5. Conclusiones Bajo el marco normativo actual, la descentralización sugiere la reestructuración del Estado con la intervención participativa y comprometida de la sociedad civil y con los gobiernos autónomos descentralizados como protagonistas de la consolidación de este proceso, el cual busca superar las deficiencias en la redistribución de recursos, generar equidad territorial y fortalecer la democratización del Estado. La Constitución vigente, garantista de derechos y justicia social y territorial, establece que el Ecuador se gobierna de manera descentralizada y para ello otorga competencias exclusivas a los gobiernos autónomos descentralizados y reivindica, en su artículo 238, la equidad interterritorial20 y subsidiariedad21 como principios que efectivicen los derechos de la población. Este modelo de descentralización de la gestión del Estado, institucionalizado a partir de la emisión del Cootad y de la conformación del Sistema Nacional de Competencias, exige de los gobiernos autónomos descentralizados capacidades institucionales que les asegure una gestión efectiva de sus competencias y resulte en el desarrollo territorial equilibrado y bienestar de la población. La descentralización, entonces, dota a los gobiernos subnacionales de la autonomía para decidir qué hacer, cómo hacerlo y con qué recursos, y cuyo resultado depende de su capacidad institucional. En el caso específico de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, existen ciertas restricciones en el ejercicio de su facultad normativa y en la facultad tributaria, repercutiendo en su gestión. Y precisamente este constituye un desafío a superar a través de la potenciación de su capacidad institucional, la cual como resultado de la presente evaluación alcanza una puntuación de 0,41 correspondiente al a categoría “débil”, siendo los componentes de a) regulación y control, b) gestión administrativa y c) gestión financiera los que presentan menor calificación en el rango de 0 a 1, de acuerdo a las variables seleccionadas en este estudio.
La organización territorial de Estado y la asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos (Cootad, Art. 3). 21Privilegia la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los gobiernos más cercanos a la población. El gobierno central no ejercerá competencias que puedan ser cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno cercanos a la población y solo se ocupara de aquellas que les corresponda o que por su naturaleza sean de interés o implicación nacional o del conjunto del territorio (Cootad, Art. 3) 20
34
