El reto de las víctimas: el reconocimiento de sus derechos

EL RETO DE LAS VÍCTIMAS: EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS

Informe Especial – Diciembre de 2009

CRÉDITOS Colaboraron en la elaboración de este informe los siguientes equipos del CINEP: § § § § § § § §

Equipo de Movimientos Sociales: Martha Cecilia García Equipo Iniciativas de Paz: Fernando Sarmiento Santander y Karol Arévalo .

Equipo DHESC: Natalia Paredes.

Programa por la Paz: Carolina Tejada y Nadis Milena Londoño.

Equipo Chocó: Laura Escobar.

Banco de Datos de Derechos Humanos: William Rozo.

Equipo de Incidencia en lo Público: Mauricio García Durán, S.J. y Andrés Yepes.

Sistema de Información General: Alejandro Cadena.

Diseño: Andrés Yepes.

Toda la información que soporta el presente informe está tomada de los bancos de datos Derechos Humanos y Violencia Política, de Luchas Sociales, de Acciones Colectivas por la Paz (Datapaz) del CINEP. Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia “RUT”, Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. Consolidado Nacional Población Desplazada Registrada según Departamentos y Municipios Expulsores. Periodo Agosto 2002 hasta Septiembre 2009.

© CINEP - Centro de Investigación y Educación Popular Carrera 5 No. 33 A – 08 Bogotá, Colombia Teléfono: (57–1) 245 61 81 Fax: (57–1) 287 90 89 E-mail: cinep@cinep.org.co www.cinep.org.co

Bogotá D.C. – Colombia, Diciembre de 2009

RESUMEN EJECUTIVO La violencia que ha vivido el país en los últimos 20 años ha ocasionado millones de víctimas en la población colombiana (al menos 4 millones de desplazados, 53.016 asesinatos políticos, 35.449 secuestros y 5.098 desapariciones forzadas). Ha sido una historia de barbarie que ha tocado todos los flancos de la vida social, tanto política como económica, cultural y territorial. En este informe se han constatado las múltiples formas de victimización que afectan a los más diversos sectores sociales, particularmente campesinos, estudiantes, trabajadores, desplazados, mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, niñas y niños, LGBT, gente del común y líderes sociales y políticos.

Una de las consecuencias profunda s de la violencia, más allá de las heridas que causa en las personas y en el tejido social, es la reducción de las víctimas al silencio y la invisibilidad social. A la sociedad colombiana le cuesta reconocer que afronta una de las más serias tragedias humanitarias a nivel mundial, como puede verse en los niveles de impunidad en que permanecen las violaciones a los derechos humanos y en los altos niveles de incumplimiento de parte del Estado en la atención que debería prestar a las víctimas. Gracias a la resistencia, empoderamiento y organización de éstas, poco a poco han logrado hacerse presentes en el espacio público nacional para reclamar sus derechos como ciudadanos/as por medio de la movilización y la protesta social, el debate público, acciones judiciales y procesos de incidencia política.

En primer lugar, en este informe se constata que la movilización de las víctimas y sus organizaciones ponen de presente sus distintas demandas, en particular la defensa de la vida, el rechazo a las distintas formas de violencia y la exigencia al Estado para que dé cumplimiento a sus derechos sociales, culturales, económicos y políticos. Los grandes hitos de movilización de los diversos sectores sociales acaecidos durante más de dos décadas han alertado sobre los procesos de victimización que estaban sufriendo: despojo, destierro, violación sistemática de sus derechos fundamentales y colectivos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Se trata de formas de victimización ocasionadas por las acciones militares, tanto del Ejército y los grupos paramilitares en la lucha antisubversiva, como por parte de los grupos guerrilleros. Aunque la victimización se ha dado de forma generalizada en el territorio nacional, los principales escenarios se concentran en zonas rurales. De este modo, trabajadores, indígenas, mujeres, campesinos, LGBT, negritudes, desplazados fueron emergiendo en las luchas sociales como sectores víctimas de la violencia que tienen derechos ciudadanos. Estos derechos van más allá de las medidas de corto plazo para la asistencia humanitaria; pasa n, sin duda, por la transformación de las estructuras políticas y económ icas excluyentes, hacia formas más democráticas que garanticen a las víctimas la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de hechos semejantes a los vividos, y que garanticen a la ciudadanía en general la convivencia pacífica y la creación de espacios públicos para dirimir los conflictos.

En segundo lugar, el informe muestra como en el centro del conflicto armado colombiano está la disputa por la tierra y el territorio. A nivel de tendencias generales, se puede observar que el fenómen o del despojo afectó 857 municipios, y solamente el 0.6% de los hogares desplazados declararon no haber abandonado tierra. Del 99.4% restante, el 70% dejaron predios de extensiones que oscilan entre 4 y 17 hectáreas promedio por hogar, reforzando la tesis según la cual el fenómeno afecta mayoritariamente las pequeñas extensiones rurales. En más de la mitad de los casos, este abandono de las tierras se dio como resultado de homicidios de civiles en medio del conflicto armado. El despojo de la tierra en Colom bia se sustenta en una mezcla de violencia, corrupción local y ausencia de políticas públicas que hagan efectiva la restitución de los derechos de las víctimas. Muchas de las tierras abandonadas por los desplazados han sido apropiadas ilegalmente por los victimarios, a pesar de constituir violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, los procedimientos violentos de expulsión de la tierra posteriormente han sido legalizados mediante diferentes modalidades. El análisis realizado en este inform e muestra que tales cifras no son más que los efectos visibles de una guerra que hunde sus raíces en problemas estructurales, problemas que tienen que ver con la tenencia y uso de la tierra, con las históricas luchas sociales por la reivindicación de los derechos fundamentales y la construcción de un país social, política, cultural y económicamente incluyente. i

En tercer lugar, en este informe también se presenta otra faceta de la movilización de las víctimas, la cual se expresa en las múltiples y persistentes acciones propositivas. Búsqueda de alternativas a la violencia, construcción de planes de vida, procesos de dignificación de las víctimas, recuperación de la identidad, procesos organizativos y de articulación y reconstrucción del tejido social se cuentan entre muchas otras formas de recuperación de la vida y la esperanza. Hoy en día las víctimas de la violencia se han constituido en actores sociales de transformación. Sus propuestas de vida local y regional y sus apuestas de agenda de derechos para la construcción de políticas públicas, se encuentran en el centro de los debates públicos y en la atención de los organismos internacionales, diplomáticos y defensores de derechos humanos. El tema de las víctimas hoy, a diferencia de hace 10 o 20 años, no pue de pasar desapercibido en la agenda política y económica del país. Los condicionamientos, restricciones y sentencias internacionales dan cuenta de ello. El logro de la paz integral está hoy, más que nunca, ligado a prestar atención a los millones de víctimas que ha dejado la violencia social y política en Colombia. Desconocer tal realidad es insistir en la perpetuidad de la guerra.

Este informe va al centro del conflicto a través del creciente proceso de visibilización de las víctimas.

Desconocer su existencia y no atender la complejidad de sus demandas es insistir en la negación del conflicto colombiano. La guerra, que aún se libra, sus efectos y cifras aún alarmantes, es apenas el asomo de un conflicto más profundo, del que cada vez parecemos estar más lejos de afrontar y resolver. Con ello, este informe es una contribución a la construcción de la memoria colectiva de las víctimas, cuya intención es no dejar en el olvido la barbarie de la violencia, ya histórica en el país. Hoy día en Colombia la reparación a las víctimas, el reconocimiento de sus derechos, la dignificación de sus vidas, individual y colectivamente, hacen parte de la recuperación y conservación de la memoria de lo ocurrido. Esta memoria tiene repercusiones históricas, política, cultural y e conómicamente, pues el país no podrá avanzar en el logro de la paz con justicia social sin resarcir el daño de quienes han padecido y están padeciendo la exclusión, la pobreza, la impunidad, el incumplimiento de políticas gubernamentales, la represión, el secuestro, el daño físico y las demás formas de violencia.

RECOMENDACIONES: 1. Al Estado y al Gobierno nacional: § Consolidar un marco jurídico acorde a los principios constitucionales y los estándares internacionales de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que conlleve a la protección, garantía de los derechos y reparación integral a las víctimas con base en el principio de responsabilidad del Estado. § Elaborar y poner en funcionamiento una política pública que tenga como centro la perspectiva de las víctimas, con la cual se oriente y garantice por parte de las instituciones el cumplimiento integral de sus derechos. Ello implica establecer y destinar en el presupuesto nacional los recursos necesarios para hacer efectivas las políticas públicas que se establezcan. § Hacer de la resolución de la problemática de la tierra, el territorio y el desarrollo rural una prioridad de la agenda política y de paz en el país para los próximos años, promoviendo el diseño legislativo, normativo e instituc ional necesario para garantizar los derechos de las víctimas, que cuente con su participación y sus propuestas, y se base en el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia nacional e internacional en la materia. § Disponer los medios para caracterizar, municipio por municipio, los casos y sistematicidad del abandono y despojo de tierras en todo el país, a fin de desarrollar las correspondientes medidas de política pública que garanticen a las víctimas la restitución de los derechos sobre sus bienes. Por ejemplo, desarrollar la propuesta de crear las “áreas amparadas con presunción de negocios espurios”1, que permitiría actuar 1

La cual estaba contenida en el proyecto de Ley de Víctimas aprobado en la legislatura anterior en el Senado, la cual finalmente se hundió en proceso de conciliación entre los proyectos aprobados en Senado y en Cámara de Representantes.

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sobre un territorio, abordar un conjunto de casos simultáneamente, quitarle la carga de la prueba a las víctimas, recuperar los bienes usurpados ilegalmente y restituirle los derechos a las víctimas sobre éstos.

Garantizar la participación activa de las víctimas y sus organizaciones, como interlocutores válidos para el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas que los benefician. Tal participación contribuirá a la dignificación de las víctimas y al ejercicio pleno de su ciudadanía en el marco del Estado social de derecho.

Detener la judicialización de la protesta social y los señalamientos como terroristas a los líderes, procesos organizativos, de movilización, demanda y exigencia de derechos por parte de las víctimas y sus organizaciones.

2. A la comunidad internacional: § Promover ante el Gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos y legislación internacional existente sobre el tema de víctimas en el diseño e implementación de políticas públicas. § Mantener la atención puesta en la crisis humanitaria que vive el país, para colaborar económica y políticamente a que se brinde una adecuada atención humanitaria, orientada a la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas. § Apoyar con cooperación internacional el desarrollo de propuestas que contribuyan a la recuperación del ejercicio ciudadano de las víctimas y al reconocimiento y preservación de sus derechos.

3. A las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y entidades de la sociedad civil: § Acompañar, asesorar y mediar para que las víctimas puedan organizarse y su voz sea escuchada.

Empoderar a las organizaciones de víctimas para que se consoliden como actores sociales con capacidad de reclamar sus derechos. § Promover el compromiso que diversas entidades e instituciones sociales de los sectores académicos, gremiales, eclesiales, de los medios de comunicación, etc., en el país, tienen, como parte de su responsabilidad ética, social y empresarial, de participar en la construcción de soluciones frente a la grave situación que viven los millones de víctimas en el país. § Generar procesos sociales que permitan la reconstrucción de los proyectos de vida, más allá de desarrollar proyectos puntuales; trabajar de manera articulada y concertar las estrategias y acciones con las personas y procesos existentes.

