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tiene cien caras
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Contenido
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tiene cien caras
Director Alejandro Angulo Novoa, S.J.
Editorial
De la negociación del conflicto armado al reto político de la paz....... Por Luis Guillermo Guerrero Guevara
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Conflicto y Paz
Punto tres en la Habana: mucho más importante de lo que algunos creen ................................................................................................... Por Petrit Baquero
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Desarrollo
De la cumbre al paro ........................................................................ 11 Por Javier Lautaro Medina Extractivismo en Boyacá y nuevas oportunidades de movilización social .............................................................................. 17 Por Juan Sebastian Anaya Aldana y Eugenia Echeverri
Venezuela
Venezuela, la frontera y las manifestaciones...................................... 23 Por Marco Andrés Acosta V.
Bogotá
¿Cómo se gobierna y para quién se gobierna en Bogotá? ................ 27 Por Arlen Amanda Chinchilla Cogollo y Juan Carlos Merchán Zuleta
Elecciones
¿Un congreso para la paz? ................................................................. 32 Por Víctor Barrera
Comité Editorial Luis Guillermo Guerrero Guevara Martha Cecilia García Sergio Andrés Coronado Fernando Sarmiento Ana María Restrepo Teófilo Vásquez William Rozo Mónica Osorio Aguiar Colaboran en este número Luís Guillermo Guerrero Guevara Petrit Baquero Javier Lautaro Medina Jennipher Corredor Juan Sebastián Anaya Aldana Eugenia Echeverry Juan Carlos Merchán Zuleta Arlen Amanda Chinchilla Víctor Barrera Equipo Editorial Mónica Osorio Aguiar Alejandro Angulo Novoa, S.J. Ana María Restrepo Diseño y edición fotográfica Mónica Osorio Aguiar Impresol Ediciones Ltda. Portada Impresol Ediciones Ltda. Diagramación Impresol Ediciones Ltda. www.impresolediciones.com
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De la negociación del conflicto armado al reto político de la paz. Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara*
Un asunto es negociar la superación del conflicto armado entre el Estado y las organizaciones insurgentes y otro es generar un proceso político que brinde las posibilidades para construir una paz integral, estable y duradera para la sociedad colombiana.
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e ahí la importancia de tres hechos que estamos viviendo los colombianos durante estos meses: en primer lugar, la elección de congresistas y de Presidente de la República. En segundo lugar, la convocatoria del presidente Santos al Consejo Nacional de Paz y la organización de los consejos departamentales y locales de
Las fuerzas políticas mayoritarias que fueron elegidas y que suman la mitad del Congreso, afirmarán al Gobierno en la próxima legislación para respaldar las iniciativas que tienen que ver con la paz.
paz. Y, en tercer lugar, las movilizaciones sociales que buscan hacer visibles tanto las reivindicaciones por los derechos vulnerados como las alternativas de los sectores sociales tradicionalmente excluidos. www.cinep.org.co
En lo que tiene que ver con el Congreso elegido es importante recalcar que es el cuerpo legislativo que tendrá el reto de abrir el camino hacia el postconflicto. Los representantes y senadores del período legislativo 2014-2018, tienen la gran responsabilidad de construir los desarrollos legales, con capacidad de obligatorio cumplimiento, que le den viabilidad política a los puntos pactados en La Habana y refrendados por la ciudadanía mediante los mecanismos que propone la Constitución Nacional. El resultado de las elecciones al Congreso expresa una importante fragmentación de la representación política. Ninguno de los movimientos o partidos políticos obtuvo una mayoría dominante. El Congreso que elegimos los colombianos es un agregado de minorías que necesitará hacer coaliciones para poder legislar y ganar legitimidad. Los vencedores relativos son dos: en el Senado el Partido de la U con 21 curules y en la Cámara de Representantes el Partido Liberal con 40 curules. Sumados Senado y Cámara el Partido de la U obtuvo 58 congresistas y el Partido Liberal 57; estas son las dos fuerzas políticas mayoritarias en el nuevo Congreso. Sigue en tercer lugar el partido Cambios Radical,
de la coalición de gobierno, con 9 curules en Senado y 16 en Cámara, un total de 25 curules. El Partido Conservador, tuvo un resultado significativo de 19 Senadores y 27 Representantes, a pesar del impacto que pudo sufrir por la aparición en la escena política del Centro Democrático del expresidente Uribe, quien obtuvo 19 curules en Senado y 12 en Cámara de Representantes, es decir, el 15% de curules en ambas cámaras. Este resultado representa el poder influyente de la derecha política minoritaria del país. De otro lado, el centro-izquierda político de la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo, obtuvieron, cada uno, 5 Senadores; en Cámara de Representantes los Verdes consiguieron 6 curules y el Polo solamente 3. La Unión Patriótica, infortunadamente no obtuvo ninguna curul. Desde este balance se puede concluir que, las fuerzas políticas mayoritarias elegidas y que suman la mitad del Congreso, respaldarán al Gobierno en la próxima legislación en las iniciativas que tienen que ver con la paz. Igualmente, es muy probable que los partidos de centro-izquierda apoyen, en lo que tiene que ver con los diálogos de
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En otro escenario político, la convoLa Habana, a la coalición que rodea a Santos. En este sentido se puede presu- catoria del presidente Santos al Consejo mir que habrá gobernabilidad y fuerza Nacional de Paz y lo que de ahí se depolítica en el Congreso para los diálogos riva para la organización de los consejos departamentales y locales de paz, se de paz. De otra parte, en las elecciones presi- puede ver como una oportunidad reledenciales, uno de los temas definitivos vante para el país, en la medida que reque centra las expectativas de los electo- laciona sectores diversos de la sociedad res es la terminación del conflicto arma- y el Estado para construir conjuntamendo interno con la insurgencia. En con- te alternativas de una paz tanto para las creto, lo que existe es el diálogo entre regiones en particular como para el país el gobierno de Santos y las FARC en La en general. Pero, ¿qué significa revivir el Consejo Habana; arrojando como resultado, hasta la fecha, los acuerdos en tres puntos Nacional de Paz en el país? Este instrude la agenda: desarrollo agrario integral; mento político fue creado por la ley 434 participación política, y las políticas del año 1998 e inspirado en el Artícupara la sustitución de los cultivos de uso lo 22 de la Constitución Nacional que ilícito. Sin duda que estos resultados y dice: “La paz es un derecho y un deber los que se obtengan respecto al tema de de obligatorio cumplimiento”. El Conselas víctimas, es un punto a favor del Pre- jo Nacional de Paz, tiene la misión de sidente-candidato. Con estos resultados propender por el logro y mantenimienla salida militar como alternativa única to de la paz, y facilitar la colaboración armónica entre las para la terminación entidades del Estado del conflicto armado y la sociedad civil, pierde cada día argumentos. Enrique Peñaloza, apoya las con- otorgando prioridad Los candidatos versaciones pero su limitada expe- a las salidas polía la presidencia tie- riencia en estos procesos lo hace ticas del conflicto nen posiciones di- aparecer como uno de los candida- armado interno. El vergentes respecto tos a la presidencia menos indicado Consejo es un órgano consultor para la a los diálogos de La para el manejo de los mismos. política de paz del Habana y otras proGobierno. Lo lidera puestas. Clara López el Presidente de la del Polo Democrático ha expresado su apoyo explícito a República y está conformado por diverlos diálogos, mientras que en la esqui- sos representantes del Estado y de la na opuesta se levanta la propuesta de sociedad: iglesias, academia, sindicatos, Oscar Iván Zuluaga que prefiere la sa- gremios empresariales, organizaciones lida guerrerista y el sometimiento a la campesinas, indígenas y negras, víctijusticia de la insurgencia. A esta visión mas del desplazamiento forzado, ONG se adhiere Marta Lucía Ramírez, que de derechos humanos y paz, miembros aunque dice no oponerse a los diálogos, de las fuerzas armadas en retiro y desplantea concluirlos en el menor tiempo movilizados de la guerrilla, entre otras. Se puede inferir que el Gobierno quiere posible y en condiciones muy cercanas al sometimiento a la justicia. Por su par- darle juego y llamar a participar a la sote, Enrique Peñaloza, apoya las conver- ciedad civil en los diálogos de La Habana. saciones pero su limitada experiencia lo Pero el Gobierno debe advertir que hoy el hace aparecer como uno de los candi- país ha cambiado, que se debe hacer una datos a la presidencia menos indicado lectura más compleja de los actores, los para el manejo de estos procesos. En territorios y los hechos, diferente al año este contexto el candidato presidente en que fue emitida la Ley 434; por tanto el Santos puede tener a favor o en contra, Consejo Nacional de Paz necesita ser acde su reelección, terminar un proceso tualizado en su composición y en sus taen el cual gran parte de la sociedad ha reas, y debe reflejar las nuevas realidades políticas de la nación y de sus regiones. puesto altas expectativas.
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La convocatoria del Consejo Nacional de Paz le puede dar un nuevo aire al diálogo de La Habana pues amplios sectores de opinión lo consideran “cerrado” y desconectado de la cotidianidad política del país. Para las FARC la noticia puede ser positiva porque insistentemente ha pedido que los diálogos tengan mayor participación. Por su parte, al Gobierno le conviene reactivar el Consejo porque envía un mensaje sobre su firme apuesta por terminar el conflicto armado mediante el diálogo. Pero, más allá de las ventajas políticas, el reto es que la reactivación del Consejo Nacional de Paz cree un escenario político útil para ayudar a superar el conflicto armado con las FARC y allanar un camino similar con el ELN. Finalmente, un tercer escenario político que se debe tener en cuenta en el proceso de transición hacia el postconflicto y la paz, se expresa en las movilizaciones sociales. Ellas buscan hacer visibles tanto las reivindicaciones por los derechos vulnerados como las alternativas de paz de los sectores sociales, pero de manera especialmente particular de los tradicionalmente excluidos. Una lectura profunda de estas movilizaciones da cuenta de la dimensión de los problemas sociales que viven diversas regiones y sectores sociales del país para construir una paz integral y sostenible. El último informe elaborado desde la Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep/PPP, registró “1.027 protestas, solamente durante el año 2013 en Colombia, el mayor número de luchas desde 1975. Este importante nivel de movilización da cuenta de una sociedad que está viva, con altos niveles de participación ciudadana y con notoria visibilidad de sus actores”. El informe visibiliza “los masivos paros agrarios, de mineros artesanales, camioneros y estibadores de puertos, las huelgas laborales en empresas multinacionales mineras y petroleras, dos paros nacionales de madres comunitarias, los ceses de actividades estudiantiles…, y paros cívicos motivados por carencias de servicios públicos o asociados con actividades extractivas”. Esta conflictividad social, explica el informe, puede comprenderse desde No. 81 | Marzo - Mayo 2014
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tres líneas de análisis: “la disputa por el modelo económico aperturista y extractivista, el rechazo al manejo estatal de los conflictos sociales y los aspectos culturales y políticos implícitos en ellos. Si bien, las dos primeras tendencias mostrarían un cierto revivir de la “lucha de clases”, no se debe interpretar como una confrontación clasista a secas, pues la protesta reciente está mediada por elementos culturales y políticos de autonomía y dignidad que marcan la construcción de nuevas ciudadanías, apoyadas no solo en los valores de igualdad y libertad, sino en el radical reconocimiento de la diferencia, la autonomía y la dignidad”. El gobierno Santos y el establecimiento colombiano deberían tener un mayor cuidado en leer políticamente lo que está en juego en la movilización social colombiana, y que en el informe se
define como “la exigencia del derecho a tener derechos”, pero el Gobierno al parecer solo responde de manera parcial a ese reclamo y por el contrario recurre a medidas represivas o dilatorias que no ofrecen salidas para avanzar por la vía de una negociación efectiva que lleve a la realización de los derechos conculcados. Por eso el informe termina diciendo: “La apuesta de reformar sin tocar el modelo de dominación solo podrá alterarse si la gente presiona cada vez con mayor fuerza, por medios institucionales y directos la agenda reformista”, lo que incluye –pero a la vez rebasa- los acuerdos de La Habana.
* Luis Guillermo Guerrero Guevara Director CINEP/ Programa por la Paz.
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“Negociación del conflicto armado y proyecto político en Colombia”
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El Sistema de Información General Es la estructuración de un conjunto de bases de datos del CINEP/Programa por la Paz que, sustentada en el acumulado investigativo de la institución, analiza, clasifica y hace seguimiento a los conflictos sociales, políticos, paz, luchas sociales, derechos humanos y violencia política en Colombia.
Apostamos por la vida. Trabajamos por una sociedad justa, sostenible y en paz.
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El punto tres en La Habana: mucho más importante de lo que algunos creen Por Petrit Baquero*
El negocio de las drogas tiene una historia en Colombia que parece no tenerse en cuenta en las negociaciones de La Habana. Es fundamental reconocer la trascendencia de este tema para la solución del conflicto interno y la paz sostenible.
