1. Herramientas de Abogacía Marco Conceptual by CONSEJO LATINOAMERICANO DE IGLESIAS

HERRAMIENTAS DE ABOGACÍA E INCIDENCIA PARA OBFs EN TEMAS DE: POBREZA, MIGRACIÓN, DERECHOS Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Marco Conceptual Elaborado por: Ibis Liulla Torres Agosto-Noviembre 2011

Contenido 1.

MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO SITUACIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ............................................................................. 7 1.1 Pobreza........................................................................................................................... 8 1.1.1 Pobreza y desigualdad ....................................................................................... 10 1.1.2 Derechos humanos y pobreza ............................................................................ 12 1.2 Migración ..................................................................................................................... 13 1.2.1 Migración internacional ..................................................................................... 13 1.2.2 Sobre leyes y política migratorias ..................................................................... 14 1.2.3 Migración interna .............................................................................................. 15 1.2.4 Feminización de la Migración ........................................................................... 16 1.2.5 Migración y trata de personas ............................................................................ 17 1.2.6 Migración y derechos humanos ......................................................................... 17 1.3 Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos ............................................................... 19 1.3.1 Salud sexual ....................................................................................................... 19 1.3.2 Salud reproductiva ............................................................................................. 20 1.3.3 Los Derechos Humanos desde la salud sexual y reproductiva .......................... 21 1.3.4 El Derecho a la salud integral y a los derechos sexuales y reproductivos......... 22 1.3.5 La Violencia de Género como un problema de Salud Pública y Derechos ....... 23 1.3.6 VIH y Derechos Sexuales y Reproductivos ...................................................... 25 1.3.7 Avances y retrocesos respecto a los derechos sexuales y reproductivos ........... 27 1.4 Pobreza, migración y salud sexual reproductiva: desafíos para la vida y la dignidad humana ................................................................. 29 1.5 Objetivos del Milenio: Una plataforma para la Acción ............................................... 31

ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE: ACTORES CLAVES PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA Y EL CAMBIO ................. 35 2.1 OBFs: Identidad y compromisos ................................................................................. 36 2.2 La Declaración de Buenos Aires ................................................................................. 37 2.3 El Foro Mundial de Estambul ...................................................................................... 39 2.4 OBFs y su intervención en temas de pobreza, ................................................................ migraciones y salud sexual y reproductiva .................................................................. 41

LA INCIDENCIA POLÍTICA O ADVOCACY: UNA ESTRATEGIA PARA LA ACCIÓN CIUDADANA ................................................ 43 3.1 La Incidencia Política .................................................................................................. 44 3.1.1 Definición y elementos claves ........................................................................... 44 3.1.2 La incidencia política como estrategia para la participación ciudadana ........... 46 3.1.3 Importancia de hacer incidencia política ........................................................... 46 3.1.4 Condiciones para hacer incidencia política ....................................................... 47 3.1.5 Actores para la incidencia política .................................................................... 49 3.1.6 La planificación participativa para hacer incidencia política ............................ 49

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 55

Introducción Abordar las condiciones de la pobreza, la migración (interna y externa), la salud y derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe en un documento resulta desafiante y complejo. Cada uno de estos temas exige una mirada más allá de las cifras para colocar rostros, cuerpos y miradas desafiantes y esperanzadoras de millones de personas que buscan que el desarrollo y la equidad sean parte de su cotidianidad. Este documento es un marco conceptual básico que busca reseñar los aspectos más sobresalientes de estos temas tan complejos y tan diferenciados en los países de América Latina y el Caribe. No trata de agotar los temas en su contenido pero sí de provocar la actuación de las Organizaciones Basadas en la Fe – OBFs colocando los desafíos que el contexto social propone desde sus carencias y sus posibilidades. Por tanto, para iniciar o potenciar el trabajo de las OBFs sobre incidencia política es necesario partir del conocimiento de la realidad; del análisis de los problemas y de las alternativas; de la importancia del desarrollo de capacidades y de las posibilidades de establecer dinámicas ciudadanas y democráticas que ayuden a superar las condiciones de exclusión, marginación e injusticia en América Latina y el Caribe. En el marco del proyecto UNFPA-CLAI este documento forma parte de una serie de recursos orientados al fortalecimiento de capacidades de las OBFs como actores claves y agentes de cambio para lograr acompañar, empoderar y visibilizar a los grupos o colectivos de personas que procuran el establecimiento de políticas más equitativas y justas. Es pues, el primer esfuerzo dirigido al trabajo de incidencia política desde y con las OBFs. El camino está trazado. Sólo hace falta gestionar, crear, re-crear, lograr y celebrar la vida y la dignificación de las personas desde una actuación social, ciudadana y política.

1. MARCO CONCEPTUAL Y    ESTADO SITUACIONAL EN     AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1.1

Pobreza

Definir la pobreza es tan complejo como la realidad que viven millones de personas en el mundo. Su relación con el desarrollo, la vida plena y la dignidad de las personas ha determinado que la visión y el enfoque sobre la pobreza no se reduzcan al acceso a bienes y servicios o a los recursos materiales sino que contemplen los múltiples factores y causalidades que intervienen en ella. Es así, que la pobreza es concebida como la carencia de capacidades y oportunidades para alcanzar un nivel de vida digno (empleo, salud, educación, hábitat seguro y saludable, etc.) y no sólo la carencia de ingresos y/o bienes para satisfacer las necesidades básicas (alimentos, vestido, etc.). Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL se planteó definir la pobreza como el resultado de un proceso social y económico —con componentes culturales y políticos— en el cual las personas y los hogares se encuentran privados de activos y oportunidades esenciales por diferentes causas y procesos, tanto de carácter individual como colectivo, lo que le otorga un carácter multidimensional. Así, además de la privación material, la pobreza comprende dimensiones subjetivas que van más allá de la subsistencia material (CEPAL, 2003b).1

Más allá del concepto. Vivir en pobreza está asociado a:  Ingresos bajos.  Pocas pertenencias o propiedades (tierra, casa).  Ser analfabeto (a).  Poca educación o ningún acceso a la escuela.  Carencia de vivienda adecuada.  Falta de conocimiento y acceso a métodos para la prevención del embarazo.  Muerte a causa de enfermedades prevenibles.  Carencia de oportunidades para hacer negocios o producir.  Falta de sentido de pertenencia.  Falta de libertades.  Ausencia de libertad para vivir la identidad cultural.  Carencia de acceso a la justicia y los tribunales.  Limitación a sus expresiones y a sus propuestas.  Limitaciones para gozar de derechos laborales (menor paga, menores beneficios sociales).  Limitaciones para migrar. En general, la pobreza está asociada a las limitaciones del ejercicio de derechos.

Al referirse a la privación de activos   se está aludiendo al acceso limitado a la propiedad, al crédito, a la insuficiente disposición de recursos económicos y de consumo. La privación de oportunidades está relacionada a la carencia social (en el campo de la educación y salud, principalmente), política (participación directa o indirectamente en las decisiones que                                                               1

CEPAL, UNIFEM, República de Italia. Entender la pobreza desde la perspectiva de género. SERIE Mujer y Desarrollo 52. Unidad Mujer y Desarrollo. Santiago de Chile. 2004.

afectan el desarrollo personal, comunal o social), laboral (asociada directamente con la insuficiencia educativa) y otras limitaciones en diversas áreas del desarrollo. De esta manera, se superan las visiones de la pobreza asociada sólo a la falta de los ingresos económicos para dar peso a las capacidades y oportunidades de las personas en aras de su realización y vida plena. Es decir, se nota la interrelación y el peso fundamental del desarrollo de capacidades. Por ejemplo, si una persona tiene acceso a educación y salud tendrá mayores capacidades para resolver el problema de sus bajos ingresos. Se sabe que una persona con bajo nivel de escolaridad tiene menos opciones de trabajo y posibilidades de ingresos económicos adecuados. En el 2010, el índice de pobreza de la región [América Latina y el Caribe] se situó en un 31,4%, incluido un 12,3% de personas en condiciones de pobreza extrema o indigencia. En términos absolutos, estas cifras equivalen a 177 millones de personas pobres, de las cuales 70 millones eran indigentes.2 La pobreza afecta de manera diferencial a las mujeres, niños y niñas, indígenas y afrodescendientes, dadas las condiciones y situaciones en las que viven. Los factores étnicos, de género y generacional tienen impacto en el desarrollo de las capacidades y de logros de estos grupos poblacionales. La mayoría de las mujeres de América Latina y el Caribe tiene limitaciones en el acceso y uso de recursos (crédito y tierra), que han afectado el desarrollo de sus capacidades y su participación en espacios públicos. Incluso el trabajo que desarrollan como amas de casa o como obreras en empresas familiares resulta invisibilizado y no reconocido como parte de la producción familiar y el aporte económico. A ello se suma, el rango diferencial en la remuneración que perciben las mujeres en relación a los hombres por el desarrollo de una misma actividad. Se entrecruzan la discriminación, la pobreza y la marginación. Y sí, a estas mujeres les colocamos la categoría de indígena o afro-descendiente, sus activos y oportunidades se reducen cada vez más. La deficiente escolaridad, la discriminación por cuestiones étnicas, idiomáticas y sexo, juegan un papel decisivo en la acentuación de la pobreza. La marginación y exclusión de las poblaciones indígenas y afro-descendientes es una penosa realidad en América Latina y el Caribe, pero al interior de estas poblaciones las mujeres viven y ocupan una posición social de desventaja aún mayor. A pesar de esta situación, muchas mujeres sacan adelante a sus familias, como jefas de hogar (madres solteras, viudas o divorciadas), pero se necesitan mejores condiciones para no perpetuar la pobreza ni conformarse con sobrevivir. El caso de la niñez en la región es preocupante porque es uno de los grupos poblacionales más vulnerable. La inserción temprana al mundo laboral y el abandono de la escuela; así como la fragilidad de su salud (desnutrición, aparición de enfermedades prevenibles, etc.) genera un crecimiento en desventaja que limita sus capacidades humanas y contribuye a la reproducción de la pobreza en el largo plazo.                                                               2

Panorama Social de América Latina 2011. Documento Informativo ‐ CEPAL.  9

Las personas adultas mayores constituyen otro grupo vulnerable frente a la pobreza. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA, los países más envejecidos de la región son: Cuba, Uruguay, Chile y Argentina3. En los países de la región un sector importante de ellas no culminó la educación primaria, especialmente las mujeres, o están marginadas social y laboralmente. Si bien, muchas de las personas adultas mayores cuentan con beneficios de seguridad social debido a su aporte laboral en la juventud, aún faltan políticas que atiendan las necesidades tanto de aquéllas personas que cuentan con sistemas de pensiones y jubilaciones como de aquéllas que no. Se hace necesario garantizar a todos y todas cuidados en salud, con atención de calidad y equidad en zonas urbanas y rurales. La pobreza y las desventajas en las que viven muchas poblaciones podrán ser superadas con el establecimiento de políticas que permitan una mejor redistribución de la riqueza, con la generación de oportunidades, con la promoción de activos para las personas pobres, pero sobre todo con procesos de dignificación de la persona como gestora de su propio desarrollo.

1.1.1 Pobreza y desigualdad La pobreza tiene tantos rostros como causas. Sólo falta salir a las calles o entrar a las casas para reconocer que miles de mujeres, hombres, niños, niñas y personas de la tercera edad, están privados de oportunidades para salir de las condiciones de pobreza. A la par de ellos, hay sectores favorecidos en todos los países que viven en condiciones de riqueza y desarrollo, evidenciando una brecha, una desigualdad, muy grande entre ambos sectores poblacionales. América Latina y el Caribe presentan mayores desigualdades a nivel mundial en la distribución del ingreso. Es así que el 40% de la población más pobre recibe el 10% de los ingresos totales y el 20% de la población más acomodada recibe más del 60% de éstos.4 Esta desigualdad en América Latina y el Caribe es una realidad que se ahonda con la discriminación y la exclusión social. Hay quienes señalan que la pobreza no es el mayor problema, sino la desigualdad existente entre los más ricos y los más pobres de una sociedad o país, e incluso entre países. Si bien la desigualdad está asociada a indicadores sobre el ingreso, el consumo y otras expresiones de riqueza; es innegable que esta desigualdad es predominantemente social, por cuestiones de género, de etnia, de cultura, etc.