4. Recomendaciones generales: § Promover procesos de coordinación en los planes de acción institucional e interinstitucional, entre entidades del Estado, cooperación internacional y los diversos actores de la sociedad civil, evitando una presencia desarticulada en las localidades y regiones, y una competencia desmedida en la gestión y ejecución de recursos.

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EL RETO DE LAS VICTIMAS: EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS Introducción A través de este documento el CINEP/Programa por la Paz hace evidente que la situación de victimización en el país trasciende los límites de la confrontación armada, es decir, va más allá del accionar de grupos armados ilegales de guerrilla o paramilitares y de las fuerzas estatales. Las cifras y análisis realizados en torno a la situación de las víctimas entre 1987 y 2008 permiten reconocer que este no es un problema coyuntural que se inscribe simplemente a una cuestión de orden público, sino que confirma que la guerra en Colombia hunde sus raíces en problemas estructurales.

Este informe surge en medio de un proceso de crecimiento de la movilización de las víctimas de la violencia en Colombia, proceso que las ha hecho más visibles ante la opinión pública nacional e internacional. Es un hecho que los distintos sectores sociales victimizados se han lanzado a la esfera y al debate público a defender sus derechos y a buscar mejores condiciones para sus vidas. La violencia histórica que ha generado en el país millones de víctimas ha acumulado cifras que transgreden a sus anchas toda ética humana y todo sentido de la vida: en los últimos 20 años las bases de datos del CINEP han registrado 28.031 hechos de infracción al Derecho Internacional Humanitario, en los cuales se han contabilizado 53.016 asesinatos políticos, 35.449 secuestros y 5.098 desapariciones forzadas. Por su parte, CODHES informa que “entre 1985 y 2008 el desplazamiento forzado afectó a un total aproximado de 4´628.882 personas”2. El análisis realizado en este informe muestra que tales cifras no son más que los efectos visibles de una guerra que hunde sus raíces en problemas estructurales, problemas que tienen que ver con la tenencia y uso de la tierra, con las históricas luchas sociales por la reivindicación de los derechos fundamentales y la construcción de un país social, política, cultural y económicamente incluyente.

De esta manera, lo vivido por millones de colombianos y colombianas que han sufrido de manera directa las diferentes expresiones de la guerra, no puede entenderse simplemente como un problema de asistencia humanitaria; debe comprenderse como una fractura profunda en diferentes dimensiones, que exige respuestas de igual proporción por parte del Estado y de la sociedad en general. Creemos que solamente al comprender la dimensión de lo ocurrido, podremos reconocer que el goce pleno de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, son caminos fundamentales para la construcción de la paz en el país.

En el marco de reflexión que aquí proponemos, más que definir qué es una víctima3, nos preocupamos por dar una mirada histórica en torno a quiénes han sido las víctimas, para reconocer allí a todas las personas que, sin importar su condición, han visto vulnerada su integridad, libertad y dignidad y la posibilidad de acceder a sus derechos. Así, las víctimas son todas y todos aquellos que han tenido que afrontar la ruptura de sus proyectos de vida y de sus dinámicas sociales y culturales como consecuencia de la guerra. Con esto, no queremos desconocer los grandes esfuerzos que les han permitido restablecer un nuevo proyecto de vida y Codhes Informa. Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 75, Bogotá, 22 de abril de 2009. En www.codhes.org 2

Internacionalmente se ha aceptado la definición de víctima dada por Naciones Unidas en su sexagésimo período de sesiones y que ha sido soporte para la definición que actualmente se maneja en Colombia a partir de la sentencia C-370 de la Corte Constitucional “8. … se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también corresponda a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir su victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la victima.”

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jalonar nuevas dinámicas sociales organizativas. Junto a ellas, la memoria de las victimas de homicidios y desapariciones forzadas que guardan sus familiares, sus hijas e hijos, sus padres y madres.

La primera parte del informe se centra por un lado en la historia de la movilización social que pone de manifiesto las distintas acciones de la población civil en contra de la victimización que sufren y visibiliza a las víctimas ante el Estado y la sociedad. La segunda aborda el despojo y abandono de tierras en tanto la resolución de esta problemática constituye el eje central de un proceso de reparación integral de las víctimas.

Por último, las acciones propositivas de movilización que desde las víctimas plantean propuestas para la construcción de la paz y se presentan tres experiencias que, desde distintos lugares, muestran el camino que víctimas, comunidades y organizaciones han seguido en este largo proceso de reivindicación de derechos.

1. LUCHAS SOCIALES CONTRA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES E INFRACCIONES GRAVES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Para no dejar en el olvido parte de la historia de barbarie de este país y para contribuir a la reconstrucción de la memoria colectiva, recordaremos algunos hitos de la movilización social4 acaecida en algo más de dos décadas, mediante la cual diversos sectores sociales alertaron al Estado y a la sociedad sobre los procesos de victimización que estaban sufriendo: despojo, destierro, violación sistemática de sus derechos fundamentales y colectivos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

Trayectoria de las luchas sociales que denuncian victimización 1987-2008

Fuente: Base de datos de luchas sociales en Colombia - CINEP

Durante 1987, primer año del periodo escogido para el presente informe, los campesinos tuvieron su mayor participación al insistir, a través de acciones colectivas y públicas, en su petición de desmilitarizar zonas rurales de Urabá, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, Alto Andágueda en Chocó, Magdalena Medio, Sarare, Sierra Nevada de Santa Marta, Nariño, Sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, Nariño, Cauca, Alto Guayabero (Guaviare), La Macarena (Meta). Demanda que fue acompañada por denuncias de atropellos graves cometidos por el Ejército que confiscaba sus remesas, realizaba detenciones ilegales e interrogatorios bajo amenazas, y los acusaba de hacer parte de las guerrillas. Las víctimas de los daños causados por operativos militares y sectores solidarios con ellas exigían indemnizaciones. Si la lucha antisubversiva causó cientos de

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Con base en la información contenida en la Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP.

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éxodos campesinos y violaciones a los derechos humanos, otro tanto causaron acciones guerrilleras denunciadas por labriegos, quienes también revelaron la presencia y acción de terror de grupos paramilitares.

Al reclamo permanente ante el Estado de protección de sus derechos fundamentales, violados por agentes armados legales e ilegales, se sumaron sus tradicionales demandas de solución a los conflictos rurales, cese a los desalojos, otorgamiento de tierras, titulación de baldíos, condonación de deudas por créditos, acceso a bienes y servicios colectivos, y cumplimiento de planes de rehabilitación. Todas ellas se expresaron, en febrero de ese año, en la Jornada Nacional por la Reforma Agraria. El desentendimiento gubernamental de estas demandas estuvo en la base de las marchas del Nororiente, llevadas a cabo en junio, cuyo pliego unificado condensó el cúmulo de problemas del agro en los temas de derechos humanos –en primerísimo lugar–, recursos naturales, reforma agraria, dotación de servicios públicos y sociales y de vivienda.

Campesinas y campesinos de diversas regiones del país participaron masivamente en la Jornada Nacional por la Vida realizada en agosto de 1988, durante la cual se exigió al Gobierno el desmantelamiento de grupos paramilitares, el fin de la guerra sucia5 y del exterminio de líderes y miembros de oposición. No obstante haber denunciado, junto con otros sectores sociales la persecución y los asesinatos de miembros de la Unión Patriótica (UP), y haber exigido garantías políticas para ese movimiento político, en octubre, atendieron, como muchos otros sectores sociales, el llamado de la UP y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a participar en la jornada nacional de protesta por el asesinato del candidato presidencial de esa colectividad, Jaime Pardo Leal.

1988 fue el año durante el cual los y las estudiantes protagonizaron el mayor número de movilizaciones contra violaciones de derechos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH): sus detenciones bajo la acusación por parte de la fuerza pública de pertenecer a las guerrillas, amenazas de muerte a miembros de la comunidad educativa, allanamientos a residencias universitarias y militarización de universidades, aplicación del Estatuto Antiterrorista6 a los detenidos y detenidas durante manifestaciones públicas, y detenciones-desapariciones de compañeros, compañeras y activistas sociales.7 Fue así, como levantaron su voz de protesta contra la militarización de zonas rurales, contra masacres y asesinatos de hombres y mujeres, fueran maestros, campesinos, sindicalistas, estudiantes; igualmente se solidarizaron con las marchas campesinas, participaron en las Jornadas por la Vida que denunciaban la oleada de crímenes cometidos por paramilitares, y se pronunciaron, también, por el derecho a la educación.

La violencia contra los asalariados no cedió durante todo el periodo de estudio: en 1987 fueron asesinados 74 sindicalistas;8 1996 presentó el mayor índice de homicidios contra ellos (284 asesinatos) y el mayor número de asesinatos de trabajadores en masacres (105 murieron en masacres cometidas por grupos armados en la zona bananera de Urabá). Entre 1998 y 2002, la violación de los derechos humanos de los sindicalistas De la cual continuaron siendo víctimas: de las 24 matanzas colectivas llevadas a cabo entre enero y marzo de 1989, 19 tuvieron como objetivo a campesinos. Las luchas por la tierra, la colonización del narcotráfico y el desarrollo de la guerra –cuyo principal escenario por aquel entonces era el campo–, constituían el cimiento de aquel proceso de victimización de los campesinos.

6 Expedido el 27 de enero de 1988, como Estatuto de Defensa de la Democracia (decreto 180), so pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Junto con él se promulgaron los decretos 181 (que creó una especial jurisdicción de orden público) y el 182 que reformó el habeas corpus –destinado a impugnar ante el juez la legalidad de la detención y el encarcelamiento–, imponiendo nuevas trabas de procedimiento que prácticamente impedían interponer este recurso en casos de desaparición.

7 A finales de 1988 una delegación de la ONU encontró que una característica de las desapariciones en Colombia era su corta duración: “En muchos casos de detención legal o de secuestro, el cuerpo de la víctima aparece a las pocas horas o días después, invariablemente torturado, a veces mutilado”. Pero también obtuvo informes de 561 casos de desaparición en los que el paradero del desaparecido seguía siendo incierto, de los cuales, 21% parecía haberse producido en los dos años anteriores, y la Procuraduría General enumeraba 962 casos acaecidos durante los cinco años anteriores (ONU, Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la visita realizada a Colombia entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre de 1988, Doc. E/CN.4/1989/18/Add.1, 6 de febrero de 1989, p. 33 a 37).

8 Organización Internacional del Trabajo, Quejas contra el gobierno de Colombia presentadas por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza, la Federación Sindical Mundial, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines y varias organizaciones nacionales. Informe núm: 259, caso(s) núm(s): 1429, 1434, 1436, 1457, 1465, Ginebra, 7 de octubre de 1988.