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n el marco de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, se está discutiendo el tercer punto de la agenda, referido al narcotráfico y los cultivos de uso ilícito. Si bien, según algunas declaraciones de los representantes de la mesa de diálogo, hay varios borradores listos, este tema no ha tenido suficiente resonancia, como si se tratara de algo secundario dentro de este proceso. De hecho, hubo muy poca difusión acerca del foro organizado por la ONU y la Universidad Nacional, que en Bogotá y San José del Guaviare recogió las propuestas de más de mil representantes de casi todos los departamentos de Colombia y de panelistas nacionales e inter-
Algunos medios de comunicación y analistas han puesto énfasis solamente en el tema de los cultivos de uso ilícito, ignorando que el asunto es mucho más complejo, pues pasa también por el negocio mismo del narcotráfico, es decir, del cultivo, el transporte, la distribución y el consumo de las denominadas drogas ilícitas
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nacionales, que se refirieron a los tres subtemas de este punto en la agenda de La Habana: programas de sustitución de cultivos y planes de desarrollo para las comunidades; programas de prevención del consumo, y solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Por otro lado, algunos medios de comunicación y analistas han puesto énfasis solamente en el tema de los cultivos de uso ilícito, ignorando que el asunto es mucho más complejo, pues pasa también por el negocio mismo del narcotráfico, es decir, del cultivo, el transporte, la distribución y el consumo de las denominadas drogas ilícitas. Esto quiere decir que no se ha tenido en cuenta la trascendencia de este tema para la solución del conflicto interno, sobre todo porque el problema, que ha transformado completamente al país, permanece vivo, alimentando las arcas de diferentes organizaciones con gran capacidad para ejercer violencia.
Una breve historia Desde que en 1971 se declaró desde Estados Unidos la famosa “Guerra contra las drogas”, luego de que el consumo de marihuana y otras sustancias se extendiera entre la población blanca de clase media y alta, Colombia se convirtió en protagonista de primer orden de
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La entrada de las FARC en el negocio se dio en un contexto en el que los grandes laboratorios y las incipientes zonas de cultivo estaban ubicados en lugares donde las FARC eran el poder establecido, ante una débil presencia estatal
esta historia, con un gran número de organizaciones que se dedicaron a satisfacer una demanda en constante crecimiento, primero con marihuana y luego con cocaína y heroína1. Esta situación, por supuesto, afectó el conflicto interno que ya existía en el país, pues bien pronto los grupos involucrados empezaron a interactuar y lucrarse con el dinero que genera la prohibición de las drogas a nivel mundial. Al respecto es diciente el comunicado de las FARC en el que admiten su responsabilidad en la “intermediación” y el “cobro de impuestos” para esa actividad en sus áreas de control, aclarando que “esto obedeció a una necesidad de los campesinos que viven en la pobreza”2.
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Cabe mencionar que la entrada de las FARC en el negocio se dio en un contexto en el que los grandes laboratorios y las incipientes zonas de cultivo estaban ubicados en lugares donde las FARC eran el poder establecido, ante una débil presencia estatal3. Las gigantescas ganancias que genera la ilegalidad del denominado narcotráfico (término acuñado a comienzos de los años ochenta que es por lo demás equívoco ya que la cocaína no es un narcótico4), llevaron a que esta actividad se convirtiera, dada la fuerte persecución y la alta demanda por el producto, en uno de los más graves problemas del conflicto armado colombiano, pues ha sido una de sus principales fuentes de financiación, ya que un kilo, que en Colombia puede valer alrededor de tres millones de pesos, en Estados Unidos puede llegar a los US$ 40.0005. En ese contexto, los carteles de la droga, los grupos paramilitares, las guerrillas, las denominadas Bacrim y la delincuencia común, entre otras agrupaciones ilegales, resultaron enfrentadas muchas veces por el control de determinados corredores estratégicos para el tráfico de drogas consolidándose como grandes factores de violencia y desestabilización6.
Si por allá llueve por aquí no escampa El gobierno colombiano ha expresado la “necesidad de sacar a las guerrillas del negocio de las drogas”7 (la oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, indica que a las arcas de las FARC ingresaron, entre 2011 y 2012, un billón de pesos por el negocio del narcotráfico8), ante lo cual las FARC han recordado las estrechas relaciones de muchos representantes del Estado colombiano con organizaciones narcotraficantes. De hecho, no se puede olvidar la gran cantidad de políticos, militares y empresarios que han sido relacionados con el tráfico de drogas, incluso en varias campañas presidenciales (con casos como el proceso 8000 y la denominada “parapolítica”, entre otros)9. Al respecto, en una entrevista reciente, el jefe guerrillero “Iván Márquez” recordó que en algún momento un funcionario de la DEA – Joe Toft- dijo que Colombia era una “narcodemocracia”10. Es indudable que la influencia del narcotráfico en el país es tan grande que varios estudios afirman que los ingresos repatriados del narcotráfico son entre el 2% y el 6% del PIB colombiano11 con
Para conseguir la paz sostenible en Colombia se requiere un cambio en las acciones que hasta el momento han sido principalmente represivas. No. 81 | Marzo - Mayo 2014
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un impacto que se manifiesta en todos integrado en la estructura social, econólos sectores económicos. Incluso, hay mica y política del país, “sin pretender estudios del DANE y del Banco de la Re- transformarla, pero desequilibrándola pública (aunque hay otros trabajos que por su propio peso”14. consideran a esas cifras un tanto exageLa destrucción ambiental de grandes radas)12 que han afirmado que las expor- porciones del país, primero por la defotaciones legales colombianas llegaron a restación de bosques para sembrar hoja sumar menos que las ilegales, pues las de coca y la utilización de químicos de primeras (café, petróleo, carbón y pro- todo tipo para la fabricación de cocaína ductos tradicionales, entre otras) fueron y luego por la fumigación de hectáreas en ese momento de US$10.930 millones, sembradas de marihuana y coca (con mientras que las de cocaína y heroína el exfoliante paraquat en 197815 y con alcanzaron los US$13.118 millones.13 glifosato desde los años noventa, siendo Colombia el único Si bien el tráfico de país que autoriza la drogas no ha sido la aspersión aérea de única fuente de financiación para los grupos El jefe guerrillero “Iván Már- herbicidas en su tegeneradores de violen- quez” recordó que en algún mo- rritorio),16 que han cia que existen en el mento un funcionario de la DEA generado también país, ha sido, sin duda, –Joe Toft- dijo que Colombia era graves perjuicios a el más importante fac- una “narcodemocracia” . la salud humana, tor de desestabilización son algunos de los de los últimos cuarenefectos nocivos que ta años, pues transforse viven en Colommó las dinámicas de bia por la guerra los conflictos con sus grandes recursos contra las drogas ilegales (se han fuy el poder corruptor que resulta de la migado 1.5 millones de hectáreas en prohibición de esta actividad y que in- los últimos trece años en Colombia).17 cidió también en profundos cambios De hecho, no sobra recordar que en el culturales de la sociedad colombiana. año 2013 Colombia tuvo que pagar una Al respecto, es claro que el narcotráfico costosa indemnización a Ecuador que no creó muchos de los problemas que demandó al país ante el Tribunal Interse le han atribuido, pero los potenció nacional de La Haya por los perjuicios a niveles muy altos con sus multimillo- que la fumigación con glifosato estaba narios ingresos y su capacidad de per- causando a su población en zonas fronturbación. Y lo ha hecho porque se ha terizas.
Cultivos ilegales de planta de coca. www.cinep.org.co
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En este contexto, es sabido que un gran número de colombianos ha encontrado en el cultivo de coca una verdadera alternativa de subsistencia ante un agro que continúa desprotegido y carente de oportunidades18. Sin embargo, quienes cultivan coca han sido tratados en muchos casos como delincuentes ya que la Convención Única de Estupefacientes, a la que Colombia se suscribió, fomentó graves equívocos que se siguen reproduciendo como la permanente confusión entre coca y cocaína y la ubicación en un mismo nivel delincuencial de indígenas, campesinos, colonos, pequeños traficantes (como las llamadas “mulas”), grandes capos, traficantes de armas, importadores de insumos y lavadores de dinero.19 Esto ha generado que las partes más débiles de la cadena del negocio -la de los sembradores de hoja de coca y la de los consumidores- sean los sectores más atacados en el marco de esa estrategia represiva. Por ejemplo, muchos de los habitantes en las zonas cocaleras viven y se desplazan por territorios controlados por los grupos armados con graves perjuicios para su salud o consecuencias muchas veces sangrientas. Todo esto ha llevado a la “narcotización” de la agenda internacional colombiana con constantes presiones de Estados Unidos, un país que no ha podido controlar el alto consumo de drogas por parte de sus ciudadanos (con cárceles
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atestadas de consumidores, principalmente de minorías étnicas como latinos y negros), pero que sí impone medidas unilaterales a los demás países del mundo. Este tipo de políticas no ha reducido la oferta de drogas (un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señaló que alrededor de 210 millones de personas en el mundo -4,8% de la población de 15 a 64 años de edad- consumieron, como mínimo en una ocasión, sustancias ilícitas, durante 2011)20 pero sí ha alimentado a organizaciones criminales que, si bien han cambiado de nombres, continúan manejando este millonario negocio obteniendo grandes ganancias que han contribuido a financiar los sangrientos conflictos que se libran en el país y han llegado, incluso, junto a políticos, empresarios y militares, a plantear la “refundación de la patria” al compás del narcotráfico.
Hacia una alternativa viable La guerra contra las drogas ha demostrado su fracaso estrepitoso pues a pesar de que han caído grandes nombres de la actividad (ya sea muertos o encarcelados) y que se han tumbado y fumigado vastas extensiones de tierra sembradas con hoja de coca, Colombia sigue siendo el principal proveedor de
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cocaína en el mundo21 y este producto (sea peruano, colombiano, boliviano o mexicano) continúa llegando masivamente a todas partes de la tierra. Por otro lado, la demanda por cocaína no ha disminuido y permanece estable (ha bajando levemente en Estados Unidos pero ha subido en otros lugares)22 mientras que las organizaciones narcotraficantes han incursionado en mercados que en los años ochenta -la época de los grandes y todopoderosos carteles de la droga colombianos- no se tenían en cuenta como Rusia, Europa Oriental, Australia o África, en un negocio que mueve unos US$ 320.000 millones al año, según cifras de la ONU.23
La guerra contra las drogas ha demostrado su fracaso estrepitoso pues a pesar de que han caído grandes nombres de la actividad (ya sea muertos o encarcelados) y que se han tumbado y fumigado vastas extensiones de tierra sembradas con hoja de coca, Colombia sigue siendo el principal proveedor de cocaína en el mundo
Por esta razón, y en un momento en el que los presidentes de varios países,
incluyendo Colombia, han planteado la necesidad de discutir un cambio en las políticas antidroga, a la vez que otros países del mundo han iniciado acciones tendientes a la liberalización del consumo y el cultivo de marihuana, como ha ocurrido en Holanda, Portugal, Uruguay e incluso Estados Unidos24 es claro que el tema de las drogas ilícitas que se discute en La Habana es de vital importancia para la solución del conflicto armado colombiano. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) empezará a discutir si las políticas antidrogas en los países de la región deben cambiar para cumplir con los derechos humanos, cosa que se suma a la afirmación de la OEA en el 2013 que abrió la posibilidad de reevaluar de la “guerra contra las drogas”. Si el tema de las drogas ilícitas no se discute integralmente en la agenda (en un contexto en el que varios de los miembros de las FARC han sido pedidos en extradición por el gobierno de Estados Unidos) y se limita solamente a dar alternativas a los campesinos que cultivan coca, la guerra en Colombia seguirá más que viva pues son muchos los grupos de violentos que están involucrados directamente con estas actividades. Las acciones de grupos como Los Urabeños, No. 81 | Marzo - Mayo 2014
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Las FARC proponen La guerrilla puso sobre la mesa diez puntos básicos para tratar el problema: 1. Política anti-drogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores; 2. Condiciones estructurales para la superación de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola; 3. Reconocimiento y estímulo a los usos nutricionales, medicinales, terapéuticos, artesanales, industriales y culturales de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola; 4. Sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola y programas de desarrollo alternativo; 5. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas; 6. Desmilitarización de la política anti-drogas, no intervencionismo imperialista y descriminalización de los pobres del campo; 7. Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud púwww.cinep.org.co
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los Rastrojos, la Oficina de Envigado, el Erpac, entre muchos otros, que recuerdan las actividades de sus predecesores en el negocio del narcotráfico, demuestran que si no hay una profunda y real solución al tema de las drogas ilícitas, no habrá una verdadera paz en el país.
