Tendencias de la paz en Colombia. Capítulo III

Título: Subtítulo:

TENDENCIAS DE LA PAZ EN COLOMBIA retos, discursos y territorios

Autores:

Mauricio García Durán Fernando Sarmiento Santander Vladimir Caraballo Acuña.

Capítulo 3 Discursos y representaciones Atentados urbanos en Colombia (2002 – 2009): incertidumbre y oficialización de los discursos. Caraballo Acuña, Vladimir (2010) Movilización social por la paz (MSP) en Colombia. Procesos de oficialización y radicalización del discurso de la paz y los derechos humanos. Sarmiento Santander, Fernando y Caraballo, Acuña Vladimir (2008) El Secuestro en Colombia: un campo discursivo polarizado. Caraballo Acuña, Vladimir (2009)

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Atentados urbanos en Colombia (2002 – 2009): Incertidumbre y oficialización de los discursos.

Vladimir Caraballo Acuña Junio de 2010

1. Presentación y enfoque metodológico El nacimiento de los estudios sobre construcción de paz en el país puede remitirse a la década de los 90. Dicho momento coincidió con dos importantes dinámicas que han determinado su configuración hasta la actualidad: por un lado, coincidió con el importante aumento en la financiación que la cooperación internacional comenzó a destinar a la “construcción de paz” como campo de intervención en Colombia, y por otro, con el ascenso que la movilización por la paz presenció en 19971. En cuanto a la coincidencia con la cooperación internacional, su naturaleza técnica y operativa ha promovido una visión particular de los conflictos sociales y de su resolución basada en la oposición pura entre guerra y paz, entre actores y acciones de uno y otro lado, y en consecuencia, en la necesidad de proyectos e iniciativas que demuestren fortalecer “el lado de la paz” y no “el lado de la guerra” (CDA, 2001). Para los estudios de paz, esta distinción ideal ha implicado tres consecuencias: un énfasis cuantitativo en el número de personas como indicador del impacto de los proyectos, una visión de la paz según la cual ésta depende de una sumatoria de esfuerzos individuales, valientes y continuos, y un impedimento analítico para dar cuenta de las interacciones sociales que en las regiones de nuestro país hacen que ese límite (actores/acciones de paz y de guerra) esté en permanente negociación y movimiento. En cuanto a la coincidencia con el pico de la movilización por la paz, las consecuencias han sido similares: pareciera que una auto caracterización hecha en y para la acción política del movimiento por la paz (que se presenta como unificado y espontáneo; con objetivos desinteresados, más cercanos al mundo de lo social que al de lo político; personaliza claramente a sus adversarios atribuyéndoles intenciones contrarias al bien común y debe, sobre todo, diferenciarse claramente de ellos: de sus visiones, sus acciones, sus propósitos, etc.) hubiese sido integrada, sin más, como marco de comprensión de los estudios que pretendían explicar dicho fenómeno político y social. Así, en lugar de dar cuenta de lo que Melucci llama construcción social de la protesta (la construcción relacional, artificial si se quiere, de las identidades de los movimientos y organizaciones), y de los procesos sociales por los cuales las identidades políticas de los actores de paz y de sus acciones suelen aparecer purificadas como requisito del espacio político, los análisis parecieran haber reproducido en sus propuestas la imagen de actores y de acciones dedicados exclusivamente a la paz, que claramente se pueden oponer a los actores y acciones dedicadas a la guerra.

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En el sistema Datapaz que contabiliza las acciones colectivas por la paz, 1997 registra un total de 255 acciones en todo el país, el número más alto desde 1979 hasta la actualidad.

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Frente a este panorama, el Equipo de Iniciativas de Paz del Cinep, ha estado ahondando en una propuesta metodológica que permita superar las distinciones puristas entre acciones y actores de paz (construcción de paz) y actores y acciones de guerra (dinámicas del conflicto armado) y que permita dar cuenta de los permanentes cruces entre uno y otro espacio. Con este objetivo, el enfoque metodológico parte de varios componentes: a. Un giro en el objeto de estudio: ya no se trataría de dar cuenta de acciones de paz, como tampoco de actores de paz, sino de episodios conflictivos de construcción de paz, b. Un giro en la forma de explicación: la explicación no se centra ya en alcances e impactos de organizaciones por la paz, iniciativas de paz como actores aislados, sino en los tipos de relación que distintos actores (agentes políticos, actores armados, agencias de cooperación internacional, ONG, opinión pública, etc.) establecen en medio de esos episodios conflicto de construcción de paz. c. Ampliar el panorama de acciones que se suelen analizar: en lugar de etiquetar las acciones como “acciones de paz” y reducir a ellas el análisis, se debe dar cuenta de un panorama mucho más diverso de acciones que contemplen los esfuerzos individualidades, las negociaciones privadas, las acciones violentas, etc. d. De los estudios de caso a los estudios comparativos: es fundamental reconstruir una historia que no se limite a la explicación de estudios de caso aislados, como tampoco a una recopilación de ellos, sino que, a través de acercamientos comparativos, dé cuenta de las tendencias de largo plazo que se puedan trazar y de los aprendizajes que se pueden obtener de ellas.

Coincidente con este camino, en el prólogo a la edición castellana de “Dinámica de la contienda política” (McAdam, Tarrow, Tilly: 2005), Pedro Ibarra señala: “Otra de las aportaciones –y en parte también novedad– es la pretensión de los autores de desarrollar un análisis dinámico de la acción colectiva –con un denso contenido expositivo y cronológico– donde se integre, por un lado, el estudio de los diferentes actores políticos colectivos (a saber, los partidos políticos, los movimientos sociales, las guerrillas y los grupos de interés) y, por otro, los diversos ámbitos de actuación (las instituciones, el mundo asociativo, la calle). En esta dirección, McAdam, Tarrow y Tilly exponen que para un análisis riguroso de los episodios históricos es preciso estudiar la interacción entre actores y ámbitos (pues en el mundo real todo está íntimamente relacionado) y darle al estudio un carácter dinámico” (19 – 20) La propuesta concreta por un análisis relacional, comparativo y dinámico, nos pone en efectiva sintonía con los autores y particularmente con sus herramientas conceptuales. Acudiendo a una larga historia de análisis relacionales, McAdam, Tarrow y Tilly renuevan el concepto de mecanismo en el análisis de fenómenos sociales como la contienda política o la violencia colectiva. En el marco de análisis 3

centrados en explicar las transformaciones de las relaciones entre actores, los mecanismos son entendidos por ello como “una clase delimitada de acontecimientos que alteran las relaciones entre conjuntos especificados de elementos, de maneras idénticas o muy similares en una variedad de situaciones” (McAdam, et al., 2005: 26) En la definición se apuesta entonces por los acontecimientos o episodios (no los actores o acciones específicas) como objetos de la investigación, las transformaciones en las relaciones como forma de explicar las trayectorias de cada episodio y, en tanto camino de análisis, los mecanismos como las regularidades en las transformaciones de distintos episodios.

Uno de los procesos en los que más se ha hecho explícita la importancia de la distribución de distintos actores sociales en el escenario político en los últimos años, las relaciones establecidas entre ellos (alianzas, competencias, rupturas, etc.), los repertorios discursivos puestos a disposición, es aquello que la opinión pública ha dado en llamar polarización. En su conformación como episodio de contienda se han creado fronteras entre distintos categorías sociales, han aparecido formas de identificar a los de “uno y otro lado”, han surgido organizaciones que supuestamente los representan, se han distribuido diferenciadamente los recursos entre los distintos actores, etc. Ante el posicionamiento y la creencia generalizada de la efectiva consolidación de un proceso de polarización en el país, la academia no se ha tomado aún el trabajo de desmenuzar la constitución de dicho proceso. Por ello, a partir del enfoque que hemos venido presentando en este artículo pretendemos dar cuenta de ello: ¿Qué actores han estado presentes en él? ¿Qué eventos concretos han caracterizado su consolidación? ¿Cómo se han trasformado las relaciones entre los distintos actores en medio de ellos? ¿Qué mecanismos han operado en dichas transformaciones? ¿Es posible hablar de un proceso de polarización del país?

Basados en la hipótesis de la consolidación de un proceso de polarización a continuación seguiremos el siguiente camino: i) daremos cuenta de algunas de las opiniones acerca de la supuesta urbanización de las acciones de las guerrillas en los últimos años, ii) describiremos las formas en que se distribuyeron las posiciones discursivas alrededor de tres episodios urbanos violentos paradigmáticos identificando las regularidades: la explosión en el club El Nogal en 2003, la explosión en la Escuela Superior de Guerra en 2006 y la serie de atentados en Neiva durante el 2009; iii) describiremos los mecanismos operantes en dichas distribuciones y su articulación en un proceso de polarización social más general.

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2. ¿Urbanización de las acciones guerrilleras? Entre las cifras y las percepciones2 Por diversas razones y expresado de múltiples maneras, la supuesta urbanización de las acciones guerrilleras se ha posicionado en diferentes espacios como el correlato de su repliegue o acomodamiento rural y, en los últimos meses, como componente del inicio de su reactivación militar.

El 22 de septiembre de 2002 tras los ataques en cercanías del lugar de posesión del recién electo Álvaro Uribe Vélez, el diario El Espectador anunciaba: “Los rostros de las autoridades eran de preocupación. Y el parte de guerra. Las autoridades tenían claro que la avanzada de la guerrilla no era un coletazo más del rompimiento del proceso de paz con Pastrana ni la llegada al poder de Álvaro Uribe. Era la notificación directa de que el conflicto armado urbano estaba en Bogotá, y ese 7 de agosto había hecho su presentación en sociedad” (El Espectador. Páginas 17A y 18A). Además, ya antes el Mono Jojoy había declarado que con la llegada de Uribe se hacía necesario incrementar la guerra de guerrillas a plenitud para que en los cascos urbanos y en las grandes ciudades como Bogotá se sintiera el accionar de la insurgencia. Igual ha ocurrido en los escenarios académicos: para el 2006 Camilo Echandía y Eduardo Bechara (2006: 32) describían el efectivo tránsito que la guerrilla de las Farc había realizado hacia estrategias típicas de la guerra de guerrillas orientadas a debilitar moral y físicamente al enemigo sin comprometerse en una lógica bélica directa: emboscadas, ataques sorpresivos y/o atentados, etc. En ese contexto, dicen los autores, los grupos guerrilleros decidieron posponer su objetivo de lograr el control territorial para buscar, en cambio, el control de posiciones estratégicas que garantizaran su supervivencia y la continuidad de la guerra por medio del control de corredores, áreas económicas determinadas, urbanización del conflicto a través del uso de prácticas terroristas, acompañado todo de una marcada disminución cuantitativa de las acciones en general del conflicto armado. Otros autores (Granada, Restrepo y Vargas: 2009; Corporación Nuevo Arco Iris: 2009) han venido hablando en los últimos meses de un segundo momento en el que esa disminución de eventos del conflicto se ha transformado en una reactivación de parte de las Farc. Tras un período de repliegue y posterior reconstrucción de sus liderazgos (2005 – 2009) motivado por la muerte de Manuel Marulanda entre otros y caracterizado por la evidente disminución de toda su actividad armada, comienzan a aparecer evidencias de una especie de avivamiento en las FARC desde el primer semestre del 2009: las guerrillas, dice Granada, han vuelto a concentrarse en las acciones unilaterales, ejecutadas en pequeños núcleos operativos, con gran dispersión operacional, alto impacto en términos de generación de terror y, nuevamente, importante presencia en capitales 2

Como dijimos en la presentación, identificar a las guerrillas (las Farc particularmente) como autoras de los atentados, no es un supuesto del que partimos sino un resultado de la investigación misma acerca del posicionamiento que tuvo dicha versión en la mayor parte de la sociedad.

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departamentales a través del creciente uso de explosivos (Granada, Restrepo y Vargas, 2006: 85 y 86). Como se ve en el gráfico 1, las cifras de Cinep parecerían sustentar esta misma afirmación.

En síntesis, sea como parte de un reacomodamiento o de esta nueva activación, la mayoría de análisis han coincidido en la transformación de las estrategias guerrilleras, y entre ellas, en el alto nivel de acciones armadas en las ciudades.

Así, tanto en la prensa como en la opinión pública “la urbanización del conflicto”, entiéndase como se entienda, se ha posicionado como un discurso fácilmente apropiable y reconocible3.

Sin embargo, estas afirmaciones observadas más detalladamente, implican matices importantes a los que no se les ha dado aún la importancia requerida y que podrían cuestionar la hipótesis misma. Particularmente, uno de los estudios de CERAC ha demostrado que el crecimiento de los ataques de las FARC en las trece principales ciudades de las áreas metropolitanas ha sido claramente inferior a la del crecimiento nacional (Durán, López, Restrepo: 2009), lo cual implica que no ha habido un aumento relativo en relación con las acciones rurales que tradicionalmente han sostenido el nivel del conflicto; de otro, las cifras de CINEP muestran también que las acciones urbanas de las guerrillas no han presentado aumentos significativos en comparación con las rurales (gráfico 2)4.

Lo interesante de estas comparaciones es que, cuantitativamente, las cifras parecieran ir en contravía con la hipótesis acerca de la supuesta orientación guerrillera hacia las ciudades, sea como correlato de la disminución de eventos a nivel rural o como parte de una reciente reactivación.

La pregunta que cabe enseguida y que se convierte en el objetivo central de este artículo surge de esta aparente paradoja: ¿A qué obedece entonces el discurso reproducido en medios de comunicación, opinión pública, centros de investigación, entre otros, acerca de la urbanización del conflicto armado y, sobre todo, de las acciones de las guerrillas? Frente a ello, pensamos entonces que las explicaciones deben ser buscadas en un terreno cualitativo: las formas en que las acciones de las guerrillas han sido interpretadas y apropiadas en medio de un escenario particular de relaciones de poder, básicamente caracterizado por un 3

Una pequeña búsqueda en el portal virtual de El tiempo con las categorías “ataques terroristas en ciudades”, “terrorismo en ciudades” y “explosiones en ciudades” (filtrada por la sección “nación”), muestra por ejemplo que los años 2008 y 2009 son los que, de lejos, presentan mayores niveles de información.

4 Dos aclaraciones: la base de datos sobre conflicto armado del CINEP organiza estos eventos en Acciones Bélicas, Violaciones al Derecho Internacional Humanitario y Violencia Político – social (el marco conceptual de la base puede ser consultado en el siguiente link: http://www.nocheyniebla.org/node/71). En segundo lugar, para efectos operativos de la indagación de este capítulo, lo urbano fue construido con el conjunto de las ciudades capitales y aquellas que aunque no lo fueran, superaban 1.000.000 de habitantes. El resto de ciudades fueron consideradas como pertenecientes a lo rural.

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proceso de oficialización del campo discursivo y por su apropiación en diversos sectores sociales.

Gráfico 1 DINAMICA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Hechos de Infracciones al DIH por actores armados Años 1990 - 2009 1200

1000

800

600

400

200

0 1990

1991

1992

1993

ELN

1994

1995

FARC

1996

1997

1998

1999

FUERZA PÚBLICA

2000

2001

2002

2003

OTRAS GUERRILLAS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PARAMILITARES

Fuente: CINEP Gráfico 2: Acciones guerrilleras 1994 – 2008

Fuente: CINEP 3. Ataques urbanos y distribución de posiciones en un campo interpretativo 7 de febrero de 2003: Atentado al club El Nogal: “Colombia llora, pero no se rinde”5 5

La frase, pronunciada por el presidente, fue impresa en varias vallas de la ciudad de Bogotá sin incluir el autor de ésta

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Ya habían pasado dos años desde que el 'Mono Jojoy' dijera que se iban para las ciudades y que en la selva sólo quedarían “dantas y chigüiros” (Semana.com: 16 de febrero de 2003) y la explosión en el Club El Nogal el 7 de febrero de 2003, con un saldo de 35 personas muertas, fue interpretada como un fiel reflejo de esa afirmación. Para entonces en el ambiente ya rondaban las ideas sobre la urbanización de la guerra: El 22 de noviembre de 2002, tres granadas de mortero, similares a las utilizadas en el ataque al Palacio de Nariño el 7 de agosto de 2002 (día de posesión del Presidente Álvaro Uribe), fueron lanzadas hacia la embajada de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación. El 9 de diciembre del 2002 explotó un carro bomba cargado con 70 kilos de anfo en el barrio Normandía, en el noroccidente de la capital. El miércoles 11 de diciembre del mismo año la Policía encontró tres carros, cada uno de los cuales estaba listo para ser detonado con 400 kilos de anfo. Dos días más tarde una agenda bomba estalló en la oficina del senador Germán Vargas Lleras, y ese mismo día explotó una bomba en Residencias Tequendama, un edificio de las Fuerzas Militares, en donde normalmente se alojan parlamentarios que tienen su residencia fuera de Bogotá.

El 14 de febrero de 2003, unos días después de la explotación en el Nogal, estallaría una casa bomba en Neiva con 16 muertos y 30 heridos supuestamente dirigida al presidente Álvaro Uribe Vélez.

El club El Nogal está ubicado en la calle 78 con 7 en un sector exclusivo en la ciudad de Bogotá utilizado en su mayoría por empresarios y elites del país. Por ello el carro bomba fue interpretado como parte del proceso de urbanización del conflicto y con ello, de la creciente incertidumbre por la vulnerabilidad de cualquier ciudadano ante una guerra que excedía el mero enfrentamiento entre actores armados. Para la opinión pública en general, este hecho, unido a los otros, significó lo que anteriormente habían significado las pescas milagrosas: “El 2003 había arrancado con optimismo. Los colombianos sentían que, por fin, había alguien que tenía bien cogidas las riendas del país y que tenía planes concretos para arrinconar a la guerrilla. La gente transitó como nunca por las carreteras y el turismo en la temporada decembrina revivió después de varios años de crisis. La confianza comenzó a aflorar y muchos exiliados regresaron. Sin embargo este entusiasmo incipiente quedó aplazado por el bombazo en el Club El Nogal. La ciudadanía se sumió en una depresión colectiva, mezclada con rabia y estupor. La anunciada guerra urbana no eran unos petardos –o incluso misiles– contra los emblemas del poder: el Palacio de Nariño, las estaciones de Policía o las brigadas del Ejército, sino la arremetida contra la población civil. Ellos como blanco del odio; blancos fáciles e inermes para demostrar una fuerza de terror y esconder la debilidad militar” (Revista Semana, No. 1085: 27. Los subrayados son míos y es necesario ir teniéndolos en cuenta)

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Las reacciones de la población civil estuvieron en varios caminos: de un lado, un proceso masivo de prevención ante posibles ataques futuros: desde evaluaciones de sistemas de seguridad de centros comerciales, empresas, locales, conjuntos residenciales y sedes estatales hasta correos electrónicos masivos con manuales de instrucciones contraterroristas (Semana, No. 1085: 41), todo impulsado en gran medida por el alcalde de Bogotá Antanas Mockus; de otro lado, varias acciones colectivas se presentaron en los días posteriores al atentado: en Bogotá, cerca de 20.000 personas marcharon acompañados del alcalde y del vicepresidente Francisco Santos en rechazo a la acción; en Barranquilla, estudiantes universitarios marcharon también en rechazo al terrorismo en general y con algunos actos simbólicos en memoria de las víctimas del Nogal; por último, en Caracas (Venezuela) marchó la oposición en apoyo a la lucha de Álvaro Uribe contra el terrorismo en Colombia y contra sus cómplices: “dile no al terrorismo”, “dile no a los cómplices del terrorismo”.