Web oficial UNFPA‐LAC  http://lac.unfpa.org/public/cache/offonce/pid/2023;jsessionid=2732912EFBF3D54F97B4380270601A76

CEPAL, UNICEF. La Pobreza en América Latina aún tiene nombre de infancia. Documento preparado para la XI Conferencia de Esposas de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas. México, D.F. 2002.

De acuerdo al Informe Regional sobre Derecho Humano para América Latina y el Caribe 2010, existen tres rasgos que caracterizan la desigualdad en esta Región: es alta, es persistente y se reproduce en un contexto de baja movilidad socioeconómica.5 La intensidad y la persistencia de la desigualdad en ALC se combinan además con un escenario de baja movilidad social, y estas condiciones implican en los hechos una transmisión de la desigualdad de una generación a otra en hogares concretos. La evidencia muestra que la pobreza en hogares cuyo jefe o jefa tienen un bajo nivel de escolaridad se correlaciona con menores niveles de escolaridad alcanzados por los hijos. Por lo tanto, los ingresos laborales de los hijos en la edad adulta también serán bajos, y la desigualdad encontrará así un mecanismo para transmitirse (…)6 Es decir, hablamos de un círculo de la desigualdad, que se transmite generacionalmente por las escasas posibilidades y oportunidades para mejorar las condiciones y situaciones de la vida de las personas. Y en este círculo aparecen como elementos claves de discriminación: el género, la raza, la etnia y la territorialidad. Por ejemplo, las mujeres perciben menos ingresos y en su mayoría tienen empleos en condiciones precarias; además existe un nulo reconocimiento de su aporte en la economía del cuidado (trabajo realizado, primordialmente en la esfera doméstica, para el cuidado de las personas). De otro lado, las poblaciones indígenas y afro-descendientes y las ubicadas en las zonas rurales, presentan mayor pobreza, menor acceso a la educación, menor acceso a un seguro de salud y a espacios de participación real y efectiva en la política y la administración de justicia. Ello las coloca en una situación diferencial y dispareja para participar en la vida económica y política de su localidad, región o país, generando dinámicas excluyentes en las relaciones de poder y legitimación social. En relación a la territorialidad, la desigualdad no sólo se evidencia entre el campo y la ciudad, sino también entre poblaciones que se ubican en la periferia de las zonas urbanas y las del centro de las grandes capitales. Es comprobado que los barrios pobres carecen de servicios o los tienen deficientes (sin centros de salud o sin equipamiento adecuado, escuelas con infraestructura precaria, sistemas deficientes agua y alcantarillado, etc.), mientras que los barrios de familias de mayor poder adquisitivo cuentan con todos los servicios y comodidades. La exclusión y la disparidad se hacen cotidianas para las familias de estos barrios. Desde un análisis general, se puede señalar que el crecimiento económico no necesariamente reduce la pobreza sino que –en muchos casos– puede aumentar la desigualdad, si es que no se aplican políticas adecuadas que posibiliten espacios y oportunidades para la población menos favorecida. En la medida que los Estados asuman el crecimiento económico de los países con una lógica equitativa en la distribución de la riqueza, en el aseguramiento de educación y salud de calidad para todos y todas, en la generación de beneficios sociales para la población menos favorecida y en la creación de empleos dignos, se podrán advertir primeras señales para modificar los pesos en la balanza de la desigualdad.                                                               5

PNUD. Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, Nueva York. 2010. 6  Idem.

1.1.2 Derechos humanos y pobreza La pobreza puede entenderse, también, como la afectación más grave para lograr una vida digna, con respeto, libertad e inclusión. Por ello, se considera que la pobreza es la privación de activos y oportunidades esenciales a los que tienen derecho todos los seres humanos. En este sentido, la pobreza, en sus distintas formas, puede entenderse como falta de realización de derechos, sean éstos de primera generación (derechos civiles y políticos) o de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales).7 Las carencias y desigualdades excluyen a las personas pobres y extremadamente pobres del ejercicio real y efectivo del conjunto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La afectación de derechos está asociada también a la percepción que las personas pobres tienen de su propia situación y del logro de sus aspiraciones; como por ejemplo: contar con las competencias para insertarse en el mundo laboral, tener autonomía económica, mayor educación y mejor atención en salud, poder expresar su opinión sin ser censuradas o discriminadas, entre otros. La pobreza es cuestión de dignidad y de derechos por lo que es responsabilidad de todos. Es ante todo un fenómeno social, más complejo que la simple insuficiencia de ingresos, que no debe hacernos olvidar que “si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos”.8 Por ello, “La reducción de la pobreza y los derechos humanos no son dos proyectos, sino dos enfoques del mismo proyecto que se refuerzan mutuamente”.9 Las propuestas de desarrollo o reducción de la pobreza están dirigidas no sólo a promover mejoras en las condiciones de la vida de la gente sino a construir conjuntamente con las personas una forma de vivir con dignidad En la actualidad se reconoce ampliamente que una reducción de la pobreza eficaz no es posible sin que se otorgue poder a los pobres. El enfoque de los derechos humanos con respecto a la reducción de la pobreza trata en lo esencial de ese otorgamiento de poder.10 Ese otorgamiento de poder está relacionado con la capacidad de participar, proponer, discutir, consensuar y acordar sobre los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales que afectan su vida, a nivel personal y social. Es decir, la noción de derechos se hace relevante porque se supera la imagen del “pobre necesitado” y se pasa a ver a la “persona con derechos”, lo cual remite a las obligaciones del Estado para respetar y promover estos derechos. Existe, por tanto, una corresponsabilidad entre los Estados y la sociedad civil organizada para actuar frente a la pobreza desde un enfoque de derechos. Que se pueda ver a cada persona en su dimensión humana y no numérica; en su riqueza moral y espiritual más que en aquella que tiene que ver con sus cuentas bancarias; en su riqueza cultural mas que en sus diferencias; verla en su integralidad y potencialidad.                                                               7

CEPAL. La Pobreza en Conceptos, Realidades y Políticas: Una Perspectiva Regional con énfasis en Minorías Étnicas. Martín Hopenhayn. División De Desarrollo Social.  8   Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza. Una ruta por construir en el sistema interamericano. San José. 2007.  9   Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. OACHD. Los derechos humanos y la reducción de la pobreza: Un marco conceptual, Ginebra. 2004.  10  Idem.

1.2

Migración

Cuando alguien sale de su casa a buscar otros horizontes, lo hace con la ilusión de encontrar un “mundo mejor”, de lograr sus sueños y la de los suyos, de cambiar sus condiciones de vida, aunque ello cueste la separación. Cuando alguien decide irse de su país, va cargando una maleta de cariño, de amor, de historia familiar, de recuerdos, de tradiciones, de olores y sabores, de idiomas y expresiones; va cargando una parte de su vida. De acuerdo a datos del PNUD, en el mundo, alrededor de 214 millones de personas migran de un país a otro (3,1% de la población a nivel mundial). Solo el 37% de la migración mundial es desde países en desarrollo a países desarrollados. La mayoría del desplazamiento tiene lugar entre países de la misma categoría de desarrollo: alrededor del 60% de los inmigrantes se traslada o bien entre países en desarrollo o entre países desarrollados (el restante 3% se mueve desde países desarrollados a países en desarrollo).11

1.2.1 Migración internacional

La migración es el movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, inmigrantes económicos.

La migración es un derecho. Toda persona puede trasladarse de un lugar a otro, sea por las razones que fuere; así como también puede retornar a su lugar de origen. Para muchos estudiosos, la pobreza no es causa directa de la migración – sobre todo internacional– pero es comprobado que las condiciones sociales y estructurales de los lugares de origen “expulsan a las personas de su tierra”. Se estima que más de 20 millones de la población de América Latina y el Caribe son inmigrantes, de ellos un 10% es del Caribe12. Los principales lugares de destino son: Estados Unidos, España, Italia y Japón.

Tomado de: OIM. Glosario sobre Migración. Derecho Internacional sobre Migración N° 7, Ginebra. 2006

En cuanto al perfil de los inmigrantes, en los años 70 y 80 hubo mucha migración “de sur a norte” caracterizada por profesionales, quienes ante las crisis económica y política salían de su país para ofrecer su mano de obra y su capacidad en el país de destino; mientras que otros lo hacían en calidad de refugiados políticos por la presión de regímenes militares, especialmente de Chile y Argentina.                                                               11

PNUD. Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos. Informe sobre Desarrollo Humano. Nueva York. 2009. Pág. 23  12 OCDE. América Latina en 2010: Políticas migratorias para el desarrollo. En Síntesis (Nov). División de Relaciones Públicas de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación, París. 2009.

En este variopinto perfil de la migración internacional latinoamericana y caribeña también se encuentran personas con bajo nivel de escolaridad, que se ubican laboralmente en oficios, servicios de cuidado a niños y personas mayores, o en trabajos que requieren esfuerzo físico, sobre todo ligado a la construcción. Los programas de reagrupación o reunificación familiar impulsados por los países de destino y la demanda de servicios de cuidado generaron el crecimiento de la migración femenina. Esta migración presenta características particulares porque se tejen una serie de variables en relación al tipo de participación económica, a su inserción laboral, al impacto de estereotipos y prejuicios sobre mujeres latinoamericanas y caribeñas. Más adelante se abordará sobre la feminización de la migración. En relación a la migración internacional, los Estados de origen han hecho pocos esfuerzos por incentivar el retorno o por vigilar que su población inmigrante viva en condiciones dignas y favorables. Si ha habido retornos, éstos han sido espontáneos por la propia población o por efecto de la crisis económica de los países de destino. La relación de los inmigrantes internacionales con los Estados, sean de origen o de destino, ha tenido un peso mayormente económico. Con los primeros, a través de las remesas mensuales, las cuales constituyen un aporte importante no sólo para sus familias sino también para las cifras macroeconómicas de sus países de origen. Con los segundos, mediante la oferta de su mano de obra y la dinamización de su economía interna. Aún existe una agenda pendiente relacionada a los derechos de las personas inmigrantes, a su integración laboral y social, a su participación en la vida política, a su derecho a un trato digno sin discriminación, entre otros aspectos. Ello supone mejoras legislativas y acciones institucionales por parte de los Estados para afirmar y proteger los derechos de estas personas.

1.2.2 Sobre leyes y política migratorias La creciente migración internacional ha creado dos escenarios antagónicos. Por un lado, ha generado el endurecimiento de políticas migratorias de los países de destino, el afianzamiento de acciones racistas y discriminatorias y el desarrollo de mafias para transportar ilegalmente a las personas y la fragilidad de las condiciones para cruzar. De otro lado, también ha hecho crecer el flujo de remesas de dinero de norte a sur, ha posibilitado el proceso de regularización de inmigrantes y traslado de sus familias, así como las transformaciones culturales en los países de destino. La actual crisis económica en Europa y Estados Unidos ha generado que países de destino emprendan medidas para fomentar el retorno de los inmigrantes a sus países de origen. Ello ha abierto el debate político sobre las reales intenciones y percepciones sobre la población inmigrante a la cual se le ha culpabilizado de la crisis, atribuyéndole el encarecimiento de los servicios públicos y la falta de empleo para los nacionales. En este escenario aparece la población que migró de forma irregular y que no cuenta con visas ni permisos de trabajos. Esta situación la coloca en condiciones de riesgo y fragilidad frente a las leyes migratorias. Los países de destino reconocen a las personas

inmigrantes sólo en término de legales o ilegales; bajo esos dos conceptos se resume su permanencia o expulsión. Actualmente Estados Unidos se ha enfocado en reforzar la seguridad de sus fronteras, establecer deportaciones, reducir las opciones de visados y establecer sanciones a quienes no cumplan con sus leyes migratorias. La Unión Europea, por su lado, estableció la llamada Directiva de Retorno (2008), en la cual se establece que los inmigrantes sin papeles que sean detenidos en suelo europeo serán retenidos hasta 18 meses en centros de internamiento mientras se tramita su expulsión. Podrán ser detenidos con una orden administrativa y una vez expulsados no podrán volver a la UE en cinco años. Todas estas políticas lindan con discursos de marginación social y clasificación de las personas inmigrantes. Resulta necesario superar la visión de políticas sancionadoras sobre la migración y establecer aquellas encaminadas al diálogo, el intercambio de información y conocimiento y sobre todo la responsabilidad mutua entre Estados de origen, de tránsito y receptores, más aún cuando crecen los flujos de migración regular e irregular.

