenta el esquema de organización que regía en Colombia era “híbrido”. El camino hacia este modelo en el país se hizo prudentemente, por etapas. Las primeras reformas dieron lugar a una situación intermedia, con un llamado “esquema de filiales” en el que se les permitía a las firmas matrices (“bancos comerciales”) ofertar otros productos, pero a través de sus filiales, que gozaban de una autonomía por lo menos jurídica y operativa.

Las nuevas reformas de finales de la pasada década, compelidas por la crisis del sector, flexibilizaron dicho esquema. Y otras normas posteriores, y las mismas prácticas de las entidades bancarias, empujaron el sistema hacia el modelo de la banca universal. De esa manera, los mismos economistas de la Anif celebran, con una felicidad aún no completa, que se haya llegado a una situación de “cuasi banca universal”, en que la integración de los servicios financieros se de la crisis de mediados de los 80)”; 2) 1994-1995: “Expansión crediticia e interés por fusiones y adquisiciones financieras”; 3) 1996-1997: “Sobredimensionamiento e inflación de activos, especialmente hipotecarios”; 4) 1998-2002: “Recuperación financiera, menos del sistema hipotecario”; 5) 2002-2006: “Recuperación y nuevas fusiones”.

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ha efectuado en torno a los bancos comerciales. La banca universal supone los llamados “multiproductos”, o portafolios de servicios múltiples, y clientes igualmente “universales” o “integrados”, es decir, clientes que puedan acudir y efectivamente acudan a una misma entidad para la satisfacción de todas sus necesidades en este particular. Esta posibilidad, en una situación de competencia acrecentada, lleva a las empresas a desarrollar unas estrategias muy activas de “fidelización” de sus clientes, lo cual es por lo demás un fenómeno mundial3.

La ideología de la apertura implicaba la privatización y nuevos esquemas de regulación menos “represivos”, según una expresión del nuevo discurso económico. Después de las crisis de mediados de los años ochenta, y de la nacionalización de grandes bancos privados que habían entrado en quiebra, el sector público representaba el 66% de todos los activos bancarios. Hoy en día, una vez hecha la última compra de Bancafé por el grupo Bolívar, queda únicamente un banco público; estamos hablando del Banco Agrario, remanente de la desparecida Caja Agraria. La “represión bancaria” a que se refieren los voceros de la banca son los “encajes” y las “inversiones” forzosas, cuyos niveles determinaba el Estado, en los esquemas keynesianos de políticas anticoyunturales. Según esos voceros, esta represión ha disminuido significativamente y su esperanza es que la próxima reforma del sector, actualmente en gestación, elimine completamente esos factores.

La privatización se llevó a cabo mediante adquisición y absorción de las entidades públicas por las privadas, nacionales o extranjeras, que alimentaron así el proceso de concentración del sistema financiero y en particular del bancario. Pero el desarrollo de la concentración se hizo también mediante la fusión de bancos privados y la absorción de unos bancos privados por otros, de capital nacional o extranjero. La concentración conoció dos grandes momentos, momentos con motivaciones cambiantes: el primero entre 1995 y 1999, periodo que cubre el final de las etapas de prosperidad y el principio de la crisis, y el segundo desde la 3.

“Los bancos se están reestructurando alrededor del cliente, pues tratan de verlo de una manera unificada y transformar todo este conocimiento en planes de mercadeo para retenerlo y para hacer más rentable su relación” (“El as de la banca”, en Dinero, agosto de 2005. Las negrillas son nuestras).

El actor sindical en la transformación del sistema financiero 87

salida de la crisis hasta la fecha. Este proceso se mide con las siguientes cifras: a principios de los años ochenta, el conjunto del sector financiero contaba con más de 300 entidades; en 1995 había 201 instituciones financieras, de las cuales 32 eran bancos comerciales; en 2006 se tienen en total 77 instituciones financieras que incluyen 17 bancos comerciales. Estos datos proporcionan una corroboración interesante. Permiten calcular que, entre 1995 y 2006, el número de entidades bancarias ha disminuido en un 47%, mientras que el de las demás entidades financieras se ha reducido en un 64%. Esto muestra que los bancos comerciales, en búsqueda, entre otros objetivos, de la “universalidad”, se engordan parcialmente tragándose instituciones especializadas, y soportan la tesis de que el eje dinámico del proceso de transformación del sector financiero son los bancos comerciales. Por otra parte, el grado de concentración alcanzado en la actualidad, medido con los coeficientes habitualmente utilizados, se considera conforme con los criterios internacionales y compatible con un buen funcionamiento de la libre competencia.

Las nuevas tecnologías de proceso, propias de los sectores financieros, han sido incorporadas a un ritmo dramático y alcanzan niveles cercanos, en términos generales, a los internacionales, aunque se invoca la necesidad de nuevos avances. El proceso tuvo una fuerza especial durante los periodos de prosperidad del sector, en la década pasada, y en la presente después de la salida de la crisis y ante la inminencia del TLC. Los cambios tecnológicos, si bien no fueron el motor de la transformación, sí fueron su condición. En particular, permitieron la transformación del trabajo bancario y la de su organización4.

Incluso, han dado pie a cierta automatización en la prestación de los servicios (oficinas virtuales, cajeros automáticos, máquinas dispensadoras para pagar cuentas y consignar cheques, internet, y, pronto, la banca móvil), suprimiendo la relación directa entre el empleado y el cliente, que era la característica diferencial de los sectores de servicios.

4.

Un sindicalista veterano nos describió, sin nostalgia, cómo trabajaba hace unas décadas: “Cuando yo entré, hace unos treinta años, inclusive se llevaba una plantilla para registrar las funciones. Las calculadoras eran con una manivela y las sumadoras eran un aparato así de grandote, con cien teclas, en donde vos ubicabas las cifras, lo hacías así y registrabas las sumas. Eso era el libro mayor, de hojas amarillas. Entonces, había una persona que se sentaba a hacer registros diarios en este libro mayor,

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Durante esta etapa el sistema financiero, y en particular el bancario, han incrementado su productividad y eficiencia –aumento provocado por la inversión en tecnología y los nuevos esquemas de organización, y que es resultado de las estrategias de reducción de costos y conversión de los costos fijos en variables–. Sin embargo, en los momentos actuales se plantea la necesidad de aumentar todavía más esta eficiencia. Es interesante acotar que los bancos miden la eficiencia mediante un ratio, que es la relación entre el gasto administrativo y los resultados operativos, y que ese gasto administrativo está constituido por los gastos de personal y los gastos indirectos en una proporción generalmente casi igual. Luego la reducción y flexibilización del gasto de personal están directamente en la mira de estas políticas de eficiencia, y entre los objetivos más prioritarios.

En el mercado local, el sistema financiero quiere crecer, elevando el nivel de “bancarización” 5, esto es, la proporción de la población mayor de edad que acude con regularidad a uno u otro de sus servicios. Con este fin, la banca colombiana, al igual que la latinoamericana, está explorando nuevos negocios y mercados. Quiere participar más en las remesas de los migrantes y en los microcréditos y demás servicios financieros para la “base de la pirámide”, o sea, los estratos inferiores de la población, entrando así, en esto también, en una onda mundial. En relación con este último mercado se está pensando en la estrategia de los Corresponsales No Bancarios (por ejemplo, los tenderos, o los pequeños negocios de los barrios populares), que ha tenido un gran éxito en el Brasil. Esta estrategia, lo mismo que las modalidades incipientes en Colombia de ofrecimiento de microcréditos a través de un personal de vendedores visitantes, sin duda crea empleo para el sector, pero un empleo no tradicional, deslaboralizado, e incluso como de tiempo requerido. con sus hojas grandotas. Te estoy hablando de hace unos treinta años, pero ahora no…”. El camino recorrido se aprecia si se piensa en el entorno tecnológico de los puestos de trabajo actuales, que, según nuestra encuesta, están constituidos por este tipo de artefactos: computadoras, impresoras, lectoras de tarjetas, lectoras de barra, intranet, internet, impresoras de cheques, lámparas para detectar billetes falsos, lectoras de huellas dactilares, etc.

5.

Esta tasa es aquí relativamente muy baja (menos de un 30%). Equivale a la que había en Francia a principios de los años setenta y supera actualmente el 90%.

El actor sindical en la transformación del sistema financiero 89

Líneas de transformación del mercado laboral Todo lo anterior, la concentración con fusiones y absorciones, acopladas a reestructuraciones, y el aumento de la productividad y eficiencia, había de implicar, bien una reducción en cifras absolutas del empleo, bien un crecimiento desintensivo del empleo. La verdad es que el empleo del conjunto del sector financiero ha aumentado en un 90% entre el principio del periodo de transformación y el día de hoy, pasando de 395.000 a 750.000 trabajadores (Cuadro 1). Esto se explica por la aparición, a raíz de la Ley 100, de las AFP y las EPS, así como de las oficinas cambiarias y de una diversidad variopinta de entidades relacionadas con las actividades de las bolsas de valores. Pero durante el mismo lapso el empleo bancario propiamente dicho, distribuido hoy día en 17 entidades, ha sufrido un descenso dramático, de un 50%, cayendo de 120.000 a 60.000 personas. Por lo demás es seguro que, si bien gracias a la expansión de la banca, su empleo puede también crecer, esta expansión, al igual que la del conjunto del sector financiero, será cada vez menos intensiva en empleo.

Las estrategias de empleo de las entidades han cambiado igualmente en forma radical. Han buscado renovar su personal con trabajadores más jóvenes y con mayor educación formal (actualmente, todas exigen educación superior) y por tanto más adaptables y alineables con la cultura y los objetivos corporativos, e incluso más baratos. Por otra parte, han venido recurriendo cada vez más al outsourcing o subcontratación con entidades o personas físicas independientes, de tal suerte que ha emergido lo que se da en llamar nuevo sector financiero, constituido por aquel conjunto de entidades que presta a los bancos y demás empresas financieras unos servicios que antes eran directamente asumidos por estos y estas últimas, y que a veces son centrales respecto de la función bancaria o financiera. En tercer lugar, el conjunto del sector, incluido el nuevo, ha echado mano ampliamente de las posibilidades que ofrece la Ley 50 de 1990 en lo que se refiere a la contratación flexible. Aunque en grado variable, prácticamente todas las entidades han contratado trabajadores temporales, directa o indirectamente, a través de empresas de intermediación que se han multiplicado y forman parte de aquel nuevo sector. En no pocos bancos se 90

encuentran, por ejemplo, cajeros que son temporales indirectos. Según algunas estimaciones, el empleo del nuevo sector puede representar un 25% de todo el empleo del sector financiero, y el empleo temporal, directo e indirecto, otro 25% de este empleo total, aunque es menor en el sector propiamente bancario y mayor en las entidades subcontratistas. Por otra parte, el empleo o trabajo de todo el sector financiero que los economistas llaman contingente y los sociólogos precario, es decir, el laboralizado con contratos de corta duración o de tiempo parcial, y el deslaboralizado bajo todas sus formas, debe alcanzar niveles similares a los de países como el Reino Unido y Holanda, que presentan respectivamente un 36% y un 44% de este tipo de empleo.

El sector financiero, y en todo caso sus grandes instituciones bancarias, al igual que las empresas líderes de los demás sectores económicos, han sido receptivos a todos los grandes movimientos mundiales en materia de teorías gerenciales (Teoría Z, Círculos de Calidad, Calidad Total, o Mejoramiento Continuo, o Gerencia de Calidad, Producción Ligera, Reingeniería y, últimamente, Gestión de Desempeño y Enfoque de Competencia)6. Todos estos movimientos, que al fin y al cabo recogen los mismos principios generales, decantaron en una transformación del trabajo, su organización y las formas de su gestión y de las relaciones laborales: el trabajo es distinto en su naturaleza y más variado, y necesita una mayor formación general (“ampliación de tareas” y “polifuncionalidad”); todos los empleados tienden a participar enalguna medida en la venta de productos7; los trabajadores tienen más autonomía operativa pero son sometidos a controles minuciosos a posteriori (gestión del desempeño); el mercado interno se ha restringido y las posibilidades de carrera tienden a desaparecer; las cargas psicológicas o mentales son mayores, etc.

6.

En los primeros años del decenio de 1990 el programa de Círculos de Calidad en la sucursal de Cali del Banco de Occidente –del mismo modo que ocurría en el sector industrial con la empresa textil Enka de Colombia– era pionero y modelo (Puig y Hartz, 2003a). Otro trabajo de estos mismos investigadores (2003b) encontró que entre las empresas de distintos sectores que fueron entrevistadas y estaban comprometidas en la implementación de un sistema de gestión del desempeño basado en competencias, el Banco de la República, asesorado por el Grupo Hay, era el más adelantado y ya lo aplicaba a todo su personal.

El actor sindical en la transformación del sistema financiero 91

El debilitamiento del actor sindical en el sector financiero En esta etapa todo el sindicalismo colombiano se ha debilitado, por las mismas causas generales. Este debilitamiento se puede observar en el descenso de la afiliación (aunque es leve a escala nacional), en una mayor atomización de su estructura, en la disminución del número de convenciones colectivas y de su cobertura, en la pérdida de fuerza negociadora y en la actitud defensiva en la negociación colectiva. Estas últimas manifestaciones de debilidad son visibles por la ausencia de nuevas conquistas importantes y el alargamiento de los periodos entre las negociaciones, propiciado por los mismos sindicatos, debido al temor a que los contrapliegos de las empresas, mucho más frecuentemente presentados actualmente que en épocas anteriores, sean eventualmente tenidos en cuenta por los tribunales de arbitramento y faciliten la pérdida de logros anteriores.

De acuerdo con estos indicadores, el sindicalismo del sector financiero sin duda se ha debilitado, y en algunos aspectos en mayor proporción que el resto del sindicalismo, lo cual se explica en términos generales por la más profunda transformación que ha conocido este sector, y por algunas de sus particularidades. Pero un análisis cuidadoso de dos de estos indicadores permite mitigar el alarmismo.

La reducción dramática de la afiliación La afiliación global del sindicalismo colombiano quizá no se haya reducido en más de un 10%, en el periodo que nos ocupa, siendo en la actualidad de unos 800.000 trabajadores. En cambio, entre el comienzo y el final del periodo, la afiliación del sector financiero ha pasado de 54.000 a 21.000, registrando una caída relativa de un 61% (para estas estadísticas y las siguientes ver el Cuadro 1).

De su lado, la tasa de afiliación respecto al empleo de todo el sector financiero se derrite, reduciéndose de un 14% a un 2,8%, hecho comprensible si se 7.

Este fenómeno surgió a escala mundial en la segunda mitad de los años noventa, como lo establece el libro de M. Marino y otros, “De cajero a vendedor”, título que lo dice todo.

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observa el sentido inverso de la evolución del empleo total frente a la afiliación sindical (más 90% y menos 61%, respectivamente). Pero, como bien se sabe, el sindicalismo está implantado casi exclusivamente en los bancos y algunas empresas de seguros; por eso es lícito referir toda la afiliación únicamente al sector bancario, en cuyo caso obtenemos, para la banca, un cambio de tasa de un 45% a un 35%, lo cual es mucho menos dramático en términos relativos.

Sin embargo, las estadísticas del Cuadro 1 sobre el sector estrictamente bancario muestran que la reducción de la afiliación sindical ha sido proporcionalmente mayor que la del empleo bancario (-61% frente a -50%), cuando se podría pensar, en principio, que debería ser igual. En el punto siguiente se encuentran unas explicaciones.

En los últimos quince años las empresas de los distintos sectores han puesto siempre un filo antisindical en sus diferentes estrategias de cambio, en la medida en que las relaciones industriales se habían inscrito en una tradición de confrontación y que los sindicatos se oponían a todas las políticas que afectaban negativamente a cláusulas convencionales. En el sector bancario, todas las ocasiones fueron aprovechadas para menguar las fuerzas de las organizaciones sindicales: la aplicación de los nuevos regímenes de pensiones y cesantías de la Ley 50; la implementación del “esquema de filiales”; las reducciones de plantillas a raíz de adquisiciones y fusiones, o por cualquier otro motivo. Además, las políticas de sustitución de personal antiguo por uno más joven y con mayor educación formal se convertían en una buena coartada para deshacerse de sindicalistas, puesto que éstos se encontraban en mayor proporción entre los empleados veteranos.

Hacer abandonar a los empleados el antiguo régimen de pensión y cesantías y, mejor aún, los beneficios adicionales otorgados por las convenciones, representaban una reducción notable de costos laborales. Para lograrlo, unos bancos acudieron a la amenaza de despido, especialmente efectiva cuando se estaban aplicando planes de reducción de nómina, y a “tácticas de aburrimiento” o de acoso laboral. Además del garrote, utilizaban la zanahoria al ofrecer arreglos El actor sindical en la transformación del sistema financiero 93

y propuestas de jubilación anticipada muy tentadores8. Estas prácticas, que florecieron en los años inmediatamente siguientes a la promulgación de la Ley 50, debilitaban a las organizaciones sindicales de distintas maneras: cuando los empleados cedían a las presiones, demostraban la impotencia de los sindicatos para proteger a sus afiliados, o llevaban directamente a la desafiliación; y cuando el resultado era hacer efectivo el despido de algunos afiliados, los efectivos de las organizaciones sindicales se reducían igualmente.

Entre 1993 y 1997, la expansión del sistema financiero a través del modelo de filiales jurídicamente independientes originó un crecimiento del empleo y, en razón de que los sindicatos no pudieron beneficiarse de la figura de unidad de empresa, ellos perdieron una oportunidad para crecer y desbordar más ampliamente los límites del sector bancario.

En las adquisiciones y fusiones las empresas encontraron las mejores ocasiones para alcanzar sus objetivos antisindicales, por diversas razones. A veces, cuando existían sindicatos distintos en las entidades que se unían y la ley lo permitía, se introducía el paralelismo sindical en la nueva entidad; otras veces, y cuando se daba la anterior circunstancia, no se imponía siempre la convención más favorable; había casos en que, al entrar en la unión empresas sin sindicatos, la organización sindical de la nueva entidad dejaba de representar el 30% de todos los trabajadores y su convención perdía cobertura9; y siempre, por la reducción significativa de la plantilla10, que no dejaba de producirse, los despidos afectaban más que proporcionalmente a las bases de los sindicatos.

8.

En viejas fichas de las entrevistas que para otra investigación hicimos a mediados de la década pasada a empleados del Banco de Bogotá, en trance de ser adquirido por el Banco Santander, encontramos consignada la descripción de este tipo de prácticas.

9.

Lo que pasó en la reciente absorción de Conavi y Corfinsura por Bancolombia es una excepción de esta consecuencia. A pesar de que la Uneb y Sintrabancol quedaran, a raíz de la absorción, con una afiliación conjunta inferior al 30%, consiguieron que la convención se hiciera extensiva a todo el nuevo personal. Así, los sindicatos se fortalecieron incluso en lo económico, puesto que los beneficiados por la convención, al igual que los afiliados, deben pagar la cotización sindical (Entrevista a un alto dirigente de la Uneb).

10.

En el estudio de la Anif (2006) se calcula que para cuatro fusiones de finales de la década pasada (BIC/Banco de Colombia, Banco Cafetero/Concasa, Las Villlas/Ahorramás, Corpavi/ Upac Colpatria) la reducción de personal fue de un 10,86% (de un total de 24.598 empleados se descendió a 21.917).

94

Algunos investigadores se detienen en la reducción de las cifras absolutas de la afiliación y el derrumbe de la tasa de afiliación, medida con base en el empleo total del sector financiero. Todo lo cual es impactante e induce al pesimismo, aunque da una idea insuficientemente concreta de la realidad de este sindicalismo y de su potencial efectivo. En efecto, cuando las fuerzas de un actor son tan disminuidas es preferible que estén concentradas, y ello, con mayor razón, en un espacio determinante como es la banca, en relación con el dinamismo de todo el sector financiero.

Cuadro 1: Evolución del empleo y la afiliación sindical

Fuente: (1) datos de 1991; (2) datos de 1990.

Cambios estructurales contradictorios Tradicionalmente, se ha deplorado lo endeble de la estructura del sindicalismo colombiano: pluralidad de centrales; multiplicidad de sindicatos de ramas y federaciones en una misma rama, entrecruzados con sindicatos gremiales; proliferación de los sindicatos de base que, desde un cambio legislativo de 2000,11 pueden existir en número indefinido en una misma empresa. Estas características negativas para la capacidad de defensa de los trabajadores se han acentuado en el 11.

Ley 584 de 2000, y sobre todo la sentencia de la Corte Constitucional C-567/00, que permite la creación de cualquier número de sindicatos de base en una misma empresa.

El actor sindical en la transformación del sistema financiero 95

conjunto del sindicalismo colombiano. Los datos que se tienen sobre los sindicatos del sector financiero (Cuadro 2) no se prestan a conclusiones inmediatas.

El número de sindicatos de todos los tipos se ha reducido entre las fechas extremas del periodo. En 1990 había 45 y en 2005 eran 34, es decir, se había presentado una disminución del 24%. Esta reducción es en cierta medida el resultado forzado de las fusiones y adquisiciones, más que el de las estrategias sindicales de unificación. Pero se sabe que después de 2000 se crearon muchos sindicatos de empresa con la afiliación mínima de 25 miembros12, lo cual se manifiesta en el hecho de que hoy existen catorce de estos sindicatos de mínima expresión, frente a dos en 1995. De todos modos, la reducción del 25% es un saldo de desapariciones y creaciones. En sí, este hecho puede considerarse como positivo para el sindicalismo, lo mismo que el de que hoy los sindicatos mayores representen una proporción más elevada de toda la afiliación (un 57,7% en los dos primeros, frente a 44% en 1995),13 aun dándose todo ello sobre un fondo de merma de las afiliación global. Por el contrario, el aumento del número de sindicatos minúsculos es en principio negativo.

de las empresas posee respecto al total del sector. Este índice varía entre dos valores extremos posibles, 1 y 10.000, y se obtiene sumando los cuadrados de los porcentajes de activos –en el caso de las empresas–, o de afiliación –en el caso de los sindicatos–, de cada una y todas las entidades u organizaciones.

En el Cuadro 2 se observa que en el transcurso de todo el periodo este IHH casi se triplicó (se multiplicó por 2,75), llegando a un valor de 3.350. Se puede afirmar entonces que la estructura propiamente dicha del sindicalismo bancario se fortaleció, y no se debilitó como lo afirman ciertos analistas que se obnubilan con la aparición de tantos sindicatos enanos.

Cuadro 2: Evolución de la división/dispersión del sindicalismo

La división o dispersión del sindicalismo tiene pleno sentido cuando se considera no solo el número de sindicatos, sino también, y al tiempo, la afiliación con que cuenta cada uno de ellos. Pues bien, con estas dos variables, y para tener una medida sintética del proceso que sufrió la estructura del movimiento, se puede utilizar el índice de concentración de “Hirschman/Herfindahl” (o IHH), con el cual los economistas miden el grado de concentración de las industrias –y que es obviamente aplicado por estos profesionales en los estudios sobre la banca–, con base en el número de entidades y la proporción de los activos que cada una Nota: El índice HH del sector bancario fue: 1975 = 1.050; 1986 = 4.500; 1996 = 750; 2005 = 1.100.

En 2005 este índice era de unos 600 en la Unión Europea.

12.

La proliferación de estos pequeños sindicatos se explica por el deseo de protegerse, gracias al fuero sindical, contra el despido. Se dice que estas creaciones son incluso instigadas por algunos de los más grandes sindicatos del sector.

13.

En 2005, los dos principales sindicatos, Unión Nacional de Empleados Bancarios (Uneb) y Asociación Colombiana de Empleados Bancarios (Aceb), eran de rama y cubrían respectivamente un 30,2% y un 27,5% de la afiliación total. En 1990, los dos principales eran la Aceb, con un 22,39% de la afiliación total, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, con un 22.17%.

96

En el caso de la concentración de las industrias, y porque este concepto interesa desde el punto de vista del control de las tendencias monopolistas y del buen funcionamiento de la libre competencia de los mercados, se tienen por aceptables los IHH con valores inferiores a 1.200, en unos países, y a 1.800 en otros. Se echa de ver que el IHH actual del sindicalismo bancario está muy por encima de estos estándares, sin que nadie, en ninguna parte, lo El actor sindical en la transformación del sistema financiero 97

pudiera considerar como demasiado alto o peligroso. Pero caben aquí unas consideraciones más generales. En general, en las sociedades contemporáneas, incluso en las que predominan más las ideologías económicas liberales, se acepta la necesidad de corregir las grandes asimetrías. Una de ellas es la que existe, de un lado, entre los productores concentrados, y, de otro, los consumidores; de ahí la preocupación por los altos IHH, las legislaciones antimonopolio y el fomento y valoración social de las asociaciones de consumidores. Otra gran asimetría es la que se establece entre las empresas capitalistas y el obrero individual, necesitado de un trabajo para sobrevivir y que negocie solo las condiciones de un contrato de trabajo; de ahí, en este caso, las legislaciones laborales y el derecho de asociación de los trabajadores, y la consideración de la unidad sindical como un valor, en el movimiento sindical y más allá de él.

Por lo tanto, si bien puede ser interesante el uso del IHH para medir y analizar el concepto de “dispersión/concentración” del sindicalismo, no es lícito pensar para el mismo en valores límites, salvo en el de 10.000. Tampoco lo es comparar dentro de un mismo sector, y para exigir una equiparación, los IHH de las empresas con los de los sindicatos. De paso, señalamos que el IHH del sector bancario colombiano ha evolucionado al compás de los avatares del mismo, adquiriendo los siguientes valores: 1.050 en 1975; 4.600 en 1985, cuando el sector público creció repentina y transitoriamente; 750 en 1996 y 1.100 en 2005.

