Revista Controversia No 188 Junio 2007

ÍNDICE

Jenny Pearce Universidad de Bradford, Inglaterra Tercera etapa • No. 188 • Junio de 2007

Escuela Nacional Sindical (ENS) Instituto Popular de Capacitación (IPC) Foro Nacional por Colombia Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) Corporación Región DIRECTOR GENERAL Alejandro Angulo Novoa, s.j.

Cinep EDITOR ESPECIAL NÚMERO 188 Guillermo Correa Escuela Nacional Sindical COMITÉ EDITORIAL Guillermo Correa (ENS) María Soledad Betancur (IPC) Fabio Velásquez C. (Foro) Mauricio Archila N. (Cinep) Rubén Fernández (Corporación Región) COMITÉ CIENTÍFICO Alejandro Grimson Instituto Nacional de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional San Martín, Argentina Angela Stienen Universidad de Berna, Suiza Carlos Figueroa Ibarra Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Margarita López Centros de Estudios del Desarrollo, Universidad Central, Venezuela

Francisco Leal Buitrago Universidad de los Andes, Colombia Guillermo Hoyos Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

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Pilar Riaño Alcalá University of British Columbia, Canadá Rodolfo Arango Rivadeneira Universidad Nacional, Colombia COLABORAN EN ESTE NÚMERO Guillermo Correa David Díez Jana Silverman Fernando Urrea Giraldo Claire Launay Ingrid Johanna Bolívar María Clara Torres Bustamante James J. Brittain COORDINACIÓN EDITORIAL Helena Gardeazábal Garzón ASISTENCIA EDITORIAL Jorge A. Cote R. DIAGRAMACIÓN María Teresa Suárez Ramírez FOTOGRAFÍA Jorge Lopera Vieira “Campesinos Felices”, 2007 IMPRESIÓN Ediciones Antropos Ltda.

Clara Inés García Instituto de Estudios Regionales (Iner), Colombia David Recondo Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas, Francia

Presentación Por Guillermo Correa

ISSN: 0120-4165 Tarifa postal reducida No. 1092 Carrera 5 No. 33A-08 Teléfono: (57-1) 2456181 http://www.cinep.org.co/controversia.htm contoversia@cinep.org.co Bogotá, D.C. Colombia Revista indexada en Publindex en categoría C de Colciencias

EL MUNDO DEL TRABAJO Una historia tejida de olvidos, protestas y balas. 21 años de asesinatos selectivos y sistemáticos contra sindicalistas en Colombia, 1986-2006.

Por Guillermo Correa

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Juventud, género y trabajo. Una mirada a formas de empleo juvenil en Colombia.

Por David Díez

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¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo? Una mirada al comportamiento laboral de las empresas multinacionales en Colombia.

Por Jana Silverman

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La rápida expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia. Principales tendencias y su papel en algunos sectores económicos Por Fernando Urrea Giraldo

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POLÍTICA Y SOCIEDAD Lenguajes políticos globales y desafíos de la gobernanza en Colombia.

Por Claire Launay e Ingrid Johanna Bolívar

171

CONFLICTO Y REGIÓN Comunidades y coca en el Putumayo: prácticas que hacen aparecer al estado.

Por María Clara Torres Bustamante

199

ECONOMÍA Y DESARROLLO La vacilante economía política de Uribe. Aumento de la tributación dual de clases, acuerdos bilaterales comerciales dilatados o prolongados, y la creciente inestabilidad rural.

Por James J. Brittain

247

CRÍTICA DE LIBROS ¿Qué significa ser latinoamericano? A propósito del libro Experiencias de vida sobre identidad, migración y fronteras de Espiral.

Por Alejandro Angulo Novoa S.J.

293

Construir la memoria del conflicto en Colombia. A propósito del libro Historias No Oficiales de Guerra y Paz de Luis Fernando Barón Porras.

Por Daniel Guillermo Valencia N.

296

“Se aniquila para significar algo”: La Violencia como Acto de Comunicación. A propósito del libro Las violencias en los medios, los medios en las violencias de Jorge Iván Bonilla y Camilo Tamayo.

Por Julián Penagos

301

Unas memorias escritas con sangre. A propósito del libro Todo tiempo pasado fue peor de Álvaro Delgado.

Por Ricardo Sánchez Ángel

304

Resúmenes de artículos

311

Colaboradores

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Instrucciones para la presentación de manuscritos

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Presentación Precario, flexible, desprotegido o en proceso de decadencia, parecen ser las acepciones que acompañan hoy al concepto de trabajo. Algunos autores incluso hablan de la profecía del fin del trabajo asalariado en medio de un proceso globalizador que se revela en agudas contradicciones de diverso orden; por ello nada más desafiante que la investigación de este tema y la búsqueda de soluciones adecuadas.

En este número de Controversia presentamos como eje central algunas reflexiones académicas sobre el mundo del trabajo como resultado de varios procesos investigativos que han venido desarrollado la Escuela Nacional Sindical e investigadores asociados.

Cuatro miradas al complejo panorama del trabajo en un mundo de amplias paradojas donde el concepto se desdibuja y, además, se distancia de su relación con los derechos, mientras, por otro lado, resurge con fuerza la noción de trabajo decente.

Presentación 7

Con el artículo “Una historia tejida de resistencias, balas y olvidos”, abrimos este dossier. Guillermo Correa presenta la historia reciente del sindicalismo colombiano, 21 años de fundación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, donde señala que la violencia antisindical ha sido una categoría presente en la configuración de la identidad del sindicalismo colombiano.

David Diez da una mirada a la formas de empleo juvenil en Colombia reseñando cómo los jóvenes han sido interpretados desde una categoría flexible que los nombra como estudiantes o aprendices y cómo dicha categoría ha posibilitado legitimar las formas precarias en las cuales son contratados los jóvenes en el mundo laboral. Analiza, como ejemplo, la modalidad de empleo de los jóvenes empacadores de supermercados que reciben propinas en vez de salario.

Jana Silverman realiza un acercamiento a la inversión extranjera en Colombia, su comportamiento y sus impactos sociales y laborales tomando como referencia los casos de las multinacionales CocaCola y Unilever, en los que se evidencia que la inversión extranjera no ha logrado promover el desarrollo laboral y social del país y se ha traducido localmente en estándares laborales más bajos que en otros países.

Por último, el artículo de Fernando Urrea, que cierra el dossier sobre el trabajo, estudia el crecimiento desbordado de las Cooperativas de Trabajo Asociado evidencia la institucionalización de esta figura como estrategia para desregular y terciarizar las formas de contratación, lo cual equivale, además, a la pérdida permanente de derechos laborales, a la precarización del trabajador e inflinge una fuerte lesión al movimiento sindical colombiano.

En “Comunidades y coca en el Putumayo”, María Clara Torres ensaya un acercamiento a los procesos de configuración estatal en el bajo Putumayo, un territorio de reciente colonización, cruzado por violencia armada y marcado por cultivos de coca. En esta triple relación, orden estatal embrionario, cultivos ilícitos y conflicto, la investigadora establece que las prácticas comunitarias configuran el estado local, señalando que es mediante las acciones de los colonos como “aparece” el estado y ellos en su papel de fundadores se encargan de la extensión del estado.

Por último, en la vacilante economía de Uribe, James Brittain de la Universidad de New Brunswick, Canadá, analiza las políticas económicas neoliberales del presidente Uribe y desmonta las falacias acerca de la supuesta derrota militar y disminución de las guerrillas Farc-EP. Señala de manera novedosa el resurgimiento de nuevos tipos de oposición al gobierno, entre los cuales destaca particularmente la oposición de algunos sectores de la clase dominante a las innumerables reformas tributarias y a partir de este análisis afirma que el poder de Uribe se encuentra en una complicada encrucijada para su sostenimiento.

GUILLERMO CORREA MONTOYA

Editor especial del Número 188 - Revista Controversia Medellín, junio de 2007

En la segunda parte Claire Launay e Ingrid Johanna Bolívar presentan algunos debates teóricos acerca del concepto de gobernanza y de tensiones y ambigüedades que se dan en su aplicación en Colombia, subrayando cómo los esfuerzos por aplicar criterios de buena gobernanza suelen tener efectos contradictorios, dada la disputa por la estatalización de la política vigente aún en el país.

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Presentación 9

EL MUNDO DEL TRABAJO

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 21 años de asesinatos selectivos y sistemáticos contra sindicalistas en Colombia 1986-2006* Por Guillermo Correa**

* Artículo recibido en abril de 2007 Artículo aprobado en mayo de 2007 ** Investigador de la Escuela Nacional Sindical

de defender sus derechos, los victimarios aprendieron a diseñar estrategias para aniquilarlos. La temprana instauración, difusión e institucionalización de una imagen perversa del ejercicio sindical se convirtió quizás en la primera estrategia para avalar una práctica sistemática de eliminación bajo la retórica de un enemigo insidioso que obstaculizaba el desarrollo económico de la nación.

Esa práctica se ejercería a lo largo del siglo XX, instaurando una especie de tradición sangrienta alimentada de difamaciones e imágenes artificialmente fabricadas, ubicando a los sindicalistas en la orilla de los enemigos y cubriendo a los victimarios con una especie de protección en una enrarecida y prolongada práctica de impunidad. Esta historia, vieja o reciente, de la violencia contra el sindicalismo colombiano está cortada de un extremo a otro por el olvido y por la denegación de justicia.

“Vivimos en un país que olvida sus mejores rostros, sus mejores impulsos, y la vida seguirá en su monotonía irremediable, de espaldas a los que nos dan la razón de ser y de seguir viviendo. Yo sé que lamentarán la ausencia tuya y un llanto de verdad humedecerá los ojos que te vieron y te conocieron.

Después llegará ese tremendo borrón, porque somos tierra fácil para el olvido de lo que más queremos. La vida, aquí, están convirtiéndola en el peor espanto. Y llegará ese olvido y será como un monstruo que todo lo arrasa, y tampoco de tu nombre tendrán memoria. Yo se que tu muerte será inútil, y que tu heroísmo se agregará a todas las ausencias”.1

Introducción2 La historia de las reivindicaciones laborales en Colombia es también la historia de una violencia selectiva que vincula e integra parte de la existencia misma del sindicalismo y se revela como una historia tejida de dolor, resistencias y balas. Con la misma fuerza con la cual los trabajadores aprendieron a ubicar en sindicatos la forma más cercana 1.

Discurso de Mejía Vallejo citado por Abad (2006, 247) Este artículo es un avance del proyecto de investigación “21 años de asesinatos de sindicalistas, 1986-2006” financiado por la Escuela Nacional Sindical, ENS.

2.

El presente artículo no pretende reseñar una historia cronológica de la configuración del movimiento sindical del país ni hacer un inventario a los trágicos sucesos que han acompañado su recorrido. Nuestra apuesta está orientada a señalar que la violencia antisindical en Colombia, en tiempo pasado y presente, ha sido una violencia de orden sistemático, intencionada y selectiva, que opera bajo una lógica de exterminio y neutralización de la acción sindical en un juego encubierto de victimarios y responsabilidades y provisto de una retórica dispersa en su explicación, como una especie de violencia disciplinante que enmascara a sus principales verdugos. En esta dirección se hace necesario revisar el pasado para corroborar con contundencia, que pese a los innumerables conflictos bélicos que han tenido lugar en nuestra historia nacional y a las complejas realidades sociales y políticas, el aniquilamiento de la acción sindical es un propósito que muchas de las veces cabalga independiente de la guerra misma, un propósito que se ha materializado en innumerables figuras de muerte.

En el artículo el punto de referencia temporal de análisis está centrado particularmente en los años posteriores a la fundación de la CUT y toma tres momentos anteriores a la fundación; estos momentos los vinculamos como una relación necesaria para mostrar que en los diferentes periodos históricos la violencia ha estado presente y se ha convertido en uno de los hilos transversales que anudan la historia vieja y reciente del sindicalismo. Empezamos con una presentación de Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 13

aspectos generales de la violencia antisindical sistematizados en el periodo 19912006, para, luego en un breve recorrido temporal, ubicar aspectos centrales en cada uno de los momentos observados.

Colombia, un lugar peligroso para las reivindicaciones sindicales En torno a los derechos humanos de los sindicalistas del país aparecen complejas paradojas y agudas contradicciones entre lo que es la norma, lo que es la realidad y lo que se publica de ella. De un lado es posible afirmar que en el país el marco institucional es favorable a los derechos humanos, en cuanto que Colombia ha ratificado e incluido en su Constitución Política de 1991 importantes instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y del espíritu universal y normativo que yace en estos derechos3. Por su parte, en el campo laboral el Estado ha ratificado varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)4, incluidos los relativos a los derechos fundamentales de los trabajadores. Paradójicamente, este marco normativo favorable, y la existencia de una serie de instituciones que directamente deberían velar por la protección efectiva de los derechos, contrasta con una crisis humanitaria marcada por violaciones sistemáticas, permanentes, selectivas y extendidas en el tiempo, de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas colombianos.

Sobre el movimiento sindical pesa una grave crisis humanitaria, que se expresa en los 2.515 sindicalistas asesinados en 21 años y en el hecho de que, en promedio anual, más de la mitad de los asesinatos de sindicalistas del mundo ocurren en Colombia. Estas afirmaciones se corroboran contundentemente en los reportes anuales de derechos humanos de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl)5, que muestran que durante estos últimos siete años (1999-2005) Colombia presentó a escala mundial el mayor índice de violaciones de los derechos sindicales. De acuerdo con la información suministrada por la Ciosl, en el caso específico de los homicidios, Colombia ha tenido una participación que oscila entre el 57% y el 88% del total de asesinatos de sindicalistas, dato que convierte al país en el lugar más peligroso del mundo para la actividad sindical.

Cuadro 1: Homicidios contra sindicalistas en el mundo y en Colombia

Fuente: Información suministrada por la oficina de DD.HH. de la Ciosl y el Banco de datos de la ENS. 3.

Puede consultarse al respecto la Constitución Política de Colombia, Título II, capítulos 1, 2 y 3, referidos a los derechos fundamentales.

4.

Colombia ha ratificado 60 los 185 convenios expedidos por la Organización Internacional del Trabajo. Entre los más importantes están los números 87, 98, 154 y 151, referidos a libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización; el 26, relativo a fijación de salarios mínimos, y el 95, relativo a la protección de salarios; el 138, relativo a la edad mínima para trabajar, y el 182, referido a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil; el 105, relativo a la abolición del trabajo forzoso; y el 98 y 111, referidos a la igualdad en la remuneración de la mano de obra masculina y femenina, y a la discriminación en el empleo y la ocupación.

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En los dieciséis años comprendidos entre 1991 y 2006 han sido asesinados en Colombia 2.245 trabajadores sindicalizados, de los cuales, 2.016 eran hombres y 229 mujeres. En términos generales, es posible afirmar que, en promedio, anualmente se asesina en Colombia a 140 sindicalistas; si se toman como referencia los 21 años, ese promedio se reduce a 119.

5.

Desde 2006 la Ciosl hace parte de la nueva confederación sindical internacional (CSI).

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 15

Cuadro 2: Sindicalistas asesinados, 1991-2006

Figura 1: Total de violaciones por año, Colombia 1991- 2006

Fuente: Información suministrada por la oficina de DD.HH. de la Ciosl y el Banco de datos de la ENS.

El 22% de los asesinatos cometidos en el periodo 1986-2006 afectó a miembros de juntas directivas sindicales, es decir, 484 personas, lo que equivale a un promedio anual de 32 asesinatos, cifra que, si se observa el número de dirigentes asesinados en los quince años, presenta un comportamiento bastante regular, con algunas variaciones que señalan un menor rango en 2005 y los más altos picos en 2001 y 2002.

Cuadro 3: Total de dirigentes sindicales asesinados 1991-2006

Fuente: Información suministrada por la oficina de DD.HH. de la Ciosl y el Banco de datos de la ENS.

Los grupos paramilitares son presumiblemente responsables de 276 asesinatos, lo que equivale al 12,7% del total; las guerrillas, de 140, es decir, el 6,4%; a los organismos estatales se atribuyen 19 casos, el 0,8%; del 39,2% de los casos, es decir, 875, no se posee ninguna información, y en el 40,2% no se identifica el grupo responsable. En los 446 casos sobre los cuales se posee información de presunta responsabilidad, los grupos paramilitares aparecen como responsables del 62%, las guerrillas del 31,3%, las fuerzas armadas del 4,2% y la delincuencia común del 2,4%.

Los sindicalistas del sector de la educación han sido los más afectados por los homicidios (825 casos); les siguen de cerca los de la agricultura (790), y luego aquellos de la industria manufacturera (92). En el sector de minas y canteras aparecen 97 asesinatos, 85 en electricidad y 53 en el sector oficial, mientras la salud puso 52 muertos.

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Fuente: Información suministrada por la oficina de DD.HH. de la Ciosl y el Banco de datos de la ENS.

La historia inicial A principios del siglo XX, y específicamente con el desarrollo del transporte en gran parte fluvial y de las primeras pequeñas industrias manufactureras (alimentos, bebidas, textiles, entre otras) empezaron a organizarse las primeras concentraciones de trabajadores manuales asalariados y se crearon los primeros sindicatos; con ellos empezó a tomar fuerza la figura de la huelga como medio de demanda y reivindicación de derechos laborales y la figura de la violencia como respuesta. En los años veinte, cuando las organizaciones sindicales empiezan a tomar fuerza y los trabajadores a exigir algunas incipientes reivindicaciones, la violencia inaugura su forma estratégica de definición de conflictos laborales.

Una de las primeras huelgas de artesanos de Bogotá, ocurrida en 1919 y reseñada por Mauricio Archila, estalló como protesta por una contratación de uniformes del Ejército que el Ministerio de Guerra hizo con firmas extranjeras, y en ella el gobierno del presidente Marco Fidel Suárez abrió fuego contra los trabajadores, con un saldo de varios muertos, heridos y detenidos. No fue esa la Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 17

Figura 2: Total de violaciones por año, Colombia 1991- 2006

dejando varios trabajadores muertos. El gobierno respondería al hecho con la ilegalización del movimiento y el encarcelamiento de los principales líderes, entre ellos el dirigente sindical Raúl Eduardo Mahecha.

Un año más tarde los trabajadores de la United Fruit Company fueron a la huelga cuando la empresa rechazó un modesto pliego de peticiones con la pretensión de mejorar sus precarias condiciones laborales, ante lo cual empresarios y gobierno no tuvieron otra respuesta que abrir fuego indiscriminado contra los trabajadores, en un episodio trágico que estremeció a la nación entera.

La sangre fundacional La confusa masacre de las bananeras, ocurrida en 1928 en la ciudad de Ciénaga, departamento de Magdalena, terminó por resignificarse como uno de los hitos fundacionales de la historia sindical colombiana. Como lo señala Archila, “tal vez no exista en la historia del país un hecho tan doloroso y al mismo tiempo sometido a los vaivenes de la ficción como lo ocurrido en la noche entre el 5 y 6 de diciembre en Ciénaga, Magdalena” (Archila, 1999).

Fuente: Información suministrada por la oficina de DD.HH. de la Ciosl y el Banco de datos de la ENS.

única ni la última vez que el gobierno o industriales utilizaron las armas como herramientas para la solución de conflictos laborales en la historia naciente.

A las huelgas posteriores les esperaría similar uso de la fuerza y un cierre con números indeterminados de detenidos. Los ejemplos son múltiples. Basta con reseñar unos pocos para corroborar con contundencia que la intención de aniquilamiento ha sido una estrategia propia de quienes han considerado al sindicalismo como un enemigo o una amenaza para el país. Como lo afirma Mauricio Archila, “parecería que se quería aniquilar a la clase obrera más que aceptarla en el concierto nacional”.

Nuevamente, en 1927, al declarase la huelga de los petroleros en Barrancabermeja, las balas serían el instrumento de intermediación para forzar alguna solución. Mientras los trabajadores realizaban un homenaje de despedida al alcalde saliente del municipio, la policía ingreso al recinto y abrió fuego, 18

Algo más de 10.000 obreros sin ninguna garantía laboral, una compañía, la United Fruit, sin aparentes obligaciones legales dada su modalidad de subcontratación, una huelga de más de un mes y los rumores de apoyo de algún funcionario del gobierno que nunca llegó, fueron el escenario en el que tuvo lugar una masacre distorsionada en la bruma de los recuerdos y los intereses políticos, cuyos vacíos históricos han sido cubiertos por los poderes de la imaginación y los sinsabores del amargo recuerdo, que ha sido recreada por Gabriel García Márquez, Ricardo Rendón y Jorge Eliécer Gaitán, entre otros. Según las versiones, los asesinatos fueron entre nueve y miles, vagones de trenes trasportaban los cadáveres, fueron los obreros quienes dispararon, o éstos estaban borrachos... En fin, circulan versiones que recogen rumores encontrados: de masacre a simple confrontación, de imagen difusa a violencia descarnada. No obstante, este suceso ha terminado por convertirse, más allá de las verdades de rigor histórico, en la imagen fundacional de la historia del sindicalismo colombiano, que habita en la memoria colectiva de los trabajadores del país.

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 19

Este hecho marcaría la ruta de la dramática historia de las reivindicaciones laborales en Colombia y la insidiosa presencia de la violencia como medio regulador de las acciones de un movimiento sindical que se abrió camino en medio de las confrontaciones con un orden estatal y empresarial renuente a su existencia.

Con posterioridad a la masacre de las bananeras, en lo que algunos autores han llamado el episodio heroico, el sindicalismo empezó una serie de procesos de configuración, transición, y reconfiguración que lo llevaron por el siglo XX a su consolidación, entre apoyos estatales y obstáculos e ilegalizaciones, cargado de detractores, persecuciones, balas y resistencias. Después del fatídico año 28 empezó una especie de transición en el gobierno, el liberalismo retornó al poder y con él empezó un complejo proceso de reconocimiento del sindicalismo, amarrado a exigencias y controles. En el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se inicia el proceso de su institucionalización y durante el mismo aparece la primera central sindical colombiana, la CTC. Sin embargo, el apoyo del gobierno nacional estaba amarrado a una serie de controles que limitaban la libertad sindical y la capacidad de negociación y circunscribían el sindicato a la empresa (Rosado, 2005, 9).

En el periodo de 1945 a 1957 el país ingresa en un momento conocido irónicamente como el periodo de la Violencia, un esfuerzo de los conservadores por retornar al poder que se convirtió en guerra y que con posterioridad al asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán exacerbaría al máximo los ánimos de la confrontación social. Durante este periodo el antiguo sindicalismo retorna a la clandestinidad e ilegalidad y paralelamente las corrientes conservadoras y cercanas a la iglesia católica fundan una nueva central, la UTC. Los años siguientes están marcados por el establecimiento del frente nacional, por una relativa calma, un resurgimiento de la economía y en particular un crecimiento sin precedentes del sindicalismo, que puso de manifiesto una nueva forma de su desarrollo, al consolidarse un fuerte sector sindical de clase media profesional, en el que figuraban maestros de escuela, trabajadores bancarios, empleados oficiales, servidores de la salud y un núcleo de sindicalizados 20

independientes. A principios de este periodo apareció la Cstc, luego de que la CTC expulsara de su seno a la corriente comunista. El crecimiento del sindicalismo estaría determinado por el incremento en las acciones huelguísticas y cruzado, como en años anteriores, por fuerte represión y violencia. A ese movimiento huelguístico el Estado respondió con leyes destinadas a fortalecer el sindicalismo de empresa y regular la huelga amarrándola a la figura de los tribunales de arbitramento.

Si bien el sindicalismo alcanzaba crecimientos históricos al pasar, de representar el 5,5% de la población económicamente activa en 1959 al 13,5% en 1965, las formas de respuesta del Estado a sus renovadas reivindicaciones estuvieron signadas por las balas y la represión en todos los niveles, el caso de los trabajadores cementeros de Santa Bárbara (Antioquia), en la huelga de 1963, es ilustrativo de esta tendencia.

El sábado 23 de febrero de 1963, en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia, miembros del Ejército Nacional masacraron a trece personas que en su mayoría eran sindicalistas de la Fábrica de Cementos El Cairo. Según relatos de Luis Sierra, presidente del sindicato en la época, en días previos al crimen el sindicato había declarado la huelga ante la negativa de la empresa a resolver sus demandas. El movimiento se desarrolló con el mandato de no dejar sacar las existencias de cemento de la fábrica y, como lo recuerda el mencionado dirigente, el gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez, había dado la orden de extraer el cemento aun por encima de los cadáveres.

“Nosotros –afirma Luís Sierra– esperábamos el arreglo con la empresa, a través del Ministerio de Trabajo y Fedeta, para el lunes siguiente. Por eso nos extrañó la presencia de la tropa y la movilización de las volquetas y soldados.

Conversando en el transcurso del día con el coronel Valencia Paredes, así se lo manifesté. ‘Eso dicen, pero yo tengo una orden y es sacar el cemento cueste lo que cueste’, me contestó” (Rubiano, 1976).

A las cinco de la tarde del mismo día los obreros intentaron bloquear la salida de las volquetas cargadas de cemento y de soldados y el coronel dio la orden Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 21

de abrir fuego. Según lo recuerda Gonzalo Álvarez, directivo del sindicato, “al principio todos creímos que eran balas de fogueo, pero al momento cuando vimos caer a nuestros compañeros muertos o heridos, a nadie le quedó duda de que la matanza iba en serio y que estaba preparada de antemano” (ibíd.).

Los militares dispararon contra los cementeros, contra el hospital del municipio y contra algunos pobladores que observaban los acontecimientos; la casa de uno de los huelguistas, que funcionaba como sede sindical, fue saturada de gases lacrimógenos y la hija de diez años de uno de los directivos sindicales, María Edilma Zapata, fue asesinada al salir de la casa huyendo de los gases.

Los obreros repelieron el ataque con piedras y palos, pero pasada hora y media yacían asesinados los sindicalistas Rafael González, Pastor Cardona, Israel Vélez, Rubén Pérez y otras nueve personas; al anochecer, los militares allanaron las viviendas de los sindicalistas y detuvieron a varios de ellos. Este relato ilustra contundentemente la figura de la negociación de conflictos laborales cruzados por balas.

Los años posteriores al desmonte del Frente Nacional en 1974 estuvieron marcados, en primer lugar, por la llegada a la presidencia de Alfonso López Michelsen (1974-1978), Julio Cesar Turbay (1978-1982) y Belisario Betancur (1982-1986), en segundo lugar, por un fuerte proceso de recesión económica mundial que en Colombia se tradujo en disminución de salarios, baja inflación y ajuste fiscal; y en tercer lugar, por el establecimiento de fuertes regímenes represivos que bajo la premisa de la seguridad institucionalizaron prolongados periodos de estado de sitio, en los cuales persiguieron a todos los movimientos y líderes sociales que presentaran algún elemento de izquierda.

Durante estos gobiernos el movimiento sindical vivió nuevamente episodios de represión legal, violencia y desestabilización. A sus reivindicaciones y movilizaciones, la represión en todas sus formas, la negligencia encubierta y las balas en su objetivo más premonitorio fueron una vez más las formas de respuesta. Lo paros nacionales impulsados por las centrales fueron sofocados por mecanismos de ilegalización y represión y los errores del sindicalismo fueron cobrados a cualquier precio aun por quienes suponían cierta cercanía a las reivindicaciones de los trabajadores.

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Son ilustrativos en este periodo el asesinato del presidente de la CTC en 1976, la muerte de los trabajadores del carbón por negligencia empresarial en 1977, la oleada de represión a los participantes del paro nacional de 1977 y la escalada de asesinatos contra sindicalistas de la región del Urabá antioqueño durante la década de los años ochenta. José Raquel Mercado, presidente de la CTC, fue secuestrado por miembros de la guerrilla del M-19 el 15 de febrero de 1976, y apareció asesinado el 19 de abril del mismo año. Según versiones, el líder sindical fue condenado en un “juicio” político realizado por parte de esa guerrilla, por considerar que había traicionado al movimiento sindical y a los trabajadores y estaba del lado de los intereses patronales. Este polémico asesinato aparece como imagen premonitoria que anuncia que el sindicalismo también encontraría en quienes suponía que profesaban cierta cercanía ideológica otro victimario que cobraría con sangre sus posibles errores políticos o sus diferencias de intereses. Salvando las diferencias entre un grupo y otro, durante los años noventa las Farc se convertirían a la vez en verdugos del sindicalismo del Urabá antioqueño.

Coincidencias fatales: de la United Fruit a la Chiquita Brands y las masacres de las bananeras “El ejército de Urabá está facultado por la ley para intervenir en asuntos laborales”6.

Como un hecho de coincidencias absurdas o de siniestras permanencias en el tiempo, las décadas de los años ochenta y noventa en el Urabá antioqueño presentan un dramático panorama de violencia antisindical con escenarios, victimarios y cadáveres que bien podrían traslaparse con los de la histórica masacre de las bananeras de 1928. En 1959 la United Fruit Company, quien posteriormente se convertirá en Chiquita Brands, inicia un proyecto de desarrollo bananero en la región y con él arranca una serie de transformaciones laborales, 6.

Declaración del coronel Adolfo Clavijo, comandante operativo no. 11, citada por Sintrabanano y Fedeta (1986).

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 23

sociales, militares y políticas. Paralelamente a la extensión de los cultivos, resurgen con fuerza las violentas disputas territoriales, que se prolongaran por más de tres décadas, que sumen a la región en una especie de campo de batalla con múltiples actores y disímiles intereses (García, 1996).

Sin duda la mayor transformación de orden político, social y laboral desprendida de tales proyectos agrarios es la emergencia del movimiento sindical de la agroindustria bananera, que se convertirá en uno de los principales actores de la región. Las precarias condiciones laborales en los cuales se encontraban miles de trabajadores de banano aunado a una deplorable pobreza, a innumerables problemáticas sociales y políticas y aun incipiente desarrollo local, estimularon la creación de sindicatos como mecanismo de regulación y negociación. La emergencia sindical coincide además con el abandono general del Estado en la región, con un orden institucional insuficiente y un control territorial disputado permanentemente por grupos guerrilleros y paramilitares.

La organización de los trabajadores estuvo interferida por el estímulo o la penetración de grupos guerrilleros. En esa dirección, se puede observar que la creación de Sintagro tuvo una fuerte influencia del Ejército Popular de Liberación (EPL), Sintrabanano de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc) y Sindijornaleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con el tiempo estas referencias se convertirían en uno de los principales focos o causales de violencia conforme iba desenvolviéndose el conflicto armado interno, entretejiendo la compleja trama de los victimarios.

Los giros de la guerra ubicaron el lugar de los enemigos y situaron a los victimarios de tal forma, que durante la década de los años ochenta7, paramilitares con aquiescencia de los militares atacaran a los sindicatos. Posteriormente, tras la 7.

Para entender mejor la compleja trama de confrontaciones político-militares en la región, Clara Inés García (1996), ubica una primera etapa que ella denomina la periferia regional, caracterizada por una confrontación de dos actores, guerrilla y Estado, de carácter militar y en un territorio situado por fuera del eje bananero. Con posterioridad a la década de los años ochenta cambia la relación y el significado del conflicto entre Estado y guerrilla, paramilitares, obreros y empresas, y el centro de acción se traslada al eje bananero, sobrepasando lo puramente militar y comprometiendo a otros actores.

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negociación de paz del EPL y el surgimiento del movimiento político Esperanza Paz y libertad, la guerrilla de las Farc empezará a hostigar a los sindicatos, sin que los ataques de paras y militares desaparezcan.

Lejos de especulaciones o juegos de ficción, las coincidencias nos permiten corroborar los patrones de violencia antisindical que se afianzan y perduran en el tiempo. Entre tergiversaciones, impunidad, causales de guerra y estigmatizaciones se va delineando una forma de violencia en la cual empresarios o gobiernos parecen escudarse en la sombra de las confusiones y los paramilitares o grupos irregulares se convierten en jueces de los conflictos laborales. Chiquita Brands8, los militares y sus enrarecidas relaciones con grupos paramilitares, son los principales reguladores de los conflictos laborales y los perpetradores de aniquilamientos sistemáticos de lideres sindicales y obreros en medio de la confrontación guerrilla y paramilitar. Entonces los sindicalistas, calificados como subversivos, difamados y perseguidos por ambos bandos; resultaban ser las víctimas de una violencia que se escuda en explicaciones de guerra y disputas territoriales como razones exclusivas.

De los victimarios múltiples y las relaciones siniestras “En el decenio de 1980 la calidad de la huelga aumentó, en términos generales, en lo que hace referencia al volumen promedio de trabajadores involucrados en 8.

Las agencias de noticias DPA, AFP y Reuters, en artículo publicado el 16 de marzo de 2007, señalaron que la trasnacional estadounidense Chiquita Brands International Incorpored pagaría una multa de 25 millones de dólares tras un arreglo judicial, por haber hecho una serie de pagos a los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en violación de las leyes antiterroristas de Estados Unidos. La violación de leyes antiterroristas tuvo lugar cuando la compañía, con base en Estados Unidos, pagó en secreto a las AUC 1.700.000 dólares entre 1997 y febrero de 2004 mediante su ex subsidiaria en la nación sudamericana. Reportes de prensa señalaron después que se trataba no solo de “proteger” a los trabajadores, sino ayudar también a los grupos paramilitares para que atacaran a líderes sindicales y otros “agitadores” contrarios a los intereses comerciales de la compañía, por lo cual, según documentos legales, la trasnacional pagó casi dos millones de dólares a los movimientos armados ilegales de Colombia. Tras la investigación en marcha, los fiscales afirman que la empresa también hizo pagos similares a las Farc.

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 25

cada conflicto. Pero al mismo tiempo, las violaciones en la relación obreroempresarial se tornaron más agudas que antes, avanzo la legislación destinada a frenar la excesiva prolongación de las huelgas, la guerra sucia cabalgo sobre esa ola de intolerancia, y todo ello provocó un nítido descenso de la duración de los conflictos y de sus efectos en la economía nacional” (Archila y Delgado,

Cuadro 4: Homicidios de sindicalistas en Colombia, 1986-1990

Fuente: Sinderh, ENS.

1995, 64).

En 1986, luego de una serie de reformas en la configuración y reestructuración de las confederaciones sindicales colombianas, surge la Central Unitaria de Trabajadores CUT. La central aparece en un contexto marcado por una fuerte violencia sociopolítica, por la incursión a gran escala del fenómeno del narcotráfico, el paramilitarismo, la creciente aniquilación de los miembros del movimiento político de la UP y la desmovilización del M-19 y su posterior ingreso en la vida política. Este periodo, además, hereda y recrudece del anterior gobierno del presidente Betancur la intención de exterminio de la izquierda llamada “guerra sucia”.

El fenómeno del narcotráfico y las confusas alianzas con los mandos medios de las Fuerzas Armadas y algunos políticos regionales, sumado a la intermediación o colaboración paramilitar, empiezan a configurar un cuadro de relaciones siniestras sobre las cuales se confunde y se entremezcla una visión antisindical, una visión antiguerrillera y una visión anti-izquierda. Si bien aun no se conocen registros exactos de la magnitud de la violencia contra el sindicalismo en los años de 1986 a 1990 que coinciden con la administración del presidente Virgilio Barco, la lectura de la violencia antisindical debe cruzarse con los elementos que configuran este contexto. Los datos parciales que hemos recuperado sobre los asesinatos ocurridos en este periodo señalan que aproximadamente en él fueron asesinados 270 sindicalistas. La gran mayoría de las víctimas corresponde a trabajadores bananeros del Urabá antioqueño, afiliados en Sintagro y Sindijornaleros, aunque también aparecen fuertemente victimizados los maestros agrupados en Fecode y los trabajadores de la Unión Sindical Obrera (USO). El departamento de Antioquia es el principal lugar de concentración de los homicidios, seguido por el de Santander. Los asesinatos 26

de bananeros de Urabá están vinculados específicamente a la consolidación de grupos paramilitares en la región y las disputas territoriales que empiezan a tomar fuerza durante este lapso.

Si bien la violencia antisindical de este periodo está vinculada a los diversos factores de orden político, laboral y social del país, sus manifestaciones no se apartan de la lógica de una violencia sistemática y selectiva y de una intención histórica de aniquilamiento o exterminio de la acción sindical. Son ilustrativos de este momento los asesinatos del dirigente de la USO Gustavo Chacón en Barrancabermeja9, el triple asesinato de los lideres sindicales10 y defensores de derechos humanos Luis Felipe Vélez, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, en Medellín, y las matanzas de trabajadores bananeros del Urabá Antioqueño. Según la USO, “a finales de los ochenta y comienzo de los noventa la campaña de aniquilamiento continúa con los asesinatos selectivos. En estos años se inicia el exterminio físico de los activistas y dirigentes sindicales de la Unión Sindical Obrera. Desde 1988, cuando el operativo de la Red No. 9 de la Armada Nacional asesinó al compañero Manuel Gustavo Chacón Sarmiento, se ha masacrado a más de ochenta trabajadores petroleros” (Unión Sindical Obrera, 2004).

9.

El 15 de enero de 1988, a las diez de la mañana Manuel Gustavo Chacón, dirigente nacional de la USO, fue asesinado en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, con diecisiete descargas de ametralladora. Manuel había denunciado reiteradamente las arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos cometidas por algunos militares colombianos en el Magdalena Medio 10.

El 25 de agosto de 1987 fue asesinado Luís Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), en la sede que tiene el sindicato en la ciudad de Medellín. El mismo día, cuando ingresaban a la velación de Luis Felipe, fueron asesinados los defensores de derechos humanos y sindicalistas Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, este último socio de la ENS y militante político de Firmes.

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 27

La muerte selectiva (1991-1994) El panorama previo a las elecciones de 1990 presentaba un país en profunda crisis política, tras el asesinato de Luis Carlos Galán, la escalada terrorista del narcotráfico y los crímenes de dos candidatos presidenciales de oposición, Bernardo Jaramillo, el 22 de marzo de 1990, y Carlos Pizarro, el 26 de abril de 1990. Colombia estaba fragmentada por múltiples violencias y empezaba un debate político que desembocaría en la Asamblea Constituyente, en la cual se materializaría el pacto político más importante del país, la Constitución de 1991.

En términos generales, este periodo se caracteriza por una gran paradoja, de un lado, la construcción política de una Constitución que aparecía como el camino hacia un pacto de paz, y, de otro lado, la puesta en marcha de un modelo económico neoliberal que exacerbaría las deudas sociales y socavaría las políticas laborales. Era una contradicción marcada por la llegada a la Presidencia de la República de Cesar Gaviria, tras el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, la promulgación de la nueva Constitución de 1991 y la adopción del modelo neoliberal, que se materializaría en reformas económicas de apertura y traería nefastos cambios en material laboral y social. Las leyes de reforma laboral, Ley 50 de 1990 y de reforma a la seguridad social, Ley 100 de 1993, representan sin lugar a dudas los cambios de mayor impacto en la población trabajadora del país.

Esta puesta en marcha del modelo económico de apertura sin regulación del mercado traería como consecuencia un creciente deterioro de los ingresos de los trabajadores, un desempleo sin salidas positivas y muchos trabajadores oficiales por fuera del mercado laboral tras los esfuerzos de privatización y ajuste fiscal.

En este contexto las protestas de los sindicalistas serían interpretadas como actos terroristas y las relaciones Estado- trabajadores eran inexistentes, como lo señala Consuelo Ahumada, citada por Archiva, “la justicia regional se desvió de su objetivo, el narcotráfico, para enfocarse contra los trabajadores” 11.

11.

Consuelo, Ahumada, El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana, citada por Archila, Delgado, García y Prada (2002, 30)

28

Entre el primero de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1994 fueron asesinados en Colombia 518 sindicalistas –24 mujeres y 493 hombres–.

Durante este período los homicidios selectivos, es decir ejecuciones que tienen como blanco dirigentes, líderes y activistas sindicales, se consolidan y se especializan como la violación más grave y de mayor intensidad en el panorama de la violencia contra los sindicalistas. El comportamiento de las cifras durante estos cuatro años revela un ritmo ascendente que presenta una variación significativa en 1994, año en el cual los homicidios decrecen en un 46% con respecto a las cifras de 1993. En este panorama los sindicatos de los trabajadores agrícolas, de la educación, la construcción, la electricidad y los trabajadores municipales, fueron los más afectados.

Cuadro 5: Homicidios de sindicalistas en Colombia, 1991-1994

Fuente: Sinderh, ENS.

Cuadro 6: Dirigentes sindicales asesinados, 1991-1994

Fuente: Sinderh, ENS.

Este periodo estuvo determinando además por la guerra contra el agro y, específicamente, por la guerra contra los trabajadores agrícolas del aceite y el banano. Es ilustrativa la violencia contra los sindicalistas agrupados en Sintraproaceites –San Martín, departamento del Cesar– y Sintrainagro –en la zona bananera de Urabá–. En el último caso, los asesinatos estuvieron profundamente vinculados a las disputas territoriales que libraban, las Farc y las AUC por el control de los departamentos de Córdoba y Urabá. Los Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 29

asesinatos de los altos dirigentes sindicales Guillermo Marín, en 1994, y Alirio Guevara, en 1992, constituyen algunos de los casos más representativos del período12.

Balas que reinstalan fantasmas fundacionales (1995- 1997)13 Este periodo coincide con la presidencia de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y el mandato de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia (1995-1997), en términos generales se puede calificar como un contexto marcado fundamentalmente por la deslegitimación del gobierno Samper tras las acusaciones de infiltraciones de dineros del narcotráfico para financiar sus campañas, por el desborde de las violencias guerrilleras y paramilitares y por el ahondamiento de la crisis política.

En materia social es momento de expectativas y desencantos. Si bien era claro su continuismo del modelo neoliberal, Samper propuso imprimir un rostro humano al modelo en su denominado Pacto Social, sin embargo, la marcada autonomía del Banco de la republica y la crisis de legitimidad del gobierno marcaron otro rumbo a las aspiraciones sociales. El escándalo del Proceso 8.000 y los esfuerzos del gobierno para defenderse y mantenerse en el poder desviaron toda posibilidad de reformas en el asunto.

12.

Jesús Alirio Guevara, miembro de la junta directiva nacional de la CUT y vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), fue secuestrado y posteriormente asesinado en el sitio conocido como Villa Alicia, jurisdicción del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, el 28 de enero de 1993, en momentos en que se realizaba la junta nacional de la CUT. Un mes más tarde, el 26 de febrero de 1993, fue ultimado en Medellín Oliverio Molina, secretario general de Sintrainagro. Guillermo Marín, miembro del comité ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Antioquia (Futran), fue asesinado en julio de 1994. El 24 de septiembre de 1994 agentes de los servicios de inteligencia de la policía entrevistaron a Belisario Restrepo, presidente de Futran, en la sede de la organización, situada en el centro de Medellín, acerca de las circunstancias que habían rodeado la muerte de Marín, y horas más tarde, ese mismo día, cinco hombres armados que se identificaron como agentes de la Fiscalía General de la Nación entraron a la fuerza en las oficinas de Futran y solicitaron ver a Belisario. Al observar que éste no se encontraba, dispararon contra el secretario de conflictos laborales, Hugo Zapata, y contra el secretario de derechos humanos, Carlos Posada. Hugo resultó muerto y Posada quedó herido.

13.

Ver Cuadernos de DD.HH., números 2, 4, 5 y 6

30

Frente a los derechos humanos, el periodo estuvo marcado por agudas contradicciones, de un lado la firma del Protocolo II de Ginebra, la aceptación de la responsabilidad del Estado en la masacre de Trujillo y la formación en derechos humanos para las Fuerzas Armadas, se contrastaban con la poca claridad del gobierno frente a las cooperativas de seguridad “Convivir”, creadas a finales del gobierno anterior e impulsadas con todo vigor por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe y el ministro de Defensa, Fernando Botero.

Precisamente durante esta etapa los grupos paramilitares se fortalecieron y desplegaron una oleada sangrienta sin precedentes en el departamento de Antioquia, violencia enmarcada durante el mandato del gobernador Álvaro Uribe, cínicamente defensor e impulsor de las Convivir. En 1997 aparecen las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras la supuesta articulación y unión de las autodefensas de Córdoba y Urabá con las del Magdalena Medio y los Llanos, mientras el modelo paramilitar antioqueño empezaba su expansión. El asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, reseñó este momento afirmando que “estamos exportando violencia, a través de las Convivir, para todo el país (...) y los militares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan” (Valle, 2007). Fue asesinado en su oficina el 27 de febrero de 1998.

En una situación caracterizada por el auge del paramilitarismo contrainsurgente, el apoyo del gobernador de Antioquia a las Convivir, el incremento de la violencia guerrillera y un gobierno nacional debilitado por la corrupción, entre 1995 y 1997 ubicamos un segundo momento de la historia reciente de la violencia antisindical, caracterizado principalmente por la figura de las masacres como modalidad más recurrente de los asesinatos, aunque los homicidios selectivos no desaparecen totalmente del panorama.

Durante estos tres años fueron asesinados 694 sindicalistas, es decir, el 31% del total de los homicidios cometidos en 16 años, más allá de los dramatismos retóricos, este trienio ha sido sin duda el episodio más sangriento del sindicalismo en su historia reciente, con cifras sin precedentes: 237 sindicalistas asesinados en 1995, 275 en 1996 y 182 en 1997.

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 31

Cuadro 7: Homicidios, amenazas de muerte y desplazamientos forzados de trabajadores sindicalizados en Colombia, 1995-1997

Fuente: Sinderh, ENS.

Cuadro 8: Homicidios, amenazas y desplazamientos de dirigentes sindicales, 1995-1997

Además, este periodo presenta un punto de quiebre en el panorama general de las violaciones de los derechos humanos de los sindicalistas, al concentrar en una sola agrupación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), de la región de Urabá, departamento de Antioquia, el mayor número de los homicidios cometidos contra los sindicalistas en el país. Según información del banco de datos de la ENS, de los 694 homicidios registrados durante estos tres años, 405 se cometieron contra los trabajadores de Sintrainagro, es decir, el 58,3% del total de homicidios. El panorama es aún más alarmante si se observa que entre enero de 1991 y diciembre de 2006 fueron asesinados 688 trabajadores afiliados a Sintrainagro, lo que hace de este sindicato, sin duda, la organización más afectada por la violencia antisindical en la historia reciente del sindicalismo nacional.

Las masacres cometidas en el departamento de Antioquia y específicamente en la región de Urabá constituyen la imagen del terror de un periodo que coincide exactamente con la administración de Álvaro Uribe en ese departamento, en una paradoja histórica que podría ser entendida como el primer caso de experimentación de una política de seguridad y mano dura, que contó con el cinismo de un gobernante que en 1994 intento legalizar grupos armados como estrategia de seguridad, en las figura de las cooperativas Convivir.

En segundo lugar están las organizaciones sindicales de maestros, agrupadas en Fecode, víctimas de 160 homicidios. De ellas, la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) aparece como la más afectada por la violencia, al registrar 61 homicidios; los educadores de Córdoba, agrupados en Ademacor, fueron víctimas de 22 asesinatos; los del Cesar, organizados en Aducesar, reportaron 12 asesinatos y los educadores de Bolívar, pertenecientes a Sudeb, fueron víctimas de 15 asesinatos. Es particularmente ilustrativo que durante estos tres años Antioquia y Córdoba concentran el mayor registro de violencia, si se compara con el total de homicidios en los 16 años, y el dato se cruza con la estrategia de disputa territorial y control de los paramilitares en el mismo periodo. De los 58 asesinatos registrados en 16 años en Córdoba, 22 corresponden al trienio 19951997, es decir el 38% del total; y de los asesinatos ocurridos en Antioquia el 47% se presentó en este lapso.

Este segundo momento se caracteriza particularmente por el recrudecimiento de la violencia contra los trabajadores agrícolas y del magisterio del departamento de Antioquia, por un incremento desproporcionado y sin precedentes del número de homicidios, la gran mayoría en masacres indiscriminadas, por el incremento alarmante de las amenazas de muerte y por el acelerado aumento de los desplazamientos forzados.

Antioquia aparece como el departamento más afectado por la violencia, al registrar 501 asesinatos y concentrar el 72,1% del total de los homicidios ocurridos en el país, situación que es necesario interpretar como efecto de la agudización del conflicto en Urabá. Complementan esta geografía los departamentos de Cesar, con 34 asesinatos; Córdoba, con 26; Magdalena, con 25; Bolívar, con 16, y Santander con 15. Llama la atención la relación que puede establecerse al

Fuente: Sinderh, ENS.

32

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 33

observar los lugares de concentración de los homicidios y los territorios en los cuales va tomando gran fuerza el asentamiento paramilitar.

Sin lugar a dudas, 1996 es el año más violento contra los sindicalistas colombianos en los últimos dieciséis años, marcado por el mayor índice de homicidios contra sindicalistas, el mayor número de asesinatos de trabajadores en masacres y el mayor número de violaciones de los derechos humanos de los trabajadores. En ese año fueron asesinados 275 sindicalistas en todo el país; de ellos, 105 murieron en matanzas de los actores armados en la zona bananera de Urabá. Aquí es necesario puntualizar que la grave crisis humanitaria experimentada por el sindicalismo en la región de Urabá durante este año fue consecuencia de la puesta en marcha del llamado “proyecto de pacificación armada” implementado en esa región, proyecto que no fue más que el aniquilamiento de todo lo que tuviera tinte de subversión, incluidos los dirigentes de izquierda y en particular los líderes sindicales.

En 1997 y 1998 los homicidios contra trabajadores sindicalizados descienden significativamente y pasan de 275 en 1996 a 182 en 1997. Estas cifras contrastan con el incremento de las amenazas de muerte, que aumentan en un 67% –de 182 pasan a 307– y los desplazamientos forzados, que ascendieron de 4 a 361.

Los descensos de los asesinatos coinciden, en primer lugar, con la reducción de las disputas territoriales en Urabá; en segundo término, con el aumento de los homicidios y las amenazas de muerte contra dirigentes sindicales; y en tercer lugar con un proceso de ampliación del proyecto paramilitar a lo largo de la geografía nacional y, por tanto, con la aparición de nuevos territorios disputados por los actores armados.

Las masacres del Bajo del Oso14 y Osaka15 y el asesinato de Osvaldo Agudelo16, de Sintrainagro, ilustran la complejidad de los homicidios en este lapso y la multiplicidad de los victimarios de los sindicalistas.

14.

Véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1999) y el Banco de Datos de DD.HH. de la ENS. 15.

Véase “La masacre de los trabajadores bananeros de la finca Osaka” (Revista Justicia y paz, 1996, vol. 9, número 1, 36).

16.

Véase “Asesinato deOswaldo Ovidio Agudelo, dirigente sindical de Sintrainagro y directivo de la UP”, (Revista Justicia y paz, 1996, vol. 9, número 2,) y el Banco de Datos de DD.HH. de la ENS.

34

Despliegue de la violencia cruda y dispersa (1999-2002)17 Con posterioridad a la compleja crisis que presenció el país durante el gobierno deslegitimado y aislado de Samper, en 1991 llegaría a la Presidencia de la República Andrés Pastrana y con él Colombia viviría una crisis de mayores proporciones. Acudiendo al juego semántico de las imágenes, Pastrana posando en una fotografía con Manuel Marulanda, comandante de las Farc, simulaba una esperanza de paz en un país contrariado y devastado por las guerras.

Con tal propósito inauguraba su gobierno bajo un plan contradictorio en sus propias intenciones. De forma simultánea, mientras concretaba un proceso de paz con la guerrilla de las Farc, inauguraba el Plan Colombia con una ruta de guerra diagnosticada. Sin lugar a dudas, los diálogos de paz, lejos de conseguir alguna posible solución, terminaron fortaleciendo a los bandos confrontados.

Como lo muestran los informes de derechos humanos en Colombia, durante esta época las violaciones se incrementaron significativamente, se desbordaron los desplazamientos forzados vinculados generalmente a masacres y el cese al fuego decretado termino siendo una simulación mayor que la fotografía de campaña. Paralelamente los grupos paramilitares proliferaban y su actividad se tornaba más sangrienta –si es posible tal absurdo–, al desplegar una oleada de terror en nuevos territorios y concentrar sus esfuerzos para proseguir exterminando toda voz que tuviera algún timbre de izquierda.

En materia laboral la crisis reveló la incapacidad del gobierno y la profundidad de los impactos de un modelo neoliberal sin freno. El desempleo llegó a 19,8% en 1999, los indicadores de pobreza se incrementaron, mientras el ingreso caía desproporcionadamente, los paros nacionales impulsados por las centrales sindicales tomaban fuerza y la persecución oficial a las movilizaciones obreras se hacía más evidente. En este contexto la violencia antisindical se despliega por todo el territorio nacional, a tiempo que los discursos oficialistas intentan confundirla en el complejo panorama de guerra difusa.

17.

Ampliar información en Cuadernos de DD.HH., números 8 y 11.

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 35

Con el inicio del gobierno Pastrana y su intento de nuevas conversaciones de paz con la guerrilla, resurgió con mayor fuerza la estrategia de los asesinatos selectivos como medio de presión y control sobre la actividad sindical. Si bien estos crímenes se produjeron en el contexto de una aparente violencia difusa e indiscriminada, en medio de una oleada expansiva de violaciones de todo tipo, los homicidios de sindicalistas aparecen de manera selectiva y generalmente vinculados a un contexto de conflictos laborales. La violencia antisindical dejó de concentrarse con cierta exclusividad en el departamento de Antioquia y se extendió a lo largo y ancho de la geografía nacional en múltiples formas; de hecho, ningún periodo anterior había presentado un aumento tan significativo de atentados, desapariciones y secuestros, entre otros delitos.

Durante estos cuatro años fueron asesinados en el país 600 trabajadores sindicalizados, 1.292 recibieron amenazas directas de muerte, se realizaron 70 atentados con armas de fuego y artefactos explosivos contra sindicalistas y 113 trabajadores fueron secuestrados. Los asesinatos selectivos contra altos dirigentes sindicales se especializaron como estrategia de terror e inmovilización del ejercicio sindical. Difícilmente en otro momento se había restringido y perseguido a los sindicalistas de forma tan directa, estrategia que empieza con el asesinato del vicepresidente nacional de la CUT, Jorge Ortega, durante el paro nacional de 1998, cuando fueron eliminados otros ocho sindicalistas en distintas regiones del país.

La etapa alcanzó niveles de violencia equiparables a los del trágico año de 1996; sin embargo, las disputas territoriales que se presentaron en Urabá de cierta forma explican parcialmente las exageradas cifras de homicidios de ese año. Pero en el período 1999-2002 las explicaciones no llevan el mismo telón de fondo y ellas están referidas esencialmente a una violencia sistemática y discriminada contra los sindicalistas a causa de su ejercicio sindical, factor que pone de relieve la dimensión de la ojeriza antisindical en esos años.

Una visión comparativa a los cuatros años nos permite observar que durante este tiempo los homicidios contra los trabajadores organizados se fueron especializando en el tiempo, con crecimiento desbordado entre 2000 y 2001.

36

De manera paralela, las muertes de altos dirigentes sindicales se recrudecieron e incrementaron hasta alcanzar niveles históricos. De acuerdo a los registros de la base de datos de derechos humanos de la ENS, de 1999 a 2000 los asesinatos de trabajadores sindicalizados aumentaron en un 69%, pues de 80 homicidios durante 1999 se pasó a 137 en el año 2000, y de igual modo los homicidios de dirigentes sindicales aumentaron en un 39% en ese lapso. Entre 2000 y 2001 los homicidios de sindicalistas se incrementaron en un 45%, al pasar de 137 en el año 2000 a 197 en 2001, y aquellos contra dirigentes sindicales presentaron un aumento histórico del 97%, pasando de 32 en el año 2000 a 65 en 2001. Entre 2001 y 2002 se presentaría una mínima reducción de los crímenes, al pasar de 197 en 2001 a 186 en 2002, lo que equivale a una disminución del 6% de los homicidios de sindicalistas. A su vez, también la eliminación de dirigentes sindicales descendió, en un 21%, al pasar de 65 casos en 2001 a 50 en 2002.

Cuadro 9: Violaciones a la vida, libertad e integridad de dirigentes sindicales en dos periodos

Fuente: Sinderh, ENS.

Para entonces el departamento de Antioquia continuaba siendo el territorio más peligroso para la actividad sindical, al presentar 177 homicidios de sindicalistas, equivalentes a un 30% del total nacional. No obstante, este período presenta un territorio más extenso referido a los homicidios, ya que nuevos escenarios aparecen en el panorama de violencia a medida que Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 37

el proyecto paramilitar se extiende la geografía nacional; el dato resulta significativo si consideramos que en los periodos anteriores Antioquia alojaba algo más del 50% de los homicidios nacionales. El departamento del Valle del Cauca aparece como un nuevo escenario de violencia, donde se registran 51 asesinatos de sindicalistas asesinados, Santander continúa manteniendo su alta participación en los crímenes, al registrar 53 casos de homicidios. Además, la violencia se desplaza también hacia los departamentos del Atlántico, con 22 homicidios; Cesar, con 28; Magdalena, con 23; Norte de Santander, con 25; Meta, con 22, y Nariño con 25, en tanto que en los demás departamentos el índice fluctúa entre cinco y veinte homicidios.

Los sindicatos del sector servicios son los más afectados por los asesinatos durante este tiempo, y entre ellos las organizaciones de la educación agrupadas en Fecode reportan el mayor índice de bajas: 325 educadores eliminados, lo que equivale a una participación del 55% en el total de asesinatos ocurridos en ese periodo. En el mismo orden, los empleados de organizaciones oficiales fueron víctimas de 31 homicidios, los de la rama judicial de 29 y los de la salud de 32. Los sindicatos de los servicios públicos de electricidad, gas y agua también resultan fuertemente golpeados, con 45 asesinatos, mientras los de la agricultura, en especial de pequeños agricultores agrupados en Fensuagro, aportan 44 víctimas.

Algunos de esos crímenes señalan con contundencia la dimensión de la violencia antisindical en el país y los alcances de su implementación. Dos casos emblemáticos abren y cierran este sangriento panorama: el asesinato de Jorge Ortega18 en 1998 y el de Aury Sara Marrugo19 a finales de 2001.

18.

El martes 20 de octubre de 1998, mientras se desarrollaba un paro nacional de quince días convocado por la CUT nacional, fue asesinado Jorge Luis Ortega García, vicepresidente de CUT. Ortega, trabajador de la Electrificadora de Bolívar desde hacía 19 años y padre de dos niños, recibió seis impactos de bala, varios de ellos en la cabeza y en el pecho, cuando ingresaba a su casa en el sur de Bogotá. La destacada labor sindical de Jorge Ortega García lo había convertido en blanco de reiteradas amenazas, y ya el 22 de septiembre de aquel año, Ortega y Domingo Tovar, ambos dirigentes de la CUT, habían denunciado ser objetos de continuas amenazas de muerte; ese mismo día un grupo de personas no identificadas asaltaron la casa de Jorge y golpearon y ataron a

38

De los giros tácticos de la violencia a la sobrevaloración de las estadísticas (2003-2006)20 “Un Estado que dialoga con más facilidad con los grupos armados que con las organizaciones legítimas del trabajo y que tiende a criminalizar la protesta social” (El Tiempo, 1 de mayo de 2005).

Al finalizar el gobierno Pastrana el país se encontraba sumido en una crisis humanitaria de impensables proporciones; en la cual la pobreza creciente, el desempleo sin aparentes soluciones y la violencia ampliada geográficamente se cruzaban con el descontento y la desesperanza de los ciudadanos frente a sus líderes políticos con sus vacías promesas de paz y desarrollo. En este contexto, y bajo una retórica de seguridad, mano firme y fin a la guerra, el candidato presidencial Álvaro Uribe llegaba a la Presidencia de la República.

El primer gobierno de Uribe estuvo caracterizado particularmente por su proyecto político denominado Estado comunitario, por la puesta en marcha de su política de seguridad democrática, ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, por sus reformas laborales de duro impacto para los trabajadores colombianos bajo políticas continuistas del modelo neoliberal, por el proceso de negociación y su esposa. Según informes de la CUT, la Policía solo se presentó en el lugar pasadas veinticuatro horas. Estos hechos ocurrieron en el contexto del paro nacional adelantado por la central. Durante los veintiún días que duró la protesta fueron asesinados otros ocho dirigentes sindicales en distintas regiones del país.

19.

El 30 de Noviembre de 2001, siendo las 8:35 a.m. y mientras se desplazaba desde su residencia hasta la oficina de la USO, en Cartagena, fue secuestrado el dirigente sindical de la Unión Sindical Obrera, Aury Sara Marrugo, junto con su escolta Enrique Arellano. Fue abordado por varios hombres armados que se movilizaban en tres vehículos de los paramilitares que operaban en la región bajo el mando de Carlos Castaño, los cuales se atribuyeron el secuestro. Según información del sindicato, Castaño había prometido respetar la vida del dirigente sindical y, sin embargo, el 5 de Diciembre de 2001, fue encontrado asesinado con arma de fuego y con señales de tortura, al igual que su escolta. Junto a sus cadáveres se encontró una lista de varios sindicalistas que serían asesinados por este grupo.

20.

Ampliar información en Cuadernos de DD.HH., números 13, 14 y 16

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 39

desmovilización con los grupos paramilitares y por las reformas a la Constitución Nacional del 91, en las cuales tomó forma la figura de la reelección.