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estuvo marcada por el auge de las intimidaciones, amenazas, violaciones a los derechos de asociación sindical y los asesinatos de dirigentes sindicales (solo en 2001 se reportaron 63 casos). En el paro nacional estatal, realizado entre el 7 y el 26 de octubre de 1998, nueve sindicalistas fueron asesinados, entre ellos, el vicepresidente de la CUT, Jorge Ortega. En 2001 aumentó la violencia de las organizaciones insurgentes contra trabajadores, especialmente a través de secuestros, y se incrementaron las violaciones a los derechos humanos de sindicalistas ubicados en centros urbanos (Bogotá, Cali, Barrancabermeja, Bucaramanga y Medellín), como consecuencia del proceso de urbanización del conflicto armado. Entre 2003 y 2007, aunque se redujeron los homicidios contra trabajadores, se cometieron 2.402 violaciones a la vida, libertad e integridad de los sindicalistas, lo que corrobora que no existe un cambio estructural en la violencia antisindical.9 Durante 1988 y 1989, los asalariados llevaron a cabo el mayor número de movilizaciones contra la violación de derechos humanos del periodo analizado. Los trabajadores cementeros pararon sus actividades a lo largo de estos dos años en protesta por la detención, desaparición y asesinato de activistas sindicales. El atentado contra Héctor Julio Mejía, dirigente sindical de Cementos Nare, realizado el 8 de febrero de 1988 –que le costó la vida 8 días después–, llenó la copa de los trabajadores vinculados al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción -Sutimac -, que ya tenían en su haber más de 14 compañeros asesinados desde diciembre de 1986, y los lanzó a un paro nacional.10 No obstante las denuncias de persecución y aniquilamiento de trabajadores y sindicatos de cementeros, seis dirigentes más fueron asesinados en el año comprendido entre los meses de agosto de 1988 y 1989.

Los bananeros cesaron sus actividades durante estos dos años para protestar contra los atentados, asesinatos, secuestros y detenciones de asesores y dirigentes sindicales11 –acciones que coincidieron muchas veces con las negociaciones de pliegos laborales–. El aniquilamiento fue tanto la respuesta a la organización y capacidad de negociación de los sindicatos de Trabajadores del Banano (Sintrabanano) y Agrícolas (Sintagro),12 como una estrategia del narcotráfico y del paramilitarismo para llevar a cabo el despojo de tierras y para eliminar a adversarios políticos.13 Los bananeros también protestaron contra las masacres, como la del 3 de marzo de 1988, cuando fueron asesinados 20 trabajadores de las fincas bananeras La Negra y Honduras, en el corregimiento de Currulao, Turbo, por un comando de 30 hombres que gritaban vivas a la paz y abajos a la Unión Patriótica y al Frente Popular, y se identificaron como la célula “Teniente Coronel Jaime Gerardo Díaz” del autodenominado “Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista” (MOENS), y la masacre de 27 trabajadores de haciendas de Buenavista, Córdoba, llevada a cabo exactamente un mes después por el grupo paramilitar “Los Magníficos” en el corregimiento de Mejor Esquina. Por esta masacre no hay responsables ni existe reparación para las víctimas.

A estas protestas contra el terror impuesto por paramilitares organizados por Fidel y Carlos Castaño Gil, se sumaron las que denunciaron la represión y violación sistemática de los derechos humanos de pobladores y Guillermo Correa, “21 años de asesinatos sistemáticos contra sindicalistas en Colombia: de números sin rostro y memorias que aún duelen”, en Revista Cultura y Trabajo, Nº 73, septiembre de 2007.

10 Antes de esta fecha, los cementeros ya habían llevado a cabo 4 paros en 1988 por la detención, desaparición y asesinato de dirigentes sindicales y contra la incursión, el 24 de enero de 1988, de un comando del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS) en un campamento de trabajadores de Cementos Nare, en Caracolí, de donde se llevó por la fuerza al sindicalista Jesús Emilio Monsalve, quien fue desaparecido.

11 Entre 1982 y 1986, fueron asesinados 350 afiliados al Sindicato de Trabajadores del Agro –Sintagro – (“La encrucijada de Urabá”, en Cien días vistos por Cinep, Nº 2, abril-junio de 1988.

12 Hacia 1987, los dos sindicatos cubrían el 87% de total de hectáreas destinadas al cultivo del banano (estimación de Fernando Botero, citado por Carlos Miguel Ortiz, “Colonización y violencia en la frontera con Panamá: Urabá y el Darién de 1950 a 1990”, en Colombia y Panamá: la metamorfosis de la nación en el siglo XX, pág. 391), lo que posibilitó la presentación de pliegos conjuntos y la obtención de ciertas demandas a través de las convenciones colectivas.

13 Los municipios del Urabá antioqueño en los cuales se dio el mayor incremento de homicidios en la década de los ochenta –por encima de la tasa que presentaba el conjunto del departamento de Antioquia–, coinciden con los municipios que, casi durante el mismo lapso, aumentaron de manera insólita la votación por la Unión Patriótica: Apartado, Chigorodó, Turbo, Mutatá y Carepa.

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trabajadores por parte de la Jefatura Militar de Urabá 14 y aquellas que rechazaron enfáticamente la carnetización impuesta por el jefe militar, general Jesús Armando Arias Cabrales, para identificar a los habitantes de la región y ejercer un estric to control sobre sus movimientos, remesas, actividades y “así quitarle el agua al pez” (los grupos guerrilleros que operaban en la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el Ejército Popular de Liberación, EPL).

La rama judicial protestó contra el asesinato del procurador general Carlos Mauro Hoyos, el 25 de enero de 1988 en El Retiro, Antioquia,15 contra la masacre de una comisión judicial16 llevada a cabo el 18 de enero de 1989 en La Rochela, municipio de Simacota (Santander); contra el asesinato de magistrados y jueces, y contra la desaparición de secretarios y citadores de juzgados. La exigencia de garantías para sus vidas fue la consigna de todas sus movilizaciones durante estos años y los posteriores.

Trabajadores petroleros decretaron paros nacionales en protesta por los atentados y asesinatos de dirigentes sindicales de la Unión Sindical Obrera (USO), como el de Manuel Gustavo Chacón, tesorero nacional de la USO, el 15 de enero de 1988, crimen que también fue rechazado por la población de Barrancabermeja con un paro cívico solidario de 5 días, que exigió al Gobierno nacional el cumplimiento de su deber de proteger la vida de los ciudadanos y ciudadanas. A pesar de las acciones colectivas y públicas llevadas a cabo por los trabajadores petroleros para denunciar las amenazas que contra ellos proferían grupos paramilitares (entre ellos, “Colombia sin Guerrilla” y “Muerte a Comunistas y Guerrilleros” –Macogue-), no hubo un solo año del periodo de observación que no contara con protestas por el asesinato de trabajadores petroleros.

Las denuncias públicas y colectivas sobre desplazamientos y éxodos campesinos se registran desde mediados de los años 70 y, a pesar de que no existe consenso sobre el número de desplazados que hay en el país, diversas fuentes coinciden en afirmar que el desplazamiento forzado interno creció de manera sostenida desde 1985, asociado a la expansión de actividades de los grupos armados ilegales, al enfrentamiento entre éstos y la fuerza pública, y a diversas formas de ataques a la población civil, como masacres, asesinatos de líderes y desapariciones forzadas. Entre ese año y 2001, el desplazamiento se convirtió en una estrategia cada vez más importante para los grupos paramilitares pero, a partir de 2002, éstos disminuyen sustancialmente su actividad como generadores de desplazamientos, en tanto que la guerrilla reactiva su ofensiva contra la población civil.17 Cuatro años después de haber sido emitida la Ley 387 de 199718, los desplazados y desplazadas llevaron a cabo la mayor cantidad de acciones colectivas del periodo que dejó al descubierto los incumplimientos Creada el 15 de abril de 1988 con jurisdicción sobre los 12 municipios del Urabá antioqueño, y suprimida pocos días antes de que el presidente Barco dejara la Casa de Nariño (“Urabá: fin de la Jefatura Militar”, El Tiempo, 1º de agosto de 1990).

15 El mismo día y en el mismo municipio en que fue liberado Andrés Pastrana, tras una semana de secuestro por un grupo de narcotraficantes denominado Los Extraditables.

16 Constituida por dos jueces, dos secretarios de juzgados y siete agentes de Policía Judicial, que tenía como propósito aclarar la desaparición de 19 comerciantes en octubre de 1987 en Cimitarra, Santander. Por la masacre de La Rochela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2007 y dejó abierta la opción de que la Fiscalía volviera a indagar la presunta responsabilidad del general Faruk Yanine Díaz y otros militares, por el cargo de concierto para delinquir por acción, en concurso de homicidios agravados por omisión (El Espectador, 5 de junio de 2008).

17 El desplazamiento forzado constituye parte sustantiva de la estrategia de control político-militar de los grupos armados, de la consolidación de su control territorial para instaurar o controlar procesos de producción de cultivos ilícitos y garantizar el tráfico de armas e ingreso ilegal de divisas, “sustituyendo la base social”, de manera que la población desplazada es reemplazada por personas afectas al respectivo grupo, y a ellas les son transferidos tierra e inmuebles. En años más recientes se aprecia tanto desplazamiento intra-urbano como una modalidad de desalojo planeado de localidades enteras por parte de grupos armados, que obligan a las comunidades a trasladarse masivamente bajo su vigilancia y a permanecer en un sitio distinto al de origen (Edgar Forero, “El desplazamiento interno forzado en Colombia”, Documento presentado en el Encuentro Conflict and Peace in Colombia: Consequences and perspectives for the Future, organizado en Washington (USA) por Kellog Institute, Woodrow Wilson Internacional Center for Scholars y Fundación Ideas para la Paz, septiembre de 2003, págs. 4 a 7).

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Ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

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gubernamentales de la política pública destinada a prevenir el desplazamiento forzado, brindar atención humanitaria de emergencia (provisión de alimentos, alojamiento, salud básica, atención psicosocial y educación para los niños) a la población desplazada, y lograr su estabilización socioeconómica a través de soluciones de empleo o proyectos productivos, vivienda y servicios básicos, e integración social.

Las demandas planteadas en sus acciones colectivas tanto a los gobiernos locales como al gobierno nacional se referían a la aplicación normativa, a la necesidad de diseñar políticas claras para combatir a los paramilitares y estrategias eficaces para retornar a sus parcelas con seguridad. También pidieron ser reconocidos y reconocidas como desplazados, obtener un trato digno de parte de los funcionarios públicos y de la sociedad y definir las instancias gubernamentales encargadas de atenderlos, sus responsabilidades, objetivos y metas concretas (asunto que contemplaba el Plan Nacional que, aunque estaba listo para sanción presidencial, no fue promulgado en 2001, tal como se había anunciado). Al desajuste institucional se sumaban la bajísima inversión pública durante el periodo 1995-2000 y los enormes vacíos en cuanto a la prevención del desplazamiento, la atención post-emergencia tres o seis meses después de haberse brindado Atención Humanitaria de Emergencia, y en la protección efectiva de los derechos de la población desplazada, todo lo cual puso de manifiesto que el desplazamiento no estaba en la agenda de la sociedad colombiana como un problema público, ni en la agenda del sector político.19 Tampoco para aquel entonces se había incorporado un enfoque diferencial en términos de género, edad y etnia en los programas de atención a la población desplazada, aunque la Red de Solidaridad Social reconocía que aproximadamente el 50% de esta población correspondía a mujeres, el 42% a menores de 18 años, el 9.2% a comunidades afrocolombianas, y el 3,4% a comunidades indígenas.20 Tampoco era adecuada la focalización territorial de la inversión, pues se definía según la demanda21 y no se consideraban los municipios en riesgo y la atención en las grandes ciudades era débil,22 cuando el 50% de la población desplazada se ubica en asentamientos periféricos de éstas.