Las prioridades La aparición de pequeños sindicatos en las empresas crea sin duda dificultades a la hora de preparar la negociación de convenciones, cuando se requiere juntar sindicatos en una comisión para lograr la representación mínima que exige la legislación, es decir, un 30% del total de trabajadores, y así hacer posible la extensión de la convención a todo el personal y evitar la imposición de pactos colectivos a la parte no sindicalizada. Los principales inconvenientes surgen en la elaboración del pliego petitorio, o en lo que llaman la negociación interna, que siempre es compleja, y lo puede ser más que la misma negociación externa con los representantes de la empresa.

98

Hay una Ley sociológica, reconocida incluso en algunos textos de la OIT, según la cual ningún acuerdo es posible entre partes con fuerzas negociadoras demasiado desiguales, y que permite comprender el comportamiento de los pequeños sindicatos en la elaboración del pliego de peticiones. Éstos están demasiado preocupados por hacer valer las reivindicaciones de sus minúsculas bases, necesariamente muy particulares, que garanticen su supervivencia, y a la vez están prevenidos contra el desconocimiento de las mismas por parte de los sindicatos más fuertes14. No obstante, estas son situaciones relativamente manejables y no mayormente frecuentes con un tipo de patrón estructural como el del sector bancario.

Pero aún así, y sin perjuicio de las correcciones que se hicieron a ciertos análisis de la afiliación, el principal reto del sindicalismo del sector financiero para convertirse en un gran actor del mercado de trabajo e incidir efectivamente en su construcción es multiplicar su reducida base actual. Una unidad sindical incluso total, dentro de un esquema de sindicato de rama o cualquier otro, con la misma tasa de afiliación, no aumentaría significativamente su fuerza de negociación o, en general, de interacción con los actores gremiales y estatales, ni podría imponer una negociación de rama, sin la cual por lo demás no se podría sostener una organización unitaria en este ámbito. Pero también es cierto que sin la unidad, la capacidad y fuerza de este actor no llegarían nunca a su punto óptimo. En realidad, lo que se quiere decir es que una estrategia de unidad y organización por rama debe estar amarrada a una estrategia de ampliación y renovación de las bases, y que si bien ellas se refuerzan mutuamente, la que parece ser decisiva es la de afiliación o representatividad.

Los logros y cartas del actor sindical del sector financiero Hacia mediados de los años ochenta, coincidiendo con el inicio del proceso de cambio en las filosofías gerenciales y la organización del trabajo, los sectores 14.

Al respecto, un alto dirigente de la Uneb nos dijo: “Hay convenciones en las cuales el paralelismo sindical, por la Ley 584 de 2000, permite la existencia del número de sindicatos que sea, y conformar una mesa negociadora a nombre de los sindicatos se volvió un lío verraco... En una mesa de negociación que me tocó asesorar en Bogotá en el año 2000 eran cuatro sindicatos, cada uno buscando cosas para sí, y en el Banco Santander hay como nueve sindicatos con sus hijitos...”.

El actor sindical en la transformación del sistema financiero 99

empresariales decidieron tomar la iniciativa en las relaciones industriales15, y los sindicatos se pusieron a la defensiva. Ya no se obtuvieron nuevas grandes conquistas convencionales y los periodos entre las negociaciones se alargaron por el temor de que, por la evolución de su jurisprudencia, los tribunales de arbitramiento fallaran con base en los contrapliegos patronales. Este nuevo comportamiento de los tribunales fue el principal factor de mengua de la fuerza negociadora de los sindicatos. El sector financiero sufrió este viraje. Sin embargo, su sindicalismo puede valerse de ciertos logros.

Este sindicalismo, por lo menos a través de su principal sindicato, ha tenido presencia y acción en los escenarios nacionales en que se han venido gestando las transformaciones institucionales, aunque sin incidencia significativa en las mismas. Por otra parte, en los centros de trabajo donde está implantado, ha procurado defender los logros laborales de los trabajadores y protegerlos contra los efectos más nocivos de las innovaciones impulsadas unilateralmente por las empresas. Pero el hecho legitimador más contundente, y su mejor carta, lo constituye el claro impacto de los sindicatos en la remuneración de los trabajadores por la vía de la negociación de convenios. Por eso nos detendremos más en la documentación de este punto.

Intervención en los escenarios nacionales La reforma de la legislación laboral (Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002 sobre horarios de trabajo) revestía obviamente un carácter general, pero tales leyes son las que han facilitado en el sector financiero, como en los demás, la transfiguración del mercado de trabajo. Las centrales sindicales dirigieron el movimiento en contra de estas reformas, con un resultado destacable, que vale la pena referir aquí en el caso de la Ley 50. A comienzos de la década de los años noventa, los sindicatos manifestaron su oposición al conjunto de las reformas 15.

Ver Sierra (1990), en relación con el punto sobre el cambio de actitud de las empresas, este autor se apoya en un texto publicado en esa época por la Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y de Personal (Acrip).

100

ligadas a la apertura, muy especialmente a las posibles consecuencias que la liberalización del comercio podría tener sobre el empleo. Pero solo se movilizaron realmente contra la Ley 50 y la reestructuración del Estado. La CUT organizó una protesta nacional mientras se tramitaba el correspondiente proyecto en el Congreso. Las distintas centrales consiguieron forzar una negociación con el Gobierno que les permitió obtener un mejoramiento del propósito, pero únicamente en los puntos relacionados con el derecho de asociación.

La Uneb hizo cabildeo en el Congreso contra el proyecto de ley que se plasmó en la Ley 795 de 2003, sobre ajustes de algunas normas del estatuto orgánico del sistema financiero. Consistió en hacer llegar a todos los representantes y senadores una serie de consideraciones sobre el proyecto, las cuales encontraron obviamente el mayor eco entre los miembros de la oposición. El texto final incorporó dos de los puntos propuestos por la Uneb: uno, relacionado con garantías para que se puedan pagar las indemnizaciones a los trabajadores en los casos de liquidación de empresa, y otro referente al Defensor del Cliente.

La dirección nacional de este sindicato, que cuenta con una Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros con la misión de hacer seguimiento a los procesos del sector financiero, realizar estudios y gestionar un programa de publicaciones, ha orquestado algunas campañas ante la opinión pública a favor de los trabajadores y también de los usuarios de los servicios bancarios, como, por ejemplo, en torno a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. En estos momentos se está preparando para intervenir en la tramitación de la nueva reforma al sistema financiero que está impulsando el Ministerio de Hacienda.

Por lo demás, formula sus críticas y elabora sus propuestas a partir de un modelo de sistema financiero y de políticas financieras contrapuesto al oficial y para servicio de metas sociales.

En cierta ocasión la Uneb buscó conversaciones con Asobancaria con miras a un acuerdo sobre unificación de convenciones colectivas, o sea, a la postre, sobre una negociación de rama. Las conversaciones se realizaron, pero con un gremio empresarial esquivo y refractario a la propuesta. La montaña parió un El actor sindical en la transformación del sistema financiero 101

ratón: todo terminó en un foro conjunto, un foro “de buena voluntad”, según los términos del sindicalista que nos contó el episodio.

A pesar de que estas intervenciones en el ámbito nacional y sectorial sean episódicas, de reducido alcance y no institucionalizadas, no se encuentra en Colombia algo comparable sino en otros pocos sectores, quizá los de la educación básica y media y del petróleo.

El impacto de los sindicatos en las remuneraciones Las convenciones colectivas son el resultado de la negociación entre uno o varios sindicatos y una empresa, mientras que los pactos colectivos son el producto, en teoría, de la negociación entre una empresa y cualquier grupo de trabajadores sin la intermediación sindical. De hecho, la gran mayoría de las veces, este último tipo de convenio colectivo es un contrato de adhesión, elaborado por la empresa y firmado por trabajadores. ¿Quiénes se benefician de las convenciones colectivas? Por ley, en cualquier caso, los afiliados al sindicato o sindicatos que las negocian, y cuando éste o éstos representan más de un 30% de los trabajadores de la empresa, todos los trabajadores están cubiertos por ella. Ahora bien, en las situaciones de una afiliación inferior a aquel porcentaje, las empresas y cualquier grupo de trabajadores pueden negociar legalmente un pacto colectivo. En realidad, con el fin de contener la expansión interna de los sindicatos, las empresas suelen instigar pactos colectivos con cláusulas económicas iguales a las convencionales y a veces superiores. Todavía más: sin necesidad de recurrir a estos pactos, las empresas pueden ofrecer, en estas mismas situaciones, remuneraciones de “disuasión” a los trabajadores no sindicalizados. El hecho es que en las empresas donde operan sindicatos, todos los trabajadores, directa o indirectamente, se benefician económicamente de la presencia de esas organizaciones. Pero es más: hasta cuando no tienen ningún sindicato, las entidades pueden fijar en cierta medida sus niveles de remuneración con referencia a los más elevados de las empresas que tienen sindicatos, procurando que no sean demasiado 102

distantes. Cabe también precisar que normalmente los directivos y altos ejecutivos de los bancos no están cubiertos por las convenciones, pero pueden beneficiarse indirectamente de ellas, en la medida en que las empresas quieren mantener unas determinadas diferencias remunerativas entre la cúspide y la base de la pirámide de su personal.

Una medición de esta diferencia de remuneración fue elaborada a partir de la contabilidad de las entidades bancarias disponible en el portal de la Superbancaria (Cuadro 3), así como del reconocimiento o percepción de tal remuneración por parte de los trabajadores, mediante algunas de las preguntas utilizadas en una encuesta efectuada entre 191 empleados bancarios.

En 2004, los “gastos de personal” de todo el sector financiero representaban (según datos del portal de la Anif) un 32,9% de todos los gastos, y los costos indirectos sumaban un 44,5%. El restante 12,6% correspondía a “amortizaciones y depreciaciones”, “gastos en provisión”, “resultados no operacionales” e “impuestos”.

Las cuentas de “gastos de personal” se desglosan en 22 rubros,16 cuyos valores varían, naturalmente, según los bancos, y donde se reflejan muchos aspectos interesantes de las políticas ocupacionales y de gestión de personal.

Hay que tener presente que estos gastos se refieren a toda la planta de las entidades, incluidos los altos ejecutivos, y no discriminan los gastos de los empleados del nivel operativo, los cuales representan, sin embargo, el grueso del gasto del personal total, en razón de que los miembros de este colectivo son comparativamente, y con creces, mucho más numerosos que los restantes empleados. Así mismo, es de anotar que estos gastos, como se puede colegir de los distintos nombres que los designan, no corresponden en su totalidad a dineros que los empleados reciben directamente. Todo esto es para advertir que, como soportes de la hipótesis del impacto de los sindicatos en las remuneraciones, 16.

Estos rubros son: salarios integrales, sueldos, horas extras, auxilio de transporte, subsidio alimentario, cesantías, interés sobre cesantías, primas legales, primas extralegales, vacaciones, primas de vacaciones, primas de antigüedad, pensiones y jubilaciones, otras prestaciones sociales, bonificaciones, indemnizaciones, viáticos, aportes a la seguridad social, aportes a cajas de compensación/ICP/Sena, aporte a cajas de compensación/Icbf/Sena integral, otros aportes, auxilio personal.

El actor sindical en la transformación del sistema financiero 103

los promedios y la diferencia entre ellos mostrados por el Cuadro 3 deben examinarse con cuidado en sus valores absolutos, y que ellos son realmente incuestionables en términos comparativos.

Pues bien, ocurre que en cuatro bancos que tienen sindicatos (Banco de Bogotá, Banco Popular, Bancolombia, Bbva) el gasto promedio por empleado es el doble del que tienen cinco bancos sin sindicatos (Colmena, Banco Caja Social, Davivienda, Banco Superior, Granahorrar), por lo que quedaría establecido aquel efecto beneficioso, y aparentemente de una gran amplitud, de los sindicatos. Pero en este punto caben nuevas consideraciones. Parte de esta diferencia la pueden explicar otros factores, como, por ejemplo, el tamaño y el nivel de productividad de cada entidad. Desde este punto de vista, el impacto de los sindicatos podría afinarse con el método estadístico del análisis de regresión, lo que representaría de por sí otra investigación.

La percepción o reconocimiento de este impacto por parte de los trabajadores, que se analiza a continuación, constituye otra corroboración de su existencia efectiva.

Cuadro 3: Gastos de personal por unidad, según presencia o ausencia de sindicatos

el contexto y las tendencias actuales del sector financiero. Esta percepción se examina en los subgrupos que resultan de la utilización de estas cuatro variables: sindicalización o afiliación a un sindicato, sexo, cobertura por una convención colectiva y edad, medida esta última con dos categorías (menores de 35 años y mayores de 35 años). En el Cuadro 4 se cruzan las dos variables de percepción con cada una de estas tres variables, y, para efectos de control y de establecimiento de las percepciones en los niveles de los subgrupos, en el Cuadro 5 la variable de reconocimiento del impacto se cruza sucesivamente con estos pares de variables: afiliación y sexo, afiliación y cobertura por una convención colectiva, y afiliación y edad.

Respecto a la creencia de que, gracias a los sindicatos, los trabajadores pueden obtener “niveles de remuneración y beneficios significativamente superiores”, el análisis y la interpretación de los cuadros permite las siguientes afirmaciones17: a) Los sindicalistas creen, prácticamente en su totalidad –lo que es lógico–, en estos efectos positivos, pero una buena proporción de los trabajadores que no son sindicalizados (no menos de un 40%) también tiene esta percepción. De suerte que, haciendo correctivos para tener en cuenta la proporción diferente de afiliación entre la muestra y la población de empleados bancarios y calculando márgenes de confianza, nos arriesgamos a inferir que como mínimo un 60% de todos los empleados del sector bancario piensan que los sindicatos sirven para mejorar significativamente los niveles de remuneración y otros beneficios materiales. b) El conjunto de las trabajadoras tiene una percepción menos favorable de este impacto –aunque no aparentemente en una medida muy grande–.

17.

Fuente: Datos tomados de cuentas de gastos del Portalde Superfinanciera, a 31 de diciembre de 2003.

El formulario de la encuesta que se realizó en el marco de la investigación Colciencias/ENS (191 casos) contenía dos preguntas sobre la percepción de la importancia de los sindicatos: una precisamente sobre su impacto en las remuneraciones y otra sobre su importancia ahora y en adelante, dados 104

Se han practicado pruebas de diferencia de proporciones con muestras independientes, entre los porcentajes de los cuadros que apoyan estas conclusiones, y no se consideran las diferencias que, de acuerdo con estas pruebas estadísticas, no son significativas para el nivel .05. Por otra parte, para hablar de niveles mínimos se han aplicado pruebas de intervalos de confianza con niveles del 95%. Finalmente, aunque en la muestra la proporción de las mujeres sindicalizadas sea menor que la de los hombres, y que los jóvenes sean igualmente menos que los más veteranos, la forma como resultó diseñada la muestra no permite generalizar dichas proporciones al conjunto de las o los trabajadores bancarios.

El actor sindical en la transformación del sistema financiero 105

Cuadro 4: Reconocimiento de un impacto del sindicalismo (Dos variables dependientes de percepción y tres independientes)

Cuadro 5: Influencia de la afiliación sindical, el sexo, la cobertura de las convenciones colectivas y la edad en el reconocimiento del impacto de los sindicatos en las remuneraciones

d) Respecto de los trabajadores cubiertos por una convención colectiva sin ser miembros de un sindicato, hay una sorpresa. Contrariamente a una hipótesis plausible, no se inclinan a reconocer estos beneficios en una mayor proporción que los demás trabajadores no sindicalizados. ¿Cuáles pueden ser las razones de tal ingratitud?

Notas: (1) La pregunta exacta que se contestó en el cuestionario fue: ¿Piensa usted que los sindicatos obtienen para los empleados, a través de la negociación de convenios, niveles de remuneración u otros beneficios significativamente superiores a los que ofrecen los bancos cuando no hay sindicatos? Las respuestas posibles eran sí y no. En esta columna se anotan los porcentajes de los sí.

(2) La pregunta exacta del cuestionario fue: En las nuevas condiciones y ante las nuevas políticas de los bancos, en su opinión personal, ¿qué tan importante debe seguir siendo el papel de los sindicatos? Las alternativas de respuestas son las cuatro que aparecen en el cuadro.

En realidad, las que hacen la diferencia son las no sindicalizadas, porque las mujeres y los hombres afiliados a sindicatos tienen el mismo nivel, muy alto, de percepción. Agréguese que las trabajadoras no vinculadas a un sindicato perciben o reconocen el hecho en aproximadamente la misma proporción. c) Los jóvenes no sindicalizados, como los demás grupos no sindicalizados (alrededor de un 10% menos) no creen significativamente en ese impacto.

Sin embargo, una vez vinculados a una organización de trabajadores, equiparan su nivel de percepción con el de sus compañeros de más edad.

106

Ahora, en cuento a la opinión de los trabajadores respecto de “qué tan importante debe seguir siendo el papel de los sindicatos en las nuevas condiciones y ante las nuevas políticas de los bancos”, y en relación con la cual apenas se hizo un análisis trivariado con las dos variables independientes, sindicalización y sexo, hay lugar a hacer las siguientes consideraciones: a) Aparentemente la mayoría del total de trabajadores bancarios (alrededor de un 55%) piensa que los sindicatos deben tener hoy una importancia mayor que en tiempos anteriores. Si a estos trabajadores se suman aquellos que creen que su importancia debe seguir siendo igual, tenemos un mínimo inferido del 76% del total de trabajadores del sector bancario. Al considerar los porcentajes acerca del impacto en las remuneraciones, los trabajadores que otorgan a los sindicatos una mayor importancia en el contexto actual son quizá menores que aquellos que reconocen tal impacto, pero todos los que les atribuyen una importancia por lo menos igual son significativamente más numerosos que los anteriores. También se puede decir que hay trabajadores que no reconocen este último impacto de los sindicatos y que sin embargo les están demandando que cumplan algún papel en la actualidad.

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b) A diferencia del caso anterior, las trabajadoras sindicalizadas tienen un comportamiento distinto al de los hombres sindicalizados. En la mitad de la proporción de los hombres (46% frente a 83%), ellas creen en una mayor importancia de los sindicatos, y sumando a ellas las que piensan en un importancia igual, se mantiene una pequeña diferencia estadística significativa (78% frente a 93%). Además, un número no despreciable de trabajadoras (puede variar entre 15% y 28%), y diferente al de los hombres, atribuye a los sindicatos, ahora y en el futuro, una menor importancia. c) Cuanto mayor es la edad del trabajador, más importancia actual y futura concede a los sindicatos. Los más escépticos son los empleados menores de 26 años, aunque con la excepción de por lo menos un 35% de los mismos. Es probable que los jóvenes sindicalizados se definan en este punto como los demás. Importa señalar que este mismo grupo de trabajadores es el que, en una mayor proporción (entre 12% y 26%), resta toda importancia a los sindicatos.

En síntesis, los beneficios materiales que los sindicatos aportan a los trabajadores sindicalizados y también, en alguna medida, a los demás, y que es en sí mismo un hecho incontrovertible, están ampliamente reconocidos por todos los trabajadores, aunque en grado mayor por los sindicalistas, los varones y los empleados de cierta edad. Por añadidura, una mayoría de trabajadores bancarios, casi los mismos, cree que los sindicatos son hoy día más importantes que nunca, y existe otro grupo que, sin percibir una influencia de los mismos en las remuneraciones, les concede no obstante una importancia en la actualidad.

Todo esto, y una eficiencia demostrable y percibida, así como en cierta forma la expectativa de un mayor protagonismo, pueden constituir para el actor sindical del sector financiero cartas valiosas en la tarea de adelantar sus estrategias de legitimación y desarrollo.

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Cuadro 6: Influencia del sexo y la afiliación sindical en la importancia actual de los sindicatos

Conclusiones El actor sindical está lejos de ser reconocido como un igual por los demás actores del sector financiero, y más lejos aún de tener el mismo peso que ellos en las transformaciones de ese sector y su mercado de trabajo. No ha contado con la fuerza suficiente para mejorar su posición y papel en estos procesos.

Incluso se ha debilitado en el transcurso de los últimos quince años, aunque no exactamente en el grado y formas como habitualmente se sostiene, y conserva una eficiencia negociadora y un capital de confianza no despreciables entre los trabajadores. A partir de esta situación y en el actual contexto institucional y laboral colombiano, emprender la construcción de un sindicalismo plenamente protagonista y funcional en la defensa y representación de colectivos de trabajadores constitutivos de los nuevos modelos de organización del trabajo y de explotación de la fuerza de trabajo es, para este sindicalismo del sector financiero, una urgencia y un reto colosales.

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Bases de datos de la ENS. Proyecto Colciencias/ENS sobre construcción de mercados de trabajo. 23 entrevistas a dirigentes sindicales y empleados del sector bancario; encuesta entre 191 empleados bancarios.

y Hartz, Beatrice, 2003a, La flexibilidad en la estela de la calidad, Bogotá, Proyecto Colciencias/Foro Nacional por Colombia.

110

El actor sindical en la transformación del sistema financiero 111

GÉNERO

“Yo estaba perdida y en el EME me encontré”.

Apuntes sobre comunidad, identidad y género en el M-19* Por Patricia Madariaga**

* Artículo recibido en noviembre de 2006.

Artículo aprobado en diciembre de 2006. ** Magíster en Antropología e investigadora asociada del Cinep.

institución, es decir, las ideas que la fundamentan, las normas que la regulan y estructuran, las colectividades que la protagonizan y las formas específicas de actuar de cada uno de estos actores, están vigentes en esos largos períodos en que no hay combates ni muertes” (Moreno, 1991, 94).

El caso del M-19 es especialmente interesante en este sentido, pues se trató de un movimiento que incorporó a sus dinámicas preguntas por la identidad, lo afectivo y lo lúdico, que serían características de lo que teóricos que como Anthony Giddens (2000), definen como tardomodernidad. Estas preocupaciones habrían de expresarse tanto en el discurso como en las prácticas del grupo, modelando y reflejando a la vez las subjetividades de quienes lo conformaban.

Introducción1 Pese a ser en gran medida un proyecto “racional”, las organizaciones políticas no se conforman únicamente a partir de posiciones ideológicas o intereses políticos: en ellas se juegan casi siempre sentimientos compartidos, búsquedas identitarias de carácter tanto individual como grupal y necesidades emocionales que encuentran su espacio en esa construcción colectiva que las modela y configura a la vez que es transformada por ellas.

Si bien este proceso tiene lugar en la mayor parte de las agrupaciones (no sólo políticas sino también de otras índoles), las formas que adquiere en un contexto de lucha armada son definitivamente particulares. Por una parte, la clandestinidad pone en las actividades y relaciones un matiz nuevo; por otra, la guerra es en sí misma una institución socializadora en la cual, si bien los combates sólo ocupan una mínima porción del tiempo, “todos los demás elementos que la caracterizan como a cualquier

Las inquietudes personales y políticas de un grupo de jóvenes que no encontraban lugar en las organizaciones armadas ya existentes, la tendencia a realizar operaciones mediáticas y la visión nacionalista, entre otros, fueron componentes de la búsqueda del M-19 por un modelo propio de revolución que respondiera a lo que ellos creían que era la identidad colombiana. Por otra parte, su alta valoración de la espontaneidad y la autonomía, su insistencia en la equidad –siempre conflictiva dentro de una estructura militar y por lo tanto jerárquica– y el papel que jugaron las mujeres en su conformación y dirección, marcaron una tendencia que hizo del Movimiento 19 de abril, M-19 una organización con un alto nivel de popularidad en diversos sectores de la sociedad colombiana; a la vez que les merecía el rechazo de los demás grupos de izquierda armada y les restaba en muchos casos eficacia militar.

En ese sentido, la participación en el M-19 fue una experiencia determinante para la personalidad de quienes la vivieron, debido especialmente a la construcción colectiva que tuvo lugar en el contexto del grupo.

Este artículo explora algunos elementos de los procesos de configuración de identidad (individual, colectiva y de género) en el contexto del M-19 como grupo armado2 y lo hace fundamentalmente a través de las voces de algunos militantes y simpatizantes de la organización, en entrevistas realizadas a lo largo

1.

Este Artículo es un avance de investigación del proyecto “Historia Cultural de las izquierdas.

Segunda mitad del siglo XX”, coordinada por Mauricio Archila, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Cinep

2.

Para una historia completa del movimiento, véase Villamizar (1995).

“Yo estaba perdida y en el EME me encontré” 115

de ese período y otras posteriores3. Busca con ello acercarse a la comprensión de este grupo guerrillero como comunidad emocional y movimiento político y contribuir a la sistematización de la abundante pero dispersa información que existe sobre él.

“El EME más que un grupo político siempre fue como una manera de ser”4: rasgos fundamentales de una construcción colectiva Melucci (1995) define la identidad colectiva como procesos que implican definiciones cognitivas de los fines, medios y campos de acción, lo que no significa necesariamente marcos de trabajo unificados y coherentes. Estos producen redes de relaciones entre los actores, quienes se comunican, se influencian mutuamente, negocian y toman decisiones. Por otra parte, Berger (1999), entre otros, ha mostrado cómo la identidad se confiere y se sostiene a través de los actos de reconocimiento social, por lo que requiere de una serie de afiliaciones específicas donde se vea reforzada. De esta manera, el surgimiento de un movimiento político puede comprenderse como un proceso dual por el cual una serie de personas con rasgos identitarios comunes se unen para conformar un grupo que a la vez los moldea y define.

Una particularidad del M-19 fue el carácter medianamente consciente que tuvo este proceso para sus miembros, en la medida en que ellos daban cuenta con frecuencia del impacto que su pertenencia al grupo tenía en la construcción de su identidad personal. Esto se extrapolaba hasta suponer que, como afirmaba Jaime Bateman, “la lucha revolucionaria, por su dinámica, va creando un hombre nuevo, diferente al normal que genera una sociedad burguesa, que es individualista, que es solitario, sin perspectivas, que vive agobiado, que vive frustrado. La lucha 3.

Entre ellas las realizadas por el Equipo de investigación en Movimientos Sociales de Cinep en el curso de la investigación “Historia cultural de las izquierdas en Colombia, segunda mitad del siglo XX”.

4.