A pesar de la ambigüedad de las supuestas evidencias del gobierno demostrando la autoría de las Farc y del comunicado de esta guerrilla negándola, las movilizaciones y manifestaciones partieron de ese hecho. Las versiones del gobierno sobre la autoría indicaron desde un comienzo, sin previas investigaciones, a la Columna Teófilo Forero como autores materiales e intelectuales del atentado; de hecho, apenas un día después de lo ocurrido, uno de los secretarios del Departamento de Estado, Lou Fintor, fue despejando dudas sobre esta hipótesis: “se cree que el ataque forma parte de la campaña de terrorismo urbano de las Farc”; y por el mismo camino declararía unos días después el Presidente de los Estados Unidos George Bush: “A nombre de Estados Unidos condeno este bárbaro acto de terrorismo y brindo mi más sentido pésame a todas los familiares de las víctimas. Apoyamos al pueblo colombiano en su lucha contra los narcoterroristas que amenazan su forma de vida. Entregaremos toda la asistencia apropiada al gobierno de Colombia para llevar ante la justicia a los asesinos responsables de este acto"6.

Ante las apresuradas declaraciones que identificaban a las Farc como autoras del hecho, voceros del Partido Polo Democrático y del Partido Liberal llamaron a la mesura en las declaraciones: “Se vuelve a repetir lo que ocurrió en pleno proceso de paz en el gobierno Pastrana cuando el collar bomba en Chiquinquirá, que le fue atribuido a las FARC de manera rápida por el General Rosso José Serrano y otros mandos militares y al final resultó la investigación desviada hacia la delincuencia común sin que existiera la mas mínima investigación de los hechos”.

A pesar de ello, y entre unas y otras versiones, en la opinión pública se instauró la culpabilidad de las Farc como hecho evidente.

Al lado del posicionamiento de esta versión, que como vemos se basaba en un claro apoyo del gobierno de los Estados Unidos (en el marco por supuesto de las 6

Para ver las distintas versiones que se disputaron la credibilidad, ver: Revista Semana No. 1085: 34.

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consecuencias de los ataques del 11 de septiembre), las manifestaciones de la sociedad civil en reacción a los hechos comenzaron a dibujar ya la identificación de posiciones claramente radicalizadas. En una de las marchas convocadas por Redepaz en Bogotá, a la consigna “ni un hombre ni una mujer ni un peso para la guerra” pronunciada por miembros de organizaciones de derechos humanos, varios de los cerca de 300 asistentes respondieron pidiendo apoyo para Uribe y el Ejército. No fueron consignas violentas, pero sí permitieron identificar posiciones claramente opuestas: “¡Mamertos!”, decían unos, “esos son los que se oponen al referendo y aceptan las barbaridades de la guerrilla”; “¡Derechistas!”, “esos son los seguidores de Uribe, que quieren hundir el país en la guerra y rechazan el diálogo” gritaban del otro lado.

Enfrentamientos como estos nos comienzan a hablar de una polarización más social que política. En el enfoque metodológico veíamos cómo la polarización de finales de la década de los 90 había girado en torno a las campañas presidenciales con la participación de actores centrados básicamente en los medios de comunicación, los partidos políticos y otros personajes de la vida pública; contrario a ello, de la radicalización que se ha consolidado en estos últimos años han hecho parte sectores de la población mucho más amplios y diversos (opinión pública si se quiere), y sobre todo, espacios sociales que, como la vida cotidiana, han comenzado a ser fundamentales en su consolidación. Este carácter social del que se ha nutrido el proceso, ha tenido varios componentes que irán siendo desplegados a lo largo del texto. Para el caso de El Nogal queremos llamar la atención sobre la insistencia de parte del Estado en la obligación ética y moral de la sociedad civil de actuar en conjunto con las autoridades en contra del terrorismo. Una de las frases pronunciadas por el presidente Álvaro Uribe dos días después del atentado es claramente representativa de este elemento: “Autoridades y ciudadanos tenemos que estar en permanente alerta, porque el terrorismo que creció al amparo de la debilidad de autoridad, consentido por el discurso cómplice, la actitud débil y el escrito arrodillado de muchos demócratas. También invitó al país a sobrepasar la cifra de un millón de informantes y llegar a cinco millones de colaboradores civiles de las autoridades” Sobre lo que nos interesa llamar la atención no es sólo la convocatoria a la integración de la sociedad civil sino que ésta vaya de la mano con la identificación de unos demócratas arrodillados como cómplices del terrorismo a quienes, se entiende, habría también que denunciar. El camino de la apropiación de estos imaginarios y discursos polarizados de parte de amplios sectores y espacios de la población ha tenido una doble dirección: de arriba abajo y viceversa. Ha tenido que ver en un mismo tiempo con el entroncamiento entre las sensibilidades ya existentes en la opinión pública (la frustración colectiva producida por el fracaso de los diálogos con Pastrana, la ampliación del espectro de las víctimas potenciales 10

de las acciones guerrilleras y el temor producido por la espectacularidad de las acciones urbanas), y con los discursos y políticas producidos por el gobierno nacional que han encontrado en esas sensibilidades el fundamento de su amplia resonancia cultural, tal como se leía en el discurso de Álvaro Uribe citado.7 Como veremos a continuación, la identificación de las Farc como claro autor y adversario, la mención de los cómplices, los enfrentamientos entre sectores de la población alrededor de la identificación de las causas y soluciones, la carga emotiva de los discursos oficiales (incluyendo la prensa) y el entroncamiento entre éstos y las sensibilidades de muchos de los sectores, continuarían consolidándose en torno a otras acciones guerrilleras en las principales ciudades de Colombia y con el tiempo, irían distribuyendo las relaciones a lo largo de un campo social polarizado.

18 de octubre de 2006: Atentado en la Escuela Superior de Guerra Eduardo Posada Carbó (2003), mostró cómo el lenguaje presidencial para definir a los grupos guerrilleros, se transformó después del atentado a El Nogal y cita para ello el discurso del Presidente el 15 de abril del 2003, al inaugurar la Brigada Móvil No 9 del Ejército en la capital del Meta: “Colombia ha tenido unos bandidos cínicos. Colombia ha tenido unos bandidos mimados. Colombia ha tenido unos bandidos solapados…. Pues bien, hay que decirles a esos bandidos que se les acabó la larga vida de los mimos, que esos bandidos se les acabó la larga vida de las caricias, que a esos bandidos se les acabó la larga vida de las contemplaciones…. Con esta Fuerza Pública a esos bandidos les llegó la hora de la derrota total sin contemplaciones. Llegó la hora de quitarle a Colombia la pesadilla de estos bandidos sanguinarios y contemplados que tanto daño le han hecho a la Nación. Aquí se acabaron las cofradías con esos bandidos, aquí se acabaron las tertulias con esos bandidos, aquí se acabó la receptividad para que estos bandidos continúen engañando al pueblo colombiano. Aquí lo único que hay es una decisión: desintegrar a las organizaciones de esos bandoleros, derrotarlos plenamente. Aquí no hay puntos medios. Frente al terrorismo una sola decisión: derrotarlo. Frente al terrorismo una sola decisión: desintegrarlo. Frente a esta caterva de bandidos una sola actitud: derrotarlos”8 7

Al lado de la resonancia en la población civil en general, cabe anotar también el “Acuerdo contra el terrorismo” entre los Partidos Liberal, Conservador y Polo Democrático el 17 de marzo de 2003, como expresión del posicionamiento del terrorismo como enemigo nacional.

8 Unos meses después, en la posesión del General Edgar Lésmez como nuevo Comandante de la Fuerza Aérea y a propósito de la salida a la luz de “El embrujo autoritario” (informe de varias ONG nacionales sobre la situación de DDHH en el primer año de Álvaro Uribe), el Presidente se referiría a los autores como “politiqueros, traficante de derechos humanos al servicio del terrorismo, que han causado el desplome

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Este discurso significaba, según Posada Carbó, una efectiva transformación en el lenguaje presidencial que había abandonado adjetivos como “grupos violentos” o “violentos”, para darle cada vez más cabida al de “terroristas” y “bandidos”. Al lado de ello, el atentado a El Nogal había implicado también el fortalecimiento de la estrategia diplomática gubernamental en busca de apoyo en otros países para la lucha contra el terrorismo en Colombia; había activado también mecanismos sociales que distribuían las opiniones en dos polos claramente opuestos y, por último, había implicado la certificación oficial de uno de ellos y la estigmatización del otro.

El atentado a la Escuela Superior de Guerra el 18 de octubre de 2006 se convirtió, según algunos, en el evento que rebozó la copa para el gobierno, y para otros, en la excusa perfecta que tuvo para construir más apoyos sociales en su proyecto de la Seguridad Democrática, basándose en la polarización de la sociedad y en el fortalecimiento de la salida militar como única opción posible. La camioneta Ford Explorer cargada con 60 kilos de explosivo R1 explotó dejando 25 heridos a cien metros de la sede de la Inteligencia y Contrainteligencia militar del Ejército en la Escuela Superior de Guerra. A pesar de la presencia de varios integrantes de la cúpula militar (El Comandante del Ejército General Mario Montoya entre otros), de algunas personalidades del Estado, y de ser uno de los lugares con mayor seguridad en el país, los autores lograron entrar “como Pedro por su casa” (Eltiempo.com, 20 de octubre de 2006) evadiendo las medidas de seguridad (de las cuales se había dicho anteriormente que eran demasiado laxas) e instalando el automóvil a 15 metros del lugar donde se llevaba a cabo el evento académico que convocaba a los asistentes. Las declaraciones e investigaciones sobre los verdaderos autores oscilaron esta vez entre las Farc, algunos sectores paramilitares interesados en presionar su protección frente a procesos de extradición, y por último, y menos viable, la posibilidad de que hubiesen sido sectores al interior del Ejército buscando frenar las investigaciones sobre montajes de atentados realizados en Bogotá por ellos mismos (falsos positivos) (El Tiempo.

20 de octubre de 2006: P. 3). A pesar de algunas declaraciones sobre la poca probabilidad de la autoría de las Farc (de ser así habrían aprovechado para ingresar una cantidad mucho más grande de explosivos por ejemplo), también aquí fueron ellas las que quedaron posicionadas como autoras del atentado terrorista9. social de la nación, que cobardemente se esconden en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado”.

“General Lesmez” continuó, “asume usted el Comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. ¡Que los traficantes de los Derechos Humanos no lo detengan, no lo equivoquen, que toda la Fuerza Aérea Colombiana le preste a esta gran Nación el servicio de ayudar a que nos liberemos de una vez por todas de esa pesadilla!”

9 La ONU define una acción terrorista como “cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar

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Para entonces, en concordancia con la hipótesis de la autoría del Ejército, los escándalos al interior de estas fuerzas no dejaban de aparecer: falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, maltratos en sus filas, ineficacia, corrupción. El discurso pronunciado por el Presidente 24 horas después del atentado, que representaría uno de los más endurecidos a lo largo de su período, haría una interpretación clara de estos hechos, sus consecuencias y la forma correcta de asumirlos: “¡Muy apreciados soldados y policías de mi Patria!, ¡comandantes!, ¡señor Ministro de la Defensa!: ¡nadie en los cuarteles!, ¡nadie en las oficinas!, ¡nadie en las escuelas!, ¡todo el mundo a las calles! ¡Si hay hechos turbios, sancionarlos con toda la determinación! ¡Si hay acusaciones injustas, impedir que acomplejen a la Fuerza Pública!, porque la acusación injusta es la maniobra con la cual siempre busca interferirse y debilitarse la política de Seguridad Democrática […] No podemos seguir en el error de que [sig] una discusión de falsos positivos interfiera la política de Seguridad Democrática” (Discurso Álvaro Uribe, octubre 20 de 2006) Al lado de este llamado a la movilización eficiente de las Fuerzas Armadas, el Presidente anunció su decisión de gobernar un mes desde las guarniciones militares del país, buscando evitar que las fuerzas armadas se vieran afectadas moralmente por esta serie de escándalos e invitándolos a continuar en el fortalecimiento militar frente a las guerrillas. Al mismo tiempo, se puso en marcha el proyecto de Impuesto al Patrimonio que buscaba recaudar 8,6 billones de pesos en aras de la consolidación de la política de seguridad. Congruente con estas decisiones, en su discurso Uribe revocaría la autorización a los Facilitadores para continuar gestionando las posibilidades de Acuerdo Humanitario y negaría además cualquier posibilidad de despejar los municipios de Pradera y Florida para una potencial zona de diálogo.

El discurso de Uribe estuvo marcado además por un importante énfasis emocional que se ha convertido en una de las herramientas más potentes para la legitimación del discurso oficial y su resonancia en el resto de población. El discurso, desde el comienzo hasta el final insistió en la cobardía de los que siguen escondiéndose en el anonimato de las selvas de Colombia, Ecuador y Venezuela, el sufrimiento de las familias de los secuestrados con el que trafican los terroristas y la consecuente valentía y obligación moral tanto de las Fuerzas Armadas como de la población en general para enfrentarlos: recompensas, red de informantes, línea antiterrorista, etc. En “El secuestro en Colombia. Un campo discursivo polarizado” en este mismo volumen, mencionábamos la coincidencia de los un acto o abstenerse de hacerlo”. Basada en ello, la politóloga Caterina Heyck presentó los argumentos por los cuales el ataque a la Escuela Superior de Guerra no se ajustaba exactamente a la definición de terrorismo: http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/no-terrorismo/97812.aspx

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repertorios emocionales desplegados por la prensa con los usados por el gobierno para descalificar directa y pendencieramente a los oponentes, tal como lo veíamos arriba en el caso del discurso pronunciado en la Posesión del general Édgar Lesmes; a través de estas herramientas discursivas (la exaltación del sufrimiento, el engaño del que la sociedad ha sido víctimas de mano de las guerrillas, la valentía y unidad del pueblo colombiano y, en fin, la venganza) no sólo se ha buscado identificar aquellos culpables de las desgracias del país (las FARC como enemigo nacional) sino además aquellos que resultan siendo cómplices arrodillados de sus acciones. El abanico de los oponentes y enemigos del país se ha ampliado claramente.

Como hemos mencionado, otro de los procesos de suma importancia que recogeremos al finalizar el texto, tiene que ver con las formas por las cuales diversos sectores de la sociedad civil (la prensa entre ellos, como lo veíamos en el párrafo anterior) se han apropiado de dichos repertorios y, en general, de las formas oficiales de nombrar e interpretar el conflicto armado en el país. Para el caso concreto del ataque a la Escuela Superior de Guerra, la empresa de consultoría DATEXCO realizó una encuesta nacional sobre las reacciones despertadas por el discurso del Presidente a propósito del atentado.

Reproducimos a continuación algunos de los resultados: PREGUNTA

SI /de NO / en acuerdo desacuerdo ¿Le gustó el discurso 46,4 27,6 del presidente Álvaro Uribe?

Según el Gobierno, las 41 27 Farc fueron las autoras del atentado. ¿Usted cree en esta afirmación? ¿Usted está de acuerdo 49,9 38,2 o en desacuerdo con el rescate militar de los secuestrados?

Al lado de este proceso de oficialización del discurso (que trabajaremos más adelante), muchas otras iniciativas buscaron rechazar las declaraciones del Presidente y, particularmente, su negativa a la realización de un Intercambio Humanitario. En ese sentido, la gran mayoría de familiares de víctimas del secuestro del país iniciaron campañas de contraposición a este hecho, una de cuyas iniciativas fue la “Firmatón por el Acuerdo Humanitario” impulsada por los familiares de los Diputados del Valle secuestrados por las Farc; al lado de ellos, miles de personas (ONG’s, organismos multilaterales, familiares, partidos políticos) se concentraron con el mismo objetivo en la Plaza de Bolívar de 14

Bogotá10; en el mismo sentido se pronunciarían también el Gobernador Angelino Garzón, el Alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón y la diplomacia francesa quien veía en esta decisión una evidente puesta en riesgo de Ingrid Betancur particularmente.

Así, el ataque a la Escuela Superior de Guerra implicó un relativo endurecimiento de los discursos oficiales y la continuidad de recursos y mecanismos que venían consolidándose desde años atrás: el aumento en la incertidumbre, la identificación de las Farc como enemigo nacional, la ampliación del espectro de aquellos entendidos como “enemigos” o “cómplices del terrorismo”, la exaltación de elementos emocionales en la reacción ante las amenazas, la carga moral otorgada a la colaboración de la sociedad civil y las fuerzas armadas y por último, la apropiación que de dichos discursos han hecho amplios sectores de la sociedad.

Al lado del ataque al Club El Nogal y a la Escuela Superior de guerra podríamos citar múltiples casos más. Hemos decidido terminar con la serie de atentados que a lo largo del 2009 se llevaron a cabo en la ciudad de Neiva y que por su amplitud, su continuidad y por las reacciones que generaron, se constituyen en otro caso fundamental para comprender el proceso de polarización en el país. Como hemos dicho, más allá de los eventos mismos, nuestro interés se centra en las reacciones generadas por ello y, particularmente, en las transformaciones operados por ellos en las relaciones entre los actores implicados. A continuación entonces veremos qué semejanzas y diferencias guardaron estos elementos para el caso de Neiva, más cercano cronológicamente a la publicación de este artículo, con los eventos anteriormente analizados.

El 2009 y la serie de atentados en Neiva “Por eso los colombianos, que hemos sufrido durante 60 años a estos bandidos, no podemos bajar la guardia. A esa culebra [las FARC] tenemos que mantenerle dos horquetas: una en la cabeza y otra en la cola, para mantenerla inmovilizada, para inmovilizarla totalmente, hasta que la acabemos” (Álvaro Uribe tras atentado al Centro Comercial Comuneros) Además de hacer parte de un territorio tradicionalmente controlado por las Farc, el departamento de Huila se ha consolidado como parte del corredor que une a Cauca con Caquetá. Si bien las estrategias militares de las fuerzas armadas han logrado un aumento en el control de estos espacios, la columna móvil Teófilo Forero mantiene sus cinco compañías con un promedio de 60 hombres y el Yesid Ortiz cerca de 200 más. En versión de algunos especialistas en la dinámica del 10

Los mecanismos por los cuales el sector de víctimas en el país se ha venido consolidando diferenciando a su interior es uno de los procesos sociales más importantes en la reciente dinámica de la movilización por la paz. Sin embargo su descripción requeriría un estudio más profundo (centrado en el análisis de redes por ejemplo) que desarrollaremos con posterioridad.

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conflicto armado, es justamente el sur occidente del país uno de los lugares en los que las Farc han comenzado a recuperar territorio, apoyo social y fortaleza militar.

Todo el 2009, desde enero hasta diciembre, estuvo marcado por continuas explosiones en la ciudad de Neiva y sus alrededores. Distintos objetivos, distintas razones, distintos mecanismos, aunque un mismo autor según las autoridades y la prensa, crearon importantes niveles de incertidumbre que, como hemos visto anteriormente, se tornan particularmente fértiles para la distribución de posiciones políticas y sociales alrededor de las explicaciones de los eventos y de las respuestas que deben adoptarse frente a ellos.