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Si el tema de las drogas ilícitas no se discute integralmente en la agenda (en un contexto en el que varios de los miembros de las FARC han sido pedidos en extradición por el gobierno de Estados Unidos) y se limita solamente a dar alternativas a los campesinos que cultivan coca, la guerra en Colombia seguirá más que viva pues son muchos los grupos de violentos que están involucrados directamente con estas actividades.
blica y descriminalización de los consumidores; 8. Política anti-drogas centrada en el desmonte de las estructuras narco-paramilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado; 9. Política anti-drogas centrada en la persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico, y 10. Responsabilidad de los Estados del capitalismo central, compromisos regionales y requerimientos para la implementación de una política anti-drogas de carácter global25. A pesar de que varias de las propuestas de las FARC pueden ser discutibles, en su gran mayoría coinciden con las opiniones de académicos y expertos en
lo concerniente a la necesidad de generar alternativas económicas viables para los campesinos y colonos involucrados en la cadena productiva del narcotráfico, en la importancia de tratar el tema como un problema de salud pública, en los terribles daños que ha generado la fumigación aérea y, por supuesto, en la idea de que la guerra contra las drogas ha sido un completo y estrepitoso fracaso. Aún no se sabe cuánto cederá el gobierno colombiano al respecto, teniendo en cuenta la presión estadounidense que, de puertas para afuera, sigue impulsando las acciones punitivas hacia estas actividades. Tampoco se pueden dejar de lado los años gastados en una guerra sin cuartel que algunos sectores, inmersos en una campaña electoral bastante agresiva y con posturas muy extremistas, insisten en seguir peleando (así esos mismos sectores -léase el uribismohayan tenido, en el mejor de los casos, una ambigua relación con algunas estructuras narcotraficantes). En este sentido, puede que se firme la paz con la guerrilla de las FARC, pero si el narcotráfico continúa tratándose con acciones principalmente represivas, el negocio continuará boyante y una gran cantidad de grupos, con fuerte capacidad de violencia y desestabilización, además de una vasta experiencia de décadas en este tipo de actividades ilega-
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les, seguirá mandando miles de toneladas a los países consumidores, y eso sin olvidar que Colombia se convirtió en un país consumidor, pues el denominado “microtráfico” es altamente lucrativo26. Igualmente, en momentos de campaña electoral, es importante conocer las opiniones de los candidatos sobre esa compleja problemática, pues es la hora de que se llegue a acuerdos fundamenta-
les que replanteen las acciones tomadas hasta el momento y que han demostrado un estrepitoso fracaso, pues, como afirmó alguna vez el periodista Antonio Caballero, esta ha sido “una guerra de Colombia contra sí misma, con sus propios dineros y su propia sangre”27. Ojalá los acuerdos sean acordes con la necesidad de replantear las acciones emprendidas al respecto, pues, de lo
contrario, sería muy triste que un país que ha sufrido tan terriblemente las consecuencias de la guerra no pueda disfrutar de los beneficios de la paz.
* Petrit Baquero Investigador del Cinep/Programa por la Paz. Equipo formación ciudadana para la paz y el desarrollo. Autor del libro “El ABC de la Mafia. Radiografía del cartel de Medellín” de editorial Planeta.
Referencias Caballero, A. (2002). “Drogas: La guerra de la dependencia”. ¿Qué está pasando en Colombia? Anatomía de un país en crisis. Bogotá: Cerec. 2 Lozano, G.C. (2013). Diálogos de La Habana, comienza el tercer punto. Recuperado en http://www.pacocol.org/index.php/ noticias/7433-dialogos-de-la-habana-comienza-tercer-punto. 3 Baquero, P. (2012). El ABC de la Mafia. Radiografía del Cartel de Medellín. Bogotá: PlanetaIngeniería Jurídica. 4 Musto, D. (1993). La enfermedad Americana, orígenes del control antinarcóticos en EU. Bogotá: Tercer Mundo Editores - Ediciones Uniandes - CEI. 5 Baquero, P. (2012). 6 Camacho, A. (2007). De contrabandistas a barones y traquetos: Cambios en las estructuras de las organizaciones colombianas del narcotráfico, Indiana: University of Notre Dame. 7 Lozano, G.C. (2013). 8 Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2012), Informe Mundial sobre drogas 2012. 9 Botero, J.E. (2014). ¿Usted ha metido algo, Santrich?. Recuperado en http://www.las2orillas.co/santrich-hablemos-de-drogas-por-jorgeenrique-botero/. 10 Orozco, I. (1990). “Los diálogos con el narcotráfico: Historia de la transformación fallida 1
de un delincuente común en un delincuente político”. Análisis Político, 11, 31 y 32. 11 Rocha G.R. (2001). “La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico”. Economía, crimen y conflicto. Bogotá: Banco Santander Hispano, Universidad de Alcalá, Universidad Nacional de Colombia; Steiner, R. (1997). Los dólares del narcotráfico. Bogotá: Fedesarrollo, y Steiner, R. y Corchuelo, A. (1999). Repercusiones económicas e institucionales del narcotráfico en Colombia. Bogotá: Cede, Universidad de Los Andes. 12 Kalmanovitz, S. (2011). “País mafioso”. En: El Espectador, 5 de Septiembre de 2011. 13 De la Torre, C. (2011). “Colombia, ¿país mafioso?”. En: El Espectador, 30 de Agosto de 2011. 14 Pecaut, D. (2001). Guerra contra la sociedad. Bogotá: Espasa. 15 Baquero, P. (2012). 16 Camacho, A. y Mejía, D. (2013). Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: Evidencia desde el caso colombiano. Bogotá: Cede-Universidad de Los Andes. 17 Camacho, A. y Mejía, D. (2013). 18 Molano, A. (1987). Selva adentro, una historia oral de la colonización del Guaviare. Bogotá: El Áncora Editores. 19 Baquero, P. (2012). 20 Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011), Informe Mundial sobre drogas 2011.
En las redes sociales
Departamento de Estado de Estados Unidos (2012). 2012 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), Washington. 22 Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013), Informe Mundial sobre drogas 2013. 23 Drogas, una amenaza que mueve US$320 mil millones al año: ONU (2014). Recuperado en http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/drogas-una-amenaza-mueve-us320-milmillones-al-ano-onu-articulo-480546. 24 En un primer momento permitiendo el consumo de marihuana con fines médicos y en un segundo instante aprobando el consumo con fines recreativos en los estados de Colorado y Washington. No obstante, es diciente recordar que Estados Unidos es, desde finales de los años ochenta, el principal productor de marihuana del mundo, con empresarios que han recolectado semillas en todo el planeta y están experimentando con el producto en cultivos hidropónicos para ofrecer variedades de la mejor calidad. 25 Agencia Prensa Rural (2013). Farc presentan 10 propuestas mínimas de política antidrogas. Recuperado en http://prensarural.org/spip/spip. php?article12782. 26 Revista Semana. (2012). “El microtráfico: Guerra por las “ollas””. Recuperado en: http://m. semana.com/nacion/articulo/el-microtraficoguerra-ollas/266596-3. 27 Caballero, A. (2002). 21
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Desarrollo.
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De la Cumbre
al Paro
A mediados de marzo se realizó en Bogotá la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular.1 Una semana después de las elecciones legislativas y con el debate para las presidenciales en marcha, los participantes hicieron un llamado por el cambio de modelo económico y le pusieron un ultimátum al gobierno para el cumplimiento de los compromisos adquiridos el año pasado so pena de realizar un paro a nivel nacional. Por Javier Lautaro Medina*
El contexto electoral
L
ble iniciar las transformaciones profundas que requiere el campo colombiano. El tiempo lo dirá, pero esta duda puede explicar en parte la desconfianza de los movimientos populares del campo en la eficacia de las formas institucionales
La pregunta entonces es si el actual Congreso tendrá el pulso necesario para debatir estos temas y ponerlos en el plano legislativo o incluso si con la fuerza adquirida en las urnas por el partido Centro Democrático, a lo que debe sumársele los elegidos de otros partidos con intereses sobre la tierra, será posible iniciar las transformaciones profundas que requiere el campo colombiano.
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as recientes elecciones legislativas mostraron que el tema de la tierra sigue siendo de suma importancia, aunque no se generó un fuerte debate sobre las reformas a la propiedad de la tierra, el impacto de los Tratados de Libre Comercio sobre la producción nacional o la política minero energética. Una mirada a la composición del -no tan nuevo- Congreso muestra de qué forma persiste la relación -más o menos directa según el caso- entre política electoral y estructuras mafiosas y armadas que han causado y facilitado el despojo y el desplazamiento de muchas familias campesinas2. Este hecho en sí no es extraño, lo que preocupa es que este Congreso es
el que debe darle el espaldarazo definitivo a los resultados de los diálogos de paz, en los que parece existir acuerdo en la necesidad de una Reforma Rural Integral que inicie las transformaciones estructurales para el campo colombiano3. Además el Gobierno nacional ha puesto en marcha la Misión Rural que es “la instancia encargada de estructurar el portafolio de políticas públicas para el campo colombiano, cuyos resultados deben ser la carta de navegación para el sector durante los próximos 20 años”4. La pregunta entonces es si el actual Congreso tendrá el pulso necesario para debatir estos temas y ponerlos en el plano legislativo o incluso si con la fuerza adquirida en las urnas por el partido Centro Democrático, a lo que debe sumársele los elegidos de otros partidos con intereses sobre la tierra, será posi-
La Cumbre fue un importante esfuerzo de unidad del movimiento popular colombiano como respuesta al Pacto Agrario. www.cinep.org.co
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Desarrollo.
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Las apuestas de la Cumbre ¿el todo o nada? La Cumbre fue un importante esfuerzo de unidad del movimiento popular colombiano como respuesta al Pacto Agrario convocado por Juan Manuel Santos a finales de 2013. Aunque los procesos sociales allí presentes tienen mayor alcance en el tiempo, fue la convocatoria al Pacto, con un Ministro con pocos afectos en el movimiento campesino, lo que dio el impulso definitivo a la convocatoria. El pliego de peticiones8 es profundo y amplio, lo suficiente para no invocar las diferencias entre los grupos participantes y que deberán ser analizadas y tramitadas en el marco del movimiento unitario. Frente al pliego surge el interrogante de hasta qué punto es un programa negociable con el gobierno o si se trata de una apuesta política de mayor alcan-
Frente al pliego surge el interrogante de hasta qué punto es un programa negociable con el gobierno o si se trata de una apuesta política de mayor alcance que necesariamente debe pasar por la reforma del modelo político para reestructurar el modelo económico.
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de participación política para resolver sus problemas. Por el lado de los manifestantes del Paro Agrario del 2013 -que recogió movilizaciones de muchos tipos y con diversas apuestas en un escenario territorial diverso5- se lograron algunas curules importantes como la de Alberto Castilla, campesino del Catatumbo, y la muy posible de Jesús Javier Chávez, proveniente del Consejo Regional Indígena del Cauca. Primíparos en las minucias de los trámites legislativos, deberán articularse a otros, pero en todo caso no serán mayoría para imponer una mirada distinta a las de las clases políticas tradicionales sobre el campo. El Informe del PNUD de 2011 afirma que una de las manifestaciones del poco democrático modelo de desarrollo rural es la sobrerrepresentación de los propietarios de la tierra y la subrepresentación de los grupos sociales subordinados, hecho que obstaculiza que demandas y aspiraciones de los pobladores rurales más vulnerables se canalicen por el sistema político6. Si además se tiene en cuenta, como lo ha manifestado el CINEP/PPP, que existe cierta precariedad en el desarrollo de instancias locales y regionales de participación política para la población rural7, tal vez sea más provechoso para las organizaciones populares convocantes de la Cumbre salir a la calle, donde quizás tengan mayor voz y posibilidades de negociar directamente con el Ejecutivo Nacional más que con las secretarías de agricultura de determinado municipio o departamento.
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La Cumbre demostró un acumulado social importante en el mundo rural.
ce que necesariamente debe pasar por la reforma del modelo político para reestructurar el modelo económico. Lo anterior teniendo en cuenta que, por ejemplo, se pide “detener la concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales y los trabajadores del sector la política minero-energética del país”9; y la anulación del “acto legislativo 01 del 2001, el cual modifica los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política Nacional relacionados con la educación, la ley 715 del 2001 y la ley 1294 del 2010, las cuales sustentan la privatización de la salud y educación, entendiéndolas como servicios y no como derechos”10. La idea de una Asamblea Constituyente, aunque con un proceso de construcción territorial autónomo, tomó fuerza en la Cumbre. No obstante, la aparente similitud con las propuestas desde La Habana y de representantes de la derecha política que van en el mismo sentido, el llamado a un escenario constituyente puede ser diferente al articularlo a la construcción desde las comunidades, hecho bien intencionado pero que no necesariamente se llegue a ver reflejado en las urnas, si tenemos en cuenta, por ejemplo, las elecciones de Congreso del pasado 9 de marzo. En este horizonte, es desde el poder constituyente local que se estructuran algunas de las grandes apuestas del movimiento social presente en la Cumbre: el ordenamiento del territorio desde quienes lo habitan, el mayor acceso a la tierra para los pobladores rurales pobres, el impulso a la economía campesina y la visión articulada entre el campo y la ciudad, como parte de un todo que es la Reforma Agraria Integral11. Esta propuesta, manifestada en un sinfín de ocasiones y negada otras tantas, se inserta en un terreno no propicio y será muy difícil que pueda encontrar respuestas positivas de parte de quienes hacen las políticas públicas. Al respecto, los participantes de la Cumbre manifestaron que no han sido llamados a la Misión Rural, pero más allá, que no era este el escenario adeNo. 81 | Marzo - Mayo 2014
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cuado para plantear la política pública en materia rural por no contar con la voz de los verdaderos dolientes del campo, más si se tienen en cuenta los incumplimientos a los acuerdos del año pasado posteriores al Paro Agrario. El evento que parece venir es el de una gran movilización que buscará presionar al ejecutivo nacional para el cumplimiento de los compromisos adquiridos, lo que de alguna manera puede significar que existe posibilidad de diálogo más allá del todo o nada.
Perspectivas • Que no es posible construir una política pública para lo rural sin tener en cuenta a una buena parte de quienes habitan en el campo y que están representados en organizaciones sociales y políticas reunidas en la Cumbre. Reeditar experiencias pasadas puede incentivar el crecimiento de los conflictos rurales que no han podido solucionarse en muchos años. Integrar estas perspectivas resultantes de la Cumbre en la Misión Rural puede ser un primer paso en la vía del diálogo. • Que existe un acumulado social importante en el mundo rural para desarrollar los acuerdos post-negociación, en caso de darse la firma de la paz, particularmente en el ámbito de lo local y que deben partir de la
reformulación de la institucionalidad presente en los municipios y regiones en el país.