1.2.3 Migración Interna En cuanto a la migración interna (en el mismo país), si bien no hay cifras precisas, el PNUD ha estimado que existen alrededor de 740 millones de inmigrantes internos en el mundo, casi cuatro veces la cifra de quienes se desplazan internacionalmente.13 En las últimas cuatro décadas esta migración interna no tuvo un “traslado pacífico” sino más bien forzado por las condiciones de violencia e inseguridad vivida en países, como Colombia, Perú, Guatemala, por ejemplo. El desplazamiento por la violencia armada y la migración motivada por la pobreza o por consecuencia de eventos naturales extremos (terremotos, por ejemplo) son constantes en nuestros países, al igual que la búsqueda por alcanzar la modernización y el desarrollo no sólo lejanos en kilómetros sino en vivencia cotidiana. Si la salida es difícil, la llegada no siempre es buena. Los lugares de acogida o de destino presentan, muchas veces, situaciones y condiciones mejores pero también limitaciones o trabas para que las personas se sientan integradas a este nuevo escenario geográfico y social. Se ha advertido en diversos países de Latinoamérica y el Caribe la formación de poblaciones y asentamientos urbanos en la periferia de las ciudades, muchas veces, privados de infraestructura y saneamiento básico. En una región con alta desigualdad es notable que “el centro” o las ciudades tengan mejores condiciones –como efecto de las transformaciones por el proceso de modernización y urbanización– por lo que aquellos ubicados en la periferia “se trasladan hacia el centro”.                                                               13

PNUD. Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos. Informe sobre Desarrollo Humano. Nueva York. 2009.

A la par de este fenómeno migratorio interno, se ha erigido una visión y estereotipo sobre las personas inmigrantes provenientes del campo o de regiones del interior del país, respecto a que sólo pueden desarrollar labores complementarias (consideradas de segunda categoría) o trabajos que son desechados por la gente de la capital. Si bien, muchas personas pueden desarrollar estas tareas, también es cierto que con la ampliación de oportunidades en los lugares de destino, las personas inmigrantes pueden desarrollar una multiplicidad de labores. El tinte de discriminación y racismo aparece en las percepciones y relaciones cotidianas.

1.2.4 Feminización de la Migración En las últimas décadas, la migración femenina ha ido en aumento tanto a nivel internacional como nacional. Desde la perspectiva de género, se puede reconocer que, a pesar de trasladarse de un lugar a otro, las mujeres se encuentran envueltas en sistemas sociales que las coloca en situaciones de desventaja marcadas por prejuicios y estereotipos. La composición del hogar en América Latina y el Caribe presenta a mujeres jefas de hogar que día a día cumplen con su rol productivo y reproductivo frente a sus familias. Cuando su capacidad de proveedora económica disminuye o está en riesgo, muchas optan por salir fuera de su país o de su localidad. A nivel internacional, la migración femenina de la región se ha ubicado laboralmente en Estados Unidos y Europa en el sector de servicios de cuidado (sea como enfermera, empleada del hogar, cuidadora de ancianos y bebés, etc.) o de atención al público (en bares, cafeterías, tiendas). Aunque también se pueden encontrar a mujeres latinoamericanas y caribeñas desarrollando trabajos profesionales. Respecto a la responsabilidad familiar, se puede advertir que las madres jefas de hogar ven en la migración la oportunidad de trabajo para mejorar las condiciones de vida de su familia, mediante el envío de remesas. Sin embargo, su ánimo protector les demanda buscar redes familiares u otras figuras femeninas para asegurar el cuidado de los hijos. Es decir, estas mujeres inmigrantes necesitan de otras que se hagan cargo de las tareas domésticas. Se genera una cadena que no modifica los roles ni la posición de las mujeres, sea en los lugares de origen o de destino. Si bien, la migración laboral femenina puede ayudar a reconfigurar los espacios y la participación económica de las mujeres, también es innegable que las condiciones y ubicación social de los trabajos que desempeñan, sobre todo domésticos, pueden ser elementos de discriminación o refuerzo de estereotipos de género. Al insertarse en el mundo laboral, las mujeres inmigrantes también pueden encontrarse con situaciones de violencia, de trabajo forzado, de falta de acceso a servicios sociales básicos, de explotación y subempleo que acentúan las inequidades de género. Ello se agrava más aún en la población femenina indocumentada o que trabaja de manera irregular. Existen otras situaciones que la colocan en riesgo y vulnerabilidad, que es el comercio sexual y la prostitución forzada. Muchas mujeres son atrapadas por redes o mafias

dedicadas a la industria del sexo y, con engaños, son llevadas a los países para someterlas a nuevas formas de esclavitud.

1.2.5 Migración y trata de personas La trata (…) implica el traslado de personas con fines de explotar su trabajo o sus servicios. La inmensa mayoría de las víctimas de la trata son trabajadores inmigrantes…Para la mayoría de las víctimas de la trata, los verdaderos problemas comienzan al llegar al país de destino, cuando se percatan de que el empleo que les ofrecieron no existe y se ven obligadas a trabajar en empleos o en condiciones que no acordaron. No es coincidencia que el auge de la trata haya tenido lugar durante un período en el que la demanda de trabajadores inmigrantes ha aumentado. Al ser un tema clandestino y de cariz delictivo, es difícil establecer una cifra exacta del número de víctimas de la trata a nivel mundial ni regional. Sin embargo, el PNUD señala que la población más vulnerada son mujeres jóvenes de origen étnico y que del total de casos de trata un 80% corresponde a explotación sexual. En la trata de personas también están incluidos los niños y niñas, pero no se sabe la magnitud de las cifras pero sí las condiciones de esclavitud laboral y sexual a los que son sometidos. Un gran número de víctimas de la trata ingresan a los países con documentos falsos o en forma clandestina. Otro grupo sufre el robo de sus documentos por parte de los tratantes, con el fin de someterlos a sus actividades. De esta manera, se restringe la libertad individual y se violan los derechos humanos de las personas inmigrantes. Las redes de traficantes no sólo logran anular los derechos de las personas sino que logran un dominio emocional sobre ellas. La incomunicación, el aislamiento o la colocación en países con diferente idioma limitan las posibilidades de escape de las personas. Esta es una situación que se mantiene y está en constante crecimiento, más aún cuando hay impunidad o temor a denunciar si logran escapar de sus captores. Los Estados deberán establecer medidas orientadas a juzgar a los tratantes y proteger a las víctimas de la trata; además de mecanismos de prevención para que las personas no caigan en estas redes.

1.2.6 Migración y derechos humanos La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su Art. 13 que: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Por tanto, resulta obvio que el traslado o la movilidad de personas de un lugar a otro, es un derecho que les asiste. Es más bien el orden internacional que, bajo el ejercicio de soberanía de los Estados, establece los criterios y condiciones para el ingreso y salida de personas de su territorio. Es innegable que los Estados deben regular la realización de estos derechos sin restringirlos ni anularlos.

La tensión sobre el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas inmigrantes surge cuando se antepone la soberanía de los Estados y el fundamento de la seguridad nacional para regular los movimientos de las personas. Ello evidencia, la percepción social y política sobre las personas inmigrantes y su condición de ciudadanía: el inmigrante considerado como extranjero y con derechos restringidos. La finalidad de los derechos humanos de los inmigrantes es protegerlos de los abusos y violaciones de sus derechos, sea por parte del Estado o por otras personas. Existen leyes específicas relacionadas al trabajador inmigrante pero más allá de su involucramiento laboral, las personas tienen derechos per se.

1.3

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos

Cuando se aborda este tema, para muchos resulta casi como entrar a un tema privado. No lo es. Es un tema político, social y humano relacionado a los derechos de las personas, a su desarrollo pleno y a la expresión y satisfacción de sus necesidades humanas básicas. La salud sexual y la salud reproductiva son elementos esenciales del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental”. 14

1.3.1 Salud sexual La Organización Mundial de la Salud (2002) definió a la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; no es meramente la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos.15 De esta manera, se concibe a la salud sexual como parte de un proceso permanente y continuo en la vida de las personas, para lograr el bienestar físico, psicológico y sociocultural. Ello se evidencia en las expresiones libres y saludables de las personas respecto a la vivencia de su sexualidad. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud señalan que la sexualidad es un proceso y/o dimensión esencialmente humana, que “[…] Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos espirituales […] En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos”16 Mujeres y varones, pueden disfrutar de una sexualidad informada, placentera y segura, basada en una actitud positiva, elevada autoestima y respeto mutuo en las relaciones de pareja. Asimismo, el respeto y la promoción de la salud sexual de las personas requieren de políticas encaminadas al mejoramiento de la vida y de las relaciones personales, así                                                               14

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Resolución 2003/28. http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/dm_onuseguimiento/resolucin%20c%20deh%20salud.pdf 15 OMS. Archivo de Sexología. http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECS5/definicion_4.html 16 Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de la Igualdad y Calidad Educativa. Programa Provincial de Educación Sexual Integral. Educación integral de la sexualidad- Aportes para su abordaje. http://www.psyche.unc.edu.ar/documentos/extension/foros/III%20Foro%20Educacion%20y%20Psicologia/Educacio n%20integral%20de%20la%20sexualidad.pdf Visto el 03 de septiembre 2011.

como del uso y acceso de los servicios de salud; más allá de la atención en reproducción y enfermedades de transmisión sexual.

1.3.2 Salud reproductiva La definición de la salud sexual y reproductiva tuvo su origen en la “Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas” (CIPD) realizado en El Cairo el año 1994, en el cual se señaló que: “Salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, o en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”. Ello supone el derecho de todo hombre y toda mujer a obtener información y acceso a servicios de salud de calidad, en relación a la vivencia de una sexualidad saludable emocional y físicamente; la decisión respecto al número de hijos que quiera tener la mujer; la atención de embarazos y partos seguros; la prevención y tratamiento ante infecciones de transmisión sexual; la prevención y tratamiento de enfermedades degenerativas del aparato reproductor (por ejemplo, cáncer); entre otros. El concepto de salud sexual está estrechamente relacionado con el concepto de salud reproductiva. Sin la primera, no tenemos la segunda. Sin la primera, la capacidad de mujeres y hombres de disfrutar y expresar su sexualidad y de hacerlo sin riesgo de enfermedades transmitidas sexualmente, embarazos no deseados, coerción, violencia y discriminación no es posible. La segunda, entendida como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias. Al mencionar, simultáneamente, la sexualidad con la reproducción, vamos dando los pasos necesarios para pasar de la legalización a la legitimación de un derecho humano y poder así, incidir en la cultura de lo cotidiano.17 La salud sexual y reproductiva abarca todo el ciclo de vida de las personas: desde la vida intrauterina, infancia, adolescencia hasta la edad del adulto y adulto mayor. La salud sexual y reproductiva de las personas, está en estrecha relación con su entorno familiar, social y su medio ambiente, para alcanzarla y conservarla se requiere de acciones de atención integral específicas y diferenciadas tanto de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en cada una de estas etapas, debido a que las necesidades en el área sexual y reproductiva son cambiantes según las etapas del ciclo de vida.

Plata, María Isabel; Calderón, María Cristina.2000. El derecho a la salud sexual y reproductiva. Pro-familiaCOLOMBIA. V Curso Internacional “Mujer y Derechos Humanos”. Lima. http://www.cepresi.org.ni/files/doc/1211296394_El%20Derecho%20a%20la%20Salud%20Sexual%20y%20Reproduc tiva.pdf Visto el 15 de septiembre de 2011.