El primero de los atentados se llevó a cabo en la madrugada del 16 de enero en el Centro Comercial Los Comuneros. Cerca de la 1:30 de la mañana, hizo explosión un vehículo Mazda en el cuarto piso del edificio ubicado en la zona céntrica de Neiva, afectando a varios vehículos cercanos y ocasionando serios daños materiales en los locales. Media hora antes de la fuerte explosión, había sido arrojada una granada cerca a las instalaciones de gaseosas Postobón en la vía al sur de la ciudad. Tanto la segunda como la primera acción, que según las autoridades tenía el objetivo de desviar la atención de las autoridades para dar paso a la activación del carro bomba, fueron directamente atribuidas a las Farc como supuestas estrategias de presión a comerciantes por deudas en el pago de extorsiones.

En menos de dos meses, el sábado 7 de marzo, cinco kilos de Anfo estallarían al interior de la ferretería “Ferrecementos”. La “acción terrorista” sería entendida nuevamente como otra retaliación de parte de las Farc a comerciantes renuentes al pago de vacunas. Ante este nuevo atentado y por el significado que la continuidad de ataques a una ciudad capital tenía para la percepción de éxito de la Seguridad Democrática, el presidente Uribe ordena a las fuerzas armadas militarizar las comunas de la ciudad, por ser estos los lugares en los que supuestamente estaban siendo planeados los atentados por parte de los milicianos de las Farc.

A pesar de estas medidas militares, el 18 de abril dos reconocidos supermercados de la ciudad serían objeto de un nuevo ataque adjudicado también a las Farc. En el Supermercado Superior ubicado en el barrio Timanco, un artefacto explosivo instalado en una motocicleta estalló causando cuantiosos daños materiales. Otro petardo de mediano poder destructivo, abandonado en una cabina telefónica, estalló frente a las instalaciones del Hipermercado Comfamiliar.

Tan sólo un mes después, la madrugada del 18 de mayo detonaría un nuevo artefacto, esta vez dirigido contra las instalaciones de la empresa Alpina, dejando menores daños materiales, entre ellos el portón de entrada y salida a la bodega, por el cual cargaban y descargaban los productos industriales. Las hipótesis sobre 16

los autores y las razones se mantendrían estables: retaliaciones de parte de las Farc.

A la siguiente semana, el domingo 24 de mayo, las Empresas Públicas de Neiva, EPN, se verían afectadas por la explosión de un artefacto de regular poder explosivo que según versiones oficiales, habría sido abandonado nuevamente por milicianos de las Farc. Por la hora de la explosión, coincidente con la de los otros eventos, tan solo dos personas habitantes de la calle resultaron levemente heridas por los fragmentos de vidrio producidos en la acción.

Al lado de estos hechos, cinco días después, a las 5 de la tarde en la Alcaldía de Garzón (tercera ciudad del Huila), cerca dos batallones del Ejército y en medio de una reunión del Concejo, 15 guerrilleros de la columna Teófilo Forero disfrazados de soldados y simulando una evacuación por amenaza de bomba, dieron muerte a dos vigilantes, a un policía, a un soldado y secuestraron al concejal Armando Acuña. Tuvieron además tiempo suficiente para volver a la selva, a más de una hora de camino, sin ningún percance. En los días siguientes a la incursión, el Presidente regañó en varias oportunidades a los mandos del Ejército por la pasividad ante la acción, la desmoralización de la que estaban siendo víctimas, instó a la población a dar información sobre el paradero de los guerrilleros y ofreció una cuantiosa recompensa a quien contribuyera con el rescate del concejal Acuña11.

Tras esta acción, los ataques mermarían generando una corta sensación de seguridad en la población. Unos meses después la incertidumbre volvería nuevamente a tomarse a los pobladores, los medios de comunicación y las autoridades estatales. La sede en construcción del Concejo fue semidestruida por la explosión de una bomba instalada por presuntos guerrilleros de las Farc la madrugada del sábado 14 de noviembre. Minutos después del estallido, la Policía que se hizo presente en el lugar para atender la emergencia, detectó un carrobomba cargado con 50 kilos de explosivos que había sido ubicado frente al colegio Ceinar, a unos 150 metros más adelante del lugar del atentado. La carga explosiva al parecer estaba dirigida a los uniformados, suponiendo que la primera explosión habría sido instalada como señuelo para atraer su atención.

Un octavo y último evento se llevaría a cabo el 7 de diciembre contra el Club Los Andaquíes, ubicado en la vía que de Neiva conduce a la ciudad de Bogotá y en el que se planeaba llevar a cabo la reunión de la Federación Nacional de Concejos (Fenacón) en el marco del Primer Seminario Nacional de Concejales, que contaría con la presencia de los Ministros de Defensa y del Interior y del Presidente de la República. Cerca de las 4:00 a.m, un paquete cargado con explosivos fue lanzado desde un taxi en movimiento; segundos más tarde el artefacto explotó causando 11

“No menospreciar la acción de Garzón”. León Valencia. Disponible en: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/410

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heridas al vigilante del club universitario y la destrucción total de la entrada. De inmediato los organismos de seguridad del Estado llegaron al lugar para acordonar e inspeccionar la zona, logrando el hallazgo a un costado derecho de la vía de dos cilindros de 40 libras cargados con 100 kilos del explosivo Amatol que hicieron pensar en la planeación de una acción de mayor alcance12 En general, la columna móvil Teófilo Forero de las Farc sería señalada como autora de todas las acciones; se mantendría hasta el final la hipótesis de las retaliaciones por negarse a pagar las extorsiones (a pesar que las cifras demostraban la disminución y casi desaparición de este accionar: 100 extorsiones en 207, 44 en 2008 y solo una en 200913); al mismo tiempo, varias declaraciones enmarcarían dichas acciones en el efectivo reavivamiento de las Farc en el departamento, de un lado, y de otro como un intento de presentar la imagen falsa de fortalecimiento14. La reacción oficial ante los ataques, derivaría centralmente en una fuerte militarización de la ciudad: toma de los barrios populares, 200 nuevos policías para la ciudad, apertura de una unidad antiterrorista e instalación de 50 nuevas cámaras de vigilancia en lugares estratégicos. Efectivamente dichas acciones representaban una tendencia más general que buscaba controlar las ciudades y que no tardaría mucho en reflejarse en la captura de varios milicianos en Neiva; un control que se debió no sólo a la marcada presencia de un pie de fuerza comprometido, sino a la buena infraestructura de inteligencia que se había logrado montar en los últimos años y sobre todo, a la existencia de la llamada red de cooperantes: diversas entidades estatales (el secretario municipal y el Presidente Uribe) y sectores sociales (gremios económicos y empresariales) realizaron urgentes e intensos llamados para rodear a la fuerza pública en la lucha contra el terrorismo que azotaba a la ciudad.

Además de la militarización, los mecanismos que el gobierno central buscó activar en su reacción no se diferenciaron en mucho de los utilizados en los eventos anteriores, aunque se presentaron de forma más tenue: no hubo vinculación de la amplia diversidad de actores que se identificaron en los otros hechos, tuvo menor despliegue en la prensa y, en general, pareciera haber tenido menos impacto en la opinión pública del país. Sin embargo, como decimos, algunos de los mecanismos presentes en los casos de El Nogal y la Escuela Superior de Guerra se repitieron aquí, particularmente los activados desde el sector oficial. Así, en discurso pronunciado tras el ataque al Centro Comercial Los Comuneros, el presidente 12

El Diario del Huila ofreció al final del año el recuento de todos los ataques: http://www.diariodelhuila.com/component/k2/item/7948?tmpl=component&print=1 13 Eltiempo.com: http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/atentado-contra-alpina-en-neiva-no-dejovictimas-fatales-ni-heridos-dice-policia_5209947-1 14 Sobre las posibles razones adjudicadas a esta serie de ataques ver: http://www.semana.com/noticiasconflicto-armado/atacaron-farc-huila/124619.aspx. También el informe de Ideas para la Paz: “Siguiendo el conflicto: Las FARC, un año después de Jaque”, No. 55 correspondiente al primer semestre de 2010: http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/siguiendoelconflicto.htm

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acudiría nuevamente a la reiterativa y funcional cadena argumentativa que parte del engaño y la cobardía de las Farc para pasar a la valentía y la firmeza que debería asumir la sociedad en su conjunto: “Y miren: ¿quién hace esto? Ese grupo terrorista de esos farsantes de las Farc. Salen como unos santos ante la prensa internacional a hablar de derechos humanos. Estos farsantes quisieron engañar a los colombianos en diciembre, seduciéndonos con la miel del anuncio de una nueva liberación de secuestrados. Y mientras estos farsantes tratan de desorientar al pueblo colombiano y a la comunidad internacional con este tipo de discursos, simultáneamente producen estos atentados terroristas.

Por eso los colombianos, que hemos sufrido durante 60 años a estos bandidos, no podemos bajar la guardia. A esa culebra tenemos que mantenerle dos horquetas: una en la cabeza y otra en la cola, para mantenerla inmovilizada, para inmovilizarla totalmente, hasta que la acabemos. Todo acto de esto nos tiene que llenar de más vigor para enfrentar a estos bandidos”15 Así, el repertorio oficial centrado en lo emotivo, y particularmente en la venganza, se repetía nuevamente: engaño y cobardía de las Farc valentía de la sociedad civil.

De parte de la sociedad civil se presentaron varias expresiones de rechazo a estos hechos. Particularmente, el 18 de agosto se realizó una marcha masiva por la libertad del Concejal José Armando Acuña entre otros; al evento asistieron familiares de secuestrados, concejales, el liberado óscar Tulio Lizcano, Clara Rojas, Alan Jara, Orlando Beltrán Cuéllar, Consuelo González, Gloria Polanco y Luis Eladio Pérez en medio de otros pobladores solidarios. Entre otras peticiones, los marchantes hicieron mención a la insistencia del Presidente en el rescate militar, ante lo cual la esposa de Concejal decidió comunicarse con el mayor encargado de la operación para pedirle que midiera los riesgos que corría su esposo y en dado caso, decidiera abortar la iniciativa. Además de ello, motivado por la cadena de atentados en la ciudad fue creado el grupo facebook “No más bombas en Neiva. Respeto por la vida y la convivencia” que aunque no contó con una participación masiva, sí fue signo de la reacción de algunos sectores sociales de la ciudad. En los mensajes colgados allí no se mencionaba directamente a las Farc, pero sí se hacía un llamado claro a no “doblar la rodilla” como mensaje de valentía frente a la serie de atentados.

Queremos recordar nuestro interés en las formas en que determinados eventos constituyentes de episodios conflictivos (los ataques urbanos en este caso) 15

Disponible en: http://web.presidencia.gov.co/discursos/discursos2009/enero/archivo.html

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transforman o plantean nuevas rutas a las relaciones entre actores que de una u otra manera hacen parte de los episodios. Como veíamos en la introducción metodológica, el concepto de mecanismo utilizados por Charles Tilly entre otros se ha hecho particularmente útil para este interés. Antes de concluir describiendo los mecanismos consolidados en los dos episodios descritos en este texto y la forma como se articulan en el proceso de polarización, terminamos este numeral describiendo aquellos elementos que operaron regularmente en las transformaciones relacionales alrededor de los eventos relatados. En primer lugar, se hizo evidente que los altos niveles de incertidumbre (generados principalmente por sentir que las acciones de las guerrillas llegaban a las ciudades, pero además, según el Presidente Uribe, por el uso oficial de un lenguaje moderado que no identificaba claramente autores, cómplices y víctimas) se constituyeron en campo fértil para nuevas distribuciones sociales y políticas (prácticas y discursivas) alrededor de los ataques atribuidos a las Farc; en segundo lugar, como respuesta a dicha incertidumbre, se mostró cómo públicamente y sin hacer referencia a investigaciones rigurosas, se asumió siempre la autoría de las Farc; en tercer lugar y por el mismo camino, cómo se amplió esta mera identificación de la autoría a la permanente mención de quienes fueron identificados como sus cómplices (demócratas arrodillados, traficantes de DDHH al servicio del terrorismo, etc.); en cuarto lugar la carga emotiva que siempre estuvo presente en los discursos oficiales y en los relatos de la prensa (cobardía y engaño de las Farc valentía de la sociedad civil y el Estado); de la misma manera, en quinto lugar, la permanencia del llamado a la sociedad civil para trabajar mancomunadamente con las fuerzas armadas del Estado a través de redes de informantes16, denuncias, recompensas, etc.

En seguida y para terminar, veremos cómo estos elementos de los conflictos pueden ser explicados como mecanismos operantes del proceso más amplio de polarización.

4. Mecanismos y procesos: la polarización social en el país Hablar de la polarización en Colombia se ha hecho recurrente desde hace un par de años: tomando como indicador el número de noticias del eltiempo.com que aparecen bajo la categoría “polarización”17, vemos que 1998 (con 320 noticias), 2008 (con 364) y 2009 (con 437) son los años que presentan una mayor cantidad de registros desde 1990 (ver gráfico 1). Indagando más en estos indicadores, podemos ver que un rápido repaso de los titulares de 1998 muestra que la mayoría de noticias se refiere a la confrontación entre las campañas 16

Para dimensionar el alcance de la propuesta, recuérdese la convocatoria abierta en enero de 2010 por el Presidente para contar con estudiantes informantes en Medellín.

17 Fue utilizada esta fuente por la facilidad que ofrecía para la realización del conteo, y por ser uno de los medios de prensa escrita más importantes. A su lado, El espectador contaba con el inconveniente de la intermitencia que ha tenido en los últimos años.

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presidenciales de Andrés Pastrana y Horacio Serpa; contrario a lo que ocurre con las registradas en 2008 y 2009 que vinculan a una diversidad mucho más amplia de actores: el Presidente Álvaro Uribe (a pesar de no ser años de contienda electoral como el 98), la Corte Constitucional, los Presidentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia18, periodistas, opinión pública, ONG, etc.

Noticias "Polarización" en El Tiempo 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Al parecer, si bien no son estos últimos dos años los únicos en los que se ha hablado de polarización en el país, sí podemos intuir que en este período la polarización ha implicado fenómenos mucho más diversos y profundos que los que implicaron las contiendas electorales del 98. Y no sólo intuirlo: así lo demuestra el análisis de los eventos hecho en este texto.

Varios mecanismos se han desplegado en el desarrollo de eventos.

En primer lugar y resumidamente, queremos llamar la atención sobre lo que hemos llamado oficialización de las interpretaciones y discursos alrededor de estos eventos. Ya anteriormente (Sarmiento y Delgado, 2008), el Cinep había comenzado la exploración del proceso de institucionalización de los discursos sobre los Derechos Humanos en el país. En esa ocasión, los autores mostraron cómo entre el 2002 y el 2006 los ejecutivos municipales y departamentales habían desplazado el protagonismo de las tradicionales ONG’s defensoras de los Derechos Humanos, cómo las marchas y las concentraciones se habían perfilado como el repertorio principales de acción, cómo los grupos guerrilleros se habían convertido en el adversario principal y sobre todo, cómo los actores socialmente más cercanos a las convocatorias realizadas por los ejecutivos municipales y departamentales, privilegiaban el mismo tipo de repertorio utilizado por éstas (marchas y concentraciones) y el mismo tipo de adversario (grupos guerrilleros).

La conclusión de la propuesta de los autores se refiere justamente a la consolidación de un campo discursivo en disputa alrededor de los DDHH en 18

Para un análisis de discurso acerca de la polarización en algunos impasses entre Venezuela y otros países: Bolívar, 2008.

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Colombia, en el que se constituían dos polos: uno abanderado por las organizaciones estatales (que ampliaban el escenario de las víctimas de las violaciones a los DDHH para incluirse a ellos mismos y a la sociedad en general, y que posicionaban a los actores guerrilleros como principales adversarios) y otro por las tradicionales organizaciones defensoras de DDHH (que postulaban al Estado y los paramilitares como principales adversarios, y quienes sufrían sus acciones como las principales víctimas). Como vimos en el análisis de los ataques urbanos, una dinámica muy similar se habría consolidado alrededor de la interpretación de ellos: por medio del despliegue de repertorios emotivos que enfatizaban el engaño y la consecuente venganza, los sectores oficiales (particular aunque no exclusivamente el Gobierno central) han posicionado a las Farc como enemigo nacional y a la sociedad civil en general, a la nación colombiana, como víctima de sus abusos y engaños; dichas interpretaciones oficiales se han complementado con un proceso de apropiación de parte de amplios sectores de la sociedad civil tal como los mostraba la encuesta de Datexco realizada tras el discurso del Presidente ante el atentado en la Escuela Superior de Guerra.

Al lado de la identificación de un sector de victimarios y otro de víctimas cargada con fuertes elementos emocionales, otro mecanismo se puso en funcionamiento: la construcción de categorías o identidades sociales. Tal como lo vimos, las formas en que los ataques fueron interpretados, se basaron en la ampliación de ese campo que identificaba los adversarios (las Farc) a uno que permitía incluir a los cómplices del terrorismo (demócratas arrodillados u ONG’s traficantes de los DDHH), a la vez que el campo en que se ubicaban las víctimas se amplío también para cobijar al pueblo colombiano, a Colombia o a la Patria. Tal como se ve en mi artículo sobre el secuestro en este mismo volumen, dichas categorías dejaron de ser abstractas para llenarse posteriormente de nombres concretos y ser entonces apropiadas por sectores determinados de la población (organizaciones como Colombia soy yo o el grupo No más Farc).

Así, el aumento en la incertidumbre provocada por los ataques y su explotación discursiva por los sectores oficiales, la ampliación del campo de victimarios para incluir al de cómplices, la ampliación del campo de víctimas para incluir a toda Colombia, el despliegue de repertorios emocionales centrados en la venganza de los segundos sobre los primeros, la apropiación de dichas interpretaciones por sectores no oficiales, terminaron consolidando mecanismos de construcción de categorías sociales, oficialización y apropiación social que articulados, nos permiten hablar de un campo discursivo en disputa claramente polarizado.

Los retos de este panorama para la posibilidad de una salida negociada al conflicto son claros y tienen que ver con la posibilidad de una nueva distribución de las posiciones alrededor de la interpretación del conflicto armado: ¿Qué estrategias utilizar para reformular el repertorio emocional basado en la venganza? ¿Cómo frenar la ampliación del campo de cómplices del terrorismo? ¿Cómo reformular las interpretaciones institucionalizadas acerca de los orígenes del conflicto armado? Para ello, la opinión pública se posiciona como uno de los

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espacios en los que, sin duda, las organizaciones defensoras de los DDHH deben centrar sus acciones en adelante.

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http://www.diariodelhuila.com/component/k2/item/7948?tmpl=component&print=1 El Espectador. 22 de septiembre. PĂĄginas 17A y 18ÂŞ Revista Semana (2003) No. 1085 El Tiempo. 20 de octubre de 2006

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Movilización social por la paz (MSP) en Colombia.

Procesos de oficialización y radicalización del discurso de la paz y los derechos humanos19 Fernando Sarmiento Santander Vladimir Caraballo Acuña Presentación El texto que presentamos a continuación busca demostrar, mediante un análisis retrospectivo y comparativo, los procesos de oficialización y radicalización del discurso de la paz y los DDHH en la MSP en Colombia entre 1990 y 2007. Tal proceso se ha puesto en evidencia con la forma como esta movilización se ha desarrollado en los últimos 10 años, 1998-2007, que cubre las presidencias de Pastrana (1998-2002) y Uribe (2002-). Profundizaremos entonces en este análisis, dando cuenta de las principales características que la componen, tanto a partir de sus actores, como de sus estrategias y motivos.