Cuatro factores marcaron significativamente el panorama laboral y sindical de este periodo. En primer lugar las reformas laborales, acuñadas principalmente en la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, que lejos de producir impactos positivos en el empleo se tradujeron en precarización para los trabajadores y altas ganancias para los grandes empresarios. En segundo lugar aparece la política de Seguridad Democrática, que nuevamente ubicó a los sindicalistas en la orilla de los enemigos sospechosos de la seguridad nacional observándolos y tratándolos como posibles subversivos, y que se tradujo en allanamientos ilegales, detenciones y montajes legales contra altos dirigentes sindicales. En tercer lugar, el plan de desmovilización y reinserción de los paramilitares y los procesos de Justicia y Paz, que suponían una cesación de hostilidades, se transformó en una imagen publicitaria de buenos resultados estadísticos y terror desplegado tácticamente; los grupos paramilitares, lejos de detener su acción antisindical, recrearon nuevas estrategias que desvirtuaban y camuflaban las mismas violaciones. En cuarto lugar, el descubrimiento de las siniestras alianzas entre organismos del DAS y grupos paramilitares para asesinar sindicalistas y las aterradoras prácticas materializadas en varios asesinatos de dirigentes sindicales, confirmaron las denuncias y los temores ampliamente dados a conocer por los líderes sindicales colombianos y puso al descubierto la temible conducta antisindical de algunas instituciones del país.

En el lapso se presenta un giro estratégico en las modalidades del uso de la violencia contra los sindicalistas, que se caracteriza principalmente por el descenso de los homicidios, el acelerado incremento de las privaciones a la libertad, el incremento de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres sindicalizadas, las fuertes restricciones a la libertad sindical, un significativo aumento en las amenazas de muerte, el incremento de las responsabilidades de organismos del Estado y, en especial, un fuerte despliegue de las estrategias para invisibilizar la magnitud de la violencia mediante la manipulación de cifras estadísticas y el afanado esfuerzo del 40

gobierno nacional por responder satisfactoriamente a las recomendaciones de la comunidad internacional en materia de violaciones de los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados.

Uno de los rasgos más característicos del panorama de violaciones registradas durante este periodo es la significativa disminución de los homicidios, en relación con el periodo anterior. La ENS señala una reducción del 50,5% en los homicidios cometidos en el año 2003 con respecto a 2002, lo cual equivale a decir que de 186 asesinatos registrados en 2002 se pasó a 94 en 2003. Para el año 2004 los homicidios conservan una similar magnitud, aunque se registra un leve crecimiento del 2,12%; durante 2004 se registraron dos casos más de homicidios que en el año 2003; la tendencia decreciente se sostiene en 2005, al presentar una reducción del 27,08% en los homicidios con respecto al año 2004 (26 casos menos); y en 2006 nuevamente se presenta un leve incremento del 2,8%, con respecto al año inmediatamente anterior, al registrarse dos casos más. En términos generales, durante ese periodo se presentaron 332 homicidios de trabajadores (262 hombres y 69 mujeres), y de ese total 88 eran dirigentes sindicales, 239 eran trabajadores de base y cinco eran asesores sindicales.

Los datos de la ENS establecen que 33 casos fueron responsabilidad de grupos paramilitares, 9 de organismos del Estado y 9 de la guerrilla; en 194 asesinatos no se identifica al victimario y de 87 casos no se posee ninguna información.

En este periodo los afiliados a Fecode continúan siendo los sindicalistas más afectados (178 asesinatos), que representan el 53,6% del total de homicidios de ese tipo registrados durante el periodo. Siguen los sindicatos de la agricultura con 36 asesinatos; el sector de la salud, con 19; el sector de la electricidad, con 18, la industria manufacturera, con 15, y minas y canteras con 9.

En la distribución geográfica de los homicidios es importante resaltar que, excepto los departamentos de Vaupés, Guaviare, Quindío y San Andrés, en todos los demás se presentaron homicidios contra sindicalistas. Si bien Antioquia continuó revelando el mayor número, con un registro 31 asesinatos, llama la atención que la participación de este departamento en los homicidios desciende significativamente si se compara con el periodo anterior (1998Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 41

2002), en el cual Antioquia presentaba un balance de 212 asesinatos, cantidad que desciende a 31 en este periodo, y en una proporción mayor si se contrasta con lo observado en el 1995-1998, cuando Antioquia alojaba más de la mitad del total de asesinados presentados en todo el territorio nacional.

Esta situación evidencia la relación existente entre disputas territoriales y consolidación de grupos paramilitares en la región y asesinatos de sindicalistas, en forma tal, que a medida que los paramilitares se instauran en el territorio y ejercen control, van disminuyendo los asesinatos, y a medida que su disputa se extiende a nuevos territorios, los asesinatos empiezan a ascender. En ese sentido es notable observar que durante este periodo la violencia se concentra en los departamentos donde la incursión paramilitar empieza a tener fuerte relevancia, como es el caso de Arauca, cuyos niveles de homicidios llegan a equipararse con los de Antioquia en el curso de solo cuatro años, para presentar un saldo total de 30 asesinatos. Le siguen Norte de Santander, con 18 casos; Atlántico, con 25; Bolívar, con 16; Putumayo, con 8; Caldas, con 8; Caquetá, con 6, y Córdoba con 9. Sin embargo, esta nueva distribución no borra o hace desaparecer los antiguos territorios de concentración de la violencia, pues es notable observar una permanencia en el tiempo que presenta algunos altibajos aunque en términos generales se revela como estándar. Tal es el caso del Valle del Cauca, con 32 asesinatos, suma particular, porque en los 16 años estudiados es el primer momento en que un departamento diferente de Antioquia ocupa el primer lugar en asesinatos. Le siguen los departamentos de Santander, con 18, y Cesar con 14.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe los giros y variaciones en el panorama general de violaciones de derechos humanos de trabajadores sindicalizados están vinculados con el cambio de estrategias por parte de sus victimarios. Por lo tanto, dichas variaciones deben ser interpretadas a la luz de estas jugadas tácticas, en las cuales la violencia contra los trabajadores se enreda y se diluye en la compleja trama de las estrategias.

Dichas jugadas tácticas han tenido como meta desvirtuar el escenario de violaciones de los derechos humanos, generar una atmósfera de confusión, y de golpe hacer creer que la situación de violencia sistemática y extendida 42

en el tiempo se ha solucionado y que las iniciativas del gobierno como las políticas de seguridad democrática han demostrado su efectividad. Todo lo anterior ligado al hecho de que estas estrategias están soportadas en una amplia plataforma publicitaria que le permite desplegar sus confusos logros con la mayor rapidez posible, generando a su vez el agregado de una opinión pública favorable y una fuerte legitimación popular Durante este período los grupos de autodefensas se camuflan en el escenario social, incorporando figuras de organizaciones sociales21 que justifican su acción a la luz de una retórica de defensa de los intereses del pueblo y de las empresas y adoptando nombres tales como “Defensores del Cauca”, “Ciudadanos comprometidos con el desarrollo”, “Muerte a Sindicalistas” (Masin), “Águilas Negras”, entre otros, bajo los cuales señalan su independencia como organización frente a los grupos de autodefensas, como medio de distracción, para no ser señalados o interrogados por sus acciones.

De otro lado, desde finales del año 2002 se presenta un incremento sistemático de detenciones de líderes sindicales, que aparecen como nueva variable en la lista de violaciones de derechos humanos de los sindicalistas. Llama la atención, igualmente, que la mayoría de estas detenciones posee características similares: seguimiento previo por agentes estatales, judicialización por insurgencia, presentación ante los medios como presuntos guerrilleros y posteriormente absolución por falta de pruebas. Además, en ellas son utilizadas personas reinsertadas y pertenecientes a la red de informantes en algunos de los procesos establecidos contra los dirigentes sindicales. Es importante señalar, 21.

El 4 de mayo de 2005, diferentes directivos sindicales del departamento del Atlántico fueron amenazados de muerte por un grupo denominado MAS (Muerte a Sindicalistas), mediante un panfleto en el que señalaban que el “MAS pese a identificarse con la lucha que libran los grupos armados que operan por todo el territorio colombiano, no tiene ningún tipo de vínculos con ellos, actuamos por convicción y conocimiento de causa”. Con actuación parecida, un grupo autodenominado “Defensores Norte caucanos”, mediante volantes distribuidos en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, amenazó a los dirigentes sindicales de la caña de azúcar con argumentos similares. A principios de 2006 un grupo denominado Águilas Negras amenazó con cartas a los integrantes del naciente sindicato de Bochita, en el municipio de La Ceja, Antioquia con el propósito de desarticular y frenar la creación del sindicato.

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 43

por ejemplo, las irregularidades denunciadas en el caso del profesor Alfredo Correa de Andréis y en otros casos denunciados por el Comité de Derechos Humanos de Arauca, en cuanto al uso de testigos reinsertados pertenecientes a la red de informantes22.

El incremento de la violencia contra las sindicalistas constituye otro de los rasgos característicos de ese período. En el informe de derechos humanos de 2003 presentado por la ENS se señalaba con preocupación un incremento desproporcionado –de casi el 500%– en las violaciones de los derechos humanos de las mujeres sindicalizadas, en comparación con el año 2002.

Este nivel de violencia crece en 20% y se sostiene en 2004; los dos años siguientes presentan cambios y reducciones en el total de violaciones, sin dejar de evidenciar impactos profundos. Así, durante 2003 se registraron 160 violaciones más que en el 2002, de las cuales terminaron en muerte; para 2004 esta violencia creció en un 20%, al presentar 41 violaciones más que 2003, en 2005 se registraron 152 casos de violaciones, de las cuales 15 correspondían a homicidio, y en 2006 hubo 86 violaciones y de ellas 10 fueron homicidios.

Si bien estos datos presentan fluctuaciones relativas, evidencian el fuerte impacto y crecimiento que tuvo la violencia antisindical contra mujeres en este periodo, fenómeno que no se observa en los anteriores.

Otro de los rasgos más relevantes de esta etapa lo constituyen las escandalosas revelaciones de miembros del DAS que comprometen a la alta dirigencia de esa institución con grupos paramilitares, principalmente de la región caribe.

Durante el 2006 fueron ampliamente divulgadas las declaraciones del ex 22.

Por citar algunos casos, señalamos las detenciones a Hernando Hernández, directivo de Fensuagro, el 1 de junio de 2005 y judicializado y presentado a los medios como insurgente; de Javier Dorado Rosero, directivo de Simana, igualmente judicializado y presentado a los medios como insurgente; de Ricardo Santrich Pernett el 26 de mayo, judicializado y presentado como guerrillero, así como y las denuncias elevadas por varios organismos de derechos humanos por el tratamiento dado a testigos reinsertados en los juicios contra Alfredo Correa, en el Atlántico, y Raquel Castro, en Arauca, en el año 2004. Después de determinarse la inexistencia de pruebas sobre la culpabilidad de esas personas, el profesor Alfredo Correa fue asesinado y la dirigente agraria Raquel Castro se encuentra todavía en detención domiciliaria, sin ser desvinculada del proceso, pese a la inexistencia de las pruebas.

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director de informática del DAS, Rafael García, a raíz de su publicación en las revistas Semana y Cambio, en las cuales se reveló un plan de exterminio de dirigentes sindicales orquestado por paramilitares y algunos detectives del DAS. De acuerdo con tales denuncias, varios sindicalistas figuraban en la subdirección de análisis del organismo de inteligencia, en una lista que funcionarios del DAS suministraron a los paramilitares.

Al cotejar la información presentada por García a la Fiscalía con los registros sistematizados del banco de datos de derechos humanos de la ENS se puede corroborar que, siniestramente, cada uno de los dirigentes sindicales que aparecen en la lista fue asesinado o tuvo que desplazarse forzadamente ante fuertes amenazas de muerte23.

En este complejo panorama el triple asesinato contra los dirigentes sindicales de Arauca24 y el asesinato de Luciano Romero25, dirigente de Sinaltrainal se convierten, en los casos emblemáticos y representativos del período de violencia marcado por la implementación de estrategias desorientadoras, montajes contra los sindicalistas.

23.

Los cadáveres de los hermanos César, Rafael y Ramón Fonseca Cassiani, miembros del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Atlántico (Sintragricolas), fueron hallados descuartizados con motosierra en una fosa común el 3 de septiembre de 2003, en la hacienda “La Montaña” del municipio de ponedora. Saúl Colpas Castro, presidente de Sintragricolas y secretario de asuntos agrícolas de la CUT Atlántico, fue asesinado de seis disparos frente a su familia, el 13 de julio de 2001 a las 10:30 p.m., en el corregimiento de Puerto Giraldo, municipio de Ponedera (Atlántico).

El 22 de octubre de 2002 Víctor Jiménez Fruto, vicepresidente de Sintragricolas, fue desaparecido en el municipio de Ponedera, él había reemplazado a Saúl Colpas Castro, asesinado en el 2001.

El viernes 17 de septiembre de 2004, a plena luz del día, en un barrio residencial de Barranquilla, fueron ultimados el profesor universitario Alfredo Correa de Adréis y su guardaespaldas, Edward Ochoa Martínez. Según denuncias de sus familiares y de su abogado, Antonio Nieto, el profesor fue víctima de una conspiración del DAS, motivo por el cual se había rehusado a aceptar que dicha institución le brindara seguridad.

24.

El 5 de agosto de 2003 fueron ejecutados extrajudicialmente por parte de tropas del grupo mecanizado Revéis Pizarro, del Ejército Nacional, según lo establecido por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, tres dirigentes sindicales del departamento de Arauca: Leonel Goyeneche, tesorero de la subdirectiva de la CUT en ese departamento; Jorge Eduardo Prieto Chamucero, presidente seccional de Anthoc, y Alirio Martínez, presidente del

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 45

Cuadro 10: Cuadro comparativo de violaciones, 1999-2002 y 2003-2006

Fuente: Sinderh, ENS.

Cuadro 11: Violaciones de la vida, la libertad y la integridad de mujeres sindicalizadas, 2001-2006

Fuente: Sinderh, ENS.

Otro de los casos que resulta significativo en el análisis de la violencia contra mujeres sindicalizadas es el asesinato de la dirigente sindical Carmen Eliza Nova. Carmen fue asesinada en Bucaramanga el 15 de julio de 2004; se trataba de una dirigente sindical que llevaba 28 años de compromiso con el movimiento sindical y había ocupado diferentes cargos directivos. Al momento Sindicato de Trabajadores Agrícolas. En esa misma acción fueron detenidos el presidente de la CUT en Arauca, Samuel Morales Flórez, y Raquel Castro, miembro de la Asociación de Educadores del Arauca (Asedar). Estos tres crímenes estuvieron enmarcados en un confuso panorama de distorsiones y montajes, en los cuales el Ejército Nacional manipuló y desvió la información de los hechos para excusar y tergiversar sus responsabilidades. Según declaraciones del Ejército, los tres líderes sindicales atacaron a una unidad militar que intentaba rescatar un secuestrado y supuestamente a ello obedeció la respuesta militar; así mismo, aseguraron haber incautado armas y municiones. Posteriormente, el vicefiscal general, Luis Alberto Santana, señaló que los sindicalistas no murieron en combate, como lo informó el Ejército, sino que fueron asesinados.

25.

Luciano Enrique Romero Molina dirigente de Sinaltrainal, fue asesinado en Valledupar (Cesar).

Según el relato de ese sindicato, Luciano fue visto con vida aproximadamente a las 9 de la noche del 10 de septiembre de 2005, y en la mañana del día 11 de septiembre fue encontrado amarrado, torturado, y en su cuerpo presentaba 40 cuchilladas. El dirigente sindical tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

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de su muerte había sido elegida como fiscal del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Santander (Sintraclínicas), y dejó huérfana a una niña de cinco años. Es importante señalar que después del crimen se desató un permanente hostigamiento contra los dirigentes sindicales de Bucaramanga y en especial contra la presidente de la organización, Teresa Báez, quien ha recibido múltiples amenazas de muerte en los últimos años.

Consideraciones finales De acuerdo con los hechos de violencia antisindical y de acuerdo con los contextos es posible afirmar que gran parte de las violaciones de los derechos humanos de los sindicalistas colombianos está ligada a conflictos laborales (paros, huelgas, negociaciones colectivas y creación de sindicatos)26; aunque tales violaciones ocurran en el contexto de la guerra y sean cometidas, en la mayoría de los casos, por alguno de los actores de la guerra, es necesario considerar que en Colombia la guerra y los actores armados funcionan como procesos o instituciones paralelas e ilegales de regulación del conflicto laboral colombiano. Por eso la violencia contra los sindicalistas se inscribe como una acción deliberada, estratégica y sistemática que obedece a un interés específico que busca anular las acciones sindicales de reivindicación y defensa de los derechos laborales.

Estas consideraciones evidencian que las violaciones se han realizado en momentos marcados por el aumento de las reivindicaciones laborales y no como razón o consecuencia del conflicto armado; de ahí que los sindicalistas de ambos sexos no aparecen como víctimas casuales o colaterales del conflicto armado. En un análisis de las luchas laborales ocurridas en Colombia en el periodo 1975-2000, Álvaro Delgado señala: 26.

De acuerdo con el banco de datos de derechos humanos de la ENS, se puede observar que desde 1991, 91 casos de violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas han ocurrido durante la realización de una denuncia pública del sindicato, tres casos durante la creación del sindicato, 26 en el curso de alguna huelga, 105 durante jornadas de movilización, 62 durante la negociación colectiva, seis durante un paro, 134 durante alguna toma.

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“al observar el fenómeno por regiones se encuentra que la masa huelguística más voluminosa se concentró en siete departamentos, en orden de importancia: Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Bogotá, Atlántico, Bolívar y Magdalena.

Haciendo abstracción de su participación en los conflictos laborales de escala nacional, esos entes territoriales alojaron más de la mitad de las huelgas del periodo (el 52.3%); un segundo grupo, conformado por La Guajira, Cundinamarca, Cauca, Córdoba, Nariño, Caldas y Cesar, fue escenario del 24% de los conflictos y el resto del país puso el 5%” (Archila, Delgado, García y Prada, 2002, 53-54).

Llama la atención el hecho de que una cartografía de los homicidios de sindicalistas coincide con exactitud con una cartografía de las acciones huelguísticas desarrolladas en el periodo analizado. Como se ha señalado anteriormente, Antioquia concentra más de la mitad de los homicidios de sindicalistas en el país, y tiene similar participación en los movimientos huelguísticos de los trabajadores. Con similares rasgos aparecen los departamentos del Valle y Santander, territorios que proporcionalmente se distancian de Antioquia, pero así mismo aparecen en la escena nacional como los que ocupan el segundo y tercer lugar en las jornadas huelguísticas y los homicidios contra sindicalistas. Estas afirmaciones no suponen una directa o exclusiva relación entre huelgas y homicidios; sin embargo, reiteran la relación existente entre los conflictos laborales y las violencias antisindicales.

Antioquia ha sido el departamento más peligroso para el ejercicio sindical en Colombia, pues de los homicidios cometidos contra trabajadores y trabajadoras sindicalizados en todo el territorio nacional, el 48% ha ocurrido en suelo antioqueño. Ello equivale a 1.078 homicidios, cifra que revela con contundencia la difícil situación que han enfrentado las organizaciones sindicales antioqueñas, particularmente en la década de los noventa, cuando ocurrieron la gran mayoría de los casos. De los 1.078 asesinatos registrados, 947, es decir, el 89%, ocurrieron entre 1991 y 2000. Muy lejos aparecen los demás departamentos, pues en segundo lugar está el departamento de Santander, con 141 asesinatos, seguido del Valle del Cauca, con 107 homicidios, Cesar, con 93 y Magdalena, con 86 homicidios; los demás departamentos presentan cifras que oscilan entre 10 y 50 asesinatos.

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Podemos concluir, además, que la violencia contra los trabajadores sindicalizados en lo referido a homicidios se ha desplegado por casi todo el territorio nacional, pues los asesinatos de sindicalistas en 29 departamentos se han presentado en el 91% del territorio nacional.

Otra consideración importante respecto al desplazamiento de la violencia hacia otros territorios nacionales puede hacerse al comparar las cifras anuales de homicidios, en las cuales encontramos que en algunos departamentos estas cifras de homicidios se han consolidado con fuerza, en particular desde 1998. Así, por ejemplo, de los 57 homicidios registrados en el departamento del Arauca el 75%, esto es, 41 homicidios, ocurrieron entre 1998 y 2004; de los 47 homicidios registrados en el departamento del Atlántico, el 95%, es decir, 41 homicidios, ocurrieron en el mismo periodo; de igual manera, el 74% de los registrados en el departamento del Valle, es decir, 79 de 107 registrados, se presentaron después de 1999. Estas cifras permiten corroborar que aproximadamente desde 1998 la violencia antisindical se ha desplazado hacia diferentes regiones del país, y particularmente hacia lugares donde ha tenido lugar la disputa por el control territorial por parte de los grupos armados –y más específicamente, allí donde se ha dado la ampliación del proyecto paramilitar hacia nuevos territorios.

En sentido inverso podemos corroborar que una vez que se expande la violencia antisindical hacia otros lugares del país, los homicidios de sindicalistas en territorio antioqueño empiezan un proceso descendente, que se enmarca precisamente en la “pacificación” del departamento, es decir, en la instauración y consolidación de un proyecto paramilitar con fuerte dominio y control del territorio.

La crisis humanitaria del sindicalismo colombiano evidencia, entre otras cosas, la incapacidad histórica del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad sindical y en muchos casos la entrega de sus funciones de mediación a agentes privados o a organizaciones armadas fuera de la ley; también, y fundamentalmente, hace evidente la irrupción de una vasta red de instituciones e intercambios entre organizaciones legales e ilegales que cumplen con la función de regular los conflictos laborales a través del uso de Una historia tejida de olvidos, protestas y balas 49

la coerción, las armas y el terror. Son ilustrativas las alianzas entre organismos del DAS y grupos paramilitares para asesinar sindicalistas o los asesinatos de los tres líderes sindicales en Arauca por parte de militares.

La información sistematizada y analizada durante estos veintiún años permite destacar que no existe un cambio estructural en el panorama general de la violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos, pues, si bien las violaciones presentan modalidades y expresiones diferenciadas durante los distintos periodos, los hechos permanecen, evidenciando que la violencia antisindical, lejos de aparecer como hecho coyuntural o como agudización del conflicto armado interno, se transforma estratégicamente de acuerdo con los contextos regionales y temporales y mantiene su interés deliberado en anular las reivindicaciones sindicales. En este sentido los giros tácticos presentados durante el último lapso (2003 -2006) se inscriben y responden a las tendencias registradas entre 1986 y 2002. Las variaciones no alteran el carácter de una violencia selectiva, deliberada y permanente y, fundamentalmente, no transforman la persistencia de la cultura antisindical que cataloga a los trabajadores sindicalizados como una amenaza para el orden interno en el país.

Figura 3: Total de violaciones por clase sindicalista

Figura 4: Total de violaciones por presuntos responsables

De otro lado, es necesario establecer que los cambios generales en la modalidad de las violaciones están relacionados con los cambios operados en las estrategias de guerra, la movilidad territorial de los actores, la resolución o disminución de las disputas territoriales armadas, así como con la implementación de procesos de negociación o acuerdos puntuales entre las organizaciones paramilitares y el gobierno. Durante este último periodo las variaciones positivas que se presentan en algunos indicadores no son producto de la aplicación de políticas gubernamentales deliberadamente orientadas a garantizar y proteger los derechos de asociación sindical en el país, sino el resultado, bastante contingente, de las lógicas de acción y los cálculos políticos y estratégicos de los actores del conflicto armado. La tregua unilateral decretada por algunos sectores del paramilitarismo incidió favorablemente en la reducción de los asesinatos de trabajadores sindicalizados.

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EL MUNDO DEL TRABAJO

Juventud, género y trabajo Una mirada a formas de empleo juvenil en Colombia*

Por David Díez**

* Artículo recibido en abril de 2007 Artículo aprobado en mayo de 2007 ** Antropólogo y tesista de la Maestría en Estudios de Género, Mujer y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia.

el ámbito universitario. Así, por ejemplo, cuando fui a la sección de personal de una universidad de Bogotá para entregar mis papeles, el encargado (un hombre de aproximadamente 50 años), tomó mi hoja de vida en las manos, miró la foto y luego me repasó “de arriba abajo”: “¿Usted es el docente?”, me dijo. A lo cual respondí: “Sí”. “¡Pero está muy joven!”. Enseguida se despidió y me dijo que se encargaría de clasificar mi hoja de vida. Una semana después supe que la categoría asignada era la más baja…

Introducción: ¿un docente que parecía estudiante?1 Hace dos semestres, cuando recién cumplí 23 años, comencé a trabajar en docencia universitaria. Si bien desde los 18 años he tenido distintos trabajos –uno de ellos como empacador de supermercados–, solo siendo docente me encontré con que algunos y algunas2 de mis colegas de trabajo reaccionaban con asombro al conocer mi oficio. Igual sucedía con familiares, amigos, funcionarios y personas con quienes interactuaba en 1.

Este artículo constituye una reflexión teórica y crítica basada en tres experiencias personales y académicas del autor: 1. Vinculación en “edad temprana” a un espacio “adultocéntrico”: la docencia universitaria. 2. Participación en el Estudio diagnóstico sobre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la situación de los jóvenes en materia de empleo y derechos laborales, realizado por el Departamento de Juventud de la CUT para la Organización Internacional del Trabajo (Díez, Reina y Becerra, 2007). Es de aclarar que los planteamientos expuestos aquí no necesariamente comprometen la posición de la CUT ni de la OIT. 3. El desarrollo inicial del marco teórico de la tesis de maestría en estudios de género, titulada “Género, proyectos de vida y trabajo flexible: experiencias de jóvenes en supermercados de Bogotá” (Díez, 2007a).

2.

Me gustaría utilizar un lenguaje no sexista para escribir este texto, sin tomar el masculino gramatical como “genérico”, pero el castellano es un idioma poco propicio para este ejercicio. Por lo tanto, y en pro de facilitar la lectura, en algunas ocasiones recordaré que los “genéricos” tienen sexo. Aunque las diferencias y desigualdades de género no se reducen a un problema lingüístico, el uso de un lenguaje incluyente es un paso (por supuesto parcial) para cuestionar y transformar la bipolarización y jerarquización de los sexos.

En contraste con lo anterior, cuando trabajé como empacador nunca encontré señal de asombro ni en mis compañeros de labor ni en mis familiares o conocidos. A nadie le parecía extraño que siendo joven tuviera un empleo precario, cuya principal remuneración fueran las propinas de los clientes. Se presentaba entonces una reacción contraria a la que generaba mi nuevo papel de docente. La vinculación de un joven a un empleo relativamente estable y con un grado de estatus considerable era motivo de sorpresa. La asociación entre joven y trabajo precario se asume socialmente como normal, mientras que el vínculo entre joven y trabajo relativamente estable y con estatus elevado es visto como irregular o fuera de lo común.

Para hablar de juventud, género y trabajo en relación con formas de empleo juvenil en Colombia debemos reconocer que vivimos en una sociedad que regula el poder en función de elementos diferenciadores, como la edad. Ésta se combina con otros factores, como el sexo, la etnia o el origen regional, lo cual da curso a procesos sistemáticos de clasificación y jerarquización de los sujetos. Para los propósitos de este texto haré énfasis en la edad, trazando algunos vínculos con el sexo.

Cuando hablo de poder me refiero al acceso a recursos materiales y simbólicos.

En el caso de las sociedades capitalistas, el acceso a un empleo es un elemento esencial, no solo para la reproducción material de los sujetos sino también para la construcción de una identidad que les permita sentirse parte de la sociedad. En el escenario universitario, acceder a un cargo docente es una posibilidad sistemáticamente reservada a personas adultas, que hayan obtenido un título profesional y acumulado méritos –experiencia laboral, formación Juventud, género y trabajo 59

de posgrado, producción intelectual, etc.–. La suma de estos aspectos se traduce, por un lado, en la posibilidad de obtener el cargo, y, por otro lado, en la jerarquización de los docentes mediante categorías definidas según el acumulado de méritos certificado.

Esta asignación diferencial de acceso es legitimada socialmente mediante un proceso de “naturalización”. Se olvida que se trata de una forma de distribución de poder arbitraria, que corresponde a una sociedad y un momento histórico en el que la condición de adulto –varón– se toma como parámetro de referencia, como modelo de normalidad. Es decir, se asume que quien es docente debe ser adulto porque de otra manera no podría haber acumulado los méritos necesarios. Sin embargo, se desconoce que esos méritos podrían definirse dentro de marcos valorativos no necesariamente “adultocéntricos”.

Como lo señalan Margulis y Urresti (1998), las sociedades occidentales valoran lo juvenil en tanto que signo, pero subvaloran a los jóvenes en tanto que población. Lo juvenil alude a significados que se asocian a las personas de menor edad, pero que trascienden a éstas para caracterizar actitudes, formas de ver la vida o cualidades físicas. Así, se puede valorar positivamente a una persona de edad adulta por lo juvenil, si su forma de vestir incluye prendas y estilos que se suponen propios de los jóvenes, o si su cuerpo ha sido modelado por prácticas deportivas, intervenciones quirúrgicas o dietas, según ideales de belleza occidentales “juvenilizados”. Esta tendencia es notoria en la circulación de imágenes y mensajes en los medios de comunicación de masas, donde lo juvenil se usa como mero incentivo para el consumo.

En contraste con la valoración positiva del signo de lo juvenil, la población joven usualmente es subvalorada, especialmente en el terreno laboral. Hay que aclarar que al hablar de esta población me refiero a las personas que tienen entre 14 a 26 años, rango definido por la Ley 375 de 1997. Tal criterio no es del todo arbitrario. Contiene un sustrato biológico y otro social. El primero alude a los cambios físicos ocurridos en el tránsito de la pubertad a la adultez, y el segundo se refiere al paso de la dependencia económica y afectiva de un núcleo familiar a la independencia en ambas esferas. Por supuesto, el componente social constituye un ideal viable solo en condiciones privilegiadas de capital económico y social, 60

pero en todo caso se trata de un rango de edad que permite hablar en términos generales de la población joven. Como lo señalan Margulis y Urresti (1998), un aspecto que caracterizaría a los jóvenes más allá de su correspondencia con “lo juvenil” es su “capital temporal”. Éste alude al tiempo de vida con el que virtualmente cuentan los jóvenes, pues se supone que estamos más lejos de la muerte en relación con la población adulta.

La situación de la población joven no se corresponde con la sobrevaloración de “lo juvenil” descrito atrás. Existe una marcada condición de desventaja de los jóvenes, especialmente en esferas como la laboral. Informes recientes de la Organización Internacional del Trabajo (2006) señalan que la población joven se ha visto particularmente afectada por la precarización del trabajo que acompaña a ciertas modalidades de empleo flexible desde la década de 1980, especialmente aquellas vinculadas a actividades poco calificadas. Entre 1995 y 2005 el desempleo juvenil mundial aumentó en un 23%, y aunque los jóvenes de ambos sexos constituyen un cuarto de la población total, la cantidad de jóvenes sin trabajo representa la mitad de las personas desempleadas que hay en el globo. En el Tercer Mundo los jóvenes buscan trabajo no tanto con el objetivo y la posibilidad de formarse para un futuro, sino por la necesidad de subsistir. Ello explica, en términos del mercado laboral, su sobrerrepresentación en trabajos de baja calidad –remuneración precaria, seguridad social parcial o nula, poca estabilidad y bajas posibilidades de ascenso, entre otros aspectos (OIT, 2006).

Mi argumento es que esta situación no es ajena a un proceso histórico en el cual se configuró la idea del “salario familiar”, según la cual la condición de “trabajador” es reservada a los varones adultos, pues se presume que éstos deben garantizar la reproducción de la familia en general. Tal idea presupone que el lugar de las mujeres es el hogar y el de los jóvenes las escuela y la universidad. Así, el concepto de familia se equipara al de pareja monogámica heterosexual con hijos, en la cual el hombre adulto asume el papel de “jefeproveedor”. Aunque esta idea se configura en sectores dominantes de países europeos del siglo XIX, y a pesar de que desde 1970 hemos presenciado cambios radicales en las funciones de las mujeres y en las relaciones entre padre e hijos, mi hipótesis es que esa imagen hegemónica subyace en algunas Juventud, género y trabajo 61

formas de trabajo a las que acceden los jóvenes. Cuando se ofrecen puestos de trabajo para los jóvenes –como en el caso de los empacadores de supermercados, que niegan a los jóvenes el derecho constitucional a un salario decente–, en el fondo hay una presunción ligada a la idea del salario familiar. Se supondría que si el joven trabaja, su empleo es un complemento de la actividad laboral de un padre proveedor, de manera que no es merecedor de la remuneración y de las condiciones laborales propias de un trabajo “de verdad” o adulto masculino. Así se desconoce una problemática social y económica más amplia, caracterizada por los efectos nefastos de la liberalización de la economía que vienen desde la década de 1990. Este proceso está ligado a la configuración desde el siglo XVI de una economía mundial que jerarquiza a las naciones y que aún hoy en día, a pesar de la descolonización de Latinoamérica a partir del siglo XIX, sigue reproduciéndose en el establecimiento de relaciones de intercambio sistemáticamente desiguales entre los países del mundo. Este fenómeno se refleja en la necesidad de que la mayoría, si no todos los miembros de las familias –sobre todo aquellas menos privilegiadas– deban asumir el papel de proveedores.

Género, juventud y trabajo: referencias teóricas e históricas El género es una categoría relacional que alude a la cualidad social de las diferenciaciones basadas en el sexo. Es relacional por cuanto “hombres y mujeres [se definen] en términos el uno del otro, y no se podría conseguir una comprensión de uno u otro mediante estudios completamente separados” (Scott, 1990, 24). Siguiendo a Scott, podemos definir el género a partir de dos proposiciones centrales. La primera plantea que “es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos” (ibíd., 44). Scott asocia este planteamiento a cuatro aspectos sociales: 1. Los símbolos culturales a partir de los cuales se representan las diferencias entre los sexos; 2. Los conceptos normativos, que afirman significados de varón y mujer, masculino y femenino; 3. Las instituciones y organizaciones sociales como el Estado, la familia, la escuela o el mercado laboral, entre otras, atravesadas por representaciones y prácticas asociadas diferencialmente a hombres y mujeres; y 4. La identidad subjetiva.

62

En su segunda proposición Scott señala que el género es “una forma primaria de relaciones significantes de poder” (ibíd., 44). Para esta autora, “los conceptos de género estructuran la percepción y la organización, concreta y simbólica, de toda la vida social” (ibíd., 48). El género opera como un elemento de poder, determinando el acceso a recursos materiales y simbólicos en función del sexo o de la ubicación de los sujetos en las categorías de masculino o femenino diferencialmente. Para explicar lo anterior primero debemos enfatizar que género no es lo mismo que mujer. Al ser una categoría relacional, el género nos permite hablar de relaciones entre sujetos independientemente de su sexo.

Por ejemplo, podemos decir que la población joven ocupa un lugar femenino en relación con la población adulta. La categoría de género suele operar de forma binaria, asociando aspectos “positivos” a lo masculino y “negativos” a lo femenino. Así, es frecuente encontrar redes de asociaciones como las siguientes: masculino-fuerza-razón-público/femenino-debilidad-emoción-privado.

Estas lógicas bipolares pueden usarse cotidianamente tanto para relacionar hombres y mujeres como hombres con hombres. Por ejemplo, en ocasiones he escuchado frases como “A los jóvenes les faltan pantalones para dirigir sus vidas”, “Mientras usted va yo ya vuelvo”, “¿Le va a enseñar a su papá a hacer hijos?”, “Este trabajo es pa’ varones”. Podemos analizar este tipo de afirmaciones desde una perspectiva de género, señalando que es frecuente que los jóvenes seamos feminizados cuando se nos considera carentes de bagaje, fuerza, conocimiento, poder. En el caso concreto del ámbito laboral, hemos señalado que los jóvenes difícilmente son percibidos como trabajadores. Este hecho no es ajeno a la forma histórica como se configuró un ideal de familia patriarcal capitalista. Veamos.

Siguiendo a Scott (1993), desde el siglo XIX diversos actores –economistas, médicos e incluso sindicalistas– e instituciones sociales –Iglesia, escuela, empresa– de las naciones capitalistas “potencia” participaron en la construcción de un discurso3 que consideraba anti-natural la participación de las mujeres 3.

Desde una perspectiva posestructuralista, el discurso puede entenderse como un conjunto de ideas sobre la realidad promovidas –no necesariamente de manera consciente o premeditada– por agentes e instituciones sociales específicas, que no son ni verdaderas ni falsas pero crean efectos de verdad a partir de los cuales se “naturaliza” y reproduce el estado de las cosas (Foucault, 1985).

Juventud, género y trabajo 63

en el mercado laboral mediante la venta de su fuerza de trabajo. Se pensaba que tal participación representaba una desviación social, pues la mujer trabajadora provocaría, entre otras cosas, el abandono de los hogares, niños, niñas y ancianos, quienes quedarían desvalidos ante la ausencia de una madre protectora que les prestara su cuidado.

Bajo tales supuestos, junto al capitalismo se consolidó una división sexual del trabajo, bipolar y jerárquica, que asignaba a las mujeres funciones reproductivas en la esfera doméstica y prescribía a los hombres adultos la realización de actividades productivas en el ámbito público. Las labores masculinas suponían el pago de un “salario familiar”, el cual subsidiaría los costos de reproducción del varón trabajador, de su esposa ama de casa y de sus hijos, y legitimaría el control de los hombres adultos sobre las mujeres y los varones menores.

Asimismo, la noción de “salario familiar”, justificada teóricamente por algunos economistas políticos, legitimaba la tendencia a pagar más barato el trabajo productivo realizado por las mujeres y los jóvenes, especialmente aquellos de sectores no privilegiados. Se suponía que los ingresos obtenidos por un “varón proveedor” cubrían las necesidades de toda la familia, de manera que el trabajo femenino y juvenil eran complementarios, opcionales y no ameritaban el cubrimiento de las necesidades de subsistencia de las mujeres ni de los jóvenes. Esto último afectaba de modo particular a las mujeres que vivían solas o que eran madres solteras, así como a los jóvenes huérfanos, o a aquellos que por diversos motivos no vivían con sus padres, o a quienes a pesar de vivir con éstos debían reportar ingresos considerables (Scott, 1993).

De manera paralela a este proceso se construyó la categoría de juventud. Margulis y Urresti (1998) señalan que ésta aparece diferenciada en la sociedad occidental –particularmente en países con historia colonialista, como Inglaterra– solo en épocas recientes, a partir de los siglos XVIII y XIX. La juventud emergió como una capa social privilegiada –sectores medios y altos de la población– que gozaba de una “moratoria social”, es decir, de un periodo de permisividad que mediaba entre la madurez biológica y la madurez social. Este lapso se caracterizaba por el acceso al naciente sistema educativo como una manera de prepararse para la posterior inserción en el mercado del trabajo remunerado, así como por la 64

posibilidad de gozar de un cierto margen de libertad social. Así, la juventud se ha venido construyendo como una etapa de la vida o como una “clase de edad” (Martín-Criado, 2005), a la cual se asocian cambios físico-corporales producto de la entrada a la pubertad, propios de una población que se supone debe estar separada de la condición de adulto. Esta última condición se identifica con la inscripción en el ámbito del trabajo remunerado.

Sin embargo, la asociación entre joven y estudiante era y sigue siendo ajena a la realidad de las mayorías que conforman los sectores populares del mundo, y particularmente de las antiguas colonias de Occidente. La necesidad de generar ingresos por parte de todos o la mayoría de los miembros de hogares con escasos recursos es un fenómeno que se ha venido agudizando desde la década de 1980 como resultado de las políticas de ajuste fiscal y la internacionalización de la economía bajo el eslogan del laissez faire, entre otros factores convergentes en la crisis económica del país.

Por lo anterior, se debe aclarar que “la juventud” es una construcción social, histórica y a la vez política, que nace vinculada a sectores dominantes de la sociedad. Tal construcción tiene un carácter performativo: establece una serie de parámetros que dictan cómo debe pensar y comportarse un grupo de personas de acuerdo con su edad. Así, – en una tendencia que no comparto– ser joven se ha asociado a una crisis de identidad fruto de la indeterminación del rumbo a seguir en la trayectoria vital. Este supuesto se alimenta de la experiencia de la psicología clínica y del surgimiento de las teorías sobre el desarrollo de la personalidad en los siglos XIX y XX. En esa época se presentaron casos aislados de jóvenes que efectivamente presentaban crisis de identidad y recurrían a la clínica. Los casos afectaban a una mínima parte de un sector reducido de la población, aquel en el cual realmente era viable ser joven en tanto que beneficiario de la “moratoria social”. A pesar de lo anterior, se naturalizó la asociación entre joven y persona problemática, desarticulada de los modelos normativos de la sociedad (ibíd., 2005). La imagen del joven como “desviado”, como “diferente”, se construyó según un paradigma “adultocéntrico”, el cual dictaba la llegada a lo adulto como la normalización de las trayectorias vitales alrededor de un empleo –en el caso de los varones– o de la maternidad –en el caso de las mujeres.

Juventud, género y trabajo 65

Gran parte de la población –sectores populares– que estaba en el rango de edad señalado carecía de condiciones socioeconómicas que le permitieran acceder al sistema educativo y de esa manera vivir la “moratoria social”. Miles de mujeres y hombres jóvenes se insertaban desde temprana edad en el trabajo productivo remunerado. Esa vinculación se caracterizaba por ser precaria e incluso inhumana, como sucedía en algunas fábricas inglesas durante el siglo XIX, cuando los empleadores amarraban a niños las niñas y jóvenes junto a las máquinas por cuyo funcionamiento debían velar (Montenegro, 1980). La carga de trabajo que soportaban las jóvenes madres resultaba todavía mayor, pues debían asumir una doble jornada, correspondiente a labores productivas y reproductivas. Aún si no eran madres, la prescripción de papeles suponía su predisposición a realizar las tareas doméstico-reproductivas en el hogar, a pesar de dedicar buena parte de su tiempo al trabajo asalariado (Scott, 1993).

Así, pues, mientras en el discurso de lo ideal, que correspondía a la realidad de las clases dominantes de los países “potencias” del mundo, se suponía que el único trabajador legítimo era el varón adulto, en la práctica hombres jóvenes y mujeres de distintos sectores sociales debían trabajar. Esta contradicción entre el deber ser hegemónico y la práctica, legitimaba la exclusión de los jóvenes y de las mujeres de los cargos “de verdad” o bien remunerados, destinados a los varones adultos de las clases medias y altas de la población. Antes de entrar a señalar cómo algunas formas de empleo juvenil que hay en Colombia reproducen esta evidente desigualdad social basada en el sexo y la edad, quiero señalar el estado del arte de los estudios sobre juventud (restringiéndome al caso bogotano), pues él también da cuenta, de manera indirecta, de la condición de desventaja de la población joven en el ámbito laboral.

La investigación sobre jóvenes y trabajo en Bogotá El estudio Juventud, Estado del Arte, Bogotá, 1990-2000, coordinado por Serrano (2003), puso en evidencia el gran vacío existente en cuanto a la producción de conocimiento sobre los jóvenes y el trabajo. El título del capítulo dedicado a este tema es bastante ilustrativo: “Inserción sociolaboral: 66

¿por qué no interesa?” Cabe preguntarse por qué, a diferencia del tema del trabajo, existe una proporción abundante de investigaciones sobre la violencia juvenil, las expresiones culturales “exóticas” de jóvenes asociadas a la música, las estéticas “alternativas”, el consumo de drogas, entre otros aspectos.

Junto a la construcción histórica de la categoría de “joven”, a mediados del siglo XX surgieron teorías que defendían la centralidad de la juventud para comprender la sociedad.

“Estas teorías se postularon como alternativas a la perspectiva marxista: si para ésta la división fundamental de la sociedad era la de clases sociales, para los teóricos de la juventud la división fundamental sería la de edades. En vez de un cambio político y económico por el enfrentamiento entre clases en torno a la propiedad, el cambio social se concebiría como cambio cultural por el relevo de generaciones. La división en edades ha tendido, en muchas teorías y también en muchas prácticas políticas, a pasar a un segundo plano la desigualdad social de clases y a sustituir las soluciones económicas y políticas por soluciones culturales” (Martín-Criado, 2005, 91).

Esta tendencia se materializa en el caso colombiano, si consideramos que en las últimas dos décadas la cuestión juvenil ha dado lugar a investigaciones y políticas públicas orientadas a reconocer las expresiones culturales juveniles y promover el ideal hegemónico de la “moratoria social” mediante programas de formación para el trabajo, pero sin tocar el tema de la redistribución económica, requisito indispensable para combatir la ampliación de las brechas sociales.

El origen del concepto de joven asociado a “moratoria social” sigue influenciando el tipo de preguntas académicas que se construyen alrededor de la juventud, y al mismo tiempo lleva a que se considere que los jóvenes no deben trabajar y que si laboran lo pueden hacer en empleos provisionales, con remuneraciones precarias y en condiciones alejadas del ideal del “trabajo de verdad”, aquel que permite construir una independencia económica y una vida digna. Junto a la abundancia de estudios sobre violencia, drogadicción y expresiones culturales “exóticas” de los jóvenes, subyace una consideración de Juventud, género y trabajo 67

estas manifestaciones como “desviadas” con respecto al modelo normativo de lo adulto. Eso mismo explica que se hable poco o nada acerca de los jóvenes y el trabajo, actividad que sigue siendo considerada como exclusiva de los hombres adultos, quienes sí tendrían derecho, por lo menos en términos ideales, a ese “trabajo de verdad”, estable y bien remunerado.

Hablar de jóvenes y trabajo encierra una aparente contradicción si definimos “lo joven” desde una posición hegemónica que lo asocia a la “moratoria social”, a la cual tienen acceso únicamente –o por lo menos con menores dificultades– los sectores dominantes de la sociedad; tocar este tema implica entonces reivindicar una dimensión bastante descuidada en los estudios sobre juventud: la desigualdad social. Dimensión que, como lo ilustraba atrás Martín-Criado (2005), ha sido reemplazada por un énfasis en lo meramente cultural, que, si bien es importante, no puede concebirse aislado de las relaciones de poder que estructuran la sociedad. Se debe insistir en que no todos los jóvenes gozan del privilegio de la “moratoria social” y que muchos de ellos se han vinculado al mundo del trabajo desde temprana edad, como estrategia para tratar de incluirse social y simbólicamente en la sociedad. Por eso es necesario hablar de juventudes, de diversas formas de vivir y expresar la condición de joven, que no se reducen a manifestaciones culturales (estética, arte, música, deporte…), sino que también tienen que ver con la búsqueda de formas de sobrevivir y de insertarse en la sociedad.

Esa búsqueda se encuentra con una limitante: la falta de oportunidades para la población joven, sobre todo para aquella proveniente de sectores mediosbajos de la población. No es casual que esta capa demográfica figure con los niveles más altos de desempleo en Bogotá4. A ello debe sumarse el género, pues las mujeres no solo enfrentan el desempleo sino que las prescripciones tradicionales de género siguen relegando a muchas de ellas al trabajo doméstico no remunerado en sus hogares5. Estas prescripciones también incluyen la asociación entre la condición de mujer y la imagen de madre, la cual lleva 4.

Para el año 2003 la tasa de desempleo de la población joven económicamente activa de Bogotá se ubicó en el 29,34% (CID, 2004, 53).

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a que, sobre todo en sectores populares, la “moratoria social” asociada a la juventud sea esquiva para las mujeres debido a una temprana maternidad que las obliga a asumir responsabilidades “adultas”.

Ante los altos niveles de desempleo que enfrentan los jóvenes, no es extraño ni es por gusto que tiendan a vincularse al mercado de trabajo en condiciones laborales precarias, con altos niveles de incertidumbre y con pocas posibilidades de ascenso, sobre todo cuando no se cuenta con niveles de calificación media-superior ni con redes sociales que faciliten el acceso a mejores empleos (Comas, 1995).

Una mirada a formas de empleo juvenil en el país: los empacadores de supermercados Bajo el panorama de la flexibilización, la concepción del trabajo asalariado se ha transformado sustancialmente. En vez de una rutina lineal, de una carrera laboral estable asociada a la vinculación a una empresa que brindaba a sus trabajadores un empleo y un contrato con posibilidades de ascenso y aumento salarial continuo a cambio de la confianza que éstos depositaban en ella, hoy la mayoría de la mano de obra –tanto calificada como no calificada, aunque esta última en una mayor proporción– se enfrenta a una vida laboral flexible y “a corto plazo” (Sennet, 2000).

Desde mediados de 1980 se inició en Colombia, como en otras partes del mundo, un proceso de desmonte paulatino del modelo de la “empresa 5.

“La principal inequidad entre la población juvenil, es una inequidad de género. La gran mayoría de los jóvenes desarrollan alguna actividad (el 0,9% se encuentra incapacitado), pero en los oficios del hogar no remunerados se encuentran vinculadas como actividad principal, 1,3 millones de mujeres y solo 328.000 hombres jóvenes (…) Como actividad principal y trabajo no reconocido en los cánones del mercado, las labores domésticas mantienen por fuera del mercado laboral remunerado al 31% de las jóvenes y al 8% de los jóvenes” (Pineda, 2005). En relación indirecta con lo anterior, mientras en términos estadísticos el ingreso de las mujeres al trabajo remunerado ha llegado al punto de equiparar e incluso superar el porcentaje de fuerza de trabajo masculina, la participación de los hombres en las labores domésticas y de cuidado se mantiene en niveles bastante bajos (Pineda, 2006).

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providente”. Este esquema surgió luego de la segunda guerra mundial en el marco de una política proteccionista y de la expansión del mercado interno, procesos que permitieron el desarrollo de la industria manufacturera colombiana. El modelo se caracterizó por la creación de nuevas industrias y el crecimiento de las empresas del país, las cuales cumplían funciones sociales que en otras latitudes eran asumidas por “estados providencia” (Urrea y Arango, 2000). Grandes fábricas concentraban un amplio número de obreros en el marco de contratos a término indefinido, los cuales permitían hacer carrera en las empresas durante largos periodos. Si bien este tipo de empresas absorbía apenas a una parte modesta de la población económicamente activa6, su existencia estuvo asociada a la configuración de un ideal de trabajo estable y bien remunerado. Aunque este ideal ha sido más bien una utopía para la gran mayoría de los asalariados y sobre todo de las trabajadoras, desde mediados de 1980 la posibilidad de acceder a ese privilegio se reduce cada vez más, como resultado del aumento del subempleo, la subcontratación y en general la desregulación laboral. Todo esto en las condiciones de la política económica del laissez faire, instaurada con fuerza sin precedentes a partir de la década de 1990. Los efectos de este proyecto han sido, entre otros, el ingreso de compañías transnacionales y multinacionales que debilitan a las nacionales en el marco de una competencia poco regulada por el Estado. Éste ha tendido a asumir un papel de observador externo.

En tales circunstancias, las empresas han desarrollado estrategias de reducción de costos amparadas en el desmejoramiento de las condiciones laborales de sus empleados, quienes en muchos casos pasan a ser subcontratados7 bajo el paradigma del trabajo flexible.

6.

Durante el periodo al cual hago referencia –como sigue sucediendo hoy en Colombia– cerca de la mitad de la población ocupada se inscribía en el sector informal.

7.

“Por subcontratación se puede entender la descentralización de los procesos productivos [o de servicios] en unidades de gestión y control de la fuerza de trabajo “autónomas” y, por lo tanto, con una gestión administrativa en áreas geográficas separadas o discontinuas, de forma tal que la unidad empresarial dominante controla y articula las distintas unidades subordinadas, bajo la modalidad de contratos de productos semiacabados que ingresan o intervienen como insumos o servicios específicos para la producción de un determinado bien o servicio (…) De esta manera,

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Los resultados de la Encuesta Continua de Hogares de marzo de 2006 publicada por el Dane8 indican que en el país hay 6,2 millones de subempleados, es decir, personas que no están ejerciendo su empleo a plenitud en términos de horario y de salarios, o que se ven obligadas a desempeñarse en actividades ajenas a su profesión o a su calificación. Tal cifra equivale al 30% de la población empleada, porcentaje que se encontraba en 29,5 % para el mes de marzo de 2005. El incremento de este fenómeno está generalizándose, no solo en Colombia sino en toda América Latina, y entre las entidades que protagonizan su desarrollo sobresalen las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado.

Según Fernando Urrea, “la contratación laboral en la modalidad de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) (…) es un fenómeno internacional generalizado (…) Datos disponibles de la Superintendencia de la Economía Solidaria en el periodo 2000-2004 arrojan un crecimiento de las CTA en el país. Se pasó de 577 registradas en 2000 a 1.406 en 2003 y 1.853 en el 2004. Es un crecimiento absoluto del 221,14 por ciento en los 4 años, mientras el conjunto del sector cooperativo creció apenas en un 12,6 por ciento, de 5.095 establecimientos registrados en el 2000 a 5.737 en el 2004” (El Colombiano. 30 de abril de 2006).

Las CTA suelen ofrecer formas de trabajo “flexible” asociadas a labores de baja calificación, remuneración precaria y garantías de seguridad social parciales. Un ejemplo de esta tendencia es el caso de las CTA que sirven de intermediarias para la contratación de empacadores de las principales cadenas de supermercados del país. Este tipo de CTA surgió en 1996, con el aval del entonces Ministerio de Trabajo (actual Ministerio de la Protección Social). Se trata de cooperativas que afilian exclusivamente a jóvenes de edades entre 18 y 24 años. Los empacadores9 dejaron de recibir un salario mínimo mensual en los contratos laborales que los trabajadores sostenían con la propia empresa se sustituyen bajo el modo de contratos comerciales con prestadores de servicios” (Bronstein 1985, 87, citado por Urrea, 1999, 50).

8.

Disponible en www.dane.gov.co, consultada el 5 de mayo de 2006.

9.

Antes de 1996 los empacadores eran tanto adultos como jóvenes. Hoy en día son únicamente jóvenes y además, a primera vista, parecen ser en su mayoría mujeres, hecho que a futuro debe ser corroborado estadísticamente.

Juventud, género y trabajo 71

calidad de empleados directos de los supermercados y pasaron a devengar una compensación fija y una compensación variable por su labor como asociados de las cooperativas. La primera corresponde al pago de su seguridad social10, mientras que la compensación variable consiste en las propinas que los clientes les brinden de manera voluntaria en retribución por su servicio y atención en las cajas de pago.

En un mundo laboral “a corto plazo”, los jóvenes pasan a ser “protagonistas” por una supuesta capacidad de adaptarse a todo.

“En un número reciente del California Managment Review, por ejemplo, se intentó explicar los puntos a favor de la juventud y los aspectos negativos de la edad en las organizaciones flexibles. Se argumentaba que los trabajadores mayores tienen modos de pensar inflexibles y son reacios al riesgo, y también carecen de la energía física necesaria para hacer frente a las exigencias de la vida en un trabajo flexible (…) La flexibilidad es sinónimo de juventud; la rigidez es sinónimo de vejez” (Sennet, 2000, 97).

Al amparo la promoción de estos prejuicios sociales está la necesidad del sistema económico de contratar mano de obra barata. “En el capitalismo actual, [la] relación entre salario bajo y juventud aún existe” (ibíd.). Las altas tasas de desempleo en la población joven hacen que ésta se constituya en un “ejército de reserva” (Marx, 1949) ideal para ser explotado y subvalorado en el mercado de trabajo.

Aunque el Código Sustantivo del Trabajo señala que “las propinas no constituyen salario” y que “no puede pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador lo que éste reciba por propinas” (República de Colombia, 2003, 49), desde la promulgación de la Ley 079 de 1988 (República de Colombia) hasta hoy, el Estado colombiano ha otorgado a las cooperativas del país un notable grado de autonomía para determinar, por medio de sus 10.

En el rubro de seguridad social se encuentra la afiliación a una Entidad Promotora de Salud (EPS), a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y a una Caja de Compensación Familiar.

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estatutos internos, las formas de compensación que consideren acordes con su objeto social y el bienestar de sus asociados. Aunque el objetivo de esta ley era fortalecer formas de organización laboral alternativas, creadas por los asociados y para ellos, lamentablemente sectores dominantes de la sociedad han tergiversado el sentido de las cooperativas, convirtiéndolas en empresas intermediarias de empleo, cuyo fin es ajeno al bienestar de los asociados a estas entidades “solidarias”.

Entre las cadenas de supermercados que utilizan este modelo de contratación se encuentran Colsubsidio, Cafam, Carulla, Olímpica, Carrefour y Almacenes Éxito, entre otras. Para medir a grandes rasgos la envergadura que tienen estas entidades en Colombia, valga señalar que Carrefour ocupó el puesto 78 entre las empresas más grandes del país, Colsubsidio es la Caja de Compensación más grande de Colombia y Almacenes Éxito “ocupaba en el 2000 el puesto 7º por tamaño entre las 100 primeras grandes empresas colombianas... Hoy en día Almacenes Éxito con sus hipermercados y algunos grandes almacenes que tenía antes Cadenalco, conforman el grupo comercial Éxito-Cadenalco. En este grupo hay participación accionaria de la cadena francesa Casino desde 1999. Cuenta con 11 hipermercados a nivel nacional (6 en la ciudad de Medellín, 5 en Bogotá y 2 en Cali; con una superficie total en todos ellos de 103.750 metros cuadrados)” (Urrea, 2001, s.p.).

Estos datos nos permiten suponer que es bastante alta la cantidad de empacadores jóvenes que trabajan en estos supermercados dentro del esquema de las cooperativas. En todos los casos se contrata personal joven aludiendo a frases de cliché que destacan el papel de las cooperativas como un “puente entre el mundo del estudio y el mundo del trabajo” (Almacenes Éxito, 2003). En las cajas de pago de supermercados del país es común encontrar letreros como el siguiente: “¡Gracias por su propina! Somos jóvenes estudiantes asociados, trabajando para prestarles el mejor servicio de empaque: con su colaboración no solo nos ayudará a lograr un mejor futuro, sino también a construir el país que todos queremos” (citado por Díez, 2007b).

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Encontramos aquí el imaginario que asocia joven a estudiante y niega el presente de la población joven en cuanto trabajadora. Se encasilla al joven en un “no lugar”, en una temporalidad que alude al futuro y deja de lado el presente, caracterizado por una evidente explotación laboral. En palabras del coordinador de personal de una cooperativa de empacadores de Bogotá con la cual realicé un estudio de caso (Díez, 2007b), la mayoría de empacadores ven en su trabajo un “escampadero”. Se trata de una metáfora bastante apropiada: escampar es esperar a que deje de llover para continuar el camino. Es como un estado de “no tiempo”, donde no hay ningún tipo de movilidad social basada en el acceso a un empleo estable. Las aspiraciones de permanencia y ascenso en las cooperativas son bastante bajas, dadas las pocas opciones de automantenimiento y de acceso a la educación superior que propicia un “salario” tan contingente como el constituido por propinas.

Volviendo a mi argumento central, detrás de este modelo de contratación se parapeta la intención de reducir los costos de la mano de obra, amparada en el supuesto del “salario familiar”. Si el trabajo de los empacadores es un “puente entre el mundo del estudio y el mundo del trabajo”, vale la pena preguntarse qué tipo de jóvenes son los que efectivamente pueden trabajar pensando únicamente en costearse sus pasajes mientras estudian. Digo esto porque ¿qué otras posibilidades brindaría un “sueldo” constituido por propinas? Considero que ese tipo de jóvenes es una minoría, que probablemente corresponda al modelo de familia en que efectivamente existe un “padre proveedor”, o que, atendiendo a los cambios operados en la participación laboral femenina, cuenta con “padre y madre proveedora”.

En mi caso particular, si permanecí dos años trabajando como empacador, fue en buena medida gracias a que los costos de mi educación superior eran subsidiados por el Estado; no tenía obligaciones económicas en mi hogar y efectivamente podía trabajar pensando únicamente en costear los pasajes durante el transcurso de mi carrera profesional. Pero, como bien lo plantea Arango (2006), los jóvenes que accedemos a la educación superior pública somos “privilegiados dentro de los no privilegiados”. En términos teóricos, recordemos que la población joven que accede a la “moratoria social”, ligada a 74

la formación académica, ha sido y sigue siendo una minoría, como se evidencia en las siguientes cifras analizadas por Pineda (2005) a partir de la Encuesta de Calidad de Vida del año 2003: “la vinculación de los jóvenes con el aparato educativo es heterogénea dentro de cada grupo de edad a partir de las opciones que se abren para los distintos estratos socioeconómicos y la importancia asignada al estudio. Los estratos medios y altos permanecen más tiempo en el aparato educativo, mientras los estratos bajos se ven presionados a una salida más temprana al mercado de trabajo. Solo 200 mil jóvenes entre 19 y 22 años (8,3%) mantienen como actividad principal el estudio” (Pineda, 2005, 3).

Como lo señala Pineda, aunque en términos educativos las brechas de género no son evidentes, la inequidad entre los sexos se expresa más al referirnos a la inserción laboral de la población joven.

“Si bien en términos de estudio y niveles de desempleo no existen mayores disparidades de género en la población juvenil, en cuanto al número de ocupados este equilibrio se rompe: solo el 26% de las jóvenes trabaja frente al 42.4% de los hombres; es decir, hay 620 mil más hombres jóvenes trabajando en forma remunerada que mujeres jóvenes que trabajan. Esta constituye la otra cara del trabajo no remunerado que las jóvenes desempeñan mayoritariamente en los hogares” (ibíd., 5).

Estas cifras nos permiten retornar a la hipótesis del “salario familiar”. Si las formas de empleo siguen basándose en suponer que los jóvenes son ante todo estudiantes y no trabajadores, se reproduce una visión que legitima el acceso de los jóvenes, y en especial de las mujeres –quienes enfrentan tasas mayores de desempleo en relación con los varones–, a trabajos accesorios y precarios.

Así sucede en el caso de los empacadores, donde se cae en la aberrante consideración de la propina como salario.

Como lo he señalado en Díez (2007b), la propina está mediada por una forma de intercambio no capitalista (el don o el regalo), que sin embargo Juventud, género y trabajo 75

es apropiada por la dinámica capitalista para originar procesos de ahorro presupuestal o, en términos marxistas (Marx, 1946), aumento de la plusvalía relativa. En la cooperativa donde realicé un estudio de caso, la cual asociaba a cerca de 150 empacadores, evidencié un ahorro del costo de la nómina cercano al 24%, gracias al cambio en el sistema de contratación de los empacadores.