Las grandes apuestas del movimiento social presente en la Cumbre: el ordenamiento del territorio desde quienes lo habitan, el mayor acceso a la tierra para los pobladores rurales pobres, el impulso a la economía campesina y la visión articulada entre el campo y la ciudad, como parte de un todo que es la Reforma Agraria Integral
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Los 21.4 billones de pesos que anuncia el Gobierno como entregados para el sector agropecuario, entre desembolsos y créditos aprobados12, no se sintieron en la Cumbre, sino más bien el reclamo constante de que “el gobierno firma todo porque no va a cumplir”. Sin duda, el descontento está presente y el nivel organizativo de campesinos, indígenas y afrodescendientes -con diferencias regionales- puede construir un escenario de paro nacional que nos vuelva a meter en la discusión sobre si las medidas adoptadas por el gobierno Santos han sido suficientes y adecuadas. Dos elementos surgen de la Cumbre que debería tener en cuenta el gobierno nacional, el presente y el próximo, para la discusión sobre el tema rural:
Las organizaciones indígenas también estuvieron presentes durante la Cumbre Agraria convocada el pasado 15, 16 y 17 de marzo de 2014. www.cinep.org.co
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Lo que dicen los convocantes de la Cumbre Extractos de entrevistas realizadas por CINEP/PPP durante la Cumbre. Las entrevistas fueron realizadas por Jennipher Corredor del Equipo de Incidencia y Comunicación.
Lo rural en las elecciones legislativas pasadas Eberto Díaz Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria …los puntos del pasado Paro Agrario y Popular que fue convocado por las diferentes organizaciones agrarias e importantes organizaciones sociales del país no fueron recogidos por ningún movimiento social o movimiento o partido político en particular. Los participantes de dichas movilizaciones son una masa que hoy sigue esperando una propuesta de país. Personas que no se sienten representadas por los partidos tradicionales, incluso tampoco en algunos partidos de la izquierda. Por eso el Paro Agrario y la movilización agraria en el país siguen teniendo una importante validez, mucho más allá del tema electoral. Mucho más allá de la coyuntura del momento político del país, la movilización agraria, la movilización social y el movimiento campesino están en una dinámica de construcción de nuevos actores sociales y políticos.
El Pacto Agrario visto desde las organizaciones Edilia Mendoza Mesa de Unidad Agraria Nosotros hemos dicho que una misión rural en este país debe estar bajo otra óptica: de una misión rural alternativa y popular, que significa que el movimiento agrario debe ser tenido en cuenta y sus propuestas sobre el tema, debatidas. No solamente los académicos ni a los consultores que el gobierno nacional
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defina, sino que también, a quien tiene que consultar en este momento es a este movimiento agrario latente que hoy le dice al gobierno que todavía existe.
Ricardo Herrera Coordinador Nacional Agrario Lo vemos con mucha preocupación porque es una respuesta muy ligera, lo que llamamos nosotros aguas tibias, algo que el gobierno de un momento a otro se inventó en respuesta al paro que iniciamos el 19 de agosto, como un mecanismo para tratar de decir que vamos a resolver y a cumplir con las peticiones que está haciendo el movimiento agrario en este momento, pero lo que nosotros hemos visto es que eso no es así. El gobierno instaló el Pacto Agrario el 12 de septiembre del año pasado y estamos a 8 meses y no se ha visto nada que el Pacto realmente haya garantizado. El gobierno ha dicho que a través de las gobernaciones y las alcaldías se van a resolver los problemas más sentidos, más fuertes, que tenemos en el sector agrario, pero eso se ha quedado en tramitología, eso no ha llegado a la base, no ha llegado a los campesinos de ruana, para cumplir con las exigencias y las peticiones que nosotros siempre hemos estado planteando como movimiento agrario y como movimiento social y popular de este país.
Las apuestas de la Cumbre José de los Santos Caicedo Proceso de Comunidades Negras En primer lugar, mandar un mensaje claro y es que estamos construyendo la unidad, eso si queremos dejarlo claro. El segundo tema grueso es que vamos a continuar trabajando el tema territorial, para ponernos de acuerdo en regiones donde pueden existir cowntradicciones sobre el uso, manejo y control territorial. Ponernos de acuerdo. Para qué nos vamos a seguir desgastando, es que los unos van a sacar machete, los otros van a sacar bastones, los otros no sé qué, porque la institucionalidad eso es lo que ha logrado. Justo lo que pasó en la finca San Rafael en un área de comunidad
negra, el gobierno le dice al movimiento indígena “le reconozco este territorio”, cuando nuestros compañeros indígenas llegan, “¡ah! Pero es que este es territorio afro, pero ya nos lo dieron”. No queremos que eso se siga presentando y por eso entonces es mejor el diál ogo, que es el otro camino. El otro tema fuerte es de la solución política, de las cosas que pasan en este país y que debemos trabajarla desde nuestros pueblos. Y para el caso de nosotros, como comunidades negras, sí nos gustaría que se plantearan los diálogos regionales, donde tengamos la posibilidad de sentarnos allá en nuestras regiones. Que no se siga fomentando eso que está institucionalizado que se llama el racismo y la discriminación. El otro gran tema tiene que ver entonces con la soberanía económica o soberanía alimentaria, muy ligado también a la sustitución de cultivos de marihuana, amapola, coca, que están generando muchos problemas ambientales.
Edilia Mendoza Mesa de Unidad Agraria Desde la Cumbre Social y Política hace algunos años veníamos planteando la necesidad de una Cumbre Agraria que reuniera a todo el sector, porque teníamos que contribuir a unos puntos mucho más fuertes, no solamente referidos al campo, sino discutir la reforma política, el tema electoral, la estructura de desarrollo en el país. Debatir los temas estructurales que más nos afectan a todos los colombianos y colombianas. Entonces no solamente nos vamos a quedar en el campo, sino que también tenemos que avanzar hacia una propuesta conjunta con los veintiún sectores rurales organizados que hay en el país. ¿Qué le vamos a presentar al país? Le vamos a presentar una plataforma de lucha articulada, un pliego nacional unitario y una mesa articulada de negociación.
Eberto Díaz Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria Lo primero que queremos poner de presente es que la política agraria actual No. 81 | Marzo - Mayo 2014
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Ricardo Herrera Coordinador Nacional Agrario Existen unos temas generales del modelo económico para el país y de la participación política y social de las organizaciones sociales y populares. El gobierno ha implementado un modelo de desarrollo económico que en nada nos beneficia a nosotros, como el tema minero-energético, la explotación de los recursos minerales, la explotación del petróleo, al cual le tenemos muchos reparos, muchas diferencias con esa política del gobierno, porque es una política que en nada ha beneficiado a las organizaciones sociales y populares, a las organizaciones agrarias, a quienes estamos en los territorios. En cambio nos ha perjudicado, de una forma muy aberrante, de una forma muy profunda porque la explotación minera ha generado desplazamiento y contaminación del medio ambiente. Pero también hay temas que son importantes como los cultivos de coca, marihuana y amapola, que si están en el contexto, si se están desarrollando, no ha sido por culpa de nosotros, tema al que el gobierno le ha dado un tratamiento militarista con las fumigaciones y la erradicación forzada, que ha generado desplazamiento de nuestras comunidades. Nosotros creemos que debemos construir unas políticas que realmente ayuden a sustituir dichos cultivos que busquen otros métodos en conjunto entre el movimiento social y el mismo gobierno.
Otro tema muy importante se refiere a los Tratados de Libre Comercio, que -en el caso específico de los campesinos, de los indios, de los negros, quienes habitamos en el campo, quienes estamos en la ruralidad, y quienes estamos en el sector agrario-, nos tienen arruinados con nuestra producción, no hay garantías para producir, nuestros productos que sacamos no tienen realmente el valor que deberían tener, y esto porque a partir de estos Tratados han ingresado una cantidad de mercancías más baratas y de menos calidad de otros países.
El papel del movimiento unitario en una eventual postnegociación del conflicto armado José de los Santos Caicedo Proceso de Comunidades Negras Como comunidades negras estamos construyendo para nosotros y para el país, y en ese construir en algún momento nos vamos a tener que reencontrar con los planteamientos que se están haciendo en la Habana. Como esto que nosotros pensamos con eso que se discute allá se puede juntar. Tenemos claro que si se realizara una Asamblea Nacional Constituyente deben existir garantías para que los pueblos, los grupos étnicos, no tengan que disputarse su representatividad con los medios económicos, que los negros no vamos a tener que disputarnos esa participación con las multinacionales de
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está al servicio de grandes intereses empresariales del campo, latifundistas, de sectores mafiosos que se han apoderado de la tierra, de sectores financieros, de transnacionales que llegan detrás de la minería, detrás del petróleo, detrás de los bienes naturales colombianos. En ese sentido, de la Cumbre va a salir un pliego unificado, un pliego de exigencias, donde están las voces y exigencias de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, de los pequeños y medianos productores de este país, que han sido excluidos históricamente por las políticas gubernamentales y las políticas del estado. Este pliego nos permitirá presentarle al país lo que nosotros creemos que se hace urgente: el inicio de una política agraria de carácter nacional que garantice la soberanía alimentaria, la defensa de la semillas y la continuación y fortalecimiento de la economía campesina; es decir, la producción de alimentos en general. Una política que resuelva los grandes problemas de inequidad social que se viven en el campo: el tema del agua potable, la salud, la educación, la vivienda, problemas que no se han resuelto en el campo. El pliego unificado no servirá solo para decirle al gobierno esto es lo que piensan los campesinos, sino que también se convierta en una bandera para decirle que vamos a construir un nuevo momento político en el país, que vamos construir una nueva opción desde el campo en alianza con la gente que vive en las ciudades.
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Ricardo Herrera Coordinador Nacional Agrario Más que esperar de la post-negociación o de los acuerdos de paz, dentro de todo lo que se está gestando, decimos que tenemos muchas inquietudes frente a la negociación de paz con la insurgencia porque, primero, no hay una participación directa de la sociedad o de las organizaciones sociales y populares, que somos quienes vivimos los problemas. Todavía no sabemos qué es lo que se ha negociado, qué es lo que se ha acordado en el tema agrario, no tenemos todavía una respuesta clara y concreta. De hecho, una expresión de que no sabemos y estamos muy inconformes es que estamos haciendo estos encuentros, procesos, y que vamos a ir a la movilización nuevamente, porque si allá se estuvieran resolviendo los problemas que nosotros estamos planteando, los problemas estructurales, pues nosotros estaríamos esperando lo que saliera de La Habana, pero nosotros vamos nuevamente a las calles porque realmente
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sabemos que no hay una política consciente, una voluntad política por parte del gobierno para poder resolver los problemas. Creemos que más que lo que pueda pasar en los diálogos de paz, debemos desarrollar nuestra propia agenda, nuestras propias propuestas, y eso es lo que vale para nosotros, para poder hablar en un país en paz, porque la paz es la solución de los problemas, de los cambios estructurales, la paz no es el cese del fuego, la paz no es la negociación entre el gobierno y la insurgencia, la paz es el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida digna para la sociedad y para las organizaciones sociales y populares de Colombia.
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este país, sino que se diga, para el caso de los negros existe determinada representación y para el caso de los indígenas y campesinos otro tanto. Esto no significa que en ese proceso constituyente vamos a nosotros a tener la razón sino que estos pueblos estaremos ahí para custodiar los derechos ya ganados. Por ejemplo, a las comunidades negras les preocupa mucho, si se da una constituyente, cómo va a seguir siendo nuestra territorialidad, la podemos perder porque es partir de cero; eso son parte de las preocupaciones que nosotros tenemos en un proceso constituyente. La institucionalidad sabe que no va a tener la posibilidad de decir “sí, yo le voy a garantizar eso”, porque van a estar gremios, va a estar raimundo y todo el mundo, en el que una posibilidad es que al partir de cero se diga adiós territorios colectivos, adiós resguardos y vengan y peléense eso. Si llega a iniciarse un proceso de nueva constitución, existe el peligro de que no se garanticen nuestros derechos porque la amplia mayoría de la participación en ella va a ser de los grandes de este país.
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* Javier Lautaro Medina Investigador del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Tierras y Derecho al Territorio.