Vera Grabe, citada en Toro, 1994.

116

revolucionaria va generando un individuo totalmente diferente, que vive de la comunidad, del colectivismo, de su propia acción, no de la acción de los demás.

Que vive del idealismo, de las cosas sanas de la vida” (Jimeno, 1984, 121).

Aunque esa era una concepción relativamente común en ese momento (derivada fundamentalmente de la idea del hombre nuevo que promulgaba, entre otros, Ernesto Guevara), en pocos grupos se vivió tan a fondo como en el Eme, pues desde su conformación el movimiento había hecho énfasis en ciertas posibilidades y libertades poco comunes en su medio.

La valoración de la intuición, lo místico y lo mágico, la insistencia en el criterio individual y la reivindicación de la alegría como componente fundamental, fueron para el Eme un modo de oponerse a lo que percibían como “una izquierda que en vez de permitirle a la gente sacar lo que tenía, la formó en una serie de principios, dentro de una camisa de fuerza, y sacó unos seres deformes y contrahechos” (Beccassino, 1989, 62).

Un elemento de esa diferenciación tuvo que ver con la laxitud en el reclutamiento.

Mientras para ingresar a las Farc o al ELN era necesario pasar varias pruebas, demostrar la capacidad y el compromiso e incluso ganar el derecho a tener un fusil, el M-19 se caracterizó por su informalidad y flexibilidad en ese punto.

Vera Grabe, por ejemplo, al explicar los motivos por los que se vinculó al movimiento, comentaba que uno de los factores centrales fue “que no hubiera discurso de reclamo o exigencia, sino actitud de frescura y confianza.

Confianza en la gente, que mostraban confianza en sí mismos y en lo que estaban haciendo. Lo que a mí -y a muchos- nos sorprendió fue que en este grupo todo no sólo era más informal, sino también más real. Había espacio para la duda. No era un callejón sin salida. No se trataba de romper con lo que uno era, sino precisamente de hacer las cosas con todo y como todo el mundo” (Grabe, 2000, 55).

En ese sentido, el M-19 protagonizó una ruptura sumamente significativa frente al ideal guerrillero de la época, que invitaba al sacrificio por la causa, a ser mártires de una lucha contra la opresión que debía encararse con seriedad “Yo estaba perdida y en el EME me encontré” 117

y abnegación. Su apuesta incluyó una reivindicación de la alegría y el goce que se reflejó en una frase de Jaime Bateman que marcaría al movimiento: la revolución es una fiesta. Algunos años después, al ser interrogado respecto de ese tema, Carlos Pizarro señalaba: “Esta es una revolución de vida. Entonces no puede ser más que una fiesta. No puede vivirse más que como una fiesta. Sin gozarse la vida es imposible que podamos construir un futuro sano. (…) Cuando yo empecé, cuando no era M19, cuando era Farc, en esa época del setenta hubo una tendencia a lo trágico. La primera operación a la que fui, yo fui a la muerte heroica. Pero iba con Bateman.

Y con Bateman aprendí que no había que ir a la muerte heroica. Que había que gozarse cada día, cada instante de la vida. (…) Ya no era la tensión del hombre que se sacrifica, sino fundamentalmente el disfrute de una actividad que tiene sus riesgos, pero también tiene el sabor del desafío, la excitación, la euforia de coronar...” (Beccassino, 1989, 54).

El espíritu aventurero como motivación para la lucha revolucionaria no fue, por supuesto, un fenómeno exclusivo del M-19. Muchas personas (jóvenes en su mayoría) encontrarían en los movimientos político-militares de finales del siglo XX un espacio para mostrar su valía, explorar sus límites e inscribir sus destinos particulares en un proyecto colectivo. La diferencia radica en que el Eme, en lugar de considerar las motivaciones extra-ideológicas como un problema, las integró en su lógica grupal y las reivindicó como válidas. “Nuestros jefes desacralizaron la actividad revolucionaria”, comenta María Eugenia Vásquez.

“La acercaron a los anhelos juveniles de la época, la hicieron compatible con el amor, con la rumba, con el teatro, con la risa y con el estudio. No nos exigieron sacrificios, nos ofrecieron alternativas de vida” (Vásquez, 2000, 127).

En resumen,

de masas y la publicidad. Fueron tan arriesgados que muchas veces fallaron por imprudencias que otros grupos tenían más en control” (Toro, 1994, 52).

Ello fortaleció la imagen del Eme como un movimiento superficial, un divertimento de jovencitos indisciplinados jugando a la guerra. Una militante del EPL, por ejemplo, los describía como “mucha rumba, mucha marimba, mucha cosa. Eran desordenados, de pronto sería porque era tierra fría”5.

Del mismo modo, un ex-combatiente del ELN señalaba que “eran unos irresponsables, aplazaban los operativos por irse a ver a la novia”6. Una simpatizante del movimiento que estuvo en algunos campamentos como fotógrafa, comentaba sobre su experiencia: “Era una rumba todo el tiempo. En ese momento yo me sorprendo, porque digo: ‘esta gente que está haciendo tanto en este país, si los enemigos los vieran se morirían de la risa’. Mejor dicho, nadie se imagina que ellos sean unos muchachos comunes y corrientes, que además se están inventando el asunto acá: ‘inventémonos qué es lo que tenemos que hacer”7.

Haberlas vivido con alegría y espontaneidad, sin embargo, no cambia el hecho de que la pertenencia al M-19 implicó para sus miembros una larga serie de renuncias, algunas de ellas irrevocables. Fueron muchas las cosas que hubo que dejar atrás al pasar a la clandestinidad y afrontar la vida desde una perspectiva de grupo, donde los lazos con la familia, por ejemplo, sufrieron grandes cambios.

Del mismo modo, el modo de concebir las relaciones (sociales, familiares, de pareja) se vería profundamente transformado a la luz de los ideales políticos. Las relaciones entre hombres y mujeres, la maternidad y la paternidad, el conflicto entre el discurso y la práctica, entre otros temas, se inscribieron dentro de un proyecto que pretendía llegar a todas las esferas de la vida.

5.

“El M-19 se caracterizó por rescatar lo lúdico (cuyas raíces fueron sembradas por Bateman) y romper con los dogmatismos que exigían un comportamiento basado en el sacrificio y tomando la lucha como una religión. Este grupo siempre fue más informal, menos rígido y enfatizó la importancia de las comunicaciones 118

“Carmen”. Entrevista citada en Toro, 1994.

Entrevista con un antiguo militante del ELN, realizada en el marco de la investigación “Historia cultural de las izquierdas en Colombia, segunda mitad del siglo XX”.

7.

Entrevista con una fotógrafa simpatizante del M-19, realizada en el marco de la investigación “Historia cultural de las izquierdas en Colombia, Segunda mitad del siglo XX”.

6.

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“Eso de andar juntos peleando la vida, une” 8 : el M-19 como comunidad emocional Una comunidad emocional es un grupo construido a partir de vínculos cotidianos entre individuos que se reconocen como participantes de una comunidad de identidad, saberes e intereses, lo que no excluye, por supuesto, la existencia de diferencias y conflictos (Maffesoli, 1990). Se sustenta en el sentimiento compartido de los participantes, que encuentran en la comunidad no sólo un instrumento para lograr metas políticas, sino también un modo de estar juntos que los enriquece personalmente. Así, la inversión emocional que cada uno de los participantes realiza en el grupo lleva a que su consistencia sea mantenida por puestas en común de sensibilidades y afectos y por la creación de “unas lógicas donde lo que importa es la expresión de sensibilidades más que de racionalidades, los universos simbólicos, más que los objetos materiales, las valoraciones más que las ideologías” (Cerbino et al., 2000, 117).

Este fue el caso del M-19, que por más de quince años se nutrió de lo que sus integrantes llamaban la cadena de afectos, una red emocional que garantizó la cohesión del movimiento en momentos en que la dispersión parecía inminente.

Esta sensación de comunidad se acentuaría a partir de la clandestinidad, haciendo de los lazos entre militantes una relación definitiva para la vida de cada uno de ellos. Castro ha mostrado cómo “desde un primer momento entre los miembros de una organización guerrillera van surgiendo fuertes vínculos, profundas solidaridades, relaciones particularmente estrechas; todos unidos en una colectividad con una causa común, la causa guerrillera. Cursan una cotidianidad intensamente vivida, marcada por la aventura, el riesgo constante y el peligro inminente, el albur y la sorpresa, en un colectivo ilegal y clandestino donde se juegan la vida” (Castro, 2001, 49).

8.

120

Vásquez, 2000, 342.

Debido a ello, las relaciones internas del movimiento estuvieron marcadas por un sentimiento de familiaridad (en el sentido más literal, de ser parte de la misma familia) que proporcionó a sus militantes sustento emocional y permitió la consolidación de una identidad colectiva fuerte y dinámica, que integraba a los recién llegados a la red de solidaridades y se nutría de ella para alcanzar sus metas. “Era como si llegara alguien y ya se sentía parte de la familia”, diría luego una militante de la organización (“Gloria”, entrevista citada en Toro, 1994).

Esta dinámica no se circunscribía a los combatientes o a quienes estaban “en el monte”. Existió un amplio grupo de colaboradores de la organización que, con diversos niveles de participación en las actividades revolucionarias, se sintió parte de la organización y contribuyó con tareas de logística, apoyo a otros militantes, relaciones públicas, etc. El impacto de esa experiencia en la construcción de sus identidades individuales tampoco debe ser subestimado.

Por otra parte, como se ha señalado, participar de una identidad colectiva implica “reconstituir el ser individual alrededor de una identidad nueva y valorada” (Friedman y McAdam, 1992, 157). Así, señalan Friedman y McAdam, en el proceso de configuración de una identidad colectiva se van constituyendo un conjunto de actitudes, compromisos y reglas de comportamiento al que se espera que se suscriban quienes asuman dicha identidad, identidad que es también un anuncio individual de afiliación, de conexión con otros. En ese sentido, el proyecto político con que el M-19 buscaba transformar el país tuvo un fuerte impacto en las vidas de los combatientes pues, como señalaba Vera Grabe, “lo nuestro no ha sido la búsqueda de un régimen político solamente, sino de una cultura nueva donde esos valores de la tolerancia, de la solidaridad, del respeto, del apoyo, de los afectos, de todo eso, irradien sobre el conjunto de la sociedad. El sueño es una democracia en todo, en lo privado, en lo público, en lo chiquito, en lo grande, en lo cotidiano, en lo nacional. Es que la democracia es una vaina integral, es un comportamiento en la vida. Entonces rige para la casa, para la relación de pareja, para la relación con los hijos, para el trabajo, para todo” (Beccassino, 1989, 193).

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Ese intento por democratizar la vida diaria se expresó, entre otras cosas, en una apuesta de organización guerrillera flexible, plural e igualitaria, que valoraba la independencia, la autonomía y el criterio propio en sus combatientes, y que a la vez debía garantizar la obediencia y la disciplina necesarias en una organización militar jerarquizada.

La diferenciación de los comandantes se circunscribía entonces a lo relacionado con sus responsabilidades militares y políticas, pero no se expresaba generalmente en privilegios respecto de la comida, la ropa o el trabajo pesado. En las ocasiones en que se percibía inequidad en ese sentido (como ocurrió, por ejemplo, durante la toma de la embajada de la República Dominicana), los reclamos no se hacían esperar. No obstante, existían excepciones. En el campamento de Santo Domingo, por ejemplo, había “coñac Carlos V para Pizarro, de consumo discreto; aguardiente caucano para la tropa; y brandy Tres Estrellas para los mandos medios” (Grabe, 2000, 551). No obstante, una mujer que compartió con el movimiento en distintos espacios a lo largo de los años ochenta, señalaba que “en ese momento había mucho afecto y mucha confianza. Uno se podía acercar a cualquiera. Yo vine a saber que había una estructura militar vertical muchísimo después”9.

Eso se relaciona con algo que, siendo comandante general del movimiento, Carlos Pizarro señaló en una entrevista: “Yo creo que esa lucha contra la subordinación, esa rebeldía interna que es lo que hace que una persona llegue a una organización como la nuestra, es un valor que debe fomentarse” (Beccassino, 1989, 56). Esa política institucional de fomento a la individualidad tendría diversos efectos en la trayectoria del movimiento. Por una parte, permitió a los militantes dar espacio a su singularidad y creatividad, nutrió al movimiento mediante la pluralidad de voces y estilos y le permitió idear estrategias novedosas en el contexto de la lucha armada colombiana. Por otra, minó su eficacia militar al no “normalizar” a sus miembros para convertirlos en piezas eficaces de la 9.

Entrevista con una fotógrafa simpatizante del M-19, realizada en el marco de la investigación “Historia cultural de las izquierdas en Colombia, segunda mitad del siglo XX”.

122

maquinaria de guerra. También convirtió la autoridad, que en los ejércitos suele ser monolítica e incuestionable, en un tema de concertación, y puso la equidad como bandera por encima de las diferencias jerárquicas: “En el M-19 nadie te hace nada si no comprende por qué lo va a hacer. Nadie acepta que porque yo soy comandante general me puedo dedicar a la locha cuando todo el mundo tiene infinitas cosas que hacer, que yo podría estar ayudando a hacer. Nadie acepta esas distancias. Yo soy comandante y cuando digo aquí toca morirse por esto y por esto, la gente aquí se muere. Pero la gente nunca va a aceptar que yo imponga distancias. (…) Inclusive se han dado rebeldías de combatientes frente a mandos porque han planteado una arbitrariedad frente a un enemigo. La gente simplemente no cumple esa orden. Porque hay cosas que en el M-19 no se aceptan y no hay ninguna autoridad que pueda imponerlas” (Becacssino, 1989, 55).

Los espacios para la discusión y las asambleas de combatientes serían entonces vitales para el movimiento. Las reuniones generales se hacían interminables porque “como todo el mundo tenía derecho a hablar, era todos hablen y todos opinen. Entonces cada uno hablaba y el que quería hablar una hora hablaba una hora, porque era como una escuela de poder hablar”10. La bandera de la democracia (adoptada por el M-19 cuando entre los demás grupos de izquierda se hablaba fundamentalmente de socialismo o dictadura del proletariado) era más que una posición ideológica: correspondía a los modos de sentir, pensar y actuar que caracterizaban a la organización, y lo que le faltaba de elaboración conceptual lo compensaba con los experimentos cotidianos.

Por otra parte, pese a existir liderazgos muy claros, la pluralidad en los orígenes y personalidades de los combatientes (más allá del grupo inicial de intelectuales urbanos de clase media) llevaría a una progresiva aceptación de las diversas fortalezas que hombres y mujeres, campesinos y urbanos, podían aportar al grupo. Una dirigente del movimiento comentaba: 10.

Entrevista con una fotógrafa simpatizante del M-19, realizada en el marco de la investigación “Historia cultural de las izquierdas en Colombia, segunda mitad del siglo XX”.

“Yo estaba perdida y en el EME me encontré” 123

“A pesar de ser un grupo de conexión militante, era muy importante respetar la iniciativa individual. (…) Era muy importante que la gente fuera auténtica, que no perdiera su ser. (…) Yo me acuerdo una compañera, una maestra santandereana que era una señora ya en esa época, ella ya tenía más de cincuenta años. Su liderazgo era desde la bondad, ella nunca fue jefe de nada. Pero ella era como la mamá de todos, nos cuidaba a los enfermos, se acordaba de los cumpleaños. Entonces tenía una autoridad impresionante pero desde otro tipo de liderazgo”11.

Los temas del liderazgo, la autoridad y la pluralidad interna habrían de volverse problemáticos en el momento de la desmovilización, cuando se hizo necesario poner a funcionar las estructuras identitarias y operativas del movimiento para un proyecto político-electoral que se nutriría del espíritu de cuerpo del M-19 a la vez que le imponía nuevos retos.

“En la guerrilla ser mujer es un esfuerzo doble” 12 : identidad de género en el contexto de la guerra Tradicionalmente, la violencia –sea ésta organizada o desorganizada, política o intrafamiliar– tiende a asociarse con los hombres y sus acciones.

Del mismo modo, en Colombia la política ha sido un terreno donde, pese a la irrupción ocasional de figuras femeninas, durante mucho tiempo han sido los hombres quienes se mueven en los ámbitos decisorios. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX en Colombia fueron muchas las mujeres que encontraron en la militancia política un espacio desde el cual aportar a la idea de país que tenían en la cabeza y en el corazón. Algunas de ellas tomaron las armas dentro de un escenario en que la revolución parecía cercana y posible y se unieron a sus amigos, hermanos y compañeros en la tarea de transformar la sociedad a través de las armas.

11.

Entrevista con una excombatiente del M-19, realizada en el marco de la investigación “Historia cultural de las izquierdas en Colombia, segunda mitad del siglo XX”.

12.

María Eugenia Vásquez, citada en Salazar, 1993, 314.

124

La peculiaridad del M-19 en este campo tiene que ver no solo con la proporción relativamente alta de mujeres que hacían parte de éste –casi el 30% en el momento de la desmovilización (Toro, 1994)– sino con el papel que ellas jugaron en todos los niveles de la jerarquía política y militar del grupo.

La fuerza de su papel se evidenciaría en que el Eme fue uno de los primeros movimientos guerrilleros en tener una política específica respecto del papel de las mujeres en la fuerza. Su objetivo inicial era la igualdad, entendida como el mismo trato para todos. Sin embargo, al ser los ejércitos una institución tradicionalmente masculina, lo que se exigía de los combatientes estaba hecho a la medida de un modelo de soldado al que las mujeres tenían que adaptarse. “Éramos iguales a los hombres para todo”, señalaba una de ellas (“Gloria”, entrevista citada en Toro, 1994).

Pese a las limitaciones de esta concepción, en un país que ofrecía pocas alternativas a las mujeres para construir un proyecto que fuera más allá del matrimonio y la maternidad, la lucha armada les permitiría a algunas construir para sí mismas un destino de otros alcances. Ser guerrilleras, combatientes y hasta comandantes les otorgaría niveles de autonomía y poder prácticamente desconocidos en su medio.

“Para una mujer ganarse el liderazgo era más fregado, ¿no? Pero por ejemplo compañeras que se ganaron el liderazgo militar se lo ganaron y lograron mucha autoridad. Pero obviamente, como en todas las estructuras militares, el machismo existe. Lo que pasa es que una mujer cuando ganaba el reconocimiento ya lo tenía en muchos sentidos”13.

Es importante tener en cuenta, no obstante, que muchas de las mujeres que alcanzaron posiciones de mando eran de procedencia urbana y universitaria, mientras que “la tropa” contaba con un mayor número de mujeres de procedencia rural y limitada formación académica. En ese sentido, las líderes estuvieron en condiciones distintas desde el principio, y el poder que alcanzaron fue sólo una expresión de un proceso más amplio.

13.

Entrevista con una excombatiente del M-19, realizada en el marco de la investigación “Historia cultural de las izquierdas en Colombia, segunda mitad del siglo XX”.

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Sin embargo, este poder tuvo un precio: temas como la maternidad y las relaciones de pareja, que en la sociedad colombiana tradicional se asumían como derechos y deberes tradicionales de las mujeres, se convirtieron en un conflicto para las guerrilleras. María Eugenia Vásquez recuerda: “Las mujeres que íbamos ganando posiciones de mando, con algunas excepciones, nos quedábamos solas. Si éramos buenas guerreras no éramos las esposas ideales para nadie. Construir vida familiar significaba renunciar a la organización. Muchas renunciamos a ser madres y esposas por mantener los espacios de guerreras. Y los hijos se quedaron solos...” (Salazar, 1993, 314).

“En el 82, en la Octava Conferencia, cuando se estaba planteando la construcción de un ejército, surgió la discusión de la participación de la mujer. El Flaco argumentó: `En ese ejército no debe haber mujeres porque eso crea demasiados problemas. Mujeres en los ejércitos no hay, ni siquiera en el ejército soviético´.

Citó otros ejemplos y por supuesto se armó la gazapera más horrorosa porque las mujeres dijimos `Estamos aquí, ¿nos van a echar o qué? ¿Qué van a hacer con nosotras? ¿Cómo vamos a vincularnos?´ La reacción de las mujeres fue lindísima: nos agrupamos y citamos al comandante Bateman. Éramos veinte mujeres emplazándolo… Eso sirvió para plantear los problemas específicos de las mujeres: compañeras a las que les pegaban los compañeros, otras a las que ponían a lavar ropa, y el embarazo como una dificultad para los guerrilleros.

Hablamos de las expresiones de machismo que se estaban dando al interior del M-19. Entonces el Flaco se vio obligado a cambiar su posición y de allí surgió una ordenanza que escandalizó a muchos. Incluía: no al maltrato, sí al aborto, sí al derecho al control natal, igualdad de trato, educación para las mujeres que se vinculaban a la guerrilla” (Entrevista citada en Toro, 1994).

Las exigencias de los distintos modelos de mujer chocaban entonces, como chocaban la teoría y la práctica. Que los hombres tuvieran hijos estaba fuera de discusión, pues podían dejarlos con sus mujeres mientras ellos se dedicaban a la lucha revolucionaria. Las mujeres, en cambio, debían elegir entre ser guerrilleras o ser madres, pues el embarazo y la maternidad eran a todas luces incompatibles con la vida en el monte y con las exigencias de la clandestinidad.

En consecuencia, muchas de ellas debieron entregar sus hijos a otras personas y vivir con ello la escisión de arriesgar diariamente la vida para construir un mundo mejor para sus hijos, pero sin la posibilidad de compartir con ellos la cotidianidad y decidir sobre su formación. Vera Grabe, por ejemplo, ha narrado la censura que debió enfrentar para tener a su hija, pues sus compañeros y superiores consideraban incompatibles la maternidad y la lucha revolucionaria.

“Eso lo decían compañeros que tenían sus mujeres con sus hijos”, comenta “pero yo sí no podía” (Entrevista citada en Toro, 1994).

Esta ordenanza sería uno de los soportes fundamentales de la política de la organización frente al tema de género, la cual se mantendría hasta la desmovilización. No obstante, en esa misma conferencia,

Las mujeres de la organización se encontraron entonces con un discurso de igualdad que convivía con la inequidad práctica que caracterizaba a la sociedad colombiana de ese momento. Ganarse un lugar en un medio como el de los combatientes y los campesinos exigió de ellas esfuerzos adicionales, a la vez que su condición femenina en un medio mayoritariamente masculino tenía implicaciones para ellas y para el grupo. Vera Grabe narra que

Los valores de los hombres y su expresión en las relaciones de pareja, en cambio, no fueron casi nunca un tema de discusión. La estructura guerrillera estaba hecha a imagen de los hombres y sus búsquedas, aunque paulatinamente la presencia y acción de las mujeres lograra posicionar algunos temas –tradicionalmente considerados ‘femeninos’– en la agenda revolucionaria, como la democratización de las relaciones familiares y las implicaciones de la maternidad.

126

“lo que Bateman planteaba era que la mujer necesita un apoyo específico, una formación especial porque de todas maneras en la guerrilla hay muchos hombres y poquitas mujeres, entonces se genera un nivel de asedio muy complicado: la mujer tiene que tener unos valores muy claros para ver cómo maneja su vida personal para no despelotarse y no despelotar a la fuerza” (Entrevista citada en Toro, 1994).

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Por otra parte, ser guerrilleras implicó para las mujeres construir una identidad distinta, en la que aquello que una vez había sido asumido como el yo verdadero (ser estudiante, novia, hija de familia, etc.) se supeditaba al ser guerrillera y en muchas ocasiones se convertía en una fachada para ocultar las actividades ilegales.

Tener que simular ser algo que en otro tiempo se vivió como la propia esencia es un escenario sumamente complejo en términos identitarios, y para algunas mujeres fue vivido como una situación cercana a la esquizofrenia (Vásquez, 2000). Las fortalezas y debilidades de esa construcción de la feminidad, tan distinta de la de la mayoría de sus contemporáneas, se evidenciarían al enfrentar el reto de regresar a la vida civil.

Entre otros momentos, el papel de las mujeres en el Eme se haría visible cuando, tras la desmovilización, la AD-M-19 eligió fundamentalmente mujeres para encabezar sus listas electorales para el congreso, los concejos municipales y las alcaldías. Según Vera Grabe, “en Santo Domingo, Pizarro había dicho: ‘Tenemos que ser una organización aguerrida, que se sienta el coraje, nuestras mujeres tienen que pesar con sus valores. A nosotros se nos cuestiona el machismo pero nosotros cuestionamos la fragilidad de nuestras mujeres, necesitamos que ellas nos pongan en nuestro sitio’” (Grabe, 2000, 415).

El reto de representar a la organización en el momento de la transición a la vida civil sería crucial en ese momento, aunque a largo plazo los liderazgos centrales siguieron enfocados en los varones.

“Nos quedamos huérfanos”14 : reconfiguraciones de la identidad tras el abandono de las armas María Clemencia Castro, en su estudio sobre las lógicas de la subjetividad entre los guerrilleros, ha mostrado cómo 14.

128

Citada en Castro, 2001, 151.

“ser parte de una organización armada es una apuesta incondicional que compromete la vida; al entregar lo que simboliza la vida, al desdibujarse el proyecto, al fragmentarse la organización, el sujeto se encuentra a la deriva, sin referente, sin lugar. De valeroso y heroico salvador de la sociedad, luchador por un ideal, pasa a tener que acomodarse a las rutinas, a las formas y exigencias de la cotidianidad como cualquier ciudadano; del poderío sin límite gozado se pasa a la indefensión; de retador de la muerte, a temerla como cualquier mortal” (Castro, 2001, 157).

La pérdida de poder es sólo uno de los componentes del complejo proceso que tiene lugar cuando una persona toma la decisión de abandonar las armas.

Por otra parte, esa decisión implica resignificar la identidad individual, ya no inscrita en un proyecto común. Se pasa entonces de ser parte de un actor colectivo que se vivía como una fuerza importante en la vida nacional, a ser una persona cuyo destino individual tiene poco impacto en el país o el mundo.