Para ello trabajaremos en tres grandes apartados; el primero, entre 1990 y 200620, presenta una mirada retrospectiva en la que se da cuenta de los principales cambios de la movilización (y su relación con escenarios de conflicto y negociación), en los que las nuevas estrategias de acción imprimen un carácter de protesta contra la violencia, dejando atrás otras estrategias históricamente relevantes para los actores. El segundo gran apartado, se centrará y profundizará en la caracterización de la nueva estrategia de protesta para un sub-período (1998-200721) que emerge de la información misma como ruptura en varios de los componentes de la protesta por la paz presentados en el apartado anterior.

Finalmente, en el tercer numeral se analizan los procesos de oficialización y radicalización de los discursos de la paz y los derechos humanos que se desprenden de la información consignada en los puntos anteriores. Se concluirá con algunas preguntas orientadas a considerar las implicaciones de estos procesos para la movilización social por la paz en nuestro país.

Finalmente, es importante anotar que este documento se realizó como ponencia del Primer Congreso de Ciencia Política que tendrá lugar en Bogotá entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2008.

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Ponencia presentada en el Primer Congreso de Ciencia Política 2008. Bogotá, 30 de septiembre al 4 de octubre de 2008.

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Este primer aparte es resultado del análisis de la información con la que contábamos varios meses atrás y en la que aún no estaban consolidados los datos del 2007 de conflicto armado; por esta razón, para efectos de esta primera parte, el período abarca sólo hasta el 2006.

21 Contrario al apartado anterior, el análisis de este sub-período se basó sólo en la información obtenida de Datapaz por lo cual se pudo contar con la actualización a 2007.

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PRIMERA PARTE: Movilización social por la paz. 1990-2006 1. Movilización por la Paz, conflicto armado y procesos de diálogo y negociación. Tendencias y cambios en las relaciones (1990 – 2006) Tomando los totales de las acciones bélicas, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, los secuestros y las acciones colectivas por la paz, el gráfico 1 nos muestra, separadas por líneas, tres tendencias de la relación entre estas dinámicas: La primera está caracterizada por ascensos paralelos tanto de los componentes del conflicto armado como de las acciones colectivas por la paz; la segunda, al contrario, representa a la vez el punto más alto del conflicto armado y el más bajo de las acciones por la paz; mientras que en la tercera convergen el marcado descenso del conflicto, por un lado, con un nuevo aumento de las acciones colectivas por otro22. Sin pretender ahondar en descripciones ya realizadas en otros espacios (referenciados en la bibliografía), mencionamos aquí algunas de las características más relevantes que a nuestro parecer han determinado estos 3 tipos de relación (ver gráfica 1)23 a. Crecimientos paralelos: florecimiento de la movilización por la paz y consolidación del conflicto, 1990-1997 En términos de conflicto armado, este tipo de relación está constituido por dos tendencias importantes: para el paramilitarismo, los primeros años de la década significaron la salida de una crisis interna desatada por conflictos alrededor de la relación con el narcotráfico antioqueño, que tras un período de purga interna, permitiría dar inicio a la consolidación militar de las AUC (creadas en 1995) en el Magdalena Medio, Urabá, el Nudo del Paramillo, la Serranía de San Lucas, el Bajo Cauca antioqueño, el Sur del Cesar y el Catatumbo. Por otro lado, la dinámica de las FARC se verá recogida en el significado que para sus estrategias tendría la realización, entre otras, de la VIII Conferencia en 1993. En ella se definirán las intenciones de pasar de una guerra de guerrillas a una guerra de movimientos: una ofensiva táctica y estratégica frente a las fuerzas del estado, urbanización del conflicto, uso de armamento de gran escala, etc.24 Por el importante fortalecimiento de retaguardias y la creación de Comandos conjuntos y compañías móviles de la guerrilla en el sur del país, el ejército del estado comenzaría a recibir 22

La información acerca de las acciones colectivas por la paz (ACP) es obtenida del sistema Datapaz del CINEP que proviene de la revisión de más de 10 periódicos nacionales y regionales, lo cual tiene implicaciones evidentes en los límites de la información: en este sentido, estas cifras y tendencias tienen que ver con aquellas acciones que se hacen visibles a través de la prensa, y somos conscientes de la existencia de otras muchas que evidentemente no son registradas en estos medios.

23 Agradecemos los comentarios que recibimos de David Aponte para aclarar los límites de la información que manejamos sobre acciones bélicas: si conflicto es visto como “acciones bélicas” solamente (tal como lo hacemos en esta presentación), en efecto, ha disminuido a partir de 2002. Pero si el conflicto es visto desde otras variables como “combates”, el conflicto no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado en el período 2002 a 2005 especialmente. Las diferencias en estos indicadores necesariamente tendrán que ser fuente de comparaciones y discusiones posteriores.

24 Pizarro Leongómez, 2004.

26

una serie de fuertes golpes que complementarán el fortalecimiento de la organización a lo largo de los primeros 8 años de la década de los 90 y, planteará para la organización la posibilidad del siguiente paso: la guerra de posiciones.25 Ello, a costa de los diálogos de paz iniciados con el presidente César Gaviria quien, en consonancia con la frecuente combinación de estrategias bélicas y negociadas, le apostaría a la Operación Centauro y a la declaración de la Guerra Integral.

Dicho crecimiento, como dijimos, estará acompañado por el florecimiento de la movilización social por la paz en el contexto de un gobierno que, como el de Ernesto Samper, se vio rápidamente deslegitimado por sus vínculos con el narcotráfico. La creación de Redepaz en 1993, la aparición de la Ruta Pacífica de las Mujeres en 1996, el “Mandato ciudadano por la paz y la convivencia” en 1997 (que lograría recoger 10 millones de votos a favor de una salida negociada) o las posteriores y masivas marchas en contra del secuestro (las marchas del “No más” en 1999), no sólo harían público el debate y la participación social en la búsqueda de la paz, sino, sobre todo, construirían un escenario discursivo favorable para que esa búsqueda se hiciera por la vía de la negociación26; serían estas las condiciones de legitimidad que capitalizaría Andrés Pastrana para su propuesta de negociación con las FARC principalmente y de manera menos visible con el ELN. b. Una relación inversa: Escalada del conflicto y crisis de las expresiones nacionales de paz. 1998 – 2002 El segundo tipo de relación implica la continuación de la escalada del conflicto armado, pero la ruptura en la dinámica creciente de la movilización (al menos nacional) por la paz. Veamos. Para muchos, este período implica una importante ruptura en el avance de las FARC: “En efecto, en 1998 cambió drásticamente el panorama para las FARC… El viraje se produjo a partir de la reconquista de Mitú. Con el copamiento militar de una capital departamental –en un hecho con escasos antecedentes en la larga historia de la lucha guerrillera en el país-, las FARC pretendían mostrar la gran capacidad militar que habían adquirido.

Sin embargo, la rápida y exitosa contratoma de las Fuerzas Armadas, que estaba poniendo a prueba su nuevo instrumental tecnológico y táctico (uso masivo de helicópteros, tropas aerotransportadas, visores infrarrojos para el combate nocturno, misiles aire-tierra, etc.), fue el inicio de una serie de éxitos militares en cadena: Puerto Rico (Caquetá), Puerto Lleras (Meta), Hato Corozal (Casanare), Suratá (Santander), Operación gato Negro

25

Camilo Echandía, 2000.

Un amplio recorrido por las dinámicas de la movilización por la paz en Colombia, se encuentra en la obra del Mauricio García (2006).

26

27

(Vaupés), Barrancominas (Guainía), etc.” (Pizarro León Gómez, 2006: 193194) En sentido inverso se dirigiría el desarrollo de paramilitarismo cuyos actos de infracción al Derecho Internacional Humanitario llegarían al tope máximo de 1.191 acciones en el 2000. Por medio de múltiples masacres y asesinatos selectivos en regiones en las que ya hacían presencia, y en otras en las que iniciaban el ingreso, consolidarían el control territorial en el norte del país. La creación del corredor entre Urabá y el Catatumbo o la entrada a Barrancabermeja entre otros, significarían importantes pasos en la configuración de su poder.

Gráfica 1 Acciones Bélicas, Derecho Internacional Humanitario, Secuestros y Acciones Colectivas por la Paz 1990 - 2006 4000

300

3500

250

3000 200

2500 2000

150

1500

100

1000 50

500 0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

862

1018

1234

1104

1028

871

1136

totales dih 452

616

976

922

1089

851

1397

1094

960

1091

1542

2101

2638

1945

1597

1083

790

1592

1061

1789

2668

2277

2770

1994

1774

1639

1220

secuestros 1.282 1.717 1.320 1.014 1.293 1.158 1.608 1.986 2.609 2.991 3.706 3.041 2.986 2.200 1.440

800

687

ACP

175

186

totales ab

22

59

46

87

69

110

136

255

225

133

97

69

121

77

201

2006

0

La consolidación territorial del paramilitarismo, las consecuencias del Plan Colombia para la producción de un punto de quiebre en el fortalecimiento de las FARC y la ausencia de un manejo político prudente de la zona de distención, se unirían con el estruendoso fracaso de los procesos de Diálogo entre el presidente Pastrana y las FARC en San Vicente del Caguán, que tras haber sido objeto de la delegación de las expectativas de paz de la mayoría de la población concentrada en el período de movilización anterior27, derivarían ahora en un profundo proceso de frustración colectiva frente a la posibilidad de una salida negociada.28 En palabras que recogemos de una conversación informal con integrantes de la Ruta 27

A pesar de las declaraciones de algunas organizaciones sociales en apoyo al proceso de paz no se percibe que haya existido una presión real de parte de la sociedad para orientarlo. En la base de datos Datapaz del CINEP, el período sólo registra 4 marchas que demandan la continuidad del proceso tras su ruptura.

28 Para un acercamiento a dichos procesos de diálogos desde una perspectiva de constitución de estado y violencia política, véase Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vázquez (2002).

28

Pacífica de las Mujeres, el que las organizaciones por la paz hubieran definido sus agendas y objetivos exclusivamente alrededor de los diálogos, unido con el fracaso de éstos, daría origen a una profunda crisis de sus estructuras y las dejaría sin una propuesta para la paz propia.

Es en este panorama, que iniciando con un apoyo nacional a la necesidad de una salida negociada derivaba posteriormente en frustración y cansancio generalizados, en donde se explica el tercer tipo de relación en el que la disminución de los componentes del conflicto irá acompañada de un nuevo ascenso en las acciones colectivas por la paz registradas en Datapaz.

c. La seguridad democrática y un nuevo (y diferente) florecimiento de las acciones colectivas por la paz. 2002 – 2006 Esta tercera forma de relación entre las dinámicas implica el marcado descenso de las características del conflicto aquí trabajadas y un nuevo ascenso de las Acciones Colectivas por la Paz (ACP). Dicha relación se ha constituido a través de varios componentes: Si el final de la década de los 90 venía acompañado con unas nuevas condiciones militares que desmoronaban el paso planeado por las FARC hacia una guerra de posiciones, la decisión casi generalizada de enfrentar a estas organizaciones por una vía exclusivamente militar y la frustración ante unos diálogos esperanzadores pero fracasados, ahondarían las condiciones negativas para la insurgencia; particularmente para las FARC lo que comenzaría a presenciarse sería un regreso a estrategias de poca confrontación directa como sabotajes y hostigamientos, en detrimento de su propio avance en el control territorial.29 A su lado, baste mencionar los procesos de entrega de armas de parte de varias agrupaciones paramilitares en el marco de los acuerdos de desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe y las posteriores continuidades y rupturas con otras agrupaciones armadas30.

Partiendo del proceso mencionado acerca de la consolidación de un campo discusivo en disputa sobre la paz y de la lucha por su definición a lo largo del período, podemos ahora plantear algunas preguntas de análisis: ¿Qué formas de acción han caracterizado a las acciones por la paz en este proceso? ¿Qué actores y motivos han estado presentes en los tipos de acción más relevantes? ¿Cómo se pueden explicar niveles similares de acciones por la paz en contextos tan distintos como el de los gobiernos Samper y Uribe? ¿Quiénes, cómo y por qué se movilizaban entonces, y quiénes, cómo y por qué lo hacen ahora? Abordaremos estas y otras preguntas en dos momentos: a) la caracterización general de 29

Eduardo Pizarro: 2004.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2007); informes presentados por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos; Alfredo Rangel (2007); Restrepo y Franco (2007) entre otros.

30

29

actores, repertorios y motivos de las acciones colectivas por la paz (particularmente de las marchas y las concentraciones) entre 1990 y 2007, y b) el análisis comparativo entre los dos tipos de protesta más frecuentes entre 1998 y 2007: los orientados al rechazo del secuestro, por un lado, y de los asesinatos, las masacres y las desapariciones por otro.

2. Acciones colectivas por la paz, 1990 – 2007: repertorios, motivos y actores a. Repertorios: La tabla 1 presenta las 5 formas de acción principales que la movilización por la paz ha empleado en este período31. Atendiendo a la caracterización que al respecto hace Mauricio García en el libro ya citado, el período entre los años 1993 y 1999 presenta una continuidad en el proceso de consolidación y diversificación del repertorio, particularmente porque aparecen en el escenario tres formas nuevas de acción, que aunque no sean las más importantes, sí representan una tendencia: acciones de resistencia civil, declaraciones de zonas de paz y premios por la paz. En palabras de García (2005: 161-162) “en primera instancia, se constata una gran diversidad y riqueza expresiva en las formas de acción colectivas […]. En segunda instancia las campañas y acciones educativas de largo plazo […] empiezan a cobrar importancia en el transcurso de estos años, indicando la preocupación de diversas organizaciones sociales para lograr transformar los referentes culturales de forma que favorezcan alternativas de paz y no el uso de la violencia […]. En tercera instancia, ciertamente los “encuentros, foros y seminarios” representan la mayor iniciativa impulsada por los distintos sectores sociales interesados en la construcción de la paz […]. En relación a las marchas y concentraciones, siguen siendo expresiones sociales altamente reactivas a la dinámica de la violencia” Por el contrario, el período siguiente (1998 – 2007) significará no sólo la evidente disminución en el número de acciones, sino la caída de los “encuentros, foros y seminarios” (estrategia educativa) ubicándose, por primera vez, por debajo de las “marchas y las concentraciones”, que acompañadas con el crecimiento de “acciones de resistencia civil” constituyen la estrategia privilegiada del período (la protesta).

Pensando en el camino trazado en la sección anterior, una tendencia se hace clara al respecto: hasta 1998 son las estrategias educativas en general (los “encuentros, foros y seminarios” en particular) los que prioritariamente han 31

Las acciones colectivas por la paz registradas en Datapaz se clasifican en cinco estrategias centrales: educar, organizar, actuar políticamente, protestar y resistir (García 2006: 120-122).

30

marcado la forma de actuar de la movilización por la paz (las cifras marcadas en rojo de la tabla 1). Sin embargo, a partir de 1999 (dos años después del mandato por la paz pero en el año de las masivas marchas del “No más” contra el secuestro), se observa un claro giro hacia las “marchas y las concentraciones” que en varios años, superan por mucho a las acciones de tipo educativo (las cifras azules).

Tabla 1: Repertorio de las acciones colectivas por la paz. 1990–2007 Año

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Marchas y concentraciones 6 21 8 17 8 19 34 56 75 73 36 18 49 26 78 57 64 87 732

Encuentros, foros o seminarios 6 14 22 44 26 48 56 83 74 20 23 18 19 13 35 35 31 23 590

Campañas o acciones educativas 1 7 1 5 12 12 20 37 21 13 9 5 5 7 25 25 23 23 251

Actos culturales y/o deportivos 3 3 2 4 3 6 8 25 15 3 3 2 4 2 13 10 12 4 122

Procesos de concertación ciudadana 1 7 3 3 3 5 5 16 8 1 3 3 7 10 15 9 9 6 114

b. Motivos: Partiendo de las anteriores tendencias en los repertorios y de los objetivos de esta presentación, en adelante nos centraremos exclusivamente en el análisis y descripción de las “marchas y las concentraciones” como tipo de acción particular de la acción colectiva por la paz.

La información sobre los motivos de este tipo de acciones permite trazar una periodización similar a la obtenida desde los repertorios. La gráfica que sigue muestra los 5 motivos predominantes de las marchas a lo largo del período. Si quisiéramos observar la información por períodos presidenciales, tendríamos que en el Gobierno Gaviria (1990-1994) fueron “los asesinatos, las masacres y las desapariciones” y la “inseguridad y violencia generalizada” los motivos más relevantes de las marchas. El siguiente período (Samper, 1994-1998) representa un aumento cuantitativo del número de acciones en general y aunque se mantienen los altos niveles de “inseguridad y violencia” y “asesinatos, masacres y desapariciones”, la “promoción de la paz” no sólo aparece en el panorama, sino que representa el segundo pico (1997) en número de acciones del período 19902007, y sobre todo, los registros más altos como motivos de las marchas y las concentraciones en el gobierno Samper (que debe ser entendido en unión con la 31

importancia de las acciones educativas). Si continuamos, el siguiente período presidencial (Pastrana, 1998–2002) estará marcado por la continuación y pico del ascenso de “secuestros y retenciones”, representadas principalmente por el “No más” en 1999. Su ascenso estará acompañado con los descensos de “promoción de la paz” y de “asesinatos, masacres y desapariciones”, y por el mantenimiento en primer o segundo lugar de “inseguridad y violencia”. Por último, los siguientes 5 años describen el privilegio de “asesinatos y masacres” y el acompañamiento parejo entre “inseguridad y violencia” y “secuestros”. Como veremos en la siguiente sección (dedicada exclusivamente al período 1998–2007 que ha venido emergiendo por su particularidad), serán las masacres y los secuestros los dos principales motivos de estos años.

Motivos de las Marchas en la MSP 1990 - 2007 45 40 Número de acciones

35 Asesinatos, masacres y desapariciones Marchas y concentraciones

30 25

Inseguridad y violencia generalizada Marchas y concentraciones

20

Promoción de la paz - Marchas y concentraciones

15 10

Secuestros y retenciones - Marchas y concentraciones

5 0

En conclusión, en términos de motivos de las marchas y las concentraciones entre 1990 y 2007, la tabla 2 nos ayuda a ver 2 claras tendencias generales que si se observan con detenimiento, representan una jerarquía perfectamente contraria entre uno y otro período (1990 -1998 vs. 1999 – 2007), y nos permite ir trazando un mapa integral de estas dinámicas: si de 1990 a 1998 fue la promoción de la paz el principal motivo y los secuestros el último, desde 1999 hasta 2007 el orden será inverso poniendo en primer y segundo lugar a los “secuestros” y a los “asesinatos” respectivamente.