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Referencias 1 Convocada por la Mesa de Interlocución Agraria - MIA, Marcha Patriótica, Coordinador Nacional Agrario - CNA, Congreso de los Pueblos, Proceso de Comunidades Negras PCN, Mesa de Unidad Agraria - MUA, Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia - COMOSOC, Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, Movimiento por la Constituyente Popular - MCP, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y Asociación Campesina Popular. 2 Para ver con mayor profundidad los cuestionamientos a los elegidos ir a “70 candidatos cuestionados obtuvieron curul en las elecciones” en http://www.pares.com.co/mafias-yconflicto/70-candidatos-cuestionados-obtuvieron-curul-en-las-elecciones/ 3 “Primer Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Del Pueblo, FARC-EP”. Disponible en http://www. semana.com/upload/documentos/Documento_348360_20130621.pdf 4 “Misión Rural estructurará políticas para el campo colombiano para los próximos 20 años” en https://www.dnp.gov.co/SaladePrensa/ Comunicados2014/tabid/1838/EntryId/17/ Mision-Rural-estructurara-politicas-para-
el-campo-colombiano-para-los-proximos20-anos.aspx 5 Ver al respecto “¿Paro agrario nacional o «paros» agrarios regionales?” de Diana Marcela Moreno en Cien Días Vistos por Cinep N° 80. Disponible en http:// cinep.org.co/index.php?option=com_ docman&Itemid=126&lang=es Programa de Naciones Unidas para el Desar6 rollo. (2011). Colombia rural. Razones para la esperanza. Bogotá: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. p. 40. 7 CINEP/PROGRAMA POR LA PAZ. Informe Especial. Luchas sociales, Derechos Humanos y representación política del campesinado 19882012. Bogotá: CINEP/PPP, 2013. Disponible en http://www.cinep.org.co/index.php?option=co mdocman&Itemid=117&lang=es 8 Disponible en http://prensarural.org/spip/ spip.php?article13670 9 Ibídem. 10 Ibídem. 11 Ver “Declaración política de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular”. Disponible en http://prensarural.org/spip/spip. php?article13668 12 “$21.4 billones se han irrigado al campo: MinAgricultura”. Disponible en https://www. minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/$214-billones-se-han-irrigado-al-campo-MinAgricultura.aspx/
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Extractivismo en Boyacá y nuevas oportunidades de movilización social
Este artículo busca visibilizar la tensión que existe en el territorio boyacense a causa de la expansión del proyecto extractivo de la locomotora minero energética a costa de la frontera agrícola y zonas de gran importancia hídrica para el departamento y el país. Conflictos que no han recibido la atención suficiente por parte de los medios de comunicación, pero que tampoco se evidenciaron en las agendas políticas de quienes se presentaron como candidatos en las últimas elecciones legislativas. Por Juan Sebastian Anaya Aldana* Eugenia Echeverri**
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Esta legislación, con condiciones favorables para la inversión extranjera, así como las estrategias de promoción de Colombia como país minero energético , ha puesto a Boyacá como un objetivo económico rico en recursos naturales a la espera de ser explotados.
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n los últimos años, el aumento de la demanda de materiales y minerales a nivel internacional, ha impulsado el desarrollo de conflictos ambientales a nivel mundial, especialmente en aquellas zonas de fuerte presencia de materias primas como India, el sur de África y Latinoamérica. Según el Atlas de Justicia Ambiental1, un proyecto que busca evidenciar los diferentes conflictos ambientales alrededor del mundo, Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial y el primer en Latinoamérica con un total de 72 conflictos. Esta posición ubica al país en la cima, sin embargo, no incluye un gran número de conflictos por falta de atención mediática, entre ellos los que se vienen presentando en el departamento de Boyacá. En el imaginario colombiano, este departamento tiende a asociarse con cultivos de alimentos, producción lechera y diversidad de ecosistemas. Frente a este panorama, hablar de proyectos minero energéticos en Boyacá pudiera parecer un asunto nuevo; sin embargo, está ocurriendo es una expansión y profundización de un modelo económico, que se vivía en determinadas zonas y que data de varias décadas atrás.
En la foto Vereda Cruz de Murcia en Paipa, Boyacá, donde distintas multinacionales tienen concesiones para explotación de puzolana, material utilizado para la construcción.
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¿Un destino minero energético para Boyacá? En los últimos tres periodos presidenciales, el sector minero energético a nivel nacional fue privilegiado y profundizado por los gobiernos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, a través de instrumentos legales como los Planes Nacionales de Desarrollo, la flexibilización del régimen de licencias ambientales, la reorganización institucional con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional Minera, entre muchos otros. Esta legislación, con condiciones favorables para la inversión extranjera, así como las estrategias de promoción de Colombia como país minero energético2, ha puesto a Boyacá como un objetivo económico rico en recursos naturales a la espera de ser explotados. Son tan estratégicos sus recursos mineros para
Del 50% de los páramos mundiales, que se encuentran en Colombia, el 18.3% de ellos están ubicados en el departamento de Boyacá, así como el 22% de las lagunas del país de las cuales se nutren pequeños ríos y quebradas que surten de agua a muchos municipios de éste y otros departamentos.
el gobierno nacional, que de 23 Distritos Mineros delimitados en el país, uno se encuentra en su totalidad en Boyacá (distrito Paz del Río) y dos los comparte con Cundinamarca (distritos Muzo y Chivor). Cabe resaltar que Boyacá es el cuarto departamento con mayor pro-
ducción de carbón (después de Cesar, La Guajira y Cundinamarca) y el quinto en reservas3. Sumado a lo anterior, Boyacá es reconocido como una despensa agrícola fundamental para el país y una región con una riqueza hídrica de gran importancia local y nacional. De 2.318.900 hectáreas de superficie, destina 1.200.640 para actividades pecuarias y 112.346 para actividades agrícolas. El 67% de las hectáreas agrícolas son para cultivos transitorios o barbechos, gracias a lo cual, es líder nacional en la producción de arveja, cebada, tomate, cebolla bulbo y cebolla rama, frijol haba, maíz amarillo, papa, trigo, tabaco, zanahoria, hortalizas de raíz, curuba, lulo, tomate de árbol, leche, ovinos y conejos4. Según el Informe de Desarrollo Humano de 2011 del PNUD, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca aportan el 41% de la producción total agropecuaria del país.
Mapa del departamento de Boyacá con solicitudes, títulos mineros y bloques petroleros
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Boyacá ha sido tradicionalmente un territorio agrícola. Es líder nacional en la producción de arveja, cebada, lulo, tomate de árbol, leche, ovinos y conejos, entre otros.
Para diversas organizaciones de la sociedad civil ha sido imposible conseguir esa información pública, pues Corpoboyacá se ha negado a entregarla bajo el pretexto, al parecer generalizado en las diferentes CAR del país, que se trata de información reservada al contener derechos de propiedad industrial
La fertilidad de los suelos boyacenses se debe en gran medida a la riqueza hídrica del departamento. Del 50% de los páramos mundiales, que se encuentran en Colombia, el 18.3% de ellos están ubicados en el departamento de Boyacá, así como el 22% de las lagunas del país de las cuales se nutren pequeños ríos y quebradas que surten de agua a muchos municipios de éste y otros departamentos5. www.cinep.org.co
Esta vocación agrícola y riqueza hídrica se encuentran en una fuerte tensión con los títulos mineros y los bloques petroleros constituidos sobre suelo boyacense (ver mapa). Desde hace más de cincuenta años, la industria minera llegó para transformar la forma de vida y el tejido social boyacense con los grandes proyectos de Acerías Paz del Río. En 1948, esta empresa comenzó a explotar hierro y carbón en los municipios de Sogamoso y Paz del Río, acompañada por la llegada de las cementeras Argos y Cemex para la extracción de materiales de construcción y puzolana en zonas rurales de Paipa. Hasta hace diez años, estas tres empresas junto con las cementeras y areneras artesanales comprendían la mayor parte del mercado de materiales de construcción del departamento. Desde sus inicios, sus implicaciones a nivel social y ambiental lograron transformar el ambiente de tal manera que el valle de Sugamuxi es considerado actualmente como una de las zonas más contaminadas del país.
Proyectos minero energéticos y movilización social: el caso de la provincia de Sugamuxi La Provincia de Sugamuxi comprende 13 municipios del centro oriente del departamento de Boyacá, que en total tienen una población aproximada de 200.000 personas, la mayoría de las cuales vive en su capital, el municipio de Sogamoso. En medio del ruido generado por las movilizaciones agrarias de agosto del 2013, debido a las dinámicas de libre comercio y del auge de proyectos extractivos, diferentes organizaciones de boyacenses6 vienen construyendo procesos de defensa del territorio, como es el caso del Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi. El Colectivo nació a raíz de la exploración sísmica adelantada por la empresa petrolera francesa Maurel & Prom (Bloque MNorte con una extensión de 236.792 hectáreas) y de las constantes fallas y afectaciones de la explotación
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Los boyacenses están preocupados por su territorio. Iniciativas como el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi trabajan por visibilizar y sensibilizar a la comunidad sobre los impactos negativos que los proyectos minero-energéticos están provocando en Boyacá.
Es de resaltar que la mayoría de instituciones públicas han evadido su responsabilidad ante el crecimiento exponencial e inconsulto de proyectos extractivos en Boyacá. Por ejemplo, algunas entidades del Sistema Nacional Ambiental limitan el derecho al acceso a la información pública y otorgan licencias y permisos para las empresas sin la debida socialización y participación de quienes se van a ver afectados
de la empresa Omega Energy en el municipio de Corrales (Bloque Buenavista con 8.046 hectáreas). Jóvenes, adultos, mujeres, hombres, estudiantes y profesionales se unieron para estudiar a fondo los proyectos extractivos en su territorio7. Desde entonces se han dedicado a revisar los Estudios de Impacto Ambiental presentados por las empresas, alertar a las comunidades sobre los impactos presentes y futuros, entablar diálogo con instituciones públicas y ONG, así como interponer acciones jurídicas para la defensa de la Provincia, su agua y sus economías locales. Incluso, lograron convocar dos audiencias de gran repercusión8.
Sobre la minería, un caso que subrepticiamente se abre camino por la Provincia y sus bosques alto andinos, es el proyecto que adelanta la empresa Carbones de los Andes S.A. que posee tres títulos de más de 2.000 hectáreas en donde se encuentra extrayendo carbón. A pesar de las gestiones realizadas para conseguir información sobre el Estudio de Impacto Ambiental y documentos relacionados presentados por esta empresa, para diversas organizaciones de la sociedad civil ha sido imposible conseguir esa información pública, pues Corpoboyacá se ha negado a entregarla bajo el pretexto, al parecer generalizado en las diferentes CAR del país, que se
Tabla. Principales títulos mineros y bloques petroleros ubicados en la Provincia de Sugamuxi Producto
Título
Área (hectáreas)
Titular
Licencia Ambiental
Estado del proyecto
Municipios
M-Norte
Petróleo
209
236792
Maurel & Prom S.A
Resolución 2000 del 16 de octubre de 2009. Resolución 553 del 26 de marzo de 2010
Exploración
Pesca, Tota, Cuntiva, Firaritoya
Buenavista
Petróleo
15
8046
Unión Temporal Omega Energy
Resolución 1156/2007
Producción
Nobsa, Floresta, Corrales, Tópaga, Gámeza, Sogamoso, Monguí y Mongua
COR-15
Petróleo
335
119356
Maurel & Prom. S.A.
...
Por empezar exploración
Nobsa, Floresta, Corrales, Tópaga
HOLCIM
Puzolana
684-15
3748
Holcim. Colombia S.A.
M-074/97, 740 de 9 octubre/98
Producción
Iza, Nobsa, Pesca
Carbón
229-15, GCF - 101 y GCF 153
2034
Carbones de los Andes S.A.
Resolución No.2940 del 26 de octubre de 2010
Minería anticipada
Rondón
Proyecto
Carboandes
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trata de información reservada al contener derechos de propiedad industrial9.
Desconocimiento vs. Gran potencial de movilización
Fracking, la nueva amenaza
En primer lugar, es evidente que este tipo de conflictos que vive Boyacá no son ampliamente conocidos en el país. Al respecto, apenas se han registrado breves notas periodísticas sobre petróleo en la Laguna de Tota y protestas aisladas contra la minería de carbón. Este desconocimiento es una situación que se replica en otros espacios como la esfera política local y nacional pues ningún congresista ni representante a la cámara del departamento electo el pasado 9 de marzo, incluyó dentro de sus propuestas estas discusiones. Por el contrario aquellos que se han acercado al tema se han concentrado en el tema empresarial y de actividades económicas relacionadas con la minería, como el Representante Cristóbal Rodríguez Hernández del partido de la U que apoya la construcción del tren del Carare,
Teniendo en cuenta que la mayoría de proyectos están en las primeras fases de exploración, Boyacá tiene un gran potencial en cuanto a movilización ciudadana por la defensa de los territorios y del agua que puede ser un ejemplo a nivel nacional y un apoyo para otros colectivos y asociaciones civiles que en diferentes regiones del país, estén haciéndole frente a los proyectos extractivos con gran impacto negativo a nivel ambiental y social
Foto CINEP/PPP
Municipios del departamento como Garagoa, Macanal10, Simijaca, Ubate, Susa y Buenavista11, enfrentan la amenaza contra sus aguas que supone la explotación de hidrocarburos no convencionales por parte de la empresa estatal china CNOOC, a través del método conocido como “fracking”. Consiste en la fracturación de las rocas bombardeando agua y químicos a presión para la instauración de unos ductos desde donde sale el hidrocarburo. Evidentemente, la fracturación, así como la extracción, requieren gigantescas cantidades de agua y sustancias tóxicas, con un potencial alto de filtrar dichas mezclas en los aljibes y aguas subterráneas de las que dependen miles de personas12.
Boyacá es reconocido como una región con gran riqueza hídrica. En la foto aguas termales en Paipa, Boyacá. Según la comunidad la explotación de puzolana ha generado un cambio en la temperatura del agua.