Pero, al mismo tiempo, se cuenta con una nueva libertad, a la que se había renunciado al tomar la responsabilidad del colectivo. María Eugenia Vásquez describió su experiencia al respecto: “Lentamente descubrí que era agradable estar fuera de la organización aunque doliera, sólo por la sensación de manejar mi propia existencia. Ya no tenía la obligación de vivir para otros, era dueña de mí misma. Claro que también sentía una contradicción, porque debía tomar decisiones propias y no sabía hacia dónde. Me paralizaba el miedo a lo desconocido. Una cosa era decidir sobre situaciones que tenían un norte, como en el trabajo revolucionario, y otra bien distinta hacerlo con respecto a un presente y un futuro individuales, con la poca importancia que los intereses personales tenían en medio del gran proyecto histórico de cambiar el mundo” (Vásquez, 2000, 435).

Un segundo componente es el tema de los afectos: de ser parte de una familia de combatientes, de la intensidad de la convivencia, del amor de los compañeros, había que pasar a “arreglárselas solo”. Una sensación de orfandad habría de acompañar a muchos desmovilizados, quienes aún rememoran al movimiento armado como una etapa de gran intensidad emocional, en la cual se enmarcan muchos de los vínculos afectivos más significativos para sus vidas. En ese sentido, “Yo estaba perdida y en el EME me encontré” 129

“quienes han dejado la guerra y salido a la vida civil recuerdan con particular nostalgia la intensidad de los lazos, jamás reencontrada en las nuevas circunstancias de las rutinas cotidianas. No es sólo un asunto de añoranza frete a lo dejado atrás.

Razón tienen, pues la intensidad de los encuentros, la intimidad de las amistades, la plenitud de los amores, nunca más serán vividas con tal esplendor” (Castro, 2001, 158).

Además de la separación inmediata, en muchos casos las pérdidas antiguas hicieron presencia en el momento en que se abandonó el frenesí de la lucha.

Abandonos y muertes, que en medio de la guerra no hubo tiempo para procesar, se mostraban ahora en toda su magnitud, expresando la necesidad de llevar a cabo los duelos postergados (Salazar, 1993). De ahí que a la desmovilización siguiera en muchos casos una etapa de depresión, en la que se hacía necesario afrontar la pérdida de referentes, la separación de los compañeros y las muertes que estaban por llorar.

El caso de las mujeres resultaba especialmente complejo, pues, así como al convertirse en guerrilleras optaron por unos valores y convenciones nuevos, el regreso a la vida civil implicaría enfrentar las exigencias que la sociedad tenía frente al papel de las mujeres, exigencias que conocían, pero a las que no habían respondido por años. Muchas de las habilidades que habían desarrollado como combatientes carecían de lugar en la concepción que de los roles femeninos tenían la mayor parte de los colombianos, y el lugar que se habían ganado en la organización se diluía al reintegrarse a las dinámicas familiares, sociales y laborales: “Si en el monte ellas cumplían órdenes, desempeñaban funciones precisas, obtuvieron status por su participación en los combates, vivían el compañerismo y la solidaridad y tejían también sus relaciones afectivas, con la reinserción toda esa cotidianidad perdió vigencia, sin ser reemplazada por otra” (Merteens, 2000, 395).

Dedicarse entonces a la vida familiar largamente postergada, entrar en la dinámica del mundo laboral, construir nuevos lazos afectivos, exigiría de ellas constantes reacomodos en sus modos de ser y hacer.

130

La construcción de una vida personal resultaba compleja para hombres y mujeres. La mayor parte de los afectos había quedado atrás, las relaciones familiares estaban resentidas por años de distancia y los contactos necesarios para ubicarse en la vida de la ciudad no habían sido establecidos. “Nadie me daba trabajo porque no tenía currículo ni recomendaciones”, narra Vásquez.

“Además está toda la angustia que uno no sabe ubicar, de incomunicación con el resto de la gente, de soledad. Es que no había construido lazos con nadie, y de pronto necesitaba que esos lazos existieran” (Salazar, 1993, 367).

Por otra parte, aquellos que salieron de la clandestinidad para dedicarse a la actividad política en nombre del movimiento, se encontraron con una situación dual: por un lado, conservaban la adscripción a un proyecto colectivo, por el otro, debían dar cuenta de él en espacios distintos a los que conocían y con herramientas nuevas para ellos, como la competencia electoral. Ya en 1985, uno de los miembros del Comando Nacional de Diálogo señalaba: “Uno, entre compañeros, la caga y nadie le hace caso, o lo arregla facilito. Pero esto otro... es un compromiso muy berraco” (M-19, 1985, 100). Esa sensación, mil veces multiplicada, tendrían que enfrentarla después quienes asumieron la responsabilidad de llevar al M-19 al escenario político como una fuerza legal.

“Puede que nosotros no hayamos ganado siempre, pero por lo menos hemos puesto eufórico al país en más de una ocasión” 15 : consideraciones finales El M-19 fue un movimiento sui generis, cuya organización y trayectoria reflejó valores y prioridades poco comunes entre los grupos de izquierda que participaban en la vida política colombiana en las décadas de 1970 y 1980. Aunque compartió los objetivos de otros grupos políticos y sociales, sus peculiaridades tuvieron que ver fundamentalmente con una concepción demócrata y nacionalista, con una alta valoración de la emotividad y la intuición, y con una propuesta de país abierta e incluyente.

15.

Carlos Pizarro, citado en Beccassino, 1989, 38.

“Yo estaba perdida y en el EME me encontré” 131

Pese a sus sistemáticos fracasos militares, y a algunos errores políticos de gran magnitud, el Eme logró condensar a lo largo de su trayectoria las expectativas de varios sectores de la sociedad colombiana, y su desmovilización en 1990 fue uno de los motores de la Asamblea Nacional Constituyente que habría de traer cambios substanciales en el sistema político, aunque la anhelada democratización de la sociedad colombiana demostraría ser un proceso mucho más lento y difícil de lo que se pensó en ese tiempo.

El énfasis del M-19 en la construcción reflexiva de la identidad individual y grupal, en las relaciones afectivas y en la democratización del ejercicio cotidiano, lleva a pensar que su conformación fue una de las primeras expresiones de la tardomodernidad en el contexto colombiano. Ello permite definirlo como una comunidad emocional, pero también reconocer en él elementos propios de otras construcciones contemporáneas como las culturas juveniles y los nuevos movimientos sociales.

Cerbino, Mauro, Chiriboga, Cinthia y Tutivén, Carlos, 2000, “La disolución de lo social en la socialidad de una comunidad emocional”, en Culturas juveniles en Guayaquil, Guayaquil, Convenio Andrés, Bello/Abya-Yala.

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M-19, 1985, Corinto, Bogotá, Ediciones Macondo.

En cualquier caso, la identidad es un proceso dinámico, y cada una de las construcciones que aquí se describe es sólo un momento de esa trayectoria, que suele implicar contradicciones, disputas y reconstrucciones. Por ello, y especialmente en un movimiento caracterizado por su pluralidad, estas anotaciones sólo indican tendencias. Sin embargo, ellas pueden ser un punto de partida para preguntarse por los ecos que una propuesta como la del M-19 logró despertar entre la sociedad colombiana.

Bibliografía Beccasino, Ángel, 1989, M-19: el heavy metal latinoamericano, Bogotá, Fondo Editorial Santo Domingo.

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Castro, María Clemencia, 2001, Del ideal y el goce: lógicas de la subjetividad en la vía guerrillera, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

132

“Yo estaba perdida y en el EME me encontré” 133

VIOLENCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Medios de comunicación y violencias en América Latina: preocupaciones, rutas y sentidos* Por Jorge Iván Bonilla Vélez** y Camilo Andrés Tamayo Gómez***

* Artículo recibido en agosto de 2006.

Artículo aprobado en octubre de 2006. ** Comunicador Social-Periodista. *** Comunicador Social e Investigador del Cinep.

utilizados, los principales resultados, las conclusiones y los aportes de cada uno de los estudios, informes y publicaciones que fueron objeto del análisis.

Introducción1 Vale la pena destacar que esta investigación es el resultado de una segunda etapa, que comenzó con una pesquisa previa realizada para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el año 2001 y que este trabajo pretende examinar el estado de la investigación sobre medios y violencia en América Latina, en el periodo comprendido entre 1998 y 2005. El propósito del artículo es presentar una síntesis y valoración crítica de los estudios y publicaciones académicas que han abordado esta problemática durante los últimos siete años. Para tal efecto, se llevó a cabo una revisión bibliográfica que describió y analizó los enfoques teóricos, los métodos 1.

Este artúculo hace parte del avance del proyecto de investigación “Las violencias en los medios, los medios en las violencias. Revisión y análisis crítico de los estudios sobre medios de comunicación y violencia en América Latina 1998 – 2005”, que contó con la financiación de Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Eafit y Colciencias. Vale la pena destacar que esta investigación es el resultado de una segunda etapa, que comenzó con una pesquisa previa realizada para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, en el año 2001 y que este trabajo pretende examinar el estado de la investigación sobre medios y violencia en América Latina, en el periodo comprendido entre 1998 y 2005.

Dos fueron las consideraciones metodológicas que orientaron la selección y revisión de los textos que hacen parte de este texto. En primer lugar, la búsqueda se concentró en diversas fuentes de consulta de la región. Se buscó información en centros de investigación especializados en el área de la comunicación, se consultó la Red Iberoamericana de Revistas de Comunicación y los anales de congresos nacionales y regionales organizados por la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Comunicación (Felafacs), la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (Alaic) y por las distintas asociaciones nacionales de comunicación.

En segundo lugar, la escogencia de los trabajos se basó en un criterio académico.

La búsqueda se limitó a aquellos estudios y publicaciones que contenían, así fuera de manera somera, un acercamiento conceptual al tema, una metodología de exposición, una bibliografía mínima y demás características propias del trabajo académico. La muestra incluyó reportes parciales de investigación, informes terminados y ensayos teóricos sustentados en conocimiento empírico, extractados unos y otros de anales de congresos nacionales e internacionales, libros, capítulos de libro, revistas académicas y páginas electrónicas de centros de investigación y difusión de la comunicación, entre otras fuentes de consulta. En total, se seleccionaron 102 textos provenientes de distintos países de América Latina.

Para el presente artículo daremos a conocer solamente las tres primeras secciones del trabajo que se agruparon en tres líneas de interés: 1) la cobertura periodística en contextos de conflicto armado y violencia política; 2) los contenidos, naturaleza y formas de representación de la violencia en la programación recreativa e informativa de los medios y 3) la influencia de la violencia mediática en las audiencias, así como la percepción que tienen los públicos sobre ésta.

Esperamos igualmente que este artículo sea el abrebocas e invitación ideal para que los lectores de Controversia conozcan la totalidad del libro que profundiza, relaciona y analiza estructuralmente los esbozos brindados en el presente texto.

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La cobertura informativa: conflicto armado y violencia politica El primer conjunto de trabajos centra su atención en la cobertura que hacen los medios de comunicación de conflictos armados y variantes de violencia política, que incluyen al terrorismo, pero que no se limitan sólo a éste. Estos estudios se aglutinan en tres apartados básicos: las narrativas mediáticas con las cuales se confeccionan los acontecimientos noticiosos sobre la guerra y la paz; la situación de los periodistas en contextos de violencia política; las interacciones en la esfera pública entre periodistas, políticos y guerreros.

A este primer grupo corresponden un total de 47 trabajos. La mitad son ensayos académicos que, aunque están basados en datos empíricos, no tienen el propósito de producir conocimiento empírico; la otra mitad son informes de investigación que combinan el análisis de contenido con los métodos semióticos y hermenéuticos propios del análisis cultural y de los análisis de discurso.

Las noticias sobre la guerra y la paz Colombia es uno de los países donde se hallaron más trabajos sobre esta temática de estudio. Se destaca que ninguno de ellos utiliza el concepto de terrorismo para referirse a la confrontación bélica interna de este país; por el contrario, en todos ellos hay una preocupación por estudiar el fenómeno de la confrontación armada a partir de sus motivaciones políticas y sus lógicas socioculturales. Por tanto, no se privilegia el tipo de enfoques basados en determinar si se debe o no informar sobre la guerra; o si los medios son utilizados como instrumentos de propaganda para amplificar las acciones y los discursos de los grupos al margen de la ley. Esa no es la preocupación.

En este sentido, trabajos como los de Rey (1998c), Barón (2000), García y Romero (2001) y Estrada (2001) aportan elementos interesantes para analizar la naturaleza de las representaciones periodísticas del conflicto armado. A partir 138

de sus análisis se puede cotejar que la fascinación que producen los “hechos de guerra” en las agendas mediáticas obedece a que estos acontecimientos están asociados a valores-noticia que privilegian el drama, la tragedia, la novedad, la espectacularidad, el antagonismo y el heroísmo. Narrativas frente a las cuales los “hechos de paz” viven en un constante opacamiento debido a que no están relacionados con lo insólito, dramático e impactante.

De igual forma trabajos como los de Bonilla (2002), Barón y Valencia (2002), Gutiérrez (2003), Barón, Valencia y Bedoya (2004), Cardona y Paredes (2004) y Bonilla y Rey (2003 y 2005) centran su preocupación bajo dos vías: qué tipo de calidad periodística está presente o ausente en la construcción mediática del conflicto armado colombiano y qué tipo de decodificación de estos mensajes realizan las audiencias colombianas. Esto nos centra en la pregunta por los imaginarios y mentalidades que construyen sobre el conflicto los habitantes de este país y sobre qué tipo de luchas por la significación se dan en las esferas comunicativas.

Se recalca que este tipo de visibilidades mediáticas es proporcional al envilecimiento del conflicto armado (López, 2000). Así como este último se escala y se degrada hasta niveles insostenibles, así también las agendas informativas escalan los valores-noticia hasta límites donde la información se mezcla con el drama, la incertidumbre y el entretenimiento (Abello, 2001) y la realidad con el simulacro (Correa, 2001). Y esto a través de relatos noticiosos que no solamente (re)presentan la confrontación bélica de manera simplificadora, ausente de perspectiva histórica y de contextos políticos (Barón y Valencia, 2001), sino que banalizan el horror, refuerzan la intolerancia (Pnud, 1999), reducen la sociedad al papel de víctima pasiva y convierten al periodismo en el lugar de la representación hegemónica de los puntos de vista más “oficiales” (García y Pereira, 2000).

Para investigadores como Gómez (2005) la preocupación se centra en la forma como el conflicto armado incide en las esferas públicas locales y regionales, y a partir de un caso puntual, arguye que las lógicas de las empresas periodísticas y del medio afectan estructuralmente el trabajo periodístico en Colombia.

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Para él las dinámicas de rapidez e inmediatez también se hacen evidentes en los informativos regionales, impidiendo al lector tener aproximaciones más gruesas y de largo aliento sobre los hechos propios del conflicto.

Para algunos de los textos, el reto de la cobertura informativa consiste en hacer visibles las voces y los rostros de las mayorías nacionales que día a día se esfuerzan por superar, de manera pacífica y creativa, los conflictos sin acudir a la violencia (Flores y Crawford, 2001). Según esto, uno de los aspectos que es necesario trabajar con los periodistas es la cultura política y profesional que subyace en sus modos de ver la realidad, de manera que sea posible ensayar otros criterios informativos en los que la paz —la cultura de la paz— adquiera visibilidad como un asunto de interés público. ¿Cómo? Dándole densidad a la deliberación política, fortaleciendo el uso público de la razón y reconstruyendo narrativas que activen la memoria y la reconciliación (Rey, 2000).

Por su parte, quienes se detienen en otros conflictos, bien sea de carácter interno, como los casos de El Salvador, Nicaragua, Guatemala e, incluso, Perú; o de frontera, como el que protagonizaron Perú y Ecuador, parten del reconocimiento de que en las sociedades en guerra o, en todo caso, que experimentan niveles preocupantes de violencia política, la cobertura mediática siempre se enfrentará a niveles problemáticos de restricción y cierre informativo, debido a varios motivos: la censura oficial (Cortes,1999); la persecución de que es objeto la información libre e independiente (Herrera, 1998); la falta de autonomía con respecto al poder político (Smeets, 1999); la indexación mediática a políticas antisubversivas que impiden variantes mayores de cobertura y crítica democráticas (Acevedo, 2001); y debido también a la fiebre de guerra que se apodera de los medios, llevándolos a reforzar mitos ancestrales basados en estereotipar al “enemigo” y simplificar la causa propia de la lucha (Reyes, 1999).

Informar en medio del conflicto: el rol de los periodistas Otra de las preocupaciones que recorre este conjunto de trabajos apunta a una doble dirección: las garantías necesarias para ejercer el periodismo y la 140

formación profesional indispensable en contextos de violencia generalizada.

Albarrán (1999) señala que los periodistas corren un alto riesgo cuando ejercen su profesión en este tipo de contextos, por cuanto suelen ser presionados por el Estado, los agentes armados ilegales y por los mismos propietarios de los medios para que no interfieran en asuntos que se pretende mantener ocultos, lejos del escrutinio público.

Frente a este panorama, algunas reflexiones advierten que las amenazas que sufren los periodistas son producto de la cobertura informativa polarizada, ignorante e ingenua que éstos realizan. Es la tesis de la débil formación profesional como desencadenante de riesgos innecesarios que no sólo afecta a unos cuántos, sino a la profesión en general ya que coloca a los periodistas como víctimas –otras víctimas– del “fuego cruzado” de los agentes de la violencia (Guerrero, 2001).

Así, se señala que la responsabilidad fundamental de los periodistas es prepararse mejor para entender las causas, los intereses, las transformaciones y las lógicas del conflicto, la guerra y la violencia; y reconocer su responsabilidad individual pues a partir de sus percepciones personales se construyen las piezas periodísticas que se publican en los medios (Fows, 2003). ¿En qué consiste esta labor? Básicamente en fortalecer tres aspectos de la cultura informativa: a) formar a los periodistas para la cobertura de la paz, los derechos humanos y la convivencia democrática en tanto procesos sociales de larga duración (Beltrán, 1988); b) especializar a los periodistas en la cobertura de la guerra, de modo que puedan diferenciar la propaganda de la información e interpelar inteligentemente a las fuentes oficiales e irregulares (Abello, 2001 y Guerrero, 2001); c) asumir la responsabilidad social de los medios en general.

Se trata de servir de foro democrático para la expresión y el debate público de los distintos puntos de vista de los sectores que pretenden acceder, controvertir o defender la palabra pública (Acevedo, 2001).

Bajo esta preocupación Rincón y Ruiz (2002) centran su mirada en la creación de nuevas formas de informar como estrategia contra los violentos, mientras que Giraldo, Roldán y Flórez (2003) indagan las relaciones entre acciones coyunturales, terrorismo, y su repercusión en las demás Medios de comunicación y violencias en América Latina

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lógicas informativas. Vale la pena recalcar que desde las mismas empresas informativas se realizan esfuerzos para mejorar la información que sobre el conflicto armado realizan diariamente y que involucra a sus mismos periodistas (Arenas, Rey y Cajiao, 2003).

La libertad de prensa en contextos de conflicto es otra preocupación para algunos investigadores. Trabajos como los de Velásquez (2003) Ayala (2002) y el Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana (2002) reflexionan sobre las dimensiones que atraviesa la labor periodística en relación con las diversas instituciones de la sociedad, y la búsqueda de la verdad en dinámicas sociales adversas. La credibilidad, el derecho a informar y las prácticas que esto conduce en una sociedad democrática, son sus puntos de atención y reflexión principalmente.

Esfera pública, información, violencia y poder Una tercera preocupación que enmarca algunos de los trabajos que aquí se exponen parte del reconocimiento de que los medios de comunicación son “arenas centrales” de competencia y poder simbólico donde los antagonistas políticos y sociales llevan a cabo disputas por acceder a la esfera pública y nombrar hegemónicamente la realidad. De este grupo hacen parte textos cuyo interés es plantear que en la violencia política y los conflictos bélicos se movilizan, además de la fuerza para derrotar al enemigo, marcos de interpretación simbólicos e ideológicos para actuar en la sociedad, puesto que se trata de procesos en los que no solamente hay máquinas de destrucción y muerte sino de producción de sentido.

Así, al cuestionar una de las hipótesis más concurridas para analizar el papel de los medios de comunicación en contextos de violencia política, Peralta (1998) propone ir más allá de la afirmación según la cual los medios son “cajas de resonancia” de los agentes que practican la violencia. Más que inductores de la violencia política, este autor plantea que los medios están inmersos en un complejo sistema de interacciones y representaciones simbólicas que también 142

involucran al discurso académico, al Estado y a los agentes de la violencia.

Luego de hacer un análisis comparativo del papel que cumplió la prensa nacional e internacional frente a la violencia terrorista practicada por ‘Sendero luminoso’ en el Perú (1980-1994), este autor señala (Peralta, 2001) que ésta se movió entre la espectacularización mediática de la violencia, la consonancia con el discurso oficial y la alianza con el discurso académico.

Algo similar sostienen Bonilla (2001) y Medina y García (2001) cuando señalan que la esfera pública, de la que hacen parte los medios de comunicación, es un espacio en tensión y permanente disputa. Allí, periodistas y medios se encuentran en múltiples relaciones de cooperación, consenso, censura, desigualdad, ruptura, oposición y/o autonomía con otros “agentes comunicativos” –grupos e instituciones–, quienes a su vez luchan tanto por hacerse visibles, o invisibles en la(s) esfera(s) pública(s), como por controlar y administrar la comunicación, en tanto recurso escaso y estratégico que es fundamental para la gestión políticomilitar y la fijación simbólica de los conflictos.

Entender la esfera pública como un espacio en permanente tensión por el acceso y la significación hegemónica de la sociedad es lo que propone Karam (2001) al analizar el modelo comunicativo del Ezln, concretamente del subcomandante “Marcos”. Según este análisis, el reencantamiento político de “Marcos” se basa en su capacidad para mezclar la dramaturgia simbólica de las culturas indígenas y populares mexicanas con las tecnologías-red que utiliza, a través de un discurso en el que la fuerza de su mensaje no está en los contenidos inductivos y objetivos de la racionalidad occidental sino en el relato y la expresión que mantienen viva la esperanza.

A esta tensión también se refiere Sierra (1998) en un análisis sobre el conflicto bélico en México. El autor controvierte el concepto bastante difundido de que Chiapas es una “guerra comunicativa”, sin censuras y producto de una forma posmoderna de confrontación, basada en el uso generalizado de internet y la centralidad mediática. Según el autor, si bien el Ezln ha sabido colocar en la esfera pública internacional un discurso basado en la dignidad y la resignificación de los símbolos, el mito de que Chiapas es un conflicto Medios de comunicación y violencias en América Latina

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que apela a lo tecnológico-simbólico impide analizar las viejas pero renovadas formas de la desinformación, la propaganda y la censura, aprendidas en los manuales modernos de la contrainsurgencia, que son las que utiliza el gobierno mexicano y los sectores hegemónicos de ese país.

comunicación, en especial de la televisión. Aquí el énfasis no recae en la cobertura mediática de los conflictos bélicos y la violencia política, sino en la cantidad de las manifestaciones de violencia que se transmiten por los medios y en la naturaleza de los contenidos que escenifican el crimen, el delito y el miedo al maleante.

Siguiendo una perspectiva similar, aunque menos ideológica, Rey (1998c) propone comparar la calidad de la esfera pública y las narrativas mediáticas en las guerras internacionales y los conflictos bélicos locales. Al analizar la esfera pública que se genera en los conflictos bélicos intraestatales, este autor plantea que en estos existen variantes mayores de visibilidad pública, en las que se combina la información con el relato, el drama con la técnica, el saber cotidiano con el conocimiento experto; y esto a diferencia de las “teleguerras” que hoy en día están clausurando la visibilidad pública bajo la gestión virtual y tecnológica de la confrontación que no permite mostrar el horror, la destrucción y la muerte.

¿Son los medios de comunicación agentes generadores de la violencia en la sociedad o son apenas otra expresión del problema social de la violencia?

Esta es la pregunta que subyace a buena parte de los textos consultados que, a propósito, se agrupan en tres apartados básicos: la programación televisiva de entretenimiento que transmite contenidos de violencia; el papel que cumplen los medios en el establecimiento de la agenda pública sobre la violencia; y las consecuencias de estas agendas en la elaboración de políticas de control social.

Para finalizar este apartado, merecen atención los textos de Chaves (2001), Levario (2001) Pacheco (2001) Gaitán y Fragoso (2002) y Barabino (2003) por ser los trabajos que se refieren a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Los cinco ofrecen un análisis sobre la cobertura informativa de distintos medios de comunicación mexicanos, para lo cual hacen énfasis en cuatro aspectos característicos de la información analizada: no hubo obsesión por las imágenes de horror, aunque se adoptaron lógicas sensacionalistas; se acudió a explicaciones mítico-religiosas; se mostró un sentimiento antiestadounidense que no promovió variantes racionales para dar cuenta de la situación y la densidad de la información por momentos rebasó la capacidad de los medios de comunicación.

La escenificacion mediática: contenidos, naturaleza y agendas de la violencia El segundo grupo de trabajos enfoca su atención hacia el lugar que ocupa la violencia en la programación informativa y de entretenimiento de los medios de 144

A este segundo grupo corresponden un total 38 trabajos. La mayoría son ensayos académicos que si bien se apoyan en datos empíricos, su intención es ofrecer marcos conceptuales de explicación para posibles estudios sobre el tema. Un menor número incluye informes de investigación que recurren al método del análisis de contenido para medir la cantidad de violencia en la programación de los medios de comunicación.

La programación televisiva Un par de observaciones sobresalen de los estudios dirigidos a describir y analizar la programación de la televisión. De un lado, se confirma que los contenidos de violencia invadieron la programación televisiva hasta el punto de convertirse en la principal temática de preocupación de padres de familia, instituciones políticas, centros educativos y audiencias en general. Del otro, se observa con inquietud que los contenidos de violencia en la televisión no sólo llegan a los sectores más vulnerables de la población, como los niños y los jóvenes, sino que pueden contribuir a la aceptación y el incremento de la violencia en la población.