Este cambio, además, permitió a los supermercados mejorar la calidad del servicio de empaque, ya que, entre otros factores, se crearon nuevos cargos de supervisión que velan por el cumplimiento de normas y procedimientos protocolares. Tal novedad constituyó un proceso de reingeniería institucional, el cual consiste en “hacer más con menos” (Sennet, citado en Díez, 2007b).

El hecho de que estas cooperativas se presten para procesos de subcontratación muestra un claro vínculo entre trabajo juvenil y precarización laboral. Esta última se ve agravada por las pocas posibilidades de negociación colectiva que brinda este tipo de entidades, que paradójicamente, amparadas en una filosofía cooperativista que pretende ser una alternativa a las lógicas imperantes de individualismo y generación de excedente a ultranza, minan las posibilidades de diálogo y concertación. Al respecto narro a continuación un caso ilustrativo: “uno de los proyectos que junto con otro asociado propusimos desarrollar como parte de nuestra gestión en el comité [de administración de la cooperativa], fue establecer subsidios para los empacadores que trabajaran en las zonas en donde se registraran los menores niveles de propina. Para llevar a cabo este proyecto era necesario aumentar en cierto porcentaje el precio de la hora/empacador que [el supermercado] pagaba a [la cooperativa] por su servicio en esas zonas. La propuesta fue aceptada cuando la presentamos ante el Comité de Administración de la cooperativa. Sin embargo, 15 días después, la Dirección Ejecutiva [de la cooperativa] nos comunicó que uno de los directivos [del supermercado] a nivel departamental la había llamado, notablemente ofuscado, para exigirle revocar nuestra propuesta o, de lo contrario, no renovaría al siguiente año la orden de prestación de servicios mediante la cual contrata [a la cooperativa] y acudiría a cualquiera de las decenas de cooperativas dedicadas a prestar el servicio de empaque a supermercados de Bogotá y de otras ciudades del país” (Díez, 2007b, 28).

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Aunque se han presentado algunos casos de demandas de empacadores ante la Superintendencia de Economía Solidaria y el Ministerio de la Protección Social, la existencia de la mencionada Ley 079 de 1998 permite que las cooperativas se protejan bajo el manto de su autonomía para definir sus formas de compensación. Por otro lado, los empacadores no cuentan con un contrato de trabajo como tal, sino que firman un “convenio de asociación” con la cooperativa. Esa firma implica la aceptación de las condiciones de trabajo y de compensación establecidas por la entidad solidaria.

Propuestas para la lucha sindical En primer lugar, y siguiendo a Pedraza (2004)11, es necesario que las políticas relacionadas con el empleo juvenil partan de reconocer que la explotación de la población joven no es ajena a la forma estructuralmente desigual como Colombia se inserta en el sistema-mundo. Al hablar de este sistema, Pedraza se refiere al hecho de que desde el siglo XVI el mundo ha sido jerarquizado racial y regionalmente de acuerdo con la lógica expansiva de países de Europa occidental y más recientemente de los Estados Unidos, naciones que hegemónicamente se instituyeron como el “primer mundo”.

Durante el siglo XIX, mientras en sus territorios se consolidaba plenamente un sistema económico liberal, que dio lugar a la regulación estatal de la venta y la compra de la fuerza de trabajo mediante el contrato laboral, en los países de Latinoamérica y del llamado “tercer mundo”, se institucionalizaron formas de explotación del trabajo con rasgos feudales. Éstas tornaban bastante lejana la posibilidad de instaurar relaciones laborales mediadas por un contrato social.

Lo anterior fue paralelo a la construcción del ideal hegemónico de la juventud “estudiante”, con acceso a la moratoria social. Tal ideal fue posible ante todo en los países del primer mundo, mientras que en el tercer mundo la mayoría de la población se veía obligada a engrosar las filas del trabajo en condición de explotación.

11.

El análisis de Pedraza se centra en el caso del trabajo infantil, pero creo que también puede aplicarse a la situación del trabajo juvenil en Colombia.

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“Mientras que por esta época [siglo XVI], en Europa los niños [y de paso los jóvenes] se convierten paulatinamente en objeto de una creciente atención pedagógica y médica, familiar y escolar, los niños de las colonias europeas, convertidos como sus padres en subalternos, ingresan en los circuitos productivos del servilismo y la esclavitud. En este sentido se impone subrayar el carácter de la organización internacional del trabajo constituida en el siglo XVI y que resulta en una jerarquización de la población mundial en función de la noción de raza (Quijano), la cual sitúa a los pobladores colonizados, los indígenas de los pueblos de América, en condición de subordinación, y a los africanos en relación de esclavitud y pérdida absoluta de la libertad y el control sobre la reproducción y la crianza de sus hijos, al tiempo que inhibe a todos el acceso a las formas de trabajo organizadas en torno de la relación trabajo-salario que comienza a consolidarse en Europa y que tiene como condición la liberación de la mano de obra individual de las formas comunitarias y familiares de producción. “(…) La condición poscolonial de las repúblicas latinoamericanas a partir de 1820 y las relaciones económicas desequilibradas establecidas con los países europeos y con los Estados Unidos, orientaron la producción económica hacia las formas extractivas, los monocultivos y hacia una producción artesanal e industrial poco dinámica y subordinada. En tal contexto no transformaron las relaciones de producción de manera que se generalizaran las relaciones de trabajo constituidas en función del salario, que permitieran un crecimiento y un enriquecimiento capaces de desestimular el trabajo de los niños [y jóvenes] en aras de especializar el conocimiento y la mano de obra” (ibíd., 2-3).

Esta desigualdad estructural de dimensiones globales sigue expresándose en la actualidad en los países que, a pesar de haber dejado de ser colonias en términos político-territoriales, lo siguen siendo en términos económicos.

Pensemos en que la aparición de las cooperativas de empacadores, que como lo he señalado, recurren a una forma de intercambio no capitalista para dinamizar el capitalismo, ocurre seis años después de iniciada la política de apertura económica del país (1990). Podríamos pensar que se trata de una estrategia local para vincularse de manera precaria a la dinámica global. Esto implicaría, 78

entonces, que la táctica para revertir el proceso debe ser en el nivel de las políticas económicas y no meramente de las políticas educativas. Como lo han señalado varios autores (Ramírez y Castro, 2000 y Rivera, 2007), el Estado ha reducido el problema del desempleo y la precariedad del trabajo juvenil a una mera cuestión educativa, desconociendo el trasfondo internacional que incide en ese problema. Así, por ejemplo, desde su primer periodo, el gobierno Uribe implementó una reforma laboral (Ley 789 de 2002) que definió el contrato de aprendizaje del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los cursos de Jóvenes en Acción como estrategias para paliar la crítica situación laboral de los jóvenes. Se deslaborizaron las relaciones de trabajo entre pasantes y empleadores, legalizando “sueldos” correspondientes al 50% y el 75% del salario mínimo, durante el tiempo en que los jóvenes realizaran sus cursos y prácticas laborales. En este caso sucede algo similar a lo que observamos en las cooperativas de empacadores, y es que se presupone que los jóvenes no necesitan tanto ingresos decentes como acceso al estudio. Si bien la formación es importante, por sí sola no va a resolver problemas más profundos, que tienen que ver con los impactos negativos de la política del laissez faire y que implican que la mayoría de los jóvenes se vincule al trabajo no como un medio de preparación para el futuro sino ante todo como única alternativa para la subsistencia en el presente.

Tanto en el caso de las cooperativas de empacadores como en el de los programas mencionados, las mujeres terminan siendo las más afectadas. Para ilustrar este punto me basaré en el análisis de programas de empleo juvenil de la década de 1990, por falta de estudios más recientes al respecto, que incluyan aspectos relacionados con el género en el caso de programas de empleo juvenil del Estado colombiano12.

Ramírez y Castro (2000) entrevistaron a funcionarios encargados de un programa de empleo juvenil (Red de Seguridad Social) implementado en 1994. Varios de los directores de centros encargados de ofrecer cursos de 12.

Esto no implica que los estudios no se hayan hecho; puede deberse en buena medida al estado inconcluso de mi propia investigación (Díez, 2007a).

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capacitación a los jóvenes, especialmente en aquellos centros en los cuales la mayoría de los estudiantes eran mujeres, anotaron como uno de los problemas principales era el abandono o menor rendimiento en el estudio y el trabajo por causa del embarazo juvenil. Detrás de esta “causa” estaría el hecho de que probablemente una mujer gestante, sobre todo en el caso de los sectores menos privilegiados, no puede darse el lujo de dedicarse a estudiar sin recibir la mitad del salario mínimo (como lo estipulaba el programa). En el caso de los empacadores, si bien estos cuentan con la afiliación a una EPS, valdría la pena indagar por los efectos diferenciales por sexo que tiene el hecho de que una mujer gestante gane por propina. Este aspecto, entre otros aspectos que aquí no contemplo debido al estado inconcluso de mi investigación actual (Díez, 2007a), están por explorarse.

La reflexión anterior implica que la lucha sindical apunte al cuestionamiento no solo de la falta de acceso a la educación por parte de la mayoría de la población joven, sino también a la crítica de las condiciones estructurales de dominación mundial que inciden en esa limitante.

En segundo lugar, vale la pena señalar el reto que enfrenta el sindicalismo para adaptarse al escenario laboral actual, sin perder de vista el objetivo de transformar estructuralmente ese escenario en aras de la equidad. Camacho (2006) y Reina (2006) acuden a la propuesta del “sindicalismo social” planteada por Manuel Castells para señalar que el sindicalismo debe ampliar su rango de acción con el fin de abordar de manera estratégica el problema del empleo juvenil.

de contrato de trabajo que es prerrequisito para vincularse a los sindicatos. Este último grupo de jóvenes resulta ser fundamental en un momento histórico en el cual “se desmonta el contrato de trabajo y se le sustituye por diversas formas de contratación civil” (Espinosa, 2007, 40). No se trata de resignarnos a aceptar esa tendencia, pero sí de partir de la definición de estrategias plausibles en ese marco, orientadas a vincular a la población “organizable” en la lucha por la transformación radical de la tendencia al desmonte del contrato de trabajo. ¿Dónde están los jóvenes empacadores? ¿Dónde están los pasantes del Sena?

Considero que no podemos esperar a que estos jóvenes busquen al sindicato, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones de las formas de afiliación sindical. Se propone, más bien, que los sindicatos definan estrategias más amplias que den paso a formas de vinculación de los jóvenes, no necesariamente condicionadas al tipo de contrato que éstos ostenten. Este tema se encuentra en la mesa de discusión actual de las principales confederaciones sindicalistas del país. Así lo evidenciamos durante el taller nacional “Los jóvenes, el empleo y los derechos fundamentales”, realizado los días 19 y 20 de abril de 2007, organizado por la OIT y en el cual participaron la CUT, la CGT y la CTC. Una de las propuestas principales del evento se encuentra en estado de elaboración, y consiste en la definición de estrategias de vinculación masiva de los jóvenes a actividades sindicales como la movilización del Primero de Mayo en pro del trabajo decente. Constituye un reto, entonces, lograr que estas iniciativas se traduzcan en políticas con continuidad, vinculantes y dinámicas, que realmente garanticen el empleo decente para la población joven. Esto implica la reforma radical de la Ley 079 de 1998 y una contrareforma de la Ley 789 de 2002, propósito que exige la movilización masiva de los ciudadanos colombianos, entre otras estrategias de acción política.

Existen jóvenes “sindicalizados”, “sindicalizables” y “organizables” (Camacho, 2006 y Reina, 2006). Los primeros son aquellos cuyo contrato les brinda las condiciones para vincularse al sindicato y que efectivamente se afilian. Los segundos corresponden a quienes podrían sindicalizarse pero que por motivos como el desinterés o la desinformación no lo hacen. Y en el tercer grupo encontramos a jóvenes que, a pesar de ser trabajadores, no pertenecen al sector formal o, como sucede en el caso de los empacadores, no cuentan con el tipo 80

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EL MUNDO DEL TRABAJO

¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

Una mirada al comportamiento laboral de las empresas multinacionales en Colombia* Por Jana Silverman**

* Artículo recibido en marzo de 2007 Artículo aprobado en mayo de 2007 ** Investigadora de la Escuela Nacional Sindical

Colombia y en el año 2005 registraron $15.479.649 millones de utilidades.

Tales negocios no solamente están dejando una huella gigante en la economía nacional, sino también afectando la coyuntura laboral en forma amplia, dado el hecho de que dan empleo directo a cerca de 300.000 personas y tienen vínculos indirectos con millones de trabajadores más. Tomando en cuenta dicho contexto, este artículo intentará abordar a fondo los impactos producidos por las multinacionales en Colombia, y sobre todo las consecuencias de su gestión laboral, para entender mejor si su actuación ha contribuido de una manera significativa al desarrollo económico y social, o si solamente vinieron a explotar sin misericordia los recursos naturales y humanos del país, en una versión moderna del saqueo cometido por los invasores españoles en los tiempos de la Conquista.

Introducción1 Al comienzo de los años noventa, los gobernantes de Colombia impulsaron un cambio de paradigma económico, desde un modelo denominado “sustitución de importaciones”, que priorizaba la producción nacional para los mercados internos, a un modelo de apertura hacia los flujos internacionales de bienes, servicios y capitales, conocido universalmente como neoliberalismo. Mientras las nuevas políticas económicas y monetarias dejaron a pequeños y medianos productores expuestos al azar implacable de la demanda y la oferta mundiales y causaron una disminución del 25% en el empleo industrial (Sarmiento, 2002, 118), las empresas multinacionales aprovecharon esta apertura y entraron a invertir en gran escala en el país. Hoy en día, según el Base de Datos de Empresas Multinacionales que elabora la Escuela Nacional sindical, ENS, casi 700 empresas multinacionales tienen operaciones en 1.

Este ensayo hace parte de una investigación que se está realizando en el marco del proyecto “La promoción y proyección de los derechos laborales en las empresas multinacionales”, financiada por la Central Sindical Holandesa FNV y realizada conjuntamente con el Instituto Observatorio Social de Brasil y los integrantes de la Red Latinoamericana de Investigación en Empresas Multinacionales (RedLat).

¿Por qué y cómo las empresas multinacionales están invirtiendo en Colombia?

Antes de la apertura económica impulsada por el gobierno de César Gaviria Trujillo existían numerosas restricciones a la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia2.

Todas las operaciones financieras de entidades extranjeras en Colombia se regulaban a través del Estatuto Cambiario y la Decisión 24 del Pacto Andino, aprobada en 1973. Por ejemplo, se prohibió la inversión de empresas extranjeras en proyectos de infraestructura física, servicios públicos y servicios financieros comerciales, además de la inversión extranjera a través de operaciones en bolsas de valores (conocida como la inversión extranjera de portafolio). Asimismo, el gobierno fijaba límites a las utilidades que una empresa foránea podía repatriar, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tenía que dar su 2.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), la IED es “una inversión que implica una relación a largo plazo y refleja un interés permanente y un control por parte de una entidad residente en un país (el inversor extranjero directo o empresa matriz) de una empresa residente en un país distinto del país del inversor extranjero directo (empresa IED, empresa filial o filial extranjera)”.

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visto bueno a cualquier inversión extranjera (Uribe, 1995, 2 y 3). El gobierno implementó estas restricciones para fomentar el crecimiento de la industria nacional, y también para controlar los niveles de inflación, sobre todo durante la bonanza cafetera en la década de los años setenta.

A finales de los años ochenta hubo cambios drásticos en el entorno económico nacional, debido a factores como la desregulación del mercado cafetero mediante la ruptura de las cuotas impuestas por la Organización Internacional del Café, el descubrimiento de grandes pozos petroleros en los Llanos Orientales, la devaluación del peso y el supuesto fracaso del modelo de sustitución de importaciones, visibilizado gráficamente por el colapso de la Unión Soviética y sus Estados satélites. Estos factores, y particularmente el surgimiento de la ideología neoliberal, que predica la apertura de mercados, la desregulación de la política monetaria y la privatización de empresas estatales como la clave secreta para lograr el crecimiento y el desarrollo económico, impulsaron al gobierno a aflojar sus controles sobre la inversión extranjera en el país. En el año de 1991 se eliminaron las restricciones sobre la repatriación de capitales y dividendos, se prescindió del requisito de aprobación previa de inversiones extranjeras por parte del DNP y se reconoció la igualdad de derechos para inversionistas nacionales y extranjeros (Uribe, 1995, 7). Actualmente, las empresas extranjeras son libres de invertir en cualquier actividad productiva o de prestación de servicios en Colombia, salvo en lo que tiene que ver con la defensa nacional y el procesamiento y desecho de residuos tóxicos, peligrosos o radioactivos.

Los cambios en la estructura normativa que rige para las empresas multinacionales que tienen inversiones en el país no terminaron ahí. En 2001 se modificaron las reglas sobre inversión en el sector minero, disminuyendo los niveles de regalías que las empresas privadas deberían remitir al gobierno y privilegiando la minería de gran escala. En 2003 se introdujeron cambios en el Código de Petróleo que permiten la firma de contratos de concesión directamente por empresas extranjeras, y no solo mediante contratos de asociación con la empresa petrolera estatal, Ecopetrol, como la legislación nacional exigía anteriormente.

Además, en julio de 2005 se aprobó la Ley de Estabilidad Jurídica (Ley 963), que exime a los inversionistas grandes del cumplimiento de disposiciones legales 90

y reglamentarias aprobadas después de la entrada de sus capitales (Proexport, 2006b, 16). Así que las empresas extranjeras que inviertan ahora en el país no tendrán que cumplir con modificaciones futuras de la legislación nacional laboral, ambiental y tributaria, con ciertas excepciones en casos que podrían afectar sus negocios de manera negativa.

Las reformas tributarias efectuadas como parte del proceso de apertura económica han contribuido igualmente a crear un clima más atractivo para la inversión extranjera, a través de rebajas drásticas en los niveles de aranceles efectivos, que de un promedio del 90,9% estimado en el año 1989 cayeron al 21% en 1992 (Uribe, 1995, 7), y adicionalmente a través de un recorte significativo en las tarifas de impuestos a la renta de empresas extranjeras. Asimismo, las multinacionales que han venido al país para establecer plataformas de producción para la exportación aprovechan ahora los regímenes especiales de comercio exterior, como zonas francas y zonas económicas especiales de exportación, dentro de los cuales las compañías gozan de ventajas tributarias, cambiarias y aduaneras. Finalmente, las multinacionales se han beneficiado inmensamente de la liberalización de la legislación laboral contemplada en las reformas de 1990 y 2002, las cuales flexibilizaron los regímenes contractuales, facilitaron los despidos colectivos e individuales y extendieron la jornada laboral diurna hasta las 10 p.m., minimizando así el costo de mano de obra colombiana.

Las ventajas mencionadas arriba no son los únicos factores que han estimulado la inversión extranjera en Colombia. La transformación del modelo dominante de producción, que ahora enfatiza en la organización horizontal de las empresas y mediante el uso de la subcontratación y el establecimiento de centros de producción en localidades donde los costos laborales y de insumos son menores –en vez de una estructura vertical donde se realiza la mayoría de la producción en grandes fábricas integradas a la casa matriz– ha incitado a la creación de filiales de empresas multinacionales en países como Colombia.

Además, el agotamiento de recursos naturales no renovables como el petróleo, el carbón y el gas natural, ha presionado a las grandes empresas que controlan la extracción de hidrocarburos para que busquen dichos recursos en países como Colombia donde antes no fue muy viable, debido a factores como la inseguridad ¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

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política y el difícil acceso geológico a tales productos energéticos. Las ventajas provenientes de la política interna, agregadas a estos elementos externos, han contribuido al auge de la IED en Colombia, que en 2005 fue el tercer país receptor de IED más importante en América Latina después de México y Brasil, con inversiones que sumaron US$10.255 millones (Proexport, 2007, 11).

Sin embargo, si partimos de la premisa de que la IED no es importante solo por su aporte a la economía del país sino también por sus impactos provechosos sobre el desarrollo social y laboral, vale la pena indagar sobre el tipo de IED que Colombia está recibiendo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la IED puede ser clasificada en cuatro categorías generales (Cepal, 2006, 6 y 7). El tipo de IED que prevalece en México, Centroamérica y China es caracterizado por la Cepal como inversión de “búsqueda de eficiencia” más comúnmente conocida como el modelo maquiladora. Con esta forma de inversión, las multinacionales establecen plataformas de exportación de manufacturas en países donde los costos de producción son inferiores a los de la casa matriz. El tipo de IED que domina en Brasil y Argentina se caracteriza como inversión de “búsqueda de mercados”, a través de la cual las multinacionales establecen filiales para producir sus bienes y prestar sus servicios en mercados claves, en vez de importar sus productos, a fin de ahorrar gastos de transporte y evitar barreras arancelarias y no arancelarias. Otra forma de IED, que predomina en países como Irak, Congo y Nigeria –con recursos naturales abundantes (sobre todo hidrocarburos) pero sin mucha capacidad autóctona de explotarlos– es la inversión de “búsqueda de materias primas”, Finalmente, la forma de IED, que prevalece en países como Corea del Sur, Taiwán y los países europeos y norteamericanos, es conocida como la inversión de “búsqueda de activos estratégicos y tecnológicos”, caracterizada por inversión en la investigación, el desarrollo y la elaboración de productos y servicios innovadores y de alta tecnología. Este tipo de inversión es la que más aporta al desarrollo de un país, porque trae un mayor valor agregado mediante la creación de cadenas de producción locales y la transferencia de tecnología. Sin embargo, en América Latina hay muy escasos ejemplos de inversiones de esta índole.

En el caso de Colombia, la forma de IED predominante durante la última década ha sido la de búsqueda de mercados. Las multinacionales se han aprovechado 92

de procesos de privatización y de la necesidad de más capital que tienen los empresarios nacionales, para apropiarse de negocios que manufacturan bienes para el mercado local, y de proveedores de servicios públicos y financieros. Las dos transacciones de IED más importantes ocurridas en el año 2005 ilustran este punto. La inversión de mayor tamaño hecha en ese año fue la compra de la compañía cervecera Bavaria por la empresa de capital surafricano SAB Miller a un precio de US$4.715 millones, operación que le dio a dicha multinacional el control monopolístico sobre la producción de cerveza en Colombia. La segunda inversión de mayor envergadura fue la compra de la entidad financiera Granahorrar después de un proceso de privatización por parte de Bbva a un precio de US$420 millones, en una acción que convirtió al banco español en el tercero más grande en activos totales y en un líder en el mercado hipotecario colombiano (Proexport, 2006a, 1 y 6). En rasgos generales, se puede decir que la inversión de búsqueda de mercados, que equivale a más de 50% del IED total entre los años 1994-2004, solo ha contribuido a la desnacionalización de la industria manufacturera y la prestación de servicios públicos domiciliarios y financieros, sin crear nuevos puestos del trabajo, porque en Colombia esta inversión ha sido enfocado en la compra de la capacidad productiva ya existente, en vez de la construcción de nuevas unidades de producción y prestación de servicios (conocida como inversión greenfield). Además, la privatización y venta de las empresas estatales de servicios públicos ha convertido la prestación de dichos servicios en una operación sujeta a las reglas del mercado, en vez de un derecho que debería estar al alcance de toda la población colombiana.

El segundo tipo de IED más común en Colombia es la de búsqueda de materias primas. El 21,3% de la IED total hecha entre los años 1996 y 2005 ha ido al sector primario, sobre todo a la exploración y extracción de petróleo, carbón, ferroníquel y gas natural (Cepal, 2006, 54). Inversiones recientes en este sector incluyen la expansión de la producción de gas natural por parte de Chevron Texaco, la ampliación de la mina El Cerrejón, cuyos dueños son las multinacionales BHP Billiton, Anglo American, y Glencore Xstrata, y la exploración del campo petrolero subacuático Tayrona por parte de las multinacionales Petrobrás y Exxon Mobil en conjunto con la estatal Ecopetrol. ¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

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El peso grande de este tipo de IED en Colombia es preocupante, dado que, en general, origina pocos empleos directos, no estimula el desarrollo de otros sectores económicos, despoja los recursos naturales no renovables del país sin contribuir mucho a los cofres de la nación y provoca impactos ambientales negativos que son difíciles de remediar a corto o mediano plazo.

Un tipo de IED que se encuentra en Colombia en menores cantidades aparece destinada a la búsqueda de eficiencia. Dada la difícil geografía del país, que aumenta los costos de transporte, y el precio relativamente alto de la mano de obra en comparación con países como China, India y Vietnam (Cámara de Comercio de Bogotá, 2003, 30)3, Colombia es poco atractiva para empresas multinacionales que quieren establecer filiales extranjeras que actúan como plataformas de ensamble de sus bienes manufacturados livianos, como prendas de vestir, calzado, electrodomésticos y juguetes. Por ejemplo, en el caso de los electrodomésticos, las filiales colombianas de multinacionales como LG, Samsung y Sony se limitan a distribuir y comercializar sus productos, no tienen ninguna planta de producción en suelo colombiano. En el caso de las prendas de vestir, un renglón del cual Colombia sí exporta una gran cantidad de productos a mercados como EE.UU., Venezuela y Ecuador, la mayoría de las empresas líderes, como Leonisa y Sotinsa, son de capital nacional (Ramírez, 2006, 51). Desde luego, existen excepciones, como Sofasa, filial de la multinacional francesa Renault, que no solo manufactura automóviles para el mercado local sino que también los exporta a Venezuela y otros países andinos. De todos modos, la IED en búsqueda de eficiencia no garantiza una mejora en el desarrollo social y económico de un país, porque, en general, este tipo de inversión provoca una “carrera hacia el fondo” en estándares laborales y ambientales que afectan los costos de producción (como salarios y métodos de manejar desechos industriales), y en la promoción de incentivos tributarios, minimizando de esa manara cualquier impacto positivo que tal inversión podría tener en el país receptor.

3.

Por ejemplo, en el año 2003 el costo del mano de obra en el sector textil y de confecciones fue de US$0,22/hora en Vietnam, US$0,38/hora en la India, US$0,48 en la China, y US$0,94 en Colombia.

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Finalmente, la IED dirigida a la búsqueda de activos estratégicos y tecnológicos es casi inexistente en Colombia. Las empresas multinacionales de este sector cuentan con muy poca inversión en procesos de producción de bienes de alta tecnología (como componentes de computadores y de sistemas de fibra óptica de las telecomunicaciones). No solo Colombia, sino también casi todos los países latinoamericanos, padecen de un déficit en este tipo de IED, si se descartan unos ejemplos aislados como la fabricación de microprocesadores Intel en Costa Rica. Así que las formas de IED más corrientes tanto en el país como en la región, son las que no estimulen mejoras en la tecnología de sus procesos de producción y en la competitividad de sus economías.

Para completar esta mirada a las características de la IED en Colombia, podemos desagregarla por años de inversión, sectores económicos, países de origen y ubicación de sus negocios en el país. En el gráfico 1 se observa que la IED en Colombia no fue muy contundente hasta el año 1996, cuando varias multinacionales españolas aprovecharon la privatización de algunas de las mayores empresas de servicios públicos y establecimientos financieros públicos para entrar en el mercado colombiano. Desde aquella época, la IED ha sido impulsada no solo por procesos de privatización, sino también por aumentos en la inversión en el sector minero y petrolero y por la puesta en venta de destacadas empresas nacionales, como Bavaria, Avianca y Coltabaco.

El gráfico 2 muestra la IED desagregada por sector económico, con la mayor cantidad de inversión registrada en los sectores de manufactura, minas y canteras y establecimientos financieros. Esto evidencia el hecho de que la mayoría de la inversión hecha en el país se orienta hacia la búsqueda de mercados y de materias primas.

El gráfico 3 desagrega la IED por país de origen desde el año de 1994 hasta el segundo semestre de 2005, cuando el más importante inversor fue EE.UU, el socio comercial tradicional de Colombia, seguido de cerca por España. Otros países inversores destacados son los paraísos fiscales de Panamá, Islas Caimán, e Islas Vírgenes, y también Holanda y Canadá.

¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

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Gráfico 1: Flujos de IED en Colombia 1980 - 2005

Gráfico 3: IED por país de origen

Fuente: Banco de la República.

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 2: IED en Colombia por sector, 1996 - 2005

Fuente: Proexport.

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Gráfico 4: Ubicación: base de datos multinacionales ENS

Fuente: Base de Datos de Empresas Multinacionales, ENS.

¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

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Finalmente, el gráfico 4 muestra donde están ubicadas las sedes corporativas de las 679 empresas multinacionales con presencia en Colombia (tanto de capital extranjero como de capital nacional), que aparecen registradas en la Base de Datos de Empresas Multinacionales de la Escuela Nacional Sindical.

La contundente mayoría está establecida en Bogotá, la capital política y financiera del país, y otras pocas están ubicadas en las ciudades secundarias de Medellín, Cali y Barranquilla.

La nueva conciencia social de las multinacionales La expansión del poder económico de las empresas multinacionales es un fenómeno presente no solo en Colombia sino generalizado en todo el mundo.

Por ejemplo, hoy en día el fabricante estadounidense de automóviles General Motors maneja activos que superan en valor el Producto Interno Bruto de 148 países en vía de desarrollo (Corporate Crime Reporter, 2007). Además, en décadas recientes, las operaciones de varias de estas compañías gigantescas han ocasionado impactos sociales, ambientales y laborales negativos, sobre todo en países con instituciones gubernamentales débiles y poca regulación, como, por ejemplo, en el caso del empleo del trabajo infantil en Haití por parte de la multinacional norteamericana Disney, así como la complicidad de la multinacional petrolera Exxon Mobil en el asesinato y tortura de miembros de la población civil en la isla de Aceh en Indonesia (Stop Exxon Mobil, 2007). Como reacción a la abrumadora fuerza de estas empresas, un movimiento de consumidores, defensores del ambiente, trabajadores y hasta accionistas preocupados por problemas sociales surgió al comienzo de la década de los años noventa para exigir que las compañías (y sobre todo las multinacionales) no se aprovechen de su poder para violar derechos humanos, laborales y ambientales. Este movimiento, conocido como Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ha logrado cubrir una vasta variedad de principios y políticas adoptadas por las empresas conjuntamente con sus stakeholders (los demás actores involucrados y afectados por el desarrollo de las actividades de las compañías) para fomentar una gestión más transparente y sostenible en el sentido no solo económico sino también social y ambiental. En particular, 98

muchas empresas han formulado códigos de conducta y de ética para manifestar sus compromisos con dichas materias, y han publicado balances sociales (también conocidos como memorias de sostenibilidad) para mostrar a los stakeholders y al público en general los resultados de su gestión social y ambiental. Las multinacionales han sido pioneras en estas iniciativas, con empresas como Niké y Reebok entre las primeras compañías que crearon códigos de conducta, y con más de 900 multinacionales de diversos sectores económicos que anualmente publican balances sociales.

No obstante, el concepto de RSE, en la forma como está interpretado por las multinacionales, es un compromiso meramente voluntario y unilateral, sin reglas vinculantes que obliguen a dichas empresas a respetar la normatividad internacional sobre condiciones y relaciones de trabajo, ambiente y derechos humanos, y sin la posibilidad de sanciones reales y no solo morales en el caso de violaciones de los compromisos expresados por las empresas en sus códigos de conducta. Además, a pesar de todas las iniciativas tomadas por las multinacionales en nombre de la RSE, los escándalos sobre abusos del poder corporativo siguen apareciendo, como ha ocurrido con la revelación, en marzo de 2007, del financiamiento de grupos paramilitares acusados de ser autores de crímenes de lesa humanidad en el Urabá antioqueño por parte de la empresa estadounidense Chiquita Brands (BBC Mundo, 2007). En oposición a una RSE que principalmente sirve para limpiar la imagen pública de las empresas, varios stakeholders han empezado a presionar a organismos internacionales como la ONU, la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y los bancos multilaterales, para que establezcan normas generales y obligatorias para las empresas multinacionales en los países donde tienen operaciones.

Como respuesta a ese activismo, en el año 2000 la Ocde actualizó sus Directrices para Empresas Multinacionales, que son pautas en materia laboral, social y ambiental aplicables a todas aquellas multinacionales con casas matrices en los 33 países miembros y observadores de esa organización internacional. No son vinculantes en sentido jurídico, pero contienen un mecanismo que permite la presentación de quejas sobre violaciones de las normas contempladas en las ¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

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Directrices, a las cuales las multinacionales tienen que responder implementando medidas correctivas. Asimismo, también en el año 2000, el Secretario General de la ONU lanzó el Pacto Mundial, una carta de diez principios voluntarios que compromete a las empresas signatarias del Pacto a respetar los derechos humanos y los estándares laborales y ambientales, así como a implementar medidas contra la corrupción. Hoy en día, aproximadamente 2.900 empresas con sede en más de cien países han firmado el Pacto Mundial (UN Global Compact, 2007). Aunque esta norma tampoco tiene fuerza jurídica, existe un mecanismo de monitoreo a través del requisito de que cada empresa vinculada tiene que enviar un informe que detalle su progreso en la implantación de los principios; además, la oficina del Pacto ofrece sus buenos oficios para mediar en conflictos en casos en que los stakeholders creen que una empresa está violando uno o más de los diez preceptos.

Pese a la difusión extensa de los conceptos e iniciativas de la RSE, muchas empresas que operan en Colombia –incluidas las filiales de multinacionales– todavía practican una RSE que solo se traduce en una filantropía asistencialista simple, sin una orientación basada en la sostenibilidad social y ambiental y con poca participación por parte de los demás stakeholders. Según un estudio sobre RSE elaborado por la Andi, el 98,7% de 157 empresas nacionales y multinacionales encuestadas reconocieron la importancia de la RSE, pero todavía domina un concepto filantrópico: el 81,9% de las empresas desarrolla sus acciones de RSE a través de donaciones en especie y el 63,8% mediante donaciones entregadas a fundaciones sociales. La mayoría de las inversiones hechas por las empresas en el ámbito de la RSE son enfocadas en satisfacer necesidades inmediatas de la comunidad y los trabajadores: el 78,9% de las empresas invierte en vivienda y el 77,6% en salud. En contraste, apenas el 42,9% lo hace en defensa del ambiente y el 10,3% en la creación de encadenamientos productivos con Pymes locales (Andi, 2006, 2 y 5). Además, las filiales colombianas de multinacionales no tienen participación muy destaca en iniciativas multilaterales de RSE como el Pacto Mundial –solo el 8% de las empresas registradas en la Base de Datos de Multinacionales de la ENS se han vinculado a dicha norma internacional–. Al mismo tiempo, hay que decir que otros stakeholders colombianos tampoco han avanzado mucho en el 100

desarrollo del tema RSE. Según una encuesta de Monitor-YanHass hecha en 2006, solamente el 34% de los consumidores colombianos prefieren comprar productos de empresas que hacen esfuerzos para proteger el ambiente, y ningún sindicato u ONG colombiano ha utilizado el mecanismo contemplado en las Directrices para Empresas Multinacionales de la Ocde para exigir un mejor comportamiento social y ambiental de estas compañías. Sin embargo, esto no quiere decir que la RSE es un concepto completamente extraño en Colombia.

Por ejemplo, hay que destacar la participación de más de 162 organizaciones del sector empresarial, estatal, académico y no gubernamental que operan en Bogotá, Medellín y Cali en la construcción de la guía técnica colombiana de responsabilidad social promovida por la entidad de normalización Icontec y en el proceso de formulación de la guía internacional de RSE ISO 26000.

Las políticas y prácticas laborales de las multinacionales en Colombia En el contexto de aumento de la presencia de las multinacionales en Colombia y de desarrollo del movimiento mundial para exigir una inversión más socialmente responsable de dichas empresas, surge la pregunta de cómo es el comportamiento laboral de las empresas multinacionales en el país, y si este comportamiento ha mejorado como resultado de las iniciativas de RSE. Primero hay que decir que las empresas multinacionales, igual que las de capital nacional y estatal, funcionan actualmente en un clima laboral que solamente puede caracterizarse como perverso, ya que en él prima la tercerización, la inestabilidad y la informalidad de la contratación. Aunque Colombia ha ratificado 60 convenciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el país no ha cumplido con su deber de proteger y promover los derechos laborales fundamentales. Este hecho se puede visibilizar a través de las violaciones flagrantes de los derechos de libertad sindical, por ejemplo.

A pesar de que Colombia ha ratificado las convenciones 87 y 98 de la OIT, que fijan pautas con respecto a estos dos derechos fundamentales, los niveles de sindicalización han declinado súbitamente desde los años ochenta y ¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

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actualmente apenas 4,6% de la población ocupada pertenece a una organización sindical (Escuela Nacional Sindical, 2007). En las multinacionales incluidas en la base de datos de la ENS, unos 22.573 trabajadores son sindicalizados, suma equivalente a 7,6% de la fuerza laboral con contrato directo con esas empresas, una proporción levemente superior a la tasa de sindicalización nacional pero que está muy por debajo de la de otros países latinoamericanos, como Brasil, donde el 23,58% de la población económicamente activa está sindicalizada (CUT Brasil, 2007).

Las razones de los bajos niveles de sindicalización en Colombia son múltiples.

Primero, están ligadas al espantoso nivel de violencia anti-sindical que soporta el país. Según el Banco de Datos de Derechos Humanos de la ENS, desde enero de 2000 hasta diciembre de 2006 ha habido 843 asesinatos de sindicalistas, 31 de los cuales han sido cometidos contra trabajadores de empresas multinacionales.

Colombia se ha convertido en el país más peligroso del mundo para ejercer el trabajo sindical. Se debe en enfatizar que los crímenes contra sindicalistas son producto directo de su actividad gremial y no meramente parte de una ola de violencia indiscriminada provocada por la guerra civil, dado que la mayoría de los asesinatos, amenazas y secuestros de sindicalistas ocurren durante épocas de conflictos laborales. Debido a los altos índices de impunidad de dichos crímenes (con condenas contra los actores responsables en solo 15 de los 843 casos de muerte), esta violencia funciona como un fuerte impedimento para que los trabajadores no se vinculen a organizaciones sindicales. Otra barrera al ejercicio de las libertades sindicales es la injerencia generalizada del gobierno en los asuntos sindicales. Según la CUT, en el año 2005 el Ministerio de la Protección Social negó, por razones espurias, el 39% de las solicitudes de inscripción de nuevos sindicatos en el registro sindical, trámite que debería ser una mera formalidad (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, 2006, 9). Finalmente, las más contundentes restricciones al derecho de libertad sindical están relacionadas con las nuevas formas de contratar la mano de obra, que ocultan la relación laboral verdadera que existe entre empleador y empleado y prohíben, tanto por ley como en la práctica, la afiliación a una organización sindical. Por ejemplo, hoy en día hay 378.933 trabajadores colombianos empleados a través de Cooperativas de 102

Trabajo Asociado, un mecanismo utilizado por los empresarios para subcontratar fuerza laboral, mediante el cual los asalariados se convierten en “asociados” en vez de salarios reciben “compensaciones” que en algunos casos ni siquiera alcanzan el salario mínimo legal. Hay cientos de miles de trabajadores más que laboran bajo otras formas de contratación tercerizada a través de empresas prestadoras de servicios, empresas unipersonales, contratos civiles de prestación de servicios y contratos laborales a término fijo. En último lugar, el 58,7% de la población ocupada colombiana (10.336.491 personas) trabaja en el sector informal, rebuscando un ingreso mínimo que permita su simple supervivencia y con pocas posibilidades de agruparse en organizaciones sindicales o gremiales para mejorar sus condiciones laborales (Escuela Nacional Sindical, 2007). Todas estas tendencias que están siendo aplicadas por el conjunto del mundo empresarial (y el sector público también) se traducen en un impedimento real y eficaz contra el ejercicio del derecho a la asociación y la libertad sindical en Colombia.

Sin embargo, dado el ímpetu e importancia que tiene el movimiento de RSE, las multinacionales asentadas en Colombia deberían mostrar una conducta laboral que cumpla con todas las normas contempladas, no solo en la legislación colombiana sino también en sus propios códigos de conducta, además de las que forman parte de instrumentos como el Pacto Mundial y las Directrices para Empresas Multinacionales de la Ocde. Aunque muchos de los códigos de conducta empresariales no promueven explícitamente todos los derechos laborales contemplados en los convenios de la OIT, en el Pacto Mundial están consagrados los cuatro derechos laborales fundamentales: libertad sindical y negociación colectiva; abolición del trabajo infantil y forzoso; eliminación de la discriminación en el empleo, y ocupación. Las Directrices de la Ocde van más allá de eso e incluyen los derechos a la salud y la seguridad ocupacional, el derecho a la información necesaria para conducir negociaciones colectivas y el derecho a la formación laboral, entre otros. Además, varias multinacionales presentes en Colombia han acudido a esquemas de certificación de su gestión laboral y social, como SA 2000, Florverde y Wrap, y por ende las empresas certificadas deberían tener prácticas laborales por encima de los estándares fijados por la ley colombiana. ¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

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No obstante, en Colombia no se han utilizado adecuadamente las estrategias que ofrece el movimiento de RSE para garantizar que las multinacionales tengan un comportamiento laboral que cumpla con los estándares referenciados anteriormente. Esto se puede atribuir a tres factores: poco conocimiento de normas como el Pacto Mundial y las Directrices de la Ocde por parte no solo los trabajadores de las filiales colombianas de multinacionales sino también de los gerentes; el débil estado del movimiento sindical colombiano, que restringe su acceso a los recursos organizativos, humanos y económicos necesarios para emprender campañas contra violaciones de derechos de los trabajadores cometidos por las multinacionales, con la ayuda de las herramientas que ofrecen las iniciativas de RSE; y los bajos niveles de activismo de otros stakeholders en Colombia, especialmente grupos de consumidores y de accionistas socialmente responsables. Para entender mejor la naturaleza de las prácticas laborales de las multinacionales en el país y cómo la RSE ha impactado (o no) dichas prácticas, analizaremos en seguida dos casos concretos: CocaCola Femsa y Unilever.

CocaCola ocupa un lugar especial entre las multinacionales de capital estadounidense, debido a que ostenta la marca más ubicua del mundo, que representa no solamente más de 400 productos distintos que vende la empresa sino también el american way of life en los 232 países donde tiene presencia.

En la década de los años veinte CocaCola vendió su primera franquicia colombiana a un grupo de empresarios antioqueños y ahora la multinacional mexicana Femsa maneja cinco embotelladoras y 37 centros de distribución de los productos de CocaCola en todos los rincones del país, registrando utilidades operacionales de US$50,2 millones ($108.700 millones de pesos) y ventas de 180 millones de cajas de unidades de producto en el año 2005 (Femsa, 2006, 31).

En materia laboral, CocaCola Femsa ha imitado las peores prácticas de las empresas de capital nacional del sector manufacturero, específicamente en relación con la subcontratación de la planta de personal. Siguiendo la tendencia actual de maximizar la tercerización de la mano de obra para minimizar costos laborales, CocaCola Femsa emplea en Colombia a unos 10.600 trabajadores, de los cuales 5.600 son trabajadores temporales contratados a través de 104

empresas de prestación de servicios, 3.000 son trabajadores por cuenta propia, denominados “concesionarios” que manejan la mayoría de las rutas de distribución, y apenas 2.000 son trabajadores directos con contrato laboral a término indefinido. Es decir, solamente 19% del personal de CocaCola Femsa tiene contratos que les garantizan algún nivel de estabilidad, además de mejores salarios y primas por encima de lo que estipula la ley. De este 19% con vínculo laboral directo con la empresa, el 32,5% (650 trabajadores) son sindicalizados, y 310 de ellos están afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal). Para ilustrar los efectos de la precarización laboral sobre las condiciones laborales, hay que decir que los trabajadores sindicalizados devengan un salario promedio de $1.100.000 mensuales, pero la mayoría de los temporales gana el salario mínimo legal ($433.700 mensuales); y mientras los trabajadores con contrato laboral directo se benefician de varias primas extralegales, lo que significa que devengan 18 meses de salario básico por año, los temporales solo reciben las primas estipuladas por la ley y devengan 14 meses de salario básico; los concesionarios, por su parte, no reciben ningún tipo de prima.

Las embotelladoras de CocaCola en Colombia también han impuesto a sus empleados restricciones sobre los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, que en algunos casos han llevado a violencia física contra dirigentes y activistas sindicales que laboran en la empresa. Entre abril de 1994 y diciembre de 2006 el Banco de Datos de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (ENS) y los archivos de Sinaltrainal registran 78 violaciones de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores sindicalizados que laboran en CocaCola, que incluyen siete asesinatos de dirigentes sindicales, tres detenciones arbitrarias, tres atentados y 57 amenazas de muerte. En algunos de estos actos de violencia se puede observar la complicidad (por acción u omisión) de la misma empresa, como por ejemplo el caso del asesinato de Isidro Segundo Gil, dirigente de Sinaltrainal al servicio de la embotelladora de CocaCola en Carepa, Antioquia. En diciembre de 1996, conocidos paramilitares entraron en la planta y lo mataron a sangre fría, una semana después de que el sindicato presentó a la empresa un pliego de peticiones con la intención de suscribir una nueva convención colectiva. Dos días después, ¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

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los actores armados entraron nuevamente a la embotelladora y obligaron a los trabajadores a firmar cartas de renuncia al sindicato –preparadas en una maquina de escribir de la empresa– y amenazaron con la muerte a los dirigentes sindicales que se negaran a salir inmediatamente de la ciudad. De esta manera fue aniquilada la seccional de Sinaltrainal en Carepa (Colombia Solidarity Campaign, 2005, 5). CocaCola Femsa ha prohibido igualmente la vinculación de sus trabajadores temporales a organizaciones sindicales. Por ejemplo, en agosto de 2006, varios de ellos que laboraban en la embotelladora de Bucaramanga se afiliaron a Sinaltrainal e intentaron presentar un pliego de peticiones a la empresa de prestación de servicios que los contrataba. La respuesta al pliego fue su despido inmediato.

No todas las prácticas laborales de CocaCola Femsa violan la letra y el espíritu de la legislación laboral nacional e internacional. Un caso positivo son las políticas de salud y seguridad ocupacional que la entidad adelanta en sus embotelladoras, con inversiones de $2.600 millones en el año 2005 en actividades de salud preventiva, mejoras de la planta física para minimizar riesgos, como el manejo de sustancias peligrosas, y provisión de dotaciones cómodas y seguras para los trabajadores directos y temporales (CocaCola Femsa, 2006, 20). Además, el Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso) tiene un papel activo en el diseño e implementación de programas para diagnosticar y mejorar la situación de salud y seguridad industrial en las distintas embotelladoras.

La aplicación en Colombia de los conceptos e instrumentos de la RSE por parte de CocaCola ha sido muy limitada, sobre todo por parte de la gerencia. CocaCola Femsa no dispone de un código de conducta empresarial, sino solamente de un listado de valores corporativos que incluye un reconocimiento para buscar el “respeto, desarrollo integral y excelencia del personal,” pero que no contiene ningún compromiso para promover los derechos laborales consagrados en la legislación nacional y los convenios de la OIT (CocaCola Femsa, 2006, 6).

Aunque la casa matriz de CocaCola en EE. UU. está afiliada al Pacto Mundial, Coca-Cola Femsa nunca se comprometió a respetar dicha norma, por lo cual el nivel de conocimiento sobre el Pacto Mundial entre los empleados colombianos es mínimo. Frente a las Directrices para Empresas Multinacionales de la Ocde, aunque rigen para las operaciones de CocaCola en Colombia, hay poco 106

conocimiento de ellas entre los gerentes. Algunos dirigentes de Sinaltrainal la han contemplado como un mecanismo para proteger sus derechos, pero hasta hoy no la han aplicado para enviar quejas, y prefieren utilizar otras herramientas, como la ley norteamericana Alien Tort Claims Act, que otorga una jurisdicción universal por graves violaciones de derechos humanos cometidas por personas naturales o jurídicas con sede en EE. UU. Unilever es líder mundial en la manufactura de productos alimenticios y de aseo y belleza, con operaciones de producción y distribución en 150 países y con ventas globales que en el año 2005 sumaron a US$50.858 millones.

La firma ha tenido presencia en Colombia desde 1950, cuando adquirió la mayoría de las acciones de la Compañía Colombiana de Grasas (Cogra), fabricante de grasas y margarinas. Actualmente, Unilever opera tres centros de producción en Colombia (dos en Valle del Cauca y uno en Bogotá) y ocupa el tercer puesto en el mercado colombiano de productos de higiene personal, con un total de $575.885 millones en ventas durante el año 2005 (La Nota Económica, 2006, 107).

El comportamiento laboral de Unilever en Colombia se caracteriza por su empleo abrumador de mano de obra tercerizada, concretamente a través de Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), que actúan como intermediarios en la provisión de fuerza laboral para las líneas de producción de las dos fábricas del Valle del Cauca. Actualmente, Unilever emplea a 2.460 trabajadores, 560 con contratos laborales a término indefinido o fijo y 1.900 (77% del personal total) a través de cinco CTA. De los 560 trabajadores directos, apenas 99 (el 17,7% de los empleados directos y solo el 4% de la fuerza laboral total) están afiliados a algún sindicato. La conversión hacia un modelo de contratación laboral flexibilizada y precarizada empezó en el año 2000, cuando Unilever adquirió la fabrica Disa, de Cali, desvinculó a todos los trabajadores antiguos con contratos directos con la empresa utilizando la figura de arreglos voluntarios y jubilaciones anticipadas y empleó una planta de personal nueva a través de las CTA. Al mismo tiempo, en la fábrica de productos de aseo y belleza de Bogotá, donde todavía existe personal sindicalizado, la empresa no está vinculando trabajadores nuevos con contratos laborales de término ¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

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indefinido. Según fuentes sindicales, en los últimos siete años no ha ingresado ningún trabajador nuevo con este tipo de contrato en la línea de producción.

Ahora la empresa prefiere reemplazar a los trabajadores con contratos de término indefinido cuando se jubilen o renuncien, por trabajadores con contratos temporales, disminuyendo así tanto la estabilidad laboral como la fuerza de las organizaciones sindicales.

Igual que en CocaCola Femsa, los trabajadores vinculados a través de cooperativas y contratos temporales devengan salarios muy inferiores a los que ganan los trabajadores con contrato laboral a término indefinido. Por ejemplo, según el sindicato Sintraunilever Andina, el promedio salarial para los trabajadores de la línea de producción de Bogotá es de $1.292.908 pesos mensuales, mientras los trabajadores de las CTA del Valle devengan un salario que equivale a la mitad de lo que ganan los sindicalizados. Los vinculados a las CTA tampoco reciben los beneficios extralegales de que gozan los sindicalistas, como primas de aguinaldo y de antigüedad, práctica que permite una situación en la cual dichos trabajadores tercerizados son de segunda clase, comparados con que tienen un vínculo directo con la compañía.

Sin embargo, hay que destacar algunas de las políticas y prácticas de Unilever que son ejemplos de buena conducta laboral. Primero, a diferencia de CocaCola, en ningún momento Unilever ha sido cómplice de violaciones de la vida, libertad e integridad física de los trabajadores sindicalizados, como mecanismo para restringir las libertades sindicales. También, se puede resaltar la buena voluntad de la gerencia actual de estimular el diálogo paritario entre el sindicato y la empresa a través de la solución negociada de un conflicto laboral que duró más de cinco años, y el proceso de diálogo continuo que los gerentes mantienen con el sindicato mediante reuniones periódicas del Comité de Relaciones Laborales, que tiene el mandato de vigilar el cumplimiento de la convención colectiva y mejorar las condiciones laborales y la productividad.

Las políticas de responsabilidad social de Unilever son más avanzadas en materia de protección de los derechos laborales, pero tampoco hay un conocimiento generalizado de dichos compromisos por parte de gerentes, 108

trabajadores y sindicatos. Unilever utiliza un código de conducta que aplica en todos los países donde tiene operaciones, conocido como su “código de principios empresariales”. En cuanto a los derechos laborales, el código pretende garantizar un ambiente de trabajo libre de discriminación y de peligros para la salud y la seguridad de sus trabajadores, donde hay pleno respeto para sus derechos humanos. Además, el código prohíbe el uso del trabajo infantil y forzoso, garantiza el respeto del derecho de asociación de sus empleados y compromete a la empresa a proporcionar a sus empleados programas de capacitación laboral e información pertinente sobre sus políticas corporativas (Unilever, 2006). Asimismo, en el año 2000 la casa matriz de Unilever se vinculó al Pacto Mundial. Tanto el código de principios empresariales como el Pacto Mundial han sido divulgados entre todos los trabajadores directos de la compañía. No obstante, dentro de la gerencia aún existe una tendencia fuerte a asociar la RSE con acciones filantrópicas y no con procesos de interacción con los stakeholders, basados en compromisos mutuos. Y los trabajadores sindicalizados colombianos, aunque conocen el texto de las normas voluntarias firmadas por Unilever en el marco de la RSE, apenas están empezando a pensar en cómo les pueden servir para promover los derechos laborales y sindicales. Por ejemplo, los sindicatos de Unilever en Colombia nunca han enviado quejas o comunicados sobre violaciones de aquellos derechos a través de los mecanismos que existen en el Pacto Mundial y las Directrices de la Ocde, mientras las organizaciones sindicales de Brasil y Chile aprovecharon esta estrategia y lograron que la empresa se comprometiera a preservar la estabilidad laboral y a garantizar las libertades sindicales.

Derechos y responsabilidades: hacia un mejor comportamiento laboral y social de las multinacionales en Colombia Volviendo a la pregunta inicial de este ensayo, ¿las empresas multinacionales con presencia en Colombia han contribuido de una manera positiva al desarrollo social y económico del país, específicamente a través de la promoción del ¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

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trabajo decente? Sabemos que la inversión extranjera directa en Colombia se ha concentrado en los tipos de inversión para la búsqueda de mercados y materias primas. En el primer caso, esta tendencia se ha manifestado en la compra por parte de empresas extranjeras de la estructura productiva y la provisión de servicios básicos del país –la desnacionalización de la economía nacional, sin la creación de empleos adicionales o la introducción de nuevas tecnologías– en vez de la creación de nuevas unidades productivas y de prestación de servicios a través de inversión greenfield. En el segundo caso, la inversión extranjera en el sector petrolero y minero colombiano ha ocacionado más impactos ambientales negativos (desecación de fuentes de agua, deforestación, y contaminación del aire y el subsuelo) y conflictos con comunidades indígenas y campesinas que pueblan la tierra que dichas multinacionales quieren explotar, que beneficios positivos a través de la creación de buenos empleos y el pago de regalías. Generalmente, las multinacionales se han aprovechado de todos los beneficios tributarios y normativos que les han ofrecido los cambios legislativos promulgados desde los años 90, a cambio de pocos aportes sociales a la nación, por las razones mencionadas arriba. Además, esta propensión tenderá a aumentar si se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y Colombia, porque ese instrumento ampliaría las protecciones jurídicas para las inversionistas estadounidenses y les daría acceso preferencial en todos los mercados nacionales, sin compromisos correspondientes por parte de los norteamericanos para los productores colombianos (Silverman, 2006, 34).

Al mismo tiempo, aunque algunas multinacionales con presencia en Colombia se han comprometido a promover la RSE a través de su afiliación al Pacto Mundial y su formulación de códigos de conducta, su actuación frente a estos compromisos ha sido más asistencialista que garantista, es decir, basada en la filantropía, para cumplir con unas necesidades básicas para actores externos a la empresa, en vez de la construcción de una gestión empresarial integral y participativa que respeta y promueve los derechos de los diversos stakeholders.

Por ejemplo, las acciones de RSE de CocaCola Femsa en Colombia se enfocan en el apoyo financiero y logístico de un sistema de bancos de alimentos para comunidades pobres, pero entre los líderes de estas comunidades, los 110

trabajadores y sus sindicatos y la gerencia de la empresa no hay un diálogo sobre la manera como la compañía puede contribuir a la realización de los derechos sociales para los actores, tanto internos como externos a la empresa, con mecanismos de seguimiento permanente para asegurar que todas las partes involucradas cumplan con sus compromisos adquiridos voluntariamente.

Frente a las políticas y prácticas laborales de las multinacionales, en general se puede decir que dichas empresas, en vez de mostrar el ejemplo positivo de un comportamiento más acorde con la normatividad internacional frente a los derechos laborales, individuales y colectivos, han bajado al nivel de muchas empresas nacionales, en las cuales la precarización de las condiciones laborales y la limitación severa de las libertades sindicales es la regla y no la excepción. Es importante anotar que en otros países latinoamericanos (y por supuesto en sus casas matrices) las multinacionales muestran un comportamiento laboral mejor, vinculando directamente la contundente mayoría de su planta de personal, ofreciendo más garantías para la realización de la actividad sindical, etc. Sin embargo, a manera de ejemplo, CocaCola Femsa argumenta que no puede dejar de subcontratar tanta mano de obra (algo que no hace en países como Brasil y Venezuela), porque eso tendría un costo oneroso para la empresa, que le haría perder competitividad en el mercado colombiano, dado que empresas competidoras, como Bavaria y Postobon, también utilizan una planta de personal compuesta en su mayoría de trabajadores tercerizados. Obviamente, este tipo de argumentación podría terminar en un círculo vicioso, en el cual cada empresa sigue empeorando sus prácticas laborales, sociales y ambientales para que sus costos de producción sean más “competitivos”, encendiendo una perversa carrera hacia el fondo en la cual los únicos ganadores son los dueños de las corporaciones dado que en la mayoría de casos las empresas ni siquiera trasladan a los consumidores finales ese ahorro en sus costos operativos. En Colombia, una carrera así fácilmente terminaría en un comportamiento inmoral y hasta ilegal, debido a las débiles instituciones del Estado y el sistema judicial en particular, así como la actuación de grupos armados al margen de la ley en muchas partes del territorio nacional. Las acusaciones contra multinacionales como CocaCola y la minera Drummond, sobre su complicidad con grupos ¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

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paramilitares en el asesinato e intimidación de dirigentes sindicales, son ejemplos de cómo los intentos de limitar la actuación sindical por parte de una empresa muy deseosa de ahorrar costos laborales, rápidamente terminan en actos criminales. Seguramente, después de la realización de investigaciones adicionales sobre la “parapolítica”, más casos de este tipo de comportamiento empresarial ilegal van a ser revelados.

del modelo económico global, del neoliberalismo de hoy a un nuevo sistema, basado no solamente en las rúbricas de los mercados mundiales sino también en la autonomía y soberanía de los pueblos, la primacía de los derechos fundamentales, y el desarrollo sostenible.

Bibliografía A pesar de lo que pregona el gobierno actual, la inversión extranjera en Colombia no ha sido la solución mágica de los espinosos problemas económicos y sociales que padece el país, como el desempleo y el subempleo masivos, el manejo insostenible de los recursos naturales y la desigualdad social insuperable.

Al mismo tiempo, la globalización ya es una realidad, y por eso no seria política o económicamente factible restringir drásticamente la actuación de las multinacionales en el país. En cambio, lo que se necesita en Colombia es una IED elaborada en el marco de pautas nuevas, dentro de las cuales la posibilidad de sobreexplotar la mano de obra y el ambiente no sea considerada una “ventaja comparativa” para estimular la inversión extranjera, las empresas multinacionales se comprometan a contribuir al desarrollo social por la vía de la generación de empleos de calidad y la transferencia de tecnología, y exista igualdad de condiciones entre las empresas nacionales, multinacionales y estatales. Indiscutiblemente, no será fácil lograr que en Colombia se establezca este tipo de condiciones sobre la IED, pero los actores sociales involucrados y afectados por la actuación de las multinacionales pueden acudir a una variedad de estrategias para que ello sea una realidad. Por ejemplo, se debe crear y fortalecer redes de estos actores sociales, que podrían actuar como contrapeso del poder de las multinacionales a través de la realización de acciones coordinadas, como campañas políticas y demandas judiciales contra empresas que violen los derechos humanos, sociales y ambientales, y la participación ciudadana en iniciativas legislativas que potencialmente tendrían efectos sobre la actuación de dichas compañías en el país. Mas allá de estrategias concretas a escala local y regional, creemos que la única solución a largo plazo del acertijo de cómo crear una Colombia con una economía y una sociedad más desarrolladas, equitativas y justas es una retransformación 112

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¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

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EL MUNDO DEL TRABAJO

La rápida expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia Principales tendencias y su papel en algunos sectores económicos* Por Fernando Urrea Giraldo**

* Artículo recibido en abril de 2007 Artículo aprobado en mayo de 2007 ** Sociólogo, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle.

Introducción1 Las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) se han convertido en un fenómeno social y laboral de enorme impacto en amplios sectores de la población trabajadora colombiana de la actual década. Sin embargo, como se advierte en las intervenciones del foro sobre las CTA desarrollado en Medellín el 11 de mayo de este año, organizado por el periódico El Colombiano, la percepción generalizada en varios sectores sociales es que se trataría de una modalidad de organización del enganche laboral equivalente a las agencias de empleo, pero sin pasar por las exigencias de la legislación laboral. En dicha reunión, Carlos Rodríguez Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señalaba que “más del 50 por ciento de estas cooperativas están actuando al margen de la ley, con el propósito de evadir responsabilidades y de acumular utilidades de manera inescrupulosa”, en cuanto se desempeñan como agencias temporales de empleo encubiertas bajo la figura de cooperativas.

1.

Estudio realizado para la Escuela Nacional Sindical (ENS). En la elaboración de este estudio han participado los estudiantes de sociología de la Universidad del Valle, Maritza Valencia, Jairo Alexander Castaño, Waldor Arias Botero y Fabio Ruíz sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia.