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medio de transporte necesario para exportar el carbón extraído en la región. Así mismo, otro de los electos para la Cámara de Representantes, Ciro Alejandro Ramírez del Centro Democrático, es precisamente un abogado con especialidad en el tema minero. De igual manera, es de resaltar que la mayoría de instituciones públicas han evadido su responsabilidad ante el crecimiento exponencial e inconsulto de proyectos extractivos en Boyacá. Por ejemplo, algunas entidades del Sistema Nacional Ambiental limitan el derecho al acceso a la información pública y otorgan licencias y permisos para las empresas sin la debida socialización y
participación de quienes se van a ver afectados. No obstante, frente a esta compleja situación, es de suma relevancia la experiencia que queda en evidencia a raíz de los ejercicios como los que ha llevado a cabo el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, fortaleciendo espacios de articulación entre las organizaciones del departamento. Teniendo en cuenta que la mayoría de proyectos están en las primeras fases de exploración, Boyacá tiene un gran potencial en cuanto a movilización ciudadana por la defensa de los territorios y del agua que puede ser un ejemplo a nivel nacional y un apoyo para otros colectivos y asociaciones civi-
les que en diferentes regiones del país, estén haciéndole frente a los proyectos extractivos con gran impacto negativo a nivel ambiental y social, como La Colosa en el Tolima, Angostura en Santurbán y Odisea 3D en Tauramena. Por último, a pesar de ciertas divergencias sobre las reivindicaciones por parte del movimiento agrario y los grupos ambientalistas, hay objetivos en común como la defensa del territorio ante la presencia de empresas transnacionales o la precariedad en la tenencia de la tierra, por lo que es necesario un diálogo entre ambos sectores.
* Juan Sebastian Anaya Aldana Investigador CINEP/Programa por la Paz. Equipo Tierras y Derecho al territorio
** Eugenia Echeverri Estudiante de antropología de la Pontificia Universidad Javeriana. Practicante I semestre de 2014 del Equipo Tierras y Derecho al Territorio del CINEP/Programa por la Paz.
Referencias Enviromental Justice Atlas. Disponible en: http://ejatlas.org/ 2 La Ronda Colombia 2014 (que incluye la oferta de bloques de hidrocarburos no convencionales), el establecimiento de las Áreas Estratégicas Mineras y de los Distritos Mineros. 3 Sistema de Información Minero Colombiano. 4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Encuesta Nacional Agropecuaria. 2011. 5 Caracol noticias (2009). “En peligro los páramos de Boyacá” [en línea] Disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/ecologia/ en-peligro-los-paramos-de-boyaca/20090529/ nota/820439.aspx. Ver también: IDEAM. “El medio ambiente en Colombia. El Agua”. [en línea] Disponible en: https://documentacion. ideam.gov.co/openbiblio/Bvirtual/000001/ cap4.pdf 1
Algunas organizaciones son la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, el Colectivo Páramo de Ocetá, ASONALCA Boyacá, Colectivo Basta Ya de Sogamoso, Colectivo Ambiental por el Desarrollo Sostenible de Tinjacá, entre muchas otras. 7 Colectivo por la protección de la provincia de Sogamuxi. (2012) “Denuncia pública sobre Maurel & Prom y la Compañía Geofísica Latinoamericana” [En línea] disponible en: https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/exploracion-sismica/denuncia-publica 8 La primera tuvo lugar en el Congreso de la República el 12 de Marzo de 2013 y la segunda fue realizada en Tunja en julio de 2013. En ambas, cientos de boyacenses expresaron su rechazo a los proyectos mineros y energéticos en cuestión. 6
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Según respuesta de Corpoboyacá a un derecho de petición radicado con el número 11801 e interpuesto el 26 de septiembre de 2013. 10 Alcaldía de Garagoa (2013). “Alarma ambiental temprana por explotación de gas natural en Garagoa mediante la técnica de Fracking o Fracturamiento Hidráulico” [En línea] Disponible en: http://www.garagoa-boyaca.gov.co/ noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=2006713 11 Roa Avendaño, T. (2013). “Los hidrocarburos no convencionales (Fracking). Un crudo panorama” [en línea]. Disponible en: http:// entrerioslibredefrackingchajari.blogspot. com/2013/07/los-hidrocarburos-no-convencionales.html 12 RTVE.es “Fracking, la fiebre del gas” [En línea] Disponible en: http://lab.rtve.es/fracking/ 9
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Venezuela, la frontera y las manifestaciones. Por Marco Andrés Acosta V.*
Cuando el vecino hace mucho ruido, inquieta al vecindario. Las siguientes notas quieren aproximar al lector a la crisis que vive Venezuela. Se indican algunos antecedentes, las manifestaciones, el papel de la comunidad internacional y de los medios de comunicación, el impacto en la frontera y las implicaciones para el lado colombiano, y las perspectivas que se pueden vislumbrar. Antecedentes
L
os antecedentes más inmediatos refieren a la grave situación económica de Venezuela y los intentos del presidente Maduro para enfrentar lo que llamó “guerra económica”, a través de la aprobación de una Ley Habilitante con la que se intentaba superar el preocupante déficit fiscal, el creciente gasto público y una inflación del 54.3%1. También están las tensiones electorales. Las elecciones municipales de diciembre 2013 le permitieron a Maduro reclamar victoria sobre la oposición2 y restaurar, en parte, el estrecho margen político del 1.4% por el que ganó las elecciones presidenciales del 14 de abril anterior, que la oposición impugnó y denunció ante la OEA. Se suman a ello, los alarmantes niveles de violencia3 que han volcado la agenda al esfuerzo por un plan de pacificación para el país.
titución nos propone varios caminos: la renuncia, la enmienda, el revocatorio y la constituyente”5. Reconocidos expertos de opinión se preguntaron pocos días después “si es la hora de los radicales (…) o es más importante y eficaz tratar de que el gobierno cambie (…) antes que tratar de cambiar de gobierno”6. A pesar del alto nivel de legitimidad que recibió la convocatoria por la irrupción del nuevo sector estudiantil, el gobierno insistió en señalar las movilizaciones como un “golpe de estado” del cual debía defenderse con los medios que la legalidad le otorga y, por ende, encontrar al culpable de dicho despropósito. La orden de captura contra Leopoldo López, reconocido líder opositor de Voluntad Popular de la Mesa de Unidad
Democrática, su acto de entrega a la justicia, la detención de nuevos participantes y en especial la muerte de manifestantes (a casi dos meses son ya 35 fallecidos), se sumaron a los motivos iniciales de inconformidad por los crecientes desabastecimientos de alimentos, medicinas y otros bienes y servicios básicos. Al tiempo, las movilizaciones se extendieron a la zona de frontera con Colombia. La reacción del gobierno emprendió nuevos niveles de intervención en Caracas y se amplió al resto del país. En un nuevo intento por disolver la tenacidad de las movilizaciones, el gobierno decretó como festivos los últimos dos días laborales de febrero -invocando los 25 años del ‘caracazo’- para conectarlos con los carnavales nacionales del
Las manifestaciones Ante la crisis del país, líderes de la oposición4 convocaron a una gran movilización el 12 de febrero con ocasión del Día de la Juventud: “es hora de movilizarnos (…) estar en la calle acompañando a los jóvenes (…) iniciando una etapa para buscar la salida(…) La conswww.cinep.org.co
Maduro y Capriles se dan la mano. Las tensiones entre oficialismo y oposición son evidentes.
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1 al 4 de marzo y con la conmemoración del primer aniversario de la muerte del comandante Chávez el 5 de marzo. No obstante, las movilizaciones lograron resistir, las de Caracas enarbolaron nuevas marchas estudiantiles y las de San Cristóbal continuaron. Los llamados a la Conferencia Nacional de Paz fueron condicionados por la oposición a la investigación de violaciones a los derechos humanos y la liberación de presos políticos.
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Los acontecimientos por los que atraviesa Venezuela pueden tener un efecto desestimulante en los diálogos de paz que el gobierno colombiano y la insurgencia de las Farc-Ep adelantan en La Habana (Cuba), en particular para estas últimas pues de tiempo atrás es conocido que el ideario de la ‘revolución bolivariana’ ha jugado a favor de su decisión de negociar y mantenerse en la negociación.
Los medios y el papel de la comunidad internacional se visibilizaron las movilizaciones, aún con el riesgo de ofrecer información sin mayor contexto. Los países de la región y la comunidad de naciones no han sido indiferentes pero su papel ha sido interpretado como “intervención en asuntos internos”. Mientras Ecuador y Argentina han expresado su respaldo al presidente Maduro, el presidente Santos de Colombia fue criticado por su invitación a emprender diálogos para enfrentar la crisis. Naciones Unidas, por su parte, apenas reaccionó ante “el compromiso que el canciller venezolano Elías Jagua mani-
Impacto en la frontera San Cristóbal, junto con Maracaibo, Mérida y San Fernando de Apure,
Foto Torsten Bangerter
Los medios han sido para el gobierno un continuo ‘‘frente de batalla’’, el cierre o compra de los mismos y la destitución de directivos fueron un acicate más para las movilizaciones7. Fue suspendida la señal del canal colombiano NTN24 con el pretexto de que difundía propaganda de guerra y a cuatro periodistas de CNN –entre ellos la colombiana Patricia Janiot- les fueron suspendidos sus permisos “por no rectificar el cubrimiento” de las movilizaciones. Mención especial debe hacerse al uso que los ciudadanos han hecho de las redes sociales a través de las cuales
festó por el diálogo de paz”8. La OEA rechazó la propuesta de convocar a los cancilleres para tratar la situación venezolana y atender las demandas de las manifestaciones en Washington que pedían aplicar la Carta Democrática Interamericana y denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela”9. A un mes de las movilizaciones la cumbre Unasur definió una visita de sus cancilleres a Venezuela cuyo mayor logro fue haber escuchado los reclamos de diversos sectores, incluidos los estudiantes, además del propio gobierno. Vale la pena señalar en este momento que los acontecimientos por los que atraviesa Venezuela pueden tener un efecto desestimulante en los diálogos de paz que el Gobierno colombiano y la insurgencia de las Farc-Ep adelantan en La Habana (Cuba), en particular para estas últimas pues de tiempo atrás es conocido que el ideario de la ‘revolución bolivariana’ ha jugado a favor de su decisión de negociar y mantenerse en la negociación.
Cucuteños y venezolanos marchan. El territorio de frontera está siendo duramente controlado por la guardia venezolana. No. 81 | Marzo - Mayo 2014
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capitales de los estados fronterizos de El Zulia, Mérida, Táchira y Apure, respectivamente, se sumaron el 2 de febrero a la convocatoria para la movilización del Día de la Juventud. Cuatro días más tarde, estudiantes de San Cristóbal protestaron para exigir la liberación de sus compañeros en otra manifestación (contra el intento de violación de una universitaria en las instalaciones de la Universidad de los Andes -ULA-). En el fervor inicial algunos no dudaron en señalar la movilización estudiantil como gesta de “los gochos”10 del Táchira. Con la entrega a la justicia de Leopoldo López en Caracas, el nivel de inconformidad social se extendió a buena parte del país y a la zona de frontera. El estado Táchira se convirtió en el nuevo escenario de las movilizaciones. AdeLos medios de comunicación han sido utilizados como ‘frente de batalla’. La ausencia de papel provocó que varios diarios impresos dejasen de circular. más de las “guarimbas” (bloqueos de vías) y los enfrentamientos, San Cristóbal ha estado paralizado en buena parte de su funcionamiento: cierre de colegios señalamientos de gobierno y oposición: lias en Cúcuta y el área metropolitana. y universidades, escaso transporte púlos ‘Tupamaros o Colectivos’ son seña- El estricto control de la guardia venezoblico, bancos y comercio apenas abren lados como paramilitares del Gobier- lana prohíbe el paso a Cúcuta de bienes unas pocas horas al día11, y las noches no venezolano, y ante la reconocida básicos de la canasta familiar como mepresencia de bandas criminales de los dida para frenar el desabastecimiento se convirtieron en escenario para la ac‘Urabeños’ y ’Rastrojos’ colombianos, de las poblaciones venezolanas de San ción de los “tupamaros”12 en poblaciorepresentantes del Antonio y Ureña. nes como Ureña y San gobierno señalan al Reportes de integrantes de la Escuela Antonio del Táchira. ex presidente Uribe de Paz y Convivencia Ciudadana14 han La decisión del como responsable de señalado una reducción estimada del presidente Maduro de militarizar el Estado La decisión del presidente esta presencia para- 40% en la movilización habitual en el Táchira incluyó so- Maduro de militarizar el Estado militar en la frontera. paso fronterizo de Paraguachón en La Por lo que al lado Guajira colombiana y una afectación brevuelos de aviones Táchira incluyó sobrevuelos de en San Cristóbal con aviones en San Cristóbal con ca- colombiano se refiere, de la situación alimentaria de las comucarácter intimidante, rácter intimidante, pero ello no la ciudad de Cúcu- nidades Wayuu de la Alta Guajira, así ta inició el 2014 con como en servicios de salud y educación. pero ello no amilanó amilanó las movilizaciones. malos augurios para También hay reportes de una consideralas movilizaciones. El su economía, pues al ble disminución en los pasos fronterizos propio gobernador de eliminarse en el lado de Arauca y Saravena ante la incertitendencia chavista, venezolano la tasa de dumbre de la situación venezolana. Vielma Mora, reaccio6.3 bolívares por dólar para viajeros, se nó contra esta inusitada movilización agravó el comercio de la ciudad, afecta- Perspectivas militar: “estoy en contra de tratar una do de tiempo atrás por la devaluación manifestación con violencia (…) No del bolívar. Para el mes de febrero se estoy de acuerdo con mantener preso Estudiantes, oposición y Gobierno se dieron marchas hasta el puente interna- juegan, literalmente, la vida en una para Leopoldo López (…) no soy parte del cional Simón Bolívar en apoyo a las pro- tida de ajedrez cuyo desenlace depende régimen, fui electo por los ciudadanos testas contra el gobierno de Venezuela. de cómo muevan las fichas: de Táchira”13. La detención y condena Días después ‘pimpineros’ bloquearon Los estudiantes seguirán, al menos del alcalde opositor de San Cristóbal, la entrada a Ureña y San Antonio con- una buena parte, en las manifestacioDaniel Ceballos, volvió a exacerbar las tra la decisión del alcalde de Cúcuta por nes, pero no será suficiente dejar de manifestaciones. ejercer control a la venta de gasolina ile- responder a las agresiones recibidas. Un factor que ha atizado la efervesgal de la cual viven más de 13.000 fami- La creatividad y afianzar el carácter cencia de la frontera son los mutuos www.cinep.org.co
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A los motivos iniciales de las manifestaciones se sumaron las demandas por la muerte de manifestantes. A casi dos meses son ya 35 los fallecidos.
pacífico de su manifestación son su principal desafío para conservar su legitimidad, si no quieren sucumbir a las pujas políticas de la oposición y del gobierno. La oposición juega su suerte en el desafío por configurar un proyecto político incluyente de nación, que pasa obligadamente por resolver la tensión interna de cambio de gobierno (‘la salida’) o cambios en el gobierno para enfrentar la crisis del país; y con ello
concretizar y hacer operativa su determinación de diálogo. El chavismo puede estar cavando su propia tumba si no lleva a cabo las duras medidas económicas que necesita el país y si no da muestra de una auténtica voluntad de paz, respeto a los derechos humanos15 y de diálogo, que por ahora no resulta creíble para un sector relevante de la oposición. Una sociedad que hasta ahora había tramitado sus conflictos por el voto, tie-
ne ahora muertos políticos y un escalamiento de la confrontación que incorpora grupos civiles armados, ¿podría acaso terminar en una guerra civil? La pregunta no es del todo descabellada cuando hay tanto ruido en el vecindario.