Tabla 2: Motivos de las marchas por períodos Años

Promoción de la paz

1990-

54

Inseguridad y violencia generalizada 48

Asesinatos, masacres y desapariciones 39

Secuestros y retenciones 29 32

1998 19992007

48

90

95

108

c. Convocantes de las marchas Para terminar, nos hemos centrado en la descripción de aquellos actores encargados de convocar las marchas y las concentraciones (originadas por cualquier motivo), dejando por fuera a los participantes de ellas. Encontramos en esta información una tendencia muy interesante que permite el paso a la segunda sección de la presentación: Los alcaldes y gobernadores del país (ejecutivo municipal) se han constituido, en los últimos años, en el convocante más visible desplazando a las Iglesias y a las Organizaciones por la paz. ¿Qué explica este papel de los alcaldes y gobernadores? ¿Por qué las víctimas no aparecen en esta jerarquía? ¿Por qué motivos están marchando unos y otras? ¿Por qué el descenso de las Iglesias? ¿Qué procesos de largo plazo se pueden comenzar a intuir? ¿Qué relaciones se han establecido, roto o mantenido entre estos actores?32 Tabla 3: Convocantes de las marchas por todos los motivos. 1990- 1997 Años

Iglesias

1990

1

Organizaciones por la paz 2

Ejecutivo municipal

Ejecutivo departamental 2

Pobladores urbanos 1

1991

7

1

2

1992

1

3

7

2

1

1993

3

2

6

1

1

1995

10

6

4

3

1996

4

4

3

3

1997

10

6

3

1

1998

26

33

23

17

16

Total

62

57

48

29

22

2

1994 1

32

Particularmente el tema de las relaciones supera lo planteado en esta presentación. Sin embargo, en lo visto hasta el momento, se ha podido identificar que, cuantitativamente, detrás del florecimiento de la MSP en el período Samper se encuentra una red bastante consolidada de relaciones entre organizaciones, contrario, sin embargo, a lo que viene ocurriendo en el período de Uribe donde la red se caracteriza por su dispersión. Si no obedece directamente a redes sociales consolidadas ¿a qué han obedecido los niveles tan altos de ACP de los últimos años?

33

Tabla 4: Convocantes de las marchas por todos los motivos. 1998 – 2007 Años 1999

Ejecutivo municipal 6

Organizaciones por la paz 10

Ejecutivo departamental 1

Pobladores urbanos 4

Iglesias

2000

9

24

4

4

7

2001

6

16

4

7

5

2002

16

18

11

12

7

2003 2004

15 16

9 15

7 18

3 13

3 12

10

2005

17

7

14

8

8

2006

30

17

16

12

7

2007

26

12

11

12

14

Total

141

128

86

75

73

Como hemos dicho, son más las preguntas que las respuestas. Sintetizando, en primer lugar hemos identificado tres tipos de relación entre las Acciones Colectivas por la Paz, el conflicto armado y los procesos de diálogo y negociación. En segundo lugar, ello nos ha llevado a centrar la mirada en las dinámicas propias de las acciones colectivas por la paz y a identificar dos tendencias históricas: la primera (que analíticamente puede ir hasta 1997 o 1998) caracterizada por la preeminencia de estrategias educativas (como los foros y los seminarios) y por unas marchas que convocadas centralmente por las Iglesias giraron principalmente en torno a la “promoción de la paz”; y el segundo momento (hasta el 2007) en el que se resaltan las “marchas y concentraciones” como tipo de acción más relevante, los “secuestros” y los “asesinatos” como los dos principales motivos de rechazo, y los ejecutivos municipales como convocantes principales en el panorama de actores. Con estos insumos, a continuación nos centramos en el segundo de estos momentos (que operativamente comprenderá 1998 – 2007), buscando profundizar en algunas de las preguntas señaladas arriba, a través de la comparación entre los dos tipos de marchas más relevantes: en contra de “asesinatos, masacres y desapariciones” y de “secuestros y retenciones”.

SEGUNDA PARTE: Caracterización de la movilización de protesta contra la violencia entre, 1998-2007 Tras la caracterización presentada en el anterior apartado, y con el fin de avanzar en el análisis propuesto, nos adentraremos en el período que comprende las presidencias de Andrés Pastrana (1998-2002) y de Álvaro Uribe Vélez hasta el 2007. Al mismo tiempo, dadas las transformaciones de la dinámica en la MSP expuestas, nos centraremos específicamente en los actores de la protesta contra la violencia, concretamente aquellos que lideraron las marchas de respuesta a hechos relacionados con dos motivos claramente diferenciados en Datapaz: asesinatos, masacres, desapariciones, por un lado, y secuestros o retenciones, por el otro.

34

Estudiar las marchas de protesta bajo estos dos motivos, que como se ha dicho, conforman el tenor de la MSP en este período, pondrá en nuestras manos una pista para avanzar en la explicación de los procesos de oficialización y radicalización de los discursos de la paz y los derechos humanos (DDHH); para ello es necesario abordar el análisis de la composición social de la protesta, tanto en el comportamiento que tuvo en cada uno de los motivos, como en el comportamiento geográfico de las acciones.

En forma de preguntas, el propósito de este segundo apartado se puede formular de la siguiente manera: ¿Qué tipo de actores sociales han liderado la protesta en la MSP? ¿Cómo afecta la composición social la prevalencia de uno u otro motivo que subyace a esta protesta? ¿Qué incidencia puede tener esta composición social en su comportamiento geográfico? ¿Qué representa en conjunto esta nueva composición social de la protesta en la caracterización general de la MSP? Tal y como quedó demostrado en el primer apartado, el cambio de estrategia del accionar colectivo durante los últimos diez años, de la educación a la protesta, denota una transformación radical en la dinámica de la MSP, tanto en su interacción con las dinámicas de la violencia y los procesos de diálogo y negociación, como en el interior de sí misma. La MSP, en cuanto dinámica social, presenta características temporales y espaciales bastante heterogéneas, conforme, claro está, a los contextos particulares en los que se desarrolla. Los actores que participan en estas dinámicas determinan en parte tal caracterización; se trata de un juego de relaciones que desata nuevos procesos, muchas veces inesperados, dando forma a dinámicas conflictivas de mediano o largo plazo en el conjunto de la sociedad (McAdam, et al, 2005). En este sentido, es importante observar con mayor detalle las características de la protesta en la MSP durante los últimos años, a fin de rastrear los pasos que condujeron a la oficialización y radicalización de los discursos de la paz y los DDHH. La gráfica que presentamos a continuación nos muestra los cinco principales motivos que subyacen a las marchas por la paz entre 1998 y 2007; como se puede observar, los tres primeros se refieren a una forma de movilización que se establece en el horizonte de la paz negativa33: en su orden, secuestros, asesinatos e inseguridad (en este mismo horizonte, aparece en quinto lugar las conmemoraciones de hechos de violencia). Llama la atención que estos motivos aventajan en mucho a la promoción de la paz, como motivo en el horizonte de paz positiva. Esto en sí mismo imprime carácter a la protesta social, que explica en

33

En Datapaz registramos como paz negativa todas las acciones orientadas exclusivamente al rechazo y contención del conflicto armado (secuestros, homicidios, masacres y otras infracciones a los DDHH y al DIH). Tal como lo menciona Fisas, siguiendo a Johan Galtung: “si la ausencia de guerra podemos denominarla como paz negativa, la ausencia de violencia equivaldría a paz positiva, en el sentido de justicia social, armonía, satisfacción de las necesidades básicas (supervivencia, bienestar, identidad y libertad), autonomía, diálogo, solidaridad, integración y equidad” (Fisas, 1988:1920).

35

parte el sentido de rechazo a la violencia que ha mostrado la movilización por la paz durante los últimos diez años en el país.

Gráfica 2 Motivos de las Marchas en la MSP 1998 - 2007 120

100 Asesinatos, masacres y desapariciones Marchas y concentraciones

80

Conmemoraciones de hechos de violencia - Marchas y concentraciones 60

Inseguridad y violencia generalizada Marchas y concentraciones Promoción de la paz - Marchas y concentraciones

40

Secuestros y retenciones - Marchas y concentraciones

20 92

20

85

54

111

0 Total

Con esto, vamos a entrar ahora a presentar, en un primer momento, los actores que han liderado las marchas de protesta en los dos motivos principales que hemos señalado; en un segundo momento, el comportamiento geográfico de la misma; y en un tercer momento, algunas reflexiones que se derivan de esta caracterización.

1. Los actores en la protesta contra la violencia: En términos generales, la MSP está impulsada por una amplia diversidad de sectores y organizaciones sociales, que trasciende la esfera de las organizaciones por la paz. Gracias a esta diversidad es posible observar la intensidad de la presencia de estos actores, la composición de los principales liderazgos sociales para cada motivo, sea la protesta contra el secuestro, o sea contra los asesinatos.

(Ver Tabla 5: Tipo de organización convocante, que presenta los diez de mayor frecuencia). Algunos elementos llaman aquí nuestra atención: • Una presencia bastante importante de entidades de gobierno en la convocatoria de la protesta. Esto se puede observar en el liderazgo de las alcaldías (Ejecutivo municipal) en ambos motivos (Asesinatos 23 y secuestros 16). Otras instancias oficiales hacen parte de este conjunto mayoritario; las gobernaciones departamentales (Ejecutivo departamental, Asesinatos 11 y secuestros 10) y los organismos judiciales y de control 36

(Asesinatos 7 y secuestros 3). Este tipo de presencia resulta significativo en una dinámica social, como lo es la movilización por la paz, que históricamente se había caracterizado por ser básicamente de carácter civil.

• En contraste, resulta significativo el comportamiento de los sectores civiles dentro de la protesta. Vemos, por ejemplo, que las víctimas de la violencia están principalmente concentradas en el tema del secuestros (21 contra7, particularmente familiares de secuestrados). Los pobladores urbanos (como categoría que agrupa a la ciudadanía en general) es un sector bastante integrado a las dinámicas de la movilización (Asesinatos 15 y secuestros 11); en este caso con alguna inclinación hacia el tema de asesinatos.

• Llama mucho la atención la presencia de instituciones educativas en ambas dinámicas de la protesta, como uno de los sectores líderes de la movilización (Asesinatos 8 y secuestros 13). En el caso de las ciudades capitales, son liderazgos reconocidos a los principales centros universitarios; en el caso de municipalidades más pequeñas, tal liderazgo recae sobre los colegios o centros educativos locales.

Tabla 5 Tipo de organizaciones convocantes 19982007 (Acumulado conv. y varios conv.)

Asesinatos, masacres y desapariciones

Secuestros y retenciones

Total general frecuencia acciones

Ejecutivo municipal

23

16

39

Víctimas de la violencia y familiares

7

21

28

Pobladores urbanos

15

11

26

Instituciones educativas

8

13

21

Ejecutivo departamental

11

10

21

Organizaciones gremiales

14

4

18

ONG y fundaciones

3

13

16

Iglesias

10

5

15

Organizaciones por la paz

5

6

11

Organismos judiciales y de control

7

3

10

120

142

262

Total general

• Vale la pena resaltar, o contrastar, el comportamiento de ONG y fundaciones (no entran aquí las organizaciones de DDHH, ODH) y las iglesias (principalmente la católica). Las primeras se han volcado mayoritariamente a respaldar la movilización contra el secuestro (13 contra 3), mientras las segundas han respondido más a las situaciones de asesinatos, masacres y desapariciones (10 contra 5).

37

• Finalmente, es importante anotar la constancia de una tendencia de los actores a convocar a las distintas acciones de forma conjunta; esto muestra un sentido del actuar colectivo en torno a causas comunes que se van configurando en la esfera pública, en este caso la protesta contra la violencia.

Con lo anterior, observamos, finalmente, un mayor número de actores sociales bajo el motivo de secuestros, lo cual es una muestra, aunque no con mucha diferencia, del proceso de concentración de la sociedad, particularmente civil, hacia esta forma de movilización y protesta. Las entidades de gobierno han estado concentradas principalmente en la protesta contra asesinatos.

En términos generales, si bien se mantiene una amplia presencia de sectores civiles dentro de la movilización, es claro que a lo largo de éste período las instancias de gobierno han ganado un mayor liderazgo en la convocatoria a la movilización por la paz, particularmente en la movilización de protesta contra la situación de violencia, como lo hemos visto en este caso. Profundicemos ahora esta tendencia dando una mirada al aspecto territorial.

2. Comportamiento geográfico de la protesta: El comportamiento o la presencia de los actores, como lo hemos dicho, no responde sólo a la lógica de los motivos, sino también a determinaciones territoriales de la movilización. Es importante distinguir dos conceptos para este análisis; por una parte, el alcance, o nivel de participación en la movilización (municipal, departamental, regional, nacional o internacional, según muestra la Tabla 6); por otra, la cobertura municipal, o el número de municipios implicados.

Es importante en este punto llamar la atención sobre las coincidencias o las diferencias del comportamiento de la protesta en el marco de la MSP, según los motivos. Algunos elementos de interés para esta parte del análisis: • Hay una coincidencia particular en el carácter municipal de las acciones de protesta. Es interesante observar que el tema de secuestros durante este período ha sido especialmente local; al mismo tiempo, que la protesta por asesinatos, no obstante su fuerza local, se caracteriza por un accionar que ha pretendido impactos en la esfera nacional.

• En las marchas contra el secuestro se ha dado, a la vez que en lo local y departamental, una dinámica de carácter nacional, es decir, la realización simultánea de eventos en muchos lugares del país. En el caso de asesinatos, la movilización ha sido preferentemente regional, y con una mayor presencia de la comunidad internacional, más incluso que en el tema de secuestros.

38

Tabla 6 Alcance y cobertura de las marchas de protesta en la MSP. 1998 – 2007

Asesinatos, masacres y desapariciones

Secuestros y retenciones

Municipal De impacto nacional De carácter nacional Departamental Regional Con participación nacional e internacional Con participación nacional Total del número de acciones Total neto de municipios implicados

71 84 9 7 13 3

92 1 23 13 7 1 1 138 53

187 116

Total general número acciones 163 85 32 20 20 4 1 325 169

• De estos elementos, sobresale la clara diferencia en el cubrimiento municipal de la protesta bajo cada uno de los motivos; observamos que la movilización por asesinatos duplica en cobertura municipal (116) a la movilización por secuestros (53). Esto es, ha habido una mayor concentración municipal de las marchas por secuestros, especialmente en las principales ciudades capitales del país; por el contrario, la movilización por asesinatos tiene un comportamiento, en este sentido, más disperso (Ver mapa anexo).

Observamos así, un doble carácter de la movilización en este período; una dinámica que tiene su fuerza en lo municipal, pero con claras pretensiones de elevar su impacto, o incidencia, a esferas más nacionales. Respecto a períodos anteriores de la movilización, el que aquí analizamos ha mostrado una tendencia a la nacionalización.

Por otra parte, si bien la movilización contra el secuestro ha ganado mayor posicionamiento ante la opinión pública nacional, es importante reconocer la dinámica de protesta contra asesinatos, masacres y desapariciones que ha sido poco debatida o evidenciada, pero que representa el accionar mayoritario, tanto en número de acciones como en cubrimiento geográfico.

3. Reflexiones en torno a los actores de la protesta: Podríamos abordar ahora unas primeras reflexiones sobre los procesos de la movilización por la paz en nuestro país, particularmente respecto a este carácter de la protesta contra la violencia. Se trata, básicamente, de establecer una relación entre la presencia de los actores según los motivos, con su comportamiento según la cobertura y el alcance geográfico de la movilización.

39

Es importante, en términos generales, el surgimiento de nuevos actores sociales en la dinámica de la MSP, como lo son en este caso las instancias de gobierno municipal y departamental, junto con otras instancias de carácter nacional, como lo son los entes judiciales y de control. Este aspecto llama más la atención al tratarse de una movilización de protesta contra la violencia, en donde las entidades de gobierno han jugado un papel preponderante en el orden local y con esfuerzos de impacto a nivel nacional. En otras palabras, son las instancias de gobierno local y regional quienes han liderado las movilizaciones de rechazo a la violencia, más en temas relativos a asesinatos, masacres y desapariciones, que representa un fuerte clamor desde las regiones del país. Considerando incluso la fuerte movilización local en el tema del secuestro, podríamos afirmar que la apropiación que han hecho los Alcaldes y Gobernadores de los temas de violencia, más en un sentido de protesta y movilización, se debe en parte a que se trata de situaciones a las que constantemente se enfrentan en sus territorios de incidencia.

Otro nuevo actor social emergente durante este período son las víctimas y sus familiares, tanto familiares de secuestrados por las FARC u otros grupos ilegales, como las víctimas y familiares de guerrillas, paramilitares y fuerza pública. Se trata de un sector, aunque heterogéneo, que ha venido ganando fuerza en la esfera pública. Por una parte, frente al secuestro en Colombia se ha presentado una fuerte movilización, como se puede recordar con las marchas del “No más” a finales de los años 90. Las marchas contra el secuestro de los últimos años recogen en parte el acumulado y sentir social de esa época, avanzando en la creación de estructuras organizativas de familiares de los secuestrados. Por otra parte, las víctimas por asesinatos, masacres y desapariciones han ganado mayor presencia dadas las condiciones políticas y legislativas que se dieron con la creación y debate en torno a la Ley 975, el polémico proceso de desmovilización del paramilitarismo y el fortalecimiento de sus organizaciones en los ámbitos regional y nacional.

Otros sectores emergentes que llaman la atención son las instituciones educativas, ocupando posiciones relevantes en el conjunto de los actores, como lo hemos anotado anteriormente. Se han destacado también las organizaciones gremiales, quienes básicamente en la acción conjunta se han dado a la movilización; básicamente los gremios locales, aunque las organizaciones gremiales nacionales ofrecen su respaldo a estos procesos. También un grupo de ONG y fundaciones, distintas a las ODH, han entrado a apoyar la protesta contra el secuestro. Estos, valga decirlo, son sectores bastante nuevos en la movilización por la paz.

Los pobladores urbanos, tanto en uno como en otro tipo de motivo, han sostenido su participación en las movilizaciones. En este caso, como convocantes conforman un conjunto que no es claramente definido, pues recoge de forma 40

general sectores u organizaciones no especificadas por las fuentes. Preocupa si, particularmente a nivel local o regional, que existe un amplio número de estos sectores que por razones de seguridad deben actuar aún de forma a-nonima.

Finalmente, encontramos sectores sociales que se han rezagado un poco en el listado de la movilización de protesta; es el caso de las iglesias, en concreto la católica, las organizaciones por la paz, quienes fueron líderes de la movilización en la década anterior. Incluso otras que no aparecen en la lista top, como las ODH u organizaciones de sectores sociales, como mujeres, campesinos, jóvenes. Este aspecto puede darnos cuenta de dos posibles condiciones; la de violencia en las regiones, que como se ha visto, es alta, lo cual ha exigido a las organizaciones cambiar sus estrategias de acción en aras de ganar mayor protección frente a los actores de la guerra.

TERCERA PARTE: Procesos de oficialización y radicalización de los discursos de la paz y los DDHH en Colombia Tras haber observado la composición social de la protesta entre 1998 y 2007, entraremos ahora a mostrar la manera como esta nueva forma de la movilización ha determinado los procesos de oficialización y radicalización de los discurso de la paz y los DDHH. La pregunta que nos guiará en este tercer apartado es la siguiente: ¿De qué manera las dinámicas expuestas nos permiten hablar de procesos de oficialización y radicalización de los discursos? y, de allí, ¿Cómo se expresan estos procesos en la conformación del adversario?