1.3.3 Los Derechos Humanos desde la salud sexual y reproductiva Los Derechos Humanos se basan en la dignidad humana, lo que significa que todas las personas por el solo hecho de existir, tienen derecho a ser respetadas, a decidir por sí mismas. Y los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) no son más que los Derechos Humanos interpretados desde la sexualidad y la reproducción En la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) se amplió a derechos sexuales, expresando que: “Los derechos sexuales incluyen el derecho humano de la mujer a tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y a decidir libre y responsablemente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia”. La precisión de “sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia” refiere claramente la importancia de trabajar con hombres y mujeres, especialmente con estas últimas, en el conocimiento y defensa de sus derechos para el ejercicio pleno de su sexualidad. Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual es un derecho humano básico. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios18. El origen del concepto de Derechos Reproductivos, nació en el marco de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, apareciendo en la Conferencia de Teherán (1968) y en la Conferencia Mundial de Población (1974), donde se le determina como un derecho fundamental tanto de las parejas como de los individuos. El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en septiembre de 1994, desarrolla la siguiente definición: Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.19 La Agenda de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (CIPD) reconoció también el derecho de los/las adolescentes a la educación sexual y a servicios de salud adecuados para ellos.                                                               18

Congreso Mundial de Sexología. Declaración. 1997, Valencia, España. Revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología en 1999. http://www.indetectable.org/pages/dersex.htm 19   Organismo de las Naciones Unidas. Programa de Acción del Cairo. Capítulo VII. Derechos reproductivos y salud reproductiva. http://www.un.org/spanish/conferences/accion2.htm#cap7 Visto el 25 de septiembre de 2011.

Las conferencias mundiales en Cairo y Beijing legalizaron la conexión entre la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos para hacerlas una realidad. Así, por ejemplo20: •

Con esta visión amplia no es entendible que los servicios de planificación familiar centren sus actividades únicamente en la promoción de los métodos anticonceptivos con el fin de prevenir embarazos no deseados, ni que los programas de prevención de ETS/ SIDA, centren sus actividades en la prevención de la enfermedad

•

Tampoco es lógico que las mujeres no sean vistas como un grupo expuesto al riesgo de ETS/SIDA en razón, por ejemplo de la presunción de la fidelidad de la pareja.

• No podemos seguir aceptando como natural, como normal, que las mujeres al escoger un método anticonceptivo, únicamente busquen la forma de evitar un embarazo. Es necesario llevarlas a que en forma explícita, si así lo desean, busquen y soliciten métodos que las protejan también de las ETS/SIDA. Después de la CIPD se reenfocó el concepto de salud sexual y reproductiva, el mismo que fue incorporado como derecho de las personas. Fueron 179 países los que aprobaron el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (PA-CIPD) cuyo horizonte de implementación se trazó hasta el 2014. Sin embargo, todavía el cumplimiento y la vigencia de los derechos humanos para todos y todas es una aspiración por la que hay que seguir trabajando. Las sociedades se han construido bajo esquemas de discriminación, subordinación y marginación de las mujeres respecto a los varones, tomando como base las diferencias sexuales, que limitan aún el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Además el factor generacional también es visto como excluyente, cuando no se consideran los derechos de mujeres y varones jóvenes. Los derechos sexuales y reproductivos implica, por tanto, la posibilidad que tienen las personas sobre su dimensión sexual y reproductiva de sus vidas. Por tanto, las políticas establecidas desde los Estados deben estar orientadas a cubrir sus necesidades y brindar las atenciones adecuadas para prevenir riesgos en su salud.

1.3.4 El Derecho a la salud integral y a los derechos sexuales y reproductivos La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propone que el derecho a la salud integral sea plenamente respetado, y que los derechos sexuales y

Plata, María Isabel; Calderón, María Cristina.2000. El derecho a la salud sexual y reproductiva. Profamilia COLOMBIA. V Curso Internacional “Mujer y Derechos Humanos”. Lima. http://www.cepresi.org.ni/files/doc/1211296394_El%20Derecho%20a%20la%20Salud%20Sexual%20y%20Reprodu ctiva.pdf Visto el 15 de septiembre de 2011.

reproductivos puedan ejercerse en libertad y dignidad. Para ello han contemplado el cumplimiento de aspectos básicos e ineludibles, como21: • El acceso universal, en todas las etapas de vida, a la información y servicios de atención de la salud gratuitos o de bajo costo y de óptima calidad, para gozar de salud integral y de bienestar, • el derecho a que nuestra diversidad sea reconocida y respetada en el diseño e implementación de esos servicios, • el derecho a ejercer una salud sexual y reproductiva sana, libres de violencias y coerción, • el derecho a conocer y respetar nuestro cuerpo, • el derecho a ejercer una sexualidad sin riesgos ni consecuencias indeseables o inoportunas, • el derecho a relacionarnos sexualmente con quien deseemos sin ser presionadas ni violentadas, en el momento que elijamos, • el derecho a buscar y sentir el placer sin culpas, • el derecho a no tener sexo, • el derecho a decidir el número de hijos e hijas que queremos tener, cuándo tenerlos, o bien a no tenerlos, • el derecho a estar bien informadas para regular nuestra fecundidad con métodos eficaces, seguros y asequibles, o que nuestra pareja los utilice, • el derecho a recibir una atención de salud de la más alta calidad en el embarazo, parto y en todos los otros momentos de nuestra vida sexual y reproductiva, • el derecho a compartir las responsabilidades de la sexualidad y la reproducción con la pareja, • el derecho a protegernos de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, en especial cuando se trata de mujeres adolescentes y niñas, • el derecho a una participación igualitaria de las mujeres en las instancias de decisión del área de la salud, para que nuestras demandas reales y urgentes tomen preeminencia.

1.3.5 La Violencia de Género como un problema de Salud Pública y Derechos Las mujeres y hombres tienen derecho a la salud integral y al respeto de sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, existen condiciones sociales y culturales que colocan a las mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Llamadas a la Acción de la Red. Campaña (Permanente) por la salud integral y los DDSS y DDRR de mujeres y niñas http://www.reddesalud.org/actualidad/act3_int.php?id=21 Visto el 12 de septiembre de 2011.

Cualquier situación de violencia contra la mujer afecta su integridad física, emocional y social, por lo tanto tiene un impacto directo en su salud, calidad de vida y en su desempeño social; así mismo su presencia detiene los avances en la equidad social y de género. Esta violencia es reconocida como una violación de los derechos humanos y como un grave problema de salud pública; por lo que los Estados tienen la obligación de prevenirla, sancionarla y erradicarla. En relación al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, hay tres aspectos claves que evidencian la vinculación de éstos como problema de salud pública e irrespeto de derechos: •

Falta de equidad en el ejercicio de la sexualidad. Las sociedades establecen cierta permisividad para los varones y restricción para mujeres sin una orientación sana y responsable del ejercicio de la misma. En los varones se fomenta una sexualidad activa, con múltiples parejas, sin dar mucha importancia al desarrollo de la afectividad y a la paternidad responsable. En las mujeres el ejercicio no equitativo de la sexualidad limita su VIH significa virus de inmunodeficiencia posibilidad de expresarse humana. libremente y tomar decisiones Un virus es un organismo muy pequeño propias en relación con su llamado microorganismo o algunas veces afectividad, sexualidad y “germen”. Sólo puede ser visto con un proceso reproductivo. microscopio. Los virus pueden ingresar al

• La violencia intrafamiliar. La OMS señala que hay formas de violencia contra la mujer, incluidos el abuso sexual, físico o emocional por la pareja; el abuso físico o sexual por familiares u otras personas; el acoso y el abuso sexual por figuras de gestión (como profesores, funcionarios de policía o empleadores); el tráfico para trabajos forzados o explotación sexual; y prácticas tradicionales tales como los matrimonios forzados o infantiles; la violencia relacionada con la dote; y los homicidios por honor, en que se sacrifica a la mujer para proteger el honor familiar. Los abusos sexuales sistemáticos en las situaciones de conflicto son otra forma de violencia contra la mujer.

cuerpo humano donde se multiplican hasta alcanzar cantidades elevadas y enfermar al individuo. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es causado por el VIH. Cuando el VIH ingresa al cuerpo humano ataca al sistema inmunológico. Con el tiempo y en forma progresiva, el sistema inmunológico se debilita cada vez más como resultado del VIH. Cuando el sistema inmunológico se debilita, el cuerpo comienza a perder lentamente su capacidad de rechazar las enfermedades causadas por otros microorganismos, y de esta manera se vuelve vulnerable a muchas infecciones. Las personas con VIH pueden contraer las mismas infecciones que otras personas, por ejemplo, neumonía, diarrea o infecciones de transmisión sexual, pero las contraen con mayor frecuencia y en forma más severa. (Tomado de: Prevención y control del VIH/SIDA. Un curso corto para el personal de servicios humanitarios. Women’s Commission for Refugee Women and Children en nombre del Reproductive Health Response in Conflict Consortium).

• La mortalidad materna. La

Organización de las Naciones Unidas reconoció que los altos índices de morbilidad y mortalidad maternas son un problema de salud pública inaceptable que afecta el derecho de las mujeres y de las niñas a la vida, a la igualdad, a la no discriminación y a poder gozar de los avances del conocimiento científico y del más alto estándar de salud alcanzable. La mortalidad materna representa un problema de salud pública, porque evidencia la relación directa con el acceso a los servicios de salud y la calidad de las prestaciones del sistema de salud. A ello se aúna, la inequidad social porque las principales afectadas son mujeres pobres y porque la muerte de ellas es producto de una exclusión social y cultural y de una serie de discriminaciones evidenciadas en el espacio familiar y en la relación con el Estado. La Organización Panamericana de la Salud, señala que el dato más preocupante es que la mortalidad de la madre y su hijo se cuadruplica cuando la mujer tiene menos de 16 años, debido a un aumento de hasta el 40% en el riesgo de desarrollar anemia y sufrir hemorragias e infecciones intrauterinas después del parto, en comparación con las jóvenes entre 20 y 24 años.

1.3.6 VIH y Derechos Sexuales y Reproductivos En América Latina y el Caribe los datos de personas con viven con VIH son altos. Según el informe de ONUSIDA 2011, a fines de 2010, aproximadamente 34 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo, un 17% más que en 2001.22 En 2010, hubo 2,7 millones de nuevas infecciones por el VIH, que incluye una cifra estimada de 390.000 niños.23 Esta es una realidad que enrostra y desafía. La mayoría de las personas que contraen el VIH es por vía sexual, pero también están los casos por vía sanguínea o por transmisión de madre-bebé. El riesgo aumenta con la presencia de infecciones de transmisión sexual. Se advierte que las mujeres y la población joven son los que están más expuestos a tener el VIH, no sólo por cuestiones biológicas o conductas sexuales –como algunos quisieran ceñirlo– sino que está asociado a las condiciones de vulnerabilidad social, económica y política. Las guerras, la pobreza, los desplazamientos forzados, las migraciones, el incremento de la violencia y explotación sexual, son todos factores que aumentan el riesgo de expansión de la pandemia.24 Desde la perspectiva de derechos, se plantea superar la discriminación, estigma y la violación a su intimidad sexual de hombres y mujeres que viven con el VIH. El                                                               22

ONUSIDA. Informe para el Día Mundial del SIDA. Cómo llegar a Cero. Más rápido. Más inteligente. Mejor Ginebra. 2011.  23  Idem.  24  Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Mujer Saludable. Boleta Electrónica. Julio 2002.