Ante este desolador panorama, la Corte Constitucional ha insistido en que el desplazamiento forzado es un delito cuya responsabilidad no solo es del agente que lo causa sino, eventualmente, del Estado por omisión en el cumplimiento de su deber, y ha señalado que éste se ha limitado a tratar de atender el aspecto puramente asistencial relacionado con los derechos sociales y económicos pero condicionándolos a la disponibilidad de recursos. Esto ha lanzado a la población desplazada a realizar movilizaciones, tomas de entidades, invasiones de suelos periurbanos, y a apelar al uso de la tutela como mecanismo para lograr el reconocimiento de sus derechos.23 Ambos recursos son utilizados por las y los desplazados para denunciar su re-victimización.

ACNUR, Balance de la política de atención al desplazamiento interno forzado en Colombia, 1999-2002, Agosto de 2002. Este análisis concluyó que al terminar el gobierno del presidente Andrés Pastrana, la cobertura en Atención Humanitaria de Emergencia llegó apenas al 43.2% de la demanda registrada en el mismo período; la cobertura en estabilización socioeconómica fue del 19. 5% y la cobertura en vivienda fue del 3.7%.

20 Red de Solidaridad Social, Informe al Congreso de la República, 2001-2002.

19

Según estimativos de la Red de Solidaridad Social, en 2001 el 73% de los municipios del país estaban afectados y en 2003 la cifra había aumentado al 87.7%, ya fuese como expulsores de población, como receptores o en ambas condiciones (Edgar Forero, Op., Cit.).

22 Y continúa siéndolo como lo dejaron en evidencia las ocupaciones –momentáneas o duraderas– de lugares públicos en Bogotá, llevadas a cabo por miles de desplazados provenientes de diversas regiones del país, durante 2009. Además, durante el primer gobierno de Uribe Vélez se suprimieron los fondos que antes proveía el Fondo de Inversiones para la Paz para financiar la Asistencia Humanitaria de Emergencia y proyectos productivos; se descontinuó la asignación de presupuestos específicos en las entidades sectoriales para atención a la población desplazada; y la Red de Solidaridad Social recortó ostensiblemente la ayuda que prestaba a cada familia para estabilización económica, producto de una estrategia que disminuy e el valor promedio de la ayuda por familia desplazada, con el fin de aumentar la cobertura con el mismo monto disponible (Edgar Forero, Op., Cit.).

23 La Red de Solidaridad Social recibió entre enero de 2000 y marzo de 2002 un total de 909 tutelas de la población desplazada: 6 mensuales, más de una por día (Ibid.).

21

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Actores de las luchas sociales Campesinos Pobladores urbanos Víctimas Estudiantes 1987-1997 1998-2008

Indígenas Asalariados Mujeres Desplazados 350

300 250

200 150

100

50

0

100

200

300

400

500

Fuente: Base de datos de luchas sociales en Colombia - CINEP

Las mujeres en Colombia han integrado sus reivindicaciones específicas de género a demandas por la paz, porque la guerra les ha significado la violación sexual, el desplazamiento, la viudez, la orfandad, la pérdida de sus hijas e hijos, sea por desaparición, asesinato o porque algún grupo armado los ha reclutado como combatientes.24 Si bien a partir de 1999 sus movilizaciones para denunciar violaciones a los derechos humanos se incrementan sustancialmente, es en 2004 cuando el número alcanza el mayor pico del periodo observado. Y esto gracias a su persistencia en realizar plantones para pedir al Gobierno nacional y a los grupos armados irregulares que les devuelvan a sus familiares “¡Vivos, libres y en paz!” Han sido las mujeres quienes han constituido organizaciones en las cuales han podido socializar su dolor y politizar sus demandas, al pasar de la súplica a la expresión de una corporalidad torturada cuando piden no ser convertidas en botín de guerra y de una maternidad desgarrada cuando corean que no parirán un hijo más para la guerra; cuando exigen tanto un acuerdo humanitario que les permita volver a tener junto a ellas a sus seres queridos como la desmilitarización de la vida social. Esta última petición ha acompañado sus movilizaciones de solidaridad con mujeres en zonas de conflicto armado, víctimas directas de múltiples tipos de violación de sus derechos.

Junto a ellas, lesbianas, gays, trans-sexuales, bisexuales han pedido que nos se les discrimine ni se les y asesine por su orientación sexual, ya que la violencia no discrimina los géneros.

2005 fue el año que presentó el mayor número de luchas de indígenas para reclamar el respeto de sus derechos: primero el derecho a la vida y a no ser involucrados en la guerra y, luego, sus derechos al territorio, a la cultura, educación, salud y justicia propias, y a la autonomía. Uno de los hechos que marcó este auge de la movilización indígena fue la asamblea permanente itinerante –durante más de 6 meses– del pueblo Emberá katío de Tierralta, Córdoba, que exigía al Gobierno nacional establecer acuerdos con esa comunidad para garantizar su sobrevivencia cultural y la realización de sus derechos económicos, sociales, políticos culturales y ambientales, afectados por la construcción y puesta en marcha del megaproyecto hidroeléctrico

Human Rights Watch estima que la cifra total de niños combatientes en Colombia supera los 11.000, calculados así: las FARC-EP tienen en sus filas un total de 7.400, más de una cuarta parte de los efectivos estimados del grupo; al menos un tercio de los combatientes de la UC-ELN son niños, es decir, 1.480 de ellos, y el 20% de los efectivos de las AUC, 2.200 combatientes, son niños (Human Rights Watch, “Aprenderás a no llorar”: Niños Combatientes en Colombia, 2003, en www.hrw.org/spanish/informes/2003/colombia_ninos, pág. 16).

24

7

Urrá I.25 La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) convocó varias manifestaciones de solidaridad con los Emberá katío en las que tomaron parte diversas etnias del país.

En mayo, seis mil hombres y mujeres indígenas del Cauca se declararon en resistencia pacífica para intentar proteger a la población civil de los combates entre las FARC y el ejército, para rechazar las detenciones arbitrarias por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el hostigamiento de las fuerzas militares. En agosto, en la audiencia pública "Por la vida, la verdad y la dignidad", llevada a cabo en Santander de Quilichao, 3 mil indígenas y 600 afros del oriente y norte del Cauca volvieron a denunciar atropellos de grupos armados ilegales, la intromisión de las FARC y el Gobierno en sus resguardos, rechazaron los señalamientos del comandante de la III Brigada de ser auxiliadores de la guerrilla y exigieron respeto a la neutralidad de las poblaciones indígena y negra en el conflicto armado interno.

En marzo de ese mismo año, la consulta popular sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, convocada por autoridades indígenas del Cauca, decidió rechazarlo y, durante la marcha liderada por organizaciones sociales y políticas en Cartagena, simultánea a la discusión de los acuerdos para el TLC, expusieron que impugnaban el tratado porque involucraba tres asuntos que afectan directamente a los pueblos indígenas: la biodiversidad, el desarrollo agrícola y la propiedad intelectual. Un mes después, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) convocó a la “Marcha de la Semilla”, contra la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) por atentar contra la soberanía alimentaria, la preservación del sistema natural de producción y la conservación del conocimiento propio.

En agosto se iniciaron los preparativos de la "Minga por la vida, la paz y la dignidad de los pueblos indígenas" alrededor de temas que aún reclaman: respeto a sus derechos, vida digna y autonomía, y en rechazo al TLC, a una legislación nociva para sus pueblos y para la vida (las leyes de bosques, páramos, aguas y de protección a la inversión extranjera), a la construcción de megaproyectos como las represas de Urrá y Salvajina, y a la explotación de oro y petróleo porque destruyen pueblos y territorios. La Minga objetó las políticas autoritarias del Gobierno de Uribe Vélez, la Seguridad Democrática y la Ley de Justicia y Paz por considerarla una ley de impunidad para criminales. Propuso consolidar un “Congreso de los pueblos y una institucionalidad popular por la vida, la alegría, la justicia, la libertad y la autonomía”.

En el marco de esta Minga Indígena Nacional, entre septiembre y noviembre se registraron 18 recuperaciones de tierras, de haciendas de los municipios de Caloto, Miranda, Puracé, Santander de Quilichao, Corinto, Piendamó, Inzá, Morales, Silvia y Popayán. Una de las más significativas fue la toma de la Finca Emperatriz26 acción fundamentada en el incumplimiento gubernamental de entregar predios como parte de la reparación por la masacre de El Nilo de 1991,27 en la reiteración de que los indígenas carecen de tierras para cultivar28 y La construcción de la represa Urra I demandó la salida de 5.900 personas que se encontraban en cuatro asentamientos nucleados y 17 dispersos, para llenar el embalse. Estas familias fueron reasentadas o indemnizadas, pero en 2007, la mayoría de ellas vivía en condiciones menos favorables de las que poseían en sus pueblos originarios. La población Embera Katío fue la más afectada pues la hidroeléctrica causó divisiones internas, pérdida de su identidad y pauperización (Víctor Negrete Barrera, “¿Hidroeléctrica de Urrá II? El ejemplo de Urrá I y la situación actual no lo aconsejan”, en www.viva.org, septiembre de 2007).

25

Entre 2005 y 2008, los indígenas realizaron por lo menos diez tomas pacíficas de la hacienda La Emperatriz, en Caloto, que siempre terminaron en enfrentamientos con la fuerza pública. El balance es de cien heridos, tres muertos y doce indígenas presos. En una comunicación al presidente Álvaro Uribe, los indígenas de preguntaron: "¿Cuántos muertos más tenemos que colocar los indios para que usted nos cumpla?, ¿Cuántas muertes más tienen que haber en Colombia para que Usted se digne a cumplir con los pueblos? (“Baltazar Garzón pidió al Estado que repare por la masacre de El Nilo”, en El Espectador, 25 de junio de 2008).

27 Esta masacre ocurrió el 16 de diciembre de 1991, cuando luego de una ocupación pacífica un grupo de indígenas fue llamado con la excusa de negociar y se encontraron con una emboscada que dejó veinte muertos. Después se confirmó que se trató de una operación de la Policía Nacional. El Estado colombiano suscribió acuerdos con la comunidad indígena páez en tres oportunidades: el 23 de diciembre de 1991, el 14 de mayo de 1992 y el 1º de septiembre de 1995, con los cuales se comprometió a adquirir y entregar 15.663 hectáreas de tierras y a elaborar un plan de Desarrollo Alternativo compuesto por 16 proy ectos que deberían ejecutarse en el Norte del Cauca (Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Derecho de petición al presidente Alvaro Uribe Vélez, 11 de noviembre de 2005).El alcalde de cabildo de Guambía recordó que 17 mil indígenas que pa rticipaban en las tomas de tierras en el 26

8

en su deseo de "liberar sus territorios sagrados", destinados en la actualidad al cultivo de caña y flores, al levante de toros de lidia, a proyectos de vivienda y, algunos, están en extinción de dominio por haber sido apropiados por narcotraficantes. La represión no se hizo esperar, los desalojos, encargados a escuadrones de policía antimotines, dejaron decenas de heridos, un indígena capturado por el ejército y acusado de rebelión, y un menor indígena de 16 años, Belisario Camallo Guetoto, muerto de un disparo de fusil en la cabeza. El 20 de octubre, en varios de los municipios donde se produjeron recuperaciones de tierra, aparecieron grafitis amenazantes de las AUC condenándolas. Indígenas del Cauca y otros departamentos, la Central Unitaria de Trabajadores, organizaciones cívicas y estudiantiles se movilizaron en solidaridad con los ocupantes, protestaron por el uso desmedido de la fuerza en los desalojos y exigieron al Gobierno discutir el problema de las invasiones de tierras y la violación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