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Observaciones como las anteriores atraviesan algunos ensayos de tipo especulativo.

Esteinuo (1999) considera que la excesiva programación de contenidos violentos en la televisión mexicana está creando un clima favorable para la expansión de la violencia y el aumento de la criminalidad. Algo parecido propone Da Silva (2001) al referirse a las nuevas formas de banalización de la violencia que circulan por la televisión y el ciberespacio, gracias al uso generalizado del internet. El autor sustenta su preocupación en que el acceso indiscriminado a estos contenidos puede producir una crisis de valores y, por tanto, un aumento de la violencia. Romo (1998) plantea que los medios de comunicación, y en particular la televisión, son generadores de violencia al convertir la realidad en un espectáculo sensacionalista, estimulado por el raiting.

Desde otra perspectiva los textos de la Comisión Nacional de Televisión de Chile (1998 y 2002), Herrera (1998) y López y Cerda (2001), coinciden en una misma constatación, después de contabilizar el número de incidentes considerados como violentos en la programación televisiva: la violencia está presente en la mayoría de los programas, en la mayor parte de los horarios y en los géneros televisivos aparentemente más inofensivos como son los dibujos animados. Estos estudios, elaborados a partir de métodos de medición, en principio similares, llegan sin embargo a conclusiones diferentes. Así, lo que para López y Cerda en México constituye un hallazgo inobjetable que enciende las alarmas sobre las consecuencias negativas de esta programación en los públicos, para la Comisión Nacional de Televisión de Chile, estos hallazgos deben considerarse como un punto de partida y no de llegada de la discusión.

En uno de los ocho estudios sobre la violencia en la televisión chilena se plantea precisamente las limitaciones de las metodologías dedicadas a enumerar la “cantidad” de la violencia que se transmite por la televisión. Según este estudio, no basta con conseguir rigor científico mediante la adopción de criterios metodológicos que reducen lo violento a aquello que se deja cuantificar en categorías previamente definidas por los investigadores, sin tener en cuenta las tipologías de la violencia, que no son iguales en todos los contextos, ni en todos los géneros dramáticos y dispositivos narrativos, ni son percibidas de manera idéntica por todas las audiencias. En términos instrumentales estos 146

estudios chilenos aseveran que la violencia explícita es reducida en cuanto a su tiempo de exhibición.

Bajo este mismo paraguas, el Comité Federal de Radiodifusión de Argentina (Comfer) (2005) también indagó por el nivel de violencia que registraba la televisión de este país, partiendo de la base de que la televisión tiene la capacidad de operar como un potente vehículo de socialización, de producción simbólica de la realidad, de construcción de ciudadanía y de acceso a la cultura moderna; donde la violencia logra estructurar zonas de representación social comunes.

Este estudio asevera que la violencia es un valor noticia determinante para las agendas de los noticieros argentinos y que la violencia física constituye la modalidad privilegiada para los programas de ficción. Lograr que la violencia representada o explícita no logre permear representaciones sociales sobre la convivencia pacífica de los habitantes de las ciudades, es la principal recomendación de este texto que nos centra de nuevo en las discusiones sobre el impacto funcional de los medios de comunicación.

Establecimiento de agenda: narrativas periodísticas y control social ¿Qué papel cumplen los medios de comunicación en la definición de las violencias que son objeto de acciones, reacciones y políticas de Estado? Esta es la pregunta que intenta responder un grupo de trabajos cuyo interés es reflexionar sobre la agenda temática que los medios construyen del crimen y el delito en países como Argentina, Brasil, México y Venezuela. Se trata de textos que se desplazan a otras coordenadas de investigación: del interés por medir el exceso de violencia en la programación televisiva de entretenimiento, se pasa a la preocupación por analizar la construcción mediática de la violencia real, aquella que ocurre a diario en las ciudades e involucra, a través de las noticias, tanto a los criminales como a la policía; a la ley y el orden como a la corrupción y la impunidad; a los delincuentes como a los pobres y los excluidos de la ciudadanía.

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Elaborados a partir de enfoques críticos que combinan el análisis sociológico y cultural con métodos semióticos y hermenéuticos, estos textos coinciden en afirmar que los medios cumplen un rol político en la escenificación de la violencia criminal, en la medida en que muestran estos hechos como asuntos de interés público sobre los cuales es necesario hablar y debatir. Para Tabachnik (2000) esta alta visibilidad mediática otorgada a la violencia ya no aparece más moralizada como “violencia revolucionaria”, sino como inseguridad, escándalo, corrupción política y exclusión social.

Las narrativas “rojas” (Arriaga 2002 y Lara (2004) o “amarrillas” (Macassi 2002) son igualmente manifestaciones mediáticas de las transformaciones contemporáneas de la violencia, que afectan las lógicas periodísticas y que develan la relación concomitante entre hechos sociales y comunicativos. Los valores noticiosos y los códigos narrativos se reconfiguran, para dar paso a procesos dinámicos en los que la oferta de prensa es definitiva en la creación de mentalidades e imaginarios que sobre la violencia establece la sociedad día a día e igualmente amplía la oferta comunicativa en las esferas públicas.

Textos como los de Reguillo (1998), Rondelli (1998), Rodríguez (2001) y Sodré (2001) señalan que en este proceso de hacer visible la violencia los medios juegan un doble papel. Por una parte, exponen públicamente conflictos sociales que al Estado no le conviene que se muestren porque hacen visible su faceta represiva y, muchas veces, arbitraria. Y por la otra, construyen una agenda informativa sobre el crimen y el delito que refuerza el consenso general en favor de la estigmatización social y las políticas de seguridad.

Trabajos como los de Dastres (2002) y Rey (2005) desplazan la mirada a la preocupación por la seguridad ciudadana y la importancia que los medios de comunicación, como constructores de la realidad, le dan a este tema al ser gestores de “sensaciones” de seguridad o no en la conciencia colectiva de la sociedad.

Para estos autores las representaciones y narrativas mediáticas son definitivas en la generación de ambientes seguros en las ciudades latinoamericanas y exponen que el cubrimiento informativo es determinante para la creación de estas sensaciones sean falsas o no.

Para Ford (1999) y Fernández (1999) este nuevo contexto de violencia urbana es proporcional al protagonismo que adquieren las “narrativas de caso” –el caso periodístico–, basadas en contar historias de crimen y castigo. Según Ford, este protagonismo está asociado a un creciente proceso de narrativización de la información de interés público, orientados más a alimentar el imaginario social que a fomentar el uso público de la razón. Es allí precisamente donde ganan relevancia las agendas mediáticas que hacen uso de las lógicas de la televisión real y los talk show, cuya fuerza narrativa está en la singularización del drama humano y de los sujetos que protagonizan la violencia.

Una posición similar sostiene Mata (2000), que considera que el caso periodístico, como narrativa de época privilegiada para escenificar las múltiples manifestaciones de la violencia urbana puede degenerar en la estigmatización de los sujetos sociales que son considerados como los portadores del conflicto.

Para esta autora, convertir los grandes conflictos que vive la sociedad en relatos de caso, que promueven los estados subjetivos de las personas frente a la inseguridad ciudadana, puede llevar a perder de vista la naturaleza pública y la connotación política de estos conflictos, acrecentándose así los miedos privados y las incertidumbres individuales frente a la violencia.

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Finalmente, trabajos como los de González (2004), López (2004) y Varenik (2004) exponen la necesidad de utilizar a los medios de comunicación como vehículos necesarios para motivar reformas estructurales en las instituciones del Estado, en torno a temas como el secuestro y la violencia. Reformar entidades policiales gracias a los escándalos mediáticos e insistir en la cobertura de estas problemáticas gracias a un intercambio comunidad–medios lograría, según este autor, aumentar las capacidades de cada uno para cumplir la función de mejorar el entorno societal.

La construcción mediática del “otro”: medios y pánico moral Para los trabajos que se agrupan en esta perspectiva de análisis, la alta visibilidad mediática otorgada al crimen, el delito y el castigo tendría una consecuencia mayor: la objetivación del miedo ciudadano que se proyecta en una minoría, la de los portadores del miedo y la sospecha. Se trata, por cierto, Medios de comunicación y violencias en América Latina

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de una corriente de investigación que se apoya, por una parte, en los estudios sobre “pánico moral”, desarrollados en Gran Bretaña por Stuart Hall y el Grupo de Medios de la Universidad de Glasgow durante los años setenta y ochenta.

Según estos estudios, en la medida en que los medios reproducen las relaciones institucionales dominantes lo que hacen es reforzar y movilizar un pánico de la moral en los miembros de la sociedad contra aquellos asuntos e individuos que amenazan los valores y estilos de vida aceptados. Y por la otra, en algunas variantes de la hipótesis de los “indicadores culturales”, desarrollada por George Gerbner. Según este autor, el mundo peligroso que presentan los medios tiende a cultivar en las audiencias un sentimiento de temor, vulnerabilidad y desconfianza, que no es ajeno a la manera en que las estructuras de poder nos demuestran cuál es nuestro “lugar” en la sociedad.

Siguiendo estas perspectivas, autores como Delgado (1998), Alba (2001) (2002), Saintout (2002) y Vasilachis (2004) señalan que los medios construyen el estereotipo del sujeto criminal, mediante procesos de selección noticiosa y estrategias discursivas que operan como mecanismos de control social. Para los autores, el interés mediático por el crimen y el delito reafirma un tipo de consenso social basado en alentar el pánico moral contra la inseguridad, encarnada en la figura “desviada” del criminal. Esto mismo dice Sodré (2001) cuando afirma que a la exhibición mediática del crimen, el horror y el sufrimiento le prosiguen los llamados a gestionar policialmente los conflictos sociales mediante el disciplinamiento de la sociedad.

Rodríguez (2001) Loyola (2003) y Gaete (2003) llaman a esto con el nombre de “criminalización mediática”, que consiste en hacer ver que el criminal está entre nosotros, habita en cualquier parte y puede atacar en cualquier momento. Así, las personas al percibir que viven en una sociedad más violenta e insegura instigan a que el control del Estado sea más exigente y, por tanto, más represivo. Un planteamiento parecido se encuentra en Reguillo (1998) y Rondelli (2000) cuando afirman que los medios producen una representación homogénea de los sectores subalternos de la sociedad, a quienes personalizan como sujetos a los que hay que temer. Se refuerza así un orden social que iguala la alteridad y la diferencia a la trasgresión de 150

la ley, el miedo y la violencia. El marginal, el pobre y el excluido acaban siendo iguales al delincuente.

Por último, vale la pena destacar estudios realizados por el Observatorio Global de Medios, capítulo Venezuela (2005) y por Larraín y Valenzuela (2004) en Chile donde exponen que las representaciones sobre los derechos ciudadanos, las políticas públicas y los asesinatos que construyen los medios de comunicación, ayudan a elaborar “espirales de odio y violencia” que dejan de lado el análisis del acontecimiento y se exacerba el maniqueísmo, el odio y el repudio. Señalan que la violencia es manejada como mercancía dando como resultado que dentro de la dinámica social la violencia real sea distinta a la sensación subjetiva de la misma.

Las consecuencias de la violencia en los medios: exposición, efectos y percepciones El tercer grupo de trabajos participa en una vieja discusión: ¿los efectos de los medios de comunicación influyen directamente sobre los comportamientos de los individuos o, más bien, se trata de una influencia a largo plazo que opera sobre las concepciones del mundo y los niveles de información que las personas tienen de la realidad? ¿Quiénes son los más afectados por las violencias que transmiten los medios de comunicación?

El interés analítico de estos trabajos se mueve, por tanto, en una doble dirección.

Por una parte, están los textos cuya preocupación básica es reflexionar, bien sea sobre los efectos negativos que produce la violencia mediática en las conductas agresivas de las personas, o sobre la influencia cognitiva que la violencia escenificada en los medios produce en las concepciones de mundo asociadas al miedo y la victimización. Por otra parte, están los textos cuyo interés consiste en indagar las percepciones que tienen algunos sectores de la audiencia, como los jóvenes, sobre la violencia que les llega de los medios, en especial de la televisión.

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A este tercer grupo corresponden un total de 17 trabajos. La mitad son ensayos académicos que están basados en revisiones bibliográficas sobre la naturaleza de los efectos de los medios en las audiencias, mientras que la otra mitad son informes de investigación que acuden a las metodologías del análisis de contenido, los cuestionarios estructurados y los grupos de discusión.

Reforzamiento, imitación e incitación Preocupados por el aumento de los contenidos de violencia en los medios de comunicación y por el incremento de la violencia en algunas ciudades de América Latina, algunos textos que aquí se exponen intentan encontrar las relaciones causales entre ambas situaciones. Sin ofrecer más evidencia empírica que las tablas donde se muestra el incremento en los índices de la violencia criminal en países de la región, estos trabajos coinciden no sólo en recorrer algunas de las teorías sobre los efectos de la comunicación de masas, sino en formular propuestas que contrarresten el influjo negativo de los medios en la sociedad.

Casas (1998), por ejemplo, pregunta si la representación mediática del crimen y el delito está “educando” a los receptores en conductas criminales y generando más violencia de la que actualmente existe en la sociedad. Hernández (1998), por su parte, sostiene la hipótesis de que la publicidad televisiva articula un imaginario basado en el consumo de mercancías, nunca satisfecho, que es la causa de la frustración de amplias mayorías nacionales que encuentran su refugio en la violencia social.

Algo similar plantea Rebollo (1998) en su reflexión sobre los contenidos de violencia de la programación televisiva en Uruguay. Luego de hacer un recorrido por varias teorías de los efectos, este autor señala que la violencia que transmite la televisión está generando un tipo de espectadores que, además de ser incapaces de distinguir entre la realidad y la ficción, se están socializando en diversas conductas delictivas aprendidas de la televisión. De otro lado, Perencin y Jacob (2000), al repetir algunos resultados de investigaciones internacionales 152

sobre los efectos de los medios, afirman que las personas que ven más violencia en la televisión son precisamente las que muestran una mayor tendencia a la agresividad, la insensibilización y el miedo.

Para García (2004) ninguna investigación demuestra que los medios de comunicación generan violencia, pero si que juegan un rol instrumental clave en la reproducción de los valores que propician la injusticia social y la inseguridad. Para este autor los medios podrían favorecer culturas de confianza que sustituyan las del miedo del siglo XXI, proponiendo romper con lazos de reproducción histórica de estos comportamientos a través de un uso más estructurado de los procesos comunicativos.

El mundo hostil y los escenarios del miedo Sobre estos últimos efectos de insensibilización y miedo se pronuncian otros textos dirigidos a abordar la influencia emocional y cognitiva de los medios.

Se trata, por cierto, de trabajos que guardan relación con el grupo del segundo capítulo, en tanto que coinciden en una preocupación común: el régimen de visibilidad de la violencia en los medios no puede ser entendido si a la vez no se correlaciona con las demostraciones de poder, las demandas de seguridad ciudadana y la aceleración de los estados subjetivos de vulnerabilidad.

Así, para Vélez (2000) la idea de que vivimos en un mundo más violento, en donde el miedo a ser víctima de la delincuencia es proporcional a las demandas de seguridad personal es una clara muestra de la influencia de los medios en las emociones, las creencias y las preocupaciones de las personas. Según este autor, que retoma planteamientos de las hipótesis de la “aculturación” y la “insensibilización”, la percepción de que vivimos en sociedades muy violentas se debe a que los medios, sobre todo la televisión, presentan el mundo como algo hostil y la violencia como socialmente deseable, repitiéndola hasta hacerla parecer inocua, produciendo efectos, bien sea de miedo o de insensibilización en los públicos que más se exponen a los medios.

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Algo similar plantea Arias (2004) al argumentar que los consumos televisivos de ciertos programas, al estar influenciados por muchos condicionantes, en lugar de favorecer la comunicación la obstruyen, proponiendo modos de relacionarse que desencadenan espacios para el ejercicio de comportamientos violentos. Alvarado (2001) por su parte afirma que algunas narrativas, como las melodramáticas, establecen relaciones directas con los discursos reales de la violencia que afectan las percepciones de las audiencias de forma tajante.

Precisamente la hipótesis de que los públicos que más ven televisión son los más propensos a desarrollar opiniones y creencias sociales basadas en el temor a la victimización y en la aceptación del uso de la violencia para imponer el orden, es refutada por Huerta y otros (1999), quienes plantean que las percepciones sobre la violencia provienen de marcos diferenciados de referencia. A partir de los resultados de una investigación en la ciudad de Monterrey, México, el trabajo afirma que no se encontró evidencia empírica que permita respaldar los supuestos de que las personas que ven más televisión son las que perciben una mayor posibilidad a ser víctimas de la violencia y, por lo mismo, las que tienden a aceptar el uso de la violencia, con fines aparentemente legítimos.

Las percepciones sobre la violencia Ubicados en un lugar acaso más tenue de la investigación, un grupo final de trabajos parte de un interés común: relacionar las violencias que transmiten los medios con los procesos de recepción de las audiencias. A este grupo pertenecen algunos estudios cuya pretensión es aportar evidencia empírica sobre las opiniones, las percepciones, los usos y las interpretaciones de la violencia que hacen grupos sociales diferenciados como los niños, los jóvenes y los adultos en contextos espaciales y temporales específicos.

Siguiendo metodologías basadas, por una parte, en el análisis de contenido de la programación televisiva y, por la otra, en encuestas estructuradas y grupos focales, los estudios de Bonilla y Rincón (1998) con jóvenes en 154

Colombia, de la Cntv (1998) con adultos en Chile y de Hernández y Valdivia (2004) con audiencias familiares en este mismo país, concuerdan en algunos resultados. Por ejemplo, que estos grupos sociales emiten opiniones diferenciadas según los tipos de violencia que ven en la pantalla. Para los estudios, si bien estos públicos no definen un solo tipo de violencia, pues su espectro de definiciones es amplio e inestable, presentan un mayor consenso cuando se trata de interpelar escenas que muestran la violencia física contra las personas y las consecuencias de ésta (muerte, mutilaciones, incineración, maltrato y sufrimiento humano).

Según esto, los públicos identifican violencias que son más creíbles, legítimas y preocupantes que otras, según los contextos en los que se presenta, los rasgos de realismo con los que aparece, los daños que provoca y las armas que se utilizan.

Mientras más gratuita se presenta la violencia, menos legítima se percibe. En el caso colombiano, la violencia real que aparece en los telenoticieros es la más preocupante, mientras que en Chile la violencia en los programas de ficción es menos impactante y a la vez menos justificada.

A este respecto, Rey (1998b) plantea que la relación entre los grupos sociales y violencia no depende únicamente de que se vea mucha o poca violencia en la pantalla, sino de lo que una sociedad descubre en la televisión, contrasta y pone en evidencia. Para este autor, más que analizar los tiempos de exposición, importan los rituales, las formas y estrategias de uso y de consumo televisivo que tienen las audiencias; interesa lo que la televisión significa como referente de las transformaciones que están ocurriendo en la sensibilidad y el entendimiento.

Barón y Valencia (2001) señalan, por su parte, que el poder mediático de fijar agendas de interés público se pone en juego a partir del uso y la interpretación que hace la audiencia de esas temáticas, según sus contextos y prácticas sociales.

Para estos autores, la percepción de la violencia y el uso de la información que hacen algunas “comunidades de interpretación” sobre el conflicto armado en Colombia revela la existencia de una multiplicidad de relatos sobre la guerra y sus agentes que hacen evidente la impotencia para saber qué está pasando e imaginar escenarios posibles de futuro. Frente al discurso informativo más Medios de comunicación y violencias en América Latina

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“oficial” de los medios, estas audiencias contraponen desconfianza, escepticismo y resistencia, pero también aceptación en la medida en que ese mismo discurso les provee de información para conocer el estado del conflicto, así sea desde relatos fragmentados y discontinuos.

Trabajos como los de Dastres y Muzzopappa (2003) recopilan experiencias internacionales sobre el uso de estrategias comunicativas para disminuir el temor o la violencia, de forma tal que las audiencias puedan disminuir los niveles de temor, o modificar actitudes de violencia y criminalidad, a partir de un análisis mesurado de los mensajes. La preocupación por agendas “emergentes” se hacen evidentes en los trabajos de Carvajal (2002) y Maronna–Villela (2004) al abordar temáticas de violencia doméstica, infancia y abuso sexual infantil; proponiendo una pedagogía en derechos humanos para las audiencias que conlleve a entender más estructuralmente esta problemática.

Observaciones

En este punto la invitación es hacia la elaboración de acercamientos comprensivos y metodologías de análisis que tengan en cuenta las similitudes pero también las diferencias entre los medios de comunicación. Hacer esto puede ser útil en la medida en que permite investigar las diferencias en la utilización y el uso que hacen las audiencias de los distintos medios; el peso que se le otorga a unos medios con respecto a los demás; el alcance de los formatos, los contenidos y los géneros mediáticos; así como las influencias relativas y diferenciales que éstos tienen en la audiencia.

En este interés académico por la violencia en los medios, el terrorismo no aparece como un asunto particular de investigación. Más que una inquietud por el terrorismo como núcleo central de investigación para analizar, por ejemplo, el rol de los medios frente a las acciones terroristas y los agentes de terror, lo que existió en estos estudios fue una aproximación a la cobertura informativa y la escenificación mediática de la violencia a partir de tres ejes de atención: los conflictos bélicos, la violencia política y la violencia criminal.

La mayoría de los trabajos parten de la preocupación, que a su vez es un interés de investigación, por analizar la cobertura, la transmisión o la representación de diversas modalidades de violencia en los medios de comunicación. En este sentido, la televisión sobresale como el medio que más atención suscita y el que mayor análisis concentra. Muy escasos trabajos, por no decir ninguno, se detienen en la radio y en el cine de manera particular, y solamente uno presta atención al lugar que ocupan otros dispositivos tecnológicos, como internet, en este ámbito de la investigación.

Así, en países donde hay –o hubo– conflictos bélicos y niveles generalizados de violencia política, los medios se analizaron a partir de sus complejas relaciones en la esfera pública y desde el rol de los periodistas en escenarios de conflicto armado que ponen en vilo su autonomía, independencia y seguridad personal.

Especial atención mereció la pregunta por la calidad de la visibilidad pública de la violencia, la guerra y la paz, así como por los valores-noticia que subyacen en los modos de representar el horror, la muerte y la tragedia pero también la vida, la esperanza y el posconflicto.

Esta hegemonía de la televisión contrasta, sin embargo, con la generalización.

En distintos textos se observa que los medios de comunicación aparecen como una categoría genérica –los medios–. Esto es evidente en aquellos textos que ofrecen acercamientos teóricos y reflexiones especulativas más que resultados de investigación empírica. ¿A qué se refieren estos trabajos cuando hablan de los medios? ¿Será que cuando los investigadores dicen “medios” lo que nombran específicamente es la televisión, por su protagonismo de época, o quizás se refieren a la prensa, por ser el medio de referencia más dominante?

Por su parte, en países donde no hay conflictos bélicos, la visibilidad informativa otorgada a la violencia apareció ya no como “violencia revolucionaria”, sino como “violencia molecular”, asociada a la inseguridad, el escándalo y el crimen.

En este caso, más que una preocupación por los hechos de violencia presentes en los contenidos de los medios, el interés estuvo en analizar las consecuencias de las producciones mediáticas en la construcción de un orden social, basado en reforzar el miedo al “otro” y las demandas de seguridad.

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Para ambos casos, la invitación apunta a la elaboración de estudios comparativos sobre medios y violencia en distintos países de América Latina. Hacer esto sería útil en la medida en que permite cotejar las agendas de fijación temática y debate público sobre el conflicto armado, la violencia, el terrorismo, el crimen, el delito y el castigo, así como las valoraciones, las opiniones y los usos sociales y políticos que se hacen de cada una de estas situaciones en los diferentes ámbitos culturales, contextos demográficos, órdenes sociales y medios de comunicación de la región.

Si nos referimos a los alcances y las limitaciones teóricas y metodológicas de cada uno de estos estudios las observaciones apuntan a una doble dirección. En primer lugar, es necesario advertir que en la mitad de los trabajos se constata un interés de aproximación teórica a la relación medios y violencia desde diversos ángulos de atención. Sin embargo, el propósito de estos textos no es la producción de conocimiento empírico, así se hayan apoyado en él, sino el montaje de marcos explicativos para posibles estudios en el futuro.

En este punto, vale la pena invitar a la comunidad investigativa de la región a redoblar esfuerzos para generar conocimientos que aporten evidencia empírica a través de estudios sólidos y sistemáticos, y no sólo desde la teorización que en ocasiones se confunde con la especulación. Sobre todo, porque más que investigaciones que mostraran evidencia empírica sobre el tema, en algunos textos hubo una discusión política y un debate moral a los medios y la violencia a partir de posiciones previamente establecidas. Aquí la función del lector se parecía a la de alguien que estaba a favor o en contra de las posiciones en juego.

En cuanto a lo segundo, es preciso señalar que no basta con conseguir rigor científico sobre la base de exponer resultados dirigidos a los eslabones más obvios de la investigación: la cantidad de la violencia en los medios y la posible relación de esto con la conducta agresiva del receptor. En este tipo de trabajos queda la sensación de que la violencia fuese un “gran sujeto” que actúa en abstracto: igual en todos los géneros, en todos los formatos y para todas las audiencias. Así, el interés por cuantificar los actos de violencia en los contenidos de los medios buscando, por esta vía, la explicación causal sobre el incremento de la violencia en la sociedad, termina simplificando los escenarios complejos 158

de la violencia a un hecho, un sujeto, una acción, pero desprovistos de sus correlaciones con los referentes del conflicto, el antagonismo, las relaciones de poder, dominación, legitimidad, consenso y cooperación.