Queremos aportar elementos para la discusión y análisis sobre las nuevas condiciones de la guerra en el país, en donde el campo de batalla ha ampliado su cobertura, de las trincheras en el frente, a los discursos en la retaguardia. Los temas de la paz y los DDHH se han puesto con mayor fuerza en estos escenarios de la discursividad, más cuando las entidades de gobierno y los sectores sociales oficialistas han presentado las visiones y estrategias para su cumplimiento. Esta visión, que adquiere fuerza en la opinión en general, se opone, con amplia distancia, a las visiones y estrategias de los sectores tradicionalmente abanderados de tales temas; ello ha determinado el nuevo campo de la contienda al que aquí nos referimos. ¿Qué significa, entonces, este proceso de oficialización y radicalización de los discursos de la paz y los DDHH? ¿A dónde nos puede conducir todo esto? Así, en esta tercera parte, buscaremos dar cuenta de estos procesos de largo plazo en dos momentos: en primer lugar, el proceso de oficialización discursiva, y segundo el proceso de radicalización.

1. La oficialización de los discursos La oficialización discursiva la entendemos como el proceso de apropiación que las entidades estatales y de gobierno hacen de los contenidos y representaciones simbólicas, en este caso, de la paz y los DDHH. Este proceso implica dos 41

mecanismos subyacentes; el de institucionalización y el de atribución de credibilidad de parte de sectores civiles a los sectores oficiales. No son, por supuesto, procesos nuevos, por el contrario son procesos de larga trayectoria en la contienda política nacional (fundamental será anclar lo aquí propuesto en una perspectiva histórica de más largo plazo).

Los temas de la paz y los DDHH han ganado paulatinamente durante los últimos 25 años mayor apropiación y visibilidad por parte de distintos sectores de la sociedad colombiana, de lo cual no se podía dar razón en décadas anteriores.

Especialmente las entidades oficiales y sectores oficialistas han ganado durante los últimos diez años mayor presencia en este escenario discursivo.

Los procesos de paz iniciados en el gobierno Betancur (1982-1986) y continuados durante Barco (1986-1990), acompañados, incluso en estos mismo períodos, de la instalación de instancias institucionales como los altos comisionados para la paz, el Consejo nacional de paz y los consejos departamentales y municipales de paz durante Gaviria (1990-1994) y Samper (1994-1998), la nueva Carta constitucional, presentada como el gran pacto de paz, el depósito de esperanza de la sociedad nacional en las negociaciones de Pastrana (1998-2002) con la guerrilla. Los procesos de diálogo y negociación durante estos años y el cuestionado proceso de desmovilización del paramilitarismo durante Uribe (2002-) han creado instancias institucionales referidas exclusivamente a este tema. Prácticamente hoy, y desde el debate electoral a finales de los años 90, no hay candidato presidencial, regional o local, que no haga mención al tema de la paz y las negociaciones con los actores armados; el discurso de la paz, en este sentido, ha sido apropiado por la oficialidad de distintas maneras.

Por su parte, los DDHH, desde mediados de los años 70, con especial preocupación en la década de los 80, hasta hoy, han alcanzado una legitimidad y visibilidad que hace tres décadas no tenían. La creación de la Comisión de Derechos Humanos durante el gobierno Betancur, la instauración de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos durante el gobierno Barco, el carácter constitucional que la Carta de 1991 le otorgó a la protección de los DDHH, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante el gobierno Gaviria y la instalación de la Oficina Permanente en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 1997, entre muchas otras instancias, permitieron, no sólo la legitimación de las demandas sociales que tienen como fundamento la exigibilidad de los DDHH, sino también su institucionalización (Sarmiento y Delgado 2008).

De este modo, no es sorprendente que actores como las alcaldías municipales, las gobernaciones e incluso instancias estatales de carácter nacional, como las entidades de judiciales y de control, hagan parte de los principales convocantes de la movilización de protesta en contra de la violencia y de exigibilidad de respeto a 42

la vida y de los DDHH, como lo hemos expuesto en los apartados anteriores. A ellos se suman otros sectores que han atribuido a las entidades oficiales una alta dosis de respaldo y credibilidad, como lo son los grandes gremios económicos, los principales medios de comunicación y amplios sectores de la sociedad civil que plantean preguntas importantes acerca de la cultura política en el país.

Hablamos aquí del aprovechamiento por parte de las entidades oficiales de una oportunidad cultural (McAdam, 1994) creada a través de estos procesos en los últimos 25 años, aprovechamiento que conlleva el propósito de obtener nuevas fuentes de legitimidad política, como ha sido demostrado en las últimas contiendas electorales a nivel nacional y regional. De este modo, con los temas de la paz y los DDHH, en tanto han ganado altura como asuntos legítimos de exigencia pública, se abrió un juego de contienda discursiva entre sectores de la sociedad, que pone a estos asuntos claramente sensibles para el país en el centro de la interpretación simbólica (de la que la interpretación política hace parte). Es así que la paz y los DDHH se convirtieron en un espacio discursivo en disputa (Sarmiento y Delgado, 2008), donde los distintos actores sociales luchan por el sentido y la interpretación de las respuestas dadas a dos grandes interrogantes, a saber, cuál es la visión o concepción que se tiene de la paz y los DDHH y cuáles son las estrategias que se deben poner en práctica para alcanzarlos o hacerlos cumplir.

2. La radicalización de los discursos en la sociedad El proceso de oficialización de los discursos de la paz y los DDHH ha marchado a la par con el proceso de radicalización de los mismos; en otras palabras, en las particularidades del contexto político colombiano, el proceso de oficialización ha implicado al mismo tiempo un proceso de polarización de los mismos discursos en la sociedad, que es a la vez expresión de polarización de la sociedad misma. Este proceso no es más que el alineamiento de los distintos actores sociales en el campo del discurso, particularmente en los temas que aquí nos interesan, con las implicaciones y consecuencias políticas que de allí se desatan.

La radicalización la entendemos, entonces, como el proceso por el cual los actores sociales afirman sus identidades en torno a una u otra facción dentro del campo conflictivo; en este caso, las posiciones que adoptan los actores, individuales o colectivos, poniendo en juego sus representaciones simbólicas de la paz y los DDHH a través del discurso.

En retrospectiva histórica de la MSP, podríamos atrevernos a afirmar que desde finales de los años 90 nos encontramos inmersos en un proceso de radicalización o polarización social en torno a los asuntos de la paz y la guerra en Colombia.

Retrocediendo más en el tiempo, desde el período de represión que se dio a partir de la presidencia de Turbay (1978-1982), que implicó vergonzosos episodios, como la persecución y aniquilamiento de la organización social y sus liderazgos, que continuó con el exterminio de la Unión Patriótica hasta entrados los años 90, 43

expresión de una alta radicalización política, cultivada desde la época del Frente nacional, desde esa época, decimos, no se presentaban condiciones semejantes de polarización como las vividas hoy en día. Las esperanzas signadas en el logro de la paz, gracias a las negociaciones con las guerrillas iniciados por Betancur y culminados con la nueva carta constitucional, junto al clima de apertura democrática que ésta representó, ofrecieron a la sociedad un horizonte de interés común, el logro de la paz, roto a la postre con la aparición del paramilitarismo, el accionar de las guerrillas y el acelerado incremento de la violencia. Así, desde finales de los 90, en medio de ese contexto de incertidumbre y cansancio social de la guerra y la violencia, las posiciones de los distintos sectores, civiles y oficiales, frente a las posibles salidas al conflicto se empezaron a distanciar ampliamente; algunas inclinadas hacia una salida militar, de confrontación y aniquilamiento del enemigo; otras más civilistas, de negociación y resolución política.

Paradójicamente, aunque el horizonte de la paz se conserva, pues a la postre todos quieren la paz, las diferencias en los medios para lograrla definieron el nuevo campo de la confrontación. A la par se encuentra el tema de los DDHH, que emerge como preocupación por los efectos de la violencia y la guerra sobre distintos sectores de la sociedad, y emerge también, desde el discurso, como arma política, lo mismo que la paz, para desacreditar al adversario o ganar legitimidad frente a la opinión pública, nacional e internacional.

Es así como se conforman flancos o secciones de opinión, acuerdo o desacuerdo, acreditación o desacreditación, credibilidad o no, en torno a los temas de DDHH, de la paz y la guerra, en general, por parte de los actores de la sociedad. La MSP no es aséptica a estos procesos; por el contrario, desde esta perspectiva se pueden entender los comportamientos de los actores sociales que en ella se han involucrado durante los últimos años (1998-2007). Parte de esto lo hemos visto en el proceso de oficialización que analizamos anteriormente; la cuestión es el comportamiento de los demás sectores sociales, en conformación de flancos radicales, ante procesos como la apropiación de los discursos que las entidades del gobierno han hecho de estos temas.

El mismo hecho de que sean los temas de la violencia, como asesinatos y secuestros, los que ocupen el top de los motivos de las marchas de protesta son evidencia de la fuerza del discurso de confrontación que representan; son, por supuesto, los temas que generan mayor fuerza de opinión, mayor debate y confrontación, mayor claridad en la identificación del enemigo, entre otros mecanismos políticos en uso actualmente. A saber, en esta dinámica de protesta que estamos analizando, las guerrillas, especialmente las FARC, son identificados ampliamente como el adversario recurrente de la movilización: representan el 64,6% de los adversarios identificados, aventajando en mucho a los paramilitares (13,8%) o las distintas instituciones de la Fuerza pública (10,7%). Las guerrillas aparecen como adversario en proporciones importantes bajo los dos motivos; en asesinatos el 23% y en secuestros, en donde más, por razones claras, aparecen 44

con 41,5%. Con esto, estamos afirmando que los actores sociales han radicalizado sus posiciones en contra de las FARC, tanto en lo local como en lo nacional, en tanto la movilización se da ampliamente en estos dos ámbitos, como lo hemos presentado en apartados anteriores.

Una movilización, oficializada y radicalizada de este modo, alimenta la polarización en la que nos encontramos. El comportamiento de los actores en la movilización da cuenta de este proceso; quiénes han ganado protagonismo o quiénes han salido de escena. Cómo este comportamiento muestra a su vez las posiciones en las líneas discursivas en confrontación. Quiénes salen a marchar, en qué ocasión y bajo qué consignas, o quiénes no lo hacen. A qué convocatorias se les de mayor visibilidad mediática y a cuáles no, qué razones de cálculo político subyacen a tales intenciones. No nos encontramos frente a una movilización plana, sino por el contrario, frente a una movilización de estrategias simbólicas y mediáticas, puestas en el escenario de la política y la confrontación, en donde se gana o se pierde en los alineamientos de amigos o enemigos, como parecería tratarse cada vez más.

Hemos presentado en nuestros registros una amalgama de actores sociales, algo volátiles como para identificarlos de entrada en los flancos a los que nos hemos referido, tampoco se trataría de hacerlo, sino de ver la manera en que los nuevos protagonismos dan cuenta de estos procesos. Así como el surgimiento de entidades oficiales en el liderazgo de la movilización y el rezago de otras, como las organizaciones por la paz o las iglesias, es expresión del proceso de oficialización, vemos que al mismo tiempo el fuerte incremento de la protesta contra las FARC, y no tanto contra otros actores armados, como los paramilitares o la Fuerza pública, da cuenta de la radicalización de la protesta.

CONCLUSIONES Implicaciones de la oficialización y la radicalización en la MSP En la MSP hemos visto las grandes transformaciones en las estrategias y motivos que caracterizan la dinámica actual; en ello los distintos actores sociales han cumplido un papel determinante; quizá, tras la reflexión que hemos realizado, ya no es fácil afirmar que el contexto per se determina la movilización, sino que por el contrario, en parte el comportamiento de los actores sociales en esta movilización establece nuevas mediaciones que reconfiguran el escenario político; en este caso, los procesos de oficialización y radicalización de los discursos de la paz y los DDHH, puestos en el campo de la protesta, han generado nuevas condiciones sociales y políticas que transforman las fuerzas sociales, alineándolas en flancos opuestos, en la lógica de la guerra, creando con ello un nuevo escenario del conflicto; el del discurso, el de los imaginarios y las representaciones de la confrontación y del enemigo.

45

Es claro el nivel de politización de la sociedad en una forma de movilización como la que nos ocupa, quizás ahora más que en períodos anteriores. La cuestión, es respecto a los efectos de estos procesos para la definición del conflicto; su resolución o su intensificación. Nos encontramos en este punto ante un amplio conjunto de la sociedad que ha ganado espacio político y de opinión frente a los asuntos de la guerra y la paz, independientemente del flaco en el que se ubique. ¿Qué significa para la cultura política de la sociedad, sus representaciones y visiones, haber ingresado a librar el conflicto a través de estas estrategias de movilización, alineándose en un discurso y radicalizando sus posiciones contra un enemigo claramente identificado? ¿Quién saca provecho de estos procesos en el conjunto de la sociedad?

Podemos anotar, a modo de preguntas, algunas ideas respecto a las implicaciones que estos procesos pueden tener para la paz en nuestro país: • La visión misma de la paz y los medios para lograrla. La paz podría significar la neutralización del adversario; ¿bastaría esto para resolver el conflicto? ¿habría posibilidades para la negociación? ¿la negociación sería suficiente para resolver el conflicto? ¿cabría en la visión de la paz la transformación estructural que subyace a las formas de violencia? ¿cómo se entiende la responsabilidad de los actores de la guerra frente a los DDHH y la reparación de las víctimas?

• La concepción de la democracia y del Estado. ¿Qué sentido de la integración social se ha cultivado en estos procesos de radicalización? ¿en qué quedan las posibilidades de creación de confianzas sociales y políticas? ¿qué tipo de liderazgo ha establecido la oficialidad frente a la sociedad respecto a los mecanismos para la tramitación de los conflictos? ¿cuáles son los fundamentos de la legitimidad del Estado? ¿en qué queda la responsabilidad del Estado como garante de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales?

• El papel de la sociedad en el permanente proceso de construcción de nación. ¿quiénes se quedan, quiénes se deben ir? ¿cuáles son las capacidades y los mecanismos para tramitar los conflictos? ¿cómo se construye la visión del otro, del vecino, del colega, del adversario? ¿cómo se tejen las relaciones regionales y desde las regiones con el país nacional? Y en el sentido contrario, ¿cómo el nivel de lo nacional articula lo regional, y lo local?

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48

El secuestro en Colombia: un campo discursivo polarizado34 Vladimir Caraballo Acuña Presentación. Secuestro: cifras e interpretaciones Para 1950, el sociólogo funcionalista Talcott Parsons metía en un mismo paquete la criminalidad y las acciones de protesta. En tanto conductas desviadas, ambas infringían las normas institucionalizadas y testimoniaban un desequilibrio en los procesos de interiorización de dichas normas en los agentes desviados, que aparecían entonces como “desadaptados sociales” (Melucci, 1999). Una década más tarde, en los años 60, otra serie de acercamientos convergían en una mirada más psicológica que resaltaba una doble irracionalidad en los actores colectivos, que les llevaba a asumir conductas contestatarias: la frustración como resultado del distanciamiento entre expectativas y posibilidades de satisfacción y las creencias generalizadas y desproporcionadas sobre la fuerza y potencial de las acciones colectivas (Múnera, 1998: 26). De otro lado, partiendo de interpretaciones erradas del marxismo, otra serie de autores veía en la existencia de situaciones estructurales injustas el origen de los procesos de movilización social. De esta y muchas otras maneras, algunos autores asumían una conexión mecánica entre estructura y acción que no permitía dar cuenta de las transacciones sociales, culturales, políticas que mediaban entre la una y la otra.

Esto llevó entonces a que otras corrientes académicas centraran la atención en la construcción social de la protesta, haciendo énfasis en que los sistemas sociales no son absolutos, sino que resultan de la confrontación y de la negociación entre los diferentes agentes sociales. Estas últimas posturas coincidían en un punto central: los agravios e injusticias sociales, más o menos objetivos, no son suficientes por sí mismos para el inicio de la movilización o acción política; tiene que existir una conciencia de esas situaciones y un discurso social o una interpretación que los relacione con determinadas políticas ejercidas al interior de determinadas redes de poder.

Las marchas contra el secuestro en Colombia nos sitúan en medio de estas discusiones. La siguiente gráfica contrapone las cifras del secuestro y las marchas de rechazo entre 1998 y 2008, y la tabla compara los motivos de las marchas en dos períodos: 1990 – 1998 y 1999 – 200835.

34

Ponencia presentada en la Cátedra Democracia y Ciudadanía de la Universidad Distrital. Bogotá, 27 de agosto al 12 de noviembre de 2009.

35 Las cifras de secuestro fueron tomadas de País Libre, y las de marchas del sistema Datapaz del Cinep.

49

Fuentes: País Libre y Datapaz (Cinep)

Secuestros vs. Marchas por secuestros (1998 - 2008) 45

40000

40

35000

35

30000

30 25000 25 20000 20 15000 15 10000

10

5000

5 0

0 1998

MARCHAS SECUESTROS

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

9

41

8

1

11

4

20

8

7

8

10

2860

3204

35702

2917

2882

2121

1440

800

687

521

242

Motivos de las marchas Años 1990-1998

Promoción de la paz 54

1999-2007

48

Inseguridad y violencia generalizada 48

Asesinatos, masacres y desapariciones 39

Secuestros y retenciones 29

90

95

108

Fuente: Datapaz (Cinep)

Dos paradojas resultan de esta información: primero, que el descenso sostenido de los secuestros se haya correspondido con importantes aumentos (unos más sostenidos que otros) de las marchas. Segundo, que a pesar de las cifras, el secuestro haya pasado a ser el motivo principal de las movilizaciones por la paz, en comparación con otros que en el período anterior eran los privilegiados. ¿Cómo explicar estas distancias entre las cifras y las movilizaciones?

Lo que quiero mostrar es justamente la relevancia explicativa que en este caso deben tener esas formas de interpretar que se mencionaban arriba y que “median” entre la cantidad de secuestros como “realidad objetiva” y las motivaciones para que la gente decida manifestarse (a pesar de la clara disminución del objeto de la protesta). En este sentido, la hipótesis que pretendo sustentar a continuación, se refiere a la consolidación de un campo discursivo alrededor del tema del secuestro y a su disponibilidad para la definición de identidades sociales en amplios sectores del país. Remitiéndome a las formas en que la prensa cubrió la marcha del 4 de febrero de 2008 en contra de las FARC y del secuestro, y a la posición que el presidente Uribe ha adoptado en relación con la posible liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo, mostraré cómo al interior de dicho campo se han puesto en juego la formación de determinadas identidades políticas, el uso diferenciado de determinados recursos (simbólicos, económicos, etc.), la certificación oficial de 50

algunos actores (y no de otros), y al final, las formas en que ello ha consolidado un espacio discursivo polarizado: el análisis de la prensa sobre el 4F mostrará el uso frecuente de repertorios emocionales, la alusión a divisiones claras entre un “nosotros” y un “ellos”, unas determinadas interpretaciones de lo que significa “político” y “social”, etc.; los debates sobre la liberación de Moncayo, de otro lado, hará evidente el papel que ha tenido el lenguaje del presidente en la separación de un discurso fundamentado en lo moral y otro en lo político oficial, y en la definición misma de lo que ha contado como “político” y como “social” en esta particular coyuntura. ¿Quiénes han hablado desde uno y otro lugar? ¿Quiénes han estado autorizados oficialmente para hacerlo en uno o en otro? ¿Qué ha ocurrido cuando determinados actores rompen los guiones y transitan de los espacios morales a los políticos o viceversa? ¿Qué características comunes aparecen en el análisis de estos dos episodios? Estas son algunas de las preguntas que se irán resolviendo a continuación.