En 2007, fueron las organizaciones que se autodefinen como víctimas y sus familiares quienes descollaron entre todos los actores sociales, a través de sus acciones colectivas y públicas, en sus peticiones por liberación de secuestrados, retorno con vida de desaparecidos, y por la exigencia de verdad, justicia y reparación. Quizás el trabajo realizado por Yolanda Izquierdo y Manuel Argel condense parte de las demandas de millones de víctimas de la violencia en Colombia: los dos se constituyeron en voceros de unos 700 campesinos que fueron obligados por paramilitares, desde 2000, a vender bajo presión o a abandonar las parcelas que en 1990 les entregó la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor),29 creada por los hermanos Castaño Gil, cuando Fidel se desmovilizó en 1990, en respuesta al desarme del EPL, uno de los grupos que combatió. Las amenazas de muerte contra Yolanda iniciaron en agosto de 2006, cuando se dedicó a buscar certificados, mapas y escrituras que documentaban el despojo al cual la sometieron a ella y a otros campesinos, mientras los alentaba a todos para que reclamaran sus tierras, y se intensificaron tras asistir a la primera versión libre del ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, en diciembre de 2006. Su vida fue cegada el 31 de enero de 2007 en Montería, Córdoba, con seis tiros disparados por un sicario que se movilizaba en una moto. Este ataque fue el tercero contra víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 15 días: el 20 de enero incendiaron la sede de la Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco, Bolívar, y el 28 de enero, desconocidos mataron a Freddy Abel Espitia, presidente del Comité de Desplazados del municipio de Cotorra, Córdoba. “Como si la idea fuera acabar con quienes están pidiendo justicia y reparación”.30 2. ABANDONO DE TIERRAS EN COLOMBIA: DINÁMICA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL El abandono31 de tierras expresa la dimensión estruc tural del conflicto colombiano y la resolución de esta problemática constituye el eje central de un proceso de reparación integral de las víctimas. Para este apartado se han tomado los datos del Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia “RUT”, del Secretariado Nacional de Pastoral Social, que para el período agosto 2002 a septiembre Cauca de 2005, exigían el cumplimiento de la entrega del total de las tierras acordadas con el gobierno del expresidente Ernesto Samper, de las cuales se habrían entregado apenas 5.500 y solo se había obtenido financiación para dos de los proyectos comprometidos (El País, 19 de octubre de 2005). Pero todavía en 2008, el juez español Baltasar Garzón estaba exigiendo al gobierno colombiano, como responsable de esta masacre, el cumplimiento de los compromisos de entrega de tierras, adquiridos 15 años atrás con los indígenas Nasa del norte del Cauca y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Baltazar Garzón pidió al Estado que repare por la masacre de El Nilo…).

28 El gobernador del Cauca, Mosquera Chaux, dijo que los indígenas ya poseían grandes extensiones de tierra que mantenían improductivas. La Onic le respondió que gran parte de esas tierras se encuentran en zonas no fértiles y que las tierras productivas pertenecen a los grandes latifundistas que las dedicaron a hatos de ganado (El País, 19 de octubre de 2005).

29 A través de esta fundación, Fidel Castaño, fundador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), entregó 10.000 hectáreas a 2.500 campesinos (“Asesinan a mujer que asistió como representante de las víctimas a declaración de Salvatore Mancuso”, El Tiempo, 1º de febrero de 2007).

30 Ibid.

31 Es necesario ubicar el abandono en el contexto del desplazamiento forzado, lo que delimita su interpretación en términos de que dicho abandono no fue voluntario, encierra distintas modalidades de usurpación o dejación de la tierra, pero al mismo tiempo, es importante precisar que por éste hecho los desplazados no han perdido los derechos que tenían sobre las tierras antes de ser víctimas de la violencia político-social o del conflicto armado.

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de 2009, registró información de 71.904 hogares, provenientes de 997 municipios del país. Si bien ésta no es una muestra estadísticamente representativa, su tamaño es significativo si se compara con otros estudios realizados, y su información ha sido utilizada por parte de distintos expertos en la temática de tierras32.

Como se evidencia en el mapa 1, el número de hectáreas abandonadas por región muestra grandes diferencias, lo que coincide con el tamaño promedio de los predios según vocación, productividad, accesibilidad, densidad poblacional entre otras variables, que hacen que la Unidad Agrícola Familiar (UAF) (promedio de referencia nacional), varíe sustancialmente de una zona a otra. Mientras en Puerto Carreño (Vichada), la UAF varía entre 956 a 1.294 hectáreas, en el Carmen de Bolívar este rango va de 35 a 48 hectáreas, o en la parte plana de algunos municipios de Cundinamarca de 2 a 3 hec táreas. Por ello es necesario complementar la magnitud de hectáreas abandonadas con el número de municipios y hogares afectados, que como se puede observar varía sustancialmente de los departamentos más grandes en extensión a los más pequeños.

La intensidad del abandono ha sido y sigue siendo muy alta en departamentos como Bolívar, con 2.905 hogares que tuvieron que abandonar 29.070 hectáreas, con un promedio de 10 hectáreas por familia, frente a casos como el de Vichada, donde se presentaron 644 casos con un promedio de 69 hectáreas por hogar; si bien la cantidad de tierra dejada es mucho mayor en Vichada, el número de casos es 4.5 veces superior en Bolívar. Departamentos similares, tienen comportamientos diferentes en cuanto a la intensidad del abandono.

Bolívar reporta el doble de hectáreas abandonadas por hogar (10 hectáreas), frente a Boyacá (5,4 hectáreas).

A su vez, la cantidad de casos refleja la intensidad de la usurpación. Mientras en Córdoba se abandonaron 10.15 hectáreas por hogar, en Caldas el promedio se reduce a la mitad (5.06 hectáreas), lo que es consecuente con el hecho de que en el primer departamento hubo 6.155 familias víctimas frente a 1.801 en el segundo, es decir, 3.4 veces más.

Rango de georreferencia No. hectáreas (hectáreas) 1–407 408–1.545 1.546–3.707 3.708–9.223 9.224–20.510 20.511 –39.606 39.607-73.516 73.517-328.224 0 Total

Cuadro 1. Hectáreas abandonadas por municipio y hogares No. de % No. de % No. de has. municipios hogares abandonadas 577 141 59 47 19 8 4 2 140 997

57.87 14.14 5.92 4.72 1.91 0.8 0.4 0.2 14.04 100

10.787 12.522 11.638 15.201 10.879 6.512 2.848 1.083 434 71.904

15 17.42 16.19 21.14 15.12 9.06 3.97 1.5 0.6 100

47.763 103.541 141.200 261.258 261.874 255.435 251.396 595.006 0 1.917.473

%

2.50 5.4 7.36 13.62 13.66 13.32 13.11 31.03 0 100

Promedio de hectáreas abandonadas por hogar 4,42 8,26 12,13 17,18 24 39,22 88,27 549,40 0 26,66

Fuente: Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia “RUT”, Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. Consolidado Nacional Población Desplazada Registrada según Departamentos y Municipios Expulsores. Periodo Agosto 2002 hasta Septiembre 2009.

A nivel de tendencias generales, el cuadro 1 muestra que de los 997 municipios registrados en el RUT, solamente en 140 (14.04%), los desplazados reportaron que no hubo abandono de tierras, en el 85.96% restante se abandonaron 1’917.473 hectáreas. La mayor cantidad de municipios (57.87%), donde hubo abandono se ubica en el rango de 1 a 407 hectáreas, reforzando la tesis según la cual el fenómeno afecta mayoritariamente las pequeñas extensiones rurales, generalmente situadas donde la tierra es un recurso escaso, está más valorizada, debido a que son zonas con tierras de buena calidad, acceso a vías, a infraestructura productiva y mercados. Solamente el 0.6% de los hogares encuestados declararon no haber Ver, Ana María Ibáñez, El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza, Universidad de los Andes, febrero de 2009; y, “Elementos descriptivos del abandono de tierras por la población desplazada”, Informe elaborado para el Programa MIDAS por los consultores Alejandro Reyes Posada y Álvaro Castañeda. Bogotá, diciembre de 2008.

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abandonado tierra. Del 99.4% restante, el 70% abandonaron predios de extensiones que oscilan entre 4 y 17 hectáreas promedio por hogar.

Sólo dos municipios se ubican en el rango más alto de hectáreas abandonadas, a medida que éste disminuye va aumentando tanto el número de familias como de municipios donde se abandonaron tierras, lo que confirma la tendencia observada por diferentes estudios: las víctimas del desplazamiento han sido pequeños propietarios, poseedores, tenedores u ocupantes. Como lo señalan los diferentes estudios el principal motivo de expulsión de la población desplazada es la amenaza, lo que coincide con la información registrada en el RUT. Al mismo tiempo, éstos fenómenos de abandono de tierras estarían relacionados con la intensidad del conflicto armado en las diferentes regiones, como se puede observar en el Mapa 2, que muestra el número de víctimas de homicidio intencional en persona protegida33, en los municipios donde hubo abandono de tierras34.

Si agrupamos éstos datos a nivel departamental, el promedio nacional de víctimas bajo ésta modalidad para los 30 departamentos con información registrada, es de 189 víctimas. Preocupan particularmente los siguientes 14 casos, ubicados en los promedios más altos de victimización, como se muestra a continuación: Cuadro 2. Víctimas por departamento Departamentos

No. de víctimas de homicidio intencional en persona protegida 935

No. de municipios afectados 111

No. de hogares que abandonaron tierra 5.003

No. de hectáreas abandonadas 41.829

Promedio de hectáreas abandonadas por hogar

Norte de Santander

364

40

4.671

74.408

16

Meta

353

29

4.486

186.764

42

Santander

332

83

3.259

291.511

89

Tolima

290

46

8.028

74.101

9

Magdalena

290

23

1.686

12.040

7

Arauca

272

7

1.681

38.072

23

Cesar

271

24

3.464

47.724

14

Valle del Cauca

257

42

2.744

28.139

10

Bolívar

246

42

2.905

29.070

10

Huila

219

37

2.691

20.248

8

Cauca

196

37

1.375

13.393

10

Nariño

186

60

5.319

57.295

11

Antioquia

8

Córdoba

186

26

606

6.155

10

Total

4.397

607

47.918

920.749

19

Fuentes: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, agosto de 2002 a junio de 2009. Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia en Colombia “RUT”, Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia.

Consolidado Nacional Población Desplazada Registrada según Departamentos y Municipios Expulsores. Periodo Agosto 2002 hasta Septiembre 2009.

Hace parte de las modalidades específicas de infracciones al DIH por el trato indigno al ser humano. El Homicidio intencional de persona protegida es aquel que se comete contra personas que no participan directamente en las hostilidades armados o que habiéndolo hecho, queden fuera de las mismas porque se rinden o por su condición de heridas, enfermas, náufragas o privadas de la libertad por causa o con ocasión del conflicto. Definición del Marco Conceptual del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP. 34 La información sobre abandono cubre el período agosto 2002 – septiembre 2009, la información sobre No. de victimizaciones por homicidio intencional en persona protegida abarca el período agosto de 2002 – junio de 2009.