Aquí la invitación se dirige a problematizar no solamente la violencia desde los “hechos”, sino también la violencia desde los “lenguajes”, es decir, desde las gramáticas, los dispositivos, los contextos y los órdenes que la (re)producen y la dotan de significación. Distintos trabajos apuntaron en esta dirección, sobre todo aquellos que exploraron el rol de los medios en relación con la exclusión social, la alteridad, las sensibilidades, los grupos sociales específicos, las opiniones, las percepciones y los sentimientos de temor, vulnerabilidad y desconfianza que tienen las personas sobre las sociedades en que viven y en las que desearían vivir. Sin embargo, necesitamos conocer más y producir mejor evidencia empírica al respecto.

Por último, las violencias que identifican los investigadores no siempre suelen ser las mismas que perciben las audiencias. La invitación es a la elaboración de estudios que se aproximen a los procesos de comunicación, y no sólo a los medios. Por una parte, es indispensable investigar los procesos de producción de los mensajes de violencia, esto es, las lógicas comerciales, políticas y culturales con las que se fabrican estos mensajes, los agentes profesionales –productores, realizadores, periodistas – que allí intervienen. Por otro lado, es necesario investigar los procesos de recepción de la violencia, esto es, los usos y los contextos espaciales y temporales desde donde son “leídas” las representaciones mediáticas de la violencia, y con esto los consensos, las resistencias y las tensiones que allí se verifican.

La toma de decisiones y las políticas de reglamentación democráticas sobre los medios, que involucra a las autoridades públicas, los productores y realizadores de la comunicación, la comunidad académica, los centros de educación y la sociedad civil debe hacerse, hoy más que nunca, tomando en cuenta esfuerzos investigativos, serios y sistemáticos, para comprender qué lugar ocupan los medios en las violencias y qué espacio ocupan las violencias en los medios.

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ECONOMÍA Y DESARROLLO

El costo de la canasta educativa, un obstáculo para el pleno disfrute del derecho a la educación* Estudio de caso en la zona centro oriental de Medellín Por Adrián Marín Echavarría** y Orlando Luján***

* Artículo recibido en septiembre de 2006.

Artículo aprobado en noviembre de 2006. ** Historiador e investigador de la Corporación Región *** Historiador e investigador de la Corporación Región

“En la perspectiva de los derechos humanos es exigible la obligación del Estado de crear las condiciones para que se materialice el derecho a cursar cada grado y nivel escolar con éxito. La inasistencia, la deserción, el abandono escolar, la pérdida y la repetición de grado constituyen fracasos que afectan el desarrollo de condiciones iguales de partida para participar en la vida de la nación” (Procuraduría General de la Nación, 2006).

Introducción1

Aproximarse a los contextos poblacionales de la ciudad de Medellín, donde la iniquidad, la exclusión, la pobreza extrema y la vulnerabilidad social, hacen parte de la cotidianidad que se vive en estos espacios, permite ver las situaciones que tienen que sortear sus habitantes para acceder a los derechos económicos, sociales y culturales.

Esta situación se constata con los índices de pobreza que se presentan en gran parte de las familias en Medellín, donde se calcula que un 49,2% del total de la población –2.368.000 habitantes–, se encuentra bajo línea de pobreza y un 11,9 % está bajo la línea de indigencia. Es decir, en los primeros, sus ingresos no alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica –alimentos, vestuarios, vivienda– de consumo y en los segundos, sus ingresos no alcanzan a cubrir el costo de la canasta mínima –calorías– , para subsistir (Gutiérrez, 2005).

Desde una perspectiva del derecho a la educación y aguzando la mirada en la zona centro oriental, comunas 8 (Villahermosa) y 9 (Buenos Aires), se evidencian los tropiezos que estas comunidades tienen que sortear para que sus hijos e hijas disfruten plenamente de este derecho. Estos obstáculos en el día a día se convierten en aspectos críticos que inciden directamente en la desescolarización que presenta el municipio de Medellín. Obstáculos que pasan por las situaciones económicas y la falta de dinero, por la baja valoración de la educación, por los bajos rendimiento académicos, por razones y/o motivos familiares, entre otras2. Índices similares presenta la Procuraduría General, que utilizando como fuente la Encuesta de Calidad de Vida del 2003, encontró que los motivos para no estudiar de la población entre los 5 y los 17 años se dan en un 46% por los costos educativos y la falta de dinero, seguido de un 20% que representa el grupo de personas que no les gusta estudiar o tienen poco interés para el estudio, la necesidad de trabajar 6%, las responsabilidades familiares 6%, la lejanía geográfica de las instituciones educativas 4%, la falta de cupo 3%, entre otras (Procuraduría General de la Nación, 2006, 118) Lo que evidencia el informe de la Procuraduría General y los índices que presenta la Alcaldía de Medellín, es que en un alto porcentaje las causas de la desescolarización de los niños, niñas y jóvenes, responden a motivos económicos, esto es porque el costo de la canasta educativa que tienen que asumir las familias es demasiado alto, comparado con sus ingresos económicos.

Así lo plantea el informe de la Comisión Nacional de Seguimiento a las recomendaciones de la relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación: 2.

1.

Este artículo es un avance de la investigación realizada por el “Programa de educación y formación ciudadana” de Corporación Región.

Estos obstáculos presentan unos índices de un 39,9% por razones económicas y la falta de dinero, 19,5% por la baja valoración de la educación, 6,5% por la mala disciplina, 6% por bajos rendimiento académicos, 5,8% por razones y/o motivos familiares, entre otras causas (Secretaría de Educación de Medellín, 2005).

El costo de la canasta educativa 175

“Muchos niños, niñas y jóvenes no acceden o no pueden permanecer en las instituciones escolares por la situación económica de sus familias, debido con frecuencia a que no tienen el dinero para el pago de matricula al inicio de año o no tienen los recursos para sostener los costos de la canasta escolar (uniformes, útiles escolares, transporte casa-escuela-casa y alimentación en tiempo escolar)” (Informe De La Comisión Nacional, 2005).

Este panorama confirma la precaria situación del derecho a la educación en Colombia, que en el marco latinoamericano, es el único país que no realiza una garantía eficaz de este derecho. Esta situación se convierte en un acto de incumplimiento a los pactos internacionales que Colombia ha firmado, para garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población (Tomasevski, 2006).

Ante esta situación y atendiendo a una de las recomendaciones de Katarina Tomasevski, en su visita a Colombia como relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación (Tomasevski, 2004b, 96), se realizó este estudio de caso en la ciudad de Medellín, específicamente en las comunas 8 y 9, donde se identifican de manera detallada los costos para acceder a una educación que debería ser gratuita y que no los es y las situaciones económicas de las familias que deben asumir estos gastos.

Se asume el estudio como una estrategia metodológica que busca comprender el significado de una realidad, desde un examen de diversos aspectos localizados en tiempos y espacios concretos, involucrando en su dinámica elementos investigativos como la formulación del problema, la selección del caso, recolección de información, análisis y presentación de resultados (Galeano, 2004, 67-68). Este estudio de caso, se apoya el modelo conceptual de las “Cuatro Aes” planteado por Tomasevski, que parte de cuatro obligaciones que el Estado debe asegurar para garantizar el derecho a la educación: la “asequibilidad”, la “accesibilidad”, la “adaptabilidad” y la “aceptabilidad” (Tomasevski, 2004a, 77-78).

Obligaciones de asequibilidad: éstas son obligaciones que tienden a satisfacer la demanda educativa por varias vías, una es la generación de oferta pública, 176

ó sea establecer o financiar instituciones educativas que estén a disposición de todos los niños y niñas, para asegurar que éstos ingresen al sistema educativo. Y la otra, es la protección de la oferta privada, que permite la libertad a particulares para fundar establecimientos educativos.

Obligaciones de accesibilidad: éstas son obligaciones que tienden a proteger el derecho individual de acceso en condiciones de igualdad, sin discriminación y con las mismas oportunidades al sistema educativo. Nuestro país está obligado –según los pactos internacionales–, a garantizar el acceso gratuito a la educación primaria de todos los niños y niñas en edad escolar.

Obligaciones de adaptabilidad: acá la obligación del Estado debe tender a garantizar la permanencia y la continuidad de los y las estudiantes en el sistema educativo, generando espacios educativos fundados en la diferencia, el respeto, el multiculturalismo, la democracia y los derechos. Esto implica el ofrecimiento en las instituciones educativas de una educación adaptable a los niños y las niñas.

Obligaciones de aceptabilidad: en esta obligación el Estado debe asegurar una educación con calidad, esto implica que él vele por el cumplimiento de unas normas mínimas en los establecimientos educativos y exija el mejoramiento profesional de quienes ejercen la docencia (Defensoría del Pueblo, 2005, 44-47).

Para este estudio se realizó una encuesta con un universo poblacional de 50 familias de estratos 1 y 2 que habitan los barrios y asentamientos de las comunas 8 y 9 de Medellín3, en la cual se indagó por su situación socioeconómica. Las variables que se tuvieron en cuenta fueron: el empleo, la posición ocupacional de quien labora, el nivel y el promedio de ingresos y la destinación de los ingresos. Igualmente se aplicó una encuesta en cinco instituciones educativas cercanas a las comunidades que habitan estas 50 familias. En esta última las variables que se tuvieron en cuenta 3.

Villa Turbay, La Sierra, Santa Lucia, Las Mirlas, Ocho de Marzo, Esfuerzos de Paz 2 y Altos de Salvador o Trincheras.

4.

Entiéndase en este texto por canasta educativa: matrícula, uniformes, útiles escolares, transporte y alimentación en tiempo escolar. En este estudio el cobro de complementarios (fichos, carné, manual de convivencia), se asumió como un rubro más de la canasta educativa.

El costo de la canasta educativa 177

fueron los costos que una familia tiene que asumir al momento de matricular a sus hijos. la canasta educativa4.

El propósito de este estudio es visibilizar los costos de la canasta educativa y las situaciones socio-económicas de las familias que los tienen que asumir. Para proponer elementos que permitan pensar en políticas educativas que ayuden a disminuir la desescolarización y a bajar los altos niveles de deserción escolar.

En otras palabras políticas educativas que estén encaminadas en la búsqueda de una educación totalmente gratuita.

Contextos poblacionales, economía familiar y canasta educativa Contextos Acercarse a los contextos poblacionales de los barrios y asentamientos donde habita la población encuestada, permite ver en estos espacios las situaciones de pobreza extrema, desigualdad y marginalidad social que existen en nuestra ciudad.

Hay varias particularidades que acompañan estas situaciones y que son común denominador para la caracterización de estos espacios. Una de ellas es que el poblamiento de estos barrios y asentamientos se dio por las continuas oleadas de violencia, desplazamiento y conflicto armado que se ha presentado en el territorio colombiano en las dos últimas décadas, acto que ha hecho que la población civil afectada busque y vea la ciudad como un espacio para establecerse, resguardarse y huir de la violencia y la pobreza que genera el conflicto. La continuidad y permanencia de este conflicto, hacen que constantemente llegue a la ciudad más población en situación de desplazamiento y pobreza que aumenta el número de familias ya establecidas y el número de los asentamientos poblacionales que hay en la ciudad.

Otra característica en estos espacios es su ubicación, que inicialmente fue en la periferia de la ciudad, pero por la continuidad del conflicto armado y del desplazamiento que éste genera, fueron las “periferias de la periferia” (Naranjo y otros, 2001, 85) de la ciudad, es decir los lugares más difíciles para la vida humana, con terrenos de alto riesgo y deterioro ambiental no recuperable, las que acogieron a esta nueva población. Allí se ubican asentamientos como Altos de la Torres, Pacífico, Golondrinas, Esfuerzos de Paz y barrios como Villa Turbay, La Sierra, 8 de Marzo, entre otros.

Otra característica es que urbanamente estos espacios están en “zonas de desarrollo incompleto” (Naranjo y otros, 2001, 84), donde la planeación y trazos no son bien definidos, lo que hace que las cuadras y manzanas sean irregulares, con dificultad para el acceso vehicular y para construir colegios, centros de salud y otros servicios del Estado, necesarios en estos lugares.

Economía familiar La situación de pobreza extrema y precariedad que se vive en estas “zonas de desarrollo incompleto”, se constata con la observación de varios elementos económicos de las familias que dan pistas, sobre las dificultades vividas y sobre la imposibilidad que tienen estas comunidades para asumir los costos educativos.

Esta información se recogió con las encuestas que se aplicaron a las 50 familias, donde las preguntas sobre la posición ocupacional de los miembros de la familia, la clase de empleos, el nivel promedio de ingresos y la destinación de los gastos; buscaban recoger elementos que permitieran realizar un diagnostico socioeconómico de estos hogares, para ver la relación de estas situaciones con los costos de la canasta educativa.

Empleos y subempleos sin garantías, ni calidad

4.

Entiéndase en este texto por canasta educativa: matricula, uniformes, útiles escolares, transporte y alimentación en tiempo escolar. En éste estudio el cobro de complementarios (fichos, carné, manual de convivencia), se asumió como un rubro más de la canasta educativa.

178

En la posición ocupacional de las personas que trabajan, se ven las iniquidades y la falta de oportunidad para esta población. Primero, porque para El costo de la canasta educativa 179

Gráfica 1: Posición ocupacional del trabajador

el 49% de los empleados u obreros, los empleos más frecuentes son: empleadas domésticas para las mujeres y vigilancia y construcción para los hombres, empleos que en muchos casos no son constantes, ya que se les contrata por horas, días o por obra, donde no se tienen garantías de permanencia, ni condiciones mínimas de seguridad social; en otras palabras, empleos sin calidad laboral, donde la necesidad termina siendo el criterio para aceptar las condiciones en que son contratados.

Segundo, porque para un 38% de la población, trabajar por cuenta propia es su única modalidad de empleo, donde las ventas ambulantes, el rebusque y el recorrido (bajar de las laderas con bolsa en mano a distintos espacios de la ciudad, plazas de mercado, tiendas y negocios a pedir “mercadito”), son los que generan el ingreso económico.

Lo que llama la atención es que para estas familias hacer el recorrido5 y vivir del rebusque (ventas ambulantes, ventas en la casa, vender por catálogos, vender productos puerta a puerta y “lo que resulte”) se convirtió en una modalidad de trabajo informal, que en todos los casos es la única fuente de ingresos. Y tercero, porque el otro porcentaje más relevante 11% son trabajadores familiares sin remuneración, ó sea personas desempleadas que su única labor es atender los oficios domésticos y esto no genera ninguna clase de ingresos. (Gráfica 1) “Pobres” ingresos familiares Con estos empleos (vigilantes, ayudantes de construcción, empleadas domésticas) y subempleos (venteros ambulantes, rebusque, reciclador, “boltiador”, meseras y haciendo recorrido), los ingresos de estas familias “son pobres” desde lo económico y desde la dignidad, pues para un 42% de ellas, sus ingresos están por debajo de medio salario mínimo legal vigente6; es decir, están viviendo en promedio con $88.300 pesos mensuales y un 26% de ellas reciben menos de un salario mínimo, ó sea son familias que viven con menos de $269.800 pesos mensuales.

5.

Bajar desde las alturas de los asentamientos que habitan, a las calles, barrios, supermercados, mercados mayoritarios, plazas de mercado y tiendas, a pedir comida para el sustento alimenticio de sus familias. Frente a estas prácticas ver Gómez, Vélez y Fernández, (2004).

180

Muestra: 50 familias de las comunas 8 (Villa Hermosa) y 9 (Buenos Aires) de Medellín.

Ya el 22% de la población alcanza a obtener un salario mínimo o más, reciben en promedio mensual $ 425.250 pesos y solamente un 2% de las familias –que equivale a una familia– tiene ingresos de más de dos SMLV, en este caso esta familia cuenta con tres personas trabajando. (Gráfica 2) “Ante todo comer”

En estas situaciones y con este nivel de ingresos que tienen las familias “ante todo comer”, es el primer criterio para la destinación de gastos; aquí los dilemas sobre la inversión de sus ingresos no tiene lugar, ya que al momento 6.

Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) de 2005 $381.500

El costo de la canasta educativa 181

Gráfica 2: Porcentaje de ingresos hogar

Gráfica 3: Destinación de gastos

Muestra: 50 familias de las comunas 8 (Villa Hermosa) y 9 (Buenos Aires) de Medellín.

Muestra: 50 familias de las comunas 8 (Villa Hermosa) y 9 (Buenos Aires) de Medellín.

de decidir la destinación de ellos (considerando siete aspectos básicos de la canasta familiar: alimentación, servicios públicos, vivienda, educación, vestido, salud y recreación), los gastos se orientan a la alimentación, seguido de los servicios públicos, la salud y la vivienda. La vivienda y la educación en estas familias pasan a un segundo plano de prioridades y se excluyen totalmente de la destinación de gastos el vestido y la recreación.

niñas la violencia, por el retraso cultural de las familias, por el trabajo infantil, por los requerimientos administrativos de las instituciones educativas de la zona y especialmente por los costos educativos.

En la encuesta realizada a las familias se les preguntó por los motivos de desescolarización de sus hijos y el 79% señaló los costos educativos como el motivo central de la desescolarización.

Costos de la canasta educativa. Seis variables insostenibles El contexto social y económico que envuelve a las familias del Pacífico, Esfuerzos de Paz 2, Villa Turbay, la Sierra, Santa Lucía, Ocho de Marzo y Loreto, agudiza los aspectos críticos que inciden en la desescolarización de los niños y niñas. Estos pasan por la situación de desplazamiento, por el acceso geográfico, por las afectaciones o el impacto psico-social que deja en niños y 182

El resultado de la variable de los costos educativos es necesario complementarlo con los costos que una institución educativa cobra a las familias al momento de ingresar sus hijos a estudiar. Para esto, se indagó en 5 instituciones educativas (IE) del sector por los costos de la canasta educativa, teniendo en cuenta cinco variables: el pago de matrícula, otros costos académicos (manual de convivencia, carné estudiantil, fichos, asociación de padres), uniformes, útiles escolares y El costo de la canasta educativa 183

Tabla 1: Motivos de la desescolarización

Muestra: 50 familias de las comunas 8 (Villa Hermosa) y 9 (Buenos Aires) de Medellín.

alimentación; una variable más fue la del trasporte, ésta se calculó teniendo en cuenta el desplazamiento mínimo, ó sea el pasaje de bus desde el barrio a la institución educativa y otro pasaje de la institución al barrio nuevamente.

Al calcular las seis variables de la canasta educativa, se pretende evidenciar como estos costos que tienen que asumir las familias se convierten en elementos insostenibles para economías tan precarias y en un obstáculo para la escolarización de niños y niñas.

en acuerdos con ellos para que ellos vayan pagando por cuotas o al final para que realicen trabajos, los que saben de fontanería vienen a realizar trabajos, en servicios generales, las madres de familia que no pueden pagar, muchas veces vienen y pagan con servicio de aseo, etc.”8

Estos argumentos de “gratuidad” y de “acuerdos”, son los utilizados por las instituciones educativas, para salirle al paso a las constantes voces que dicen “no tener plata con que pagar la matrícula de sus hijos”, afirmación que se entiende si se miran los costos de las matrículas y se comparan con los ingresos que reciben mensualmente las familias encuestadas, el 68% está por debajo de un salario mínimo.

Al promediar los costos de matrícula de las cinco instituciones educativas consultadas, se obtiene que valor promedio para preescolar es de $43.880, de $38.180 para básica primaria y de $51.820 para la básica secundaria. (Tabla 2) Este contraste entre matrícula e ingresos familiares, lo que evidencia es que la gratuidad educativa que debería ser garantizada por el Estado, termina siendo una responsabilidad de las familias, a quienes en el pago de matrícula se les está trasladando parte de la sostenibilidad de la planta física de la institución.

Tabla 2: Derechos acádemicos/matricula (pesos colombianos 2005)

Paga o paga “Es que la educación es gratuita yo le digo a mis padres de familia, ustedes no pagan los maestros, eso lo paga el gobierno, por eso es gratuito pero el funcionamiento y el mantenimiento tienen que salir de parte de nosotros que somos los que adecuamos la planta física.”7 Fuente: cinco instituciones educativas de las comunas 8 (Villa Hermosa) y 9 (Buenos Aires) de Medellín.

“… si no pueden pagar, no son motivo de desescolarización institucional, sino que por el contrario se llegan y se llaman, y en algún momento se llegan 7.

184

8.

Entrevista a la Rectora. IE Nº 5

Entrevista a Coordinador IE Nº 4

El costo de la canasta educativa 185

Cobros voluntarios

Tabla 4: Uniformes (pesos colombianos 2005)

Aunque está reglamentado por la Resolución 37379, el carácter voluntario de otros cobros, en las instituciones educativas se continúa exigiendo como condición de matrícula el pago de otros costos, que entre carné estudiantil, fichos de inscripción y manual de convivencia, incrementan el gasto de la canasta educativa en un rango de valores de $ 2.700 a $ 5.700 (Tabla 3) Tabla 3: Costos asumidos por las familias (pesos colombianos 2005)

Fuente: cinco instituciones educativas de las comunas 8 (Villa Hermosa) y 9 (Buenos Aires) de Medellín.

Fuente: cinco instituciones educativas de las comunas 8 (Villa Hermosa) y 9 (Buenos Aires) de Medellín.

Este costo lo tienen que asumir las familias –pues está en juego la escolarización de sus hijos–, y es el que más incrementa el gasto en la canasta educativa, ya que los precios de los uniformes son altos si se piensa en las familias que los tienen que comprar. Por ejemplo, en las cinco instituciones educativas el valor de los uniformes promediando el de niños (gala y educación física) y el de niñas (gala y educación física) van en un rango de valores de $60.750 el más económico y $134.100 el más costoso. (Tabla 4)

Que los uniformes sean “originales”

Pese a la no obligatoriedad de los uniformes escolares, es sorprendente encontrar en las instituciones educativas a profesoras y directivos docentes exigiendo como condición de matrícula y cupo escolar y bajo la amenaza de la desescolarización el porte de los uniformes (el de gala o diario y el de educación física). El motivo de tal exigencia es que las instituciones están pensando en su estética y apariencia exterior, por eso exigen además de los uniformes, zapatos y tenis únicos y de colores específicos, buzos únicos y “originales” que estén acordes con los colores de la institución. Si no es así, en algunos casos no es posible mediar con otros colores, apariencias o copias de los “originales”. Lo que más llama la atención es que los uniformes “originales”, son los que la institución vende o la persona que la institución recomienda.

9.

Haciendo un análisis de género, por el hecho de ser niñas y de tener que conservar la feminidad, la limpieza y el orden, los uniformes de las niñas se incrementan en un 16%, ya que tienen que ser de paño, con trazos y bordados especiales.

Los implementos de aseo completan la lista escolar

Otra variable de la canasta educativa que se tuvo en cuenta para este estudio, fue el listado básico de útiles escolares que las instituciones educativas piden por niño al momento del ingreso. En este listado de útiles escolares se incluyen implementos de aseo personal (cepillo de dientes y crema dental), además de papel higiénico que entra a hacer parte del fondo común del grupo donde los niños son matriculados.

Resolución Número 3737 de 2005 (octubre 18) por la cual se regulan los costos por concepto de derechos académicos en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Medellín para el año académico 2006. Artículo Tercero.

186

El costo de la canasta educativa 187

Tabla 5: Listado básico de útiles escolares (pesos colombianos 2005)

Esta práctica continúa trasladando a las familias las responsabilidades económicas que son exclusivas de las instituciones educativas. Es a éstas a quienes corresponde la dotación de implementos de aseo como papel higiénico, detergentes, escobas y traperos, en ningún caso esta responsabilidad debe ser asumida por las madres o padres de los niños, ni siquiera bajo el argumento de la corresponsabilidad o solidaridad educativa.

Al promediar el valor de los requerimientos en los listados de útiles escolares, este tienen un costo de $74.400 (Tabla 5).

Restaurante escolar un costo más

La alimentación dada a los niños y niñas en los restaurantes escolares también hace parte de la canasta educativa. Para calcular el costo de esta variable se tomo como base los $900 semanales que pagan las familias por el almuerzo de sus hijos, este costo multiplicado por las cuarenta semanas del calendario escolar que tienen que cumplir los niños y las niñas, genera un gasto anual de $36.000.

Transporte escolar

El costo de esta variable se realizó con la base de $2.000 pesos, valor que tiene dos pasajes diarios que cualquier estudiante debe pagar para desplazarse a su lugar de estudio, si este queda lejos de su casa. Este rublo de la canasta educativa tiene un valor semanal de $10.000 mil pesos, que multiplicado por las cuarenta semanas de calendario escolar, se traduce en un costo anual de $400.000.

Relación canasta educativa e ingresos anuales Fuente: cinco instituciones educativas de las comunas 8 (Villa Hermosa) y 9 (Buenos Aires) de Medellín.

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Al hacer un promedio de gastos de la canasta educativa, teniendo en cuenta las seis variables (derechos académicos, otros costos, uniformes, útiles escolares, El costo de la canasta educativa 189

alimentación y trasporte), los padres y madres pagan anualmente al momento de la escolarización de uno de sus hijos o hijas, un costo de $655.600 en preescolar, $649.900 en básica primaria y $663.540 en la básica secundaria (Tabla 6).

Tabla 8: Relación ingresos - costos canasta educativa por un niño-a

Tabla 6: Promedio de gastos en canasta educativa (pesos colombianos 2005)

Tabla 9: Relación ingresos - costos canasta educativa promedio tres niño-as

En porcentajes estos gastos equivalen a (Tabla 7): Tabla 7: Porcentaje de los gastos de cada uno de los componentes en relación con el 100% del valor de la canasta educativa

Una tabla comparativa entre los ingresos anuales de las familias de la muestra y los costos anuales de la canasta educativa de un niño, permite ver por qué para estas familias estos gastos representan un obstáculo para la escolarización y la permanencia de sus hijos en instituciones educativas (Tabla 8).