desconocimiento, los estereotipos, los prejuicios y tabúes sobre la sexualidad son bases para actuar en detrimento de la salud y la dignidad de las personas. Incluso los Estados actuaron inicialmente bajo una lógica de políticas de alerta y riesgos que genera las prácticas sexuales, sin tomar en cuenta que el problema del VIH/SIDA está asociado a un conjunto de factores sociales, especialmente el acceso a la información, a la educación y la salud. Está demostrado que las competencias para tomar decisiones informadas en la prevención de VIH/SIDA aparece sustancialmente basado en la alfabetización y los niveles de educación alcanzada. La educación formal fortalece los aprendizajes de las competencias requeridas para comprender el VIH/SIDA y dar sentido a los mensajes de prevención. Por lo tanto, aumentar el acceso y la retención escolar [es en sí misma] una importante estrategia de promoción de la salud sexual y reproductiva.25 Ello implica el desarrollo de una educación sexual que parte del reconocimiento pleno del sujeto, de su cuerpo, de sus sentimientos, de sus experiencias, condiciones de vida e interacciones como base del trabajo pedagógico ya que busca desarrollar conocimientos y habilidades para un cuidado integral antes que modelar comportamientos. 26 El enfoque integral de la educación sexual considera a la sexualidad desde sus dimensiones biológicas, socio-históricas, culturales, psicológicas, afectivas, espirituales y éticas. Esta concepción incluye las emociones y sentimientos que intervienen en los modos de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con el otro/a y respetar el propio cuerpo y el cuerpo de otras personas. 27 A esta educación debe agregarse servicios de salud sexual y reproductiva, adecuados y de calidad, con acceso para las poblaciones más pobres, con énfasis de trabajo diferencial para mujeres, jóvenes, niños y niñas. Y Estados que revisen y actúen sobre el impacto en las poblaciones indígenas y afro-descendientes en su condición de exclusión social. Desde la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo-CIPD, en 1994, se definió una amplia gama de servicios relacionados a la salud sexual y reproductiva, entre lo que se mencionan a: información, orientación y servicios de planificación familiar; atención prenatal, del parto y postnatal; atención en salud infantil; prevención y tratamiento integral de las infecciones de Transmisión sexual incluido el VIH/SIDA; prevención y atención integral de los cánceres del tracto reproductor; prevención y tratamiento adecuado de la infertilidad; información, educación y orientación en materias de sexualidad humana, Salud Sexual y Reproductiva y paternidad y maternidad; y acciones positivas contra las prácticas tradicionales perjudiciales como las violencias de género, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y la mutilación genital femenina.                                                               25

UNFPA. Pobreza, Salud Sexual Reproductiva y Derechos Humanos. 2005. Pág. 26

Consejo Federal de Educación Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ley Nacional Nº 26.150. Buenos Aires, 2008.  27  Idem.

1.3.7 Avances y retrocesos respecto a los derechos sexuales y reproductivos Según una encuesta mundial realizada en el 2003 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, después de la CIPD 131 países habían cambiado sus políticas o leyes nacionales, o realizado cambios institucionales para reconocer los derechos reproductivos. Entre estos, Venezuela y Sudáfrica incorporaron los derechos reproductivos en sus respectivas Constituciones. La Comisión de Derechos Humanos de la India adoptó una declaración sobre derechos reproductivos y ordenó a los gobiernos de los Estados que los promovieran y protegieran (UNFPA, 2004).28 De acuerdo, a un informe de la CEPAL y el UNFPA29, América Latina es la región que más ha avanzado en la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos y cuenta con un importante desarrollo de políticas públicas en el marco de la CIPD y los ODM. Sin embargo, persiste una brecha importante en su cumplimiento, en su expresión en presupuestos públicos y, por último, en su reflejo en la calidad de vida y el ejercicio de los derechos de las personas. Si bien muchos países han avanzado en el mejoramiento de servicios, normas y prácticas institucionales para promover el acceso y uso de los servicios en torno a la salud sexual y reproductiva, aún existe deficiencia en la calidad y cantidad del servicio dirigido a poblaciones rurales y grupos etnarios como jóvenes y adultos mayores. También resulta necesario superar la visión de “control de la natalidad” que hizo que muchos gobiernos violen los derechos de las mujeres, desarrollando programas de esterilizaciones forzadas (como está comprobado en el caso de Perú). Los Estados tienen la responsabilidad de velar y promocionar los derechos de las personas y no establecer “gobierno sobre el cuerpo de mujeres y varones”, menos aún violentándolos bajo esquemas de políticas insensibles. No hay menos pobreza si nacen menos pobres. El 2009, en el marco del Seminario regional sobre Avances y acciones claves para la implementación del Programa de Acción de El Cairo, se señaló que existen progresos insuficientes en América Latina, respecto a: •

Reducción de la mortalidad materna: Aunque hay una tendencia general de disminución de la mortalidad materna, todavía permanece inaceptablemente alta en la mayoría de los países de la región. En Bolivia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y Perú la tasa de mortalidad materna se sitúa en 200 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

•

Reducción del embarazo adolescente: La tasa global de fecundidad bajó de 5,9 hijos en 1950-55 a 2,4 en 2000-2005. Esto es así para todas las mujeres, excepto para las adolescentes, que han aumentado su aporte a la fecundidad total, prácticamente duplicándolo: de 8,5 por ciento en 1950-1955 a 14,3 por ciento en 2000-2005.

CEPAL. La población y el desarrollo desde un enfoque de derechos humanos: intersecciones, perspectivas y orientaciones para una agenda regional. Serie 60. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/23556/lcl2425-P.pdf 29   CEPAL, UNFPA. América Latina: avances y desafíos de la implementación del Programa de Acción de El Cairo, con énfasis en el período 2004-2009. Documento de Proyecto. Santiago de Chile. 2010.

•

Propagación del VIH: Si bien los avances en la región podrían transformarla en la primera del mundo en alcanzar los compromisos acordados de detener y comenzar a reducir la propagación del VIH, la epidemia cada vez tiene un rostro más joven. La mayor parte de los países de la región no tienen políticas con respeto a la educación sexual, elemento central para el desarrollo.

Otro elemento encontrado como deficiente en la región es la falta de adecuados sistemas de información sociodemográfica y poblacional para el seguimiento de los compromisos de El Cairo y los Objetivos del Milenio. Ello redunda en elaboración de políticas con poca base en información y análisis del comportamiento de su población, de acuerdo a sus características diferenciales (edad, etnia, educación, etc.).

1.4

Pobreza, migración y salud sexual reproductiva: desafíos para la vida y la dignidad humana

Visto el panorama presentado, se puede advertir que la pobreza, la migración en condiciones de riesgo y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos son problemas que no están aislados, no son sectoriales; estos problemas no se excluyen entre sí pero ciertamente afectan más a los excluidos y pobres. Los avances en los países de América Latina y el Caribe son lentos pero alentadores. A nivel de leyes y políticas hay signos importantes pero la brecha entre el discurso y la acción sigue siendo tan ancha como la desigualdad en la región. La relación entre el sexo y la pobreza se ve reflejada también en la violencia hacia las mujeres y las niñas. Algunos de sus efectos se traducen en embarazos no deseados, aborto inseguro, infecciones de transmisión sexual (VIH/SIDA), que al combinarse con la falta de acceso a servicios de consejería y salud contribuyen a las altas tasas de mortalidad entre las mujeres pobres en esta etapa de su vida.30 El acceso a la justicia, respecto a la violencia contra las mujeres, niños y niñas, es un tema pendiente, pues los reportes de casos de una administración débil de la justicia están conllevando a la impunidad frente a atropellos y violaciones de derechos. En relación a factores para la superación de la pobreza, se ha comprobado que existe un mercado laboral precario para las personas con baja escolaridad. Aún se está lejos de alcanzar un empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos y todas, sobre todo cuando las mujeres perciben menores ingresos que los varones al realizar el mismo trabajo. Y las mujeres que están insertadas en el mundo laboral y en el mundo de la participación pública tienen que afrontar la triple jornada de trabajo (hogar, trabajo, organización). Poco a poco se busca implementar políticas que concilien el mundo productivo y el reproductivo y adicionalmente políticas educativas y de empleo adecuadas e integrales. En cuanto a procesos y acciones para la equidad y la igualdad de oportunidades, los diversos Estados han entendido la importancia de la participación política de las mujeres – que ahora tienen presencia en el poder ejecutivo, legislativo y en los gobiernos locales -; sin embargo, aún falta trabajar con los partidos políticos y movimientos sociales para que asuman el sistema de cuotas femeninas como un derecho y no como una estrategia de marketing político. La conciencia de derechos es débil. Sobre la migración internacional e interna, existe una agenda abierta que deben entablar los países de origen y destino, revisando la precariedad y la vulnerabilidad de las condiciones en las que se migra y en las que se instalan las personas y sus familias. Las políticas represoras y de castigo ante la movilidad de las personas, no deben ser                                                               30

UNFPA. Pobreza, Salud Sexual reproductiva y Derechos Humanos. México, DF.2005.

replicables y más bien ser sancionadas por la comunidad internacional. El extranjero o la extranjera no es un peligro, no es un enemigo o enemiga. Los Estados deberán atender conjuntamente los problemas como el tráfico de inmigrantes, la migración indocumentada, la integración social, las repatriaciones y la reglamentación sobre las solicitudes de refugio; pero sobre todo, deberán combatir la discriminación y estigmatización que se tiene frente a la población inmigrante. Tal vez, muchos Estados no logren importantes avances en el cumplimiento del Programa de Acción de la CIPD para el 2014 ni en relación a los Objetivos del Milenio pero ello no exime de seguir trabajando en la ruta trazada; menos aún que la sociedad civil se involucre en los procesos de decisión e implementación de las políticas. Entonces es necesario reafirmar el compromiso de estas metas en un proceso activo de participación entre Estado y sociedad civil.

1.5 Objetivos del Milenio: Una plataforma para la Acción En septiembre del año 2000, 189 Jefes de Estado y de gobierno se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con el propósito de discutir y establecer como prioridad una alianza mundial para reducir la pobreza. En tal sentido, aprobaron la Declaración del Milenio y establecieron ocho grandes objetivos conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y cuyo vencimiento del plazo está fijado para el año 2015.

Reducir a la mitad en 2015 el porcentaje de personas  cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día, y el de  personas que padecen hambre.

Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el  mundo puedan terminar un ciclo completo de  enseñanza primaria.

Eliminar las desigualdades entre los géneros en la  enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para  el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza  antes de finales de 2015.

Reducir para 2015 en dos terceras partes la tasa de  mortalidad de los niños menores de 5 años.

Reducir la tasa de mortalidad materna en tres  cuartas partes para 2015.

Detener y comenzar a reducir para 2015 la  propagación del VIH/SIDA, así como la incidencia de  enfermedades como el paludismo y otras  enfermedades graves.

Incorporar los principios del desarrollo sostenible  en las políticas y los programas nacionales e invertir  la pérdida de recursos del medio ambiente.   Reducir a la mitad en 2015 el número de personas  que carecen de acceso al agua potable o  saneamiento básico. Mejorar para 2020 la vida de  por lo menos 100 millones de habitantes de  infraviviendas.

∙    Atender las necesidades especiales de los países  pobres.   ∙    Desarrollar  un  sistema  comercial  y  financiero  abierto, basado en normas no discriminatorias.   ∙    Encarar  con  un  criterio  global  los  problemas  de  la deuda externa.   ∙     Proporcionar acceso a medicamentos esenciales  a los países pobres a un costo razonable.   ∙    Velar porque se aprovechen los beneficios de las  nuevas tecnologías.

Estos objetivos del Milenio se han convertido en elementos directrices para los países en el establecimiento de políticas encaminadas a lograr avanzar en el logro de dichos objetivos. Los Estados y gobiernos han hecho esfuerzos por alinear sus planes y programas a este marco político de acción mundial; sin embargo, existen voces de organismos internacionales que señalan que la meta de 2015 debe ser “una estación para continuar en la marcha”. El mundo necesita un marco para avanzar después de 2015 que refleje la equidad y la sostenibilidad; Río+20 representa una gran oportunidad para llegar a una noción compartida de cómo seguir avanzando.31 Bajo esa lógica es necesario seguir fortaleciendo al interior de los Estados y los gobiernos de cambiar no sólo condiciones materiales sino también aquellas relacionadas con la democracia, la sostenibilidad social y ambiental y la participación ciudadana. El informe 2011 sobre Desarrollo Humano en el mundo se resalta como aspectos claves la equidad en las políticas y programas y el empoderamiento y de la gente para ser protagonista de cambios. Seguir haciendo las cosas como siempre no es ni equitativo ni sostenible32 plantea el PNUD. Entonces, es tiempo de una actuación más decidida, de la participación de organizaciones, y redes para actuar en diálogo y propuesta con Estados y gobiernos en aras de seguir construyendo un mundo con equidad y justicia.