33

11

Estos 14 departamentos son menos de la mitad del total, pero cubren el 66,64% del total de hogares forzados a abandonar su tierra, el 60,88% de los municipios afectados por esta dinámica de usurpación, y el 48% del número total de hectáreas abandonadas. Si bien, éste último porcentaje no es el más alto, como ya se señaló, ello se debe a que el abandono de predios afecta fundamentalmente a los pequeños propietarios u ocupantes de tierra. Esta tendencia confirma que los homicidios de población civil, como efecto del conflicto armado, son una causa determinante del abandono de tierras en Colombia.

Principales modalidades de despojo de tierras en Colombia Aunque en este informe no se aborda integralmente la problemática de la tierra y el territorio, es necesario precisar que son temáticas interrelacionadas. El abandono y despojo no es solamente de un espacio físico; es también social, cultural, histórico, económico y del lugar donde se construye la identidad y los proyectos de vida de familias y comunidades enteras. Los actores armados buscan el control territorial y expulsan a la gente de áreas geográficas que cubren un grupo de predios, actúan sistemáticamente en una zona hasta lograr su dominio, afectando en muchos de los casos territorios colectivos de comunidades indígenas y afrodescendientes.

El despojo de la tierra en Colombia se sustenta en una mezcla de violencia, corrupción local y ausencia de políticas públicas que hagan efectiva la restitución de los derechos de las víctimas. Muchas de las tierras abandonadas por los desplazados han sido apropiadas ilegalmente por los victimarios, a pesar de constituir violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, los procedimientos violentos de expulsión de la tierra posteriormente han sido legalizados mediante diferentes modalidades.

La informalidad histórica que ha caracterizado la tenencia de la tierra (carencia de escrituras, títulos no registrados, compra a través de la palabra o documentos informales de diferente tipo), ha facilitado la utilización de variados mecanismos de despojo, entre los que se encuentran los siguientes: - Los actores armados expulsan a los dueños de las tierras, quedan desocupadas o se las entregan a otras familias con la condición de lealtad al grupo, siembra de coca, entre otras exigencias, si no cumplen también los expulsan y nuevamente le entregan la tierra a otra familia; - Bajo coacción se obliga a la venta de la tierra, en muchos casos se impone un precio de compra por debajo del real.

- Propietarios aledaños a los desplazados con el apoyo del actor armado destruyen cercas para desaparecer linderos o incluso los extienden en las escrituras de sus predios, con la complicidad de las notarías y funcionarios municipales, usurpando así parte de los predios a sus legítimos dueños.

- La re-adjudicación de terrenos baldíos por parte del Estado, que consiste en la entrega de predios abandonados forzadamente a nuevos ocupantes, a través de la caducidad administrativa 35, resolución que señala que el adjudicatario original no cumplió con las condiciones exigidas para mantener tal calidad, suele basarse únicamente en la visita de un funcionario que declara que hay abandono de la tierra, falta de explotación económica, venta, o morosidad voluntaria; - Remate del predio que ha sido abandonado por falta de pago. La más común es bajo la modalidad en que los adjudicatarios de subsidios del Estado deben pagar el 30% del valor del predio, y a causa de los hechos victimizantes no pudieron cumplir con su obligación, se remata el predio a través de una entidad de carácter mixto (CISA), a la que el Estado le vende la cartera morosa, tanto del saldo como de los intereses generados durante el período de desplazamiento;

Acuerdo 23 de 1995, capítulo VII, causales de caducidad. Dentro de estas se establece que podrá ser declarada unilateralmente por parte de la institución. Los términos de declaración, notificación, apelación, resolución administrativa son mínimos (entre 3 y 5 días), por lo que para un desplazado son imposibles de cumplir. Si esa declaratoria se debe a la falta de pago, el adjudicatario solo contará con 60 días para realizarlo, términos de tiempo imposibles de cumplir para los desplazados por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

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12

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Decisiones de las instancias judiciales, que con conocimiento o sin él, ante solicitudes por posesión u otros alegatos sobre derechos adquiridos, fallan a favor de terceros sobre tierras que han sido abandonadas forzadamente; Notarios municipales que realizan traspasos de escrituras falsificando firmas, suplantando personas, llegando a utilizar a la fuerza pública, con documentos falsos, para desalojar a los propietarios legítimos; Pago de deudas de los desplazados y desplazadas a cambio de la tierra. Personas y empresas privadas ofrecen pagar las deudas que tienen los desplazados a cambio de la tierra, éstas deudas son diversas: servicios públicos, impuestos, pago del 30% del valor de la tierra cuando ha sido adjudicada bajo ésta modalidad más los intereses de mora, créditos adquiridos para cultivos que se han perdido a causa del desplazamiento, y en general, deudas adquiridas para la sobrevivencia después de los hechos violentos, porque los desplazados en el momento de salir huyendo del conflicto armado se empobrecen, el 96,9% de los hogares inscritos en el Registro Único de Población Desplazada tenía ingresos inferiores a la línea de pobreza, y el 78% a la línea de indigencia, según los resultados de la II Encuesta Nacional de Verificación de 2008.36 Apropiación de territorios étnicos. Que consiste en la usurpación de territorios colectivos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, se puede dar de hecho con la ocupación por parte de terceros que entran a explotar la tierra, o incluso se puede llegar a adquirir títulos ilícitos mediante fraudes y complicidad de funcionarios locales. Uno de los casos más conocidos es el de las comunidades afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó, cuyos territorios han sido ocupados por empresas de palmicultores.

La Comisión de seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional T-025 de 200437, sintetiza las modalidades de despojo así: transferencia de derechos de los legítimos titulares viciada por la fuerza, celebrada bajo intimidación, o con pago de un precio irrisorio; negociaciones entre particulares encaminadas a la transferencia de derechos, en un contexto de fuerza o violencia; legitimación de derechos a través de instancias administrativas, cuyo origen ha sido violento o bajo intimidación; apropiación de territorios étnicos de facto o a través de títulos con apariencia de legalidad; y, legitimación de derechos a través de instancia judicial.38 Adicionalmente, otros factores que propician la enajenación de la tierra de las víctimas son: la permanencia de los victimarios en las zonas de expulsión, la destrucción o deterioro de la infraestructura de acceso, servicios públicos y sociales, viviendas, y bienes productivos que los hacen inservibles, el cambio en el uso del suelo que impide volverlo a utilizar, en los casos de ganadería y palma de aceite las tierras quedan limitadas para establecer cultivos agrícolas, entre otros.

Finalmente, un factor que resulta contrario a la prevalencia del Estado Social de Derecho en el que debe primar la lógica de garantía de derechos especialmente para aquellos que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta como son los desplazados y desplazadas, es el modelo de desarrollo agropecuario que promueve el Gobierno actual, en la medida en que se fundamenta en el estímulo a los grandes inversionistas.

Octavo Informe Nacional de Verificación, Comisión de Seguimiento de las Políticas Públicas sobre el Desplazamiento Forzado, Diciembre de 2008.

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Corte Constitucional Sala Tercera de Revisión Comunicado de Prensa Expedientes T-653010 y acumulados SENTENCIA T-025 de Febrero 6 de 2004. En esta sentencia, la Corte decidió declarar que la situación en que viven los desplazados representa un “estado de cosas inconstitucional”. La Corte adoptó esta determinación debido a la situación de desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los derechos constitucionales de la población desplazada por la violencia, y a las falencias estructurales de la respuesta estatal que comprometen varias entidades públicas. En el pasado, desde 1997, la Corte, a través de sus diferentes Salas, impartió en 17 sentencias órdenes específicas que no han conducido a que se corrijan las vulneraciones a los derechos de los desplazados.

38 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, “El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: reparar de manera integral el despojo de tierras y bienes”, Volumen 5, abril de 2009.

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Este tipo de políticas agrarias pro-rico, propician el despojo y posterior apropiación de la tierra en dos sentidos, que a su vez son complementarios, porque por un lado estimulan la adquisición de tierras por parte de las elites terratenientes y agroindustriales con capacidad de inversión para beneficiarse de los subsidios, donaciones, exenciones de impuestos y demás prebendas otorgadas por el Gobierno, y por otro lado, desestimulan la permanencia en el campo de los pequeños campesinos que no encuentran ningún incentivo para producir, carecen de protección y aumentan sus niveles de empobrecimiento, lo que facilita ceder ante las presiones por la compra de tierras que existen en muchas regiones del país. Si a esto se le suma la continuidad del conflicto armado y del desplazamiento forzado, la tragedia humanitaria de Colombia continuará en ascenso, y los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición seguirán postergados para las víctimas.

3. ALTERNATIVAS A LA VIOLENCIA Y PROPUESTAS PARA LA PAZ DESDE LAS VÍCTIMAS En medio del conflicto y de la lucha por los derechos y por la tierra, las víctimas se han movilizado y construido alternativas de vida por iniciativa propia y en alianza con diversos sectores sociales nacionales e internacionales. Una mirada histórica mostrara el surgimiento y consolidación de los sectores sociales víctimas de la violencia como actores de la movilización social. Asimismo, se presentarán tres experiencias en las que CINEP/ Programa por la Paz están participando y acompañando. Estas son, los procesos organizativos de las víctimas en el Oriente antioqueño, las propuestas de transformación de territorio en el Chocó y la Mesa nacional de víctimas como espacio de articulación y seguimiento de la agenda nacional de víctimas.

La victimización histórica que ha vivido la población colombiana, además de la amplia movilización de protesta contra la violación de los derechos humanos y de rechazo a las distintas formas de violencia, ha provocado a generado también una movilización de carácter propositivo. Se trata de una forma de acción que durante mediados de los años 90 y lo que va de la presidencia de Uribe Vélez ha mostrado sus principales picos de movilización. Una perspectiva que permitiría comprender mejor y más ampliamente esta dinámica es aquella que los teóricos, particularmente el politólogo noruego Johan Galtung, han denominado paz positiva: “Si la ausencia de guerra podemos denominarla como paz negativa, la ausencia de violencia equivaldría a paz positiva, en el sentido de justicia social, armonía, satisfacción de las necesidades básicas (supervivencia, bienestar, identidad y libertad), autonomía, diálogo, solidaridad, integración y equidad”.39 Para esta perspectiva el logro de la paz es posible a través de la superación de las condiciones estructurales y culturales que subyacen a las diferentes formas de violencia ejercida de forma directa, que es la violencia visible. Hoy en día en Colombia la paz se encuentra asociada al pleno cumplimiento de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general, en términos de conocer la verdad de lo ocurrido, contar con la garantía de que se hará cumplir la justicia con los responsables, gozar de una reparación integral y de la creación de condiciones para que no se continúen presentando situaciones de victimización en las distintas regiones del país.

Entre los años 1987 y 2008, mostraremos los grandes cambios en los distintos períodos presidenciales a partir de las principales formas de acción, sus motivos, los actores que las promovieron y el comportamiento geográfico de las mismas.

Las principales formas de acción Los registros muestran una movilización ascendente cuyo principal tope se presenta en la última década.

Durante la presidencia de Barco (a partir de 1987-1990) el total de las acciones representa el 4,4% del total.

Entrada la década de los 90 durante Gaviria (1990-1994) el mismo cálculo se mantiene muy cerca, en el 39

FISAS, Vicenç. Cultura de paz y gestión de conflictos. Impreso por Romanyà/Valls, S.A. Barcelona, 1988.