Esta situación se agudiza si calculamos sobre la base de tres niños-as, promedio de hijos que tienen las familias que hicieron parte de la muestra. (Tabla 9) 190

Con esta relación, no solamente se ve el obstáculo, sino la imposibilidad que tendría el 42% de las familias, cuyos ingresos están por debajo de medio salario mínimo, para asumir los costos de la canasta educativa, ya que estos sobrepasan sus ingresos anuales. En similares condiciones estarían el 26% de las familias que no alcanzan a recibir un salario mínimo, pues más del 60% de su presupuesto anual lo tendrían que destinar para la educación de sus hijos.

El panorama no varía mucho para el 22% de las familias que tienen más de un salario mínimo de ingresos, ya que un 38% de ellos lo tendrían que destinar a educación, un alto porcentaje si consideramos que aparte de la educación hay otros elementos que hacen parte de la canasta familiar: alimentación, salud, vivienda, entre otros. Finalmente, aunque no menos significativo, está la destinación presupuestal que el 2% de la muestra poblacional –que en este caso equivale a una familia– tendría que hacer para la educación de sus hijos, el cual sería de un 11% de sus ingresos anuales.

El costo de la canasta educativa 191

Por las razones económicas expuestas y por los contextos y características poblacionales, cualquier costo que las familias tengan que asumir al momento de escolarizar a sus hijos e hijas, se vuelve un dilema: “o se come, o se estudia”; donde finalmente se termina priorizando la desescolarización, la deserción escolar y aprobando en muchos casos el trabajo infantil y la mendicidad.

Conclusiones En el marco del derecho a la educación, con las particularidades económicas y sociales de las 50 familias que hicieron parte de este estudio y promediado los costos de la canasta educativa de cinco instituciones educativas del sector, es evidente que este costo no puede ser asumido por las familias cuyos ingresos están por debajo del salario mínimo, lo que se convierte en un obstáculo para la escolarización y el pleno disfrute del derecho a la educación de los niños y niñas.

Al observar los dos componentes del derecho a la educación desde el planteamiento de la “cuatro Aes”, con el enfoque de seguimiento y evaluación de la política educativa planteada por la Defensoría del Pueblo (Murcia, 2003), se ve que las obligaciones de cumplimiento inmediato que tiene el Estado en cuanto a “asequibilidad” y “accesibilidad”, no se están llevando a cabo en su totalidad, pues algunos indicadores básicos dejan ver las deficiencias del sistema educativo.

• No hay gratuidad educativa, la existencia de costos de canasta educativa, evidencia que en Medellín no es posible hablar de una plena disponibilidad en educación gratuita • No se está asegurando el acceso a la educación básica de la población en edad escolar, pues aparte de la matrícula existen costos de uniformes, útiles, transporte y otros, que exceden la capacidad de pago de las familias e impiden la accesibilidad al sistema educativo de niños y niñas en situación de desplazamiento y pobreza extrema.

192

• La existencia y obligatoriedad de uniformes y otros gastos están generando discriminación y desprotección de la población más vulnerada.

Recomendaciones • La generalización de la educación gratuita para todos los niños, niñas y jóvenes de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Primero, porque este derecho es una responsabilidad del Estado social de derecho; segundo, porque los valores de la matrícula escolar, aunque bajos para la lectura de economistas y administradores, son muy significativos dentro de la canasta educativa y familiar, mucho más si se tienen en cuenta los altísimos índices de pobreza que hay en la ciudad; tercero, porque la ciudad tiene capacidad económica para una decisión política de esta magnitud; y cuarto por el impacto que tendría en la calidad de vida de los habitantes, especialmente en las generaciones jóvenes, excluidas y sin derechos.

• Promover políticas públicas, programas y proyectos que visibilicen, acojan y ofrezcan alternativas de escolarización a niños y niñas que se encuentran habitando las periferias de la ciudad. Esto con el fin de asegurar cobertura educativa para esta población.

• Es necesario contribuir con una política que elimine definitivamente de las instituciones educativas los costos representados en manuales de convivencia, fichos, carné estudiantil y especialmente los costos de los uniformes. Esto se puede llevar a cabo en dos líneas: primero con la asignación de recursos a las instituciones educativas, para que éstas puedan financiar estos costos y segundo con la implementación de un uniforme único en todas las instituciones y en toda la ciudad, eliminando de paso el monopolio y negocio de los uniformes en las instituciones educativas en asocio con empresas privadas.

El costo de la canasta educativa 193

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El costo de la canasta educativa 197

CrĂ­tica de Libros

Historias de la lucha por la paz A propósito del libro Movimiento por la Paz en Colombia 1978-2003 de Mauricio García Durán, S.J.* Por Fernando Sarmiento Santander**

Han transcurrido en nuestro país un poco más de veinte años desde que se iniciaron los procesos de negociación con las guerrillas colombianas durante el gobierno de Belisario Betancur. En aquel contexto, el tema de la paz rodó de boca en boca con las discusiones y en los corazones de la opinión pública nacional.

Incluso, ya antes, desde la época del Estatuto de Seguridad de la presidencia de Julio César Turbay, la paz urgía en medio de la represión social y las repetidas violaciones a los derechos fundamentales. Hoy día, tras largos y complejos procesos políticos y sociales, el contexto de violencia y guerra continúa alentando con fuerza los debates y los anhelos nacionales en torno a este enmarañado asunto.

Lo más interesante, desde el punto de vista socio-político es que esta situación ha desatado toda una movilización de carácter ciudadano a nivel nacional. Se trata de una movilización diversa y por esto mismo rica en sus expresiones, metodologías y visiones. Mauricio García Durán ha sido uno de los investigadores que ha dedicado una buena parte de su trabajo a profundizar en el estudio de esta dinámica social. La publicación con la que ahora contamos recoge una trayectoria de dieciséis años de sistematización y análisis de las acciones colectivas por la paz en nuestro país, investigación que se consolidó durante su doctorado de los últimos años en la Universidad de Bradford, Inglaterra.

El actual proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, la búsqueda de acuerdos humanitarios con las Farc-EP y el avance en los diálogos con el ELN, +

García Durán, Mauricio, s.j., 2006, Movimiento por la Paz en Colombia 1978-2003, Bogotá, Cinep. ** Investigador de Cinep.

Crítica de libros 201

establecen un campo propicio para que la opinión pública nacional avance y profundice sobre los requerimientos y el sentido de una paz perdurable. ¿Qué aporta en esta reflexión, y en la construcción misma de la paz, el movimiento ciudadano por la paz que se ha venido configurando en el país durante las últimas dos décadas? En este sentido, es necesario que la opinión pública nacional comprenda la importancia de descentrar el asunto de la paz de las esferas de poder nacional; es decir, que la paz pase de ser un asunto exclusivo del gobierno central y de las cúpulas de los grupos armados en conflicto, a ser un proceso que se construye desde lo local, en la interrelación de las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales en lo regional, departamental, nacional e incluso internacional.

El libro de García Durán aporta una serie de elementos conceptuales y metodológicos para que, desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la paz y desde los centros académicos y de investigación social, se avance en la comprensión de este fenómeno de movilización ciudadana y desde allí se vislumbren posibles caminos para la solución pacífica del conflicto nacional. Preguntas como ¿cómo se ha venido configurando a través de los años esta dinámica?, ¿qué tipo de repertorio de acción presenta?, ¿cuál es su comportamiento geográfico?, ¿qué tipo de actores sociales la protagonizan?, ¿cuáles son su principales motivaciones para la acción?, ¿cuáles sus paradojas y tensiones?, entre otras, crean una serie de variables que se conjugan con la pregunta central del autor en este trabajo: ¿hasta dónde existe un movimiento por la paz en Colombia? No obstante la paradoja que vive el país, en la que por una parte se evidencia la situación de guerra y por la otra, la movilización en la búsqueda de la paz de la sociedad colombiana, García Durán argumenta que es posible encontrar salidas a la guerra. De hecho el autor afirma que “la sociedad colombiana posee potencial, dinamismo y experiencia considerables para brindar una solución pacífica a su conflicto violento. Su enorme movilización por la paz ha sido probablemente el más importante fenómeno social de la historia contemporánea del país”.

Los aportes de esta investigación se desarrollan en siete capítulos. En términos generales, es importante destacar el proceso metodológico utilizado. El autor parte de dos herramientas centrales, que se cruzan en el proceso: en un primer 202

momento, una definición operativa; esto es, una construcción conceptual de fondo, la cual es desagregada para ser utilizada como herramienta de contraste sobre los datos empíricos. En un segundo momento, una base de datos, a partir de la cual se analiza la dinámica de la movilización ciudadana por la paz, permite avanzar en conceptualizaciones respecto a la movilización en Colombia, estando muy cerca a sus particularidades respecto a movilizaciones en otros países. De este modo, se trata de un diálogo con otras experiencias de movilización por la paz para contrastar con la experiencia nacional y a su vez, de una comprensión de la experiencia propia, para elaborar conceptualizaciones adecuadas a las condiciones del país.

El primer capítulo se ocupa básicamente de la construcción de una definición operativa de movimiento por la paz. Para ello el autor hace una revisión de la amplia bibliografía existente al respecto; dos cuerpos de fuentes se ubicaron para esta tarea: el primero recoge estudios sobre las más conocidas movilizaciones por la paz del siglo pasado en Europa y Estados Unidos. En este establece importantes referentes de orden científico y ético, ya que evidencia cómo una buena parte de estas sociedades tiene una clara disposición hacia el control de la violencia humana y, en casos de violencia prolongada, de qué manera han logrado tránsitos hacia la paz. El segundo, y que resulta bastante sugerente para Colombia, recoge escritos sobre experiencias de construcción de la paz en contextos de violencia y conflicto armado, particularmente en países del sur, objeto común de este tipo de estudios. Estos países coinciden en sus preocupaciones de fondo, como el hambre, la represión, el subdesarrollo, que sumados a la violencia, afectan y condicionan directamente el accionar por la paz de la población civil. Se habla aquí de países como Angola, Filipinas, Guatemala, Palestina o Sri Lanka. En este conjunto, y a pesar de ser países del norte, se ubican también Irlanda del Norte y el País Vasco, en cuanto han vivido un conflicto armado. Esta rica compilación conceptual y de experiencias nos ofrecen la oportunidad de ver la dinámica de la movilización por la paz en Colombia y ubicarla en su proporción respecto a los avances empíricos y teóricos de autores en otros países.

Crítica de libros 203

El segundo capítulo es bastante metodológico, presenta el modo como se diseñan los instrumentos para el análisis. Los dos aspectos más importantes de este apartado son, por un lado, la conversión de una definición conceptual en herramientas de análisis y por otro, la presentación y explicación que se hace de la Base de Datos de Acciones Colectivas por la Paz, DataPaz, como herramienta de sistematización e investigación de las iniciativas por la paz. Esta base se ha venido desarrollando desde 1994, y en la actualidad continúa en el seno del Cinep su constante actualización, contando con información desde el año 1978 hasta el 2006.

Los cuatro capítulos siguientes desarrollan de forma minuciosa los componentes de la definición de movimiento por la paz presentada inicialmente.

Es así como el capítulo tercero analiza si la movilización en el país ha sido verdaderamente masiva, diversa y de escala nacional. De este análisis es interesante destacar el trabajo de georreferenciación de las acciones por la paz a lo largo de los 25 años de estudio; esta presentación geográfica de ellas va mostrando el modo como se fue extendiendo esta dinámica social a lo largo y ancho del país.

Este ejercicio es bastante diciente respecto al carácter de las iniciativas de paz, en cuanto se puede observar el alto nivel de coincidencia con aquellas regiones que han presentado un alto nivel de confrontación armada. Justamente es este el punto que el autor profundiza en el capítulo cuarto; aquí presenta con detenimiento la correlación de la movilización por la paz con tres dinámicas del contexto nacional: la guerra y la violencia, los procesos de negociación con grupos armados, las reformas políticas y los problemas estructurales de fondo.

Al respecto, García Duran establece el carácter reactivo de la movilización frente a la guerra, pues en gran medida los sectores sociales han sido directamente afectados; también muestra las limitaciones en la participación de la sociedad en procesos de negociación, debido básicamente a las mismas políticas de paz de los distintos gobiernos en turno; finalmente, señala la manera como las reformas políticas han sido también estructura de oportunidad para que los sectores sociales se movilicen, especialmente en el afán de establecer las condiciones para una paz duradera.

En el capítulo quinto el autor trabaja sobre las estructuras organizativas. En él se muestra el nivel de participación y el papel de los distintos sectores sociales; 204

las mediciones estadísticas dan cuenta del modo como se han involucrado las organizaciones de mujeres, afrocolombianos, campesinos, indígenas, jóvenes, gremios económicos, instituciones de gobierno, comunidad internacional, organizaciones por la paz, entre otras; al mismo tiempo se hace un análisis de las dinámicas de articulación que se han venido dando a lo largo de estos años. Con ello, se comprende que el proceso de construcción de la paz es una inquietud que convoca a los distintos sectores sociales desde muchas perspectivas de trabajo o enfoques metodológicos y de acción. Esta diversidad de formas de acción se relaciona estrechamente con los discursos o las concepciones de la paz; sobre este tema García Durán profundiza en el capítulo sexto: “Es posible distinguir dos elementos centrales dentro del discurso por la paz. Por una parte, existen distintas concepciones de paz (que oscilan entre definiciones minimalistas y maximalistas); por otro lado, están las que pueden ser llamadas ‘teorías de cambio’, es decir las distintas formas que la gente promueve para provocar cambios en la sociedad (que fluctúan de las formas pacifistas y no violentas a aquellas que propugnan el uso de la violencia)”. Estas distintas orientaciones evidencian el curso paradójico del discurso, como es expresado por el mismo autor; por una parte una riqueza en las expresiones, y por otra, una ambigüedad frente a la violencia y a los actores de la misma. Tal paradoja, como es concluido, conlleva a que las fuerzas sociales y políticas del país no confluyan como cuerpo frente a los actores armados para detener la guerra y frente a las políticas públicas para transformarlas a favor de la paz.

A lo largo de la investigación se analiza con detalle las características de la movilización por la paz, pero el séptimo y último capítulo pone a prueba el carácter y el sentido de estos grandes acumulados de movilización a lo largo de los años cuando el autor les plantea la pregunta por su efectividad. Los dos puntos anotados en las últimas líneas, detener la guerra y crear las condiciones políticas y sociales para el sostenimiento de la paz, son los principales retos de la movilización por la paz en Colombia. Los logros hasta el momento de la movilización, como se muestra en este capítulo final, pueden contribuir y aportar en gran medida a los principales propósitos; se trata de los avances en la creación de cultura de paz y del cambio de valores sociales, del surgimiento de innumerables iniciativas de paz en la geografía nacional, de las redes Crítica de libros 205

establecidas, y del interés de las instituciones públicas y privadas por establecer programas relacionados con este tema. En este punto, cuando se analiza los logros y contenidos de las demandas del movimiento por la paz, es interesante el comparativo realizado por el autor entre el movimiento por la paz y los demás movimientos sociales en el país. De aquí se deriva una conclusión que repercute tanto para futuras investigaciones sobre movilización social en Colombia como para la comprensión de los procesos de construcción de paz; en palabras del autor: “No es posible pensar en una sociedad colombiana que avanza hacia la paz sin considerar estos movimientos sociales. Esto tiene una interesante consecuencia: un movimiento por la paz no solamente sería la red de grupos y organizaciones que explícitamente trabajan y se movilizan por la paz, sino que también incluiría una amplia coalición y convergencia de todos los movimientos sociales y políticos que trabajan por cambios para alcanzar mayores niveles de democracia, seguridad, justicia y reconocimiento de la diversidad cultural”.

Tenemos así abierta una importante mina, en la que García Durán nos ha mostrado las múltiples vetas para profundizar y avanzar en la búsqueda de la paz, además de muchas otras vetas existentes en este rico y complejo tema de la movilización por la paz en Colombia.

Hacia la consolidación de la participación ciudadana A propósito del libro Encuentros con el Futuro, cuarto ejercicio de Planeación Participativa en Bogotá 2004 de Esperanza González y Fabio Velásquez* Por Margareth Flórez**

En su historia, Colombia ha vivido pocos momentos de tanta intensidad y construcción colectiva de acuerdos, como lo fue la preparación y promulgación de la Constitución de 1991. La participación ciudadana, sin duda, fue uno de los hitos más destacados de la Carta Magna, y reflejó el deseo de los colombianos de cambiar el régimen político y dar paso a la construcción de una democracia participativa.

Se trataba de dar voz e influencia a los ciudadanos sobre distintos aspectos de la gestión pública; de estimular que los funcionarios fueran más sensibles a las demandas ciudadanas y rindieran cuentas; de construir escenarios públicos de interlocución más abiertos, transparentes, legítimos y eficaces, capaces de transformar las prácticas políticas; de garantizar mejores condiciones de vida, más inclusión y mejor democracia.

Después de quince años, el desarrollo de la participación ciudadana en el país revela avances, pero devela un camino aún en construcción. Las Fundaciones Corona y Foro Nacional por Colombia ofrecen una contribución a la consolidación de la participación ciudadana y de la democracia participativa, a través del libro Encuentros con el futuro, entregado a Bogotá, a su actual Administración, a los ciudadanos y a los líderes políticos, a finales de 2006. +

Velásquez Carrillo, Fabio y González Rodríguez, Esperanza, 2006, Encuentros con el futuro, cuarto ejercicio de la Planeación Participativa en Bogotá, 2004, Bogotá, Fundación Corona, Foro Nacional por Colombia. ** Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia

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Crítica de libros 207

Esta nueva publicación se nutre de los hallazgos de estudios anteriores1, y a la vez agrega nuevos elementos al debate sobre la planeación participativa en Bogotá y, sobre todo, entrega una serie de recomendaciones prácticas, pertinentes y factibles de ser implementadas.

Pocos estudiosos son tan profundos, plurales y rigurosos en el manejo de la información que da sustento a sus hallazgos. Una mirada simple y ligera, no sería una contribución seria y justa ante la complejidad del tema abordado, y podría conducirnos a sendas equivocadas.

Este libro mira de conjunto el proceso de planeación participativa tanto en el ámbito local como distrital; procesos distintos en su normatividad, marco institucional, actores, intereses, etc. Me atrevo a decir que es la primera publicación que mira a profundidad el proceso de participación surtido a través del Consejo de Planeación Distrital con relación al Plan Distrital, y lo hace en la perspectiva de articular ambos procesos en torno a la propuesta de constitución de un sistema distrital de planeación.

Al igual que la evaluación al proceso de planeación local de 2001, este estudio resalta como saldo a favor la estabilidad normativa alcanzada en Bogotá en materia de planeación participativa desde la expedición del Acuerdo 13 de 2000, en la medida que la realización de estos ejercicios ya no depende exclusivamente de la voluntad del alcalde de turno ni de las reglas coyunturales que defina la Administración. Ahora bien, la norma brinda mayor estabilidad pero la “prenda” de garantía está en la voluntad, liderazgo y capacidad de gerencia del proceso por parte del Alcalde y su equipo; tal como se advierte en el capítulo dos de este libro, el compromiso y liderazgo es definitivo para el éxito de estas iniciativas, y fue lo que permitió mejorar los resultados en este último ejercicio.

Con respecto a lo local, esta obra permite comparar avances con respecto al ejercicio de evaluación al proceso de planeación participativa, hecho para el 2001, y señala con detalle aspectos coyunturales y estructurales que persisten entre uno y otro ejercicio y obstaculizan el adecuado desempeño y los resultados de la planeación participativa en Bogotá. En esta oportunidad, en 2004, por primera vez la norma aplicada al ámbito local, no cambió.

Los lectores encontrarán en sus páginas alusiones conceptuales y prácticas, coyunturales y estructurales, aciertos y desaciertos, y recomendaciones que ayudarán a entender qué pasa con la planeación participativa, por qué pasa y cuáles alternativas de soluciones pueden contribuir a minimizar las dificultades expuestas. Este libro ofrece una visión sistémica y completa de un fenómeno complejo influenciado por diversas circunstancias y factores, como lo es la planeación participativa. Se parte de la idea de que es necesario entender y comprender estos elementos para poder actuar en consecuencia y generar un ambiente favorable a la consolidación de la participación ciudadana.

1.

Velásquez Carrillo, Fabio y González Rodríguez, Esperanza, 2003, ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana?, Bogotá, Fundación Corona, Foro Nacional por Colombia, Transparencia por Colombia, Banco Mundial, Cider, Fundación Social, Viva la Ciudadanía, Corporación Región y IAF; y Fajardo, Octavio; Sánchez, María Dolores y Lugo, Nelson, 2003, La apuesta de los ciudadanos, Bogotá, Fundación Corona.

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Esta investigación también coincide con la anterior, al señalar que el Acuerdo 13 introduce una serie de restricciones al ejercicio, y menciona que lo mismo acontece con respecto al Acuerdo 12 para el ámbito distrital. Una vez más, se constata que la norma es necesaria pero su contenido puede traducirse en oportunidades o amenazas. La norma puede o no ayudar, más no es suficiente para generar transformaciones.

Aunque la percepción de los participantes sobre su grado de incidencia en la formulación del plan de desarrollo local mejoró en 2004 con respecto a 2001, la ambigüedad de la norma sobre el carácter vinculante de las decisiones sigue siendo el aspecto más controvertido, y la mayor amenaza a la legitimidad del ejercicio debido a que afecta negativamente las expectativas, y el clima de confianza y cooperación entre los actores.

De igual manera, el estudio vuelve a indicar restricciones impuestas por la norma con respecto a los plazos previstos para la realización de los ejercicios, la disociación entre los tiempos establecidos para los procesos de planeación en Crítica de libros 209

el ámbito distrital y local, y la atravesada coyuntura de cambio de los alcaldes locales mientras ocurre el ejercicio de planeación en las localidades.

Las dificultades y disgustos con relación a la representatividad en la conformación de los consejos, volvió a relucir en 2004. La representatividad tiene que ver con la legitimidad de estos órganos y, en esta medida, no sólo es importante garantizar representatividad sectorial consecuente con la dinámica de cada localidad y de sus organizaciones, sino también establecer eslabones entre los representantes y representados que asegure que los primeros tramitan los intereses y propuestas de los segundos, y que los representantes rindan cuentas a quiénes representan.

En cuanto a los actores, el proceso 2004 visto desde los números, denota un esfuerzo importante e intenso tanto en el ámbito local como distrital: 97.000 inscritos a los encuentros ciudadanos, 200 encuentros realizados con la participación de 55.000 personas, 80 audiencias públicas sectoriales y territoriales para discutir el Plan Distrital, 20.000 personas discutieron el Plan Bogotá sin indiferencia. Si bien no son cifras significativas frente al tamaño de la población bogotana, son similares a lo observado en contextos similares como Porto Alegre y Barcelona. El éxito no parece estar sólo en el número de participantes, sino en los mecanismos creados para mantener el vínculo y para asegurar los lazos con quiénes no participan directamente. ¿Quienes participan? Siguen siendo los estratos bajos y medios, el 87%; mayores de 45 años, el 6,7%; amas de casa, adultos mayores y jóvenes, personas que cuentan con tiempo libre. Mientras los ejercicios sigan siendo tan demandantes en tiempo de dedicación, este perfil no cambiará.

En 2004, el 90,5% de los participantes a los encuentros ciudadanos afirmó que uno de los efectos del proceso de planeación local es mejorar la calidad de vida de la gente; el 75,8% señaló como efecto el fortalecimiento de las organizaciones de la localidad; el 75,9%, la mayor voluntad de los ciudadanos para asociarse y trabajar conjuntamente; el 81,1%, la mayor identificación de los ciudadanos con su localidad; y el 71,9%, destacó como efecto del proceso, la mayor incidencia de la gente en las decisiones de la localidad que hace 5 años.

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En suma, los ciudadanos siguen apostando al proceso. Este es un activo que la ciudad y sus gobernantes deben cultivar, son parte de una elite de ciudadanos en formación, inquietos por los asuntos públicos y por el mejoramiento de su propia condición de vida y la de su comunidad.

Ahora bien, los datos también dan cuenta de que estos ejercicios en lo local, aún no logran hacer frente a prácticas indeseables para la democracia. Solo el 39,3% considera que estos ejercicios contribuyen a erradicar el clientelismo y la politiquería de la localidad (intermediación política de intereses ante el Estado), y solo el 46,9% indica que contribuye a reducir la corrupción.

Curiosamente, cabe observar que estas dos cifras son muy similares a las señaladas en el libro ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana?, en la encuesta realizada en 2001, para el contexto nacional.

En 2004, la percepción de los participantes fue positiva en relación con la organización de los eventos y la suficiencia de la información entregada, aspectos críticos en la primera versión de este ejercicio en 2001. Adicionalmente, el estudio demuestra que en 2004, el entorno político fue determinante en el logro de mejores resultados.

Se podría decir que este estudio, al igual que los anteriormente mencionados, sintetiza los hallazgos y las recomendaciones en una palabra: ¡articular! Esta es la palabra clave y persistente. Articular actores, plazos, escenarios, instancias de participación, autoridades e instituciones, procesos y resultados de los ejercicios distrital y local de planeación en la ciudad. Los lectores encontrarán en las páginas de este libro, abundantes, pertinentes y precisas recomendaciones sobre este punto. ¿Es necesario modificar los Acuerdos 12 y 13? Una vez más, y con suficiente evidencia, a mi criterio, se concluye que es necesario modificarlos, pero también revisar la organización institucional del Distrito (centro y localidades) en particular en lo relacionado con la descentralización y la participación. Sin embargo, es importante anotar que no todas las medidas de transformación deben ocurrir a nivel de la norma, algunas de las recomendaciones señaladas Crítica de libros 211

requieren para su implementación de la voluntad política, y de medidas administrativas al alcance de la Administración.

rol de estos actores institucionales en los procesos de planeación y participación, fortalecer las alcaldías locales, especialmente en su función de planeación.

¿Cuáles son las modificaciones que se deben introducir? La primera y más importante, es fijar de manera clara e incuestionable el alcance de la participación de cada actor y en cada fase del proceso, en particular el alcance de las decisiones de los encuentros ciudadanos, y los consejos de planeación local: el carácter vinculante.