1. Representaciones melodramáticas de la movilización por la paz: la marcha del 4 de febrero en la prensa colombiana36 “Ese era el sueño quijotesco de los jóvenes horrorizados ante el dantesco mundo del secuestro” (El Colombiano, 5 de febrero de 2008) Este epígrafe representa uno de los elementos más claros de la forma en que algunos periódicos colombianos cubrieron la marcha del 4 de febrero de 2008 en contra del secuestro. En un texto dedicado al cubrimiento del conflicto armado por la prensa, Camilo Tamayo y Julián Bonilla hablan de “cómo la fascinación que producen los ‘hechos de guerra’ en las agendas mediáticas obedece a que estos acontecimientos están asociados a valores-noticia que privilegian el drama, la tragedia, la novedad, la espectacularidad, el antagonismo y el heroísmo. Narrativas frente a las cuales los ‘hechos de paz’ viven en un constante opacamiento debido a que no están relacionados con lo insólito, dramático e impactante” (2003: 134135) A pesar de esto último, los elementos mencionados parecen cumplirse al pie de la letra en la cobertura de la marcha del 4 de febrero, públicamente entendida como una movilización por la paz. Dicha cobertura estuvo llena, como veremos, del énfasis en la valentía y el heroísmo de quienes decidieron marchar en rechazo al engaño y la cobardía de los que siguen escondiéndose en el anonimato de las selvas de Colombia; estuvo llena de alusiones literales al sufrimiento, a las cadenas, a las lágrimas de los secuestrados; fue insistente en el uso de adjetivos para describir a quienes marchaban como familia y a quienes cobarde e 36

Gran parte de la información y análisis en la que baso este apartado ha sido construida en conjunto por la Facultad de Lenguas de la Universidad Javeriana y el Cinep.

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irresponsablemente se habían quedado en sus casas; etc. A través del análisis de estos discursos en la prensa (en los que se encuentran referencias a textos y testimonios de todo tipo de actores sociales –gobierno, opinión pública, columnistas, políticos, etc.) mostraré las tendencias de varios elementos: los repertorios emocionales y la naturalización de los motivos de la marcha, el engaño como mediador entre la cobardía de las Farc y la valentía de los marchantes, la divisoria entre quienes marcharon y quienes no, y por último, la oposición hecha entre “lo político” y “lo social”.

Cobardía, engaño, rabia y movilización: la naturalización de los motivos: En su estudio acerca de los discursos de las Farc y las AUC, Ingrid Bolívar apunta su carácter emotivo partiendo de varios elementos. Por un lado, unos contenidos que fundamentan su legitimidad en “lo que se siente”: los discursos de los actores armados tienden a montarse sobre creencias acerca de las motivaciones y los comportamientos de los otros que recalcan la agresión, la ofensa, la traición y el daño. Suelen explicar su propio comportamiento en términos de defensa, respuesta y protección. Por otro lado, se refiere a los recursos retóricos utilizados que, como hemos dicho, acuden permanentemente a estrategias melodramáticas por medio de procesos de esquematización y polarización que facilitan la identificación de la trama narrativa y de sus personajes: el traidor, la víctima, el justiciero, el burlón. Por último, se refiere a las formas en que dichos discursos buscan construir una comunidad de sentimiento, partiendo de la construcción social y colectiva de dichas emociones (Bolívar, 2006: xxxiii – xl). Para el caso de los discursos sobre la marcha del 4 de febrero de 2008, quiero llamar la atención sobre la muy evidente presencia de dichos elementos. Las frases que así lo muestran se hicieron presentes en toda la cobertura de la movilización, y de ellas nos interesa resaltar varios elementos. Por un lado, un grupo de enunciados dirigidos a enfatizar el engaño y la cobardía de las Farc: “Hay que creerles a quienes sean dignos de crédito y ellos no lo son”, “Las FARC lo afirman desde el anonimato de Internet”, “no tienen pueblo que las proteja y por eso se esconden en las montañas”, “se burlan constantemente, y usan la mentira como arma de lucha”, “abusaron de la buena fe y el patriotismo de estos mandatarios e hicieron evidente su intención de no llegar a acuerdos”. En segundo lugar, otra serie de pronunciamientos dirigidos a expresar la rabia e indignación producto de tantas mentiras: “El repudio de un pueblo que ahora se encuentra más unido", “Hay tantos dolores, tantas rabias y gritos contenidos como equipos nacionales de fútbol”, etc. Y en tercer lugar, la forma que esas rabias toman en la valentía de la sociedad civil decidida a enfrentar a los cobardes de las Farc: “Hay que demostrar que el valor civil ha derrotado el miedo, el miedo que hace que los colombianos salgan del país y el miedo que derrotó la gente para salir a marchar”, “la , fue una fiesta para el espíritu”, “Se dice que las Farc son inderrotables…”. La cadena argumentativa es clara y nos remonta a los apuntes reseñados acerca del papel de la tragedia en las representaciones sociales: ha sido el engaño y la cobardía de 52

las Farc lo que motiva que la gente venza el miedo, se llene de una valentía de la cual ellos carecen, y salga a enfrentarlos para demostrar que no son inderrotables.

La distinción entre los traidores, las víctimas de sus mentiras, el punto de quiebre que lleva a la rebeldía, la furia desencadenada, y toda una sociedad que se levanta justiciera, marcan claramente eso que Tamayo identificaba en las representaciones sobre la guerra y que ahora cubren de espectacularidad y magnificencia a acciones como la marcha contra las Farc del 4 de febrero. Iremos viendo cómo argumentos tan emotivos como éstos derivan en una polarización bastante peligrosa, en escenarios en los que las agresiones a la oposición se vuelven cada vez más frecuentes; resulta evidente entonces, observar cómo estos elementos han derivado en una clara división entre determinados sectores sociales que se llenan de adjetivos ofensivos, con el objetivo de descalificarlos en medio de un escenario de poder en el que las instituciones oficiales han jugado un papel muy importante.

De otro lado, quiero llamar la atención sobre la forma en que esta cadena de motivaciones y reacciones fue naturalizada y aislada de cualquier relación de poder que pudiera ensuciar su “limpieza”. Frases como “es la actitud que cualquier demócrata, de cualquier color partidista debe asumir”, “todo colombiano amante de la paz, enemigo de la violencia, más allá de diferencias políticas o ideológicas, debe manifestarse hoy”, “No cabe la indiferencia frente a un drama como el secuestro, que ha llevado tanto dolor a miles de familias de colombianos y que ninguna idea o programa puede justificar”, fueron claves no sólo para el posicionamiento de los motivos como naturalmente necesarios, sino para descalificar automáticamente a quienes por una u otra razón (eso no importaba) decidieran no marchar: monopolizando así “la forma correcta” de expresar el rechazo a la violencia, se entendía que si todos aquellos que coincidían en ese motivo marchaban, era evidente qué tipo de personas se negaban a hacerlo. Por ello, desde varios espacios, personas de éste último grupo insistieron en que salir a la marcha del 4 de febrero no tenía por qué ser la única manera de expresar indignación o rechazo por la situación de quienes se encontraban en poder de grupos armados. El ejemplo del Polo Democrático es clarificador: su decisión de no dejar de expresar el rechazo pero excluyéndose de la convocatoria general, dio pie a asegurar que con ello el partido no sólo se había ido “al despeñadero electoral”, sino más aún a que “al ir en contra de un sentimiento generalizado, terminaron ahogados por las millones de voces en coro que decidieron marchar”.

Este tono claramente pendenciero y descalificador, adquiere sentido si se entiende el fondo de la discusión: la lucha por la definición de quién tiene derecho a indignarse y sobre todo, de cuál debe ser “la manera correcta” para expresarlo, que en este caso como vimos, es única y no da pie para divergencia alguna.

Estos asuntos nos llevan directamente a pensar en uno de los procesos clave para entender las consecuencias de estas dinámicas: se trata del lugar dado a quienes decidieron plegarse a la movilización general (que como hemos visto resulta 53

siendo algo mucho más complejo que una simple serie de marchas) y a quienes por múltiples razones decidieron abstenerse.

Una nociva divisoria: “nosotros” y “ellos”: De las pistas más importantes que permiten hablar de la consolidación de un proceso de polarización alrededor de fenómenos determinados, es la distinción entre categorías pareadas de poblaciones determinadas, y la unión de ello con la competencia por recursos, la consolidación de redes sociales y el aprovechamiento de espirales de oportunidades y amenazas de parte de las categorías implicadas (Tilly, McAdam y Tarrow, 2005: 357 y ss). Los casos en los cuales se basan estos tres autores, presentan distinciones que como los hutu y los tutsi en Ruanda, o los católicos y protestantes en Irlanda, representan grupos claramente diferenciados, con historias compartidas, y muchas veces anclados en distinciones de tipo racial religioso, de género, etc. A pesar de que para nuestros casos de estudio no sea posible hablar de distinciones de este tipo, sí quiero mostrar cómo muchos de los discursos que circulan libremente en medios de comunicación, en la vida cotidiana de las personas, en declaraciones oficiales, etc., han venido consolidando un espacio discursivo oficial que se han encargado de trazar claras fronteras entre determinados grupos sociales. Veamos. Ya muchas pistas se han venido dando para el caso de las marchas del 4 de febrero, pero aún es posible profundizar en cómo dichas fronteras tomaron forma en figuras concretas dentro de lo citado en prensa: -

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“Ahogados por los millones de voces en coro, quedaron quienes pretendieron, como el Polo, ir en contra de un sentimiento generalizado” “Colombia es una y todos somos parte de esa gran familia que marchó unida” “los buenos somos más” “Vendrán acciones similares, siempre con el fin de rechazar las agresiones de las que somos víctimas” “Se adhieren al Socialismo del siglo XXI, el de Chávez… la fauna de este grupo es variada” [refiriéndose al partido comunista] “Ahí tenemos que recordar a Fruhlig, sus compañeros de la ONU, a Redepaz, ciertos padrecitos descarriados, colectivos de abogados, asociaciones de juristas, a ciertos y ciertas columnistas” “Somos muchos más los buenos y queremos tranquilidad y progreso para el país” “La colosal manifestación del cuatro de febrero ha servido para descubrir cómo y en dónde se agazapan los mamertos” “mamertería trasnochada caduca y rancia con miopía política y lenguaje cavernario” [refiriéndose al Polo Democrático] “la marcha dividió la opinión entre los que condenaron radicalmente a las Farc y los que no” 54

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“Quien no esté de acuerdo con ella puede quedarse en casa en vez de practicar el deporte favorito de los mamertos jurásicos: reventar las acciones del vecino”

Como decimos, no se trata aquí del enfrentamiento de dos grupos consolidados y claramente distinguidos en medio de un escenario de poder particular. Pero sin duda, dichas frases sí dejan claro que para muchos sectores oficiales, sociales, políticos, militares, etc., tal división existe, funciona, y amenaza el progreso del país; y no sólo han sido insistentes en esta idea, sino sobre todo, han actuado en base a ella. El uso de estereotipos que como “mamerto” (para tomar sólo un ejemplo) cuentan con una larga reconocida historia capaz de encarnarse en personajes concretos, ha sido de inmensa utilidad para nombrar en una sola categoría a quienes como El Cinep, el Polo Democrático Alternativo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo o la misma Redepaz, representan para dichos sectores el polo opuesto.

Por este camino (como anunciábamos una línea antes) el papel de los insultos como herramienta para deslegitimar automáticamente a la oposición en el escenario político, ha sido central en la consolidación de estas relaciones de poder: “El estudio de los insultos en el diálogo político cobra mayor valor en la polarización política porque los bandos opuestos tratan de legitimarse, especialmente a través de la estrategia de “nosotros” versus “ellos” (van Dijk, 2003). De acuerdo con Ilie (2001), los insultos en la política parlamentaria tienen tres grandes funciones: a) sacar ventaja silenciando, avergonzando o humillando a los adversarios políticos que tienen una ideología diferente; b) retar la autoridad y el papel institucional de los adversarios políticos, y c) revertir el equilibrio del poder político y fortalecer la cohesión de grupo (Ilie, 2001: 253-255)” (Bolívar, 2008: 6) Así, la manera en la que frases como las citadas han buscado trazar fronteras entre unos y otros, no se ha limitado a una simple división construida en el espacio discursivo; ha estado cargada, ha obedecido y se ha dirigido explícitamente a deslegitimar actores determinados, a condenar sus acciones y a excluirlos del escenario político (“quedaron ahogados por los millones de voces en coro”): si quien marcha es Colombia unida, si quienes marchan “son las victimas” ¿Cómo define esto a quienes no lo hicieron? y más aún ¿Cómo deben ser asumidas sus acciones de oposición? Por último, de manera más general, estos asuntos se enmarcan en la lucha por definir quiénes tienen derecho a hablar en nombre de quién, quiénes son víctimas y quiénes victimarios, qué es lo deseable para el país37, y qué es lo que cuenta como político en nuestra sociedad.

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Mientras escribía este documento me enviaron por e-mail el video “¿...y tú, como te imaginas Colombia en el 2025?” que elaborado por el gobierno de Colombia, plasma no sólo la Colombia deseada en 2025, sino

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Una distinción entre lo político y lo social: Si algo llamó nuestra atención mientras realizábamos la lectura de la prensa alrededor de la marcha, fue la insistencia en el carácter a-político de ella. Tanto los convocantes como los participantes hacían permanente énfasis en que la movilización no era un asunto político, sino que se trataba de “una iniciativa que surgió espontáneamente de gente joven que no obedece a consignas de partidos políticos, por lo que su iniciativa es una genuina manifestación del sentir de un grupo de colombianos rasos, que viven, sufren y entienden el país sin los lentes interesados y sesgados de los que leen la realidad colombiana en clave partidista e ideologizada”. “Esta marcha”, decía el periódico El Mundo tres días antes de la marcha, “no tiene dueño, ni bandera política ni gobierno ni presidente.

Es nuestra voz limpia gritando: ¡basta ya!” ¿Por qué la insistencia en el carácter joven de los convocantes? ¿Por qué el uso reiterativo de adjetivos como genuina, rasos, espontánea, limpia, etc.? Lo que quiero mostrar es la división discursiva entre lo político y lo social que se fue produciendo a lo largo de los debates alrededor de la marcha, y que ha guardado continuidad con fenómenos posteriores como la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo que veremos luego. Las críticas que desde un comienzo recibieron los convocantes de la marcha por excluir a otros grupos armados (paramilitares y fuerzas del estado) como objetos de su protesta, fueron generando una distinción en la que se buscó demostrar las diferencias entre la movilización y los intereses del gobierno; en este camino, la serie de marchas comenzó a cubrirse de adjetivos dirigidos a demostrar su limpieza y espontaneidad, y con ello, su carácter apolítico y por lo tanto, social.

En Los patios interiores de la democracia, el chileno Norbert Lechner es enfático en demostrar el carácter siempre provisional de lo que se entiende como político en una sociedad, y en ese sentido, de aquellos aspectos que asumidos en ese círculo, deben ser entendidos como productos de determinadas relaciones de poder, en oposición a otros que como “lo sagrado” o “lo natural”, escapan a dichas explicaciones. Siguiendo a este autor “la lucha política es siempre también una lucha por definir la concepción predominante de lo que se entiende por política” (1995: 103). Como hemos venido diciendo, las marchas del 4F terminaron completamente cubiertas de características que la hacían naturales, sociales, limpias, espontáneas, etc., y que de esta manera no permitían enmarcarlas en la muchos de los planes para llegar a ella. http://www.youtube.com/watch?v=HB1aFYjzm6Q. Sólo un comentario al respecto: si no supiéramos la forma en que en el país suelen conseguirse las hectáreas necesarias para proyectos como la “Ecociudad sostenible en la alta Orinoquía” que se plantea en el video, lo que significan los “bonos de carbono” para países como el nuestro, o las condiciones laborales en las que grandes multinacionales suelen contratar mano de obra “talentosa” en el tercer mundo, nos comeríamos el cuento entero que nos plantean en el video.

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historia política del país, en la lucha por determinados recursos a disposición, en los conflictos e intereses de actores particulares, etc.; así, cualquier comentario que buscara ponerlas en un contexto de poder diferente al de “sociedad colombiana vs. Farc”, era automáticamente rechazado por la “naturaleza” misma de la movilización. Lo político, en conclusión, terminaba reducido a las piedras en el zapato que los “otros” quisieron poner a la expresión social de gente que, aislada de cualquier escenario de poder, quería sencilla y limpiamente expresar la rabia y la indignación ante el engaño de los victimarios.

Para concluir este apartado, veremos cómo la gran mayoría de elementos presentes en las representaciones de la prensa a propósito de las marchas del 4 de febrero (que como dijimos, recogían opiniones de los más diversos sectores sociales), guardan una importante continuidad con nuestro segundo fenómeno: los debates alrededor de la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo y particularmente las posiciones que al respecto ha tenido el presidente Álvaro Uribe. Como veremos, sus palabras permiten dar cuenta nuevamente de la divisoria entre un “nosotros” y un “ellos”, de un discurso emocional basado en el engaño y la rabia, del uso de insultos para deslegitimar a los otros, y del consecuente papel que el gobierno en general ha tenido en la activación de este tipo de mecanismos discursivos fundamento de la polarización social.

2. Debates alrededor de la liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo: entre lo moral y lo político38 Cercanos a cumplir 12 años del ataque de las Farc a la estación de comunicaciones del ejército en el cerro de Patascoy (entre Nariño y Putumayo), la liberación unilateral del cabo Pablo Emilio Moncayo planteada por el grupo insurgente sigue en vilo. Como respuesta a la propuesta lanzada el 16 de abril de 2009, el presidente Uribe declaró: “No vamos a permitir que esa liberación se convierta en un festín politiquero del terrorismo, que por un lado tortura y arroja sangre, y por el otro lado quiere aprovecharse de los medios de comunicación para engañar a los colombianos […] La única institución que queda autorizada para avanzar en ese proceso es la Cruz Roja Internacional, que se puede ayudar, si a bien lo tiene, de la Iglesia Católica […] Compatriotas, firmeza. Resistimos todas las presiones. Que vengan esas presiones del país, de la comunidad internacional, de la crítica, de la oposición. Que se disfracen esas presiones como quieran. Pero, compatriotas, firmeza, firmeza, firmeza […] no nos van a coger a ablandarnos ahora”39. El llamado de Uribe cerraba entonces las puertas a la comisión encabezada por Piedad Córdoba y el Profesor Moncayo propuesta por las Farc. Tras la insistencia de importantes sectores de la población civil, el 8 de 38

La mayoría de ideas de este numeral las presenté en la revista “Cien Días” del Cinep: http://www.cinep.org.co/node/727 39 Palabras del Presidente Álvaro Uribe durante el Consejo Comunal en Facatativá. Abril 25 de 2009 (Facatativá, Cundinamarca)

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julio el presidente Uribe decidió autorizar de nuevo a Piedad Córdoba como parte de la comisión, pero lo condicionó a que fueran liberados en forma simultánea los 24 secuestrados de la Fuerza Pública y devueltos los cuerpos de los tres prisioneros que murieron en cautiverio. Por último, ante la inviabilidad de este condicionamiento, y por la presión de sectores de la sociedad civil, el presidente “suavizó” su posición en comunicado del pasado 19 de septiembre: “Se facilita, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Iglesia Católica, las liberaciones unilaterales ofrecidas por las FARC. Se reitera la autorización para que la senadora Piedad Córdoba participe en el acto de liberación. Todo lo anterior en un tiempo corto, para que no siga la tortura”. Desde entonces, las Farc han solicitado precisar garantías y protocolos para la entrega de los secuestrados y el país sigue a la espera de lo que pueda pasar.