* Marco Andres Acosta. Investigador CINEP/Programa por la Paz. Equipo Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana.
Notas http://www.latercera.com/noticia/ mundo/2013/11/678-551883-9-gobierno-venezolano-fijara-margen-de-ganancias-comercialesde-hasta-un-30.shtml. 2 Consejo Nacional Electoral de Venezuela señala que la oposición ganó 76 alcaldías (22.69%) con 4.435.097 votos, el PSUV y sus aliados 256 (76.42%) con 5.111.336 votos, y otras organizaciones políticas el 8.03%; en http://www.eleccionesvenezuela.com/resultados-eleccionesvenezuela.php 3 Cifras oficiales refieren que la tasa de homicidios en Venezuela se ubica en 39 por cada 100.000 habitantes. La ONG Observatorio Venezolano de Violencia la estima en 79 por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del mundo, y calculó más de 24.000 muertes para 2013 - http://www.lanacion.com.co/index.php/ internacional/item/230307-maduro-presentoplan-de-pacificacion-para-reducir-violencia-envenezuela 4 Antonio Ledesma, alcalde del Chacao de Caracas, Leopoldo López líder de Voluntad Popular y María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional. 1
El Nacional, 2 de febrero de 2014 http://www. lanacion.com.ve/nacional/oposicion-convocauna-marcha-para-el-12-de-febrero. 6 http://prodavinci.com/2014/02/06/actualidad/ es-la-hora-de-los-radicales-por-luis-vicente-leon/ 7 http://www.infobae.com/2013/11/20/1525127venezuela-despidieron-al-directordel-diario-el-mundo-criticar-al-gobierno. Lugo fue despedido horas después de ser publicado el titular de primera plana “Rebajas llegan a las reservas del Banco Central”, en un juego de palabras respecto de cómo las rebajas para responder al desabastecimiento, afectaban al Banco Central. 8 http://www.aporrea.org/venezuelaexterior/ n246307.html 9 http://informe21.com/elias-jaua – entrevista con Telesur, marzo 7 de 2014. 10 En referencia al carácter emprendedor y pujante que caracteriza a los habitantes del Táchira, varios presidentes de Venezuela son oriundos de esta región. 11 Reportes de integrantes de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana de San Cristóbal, Rubio y Ciudad Sucre. 5
Civiles armados de tendencia favorable al gobierno venezolano 13 http://www.infobae. com/2014/02/24/1545854-venezuela-gobernador-chavista-pide-la-liberacion-leopoldolopez-y-el-fin-la-represion 14 La Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana despliega en la frontera colombo venezolana procesos de formación política y ciudadana, con carácter de diplomado avalado por el Instituto PENSAR de la Universidad Javeriana de Bogotá, en asocio con organizaciones eclesiales, educativas y sociales, y la Red Paz en Fronteras de Venezuela. 15 “siempre se ha reconocido que (Chávez) no utilizó la violencia y las balas contra sus adversarios, como lo argumenta Enrique Krauze en su magnífica biografía del comandante. Sin embargo, durante los sucesos de las últimas cuatro semanas, el régimen de Maduro cruzó una raya que Chávez jamás se atrevió a traspasar”, Santiago Montenegro, El espectador, 9 marzo 2014. 12
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Bogotá.
¿Cómo se gobierna y para quién se gobierna en Bogotá?
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Por: Arlen Amanda Chinchilla Cogollo* Juan Carlos Merchán Zuleta**
Sobre la destitución de Gustavo Petro, la falacia jurídica de desconocimiento de los DD.HH. y el poder negociado de Juan Manuel Santos en la capital. Este artículo contiene un análisis de la tensión entre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el presidente, Juan Manuel Santos, en el marco del fallo administrativo de destitución por parte de la Procuraduría, en el contexto electoral de 2014.
L
a Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, para proteger sus derechos políticos vulnerados por el fallo de destitución de la Procuraduría General de la Nación en diciembre de 2013, medidas en marzo de este año que no fueron aceptadas por parte de la Presidencia de Colombia por ser consideradas solicitudes no vinculantes. No obstante, un mes después esta posición fue contradicha por un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó al Estado colombiano respetar las medidas de la Comisión. Este fallo fue obedecido por el presidente Santos, permitiendo a Petro volver al Palacio Liévano; sin embargo, dos días después anunció que el gobierno impugnaría el fallo con la intención de que las decisiones del ejecutivo no queden en “tela de juicio” por contradecirse con la destitución, lo cual reactiva el debate sobre el desacato de las medidas cautelares de la CIDH. Este artículo toma como punto de partida esta postura y la enfrenta con lo dispuesto por el bloque de constitucionalidad. Luego ubica dicha decisión del presidente Santos en el interior de sus intereses electorales de reelección y finaliza con una reflexión
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y cuestionamiento sobre la gobernabilidad de Bogotá en esta coyuntura. A continuación se explicará, en primer lugar, por qué las razones del Presidente para no acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, que salvaguardaban los derechos políticos de Petro, son inválidas. En segundo lugar, se expondrán algunas razones que están detrás de la destitución, así como el carácter amenazador de estas para la democracia en Colombia, dentro del panorama de las próximas elecciones presidenciales.
Medidas Cautelares de la CIDH y Bloque de Constitucionalidad
El 18 de marzo de 2014 la CIDH solicitó al Estado colombiano adoptar medidas cautelares para proteger los derechos políticos de Gustavo Petro. Esto lo hizo basada en el artículo 23.1.b de la Convención Americana de Derechos Humanos -CADH-, que protege el derecho de votar y ser elegido, y el artículo 25 de su reglamento, que permite a este organismo, por iniciativa propia o a petición, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares si se cumplen los requisitos de gravedad de la situación, urgencia de la situación y daño irreparable (Art. 25.2). La CIDH explicó cómo en el caso Petro se cumplen dichos requisitos: con respecto a la gravedad de la situación, porque una autoridad administrativa
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Bogotá.
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fueren necesarias para hacer efectivos la CIDH son de obligatorio cumplimientales derechos y libertades”. Entre estos to, entre ellas las T-078/13; T-558/03; están no solo el derecho a la vida y a T-786/03; T-524/05. En esta última, por la integridad, sino también los derechos ejemplo, señala que: Las medidas cautelares decretadas políticos, como lo especifica el artículo por la CIDH tienen carácter vinculan23 de la CADH. Posteriormente, según la interpreta- te en el ordenamiento jurídico interno. ción de la Corte Constitucional en el año Dicha vinculatoriedad se desprende de 2000, sobre el artículo 93, inciso 2, de las siguientes premisas: (i) Colombia la Constitución de 1991, esta incorpora hace parte de la Organización de Estatodos los tratados de DD.HH. ratificados dos Americanos y es Estado Parte en la por Colombia en el bloque de constitu- CADH (aprobada por la ley 16 de 1972 y ratificada el 31 de julio cionalidad. Además, de 1973). (ii) La Convenestablece que los dereción en tanto tratado de chos y deberes consagrados en la Carta, se El Presidente se encuen- DD.HH., está incorporado interpretarán de con- tra preso de sus clientelas y, al ordenamiento interno formidad con los tra- por ello, ha terminado des- y hace parte del bloque tados internacionales obedeciendo la instituciona- de constitucionalidad, de ratificados por Colom- lidad que él había prometi- conformidad con el artículo 93 Superior, inciso 1. bia. Por ello, no hay do defender. (iii) En virtud de los princontradicción entre cipios generales del Derela norma interna y la cho Internacional Públisubsidiaria de DD.HH., todo es parte del orden interno, por lo co, las medidas cautelares se incorporan cual sería impertinente apelar a la idea de manera automática al ordenamiento de defensa de la soberanía nacional, jurídico interno. (iv) Según lo estipulacomo lo hizo la canciller María Ángela do por los artículos 1 y 2 de la CADH, Holguín en alocución oficial del 18 de los Estados Partes asumen el compromimarzo: “No podemos permitir que un so de ‘‘respetar los derechos y libertatribunal internacional que es subsidia- des reconocidos en ella y a garantizar su rio y complementario al procedimiento libre y pleno ejercicio’’ a toda persona jurídico interno, venga a tomar decisio- sujeta a su jurisdicción, así como adopnes y a solicitar que tomemos decisio- tar las medidas legislativas o de otro nes cuando la justicia colombiana ha carácter necesarias para hacer efectivos tales derechos (CC, Sentencia T-524/05 funcionado”. Así mismo, la Corte Constitucional ha MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto). Finalmente, frente al argumento del admitido en diferentes sentencias que las medidas cautelares solicitadas por no agotamiento de los recursos jurídi-
Foto Arttesano
como la Procuraduría emitió una resolución disciplinaria sin existir una condena penal, cuyo requisito lo establece la CADH en el artículo 23.2. En cuanto a la urgencia, porque la sanción podía materializarse en cualquier momento, generando efectos de manera inmediata. Sobre la irreparabilidad del daño, porque después de la efectiva destitución, una decisión de la CIDH para amparar los derechos de Gustavo Petro no tendría ya efectos, causándole así un daño irreparable al no poder regresar a su cargo, lo cual generaría un perjuicio colateral en los ciudadanos que votaron por él (MC 374/2013, No. 15-18). Sin embargo, el Estado colombiano desconoció las medidas, según el Presidente, por tres razones: la primera, por no ser estas obligatorias o vinculantes; la segunda, porque estas solo protegen el derecho a la vida y a la integridad personal y, la tercera, porque la CIDH se extralimitó pues no se habían agotado todos los recursos internos, y la justicia colombiana había actuado al decidir sobre las tutelas interpuestas en defensa del alcalde. Estas razones resultan incoherentes con la tradición jurídica de cumplimiento demostrada por el Estado colombiano: Primero, en la ley 16 de 1972 el Congreso de Colombia aprobó la CADH o Pacto de San José, firmado en 1969, comprometiéndose según el artículo 2 a “adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que
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Juan Manuel Santos había manifestado públicamente a través de los medios y en privado a Gustavo Petro que respetaría la decisión de la CIDH; sin embargo, el 19 de marzo de 2014 Santos rechazó las medidas cautelares de la CIDH y destituyó al alcalde de Bogotá. No. 81 | Marzo - Mayo 2014
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Bogotá. 30
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Centenares de seguidores del alcalde Gustavo Petro celebraron su restitución, luego de 33 días fuera del cargo.
cos internos, no se puede afirmar que las decisiones judiciales muestren un cumplimiento del debido proceso y, en consecuencia, que se haya hecho justicia, pues en su parte resolutiva se sigue permitiendo que un ente administrativo y no judicial prive de sus derechos políticos a una persona, contrariando la CADH y la Constitución colombiana. Además, la urgencia de la medida cautelar apunta a que la espera del agotamiento de recursos podría conducir a la irreparabilidad del daño, como ha sido explicado anteriormente. Ahora bien, otras tres ideas permiten reconocer la incoherencia del proceder de la presidencia: en primer lugar, ante la justificación dada por la canciller Holguín para no acoger las medidas cautelares porque estas hacen parte del reglamento de la CIDH pero no del Pacto de San José, es preciso recordar que el capítulo VII de la CADH está dedicado a la CIDH y en su artículo 41.b establece como una de sus funciones formular disposiciones y recomendaciones a los Estados miembros “para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones adecuadas para fomentar el debido respeto a esos derechos”. En segundo lugar, al ratificar el Pacto de San José, Colombia se compromete a acoger las disposiciones de la CIDH y, aunque dicho Pacto no mencione las medidas cautelares, estas al tener como uno de sus objetivos gawww.cinep.org.co
rantizar la aplicación de las decisiones de la CIDH tienen que ser también de obligatorio cumplimiento. En tercer lugar, todo esto hace parte del principio de buena fe por el que se rigen los tratados de DD.HH., por ello, al utilizar el término “solicitud”, este debe ser entendido como vinculante, en virtud del principio pacta sunt servanda (los pactos son para cumplirlos) y, por ende, como la obligación de ejecutar de buena fe los tratados, especialmente, los de DD.HH. (Andreu, febrero 2014, p. 23). Ciertamente, es difícil creer que el gobierno de Santos desconozca estos principios jurídicos y la tradición de cumplimiento del país. No parece ni ingenuidad ni mucho menos ineptitud; por el contrario, se evidencia una profunda conciencia de lo que implicaban las disposiciones de la CIDH para sus intereses electorales.