En otra dirección, el entonces senador Oscar Iván Zulúaga Escobar manifestaba con preocupación en el mismo foro que a “las empresas que sustenten su actividad productiva desvirtuando la figura del trabajo asociado les va a ir mal en el TLC. Los sindicatos americanos van a estar muy pendientes de que no haya una competencia desleal a través de la intermediación laboral”2. Vale la pena recordar estas advertencias en el contexto actual del importante cambio político que ocurre en los Estados Unidos con un Congreso de mayoría demócrata, si se tiene en cuenta que las presiones sobre el cumplimiento de la legislación laboral nacional y las normas internacionales en materia de condiciones de trabajo que el país ha suscrito van a ser objeto de una mirada más acuciosa por parte de los senadores y representantes de ese partido. En este sentido, el gobierno Uribe ha manifestado que hay disposición de aceptar cláusulas adicionales en la renegociación del TLC ante el nuevo Congreso americano, en las cuales el país acogería disposiciones legales que obligarían a un mayor cumplimiento de la legislación laboral. No sería extraño entonces que la administración Uribe se vea en la necesidad de endurecer las normas de vigilancia y control pertinentes al llamado trabajo asociado de tipo cooperativo. En este contexto debe seguramente analizarse el proyecto de Ley 02 del 2006, conocido como “regulación de cooperativas de trabajo asociado”, que el Ministerio de Protección y Seguridad Social y la Superintendencia de la Economía Solidaria, han presentaron al debate nacional en agosto de 2006.

A partir de estas preocupaciones diferentes, actores sociales (sindicalismo, movimiento cooperativo, sector público, sectores empresariales de distintos frentes de la producción de bienes y servicios, grupos de trabajadores que hoy en día son enganchados por la vía de las CTA en diversas áreas económicas, centros de investigación académica, los partidos políticos y el propio gobierno Uribe) se enfrentan en una compleja dinámica de negociación cuyos resultados son impredecibles, en la medida en que, como intentaremos mostrar, la fuerte expansión de las CTA tiene que ver con un proceso de tercerización laboral adelantado por diferentes grupos empresariales del país. Curiosamente las CTA más que modalidades de propiedad cooperativa en la producción de 2.

Las dos declaraciones se encuentran en el artículo de prensa: “TLC se pone en riesgo por burlas al trabajo asociado” de Francisco José Arias (El Colombiano, 12 de mayo de 2006).

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 119

bienes y servicios, se han constituido en formas preferenciales de enganche laboral para grandes unidades económicas.

El objetivo de este texto es hacer un análisis de algunas de las tendencias de expansión de las CTA, tomando como punto de partida las variables de referencia del llamado sector solidario de la economía, y en particular de lo que constituye el cooperativismo en el país, entre los años 2000 y 2005, periodo del cual se dispone de información estadística sobre las CTA3.

En segundo lugar, se presentarán algunos ejemplos más específicos de CTA en actividades productivas como el sector azucarero, la recolección de basuras y las flores, con base en una rápida información levantada a través de fuentes primarias (entrevistas), al igual que la aportada por trabajos de corte periodístico pero con una aproximación etnográfica sumamente rica e interesante4. Finalmente, se presentan algunos elementos de conclusión encaminados a explorar los cambios en las relaciones laborales y el papel de las CTA en estas transformaciones.

Participación de las CTA en las cooperativas del país, 2000-2005 El cuadro 1 registra en forma clara la evolución de la participación de las CTA en el conjunto de las cooperativas del país. En términos de número, las CTA pasaron de representar el 21% en 2000 al 46,1% en 2005 (de 732 a 2.980), 3.

La mejor información existente es la propiciada por la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) en materia de series y datos desagregados departamentalmente y sobre todo por ser la mejor consolidada. Esto obedece a la misma disposición que obliga a todas las entidades del sector solidario a entregar cada año a esta entidad un reporte contable y empresarial que permite hacer un seguimiento de la empresa del sector, una vez que esta entidad traslada la información a la Superintendencia. De todos modos, es posible que algunas CTA y otras empresas del sector, debido a su reciente constitución, por ejemplo, estén registradas en las Cámaras de Comercio pero no todavía ante Confecoop, y mucho menos dispone de esa información la misma Superintendencia de Economía Solidaria. Ciertamente la Superintendencia también se apoya en la información que recibe Confecoop. Esto explica que las estadísticas sobre cooperativas en general y las CTA en términos agregados para un mismo año no siempre son coincidentes, ya que se las

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un crecimiento espectacular. Pero lo más interesante es el comportamiento de los demás indicadores del cuadro: el total de los asociados subió del 2,3% al 11,5% en el lapso de los seis años; en materia de activos, de 4,3% a 7,2%; en pasivos la participación casi se duplica (4,6% a 8,5%); en patrimonio pasa del 3,9% al 5,4%; en ingresos brutos, del 11,0% en 2000 a casi el 20% en 2005. La excepción notable es el indicador de excedentes o pérdidas, con una participación que no muestra una tendencia clara de incremento, lo cual seguramente tiene que ver con el tipo de ingresos que generan estas cooperativas: en su totalidad corresponden a la masa salarial pagada a los asociados, quienes son en realidad trabajadores asalariados, en su mayor parte de grandes empresas que subcontratan con las CTA el enganche de la mano de obra que utilizan. Pero, incluso si hablamos de medianas empresas que utilizan las CTA, se trata de masa salarial.

Llama la atención el indicador de empleados. Aquí hay que señalar que en los registros de las CTA muchas veces el dato de asociados es el mismo de empleados. Esto hace poco confiable la información. De todos modos, con las cifras de Confecoop se logró reconstruir un valor numérico más creíble.

Con esta advertencia, entre los años 2001 y 2002 se habría presentado un fuerte incremento en la participación de los empleados de las CTA en el total de este indicador para el conjunto de las categorías. Esta información es poco confiable. No hay datos fiables para los años 2003 y 2004. En cambio, para 2005 Confecoop dispone de una cantidad más creíble, que situaría la participación en cerca del 13%. Es probable que con el perfeccionamiento de los registros sobre la tasa de participación en el número de empleados de todas las cooperativas la cifra se mueva en menos de un 15% para el periodo. Si esto es cierto, entonces en la administración de las CTA se habría presentado un proceso de racionalización, pues para 2005 se habría pasado de 7,4 a 27,3 asociados por empleado. La otra interpretación puede ser más adecuada: los empleados han estado sobrerregistrados y al mejorar su asiento la tendencia es hacia el aumento variaciones se asientan de acuerdo con la fuente que sea empleada. Por lo anterior, al revisar las fuentes y los datos, definitivamente los registros de Confecoop parecen ser los más completos.

4.

Me refiero a los trabajos de Ricardo Aricapa, de gran valor descriptivo y con interesantes elementos analíticos para tener en cuenta en la interpretación del fenómeno.

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 121

5.

Para los valores monetarios se deflactó a precios de 1998 (activos, pasivos, patrimonio, ingresos brutos, excedentes o pérdidas).

122

Fuente: Estadísticas de Confecoop, 2000-2005.

Los gráficos 1 al 4, apoyados en el cuadro 2, muestran los índices de crecimiento en el periodo5 de los siguientes indicadores: número de cooperativas, número de asociados, activos e ingresos brutos. Ellos permiten determinar que sobre todo a partir del año 2002 las CTA presentan un crecimiento desbordado en el conjunto del sector cooperativo del país. Para interpretar este interesante fenómeno no se pueden dejar de lado aspectos de contexto: a) la relativa recuperación económica que se presenta en el país después del lapso recesivo precedente (finales de la década de los noventa y los años 2000 y 2001), la cual impulsa esta modalidad de manera más fuerte que al conjunto del sector cooperativo; b) la estrategia empresarial de las grandes unidades económicas industriales, agroindustriales, de distribución y de servicios especializados, del país, que lleva a una tercerización en el enganche laboral de buena parte de su fuerza de trabajo, fenómeno paulatino ya visible desde las décadas de los ochenta y noventa, pero que se hace más claro a partir del año 2000, como parte de los resultados de aprendizaje de la crisis económica que enfrentan las empresas en la búsqueda de alternativas de racionalización en el uso de la fuerza de trabajo; c) a la vez, en el plano político, el ambiente favorable de la administración Uribe a procesos de tercerización en las grandes empresas, reflejado tal vez en un relajamiento de los controles sobre la creación de las CTA, por lo menos en una primera etapa (2002-2004), hasta que su rápido crecimiento hace crisis; d) igualmente, las CTA han formado parte de mecanismos de clientelas políticas en algunos tipos de servicios públicos, como es el caso de la recolección de basuras (Cali), lo cual se verá en detalle más adelante.

Cuadro 1: Participación de las CTA en el total de las cooperativas del país en ocho indicadores representativos, 2000-2005 (Valores monetarios en pesos corrientes de cada año

en el número de asociados por empleador. Por otro lado, para el conjunto de todas las cooperativas del periodo se habrían presentado fuertes fluctuaciones, lo cual también hace sospechar que hay un problema de registro.

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 123

Gráfico 1: Índice de crecimiento del número Cooperativas y CTA, 2000-2005

Gráfico 3: Índice de crecimiento de activos del total de cooperativas, y CTA 2000-2005.

Precios constantes de 1998

Fuente: Cuadro 2

Gráfico 2: Índice de crecimiento del número de asociados, 2000-2005. Total de cooperativas y CTA

Fuente: Cuadro 2

Gráfico 4: Índice de crecimiento de ingresos brutos, 2000-2005.

Total cooperativas y CTA. Precios constantes de 1998

Fuente: Cuadro 2 Fuente: Cuadro 2

124

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 125

126 La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 127

Fuente: Anexo 1

Fuente: Cuadro 1.

(Valores monetarios en pesos constantes de 1998)

Cuadro 3: Principales variables de las empresas de economía solidaria

Total de Cooperativas (valores monetarios en precios constantes de 1998)

Cuadro 2: Índices de crecimiento del total de cooperativas y CTA en ocho indicadores representativos, 2000-2005.

Cuadro 4: Índices de crecimiento de entidades y asociados (Cooperativas y otras entidades del sector solidario), 1998-2005

Fuente: Cuadro 3

Gráfico 5: Índices de crecimientos del número de entidades y asociados de cooperativas y otras entidades del sector solidario

Gráfico 6: Índices de crecimiento de número de entidades y asociados de cooperativas y otras entidades del sector solidario, 1998 –2005

Fuente: Cuadro 4

Gráfico 7: Índice de crecimiento de activos de otras entidades del sector solidario y del total de cooperativas

Fuente: Cuadro 3 Fuente: Cuadro 4

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La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 129

Gráfico 8: Índice de crecimiento de ingresos brutos de otras entidades del sector solidario y del total de cooperativas

Fuente: Cuadro 4

Los cuadros 3 y 4, y los gráficos 5 al 8, permiten observar el efecto de la crisis económica hacia finales de la década de los años noventa en el sector cooperativo, ya que traen datos desde 1998. En cuanto al número de cooperativas frente a otras entidades del sector solidario, hasta el año 2002 el comportamiento de las dos modalidades fue muy similar (gráfico 5), pero desde 2003 el repunte de las cooperativas se vuelve importante, incluso por encima de las otras entidades del sector solidario (fondos de empleados, mutuales, etc.). Si relacionamos estos datos con los precedentes, aunque se carece de una información que revele qué pasaba con las CTA antes de 2000, se puede advertir que el efecto de la crisis económica tuvo que ser muy importante. Por ejemplo, el volumen de asociados cae fuertemente entre 1999 y 2002, a diferencia de las otras entidades del sector solidario. De todas maneras, son las unidades económicas del sector solidario diferentes de las cooperativas las que a partir de 2003 aportan el mayor crecimiento de asociados (gráfico 6). No obstante, se observa una fuerte recuperación de las cooperativas en materia de asociados, sobre todo desde el año 2003, aunque su mayor crecimiento ha ocurrido en el número de cooperativas.

En cuanto a activos (gráfico 7), la evolución en los dos sectores de la economía solidaria es muy similar, pero hasta 2002 hay un relativo predominio en el 130

índice de crecimiento de las otras entidades diferentes de las cooperativas, y luego una tendencia opuesta: son las cooperativas las que ostentan el mayor índice de crecimiento. En ingresos brutos (gráfico 8) hasta el año 2002 el índice es mayor para las cooperativas, y después de ese año, son las demás entidades del sector solidario las que tienen los mayores índices.

En síntesis, las lógicas de crecimiento de las cooperativas y de las demás entidades de la economía solidaria han sido diferentes, antes y después de la crisis, según lo muestran los datos respectivos, pero ambos sectores muestran una notoria expansión a partir de 2003, después de la onda del ciclo económico recesivo precedente, que se sintió con fuerza hacia finales de la década del noventa y comienzos del siglo XXI.

Las tendencias desiguales de expansión de las CTA, por departamentos Como es de esperar, las CTA se concentran en los departamentos de mayor dinamismo de la economía, tomando a Bogotá como una región aparte (cuadro 5). Ellos son: Bogotá, Antioquia, Valle, Santander, Atlántico y Cundinamarca, con variaciones en el orden de su peso porcentual por número de cooperativas y número de asociados (en 2005 las seis regiones concentraban el 80% de los asociados en CTA y el 62,0% de todas las CTA). Esto es observable desde el año 2000 y en los seis años siguientes se mantiene el mismo patrón de concentración, con cambios en los primeros puestos. Hay entonces cambios interesantes en esa etapa. Por ejemplo, Antioquia, que entre los años 2000 y 2002 tenía el mayor peso porcentual relativo del número de asociados y CTA del país, a partir de 2003 desciende al tercer puesto. Bogotá, por el contrario, cobra mayor peso porcentual a lo largo del periodo y en los años 2004 y 2005 pasa a ser la región con la mayor concentración de CTA y sobre todo de asociados. En 2005, el 28% de los asociados en CTA están registrados en Bogotá, mientras en 2000 se concentraba allí el 15,5%. Valle aumenta su participación a lo largo del periodo, aunque con variaciones. Santander, Atlántico y Cundinamarca presentan variaciones pero mantienen su orden relativo después de las tres La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 131

zonas de mayor concentración. Hacia el año 2005 el 66,7% de los asociados a las CTA están en Bogotá, Antioquia y Valle. Para 2000 eran el 66,3% en las regiones; es decir, la concentración se conserva a lo largo del periodo, solo que Bogotá desplaza a Antioquia en el orden nominal.

En el mismo lapso hay una tendencia al aumento del número de asociados por cooperativa en el conjunto nacional: se pasa de 75 a 160 asociados. Esto muestra un importante crecimiento del sector, ya que tanto en número de CTA como en asociados se presenta crecimiento continuo, año tras año, pero indiscutiblemente hay una expansión interesante de grandes CTA con 500 y más asociados, especialmente en Antioquia, Valle y Bogotá (cuadro 6). En las tres regiones están ubicadas las 105 CTA con 500 y más asociados. No obstante, llaman la atención algunos departamentos poseedores de unidades de gran tamaño (en número de asociados); eso ocurre, por ejemplo, en Magdalena, Santander y Norte de Santander, debido al laboreo de la palma africana y otros cultivos agroindustriales. Es decir, la dinámica de crecimiento de las CTA ha estado asociada, como era de esperar, a los patrones de las actividades económicas en cada departamento, sobre todo de tipo capitalista intensivo en mano de obra.

Un caso bien ilustrativo es el departamento del Valle del Cauca. Entre los sectores económicos que más explican la expansión de las CTA en el periodo está el azucarero. Como veremos más adelante, la generalización del recurso de las CTA como mecanismo de enganche de mano de obra en el corte de la caña, operación de maquinaria agrícola, mantenimiento de equipos, empaque de azúcar refinada y morena y otras actividades que tienden a ser subcontratadas en términos de fuerza de trabajo, ha conllevado un crecimiento significativo de las CTA en el Valle. Por supuesto, las responsables del crecimiento disparado de las CTA en esa etapa no son solo las actividades agroindustriales, como la caña de azúcar, la palma y las flores. En las ciudades de los diferentes departamentos los datos permiten captar una demanda ascendente de múltiples oficios en los servicios especializados (por ejemplo, en la salud) y no especializados (mano de obra no calificada y semicalificada en servicios de aseo, transporte y vigilancia, etc.). Bogotá, Medellín y Cali concentran las CTA “multioficios” más grandes del país (con más de mil asociados), que compiten con las agencias 132

de servicios temporales, por cuanto se mueven en una gama de servicios similares a los ofrecidos por éstas últimas. En términos absolutos, Bogotá y Antioquia (Medellín) tienen el mayor número de cooperativas de mil y más asociados.

Antioquia tiene además la mayor participación porcentual para ese rango, con un 7,5% en 2005 (cuadro 6), frente a 4,5% de Bogotá y 2,6% del Valle. Este último departamento es importante en los rangos intermedios de número de asociados, entre 250 y 999.

Ahora bien, analizando los porcentajes verticales (cuadro 6), Bogotá, como era de esperar, aloja el 37% de todas las CTA con mil y más asociados, seguida por Antioquia, con el 26%, y Valle, con el 14,5%. En Bogotá, Antioquia y Valle en conjunto se concentra el 77,4% de las CTA con mil y más asociados; el 71,3% de las CTA que tienen entre 500 y 999 asociados; el 64% de las que tienen entre 250 y 499; y el 56,7% de las que están entre 100 y 249 asociados.

Las regiones con mayor dinámica económica, como era de esperar, tienen las concentraciones mayores en aumento para los diferentes rangos superiores, y, al contrario, en ellas se observa una mayor dispersión a medida que disminuye el rango de tamaño. No obstante, Bogotá es la región que acapara la mayor concentración de CTA en los tres rangos con menores tamaños: alrededor del 20% (cuadro 6). Esto permite entender mejor el comportamiento de Bogotá en los diferentes sectores de bienes y servicios, que demandan mano de obra en todos los niveles de calificación.

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 133

134 La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 135

Cuadro 5: Distribución de las CTA y sus asociados por departamento, 2000-2005

Cuadro 5: Distribución de las CTA y sus asociados por departamento, 2000-2005

Continúa

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136 La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 137

Cuadro 6: CTA: rangos de número de asociados por Departamento, 2005

Fuente: Estadísticas de Confecoop, CTA por departamentos, año 2005.

Cuadro 5: Distribución de las CTA y sus asociados por departamento, 2000-2005

Continúa

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138 La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 139

Fuente: estadísticas de Confecoop. Procesamiento nuestro.

Cuadro 6: CTA: rangos de número de asociados por Departamento, 2005

Cuadro 6: CTA: rangos de número de asociados por Departamento, 2005

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Participación porcentual de las CTA en el total de las cooperativas y del sector solidario, por departamento, 2004 Un análisis sobre la importancia que tienen las CTA en el conjunto de todas las cooperativas y en el sector solidario de la economía lo suministra el cuadro 76. Aquí se obtiene una radiografía distinta sobre el peso de las CTA respecto del cooperativismo de cada región. Si bien por el número de cooperativas el peso de las CTA es muy alto (por encima del 25% en todos los departamentos, con excepción de Boyacá, y en algunos por encima del 50%, como el Valle, Cauca y Meta), por el número de asociados el patrón es diferente: en departamentos como Quindío, Cesar, Meta, Risaralda, Tolima, Caldas, Bolívar, Cauca, Atlántico, Cundinamarca y Valle la participación en el total de asociados de las cooperativas del departamento está por encima del 10%, mientras en los demás no alcanza el 10%. Estas diferencias tienen que ver con el peso que otros tipos de cooperativas tienen en los departamentos en términos de número de asociados, pero también en cuanto a las variables monetarias medidas (activos, pasivos, patrimonio, ingresos brutos, excedentes o pérdidas). Un ejemplo: las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas, con larga tradición en varios departamentos del país, mantienen su peso relativo en esos departamentos. Pero igual, en una región como Bogotá la diversidad o heterogeneidad del cooperativismo muestra un peso relativo menor de las CTA que el observado en otros departamentos, como Valle, Atlántico, Cundinamarca, Cauca y Meta, en donde las CTA tienen un peso importante7. En cambio, Antioquia sigue un patrón cercano al de Bogotá.

6.

Sólo estuvieron disponibles datos consistentes para el año 2004, ya que para 2005 los disponibles sobre CTA no eran los mismos que para el total de las cooperativas y el sector solidario. Por esa razón se adoptó este año.

7.

Por ejemplo, en el Valle y Atlántico las CTA no solamente son importantes en el total de los asociados del cooperativismo, sino en el peso porcentual de los ingresos brutos: un 22% en el Valle y un 17% en Atlántico (cuadro 7). En otros departamentos, como Cundinamarca, Meta y Cauca, las CTA tienen destacada participación en activos, pasivos, excedentes y patrimonio (con excepción del Cauca).

140

El indicador del peso porcentual de empleados es engañoso, debido al comentario que se hizo antes: en buena parte de los casos los registros sobre empleados de las CTA son similares a los de asociados. Por esta razón no es confiable esta información (véanse los casos del Valle, Cundinamarca y Cauca, con participaciones sobre representadas del 60 y 70%).

Finalmente, del cuadro 7, la participación porcentual de las CTA calculada respecto al conjunto del sector solidario, registra, como es obvio, una disminución, pero en algunos departamentos, como el Valle y Meta, los porcentajes son cercanos, lo cual indica un menor peso de las otras actividades de economía solidaria (fondos, mutuales) en estas regiones.

En síntesis, el cuadro 7, muestra una situación variopinta más diversificada sobre la importancia regional de las CTA en el conjunto de la economía solidaria, cuando se observan los indicadores monetarios y no exclusivamente los de número de cooperativas y asociados. Esto es comprensible porque otros tipos de cooperativas manejan activos, pasivos, patrimonios e ingresos de mayor peso que las CTA, por su carácter especializado, digamos, en actividades de ahorro y crédito. Si bien es cierto, como se observó antes, que en el periodo en cuestión las CTA han tenido un crecimiento espectacular de todos los indicadores, tanto absolutos como monetarios, en materia de indicadores monetarios se relativiza su expansión: hay unos departamentos con mayor incidencia de las CTA que en otros, lo cual era de suponer.

Las CTA en el sector azucarero8 Cambios en las formas de contratación a lo largo de la década de 1990 Los ingenios azucareros del Valle del Cauca han implementado distintos mecanismos de subcontratación9 de mano de obra para el corte de la caña.

8.

Información recogida entre trabajadores del Ingenio Mayagüez.

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Cuadro 7: Participación porcentual de las CTA en el total de las cooperativas y del sector solidario, por departamento, 2004

Cuadro 7: Participación porcentual de las CTA en el total de las cooperativas y del sector solidario, por departamento, 2004

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Cuadro 7: Participación porcentual de las CTA en el total de las cooperativas y del sector solidario, por departamento, 2004

Cuadro 7: Participación porcentual de las CTA en el total de las cooperativas y del sector solidario, por departamento, 2004

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(*) Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guainía, La Guajira, Guaviare, Magdalena, Putumayo, Sucre y Vichada.

Nota: los valores monetarios corresponden a millones de pesos corrientes del 2004.

Fuente: datos de Confecoop, página Web, procesamiento especial.

Cuadro 7: Participación porcentual de las CTA en el total de las cooperativas y del sector solidario, por departamento, 2004 146

En el caso de Mayagüez, una de las primeras modalidades de intermediación laboral, diferente del sistema de contratistas –que venía de finales de los años setenta– fue llevada a cabo desde comienzos de la década del noventa, bajo la forma de contratación de corteros vinculados a Empresas Asociativas de Trabajo (EAT). De acuerdo con las declaraciones de un cortero de caña, las EAT empezaron conformándose con grupos de veinte corteros. En su trabajo sobre el paro de corteros del sector azucarero, Aricada dice de tales empresas asociativas lo siguiente: “…las EAT, originadas en la Ley 10 de 1991 y el decreto 1100 de 1992, se definen como un sistema de asociación de no más de 20 miembros, cada uno aportando su capacidad productiva, que puede ser en bienes muebles o inmuebles y en dinero para la constitución del capital semilla de la empresa. Se rige por una junta directiva y un gerente nombrados por el pleno de los asociados. Al final del ejercicio económico la EAT reparte sus utilidades en proporción a los aportes de cada asociado, utilidades exentas del pago de impuesto en un 50%” (Aricapa, 2006)10.

Otra modalidad de contratación que se implementó para vincular corteros de caña es la que se realiza bajo la figura del Contrato Sindical (CS)11. En el caso del Ingenio Mayagüez esta modalidad de no fue dominante, ya que no se extendió sobre la mayoría de los corteros. En ese ingenio existen dos sindicatos; Sintraicañazucol, afiliado a la CUT, y la filial de la CGT, que cuenta con un número de trabajadores mucho mayor que el primero12. El CS se realizaba 9.

La forma más antigua es la que se realiza mediante contratistas; otra es la que se hace por medio de Empresas de Servicios Temporales (EST). Durante ciertos periodos de manera irregular estallaban crisis entre los corteros y los contratistas sindicales, debido a molestias relativas al bajo valor de la retribución o el pago, la no afiliación a un sistema de seguridad social y la desestabilización de la jornada de trabajo.

10.

“La cadena de la inequidad. Las Cooperativas de Trabajo Asociado en el Sector Azucarero”. Una Investigación de la Escuela Nacional Sindical.

11.

Modalidad de contrato que actualmente fue suspendida en los ingenios.

12.

Sintraicañazucol es un sindicato fuertemente afectado por las políticas de la empresa. Según declaración de algunos corteros sindicalizados y que aun tienen contrato directo con la empresa, el sindicato de Mayagüez en su “época de oro”, en los años setenta, alcanzó a tener entre sus filas a 382 corteros de caña. Actualmente cuenta con 15 afiliados, hombres, antiguos migrantes de zonas

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exclusivamente entre los trabajadores afiliados al sindicato de la CGT. Hoy en día esta modalidad, así como la de las EAT, fue sustituida por las Cooperativas de Trabajo Asociado. Para los trabajadores entrevistados, tanto corteros como empacadores, esta forma de contratación es muy similar a la de las EST (empresas de servicio temporal), solo que bajo el régimen del cooperativismo13.

Claro que la transición de una forma de contratación a otra no ha sido unilateral ni homogénea; por ejemplo, los CS y las CTA emprendieron una competencia exacerbada que favorecía procesos de deterioro de la contratación de mano de obra en el sector azucarero. Según Delgado (2005), “la pugna entre el CS y las Cooperativas de Trabajo Asociado es esa: a ver quién paga menos fuerza de trabajo, para poder ganar más”. En estas condiciones el aumento y ampliación de la precarización laboral corre parejo con una mayor volatilidad en los empleos y con ello una sensible reducción de los costos laborales para las diferentes clases de empresarios que participan en el sector.

Se inician los cambios en la contratación El Ingenio Mayagüez emprende un proceso de reestructuración y de reducción de personal desde el año 1996, pero sobre todo de disminución de la nómina bajo contratación directa. La reestructuración de la empresa se refiere a toda una serie de procesos en los que se buscaba, en términos operacionales y de organización del trabajo, un aumento de la rentabilidad y la eficiencia de las actividades de la empresa. Esta reestructuración se apoya en gran medida en un proceso paulatino de tercerización, que permite reducir la rurales del departamento de Nariño, con edades en un rango de 50 a 54 años, casados y con hijos y en su totalidad mestizos.

13.

“Las CTA tienen prohibido constituirse para beneficiar sociedades o empresas comerciales, o sea, los beneficios de que gozan por ser del sector solidario (exención del impuesto de renta, pagos parafiscales, afiliación a cajas de compensación, entre otros beneficios) no pueden ser puestos a disposición de otras empresas. Además, deben organizar sus contribuciones económicas en el pago de la seguridad social, el trabajador no puede ser expulsado en la terminación de un contrato pues él es el dueño de la cooperativa junto con los otros miembros” (Circular Conjunta No. 067 de las CTA del Ingenio Mayagüez, mayo 2006).

148

carga prestacional y los costos laborales en el campo y la fábrica, pero en una primera etapa la reducción más importante se operó en las labores de campo.

La tercerización va de la mano con la introducción del corte mecanizado (máquinas cosechadoras). De acuerdo con la información suministrada por una de las funcionarias de contabilidad14, que desde hace quince años trabaja en el Ingenio con contrato directo, la reducción de personal15 impulsada por la empresa no estaba dirigida en un comienzo a todos los sectores de trabajadores y empleados de la empresa, se refería especialmente a los trabajadores del área de campo, fundamentalmente a los corteros de caña, la base de la cadena productiva, el oficio menos especializado, el trabajo del que depende la productividad de la hacienda azucarera.

De acuerdo con las declaraciones de varios empleados y trabajadores, el “gancho” utilizado para reducir el personal contratado directamente por la empresa consistió en la oferta de una bonificación en efectivo, sumada al pago de la liquidación, para quienes se acogieran al retiro voluntario. De manera negativa, algunos trabajadores comentan que en el proceso de negociación del retiro voluntario de la empresa, y en vista de que no se acogían al retiro voluntario con bonificación –y de que por lo tanto los costos del retiro se incrementaban para el empleador–, a varios de ellos se les propuso un cambio de nómina, hacia la de empleados, en un cargo que se denominaba “oficios varios” y que para el trabajador significaba el abandono de la función especializada que cumplía, para operar como una especie de “comodín errante” en funciones consideradas de bajo estatus, además de la pérdida de todos los beneficios que entrañaba pertenecer a la nómina de trabajadores de planta (ingresos más altos que el salario básico ofrecido por la entidad, ante la imposibilidad de incluir horas extras), en una empresa de la talla de Mayagüez. La percepción de algunos trabajadores sobre este proceso pone en evidencia un malestar relativo 14.

Amelia Betancourt, mujer blanca, 46 años, casada dos hijos, contadora pública graduada de la Universidad Libre.

15.

Según ella, para el año de 1996 el ingenio contaba con 3.500 trabajadores vinculados directamente a la empresa. Actualmente los cálculos que ella realiza arrojan 1.100 trabajadores vinculados con la empresa.

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 149

a la “degradación” que entraña para no pocos de los obreros. Los corteros, al igual que los obreros especializados (como los mecánicos de primera, segunda y tercera categorías), sienten que disminuye su estatus laboral al abandonar su función específica (que además es un elemento que construye identidad) para dedicarse a una vida laboral que para ellos es “parasitaria”.

A continuación reproducimos el dialogo con un cortero al respecto: “Si, eso fue: la empresa llamó por grupos a los corteros a decirles: ‘vea nosotros tenemos este negocio con ustedes... Les vamos a cambiar de trabajo los vamos a sacar del corte de caña y los vamos a mandar a oficios varios’.

En Mayagüez le llaman ministra. Entonces, eso que pasaba a nosotros nos desmejoraba el salario que teníamos, porque en el corte de caña se trabaja por promedios, mientras que ya íbamos a ganar el básico de la empresa.

Entonces nos desmejoraba mucho eso, sobre todo lo que era la cesantía.

–¿Perdieron eso?– Sí, se perdía eso, por lo menos había gente que tenía quince, veinte millones de cesantías, y entonces, a la vuelta de uno o dos años esa plata se podía perder, porque el promedio que tenía era muy alto y el básico que pagaba la empresa no era ni la mitad. Entonces por eso, ¿qué puede hacer la gente?”16

Un obrero calificado, con trayectoria de mecánico en la empresa, que llegó a ocupar el cargo de supervisor de la serviteca, cuenta cómo fue el proceso mediante el cual la empresa prescindió de sus servicios durante el proceso de reestructuración impregnado, de prácticas de flexibilización que asignan al trabajador un papel polivalente: “El objetivo del gerente de fábrica era que quedaran dos supervisores en el taller y todo el trabajo del taller agrícola se dividía entre ellos dos, 16 .

Gerardo Valencia, hombre trigueño, 47 años, casado tres hijos, bachiller del año 2002. La empresa (Ingenio Mayagüez) ofrece a los corteros de caña la posibilidad de graduarse de bachilleres.

150

incluyendo la serviteca. Entonces a uno de ellos se le dio todo lo de la parte de la serviteca; el otro quedo con otra parte del taller agrícola. Éramos cuatro, quedaron dos”17.

Tanto el obrero especializado como los otros tres supervisores trabajaban en el ingenio como mecánicos y electricistas calificados, con una trayectoria laboral medianamente larga y unos conocimientos cada vez más especializados. La empresa reconoce su labor como importante, y basados en ello lograron un cambio de trabajo que incluía una mejora salarial y de estatus, cuando el Ingenio los designó supervisores del taller agrícola.

El trabajador cuenta su desvinculación del puesto de trabajo: “Entonces, que la empresa había decidido que por mi buena labor y hoja de vida y todas esas cuestiones, pues, prescindía de mis servicios en la serviteca pero que, a raíz de mi buena labor, me daban la oportunidad de ir a manejar una tractomula. Entonces a mí me ofrecieron una capacitación para ir a manejar tractomula. Entonces yo de inmediato dije que no estaba interesado, y que además yo tenía muchos conocimientos y mucha capacidad de irme a trabajar a otra empresa en algo que yo quisiera hacer. Entonces yo no acepté, le dije al jefe que no. El jefe me dijo que yo podía irme a la empresa y entraba y marcaba la salida y me pagaban las ocho horas. Yo le dije que no, que realmente yo no era ese tipo de personas, que si ya la empresa no me necesitaba en un sitio, yo prefería irme que quedarme por ahí voltiando, pues, porque me parecía muy denigrante”18.

17.

Ernesto García, hombre trigueño, 44 años, separado, vive con una compañera, dos hijos, bachiller, adelantó tres semestres de ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma de Occidente (Cali).

18.

ibíd.

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 151

La llegada de las Cooperativas de Trabajo Asociado El año 2002 es la fecha en la que varios corteros coinciden para determinar el momento en el que la empresa “negocia” con ellos su desvinculación y ofrece capacitación para la organización de cooperativas19. He aquí un testimonio: “…le dice el hombre: ‘vea, les vamos a cambiar de trabajo o les tenemos esto, podemos negociar. Le vamos a dar esta cantidad de plata por el tiempo que usted ha laborado aquí, y además les damos la oportunidad para que ustedes se organicen como cooperativas’. Entonces, ¿cómo hicieron? Los de Florida los ubicaron en un grupo, Pradera en otro grupo y Candelaria en un tercer grupo. Desde esa fecha arrancaron cinco cooperativas, que fue la cooperativa en la cual trabajo, que se llama Porvenir, otra cooperativa de aquí de Candelaria que se llama Cooperativa de Candelaria; otra que se llama Las Palmas, que es de Palmira; Pioneros, que es de Florida y Compradera, que es de Pradera. La mayoría ex-trabajadores de la empresa”.

El entrevistado añade: “Cuando nosotros iniciamos, eran 58 trabajadores. Luego la empresa nos dio la oportunidad de que nosotros andáramos con dos buses; entonces eso era mucho el transporte nos salía caro. Entonces la empresa nos dio la oportunidad de que vinculáramos más, o sea, nos dijo: ‘bueno, quedan las cooperativas de 40, de 80 o de 120 personas para que, como más o menos el promedio es de 40 personas en un bus’. Era para facilitarnos lo del transporte”.

La contratación de corteros por cooperativas fue el principal requisito exigido por la empresa después de negociar la desvinculación del personal de corte con contrato directo, como antes se describió; el proceso de “cooperativización” fue dirigido y organizado por el ingenio. De esta manera, las cooperativas que 19.

En su mayoría, los ingenios de la región han asumido los costos de la formación de los corteros en cooperativismo, al igual que de los trabajadores de fábrica (empacadores).

152

se constituyeron estaban supeditadas a los requerimientos de la empresa en relación con la demanda de trabajo según número de jornadas para atender cortes o labores de empaque, los turnos y la movilización hacia el trabajo.

Para la administración de 17 cooperativas de trabajo asociado, vinculadas con la producción de azúcar (corteros y empacadores de azúcar), se contrataron tres empleadas (una secretaria y dos contadoras), que la empresa “recomendó” a las cooperativas de corteros, pero que son pagas del sueldo del trabajador.

Ellas eran parte de una EAT y actualmente se han constituido como una precooperativa. En una oficina de Candelaria se llevan a cabo todos los procesos administrativos y contables de las 17 entidades: “Nosotros tenemos una contadora y ella nos hace el trabajo. –¿Trabaja sólo para ustedes? –No, ella trabaja cinco cooperativas de corte de caña, tiene dos cooperativas de la requisa, después del alce de la caña, tiene una de esa azúcar Doña Pura, tiene otra del taller, me parece… –¿Ella es contratada por Mayagüez? –No, ella es contratada por nosotros, obviamente con el aval de Mayagüez. –¿Quién le paga a ella? –A ella le pagamos nosotros, nosotros tenemos un contrato con ella.”

La carga de gastos administrativos y de funcionamiento de las cooperativas es una de las responsabilidades que le toca asumir al colectivo de asociados.

Esta situación provoca malestar, sobre todo entre los corteros que tienen una trayectoria laboral larga y trabajaban directamente con el ingenio. Este desplazamiento de los gastos administrativos hacia lo mismos corteros es una expresión del impacto que ha tenido el cambio de las formas de contratación en cuanto a las responsabilidades de contratante y contratado en el régimen solidario, utilizadas como figura de tercerización laboral. Tal impacto deprime los ingresos de los corteros, quienes sufren una reducción de su sueldo por concepto de “gastos administrativos”20. Mientras tanto, el Ingenio Mayagüez disminuye costos de contratación directa de mano de obra.

20 .

De acuerdo con una de las contadoras, este es el trámite que realizan: “Nosotros lo que hacemos es facturarle a Mayagüez el servicio. Mayagüez, igual, tiene todo sistematizado; si

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 153

La relación de las cooperativas de trabajo asociado con el Ingenio Mayagüez, sobre todo después del paro de corteros21, cuando se hace necesario para la empresa darle solidez al marco jurídico y administrativo legal de las cooperativas, está atravesada por un proceso de intervención de la administración de las mismas. A continuación reproducimos las declaraciones de una de administradora de las cooperativas: “Hay muchas cosas en las que nos colabora Mayagüez, porque es una empresa que ya lleva trayectoria. Intervienen mucho en la parte administrativa, en cuanto a ver si se rigen o no se rigen las cosas. Ellos, por ser entidad, vienen y dicen que ellos saben más que los asociados, y vienen y nos revisan a nosotras la parte administrativa, todo, para ver cómo lo estamos manejando. Entonces ellos le dan es el visto bueno. En alguna reunión les dicen a los gerentes que están manejando esto así, que manejemos esto de una mejor forma, o ‘esto se está manejando bien, la plata se sabe dónde se está yendo’. Mayagüez sí mantiene muy encasillado en que, si entran treinta millones, cómo se van a distribuir los treinta millones; cómo nosotras les pagamos a ellos una parte [los corteros] el sueldo o compensación ordinaria, y otra parte, compensación semestral, que son las prestaciones legales; entonces hay un porcentaje que se queda. Entonces ellos buscan que ese otro porcentaje que se queda quede bien administrado y se sepa que es realmente para la cooperativa, y de pronto, nosotros como ente administrativo, o los mismos directivos de la empresa [se refiere a los gerentes de las cooperativas] no vayan a disfrazar el dinero para otros fines”. es de corte, por lo menos nos hacen un corte (...) lo hacemos de lunes a domingo ese corte semanal. Entonces le facturamos a Mayagüez. Lo del corte es sistematizado, de fábrica; eso hay formatos igual, se sacan los formaticos del sistema, En corte solamente hay tipos de caña; entonces nos dan el dato, nosotros facturamos; la factura es aprobada por el visto bueno de nosotras, del gerente. Y Mayagüez tiene también su procedimiento, son como tres firmas también. Por el día viernes se tiene el cheque a nombre de cada entidad, de cada cooperativa”.

Mas adelante agrega: “Ya cuando llega el dinero nosotras hacemos la distribución. Nosotras acá, internamente, sabemos para cada trabajador, cada asociado, qué tanto ha trabajado, entonces hacemos la distribución, y dejamos, pues, las retenciones que le obligan a la empresa cooperativa; al igual para cubrir gastos varios, de administración, de representación legal”.

21 .

154

En este ingenio el paro de corteros no duro más de tres días.

Durante la conformación de las CTA la dirección del ingenio abrió las posibilidades de negociación de salarios para los corteros que llevaban más tiempo vinculados a Mayagüez, organizados en lo que en Candelaria se denominan “cooperativas viejas”22. En dicha negociación se acordó una ventaja, que consistía en que la empresa pagaba a un precio más alto la tonelada de caña cortada por los asociados de las cinco cooperativas conformadas por antiguos trabajadores que tenían contrato directo con la empresa. El papel del Ingenio Mayagüez en el desarrollo de las condiciones socioeconómicas de vida del grupo de corteros más antiguos (sobre todo aquellos que tienen una trayectoria laboral en la empresa de más de 16 años y que estaban con contratación directa) ha sido trascendental para su trabajo y su vida23. Sin embargo, esta situación ya es una parte del pasado que difícilmente va a regresar.

22.

Este es el nombre con el que se distinguen las cinco cooperativas de corteros antiguos de la empresa, con edades superiores a los 50 años y provenientes en su mayoría del departamento de Nariño, la costa Pacífica y algunos municipios del norte del Cauca, y que salieron bajo la modalidad de retiro voluntario con bonificación o se acogieron a la pensión anticipada. La empresa los vinculó posteriormente por medio de CTA. Por otro lado, están los trabajadores recién incorporados al Ingenio Mayagüez, los cuales, antes de asociarse en cooperativas, estaban vinculados bajo el modelo de contratista particular. Los trabajadores “nuevos” son en su mayoría hombres en un rango de edad entre 20 y 35 años, nacidos en Candelaria o en alguno de los municipios cercanos (Cali, Palmira, Pradera). Este segundo grupo constituye las “cooperativas nuevas”.

23.

Habría que destacar esa incidencia en dos sentidos: el Ingenio Mayagüez como agente generador de ingresos, a través, por supuesto, de la oferta de trabajo, y como generador de “procesos de civilización”, fundamentalmente a través de la escuela para corteros y el colegio para los hijos de éstos y demás trabajadores de la empresa. La mayor parte de los hijos de los trabajadores antiguos (corteros de caña, operarios de maquinaria agrícola, transportadores de caña, mecánicos, obreros de fábrica en oficios especializados y no especializados) y del cuerpo de empleados y funcionarios medios, profesionales y técnicos del aparato burocrático (administradores, contadores, auxiliares contables, secretarias), han realizado la totalidad del proceso educativo, desde la primaria hasta el bachillerato, en el Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado. Se trata de una institución educativa fundada en el año 1952 como escuela para obreros, y que posteriormente, a raíz de que la empresa construyera las instalaciones físicas en predios de la misma, se transformaría en un colegio privado para los hijos de empleados y trabajadores del Ingenio Mayagüez, con el propósito de “formar hombres de bien para la sociedad”. Este tipo de programas es lo que sobrevive del antiguo modelo de empresa providencia en el caso del Ingenio Mayagüez, al igual que otras actividades que han marcado la historia del municipio de Candelaria.

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 155

Entre los años 2002 y 2005, la situación laboral de los corteros de las “cooperativas nuevas” despertaba mucho malestar, debido a la constante precarización de las condiciones de trabajo. Por un lado, percibían ingresos menores por concepto del precio asignado a la tonelada de caña; por otro lado, las CTA a las cuales estaban asociadas eran, en la práctica, manejadas por contratistas24. Respecto al funcionamiento de las cooperativas Aricapa señala: “La ley tiene sus esguinces y lo que hoy se observa es que muchas CTA, por no decir la mayoría, han devenido en intermediarias de otros agentes económicos, en simples suministradoras de mano de obra a terceros. Se han convertido en cooperativas de fachada” (Aricapa, 2006).

El crecimiento de las CTA en los municipios azucareros del Valle del Cauca y Cauca En el año 2002 apenas había 17 CTA registradas en actividades de corte de caña en los municipios de Palmira, Buga, Cali y Zarzal, y ninguna CTA en los municipios del norte del Cauca. Para el 2005 ya fueron 82 CTA conformadas por corteros de caña e inscritas en los siguientes municipios: Palmira, Candelaria, Florida, Pradera, Guacarí, Buga, Argelia, Zarzal, Cerrito, Tuluá, Bugalagrande, Roldadillo, Obando, Cali y Cartago en el Valle, y Miranda y Puerto Tejada en el Norte del Cauca. Estas 82 CTA25 cubren las demandas de corte de caña no mecanizado de todos los ingenios azucareros del valle geográfico del río Cauca26.

24.

Ignacio, un transportador de caña, ducho en el manejo de trenes cañeros, relata cómo funciona la cooperativa de la cual es asociado: –Pues en la función que yo hago, que es transportar la caña, pues, el dueño de todas esas máquinas necesitaba conductores y él fue el que empezó a buscar la gente. –¿Qué tiene que ver el dueño de las máquinas con la cooperativa? –Pues tiene que ver mucho, porque ellos son los que toman las determinaciones. Prácticamente uno no... legalmente él [se refiere al dueño de los trenes y mulas cañeras] no tiene nada que ver con la cooperativa, pero él dispone mucho de ella, da muchas órdenes y todo eso. El contratista al que se refiere el entrevistado posee unas quince o veinte máquinas cosechadoras, de acuerdo con declaraciones del conductor entrevistado. Tiene contratos con los ingenios del Cauca, Manuelita, Risaralda y La Cabaña, y además tiene otros contratos con distintos ingenios de la región.

156

Los anteriores datos dan cuenta de la importancia del crecimiento de las CTA en las labores de campo del sector azucarero. Al lado de las CTA de corteros se han desarrollado ya en casi todos los ingenios las CTA para empacadores y el personal de maquinaria agrícola y labores de mantenimiento de maquinaria agrícola e industrial, al igual que para otras actividades de servicios tratados como mercancía por los ingenios. Por ejemplo, en Cali están registradas dos grandes CTA, de 500 a 999 y de mil y más asociados, que prestan a los ingenios servicios diversificados para operación de maquinaria agrícola y mantenimiento.

Las CTA en un esquema clientelista.

La utilización de las CTA por el sector público Con base en las entrevistas hechas a algunos funcionarios y trabajadores del área de barrido y recolección de basura de calles de la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali, Emsirva, se muestran a continuación las diversas modalidades de contratación que han tenido los trabajadores a partir del año 1998, haciendo especial énfasis en la forma de contratación a través de cooperativas de trabajo asociado que tuvo vigencia hasta finales del año 2005.

Emsirva a través de agencias temporales de empleo Antes del ingreso de las cooperativas de trabajo asociado, en el año 1998, Emsirva operaba mediante el sistema de contratistas, pero se creó un problema jurídico porque se funcionaba con una nómina paralela. En ese año las personas que estaban bajo esta modalidad de contrato a término fijo se agruparon y elevaron una demanda a la empresa en la cual exigían que se les ofrecieran las mismas condiciones salariales y prestacionales de que gozaban los trabajadores 25.

Datos tomados del registro de Confecoop, según departamento y municipio, controlando por actividad económica, para los años 2002 y 2005.

26.

Es posible que existan otras cooperativas, que no aparecen en los registros disponibles.

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 157

de planta; eso significaba que se les aplicara la convención colectiva que rige para los trabajadores sindicalizados de la empresa. El fallo, proferido a favor de los trabajadores, exigió a la empresa vincular este personal a través de alguna modalidad laboral; Emsirva no los vinculó a su planta de trabajadores sino que les ofreció la posibilidad de agruparse para conformar cooperativas de trabajo asociado, garantizándoles la continuidad en la contratación de sus servicios. Sin embargo, para uno de los funcionarios de le empresa este fallo fue un error de acción de los trabajadores y significó un detrimento de sus condiciones laborales: “... eso acabó su estabilidad, porque había trabajadores que llevaban diez años y era un trabajo casi permanente, no era sino que les renovaban el contrato cada año, pero la empresa era supercumplida, les pagaba su nómina, sus prestaciones como a los demás, les pagaban un poquito menos, pero lo demás, todo lo tenían. Para mí eso fue un retroceso para ellos, (...) antes ganaban más”.

Actualmente Emsirva ESP, realiza las contrataciones del personal de aseo para las áreas de barrido, conducción y recolección básicamente a través de dos agencias temporales de empleo, Listos S.A. y Extra. Estas agencias suscriben con los trabajadores contratos a término fijo no mayor de un año, ya que si exceden este tiempo deben contratarlos como trabajadores fijos de la empresa.

Durante la vigencia del contrato garantizan al trabajador el pago de seguridad social, prestaciones de ley, dotación de herramientas para su trabajo –como bolsas, escobas, carro muñequero, etc.–, dotación de uniformes y elementos de seguridad, como el cinturón ergonómico reflectivo. El horario de trabajo es de ocho horas diarias, y las actividades extras de aseo realizadas los fines de semana o fuera de la jornada laboral se reflejan en un incremento de su salario mínimo mensual. Como lo señala una de las trabajadoras entrevistadas, “ahora nos pagan el sueldo cada treinta puntual y la prima también nos la pagan, todos estamos contentos porque por lo menos hay un poquito de estabilidad y el contrato es por un año”.

158

En esta modalidad de contratación fija a través de agencias de empleo, actualmente se encuentran laborando 650 trabajadores del área de servicios. En la de barrido se encuentran generalmente mujeres cabeza de hogar con un promedio de edad entre 18 y 40 años. Sin embargo, la empresa aún mantiene un lote aproximado de 550 trabajadores, entre empleados públicos y trabajadores oficiales, con una vinculación directa con contrato a término indefinido.

En Emsirva el formato de contratación con agencias de empleo temporal comenzó a operar a partir del 31 de octubre de 2005, cuando asumió la alcaldía Apolinar Salcedo. La nueva administración trajo consigo un nuevo gerente y por tanto una nueva forma de administrar, que determinó que el balance económico de Emsirva, que estaba contratando personal de servicios a través de las cooperativas de trabajo asociado, no resultaba rentable. Además, decía un funcionario de Emsirva que estos hechos “fueron sustentados de igual modo por la Superintendencia y entes de control, como la Contraloría”. La acción inmediata fue reducir el personal de las áreas de barrido, conducción y recolección que estaban contratados por cooperativas de trabajo asociado, y allí se pasó de 812 a 700 trabajadores: 112 personas fueron despedidas. Ese fue el evento definitivo que determinó el desplome de la figura de las cooperativas de trabajo asociado y la introducción de la modalidad de agencias temporales.

Tanto para funcionarios como trabajadores de Emsirva ESP, el colapso de las cooperativas de trabajo asociado tiene varios precedentes que han de ser tenidos en cuenta, entre ellos el incremento desmedido del número de cooperativas en un corto espacio de tiempo y las irregularidades administrativas que presentaron las cooperativas en áreas de pagos de seguridad social, de salarios, etc., pero una de las principales razones que acompañó el fin de las cooperativas se relaciona con las intermediaciones políticas, que condujeron a la empresa a sostener un número superior de personal para las áreas de servicio con el único fin de cumplir un requerimiento de orden político.

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 159

La llegada de las CTA a Emsirva En el año 1999 los trabajadores que prestaban servicios temporales a la entidad se agruparon y conformaron cooperativas de trabajo asociadas cuyo propósito era el de ofrecer servicios en las áreas de barrido, conducción de vehículos y recolección de basuras. En ese momento inician alrededor de 32 cooperativas, cuyas operaciones y número de asociados permanecen constantes hasta el año 2000, pero cuando empieza la administración del alcalde John Maro Rodríguez el número de cooperativas se incrementa y llegan hasta 74, más del doble de las del año anterior, con un total de 812 asociados que trabajan en barrido, recolección y conducción.

De acuerdo con lo señalado por un empleado de Emsirva, la figura de la cooperativa de trabajo asociado podría ser la mejor opción de costos que puede tener la empresa, ya que no pueden regresar al modelo implementado hasta el año 1998 bajo una nómina paralela. El inconveniente es la tergiversación de la naturaleza jurídica de las cooperativas, que en la mayoría de los casos, según señala el empleado, la CTA “pasó a ser una empresa con trabajadores y no con socios, como debe ser. Entonces había un jefe que se cogía la plata para él y a ellos [los asociados] le pagaban un mínimo y los dejaban desprotegidos en salud y seguridad social, y muchas veces ni les pagaban”. En este sentido, lo que

nuestro entrevistado quiere reiterar es que contratar a través de cooperativas podría ser benéfico tanto para la empresa como para los trabajadores; para la empresa, porque disminuirían los costos de administración que se pagan a las agencias temporales, ya que Emsirva manejaría directamente la nómina para los pagos a los asociados, y para los trabajadores, porque el dinero que Emsirva paga a las agencias de empleo formaría parte de la nómina que devengarían y podrían repartir entre los asociados de la cooperativa. El empleado continúa: “… lo ideal sería que la empresa pudiera regresar a las empresas asociativas de trabajo, que esos 650 trabajadores se agruparan y que lo que nosotros les pagáramos realmente se lo repartieran entre ellos, entre los 30 o 40, tal como lo describe la ley. Eso sería mejor para los trabajadores porque ese 16% que 160

tenemos que pagar en el año se lo podríamos estar pagando directamente a ellos y no ganándoselo una empresa temporal”.

En referencia a la disminución de costos que podría tener Emsirva si contratara de nuevo a través de cooperativas de trabajo asociado, la información que se tiene al respecto es que actualmente la empresa debe pagar mensualmente a las agencias de empleo un valor de 650 millones de pesos, mientras que con la figura de las cooperativas, hasta final del año 2005, pagaba como máximo 540 millones. La diferencia surge porque, como lo señala un funcionario de la entidad “ahora ellos [los trabajadores] tienen derecho a que les paguen prestaciones sociales, tienen derecho a absolutamente todo lo que va por ley, antes tenía como un básico o salario integral y, a la empresa no le tocaba pagar absolutamente nada”.

Otra modalidad que acompañó a la operación de las cooperativas de trabajo asociado y provocó en buena parte una distorsión en las condiciones laborales de los asociados fueron las entidades mutuales. Estas son autorizadas por el Ministerio de la Protección Social para todas las afiliaciones de particulares u otro tipo de empresas a salud, pensión y riesgos profesionales (ARP), teniendo en cuenta que para disponer de una ARP la persona debe encontrarse vinculada a algún tipo de entidad. Al hacer uso de estas entidades, de una u otra manera, tanto el representante legal de una cooperativa como la empresa se libran de tener un vínculo laboral directo con el trabajador. En el caso específico de Emsirva, algunas cooperativas hicieron uso de mutuales que no tenían ninguna reglamentación que las acreditara para realizar los pagos de seguridad social; por tanto, los asociados se quedaban sin ninguna protección social en salud, pensión o ARP durante largos periodos, sin siquiera enterarse de su situación, lo que en algún momento llevó a que algunos de ellos iniciaran procesos judiciales contra la empresa. Según una funcionaria de Emsirva, “… solo un 10% de las cooperativas hacían el pago directamente, las otras pagaban a través de mutuales o asociaciones sin ninguna reglamentación al La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 161

respecto y esto se convirtió en un problema cuando no se realizaban según las disposiciones legales la totalidad de los pagos por seguridad social (...) eso fue una bola de nieve, donde hubo más y más problemas y empezamos a tener problemas como empresa contratante, porque de una u otra forma aquí llegaron varios requerimientos del Ministerio de Trabajo”.

En cuanto al salario, los asociados percibían por su trabajo un monto aproximado de $800.000. Con este salario, que se denomina integral, el asociado debía proveerse de herramientas de trabajo y dotación de uniformes y pagar la seguridad social en muchos casos, además de que algunas cooperativas implementaban programas de ahorro mensual que eran entregados cada seis meses, o de acuerdo con el tiempo que fuera considerado en las reuniones de socios, a manera de prestaciones sociales. Una de las antiguas asociadas de una cooperativa y actual trabajadora de la empresa dice: “Por ley había que cancelar esa plata. La empresa lo exigía, porque si un trabajador no tenía seguridad social no se le dejaba trabajar. Si de pronto en el tiempo que había que pagar no se cancelaba lo que hay que pagar de servicio social, no lo dejaban trabajar a uno, tenía que hacer sus vueltas como fuera y pagar porque no lo dejaban trabajar”.

Frente a los pagos de dinero mensual, era posible que algunos representantes de las cooperativas determinaran que a un asociado que iniciaba labores en la empresa no se le pagara su bonificación durante el primer mes sino que a los dos meses de encontrarse trabajando se le entregara su primer monto de dinero.

Para ello no había ningún tipo de justificación. Como lo dice una entrevistada, “… a veces se demoraban en pagar dos meses y todo eso, y decían que había que hacer descuentos, que esto, que lo otro. Cuando se entraba por primera vez a una cooperativa era posible esperar dos meses para recibir su primer sueldo. Uno, por necesidad, aceptaba eso. La empresa pagaba pero quienes manejaban la cooperativa pagaban cuando querían. Había muchas cosas allí con lo que no estábamos de acuerdo”.

162

Pese a estos hechos, en opinión de algunos trabajadores de la empresa en el momento inicial la modalidad de las cooperativas fue una experiencia exitosa.

Las cooperativas se conformaban entre personas que eran cercanas, vecinas o conocidas bajo alguna referencia, ya fuera de orden familiar, de trabajo, amistad, etc., y, como lo señala una actual trabajadora del área de barrido de las calles que formó parte de varias cooperativas, “… teníamos un representante, la secretaria, un tesorero; eran tres de la directiva, hacíamos reuniones, se daban ahorros, el representante nos ahorraba, comprábamos una cosa, comprábamos la otra, lo que pudiéramos a nuestras necesidades, cada seis meses se recogía uno su platica”.

Llegó el clientelismo...

Pero estas condiciones al parecer se modificaron cuando cambiaron las oportunidades de cercanía de los otros asociados, cuando ya no hubo concertación frente a las actividades que organizaban y daban sentido a la figura de la cooperativa. Un trabajador señala que “entraron más gentes a cada cooperativa, y si eran otros representantes, pues, ya venían con otras ideas: que ya iban a pagar el mínimo, que ya se va a formar es una fundación, que la fundación no va a trabajar lo mismo que la cooperativa. Son otros manejos. Salían descuentos que no se sabía para dónde ni de dónde eran; había gente que se le llevaban la plata y el representante no volvía”.

Las situaciones señaladas tuvieron gran cambio y repercusión en la continuidad de las cooperativas, pero uno de los motivos que muchos mencionan como determinante del deceso de las cooperativas consistió en que todos los asociados a ellas debían ser cuota política de determinado concejal. Una trabajadora nos cuenta su experiencia:

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 163

“Los concejales lo llevaban a la empresa y, claro, uno era un líder político, uno les colaboraba a ellos y ellos de paso le colaboraban con su trabajo a uno (...) todos los que trabajamos teníamos que tener padrinos políticos”.

En opinión de un trabajador contratado a término indefinido por la empresa desde el año 1990, la obtención de un puesto de trabajo en Emsirva siempre ha tenido un sesgo político. En su caso, el paso del contrato de término fijo a indefinido se realizó a través de una intermediación política: “En ese tiempo yo tenía veintipico de años y me presentaron un político allá donde yo vivía (...) En ese momento yo era presidente del comité de deportes (...) yo siempre fui líder. Debido a eso yo conocí al político. Yo no conocía nada de política, a mi me decían ‘vaya vote’ y a mí ni me gustaba (…) Debido a eso yo me vinculé con ese señor y me hizo nombrar en propiedad (...) porque yo, siendo el presidente de deportes, siempre le conseguía unos amigos para que votaran”.

Para los entrevistados, la intermediación partidista fue el principal motivo que llevó a la desaparición de las cooperativas como figura jurídica óptima para prestar el tipo de servicios que encarnan. En el caso de Emsirva, por ejemplo, los concejales eran quienes dirigían esas cooperativas, a quienes se les daban los contratos para que ellos las crearan con las personas que conformaran su grupo político; eran quienes determinaban quién sería el representante de la cooperativa y la persona que se encargaría de cobrar el cheque que emitía la empresa por los servicios prestados por la cooperativa. De modo que el representante de la cooperativa era una cuota política del concejal y, según opinión de una funcionaria de Emsirva, “era muy complicado lidiar con estas cooperativas y poder intervenir en la forma como se organizaban, porque cuando se intentaba sacar o intervenir una cooperativa lo que se trataba era de una afrenta al político o concejal encargado de esa cooperativa. No había manera de ejercer ningún control”.

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Es así como la conclusión generalizada de trabajadores y funcionarios de la empresa es que la razón de la crisis, tanto de las cooperativas como de la actual situación financiera de la empresa, estriba en que las dos se convirtieron en bolsas de empleo político; no se había hecho un análisis que determinara el número de personas que se requerían para prestar el servicio sino que simplemente se tenía un número indeterminado de personas en la medida en que presupuestalmente se pudieran sostener, porque eran la cuota política.

Finalmente, la empresa se encuentra hoy prestando el servicio de barrido y recolección de basuras mediante una nueva implementación logística que ha denominado “por franjas”, modalidad que consiste en que todo el equipo de la empresa, tanto el “alquilado” como el “propio”, es decir, tanto el personal contratado directamente por la empresa como el contratado por vía de las agencias temporales de empleo, va a cubrir determinado sector con el resultado de tener mayor efectividad en el trabajo. Este plan se elaboró a partir de un rediseño de las rutas, tanto de recolección como de barrido, así como de una medición del kilometraje que realizaba cada operario. La conclusión es la de que, en promedio, un trabajador tiene como meta 4,5 kilómetros diarios, lo que permite, según reportes de la empresa, “tener una mejor organización del trabajo y optimizar mucho más la fuerza de la mano de obra”.

Sector floricultor de la Sabana de Bogotá Actualmente están iniciando su desarrollo las Cooperativas de Trabajo Asociado del sector floricultor de Facatativa. La región está principalmente controlada por la multinacional Dol Fresh Flowers, que en los últimos dos años ha adquirido las haciendas de cultivadores de flores nacionales (Splendor Flowers y La Fragancia, por ejemplo)27.

27.

En esta zona de la Sabana de Bogotá opera Untraflores. Se trata de una asociación de sindicatos de empresa del sector floricultor pertenecientes a Dol International. Entre estos sindicatos operan Sintrasplendor, Sintrabenilda, Sintracóndor, Sintrapacna y Sintrafragancia.