¿Y a nivel de las medidas administrativas, las políticas públicas y los programas distritales? El estudio es igualmente generoso en recomendaciones orientadas a fortalecer los procesos de planeación participativa vía las políticas y los programas, y las acciones administrativas. Quisiera resaltar solo algunos puntos:

Es esencial que los ciudadanos que participan conozcan con anterioridad y con claridad sobre qué van a decidir y cuál es el alcance de sus decisiones.

Reglas claras, públicas y transparentes contribuyen a elevar la legitimidad y la confianza en el proceso. También es importante que ellos sepan en que casos excepcionales sus decisiones podrán ser revocadas y porqué.

Un segundo elemento de ajuste es la definición de plazos mayores para la formulación y aprobación de los planes, y la posibilidad de interconectar los períodos y los procesos de planeación tanto en el ámbito local como en el distrital.

Tercero, la recomposición de los Consejos de Planeación, tanto Locales como Distrital, de manera que sean instancias con un alto nivel de representatividad de sus integrantes, con reglas de juego claras para su actuación y con derechos y deberes precisos, y con la obligación de consultar y rendir cuentas a quiénes representan.

Fomentar y afianzar una cultura de la participación especialmente en torno a la planeación, seguimiento y evaluación que incentive procesos sostenibles de más largo aliento, es un asunto de particular relevancia.

Articular las acciones de seguimiento y evaluación de los planes con los ejercicios de rendición de cuentas por parte del gobierno distrital y local a los ciudadanos, contribuiría también a integrar procesos, a formar una ciudadanía capaz de opinar y razonar responsablemente ante los asuntos públicos y a generar instituciones más responsables y atentas a las demandas ciudadanas.

Es igualmente importante concebir una política a largo plazo de fortalecimiento de las organizaciones sociales, y en consecuencia ajustar la implementación de programas para tal fin. Afinar los sistemas de información y adecuarlos para que apoyen la participación ciudadana especialmente en la planeación, y garantizar el acceso oportuno de los ciudadanos a éstos. La información no es un elemento secundario, es esencial para la transparencia, para disminuir las asimetrías de poder, y para el éxito mismo tanto del proceso como de los resultados de la planeación participativa.

También los encuentros ciudadanos deben ser representativos de la población de la localidad. Para tal efecto, el estudio plantea que la norma debe contemplar un mecanismo de elección de delegados a los encuentros ciudadanos, que puede tener lugar en asambleas previas por barrio o por UPZ.

El apoyo técnico, logístico y financiero a los Consejos de Planeación Locales y Distrital, sin comprometer la autonomía de estos órganos, a fin de garantizarles las condiciones para que jueguen un papel más incidente en la formulación, seguimiento y evaluación de los planes en la ciudad, es otro punto a trabajar.

Se requiere ajustar y articular el diseño institucional para la descentralización y la planeación participativa tanto en el ámbito distrital como local, precisar el

Finalmente, los autores recomiendan: “los encuentros deben desarrollarse de acuerdo con una metodología previamente definida de común acuerdo entre la

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Crítica de libros 213

Administración Distrital, las Alcaldías Locales y los Consejos de Planeación Local.”

Sería interesante agregar una recomendación adicional: simplificar el proceso, hacerlo menos demandante en tiempo y en capacidades. Mientras haya altos costos para la participación especialmente en dedicación de tiempo, será difícil involucrar un mayor número de ciudadanos al proceso, y diversificar el perfil de los participantes en estos escenarios. Aquí vale la pena explorar distintas estrategias de participación que complementen las modalidades actuales y permitan involucrar a más ciudadanos con menor disponibilidad de tiempo, pero a la vez con disposición para participar. Un ejemplo, son las consultas por Internet a los ciudadanos, a manera de lo que se ha hecho en Barcelona.

participación, en particular la planeación participativa, propicia estos espacios.

Dicho de otra forma, un proceso de participación ciudadana efectivo y transparente puede contribuir a moldear la cultura y servir como elemento pedagógico transformador. Entender mejor la correlación entre cultura, participación ciudadana y desarrollo en Bogotá, permitiría probablemente dilucidar una de las claves más importantes para asegurar el desarrollo sostenido de la ciudad, y colocar la participación en el centro del debate.

Encuentros con el futuro invita a éstas y otras reflexiones.

Encuentros con el Futuro, además de ofrecer un análisis completo y sofisticado

sobre la planeación participativa y un conjunto amplío de recomendaciones, hace dos aportes adicionales: brinda un marco conceptual de referencia para analizar las condiciones y resultados de estos ejercicios, inspirado en los desarrollos de Fung y Wright. Y por otro lado, ofrece una batería de indicadores de proceso y de resultado que a futuro podrán ser aplicados y contribuirán a hacer un monitoreo preciso de los avances en esta materia.

Aquellos que queremos y trabajamos por Bogotá y sus gentes, esperamos que este libro sea una contribución al conocimiento, pero sobre todo sea un motor que inspire transformaciones en las visiones políticas de los actores, en las políticas públicas, en la norma, pero especialmente en la práctica. La Administración Distrital, los honorables concejales, los líderes políticos, los académicos y expertos, las organizaciones civiles y a los ciudadanos deben “hojearlo”, leerlo e impulsar las debidas transformaciones desde su campo y sus competencias. Las evidencias son contundentes, las recomendaciones son abundantes y precisas, es ¡hora de actuar sin vacilaciones sobre las reformas requeridas!

Las transformaciones en los valores y comportamientos, es decir en la cultura de los bogotanos, están en la base de los cambios positivos que caracterizan a Bogotá en su última década. Estas transformaciones significativas en capital social y cultura ciudadana ocurren mediante la comunicación y la interacción entre ciudadanos y entre éstos y las instituciones en el ámbito público. La 214

Crítica de libros 215

Resúmenes de artículos

Desplazamiento forzado en Colombia.

El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía Por Marta Inés Villa Resumen

El artículo se centra en una forma particular de migración forzada en Colombia, el desplazamiento interno, y en la reflexión sobre lo que constituye una mediación central tanto en la experiencia del desarraigo como en las posibilidades de inserción y restablecimiento de esta población: el miedo.

Primero, y para efectos especialmente de la comparación con otras formas migratorias en América Latina, me detengo en las diversas modalidades de éxodo forzado que configuran lo que se ha denominado el “Desplazamiento Forzado Interno”; en segundo lugar, bajo la hipótesis de que el desplazamiento forzado es una estrategia de guerra, analizo el peso que tienen la construcción y el uso intencionado de los miedos; en el tercer punto, entendiendo que el desplazamiento es una repuesta al miedo, exploro las continuidades y variaciones que a lo largo del proceso de desplazamiento tiene esta relación; y, en cuarto y último lugar, planteo algunas derivaciones de esta relación en términos de la reflexión sobre la ciudadanía y la democracia.

Palabras clave: desplazamiento forzado interno, legislación, miedo, conflicto armado, guerra, ciudadanía, Estado.

Forced displacement in Colombia.

The fear: a traverse axis of the exodus and the fight for the citizenship

By Marta Inés Villa Abstract

This article is focused on a peculiar colombian forced migration: the internal displacement, and on the discussion about the fear, which is a core mediation 219

in the experience of displacement and in the possibilities of re-insertion and re-establishment of this persons. First, and for to establish some comparisons with another forms of migration in Latin America, I stop in the several ways of forced exodus that conform what have been named as “Internal Forced Displacement”; second, I analyze the weigh that have the construction and the deliberated use of fears, under the hypothesis that forced displacement is a war strategy; third, I explore the continuities and variations that have the relationship between fear and forced displacement; and four, I outline some derivations of this relation in the field of citizenship and democracy.

Key Words: internal forced displacement, legislation, fear, armed conflict, war, state, citizenship.

El territorio: derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes en Colombia

The territory: a fundamental rigth of the afrodescendant communities in Colombia

By Sergio Andrés Coronado Delgado Abstract

The Constitution of 1991 recognizes special rights to the black communities that occupies and inhabits collective territories, and that have lived according to their customs and traditions. This work sustains the stand of fundamental of the right of the territory of these racial groups, recognizes the dimensions of this right and observes the state of it fulfilment in Colombia. It also, introduces categories of analysis to understand the nature of this right, in order to make people discuss and generate debates about the fulfilment, accomplishment and practice of this right.

Key Words: afrodescendant communities, Constitution of 1991, rights, territory, legislation, culture.

Por Sergio Andrés Coronado Delgado Resumen

A partir de la Constitución de 1991 se generó una situación de reconocimiento de derechos especiales a las comunidades negras que ocupan y habitan territorios colectivos, y que han vivido de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. Este trabajo sustenta la fundamentalidad del derecho al territorio de estos grupos étnicos, reconoce las dimensiones de este derecho y observa el estado de su garantía en Colombia. Además, introduce categorías de análisis para comprender la naturaleza de este derecho, con el propósito de generar debates alrededor de su garantía, ejercicio y exigibilidad.

Palabras clave: comunidades afrodescendientes, Constitución de 1991, derechos, territorio, legislación, cultura.

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El actor sindical en la transformación del sistema financiero Por Julio Puig Farrás Resumen

Desde la apertura y la liberalización de la economía, el sector financiero se ha transformado profundamente. El actor sindical ha estado marginado de este proceso y ha sido afectado por él mismo. Pero, ha tenido alguna influencia en los escenarios nacionales, y su acción en los centros de trabajo ha surtido efectos positivos para los trabajadores; efectos demostrables y reconocidos por estos últimos.

El empleo de todo el sector ha crecido notablemente durante el período. Pero, en cambio, el del sector bancario propiamente dicho ha disminuido en la mitad. Y como la afiliación sindical estaba concentrada en el mismo, ésta se ha 221

reducido en términos absolutos en una proporción aún mayor a la del empleo.

Empero, la tasa de afiliación bancaria se ha mantenido relativamente estable.

Pese a la aparición reciente de muchos pequeños sindicatos, el grado de dispersión del sindicalismo es inferior al que tenía hace 15 años. Dos sindicatos reprentan más del 50% de toda la afiliación. Para llegar a ser un actor protagonista en su sector, la ampliación de su base es incluso más prioritario que la unificación de su organización. Para ello, dispone de una carta legitimadora importante: la efectividad de su papel en la negociación de convenios colectivos, en cuanto a remuneraciones, cosa que le reconocen ampliamente los trabajadores, sindicalizados o no.

Palabras clave: sindicatos, sector financiero, trabajadores, política económica, empleo.

The Union Leader in the transformation of the financial sector

By Julio Puig Farrás Abstract

The financial sector has dramatically changed since the opening and liberalization of the economy. However, trade unions have been marginalized from this process, despite being affected by it. But, they have had some influence in national scenarios, and their actions at the workplace have had positive effects for workers, who have recognized their impacts.

Employment in the sector has increased significantly during this period. However, employment in the banking sector in particular has decreased by half. Since union affiliation is concentrated in the banking sector, this has decreased in absolute terms in a proportion even greater than that of the loss in jobs. However, the unionization rate in the banking sector has remained relatively stable.

Despite the recent appearance of many small unions, the degree of union dispersion is less than that which existed 15 years ago. Two unions represent more than 222

50% of the total number of affiliates. To become a protagonist in the sector, the expansion of the membership of these unions is even more of a priority than the unification of the two organizations. To do this, they have an important capacity which legitimizes them: their ability to effectively negotiate collective bargaining contracts, especially the salary and benefit clauses, which is something that is widely recognized by both unionized and non-unionized workers.

Key Words: trade unions, financial sector, workers, economic policy, jobs.

“Yo estaba perdida y en el EME me encontré”. Apuntes sobre comunidad, identidad y género en el M-19 Por Patricia Madariaga Resumen

El M-19 fue un movimiento que reflejó valores y prioridades poco comunes entre los grupos de izquierda que participaban en la vida política colombiana en las décadas de 1970 y 1980. Sus peculiaridades tuvieron que ver fundamentalmente con una concepción demócrata y nacionalista, con una alta valoración de la emotividad y la intuición, y con una propuesta de país abierta e incluyente.

Este artículo explora algunos elementos de los procesos de configuración de identidad (individual, colectiva y de género) en el contexto del M-19 como grupo armado. Busca con ello acercarse a la comprensión de este grupo guerrillero en cuanto comunidad emocional y avanzar en el estudio de las transformaciones identitarias que se derivan de la participación en una organización político-militar.

Palabras clave: guerrillas, M-19, identidad, género, comunidad emocional, historia.

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“I was lost and in the ‘EME’ I found me”: point about community, identity and gender in the M-19

By Patricia Madariaga Abstract

The M-19 was a movement that showed values and priorities that were not usual among the left-wing groups that took part in the Colombian political life during the 1970’s and 80’s. Its distinctiveness came basically from a democrat and nationalist conception, a high valuation of emotionality and intuition, and the idea of an open and inclusive country.

This article addresses some elements of the process by which individual, collective and gender identities were configured in this armed group, considering it an emotional community and aiming to contribute to the study of identity transformations in political and military organizations.

Key Words: guerrillas, M-19, identity, gender, emotional community, history.

Medios de comunicación y violencias en América Latina: preocupaciones, rutas y sentidos Por Jorge Iván Bonilla Vélez y Camilo Andrés Tamayo Gómez Resumen

El artículo, especial para “Controversia”, es un breve resumen de la investigación “Las violencias en los medios, los medios en las violencias. Revisión y análisis crítico de los estudios sobre medios de comunicación y violencia en América latina 1998-2005” publicada en el año 2007 gracias a un esfuerzo institucional del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Pontificia Universidad Javeriana, Colciencias y la Universidad Eafit.

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Esta investigación es el resultado de una segunda etapa, que comenzó con una pesquisa previa realizada para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, en el año 2001, y que examina el estado de la investigación sobre medios y violencia en América Latina, en el periodo comprendido entre 1998 y 2005. El propósito de este artículo es presentar una síntesis y valoración crítica de los estudios y publicaciones académicas que han abordado esta problemática durante los últimos ocho años a partir de tres ejes de análisis. Para tal efecto, se lleva a cabo una revisión bibliográfica que describe y analiza los enfoques teóricos, los métodos utilizados, los principales resultados, las conclusiones y los aportes de cada uno de los estudios, informes y publicaciones que fueron objeto del análisis.

Palabras clave: medios de comunicación, violencia, metodología, Balance bibliográfico.

Mass Media and violence in Latin America: concerns, routes and senses

By Jorge Iván Bonilla Vélez y Camilo Andrés Tamayo Gómez Abstract

The present article, special for Controversia, is a brief summary of the investigation “The Violence in the Mass Media, the Mass Media in the Violence.

Revision and Critical Analysis of Studies about Mass Media and Violence in Latin America. 1998-2005”, published in the year 2007 thanks to an institutional effort of the Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)–, the Pontificia Universidad Javeriana, Colciencias an the Universidad Eafit.

This investigation is the result of a second stage, that began with previous search carried out for the United Nations Educational, Cientific and Cultural Organization (Unesco), in 2001, and that examines the state of the investigation about mass media and violence in Latin America, in the period between 1998 and 2005. The purpose of this article is to display a synthesis 225

and critical valuation of the studies and academic publications that are boarded this problematic during last the eight years from three axes of analysis. For such effect, is carried out a bibliographical revision that describe and analyze the theoretical approaches, the used methods, the main results, the conclusions and the contributions of each one of the studies, information and publications that were object of analysis.

Key Words: Mass Media, Violence, Methodology, Bibliographical Balance.

El costo de la canasta educativa, un obstáculo para el pleno disfrute del derecho a la educación Por Adrián Marín Echavarria y Orlando Lujan Resumen

En la perspectiva de los derechos humanos, el derecho a la educación cobra vigencia, porqué la garantía que se haga de este, posibilitará la generación de condiciones de igualdad para que niños, niñas y jóvenes participen en la construcción de una sociedad incluida e incluyente.

En este marco y como parte de las acciones educativas que se desarrollan en la Corporación Región, se realizó un estudio de caso sobre la canasta educativa y los efectos que ésta tiene para el pleno disfrute del derecho a la educación. Para esto se tuvieron en cuenta seis variables de la canasta educativa, 1) Derechos Académicos, 2) Otros cobros —manuales de convivencia, fichos, etc—, 3) Útiles Escolares, 4) Uniformes, 5) Transporte y 6) Alimentación, y la variable sobre la situación socioeconómica de las familias. Los resultados de este estudio, evidencian la incidencia que tienen los costos de la canasta educativa, para que niños y niñas disfruten plenamente del derecho a la educación, costos que se vuelven mucho más significativos, cuando la población que los asume, vive en una situación de pobreza y vulnerabilidad social.

The cost of the “education basket”, an obstacle for the total benefit of the education right

By Adrián Marín Echavarria y Orlando Lujan Abstract

From a human rights perspective, the right to education have enormous importance because depending of the providing of this right, will be possible the creation of conditions of equality for boys, girls for to participate in the construction of an including society.

Under this framework and, as part of education activities that Corporacion Region makes, was done this case study on “education basket” and its effects for the full enjoy of right to education. Six items were taken: 1) Academic fees, 2) other costs, 3) school materials, 4) school uniforms, 5) transportation, and 6) alimentation. The outcomes of this study, stand out the clear impact that these costs have for boys and girls right to education; these costs are significantly high, when the families that have to assume them, live under poverty and social vulnerability.

Key Words: education, human rigth, cost of education, Medellín, economy.

Palabras clave: educación, derechos humanos, costo de la educación, Medellín, economía.

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Colaboradores

MARTA INÉS VILLA Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Cultura de las Metrópolis de la Universidad Politécnica de Cataluña. Coordinadora del programa de investigaciones de la Corporación Región y del proyecto en marcha “La migración forzada de colombianos. Un estudio comparativo sobre la memoria. El miedo y las representaciones sociales en Colombia, Ecuador y Canadá”. Ha sido coautora de los libros El desplazamiento forzado en Colombia: ciudades, regiones y políticas públicas (2005, Redif, ACNUR y Región,); Miedo y Desplazamiento. Experiencias y percepciones (2004, Corporación Región); Los rostros del miedo. Una investigación sobre los miedos sociales urbanos (2002, Corporación Región); El miedo: reflexiones sobre su dimensión social y cultural (2000, Corporación Región,).

Es miembro de varias redes de investigadores, entre ellos: Red Nacional de Investigadores sobre Desplazamiento Forzado Interno en Colombia (Redif ), Grupo de Desarrollo Urbano y de Migraciones de Flacso, Red de Investigadores sobre colombianos en el exterior.

SERGIO ANDRÉS CORONADO DELGADO Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Derecho Constitucional de la misma institución. Realizó estudios en Historia en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como investigador en el equipo de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y se ha desempeñado en actividades pedagógicas en la Unidad de Investigaciones Socio Jurídicas (Unijus) de la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado artículos en la Revista Cien Días vistos por Cinep y Documentos Ocasionales de Unijus.

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JULIO PUIG FARRÁS Sociólogo y politólogo. Graduado de l´Institut d´Études Polítiques de la Universidad de Paris. Doctor en sociología de la École Pratique des Hautes Études (Paris). Ha sido profesor de las universidades Nacional, sede Bogotá, y de Antioquia, en donde fue Decano de la Facultad de Educación. Ha participado en las investigaciones “La flexibilidad en la estela de la calidad” (Colciencias, Foro Nacional por Colombia) y “Un balance de las competencias de empleabilidad y laborales generales” (Universidad de Antioquia, Corpoeducación, Colciencias). Es coautor de los libros La negociación de la flexibilidad del trabajo (1999, Medellín, ENS, OIT) y Tendencias y contenidos de la negociación colectiva en Colombia: 19901997. (2000, Bogotá, OIT). Actualmente es investigador de la Escuela

Nacional Sindical (ENS) en donde dirige el proyecto “Construcción social de los mercados de trabajo del sector financiero y de las ventas directas” (Conciencias, ENS).

PATRICIA MADARIAGA Antropóloga y Magíster en Antropología de la Universidad de los Andes, investigadora del Equipo de Movimientos Sociales del Cinep. Autora del libro Matan y matan y uno sigue ahí: control paramilitar y vida cotidiana en un pueblo de Urabá (2006, Bogotá, Uniandes).

JORGE IVÁN BONILLA VÉLEZ Comunicador Social-Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. En la actualidad es profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT de Medellín, donde coordina el énfasis de Comunicación Política del programa de Ciencias Políticas. Fue Director

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de la Maestría en Comunicación de la Universidad Javeriana de Bogotá, editor de la revista Signo y Pensamiento y director del grupo de investigación Comunicación, medios y cultura, adscrito a dicha institución.

CAMILO ANDRÉS TAMAYO GÓMEZ Comunicador Social de la Pontificia Universidad Javeriana con estudios en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad es investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), donde coordina el proyecto de comunicación y cultura del centro. Profesor de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, ha sido igualmente consultor en comunicación para diversas entidades gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones multilaterales, de cooperación internacional y del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Miembro del grupo de investigación Comunicación, medios y cultura de la Pontificia Universidad Javeriana.

ADRIÁN MARÍN ECHAVARRÍA Licenciado en Geografía e Historia de la Universidad de Antioquia, Aspirante a Magíster en Educación y Desarrollo Humano, Cinde-Universidad de Manizales. Miembro del programa de Educación y Formación Ciudadana de la Corporación Región.

ORLANDO LUJÁN VILLEGAS Historiador de la Universidad de Antioquia. Miembro del programa de Educación y Formación Ciudadana de la Corporación Región

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Instrucciones para la presentaci贸n de manuscritos

La revista Controversia, de periodicidad semestral, recibe artículos de investigación reflexión y revisión relacionados con los temas sociales, económicos, culturales y políticos de Colombia y América Latina, lo mismo que sobre aspectos teóricos que iluminen estos problemas y también sistematizaciones de experiencias en educación popular, organización social y desarrollo sostenible. Su formato debe ser el de un artículo publicable y no el de un informe de investigación o capítulo de tesis.

Estas contribuciones deben ser preferentemente inéditas pero, a juicio del consejo editorial y del comité asesor, podrá considerarse la publicación de una contribución en otro idioma, que sea considerada pertinente para las líneas de trabajo antes señaladas.

Los artículos deben tener entre 5.000 y 10.000 palabras. Las reseñas no pueden exceder las 1.200 palabras. Las contribuciones deberán ser presentadas en formato Word o en un sistema compatible, con una copia impresa y una en medio magnético en tamaño carta y a espacio y medio. Las copias impresa y magnética deberán ser enviadas a la dirección postal de la revista, Carrera 5 No 33A-08, o a su dirección electrónica, controversia@cinep.org.co. Los artículos pueden ser elaborados y firmados por uno o más autores. Se puede usar el lenguaje técnico de cada disciplina, pero procurando que estén escritos de una forma asequible a un público no especializado.

Las notas deben aparecer debidamente numeradas y deben ser lo más breves posible. Las referencias bibliográficas –libros, capítulos de libros, artículos y fuentes en general– deben ser incorporadas al texto colocando entre paréntesis el apellido del autor, coma, el año de la publicación, coma y el número de la página, así: (Pécaut, 1987, 210).

Las citas tomadas de la prensa y de otras fuentes periódicas deben ser incluidas en el texto de la siguiente forma: entre paréntesis el título de la fuente en cursiva, coma, día, mes y año de la publicación, coma y la página –indicando la sección cuando es pertinente–. Por ejemplo: (El Colombiano, 7 de febrero de 2005, 7A).

• Para artículos: (a) apellidos y nombres del autor, (b) año de la publicación, (c) título entrecomillado del artículo, (d) nombre de la revista en cursiva, (e) volumen (si tiene), (f) número, (g) casa editora, (h) lugar de publicación, (i) fecha de la publicación sin año, (j) páginas del artículo. Cada uno de estos datos separados entre sí por una coma. Además, el título de la revista va precedido por “en”. Ejemplo: Archila, Mauricio, 1998, “Poderes y contestación”, en Controversia, número 173, Cinep, Bogotá, junio, pp. 29-86.

• Para capítulos o contribuciones a un libro: se citan de forma similar a los artículos de revista, salvo en lo relacionado con el año de la publicación.

Ejemplo: Roldán, Mary, 1988, “La política antioqueña”, en Melo, Jorge Orlando, editor, Historia de Antioquia, Bogotá, Editorial Presencia.

Los autores también deberán enviar un resumen del artículo, en español y en inglés, de seis a diez líneas, y otro semejante sobre sus datos personales, que señale sus títulos académicos, los cargos más destacados que ha desempeñado, sus publicaciones recientes más importantes y su correo electrónico.

Los manuscritos que el consejo editorial considere apropiados para su publicación o que sugiera el comité asesor serán sometidos al arbitraje de especialistas en el tema respectivo, quienes dispondrán de un mes para enviar su concepto.

Para este proceso de arbitraje, la revista apelará a pares externos e internos a la institución por cada artículo. El consejo editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos, según los requisitos indicados, o condicionar su aceptación a la introducción de modificaciones, cuando sean necesarias. El proceso es confidencial, pero los comentarios de los árbitros serán remitidos al autor del artículo con las sugerencias pertinentes del consejo editorial de la revista, cuando haya necesidad de algunas modificaciones. Con este fin se llevará un seguimiento de la fecha de recepción y aprobación de los artículos. Así mismo, se utilizará un formato de evaluación para que cada árbitro consigne su concepto sobre la calidad, originalidad e importancia del texto sometido a su consideración, otorgando una calificación cuantitativa y una valoración cualitativa.

Las referencias bibliográficas completas y de fuentes se incluirán en una BIBLIOGRAFÍA al final del texto, por orden alfabético según el apellido del autor, de la siguiente manera: • Para libros: (a) apellidos y nombres del autor, (b) año de la edición utilizada, (c) título del libro en cursiva, (d) ciudad de la publicación, (e) casa editora y (f) año de la publicación original (si la obra ha tenido varias ediciones). Cada uno de estos ítems deben ir separados entre sí por una coma. Ejemplo: Elias, Norbert, 1997, El proceso de la civilización, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 1939.

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