Las razones detrás de las decisiones ¿Por qué si Juan Manuel Santos había manifestado públicamente a través de los medios y en privado a Gustavo Petro que respetaría la decisión de la CIDH, rechazó las medidas cautelares? ¿Por qué las sigue rechazando al impugnar el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó acatar dichas medidas y restituir a Petro? Es importante tener en cuenta que las declaraciones en las que él aceptó haber respondido a los integrantes de la CIDH,
cuando estos le pidieron su opinión, “yo no opino, yo respeto lo que ustedes como Comisión determinen (…)”, ocurrieron en enero del presente año, mes y medio antes de conocerse la nueva configuración del Congreso de la República. En estas elecciones de congresistas, el uribismo se convirtió en la segunda fuerza política de Colombia en el Senado y en la primera en Bogotá tanto del Senado con el 20.27%, como de la Cámara de Representantes con el 17.34%.
Es difícil creer que el gobierno de Santos desconociera estos principios jurídicos y la tradición de cumplimiento del país. No parece ni ingenuidad ni mucho menos ineptitud; por el contrario, se evidencia una profunda conciencia de lo que implicaban las disposiciones de la CIDH para sus intereses electorales.
No es difícil imaginar que esta situación enfrentó a Juan Manuel Santos con su expectativa electoral en la capital del país para mayo próximo. Teniendo en cuenta que los sectores afines a Petro probablemente no sumarían de modo significativo a los intereses electorales del presidente candidato, aún acatando éste las medidas de la CIDH, mientras
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que los sectores opositores al exalcalde quien negó la entrega de los camiones sí lo harían al apoyar Santos la destitu- que la administración distrital reclamación, el cálculo es obvio: respetar las ba como propiedad pública, y es, ademedidas cautelares implicaba apoyar a más, uno de los propietarios del Centro Petro y dar la espalda a los contradic- Único de Procesamiento de Información tores de la Bogotá Humana (principal- Comercial de Aseo (Cupic), la empresa mente el sector empresarial) por lo que que ha facturado el servicio de aseo, neéstos se sentirían estimulados a dismi- gocio que maneja 2.5 billones de pesos nuir el apoyo a la reelección y aumen- en la ciudad y con la que el alcalde tuvo las más agudas contradicciones. tarlo a favor del uribismo. Finalmente, este mismo empresario En consecuencia, el Presidente se encuentra preso de sus clientelas y, por goza de la confianza de Willian Vélez, otro cacao de las basuello, ha terminado desras en diferentes ciudaobedeciendo la institudes de Colombia y socionalidad que él había prometido defender. ¿Cómo y para quién se cio de los primos Nule Consciente de la im- gobierna en Bogotá?, pues, en el contrato de la portancia de ese electo- al parecer, la estabilidad de calle 26, así como de lírado, escogió a Germán un plan de desarrollo y la deres de opinión, dado Vargas Lleras como imagen de un gobernante que Darcy Quinn, su fórmula vicepresiden- están estrechamente ligadas esposa, es periodista de cial. No es un secreto a la capacidad de satisfacer Caracol y hace parte de que el ex ministro de los sectores económicos que la ‘mesa de trabajo’ de Vivienda es un barón dominan en la capital y tie- Darío Arizmendi. Este electoral en la capital. nen el poder de influir en los tinglado de poder ecoPor una parte, está su medios de comunicación que nómico, influencia mediática y poder político, control en el Concejo imponen la opinión. es el que ha llevado a de Bogotá por medio de Gustavo Petro a afirla bancada de Cambio mar que detrás de su Radical, la cual suele aliarse con la U y los conservadores. Por destitución están los poderosos carteles otra, tiene también influencia en líderes de contratistas de Bogotá de los cuales de opinión y cuenta con amistades en Germán Vargas es su líder político (El el sector empresarial. Entre estos se en- Espectador, marzo 23 de 2014). Es muy probable que todas estas racuentran miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio, incluyendo zones influyeran en el incumplimiento a su hermano Enrique Vargas Lleras, y de la promesa de imparcialidad que el el señor Alberto Ríos. Este último, em- Presidente le hizo a Petro, a la CIDH y presario de las basuras en la capital, fue al mismo procurador Ordoñez. Aunque
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La lógica de la clientela contratista redunda en detrimento de los intereses públicos, en la desobediencia a la Constitución y en la negociación de la democracia.
Santos, al firmar la destitución e impugnar el fallo de tutela, quiera mostrar públicamente que su decisión respeta las normas internas del país, ostentando un cierto chauvinismo jurídico, el acatamiento de la sanción administrativa no es un acto de obediencia al fallo del Procurador, sino la garantía de contar con la clientela contratista de Vargas Lleras, para no dejarla disponible a la pesca del uribismo. Es, por tanto, válido preguntarse ¿cómo y para quién se gobierna en Bogotá?, pues, al parecer, la estabilidad de un plan de desarrollo y la imagen de un gobernante están estrechamente ligadas a la capacidad de satisfacer los sectores económicos que dominan en la capital y tienen el poder de influir en los medios de comunicación que imponen la opinión. No se trata siquiera de permitir a la izquierda gobernar o no, sino de si se gobierna o no para las clientelas y grandes contratistas del Distrito. En Bogotá ello implica hoy responder a la pregunta de quién se quedará con los billones que están destinados a contratos para el 2014 y 2015. Ciertamente, los gobiernos de izquierda que gobernaron a Bogotá en los periodos anteriores, se adaptaron mejor a los pactos con los contratistas tradicionales, pero la última administración chocó con ellos en agresiva contradicción. La lógica de la clientela contratista redunda en detrimento de los intereses públicos, en la desobediencia a la Constitución y en la negociación de la democracia, en especial, cuando el presidente candidato entrega su libertad a beneficio de la clientela económica y política de su fórmula vicepresidencial. No. 81 | Marzo - Mayo 2014
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*Arlen Amanda Chinchilla Cogollo **Juan Carlos Merchán Zuleta Investigadores CINEP/Programa por la Paz. Equipo Ciudadanías y Desarrollo.
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¿Un Congreso para la paz?
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Por Víctor Barrera*
Lo que muchos han visto como un escenario desfavorable para la democracia y la paz en Colombia, puede ser una oportunidad para la consolidación de apuestas reformistas. Análisis.
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no de los desafíos que deberá enfrentar el congreso 2014-2018 será la aprobación de una serie de reformas y leyes encaminadas a consolidar un escenario de transición política de la guerra a la paz. De llegar a buen puerto los diálogos en La Habana, temas como la refrendación de los acuerdos, el establecimiento de nuevos mecanismos de participación política (v.g. circunscripciones de paz) y las medidas de justicia transicional que este tipo de escenarios demanda serán los temas preponderantes de la agenda legislativa. Sin embargo, de cara a los resultados del domingo 9 de marzo, cabe preguntarse qué perspectivas de cambio se vislumbran ante la nueva composición del Congreso.
¿Renovación = cambio? Como anotó el portal La Silla Vacía, una de las características del nuevo congreso es su poca renovación. De los
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102 senadores elegidos, solo 12 no han sido congresistas ni son herederos de casas políticas. Por su parte, en la Cámara, de los 166 representantes sólo 69 (el 30%) cumplen con estas dos condiciones. Sin embargo, estas cifras no deben llamar a engaños pues la renovación en este tipo de órganos no es un aspecto positivo en sí mismo. Por el contrario, la “sangre nueva” en el Congreso puede representar problemas relacionados con la falta de experiencia de los legisladores y la escasa visibilidad que sus acciones pueden tener ante un electorado cuyas posibilidades de castigar o premiar a sus representantes son nulas si éstos no aspiran en una segunda ocasión. Además, regirse por la lógica del argumento pro-renovación implicaría valorar como un avance democrático el hecho de que el uribismo haya logrado elegir en su mayoría a personas sin experiencia legislativa cuando de lo que realmente se trata es de un conjunto de individuos que por convicción u oportu-
nismo decidieron acompañar al caudillo en su nueva aventura. En este sentido, enfocar las posibilidades de cambio en la persistencia o no de los congresistas no solo sesga el análisis sino que resulta insostenible toda vez que las preferencias de los legisladores no son estáticas y suelen cambiar de acuerdo a las consideraciones estratégicas que hacen del contexto y la correlación de fuerzas en las que se ven obligados a actuar. Piénsese, por ejemplo, en la trayectoria reciente de Roy Barreras que pasó de ser el adalid de la Seguridad Democrática en el Congreso bajo el gobierno de Uribe a ser uno de los principales promotores del Marco Legal para la Paz durante la presidencia de Santos.
La “sangre nueva” en el Congreso puede representar problemas relacionados con la falta de experiencia de los legisladores y la escasa visibilidad que sus acciones
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Los múltiples juegos de alianzas posibles Tal y como están las cosas, ni Uribe ni Santos tienen la capacidad suficiente para determinar los resultados legislativos. En efecto, el uribismo pegó duro pero no tanto como creía (19 curules en Senado y 12 en Cámara). Aun así, logró disminuir las cuotas de poder del partido de la U al interior del Congreso sin afectarlo de manera sustantiva pues todavía constituye la principal fuerza política del país. La U, junto a sus “socios naturales” de la coalición de Gobierno: los partidos Liberal y Cambio Radical, aseguraron 47 y 102 curules en el Senado y la Cámara, respectivamente. Esta situación, que algunos analistas han calificado de “empate técnico”, finalmente termina por beneficiar al partido Conservador pues a pesar de haber perdido curules en ambas cámaras respecto a 2010 (perdió 3 en senado y 9 en Cámara) tiene una posición privilegiada: sus 19 senadores y 27 representantes le otorgan poder de chantaje frente al ejecutivo y capacidad para consolidar o destruir coaliciones al interior de un legislativo dividido. Sin embargo, resulta difícil pensar que en una situación tan favorable, los azules estén dispuestos a renunciar a las dádivas burocráticas que, junto a las simpatías que todavía despiertan en las regiones más rurales del país, le han garantizado su supervivencia política. Ahora bien, la pregunta es hasta qué punto este desequilibrio inducido por la llegada del uribismo al Congreso puede afectar el trámite de las reformas que requiere la transición en el país. Aunque la respuesta tiene tanto de largo como de ancho, se pueden identificar al menos tres efectos positivos potenciales que considero no deben pasarse por alto.
Potencial de cambio En primer lugar, la redefinición de fuerzas al interior del Congreso es un paso importante hacia la “institucionalización” de una división que si bien en un principio se tornó coyuntural puede convertirse en un rasgo estructural de
El nuevo Congreso tendrá el reto de aprobar una serie de reformas y leyes encaminadas a consolidar el escenario de la paz.
Por último, y en tercer lugar, tener a nuestro sistema político; en un entorno competitivo, esto podría generar mayor Álvaro Uribe y a sus acólitos en el Conclaridad en las preferencias de los legis- greso implica que sus esfuerzos por saladores alrededor del tema de la paz. En botear el actual proceso de paz no sólo tal sentido, el triunfo uribista puede ha- sean canalizados por las instituciones del sistema político sino ber tenido un efecto que el juego sucio al cual positivo en la coalinos tiene acostumbrados ción de gobierno toda le represente mayores vez que su relativo debilitamiento puede La oposición de Uribe en el costos: se encuentra en interpretarse como Congreso obligará a Santos a un escenario donde las una “depuración” in- superar la naturaleza dubita- negociaciones de La Haterna que finalmente tiva tan propia de su estilo de bana adquieren mayor legitimidad en el concierminimiza los riesgos gobierno. to internacional y en el de fuego amigo al inque su nueva investiduterior de sus filas y, ra difícilmente le puede por esta vía, abarata reportar los mismos beneficios que le los costos de acción colectiva. En segundo lugar, y en relación con generaba ser presidente. Aunque son más las incertidumbres lo anterior, la oposición de Uribe en el Congreso obligará a Santos a superar que las certezas, lo cierto es que el nuela naturaleza dubitativa tan propia de vo Congreso promete mayor debate y su estilo de gobierno. Los tópicos gue- discusión política que el que le antecerreristas ya están en la otra orilla y el dió. En consecuencia, el destino de la segundo tiempo de la paz necesita de paz al interior del legislativo está atado compromisos profundos y sin ambiva- a los cálculos estratégicos de “nuevos” lencias. Quiéralo o no, el Presidente se y “viejos” jugadores, a su capacidad de la deberá jugar a fondo por su agenda adaptación al nuevo contexto y a variareformista y renovar las bases políticas bles externas como el desenlace de los necesarias para sacarla adelante pues su diálogos en La Habana. vieja estrategia de jugar a conveniencia * Victor Barrera entre la guerra y la paz cada vez le será Investigador CINEP/Programa por la Paz. Equipo menos rentable. Violencia, paz y construcción del Estado. No. 81 | Marzo - Mayo 2014
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