La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 165

Aunque existen algunas CTA, esta forma de contratación aun no se ha hecho extensiva en la región, contrario a lo que sucede en el norte del departamento de Cundinamarca (Chía, especialmente), donde empresas como Flores de la Hacienda han estimulado y en algunos casos desarrollado las CTA. En las entrevistas hechas por nosotros la CTA más mencionada es Asistencia Laboral, encargada de proveer trabajadores para las faenas de la floricultura.

Uno de los entrevistados afirmó que entre la empresa y esta CTA existe una complicidad, en virtud de que el actual director fue gerente de la empresa. Así mismo, comentó su experiencia personal cuando su afiliación al POS, tramitada por la CTA, como se acostumbra, resultó no existir. Los entrevistados insisten constantemente en el negocio que existe entre las CTA y las empresas; en varias oportunidades comentaron que el afán de quedarse con los aportes de los trabajadores, se ha puesto en evidencia cuando ha sido necesario recurrir con urgencia a las entidades prestadoras de salud.

Las CTA que operan en Facatativa se especializan en proveer obreros especializados únicamente en siembra, cuidado, fumigación y cosecha de flores.

Las CTA no prestan servicios diferentes en otros sectores de la producción. Los empleados, a quines en el proceso contractual se los considera socios, están en plena libertad de vincularse y desvincularse de la cooperativa cuando deseen.

En las entrevistas se comenta cómo la CTA Asistencia Laboral en el primer mes de funcionamiento, reportó para los obreros ingresos superiores a los 800.000 pesos (comúnmente el salario que percibe un obrero es el mínimo), pero al segundo mes el cheque de salario fue por solo de 180.000 pesos. La explicación de la CTA fue la de que en ese mes las ganancias habían caído drásticamente. Las tres personas entrevistadas fueron dos mujeres con nivel educativo de secundaria incompleta y un hombre que es bachiller. Las dos mujeres, ambas con hijos, y el hombre, suministraron las informaciones.

Sobre el salario de los trabajadores se retiene el 15%, correspondiente al POS, y 15,5% en materia de pensiones. La situación con respecto a este último es

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todavía más incierta pues, la CTA es la que se encarga de efectuar las deducciones y negociar tanto con las ARS como con los fondos de pensiones.

Generalmente, los contratos ofrecidos por la empresa floricultora a la CTA no superan los tres meses, y en el mejor de los casos alcanzan una duración de seis. Frecuentemente los obreros deben esperar cerca de dos meses para ser llamados nuevamente por la CTA. Los obreros trabajan ocho horas exactas, en una jornada que se inicia a las 6 de la mañana y finaliza a las 3 de la tarde. Los implementos de dotación (botas, tapabocas, guantes, etc.) son provistos por la CTA, y en las entrevistas se menciona que esta dotación se entrega una sola vez, cuando el trabajador se asocia a la cooperativa.

Las fincas pertenecientes a la multinacional Dol conservan aproximadamente un 20% de obreros contratados directamente. La diferencia de condiciones entre estos y los vinculados a través de CTA es un asunto resentido por estos últimos.

La sindicalización de obreros pertenecientes a las CTA es más difícil, debido a la inestabilidad de los trabajadores, la fugacidad de los contratos y la existencia de mecanismos de persecución impulsados desde las mismas CTA, según relatan los entrevistados.

Algunas reflexiones finales Como ha podido mostrarse las CTA, colombianas han tenido rápido crecimiento en el periodo 2000-2005. Ese crecimiento está relacionado principalmente con una estrategia las de grandes empresas en procura de tercerizar el enganche de la mano de obra, de los diferentes niveles de calificación.

Las estadísticas disponibles y las observaciones apoyadas en estudios de caso en tres sectores –azucarero, floricultor y una empresa de servicios públicos (recolección de basuras)–, revelan un fenómeno complejo y diversificado en La expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia 167

diferentes tipos de producción de bienes y servicios, mediante trabajadores calificados, semicalificados y no calificados. Es cierto que en este estudio nos hemos focalizado en sectores que emplean ante todo a trabajadores con bajos niveles de calificación. Se hace necesario hacer también un seguimiento a los más calificados, porque un importante sector de las CTA aglutina este tipo de asalariados. Un ejemplo interesante es el del sector salud. ¿Cómo está transcurriendo el proceso de tercerización con reducción significativa de costos? ¿En qué medida la red hospitalaria pública y la misma privada se soportan hoy en día mediante CTA? El fenómeno de las CTA, en la medida en que carezca de regulación e importantes controles, puede chocar con los intereses de otros países, interesados en evitar una competencia basada en bajos costos laborales. En este sentido, las notas escritas al comienzo del texto muestran que la presión demócrata en los EE.UU. va a ser muy insidiosa en el asunto de la aplicación de la normatividad laboral legal en la región. Esta puede ser la voz de alarma frente a la expansión “por fuera de controles” de las CTA colombianas.

En la medida en que las CTA han aparecido como una estrategia empresarial impulsadas por grandes unidades económicas (ingenios azucareros, explotaciones palmicultoras y floricultoras, organizaciones empresariales de salud, etc.), la aparición del conflicto con el movimiento sindical es un hecho. Los estudios de caso indican que las CTA afectan seriamente a las organizaciones sindicales y su capacidad de respuesta. Sin embargo, el asunto no puede entenderse únicamente como forma de reducción de los costos laborales. Ciertamente su expansión también se sustenta en mecanismos de control y disciplinamiento de la fuerza de trabajo, bajo el supuesto de que los trabajadores son ahora responsables de su propia empresa (la cooperativa).

Bibliografía Fuentes primarias Base de datos de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), (2000-2005).

Circular Conjunta No. 067 de las CTA del Ingenio Mayagüez, mayo 2006.

El Colombiano (2000-2006).

Entrevistas a trabajadores del Ingenio Mayagüez, Emsirva, Listos S.A., Extra, Dol Fresh Flowers y Asistencia Laboral28.

Fuentes secundarias Aricapa, Ricardo, 2006, “Las CTA en el sector azucarero”, en Documentos de las ENS, número 58, Ens, Medellín.

Delgado, Álvaro, 2005, “Hilando delgado”, en Actualidad Colombiana, número 426, Cinep, Ilsa, Planeta Paz, Redunipaz, Bogotá, 3 de abril-17 de abril, disponible en http://www.actualidadcolombiana.org/boletin.shtml?x=1151

28.

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Por petición de gran parte de los entrevistados, se ha omitido su identificación en el texto.

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POLÍTICA Y SOCIEDAD

Lenguajes políticos globales y desafíos de la gobernanza en Colombia* Por Claire Launay** e Ingrid Johanna Bolívar***

* Artículo recibido en diciembre de 2006 Artículo aprobado en febrero de 2007 ** Historiadora, investigadora del Cinep. *** Profesora asistente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes.

1989). Esta idea de “Estados fallidos” o a punto de fallar ha servido de justificación para la intervención externa en conflictos internos. Y ha tratado de aplicarse al caso colombiano en varios informes internacionales.

Introducción1 Desde finales de los años ochenta la referencia a la gobernanza ha ganado fuerza en distintos espacios políticos y ha sido utilizada por actores del más diverso tipo. Algunos autores se han ocupado de esclarecer el origen y la trayectoria conceptual de ese concepto y sus relaciones con otras categorías centrales en el análisis de la política moderna (Mayntz, 2001).

Mayntz, uno de esos autores, explica que la gobernanza “moderna” hace más énfasis en las regulaciones colectivas y horizontales entre distintas redes políticas y económicas, que en el papel jerárquico y productor de la vida social que antes le competía al Estado (Mayntz, 2001). De todas maneras, este uso del concepto de gobernanza, centrado en la descripción de las transformaciones de la política europea, fue luego potenciado y reorientado como concepto “explicativo” de las situaciones encontradas en otros países del mundo. En un informe del Banco Mundial relativo a la zona de África subsahariana se explicaba el fracaso del desarrollo político y económico de esa subregión por la “mala gobernanza” de los Estados africanos (Landell-Mills, Agarwala Ramgopal, Please Stanley, 1.

Agradecemos la lectura y los comentarios que Fernán González hizo de este texto y las discusiones que hemos sostenido con los distintos autores del proyecto “Gobernanza y civilidad en Colombia”.

El abigarrado conjunto de posiciones y definiciones de gobernanza puede ser organizado en torno a dos importantes posiciones (Launay, 2005, 92). De un lado, la gobernanza se presenta como un nuevo motor de la regulación política, social y económica que va del nivel local al nivel global y que puede ser vista como una herramienta de renovación del espacio político y de los fundamentos democráticos de las sociedades contemporáneas. De otro lado, la interpretación neoliberal de la gobernanza tiende a reducirla a la gestión “técnica” de los recursos públicos. Por esa vía, la discusión sobre la gobernanza abre la puerta a una cierta privatización del campo público y a una tecnocratización de la decisión política. En este punto, los analistas de la gobernanza suelen reconstruir y criticar las definiciones de gobernanza construidas por el Banco Mundial. En 1992 esa entidad afirmaba que la gobernanza “es una gestión imparcial y transparente de los asuntos públicos, a través de la creación de un sistema de reglas aceptadas como constitutivas de la autoridad legitima, con el objetivo de promover y valorizar valores deseados por los individuos y los grupos” (World Bank, 1992). Más adelante veremos los problemas históricos y políticos implícitos en esta definición de gobernanza y en su tendencia a despolitizar y naturalizar ciertas relaciones políticas.

Por ahora, solo necesitamos tener presente que en torno a la discusión de gobernanza hay importantes controversias políticas que en el caso colombiano pueden ser actualizadas y redefinidas.

El término gobernanza es de muy reciente aparición en Colombia. Analistas políticos y ciudadanos lo emplean para hablar de “gobernabilidad” o en términos más amplios de las transformaciones en la relación entre gobernantes y gobernados (Launay, 2005, 99).

En este contexto de confusión puntual entre gobernanza y gobernabilidad y de creciente consolidación del primer término como un lenguaje político global y ciertamente ambiguo, un equipo de nueve investigadores del Centro Lenguajes políticos globales y desafíos de la gobernanza en Colombia

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de Investigación y Educación Popular, Cinep2, entre quienes se cuentan politólogos, historiadores, antropólogos y sociólogos, quiso alimentar la discusión actual sobre los contenidos y las formas que asume la gobernanza en el mundo a partir del análisis de distintos procesos colombianos. De allí surgió el proyecto titulado “Gobernanza y civilidad en Colombia”, inscrito en un esfuerzo internacional por comprender la gobernanza en el mundo actual. Tal proyecto es liderado por el IRG3 (institución internacional de investigación y debate sobre la reforma de la gobernanza). El IRG es un espacio interuniversitario e intercultural que investiga y discute sobre la diversidad y las convergencias de los enfoques en materia de gobernanza. Surgió por iniciativa de la Fundación Franco-Suiza Charles Léopold Mayer, que en el transcurso de los diez últimos años ha adelantado una serie de reflexiones y formulado propuestas con respecto a la gestión de territorios, la reforma del Estado y la gobernanza mundial.

El proyecto del Cinep utiliza la metodología específica propuesta por el IRG: redacción de fichas de trabajo (textos de 6 a 10 páginas) sobre distintas temáticas relacionadas con la gobernanza y puesta en común de esos trabajos por medio de una base de datos internacional, administrada por el IRG4 y en la cual se pueden consultar fichas sobre la situación de la gobernanza en diferentes países del mundo. Desde nuestra perspectiva, el proyecto abre un espacio de trabajo y discusión muy novedoso. La preparación de textos cortos y la referencia común a ciertas temáticas compartidas permiten empezar a comparar y comprender las formas de gobernanza que existen en distintas partes del mundo5.

El presente artículo recoge los principales planteamientos del proyecto de gobernanza y civilidad, que aún está en marcha. Nos interesa mostrar el tipo 2.

Fernán González, Silvia Otero, Teófilo Vásquez, María Clara Torres, Daniel Ruiz, Stellio Rolland, y las autoras de este artículo, Claire Launay e Ingrid Bolívar.

3.

Institut de Recherche et de Débat sur la Gouvernance – Institute for Research and Debate on Governance 4.

Ver base de datos internacional del IRG en http://www.institut-gouvernance.org/ 5.

Los temas comunes fueron identificados a partir de las presentaciones de los invitados de los diferentes países a un seminario convocado por el IRG en noviembre de 2005. Asistieron analistas

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de tensiones y desafíos que la realidad colombiana plantea a la discusión global sobre gobernanza. Una vez hecho esto situamos el debate sobre gobernanza en el mapa más amplio, que reconoce la importancia política de ciertos lenguajes globales, y nos preguntamos si gobernanza constituye otra categoría de “análisis político”.

Ambigüedades y desafíos de la gobernanza en Colombia Las primeras conclusiones del proyecto insisten en las tensiones que surgen del intento de aplicar la noción de gobernanza/gobernabilidad en el contexto específico colombiano. En efecto, la lectura del conjunto de las fichas revela la coexistencia de dos tendencias que pueden entrar en pugna. De un lado, se reconoce el interés, por parte de algunos actores políticos, de poner en marcha principios de “buena gobernanza”. En efecto, existen en el país varias iniciativas interesadas en promover una mayor transparencia de los asuntos públicos, una más efectiva descentralización, el reconocimiento de los grupos étnicos de distintos territorios y el fortalecimiento de los mecanismos de participación y control ciudadanos, etc. Sin embargo, de otro lado, las fichas señalan que la realidad colombiana se caracteriza también por la disputa política en torno a quienes ejercen la regulación de distintas prácticas sociales y a los criterios con los cuales la ejercen. En muchas zonas del país la regulación es asumida por poderes regionales, redes clientelistas y actores armados. Este tipo de situaciones hace que los remedios propuestos para “mejorar la gobernanza” no apliquen o entren en pugna con otras formas de operar en la vida política.

Queremos aquí enunciar, con base en el análisis de las fichas, algunas de las ambigüedades, tensiones y desafíos implicados en la noción de gobernanza en Colombia. Hemos organizado la discusión en torno a cinco cuestiones: políticos de Colombia, India, Inglaterra, China, Senegal y Francia. Se identificaron seis ejes, de los cuales el proyecto de Colombia ha optado por trabajar: 1) definición y uso del concepto de gobernanza; 2) tipos de legitimidad implícitos en el concepto; 3) escalas de la gobernanza; y 4) actores de la gobernanza. Todos desde una perspectiva interesada en esclarecer el funcionamiento de estos asuntos en Colombia. No cómo deberían funcionar, sino cómo efectivamente funcionan.

Lenguajes políticos globales y desafíos de la gobernanza en Colombia

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1) uso e interpretación del concepto entre actores colombianos; 2) interés por la aplicación de remedios técnicos de “buena gobernanza”; 3) desafíos a la gobernanza, dada la realidad de una “presencia diferenciada del Estado”; 4) las múltiples formas de legitimidad existentes en Colombia; y 5) gobernanza y participación ciudadana.

Al terminar este recorrido y más allá del debate entre la noción idealizada de gobernanza y la forma que ella se asume realmente en el caso colombiano, planteamos un conjunto de discusiones que nos permiten situar la gobernanza en el marco más amplio de los lenguajes políticos globales. Desde allí vamos a sugerir algunas cuestiones que se deben tener en cuenta en el debate sobre los contenidos de la gobernanza en el país.

Usos e interpretaciones de la gobernanza En América Latina, y en Colombia en particular, ambos términos, gobernabilidad y gobernanza, se emplean muy ampliamente cada vez que se trata de analizar la acción y el modo de gobernar, así como la interacción entre gobernantes y gobernados. En efecto, entre sectores académicos, agencias estatales y hasta entre organizaciones sociales se hace cada vez más referencia a la gobernabilidad o la gobernanza para estudiar las instituciones estatales, la ciudadanía y la reforma del Estado. Sin embargo, en Colombia no hay un empleo estandarizado ni una definición común de la gobernanza. Los distintos sectores apelan a este concepto de acuerdo con sus propias apuestas políticas.

La emergencia internacional del concepto de gobernanza y su estrecha relación con las agencias internacionales han incidido en que podamos distinguir, por un lado, remedios técnicos que promueven un Estado eficiente, transparente y responsable frente a sus usuarios, y, por otro lado, remedios sociopolíticos que enfatizan la estructuración de una sociedad civil, vigilante y activa. La gobernanza abarca entonces una cantidad de presupuestos diferenciados según el tipo de actor que la pone en marcha (Launay, 2006a). Por ejemplo, el Estado colombiano, cuyas políticas de desarrollo están sometidas a las reglas impuestas 176

por el Banco Mundial, se ve obligado a crear normas puramente técnicas para mejorar la eficiencia de las instituciones políticas. En el Estado se hablará entonces de gobernabilidad en el sentido de unos remedios de transparencia, descentralización, reducción de la corrupción. Mientras tanto, las organizaciones sociales, fuertemente dependientes de la cooperación internacional, incluirán poco a poco en sus discursos y proyectos la noción más sociopolítica de gobernabilidad/gobernanza. Estas entidades recalcan la posibilidad de fortalecer la participación ciudadana y de satisfacer de mejor manera las necesidades de la población en materia de salud, educación etc.

El sentido con que se invoca la gobernanza varía según el actor, sus ideologías y sus intereses. Además, las herramientas que sugiere la gobernanza pueden ser, o muy restrictivas o muy amplias. En efecto, hablar de herramientas tangibles y medibles, como la gestión técnica de los recursos públicos, no es igual a hablar de herramientas más abstractas, como la renovación del espacio político o la articulación entre gobernantes y gobernados. Además, la gobernanza lleva a un cuestionamiento del funcionamiento institucional, político y social del país con el objetivo de mejorarlo, pero de acuerdo con criterios predeterminados que no siempre aplican o encuentran las condiciones materiales para ser llevados a cabo en la realidad colombiana, como se verá en las siguientes secciones.

Gobernanza y remedios técnicos En su definición más amplía, el concepto de gobernanza supone que una buena gobernabilidad se presenta cuando hay eficiencia de las instituciones gubernamentales. En este sentido, como lo plantean Fernán González y Silvia Otero, “la mejora de la gobernabilidad se lograría por medio de una modernización de las prácticas de gobierno democrático, la descentralización de una administración pública, la conversión de los Parlamentos en órganos más técnicos y menos políticos” (González y Otero, 2006a).

Lenguajes políticos globales y desafíos de la gobernanza en Colombia

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En ese sentido, a finales de la década de los años ochenta el Estado colombiano puso en marcha una serie de reformas político-administrativas con las cuales quería remediar los problemas históricos de ineficiencia, falta de presencia en el territorio nacional y falta de legitimidad política. Esas reformas, entre las que se destaca la descentralización de 1986, fueron luego fortalecidas con la redacción de una nueva Constitución Política en el año de 1991. Teófilo Vásquez y María Clara Torres han estudiado en detalle las repercusiones de esos supuestos criterios de buena gobernanza. A partir de su reflexión podemos identificar algunas lógicas, a veces contradictorias, que se derivan de esas medidas.

(Torres, 2006a). En efecto, en vez de mejorar la gobernabilidad local, acercar el Estado a las comunidades y pacificar la sociedad, como se esperaba, la descentralización favoreció el clientelismo, aumentó la violencia política local y dotó de nuevos recursos a los actores armados ilegales colombianos.

Torres explica que “la mayor autonomía política, fiscal y administrativa de los gobiernos locales habría tenido un impacto significativo en la dinámica del conflicto armado. El incremento en los presupuestos de las alcaldías y gobernaciones se habría constituido en una fuente adicional de financiación de guerrillas y paramilitares” (ibíd.).

La Constitución de 1991 opera como el marco histórico, el texto de referencia desde el cual se pregunta por la construcción de gobernanza en Colombia.

Sin embargo, afirma Vásquez, “semejante colección de derechos inscritos en la Constitución se convirtieron en un acto formal o letra muerta ante las medidas tomadas por el llamado modelo económico neoliberal que interviene en América Latina desde principios de los años 90” (Vasquez, 2006). Según él, la Constitución que consagra a Colombia como un Estado social de derecho se viene debilitando por efecto de procesos de privatización, desregulación económica y disminución de la prestación de servicios públicos. Las ambiciones de la Carta de mejorar las relaciones entre gobernantes y gobernados se ven afectadas por la extensión de los mecanismos de mercado impuestas por un nuevo orden internacional. Vásquez analiza el ejemplo relevante del derecho a la salud. Según el Estatuto de 1991, el Estado colombiano debe garantizar a todos los ciudadanos la seguridad social y la salud; sin embargo, la Ley 100 de 1993 reorganiza los actores del sector salud en un esquema competitivo de mercado. Tal reordenamiento provoca cierre masivo de hospitales públicos, mayor restricción de los servicios de salud a la población y baja calidad en el servicio.

La Constitución de 1991 y la descentralización constituían en principio remedios técnicos para mejorar la gobernabilidad colombiana. Sin embargo, ambos han tenido paradójicos efectos. Los supuestos remedios técnicos se enfrentan a lógicas internacionales de mercado, de un lado, y a la fortaleza de los poderes regionales y de actores armados, del otro.

A partir de 1986 se pone en marcha la reforma de la descentralización, medida considerada como necesaria para dotar de mayor eficiencia y legitimidad a la administración pública y que respondía supuestamente a los criterios internacionales de buena gobernanza. María Clara Torres nos demuestra, a partir del caso concreto del municipio fronterizo de San Miguel (Putumayo), que los resultados de la descentralización han sido bastante contradictorios 178

Gobernanza y presencia diferenciada del Estado En su acepción más general, el concepto de gobernanza hace referencia a la acción de gobernar y al modo de hacerlo. El término suele relacionarse, automáticamente, con el funcionamiento del Estado. Además, en la perspectiva internacional y normativa predominante, la gobernanza alude a una situación política en la cual el Estado dispondría del margen de maniobra necesario y de las condiciones adecuadas para garantizar los derechos de los ciudadanos y restringir los efectos “perversos” del mercado. Se supone entonces que el Estado tendría un incuestionado liderazgo en el ámbito político, detentaría el monopolio de la violencia legítima y podría operar como el único o por lo menos el máximo regulador de la vida social en todo el territorio.

Pero el Estado nunca ha tenido el control total del territorio del país y en algunas regiones disputa permanentemente con otras redes de poder la regulación de la vida social. De hecho, la relación entre las instituciones del Estado, la población y el territorio varía de una región a otra. En algunas, Lenguajes políticos globales y desafíos de la gobernanza en Colombia

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como la zona andina, parte de la costa caribe y fracciones del occidente, el Estado se ha consolidado y las instituciones funcionan relativamente bien (González y Otero, 2006b). En zonas menos integradas y marginadas –la costa caribe, la costa pacífica, los Llanos orientales– la regulación de la vida política y social ha reposado en los poderes regionales o los actores armados, o en ambos. Esta situación ha sido caracterizada con el término de “presencia diferenciada del Estado” (González, Bolívar y Vásquez, 2003).

En su ficha, González y Otero rechazan las categorías de “Estado fallido” o “crisis de gobernabilidad” para analizar la violencia política existente en Colombia o los problemas de la acción estatal. Ellos sostienen que tales situaciones pueden ser vistas “como parte de un proceso de integración de territorios y de sus pobladores al conjunto de la vida nacional”, y que por eso mismo no debería hablarse “de problemas de gobernabilidad o gobernanza sino de situaciones diferentes en momentos y sitios diversos”. Tendríamos, en efecto, como lo precisan Fernán Gonzalez y Silvia Otero, áreas que gozan de “buen” nivel de gobernabilidad y áreas donde existiría una “crisis” de gobernabilidad, de acuerdo con la lectura normativa. Ellos señalan que “es una visión abstracta del Estado que sirve de punto de referencia para los conceptos de gobernabilidad/gobernanza y que pasa por alto el hecho de que la concentración de poder en manos del Estado no se produce de manera natural ni automática” (González y Otero, 2006b). Por consiguiente, según estos autores, el concepto de gobernanza/gobernabilidad en su definición internacional no aplicaría en este tipo de contexto político porque no tomaría en cuenta los diferentes grados de centralización política e integración territorial y social con los que funciona el Estado en Colombia.

Siguiendo este razonamiento, la discusión sobre la gobernanza debe partir de la constatación de que existen diferentes tipos de regulación y que el Estado es un actor más en la disputa por la regulación social. Así, pues, al hablar de gobernabilidad, de la voluntad o los esfuerzos institucionales por “modernizar” o hacer más efectiva la acción estatal, no pueden pasarse por alto las lógicas locales y menos estatalizadas que rigen la vida política en amplios territorios del país. Un cuestionamiento similar se desprende de la discusión sobre fuentes de legitimidad, otro principio de la “buena gobernabilidad”.

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Gobernanza y formas de legitimidad En un régimen democrático suelen confundirse legalidad y legitimidad. La discusión sobre gobernanza sufre de esta misma confusión. Una gobernanza es legal cuando el ejercicio del poder respeta un conjunto de reglas y principios, que aunque pueden provenir de la tradición son ahora respaldados por leyes escritas o por jurisprudencia. La noción de legitimidad es mucho más abierta a la historia y a la variación local. En efecto, la legitimidad habla de aquello que inspira la obediencia a un actor político. La fuente de tal obediencia puede ser la percepción de seguridad, un tipo específico de sentimientos hacia el actor o acto político, la historia, entre otras cuestiones. La población considerará legítimo un poder si es ejercido de acuerdo con criterios que esa misma población respalda o si da los resultados que ella anhela. En cualquier caso, la legitimidad es una dimensión y una condición esenciales para la gobernanza. Como lo afirma Pierre Calame, “la gobernanza necesita una adhesión profunda de la población y de la sociedad entera a la manera con la cual el país está dirigido” (Calame, 2003, 154).

Ahora bien, el problema surge cuando se presentan conflictos entre las razones que tienen los diferentes grupos para otorgar legitimidad a ciertos actos de gobierno o sistemas de poder. En este punto es útil plantear algunas preguntas: si la legitimidad depende de la percepción de la población frente a un poder cualquiera o a la manera con la cual es dirigido el país, para utilizar palabras de Pierre Calame, entonces podrían coexistir múltiples formas de legitimidad política, sean o no institucionalizadas. Cuando hablamos de legitimidad institucionalizada podríamos también preguntarnos si para asegurar una buena gobernanza bastaría que el gobierno fuera elegido democráticamente mediante elecciones libres. ¿Cuáles serían las demás formas de legitimidad?

Finalmente, habría que preguntar si el tipo o la expresión de legitimidad predominante podría llevar a una forma distinta de concebir la gobernanza.

Las fichas elaboradas en el marco del proyecto del Cinep sobre gobernanza y civilidad aportan algunos elementos a esta discusión.

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Legitimidades institucionalizadas Teóricamente, la legitimidad de un gobierno se desprende, en gran parte, de la existencia, el desarrollo y los resultados de procesos electorales más o menos libres. Pero la práctica es algo distinta. En varios países, la realización periódica de elecciones no oculta un severo descrédito de la actividad política y un gran desfase entre las aspiraciones de la sociedad y las acciones de sus gobiernos. Colombia ha sido reconocida por su larga tradición democrática en cuanto hace relación a la organización de eventos electorales. No obstante, la presencia del conflicto armado, los fraudes electorales, las prácticas de compra de votos han mostrado que la realización de las elecciones forma parte de un juego político más amplio. A veces las elecciones pueden convertirse en un elemento de procedimiento y forma. Incluso, ante los ojos de buena parte de la población, las elecciones no representan una real expresión de la vida democrática. Un ejercicio ciudadano de observación electoral (MOE, 2006) llevado a cabo para las elecciones presidenciales de 2006 cuestionó la legitimidad de las elecciones en cuanto a su aspecto “procedimental” como tal. El ejercicio encontró distintas irregularidades: una abstención de 60%, la falta de aislamiento suficiente de los cubículos para garantizar el secreto del voto, la propaganda excesiva el día mismo de las elecciones, la suplantación de votantes, entre otros vicios (Launay, 2006b).

En cuanto a los resultados mismos de las elecciones de 2006, el ejercicio de observación constató que el presidente Álvaro Uribe Vélez fue reelegido por segunda vez con el 62,2% de los sufragios. Tal reelección suscitó interrogantes sobre las condiciones del éxito electoral y sobre el tipo de legitimidad que sostiene al actual mandatario. Fernán González explica que el éxito de Uribe se debe a una hábil combinación de distintos lenguajes y estilos políticos hecha por el Presidente; al respaldo de amplios sectores de la población y a una adecuación del estilo de gobernar a las complejidades de la vida política colombiana (González, 2006c). Uribe ha sabido aliarse con las clases políticas tradicionales y adaptarse a distintos contextos políticos, más tradicionales o más modernos, es decir, a la “presencia diferenciada del Estado”. González concluye que la legitimidad de Uribe depende más de su capacidad de 182

combinar distintas lógicas políticas que de un tipo de gobierno tecnocrático, impersonal, con un buen equilibrio de los poderes legislativos y ejecutivos, tal como lo conciben los defensores de criterios de “buena gobernabilidad”.

La gobernanza de Uribe goza de una legitimidad bien precisa y distinta de la clásica legitimidad que se desprende de lo legal o del orden institucional.

Después de haber analizado la legitimidad de lo electoral y de la reelección presidencial, resultó interesante trabajar otro tipo de legitimidad, también crecientemente institucionalizada aunque bastante nueva en Colombia: aquélla basada en la pertenencia étnica. La Constitución de 1991 reconoció a Colombia como país pluriétnico y la Ley 70 del año 1993 introdujo una nueva figura político-administrativa para la administración de territorios de las comunidades negras. En efecto, la ley creó los consejos comunitarios de las comunidades negras, cuyo reconocimiento legal reposa en criterios étnicoculturales. Los consejos han dotado a la población afrocolombiana de nuevas formas de participación y gestión política local. Ellos aparecen al mismo tiempo como una forma de regulación comunitaria y como una vía para dar legitimidad al orden institucional que la respalda. A través del estudio de la configuración y los procesos de acción política de esos consejos comunitarios, Daniel Ruiz desarrolló una reflexión interesante sobre los principios de legitimidad de esas organizaciones étnicoculturales en el Bajo Atrato (Ruiz, 2006). Según él, lo étnico y lo cultural “devienen un argumento político para las organizaciones sociales negras del Bajo Atrato (…) Al asumirse como miembros de una etnia o depositarios de una particular cultura, las comunidades negras hallan mayor legitimidad en la acción frente al estado para la defensa de sus derechos” (ibíd.).

La pertenencia étnica fundamentaría entonces la acción política de las comunidades negras, permitiría su reconocimiento como grupo social, y también la propiedad colectiva de un territorio. “La tríada tierra-culturahistoria sería el sustento de una comunidad negra y por sí su criterio principal de legitimidad” (ibíd.). Sin embargo, sobre este mismo caso, Stellio Rolland explica que el sistema de los consejos comunitarios no representó una real ruptura en el nivel de la gobernanza local con respecto al sistema de organización Lenguajes políticos globales y desafíos de la gobernanza en Colombia

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anterior de las juntas de acción comunal (Rolland, 2006). En efecto, Rolland muestra que la participación política ha permanecido reducida a una pequeña elite negra y que la población local poco se ha apropiado del discurso étnico.

Es una población que también participa en otros espacios de la política local y cuyas relaciones con el consejo comunitario no son del todo claras.

La identidad étnica y cultural se ha convertido en Colombia en una forma en la cual algunas comunidades buscan ganar legitimidad. De hecho, el ejercicio del poder local en el bajo Atrato no puede hoy pasar por alto esta nueva forma de representación. Además de las legitimidades institucionalizadas, es decir, de aquellas que tienen un respaldo legal o formal, conviene analizar otros tipos de legitimidades, que resultan de la fuerza de los poderes ilegales o de facto.

Legitimidad y acción armada El desarrollo del conflicto armado colombiano plantea a la discusión sobre gobernanza el desafío de recordar que existen varias formas de regulación política ejercida por actores armados. Tales actores, en tanto que redes de poder, interactúan con la población civil y en algunos casos alcanzan un cierto nivel de legitimidad. Este interés por comprender el tipo de legitimidad que puede rodear a la acción armada contrasta por supuesto con la manera habitual de concebir la legitimidad de la gobernanza como el resultado de procesos democráticos y legales. Las fichas ilustran estos problemas de la legitimidad de la acción armada, que reconstruyen las relaciones políticas concretas en un municipio del departamento de Santander: Landázuri.

María Clara Torres muestra que la presencia de las Farc en Landázuri exigió la creación de relaciones entre la población campesina y ese grupo armado.

La guerrilla, gracias a su habilidad, “capitalizó a su favor el sentimiento de exclusión y abandono frente a las instituciones estatales que experimentan los habitantes de este territorio aislado (…) Las Farc se erigieron igualmente en protectores y voceros de los intereses de los campesinos ante la administración municipal, ejerciendo en ocasiones presión sobre las alcaldías para la puesta 184

en marcha de obras públicas como la construcción de alcantarillados y de una trocha interveredal” (Torres, 2006b). Un fenómeno bastante similar se produjo con la irrupción de los paramilitares y la masificación del cultivo de la coca, que, según la autora, fueron uno de los medios más efectivos de obtener la simpatía y el respaldo de algunos campesinos. Jugando con el sentimiento de exclusión que soporta la población frente a las instituciones estatales y ofreciendo cierta “sensación de inclusión efectiva”, los actores armados ilegales obtuvieron el reconocimiento de la población como autoridad local.

Se trata aquí de la emergencia de una forma de legitimidad de la acción armada que riñe con las definiciones normativas de legitimidad y gobernanza (Bolívar, 2006). Según Ingrid Bolívar, gran parte de la literatura especializada sobre el conflicto armado colombiano muestra que los principales actores de la confrontación cuentan con grados variables de legitimidad, según el tipo de sociedad regional y el momento de inserción del grupo armado. Bolívar recalca que esta legitimación de la acción armada no proviene tanto de una ideología sino de la instalación de esos grupos en territorios cuya población campesina se está quejando de la exclusión política bipartista o de los problemas de integración a la sociedad nacional. Finalmente, Bolívar caracteriza este tipo de relaciones entre actores armados ilegales y sociedades regionales como una legitimación práctica. En efecto, la legitimidad se desprende de cuestiones prácticas, del encuentro entre necesidades de la sociedad regional y oferta del actor armado, así como de la utilidad de una acción para resolver problemas concretos de grupos sociales.

Este recorrido deja claro que en Colombia coexisten y se yuxtaponen múltiples formas de legitimidad política. En primer lugar describimos las “legitimidades institucionalizadas”, que se desprenden de la acción legal racional. Después exponemos “las legitimaciones prácticas”, que se desprenden de las condiciones concretas de interacción entre redes de poder armadas y poblaciones campesinas.

Ahora, si la legitimidad es una condición esencial de la gobernanza, ¿podríamos entonces hablar en Colombia de gobernanza de los actores armados? O, puesto de otra manera: si se quiere hablar de gobernanza/gobernabilidad en Colombia resulta útil distinguir las diversas legitimidades en competencia.

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Gobernanza y participación ciudadana La gobernanza analiza el modo de actuar de los gobernantes, sus prácticas de gobierno y su relación con los grupos de ciudadanos. De hecho, muchas organizaciones de la sociedad civil colombiana incluyen en su visión de la gobernanza los mecanismos de participación ciudadana y la consideran como una herramienta para mejorar la articulación entre Estado y sociedad. Por ejemplo, al hacer énfasis en la estructuración de una sociedad civil responsable, vigilante, activa y participativa, la organización social Foro Nacional por Colombia propone programas de capacitación que promuevan valores y prácticas democráticas para mejorar la convivencia entre los colombianos.

Igualmente, los Programas de Desarrollo y Paz que intervienen en varias regiones del país fomentan la apropiación de una institucionalidad pública y privada por parte de los ciudadanos y fortalecen el liderazgo político y social mediante el afianzamiento de capacidades de organización, gestión y articulación social y comunitaria. La formación de los ciudadanos para defender sus derechos, para organizarse y tener una participación activa y constructiva ha sido fundamental en el marco de la gobernanza y de la acción de la sociedad civil en Colombia. Por su lado, y por medio de la Constitución de 1991, el Estado colombiano ha puesto en marcha una serie de mecanismos de participación y control ciudadano. Aunque la participación despierta el interés de unos y otros, también ella tiene importantes límites.

En primer lugar, la participación ciudadana es un concepto muy urbano y desarrollado por intermediarios que, como las ONG, tienden a subestimar los complejos procesos de la decisión política. La participación ciudadana no es siempre un acto individual y posible sino que requiere un largo y difícil proceso de transformación de las relaciones políticas y de las condiciones materiales en que ellas tienen lugar. La ciudadanía, como lo recuerda Stellio Rolland, “supone también la atribución de una dignidad que hace posible la pertenencia real –y no solamente formal– a una comunidad política” (Rolland, 2006). En efecto, observamos que en Colombia la “participación

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ciudadana” es bandera de unos grupos intelectuales o políticos bien intencionados, pero buena parte de los ciudadanos como tales continúa inscrita en las lógicas de guerra y acción política partidista, que tienden a definir y limitar sus posibilidades de acción.

De hecho, la ciudadanía se enfrenta a relaciones políticas en las cuales se da participación a cambio de otra cosa. El punto en discusión aquí es el famoso y nunca bien comprendido clientelismo. En una de las fichas, González explica que la afiliación política en algunas zonas del país no suele ser tan impersonal, individual y desinteresada como supone la comprensión liberal de la ciudadanía. Por el contrario, “los sujetos se encuentran integrados en una serie de redes familiares y locales incluso más fuertes que las que los atan a la comunidad del Estado Nación” (González, Otero, 2006b). En esos casos las formas de relación entre gobernados y gobernantes tienen otra característica: son formas de lealtad y subordinación entre clientes y patrones. Ahí tiene lugar la compra de votos a cambio de ladrillos, almuerzos u otros productos, la asignación de cupos en el sistema de seguridad social y otros tipos de intercambios siempre desiguales.

Tendríamos entonces varios tipos de ciudadanía según el nivel y tipo de presencia del Estado en el territorio. En las zonas urbanas, la colaboración ciudadana podría funcionar mediante algunos mecanismos legales, mientras que en zonas manejadas por poderes locales y regionales tendría lugar a través de redes clientelistas. Una ciudadanía diferenciada es el correlato de la presencia diferenciada del Estado. En Colombia coexisten y conviven entonces distintas formas de relación entre el Estado y los ciudadanos: formas clientelistas y expresiones de participación más formalmente institucionalizadas. Tal situación sugiere dos conclusiones. En primer lugar, existe una tensión entre quienes quieren acabar con todo intento de corrupción y clientelismo para “modernizar” la política y quienes parten de las limitaciones prácticas de las relaciones políticas en el país y recurren en mayor o menor grado a prácticas clientelistas.

En segundo lugar, los diferentes tipos de participación ciudadana en Colombia y la mediación que sobre ella ejercen las redes del poder local desafían el énfasis de la gobernanza en las relaciones entre ciudadanos y Estado.

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El interés de usar el concepto de gobernanza en Colombia nos enfrenta a una serie de ambigüedades y tensiones. No hay una sola comprensión de la gobernanza, y los esfuerzos por poner en práctica reglas de “buena gobernanza” tienen efectos contradictorios sobre los grupos sociales. Criterios centrales en las definiciones de gobernanza tales como ciudadanía, Estado y legitimidad son redefinidos permanentemente por la constante lucha entre actores legales e ilegales en el escenario político colombiano.

La decisión sobre si conviene o no usar el concepto de gobernanza es, como se ha mostrado arriba, una decisión que corresponde a los actores sociales y políticos del país. El recorrido que hemos hecho hasta ahora nos deja ver que la gobernanza es un lenguaje político global de creciente y ambiguo uso, que debe ser reconocido e interrogado como tal. Al hablar de la gobernanza como un lenguaje global, queremos recalcar dos cuestiones: una, que se trata de un término útil porque permite comparar dinámicas políticas de distintas sociedades; dos, que en lenguaje global, el concepto de gobernanza se inscribe en una lógica de producción de conocimiento que tiende a homogeneizar las categorías con las cuales es pensada la vida política.

La gobernanza: ¿otra categoría de “análisis político”?

Los principales resultados del proyecto de gobernanza y civilidad, y con ellos la discusión sobre presencia diferenciada del Estado y los tipos de legitimidad y de ciudadanía en Colombia, recuerdan que gran parte de los hábitos de pensamiento sobre la política y la situación del país señalan una “falta de modernidad política”. De hecho, parte de las “descripciones” sobre gobernabilidad y gobernanza promovidas por las agencias internacionales, y de manera muy importante por el Banco Mundial, resaltan la debilidad de las instituciones políticas y del Estado, la sociedad civil y el espacio público.

De acuerdo con estas visiones, por lo demás bastante comunes entre diversos sectores sociales, la situación política de los diferentes países y, en nuestro caso, de Colombia, se explica por “problemas internos” –falta de integración territorial y social, falta de desarrollo de las fuerzas productivas, pervivencia 188

de viejas tradiciones, inexistencia de un mercado y una burguesía nacionales, por ejemplo– o por una mezcla entre estos “rasgos nacionales” y una inserción subordinada o trunca a la economía mundial6. Sin negar el momento de verdad que cabe a estas visiones, es importante recalcar que ellas parten del conocimiento de la “modernización” acumulado por las ciencias sociales y que tienden a idealizar y abstraer experiencias históricas concretas. De ahí que esas perspectivas suelan enfatizar en el desarrollo fallido del país, la incapacidad de las burguesías o de las clases dominantes para realizar las transformaciones sociales que en otras sociedades permitieron el surgimiento del Estado-nación, el mercado y las divisiones de clase7.

En verdad, los principales rasgos de la política colombiana no son “particulares” o “propios” de la sociedad nacional. Cada uno de ellos recoge y expresa transformaciones históricas de la política que varios autores han encontrado en otras sociedades y que coinciden precisamente con la formación de los Estados nacionales. La cuestión que queremos aclarar aquí es que cada uno de los desafíos al concepto de gobernanza planteados atrás tiene que ser enmarcado y comprendido en un panorama más amplio, que recuerde que la política se transforma históricamente y que las sociedades que se caracterizan por una regulación política estatal y democrática lo consiguieron después de largos y conflictivos procesos de integración de territorios y de estratos.

Ahora bien, aceptar la categoría de gobernanza tal como es acuñada por el Banco Mundial y en donde resuenan la “gestión eficiente y transparente de los recursos públicos” no puede hacernos ignorar que “gestión”, “eficiencia” y “transparencia” son nombres que supuestamente describen –de la manera más neutral posible– procesos políticos muy específicos ligados a la consolidación 6.

En artículos anteriores hemos caracterizado con más detalle algunos de estos hábitos de pensamiento sobre la política y las distintas fuentes en que son expuestos. Bolívar (2003, 2004).

7.

Una interesante síntesis sobre los procesos “estructurales” que permitieron la formación del Estado puede verse en la conferencia que Norbert Elias dictó en el Congreso de Sociología de 1970, titulada precisamente “Sobre los procesos de formación del estado y de formación de la nación”, conferencia traducida y publicada en Colombia en la revista Historia y sociedad, de la Universidad Nacional, sede Medellín, 1998.

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de las relaciones de colonialidad entre Europa y América. En realidad, la tendencia contemporánea a plantear los problemas de la gobernanza como problemas de regulación e interacción entre Estado, mercado y sociedad subestima que cada uno de estos campos de acción política se configura de maneras distintas, según el lugar que se ocupe en el capitalismo mundial.

De nuevo, en términos del propósito de este artículo, la discusión sobre gobernanza nos exige recordar que las separaciones entre Estado, sociedad y mercado, o entre capitalismo y democracia, no se pueden acoger como separaciones de hecho, como descripciones neutrales o como realidades “nacionales”. Cada uno de esos nombres designa una realidad que quiere crear y mostrar como independiente de las otras. Cada uno de esos nombres participa en una pugna por la denominación y, por supuesto, por la interpretación del cambio social y de la transformación política en unas direcciones que se presentan a sí mismas como destinos espontáneos o naturales. Por supuesto, cada uno de esos nombres pretende negar el carácter propiamente “político” de la transformación social y hace pensar que hay una realidad inmanente, previa a toda interpretación o descripción. Una realidad del mercado, los individuos y los intereses, que el Estado solo tendría que respetar8. A la luz de esta comprensión de la realidad, en Colombia no puede aceptarse la coexistencia conflictiva de distintos tipos de legitimidad ni la importancia que determinadas redes de poder local y regional tienen sobre la vida política local.

Si se parte de que el individuo y el mercado son naturales, la vida política colombiana es simplemente pervivencia de algo “tradicional” o anómalo.

Varios autores han estudiado la “naturalización” de estas distinciones. El historiador británico Edward Palmer Thompson, en sus investigaciones sobre la formación de la clase obrera, desconfía del lenguaje que supuestamente describe una transformación del entramado social, pero que en realidad naturaliza desarrollos políticos y tecnológicos que pudieron haber sido 8.

Fernando Escalante ha mostrado con mucho detalle los procesos que permiten a ciertas corrientes del liberalismo suponer, equivocadamente, que individuo, interés y mercado son realidades menos intervenidas o configuradas socialmente que las naciones, las identidades y los partidos políticos (Escalante, 1993)

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diferentes. Al explicar cómo se conectan capitalismo e invención del folclore y de la costumbre, Thompson señala: “... la innovación es más evidente en la cúspide de la sociedad que en sus capas inferiores, pero, dado que esta innovación no es ningún proceso tecnológicosociológico sin normas y neutral (‘modernización’, ‘racionalización’) sino que es la innovación del proceso capitalista, la mayoría de las veces la plebe la experimenta bajo la forma de la explotación, o de la expropiación de derechos de usufructo acostumbrados, o de la atenuación violenta de pautas de trabajo y ocio que para ella eran valiosas” (Thompson, 1995: 22).

Precisamente esta reveladora cita nos permite aclarar nuestro problema. La discusión de gobernanza de conformidad con los criterios “técnicos y neutrales” que yacen en la definición del Banco Mundial y de aquellos analistas que hablan de “gobernanza sin gobierno”, como Rosenau, olvida que la “gestión eficiente” de los recursos no es una descripción neutral de una relación política sino una forma de intervenir en el mundo que es propia de ciertos sectores sociales. Más aún, implica olvidar que donde las agencias internacionales pueden detectar “falta de racionalidad” en la administración pública están enquistadas otras formas de relación o de experiencia política de grupos sociales diversos. La solución no es “folclorizar” o convertir en particularidad la situación de esos grupos, sino mostrar de qué manera lo que ellos viven se conecta con dinámicas más amplias. En nuestro caso concreto, se trata de subrayar que los problemas de la gobernanza en Colombia, la presencia diferenciada del Estado, las formas de legitimidad en competencia, y la coexistencia de remedios técnicos y voluntad institucional para la buena gobernanza participan de procesos de transformación social que no son naturales y que no se pueden describir por medio de un lenguaje que “naturalize” o ignore los conflictos implícitos en la “modernización” del Estado y la política.

Finalmente, habría que señalar que el concepto de gobernanza se inscribe en una larga tradición de categorías y lenguajes políticos globalizantes –o universalizantes, mejor–, acuñadas antes por políticos o letrados y ahora por técnicos de las agencias internacionales, que se esfuerzan en presentar como Lenguajes políticos globales y desafíos de la gobernanza en Colombia

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algo propio de todos los tiempos y de todas las sociedades, rasgos o formas de relación política de muy reciente constitución9. En su trabajo sobre el poder político en Colombia, el sociólogo Fernando Guillén explica cuidadosamente una de estas expresiones de “universalización” de un lenguaje político: “Formulado o no en teorías explícitas, el sentimiento de la igualdad y de la universalidad de los derechos del hombre para contribuir con sus decisiones a la expresión de la “voluntad general” formó en Europa occidental y en los Estados Unidos, un esquema de participación social e individual en el poder político que desbordó o creó la ilusión de haber desbordado los intereses particulares de la vinculación al linaje, a la profesión o a la clase (...) En la misma medida en que se siente como cierta esa participación, sus implicaciones adquieren una importancia gigantesca aunque no coincidan con las circunstancias objetivas de la realidad social” (1996, 38, resaltado nuestro).

Algo muy similar tiene lugar hoy con el tono técnico y autoevidente del que se rodea la discusión sobre gobernanza, tal como acostumbran el Banco Mundial y ciertos sectores “modernizantes”. ¿Quién se va a oponer a la ilusión de que la gestión de los recursos debe ser transparente y eficiente? ¿Quién se va a poner en la tarea de mostrar que gestión, eficiencia y transparencia son precisamente ilusiones sobre el tipo de relaciones posibles en un ordenamiento determinado? ¿Quién va a señalar sistemáticamente que presencia diferenciada del Estado y coexistencia de varios tipos de legitimidad no son rasgos particulares de la política colombiana, ni limitaciones intrínsecas a la gobernanza, sino formas que aquella asume en contextos de “subdesarrollo”?

Conclusiones El estudio y la aplicación del concepto de gobernanza en Colombia revelan una serie de ambigüedades, efectos contradictorios y tensiones. El artículo 9.

Una muy resumida y precisa descripción de estos problemas aparece en el segundo capítulo de El poder político en Colombia (Guillén, 1996).

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mostró que la definición de gobernanza promovida por el Banco Mundial suscita numerosas críticas y que es útil revisar “concepciones de gobernanza” según el tipo de actor en juego. Además, el recorrido por las fichas mostró que los esfuerzos de aplicar criterios de buena gobernanza suelen tener efectos contradictorios, dada la disputa por la estatalización de la política vigente aún en Colombia. De hecho, el artículo mostró que nociones básicas para la definición de gobernanza tales como legitimidad, ciudadanía y vigencia del Estado asumen rasgos particulares en la sociedad colombiana.

A pesar de todas esas dificultades, el texto insiste en que el uso del concepto de gobernanza refleja algunos esfuerzos por parte del Estado y de las organizaciones sociales enderezados a mejorar la relación entre gobernantes y gobernados en algunas regiones y entre algunos grupos sociales. De ahí que el conjunto de investigadores de este proyecto quisiera llamar la atención sobre la imposible aplicación, al pie de la letra, de un concepto que tiende a ignorar los procesos históricos que han hecho posible la emergencia de la democracia en otras sociedades. De ahí también que los investigadores definan límites y alcances del concepto y se propongan utilizarlo para leer y contrastar la experiencia colombiana con las formas de gobernanza que emergen en otros países.

El desarrollo de esta investigación nos lleva entonces a insistir en que la discusión global de la gobernanza constituye una oportunidad para promover dos procesos. Primero, una comprensión de la política colombiana que la saque de la “anomalía” y la sitúe en un marco amplio que tenga en cuenta las transformaciones históricas de la regulación política y de las relaciones gobernantes-gobernados. Segundo, un ejercicio de comparación entre las formas de la gobernanza en Colombia y las características que ella asume en otros países, aprovechando para ello el espacio abierto por el IRG. Aunque proponer soluciones a la situación de gobernanza del país es de entrada una tarea política, queremos terminar el artículo precisando algunas cuestiones. Primero, como acertadamente han señalado varios críticos, la versión de gobernanza propuesta por el Banco Mundial y las instituciones Lenguajes políticos globales y desafíos de la gobernanza en Colombia

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internacionales propenden a la imposición universal de normas políticas muy determinadas. Para esas perspectivas, gobernanza es sinónimo de democracia liberal o a veces de Estado de derecho. Sin embargo, las medidas de ajuste económico que se promueven como remedio técnico para lograr mayor gobernanza pueden precisamente amenazar la democracia. Ahora bien, quedarse en la crítica del concepto –por su carácter neoliberal– solo detiene el debate. Algunos actores sociales nacionales e internacionales reconocen en el lenguaje global de la gobernanza una oportunidad para buscar un mejor equilibrio de fuerzas entre los distintos sectores políticos, sociales, empresariales y culturales de una comunidad dada.

Además, y como afirmamos arriba, el uso de esta terminología tendría la ventaja de permitir comparaciones entre las formas de regulación política prevalecientes en diferentes sociedades. El trabajo propuesto por el IRG, consistente en articular y discutir investigaciones sobre las formas que asume la gobernanza en distintos contextos culturales, permitiría plantear algunos problemas políticos de manera comparada. El análisis transversal del conjunto de contribuciones que alimentan el sitio web del IRG llevará a una redefinición de la gobernanza que esté más atenta a las transformaciones históricas de la regulación política y sea más apta para comprender las distintas formas que asume la deseada rendición de cuentas –accountability– en las distintas sociedades. Tal vez se llegue entonces a una gobernanza que ponga en el centro la dimensión humana, que parta de la realidad existente y desde ahí permita desarrollar algunas herramientas que permitan la renovación de lo político.

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Lenguajes políticos globales y desafíos de la gobernanza en Colombia

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CONFLICTO Y REGIÓN

Comunidades y coca en el Putumayo: prácticas que hacen aparecer al estado* Por María Clara Torres Bustamante**

* Artículo recibido en diciembre de 2006 Artículo aprobado en marzo de 2007 ** Politóloga, investigadora del Cinep.

cocalera de los años 1984-1987. El municipio escogido es una de las cinco localidades que conforman hoy la subregión del Bajo Putumayo, ubicada en la llanura amazónica, cerca a la frontera con el Ecuador2.

El análisis de este caso nos permite profundizar una investigación ya realizada en el Bajo Putumayo, en la cual se analizaban las prácticas y las representaciones que hicieron posible la construcción del estado local en el municipio de San Miguel a mediados de la década de los noventa (Torres, 2006, 171-184).

Introducción1 El presente artículo explora algunos de los procesos característicos de la formación del estado local. Describe los procesos cotidianos mediante los cuales se organiza la autoridad estatal en una zona de colonización reciente, productora de coca y permeada por la violencia armada.

Siguiendo esa dirección, el texto indaga por los efectos políticos de la masificación de los cultivos de coca en la construcción del estado local.

Busca igualmente identificar a los agentes que impulsan la construcción de las burocracias municipales y los corolarios que producen estas transformaciones en la vida política local. La respuesta a estas preguntas arrojará evidencias empíricas para discutir la idea según la cual el estado es un actor o un aparato que ejerce una autoridad desde “un afuera” de la sociedad.

Se examinan los primeros pasos en la construcción del municipio de Valle del Guamuez (Putumayo), que tuvieron lugar durante la bonanza 1.

El presente texto constituye un primer avance de la investigación Construcción de burocracias y del campo de lo político en Putumay, financiado por Cinep, Colciencias e Icanh. Agradezco los aportes hechos por Ingrid Bolívar, María Clemencia Ramírez, Fernán González y Teófilo Vásquez.

Por sus características, la subregión del Bajo Putumayo resulta particularmente interesante para la investigación. Permite, examinar el proceso de organización de una sociedad en un contexto de colonización reciente; ofrece simultáneamente la oportunidad de asistir a la formación embrionaria de la institucionalidad estatal, y ofrece una mirada a estas dinámicas en un territorio donde confluyen tanto el conflicto armado como la proliferación de cultivos ilícitos. Tal situación devela, por una parte, un conflictivo proceso de monopolización estatal de la coerción y, por la otra, una abrupta intrusión del mercado y una acelerada monetización de la sociedad local por la vía ilegal. En suma, el caso escogido nos acerca a las vicisitudes que entraña la estatalización de la vida social en condiciones de ilegalidad.

Antes de entrar en materia es importante mencionar que el presente artículo se nutre del conocimiento de la zona adquirido en el marco de un proyecto de intervención del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep en el Putumayo puesto en marcha en los años 2004-2005 y de una posterior visita al terreno efectuada estrictamente para los efectos de esta investigación en el año 2006.

Es preciso aclarar que el presente artículo explora los primeros pasos de la creación del municipio del Valle de Guamuez en el año de 1985 y se concentra en los procesos embrionarios de la formación del estado local. A partir de 2000, los procesos de formación del estado en el Putumayo fueron 2.

De la subregión del Bajo Putumayo hacen parte, hoy, los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamúes (La Hormiga) y San Miguel (La Dorada). Véase mapa.

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fuertemente afectados por el impacto de políticas globales, como la lucha contra las drogas (Ramírez, 2006; Ramírez y otros, 2006). Resulta necesario un estudio de la evolución reciente del estado local en el Putumayo que dé cuenta del abrupto tránsito entre el estado embrionario de la década de los ochenta construido con base en prácticas comunitarias, al estado atravesado por dinámicas transnacionales en el 2000. Habría también que preguntarse en qué medida los flujos transnacionales han acelerado la nacionalización de la vida política local. Sin embargo, estos aspectos superan ampliamente los alcances del presente texto y serán objeto de análisis en otro estudio.

El presente artículo está organizado en cinco secciones. La primera reseña de manera esquemática los planteamientos de algunos autores que han escrito sobre construcción local y cotidiana del estado. La segunda parte hace énfasis en la confluencia del petróleo y de la coca en la construcción de la sociedad regional. La tercera analiza los efectos políticos de la coca en la configuración del estado local. La cuarta sección pone el lente analítico en las prácticas desplegadas por los pobladores para conseguir la creación del municipio del Valle del Guamuez en 1985. Las secciones quinta y sexta describen los primeros pasos del nuevo gobierno local evidenciando que en esta etapa las prácticas comunitarias configuran el estado local.

La formación local y cotidiana del estado El interés por comprender cómo se configuran el estado local retoma la literatura antropológica y política reciente sobre formación local y cotidiana del estado. El propósito de este acápite es reseñar los planteamientos de algunos autores que han trabajado sobre el tema.

Philip Abrams (1988) ha enfatizado en la naturaleza “ilusoria” del estado, en el hecho de que éste suele presentarse como cohesivo, intencionado y apuntando a un interés común. Llama la atención sobre la importancia de desmitificar el estado.

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El reader titulado The anthropology of the state (2003) reúne los artículos producidos durante las décadas del ochenta y noventa por los autores Abrams, Mitchell, Taussig, Joseph y Nugent, Gupta, Ferguson, Blom y Stepputat y otros más. Esta corriente de análisis apela por un análisis etnográfico de las instituciones políticas concretas que muestre su desarticulación. Según los editores de la compilación, Sharma y Gupta, una característica común a este tipo de análisis sobre la formación del estado es que “No asume simplemente que el estado se ubica en la cima de la sociedad y que constituye el sitio central del poder. Más bien, el problema es comprender cómo el estado llega a asumir tal posición vertical de autoridad suprema que administra todas las otras formas institucionales que toman las relaciones sociales” (Sharma y Gupta, 2003, 9. La traducción es mía).

Sharma y Gupta sugieren que la ciencia política, junto a otras disciplinas de las ciencias sociales, ha participado en la construcción discursiva del estado, al que ha representado como una entidad diferenciada del resto de la vida social. Los dos autores hacen un llamado sobre la necesidad de “historizar” y “provincializar” la distinción entre “el estado” y “la sociedad civil”, separación que según ellos responde a la experiencia histórica europea pero que es frecuentemente asumida como universal y natural (Sharma y Gupta, 2003).

Sharma y Gupta muestran que, a diferencia de las teorías sobre la nación y el nacionalismo, la inmensa mayoría de perspectivas teóricas sobre el estado están desprovistas de la dimensión cultural. Los estados son percibidos como carentes de cultura, porque son fundamentalmente conceptualizados en términos institucionales (Sharma y Gupta, 2003).

En consonancia con esta perspectiva se orienta el trabajo de Joseph y Nugent (2002), quienes muestran su preocupación por no caer en la “estatolatría” dejando a la gente por fuera. Estos autores insisten en que la cultura popular y la formación del estado solo se pueden comprender en términos relacionales: “cada una de ellas está vinculada con la otra y, asimismo, expresada en la otra” (Joseph y Nugent, 2002, 51). Advierten además que la cultura popular no Comunidades y coca en el Putumayo

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es un dominio autónomo, singular y limitado, al tiempo que enfatizan en la “amplia dinámica sociopolítica en la que están incrustadas las comunidades rurales” (ibíd., 46).

En Campesino y nación, Florencia Mallon (2003) habla de la importancia de dejar de ver a los subordinados como eternas víctimas movilizadas desde arriba a conveniencia de las elites dominantes. Muestra claramente los numerosos mecanismos mediante los cuales las partes bajas de la sociedad rural moldearon políticas de cierto impacto en sus localidades y en la construcción misma de la nación mexicana durante la segunda mitad del siglo XIX, en contravía de los planteamientos según los cuales el estado-nación es el producto exclusivo de las elites (Mallon, 2003).

Por su parte, Timothy Mitchell (2003) invita a no tomar el carácter evasivo de los límites entre estado y sociedad como un problema de precisión conceptual, sino como una pista de la naturaleza del fenómeno (si el estado es un aparato, ¿cuáles son entonces sus bordes?). El autor ve en el estado un “efecto” de las prácticas cotidianas, discursos y múltiples modalidades de poder. Muestra que prácticas gubernamentales “terrenales” relacionadas con las fronteras nacionales, tales como las patrullas fronterizas, los controles de pasaportes y las leyes de inmigración, contribuyen a convertir entidades abstractas como el estado en una presencia real en la vida de las personas. Para Mitchell, el estado es la abstracción de las prácticas políticas.

Parecería, entonces, que el poder del estado radicara precisamente en dicha abstracción que le permite erigirse en autoridad suprema. De ahí la importancia de develar, como lo propone Timothy Mitchell, “las prácticas políticas concretas a través de las cuales se crea y se recrea esta abstracción mistificada llamada el estado” (2003, 179).

En una dirección similar, Akil Gupta (1995) advierte sobre “la creciente ubicuidad” del estado en la “textura minuciosa de la vida diaria” y señala la importancia de analizar las rutinas y prácticas diarias de la burocracia local que hacen posible hablar de “el Estado”. Esto lo realiza a partir de la reconstrucción 204

de actividades tales como la selección del personal administrativo, el establecimiento de horarios de atención en las oficinas públicas y el tipo de relación que entablan los funcionarios con los usuarios. Gupta llama igualmente la atención sobre el “estado imaginado” y sobre la “construcción discursiva del estado” en la cultura pública, que se evidencian, por ejemplo, en las conversaciones informales que sostienen los campesinos de la India sobre la corrupción estatal y en el cubrimiento de la prensa regional.