31 32

PNUD. Sostenibilidad y equidad. Un mejor futuro para todos. Informe sobre Desarrollo Humano. 2011.

Idem. Pág. 92

ORGANIZACIONES BASADAS  EN LA FE: ACTORES CLAVES  PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA  Y EL CAMBIO

2.1 OBFs: Identidad y compromisos Las Organizaciones Basadas en la Fe son grupos o congregaciones religiosas basadas en la fe, instituciones sin fines de lucro registradas o no que tienen una misión o un carácter religioso33. Las Organizaciones Basadas en la Fe (OBF) en América Latina y El Caribe, han desarrollado siempre, en todos los rincones de la región, importantes intervenciones en las problemáticas que afectan la vida y el acceso al desarrollo de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes jóvenes y adultos, que forman parte de las poblaciones más vulnerables y/o en riesgo; conocen ampliamente la realidad de la pobreza, la exclusión y el estigma y manejan una importante y valorada información al respecto. Además, responden activamente, desde la diversidad de sus posiciones de fe, con propuestas, desarrolladas con eficacia y la mayoría de las veces, con escasos recursos, que se constituyen en un legado de buenas prácticas y experiencia.34 Por otro lado, las comunidades religiosas y los principales líderes religiosos han venido estructurando redes y articulándose en proyectos nacionales, regionales y mundiales; por lo que se les reconoce un gran poder de incidencia e influencia en aspectos Sociales, Espirituales y de Valores, de la misma manera que representan el sentir y la espiritualidad de una gran mayoría de la población en AL/C. Sus redes trabajan en identificar y lograr que las necesidades de las personas sean atendidas, especialmente en tiempos de crisis y emergencias.35 Bajo ese marco de acción y de camino andado, el Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA reconoce que líderes religiosos y OBF son actores claves en apoyo a la ejecución de la Agenda de El Cairo, los Objetivos del Milenio y los Planteamientos de la Cumbre Mundial de Nueva York, ya que la fe y la religión en sus diferentes manifestaciones, juegan un rol vital en las vidas y cultura de la mayoría de las poblaciones en todos los rincones del mundo.36

UNFPA. Lineamientos para la integración de las OBF como agente de cambio. Definición de UNFPA sobre OBFs. 2009. 34   UNFPA. Oficina Regional Para América Latina y El Caribe. Estrategia Operativa para el trabajo entre las Organizaciones Basadas en la Fe y el Fondo De Población de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe”. Documento Base. 2010  35

Idem.   Idem.

2.2 La Declaración de Buenos Aires En septiembre de 2008, el Fondo de Población de las Naciones Unidas–UNFPA organizó el "Foro Latinoamericano y Caribeño de alianzas basadas en la fe: fortalecimiento de alianzas para la detención de la violencia contra la mujer, la reducción de la mortalidad materna y el abordaje de las migraciones en América Latina y el Caribe", realizado en Buenos Aires, Argentina. Este evento reunió a unas 80 personas entre representantes de los distintos credos y especialistas de organismos no gubernamentales e internacionales. Se abordaron los temas referidos en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollado, tales como: Salud Sexual, los Derechos Reproductivos, la Planificación Familiar, el Empoderamiento de la mujer y la Igualdad de género, así como el VIH/SIDA, la eliminación de la violencia contra la mujer y los derechos de los inmigrantes. En las jornadas realizadas por los y las líderes de las organizaciones basadas en la fe se abordó la necesidad y la tarea de trabajar planes de acción en el marco de los Objetivos del Milenio y acciones de incidencia ante los gobiernos latinoamericanos y caribeños, especialmente. Como resultado de este Foro se redactó la Declaración de Buenos Aires, donde señalan, entre otras cosas, que: Imbuidos de nuestro más profundo respeto por la dignidad humana de cada persona y por sus derechos económicos, sociales y culturales, afirmamos nuestra voluntad de aportar a la construcción de un diálogo multiactoral para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desde esta perspectiva y, a la luz de nuestras visiones espirituales y trascendencias, los Objetivos de Desarrollo del Milenio son bases “necesarias pero no suficientes”, que nos desafían como líderes religiosos. Nos comprometemos a una doble tarea de acción e incidencia, a fin de conseguir su cumplimiento desde una visión de desarrollo humano, integral y solidario, aportando los recursos morales y éticos de nuestras comunidades religiosas de América Latina y el Caribe. Convocamos a nuestras comunidades de fe a trabajar juntas con esta finalidad, dando así testimonio del poder de la cooperación interreligiosa para el avance del desarrollo humano sostenible. En tal sentido, es menester organizarnos eficazmente para logar una acción transformadora de la realidad de los que más sufren, complementando nuestros talentos y esfuerzos, y aprovechando la amplia capilaridad geográfica de nuestras organizaciones. Es preciso tomar en cuenta la voz de los sectores más vulnerables y promover su participación en la construcción de soluciones que contribuyan a superar la pobreza extrema. La pobreza, la inequidad y la discriminación son injusticias contrarias a nuestras creencias. Consideramos inaceptables las profundas diferencias entre ricos y pobres, y demandamos un cambio en nuestras sociedades, sin violencia ni confrontaciones, cimentado en el respeto a las diferentes realidades étnicas y culturales, así como en la diversidad religiosa y espiritual.

En este foro se lanzó la conformación de la Red Interreligiosa Latinoamericana y Caribeña de Población y Desarrollo (RILCPD), que es una Red de Redes regionales, que se aglutina para formar una coalición y una alianza con el UNFPA en el marco de una acción común, definida en una “Plataforma Conjunta” en el tema de población y desarrollo. En su creación, el Consejo Latinoamericano de Iglesias y Religiones por la PazAmérica Latina y el Caribe fueron los principales encargados de movilizar la acción y desarrollar un proceso de fortalecimiento de la Red. Actualmente la Red continúa vigente, aunque por el momento inactiva.

2.3 El Foro Mundial de Estambul El Foro Mundial realizado en octubre de 2008 forma parte del proceso de alianzas del UNFPA con las Organizaciones Basadas en la Fe. Este evento congregó a más de 100 organizaciones de base confesional, líderes y lideresas de las principales religiones y de las regiones del mundo. Este foro mundial fue el colofón del proceso desarrollado en cuatro foros regionales preparatorios: o África : Durban, Sudáfrica, en diciembre de 2007 o Asia-Pacífico: Kuala Lumpur, mayo de 2008 o Estados Árabes: El Cairo, julio de 2008 o América Latina y el Caribe Buenos Aires, septiembre de 2008 Los líderes y las lideresas discutieron las prácticas exitosas y la forma de avanzar en colaboración con el UNFPA en las áreas de salud y derechos reproductivos, la igualdad de género y cuestiones de población y desarrollo; así como el establecimiento de un “llamado conjunto hacia la transformación social” para delimitar el marco de asociación, la obtención de consensos y alianzas. Un aspecto clave desarrollado en este foro fue el reconocimiento que todas las confesiones de fe tienen sobre los derechos humanos y que, en sus distintos textos religiosos, la defensa de los mismos forman parte de valores compartidos. Como resultado de este foro se conformó la Red Mundial Interreligiosa para la Población y el Desarrollo. Las Organizaciones Basadas en la Fe y los representantes del UNFPA, en el marco de los principios de esta naciente red, se comprometieron a: • Las religiones comparten los objetivos de salvaguardar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, etc. • Trabajar juntos para promover el bienestar humano y hacer realidad los derechos de todos los individuos con una atención especial hacia las mujeres y los jóvenes. • Identificar los puntos focales de las asociaciones UNFPA-OBF regionales y nacionales. • Intercambiar experiencias y aprender unos de otros a través de la Red Interreligiosa. • Asegurarse de que las OBF socias exhiben los principios de la Red y mantienen vínculos entre sí, con el apoyo del UNFPA. • Seguir manteniendo fuertes redes regionales y nacionales con el apoyo de las oficinas de país del UNFPA, alimentadas por una Red Global facilitada por la Sede, como modalidad de trabajo para el cumplimiento del mandato de la CIPD.

Las conclusiones finales del Foro Mundial de Estambul se pueden resumir en lo siguiente37: • El trabajo con las OBF, incluye el enfoque intercultural, de género y de derechos humanos. • Las OBF son actores relevantes para el logro de cambios a nivel social, cultural y de valores, y en la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana. • Las alianzas con las OBF son de vital importancia para el éxito del trabajo del UNFPA, pues la vida religiosa/espiritual forma parte integrante e inseparable del tejido social, y afecta la vida de la mayoría de personas.

Documento de Estrategia Operativa

2.4 OBFs y su intervención en temas de pobreza, migraciones y salud sexual y reproductiva Muchas OBFs están involucradas en movimientos de acción ciudadana orientados a la defensa de los derechos humanos, y a expresiones de solidaridad y fraternidad que construyen tejido social a nivel, local, nacional y regional. Por tanto, su nivel de intervención e interlocución es reconocida en diversas instancias de los gobiernos y organismos internacionales. Teniendo como base sus fundamentos de fe, estas OBFs están abocadas a una acción social constante a favor de la reivindicación de la dignidad de las personas y el desarrollo integral de mujeres y varones, sin distinción ninguna. Así, también realizan acciones a favor del cuidado de la creación para la sostenibilidad de una vida digna y equitativa en el reparto de los recursos y la modificación de estructuras que impiden la justicia y la paz. Si bien esta intervención no es generalizada ni forma parte del quehacer de todas las OBFs en el mundo, es de gran aliento que existan experiencias de trabajo cercano con la población desde una lógica de promoción y defensa de derechos de las personas, sin distingo de ningún tipo. Por tanto, las OBF son actores claves para la incidencia política no sólo en la defensa de derechos de los menos favorecidos sino como organizaciones encarnadas en cada pueblo, con voz ciudadana y acción comprometida con la realización de una vida digna para todos y todas. El liderazgo local, nacional, regional y mundial que tienen las OBFs las coloca en un sitio clave para propiciar la discusión, el debate y la generación de propuestas de políticas que aseguren el cumplimiento de los derechos de las personas y la dignificación de éstas. ELEMENTOS PARA LA ACCIÓN DE LAS OBFs • • •

• • •

Asumir una responsabilidad local, nacional, regional y mundial en la defensa de los derechos humanos de todos y todas. Conocer y reconocer los problemas que atentan contra la dignidad humana y la vida. Encontrar en cada hombre y cada mujer, en cada niño y niña, en cada rostro la esperanza para seguir luchando por los valores universales y el respeto a la integridad. Revisar y dar seguimiento a los compromisos internacionales de los Estados respecto a cada uno de los temas o problemas que aquejan a la población. Desarrollar análisis constante y actuación permanente de denuncia y propuesta frente a los problemas. Generar espacios de diálogo con decisores de gobierno y sociedad civil en el marco del trabajo de las organizaciones de base y la identificación de plataformas de reivindicación de derechos frente a la pobreza, la migración, salud y derechos sexuales y reproductivos. 41

3. LA INCIDENCIA POLÍTICA O  ADVOCACY: UNA ESTRATEGIA  PARA LA ACCIÓN CIUDADANA

3.1 La Incidencia Política A modo de aclaración Es importante definir que Incidencia Política y Advocacy se refieren a lo mismo para efectos de este manual. La palabra Advocacy viene del latín Advocare y significa ayudar a quien está necesitando algo. En inglés, el verbo es to advocate y significa abogar, defender. Sin embargo, en nuestro idioma reducir la traducción literal sólo a abogar por otros, hace perder la riqueza de la intencionalidad política y social del término orientada a empoderar y visibilizar a grupos y colectivos de personas y organizaciones con propuestas de cambio y justicia. Por tanto, de ahora en adelante nos referiremos a incidencia política. 3.1.1 Definición y elementos claves Para la definición de la incidencia política ha existido una serie de discusiones, enfoques y uso de terminologías que ha buscado reseñar los aspectos complementarios que ella involucra o la han reducido a uno de ellos. Es así que hay quienes entienden a la incidencia, como38: ‐

Hablar a favor de los que no tienen voz (incidencia como representación),

‐

Instar a los demás a hablar y acompañar (incidencia como movilización),

‐

Respaldar a los que no tienen voz para que hablen por sí mismos (incidencia como concesión de poder).

