EL CONTEXTO DE AREQUIPA PARA LA CONSULTA PREVIA
Un aporte: Lic. Sonia Ramos Baldรกrrago Comunicadora Social
PRESENTACIÓN Como comunicadora Social, me toca aportar temas que considero claves para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Hubiera preferido que el tema de la consulta previa se de en otro contexto que no fueran los enfrentamientos de los que fuimos testigos tanto en la sierra de Cajarma como en las comunidades nativas de la Selva del Perú, pero así se dio. http://comunicandonaturaleza.blogspot.com/ Blog de comunicación
Entrevistas: Soc. Jorge Talavera Anaya Soc. Percy Cáceres Tintaya Soc. José Luis Vargas Gutiérrez Dr. Carlos Nieto Muriel
Y en definitiva como leerán no se trata de una buena voluntad del gobierno de turno aplicar la ley de Consulta Previa a los pueblos originarios, nativos y a las comunidades campesinas, se trata de una ley de carácter supra nacional que debió aplicarse mucho antes de todo proyecto de inversión público o privado. Pues bien, ya tenemos la ley, su reglamento y su guía metodológica, que más que guía, este proceso de diálogo además democrático y de respeto a grupos humanos postergados a los que otras veces no se les respeta sus derechos, deberá servirnos para acercarnos a buenos fines donde todos ganemos en torno al uso sostenible de los recursos naturales.
Las comunidades campesinas están en un proceso de transformación que repercutirá indiscutiblemente en las ciudades que aún mantienen un visible aislamiento a pesar que los recursos potenciales están asentados en estas zonas de alto potencial para el desarrollo sostenible. La metrópoli y el ande de Arequipa persisten en ser como dos polos opuestos incomprensibles uno del otro, porque pese a que exigimos descentralización de la capital; en Arequipa tampoco se practica esta exigencia. El sociólogo Jorge Talavera Anaya, remarca que Arequipa viene creciendo porque hay un proceso continuo de inversión permanente. Un proceso que no ocurre en el ande, donde irónicamente se ejecutan los grandes proyectos como represas de agua que dan vida a la ciudad, como aclara Percy Cáceres Tintaya, también sociólogo. “Hace 5 años solamente habían 5 grandes
represas que abastecían de agua a Arequipa, hoy en día hablamos de 9. En la última década se han incrementado 4 y según EGASA tiene previsto en este par de años 3 grandes represas, entonces estamos hablando de 12 grandes represas que van a solucionar el problema del agua ¿de quién? De las ciudades. En las otras zonas se manejan las micro represas artesanales porque no hay recursos para otro tipo de represas”, pone como ejemplo Percy Cáceres, frente a la discriminación de los proyectos de inversión. Recordando la historia, las comunidades campesinas se vieron fortalecidas en el gobierno de Juan Velazco Alvarado, pero luego sus organizaciones se debilitaron y algunas ya están en un proceso franco de privatización de sus terrenos. Para el lado de Callalli, en la sierra de Arequipa ya no hay comunidades campesinas, porque estamos hablando de un ámbito dedicado a la crianza de camélidos y porque el tema de manejo de los recursos es que desde una lógica de globalización no es muy
competitivo el contexto de las comunidades, como apunta Percy Cáceres. Sin embargo, a decir de Carlos Nieto Muriel, Registrador Público de la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa, el Estado sigue respetando ese sistema de explotación o uso de la tierra. Y es que de acuerdo al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, Arequipa tiene 15 comunidades campesinas, Caravelí 9, Castilla 17, Caylloma 22, Condesuyos 18 y la Unión 13 comunidades campesinas. San Antonio
de Chuca es una de las más grandes de la región, con 153 mil hectáreas mientras que en Chiguata los terrenos ya están divididos en terrenos privados. Percy Cáceres, recuerda que hubo una segunda oleada de querer convertir estos terrenos en parcelarios y se pretendió privatizar los espacios con el programa PET RURAL y el COFOPRI, a decir del sociólogo no cumplieron con sus metas pero dejaron su semillita que es bueno conducir que hato parcelario, dándose casos en que las familias han dividido sus terrenos a voluntad y no tienen el sustento legal, algunos han sobrepasado sus límites por ejemplo, generando otro conflicto social.
Ante estos cambios, la minería es otra actividad que se les fue impuesta. La misma que aparece fortalecida y sabe cómo invertir cada dólar frente a unas comunidades debilitadas, que solo ven pasar el progreso sin ser partícipes activos y sin que se les haya consultado plenamente su opción de acuerdo o desacuerdo para la permisión de la explotación de los minerales existentes en sus territorios. Muy pocas veces hubo apoyo a su principal actividad económica centrada en su fibra de alpaca, que el 2008 estuvo en 13.80 dólares la libra de fibra y hoy cuesta 6.50 la misma libra de fibra. ¿Pero por qué la minería sigue siendo atractiva para el Perú? La respuesta está en los precios de los metales. El oro
costaba en el año 2010 $43 dólares el gramo y el 2011subió a $56 dólares por gramo. Los viajes de campo de Percy a zonas rurales hace que recuerde lo que le dijo un campesino de Cajamarca: “Hemos visto desde hace muchos años la minería, pero nuestra realidad no ha cambiado. Vemos pasar camionetas y lo único que nos dejan es polvo y la insatisfacción de que por aquí están pasando riquezas y no somos partícipes de eso”. Los poderosos consorcios aseguran su estabilidad económica por 30 años con la actividad minera, mientras las comunidades campesinas que por años viven asentadas en territorios aún agrestes, ven como usan su agua, contaminan su aire y debilitan la salud de sus habitantes.