El antropólogo James Herron (1998) destaca que los enfoques de historiadores, científicos políticos y sociólogos más tradicionales se han centrado en el estudio del estado como una entidad político-administrativa, dejando de lado las modalidades de índole más cultural sobre la presencia del estado.

Tales disciplinas “han tomado de manera literal las autorrepresentaciones más fundamentales del estado, incorporando en sus análisis el cuento que el estado cuenta sobre sí mismo” (Herron, 1998, 316. El resaltado es mío). Tienden a concebir al estado como una entidad abstracta, centralizada y coherente que en virtud de atributos incorpóreos y algo misteriosos, tales como la “legitimidad” o el “consenso”, domina o deja de dominar un territorio y una población determinados. Tal énfasis en el análisis se explica, según Herron, porque “el Estado” no ha sido un objeto tradicional de la antropología, en buena medida porque la tendencia a estudiarlo a partir de la abstracción elude “las modalidades antropológicas de investigación, que atiende a formas y prácticas culturales concretas” (ibíd., 314). El autor llama así la atención sobre la necesidad de considerar al estado como un “sujeto apropiado de la investigación etnográfica” (ibíd., 315).

Así, los estudios del estado relegados a la teoría política, a la economía y a la sociología, privilegian la visión del estado como una institución claramente limitada y distinta de la sociedad. Estas disciplinas tienden a retratarlo como un aparato o un actor unitario, coherente y autónomo que posee o debe poseer una autoridad suprema para regular territorios y poblaciones.

Se constata para el caso colombiano, una limitada producción de estudios dedicados a comprender la génesis y los modos concretos de operar de las Comunidades y coca en el Putumayo

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instituciones estatales del país3. Las ciencias sociales colombianas, especialmente la sociología y la politología, han prestado poca atención analítica al proceso de construcción de las agencias estatales –y esto rige tanto para los organismos del ámbito central como del local–.

La escasa exploración en el tema puede atribuirse al hecho de que la existencia de las burocracias estatales del orden nacional se ha dado a menudo por supuesta e incluso por “natural” en las investigaciones sociales. En cambio, la restringida producción intelectual en lo que respecta a la formación y el funcionamiento de la institucionalidad estatal en las zonas de frontera puede estar relacionada con la idea de una total y prolongada “ausencia del estado” en amplias regiones marginales del país.

Ciertamente, la sociología colombiana ha hecho un gran esfuerzo por estudiar la fundación de nuevos centros poblados en las áreas periféricas, haciendo énfasis en los procesos de colonización, las formas de regulación comunitaria establecidas por los campesinos y sus relaciones con las guerrillas, así como los cambios sociales introducidos por la economía cocalera4. Sin embargo, en estas investigaciones el Estado (con mayúscula) aparece principalmente cuando se quiere destacar que sus agentes se ponen del lado de los hacendados y de los comerciantes, en detrimento de los campesinos, a la hora de dirimir los conflictos agrarios. Se hace, así, poca referencia explícita a la formación embrionaria de las instituciones estatales en estos contextos rurales y periféricos5. Sin embargo, análisis recientes, principalmente desde la antropología, han hecho esfuerzos por comprender los procesos de configuración del estado local colombiano.

3.

Está todavía por actualizar el libro de Fernando Uricoechea (1985) sobre estado y burocracias en Colombia.

4.

Véase, entre otros, el libro pionero Colonización, coca y guerrilla, escrito en 1986 por Fernando Cubides, Leonidas Mora y Jaime Eduardo Jaramillo, así como la copiosa obra de Alfredo Molano y el texto de Aprile Gniset sobre Villarrica (1991).

5.

Véase, por ejemplo, Fajardo, Darío y Alfredo Molano (1989), La colonización de la Reserva de la Macarena. Yo le digo una de las cosas. Fondo FEN, Corporación Araracuara, Bogotá, pp.29-30.

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Uno de los pioneros, James Herron (1998), se da a la tarea de explorar la presencia cultural e ideológica del estado en Colombia. El investigador analiza las conversaciones y las interacciones “cara a cara” establecidas entre los indígenas guambianos del municipio de Silvia, Cauca, y los funcionarios estatales de instituciones como la Caja Agraria, el Incora y la Umata. Herron afirma que tales relaciones expresan y producen las expectativas y los entendimientos guambianos sobre la naturaleza del estado. Plantea igualmente la importancia de rastrear las historias locales de las instituciones estatales en comunidades rurales particulares, así como la necesidad de identificar las prácticas desplegadas por tales agencias. Según él, las acciones, procedimientos y estrategias del estado lo “corporalizan” y constituyen un medio importante a través del cual se logra su trabajo, a la vez que “involucran aspectos culturales profundos sobre la naturaleza del Estado” (ibíd., 316). De esta manera, Herron insiste en que “el Estado es una presencia cultural, no solo institucional, política o económica” (ibíd., 315).

Una autora colombiana, Clara Inés García, destaca la dimensión cultural de la formación del estado en su estudio sobre la región de Urabá. Para ella, “El papel que el Estado juega en una región que apenas se construye, no puede concebirse como un proceso mecánico de ‘implantación’ de instituciones y poderes ya formados que debe ‘hacer presencia’ en el nuevo territorio y ‘operar’ con eficacia. Por el contrario, las instituciones y la normatividad inherente a ellas se construyen simultáneamente con la fisonomía propia de la sociedad regional” (García, 1996, 168).

En una dirección similar, la antropóloga María Clemencia Ramírez resalta la estrecha relación existente entre la configuración de identidades colectivas y la formación del estado. En su investigación sobre la movilización de los campesinos cocaleros en la Amazonia occidental colombiana, Ramírez evidencia que diferentes prácticas, discursos y lógicas en permanente tensión cohabitan bajo la idea de una sola entidad, el estado. Estas prácticas ambiguas y contradictorias de los funcionarios públicos, señala la investigadora, son una parte constitutiva de la formación del estado y las que le confieren poder y lo Comunidades y coca en el Putumayo

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concretan en la región, pero también las que hacen emerger el movimiento cocalero (Ramírez, 1998 y Ramírez, 2001).

Más recientemente, la antropóloga María de la Luz Vásquez (2006) analiza la producción de identidades culturales en el municipio de Vistahermosa, Meta, a partir de las relaciones históricas que se han construido con el estado colombiano. La autora recuerda que el estado no se resume exclusivamente en un conjunto de organizaciones, sino que implica también “un proceso de ordenamiento social y espacial, en constante formación y con importantes consecuencias en lo cultural y en lo cotidiano” (ibíd., 122). Se pregunta por el tipo de prácticas que constituyen el marco de interacción de los habitantes de la localidad con el estado colombiano, así como por el tipo de formas de ordenar lo social agenciadas por el estado en sus diferentes niveles territoriales. Otro aspecto central para nuestra investigación es la constatación que hace Vásquez de la estrecha relación existente entre las características de los funcionarios y el tipo de estado que se configura en las localidades. La autora señala que cuando las autoridades se destacan por un gran capital político y un bajo conocimiento técnico de las funciones administrativas, las relaciones con la población son eminentemente personales, tienden a la configuración de una red burocrática local y a la polarización de la población en torno a grupos políticos (Vásquez, 2006).

En otro artículo, Ingrid Bolívar (2006a) resalta la continuidad de los lazos del estado con otros ordenamientos políticos. Insiste en que “las prácticas que sostienen la dominación política estatal retoman y redefinen formas de regulación moral preestatales, y en ese sentido, no hay relación de oposición o exterioridad entre familia, comunidad y Estado. Este último reencauza algunos de los tipos de control y regulación que aquellas utilizaban, al tiempo que delimita las funciones que le competen a cada una” (ibíd., 41).

La misma autora se interesa en otro estudio (2006b) por el tipo de comprensión de la política y las formas de “construcción discursiva del estado” implícitos en la prensa y en los comunicados públicos emitidos por los diferentes actores involucrados en el éxodo campesino del sur de Bolívar hacia Barrancabermeja 208

y en las distintas marchas en contra del despeje para el ELN en la misma región durante el periodo 1998-2001. Para ella, la tendencia a desconocer el carácter político de tales movilizaciones por estar influenciadas por los actores armados, esconde una idea “demasiado ilustrada” de la relación política.

“Parecería –escribe Bolívar– que el mundo de la política tiene que ver solamente con las relaciones que elegimos y de ninguna manera con las que nos son impuestas. Parecería que el mundo está habitado por individuos libres que deben decidir a quiénes se vinculan y por qué. Individuos que, además, deben ser capaces de exponer los criterios de tal elección en términos racionales y ojalá compatibles con una ideología política” (2006b, 403).

La autora advierte que la política desborda ampliamente lo institucional y no se restringe necesariamente al consenso y al consentimiento racional.

Según Bolívar, la multiplicidad de actividades puestas en marcha por el estado durante las movilizaciones evidencia que “éste opera más como un ‘embrollo’ que como un ‘complot’ y que su desunión y desarticulación no son una anormalidad sino una modalidad de funcionamiento” (ibíd., 428).

Por su parte, los estudios sobre la violencia reciente llevan a González, Bolívar y Vásquez (2002) a matizar la idea de la ausencia del estado en colombiano.

Estos autores prefieren hablar de una “presencia diferenciada”, en el espacio y en el tiempo, de las instituciones estatales, que resulta en diversos estilos de relación de las regiones, subregiones y localidades con esas instituciones.

Tal presencia diferenciada manifiesta las desigualdades que se presentan en los grados de integración a la vida nacional de los diversos territorios y poblaciones y las diversidades en la articulación de las redes del poder local y regional al ámbito nacional. Dichos investigadores hacen igualmente hincapié en la manera paulatina como se consolidan los mecanismos de regulación social en cada región y localidad. Esta situación obliga “a abandonar una visión monolítica y ahistórica del Estado para diferenciar su presencia según la relación que establece en las diversas regiones y según los diversos momentos de esa relación” (González, 2006, 112).

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Finalmente, Torres (2006) analiza las complejas interacciones entre los ámbitos central, departamental y local del estado, así como las prácticas y discursos desplegados por los pobladores de la localidad para la creación del municipio de San Miguel, Putumayo, en 1994. Sugiere que, pese a las aspiraciones modernizantes de los tecnócratas, las políticas públicas formuladas desde la capital del país no son aplicadas sin más en las regiones y localidades. Muestra que una política nacional como la Ley de Fronteras es negociada, disputada y aprovechada por los diferentes grupos políticos locales para agenciar sus propias expectativas y aspiraciones. Señala que detrás de las razones de “conveniencia nacional” aducidas por el estado central para justificar la creación del municipio, se esconde una variedad de competencias entre incipientes sectores políticos de localidades y sublocalidades vecinas con adscripciones políticas diferentes para constituirse en fuente de poder local. Muestra además el importante papel de los cultivos de coca en la construcción del estado: al acelerar la monetización de la economía, hacen posible la tributación estatal, cosa que habría sido imposible únicamente con la extracción de maderas, actividad predominante durante los años cincuenta y sesenta (Torres, 2006).

Del recorrido por este tipo de análisis sobre la formación del estado conviene retener tres aspectos centrales para los propósitos de nuestra investigación.

El primero es la insistencia en la dimensión cultural de la formación del estado. El segundo es el llamado a sustraerse de la abstracción y del aura de misterio que rodea al estado y a contribuir a develar las prácticas, rutinas, espacios y discursos que hacen posible hablar de “el Estado”. En este punto se trata de dirigir la lupa analítica hacia los procesos locales y cotidianos de su construcción. El tercer aspecto es la necesidad de problematizar la división tajante entre estado y sociedad. Entremos ahora sí en materia.

Petróleo y coca: una sociedad en formación Revisaremos a continuación algunos elementos asociados a los procesos de colonización y a los cambios socioeconómicos que los sucedieron para

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explicar el contexto que en 1985 abrió paso a la formación del municipio del Valle del Guamuez.

Aún si la colonización permanente y masiva del Bajo Putumayo transcurrió principalmente en la década de los años sesenta, el territorio había sido ya explorado y explotado mucho antes.

En efecto, la extracción de caucho por la Casa Arana se inició a principios del siglo XX. Con ella se fundaron pequeñas colonias colectivas a manera de enclaves dentro de la selva y en las riberas del río Putumayo, que servían de centros de almacenaje y trasbordo del producto. Con el notable descenso de los precios internacionales de esta materia, muchos de los centros fueron abandonados y posteriormente, hacia 1910, reabiertos por los capuchinos (Domínguez, 2005).

Aquellos misioneros católicos se dedicaron entonces a catequizar a los indígenas y a incentivar la colonización con gente traída del interior del país, con el fin de aprovecharla para la explotación agrícola y de marcar la presencia del gobierno central en estas tierras lejanas de la Amazonia occidental (Revelo, 2004 y Brucher, 1968, 34).

Puerto Asís fue fundado en 1912 de la mano de los capuchinos. Guido Revelo reseña algunos detalles de la celebración que tuvo lugar el día del acto: “Todos nos reunimos en la capilla, donde se cantó el Te Deum, se dio gracias a Dios y a su patria. Terminada la reunión religiosa, se improvisó un desfile militar por la playa del río. Se repartieron luces a todos los concurrentes, y blancos e indios confundidos en un solo cuerpo llevando la bandera colombiana y cantando el himno nacional recorrieron las playas del río Putumayo, mientras que los repiques de campana, los sonidos de corneta y los disparos de escopeta anunciaban a las selvas que Colombia al fin hacía acto de presencia en aquellas soledades” (Revelo, 2005, 63).

Así, tanto factores militares como geopolíticos estaban estrechamente ligados a la colonización impulsada por los capuchinos.

Comunidades y coca en el Putumayo

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En 1932, cuando el Perú quiso invadir el “trapecio amazónico”, el gobierno colombiano se vio obligado a instalar bases militares en la frontera del Putumayo, específicamente en La Tagua y Puerto Leguízamo. Con el ánimo de defender su soberanía, el gobierno central fomentó igualmente la construcción de la carretera Pasto-Puerto Asís, ruta que se convirtió luego, sin proponérselo, en un factor contundente para la colonización del Putumayo. Según Brucher, ella constituyó un claro ejemplo de una arteria de comunicación que no fue construida en un territorio colonizado ni trazada con el fin de colonizar una tierra incógnita. Sin embargo, esta ruta hizo posible una relativa inmigración.

Es así como en los años cincuenta la explotación de maderas finas conoció enorme impulso y atrajo a la zona a pequeños aserradores. En los años sesenta la cacería y la pesca en los ríos Putumayo y San Miguel constituyeron también renglones comerciales de primer orden (Brucher, 1968).

Pese a estos flujos intermitentes de migración, el poblamiento intenso de la región se inició solamente a mediados de los años sesenta con la explotación petrolera, y más tarde, en los años ochenta, con la bonanza cocalera. Como veremos a continuación, la combinación de petróleo y coca ha sido uno de los ejes rectores del poblamiento, del ordenamiento socio-espacial y de la división político-administrativa de la subregión del Bajo Putumayo.

De acuerdo con Wolfgang Brucher, desde hacía mucho tiempo se sospechaba la presencia de pozos petroleros en el Putumayo, pero solamente en 1957, cuando se terminó la carretera de Pasto a Puerto Asís, se pudo pensar en buscar crudo en la zona. La explotación del hidrocarburo se inició en 1963 con el pozo Orito Uno. La Texas y la Colombian Gulf Oil Company obtuvieron un millón de hectáreas en concesión. El gran campamento de la Texaco se estableció (ibíd., 1968).

Así, con la finalización de la carretera Pasto-Puerto Asís y el comienzo de las perforaciones, en el territorio que circunda a Puerto Asís se presentó una fuerte inmigración, como no se había visto hasta entonces en el Putumayo.

Un número importante de trabajadores encontraron empleo remunerado en las compañías petroleras. Los obreros fueron seguidos por sus familias y por 212

centenares de comerciantes, taberneros y artesanos, actividades colaterales de la explotación petrolífera. Según las estimaciones que aporta Brucher, entre los años 1963 y 1964 la Texaco tenía alrededor de mil trabajadores, que recibían hasta el cuádruple de los sueldos que se pagaban en ese momento a los jornaleros del Putumayo (ibíd., 49).

De acuerdo con el autor, Puerto Asís se convirtió por esa época en una verdadera ciudad-boom: en solo una década (1957-1967) pasó de ser una agrupación con unos pocos ranchos a un pueblo grande que albergaba a cerca de 5.000 habitantes. Puerto Asís se erigió en epicentro del Putumayo, mientras que su capital, Mocoa, apartada de la carretera Pasto-Puerto Asís, estaba condenada al estancamiento6 (ibíd., 49).

El dinamismo provocado por el petróleo permitió que Puerto Asís fuera erigido en municipio en 1967 (Revelo, 2005, 67). Para la fecha este centro demográfico disponía ya de un total de 56 almacenes, 37 hoteles, fondas y locales de diversión, 27 talleres de artesanía, 13 oficinas de servicios públicos, entre los que se contaba el puesto de policía y las oficinas de correos y de administración municipal (Brucher, 1968, 162). “La fiebre petrolera” aminoró la influencia que ejercieron los misioneros capuchinos y los concentró en las actividades espirituales y pedagógicas (ibíd.).

La “fiebre petrolera” continuó a mediados de los años sesenta con el hallazgo de yacimientos situados al suroccidente de Puerto Asís, cerca de los ríos Guamuez y San Miguel, como los de La Hormiga, El Temblón, Sucumbíos, Loro y Acaé (Domínguez, 2005). La presencia de los pozos trajo consigo la necesidad de abrir rutas de acceso que facilitaran la entrada de la maquinaria para el mantenimiento de las bombas y la construcción del Oleoducto Trasandino que transportaría el crudo de Orito hasta Tumaco (Nariño). Los migrantes se asentaron a los lados de los caminos carreteables, buscando incorporarse a la producción campesina o convertirse en la fuente de trabajo y de servicios 6.

Las funciones epicéntricas de Mocoa fueron prácticamente insignificantes hasta principios de los años noventa, cuando se terminó de construir la carretera Mocoa-Pitalito.

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inducidos directa e indirectamente por la Texas Petroleum Company. Es así como los campamentos petroleros de Orito, La Hormiga7 y La Dorada8 fueron poco a poco configurándose como pequeños núcleos poblacionales (véase mapa).

Como lo señala Camilo Domínguez, con la apertura de este frente selvático de colonización “La pequeña ciudad de Puerto Asís, que fue el núcleo primario de mercado para los colonos, quedó muy lejos, alcanzándose el límite de rentabilidad. Para restablecer el equilibrio entre producción, circulación y consumo, los colonos y comerciantes se encargaron de impulsar la colonización urbana, creando nuevos pueblos al occidente del río Putumayo, como Orito, La Hormiga y San Miguel, ampliándose la malla económica y demográfica regional. Esa colonización buscó reducir al máximo la distancia entre el productor y el consumidor (…) minimizando así los costos del transporte” (Domínguez, 2005, 312).

Respecto del origen de los colonos del boom petrolero, Brucher destaca que a finales de los años sesenta el 76% de las cabezas de familia había nacido fuera del Putumayo. El 72,7% de la población era oriunda del vecino departamento de Nariño y el resto provenía, entre otros, de los departamentos del Valle, del Cauca y hasta del Ecuador9 (Brucher, 1968).

La fuerte emigración de Nariño se debía primordialmente a las nefastas consecuencias del minifundio deprimido de ese departamento. En cambio, la influencia de la “Violencia” en los flujos de migración al Putumayo era bastante exigua, en comparación con el Caquetá (Brucher, 1968).

7.

Hoy cabecera municipal de Valle del Guamués.

Hoy cabecera municipal de San Miguel.

9.

Prueba de la marcada influencia que ha ejercido Nariño en el Putumayo es la adopción de la celebración del carnaval de blancos y negros, una fiesta nariñense que constituye una base de la “identidad putumayense” (Ramírez, 2003, 222).

8.

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215

Para dar una idea de las condiciones de vida de los centros poblados del Bajo Putumayo durante el auge petrolero es interesante la descripción que hace de ellos Wolfgan Brucher en 1968: “Dos o tres almacenes proveen a los habitantes y colonos de víveres, textiles y productos de uso corriente. Además, se puede contar con una dentistería, una droguería, un puesto de salud y un par de talleres. Es muy notoria la existencia de cantinas y restaurantes primitivos que, frecuentemente, hacen las veces de tienda y miscelánea. El único representante de la administración pública en estos lugares es el Inspector de Policía. La escuela –a la cual asisten los niños del lugar durante uno o dos años– es una construcción de adobe, edificada generalmente por acción comunal, por los mismos habitantes (…) No existe acueducto, ni alcantarillado; solo en muy contadas excepciones se puede encontrar una planta de energía eléctrica” (ibíd., 94).

A finales de la década de 1960, el desarrollo de los asentamientos del Bajo Putumayo estaba ligado casi exclusivamente al petróleo, mientras que la explotación agrícola era todavía muy limitada. Predominaba todavía la economía de subsistencia. Los pequeños poblados contaban con un extenso hinterland y muy poca tierra había sido explorada y explotada (ibíd., 1968).

La verdadera transformación de los caseríos del Bajo Putumayo en pequeños centros urbanos se efectuó con el auge de la coca a partir de 1978 y durante toda la década de los años ochenta. Esta nueva bonanza atrajo la oleada migratoria más grande que haya conocido el territorio. Según un estudio sobre la colonización en el Putumayo, el 41,1% de los migrantes entrevistados había llegado al Valle del Guamuez entre 1977 y 1983 (Corsetti y otros, 1987).

De acuerdo con la información recolectada en campo, pudimos detectar que los colonos tendían a ubicarse por colonias de origen y por filiación partidista.

Así, por ejemplo, en La Dorada primordialmente se asentaron campesinos conservadores oriundos de los municipios andinos del departamento de Nariño, como Samaniego, Policarpa y Sotomayor; en San Miguel, los afrodescendientes liberales del andén pacífico nariñense; y a La Hormiga arribó 216

Tabla 1: Año de llegada al Valle del Guamuez

Fuente: Corsetti y otros (1987, 183).

población de todas partes del país, pero principalmente de los departamentos de Nariño, Antioquia y Valle del Cauca, de filiación liberal10.

La investigación de Corsetti revela la distribución de población en las localidades del Valle del Guamuez (Veáse tabla 2) Caseríos como La Dorada, Orito, La Hormiga y San Miguel se convirtieron en centros de mercadeo de la coca y, por esa vía, en pequeños núcleos urbanos donde los colonos llegaban a vender sus productos y a hacer transacciones.

Como lo muestra el estudio ya referido sobre la región del Valle del Guamuez, se abandonaron rápidamente los cultivos de subsistencia a favor de la coca, a tal punto que productos como la yuca, el maíz y el plátano, típicos de las áreas rurales de colonización, escaseaban y se hacía necesaria su importación desde otras áreas agrícolas del país, a precios excesivamente altos (Corsetti y otros, 1987). Se levantó un centenar de casas, comercios, cantinas, hospedajes y misceláneas. Se registró un aumento repentino en el costo de vida. Se introdujeron bienes de lujo, como automóviles y generadores de corriente 10.

Aún si la migración nariñense siempre ha sido muy fuerte, se advierte un descenso importante de estos migrantes durante el boom cocalero, que de constituir el 73,2% en 1976 pasa a ser el 48,9% en 1983, así como una mayor diversificación de los lugares de procedencia de los colonos (Corsetti y otros, 1968, 170).

Comunidades y coca en el Putumayo

217

Tabla 2: Población del Valle del Guamuez

*En esta región han sido incluidas también 11 localidades.

Fuente: Corsetti y otros (1987, 165)

privados, y un número considerable de armas de fuego (ibíd.). Sin embargo, el vertiginoso aumento en la circulación del dinero y la abrupta intrusión del mercado producida por la bonanza cocalera seguían contrastando con una ausencia en la provisión de servicios públicos básicos, como agua, luz y recolección de basuras.

No obstante, se destaca una cierta mejora de las condiciones de los colonos respecto de sus lugares de origen. Mientras el 59,3% no poseía tierra en el lugar de residencia anterior al último desplazamiento, el 26,7% de ellos carecía de ellas en el Valle del Guamuez (ibíd., 190). Además, la migración propició la realización de una actividad más rentable: entre los que partieron originalmente como jornaleros, es decir, obreros agrícolas carentes de tierra, apenas el 21,4% seguía ejerciendo dicha actividad, mientras que el 29,3% se consolidó en el Valle del Guamuez como agricultores, el 14,3% como agricultores/ganaderos, el 14,3% como comerciantes, el 7,1% como ganaderos y el 3,5% como empleado en el sector administrativo (ibíd., 188).

218

Para dar una idea del grado de alfabetización de la región en 1987, el 12,6% del total de la población encuestada en el Valle del Guamuez no había recibido ningún tipo de estudio; de ellos, un porcentaje más bien elevado, el 31,6%, estaba en edad escolar y el 68,4% estaba compuesto por personas entre 15 y más de 60 años. Además, en la franja de población comprendida entre los 20 y los 59 años, el 46,3% había cursado estudios entre el primer y el tercer año de enseñanza básica y el 20,4% entre el cuarto y el quinto año. El 18,5% había cursado uno o más años de bachillerato y el 3,2% había frecuentado la universidad, aunque sin completarla (ibíd., 154 y 155).

La mayoría de las personas (58,9%) provenían de una realidad rural, mientras un 33,3% de ellas había partido de alguna localidad no menor de 5.000 habitantes. Esta última cifra se explica, según Corsetti, porque muchos de los migrantes hacia el Valle del Guamuez habían residido durante un periodo en Puerto Asís antes de asentarse en el área (ibíd., 176).

Se advierte así un aumento en la inmigración por etapas. Del total de migrantes presentes en la muestra realizada por la misión italiana, el 33,3% se había traslado directamente de lugar de origen a la residencia en el Valle del Guamuez, mientras que el 66,7% había cumplido al menos una etapa intermedia antes de asentarse en el área investigada (ibíd., 168).

La inmigración producida fundamentalmente por la coca, así como los cambios socioeconómicos relacionados con esta actividad, dieron forma a la sociedad local. Conviene ahora mirar cómo estas transformaciones contribuyeron a la creación de un municipio. Este aspecto nos remite a la pregunta sobre los efectos políticos de la coca en la construcción del estado local.

Comunidades y coca en el Putumayo

219

“Elevar de categoría”: los efectos políticos de la coca en la construcción del estado local El inusitado dinamismo demográfico y comercial propiciado por la bonanza cocalera impulsó a maestros de escuela, miembros de Juntas de Acción Comunal e inspectores de policía –los personajes de la vida rural y local con mayores vínculos con el estado intendencial–, a convertir estos acelerados cambios sociales en una verdadera inclusión de los pobladores en una comunidad política más amplia. Tales líderes consideraban que las localidades de este apartado rincón del Putumayo ya estaban en capacidad de cumplir con los requisitos demográficos y económicos señalados por la legislación colombiana para “elevar de categoría” sus inspecciones y erigirlos en municipios. En otras palabras, buscaban traducir los beneficios derivados del segundo boom cocalero desatado en la región amazónica durante los años 1984-1987 en una efectiva integración política de los colonos en la sociedad mayor11.

Es importante mencionar que esta aspiración local hacia la autonomía de las entidades territoriales coincidía con importantes tendencias del ámbito nacional e internacional, como la implementación de políticas descentralizadoras en las décadas de los años ochenta y noventa. En efecto, esta ola reformista consagró en Colombia políticas tales como la elección popular de alcaldes municipales (1986) y de gobernadores departamentales (1991), el nuevo régimen municipal (1986), la transferencia de competencias y recursos centrales hacia los gobiernos locales (1993 y 1999) y la ley de regalías petroleras (1994), que devolvía parte de las ganancias del negocio a los municipios y departamentos productores del hidrocarburo.

El impacto de estos cambios institucionales en la vida política local se comprende si se considera que, hasta finales de los años ochenta, los departamentos y municipios colombianos dependían fuertemente del estado central: sus dirigentes eran nombrados por el gobierno nacional. Además, el territorio del 11.

La primer bonanza cocalera se presentó entre 1978 y 1982 y la segunda entre 1984 y 1987 (Ramírez, 2001).

220

actual Putumayo tardó años en adquirir autonomía. Perteneció al departamento vecino de Nariño hasta 1957 y en 1969 fue erigido en Intendencia, una entidad que tenía un grado menor de autonomía que los departamentos y que era controlada desde Bogotá por una institución central: el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías (Dainco), que daba la aprobación final a los presupuestos. Solamente a partir de la Constitución de 1991 las comisarías e intendencias, como el Putumayo, se convirtieron en departamentos ordinarios con representación propia en el Congreso.

Así las cosas, este conjunto de reformas institucionales operadas en el orden nacional incentivó a los líderes del Bajo Putumayo para erigir sus inspecciones y corregimientos en municipios y poder administrar de manera autónoma los recursos de las regalías petroleras. De este modo, el municipio de Puerto Asís se fragmentó y dio origen a cuatro nuevos municipios: Orito en 1978, Valle del Guamuez en 1985, Puerto Caicedo en 1992 y San Miguel en 1994 (ver mapa).

Es posible identificar ciertas similitudes en los procesos de creación de estos municipios, que se pueden resumir de la siguiente manera. Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, los maestros de escuela y los inspectores de policía –los habitantes con mayor nivel de escolaridad y mayor contacto con el estado regional– conformaban un Comité pro municipio, contactaban una autoridad regional o nacional (ojalá de su misma filiación política), intercambiaban correspondencia y reunían la documentación exigida por la legislación colombiana para erigirse en municipios (información sobre el número de habitantes y estimaciones sobre rentas, contribuciones y presupuestos probables).

Sin embargo, estos cambios en la división político-administrativa del Putumayo entrañaron profundas rivalidades entre pueblos vecinos, que se diputaban las demarcaciones de la nueva entidad territorial, la inclusión en ellas del mayor número de pozos petroleros y el privilegio de convertirse en la cabecera municipal. Competían, en últimas, por la preeminencia política y económica sobre las localidades y sublocalidades contiguas.

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221

Al respecto, es significativa una carta que encontramos en el Archivo Departamental del Putumayo, dirigida en 1991 al entonces Ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana. En la misiva, los miembros del Comité pro municipio de Puerto Limón, pequeño caserío sobre el río Caquetá, manifiestan “inconveniencias sobre la creación del Municipio de Puerto Guzmán [localidad vecina] que si se llegase a aprobar con las delimitaciones presentadas en el anteproyecto, se verían seriamente lesionados nuestros intereses limítrofes, que como Inspección de Policía de Primera Categoría nos encontramos demarcados en Puerto Limón”.

La carta sigue así: “Rogamos al Señor Ministro suspender provisionalmente todo proyecto para la creación del Municipio de Puerto Guzmán, sin que antes vaya en conjunto con el de la creación de nuestro nuevo municipio de Puerto Limón (...) Caso contrario generaría graves problemas socio-políticos, porque nuestra comunidad está dispuesta a defender con todo fervor y patriotismo la demarcación jurídica para la creación de nuestro nuevo Municipio de Puerto Limón, mereciendo se tenga en cuenta siquiera su hegemonía basada en: 1º Puerto Limón es contemporáneo en su creación con la Capital del Departamento, Mocoa.

2º Su estructura topográfica está trazada para una verdadera ciudad.

3º Cuatro pozos de petróleo positivos para la explotación y algunos más en proyecto se encuentran en su jurisdicción.

4º Ontanar (sic)12 de hombres laboriosos encumbrados a la República.

12.

Se refiere a “hontanar”. Según el Diccionario María Moliner significa “sitio en que nacen fuentes o manantiales”.

222

5º Sus riquezas ya comprobadas en conjunto con sus habitantes permiten la creación del Nuevo Municipio”.

La carta expone muy bien las razones aducidas por los pobladores para la creación de los municipios, así como los conflictos locales y sublocales que acompañaron estos cambios en la división político-administrativa del Putumayo.

Con todo, la creación del municipio de Valle del Guamuez es el resultado de la confluencia de factores nacionales y locales. Expresa, en parte, la voluntad de algunos dirigentes políticos locales de traducir los cambios en la estructura socio-económica local ocurridos con la bonanza cocalera, en una mayor integración política al resto del país. Y es que convertir una inspección de policía en un municipio tiene un fuerte valor simbólico, tanto para los habitantes como para la legislación colombiana, la cual se refiere a esta transición como una forma de “elevar de categoría”, concepción que es a su vez interiorizada por los colonos. De ahí que la creación del municipio significara una forma de refrendar ante el estado central el estatus adquirido gracias al dinamismo demográfico y comercial producido por el petróleo y la coca.

La creación del municipio del Valle del Guamuez es también el resultado de una serie de reformas institucionales operadas en el nivel nacional, tales como la elección popular de alcaldes y la ley de regalías petroleras, y que suscitan en el ámbito local la aspiración de algunos líderes de separarse de la cabecera municipal de Puerto Asís y convertirse en la fuente de poder local, además de la expectativa de administrar autónomamente los recursos petroleros que ingresaban a las arcas municipales.

Así las cosas, la formación del municipio indica una cierta confluencia entre intereses locales y nacionales. Como lo mostramos en un estudio anterior para el caso de San Miguel (Torres, 2006), el problema de la descentralización es mucho más que una simple contradicción entre el ámbito nacional que concentra todos los poderes y unas localidades abandonadas. La descentralización expresa también un complejo juego de alianzas entre el nivel central y unas sublocalidades que compiten entre sí: en este caso una cabecera Comunidades y coca en el Putumayo

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y una sublocalidad en ascenso que no recibe mayores beneficios de la primera.

El conflicto se acentúa aún más cuando está en juego la administración de ingentes recursos petroleros y cuando las localidades emergen súbitamente gracias a los recursos derivados del negocio de la coca (ibíd., 2006).

Luego de haber visto el contexto que dio paso a la creación del municipio, conviene ahora mirar las prácticas a través de las cuales se construyó el estado local. Opté por transcribir fragmentos de las entrevistas realizadas a los protagonistas del proceso, pensando en que esto podía poner en contacto al lector con las formas concretas como se experimentan la política y “el estado” en estos territorios. Los testimonios recogidos se articulan en entrevistas, historias de vida y fragmentos de conversaciones, sobre los cuales he hecho un trabajo de edición, pero siempre respetando el contenido y el lenguaje.

Las “justas peticiones”: la creación del Valle del Guamuez en 1985 Miguel Palacios fue el primer alcalde del Valle de Guamuez. Nos recibió en su casa, en Mocoa, sentado en una silla de ruedas y con los anteojos puestos.

Este hombre de 70 años narraba constantemente episodios de la vida cotidiana para relatar la historia de constitución del municipio que, como él mismo dice, es “larga y bonita”. La conversación con él dio el siguiente testimonio.

Don Miguel nació en 1936 en Buesaco, un pueblo nariñense fundado en 1899. Ante las terribles sequías que asediaban la región, un día su padre le dijo: “Vámonos pal’oriente a buscar agua”. Así llegó al Putumayo a los diez años de edad. Su familia se instaló primero en El Pepino13, un pequeño caserío ubicado a los alrededores de Mocoa, con abundante agua y habitado por unos cuantos colonos junto a una gran mayoría de indígenas. Allí creció y aprendió el oficio de carpintero.

13.

En 1968 Brucher considera a El Pepino como uno de los centros de colonización importantes del Putumayo.

224

Sin embargo, como muchos otros, la explotación de yacimientos de crudo lo llevó a trasladarse al sur del Putumayo en la década del setenta. En efecto, hacia 1971, el párroco de El Pepino le pidió que lo acompañara a construir una capilla en un campamento de Ecopetrol, donde está hoy ubicado el parque principal de La Hormiga. Allí se instaló, compró unas mejoras, se hizo a un pedazo de tierra y construyó un pequeño taller de carpintería que le daba ingresos para sostener a su familia. Con la ayuda del sacerdote fundó una escuela radiofónica que funcionaba desde la casa cural: él alfabetizaba y el padre evangelizaba. Cuando sus hijos alcanzaron la edad escolar construyó, junto a otros vecinos, el Colegio Agropecuario de La Hormiga, como él mismo dice, “por amor a los hijos”.

Más tarde, a principios de los años ochenta, en plena bonanza cocalera, animó a otros vecinos a conformar un comité para la creación del municipio.

Establecieron contacto con el entonces intendente del Putumayo, José Antonio Salazar Ramírez, para pedirle la segregación de Puerto Asís y la agilización de los trámites que otorgarían la municipalidad al Valle del Guamuez. El funcionario recogió la documentación y al cabo de cuatro meses presentó el decreto presidencial No. 3290 del 12 de noviembre de 1985, mediante el cual “elevaba el Valle del Guamuez a la categoría de municipio”.

Vale la pena transcribir los considerandos del Acuerdo, pues él nos habla de la creación del municipio como un beneficio y destaca las cualidades morales de los habitantes que los hacen merecedores de esta nueva condición. El documento oficial sugiere que la constitución del municipio representa un cierto reconocimiento por parte del estado central de los pobladores de este rincón apartado de la llanura amazónica. El considerando del Acuerdo establece: “Que el Consejo Intendencial del Putumayo ha tomado la iniciativa de solicitar la creación de un municipio en la Zona Administrativa de la Inspección de

Comunidades y coca en el Putumayo

225

Policía de La Hormiga (Valle del Guamuez) por medio de la solicitud firmada por ciudadanos de la región del Valle del Guamuez.

Que el Gobierno Nacional desea atender las justas peticiones de una comunidad caracterizada por su laboriosidad, espíritu cívico y voluntad de progreso y encuentro de alta conveniencia que La Hormiga (Valle del Guamuez)-, centro vital y agrícola destacado del Putumayo, obtenga los beneficios del régimen administrativo municipal” (Acuerdo número 003 del 31 de marzo de 1984. La negrilla es mía).

De esta forma, en 1985, se creó el municipio de Valle del Guamuez, con cabecera municipal en La Hormiga, separándose así del gran municipio de Puerto Asís (véase mapa). El vocabulario utilizado por el documento oficial contrasta particularmente con la bonanza cocalera que se vivía en la región. Analicemos a continuación los primeros pasos del municipio, así como algunas de las prácticas desplegadas por los habitantes para “construir” el estado local.

Elecciones comunitarias y el modelo del ciudadano moderno Luego de haber contribuido a la fundación del municipio, el intendente del Putumayo manifestó su preocupación por el peligro que representaría designar desde Mocoa, la capital, a un alcalde ajeno a la localidad de Valle del Guamuez.

Y es que esta inquietud estaba, en parte, relacionada con el contexto que por aquella época se vivía en el sur del departamento. Mientras en Mocoa había cierta tranquilidad, en la frontera putumayense con el Ecuador la bonanza de la coca ya estaba en todo su apogeo14. Se registraba además un fuerte movimiento de personas ligadas a alguna parte de la cadena productiva de la coca que entraban y salían de la región. El negocio de la coca estaba en manos de una multiplicidad

de grupos pequeños que competían entre sí15. En esta situación, la desconfianza era generalizada: cualquiera podía ser un enemigo potencial capaz de deshacer los pactos o adueñarse por la fuerza de la mercancía del otro.

Además, como por aquellos años la política de elección popular de alcaldes estaba en gestación, el funcionario intendencial optó por dejar que los colonos eligieran por sí mismos la primera autoridad local. En palabras de don Miguel: “El intendente nos dijo: `Allí es verraco. Si mando al alcalde de Mocoa me lo matan. Nómbrenlo ustedes, escójanlo ustedes, elíjanlo ustedes. Esa vaina de la elección popular ya está allá [en Bogotá] cocinándose, ya está en el tintero.

Entonces hagamos una primicia aquí, a ver cómo nos sale. Elíjanlo ustedes, que yo lo posesiono’. `Bueno doctor’, le dijimos”.

La actitud del intendente de “no interferir” en las decisiones de la localidad estaba estrechamente ligada con las representaciones de la elite y de los funcionarios mocoanos con respecto al resto del territorio putumayense.

En efecto, así como en el interior del país el Putumayo es considerado un territorio violento y cocalero, en la región también operan imaginarios que sustentan jerarquías espaciales. Mocoa se ha representado como una ciudad con más de 400 años de historia, pacífica, colonial, conservadora y ajena a las actividades de la coca, en contraposición con la subregión del Bajo Putumayo, considerada violenta, peligrosa, centro de la economía cocalera habitado por colonos “sin arraigo” y “sin tradición” (Ramírez, 2001 y Ramírez, 2003). Ciertos lugares del Putumayo son, todavía hoy, considerados “bárbaros”, “sin ley” e incluso “inviables para la democracia” por los funcionarios estatales de Mocoa (Ramírez, 2001, 50). De ahí que el intendente mantuviera cierta distancia con los acontecimientos del municipio recién constituido y autorizara, en pocas palabras, que “se las arreglaran por ellos mismos”.

15.

14.

Recordamos que el primer boom cocalero se presenta entre 1978 y1982 y el segundo entre 1984 y1987 (Ramírez, 2001, 43).

226

En 1985 los hombres de Rodríguez Gacha aún no se habían instalado en el famoso laboratorio de procesamiento de cocaína de El Azul, ubicado en la subregión del Bajo Putumayo. Para una historia de El Azul, véase Comisión Andina de Juristas (1993).

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227

Así se dio paso en 1985 a “la primera elección popular de alcalde en Colombia” –como lo registra la prensa local de la época–, incluso antes de que dicha reforma fuera aprobada en el Congreso de la República16.

La organización de los comicios se hizo en forma “espontánea” y diferentes personas inscribieron sus candidaturas ante el inspector de policía de La Hormiga. Don Miguel Palacios nos relató el episodio de la siguiente forma: “Pusieron cuatro candidatos. Había un médico que nosotros queríamos hartísimo, el doctor Edgar Castro. Y ahí estaba Gonzalo Bastidas, que fue alcalde de Leticia. Estaba don Manuel Guzmán, egresado de Ecopetrol. Y a mí me pusieron como relleno en el tablero. Yo ya había sido inspector de policía de La Hormiga y había sido inspector de obra y entonces, pues, tenía unas prelaciones”.

Los escrutinios se llevaron a cabo un martes de diciembre de 1985 en el Colegio Agropecuario de La Hormiga, luego de que el párroco celebrara una misa y aconsejara votar por gente honesta y oriunda de la región. Así lo recuerda nuestro entrevistado: “Eso fue una elección en un salón grandísimo de la escuela. Nos encerraron: la policía en una puerta y acá juntos con el jurado. El rector del colegio creó el jurado calificador. Hicimos una urnita, que era una cajita de cartón, y el voto al estilo Acción Comunal. Nos dijeron: `van a poner el nombre de los candidatos’, y todos nos dedicamos a votar.

“Todos los de ahí del pueblo queríamos al doctor Castro, entonces todos le íbamos a votar a él. Y cuando se me acercó el padre Julio Ramírez, un líder de los duros de ahí, y me dijo: `ya tenemos catorce años de estar aquí.

Miguel, a vos te van a elegir porque viene gente del campo’, yo dije: `¿Cómo así? Eso no puede ser porque aquí el alcalde es el doctor’. Y un profesor, 16.

La elección popular de alcaldes fue consagrada en Colombia en 1986 y se llevó oficialmente a cabo por primera vez en 1988.

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que se llama Hugo Coral, pidió la palabra, pero le tocó cedérsela al rector porque era profesor de él y era de los duros. ¿Y ese rector sabe qué dijo? `Vea, el doctor Castro es una excelente persona, un hombre muy querido de la región y de aquí del pueblo, pero apenas lleva un añito de estar aquí, de estar haciendo el ruralito’. Bueno, entonces ya sembró esa cizaña, y siguió: `Don Gonzalo Bastidas es una excelente persona y fue un gran alcalde en Leticia, pero lastimosamente ya es muy viejito para ser alcalde, ya no está para esos trotes, que son duros. Don Manuelito Guzmán es un gran señor, egresado de Ecopetrol, muy querido del pueblo (y cierto así era), pero...’ a todos les encontró un pero. `Pero él no tiene conocimiento de la comunidad y el que está de último...’, dijo. El nombre mío estaba en minúsculas en el tablero, de rellenito no más. `Ese señor lleva catorce años que yo lo conozco, hombro a hombro sirviendo al pueblo’. Entonces toditos dieron semejante aplauso tan tremendo. Y había Juntas de Acción Comunal. Habían llegado veinticuatro juntas de los campos. Entonces él, con ese discurso, pues, desbarató todo.

“Cuando se dijo: a votar. Todo el mundo en la espalda era voltiése pa’ escribir el nombre en el papelito que nos habían dado y todo el mundo era meta el votico. En la mesa donde estaba la urna se quedaron dos presidentes de Acción Comunal que no los pudo sacar ni el teniente. `Nosotros somos ciudadanos. No estamos haciendo ningún daño, vamos a estar pendientes porque ya sabemos cómo son las cosas’. ¡Y estas cosas que son tan importantes! ´Nosotros tenemos que mirar. Solamente es por mirar’. Al teniente de la policía le tocó dejarlos. Los dejaron y, bueno, ya se dijo la votación.

“Y a la hora de la verdad don Gonzalo se sacó 46 votos, el doctor se sacó 88 votos y cuando llegó la votación mía: ¡108 votos! `¿No te dije?’ me gritó el padre. ¡Y la emoción! Me llevaron a la mesa cargado los campesinos al discurso. Yo me había preparado un poco en la Acción Cultural Popular y como inspector de policía y jefe de Obras que fui. Yo ya tenía un poquito de roce para todo eso. Pero yo no estaba preparado para echar discursos. Yo les dije: `lo único que les prometo es que voy a cumplirles, con la ayuda de Dios que es el que me rige a mí, lo único que les prometo es ser funcionario-alcalde honesto en la administración, lo único…lo demás yo no sé nada, nada, nada’.

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Porque era arrancar en ceros. No teníamos ni un Banco. Ecopetrol me regaló un lapicerito, el decreto y no más... y un banquito me prestaban. Eso era todo lo que me entregaron a mí”.

fuertemente influenciada por los “líderes duros de ahí” –el cura párroco y el rector del colegio–, quienes orientaron el voto de los electores. Las razones aducidas por ellos para escoger a unos y descalificar a otros nos dieron pistas sobre los criterios de elegibilidad en el seno de la comunidad.

Al explicarnos el éxito de su votación, don Miguel nos relató lo siguiente: “Cuando estaba en la Inspección de Policía yo hacía gratis, los domingos, los papeles para la constitución de las Juntas de Acción Comunal en la Remington. Esa fue la campaña mía a la alcaldía, sin darme cuenta”.

De esta manera, Miguel Palacios resultó elegido en 1985 como primer alcalde del recién creado municipio del Valle del Guamúes. Estas particulares elecciones merecen que nos detengamos un momento y hagamos varias anotaciones.

En primer lugar, es importante resaltar que, salvo por la presencia de algunos agentes de policía, aquella primera elección no fue dispuesta ni vigilada por funcionarios del estado central. Estas tareas fueron asumidas por los habitantes de la pequeña localidad.

En segundo lugar, se subraya la ausencia de candidatos “oficiales” sugeridos por los jefes nacionales o regionales de los partidos. Es más, la filiación partidista de los candidatos parecía irrelevante a la hora de la escogencia.

Se destaca, en tercer lugar, que no hubo programas ni campañas electorales “formales”: no existió información previa sobre lo que se votaba. No hubo exposición pública de las ideas ni de los proyectos de gobierno. Tampoco surgió un enfrentamiento entre candidatos e individuos con concepciones “ideológicas”, políticas o económicas diferentes.

Como cuarto punto, es importante resaltar que aunque no hubo un debate “ideológico” previo a los comicios, sí existió una forma específica de deliberación entre los electores, que se centró en las condiciones que debían reunir los candidatos para ser elegidos. Y contrariamente a lo previsto en el código electoral colombiano, aquella discusión no se separó del momento de la votación. Estuvo 230

En efecto, si revisamos el perfil de los cuatro candidatos encontramos que el primero de ellos había trabajado en Ecopetrol –la institución estatal del orden nacional más importante de la zona en ese momento–. El segundo había sido alcalde de Leticia, y el tercero era el joven médico del pueblo. Por su parte, don Miguel había sido Inspector de Obras e Inspector de Policía de la localidad y eso le daba “ciertas prelaciones”, como él mismo dice. Sin embargo, todos ellos habían tenido de una u otra forma vínculos con “el Estado”.

Don Miguel era quien llenaba a máquina de escribir los engorrosos formularios para conseguir la personería jurídica de las Juntas de Acción Comunal. Con ello, ayudaba a sus miembros en su empeño por consolidar estas primeras formas organizativas campesinas y por formalizarlas ante el estado.

Esta labor no era de poca monta si consideramos que las Juntas de Acción Comunal eran las primeras figuras asociativas existentes en las zonas de frontera. Surgían en el momento del asentamiento de los colonos y, por lejanía de cualquier otra autoridad, se encargaban de dirimir los conflictos entre los vecinos y construir un equipamiento social mínimo, como puentes, trochas y escuelas (Jaramillo y otros, 1986).

Además, para su creación y funcionamiento, las Juntas de Acción Comunal debían ajustarse a una normatividad estatal. Se trataba de organizaciones legales a través de las cuales los pobladores podían obtener beneficios y atención de las agencias gubernamentales. Su formalización representaba el reconocimiento por el estado central de la existencia de núcleos poblacionales en gestación y, como tal, significaba una primera, aunque incipiente y frágil, validación como ciudadanos de los colonos y vecinos de estas tierras de frontera agrícola. Precisamente allí radicó la importancia de la labor que asumió don Miguel y que constituyó, como él mismo lo dice, su “campaña a la alcaldía”. Con todo, observamos que un criterio Comunidades y coca en el Putumayo

231

importante de selección para este cargo consistía en tener vínculos previos con el estado formal-legal, o por lo menos en facilitarlos.

fundadores del pueblo y los “recién llegados”, que se reflejaba en el momento de decidir quién tenía derecho a acceder a un puesto de representación pública.

Otra condición apreciada era el tiempo de permanencia en la localidad. Ello se hizo explícito cuando se refirieron al médico, considerado un “hombre del pueblo” pero que solo cumplía un año en la localidad “haciendo su ruralito”, por oposición a don Miguel, quien llevaba “catorce años trabajando hombro a hombro con la comunidad”. Y es que el domicilio constituye, según François Xavier Guerra (1999) “una expresión de la inscripción material en la sociedad”; simboliza el grado de pertenencia con el lugar. Esto sorprende en una región de colonización reciente de la Amazonia colombiana, habitada por colonos históricamente representados como “migrantes sin arraigo” para quienes el único interés es extraer riquezas del territorio, sean éstas caucho, pieles o coca (Ramírez, 2003). Tal creencia se fortaleció durante la bonanza cocalera, cuando centenares de “raspachines”, “chichipatos” y “traquetos” entraban y salían de la región17.

María de la Luz Vásquez (2006) señala claramente este aspecto de las jerarquías sociales en el seno de las zonas de colonización reciente, productoras de coca: “Están contenidas oposiciones capitales, como los que cultivan coca y los que no, los que no se establecen y los que están arraigados y tienen lazos, los que `dañan’ el pueblo y los que lo promueven y buscan su desarrollo, los que simpatizan con la guerrilla y los que defienden lo institucional, los que carecen de valores y los que son inmorales y los que defienden la moral. Así que, si dentro del esquema nacional estos fundadores representan lo marginal frente a lo establecido, en su condición de expropiados y expulsados, por dentro del esquema local, reclaman las cualidades morales más elevadas para gobernar y decidir sobre el destino del municipio, por haber sido los primeros en llegar” (Vásquez, 2006, 190).

Esta representación de los colonos como población contingente contrasta con los atributos que se exigían en Valle del Guamuez para ser reconocido como autoridad local, consistentes en el hecho de permanecer y de identificarse con la región. La figuración de población flotante choca también con las expectativas de futuro de los habitantes. A la pregunta de “¿cuáles son sus perspectivas para los próximos años?”, formulada por el equipo de Corsetti en 1987, la gran mayoría de los encuestados, el 65,2%, respondió que pensaba radicarse definitivamente en el lugar, el 18,5% pensaba migrar nuevamente y el 16,3% no sabía si permanecer o partir de nuevo (Corsetti y otros, 1968, 249).

La capacidad de ejercer autoridad dependía también de las cualidades morales de “los elegibles”. Se hace hincapié en quién es “una excelente persona”, quién ha trabajado “hombro a hombro con la comunidad”, quién es “honesto” y quién pone sus habilidades al servicio de la comunidad. Cobra aquí sentido lo que François Xavier Guerra señalaba a propósito de la construcción del ciudadano en el México decimonónico: “El acto de elegir es en cierto modo formalizar uno de los sentidos antiguos de la palabra representación, la cual [según el Diccionario de Autoridades de 1737] significa también autoridad, dignidad, carácter o recomendación de la persona”(1999, 55). Se destaca que en el imaginario de los colonos están relacionadas la representación y cualidades morales como la honestidad y la dignidad del gobernante.

No hay que olvidar que para la década de los ochenta existía ya una generación de hijos de los antiguos colonos nacidos en la región (Ramírez, 2003). Pese a que la población era calificada como itinerante por el gobierno central y los funcionarios regionales, en esta zona de frontera existía una serie de diferenciaciones entre los

Es igualmente importante resaltar la celebración religiosa oficiada en el lugar de la votación. Esto nos sorprendió aún más cuando leímos a François Xavier Guerra (1999) y encontramos que era una práctica común establecida en Iberoamérica por la Constitución de Cádiz de 1812:

17.

Para una caracterización de estos personajes relacionados con la cadena productiva de la coca y de la cocaína, véase: González, José Jairo y otros (1998).

232

“Los ciudadanos comienzan reuniéndose en junta electoral y eligiendo un Comunidades y coca en el Putumayo

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presidente, un secretario y dos escrutadores. Todos juntos asisten luego a una misa del Espíritu Santo y después de ella cada elector se acerca a la mesa e indica a ésta los nombres de los compromisarios que quieren designar (...) El voto es precedido por una misa solemne del Espíritu Santo y es seguido de un Tedeum y tiene lugar un domingo. El pueblo que se congrega es el pueblo cristiano y la misa del Espíritu Santo es una demanda a la Providencia para que ilumine a los electores” (Guerra, 1999, 50 y 52).

Para nadie es un secreto que los sacerdotes católicos han ejercido históricamente una gran influencia en la vida política local colombiana y han asumido una labor de orientación del voto, a tal punto que José María Samper (1976) afirmó: “Al llegar a su parroquia un cura turbulento, es como cuando sueltan un toro nuevo en la plaza, algo peor, porque con él no hay barrera que valga”.

Es sin embargo curioso que los colonos del Putumayo de ascendencia nariñense hubieran conservado en 1985 la celebración de la misa como preludio de los primeros comicios electorales.

Por último, vimos en estas votaciones una cierta interiorización del “modelo del ciudadano moderno”, como diría Guerra, que se manifestó en la importancia otorgada por los electores al nombramiento de los jurados, a la construcción de una urna de cartón, al voto escrito y secreto (“voltéese la espalda para escribir en un papelito el nombre del candidato”).

El voto escrito nos sugirió además que los sufragantes de esta especie de junta electoral local eran personas letradas, atributo ciertamente no generalizable al conjunto de la población del Putumayo en ese momento18. Se trataba entonces de un grupo selecto de colonos reunidos en un mismo lugar para efectuar las operaciones del voto. En ese sentido, estos primeros comicios podrían constituirse en una forma particular de elección comunitaria con visos censatarios.

La dimensión comunitaria resulta profundamente imbricada en los primeros pasos de la construcción del municipio de Valle del Guamuez. En palabras

de Guerra, esta elección mostró “una mezcla de disposiciones y prácticas que favorecían la individualización y otras que reconocían o incluso reforzaban los comportamientos comunitarios” (1999, 49).

Luego de haber descrito y analizado la primera elección a la alcaldía de Valle del Guamuez, conviene ahora mirar la organización del gobierno local y la constitución de las primeras redes políticas.

La “dedocracia comunitaria”: formación embrionaria de redes políticas Don Miguel tomó posesión de su cargo el 1º de enero de 1986. Su primer acto de gobierno fue buscar la sede para la alcaldía.

“Arrendamos una casa grande. Nos cobraban 80.000 pesos. Eso era un dineral en ese tiempo. Y, bueno, la arreglamos, porque era grande. Tenía diez piezas. Había para diez oficinas, eso yo las necesitaba todas. Ya seguimos creando el municipio. Le dijimos al intendente: `ahora sí ayúdenos, doctor’. ¿Sabe de cuánto fue el primer desembolso de la Intendencia? 400.000 pesos.

Para mí fue un escándalo eso. Era mucha plata. Nos regaló 400.000 pesos para que buscáramos muebles. Salimos para Pasto, porque Dainco nos dio una volquetica nueva y en esita [sic] nos arreglábamos. Ya venía el chofer de la Intendencia. Nos salimos a Pasto y los compramos de segunda, madrecita, porque no nos alcanzaba para nuevos. Pero, bueno, llenamos la volqueta”.

El nuevo alcalde, don Miguel Palacios, se dedicó entonces a escoger su gabinete.

Anduvo en bicicleta por las polvorientas trochas de su nueva jurisdicción, reuniéndose en cada caserío con los miembros de las Juntas de Acción Comunal para que seleccionaran a un funcionario entre sus miembros. Como él mismo lo recuerda,

18.

Para darnos una idea del grado de alfabetización de la región, véase en el presente artículo el acápite “Petróleo y coca: una sociedad en formación”.

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Comunidades y coca en el Putumayo

235

“Yo me salí a San Miguel, al Placer, al Tigre, a La Dorada para darles participación a todos los pueblitos y que cada cual pusiera un empleado. De San Miguel me dieron un secretario que tenían preparado para la Tesorería.

De La Dorada me dieron al Personero. Los funcionarios tenían que ser de Acción Comunal o, si no, no los recibía. Yo estaba encaprichado porque a mí me eligieron fueron las Juntas; entonces yo tenía la deuda con ellos; yo tenía esa gratuidad [gratitud]. Yo decía: `tienen que ser de Acción Comunal o, si no, nada’. Ahí operaron las Juntas y mandaron de La Dorada un muchacho que fue muy buen personero. Él ya era bachiller. De El Placer me mandaron un joven Franco, que no recuerdo el apellido, también buena gente. Saqué al tesorero, un señor Jaime Pérez. El secretario de gobierno lo escogió el inspector de policía”.

En esas condiciones, los líderes campesinos que hacían el tránsito hacia cargos públicos no contaban todavía con una maquinaria política aceitada; sus redes políticas estaban apenas en formación. Esta “dedocracia comunitaria” no giraba todavía sobre las aceitadas ruedas del clientelismo tradicional; andaba en bicicleta por las veredas entre paisanos, vecinos y amigos. Como vimos, la distribución de los puestos burocráticos no dependía aún de la red de relaciones entre dirigentes locales y jefes de los partidos. Tampoco respetaba el principio de la meritocracia, supuestamente propio de las burocracias, contradiciendo así todos los procedimientos formales de selección del personal administrativo. Aquí no valían las rigurosas pruebas de conocimientos, ni los títulos académicos, ni los años de experiencia. El estado local, en este primer momento, se tejía a partir de los lazos de amistad, parentesco y compadrazgo.

El estado local se formaba con líderes “naturales” de la sociedad que hacían carrera en las Juntas de Acción Comunal y se destacaban en la organización de las parroquias y comunidades.

Existía, ciertamente, un tipo embrionario de “clientela” (si es que este término cabe aquí) construido con base en el intercambio de favores, pero con la diferencia de que los individuos eran relativamente “iguales” entre sí. En efecto, el término clientelismo se aplica a las relaciones que se establecen entre una persona que utiliza su dinero, prestigio o posición social para ayudar y proteger 236

a otra desposeída de dichos atributos, quien así se convierte en su “cliente” y a cambio presta servicios y lealtad a su “patrón”: la relación es fundamentalmente asimétrica y vertical (González Alcantud, 1997 y Miranda, 1977). Sin embargo, en esta etapa de escasa diferenciación social, el estatus radicaba en aspectos tales como quién sabía leer y escribir, como en el caso de don Miguel, quien se destacaba en su comunidad por redactar oficios en la Remington.

El intercambio de favores se circunscribía al ámbito de lo local y comunitario.

Todavía no aparecían en escena los jefes nacionales de los partidos. Tampoco asistíamos aquí a una fuerte asimetría en las relaciones, ni a fuertes poderes locales estatuidos que disponían de parcelas significativas del estado.

Con todo, contratar el personal administrativo para la naciente burocracia no era tarea fácil. El torbellino de la coca absorbía las actividades de gran parte de los habitantes que, por lo demás, habían llegado expresamente al territorio para participar de las promesas de la coca. El esplendor del negocio era demasiado atractivo para ocuparse de un oficio mecánico y rutinario como el de funcionario público. A propósito, un profesor de La Dorada, recuerda: “Aquí [en La Dorada] no se conseguían funcionarios ni profesores porque les iba mejor en la recolecta de hoja. Los profesores llegaban al municipio, al mes se enrolaban en el negocio de la coca, a los tres meses aparecían con carros, motos, y al año ya eran finados”.

Conclusiones El recorrido por los procesos de formación embrionaria de la institucionalidad estatal en el Valle del Guamuez nos ha permitido, en primer lugar, cuestionar una reiterada suposición de científicos sociales según la cual “el Estado” es una estructura inerte que ejerce una autoridad “desde arriba” y desde “un afuera” de la sociedad. En el caso estudiado, las prácticas comunitarias configuran el estado local. Son ellas las que le dan forma. En otras palabras, Comunidades y coca en el Putumayo

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es mediante las acciones de los colonos como “aparece” el estado. Son los colonos, especialmente los fundadores del pueblo, quienes se encargan de la extensión del estado en esta región de la Amazonia colombiana.