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4,5%. Un salto representativo se da durante el mandato de Samper (1994-1998), que alcanza el 20,5% del total de la movilización. Un descenso significativo durante Pastrana (1998-2002) hasta el 11,7%, para elevarse luego a proporciones históricas durante el primer período de Uribe Vélez (2002-2006), llegando a representar el 36,4% del total de la movilización durante los años que recoge este informe. Incluso el segundo período de Uribe sostiene una alta cota del 22,2%, contabilizados apenas los dos primeros años (2006-2008).

Antes de alguna conclusión, es necesario dar cuenta del repertorio de acción presente: Las Bases de datos del CINEP registraron en total 968 acciones de carácter propositivo durante los años que comprende este informe: esto es un promedio de 3,8 acciones por mes de forma sostenida durante 21 años, cifra nada despreciable al tratarse de un accionar que propone alternativas para la superación de la violencia.

Movilización propositiva de las víctimas de la violencia en Colombia 1987 - 2008 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Fuente: Datapaz-CINEP: Noviembre de 2009

En la globalidad, el 62,2% fueron movilizaciones públicas, como por ejemplo marchas, plantones, concentraciones; el 16,8% promoción de espacios educativos y de reflexión; el 8,8% acciones de participación política ciudadana; el 8,3% conmemoraciones y celebraciones; y el 3,1% acciones de resistencia civil. Estas formas encuentran sus particularidades porcentuales los respectivos periodos presidencia les: Tipo de Acción por la paz por periodo presidencial

Tipo de Acción

Barco

Gaviria

Movilizaciones públicas

67,4%

Resistencia civil

56,8%

Samper

Pastrana

Uribe

Uribe

48,2%

68,4%

69,4%

60,0%

14,0%

4,5%

5,0%

4,4%

1,4%

0,5%

Participación política

4,7%

18,2%

12,6%

9,6%

7,6%

6,0%

Conmemoraciones y celebraciones Educación y reflexión

2,3%

2,3%

6,0%

3,5%

7,6%

16,7%

11,6%

18,2%

26,1%

14,0%

13,9%

14,9%

Otro

0,5%

1,9%

Fuente: Datapaz-CINEP: Noviembre de 2009

La anterior tabla muestra que durante los dos períodos de Uribe Vélez es cuando mayor movilización se ha dado, especialmente si se considera que para el segundo período se han contabilizado los dos primeros años y alcanzado un nivel del 60%. Se trata de una forma de acción sostenida en rangos prioritarios. El mayor porcentaje de las acciones de resistencia se dio en el período de Barco, pero llama la atención el bajo nivel durante Uribe Vélez. Los mayores niveles de participación se dan durante Gaviria, que demuestra la apertura 15

constitucional, pero con tendencia descendente durante los años posteriores. Caso contrario es el de las conmemoraciones, que van aumentando hasta ganar un importante nivel en lo transcurrido del segundo período de Uribe Vélez, aún por finalizar. La generación de espacios educativos y de reflexión se muestra oscilante tras su momento culmen durante Samper.

Los motivos subyacentes Los motivos y fines subyacentes a este accionar dan cuenta de su carácter propositivo: el 33% del conjunto de las acciones estuvieron orientadas a la búsqueda de alternativas a la violencia y los procesos de victimización; el 21% a la promoción de políticas públicas que contribuirán a tal propósito, el 20% a la promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el 18% a la conmemoración de las víctimas o de hechos significativos de la violencia y el 8% respaldaron en sus momentos procesos de diálogo y negociación con actores armados. En cada uno de los períodos se presentaron motivos particulares que vale la pena resaltar, como lo muestra la tabla que sigue:

Motivos subyacentes

Motivos de movilización por la paz por periodo presidencial Barco Gaviria Samper Pastrana

Promoción de políticas de paz

Uribe

Uribe

4,7%

9,1%

0,5%

20,2%

38,5%

20,0%

18,6%

25,0%

29,6%

29,8%

13,0%

14,9%

2,3%

9,1%

9,5%

8,8%

5,1%

7,9%

Conmemoraciones públicas

27,9%

22,7%

10,1%

8,8%

17,8%

26,0%

Búsqueda de alternativas

46,5%

25,0%

43,2%

29,8%

24,9%

30,7%

0,6%

1,4%

Defensa y promoción de derechos Apoyo a negociaciones

Otros

0,5%

Fuente: Datapaz-CINEP: Noviembre de 2009

La promoción de políticas de paz cobra especial relevancia a partir de Pastrana y más en Uribe, período de limitados procesos de negociación efectiva con grupos al margen de la Ley. La defensa y promoción de derechos, no obstante su alto nivel, presenta una tendencia descendente después de Pastrana; factor que parece ir a la par con la disminución estadística de las violaciones a los derechos humanos durante los últimos años. Por su parte, la movilización de las víctimas y a favor de las víctimas se manifestó en apoyo de negociaciones especialmente durante Gaviria, Samper y Pastrana. El motivo de realizar conmemoraciones públicas por hechos de violencia ocurridos se da forma constante, especialmente durante Barco, Gaviria y Uribe. Finalmente, como ya se había mostrado, la búsqueda de alternativas es la constante característica de esta movilización, cuyas principales cotas están en los períodos de Barco y Samper.

Los promotores de la movilización Los actores que promueven la movilización dan cuenta de un nivel importante de convocatoria conjunta de acciones, con un 21,2% del total. A la vez, observando el comportamiento de cada uno de los sectores, se constata que las víctimas y sus organizaciones alcanzan también un porcentaje de 21,2%. Esto da cuenta de que hay un sector que actúan en tanto ha sido víctima independientemente al sector social que pertenece.

Este grupo lo componen los sectores más vulnerables de la población y aquellas víctimas que han avanzado en la conformación de estructuras organizativas en los ámbitos local, regional o nacional. Le sigue una amplia serie de actores sociales específicos que han sido víctimas de la violencia; este conjunto conforman el 24% de la movilización. Se destacan las organizaciones de mujeres, ONG, estudiantes, indígenas, LGBT, sindicales, campesinos, desplazados, negritudes, organizaciones políticas, entre otras. Otros actores que han promovido acciones son aquellos que de una u otra forma han actuado solidariamente con las víctimas y sus organizaciones, ellos representan el 22,9 %. Entre éstos se encuentran muchas de las Alcaldías municipales que han sido sensibles y conocen de cerca la situación de las víctimas, las iglesias, especialmente la Iglesia católica, algunas gobernaciones departamentales, la comunidad internacional y centros educativos, tanto universitarios como de secundaria.

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Sindicales

Pobladores urbanos LGBT

Indígenas Estudiantes

Políticas y sociales Concejo municipal

Actores convocantes Movilización propositiva 1987-2008 Víctimas y sus organizaciones

Gobernaciones Iglesias ONG Sin información

Mujeres Alcaldías

Organizaciones por la paz

Fuente: Datapaz-CINEP: Noviembre de 2009

En el proceso histórico, se observa que durante la presidencia de Barco se destacan especialmente los sectores sindicales y políticos, característica que expresa el accionar de la guerra sucia contra los sectores representativos de la izquierda. Para el período de Gaviria, la composición cambia un poco con la nueva Constitución, pues sobresalen la nuevas alcaldías ganadas por sectores populares, las ONG y las organizaciones políticas, quienes manifiestan la situación que se vive en las regiones. Para el período de Samper emergen las iglesias, las organizaciones por la paz, que para estos años han surgido en distintas regiones del país, y los sectores sociales, como los estudiantes y los indígenas. Durante estos años surgen en los listados de convocantes las organizaciones femeninas, que irán ganando mayor nivel en los años posteriores. Vale resaltar que en este período aparecen los sectores LGBT como convocantes de acciones propositivas, sectores que posteriormente van ganando mayor visibilidad. Ya para el período de Pastrana aparecen las víctimas y sus organizaciones como líderes y convocantes de la movilización. Los acompañan en los lugares de relevancia las organizaciones por la paz y sectores como las mujeres, alcaldías municipales, ONG, iglesias, entre otros. En el periodo de Uribe Vélez, las víctimas y sus organizaciones se colocan en el tope de los convocantes con amplias ventajas frente a los demás sectores; se destacan las mujeres, gobernaciones y alcaldías, organizaciones por la paz, ONG y sectores LGBT. En los dos primeros años del segundo período de Uribe las víctimas son los principales convocantes, seguidos de los sectores ya mencionados.

El comportamiento geográfico Finalmente, en términos geográficos, la movilización propositiva (como se puede observar en el Mapa 3) ha involucrado a 30 de los 32 departamentos del país. Se ha concentrado principalmente en Antioquia, que representa el 29,9% de la frecuencia de participación de las regiones. Dos factores inciden en tal relevancia: por una parte en tanto ha sido uno de los departamentos más golpeados por la violencia y, por otra, es a su vez una de las regiones en donde se registra una amplia y fuerte estructura organizativa y de articulación de los sectores sociales. Le sigue Bogotá con el 27,6%, que además de ciudad capital es el centro político y económico del país, por lo cual concentra buena parte de las acciones que buscan ganar mayor visibilidad e incidencia. Después de ellos la participación de los departamentos se distribuye en menores proporciones, pero representando la extensión territorial de las acciones propositivas, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia, como se puede constatar: Santander con el 7,4%, Valle del Cauca el 7%, Sucre el 3%, Cauca 2,6%, Bolívar 2,4%, Cundinamarca 2,3%, Tolima 1,7%, Atlántico 1,7%, Chocó 1,6%, Nariño 1,4%, Cesar 1,2% y aún en menor proporción los departamentos restantes, a excepción de Vichada y San Andrés y Providencia.

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Experiencias organizativas y de articulación de las víctimas Las tres experiencias concretas muestran apuestas transformadoras y de incidencia desde los sectores de víctimas, cuyo horizonte, como se podrá constatar, apunta a la transformación de las condiciones culturales y estructurales que subyacen al conflicto armado colombiano. a) El acompañamiento a víctimas en el Oriente antioqueño “Los cambios que por medio de este proceso he tenido es aprender a compartir el dolor con los demás, convertirlo en propuesta y lograr que seamos escuchados. He logrado salir del dolor, reconociendo mis derechos como víctima y recuperando la dignidad perdida” (Lidereza de organización de víctimas -municipio de La Unión - Antioquia).

En el año 2003, cuando el Programa por la Paz del CINEP junto con otras organizaciones40 inicia una propuesta de trabajo para la recuperación de las víctimas de la violencia socio-política en el Oriente antioqueño, surge un primer reto: hacerlas visibles, escucharlas después de haber estado silenciadas por las acciones de terror y encontrar caminos para el restablecimiento de la dignidad rota. A partir de ello era posible pensar en su organización y en generar propuestas que les permita sentirse personas activas que participan en la construcción de una región y de un país. Suena simple, pero en realidad es un proceso profundo aquel que permite recuperar la dignidad, aquel que lleva a alguien a percibirse como un sujeto que tiene derechos y a encontrar en medio de la tragedia que ha padecido, nuevos sentidos para vivir. Con el desarrollo de una propuesta para la recuperación psicosocial fundamentada en el acompañamiento mutuo, se trata de rescatar sus voces cuando la guerra les impuso el silencio y de llevarlas/os a actuar después de que el terror les paralizó.

Junto a la tarea de recuperarse en su dimensión personal y familiar, se hace necesario organizarse41 y visibilizarse ante la sociedad, logrando así el reconocimiento público de su dolor, de la tragedia histórica que han vivido, alcanzando un proceso de sanación que trasciende el miedo para encontrar la fortaleza de ser testigos de una guerra que fácilmente se invisibiliza y persistiendo para que esto no vuelva a ocurrir. Esto es tan sólo un paso en medio de este largo camino, uno que permite acercarse a la verdad y a la reconstrucción de la memoria a través de múltiples acciones como son las galerías de la memoria, las marchas o las jornadas de la luz.