Los dos puntos últimos condensan las características esenciales de la incidencia, en tanto se trata de movilizar esfuerzos, capacidades y acciones organizadas de la sociedad civil y generar un balance de poder y representación en el debate público y la agenda política para proponer cambios frente a situaciones de injusticia. Desde el planteamiento de este manual se ha definido a la incidencia política como: Un proceso planificado y sistemático de acciones orientadas a influir en las personas que toman las decisiones políticas, para resolver problemas que afectan los derechos de un grupo de personas o comunidad, generalmente en desventaja o exclusión. Este proceso debe sustentarse en propuestas políticas que busquen soluciones efectivas y sostenibles, en resguardo de los derechos de las personas. La incidencia política es un esfuerzo gestado y organizado desde la sociedad civil para proponer cambios en políticas, programas, planes y/o prácticas institucionales del Estado, de organismos internacionales y otras instituciones de poder. Es una expresión de la participación ciudadana.

Participa Perú. Manual de Incidencia Política. Lima. 2003

Para sustentar este concepto, se reseña la lógica de los elementos claves: Es un proceso planificado y sistemático, porque planea un conjunto de acciones organizadas con la finalidad de generar cambios estructurales y llamar la atención de quienes tienen en sus manos las decisiones y el ¿Qué no es incidencia? poder para impartir justicia. No se tratan de acciones que parten de la improvisación o que No es incidencia política: responden a hechos aislados. • El trabajo de extensión de un proyecto de desarrollo. • La publicidad de lo que hace una ONG o una red institucional. • La búsqueda del cambio de una costumbre. Recordemos la incidencia busca el cambio de políticas. • La recaudación de fondos para un proyecto de desarrollo. • Un pronunciamiento público sobre un hecho determinado. • Un taller de capacitación. • Un pliego de reclamos o demandas.

Está orientada a resolver problemas que afectan los derechos, tomando casos de grupos específicos para visibilizar la situación de una población mayor. Se trata de exponer públicamente las injusticias y las dinámicas de poder que coloca a un sector de la población en condiciones de desventaja y/o riesgo, sea por la ausencia, incumplimiento o vigencia de políticas que afectan sus derechos. Partiendo de casos particulares o definidos en un lugar, se puede visibilizar la importancia de contar con políticas que garanticen los derechos de personas en situaciones similares.

Está sustentada en propuestas políticas eficaces y sostenibles. Desde la incidencia se entiende que se debe ir más allá de la protesta para generar propuestas viables políticamente, sustentadas en Tomado de: Incidencia Política estudios, o en experiencias validadas que sobre las Organizaciones Políticas. Díaz Palacios, Julio. sustenten la presión y persuasión ante quienes Red Perú. Lima. toman las decisiones (sean autoridades estatales, organismos internacionales u otras instituciones de poder). Es decir, la incidencia supera la visión del pliego de reclamos o demandas. Ahora es necesario sustentar la viabilidad de las propuestas que sean sostenibles en tiempo y beneficios para la población. Es un esfuerzo gestado y organizado desde la sociedad civil para proponer cambios en políticas. Ello supone la participación ciudadana de personas y organizaciones para intervenir democráticamente en las discusiones políticas y la toma de decisiones sobre temas y problemáticas que afectan su vida. El poder de la sociedad radica en su capacidad de interlocución, de propuestas y de debate para evidenciar la necesidad de cambios frente a situaciones de injusticia.

3.1.2 La incidencia política como estrategia para la participación ciudadana La participación de la ciudadanía es concebida, desde la incidencia política, como un proceso de intervención en todas las etapas de un proceso de toma de decisiones, de manera que las personas estén informadas, puedan deliberar, discutir, generar propuestas y modificar las relaciones de poder. Esta participación de la sociedad civil –va más allá del instrumento o aprendizaje metodológico de la incidencia– busca el establecimiento de una actuación social en constante revisión de sus vivencias y de su cotidianidad; como expresión política de su indignación frente a las injusticias y como gestora de cambios y de acciones para su desarrollo social y humano. La posibilidad de que las personas decidan el rumbo de su vida y la de su comunidad, que se sientan libres de tomar decisiones a partir del reconocimiento de su identidad, de su potencial y limitaciones, tiene que ver con su capacidad y posibilidad de optar por medidas para su desarrollo y el de su comunidad, fortaleciendo la autonomía, la autogestión y la autodeterminación39. La acción colectiva de la sociedad (organizaciones sociales, organizaciones basadas en la fe, sindicatos, redes civiles, etc.) bajo un eje de consenso y acuerdos es medular en el proceso de la incidencia. Es una acción que supone la interpelación y la exigencia de responsabilidades a quienes toman las decisiones. Mediante la incidencia es posible intervenir en las decisiones y acciones públicas que tienen impacto en la población, sea para modificar, implementar, incorporar o derogar leyes, políticas y/o prácticas institucionales del Estado y también de organismos internacionales.

3.1.3 Importancia de hacer incidencia política La importancia de desarrollar incidencia política radica en lo siguiente: a) Fortalece el ejercicio de la ciudadanía y el empoderamiento de las organizaciones. Esta participación ciudadana se evidencia en el marco de una conciencia de derechos y la organización de la población directamente afectada para buscar un balance en el poder y las decisiones, a través del diálogo, la propuesta y la concertación. El empoderamiento de las organizaciones pasa por procesos de aprendizaje vivenciales y políticos, reconociéndose como sujetos de derechos capaces de participar en la esfera pública, desarrollando sus capacidades y su responsabilidad ciudadana.

Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). Guía de Liderazgo para la participación política de las mujeres en el ámbito local. Santo Domingo. 2007.

b) Afirma la democracia. Reconfigura los escenarios de poder; busca construir cambios estructurales con propuestas y no quedarse sólo en la protesta; visibiliza voces silenciadas y marginadas; además porque la participación social Conceptos claves y básicos para organizada permite la construcción de la Incidencia Política una nueva institucionalidad, para que Políticas Públicas: Son las la sociedad civil tenga injerencia en las estrategias y acciones que a largo decisiones y discusión de la agenda plazo va a desarrollar el gobierno pública y política. Hacer incidencia política es una forma de fortalecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas, promoviendo una cultura política más transparente40. c) Propicia la resolución de problemas. La generación de propuestas y alternativas de solución desde la sociedad civil –con la participación directa de las personas afectadas – constituye un mecanismo importante para la negociación y proposición ante quienes detentan el poder y tienen en sus manos la decisión final.

(central, regional o municipal) para mejorar el nivel de vida de toda la población.

Estas políticas públicas están en: • Las leyes formuladas por el Poder Legislativo. • Los decretos formulados por el Presidente de la República y su Gobierno. • Ordenanzas y resoluciones formuladas por el Concejo municipal o gobierno local. Tomado de: Por una Nicaragua Inclusiva. Manual para la Incidencia Política. Comisión Nacional de Incidencia de las personas con discapacidad.

La mayoría de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Organizaciones Basadas en la Fe, comprometidas con la justicia, la democracia, la equidad, la dignidad humana y el desarrollo sostenible, aspiran a cambiar alguno o varios aspectos de la realidad social, económica, política o cultural, etc., por tanto la incidencia política propicia es una estrategia de trabajo ineludible en el campo de la afirmación de los derechos humanos.

3.1.4 Condiciones para hacer incidencia política41 Para desarrollar acciones efectivas y sostenibles de incidencia política, es necesario que las organizaciones, movimientos, entidades y redes ciudadanas tengan las siguientes condiciones: a) Tener una estrategia clara La incidencia no puede hacerse a partir de acciones aisladas. Es necesario contar con estrategias previamente planificadas.                                                               40 41

WOLA. Manual Básico para la Incidencia Política. Washington, DC. 2002.

Instituto de Estudios de la Comunicación. La Incidencia Pública. Una aproximación desde el enfoque de derechos y ciudadanía. Documento de trabajo. Lima. 2006. Adaptación propia.

No se trata de aparecer por aparecer o estar en la esfera pública por un asunto de presión o de manera coyuntural. Se necesita tener claridad sobre las intencionalidades y el sentido de la incidencia. Tener una estrategia permite saber por qué actuamos, dónde y cuándo lo hacemos. b) Contar con diagnósticos previos a la acción Otro elemento clave para generar procesos significativos de incidencia es contar con diagnósticos científicamente válidos y contrastables. Esto es importante porque muchas veces las acciones o discursos se sostienen en intuiciones y datos recogidos sin la rigurosidad que una estrategia de incidencia exige. c) Realizar análisis constantes de los procesos y las lógicas políticas Es necesario ejercitarse permanentemente en la lectura y el análisis con rigurosidad de los contextos políticos, sociales y culturales, para determinar si la intervención de incidencia es propicia o qué actividad planificada ya no tiene sustento para su realización. Debe tenerse en cuenta que las sociedades están en constante cambio y que el actuar político cambia continuamente. d) Construir una presencia pública con vínculo ciudadano En los últimos años, muchos sectores sociales emergentes han empezado a vincularse o incidir en la esfera pública. Sin embargo, si estas iniciativas se desarrollan desde la perspectiva de la incidencia, es necesario que las organizaciones e instituciones articulen su quehacer público con procesos de afirmación de ciudadanía y reivindicación de derechos. e) Participar y/o construir redes Es necesario fortalecer la capacidad de las organizaciones sociales respecto a la necesidad de insertarse y participar en las redes que se construyen en relación a su objeto de incidencia, así como también en otras enmarcadas en la defensa de los derechos humanos. La participación de la organización en redes debe tener una intencionalidad y un rol claro, definiendo y reconociendo las competencias y habilidades organizativas con las que se cuenta, para aportar en la suma de esfuerzos. f)

Construir relaciones con periodistas y líderes de opinión

Es importante desarrollar una cultura de relación e intercambio con los periodistas de los medios masivos de comunicación, así como con los líderes de opinión que inciden permanentemente en la agenda pública. g) Fortalecer determinadas capacidades claves Es importante trabajar no solo a nivel del aprendizaje de las metodologías o los criterios para desarrollar estrategias de incidencia política, sino también a nivel del acompañamiento y asesoramiento en el campo del fortalecimiento de determinadas capacidades fundamentales para la implementación de la estrategia y la acción. h) Construir propuestas que sean viables para el interés público Es importante que la propuesta de incidencia no sólo sea interesante y buena para la organización impulsora sino que también convoque adhesiones e interés público.

Generar interlocución en el ámbito público

Implica ser referentes e interlocutores válidos para la generación de corrientes de opinión que se construyen desde diversos espacios públicos, principalmente desde los medios. Esto supone construir un liderazgo público propositivo y dialogante, que sea capaz de construir alianzas y de insertarse en las redes que se construyen desde la sociedad civil.

3.1.5 Actores para la incidencia política La incidencia política necesita de actores que posicionen propuestas de cambio a favor de la justicia y la dignidad humana. El trabajo en redes y alianzas es la base para la incidencia política; por tanto, se pueden formar un Grupo Impulsor de Incidencia, conformado por las organizaciones interesadas en colocar un tema en la agenda política. Éste se constituye con un sentido, un objetivo concreto y una duración establecida. Este grupo impulsor no tiene estructura institucional pero sí definición de roles y responsabilidades, de acuerdo a las características y fortalezas temáticas y técnicas de cada organización. Las Organizaciones Basadas en la Fe deben ser actores claves que formen parte de este grupo impulsor, sea en temas vinculados a la pobreza, la migración, la salud, los derechos sexuales y reproductivos u otros que consideren valiosos intervenir.