Y poco a poco, el estado local adquiere forma a través de los colonos que se convierten en funcionarios públicos. Es importante recordar que el estado no envía a sus agentes desde el interior del país o desde la capital administrativa de la región, incluso cuando la elección popular de alcaldes no ha sido todavía consagrada. Las autoridades estatales son escogidas en la localidad.

Esta situación supone una serie de consecuencias para el tipo de estado local que se configura. Las autoridades cuentan con una gran capacidad para interlocutar, convocar y movilizar a la población, destrezas adquiridas a lo largo de su trabajo como líderes comunitarios, pero, por su carácter neófito en la administración pública, desconocen las funciones propias del “universo burocrático”. La interacción entre pobladores y servidores públicos tiende a la personalización. Este aspecto se evidencia a lo largo de todo el texto, donde queda claro que las lealtades personales, las relaciones cara a cara y las cualidades morales sustentan la legitimidad del alcalde, y de ellas, depende en gran medida la posibilidad de ocupar un puesto público.

La escasa diferenciación entre estado y sociedad se evidencia igualmente en las formas de regulación establecidas por la administración pública local, las cuales se confunden con los modos de operar de las Juntas de Acción Comunal: no están mediadas por procedimientos técnicos estandarizados, propios de las burocracias modernas. El estado resulta profundamente teñido por una dimensión comunitaria.

A su vez, las redes políticas que poco a poco se tejen tienen alcances estrictamente locales. En la escena política de mediados de la década de 1980 no aparecen los jefes nacionales o regionales de partidos que se arroguen facultades para designar el personal político y administrativo de la localidad. Y esto porque no hay, en este primer momento, elites locales articuladas al centro del país 238

ni se han estructurado todavía las redes políticas vinculadas a los partidos tradicionales, como sí lo vimos diez años más tarde en esta misma subregión a propósito de la creación del municipio de San Miguel y su segregación del Valle del Guamuez (Torres, 2006). Insistimos en el hecho de que “estado” y “sociedad” están estrechamente relacionados, tanto que se hace muy difícil hablar de dos entidades separadas.

En segundo lugar, el caso escogido permitió analizar los efectos políticos de la coca en la construcción del estado local. A pesar del carácter ilegal y de su preponderancia en la economía local, ese cultivo no fomentó el despliegue de las actividades de los pobladores a espaldas del estado. Más bien, la coca se convirtió en un poderoso motor de construcción de la institucionalidad estatal. Aunque suene un tanto paradójico, gracias al dinamismo demográfico y comercial producido por la masificación de la coca, los nuevos poblados fueron erigidos en municipios, dando así lugar a la configuración del estado local.

Señalamos aquí que la generalización de una práctica ilegal como el cultivo y la producción de la pasta de coca han contribuido a la construcción del estado en la subregión del Bajo Putumayo. En un artículo anterior (Torres, 2006) señalamos cómo la coca propició la construcción del estado en el vecino municipio de San Miguel. En efecto, al acelerar la monetización de la economía, el cultivo ilegal abrió la posibilidad de la tributación estatal, hecho que habría sido imposible únicamente con la extracción de maderas que predominó durante los años cincuenta y sesenta (ibíd., 2006). El carácter ilegal de la coca desvía la atención del investigador de la profunda relación existente entre desarrollo agrícola e instititucionalidad.

En tercer lugar, es importante señalar que la creación del municipio no es un fenómeno autocontenido que pueda explicarse únicamente a partir de las dinámicas locales. El clima político creado por la descentralización administrativa y de recursos, y en particular la inminencia de la elección popular de alcaldes, constituyeron otro incentivo para la creación del municipio de Valle del Guamuez en 1985. En ese sentido, la confluencia Comunidades y coca en el Putumayo

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de factores tanto locales como nacionales hizo posible la elevación de una inspección en un municipio.

Vimos finalmente la organización de una sociedad rural y, simultáneamente, la formación embrionaria del estado local. En este primer momento el estado no aparece claramente diferenciado de la sociedad, explicitando así que tal separación no es ni natural ni universal. Las prácticas comunitarias configuran el estado, y éste, a su vez, intenta regular las prácticas comunitarias: cada una está profundamente imbricada en la otra y las dos se transforman mutuamente.

En suma, el análisis de este caso específico nos proporcionó evidencias empíricas para considerar los procesos de formación embrionaria de la institucionalidad estatal y de las redes políticas, antes de que fueran abruptamente atravesados por dinámicas trasnacionales como las políticas antidrogras del Plan Colombia, en el año 2000, y antes de que el departamento se proyectara en la política nacional a tal punto que el representante a la Cámara por el Putumayo se erigiera en vocero oficial del Partido Liberal. Es necesario ahora comparar los hallazgos de esta investigación con el estudio de los procesos recientes de la formación del estado en Putumayo, de modo que se puedan ilustrar las diferentes etapas de la estatalización de la vida social.

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ECONOMÍA Y DESARROLLO

La vacilante economía política de Uribe* Aumento de la tributación dual de clases, acuerdos bilaterales comerciales dilatados o prolongados, y la creciente inestabilidad rural** Por James J. Brittain***

* Artículo recibido en marzo de 2007 Artículo aprobado en abril de 2007 ** Traducción de Pauline Castro. *** Instructor del Departamento de Sociología de la Universidad de New Brunswick, Canadá, james.brittain@unb.ca

la atención sobre la incapacidad militar del gobierno de Uribe para lidiar con las Farc-EP, involuntariamente se ha relegado a un segundo plano el análisis de los complejos dilemas de la actual reestructuración política y económica de este país andino. Las notas siguientes intentan arrojar una luz sobre las complejidades y dificultades que se están avecinando en el segundo periodo de gobierno del presidente Uribe (2006-2010), al lograr su reelección para un segundo mandato de cuatro años, y que ponen en entredicho y cuestionan no solo la estabilidad política del gobierno actual, sino por igual el tradicional trajinar político de Colombia.

Introducción1 Antes y durante el primer período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), en repetidas veces se le aseveró a los electores colombianos que una disminución del conflicto interno que padece el país, y en particular una reducción en la capacidad hegemónica y militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), se alcanzarían durante su gobierno. Las promesas claramente no se han tornado en realidad, si se tiene en cuenta que durante los últimos años puede apreciarse una escalada en las acciones de las FarcEP contra el Estado y por igual contra fuerzas paramilitares, una escalada armada que equivale a que durante el periodo 2005-2006 haya tenido lugar una de las ofensivas más constantes y poderosas de la guerrilla de la última década (Fundación Seguridad y Democracia, 2004). Al centrar 1.

Siguiendo los eventos del 11 de septiembre de 2001, el Estado colombiano y la administración Bush empezaron discusiones concernientes a una campaña aliada para escalar las prácticas contra la insurgencia en Colombia, sin embargo, expandir la guerra fundamentados en el terror, tal como se hizo en el Medio Oriente, para incluir a las FarcEP (Leech, 2004a). En octubre de 2002, los informes evidenciaban que los marines de Estados Unidos tenían orden de aumentar las actividades contra insurgencia en el campo colombiano contra las Farc-EP, (Gorman, 2002). Fue durante este dinámico periodo cuando formalmente se inicio el Plan Patriota.

Contextualización de la incapacidad de Uribe para responder a las Farc-EP Previo a su arribo al poder, Andrés Pastrana (1998-2002), un candidato presidencial no muy persuadido de comprometerse con tal estrategia, basó gran parte de su campaña electoral en su expresa intención de buscar una solución negociada con las Farc-EP, como el instrumento central para hacer realidad la pacificación de la nación colombiana, una nación enfrentada de tiempo atrás en una guerra civil (Lemus, 2005, 106; O’Shaughnessy, 2005, 43 y Leech, 2002c, 4). Mientras muchos veían la estrategia de la negociación como problemática –en razón a que mientras Pastrana promocionaba la paz, el gobierno se preparaba por igual para la guerra diseñando y negociando el denominado Plan Colombia, (Richani, 2005b y Cislac, 2001) – cabalgando sobre la promesa de la negociación Pastrana encontró albergue en la Casa de Nariño a la que llegó como Presidente electo de los colombianos (Ruiz, 2001). Ante el fracaso del intento de Andrés Pastrana por encontrar la paz, Uribe centró su campaña electoral como candidato a la dirección del Estado (durante las elecciones presidenciales subsiguientes para elegir al sucesor de Pastrana) en aplicar una estrategia completamente opuesta y diferente a la fracasada del acuerdo negociado consistente en buscar el aniquilamiento directo y coactivo de las Farc-EP(O’Shaughnessy and Bradford, 2005, 54; Lemus, Stanton and Walsh, 2005, 111; Leech, 2002c, 74 y Randall, 2002).

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A lo largo y ancho del país Uribe proclamó que en los cuatro años de su gobierno eliminaría la guerrilla del país, promesa que fuera apoyada y avalada no solo por las clases dominantes de los centros urbanos sino también por las élites en la periferia rural (Avilés, 2006, 123 y Richani, 2005b, 93).

Literalmente, a los pocos días de su llegada a la Presidencia de la República en el 2002, Uribe estableció de inmediato controles del Estado en la zona de distensión de las Farc-EP, zona para entonces bajo su dominio, y políticas de control que fueron implementadas rápidamente y que se concretaban en la constitución de un gran ejército de soldados campesinos, la creación de una red de informantes en diversos segmentos de la geografía nacional, en el establecimiento de un control militar en regiones específicas del país y en las controvertidas zonas de Rehabilitación y Consolidación en secciones del nororiente y sur occidente del territorio. (Crandall, 2005, 117; Lemus, Stanton and Walsh, 2005, 111-112; Sweig y McCarthy, 2005, 23-24; Bland, 2004, 56; Helweg-Larson, 2002; Leech, 2002a y Leech, 2002b). La intención de tales medidas era elevar las acciones de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas, acciones ya para entonces en marcha dentro del marco militarista del Plan Colombia, tal como fuera adoptado por Pastrana. Durante su periodo entonces como gobernador de Antioquia (1995-1997), Uribe recurrió a métodos similares pero a escala regional. En los años en que se desempeñara como gobernador Álvaro Uribe promovió fuertemente la creación y legalización de las fuerzas civiles-militares (Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, conocidas popularmente como las Convivir), para combatir la guerrilla, antes de que las Convivir fueran declaradas ilegales en 1999 por el gobierno central en gran medida por sus estrechos vínculos con los paramilitares y por hallárseles involucradas en la masacres de civiles. El modelo Convivir funcionó bastante bien en varias áreas del noreste colombiano en lo que al deterioro de la hegemonía de las Farc-EP se refiere, (Sweig y McCarthy, 2005, 19; Livingstone, 2003, 26; Dale, 2003, 71-72; Leech, 2002c, 88 y Richani, 2002, 52, 144).

A pesar de que tales medidas reaccionarias en la escala regional durante los años noventa parecían ser efectivas, Uribe pronto se percató que las Farc-EP eran más poderosas a lo largo y ancho de la nación de lo que él había podido avizorar.

A resultas de la inhabilidad del Plan Colombia para responder a las Farc-EP1, el Estado colombiano estableció una campaña militar directa y acentuada para enfrentar a los insurgentes (Mondragón, 2007, 42-45). A comienzos del 2003, esta degradada nueva estrategia anti-insurgente organizada a través del Plan Patriota, se focalizó ampliamente en los siguientes departamentos del sur de Colombia: Putumayo, Caquetá, Meta y Nariño. En un año, la campaña que había sido acordada entre Estados Unidos y Colombia había logrado un crecimiento sin precedentes en los embates del Estado contra las Farc-EP. Durante este periodo el número de ataques militares iniciados por la guerrilla aumento en un 73% con relación al número de campañas realizadas durante el 2002, (Richani, 2005b, 89, 95).

Inmediatamente comienzan a proliferar informes que anuncian cómo el Plan Patriota ha empezado a “diezmar” a la guerrilla (Acosta, 2004). Se publican declaraciones asegurando que las fuerzas de Colombia y E.U.A. estaban ganado la ofensiva contra las Farc-EP y que existía un debilitamiento del apoyo social del que hasta aquellos meses había disfrutado la guerrilla, a más de una disminución en sus nuevos reclutamientos y la significativa retirada de sus combatientes de reductos socio geográficos en los que previamente habían sido fuertes (Crawley, 2005; Garamore, 2005 y Toro, 2004). Más aún, se transcribían declaraciones de oficiales de E.U.A. manifestando que las Farc-EP “han sido degradadas significativamente” y de que ahora “ya no existe un solo lugar en el país al que no puedan entrar los ejércitos colombianos” (Garamore, 2005). Durante la primavera del 2005 la promesa electoral de Uribe parecía fructificar, y en especial cuando el general de la Fuerza Aérea estadounidense Richard B. Myers públicamente se refirió al Plan Patriota como un éxito irrefutable en el sendero de la inminente derrota de las Farc-EP (ibíd.).

Con informes diarios del gobierno propalando las noticias de la efectividad del Plan Patriota y el desembozado y persistente mensaje de Uribe sobre la certeza de la victoria sobre las Farc-EP, en el papel –y en el campo de batalla– los

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251

números revelaban una situación bien diferente. Alfredo Rangel Suárez, uno de los analistas militares más respetados, y en el pasado uno de los asesores en temas de defensa de Uribe, documentó con cifras como durantes los dos años del período de Uribe, las Farc-EP habían realizado el mismo número de ataques contra las fuerzas del Estado que los iniciados durante todo el gobierno del anterior presidente Andrés Pastrana (Fundación Seguridad & Democracia, 2004). Aportando evidencias adicionales en el mismo sentido, aparecen otros trabajos de académicos que estudian la guerra al interior de Colombia y que corroboran las conclusiones de Rangel. Russell Crandall anota que en el 2003 los ataques de las Farc-EP aumentaron en un 23% (Crandall, 2005, 177), mientras Constanza Vieira asegura que durante el año 2004 los ataques de la guerrilla a la infraestructura del Estado aumentaron entre 101 y 106 %, con un 21% correspondiendo a ataques a oleoductos, en especial en el sur de Colombia (Fundación Seguridad y Democracia, 2006 y Vieira, 2006). Cabe anotar que las campañas iniciadas por las Farc-EP no decrecieron y si más bien aumentaron durante el primer periodo de Uribe, “de 227% entre 1998 y 2002 a 450% por año entre el 2003 y 2004”, mientras los ataques militares que partieron del Estado decrecieron en un 22% entre el 2002 y el 2004” (Richani, 2005b, 95).

Estas cifras demuestran a las claras, que contrario a las cuentas exhibidas por el Estado, las Farc-EP pusieron a la defensiva a las Fuerzas Militares de la nación en numerosos departamentos, y más significativo aún, en aquellas áreas en las que el Plan Patriota se encontraba activo, demostrando tajantemente que la insurgencia se hallaba lejos de haber sido debilitada. A lo largo de los pasados dieciocho meses, la guerrilla ha desplegado una consistente ofensiva militar en varias regiones del país, que se manifiesta en un número sin precedentes de ataques contra el Estado (Restrepo y Spagat, 2004). Sin embargo, no ha sido solamente con sus campañas militares como las Farc-EP han demostrado su poderío (Leech, 2006b).

100 nuevos combatientes solamente en tan solo uno de los 1050 municipios de Colombia. Durante una entrevista a Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las Farc-EP, el guerrillero afirmó: “observe, mire alrededor, aquí estamos. ¿Ve usted tropas? El Plan Patriota no ha diezmado a las Farc-EP. Nosotros nos movemos libremente por la región tal como lo hemos hecho durante muchos años.” Basado en esa información Mark Eric Williams (2005, 160161), asegura que Uribe ha fracasado notoriamente en establecer su legítima autoridad como jefe de Estado en gran parte del país. Existen además otros hechos, que no se fundamentan en la capacidad militar de las Farc-EP, pero que han demostrado la incapacidad de Uribe para enfrentar la guerrilla y prevalecer en esta guerra civil. Tales comportamientos tienen que ver menos con los esfuerzos de las Farc-EP por establecer una revolución socialista en Colombia y están relacionados sobre todo con las desiguales condiciones sociales y con las crecientes restricciones económicas impuestas por Uribe a la población colombiana. Las páginas que siguen escrutan estos dilemas intentando ilustrar como tales condiciones, en combinación con la ofensiva militar de las Farc-EP y su consiguiente crecimiento, poseen el potencial para desestabilizar la economía política de Colombia.

La amenaza (potencial) de dos formas de oposición de clases contra el Estado Las tensiones entre la clase trabajadora y las poblaciones vinculadas con el agro con el Estado distan mucho de ser nuevas en Colombia. Fricciones de esta índole han sido ampliamente relevantes durante décadas en el país y pueden apreciarse con facilidad en la gran abstención de los ciudadanos en las periódicas convocatorias electorales2. Tampoco ha sido una ocurrencia insólita 2.

Después de adelantar una investigación en el centro y sur occidente de Colombia, durante los años de 2004 a 2006, resultó evidente que las Farc-EP habían aumentado el tamaño de sus fuerzas de combate, en contradicción con los informes divulgados por los medios privados de comunicación y por el mismo gobierno. En tan solo un mes, las Farc-EP habían reclutado y entrenado 252

En 1991, el Estado de Colombia no logró que un 74% de los votantes se acercara a las urnas durante las elecciones para la Asamblea Constituyente (Avilés, 2006, 157). Los porcentajes de abstención han permanecido prácticamente inalterados tal como se pudo observar durante las elecciones presidenciales del 2002 cuando el 60% del país se rehusó a votar. (Murillo y Rey, 2004, 174). La zona rural mostró aún un mayor abstencionismo en el proceso electoral tradicional cuando entre un 80% y un 95% de la población boicoteo las elecciones, mientras que otras áreas rurales presentaron una abstención total del 100% (Dudley, 2004, 220; Coghlan, 2004, 24, 212 y Petras y Brescia, 2000, 139).

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que los marginados económicos de Colombia hayan tenido relaciones antagónicas con el gobierno, pero si es sorpresivo ahora que nuevos tipos de oposición hayan surgido en distintos segmentos de la clase dominante en Colombia. Estas querellas sobre las políticas propuestas o adoptadas por la administración de Uribe, tienen el potencial de agudizar la oposición hacia el Estado por parte de la elite tradicional colombiana, seguida por las de las clases de trabajadores urbanos y rurales. Como Uribe poco toca estos temas, los antagonismos pueden aumentar la inestabilidad y ella ser capitalizada por la izquierda revolucionaria y terminar así dando origen a otra tendencia geopolítica en la región latinoamericana, como las de Venezuela, Bolivia, etc., países que en años pasados han experimentado cambios políticos y económicos significativos.

Privilegios desproporcionados en los impuestos establecidos y la creciente protestas de la elite Empezando por la administración Betancur (1982-1986) y continuando en el tiempo hasta el presente gobierno, el neoliberalismo ha permeado y teñido la política económica colombiana (Avilés, 2006). Sin embargo, los cambios más significativos en este terreno adoptados por el Estado han sido, en los últimos cinco años, los referentes a la tributación de las corporaciones privadas, unas corporaciones favorecidas por una política pública en extremo benigna a sus intereses (Leech, 2006a, 147-151). No deja de ser irónico que en razón a sus políticas neoliberales Uribe merma notoriamente el porcentaje de los recaudos fiscales del Estado que tributan las corporaciones nacionales y extranjeras, en particular gravámenes sobre los ingresos brutos industriales primarios y en consecuencia, a la larga, dispone de menos capital para cubrir el accionar militar en la guerra civil (Leech, 2005; Richani, 2005a, 115 y Richani, 2005b, 89-90, 101).

Un ejemplo bien ilustrativo de esta política se puede apreciar en las modificaciones a los antes lucrativos “impuestos de guerra”, establecidos hace 15 años para apoyar fiscalmente al Estado en su guerra contra los insurgentes 254

izquierdistas. Adoptados el 11 de febrero de 1991 mediante el Decreto 416, el Estado establecía “impuestos de guerra” que le permitían obtener recursos fiscales de “las exportaciones petróleo, gas, carbón y níquel y de las llamadas telefónicas internacionales” y un gravamen del 5% a aquellos contribuyentes que ganaban más de un millón de pesos al año (Avilés, 2006, 157). Sin embargo, y más concretamente, el impuesto se dirigía a grabar la producción de hidrocarburos. Fue diseñado para apuntalar la capacidad fiscal requerida para contrarrestar el creciente poderío bélico de las Farc-EP y de otros movimientos sociopolíticos insurgentes de izquierda. Entonces, el Estado colombiano adoptó medidas que le permitiesen crecer sus fondos, haciendo uso de su recurso natural más productivo e instituyó para cada barril de petróleo colocado en el mercado un “impuesto de guerra” de $1-$1.50 dólares (Renner, 2002, 38). Mas sin embargo, mientras el nuevo tributo de guerra le rendía millones de dólares al Estado colombiano que se enrutaban (como se acaba de afirmar) al programa de contrainsurgencia, en el 2001 muchas, si no todas las MNC (Corporaciones Multinacionales, por sus siglas en inglés) del sector energético se unieron y emprendieron una oposición conjunta a la política fiscal del gobierno argumentando que el alza en los impuestos deterioraba el comercio, mermaba la inversión privada y menguaba sus ganancias (Richani, 2005a, 116). Como resultado inmediato, por una parte, de la pertinaz adopción de políticas económicas neoliberales y por la otra de políticas nacionales que han reducido el control público sobre el comportamiento de las corporaciones multinacionales, el gobierno pronto claudicó en su “guerra fiscal” contra las corporaciones (ibíd., 128). Los últimos cuatro (4) años testimonian el mantenimiento de esta tendencia que estrecha progresivamente la gama de fuentes fiscales para abastecer los cofres del Estado y por ende para combatir la guerrilla (Leech, 2005).

Al no ceder la amenaza de las Farc-EP el Estado ha tenido que, paradójicamente, inventarse otras fuentes de recaudo para sostener el combate contra las fuerzas insurgentes3. Una de las soluciones del gobierno de Uribe ante la disminución 3.

Dentro del marco del Plan Colombia, el Estado colombiano gastó, en promedio $7.3 millones de dólares diarios para combatir a las Farc-EP, una cantidad que un país endeudado enormemente no puede darse el lujo de sostener. (Latin American Press, 2004)

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de su capacidad fiscal, ha sido apoyarse aún más en la riqueza y el ingreso de las elites económicas de la nación4. Durante el primer año del gobierno Uribe, la clase dominante de Colombia digirió un incremento del 20% en impuestos a la renta (Muse, 2004, 22-23). Paso seguido, el Estado decretó un impuesto adicional, por una vez, de 1,2% sobre los activos líquidos, para aumentar las acciones de las fuerzas militares colombianas en su empeño de restaurar la seguridad y el orden en el país (Daily Journal, 2006). En su momento este segmento de la población apoyó las medidas que perseguían a toda costa preservar la seguridad de los centros urbanos de las arremetidas de las Farc-EP y expresó su acuerdo con un si a la política de impuestos de Uribe.

Sin embargo, las cargas fiscales endilgadas a las elites con carácter transitorio no han sido eliminadas, tal como se les prometiera en un principio, y por el contrario han permanecido vigentes durante los cuatro años últimos. El haber optado por estas alternativas fiscales le ha servido a muchos académicos para ilustrar como el estrato socioeconómico más alto de Colombia ha cargado en forma desproporcionada con la casi totalidad de los costos de la guerra civil y que para este 1,7% de la población colombiana su esfuerzo tributario es, a no dudarlo, injusto mientras la gran mayoría de la población se beneficia de la seguridad militar lograda, sin aportar la que debería ser su contribución correspondiente (Crandall, 2005, 177; Sweig y McCarthy, 2005, 22 y Richani, 2005b, 90). Debido a esta carga fiscal, en los últimos años se evidencia un aumento en la oposición de la clase dirigente al gobierno.

cuyo peso recaería mayormente en la elite económica, sería presentado al Congreso de la República. La reforma tributaria buscaba alimentar las arcas de los militares con $1.2 billones de pesos extras mediante un gravamen con una tasa muy baja sobre los activos financieros superiores al millón de dólares (People’s Daily, 2006).

El aumento de impuestos sobre la clase dominante en Colombia puso a Uribe en una situación comprometedora y difícil porque esa clase se interpreta a sí misma como su aliado político y económico. El dilema enfrentado por Uribe Gráfico 1: Gastos militares en Colombia como porcentaje del PIB (Administración Uribe 2002-2006)

En la primavera del 2006 Uribe esbozó una nueva propuesta para instituir otro impuesto adicional por “una sola vez” para con ello expandir los gastos en defensa. Uribe expresó su repudio a las murmuraciones de la elite social y afirmó: “nosotros debemos considerar que los sectores más ricos de la sociedad realicen una contribución por una vez para proveer el dinero para tecnología militar y transporte”5. Un tanto después, en julio del mismo año, el Estado, y sin parar en mientes a la creciente oposición, anuncio que un nuevo impuesto, 4.

Se debe anotar que los impuestos para la elite no se iniciaron con Uribe. Durante el gobierno de Samper (1994-1998), los sectores ricos de Colombia se vieron obligados a pagar bonos de guerra con el fin de obtener específicamente $421 millones de dólares para la Policía y para las operaciones militares (Avilés, 2006, 83).si bien en el gobierno de Uribe el gasto militar ha sido mucho mayor que en los gobiernos de las dos pasadas décadas (ver Gráfico 1).

256

Fuente: Avilés (2006, 84); Bloomberg (2005); Bureau of Western Hemisphere Affairs (2005); Richani (2005b, 94); Sipri Military Expenditure Database (2005); Committee of Government Reform (2004); United States Embassy of Colombia (2003); World Bank (2002); Federal Research Division Library of Congress (1988).

5.

Tal como lo señala Reuters (2006a).

La vacilante economía política de Uribe

257

en lo concerniente a las presiones económicas sobre las elites sociales gira sobre la disyuntiva de si debe o no “la elite colombiana continuar haciendo los sacrificios económicos, mediante el pago del impuesto por una vez para cubrir los gastos de defensa y al mismo tiempo soportar los gravámenes destinados al financiamiento de la inversión social” (Sweig y McCarthy, 2005, 26). Su descontento ha persuadido al gobierno para mantener algunos impuestos que gravan su riqueza y sus ingresos mientras, paralelamente, se dan las trazas para dar con otras fuentes de recursos que no la afecten. Una de ellas es extender la responsabilidad tributaria a grupos más amplios del espectro socio-económico de la población colombiana.

Acentuación del resentimiento de la clase trabajadora por el aumento de impuestos domésticos Mientras los párrafos precedentes ponen de presente las presiones fiscales que circundan a la elite, en otros círculos, por el contrario, se arguye cada vez con más frecuencia, que los impuestos que tienen que pagar los ricos sin duda lograrán traspasárselos a la clase trabajadora y a la población rural las cuales en último término terminarán pagándolos (Leech, 2006c y Martínez, 2006).

Algunos estudiosos del tema fiscal afirman que se ha enfatizado en demasía la carga tributaria que gravita sobre la elite (Sweig y McCarthy, 2005, 2526), y que para comenzar, quienes tal cosa afirman no establecen el por qué una minoría soporta tal desproporción en los impuestos6. Los críticos van más allá y sostienen que la razón primordial para que muchos colombianos no paguen directamente contribuciones fiscales estriba, precisamente, en que Colombia tiene una de las distribuciones de ingreso más concentradas de todo el hemisferio occidental (Avilés, 2006, 24,91; Díaz-Callejas, 2005; Ramírez, 2005, 83; Rojas, 2005, 210; Coghlan, 2004, 153; Comisión Colombiana de Juristas, 2004; Contraloría General de la República, 2004, 43-44; Murillo y Rey, 2004, 38; UNDP, 2003, 42 y Korzeniewicz y Smith, 2000, 10-11). La 6.

Entrevista entre el autor y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro y con la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, 16 y 17 de agosto de 2006.

258

gran mayoría de la población (entre 65 y 69 % en los centros urbanos y entre 83 y 87 % en el área rural) es pobre y en consecuencia el empleo legítimo –la base de donde se puede recaudar el impuesto a los ingresos– es cualquier otra cosa menos que abundante. Así mismo, innumerables académicos han recalcado que por décadas la gran parte de las tierras cultivables de Colombia se concentran en manos de unos pocos propietarios rurales. Bajo estas condiciones, en consecuencia, no es posible que los productores rurales se transformen en miembros realmente efectivos del modelo capitalista de desarrollo y que, como tales, puedan generar un ingreso estable que a su turno sirva de base para unos recaudos fiscales más abundantes para financiar las obligaciones del Estado (Ahmad, 2006, 60; Avilés, 2006, 24; Taussig, 2004a, 13; Leech, 2002c, 9; Giraldo, 1996, 14; Washington Office on Latin America, 1989, 9, Gerassi, 1965, 154 y Lee, 1957, 204)7.

Al hacer caso omiso de los aspectos fundamentales de la desigualdad en el ingreso y de la pésima distribución de la tierra, la administración Uribe ha centrado la discusión del dilema al que se viene haciendo referencia, en una perspectiva exclusivamente económica. Cuando tan solo 740.000 colombianos pagan directamente algún tipo de tributo (Richani, 2005b, 90 y Sweig y McCarthy, 2005, 22), el Estado amplía la base del sistema de impuestos al valor agregado (popularmente conocido por sus siglas en español como IVA) por lo que la totalidad de la población, y no tan solo los ricos, realizan pagos monetarios al Estado al adquirir unos y otros la mayoría de los bienes y servicios que precisan.

La racionalidad de esta medida ha sido ampliamente justificada y respaldada por estudiosos del desarrollo económico y por asesores financieros en el extranjero. El analista Fernando Losada, con sede en Nueva York y perteneciente a ABN- AMRO, apoya las medidas propuestas por Uribe y expresa que “si más colombianos empiezan a pagar impuestos, al hacerlo podrían descender los niveles generales de las tarifas fiscales, lo que tendría a su vez un impacto positivo en la competitividad de la economía” (Bronstein, 2006a).

7.

Irónicamente, el Estado ha permitido a los propietarios de “grandes extensiones de tierras” en casi su totalidad “permanezcan inmunes a los impuestos” (Sweig and McCarty, 2005, 22).

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La nueva propuesta de ampliación del IVA busca fijar una tasa del 10% al gasto en alimentos básicos, establece otra tasa del 17% sobre una amplia gama de bienes de consumo y finalmente una tarifa del 25% para artículos tales como vehículos, botes, etc8. Al revisar el crecimiento detectado en la pobreza rural y urbana, un aumento en el IVA sería devastador económicamente para la gran mayoría de habitantes del país y ni que decir para aquellos que dependen del negocio de los alimentos y para los productores del agro (Bronstein, 2006b).

De tener Uribe éxito en la aprobación de su reforma a los impuestos, previene Helda Martínez, serían los “trabajadores colombianos quienes verían recortado su poder de compra” y paso seguido la disminución de su capacidad adquisitiva se traduciría en una disminución del gasto de los hogares de productos y servicios surtidos por industrias nacionales (Martínez, 2006).

Tensiones duales de clase Uno de los ejemplos más ilustrativos de como el IVA aumentaría la carga económica sobre la clase trabajadora, mientras se disminuyen las presiones a la elite, es la reducción esperada en el impuesto formal a la renta de 39% a 32% una vez haya sido aprobada por el Congreso la reforma tributaria. Ha sido ampliamente documentado que el propósito de Uribe, en el caso de la reducción del impuesto a la renta de la elite, es compensar la disminución consecuente en los recaudos del Estado mediante la ampliación del IVA a alimentos básicos consumidos por todos los colombianos, por lo que una gran parte de la carga fiscal se traspasaría entonces a la clase trabajadora (Bronstein, 2006a). Con menos del 2% pagando impuestos a la renta, Uribe espera satisfacer a sus aliados económicos y políticos disminuyendo en un 7% los impuestos gravables a la elite. Sin embargo, al tomar en cuenta el aumento en el impuesto por una vez sobre los activos líquidos de los ricos colombianos (al que se hizo referencia anteriormente) no quedarían muy bien impresionados

con el limitado alivio fiscal otorgado en lo correspondiente al impuesto a la renta. Algunos comentaristas han ido más allá al contextualizar la reforma tributaria de Uribe como una medida económica que no beneficiaría de ninguna manera a la elite local y más bien favorecería la riqueza de aquellos que residen por fuera del país. Leech arguye que las reformas al IVA en forma simultánea aumentarían las tensiones a los negocios colombianos en la medida que reducen la capacidad de compra de los grupos medios y bajos y pari passu aumentan el peso fiscal a la industria doméstica y los capitalistas nacionales (Leech, 2006c).

De nuevo constituye una ironía que, mientras Uribe saca adelante sus propuestas, persiste por otro lado en continuar con la reducción en las tasas fiscales a las multinacionales extranjeras y en los tributos asociados directamente con la inversión. Al hacerlo así, perjudicaría a los actuales y posibles empresarios nacionales y a los industriales y grupos económicos regionales. En la práctica, la reforma tributaria está lejos de otorgar un beneficio real a la gran mayoría de colombianos y en consecuencia favorecería mucho más a los inversionistas de los Estados Unidos. Mientras una gran presión económica y geopolítica ha llevado a que “las naciones suramericanas… dejando de lado el neoliberalismo reclamen el control soberano de sus economías y recursos naturales”, la reforma tributaria de Uribe “ha hecho evidente de nuevo su compromiso de servir a los intereses del capital global a costillas del bienestar de la mayoría de pobres colombianos” (Ibíd.). Ricardo Durán, analista principal de la firma Corredores Asociados, subraya la pertinencia y validez de este argumento remarcando que mientras se confronta un “gran costo político de subir los impuestos… su elevación sería de muy buen recibo en el exterior entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y sin lugar a dudas entre los inversionistas foráneos” (Muse, 2004, 23).

El bilateralismo E.U.A. - Colombia: una plataforma para la revolución rural

8.

Un aumento dramático a los impuestos afectaría significativamente a los habitantes de las zonas rurales, en donde, debido a la apatía del gobierno carecen aún de infraestructura y en donde aún hoy muchos continúan utilizando el transporte fluvial para vivir, para el comercio y para viajar.

260

La ejecución de la reforma al impuesto IVA propuesta por Uribe afectará dramáticamente los sectores público y privado de las regiones metropolitanas La vacilante economía política de Uribe

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de Colombia; sin embargo descontentos similares (y protestas) están aflorando en el campo a raíz de nuevas políticas económicas adoptadas por el Estado.

En las áreas rurales del país un sinnúmero de empresarios exteriorizan su preocupación ante los nuevos acuerdos bilaterales de comercio y frente a los convenios políticos entre E.U.A. y Colombia, convenios y acuerdos a todas luces adversos a los intereses de pequeños y medianos productores al igual que a los del campesinado. Además, los productores rurales deberán incurrir en mayores erogaciones para transportar sus habituales cosechas al mercado al ampliarse el IVA y serían golpeados por segunda vez al entrar en vigencia el nuevo gravamen del 10% sobre la venta de alimentos, un rubro del gasto familiar antes exento de tributos, disminuyendo sus entradas en un mercado de consumidores con restricciones económicas adicionales9. Intentando contrarrestar la desmejora económica de la actividad agrícola, el Estado ha propalado su intención de ayudar a los trabajadores rurales, una ayuda que se originaría a través de los nuevos acuerdos de libre comercio, el TLC, con los Estados Unidos para finales del 2007.

En entrevista concedida en abril del 2006 por Hernando Gómez, a la sazón jefe de la misión negociadora de Colombia para el TLC con los Estados Unidos, y actuando como vocero de la administración Uribe, aseguró que en caso de un derrumbe del sector agrícola el Estado se comprometería a apoyar con exenciones fiscales garantizadas por el Estado y/o mediante programas públicos a aquellos colombianos del área rural que resultasen afectados por los acuerdos comerciales Colombia-E.U.A. Dijo entonces Gómez: “algunas industrias enfrentarán tiempos difíciles por los ajustes, pero el efecto neto sería más trabajos, mayor inversión y mayor crecimiento económico, de no ser así no hubiéramos negociado el tratado”10. Esperanzado en lograr la pronta aprobación del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos (el TLC), Uribe les ofreció garantías a los productores rurales que su gobierno haría

prevalecer “precios más bajos para los insumos empleados en la producción de alimentos, maquinaria que aumentase la productividad de la agricultura, así como abrir la oportunidad para exportar, con altos márgenes de ganancias, productos como mangos y otras frutas exóticas”11. Para rematar, el Estado prometió subsidiar por medio de préstamos a los agricultores, anunciando recursos de crédito por un monto de cerca de $220 millones de dólares por año, para así anular las tensiones y compensar las posibles pérdidas económicas del campo que pudiesen surgir de las condiciones estipuladas por el TLC12.

En medio de una tremenda oposición urbana a la reforma al IVA, la administración se hizo a un aliado político cercano en los habitantes de las regiones periféricas del país, prometiéndoles la puesta en marcha de la plataforma de bienestar socioeconómico arriba esbozada. Aparentemente, tras adelantar un balance más riguroso de los costos y el posible alcance de sus promesas públicas, la administración Uribe, paradójicamente, optó y sin mucha publicidad, por recortar el monto del apoyo monetario a los productores rurales que había ofrecido en previsión a los posibles efectos adversos del TLC, en un espectacular 41%. Gloria Inés Cortés, para aquella fecha ministra de hacienda encargada, declaró en la primavera del 2006 frente al Congreso colombiano como no solamente el apoyo ofrecido de los $220 millones de dólares anuales se habían reducido a $156 millones, sino que muy posiblemente recortes adicionales de esos fondos podrían ocurrir en meses venideros (Prensa Latina, 2006)13. A pesar de lo devastadora que resultó semejante noticia para empresarios agrarios y campesinos, dentro de la bucólica Colombia rural rondaba todavía la esperanza de hacer finalmente efectiva la ayuda socioeconómica de las agencias de desarrollo norteamericanas – un componente de la estrategia del Plan Colombia para reducir los cultivos de coca 11.

Ibíd.

Algunos arguyen respecto al “modelo de subsidios” que es “ínfimo si se compara con los $17 billones que los productores de Estados Unidos reciben del gobierno” de tal manera que los productores colombianos específicamente los pequeños agricultores, comparativamente tan alejados de políticas proteccionistas de la administración Bush (Goodman, 2006a).

13.

Para añadir sal a la herida, Uribe está presionando por la reducción en los pagos descentralizados de los 32 departamentos de Colombia (Bronstein, 2006b).

12.

9.

Esos factores inciden en el consumo doméstico, debido a que en Colombia, es uno de los mayores consumidores de bienes agrícolas producidos domésticamente del hemisferio occidental.

Durante los últimos cinco años, productores a menor escala proporcionaron el 42% de los alimentos consumidos en el país (Díaz Montes, 2005).

10.

Citado por Goodman (2006a).

262

La vacilante economía política de Uribe

263

y desestimular el apoyo campesino a las Farc-EP– a favor del agro nacional.

Y sin embargo, en el otoño de 2006 los Estados Unidos y la administración Uribe emitieron otra declaración política, por igual incomprensible a todas luces, que acabó con lo que había podido ser el respaldo del sector rural al Estado. Sin duda la decisión es uno de los más sorprendentes rasgos de la estrategia bilateral, no solamente en lo concerniente a la industria de la coca sino en cuanto al sustento social con que cuentan las Farc-EP; pero las administraciones Bush y Uribe adoptaron medidas que de seguro alterarán el panorama socioeconómico y político de Colombia en los años venideros.

Por medio de una declaración de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, en un desprevenido 22 de septiembre del 2006, y dando a entender sin muchos rodeos que las Farc-EP contaban con la capacidad y los recursos necesarios para acciones armadas en la capital del país14, la Usaid (Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) hizo el más sorpréndete anuncio de las pasadas décadas, en lo atinente a la política exterior de ese país con respecto a Colombia (Reuters, 22 de septiembre de 2006b). Como es bien conocido, el 50% de las ayudas económicas de los Estados Unidos para América Latina se destinan a Colombia; sin embargo la administración Bush anunciaba en esa fecha 14.

A las cuatro semanas de este aviso, se reportó que las Farc-EP habían atacado en Bogotá instituciones militares secundarias, resultando heridos 23 militares y destrozados seis vehículos.

(Associated Press, 19 de octubre de 2006 y CNN International, 19 de octubre de 2006). Aún sin pruebas suficientes el Vice Presidente Francisco Santos cree que los responsables de las bombas fueron las Farc-EP cuando dijo: “me imagino que esto fue hecho por las Farc. No veo otra alternativa” (Associated Press, 19 de octubre de 2006). El Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, así como el vicepresidente, dice que las Farc fueron el grupo que orquestó el ataque a las fuerzas militares en la capital. El 19 de octubre del 2006, un carro bomba detonó en el norte de Bogotá a pocos metros de la Universidad Militar Nueva Granada al inicio de una conferencia a la que asistían algunos dignatarios importantes: el general Mario Montoya y Juan Pablo Corlazzoli, un representante de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado para la Paz en Colombia. El vicepresidente dijo “la bomba estaba en una Ford Explorer que pasó por todas las trabas de la seguridad de un parqueadero militar. Significa un problema de seguridad en las Fuerzas del Estado”. “Un general pudo haber sido el blanco escogido en un atentado con bomba en Colombia”. Muchos creen que el atentado no solamente iba dirigido a la institución militar sino al general Montoya, de hecho, la bomba destruyó completamente su carro blindado. (Associated Press, 19 de octubre de 2006 y CNN International, 19 de octubre de 2006).

264

haber optado por recortar la mayor misión de la Usaid en el hemisferio occidental al suspender toda ayuda económica a varios departamentos del sur de Colombia (Anncol, 2004). Es difícil comprender las intenciones que subyacen tras este cambio, en especial por que es bien sabido que el sur de Colombia es la región más dependiente de la industria de la coca y donde sus habitantes han mantenido un estrecho y solidario apoyo a las Farc-EP por más de treinta largos años. Robert J. Alexander recuerda que hace ya algo así como media centuria, el método más eficaz de los Estados Unidos de Norteamérica para disuadir a los simpatizantes y revolucionarios socialistas de América Latina eran programas socioeconómicos, culturales y políticos, que debilitaban la fuerza del imperativo ideológico o el deseo de quebrantar el capitalismo (Alexander, 1957, 22-23). No deja de ser una ironía más que este lapso de la historia compartida de las complejas relaciones entre estos países pareciese olvidado y relegado a un segundo plano, precisamente por las mismas agencias de desarrollo de los Estados Unidos, y por funcionarios y políticos que personifican la administración de George W. Bush.

Razón capital para clausurar la ayuda socioeconómica de la Usaid al epicentro mismo de la campaña de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas colombianas, es la hegemonía creciente de las Farc-EP en la región y la incapacidad de las fuerzas conjuntas para doblegarlas en el campo de batalla. Las agencias públicas de los Estados Unidos admiten, entre líneas, la superioridad estratégica de la insurgencia armada. La Usaid indirectamente se refiere al poder político-militar de las Farc-EP, dando a entender que este poder rebasa en su accionar los límites de seguridad tolerables para que la agencia y sus empleados laboren diligentemente en las regiones sur del país. Después de casi $5.000 millones de dólares aportados por el fondo de contrainsurgencia de los Estados Unidos, del despliegue de 20.000 unidades militares entrenadas directamente por norteamericanos y de un prolongado abastecimiento de armas a la tropa, los organismos de Estados Unidos y Colombia no logran debilitar la guerrilla. En consecuencia, por obvios motivos de seguridad, la Usaid prohibió a sus funcionarios continuar con los proyectos que habían sido programados como etapas subsiguientes de su programa para la región. Por igual, la hasta ahora imbatible zozobra reduce las rentabilidades esperadas por La vacilante economía política de Uribe

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inversionistas privados; empresarios propensos al riesgo se rehúsan a invertir o de plano abandonan las extensas zonas bajo el control de las Farc-EP en el Putumayo, Caquetá, etc. (Goodman, 2006b y Leech, 2004b)15.

Un examen a vuelo de pájaro del vertiginoso aumento de la producción de coca dice mucho del rotundo fracaso de la Usaid para plasmar un programa alternativo de desarrollo rural y fallar en ofrecer los más elementales incentivos a los campesinos locales y a los pequeños productores para que abandonaran los cultivos ilícitos y adoptaran siembras alternativas legítimas (Goodman, 2006b y Gibbs y Leech, 2005). Basados en este ejemplo palmario del fracaso de las Agencias Internacionales de Desarrollo, enterados del mayor poder hegemónico de las Farc-EP en la mencionada región, y sabedores de que el sur de Colombia tiene los niveles más altos de producción de coca en el país, a pesar de todo ello, dentro del nuevo programa de desarrollo de la Usaid para Colombia que llegaba a los $350 millones de dólares, la Agencia se negó (como se ha abundado) a continuar la ayuda socioeconómica.

(O’Shaughnessy and Bradford, 2005, 32). Al abandonarla, ni la administración de los E.U.A. ni la de Colombia, han hecho la más leve sugerencia de que sus fuerzas de contrainsurgencia consideraran suspender sus acciones en esta porción de la geografía nacional. Los centenares de campesinos, de pequeños y medianos labradores y de cultivadores de coca que la pueblan, han denunciado abiertamente el cambio de política de la Usaid, porque al clausurarse su apoyo, lo que inevitablemente se sigue es exacerbar su ya de por sí elevada dependencia de la coca para su subsistencia mientras expone irremediablemente a la población civil inerme a la violencia inmisericorde de los conflictos armados.

“No es necesario acotar que una población desilusionada por los engaños, desconfiada de un gobierno que repetidamente la ha abandonado, esté ahora más escéptica que nunca sobre la retórica de Bogotá y de Washington. Como sucintamente lo expresó Mario Cabal del programa Plante: ‘Tenemos plata 15.

Es de anotar que mientras la inversión privada deja el sur de Colombia, Nestle S.A de Colombia con fondos de las Naciones Unidas) ha construido un portafolio que aumentará en el Caquetá la capacidad de productos lácteos en un 100% (Goodman, 2006b).

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para helicópteros y para armamentos, pero carecemos de dinero para programas sociales’” (Gibbs y Leech, 2005. Ver también Bloomberg , 2006).

En días recientes se ha traído a colación como, a más de haberle dado la espalda a la población rural por parte de la agencias de desarrollo de los Estados Unidos, que como era de esperarse fortalece el cultivo de la coca, el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el gobierno brega a brazo partido por firmar entre Colombia y los Estados Unidos redundará, por razones similares, en otra vuelta de tuerca que refuerza, si tal cosa todavía cabe, la dependencia de la agricultura colombiana de las siembras prohibidas. Otra generación de jornaleros, que bajo circunstancias más propicias desdeñaría los cultivos ilícitos o aquellos labriegos y colonos que en su momento habían llegado a abandonarlos, es muy posible que se vean abocados a recurrir a la economía de la droga ante la ausencia de estrategias reales de desarrollo rural e incentivos estatales que les abran la opción de enrutarse a otras opciones de vida.

“Los 28.000 arroceros así como los cultivadores de maíz, cerealeros y los propietarios de gallineros, dijeron que el pacto de comercio del TLC los sacará definitivamente del negocio. Esto es que, al igual de los cultivadores en todas partes, muchos luchan por producir en condiciones muy restrictivas, mientras que en los Estados Unidos de América sus contrapartes reciben generosos subsidios del Estado. Para amortiguar su impacto negativo, las barreras arancelarias para productos agrícolas sensitivos se eliminarán gradualmente a lo largo de un periodo de 12 a 19 años. A pesar de todo ello, Colombia deberá importar una cuota de 87.000 toneladas de arroz blanco –que representan cerca del 6% de la producción nacional anual– cuota que ha de aumentarse de ahí en adelante en un 4,5% anual, según lo acordado en un principio. En este corto lapso, una gran cantidad de importaciones baratas pueden fácilmente reducir hasta en un 30% el precio que los agricultores colombianos obtienen en promedio por su arroz en el mercado nacional, dice Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, la asociación colombiana de cultivadores del grano. Pero una mayor preocupación para el gremio es lo que llegase a suceder si finqueros, incapaces de competir en el mercado con importaciones subsidiadas por gobiernos extranjeros, se vuelcan hacia los cultivos ilícitos como la coca o la amapola, el ingrediente básico para La vacilante economía política de Uribe

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la elaboración de la heroína. En especial, en la región productora de arroz del departamento del Meta, en donde cultivos de coca y arroz son colindantes, ‘si el gobierno no ayuda al agricultor, los traficantes de droga lo harán sin el menor titubeo’, dice Hernández” (Gorman, 2006a).

En pocas palabras, los gobiernos actuales de Estados Unidos de América y de Colombia en vez de buscar nuevos aliados entre los sectores empobrecidos del agro mediante los una y mil veces probados programas socioeconómicos de bienestar, por el contrario han escogido, como lo refleja la naturaleza de los pactos bilaterales económicos y políticos ya firmados y los que se siguen negociando, en arrinconar contra la pared a la población más vulnerable de Colombia.

Un garrote sin zanahoria: medidas que conducen hacia el apoyo rural para una solución revolucionaria Tantas veces ha sido recalcado que las desfavorables condiciones socioeconómicas de Colombia y una muy dudosa perspectiva de que la nación realice su cambio estructural al interior del sistema, conducen a aumentar el fermento social, ideológico y político de la actividad revolucionaria, que volver a insistir sobre ello es prácticamente caer en un lugar común (Holmes, Gutiérrez y Curtin, 2006, 178; Peceny y Durnan, 2006, 98; Felbab-Brown, 2005, 14, 107 y O’Shaughnessy and Branford, 2005, 7. Ver también Klare, 2001). La realidad de los nuevos acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, tipificada en el uso sistemático de los Estados Unidos, en su moderna versión conservadora de política exterior, de un garrote sin zanahoria, en combinación con el impuesto al valor agregado (IVA) del gobierno de Uribe, es una combinación sociopolítica potencialmente favorable a un desusado aumento del apoyo rural popular a la guerrilla, o para que los campesinos vean en las Farc-EP la mejor opción de subsistencia y de seguridad económica y política (Leech, 2006b). El plan de acción adoptado por los EUA y por Colombia para eliminar el cultivo y el procesamiento de la coca ha resultado, en últimas 268

de término, en un creciente fortalecimiento de la base social de las Farc-EP en estos años que corren (Peceny and Durnan, 2006, 109). Fue un error mayúsculo cometido tanto por la administración de George W. Bush como por la de Álvaro Uribe Vélez hacer reposar su estrategia casi exclusivamente en la solución militar a lo que claramente se ha constituido como un problema ante todo socioeconómico y político. Ambos gobiernos dieron por sentado que restringiendo o eliminando el cultivo de coca se lograría disminuir en forma directamente proporcional la capacidad de las Farc-EP para hacerle la guerra al Estado, cuando en realidad lo que se ha obtenido en últimas de cambio es precisamente lo opuesto.

Una de las razones para el aumento del apoyo popular a la guerrilla en las zonas en donde los dos gobiernos intentan erradicar el cultivo del alcaloide, es enunciada por Holmes, de Piñeres y Curtin al aseverar que simplemente la “falta de oportunidades económicas contribuyen a exacerbar la violencia de la guerrilla de izquierda” (Holmes, Gutiérrez y Curtin, 2006, 178. Ver también Peceny y Durnan, 2006, 98 y O’Shaughnessy and Branford, 2005).

Contrario a teorías que aceptan como obvio que el soporte y el poder de la guerrilla reside simple y llanamente en su vinculación con la industria de la coca (Steinberg, 2000, 260-267), los programas de erradicación de narcóticos han fallado no solo en debilitar su capacidad política y militar sino que han reforzado justamente la adhesión de los residentes de las localidades a los objetivos por los que batallan los revolucionarios alzados en armas. FelbabBrown dice que poner en práctica un sistema de erradicación de cultivos ilícitos, sin antes haber derrotado en la arena militar a las Farc-EP o de haber ejecutado previamente proyectos de desarrollo sostenibles y efectivos, “genera exactamente lo contrario a ganarse los corazones y las voluntades de la gente” (Felbab-Brown, 2005, 107). En la misma línea de razonamiento, otros investigadores académicos aseguran que mayores reducciones en la ayuda social, combinada con los acuerdos bilaterales neoliberales de comercio seguirán, a no dudarlo, aumentando la base social rural, el número de nuevos reclutas en la guerrilla, y reforzando la legitimidad contra-hegemónica de las Farc-EP como movimiento sociopolítico revolucionario (Brittain y Sacouman, 2006 y Leech, 2006b). De allí que este vacío le haya allanado el camino a las Farc-EP La vacilante economía política de Uribe

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para expandir sus programas sociales pre-revolucionarios; así, quienes parecen ir ganando los corazones y la mente del pueblo campesino son precisamente los guerrilleros (Felbab-Brown, 2005, 107).

Luego de entrevistarse con las Farc-EP en agosto del 2006, Leech cita en su ensayo a un comandante de la guerrilla que le contase que “la fumigación de cultivos afectaba más a la gente que a la guerrilla” (Leech, 2006b). “Ellos (los campesinos) son los más dependientes de la coca para poder sobrevivir” A renglón seguido el guerrillero reconoció que las tácticas gubernamentales contra la coca tan solo están apuntalando el apoyo popular a la guerrilla en las regiones remotas del país. “Estas políticas reaccionarias han permitido a las FarcEP estar “orgánicamente unidas al campesinado, hecho que el mismo gobierno de Uribe ha pretendido ignorar” bien sea por preservar el apoyo ideológico y político que precisa o bien para sobrevivir social y económicamente” (ibíd.). Y no obstante, esta realidad ha llevado a la población al convencimiento de que las Farc-EP “son claramente un ‘gobierno del pueblo’” (ibíd.)16 Durante los últimos años es posible apreciar una migración rural en muchas localidades dentro del extenso territorio de las Farc-EP. Por ejemplo, durante las negociaciones de paz entre el Estado y las Farc-EP (1998-2002) nutridos grupos de campesinos, pequeños y medianos productores, personas pertenecientes a naciones indígenas y afro colombianos migraron hacia zonas controladas por las Farc-EP y en especial a San Vicente del Caguán, Caquetá (Felbab-Brown, 2005, 109). En solamente un año y redondeando cifras, 20.000 personas arribaron a Villanueva, territorio de las Farc-EP y epicentro de las negociaciones entonces en progreso. Leech relata como “muchos habitantes de los pueblos de estas comarcas disfrutan viviendo en el paraíso seguro de los rebeldes” pues les 16.

Las Farc-EP han sido parte importante en el Meta en la construcción sociopolítica de programas desarrollo alternativo, asociados con la población rural (Leech, 2006a, 124 y Leech, 2004a). Leech describe como “como durante los pasados 50 años, sin apoyo del gobierno nacional, los campesinos han creado una red de caminos de tierra en medio de la selva húmeda, transitables solo en vehículos de doble tracción. Han construido para sus pueblos plantas eléctricas movidas por generadores de gasolina. Son las Farc las que se han convertido en sus gobernantes, proporcionando servicios públicos tales como seguridad, ayuda social, un sistema de justicia entre otros” (Leech, 2006b).

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proporciona una sensación de seguridad y en su interior pueden emprenderse proyectos alternativos de desarrollo basados en un apoyo comunitario en un entorno de paz (Leech, 2002c, 78. Ver también Villalón, 2004, 34-35). En los años que siguieron fue evidente un crecimiento dramático de la población rural que arribaba al territorio desmilitarizado de las Farc-EP. Previo a las negociaciones de paz, la zona “era un territorio de 100.000 habitantes” (Chernick, 200, 36 y Hodgson, 1999). De ese entonces, hasta cuando el gobierno colombiano del presidente Andrés Pastrana invadió con tropas la región y dio por terminadas las negociaciones de paz, habían inmigrado cerca de 740.000 nuevos residentes a la zona, en la que hasta la ruptura del diálogo, se asentaban combatientes de las Farc-EP (Wilson, 2003).

En regiones donde la insurgencia ejerce su hegemonía, las Farc-EP han construido sistemas “para proveer servicios sociales que de otra manera no existirían en los territorios bajo su dominio militar” (Felbab-Brown, 2005, 110). Allí, en estos territorios, la guerrilla pone a disposición de los campesinos clínicas y distribución de medicamentos completamente gratis, servicios educativos y de infraestructura (vías, servicios de transporte público, arrogación, electricidad gratuita para los residente, etc.), un sistema alterno de justicia basado en los principios de una organización comunitaria, protección al medio ambiente (caza, pesca, aserríos etc.), reglamentación de jornadas de trabajo justas, regulación a la prostitución (chequeos médicos periódicos y abolición de los llamados “machucantes”, esto es los hombres que se lucran de la “protección” que dicen ofrecer a las prostitutas) al igual que ofrecen ayuda económica para la intercomunicación compartida por la comunidad (tal como agro producción y la colocación de excedentes de programas de comercio) (ibíd. Ver también.

Molano, 2005, 32; Taussig, 2004b, 142 y Villalón, 2004, 34-35).

Muchos de los hogares que moran en la región tienen al menos uno de sus miembros en las Farc y los residentes se entrecruzan libre y espontáneamente con las mujeres y hombres rebeldes de camuflado a la usanza de los ciudadanos rurales del norte con los funcionarios del gobierno de su entorno y con representantes de la ley. Un campesino lo explica así: “Cuando alguien de por aquí tiene un problema con otra persona, por ejemplo una pelea o algo La vacilante economía política de Uribe

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parecido, ambos pueden quejarse a las Farc. Las Farc proceden a investigar, dictaminan de quien es la culpa y pronuncian sentencia”. Y añade que las Farc no tienen prisiones y que las penas consisten, por lo común, en que el culpable se vea forzado a trabajar en la reparación de carreteras o caminos o a faenar en las tierras comunales (Leech, 2006b).

De estas labores de apoyo social brota un sentimiento de alianza entre la población rural y las Farc-EP, que hunde sus raíces en la inmemorial y arcana apatía del Estado con los pobres. En este mundo los labriegos interpretan su relación con la guerrilla como una unión sociopolítica, económica y cultural para la sobrevivencia de la comunidad, una comunidad para ellos ligada e íntimamente conectada a las Farc-EP. “Con el rotundo fracaso del gobierno en suministrar los servicios básicos a la población local, son las FARC quienes llenan el vacío ayudando a construir vías, proporcionando electricidad, aplicando la ley como jueces y proveyendo otros servicios formalmente a cargo del Estado. Tal como lo dijo una campesina de la región: ‘Cuando los finqueros o sus familias se enferman y no pueden costear los remedios, las FARC son las que ponen la plata para comprarlos’…. Hasta que el gobierno ofrezca a campesinos como Cecilia algo más que la mera represión militar, la población local, en comarcas como La Macarena, continuarán viendo su bienestar y su sobrevivencia indisolublemente ligados a la suerte de las FARC. Por todo ello, la violencia continuará haciendo estragos en otro de los tesoros de la nación: su gente” (ibíd.).

Como resultado directo de las políticas económicas y militares de Estado de E.U.A./Colombia, en las áreas urbanas y rurales de Colombia ha ocurrido un viraje. Este viraje comporta un apoyo mayor en el campo a las Farc-EP, una creciente influencia de la clase trabajadora en su oposición al Estado y la escueta protesta de los propios aliados de Uribe por las tensiones económicas.

Virajes como este develan la fragilidad presente y futura de Uribe en el contexto interno. Y de contera, otros factores externos a Colombia han trazado restricciones adicionales en los recursos disponibles a los que su gobierno puede recurrir para sostener el Estado colombiano.

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Entre una roca y un sitio inhóspito: las realidades de los mercados globales contemporáneos.

Es bastante notoria la gran oposición a la reforma de impuestos de Uribe en diversos sectores de la sociedad colombiana: la elite y la clase trabajadora, la población rural, los partidos de oposición y en el mismo gobierno. Más sorprendentes aún son los informes que han aparecido originados por los propios congresistas aliados de Uribe, describiendo su oposición creciente a las políticas de reforma fiscal. En cierta ocasión testimoniaron que el mismo Presidente había cambiado después y subrepticiamente articulados mutuamente acordados para la reforma del IVA previo a su reelección para el segundo período (Martínez, 2006). En el otoño de 2006, Bronstein publicó un escrito insinuando que la acusación muestra a Uribe también “afrontando una revuelta entre sus propios aliados en el Congreso, que se rehúsan a votar un aumento en los impuestos.”

(Bronstein, 2006b). No es difícil deducir que estas conductas no apuntan a que Uribe pueda mantener el poder en Colombia.

A tiempo que repunta el cuestionamiento de las organizaciones de la izquierda tradicional17 y el apoyo interno de sus aliados políticos parece asordinado, el Presidente ha tenido que centrarse, mucho más que antaño, en procurar recursos financieros para mantener las turbulencias revolucionarias apartadas de la capital. Uribe no ha logrado suavizar las presiones fiscales que soportan sus autodeclarados aliados de la clase dominante; sin embargo, y en previsión a una posible oposición ulterior de la elite, se ha rebuscado en el extranjero fuentes adicionales para el combate con las Farc-EP. Mientras lucha para implementar la reforma del IVA, Uribe apela a instituciones foráneas para que preserven el flujo de fondos que destinan a la guerra colombiana. Los párrafos siguientes versan sobre dos de estas fuentes de financiamiento externo 17.

En las elecciones del 2006, en las que las Farc-EP estimularon a la gente a participar, el resultado del candidato de la izquierda Polo Democrático Alternativo Carlos Gaviria Díaz fue 23% del total de la votación (Abad, 2006). Con ello sobrepasó el 16% logrado por Luís Eduardo Garzón del centro izquierda (Polo Democrático Independiente) en las elecciones presidenciales anteriores del 2002. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2002).

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y concluyen afirmando que la dependencia de fuentes externas no resulta sostenible hacia adelante y solamente acelera la inevitable caída de la actual economía política del gobierno.