En este momento es imposible dar un paso atrás, el acompañamiento mutuo que abre las puertas a la organización y a las acciones de memoria entra a dialogar con todos los caminos jurídicos existentes para el acceso a la reparación de manera integral, se trata de desplegar conjuntamente los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición.

Sin embargo, y a pesar de los avances que se han tenido al respecto, quedan otros grandes retos, trabajar por fortalecer el posicionamiento político a través de la construcción de propuestas de las organizaciones de víctimas que permitan lograr interlocución directa con las autoridades del orden nacional, regional o local, y hacer el debido seguimiento a las acciones para la reivindicación de sus derechos.

La necesidad de encontrar alternativas para las mujeres víctimas del conflicto socio-político surge de la Asociación Regional de Víctimas del Oriente Antioqueño – AMOR, organización que era acompañada por Conciudadanía en la formación política (“de la casa a la plaza”) además del Programa por la Paz del CINEP en su fortalecimiento organizativo.

41 Actualmente el Programa por la Paz del CINEP asesora directamente procesos organizativos de víctimas y de memoria en San Francisco, San Rafael, Granada, Marinilla, Sonsón, Argelia, Nariño, Concepción, San Vicente, Cocorná, Guarne, Santuario, San Luis, Carmen de Viboral y su vereda La Esperanza; además del acompañamiento a la organización regional de víctimas (Aproviaci) y el fortalecimiento de las promotoras psicosociales; y ha brindado asesoría jurídica en derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación en los municipios de San Francisco, Sonsón, Nariño, Argelia, Guarne, San Luis, San Rafael, El Santuario, Concepción, Cocorná, la Unión, Carmen de Viboral.

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En este sentido, es necesario tener en cuenta que el proceso de exigibilidad de derechos, no depende solo de las víctimas, es necesario el compromiso institucional para cumplir con las obligaciones internacionales que permiten la implementación de los mecanismos para el goce pleno de sus derechos. Desde la experiencia de trabajo con organizaciones de víctimas en el oriente antioqueño consideramos que es fundamental el desmonte efectivo del paramilitarismo, visibilizar y aceptar que hay un conflicto armado en Colombia, y establecer las condiciones necesarias para incluir la participación de las víctimas tanto en la definición de las propuestas, como en la decisión sobre las medidas efectivas para su dignificación. La voz de las víctimas no se puede remplazar por tarifas de deficiente indemnización. b) Una Agenda Regional de Paz para el Chocó El departamento del Chocó es desde hace más de una década una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. La violencia ejercida por los diferentes actores armados ha dejado a su paso un amplio universo de victimas de desplazamiento, asesinatos, amenazas, violencia sexual, reclutamiento forzado, que además de las graves implicaciones que tiene a nivel individual, ha generado profundos daños en lazos familiares, en procesos organizativos, relaciones comunitarias, formas tradicionales de producción, rituales culturales propios y formas alternativas de relacionarse con el medio ambiente y con los recursos naturales.

Todo ello ha puesto en riesgo la pervivencia de los pueblos campesinos indígenas y afro-colombianos como sujetos colectivos, de su riqueza cultural y humana. Además, el Chocó ha vivido históricamente un alto grado de exclusión social y un abandono estatal, que hoy se ven reflejados en las fuertes desigualdades sociales que existen en el departamento, las condiciones de pobreza en la que viven muchos chocoanos, la imposición de mega-proyectos que impiden un real ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades, problemas que se ven recrudecidos por el conflicto armado.

En este contexto, la Agenda Regional de Paz nace como una propuesta de construcción colectiva que propicia la participación de comunidades indígenas, mestizas y negras, en comunicación con algunas instituciones del Estado, a fin de mejorar su función en la respuesta a las necesidades de las víctimas, tanto del conflicto armado reciente como del conflicto social histórico en la región; teniendo como principio la reivindicación de los derechos a la verdad, justicia y reparación de la mano de los derechos colectivos al territorio, la autonomía y la identidad cultural, teniendo siempre como base las cosmovisiones de las comunidades.

Desde el año 2006, la propuesta de la Agenda Regional de Paz ha sido liderada por el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, espacio en el que convergen las diferentes organizaciones sociales y étnicas. El espacio, ha contado con el acompañamiento de las tres Diócesis católicas del departamento, el CINEP y organizaciones internacionales42. Uno de los objetivos de la Agenda ha sido el fortalecimiento del Observatorio Social sobre Etnodesarrollo y Conflicto Armado. El observatorio es un grupo interdisciplinario que se reúne mensualmente durante una semana. A estas reuniones asisten cada dos meses los representantes de cada una de las subregiones que conforman el Comité de Seguimiento del Observatorio, con el fin de dar a conocer la situación y problemáticas de sus respectivas subregiones. En el Observatorio se abordan temas como violación de DDHH y DIH, conflicto armado, etnodesarrollo. Actualmente su trabajo está centrado en la problemática de pérdida de territorialidad, resultado tanto del conflicto armado como de la usurpación de territorios para mega proyectos.

Las organizaciones que acompañan la propuesta de la Agenda Regional de Paz del Chocó: Unión Europea, Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo (CCFD), Oxfam, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Diakonia, Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL), Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Bajo Atrato (Cocomacia), Diócesis de Apartadó, Diócesis de Quibdó, Diócesis de Istmina Tadó. Además, se realizan acercamientos con Acción Social, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Defensoría del Pueblo.

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Desde su creación hasta hoy, el Observatorio ha realizado un diagnostico por subregión (San Juan, Baudó, Medio Atrato, Bajo Atrato y Darién, Litoral Pacífico Norte) los cuales se han socializado por medio de 5 Foros realizados en cada una de las subregiones, con la participación activa de las comunidades y organizaciones.

Además se ha realizado un foro regional y un foro urbano en la ciudad de Quibdó.

En aras de empezar un trabajo con las víctimas directas del conflicto armado, se han identificado casos emblemáticos de victimización, asesinato y desplazamiento para la usurpación de tierras, la violencia sexual contras las mujeres y el reclutamiento de menores. La Agenda de Paz se propone documentar casos de cada una de estas formas de victimización, promover la judicialización de los responsables materiales e intelectuales y a partir de la identificación de daños individuales y colectivos construir con las comunidades una propuesta de reparación integral para las víctimas del conflicto en la región.

El análisis y comprensión de estos hechos victimizantes nos llevan a reconocer el carácter sistemático de la victimización, para plantear que la violencia en la región es una manifestación de conflictos sociales preexistentes, de luchas de poder por el territorio y de un ataque consciente hacia formas comunitarias de vivir, que se contraponen a una visión dominante de desarrollo, guiada por un carácter extractivo sin inversión social. De ahí, la Agenda de Paz se plantea como una propuesta integral, que más allá del conflicto armado, entendido simplemente como la violencia ejercida por los diferentes actores, busca dar respuesta a los conflictos armado y social de manera integral y articulada como elemento garante de la no repetición de estos hechos violentos. Finalmente, la Agenda de Paz se plantea como un proceso continuo de discusión y participación, de formulación de políticas y propuestas de reivindicación de derechos y de lucha por un mejor vivir de las comunidades en Chocó, con la necesaria participación de todos y todas. c) Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales Los días 26, 27 y 28 de julio de 2007 se reunieron 2.600 delegadas y delegados de 300 organizaciones de víctimas de sectores de desplazados, sindicalistas, indígenas, mujeres, partidos políticos de oposición, periodistas campesinos, jóvenes, afro descendientes, LGTB, familiares de secuestrados, desaparecidos y víctimas de crímenes de Estado. Se trató del Primer Encuentro Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales. A partir de este encuentro se proyecta el compromiso de dar impulso a una agenda común de las víctimas con tres orientaciones centrales: en primer lugar, promover la movilización compartida entre los diferentes sectores sociales y políticos; en segundo lugar, trabajar en la superación de la impunidad; y en tercer lugar, buscar el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Estas orientaciones fueron dadas en encargo al Comité impulsor del Encuentro Nacional, que hoy, tras más de dos años de trabajo, continúa reuniéndose para avanzar en estos propósitos.

De este modo, la Mesa ha centrado sus esfuerzos en tres escenarios de debate: primero, el escenario legislativo, a fin de llevar al Congreso de la República las propuestas que desde las distintas regiones del país han elaborado las víctimas a fin de lograr una ley que de prioridad a sus derechos de forma incluyente; segundo, la comunidad internacional, buscando un respaldo cada vez más amplio de los distintos países y las organizaciones defensoras de los derechos humanos en la exigencia para el cumplimiento de los estándares establecidos por los organismos multilaterales; tercero, los procesos regionales, a fin de ampliar las redes y organizaciones de víctimas en las distintas regiones del país.

El eje central y articulador de estos escenarios son los derechos de las víctimas, pero en el debate público y legislativo, particularmente en torno a la ley de víctimas, se han evidenciado algunos puntos de tensión entre los sectores de víctimas y los sectores de Gobierno: -

Se desconoce el principio de universalidad de las víctimas, en tanto la víctima debe ser considerada independientemente de la condición del victimario.

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El Gobierno se niega a reconocer el principio de responsabilidad del Estado como garante de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, sea por acción o por omisión de tal ejercicio.

La legislación vigente para los procesos de reparación, Decreto 1290, establece más límites que beneficios para las víctimas, especialmente en lo referente a la reparación económica del daño causado.

Su aplicación se ha convertido en uno de los mecanismos de mayor indignación de las personas afectadas, en tanto la dimensión material y cultural de los bienes perdidos es incuantificable.

Es preocupante que de forma confusa el Gobierno proponga incluir como reparación a las víctimas lo que son las obligaciones del Estado en materia de ayuda humanitaria, asistencia y garantía de derechos sociales y económicos.

En el proyecto de ley se eliminó el reconocimiento diferencial de las causas y efectos de las violaciones de derechos humanos y formas específicas de violencia contra mujeres, niños, afrodescendientes e indígenas, tanto individual como colectivamente.

No se contemplan mecanismos garantes o sistemas de monitoreo, que contribuiría a un proceso más transparente y democrático que facilite la participación de las víctimas de los distintos sectores sociales y regiones.

En el proceso que ha adelantado la Mesa se han obtenido, como balance a favor, los siguientes elementos: un proceso de fortalecimiento organizativo y de articulación de las víctimas en los ámbitos local, regional y nacional. La construcción de una agenda que oriente el debate en el largo plazo, lo que se podría traducir en un proceso de cohesión del movimiento de víctimas a partir de los puntos de interés común. La consolidación de aliados en distintas esferas de la vida pública, nacional e internacional. Se pueden mencionar al menos cinco sectores que han actuado como aliados de las víctimas: Congresistas del Partido Liberal y del Polo, la comunidad internacional, particularmente el sistema de las Naciones Unidas en Colombia y varios países amigos, la Iglesia católica, algunos medios de comunicación y un grupo importante de ONG. Finalmente, queda a favor la visibilización de las víctimas del conflicto armado interno; hoy en día, ante la opinión pública éste es un tema visible; las noticias sobre falsos positivos, desplazados, violación de derechos humanos están en la agenda del día.

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