Independientemente del desenvolvimiento de estas negociaciones (que seguramente derivarán en las liberaciones), aquí quiero llamar la atención sobre tres componentes de los argumentos que presentó el presidente para negar la intervención de Colombianas y Colombianos por la Paz (CxP) en el proceso de liberación. Particularmente me refiero a las insistencias en que, primero, las liberaciones no se pueden convertir en un “festín politiquero”, segundo, en que las Farc quieren nuevamente “engañar a los colombianos” y tercero, en la consecuente “firmeza” frente a todas las críticas que puedan venir. Me interesa llamar la atención sobre ello porque considero que representa lo que he mencionado anteriormente acerca de la división entre dos espacios discursivos distintos: el primero de ellos acude a la evocación de “la tortura”, “la sangre arrojada”, las cadenas en los cuellos, la leishmaniasis, las lágrimas, etc.; posteriormente, de ello deriva el engaño del que han sido víctimas los colombianos, y concluye por último en la necesidad de la solidaridad y la firmeza frente a cualquiera que quiera romperla (las continuidades con los discursos de otros sectores sociales sobre la marcha del 4F no pueden ser más evidentes).

Esta cadena argumentativa en la que se acude al engaño como principal motivo para mantener la firmeza frente a todos los que critiquen las decisiones presidenciales, que viene alimentándose desde la frustración colectiva producida por los diálogos fallidos en el Caguán (Uribe de hecho acude a este ejemplo como hito de sus argumentos) y que ha pasado por las pescas milagrosas hasta los golpes militares a las guerrillas, se ha convertido en un campo discursivo particular, dotado de palabras determinadas (patria, terroristas, etc.)40, medios de comunicación, imágenes, resonancia en las emociones de la población civil, etc.

Allí, pues, han logrado acomodarse muchas de las expresiones que frente al tema de secuestro han aparecido en el último año, tal como lo mostraba nuestro análisis de las marchas del 4F.

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Recuérdese el “manual de redacción” que el gobierno quería donar a las facultades de comunicación del país, en el que se “sugería” entre otros, escribir Patria con P mayúscula,

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Las características del “otro” espacio discursivo son mucho más difíciles de rastrear. Sobre él podríamos decir que insiste en la existencia de un “conflicto social y armado”, que habla de la “insurgencia armada de las Farc”, que distingue entre “secuestrados” y “prisioneros de guerra” y que insiste en una salida política al conflicto. Las cartas de CxP que han derivado en la propuesta de liberación del cabo Moncayo se incluyen en este segundo campo. Sin embargo, es mucho más difícil encontrar en él dispositivos discursivos dirigidos a trazar divisiones radicales entre “nosotros” y “ellos” (fundamento central de un proceso de polarización), como sí ocurre (y de manera reiterativa) en quienes se han apropiado de los recursos discursivos del primer campo; en este supuesto “otro polo”, es mucho más difícil dar cuenta de los elementos que se han descrito anteriormente para el caso de los discursos impulsados por las entidades oficiales. Inicialmente pensé que esta dificultad obedecía a la metodología misma que estaba utilizando para rastrear este “otro polo”; sin embargo, adelantando algo de las conclusiones, creo que de lo que se trata es de una polarización que como decíamos ya, no cuenta con dos polos consolidados enfrentados el uno al otro, sino más bien, de una que se ha venido construyendo desde esos discursos oficiales y que discursivamente ha inventado una oposición que a pesar de ser mucho más compleja y matizada de lo que se plantea oficialmente, en medio del conflicto ha aparecido como unificada y absolutamente polarizada. En este sentido, al final podremos decir que en términos de agencia política, han sido los abanderados de ese primer campo quienes se han encargado de activar los mecanismos necesarios para la consolidación de un espacio discursivo tan polarizado como el que vivimos en este momento, razón por la cual sus repertorios suelen estar mucho más cargados de calificativos dirigidos a delimitar claramente quién está del lado de quién41.

Recordando una pregunta mencionada al comienzo y continuando con el caso de Moncayo, ¿Qué ha ocurrido cuando determinados actores rompen los guiones y transitan del campo de lo moral al campo político o viceversa? El encuentro que tuvo lugar el 2 agosto de 2007 entre el presidente y el profesor, marcó para el segundo el tránsito más explícito entre el campo en el que las víctimas logran acceder a una mayor cantidad de recursos disponibles (por ser certificados oficialmente42) a otro en el que su dolor y sus palabras pierden legitimidad para una parte de la sociedad civil. Mientras el profesor Moncayo permaneció en el campo en el que se decía: “sus pies son una sola ampolla, pero él dice que más se le ampolla el alma cada vez que ve el puesto de su hijo vacío en la mesa del comedor” o en el que se cita a su hija diciendo “Mi papá pensaba ir y crucificarse

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Para un análisis de discurso sobre las herramientas discursivas del Presidente Uribe y de las AUC para deslegitimar a las guerrillas como actores políticos, ver: Henry Borja-Orozco et al. (2008) 42 Mc Adam et. al. definen la certificación como “la validación de unos actores, de sus actuaciones y de sus reivindicaciones por autoridades externas”, y la descertificación como “la retirada de tal validación por parte de los agentes certificadores” (Doug Mc Adam et al. 2005: 133)

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en Bogotá"43, representó el dolor de un padre ante las inclemencias de un grupo terrorista al que había que derrotar; por este camino Moncayo logró despertar la solidaridad del pueblo colombiano44. Sin embargo, tras el encuentro con el Presidente, El Profesor pasó a ser parte del grupo de los “estúpidos útiles”, tal como se refirió a él y a la madre de Ingrid Betancur el Coronel Luis Alberto Mallarín en publicación de El Tiempo 21 de abril 2009 a propósito de la posible liberación de su hijo; en el mismo grupo seguramente entrarán Consuelo González de Perdomo, Oscar Tulio Lizcano o Luís Eladio Pérez quienes terminaron haciendo parte de CxP, y con ello, renunciaron a los recursos culturales, sociales y políticos del otro lado.

Pero ¿Qué fue lo que pasó en ese encuentro?: “Moncayo fue enérgico en exigirle al Presidente el acuerdo humanitario; se refirió a la seguridad democrática y responsabilizó a esa estrategia de la muerte de los 11 diputados del Valle, frente a lo cual Uribe dijo que los responsables son las Farc porque ellos secuestraron a los diputados y los asesinaron; Moncayo manifestó que al enterarse de la muerte de los diputados del Valle pensó en apercollar al Presidente y a las Farc. Esto irritó a Uribe, quien señaló que no le aceptaba que se pusiera en el mismo nivel al Gobierno con las Farc. El Presidente comenzó su discurso ante los miles de manifestantes que se aglomeraron en el lugar, planteando dos propuestas de muy corto vuelo: excarcelar a los guerrilleros presos en Colombia ('Sonia' y 'Simón Trinidad' no entran) si las Farc liberan a los secuestrados, y luego establecer una zona de encuentro por 90 días para pactar la paz. Moncayo le respondió: “esa propuesta no sirve para nada. Es una farsa. Aquí no se trata de lanzar propuestas por propuestas”. Moncayo, una y otra vez, quiso hacerle entender al Presidente que el acuerdo humanitario es sobre todo un gesto de humanidad, pero éste no quiso escucharlo. Fue entonces cuando silenciosamente, con lágrimas en los ojos salió de la tarima de la mano de su esposa y se dirigió a su carpa, mientras que Uribe continuaba su discurso” (Los pasos de libertad del profesor Moncayo. Reina Lucía Valencia. Caja de Herramientas, Viva la ciudadanía). Como dijimos, en resumidas cuentas, desde entonces y para muchos, Moncayo dejó de ser una víctima aguerrida que despertaba la solidaridad de los colombianos, para pasar a ser uno más de los “estúpidos útiles” del país.

Así, en conclusión, planteo que los reclamos que hace Uribe frente al “festín politiquero” que podría derivarse de las liberaciones “gota a gota” como la de 43

Las dos citas son de El tiempo, 23 de junio de 2007: “Día 6: El profesor Gustavo Moncayo ya tiene ampollas de caminar por libertad de su hijo”.

44 El diccionario de la Real Academia Española define solidaridad como: “Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”. Su uso en el tratamiento de las víctimas del conflicto armado ha implicado entonces una adhesión a sus causas y no una obligación originada en responsabilidades concretas: “En el Plan Nacional de Desarrollo se confunde el derecho a la reparación con los programas de atención a la población desplazada, pese a que tienen fuentes distintas: La reparación surge de la comisión de violaciones de los derechos humanos y el correspondiente deber de reparar los daños, mientras que la atención se deriva del principio de solidaridad” (Salinas, 2009: 10).

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Moncayo, esconde justamente su intención por mantener la división entre los campos de la moral y de la política, y los papeles que cada actor debe y puede asumir dependiendo de dónde se encuentre: las liberaciones (al igual que las víctimas) podrán y serán vistas y escuchadas siempre y cuando utilicen el lenguaje de la condena moral, nunca cuando se acerquen al campo político, y mucho menos a uno adverso al oficial (como según el presidente, estaba ocurriendo con estas últimas propuestas de liberación). En consecuencia, las víctimas del secuestro cuyo lugar de enunciación sigue estando exclusivamente en un análisis moralista del conflicto, pueden terminar siendo la otra cara de la moneda de la propuesta militarista de Álvaro Uribe, esa otra cara le otorga el sustento emocional necesario para alimentar la cadena argumentativa y militar que ya todos conocemos.

3. Un campo discursivo polarizado: Los dos segmentos anteriores dejan varios elementos sobre la mesa: de un lado, la fuerte presencia de repertorios emocionales en los discursos, que podríamos resumir en la reivindicación guerrerista de la valentía de la sociedad civil frente al engaño y la cobardía de las Farc (y de cualquier otra presión, venga de donde venga, como decía el presidente); de otro, la lucha por la definición de lo político, que en el primero de los dos casos buscó ser aislado de las reivindicaciones “apolíticas” de la movilización y en el segundo se monopolizó como espacio de dominio oficial; en tercer lugar, la definición de un lugar moral que, directamente conectado con los repertorios emocionales, ha buscado definirse como complemento de ese discurso guerrista; en cuarto lugar, el uso de amplias herramientas discursivas para distinguir fronteras entre un “nosotros” y un “ellos” que en los dos eventos ha tomado la forma de “compatriotas”, “colombianos”, “los buenos”, “las víctimas del terrorismo” por un lado, y de “la oposición”, “las ong’s”, “el Polo”, “los mamertos”, etc., por otro. Hasta aquí he querido describir las características que han tomado los discursos alrededor del secuestro, buscando con ello demostrar la consolidación de un campo discursivo que explica las aparentes paradojas que se mencionaban al inicio del documento. Sin embargo, lo recogido hasta ahora nos ha permitido avanzar un paso más para plantear una segunda idea que ya ha venido siendo mencionada a lo largo del texto: la polarización que se ha consolidado alrededor de dicho espacio.

Como fue mencionado anteriormene, Tilly, McAdam y Tarrow definen polarización como “la ampliación del espacio político y social entre los reivindicadores presentes en un episodio contencioso y la gravitación hacia uno, el otro o ambos de los extremos de determinados actores previamente no comprometidos o moderados (2003: 357). A pesar de que hemos dicho que no es posible hablar aquí de grupos tan claramente diferenciados y enfrentados como los que presentan los autores en su estudio, sí es posible dar cuenta, como hemos intentado hacerlo, de discursos que claramente han trazado divisiones entre 61

sectores sociales, buscando con ello deslegitimar y excluir a unos, mientras se certifican los discursos y prácticas de otros45.

A pesar de que para la marcha del 4 de febrero nos centramos en discursos emitidos por diversos sectores sociales, económicos, políticos, etc., mientras que para el caso de la liberación de Pablo Emilio Moncayo lo hicimos casi exclusivamente en el discurso del Presidente Uribe, las coincidencias entre los primeros y el segundo fueron incuestionables tal como lo vimos. ¿Por qué similitudes tan exactas? Por un lado, podríamos salir del paso repitiendo los reclamos hechos a la movilización de febrero que la acusaban de ser “realmente” una marcha en apoyo a Uribe; sin embargo, lo que me interesa mostrar para terminar, es que lo que denota todo esto es algo mucho más complejo y delicado que el simple apoyo a un personaje público, y que al contrario, sobre lo que debe llamarnos la atención es sobre la consolidación de una cultura política particular que sin duda ha sido impulsada (y aprovechada a la vez) por el gobierno nacional, pero que también implica pensar en la historia política y cultural del país que origina que el nivel de apropiación social haya sido de la magnitud que hemos visto aquí.

La cercanía entre los discursos de la prensa, del gobierno y de gran parte de la sociedad civil no es entonces coincidencia, pero tampoco resultado de una manipulación que el gobierno haya ejercido sobre un montón de idiotas útiles. Lo que representan estas cercanías es lo que Fernando Sarmiento y Juan David Delgado (2008) han llamado un proceso de institucionalización de la movilización por los derechos humanos en el país, en el que se resalta la reinterpretación oficial del discurso de los DDHH que al institucionalizarse en contra de los grupos guerrilleros, se ha convertido en el marco interpretativo más dominante que coopta las demandas de otros actores sociales. Partiendo de la información de Datapaz (Cinep), los autores llaman la atención sobre las afinidades que existen entre la movilización de los pobladores urbanos y los ejecutivos municipales, así como las diferencias entre éstos y las ODH: “De ahí que no sea casualidad encontrar que los pobladores privilegien las marchas y las concentraciones y la definición de la guerrilla como adversario; mientras que las ODH acudan principalmente a la realización de

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Luis Eduardo Hoyos (2008) plantea que aquellos que piensan que actualmente existe una polarización en Colombia, están confundiendo “la percepción de polarización” con el hecho real de que haya o no tal cosa.

Sin embargo, considero que si entendemos la polarización como un proceso complejo, y no como un momento del que se puede establecer un inicio y un final, veremos que la percepción de polarización no puede ser vista como una “ficción” (mucho menos si el dueño de ella es el propio presidente), contrapuesta a una “realidad” que muestra algo distinto (que no hay una posición unitaria opuesta a las instituciones democráticas). Creo al contrario que dicha percepción hace parte de “la realidad” y por lo tanto, es constituyente esencial de un proceso de polarización en el país.

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foros, encuentros o seminarios al mismo tiempo que señalan a los paramilitares como el objeto de sus reivindicaciones” (2008: 94) Estas cercanías discursivas entre sectores de estado y pobladores urbanos, representan la apropiación social de discursos que han sido básicamente activados desde sectores oficiales y que se han articulado con representaciones e imaginarios de la población (emociones, formas de comprensión, experiencias, etc.) otorgándole así fuertes sustentos sociales46. Al respecto resultan de infinita utilidad los apuntes de Tilly en “Violencia colectiva” en donde es insistente en el proceso por el cual categorías sociales que anteriormente convivían pacíficamente (o que ni siquiera determinaban las interpretaciones y acciones de las personas), resultan siendo activadas por determinados emprendedores políticos en el marco de confrontaciones armadas: “los emprendedores políticos se especializan es activar (y a veces en desactivar) líneas divisorias, relatos y relaciones […]. Se especializan en conectar y coordinar (y a veces en desconectar) diferentes grupos y redes […]. Se especializan en la representación como cuando los líderes serbiobosnios afirmaban hablar en nombre de todos los bosnios de ascendencia serbia al solicitar la ayuda de Serbia” (Tilly, 2007: 33).

Con esto quiero insistir en que la activación de dichas divisiones en un escenario de polarización ha sido directamente agenciado por emprendedores políticos que como el presidente mismo, José Obdulio Gaviria, algunos medios de comunicación y otras personalidades de la vida pública (y privada, que lo hace más interesante aún), han utilizado todos los recursos a su disposición para dibujar claramente las fronteras entre los patriotas y los críticos, entre quienes valientemente salen a marchar y quienes no, etc. No se trata de plantear aquí un proceso unidireccional en el que los discursos y representaciones son diseñados “desde arriba” para luego irrigarse hacia el resto de la población, como tampoco de decir que estos personajes hayan desempeñado todas las funciones descritas por Tilly para el caso de los emprendedores políticos; tampoco quiero “reificar” a quienes han estado “de uno u otro lado” de la línea (ni el uno ni el otro son campos completa y definitivamente consolidados; al interior de ellos, se dan múltiples variaciones y luchas que requerirían un estudio diferente a este). De hecho, he querido mostrar que uno de los elementos más importantes de estos fenómenos, es que construyen, y son construidos a la vez, por las representaciones, emociones, conocimiento y vida cotidiana de la población (en eso justamente consiste una perspectiva constructivista). Sin embargo, sí me parece importante 46

Podría ser útil la distinción entre polarización política, referida a la polarización desarrollada en medio de escenarios políticos institucionales (entre partidos políticos, campañas presidenciales, etc.), como la presentada en el año 98 a propósito de las candidaturas de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, y la polarización social, en la que las divisiones nosotros/ellos (con todos los componentes que hemos mostrado aquí) toman forma en los asuntos cotidianos del resto de la población.

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dejar claro que dicha construcción social se ha llevado a cabo en medio de un escenario concreto de relaciones de poder (con accesos diferenciados a los recursos) en el que, analizando la información como lo hemos hecho, es evidente que han sido personajes e instituciones particulares (siempre certificadas por el estado) quienes ha llevado la batuta al momento de trazar las directrices de la polarización que hemos descrito a lo largo de este texto.

Para finalizar: Muchas preguntas quedan al final: cuáles son las relaciones de estos procesos de polarización discursiva con el escenario internacional (Septiembre 11 en Estados Unidos, la geopolítica en América Latina, etc.); qué país se está representando en medio de estas disputas discursivas; qué interpretaciones subyacen sobre el conflicto armado; cómo se ha consolidado el sector de víctimas en medio de estas disputas; qué redes sociales se han comenzado a tejer y cuáles a desactivar; cómo se han anclado estas representaciones en la vida cotidiana de la población; entre muchas otras.

Para terminar, tal como ha reiterado Piedad Córdoba: “el asunto de las liberaciones es sin duda un asunto político, más no electoral”. Con ello, considero que uno de los retos más importantes de la sociedad civil en su conjunto (de toda!), está entonces en politizar el tema del secuestro y a todas y cada una de sus víctimas; en colocar al lado del dolor, las penurias, la solidaridad, las lágrimas y el espectáculo mediático, las relaciones de poder y las estructuras sociales, económicas y políticas que siguen reproduciendo un conflicto en el que prácticas como la retención de prisioneros o el secuestro siguen siendo aún posibles.

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