La realidad de su política económica ha situado a Uribe en una situación comprometedora. El Presidente presencia una rebelión silenciosa dentro de la clase dominante acompasada con la de los trabajadores urbanos y la de los campesinos ubicados en la periferia. Adicionalmente la guerra civil, que Uribe pronosticase concluiría en el 2006, continúa y en muchas regiones se ha ido tornando en favor de las Farc-EP. En tales circunstancias, Uribe no puede apoyarse en una elite a la que ha sobrecargado de tributos para sostener su poder. En consecuencia, “para financiar la guerra, la administración Uribe está manejando un déficit presupuestario del 6% del PIB, un porcentaje por encima del tope de 2,5% establecido por el FMI (el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas en español)” (Richani, 2005b, 89). Uribe ha llegado a esta cifra, así como a la reducción del 7% del impuesto a la renta que corresponde a la elite, como herramientas para reducir la presión fiscal a la población afluente de Colombia. Como se ha acotado anteriormente, tal medida poco ha morigerado la creciente oposición a su intención de ampliar la reforma de impuestos. Para amortiguar las fricciones internas, la única opción posible de Uribe es el endeudamiento del país y así preservar la estabilidad económica y política de Colombia, como lo han hechos muchos países latinoamericanos en el pasado. Irónicamente, aunque tal situación es el resultado de su propia plataforma neoliberal que persigue debilitar cada vez más el gasto público, Uribe ha situado al tesoro colombiano en situación de déficit para poder combatir a las Farc-EP. Es bien claro que tal posición no es sostenible y al estudiarla con la retrospectiva de los últimos treinta años, algunos funcionarios del FMI han recomendado que se disminuya su apoyo a Colombia en previsión a que la carga de la deuda pública se torne problemática en el futuro (Muse, 2004, 22-23).

bilateral). De acuerdo con Richani (2005b, 89-90, 101. Ver también Richani, 2005a, 115), la elite social y los grupos económicos más influyentes18 “se están revelando contra el pago de más impuestos, de ahí la presión creciente a Uribe para que recurra a las reservas estatales de moneda extranjera para financiar la guerra.” (Richani, 2005b, 90). Esta concepción ha sido objeto de cabildeo y de respaldo por parte de la elite porque los aportes e intervención de los Estados Unidos: 1) ayudan al Estado a combatir a las Farc-EP, una amenaza evidente para los intereses de la clase dominante y 2) reduce el esfuerzo fiscal de la elite colombiana transfiriendo parte de la carga de los gastos militares a los hombros del contribuyente estadounidense (ibíd.). Sin embargo, durante el tiempo en que los EE-UU. han proporcionado su ayuda, han estado fuertemente involucrados política y militarmente en sus propias campañas geopolíticas y en consecuencia el incremento del gasto militar en Colombia no es muy factible que se constituya en una de sus prioridades presupuestales.

(Petras y Veltmeyer, 2003). El debilitamiento del apoyo de E.U.A. a Colombia, como ya se dijo en varias oportunidades, es posible evidenciarlo en la decisión de la Usaid (la agencia de ayuda internacional del gobierno norteamericano) y de la administración Bush de suspender la ayuda a la región sociopolítica más importante en el país, en razón a su incapacidad para mantener el territorio a cubierto de las acciones de las Farc-EP. Por lo demás, el mismo Estados Unidos está muy preocupado por las continuas acciones bélicas en Afganistán e Irak y con la posibilidad, no necesariamente remota, de encontrarse abocado a desplegar por igual sus fuerzas militares hacia Irán. Combinado con estas circunstancias internacionales que le condicionan, los Estados Unidos sufren una disminución de su capacidad política y económica para intervenir brevemente en las acciones en Colombia (Richani, 2005b, 90). Restringido por estas limitantes reales, fiscales y políticas, Uribe encuentra menos alternativas para sustentar el financiamiento del Estado. Su administración ha sobrepasado los porcentajes tolerables para el FMI del déficit fiscal como fracción del ingreso 18.

Los factores arriba mencionados potencialmente podrían conducir a una inestabilidad doméstica, por hallarse Uribe entre la espada (FMI) y la pared (una creciente oposición a su reforma a los impuestos y la explotación 274

Una definición de los grupos económicos colombianos es “conglomerados unidos por medio de cuerpos directivos, compañías de ‘holding’, con financiación cruzada entre las empresas que constituyen el ‘holding’ y por medio de propiedad familiar compartida.”, (Avilés, 2006, 151). El más promisorio es el Sindicato Antioqueño, el grupo Ardila Lule, el grupo Santodomingo y el grupo Sarmiento. (ibíd. 77-78).

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nacional y su principal aliado, la administración Bush, está confinado cada vez más por los dilemas propios de su extralimitación imperial (ibíd.).

Es en realidad paradójico pero explicable, que a pesar de todos los esfuerzos de los E.U.A. y del Estado colombiano para combinar sus fuerzas en el propósito de vencer a las Farc-EP, lo que en efecto haya ocurrido sea exactamente lo opuesto.

En los últimos años se ha podido apreciar muchas veces que las Farc-EP distan mucho de ser derrotadas. Richani subraya que “habida consideración de la estructura militar actual y de la limitada capacidad fiscal del Estado colombiano, no será posible edificar la necesaria organización militar para contrarrestar las insurgencia. Preocupados por su propio déficit público y abocados a la espiral de costos para el erario en que se ha convertido su aventura en Irak, así como por el financiamiento de los programas de reconstrucción de Afganistán, los E.U.A. claramente no están en posición de sobrellevar más esa carga… La intervención de E.U.A. no ha sido lo suficientemente decisiva para permitirles a los militares colombianos vencer a la guerrilla. Cinco años después de adoptado el Plan Colombia en el horizonte no se vislumbra una victoria y las fuerzas de la guerrilla no dan muestras de un debilitamiento notorio” (ibíd.).

Debido a la adopción y ejecución de políticas neoliberales, existe una inconsistencia protuberante en lo que atañe a la capacidad del Estado colombiano para confrontar a las Farc-EP. Empero, Richani sostiene que las corporaciones multinacionales (MNCs, por sus siglas en inglés) pueden beneficiarse de la creciente brecha en la capacidad de Uribe para procurarse “ingresos extras para sostener su guerra contra la creciente insurgencia armada” (Richani, 2005a, 115)19. Las organizaciones de seguridad privada han captado la oportunidad para capitalizar a partir de la dicotomía neoliberal de estabilizar,

durante los noventa, cuando los índices de criminalidad y de violencia, eran mas altos que los establecidos para los ochentas (Richani, 2005a, 115).

Tal premisa sin embargo da poca credibilidad al aumento del FDI durante los noventas, fundamentado en la apertura económica neoliberal o apertura de la economía colombiana durante este periodo, la cual eliminó durante la década, las políticas proteccionistas que restringían la extracción extrajera y las tarifas del Estado.

Existe un argumento que distorsiona los márgenes de inversión extranjera directa durante 1990 como resultado de la búsqueda de MNC por buscar “concesiones potenciales favorables” como consecuente ganancia de la Guerra.

“Los altos niveles del Inversión Extranjera directa a Colombia en los noventas fueron consecuencia de la apertura Económica de la economía en 1990, más que en condiciones específicas relacionadas al conflicto. El la inversión extranjera directa fue más alta que en los ochentas debido a que Colombia mantuvo una economía proteccionista comparada a otros países Latinoamericanos, quienes estaban ya aplicando políticas Neoliberales. Yo establecería que Colombia no abrió su economía con el fin de aumentar su presupuesto para la guerra, sino como consecuencia del clima global de la economía y de las presiones internacionales correspondientes en particular las de Estados Unidos, que forzaba a otros países abrir la economía y no estaban en guerra” (Correspondencia personal entre Leech y el autor, 10 de diciembre de 2005).

“El sentido común sugiere que un ambiente de guerra va en detrimento de la inversión de capital, especialmente de capital extranjero. Pero la evidencia en el caso colombiano reta ese sentido común. Durante 1990, la inversión extrajera en Colombia creció en promedio 55%, por encima del promedio de crecimiento en los ochentas… la inversión realizada

Mientras Richani eludía tal premisa, se prescribe crédito excesivo al Corporaciones Multinacionales (MNC por sus siglas en ingles) fortaleza que aceleró la guerra civil sin prestar mucha atención al consenso de Washington ni a las políticas neoliberales adoptadas por el gobierno colombiano durante los últimos quince años. (Richani, 2005a, 117-118).

19.

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por no mencionar preservar, los intereses corporativos (tanto los económicos como los políticos) en Colombia. Con la combinación de las fuerzas de E.U.A. y Colombia contra las Farc-EP fracasando permanentemente o mostrándose incapaces de diezmar a la guerrilla, han surgido en todos los sectores del país en los últimos años las fuerzas privadas de seguridad (referidas bajo el nombre genérico de paramilitares. N. de T.) (O’Shaughnessy and Branford, 2005, 115, 128-130). Sin embargo, son evidentes complejos problemas que pueden desencadenarse al utilizar tales fuerzas. Un punto importante que merece ser expresado en relación al argumento, es que las fuerzas privadas de seguridad (paramilitares) mantendrán sus actividades de contrainsurgencia en tanto que ello resulte rentable desde una perspectiva fiscal, pero es allí en donde se originan los problemas. Entre más el Estado colombiano reduzca el excedente económico que percibe durante estos años por la venta de empresas y servicios que tradicionalmente han sido propiedad pública, a la par que reduce los impuestos a los grandes inversionistas extranjeros, mayor será la presión monetaria para verse forzado a mantener estas fuerzas de seguridad

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privada (paramilitares). En la necesidad de lograr un acopio de capital, para reinvertirlo en fuerzas privadas de seguridad (mediante una reducción cada vez más marcada de los gastos del gobierno dentro de los cánones y dogmas de la economía neoliberal) como consecuencia se activa un incremento en la expansión de las relaciones sociales de producción. Incrementar la expansión de las relaciones sociales de producción, como ya se señaló, acarrea una mayor explotación/extracción de los llamados recursos naturales de que dispone el país y conduce por esta vía a una degradación del medio ambiente –como se puede entrever en los principios que guían la negociación del gobierno del Tratado de Libre Comercio y en los que subyacen en la legislación sobre el Impuesto al Valor Agregado. Como se ha dicho ya, la expansión solo aumentará el descontento social entre las masas llevando a 1) un mayor apoyo a los grupos revolucionarios insurgentes y 2) a toparse con los límites propios de tal proceso, por las características finitas de las realidades humanas y ambientales y por las restricciones de la capacidad del capital excedente para patrocinar y financiar fuerzas de seguridad privada guiadas por el afán de lucro. Sobre la base de múltiples restricciones geopolíticas y de índole económica, el Estado no puede mantener el uso de las fuerzas privadas de seguridad, y así mismo, en razón al agotamiento de las fuentes para el financiamiento del Estado y de los recursos disponibles, tampoco pueden las marchitadas fuerzas internas de coerción enfrentarse al reforzado apoyo y embate de las Farc-EP, resultado natural de la creciente represión sociopolítica y de la marginalidad económica.

Conclusión Debido a la actual guerra civil colombiana que transcurre aparejada con una implementación de políticas económicas de desarrollo neoliberales, este ensayo arguye que la administración Uribe podría resultar incapaz de sostener el gobierno como consecuencia de una vacilante economía política y un descontento social. Con el Estado colombiano afrontando la aguda oposición de varios sectores de la sociedad civil, en condiciones de un creciente gasto deficitario que sobrepasa los topes sugeridos por el FMI y catalizado por el 278

progresivo retiro de la ayuda de E.U.A. –porque el imperialismo se halla hoy extendido más allá de sus capacidades– existe una crisis potencial y se vislumbra la posibilidad de un Uribe que no logra preservar su poder y aun la estructura del sistema político tradicional de Colombia (Xinhua, 2006; Morales, 2005; Golf, 2004 y Stewart, 2004).

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Resúmenes de artículos

Una historia tejida de olvidos, protestas y balas.

21 años de asesinatos selectivos y sistemáticos contra sindicalistas en Colombia, 1986-2006.

Por Guillermo Correa Resumen

Este artículo señala que la violencia antisindical no se inscribe en el orden de las violencias aisladas o se vincula exclusivamente a los innumerables conflictos armados que ha presenciado el país para evidenciar la existencia de una violencia de carácter sistemático, selectivo y prolongado en el tiempo contra los sindicalistas colombianos. La categoría central de análisis son los asesinatos de sindicalistas, hombres y mujeres, en el periodo 1986 a 2006. A partir de ella se ubican diferentes periodos de violencia en relación con los contextos sociopolíticos del país para evidenciar que la violencia antisindical obedece a una lógica de exterminio dirigida a anular y bloquear la acción sindical. Esta violencia posee un rasgo particular de impunidad y se prolonga en el tiempo como una especie de tradición sangrienta, que se convierte en uno de los elementos fundantes de la historia y la identidad del movimiento sindical colombiano.

Palabras clave: violencia antisindical, impunidad, identidad, asesinatos, víctimas derechos humanos.

A history woven with bullets, resistances, and oblivion

21 years of selective and systematic murders of unionists in Colombia, 1986-2006

By Guillermo Correa Abstract

In this article, it is argued that anti-union violence is not committed in the context of isolated violences, neither is it connected to the uncountable

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armed conflicts that the country has experienced. Instead, anti-union violence is systematic, selective and prolonged in time. We critically look at the assassinations of unionists during the years 1986-2006, identifying different periods of violence in relation to the diverse socio-political contexts in the country, to show that anti-union violence is committed with the intent to exterminate union action. This violence exhibits the particularity of a high rate of impunity, as well as its prolonged duration, creating a sort of bloody tradition which has become one of the fundamental elements in the history and identity of the Colombian labor movement.

y propone algunas estrategias sindicales en aras del empleo decente para la población joven.

Key Words: Anti-union Violence, Impunity, Identity, Assassinations, Victims, Human Rights.

By David Díez Abstract

Juventud, género y trabajo.

Una mirada a formas de empleo juvenil en Colombia.

Por David Díez Resumen

En este artículo se muestra cómo el ideal hegemónico del “salario familiar” constituido en la Europa del siglo XIX de manera paralela al ascenso del capitalismo, ha llevado a que el estatus de trabajador se reserve preferentemente a los varones adultos. Esta tendencia implica que la juventud suela definirse sólo desde el rol de estudiante o aprendiz, desconociendo la creciente participación de los jóvenes en el mercado laboral, sobre todo en los sectores menos privilegiados, ante la necesidad de complementar (o incluso ser la única fuente) los ingresos familiares. Así, se ha legitimado socialmente la vinculación de la población joven a empleos precarios, suponiendo que el trabajo juvenil es provisional, accesorio y por tanto no debe ser remunerado como un “trabajo de verdad”. Para ilustrar esta tesis el autor se basa en el caso de los empacadores de supermercados en el país que ganan por propina, 312

Palabras clave: juventud, género, trabajo, empleo precario, empacadores, sindicalismo.

Youth, gender and work.

A glance to forms of youthful use in Colombia.

In this article, it is shown how the hegemonic ideal of the “family salary,” constructed in 19th century Europe in parallel with the rise of capitalism, has implicated that the status of “worker” is preferentially reserved for adult males. This tendency implies that youth can only fulfill roles of “student” or “apprentice”, ignoring the growing participation of youth in the labor market.

This tendency is even more pronounced in less privileged sectors, where there is a necessity to contribute to (or in some cases be the only source of ) the family income. The link between youth workers and precarious employment is accepted by society, since the work done by young people is assumed to be temporary and supplementary, and for that reason, does not need to be compensated in the same way as a “real job”. To illustrate this thesis, we use the case of grocery store baggers in Colombia whose income is based on tips, and as a conclusion, we propose some strategies for union organization with the goal of promoting decent jobs for the youth population.

Key Words: Youth, Gender, Work, Precarious Use, Store Baggers, Union Trade.

313

¿Armonización hacia arriba o carrera hacia el fondo?

Una mirada al comportamiento laboral de las empresas multinacionales en Colombia.

Por Jana Silverman Resumen

Este artículo pretende analizar el comportamiento laboral de las empresas multinacionales en Colombia, examinando en particular si las prácticas laborales de dichas compañías están en conformidad no solo con la legislación nacional sino también con sus propios compromisos adquiridos en el marco de iniciativas voluntarias de Responsabilidad Social Empresarial, y si producen efectos positivos para sus trabajadores y la sociedad en general. Se utilizan los estudios de caso de Coca-Cola y Unilever. El artículo plantea que los tipos de Inversión Extranjera Directa (IED) que actualmente predominan en Colombia no contribuyen en gran medida al desarrollo social del país, porque no aumentan la capacidad productiva, no estimulan transferencias de nuevas tecnologías o la creación de cadenas productivas locales, y no generan un número significativo de empleos decentes. Por ende, a través de un mayor protagonismo por parte de las organizaciones sindicales y sociales, se debe reclamar un cambio en los patrones de IED hecha en Colombia.

Palabras clave: empresas multinacionales, Responsabilidad Social Empresarial, sindicalismo, desarrollo económico.

¿Harmonization upwards or race towards the bottom?

A glance to the labor practices of multinational corporations in Colombia.

By Jana Silverman Abstract 314

The intent of this article is to analyze the labor practices of multinational corporations in Colombia, examining in particular if these practices conform with not just national labor law, but also with the commitments made by the companies in the framework of voluntary Corporate Social Responsibility initiatives, and if they produce positive impacts for workers and for the society in general, using Coca-Cola and Unilever as case studies. In the article, we argue that the forms of Foreign Direct Investment (FDI) that currently predominate in Colombia do not greatly contribute to the social development of the country, since they do not increase the productive capacity, they do not stimulate technology transfer or the creation of local production chains, and they do not generate a significant number of decent jobs. For this reason, through greater leadership by unions and social organizations, changes should be made in the patterns of FDI in Colombia.

Key Words: Multinational Corporations, Corporate Social Responsibility, Union Trade, Economic Development.

La rápida expansión de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia.

Principales tendencias y su papel en algunos sectores económicos.

Por Fernando Urrea Giraldo Resumen

Este artículo evidencia como las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) han presentado un acelerado crecimiento y se han convertido hoy en una estrategia de tercerización del enganche de la mano de obra o contratación por parte de grandes empresas del país. Muestra la manera como esta figura ha empezado a significar la precarización de las condiciones laborales, la pérdida de derechos y el debilitamiento del movimiento sindical. Con base en los datos estadísticos y las variables de referencia del llamado sector solidario

315

de la economía de los años 2000 y 2005 –en particular, lo que constituye el cooperativismo colombiano–, se ha realizado un análisis de tres sectores específicos: azucarero, floricultor y recolección de basuras.

Palabras clave: tercerización, contratación, Cooperativas de Trabajo Asociado, precarización, derechos laborales, sindicalismo.

The fast expansion of Associated Labor Cooperatives in Colombia.

Main trends and their role in some economic sectors.

By Fernando Urrea Giraldo Abstract

In this article, it is shown how Associated Labor Cooperatives (ALC) have grown rapidly and have become today a strategy to outsource the labor force for large companies in Colombia, and how these entities have begun to create more precarious labor conditions, to weaken labor rights, and to break the union movement. Statistical data is also analyzed, using as references variables related to the so-called solidarity sector of the economy between 2000-2005, and in particular those related to the cooperative movement in Colombia. As a reference for our analysis, we study three specific sectors, namely the sugar cane sector, the flower sector, and the sanitation sector.

Key Words: Outsourcing, Contracting, Associated Labor Cooperatives, Precarious Work, Labor Rights, Unionism.

Lenguajes políticos globales y desafíos de la gobernanza en Colombia.

Por Claire Launay e Ingrid Johanna Bolívar Resumen

En los últimos años el concepto gobernanza se ha convertido en una herramienta importante para evaluar la gestión política, económica y social de los diversos estados. Aun así, todavía no existe un consenso sobre el significado del término. Las definiciones de éste oscilan desde de concebirlo como un nuevo elemento de la regulación política, social y económica tendiente a la renovación del espacio político y de los fundamentos democráticos de las sociedades contemporáneas, hasta la interpretación neoliberal que la reduce a la gestión “técnica” de los recursos públicos. En un esfuerzo por comprender la gobernanza en el mundo actual, nueve investigadores del Cinep, han formulado el proyecto “Gobernanza y civilidad en Colombia”. El presente artículo, recoge los principales planteamientos de este proyecto y se centra en mostrar el tipo de tensiones y desafíos que la realidad colombiana plantea a la discusión global acerca de este tema.

Palabras clave: gobernanza, estado, democracia, neoliberalismo, civilidad.

Global political languages and challenges of the gobernance in Colombia

By Claire Launay e Ingrid Johanna Bolívar Abstract

In the last years the concept gobernance has turned into an important tool to evaluate the political, economic and social management of the different states. Even so, there is no consensus on the meaning of the term. Its definitions 316

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range from the area of conceiving it as a new element of social, political, and economic regulation that tends to the renovation of the political space and democratic foundations of the contemporary societies, up to the neoliberal interpretation that reduces it to the “technical” management of the public resources. In an effort for understanding the gobernance in the current world, nine researchers of the Cinep, have formulated the project Gobernance and civility in Colombia”. The present article gathers the principal approaches of this project and shows the kind of tensions and challenges that the Colombian society faces to the global discussion.

Key Words: Gobernance, State, Neoliberalism, Civility.

Comunidades y coca en el Putumayo.

Prácticas que hacen aparecer al estado.

Por María Clara Torres Bustamante Resumen

El artículo describe los procesos cotidianos mediante los cuales se organiza la autoridad estatal en una zona de colonización reciente, productora de coca y permeada por la violencia armada. Para ello, examina detalladamente el proceso de creación del municipio de Valle de Guamuez (Putumayo) en el año 1985. Muestra que en esta etapa de la construcción del estado local, éste no se erige en una entidad separada de la sociedad, sino que se configura a partir de las prácticas comunitarias: es mediante las acciones de los colonos como el estado “aparece”. Igualmente, el artículo evidencia el estrecho vínculo entre proliferación de los cultivos ilícitos y construcción del estado local. La coca constituye un poderoso motor de construcción de la institucionalidad local.

Advierte, asimismo, que su carácter ilegal desvía la atención de los investigadores sobre la relación existente entre desarrollo agrícola e institucionalidad.

Palabras clave: estado, coca, colonos, institucionalidad, región.

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Community and coca in Putumayo Practices that show the state

By María Clara Torres Bustamante Abstract

The article describes the daily processes that organize the state authority in a recent colonized, coca producing, and affected by violence zone. To do this, the article examines the creation of the Valle de Guamuez municipality (Putumayo) in 1985. It shows that in this stage of the “local state” construction, the latter does not raise into an entity separated from the society, but is created from the community practices: the state “appears” within the settlers’ actions.

The narrow link between proliferation of the illicit crops and local state construction is also demonstrated in the article. The coca constitutes a powerful driving force of the construction of local state institutions. It also shows that the illegal character of coca diverts the attention of the researchers about the existing relation between agricultural development and institutionality.

Key Words: State, Coca, Settlers, Institutionality, Region.

La vacilante economía política de Uribe.

Aumento de la tributación dual de clases, acuerdos bilaterales comerciales dilatados o prolongados, y la creciente inestabilidad rural.

Por James J. Brittain Resumen

Cuando alguien escoge no remitirse exclusivamente a los pronunciamientos públicos del Estado o de las noticias difundidas en los medios y por el contrario se concentra en los hechos tangibles, es evidente que Álvaro Uribe Vélez no

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ha cumplido con la principal promesa electoral de su primer periodo. Antes de convertirse en Presidente en el 2002, Uribe prometió crear un modelo sostenible de seguridad nacional para Colombia que implicaba derrotar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas por las siglas FarcEP. Por el contrario, la evidencia muestra la escalada que han logrado durante los últimos años las Farc-EP, una condición que ubica a la administración Uribe en una situación comprometedora. Sin embargo, este aparente dilema militar aún cuando está vinculado con los temas que se tratan en el artículo, ha hecho explícitos otros temas de la reestructuración político–económica nacional y contemporánea, que han venido desencadenado una creciente oposición hacia el Estado, proveniente de varios sectores de la sociedad colombiana.

Las siguientes luces sobre las complejidades y dificultades venideras de la administración Uribe Vélez, demuestran no solo lo frágil que puede ser la estabilidad política del gobierno actual, sino que ponen en entredicho la arena política tradicional en Colombia.

the contrary, evidence shows that a clear escalation of the FARC-EP has been acknowledged over the past few years, leaving the Uribe administration in a comprised position. However, this seemingly military dilemma, while related, has greatly masked other pressing issues of contemporary national politicaleconomic restructuring, which have resulted in a growing opposition toward the state from various sectors of Colombian society. The following sheds light on the forthcoming complexities and difficult challenges facing the Uribe administration, challenges that could not only threaten the political stability of the current government but Colombia’s conventional political arena.

Key Words: Economic policy, Protracted Bilateral Trade, Labour Conditions, Farc-EP, Democratic Security.

Palabras clave: política económica, acuerdos bilaterales comerciales, condiciones laborales, Farc-EP, seguridad democrática.

Uribe’s faltering political economy.

Increased dual-class taxation, protracted bilateral trade agreements, and growing rural instability.

By James J. Brittain Abstract

When one chooses to look not at state announcements or popular media reports but rather the tangible facts on the ground, it becomes more than apparent that Álvaro Uribe Vélez has failed to live up to his principal firstterm electoral promise. Prior to becoming president in 2002, Uribe pledged to create a sustained model of national security for Colombia by defeating the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s Army (FARC-EP). To 320

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CrĂ­tica de Libros

¿Qué significa ser latinoamericano?

A propósito del libro Experiencias de vida sobre identidad, migración y fronteras de Espiral* Por Alejandro Angulo Novoa S.J.**

El trabajo aquí reseñado comienza por construir un equipo joven que pueda actuar en conjunto sobre tres realidades muy diversas, Chile, Colombia y México, y adquirir la destreza en el uso de las herramientas aptas para ese trabajo internacional y colectivo. Por una parte es una práctica de capacitación en el uso de la poderosa herramienta llamada la ficha de experiencia. Por otro lado es un esfuerzo colectivo por “construir, a partir de la diversidad, una percepción pertinente e integradora de América Latina”.

La ficha de experiencia es el nombre sintético para un conjunto de herramientas y dispositivos que permiten sistematizar información. Un principio de este método es la convicción de que los grandes procesos sociales se componen de las pequeñas experiencias locales y de que es en este núcleo germinal donde se inician los cambios. Esto, que parecería una perogrullada no es claro ni para muchos analistas reconocidos, ni mucho menos para los políticos de turno. Los primeros inventaron la antinomia macro-micro, y los segundos acuñaron la palabra ingobernabilidad. De esta incomprensión arrancan buena parte de los problemas de la representatividad y de la gobernanza de nuestros países.

El proyecto elige como tema la integración latinoamericana y todavía más en concreto la integración de Chile, Colombia y México. Y comienza con la evidencia de que esa palabra que retorna de forma periódica sobre la mesa de discusión de académicos y políticos es poco más que un nombre. Se salva del nominalismo total gracias a algunos de los llamados tratados de libre comercio, o acuerdos económicos bilaterales para facilitar la circulación de productos y servicios, pero que, como es de rigor en la ortodoxia económica reinante, dejan por fuera a la gente. *

Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral), 2006, Experiencias de vida sobre identidad, migración y fronteras, Santiago de Chile, Gráfica LOM. ** Director del Cinep Crítica de libros 293

Mediante esa definición y toma de posición inicial los integrantes del proyecto llegan a la conclusión de que tienen que mirar la cultura, la identidad, las migraciones y las fronteras. Si se diese integración tendría que poderse verificar en esos puntos neurálgicos. Al mismo tiempo esos puntos permiten observar el estado real de la cuestión y vislumbrar las semillas de cambios deseables y posibles.

Con esas premisas descubren que un argentino hace empanadas en Colombia, que Un Techo para Chile construye casas de emergencia en siete países del subcontinente, que el intercambio de medicina tradicional entre Chile y Perú es muy benéfico, que a los chilenos les encanta bailar salsa, que la música mexicana lleva sesenta años de aclimatación en Chile, y así sucesivamente.

Al mismo tiempo, el proyecto muestra cómo la identidad colectiva sigue siendo un concepto resbaladizo y cómo la identidad latinoamericana es una palabra en la que hay un sobrante de fe y un faltante de ciencia. Los autores terminan por recurrir a la modestia para confesar que responder a la cuestión ¿qué significa ser latinoamericano? no es tan fácil y adelantan una hipótesis tan general que no dice nada y más bien presenta algunas contradicciones (p. 106).

La migración y las fronteras también le proponen al proyecto un desafío conceptual, como lo ha sido tradicionalmente, porque la movilidad de la población y el roce, o abierta contradicción, entre política y cultura, típica de la frontera, vuelve muy dispendiosa la fábrica de teoría. La introducción al capítulo tercero, donde se observan los fenómenos citados, introduce la expresión ‘cultura de contacto’, que me parece una categoría facilona para referirse a fenómenos que discuten los aculturadores y los inculturadores. Con todo el material acopiado en la sección sigue siendo valioso porque su riqueza permite ensayar la descripción más precisa de las formas como se establecen esos contactos.

El aspecto del estudio que merece una consideración más atenta es el método.

Se comienza con los pre-estudios, que corresponderían a lo que se conoce en otras jergas como diagnóstico. Pero en este caso se parte de una premisa simple y clara: lo que se llama integración son los tratados de libre comercio, miremos, entonces, qué efectos tienen en la vida de la gente. Es ahí donde advierten que los tratados no se hacen ni con la gente ni para la gente. Por lo tanto concluyen que 294

hay que mirar cómo es la gente, cultura e identidad, cómo se mueve la gente, migraciones y qué barreras impiden ese movimiento, fronteras.

Una primera herramienta es la entrevista que cristaliza en la ficha de experiencia.

Pero esta herramienta depende totalmente de los Escritores Públicos. El primer secreto del método es la formación cuidosa de los grupos de jóvenes entrevistadores en el uso de las fichas para la recolección, re-escritura y transmisión de las experiencias de los entrevistados. El valor que yo le atribuyo a la ficha es que obliga al observador a tomar notas, a seleccionar y a ordenar desde el comienzo de la operación. Si a ello se añade que se trata de un equipo muy joven tenemos, en teoría, las mejores posibilidades de obtener datos útiles si el entrenamiento ha preparado a los muchachos para oír y escuchar, y al propio tiempo anotar.

Otra herramienta muy útil es el Informe de Contacto como condición para pasar a la entrevista, de forma tal que ésta se pueda cortar a la medida. No necesito ponderar la ventaja que este método tiene sobre los cuestionarios uniformes.

Desde luego ello supone que el entrenamiento ha sido ya una experiencia de integración cultural entre los entrevistadores mismos y entre ellos y sus guías. Y la condición del éxito es que esta integración se siga alimentando a lo largo de la investigación como una condición indispensable para que las fichas puedan entrar al acervo de la investigación y puedan ser cruzadas y ordenadas en todas las formas que el grupo juzgue oportunas. Este cruce mecánico que permiten las fichas es me parece un excelente soporte para la interfecundación de las neuronas y el incremento de la creatividad.

Creo, en fin que los autores tienen razón en describir su proyecto Espiral como un equipo internacional que construye un saber metodológico para responder a los desafíos complejos de América Latina. Con lo cual se están inscribiendo, no se si a sabiendas, en la escuela de la nueva ciencia que afirma que una ley muy sencilla de combinación de factores simples, repetida infinidad de veces, suele producir resultados tan complejos que superan nuestra capacidad de análisis. Observación muy aguda que además de hacerse cargo de nuestra propensión humana a repetir más de lo mismo, sugiere un camino para la solución del más peliagudo problema, a saber: que perder, como ganar, es una cuestión de método.

Bogotá, 11 de mayo de 2007 Crítica de libros 295

Construir la memoria del conflicto en Colombia A propósito del libro Historias No Oficiales de Guerra y Paz de Luis Fernando Barón Porras* Por Daniel Guillermo Valencia N.**

La gente va muy bien para enjugar las lágrimas.

Para darse un abrazo y entrar en calor.

La gente va muy bien para vencer obstáculos, para darnos sorpresas, recobrar la memoria y emplear la cabeza.

Para cambiar la historia y unidos buscar el camino que lleva al Edén

Joan Manuel Serrat

La lectura del trabajo de Luis Fernando Barón, Historias No Oficiales de Guerra y Paz, me devolvió hacia mediados de los años ochenta cuando empezaron a aparecer los estudios contemporáneos sobre la violencia en Colombia, en un momento en que el conflicto cobraba (como lo hace cíclicamente) un nivel de intensidad desproporcionado lo cual, para entonces, e igual que ahora, nos dejaba perplejos por las acciones de los diferentes actores (los armados y los desarmados) y las inusitadas direcciones que tomaba la guerra. *

Barón Porras, Luis Fernando, 2006, Historias No Oficiales de Guerra y Paz, Bogotá, Cinep.

Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado de Colombia.

El paso del tiempo y ese carácter indisoluble que aparenta el conflicto armado en Colombia se encargan de desgastar las palabras con que intentamos explicar la guerra endémica y la esquiva paz, obligándonos a buscar nuevas versiones que les narren, además que nos devuelvan la posibilidad de reflexionar sobre tales fenómenos, de paso, permitiéndonos recuperar el valor que tiene la palabra hablada en una sociedad que vive y muere atravesada por un conflicto entre armados, aunque también entre desarmados, y que se nutre de una perversa lógica identificada por Luis Fernando Barón como Silencio/Miedo/Olvido.

El primer y más caro valor que encuentro en el trabajo de investigación y en la publicación que hoy presentan Luis Fernando, el Cinep y Colciencias, es que se nutre y se debe al ejercicio paciente, atento, y acucioso de ir a la escucha de lo que dice la gente. En el prólogo del libro, Mauricio Archila anota que el trabajo de este autor se puede inscribir como una respuesta al llamado que hizo, en el 2003, el historiador Gonzalo Sánchez acerca de la importancia que reviste el hecho de que la academia se ocupe de construir la memoria del conflicto en Colombia y, así, le contribuya y permita a la política hacer lo suyo para la terminación de la guerra.

Converge ese llamado con el que hizo hace dos largas décadas Jesús Martín Barbero, en uno de sus escritos digamos que inaugurales sobre los nuevos problemas y métodos del campo de estudios de la comunicación donde afirmaba con vehemencia: “…hemos tenido que perder la seguridad que nos daba la semiología o la psicología, o la teoría de la información, para que nos encontráramos a la intemperie, sin dogmas, sin falsas seguridades y sólo entonces empezáramos a comprender que lo que es comunicación en América Latina no nos lo puede decir ni la misma semiología, ni la teoría de la información, no nos lo puede decir sino la puesta a la escucha de cómo vive la gente la comunicación, de cómo se comunica la gente”.

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En el marco de esos dos llamados ubico el trabajo de Luis Fernando, para comprender el título mismo de la obra: Historias no oficiales, que es por donde arribo al segundo valor que le abono al trabajo, entre otros muchos, tal es el cuidado y la sencillez con que el autor confronta la Historia Oficial narrada por los medios y la narrada por los académicos, con la historia no oficial de las gentes. El cuidado y la sencillez no son forzados, ni con ello intenta el autor quedar bien con unos y otros, sino que unos y otros (en este caso las gentes) se sientan bien cuando cada cual, en legítimo derecho, deseen escuchar y ser escuchados en cuanto a sus relatos sobre la guerra y la paz.

No quiero caer en lugar común y facilista (esto, de suyo, es redundante) de pretender descalificar los relatos que sobre la guerra y la paz se producen en la academia y en los medios de comunicación masiva, señalándoles de Historia Oficial al hacer del concepto un adjetivo. No. La Historia Oficial cumple la función de ministrar una liturgia que la sociedad le ha confiado a la academia y a las industrias de la información: construir los relatos del acontecer y desarrollar el conocimiento teórico y científico acerca de ese acontecer.

Lo que quiero resaltar es que las historias no oficiales, aunque no son litúrgicas, sí pueden ayudar a ministrar la palabra, la comunicación y la construcción de la memoria colectiva de los pueblos, la cual felizmente no se deja atrapar en boca de periodistas y académicos aunque éstos así lo pretendan y prefieran creer.

Además, las gentes no están interesadas en rebatir la Historia Oficial. Les interesa simplemente construir su memoria narrándose ellas mismas para sobrevivir a la guerra; tengamos por seguro que en las gentes hay más sencillez, aunque miedo y olvido (como lo advierte Luis Fernando a lo largo de su investigación), para atender la voz de los académicos y los periodistas, aunque mal paguen ellos (parafraseando al cantor), cuando califican sus relatos de pura doxa.

Por eso afirmo que el trabajo de Luis Fernando es sugestivo, y agarra al lector, al no caer en sensiblerías con las gentes y sus relatos para con ello descalificar las versiones de la Historia Oficial en Colombia, sino que propone y logra

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establecer un diálogo entre los dos actores que podrá darnos mayores luces para comprender este conflicto que él, acertadamente, llama, confuso e irracional.

El contenido del trabajo (me refiero a las entrevistas) es sufrido, doloroso, cargado de cruda realidad, por ello cruel, pero adornado de belleza. Transitan por él múltiples voces de actores anónimos, silenciosos y olvidadizos, pero que no olvidan mantener y alimentar un relato que les recuerde constantemente la paradoja que es vivir careando y hasta esquivando todos los días la muerte, en las veredas, esquinas, calles, avenidas, y parques, del territorio nacional, o escenificada en los transistores radiales, las pantallas de la televisión y las fotografías que retratan el dolor de los demás (como diría Susan Sontag), dolor que a veces se convierte en nuestro y otras es tan sólo un espectáculo, pero siempre percibiendo que la muerte va y viene impúdica entre la belleza exuberante de la geografía, de los recursos naturales, del calor de las gentes, de la alegría y del buen humor con el que le damos cara a la vida.

Estas historias no oficiales nunca serán masivas en su cobertura, pero son las historias que, en contravía del coro oficial (académico y mediático), persisten en entender la guerra ligada a la marginalidad, la desigualdad y la pobreza, aunque atrapadas en la versión romántica (que incluso ya hizo carrera entre destacados intelectuales) que la guerra es contra la sociedad, contra el pueblo, idea que termina quitándole rostro y nombre a la violencia y sólo sirve para construir relatos que contribuyen a viciar más la cultura política colombiana, donde las víctimas no tienen agencia política y donde las acciones colectivas son sustituidas por la rabia espontánea, las expresiones masivas gregarias o la indiferencia.

Invito a leer y a estudia el libro de Luis Fernando Barón, entre otros, por un tercer valor que contiene: la honestidad intelectual del autor al advertir desde, el comienzo, las limitantes de su investigación y lo que nos queda debiendo el estudio, convertidas en interrogantes que provocan a tomar la pluma que el autor deja suspendida sobre la última hoja del trabajo, para que los estudiosos de la economía, la historia, la antropología, la sociología o la comunicación, nos despojemos de los prejuicios que nos alejan de las gentes, nos privan de las sorpresas con que éstas asaltan, y nos impiden alcanzar a comprender Crítica de libros 299

“Se aniquila para significar algo” La Violencia como Acto de Comunicación

la poética de las historias no oficiales que sacuden el alma y la mente con expresiones tan dolorosas y profundas como la de Nidia, uno de las personas entrevistadas por el autor, quien ante lo absurdo de la violencia y lo esquivo de la paz en Colombia, exclama: “Que se muera la muerte”.

A propósito del libro Las violencias en los medios, los medios en las violencias de Jorge Iván Bonilla y Camilo Tamayo*

Bogotá, 20 de abril de 2007

Por Julián Penagos**

Desde los movimientos instintivos de las especies primitivas para sobrevivir, hasta el uso racional humano para lograr algún objetivo, la violencia parece ser una característica inherente a la etología natural de cualquier ser vivo. Como elemento que constituye lo intrínseco del espíritu, está obligada a evolucionar y a ser explicada desde tipologías de acuerdo con la praxis de mecanismos, instrumentos y fines.

La dimensión humana de la violencia la ha dotado de nuevos escenarios de visibilidad paralelos al desarrollo de teorías que han intentado racionalizar su origen, desarrollo y composición. Este libro trata del análisis de esas investigaciones teniendo como sujeto de enunciación a los medios de comunicación. En términos concretos, el texto Las violencias en los medios y los medios en las violencias realiza un balance de 102 estudios sobre el tema en América Latina durante un lapso de ocho años (1998-2005).

El estudio agrupa las investigaciones en tres ejes específicos de discusión. El primero de ellos tiene que ver con la cobertura periodística en situaciones de conflicto armado y violencia política. El segundo con el de los contenidos y la representación mediática de la violencia y la construcción de agendas. Y el tercero con la exposición, los efectos y las percepciones de la violencia en los *

Bonilla, Jorge Iván y Tamayo, Camilo, 2007, Las violencias en los medios, los medios en las violencias, Bogotá, Cinep. ** Profesor del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana.

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públicos. En un último capítulo se realizan observaciones y consideraciones sobre los estudios para ser utilizados en investigaciones futuras.

Los autores (Camilo Tamayo y Jorge Iván Bonilla), formulan la tesis de que la violencia debe verse como un acto comunicativo y que la comunicación (de acuerdo con los intereses de los actores) puede ser un acto de violencia. El título lo deja entrever claramente mediante un juego de reciprocidad entre los sujetos “violencias” y “medios” ambos interconectados con la preposición “en” que denota que la acción se lleva a cabo sobre ellos.

La afirmación “la violencia como acto de comunicación” se argumenta cuando los autores hablan de ella como un lenguaje que quiere expresar algo, y por lo tanto tiene un régimen de sentido. Autores como Michaud y Bourdieu refuerzan y legitiman esta apreciación cuando en sus teorías hablan de que la construcción de sentido se da por la interacción simbólica entre diversos actores o agentes que persiguen un fin común por diferentes medios siguiendo unas reglas establecidas en una lucha por legitimarse. Este concepto, parecido, es trabajado por Arturo Escobar en el libro “El Final del Salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea”.

En este caso para los autores, la apuesta interdisciplinar consiste en que el estudio de la relación entre violencia y medios desde la metodología del régimen de discurso y representación, significa dotar de significado a los actos de violencia visibilizados en los medios dejando de lado la reflexión especulativa desde la cuantificación de hechos violentos para medir su representación mediática.

Por otro lado, la comunicación puede ser un acto de violencia, porque posee una dimensión política. Lo autores argumentan que en la actualidad las instituciones y sujetos políticos han desplazado sus prácticas hacía los medios de comunicación convirtiéndose estos en un nueva ágora mediática desde donde se moviliza a la sociedad, se legitiman leyes y se determina la función de la esfera pública.

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Bonilla y Tamayo, exponen que los actos bélicos representados en los medios tienen un sentido específico que se reproduce en el miedo y el pavor, lo que puede degenerar en el cierre de la esfera pública a través de la formulación de leyes para el control social de los fenómenos violentos.

Las recomendaciones, por tanto, tienen que ver con que los estudios no deben dejar de lado esta dimensión política de la relación medios-violencia y trabajar en aspectos como: primero, precisiones sobre la perspectiva conceptual para la construcción de un eje teórico adecuado. Segundo, ahondar en la reflexión sobre las contradicciones del periodismo; que por un lado juzgan los actos de violencia, pero por otro determinan sus valores-noticia a partir de los mismos.

Y tercero, analizar las formas de reconfiguración de la esfera pública sobre el tema de la violencia desde los medios de comunicación.

Loa autores motivan la elaboración de futuros trabajos sobre medios y violencia a partir entonces, de procesos comunicativos y regímenes de sentido y representación teniendo en cuenta a la violencia y a la comunicación como formas de lenguaje. Además instigan a estudios comparativos entre países basados en datos empíricos confiables para que los resultados no se queden en la especulación y a la diferenciación entre medios de comunicación para diferenciar prácticas y usos en el consumo.

El valor académico que reside en este texto de balance y evaluación realizado por Camilo Tamayo y Jorge Iván Bonilla es que permite la delimitación del campo de investigación en comunicación, pues deja al descubierto relaciones y tendencias entre las teorías y se constituye como zona de diálogo tácito para investigadores, generando debate para el tratamiento futuro de nuevos o viejos temas.

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Unas memorias escritas con sangre A propósito del libro Todo tiempo pasado fue peor de Álvaro Delgado*

tantos años –al igual que tantos investigadores y educadores del movimiento obrero–, y a quien padecí en sus implacables juicios y anatemas. Un personaje complicado, necesario y reconocido, pero que me repelía como la encarnación del sectarismo comunista. Pero lo mío no es un juicio de verdad, ya que dice a favor de Álvaro su colaboración con Crisis y su cálido elogio de Mario Arrubla.

Al que le va como a los perros en misa es a Estanislao Zuleta.

Por Ricardo Sánchez Ángel**

El investigador social Álvaro Delgado ha tenido una dilatada presencia entre sus contemporáneos por su labor historiográfica sobre la clase trabajadora en Colombia. Viene a ser, algo así, como el continuador de la saga memorialista de Ignacio Torres Giraldo en su obra Los Inconformes. En sus artículos en el periódico Voz, en las revistas Documentos Políticos, Estudios Marxistas, Revista Internacional y en folletos y libros, Delgado fue tejiendo una copiosa red, a la vez analítica y documental de materiales sobre las luchas y los procesos proletarios. Lo hizo en calidad de investigador y actor político del Partido Comunista, donde alcanzó cargos de dirección y responsabilidad internacional durante más de tres décadas. Y, donde ejerció también su labor de político disciplinado y combativo, no sólo contra los de arriba, sino con igual o mayor ardentía contra los sectores de izquierda que actuaban, y aún lo hacen, por fuera de la égida del partido.

En la literatura política producida por Delgado es posible releer una de las más implacables páginas contra los trotskistas y maoístas, contra lo que a su juicio y el de su partido, significara un desafío a la autoridad de la Unión Soviética y su doctrina del socialismo y la revolución. Así, ubico yo, mi conocimiento de Álvaro Delgado, de cuyo trabajo me beneficié durante *

Delgado, Álvaro, 2007, Todo tiempo pasado fue peor. Memorias del autor basadas en entrevistas hechas por Juan Carlos Celis, Medellín, La Carreta Editores. ** Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Profesor titular de la Universidad Externado.

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Creo que cuando Álvaro Delgado se asoció con el historiador Mauricio Archila y el equipo de movimientos sociales del Cinep, con su utilaje de archivos, estadísticas y con una gran disciplina y creatividad, la investigación profesional, crítica, de alcances científicos, vino a operarse la mudanza en el espíritu libre que es hoy, sin dejar sus lealtades sobre la democracia y el socialismo.

Estas memorias o recuerdos de Delgado, Todo tiempo pasado fue peor, son de aquellos libros que según Nieztsche están escritos con sangre, y que cuando se leen se comprende que la sangre es espíritu. Un libro desgarrador, intimista, un viaje a la condición humana cargada de desolación. Una niñez dura, de precariedades y de un padre que se odiará por siempre por autoritario e irresponsable, y la madre como presencia sufriente, que el autor evoca con calidez en la Popayán señorial en donde transcurren sus primeros años. Este viaje a la infancia y a la adolescencia que se realiza en los primeros capítulos del libro es clave para descifrar la parábola vital de este adalid de la reivindicación justiciera del proletariado y constituye un ejercicio de purificación curativa, como todo viaje interior despojado de simulación. Tengo para mí, que el verdadero padre de Álvaro Delgado fue el Partido Comunista y su figura emblemática, el secretario general, que lo representó durante cincuenta años, mal contados, Gilberto Vieira. Personaje a quien el autor evoca con respeto, e incluso admiración, mientras ironiza a otros históricos de esa colectividad como Álvaro Vásquez y Manuel Cepeda. Figura paternal contra la que termina rebelándose, hasta su retiro de la organización.

Crítica de libros 305

La dimensión internacional del Partido Comunista fue la de su alineamiento con el Pcus y el régimen stalinista en la Unión Soviética. Así nació en 1930, defendiendo esta experiencia, extremadamente compleja dado su carácter dual, contradictorio, de avance en los beneficios sociales, pero envuelto en una dictadura totalitaria que liquidó la oposición de izquierda e impuso la colectivización forzosa masacrando a millones de campesinos y persiguiendo las libertades, incluso científicas y filosóficas. El análisis de la revolución rusa en su primer década, hasta 1927, mostró un esfuerzo descomunal por hacer del socialismo un régimen social y político de los trabajadores. El balance del régimen consolidado bajo la jefatura de José Stalin mostró el curso cruel de un termidor y una restauración del estado policíaco. Cuando en 1989 el socialismo realmente existente colapsó, dejaba en el cementerio de las realizaciones, no el socialismo de los trabajadores, sino su deformación burocrática.

Delgado elogia como virtudes del partido la unidad y la disciplina, de las cuales hizo gala en su militancia, incluso en materias graves, que no compartía, como la intervención soviética con sus tanques para aplastar la Primavera de Praga.

O en el caso de la política suicida de la combinación de todas las formas de lucha, que tanto daño hizo a las orientaciones de la Unión Patriótica y la dejó inerme ante el extermino de la derecha armada. El autor ubica en el maltrato y en el sectarismo las causas de la autoderrota del partido en su relación con el “medio mundo” de trabajadores, intelectuales, mujeres, profesionales que se le acercaron. Tiene entonces razón el prologuista Medófilo Medina, apartándose de la valoración de Delgado, al señalar que la unidad convertida en fetiche y mantenida con métodos antidemocráticos, conduce a los resultados deplorables que el balance de éste libro establece.

La polémica que Delgado realiza contra la vigencia de la lucha armada, su valoración de la mudanza de la guerrilla a organización comprometida en secuestros, en conexión con el tráfico de cocaína y redes delincuenciales es muy significativa. La realiza alguien que conoce el asunto de primera mano y no precisamente un renegado, ni un traidor. Dice el autor:

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“el movimiento guerrillero, transformado en una gigantesca empresa militar y financiera, olvidó sus compromisos con la población trabajadora, pasó a uso de buen retiro a las organizaciones comunitarias del campo y elimina a ciudadanos elegidos por el voto popular, incluidos los de izquierda” (Delgado, 2007, 287)

Este libro es la evocación de alguien que ha conocido el movimiento sindical, sus tendencias, líderes, prácticas y luchas al dedillo, y ha escrito largo sobre ello. Aquí hay recuerdos y semblanzas tristes como las de María Cano y Torres Giraldo, y de exaltación merecida, como la del negro Pastor Pérez, el presidente de la Cstc. Sobre otros movimientos políticos como el Frente Unido y Camilo Torres, Delgado observa una actitud de desdén y superficialidad. En cuanto al papel de Diego Montaña en el sindicalismo su juicio es claramente equivocado.

Como historia de vida es también de los sentimientos, gustos y fobias, del ambiente intelectual por fuera de la organización, de personajes literarios y políticos, de sus colegas periodistas, de sus amoríos furtivos y su epicureismo, hoy cuando la muerte le ha quitado una pierna, Álvaro Delgado pregona esta filosofía del placer como parte de la vida.

Para mí, estas memorias de Álvaro Delgado son su obra de madurez, lo más logrado de su importante legado. El sociólogo Juan Carlos Celis logró, literalmente, exprimir la memoria, las entrañas y el corazón del viejo lobo comunista.

Lo invitó y lo sedujo para que evocara la historia de su propia vida, y con ello, pintar un fresco de la historia del Partido Comunista y de la clase trabajadora.

La narrativa de este memorialista es limpia, directa, abundante, adornada de picaresca e ironía, como es propio de quien frecuentó los clásicos del siglo de oro en la biblioteca pública de Medellín. Trabajador del lenguaje, las ideas, los materiales de la historia social, Delgado logró una composición literaria de sus memorias, cuya cualidad más destacada es la belleza que acompaña sus verdades y vivencias.

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Colaboradores

GUILLERMO CORREA Trabajador Social de la Universidad de Antioquia, Magíster en Hábitat de la Universidad Nacional, seccional Medellín. Actualmente es el director del Área de Investigaciones de la Escuela Nacional Sindical y docente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia. Ha publicado diversos ensayos sobre derechos humanos de los sindicalistas colombianos en la serie Cuadernos de derechos humanos editados por la ENS, artículos sobre jóvenes y trabajo, violencia contra mujeres sindicalizadas y diversidad sexual. Próximamente será publicada por la Universidad Nacional su tesis de maestría titulada “Del rincón al cuarto oscuro de las pasiones”. Además la ENS prepara la edición de su texto “2515 o esa siniestra facilidad para olvidar, una historia de la violencia antisindical”.

DAVID DÍEZ Antropólogo y tesista de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el 2006 coordina la cátedra “Jóvenes y mundos del trabajo” de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, en el marco del Programa de Becas para Estudiantes Sobresalientes de Posgrado. Ha sido consultor de la OIT en el tema de empleo juvenil y sindicalismo en Colombia.

JANA SILVERMAN Investigadora de la Escuela Nacional Sindical (ENS), donde coordina un proyecto para promover y proteger los derechos laborales en las empresas multinacionales. Antes de laborar en la ENS, fue consultora de la AFLCIO Centro de Solidaridad (el organismo de cooperación internacional de la Confederación Sindical de los EE.UU) en Bogotá. Tiene una 325

Maestría en relaciones internacionales, con especialización en derechos humanos, de la Universidad Columbia, en Nueva York, EE.UU. Ha ganado premios académicos como la beca “Patrick Stewart” de Amnistía Internacional, y la beca para investigaciones de campo del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Columbia. Ha publicado artículos y ensayos en Cultura y Trabajo, Colombia Week, y Labor Notes, entre otras publicaciones. Además, ha dictado conferencias en instituciones académicas como la Universidad de Antioquia, la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Columbia, y la Universidad del Estado de Nueva York – Stony Brook.

FERNANDO URREA GIRALDO Sociólogo, profesor titular y coordinador de la Maestría en Sociología del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de Universidad del Valle. Ha sido investigador visitante de la New York University y profesor visitante de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) y la Universidade Federal Da Bahia. Ha publicado diversos artículos sobre etnicidad, afroamericanos, discriminación racial, mundo del trabajo, y cambios en el mercado laboral en diversas revistas nacionales como Signo y Pensamiento, Revista

internacionales, justicia nacional e internacional en Rwanda, África; el papel de la Iglesia católica en el conflicto de Ex-Yugoslavia. Se ha desempeñado como cronista de política internacional. Entre sus publicaciones más importantes se encuentra Religión y Paz, editada por la Fundación Charles Leopold Mayer. Participó en el libro Tejedores de la Memoria, escritores públicos en la construcción de la paz, publicado por el Cinep.

INGRID JOHANNA BOLÍVAR Politóloga, historiadora y maestra en Antropología social. Investigadora de Cinep y profesora de la Universidad de Los Andes. Ha investigado sobre la relación entre violencia política y formación del estado, las relaciones entre estado y sociedad civil, los procesos de constitución de nación y diferencia cultural y los vínculos entre cultura y política. Entre sus principales publicaciones se encuentran un libro colectivo titulado Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la formación del estado, editado por Cinep; Un estado del arte sobre nación y sociedad contemporánea, publicado por el Ministerio de Cultura en los Cuadernos de Nación y algunos artículos de discusión de las categorías del análisis político publicadas en Nómadas, en la Revista de Estudios Sociales de la Universidad de Los Andes y en Palimpsestus de la Universidad Nacional.

de Estudios Sociales, y Revista del Instituto Colombiano de Antropología,

e internacionales como Cadernos de Saúde Pública, Cadernos do CRH y Estudos Afro-asiáticos. Entre sus más importantes publicaciones se encuentra Gente negra en Colombia y Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico (2004).

CLAIRE LAUNAY Historiadora con Maestría en Historia Política de la Universidad de Lille, Francia y postgrado en Cooperación internacional y desarrollo de la Universidad de Sorbonne, Francia. Ha investigado el tema de relaciones 326

MARÍA CLARA TORRES BUSTAMANTE Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como investigadora del Cinep en las áreas etnografía del estado, conflicto armado y región, poderes locales, formación local y cotidiana del estado en contextos de violencia política y cultivos ilícitos. También ha colaborado en los Programas de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y del Meta (Cordepaz), así como en los proyectos de intervención regional del Cinep en Putumayo. Colaboró en la compilación Globalización, cultura y poder en Colombia (2006) con el artículo “Formas de pensar y experimentar la 327

política y el estado en lo local: la creación del municipio de San Miguel (Putumayo)”. Es autora del artículo “El surgimiento y apuntalamiento de grupos paramilitares en Landázuri (Magdalena Medio Santandereano)” publicado en el número 183 de 2004 de la revista Controversia. Igualmente ha participado en la elaboración de artículos sobre el análisis de la coyuntura política nacional para la revista Cien Días vistos por Cinep.

JAMES J. BRITTAIN Candidato (ABD) a Ph.D. e instructor en el Departamento de Sociología de la Universidad de New Brunswick de Canada. Es fundador e investigador asociado del Grupo de Investigación Canadá-Colombia (Ccrg), conformado por un grupo multiuniversitario e interdisciplinario de investigadores de las universidades Nacional de Colombia, Acadia, Cape Breton, Mount Allison, New Brunswick y York, cuya función es analizar cualitativa y cuantitativamente la sociedad y la política colombiana.

Recientemente ha escrito para las siguientes revistas: Development, Development in Practice, Journal for Peasant Studies, New Politics y Peace Review, además a colaborado en algunas publicaciones editadas por

la Universidad Nacional de Colombia.

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Instrucciones para la presentación de manuscritos

La revista Controversia, de periodicidad semestral, recibe artículos de investigación reflexión y revisión relacionados con los temas sociales, económicos, culturales y políticos de Colombia y América Latina, lo mismo que sobre aspectos teóricos que iluminen estos problemas y también sistematizaciones de experiencias en educación popular, organización social y desarrollo sostenible. Su formato debe ser el de un artículo publicable y no el de un informe de investigación o capítulo de tesis.

Estas contribuciones deben ser preferentemente inéditas pero, a juicio del consejo editorial y del comité asesor, podrá considerarse la publicación de una contribución en otro idioma, que sea considerada pertinente para las líneas de trabajo antes señaladas.

Los artículos deben tener entre 5.000 y 10.000 palabras. Las reseñas no pueden exceder las 1.200 palabras. Las contribuciones deberán ser presentadas en formato Word o en un sistema compatible, con una copia impresa y una en medio magnético en tamaño carta y a espacio y medio. Las copias impresa y magnética deberán ser enviadas a la dirección postal de la revista, Carrera 5 No 33A-08,en Bogotá, Colombia, o a su dirección electrónica, controversia@cinep.org.co. Los artículos pueden ser elaborados y firmados por uno o más autores. Se puede usar el lenguaje técnico de cada disciplina, pero procurando que estén escritos de una forma asequible a un público no especializado.

Las notas deben aparecer debidamente numeradas y deben ser lo más breves posible. Las referencias bibliográficas –libros, capítulos de libros, artículos y fuentes en general– deben ser incorporadas al texto colocando entre paréntesis el apellido del autor, coma, el año de la publicación, coma y el número de la página, así: (Pécaut, 1987, 210).

Las citas tomadas de la prensa y de otras fuentes periódicas deben ser incluidas en el texto de la siguiente forma: entre paréntesis el título de la fuente en cursiva, coma, día, mes y año de la publicación, coma y la página –indicando la sección cuando es pertinente–. Por ejemplo: (El Colombiano, 7 de febrero de 2005, 7A).

Las referencias bibliográficas completas y de fuentes se incluirán en una BIBLIOGRAFÍA al final del texto, por orden alfabético según el apellido del autor, de la siguiente manera: • Para libros: (a) apellidos y nombres del autor, (b) año de la edición utilizada, (c) título del libro en cursiva, (d) ciudad de la publicación, (e) casa editora y (f) año de la publicación original (si la obra ha tenido varias ediciones). Cada uno de estos ítems deben ir separados entre sí por una coma. Ejemplo: Elias, Norbert, 1997, El proceso de la civilización, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 1939.

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• Para artículos: (a) apellidos y nombres del autor, (b) año de la publicación, (c) título entrecomillado del artículo, (d) nombre de la revista en cursiva, (e) volumen (si tiene), (f) número, (g) casa editora, (h) lugar de publicación, (i) fecha de la publicación sin año, (j) páginas del artículo. Cada uno de estos datos separados entre sí por una coma. Además, el título de la revista va precedido por “en”. Ejemplo: Archila, Mauricio, 1998, “Poderes y contestación”, en Controversia, número 173, Cinep, Bogotá, junio, pp. 29-86.

• Para capítulos o contribuciones a un libro: se citan de forma similar a los artículos de revista, salvo en lo relacionado con el año de la publicación.

Ejemplo: Roldán, Mary, 1988, “La política antioqueña”, en Melo, Jorge Orlando, editor, Historia de Antioquia, Bogotá, Editorial Presencia.

Los autores también deberán enviar un resumen del artículo, en español y en inglés, de seis a diez líneas, y otro semejante sobre sus datos personales, que señale sus títulos académicos, los cargos más destacados que ha desempeñado, sus publicaciones recientes más importantes y su correo electrónico.

Si el artículo contiene imágenes (mapas, fotos, etc), éstas deben tener una resolución de por lo menos 300 dpi y estar en formato .tif o .jpg.

Los manuscritos que el consejo editorial considere apropiados para su publicación o que sugiera el comité asesor serán sometidos al arbitraje de especialistas en el tema respectivo, quienes dispondrán de un mes para enviar su concepto.

Para este proceso de arbitraje, la revista apelará a pares externos e internos a la institución por cada artículo. El consejo editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos, según los requisitos indicados, o condicionar su aceptación a la introducción de modificaciones, cuando sean necesarias. El proceso es confidencial, pero los comentarios de los árbitros serán remitidos al autor del artículo con las sugerencias pertinentes del consejo editorial de la revista, cuando haya necesidad de algunas modificaciones. Con este fin se llevará un seguimiento de la fecha de recepción y aprobación de los artículos. Así mismo, se utilizará un formato de evaluación para que cada árbitro consigne su concepto sobre la calidad, originalidad e importancia del texto sometido a su consideración, otorgando una calificación cuantitativa y una valoración cualitativa.

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