Frente a este proceso desigual de desarrollo, existieron mecanismos de protección de consulta a los pueblos indígenas, comunidades campesinas y pueblos amazónicos, como el convenio Nº 169, del que recién se mencionó debido al problema de Conga y por las protestas en la selva, solo así se empezó a exigir el respeto al derecho de las comunidades indígenas. Ahora este proceso de consulta tiene reglamento y guía metodológica, listo para ponerse en práctica. ¿Pero qué es la consulta previa? Es una facultad que tienen los pueblos indígenas u originarios para que en un proceso de diálogo intercultural puedan escuchar al gobierno sobre los proyectos de carácter administrativo o legislativo y decidir libremente. Un proceso que según el sociólogo José Luis Vargas Gutiérrez, va a ser largo en la medida que lo asuman las autoridades y las propias comunidades campesinas o nativas. De acuerdo a la ley Nº 29785, en su Art. 2, la consulta previa es además un derecho a respetarse y que de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es un instrumento jurídico internacional. Foto: Cañón del Colca - Arequipa
“En el caso de comunidades nativas u oriundas es el Estado quien debe de tener una visión de reglamentación. Se trata de una política nacional que a la vez tratándose de comunidades nativas el Estado tiene que considerar marcos y normativas de tipo supranacional”, apunta. Todo ello debe ayudar a enfocar un desarrollo conjunto. En estas condiciones el Perú experimentará un proceso diferente para el desarrollo de proyectos e inversiones. Pero en este proceso se debe estar muy alerta, porque como menciona Jorge Talavera, se debe implementar con toda su objetividad el proceso de consulta porque si se va a pretender manejarlo para viabilizar las inversiones se va a desnaturalizar, se va a convertir en lo que se ha convertido todo espacio de participación ciudadana en el sector minero que lamentablemente es solo un proceso administrativo.
La consulta previa, tiene un carácter de ley supra nacional y como dice Jorge, no se trata de la buena voluntad del gobierno, sino es un tema impuesto internacionalmente y que se lo han venido pasando de gobierno a gobierno. Y es necesario añadir que el Estado se reserva el derecho a decidir de que si va o no va a pesar del desacuerdo de las comunidades y que a decir de Jorge, ahí estamos enfrentándonos de una manera abierta al espíritu del convenio de la OIT (Organización Internacional de Trabajo) de la 169 que dice con claridad que el Estado con la implementación, lo que busca es preservar la libre determinación de las comunidades nativas o campesinas. Y aunque la Consulta Previa debería agilizar las inversiones del país, va a constituir un freno a los proyectos anteponiendo el respeto a la decisión de las comunidades nativas indígenas y campesinas y va a prolongar plazos. En este contexto, José Luis Vargas subraya que será necesario conversar, dialogar con las comunidades nativas y hacerles partícipes del proyecto. Este instrumento ya tiene un reglamento de ley pero con cuestionamientos, ya que como dice Jorge Talavera, la ley de consulta previa establece quiénes son las comunidades nativas e indígenas, pero el reglamento juega a la ambigüedad.
Otro punto en controversia tiene que ver con las instancias del Vice Ministerio de Interculturalidad, quien tendrá en sus manos las objeciones de las comunidades en primera y segunda instancia, tema que ya fue observado. De acuerdo al artículo 6 del reglamento de la ley Nº 29785, es obligación del Estado peruano consultar a los pueblos indígenas que podrían verse afectados directamente en sus derechos colectivos, antes del inicio de las actividades de exploración o explotación. Con esta premisa es necesario recordar que en Arequipa existen denuncios mineros desde los cero metros sobre el nivel del mar como detalla Jorge Talavera, hasta los 5 mil metros en Condesesuyo, Caylloma, etc que también en su momento deben ser sometidos a consulta previa, para ello se necesita saber la realidad de los predios en el ande
y la amazonía del Perú. Ante la falta de datos, Carlos Nieto, acierta en decir que Registros Públicos es el soporte de información sobre todo jurídica que en determinado momento orientará una decisión. Existen más de 90 mil comunidades en el país y se da la tentación de las autoridades de centrarse en grupos mucho más concentrados porque resulta caro llegar a lugares lejanos, pero a decir de José Luis Vargas, así sea uno el Estado debe de atenderlo y respetar si quiere estar en su lugar de origen. En ese sentido las comunidades nativas están amparadas con un marco legar muy sólido y el Estado debe respetar sus derechos. No se ha llevado un registro adecuado de las propiedades de las comunidades, sino recién a partir de los años 80, por lo que se requiere que el Estado sistematice esta información. y empiece a cumplir su rol respetando la forma de desarrollo de las comunidades del ande en armonía con sus recursos naturales.
CN