3.1.6 La planificación participativa para hacer incidencia política La Incidencia Política debe realizarse a través de un proceso deliberado de organización y planificación, con el objeto de incrementar las posibilidades de éxito en los esfuerzos por lograr los cambios esperados. Es importante considerar que hay que dedicar tiempo y recursos a la etapa de planificación para asegurar el uso más apropiado y efectivo de los recursos existentes. Mientras más clara y precisa es la propuesta, mayores son las posibilidades de éxito. El éxito de la incidencia política se construye sobre la base de victorias pequeñas y paulatinas, compartiendo logros, aprendiendo de los fracasos y siempre enfocándose en el corto, como en el mediano y largo plazo. Hay que considerar un cuidado especial con la confrontación directa en la implementación de estrategias de incidencia política. La meta en realidad es persuadir, influir, convencer mediante el diálogo sustentado y democrático. También es necesario, evaluar críticamente los recursos y capacidades disponibles (las fortalezas y debilidades) de los actores y actoras involucradas para asumir compromisos y cumplir con tareas concretas para la incidencia política.

Pasos para la planificación de la incidencia política a) Identificar el Problema Un proceso de planificación para la incidencia política comienza con la identificación de un problema concreto, que requiere de una acción urgente y una solución a través de una política pública. Esta selección debe también tener en cuenta la capacidad política y económica de la organización impulsora o responsable de la incidencia. Para lograr una buena definición del problema sobre el cual se quiere incidir es necesario analizar las causas y consecuencias del mismo, para ello los datos e investigaciones son primordiales. La investigación es un elemento clave, pues genera evidencia, data diferenciada por sexo, grupos culturales, niveles socio-económicos, etc., que proporcionan conocimiento y nuevas pistas sobre el problema y sus posibles soluciones. En la definición del problema es necesario ser muy concretos para tener la posibilidad de solucionarlo. Se pueden utilizar ejercicios como el árbol de problemas para trabajar participativamente y verificar en conjunto, el problema central, causas y efectos que genera. Por ejemplo, un problema relacionado a los temas que se abordan en este manual, pueden ser: • Ausencia de políticas para integración de inmigrantes internos, del campo a la ciudad. • Ausencia de políticas de igualdad en el gobierno municipal. • Escaso presupuesto destinado a la prevención de desnutrición infantil en el sector salud. • Ausencia de programas sociales de vivienda para población de escasos recursos. • Falta de implementación de norma que protege a las mujeres de la violencia familiar. b) Priorizar y seleccionar alternativas de solución Frente al problema identificado existen numerosas causas. Ahora se trata de identificar las alternativas de solución para resolver el problema central. Mientras más se hayan desglosado las causas se podrán encontrar elementos básicos para formular soluciones concretas y factibles a corto y mediano plazo. En ese sentido, se trata de “poner en positivo” el árbol de problemas y convertirlo en un árbol de soluciones. De esta manera, se identifica una serie de alternativas pero es importante no dispersarse y establecer criterios de prioridad y advertir cuál sería la propuesta que generaría un cambio efectivo y sostenible, mediante una política pública. Experiencias previas de este ejercicio han evidenciado que es mejor establecer soluciones concretas que luego ayuden al establecimiento de la propuesta de incidencia.

c) Formular la propuesta de incidencia El ejercicio de formular una propuesta para la incidencia política consiste en plantear la solución concreta priorizada frente al problema. Para la determinación de la propuesta es necesario hacer una revisión con expertos o personas con experiencia para asegurar la viabilidad política y técnica de la solución que se plantee. En la medida que la propuesta sea clara y contundente, será más fácil desarrollar los argumentos ante quienes deciden las políticas públicas. Tal es la importancia de tener la propuesta totalmente explícita y clara, que se recomienda escribirla en todo su detalle, precisando exactamente42:  ¿Qué es lo que se pretende lograr?  ¿Cómo se quiere lograr? (qué acción quiere que tome la persona decisiva)  ¿Cuál es el espacio de decisión (en qué instancia se toma la decisión sobre la propuesta)  ¿Para cuándo o en qué período se quiere lograr la propuesta? Es importante recordar que la propuesta de incidencia no es una larga lista de demandas. Es más bien un planteamiento clave y estratégico para lograr efectos positivos. Además debe ser clara para no generar interpretaciones distintas. Un aspecto que puede minar la propuesta de incidencia es la falta de consenso al interior del grupo impulsor. Si al interior no existen acuerdos previos sobre la misma es muy difícil convencer afuera si adentro existen dudas. d) Analizar el espacio de decisión En este paso se procede a analizar el espacio de decisión, dónde y en qué instancia del nivel gubernamental u organizacional se toman las decisiones para la resolución del problema objeto de la incidencia política. En este espacio de decisión es necesario identificar a la persona o personas, que son las responsables de tomar las decisiones para el cambio que plantea la propuesta de incidencia. Esta persona (aunque también pueden ser varias personas) es la que se convierte en "el blanco" de la incidencia. Conocer el espacio de decisión significa también reconocer los mecanismos y procedimientos formales que rigen en él. Por ejemplo, para la derogatoria de una ley es necesario conocer cuál es el mecanismo apropiado y los requisitos básicos. Vale preguntarse ¿La sociedad civil puede presentar directamente la modificatoria de una ley? ¿Es necesario que parlamentarios presenten la propuesta? ¿Cuántos votos se necesitan para derogar una ley?, etc. Por tanto, incidir en políticas públicas también significar conocer cómo funciona la institucionalidad del Estado. El trabajo en redes ayuda a optimizar este conocimiento por las diversas capacidades en conjunto.

WOLA. Manual Básico para la Incidencia Política. Washington, DC. 2002.

e) Identificar el mapa de poder El análisis del poder consiste en identificar que hay una variedad de actores (personas, organizaciones, instituciones) con algún grado de interés en la propuesta y con el poder para ejercer influencia sobre la decisión final. Supone entonces ver los intereses y motivaciones de estos actores frente a la propuesta de incidencia y qué rol jugarían en el proceso de debate y negociación sobre la misma. Muchas veces, el nivel de influencia que ejercen estos actores está relacionado con su poder económico, su capacidad de convocatoria y movilización, su acceso a medios de comunicación, su respaldo organizativo, etc. Para ello, es necesario elaborar una herramienta denominada Mapa de Poder, cuya construcción constituye un ejercicio visual que ayuda a identificar a las y los actores claves, así como reconocer el grado de influencia positiva o negativa en el proceso de toma de decisiones. Este mapa de poder es una “fotografía del momento” frente a la propuesta de incidencia; es decir, que puede variar de acuerdo a cómo se van modificando las relaciones de poder. En este mapa de poder se clasifican a las y los actores claves como: • Aliados: o Simpatizan y están a favor de nuestra propuesta. o Están convencidos pero es necesario reforzar con información para mantener su convencimiento y adhesión a la propuesta. o Pueden acompañar diversas actividades que se emprendan en el marco de la incidencia. •

Oponentes o Están en contra de nuestra propuesta. o Es mejor evitar considerarlos como enemigos o malas personas. En experiencias previas algunos han logrado bajar resistencias frente a la propuesta de incidencia. o Es bueno tener argumentos claros y sustentados para convencerles de la propuesta de incidencia. Si algunos son demasiados resistentes es mejor focalizar en los más claves.

•

Indecisos o indiferentes o Están con muchas dudas e indefiniciones en relación a la propuesta de incidencia. No se saben exactamente qué posición tomar. o Estas personas pueden ser potenciales aliados u oponentes. Es mejor que sean lo primero.

f) Realizar un autodiagnóstico de las organizaciones del grupo impulsor El grupo impulsor deberá identificar inicialmente sus fortalezas y debilidades, con un espíritu crítico, en relación a sus capacidades para llevar a cabo la campaña de incidencia. De esta manera, podrá desarrollar creativamente alternativas para potenciar las fortalezas y trabajar sobre las debilidades internamente.

Asimismo deberá ver cómo los factores externos se constituyen en una oportunidad o amenaza en el proceso de incidencia. g) Elaborar un plan de incidencia: Estrategias y actividades El plan de incidencia será el documento que organizará el proceso de análisis realizado anteriormente en el marco de objetivos para la implementación de acciones de incidencia política. En esta parte la propuesta de incidencia se volverá el objetivo central del plan, el cuál llevará a establecer objetivos específicos, los cuales, muchas veces, están relacionados a los actores claves que se quiere alcanzar. De otro lado, las estrategias son las rutas a seguir y que darán el marco para el desarrollo de actividades estratégicas. Las estrategias consideradas son: o Educativas: Relacionadas con la generación de conocimiento y debate público sobre el tema. o Políticas: Relacionada al trabajo con las autoridades e influyentes políticos. o Comunicaciones: Relacionada al trabajo con medios masivos y comunitarios, acciones de información y difusión. Es necesario resaltar que en incidencia política no se requiere de una saturación de actividades sino que éstas sean estratégicas y claves para colocar la propuesta en la agenda de los medios de comunicación, el debate político y la agenda ciudadana. El grupo impulsor de la incidencia podrá determinar el procedimiento para elaborar el plan, pero se necesita de la participación de las organizaciones involucradas y el consenso general. A continuación se plantea un esquema básico del plan de incidencia:

Objetivo central de incidencia: Es el cambio que se pretende alcanzar. En esta parte se deberá colocar la propuesta de incidencia.

Objetivos Específicos: Van a plantear los aspectos claves para que en conjunto se pueda lograr la incorporación de la propuesta.

Estrategias y actividades: Estas se han organizado en: •

Políticas i. Abogacía: Acciones directas con autoridades (visitas, entrevistas, entrega de documentos). ii. Movilización de ciudadano(as) para reuniones con autoridades. iii. Visitas a organizaciones claves que pueden influir en las autoridades.

•

Educativas i. Talleres sobre ciudadanía e incidencia. ii. Foros y debates para sensibilizar sobre el problema.

•

Comunicaciones i. Conferencias de prensa. ii. Difusión en medios masivos y comunitarios. iii. Ferias informativas.

Grupo objetivo: Es el grupo o la persona con capacidad de decisión y poder político para solucionar el problema.

Indicadores: Se refiere a los datos que ayudarán a verificar cumplimiento de actividades y logros.

Responsabilidades: Organiza los roles de las participantes en función de las actividades a desarrollar.

Cronograma: Establece los tiempos de ejecución de actividades.

Presupuesto: Establece los costos para el desarrollo de cada actividad. Ello ayuda también para establecer la obtención de financiamiento o compartir de recursos de todas las organizaciones participantes.

organizaciones

h) Implementar las actividades La implementación o ejecución de la campaña de incidencia será delineada por el plan de incidencia. Se requerirá de la participación de las organizaciones involucradas en la campaña y la puesta en práctica de actitudes como la delegación de funciones, la responsabilidad institucional, el reconocimiento de capacidades temáticas y técnicas. i) Evaluar Permanentemente La evaluación de procesos de incidencia política consiste en un esfuerzo permanente de acompañamiento y monitoreo en base a la planificación realizada y a los avances en la ejecución de las distintas estrategias y actividades específicas, planteadas en el Plan de Incidencia, en términos de cumplimiento e impacto. Este ejercicio es muy importante y debe evaluar cada actividad del plan en términos del cumplimiento y de los resultados alcanzados, buscando siempre identificar las causas o factores concretos que contribuyen al éxito o al fracaso; planteando cambios para mejorar la práctica y fortalecer las iniciativas del grupo o coalición. Al finalizar el período de ejecución de las acciones de incidencia, debemos verificar si: -

Se alcanzaron los objetivos primarios y secundarios ¿Qué fue lo que más influyó al éxito o al fracaso de la iniciativa? ¿Se realizaron los cambios propuestos? ¿Qué lecciones se aprendieron y si es necesario algún cambio para próximos planes de incidencia?

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